Cientos de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sindicales protagonizan este martes una multitudinaria manifestación en Costa Rica, en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas y otras instituciones educativas del país.

La movilización, denominada “Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación”, comenzó pasadas las 9:30 de la mañana en la Fuente de la Hispanidad, ubicada en San Pedro de Montes de Oca, y avanzó hacia la Asamblea Legislativa, en el centro de San José.

Los participantes exigieron a los diputados reconsiderar las reducciones contempladas en el Presupuesto Nacional de 2027, al advertir que podrían afectar directamente las becas estudiantiles, los cupos de ingreso, la investigación y el funcionamiento de las sedes universitarias regionales.

La protesta fue convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que agrupa a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED)y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

A la movilización también se sumaron organizaciones sociales, representantes de sectores productivos, sindicatos, dirigentes políticos y ciudadanos que expresaron su preocupación por el financiamiento de los servicios públicos.

Un recorte de más de ₡8,000 millones intensificó el conflicto

La manifestación ocurrió pocas horas después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobara una moción impulsada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para reducir ₡8,048 millones (USD 17 millones) del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) correspondiente a 2027.

La iniciativa obtuvo seis votos a favor y cinco en contra durante la noche del lunes 19 de octubre, luego de que el oficialismo solicitara revisar una votación anterior en la que la propuesta había sido rechazada.

Los recursos recortados serían trasladados al Ministerio de Educación Pública (MEP) para atender obligaciones relacionadas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

El movimiento universitario también cuestiona que la propuesta presupuestaria del Gobierno de Laura Fernández Delgado no contemple un incremento del FEES respecto al año anterior, lo que, según los rectores, comprometería la capacidad de las instituciones para responder a la creciente demanda educativa.

Además, las autoridades universitarias han advertido sobre reducciones adicionales para programas específicos, entre ellos ₡462 millones destinados a las olimpiadas científicas.

Expresidente Luis Guillermo Solís se sumó a la protesta

Entre los participantes destacó el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), quien cuestionó las políticas presupuestarias de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional y presidente de Conare, Jorge Herrera Murillo, explicó que el movimiento busca proteger el acceso a la educación superior, especialmente para quienes residen fuera del Gran Área Metropolitana.

“Será una marcha para defender las oportunidades y posibilidades de quienes viven en las distintas regiones del país para que puedan tener acceso a la educación superior”, afirmó Herrera.

Universidades advierten sobre consecuencias en becas y sedes regionales

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que los ajustes presupuestarios podrían provocar en las sedes regionales, donde miles de jóvenes dependen de la oferta universitaria pública para continuar sus estudios.

Las autoridades del Tecnológico de Costa Rica han advertido sobre posibles afectaciones a su sede de Limón, mientras que el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuestionó esos señalamientos y acusó a la rectora de ejercer “extorsión política”, declaraciones que ella rechazó.

En medio de la jornada, la Universidad de Costa Rica autorizó a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a participar en la movilización y dispuso la suspensión de evaluaciones académicas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con su respectiva reprogramación.

Las manifestaciones también se extendieron a otras regiones del territorio nacional, mientras los sectores universitarios mantienen su llamado a los legisladores para que reconsideren los recortes.

La reducción de ₡8,048 millones (USD 17 millones), aprobada en comisión, todavía debe superar el trámite del presupuesto nacional en el Plenario Legislativo antes de quedar definitivamente incorporada al plan de gastos de 2027.

El Gobierno nacional iniciará un proceso sancionatorio contra los gremios docentes que convocaron al paro en la provincia de Buenos Aires. La decisión surgió tras una fiscalización del Ministerio de Capital Humano, que detectó establecimientos cerrados, un alto nivel de ausentismo y casos en los que los inspectores no pudieron ingresar.

La cartera fundamentó su intervención en la Ley de Modernización Laboral, que declaró a la educación como servicio esencial. La norma establece que, durante una medida de fuerza, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.

Según pudo saber Infobae, el ministerio que conduce Sandra Pettovello desplegó un operativo en escuelas bonaerenses y comenzó a recibir los primeros resultados durante la mañana. El corte realizado a las 11 incluyó 128 actas: se verificaron 47 establecimientos, 61 escuelas estaban cerradas y en otras 20 se impidió el acceso de los fiscalizadores.

El ausentismo por establecimiento alcanzó el 83,1%, mientras que solo el 8,4% de las instituciones relevadas funcionaba con normalidad. Los datos son preliminares y corresponden únicamente al universo alcanzado por el operativo.

Las inspecciones continuarán durante la jornada, con un nuevo corte previsto para las 13. A partir de esas actas, el ministerio buscará identificar a las organizaciones que participaron de la huelga y determinar si hubo incumplimientos de la normativa vigente.

Capital Humano identificará la responsabilidad de cada gremio

Desde Capital Humano cuestionaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que respaldaron la protesta. “Vamos a iniciar un proceso sancionatorio”, anticiparon fuentes de la cartera, que señalaron que las medidas concretas se definirán una vez que termine la fiscalización y se establezcan las responsabilidades de cada entidad.

El procedimiento alcanza, en principio, a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Entre ellos figuran el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

También se evalúa la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que acompañó la medida. La determinación de qué organizaciones quedarán alcanzadas por los expedientes dependerá de la documentación reunida en las inspecciones.

Por el momento, el Gobierno resolvió avanzar por la vía administrativa, pero no definió una multa ni otra penalidad específica. Las actuaciones deberán precisar el grado de intervención de cada sindicato en el conflicto y los eventuales incumplimientos que hayan quedado registrados.

Para el Ejecutivo, el cierre total de las escuelas es uno de los principales elementos del relevamiento. La cartera distinguió esos casos de aquellos establecimientos donde una parte de los docentes adhirió al paro y otra continuó con sus tareas.

Los 20 casos en los que se impidió el ingreso de inspectores también quedaron asentados en las actas. El ministerio analizará las circunstancias de cada episodio y los obstáculos que encontraron los agentes durante el procedimiento.

La ley exige una cobertura mínima del 75% durante las huelgas

El respaldo jurídico de la medida está en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. La disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incluyó como servicios esenciales al cuidado de menores y a la educación inicial, primaria, secundaria y especial.

La reforma fijó que los conflictos colectivos que afecten servicios esenciales deben asegurar una cobertura mínima del 75% de la actividad normal. Por ese motivo, las medidas de fuerza de los sindicatos de esas actividades quedaron alcanzadas por un régimen destinado a preservar la continuidad de las prestaciones educativas.

El artículo 102 incorporó, además, reglas para organizar los servicios mínimos. Entre ellas, prevé el preaviso de determinadas medidas, la definición de las modalidades de prestación durante el conflicto y la obligación de cumplirlas. El apartado 24.6 habilita sanciones contempladas en las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 ante incumplimientos de procedimientos conciliatorios o resoluciones de las autoridades competentes.

La aplicación de esa reforma en el ámbito educativo atravesó una controversia judicial. El 1 de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo 74 resolvió que el planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA) contra la declaración de esencialidad quedara comprendido en una medida cautelar que suspendió provisoriamente varios artículos de la ley.

Sin embargo, el 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación del Estado contra la cautelar general dictada en la causa impulsada por la CGT. Esa resolución restableció la aplicación de las disposiciones cuestionadas mientras sigue el debate judicial sobre su validez.

La fiscalización incluyó cambios respecto de operativos anteriores. Esta vez, Capital Humano no anticipó qué escuelas serían inspeccionadas, con el objetivo de obtener registros directos del funcionamiento de los establecimientos durante la huelga.

El paro docente bonaerense, de 24 horas, coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los gremios reclamaron recomposición salarial, reapertura de las negociaciones paritarias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.

También plantearon reclamos por las condiciones de trabajo y los regímenes jubilatorios. La medida sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre la administración de Javier Milei, los sindicatos docentes y el gobierno de Axel Kicillof, responsable de la gestión de las escuelas de la provincia.

Las actuaciones del ministerio se limitarán al paro en establecimientos bonaerenses. La protesta universitaria formó parte de la misma jornada, pero corresponde a otro conflicto y no integra el procedimiento sancionatorio que prepara la cartera nacional.

Con el operativo todavía en marcha, el Gobierno consolidará las actas, identificará a los sindicatos involucrados y definirá las responsabilidades administrativas. Los resultados finales determinarán el alcance de los expedientes y las eventuales sanciones previstas por la legislación.

La consulta de revisión salarial entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) registró una participación preliminar de 282 mil trabajadores este 14 de octubre, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Esta cifra representa cerca de 60% del total de trabajadores con derecho a voto en los 670 puntos de votación, de acuerdo con el corte de las 19:00 horas difundido por el CFCRL. La jornada forma parte del proceso para definir el incremento salarial del sindicato.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el CFCRL informaron que la consulta comenzó a las 7:30 horas y que la apertura de todos los puntos de votación se realizó sin contratiempos. La participación se desarrolla con normalidad y las casillas permanecieron abiertas hasta las 21:00 horas.

Autoridades laborales darán seguimiento a las incidencias que pudieran reportar los trabajadores y dará certeza a la votación. De acuerdo con el comunicado del SNTSS, el resultado se dará a conocer dentro de las siguientes 12 horas después del cierre de casillas.

Trabajadores del SNTSS votan el aumento salarial de 6.8% en el IMSS

Más de 476 mil trabajadores del SNTSS en el IMSS votaron este miércoles 14 de octubre para aceptar o rechazar un aumento salarial de 6.8% avalado por el Congreso Nacional del sindicato. La decisión define si se formaliza la oferta o se abre una nueva negociación, en medio de reclamos para elevar el sueldo base y atender la falta de personal, medicamentos e insumos.

La propuesta distribuye el incremento en 2.9% para el salario tabular y 3.9% para prestaciones. Un sector de la base considera insuficiente esa proporción y plantea que el alza se concentre en el sueldo directo, con una exigencia cercana a 10%.

Esta consulta se realiza en alrededor de 670 puntos de votación bajo supervisión de verificadores federales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompaña el proceso para asegurar que el voto sea personal, libre, directo y secreto.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y aseguró que no habrá represalias contra los empleados que manifiesten inconformidad con el acuerdo.

El resultado define si habrá una nueva negociación salarial

Si la mayoría ratifica la propuesta, el aumento se aplicará con los porcentajes aprobados por el Congreso Nacional del sindicato. Un rechazo obligaría a buscar una nueva negociación y podría provocar movilizaciones adicionales y tensiones con la dirigencia sindical.

Los trabajadores inconformes demandan la contratación de más médicos y personal administrativo, infraestructura en condiciones adecuadas, abasto permanente de medicamentos e insumos, así como una reducción de las cargas laborales. De acuerdo con sus señalamientos, esas carencias repercuten en la atención de los derechohabientes.

Dicha votación ocurre un día después de la marcha del 13 de octubre en la CDMX y en otras entidades del país. Según la SECGOB y la SSC capitalina, 7 mil personas participaron en la movilización, que salió a las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI y concluyó frente a las oficinas del IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Las dependencias informaron que el recorrido fue pacífico y terminó con saldo blanco. El Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó la protesta como parte de los acuerdos entre dirigentes de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México, mientras agentes de Tránsito realizaron cortes viales.

El pasado 10 de octubre también hubo protestas en Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro. En esas movilizaciones se repitieron las exigencias por falta de personal, medicamentos e insumos; algunos asistentes pidieron la destitución de la dirigencia sindical y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Hasta la elaboración de esta nota no se dieron a conocer accidentes ni conflictos durante la jornada de votación. Algunas versiones señalaron que ciertas boletas no tienen folio.

Zoé Robledo espera la decisión de la base sindical

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, reconoce el derecho de los trabajadores a protestar y señaló que el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas presionan los servicios del instituto.

Robledo también admitió pendientes en la entrega de medicamentos, aunque afirma que el suministro alcanza 94%. El pasado 12 de octubre evitó precisar si el organismo tiene margen financiero para otorgar el aumento directo de 5% que exigen algunos trabajadores en protesta.

El titular del IMSS indicó que esperará el resultado de la consulta antes de fijar una posición sobre un posible ajuste al salario. Al ser cuestionado sobre cuánto podría ofrecer el instituto si la propuesta es rechazada, respondió: “Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”.

Robledo explicó que el sindicato presentó el planteamiento ante un congreso que lo aprobó antes de enviarlo a votación de la base. Añadió que el contrato colectivo se modifica cada dos años y que esas modificaciones también se someten a consulta.

El IMSS implementará esta semana un diálogo “piso por piso”, mediante el cual titulares de delegaciones y responsables hospitalarios se reunirán con trabajadores de 277 hospitales. La estrategia dará prioridad a las Unidades Médicas de Alta Especialidad y los centros médicos nacionales; cada necesidad planteada se convertirá en un compromiso con prioridad, fecha de cumplimiento y responsable directo.

Más de 476 mil trabajadores del SNTSS del IMSS votan este 14 de octubre en una consulta nacional para aceptar o rechazar un aumento de 6.8%, aprobado por el Congreso Nacional del sindicato. El resultado definirá si se formaliza la propuesta o si se abre una renegociación ante los reclamos de un alza mayor al salario base y mejores condiciones laborales.

La oferta distribuye el incremento en 2.9% para el salario tabular y 3.9% para prestaciones. Un sector de la base trabajadora considera insuficiente esa proporción y plantea que el aumento se concentre en el sueldo directo, con una exigencia cercana a 10%.

Esta jornada contempla cerca de 670 puntos de votación supervisados por verificadores federales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompaña el proceso de los trabajadores del IMSS para garantizar que el sufragio sea personal, libre, directo y secreto.

Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, ha sostenido que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y que no habrá represalias contra quienes expresen inconformidad con el acuerdo.

El resultado definirá si se aplica el aumento o se busca otra negociación

Si la mayoría avala la propuesta, el incremento se aplicará bajo los porcentajes aprobados por el Congreso Nacional del sindicato. Un rechazo daría paso a la búsqueda de una nueva negociación salarial y podría derivar en movilizaciones adicionales y tensiones con la dirigencia sindical.

Las demandas de los inconformes abarcan la contratación de más médicos y personal administrativo, infraestructura en condiciones adecuadas, abasto permanente de medicamentos e insumos y una disminución de las cargas laborales. Los trabajadores señalaron que esas carencias repercuten en la atención de los derechohabientes.

Esta consulta ocurre un día después de la movilización del 13 de octubre en la CDMX y en varias partes de la república. De acuerdo con la SECGOB y la SSC capitalina, 7 mil personas participaron en la marcha que salió a las 16:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI y concluyó en las oficinas del IMSS de avenida Paseo de la Reforma 476, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las dependencias informaron que el recorrido se realizó de forma pacífica y terminó con saldo blanco. El Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó la protesta como parte de los acuerdos entre dirigentes de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México, mientras agentes de Tránsito realizaron cortes viales.

Antes de esa marcha hubo protestas el 10 de octubre en Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro. En esas movilizaciones también hubo reclamos por la falta de personal, medicamentos e insumos; algunos asistentes pidieron la destitución de la dirigencia sindical y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Hasta la redacción de esta nota, no se ha dado información sobre accidentes o conflictos durante la votación de los trabajadores del IMSS, aunque reportes mencionan que algunas boletas no tienen folio.

Zoé Robledo espera el resultado de la consulta para fijar una postura

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, reconoció el derecho de los trabajadores a protestar y señaló la presión que representan el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas. También admitió pendientes en la entrega de medicinas, aunque afirmó que el suministro alcanza 94%.

Robledo evitó precisar el pasado 12 de octubre si el instituto cuenta con margen financiero para conceder el aumento directo de 5% que exigen trabajadores en protesta. Dijo que el IMSS deberá esperar la decisión de la base sindical antes de definir una postura sobre un posible cambio al salario.

“Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”, respondió al ser cuestionado sobre cuánto podría ofrecer el organismo si la propuesta es rechazada.

El titular del IMSS explicó que el sindicato presentó el planteamiento ante un congreso, donde fue aprobado antes de someterse a consulta de la base. Añadió que el contrato colectivo se modifica cada dos años y esos cambios también se llevan a votación.

Implementará el IMSS esta semana el diálogo “piso por piso”, mediante el cual titulares de delegaciones y responsables hospitalarios se reunirán con trabajadores de 277 hospitales. La estrategia dará prioridad a las Unidades Médicas de Alta Especialidad y a los centros médicos nacionales; cada necesidad planteada se convertirá en un compromiso con prioridad, fecha de cumplimiento y responsable directo.

Sheinbaum califica de oportunista la participación partidista en la marcha de trabajadores del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “oportunista” la participación de actores políticos en la marcha de trabajadores del IMSS realizada el martes 13 de octubre en Ciudad de México, al considerar que sus posturas están alejadas de las demandas laborales del personal, las cuales reconoció como legítimas.

Aseguró la mandataria este miércoles 14 de octubre que los problemas planteados por los empleados serán atendidos y recordó que el IMSS realizaría ese día una consulta salarial.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la presencia de partidos políticos en la protesta. La presidenta sostuvo que se desconoce si esas organizaciones impulsaron la movilización, aunque afirmó: “Sí había partidos políticos. La verdad, no sabemos si impulsaron o, sí, de manera muy oportunista, se pararon por ahí”

Los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) votarán este miércoles 14 de octubre si aceptan o rechazan el aumento salarial de 6.8% propuesto para el personal del IMSS, una decisión que puede formalizar el acuerdo actual o abrir una nueva negociación ante la exigencia de un alza directa de alrededor de 10% al sueldo base.

Dicha oferta aprobada por el Congreso Nacional del sindicato se integra por un incremento de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Un grupo de trabajadores considera insuficiente esa distribución y demanda que el aumento se concentre en el salario, además de mejores condiciones de trabajo.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañará la consulta para garantizar que el sufragio sea personal, libre, directo y secreto. Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, ha sostenido que las diferencias deben resolverse mediante diálogo y que no habrá represalias contra quienes manifiesten inconformidad.

Rechazo abriría una presión para renegociar el aumento

Si la mayoría aprueba la propuesta, el incremento se aplicará bajo los porcentajes planteados: 2.9% al salario tabular y 3.9% a las prestaciones. Si el resultado es adverso, los inconformes buscarían renegociar un aumento superior, con la posibilidad de nuevas movilizaciones y tensiones con la dirigencia sindical.

Las demandas incluyen más personal médico y administrativo, infraestructura en condiciones adecuadas, abasto de medicamentos e insumos, así como una reducción de las cargas laborales que, según los trabajadores, afectan la atención a los derechohabientes.

La consulta ocurre después de la movilización del 13 de octubre en la Ciudad de México.

Gobierno de la Ciudad de México informa saldo blanco tras la protesta de personal del IMSS

De acuerdo con la SECGOB y la SSC de la CDMX, 7 mil personas participaron en esa marcha, que inició a las 16:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y concluyó en las oficinas del IMSS ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Las dependencias informaron que el recorrido se realizó de manera pacífica y terminó con saldo blanco.

El Grupo de Diálogo y Convivencia de la SECGOB acompañó la movilización como parte de los acuerdos entre dirigentes de los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad de México. Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cortes viales para proteger a los participantes y a la ciudadanía.

Antes de esa protesta, hubo movilizaciones el 10 de octubre en Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro, donde también se expresaron reclamos por falta de personal, medicamentos e insumos. Algunos asistentes exigieron la destitución de la dirigencia sindical y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Zoé Robledo, director general del IMSS, ha reconocido el derecho a la protesta y la presión que representan el crecimiento de la población derechohabiente y las enfermedades crónico-degenerativas. También admitió pendientes en el abasto de medicinas, aunque señaló que el suministro alcanza 94%.

Titular del IMSS evita precisar si el instituto puede conceder un alza salarial de 5%

Zoé Robledo, titular del IMSS, evitó precisar el pasado 12 de octubre si el instituto tiene margen financiero para otorgar el aumento salarial de 5% que exigen trabajadores en protesta. El funcionario señaló que la institución deberá esperar el resultado de la consulta sindical antes de fijar una postura sobre una eventual modificación al salario directo.

Al ser cuestionado sobre cuánto podría ofrecer el IMSS si la mayoría de la base rechaza la propuesta sometida a votación, Robledo remitió la discusión al mecanismo de consulta. “Nosotros creemos en el diálogo y la escucha a los trabajadores y eso es lo que va a ocurrir. Primero hay que escucharlos”, respondió.

El director del instituto sostuvo que no anticipará la decisión de los trabajadores. Ante la insistencia sobre la capacidad financiera del organismo, distinguió ese tema del proceso sindical: “No, de la consulta, son cosas distintas”.

Más de 476 mil trabajadores votarán el 14 de octubre

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que la consulta para definir el aumento se realizará el próximo 14 de octubre. Más de 476 mil trabajadores podrán votar en alrededor de 670 puntos, bajo la supervisión de verificadores federales.

Robledo explicó que el sindicato llevó una propuesta a un congreso, donde fue aprobada, y que ahora el documento será sometido a la decisión de la base trabajadora. De acuerdo con el titular del IMSS, este procedimiento forma parte de la relación regular entre el instituto y la organización sindical.

Indicó el titular del IMSS que el contrato colectivo se modifica cada dos años y que esos cambios también se consultan con los trabajadores. “Todos los años, cada dos años, se somete a votación”, afirmó al describir el procedimiento.

El IMSS también pondrá en marcha esta semana el diálogo “piso por piso”, una estrategia para que titulares de delegaciones y responsables de hospitales se reúnan directamente con el personal. La iniciativa abarcará 277 hospitales, con prioridad para las Unidades Médicas de Alta Especialidad y los centros médicos nacionales.

Según Robledo, cada necesidad planteada por los trabajadores se convertirá en un compromiso oficial con un nivel de prioridad, una fecha de cumplimiento y un responsable directo.

España ya está en precampaña (de hecho, los partidos ya llevan mucho tiempo) a la espera de la campaña electoral oficial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38,7 millones de personas, de los que 2,76 millones de ellos son residentes en el extranjero. Muchos de ellos, más otros que vivan en nuestro país y el 29-N no puedan ir a votar presencialmente a la urna, decidirán enviar su voto por correo. Y ahí entra el trabajo de una de las principales empresas públicas del país: Correos. En los pasados comicios, los de julio de 2023, un total de 2.622.808 solicitudes de voto por correo fueron admitidas (récord histórico), de las que finalmente fueron emitidas el 94,2%.

Estos datos representaron un incremento del 99% respecto a las generales de abril de 2019 (1.241.716 votos) y del 82% respecto a las de junio de 2016 (1.357.745 votos), que hasta entonces ostentaban el récord. Independientemente de la participación que se espere, el sindicato CGT ha trasladado al presidente de Correos, Pedro Saura, “la necesidad de ejecutar una formalización de contratos extraordinaria para poder acometer las labores asociadas a la campaña electoral con garantías y sin poner en riesgo la salud de la plantilla”. Los datos oficiales (ver gráfico) son contundentes. Si en 2020 la plantilla estaba formada por 50.822 empleados, en 2025 cerró con 46.094, un descenso de 4.728 (9,3%).

El 8 de octubre, el Secretario General de CGT Correos, Ricardo Mallada, hizo llegar al máximo mandatario de la entidad postal una comunicación en la que reclamaba “un refuerzo urgente y masivo de personal” ante la ingente cantidad de trabajo que supondrá el proceso electoral, sin perder de vista la concurrencia en el tiempo con la campaña de paquetería derivada del ‘Black Friday’ y el inicio de las compras navideñas. No ha habido respuesta. El sindicato insiste en que la plantilla se encuentra “en mínimos históricos”, con unidades de trabajo muy mermadas de personal y una enorme precariedad en forma de jornadas parciales, contratos de corta duración y salarios que superan por muy poco el SMI. En esas condiciones el sindicato valora que “es imposible prestar un servicio postal de calidad”. “Es inasumible”, destaca a ‘Infobae’ un portavoz de CGT.

Y eso que Correos ha anunciado, con el inicio de su campaña de Navidad, la apertura del plazo de inscripción para incorporar nuevos puestos de trabajo. La compañía busca distintos perfiles a su plantilla, entre ellos el de atención al cliente en oficina, el de reparto a pie, agentes de clasificación y carteros de reparto motorizado. Pero son empleos temporales, adscritos a una campaña en concreto. “Correos va a recibir un ingreso millonario para la realización de los trabajos asignados durante las elecciones. Este dinero debe ir dirigido directamente a la cobertura de todos los puestos necesarios y mejorar las remuneraciones asociadas. En ningún caso, ha de usarse como un método para maquillar las cuentas anuales que parece ser lo único que le interesa a la Dirección”, declaran desde CGT.

Horas extras en Correos

Los últimos datos oficiales es que solo hay 1.954 efectivos con la condición de funcionario, cuando en 2020 esta cifra era de 7.940. El resto son personal laboral y laborales temporales. La última gran oposición fue la de 2023, con 7.757 plazas ofertadas, que la empresa calificó como “la mejor oferta de los últimos 15 años” en la empresa. Un proceso que permitió que el número de laborales haya crecido de 27.600 a 35.600. Aun así, el balance global es de un descenso del 9,3% de la plantilla. “No se debe tratar de suplir la falta de personal con la realización de horas extras, pues va en contra de nuestra propia salud y del reparto del trabajo que corresponde en una sociedad”. CGT avisa que “vigilaremos que en las unidades no se permita el trabajo irregular sin cobertura fuera de la jornada por suponer un fraude y un riesgo de no cobertura ante accidentes graves por no estar en el horario habitual”.

Los trabajadores recuerdan que el actual convenio colectivo paga la hora trabajada en día festivo en 8,79 euros; a 3,14 euros si es hora se trabaja en sábado; 2,1 euros si la hora es noctura y 13,8 euros la hora extra. CGT ha propuesto a Correos la extensión de todos los contratos a jornada parcial existentes a jornada completa, si así lo desean las personas que en estos momentos se encuentran laborando en esa modalidad horaria. “En CGT consideramos que la parcialidad es una de los peores rostros de la precariedad. Una empresa pública tendría que ser ejemplar y no promover este tipo de jornadas”. Desde la organización sindical aseguran que “en un momento crítico donde se intenta criminalizar nuestra labor en el voto por correo por parte de la ultraderecha, es más importante que nunca resaltar nuestro carácter de servicio público y demostrar la utilidad para ciudadanía. Y eso sólo se puede hacer mediante un masivo refuerzo de personal y la mejora de las condiciones laborales y salariales”.

PP y Vox han puesto en duda la neutralidad de los “directivos” de Correos en las próximas elecciones. “He sido presidente de Correos. Primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos”, señaló hace unos días Alberto Nuñez Feijóo un acto de precampaña en Ceuta. La empresa pública comunicó que cerró 2025 con un beneficio neto de 14,4 millones de euros, frente al resultado negativo de 94 millones registrado en 2024. La compañía estatal rompió así una dinámica de diez años de pérdidas, solo interrumpida por los beneficios de 2019. En las pasadas elecciones de 2023, la empresa posta recibió una partida extra de 101 millones de euros por parte del Gobierno.

Cuando los grandes estudios de Hollywood buscan dónde rodar, Estados Unidos pierde la disputa con creciente frecuencia.

Una coalición de sindicatos del entretenimiento —IATSE, el Sindicato de Directores de América (DGA) y SAG-AFTRA— encargó a la consultora EY un análisis exhaustivo que mapea dos décadas y media de fuga silenciosa: la industria creció, los presupuestos se multiplicaron, pero la porción que quedó en suelo americano se redujo a la mitad, según reveló Variety.

La fuga de producción, en números

El informe, que analiza películas con presupuestos de USD 5 millones o más —en dólares de 2025— y episodios de TV desde USD 1 millón, arroja cifras contundentes: hace 25 años, los estudios destinaban el 74% de sus presupuestos cinematográficos a producciones en el país; hoy ese porcentaje cayó al 42%.

En televisión, la caída fue del 94% al 64%. El dinero no desapareció; se redistribuyó hacia Canadá, el Reino Unido y decenas de países que construyeron regímenes de incentivos fiscales más atractivos.

El caso de las superproducciones ilustra el problema con mayor crudeza: entre las 25 películas más costosas de cada año, la participación estadounidense se desplomó del 74% al 34%.

Ese grupo de filmes concentra una cuarta parte de todas las producciones de los grandes estudios, pero representa la mitad del empleo de equipo técnico y dos tercios de los presupuestos totales.

Lo que le costó al país perder terreno

El propio informe lo cuantifica: de haberse mantenido constante la cuota de mercado estadounidense en el período analizado, la industria local habría recibido anualmente unos USD 4.000 millones adicionales en producción de cine y televisión.

En términos absolutos, el gasto de los estudios en cine creció de USD 3.000 millones a USD 7.000 millones anuales en ese lapso, mientras que en televisión la expansión fue aún más pronunciada: de USD 933 millones a USD 8.400 millones. Pero ese crecimiento se repartió, en proporciones crecientes, en locaciones del exterior.

El contexto inmediato del informe es el debate en el Congreso sobre si crear un incentivo fiscal federal de entre el 20% y el 30% para reactivar la producción doméstica; los sindicatos sostienen que los subsidios estatales ya no alcanzan y que solo una intervención a nivel nacional puede frenar el declive.

Una industria en retirada y sus efectos políticos

El deterioro económico de la industria trascendió los límites del sector y entró de lleno en la política local.

En la carrera por la alcaldía de Los Ángeles, la candidata Nithya Raman emitió un aviso electoral durante la ceremonia de los Emmy en el que advertía que “demasiadas producciones en LA están paralizadas”.

La alcaldesa en ejercicio, Karen Bass, respondió impulsando legislación para revertir la tendencia, aunque los incentivos fiscales estatales apenas empezaron a atraer algo de producción de regreso.

Para Marvin, el ritmo de recuperación puede ser demasiado lento: “El resto del país, el resto del mundo, consume lo que hacemos aquí. Creo que eso debería ser más valorado”, señaló ante CBS News.

La magnitud del desafío queda expuesta en un dato que el informe no llega a cuantificar del todo: actualmente, la mitad de toda la producción cinematográfica mundial ocurre fuera de Estados Unidos, consecuencia directa de décadas de incentivos fiscales que otros países fueron construyendo mientras la industria local tardaba en reaccionar.

La fusión que llega en el peor momento

El informe se publicó días antes del cierre formal de la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, operación que deriva en la creación de Skydance Corporation.

La fusión, que asegura la sede de ambos estudios en Los Ángeles, llega en un momento en que el empleo en la industria ya acumula pérdidas significativas: cerca de 50.000 puestos desaparecieron en la última década, más de 80 empresas de producción cerraron sus puertas y el rodaje en la ciudad se redujo a la mitad desde 2019.

El mismo Marvin, cuya empresa de props trabajó en producciones como Once Upon a Time in Hollywood y Hacks, pasó de siete años de rentabilidad a registrar pérdidas.

Phillip Sokoloski, de FilmLA, describió la situación ante CBS News: “Muchos son pequeños negocios, y ahora que el teléfono no suena, ven la posibilidad real de no poder mantener sus puertas abiertas”.

El debate por una respuesta federal

La Asociación Cinematográfica de América (MPA) publicó el mes pasado su propio análisis, en el que proyecta que un incentivo federal generaría USD 22.000 millones adicionales en producción doméstica anual para 2035, según informó el New York Post.

En tanto, los sindicatos convocan a una manifestación en Glendale, California, junto al senador Adam Schiff y legisladores demócratas de la delegación estatal en el Congreso.

Schiff impulsó una propuesta de crédito fiscal federal que, combinada con los subsidios estatales, crearía el régimen de incentivos más generoso del mundo para la industria audiovisual.

Con el respaldo del presidente Donald Trump, quien expresó su apoyo a la iniciativa en agosto, los promotores del proyecto aspiran a convertirlo en ley antes de que concluya 2026.

Iberdrola ha comunicado a las secciones sindicales de la compañía su intención de retirarles los despachos que ocupan desde hace décadas, una decisión que CCOO y UGT enmarcan en el conflicto abierto con la dirección por la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos denuncian que la eléctrica alega necesidades de espacio pese a disponer de edificios con miles de metros cuadrados y aseguran que la compañía no está ofreciendo alternativas para reubicarles.

La representación sindical considera que la medida supone un nuevo episodio de la escalada de tensión que se vive en la compañía desde que las organizaciones rechazaron la última propuesta de convenio planteada por la dirección. CCOO y UGT sostienen que Iberdrola pretende modificar las condiciones de los sindicatos y denuncian una estrategia que, a su juicio, busca debilitar su actividad dentro de la empresa.

Según señalan los sindicatos en un comunicado, la dirección de Recursos Humanos les ha informado de su intención de aplicar una modificación sustancial de condiciones a las organizaciones sindicales. Para CCOO y UGT, se trata de “una muestra más de su mala fe negociadora” y de una actuación que se suma a otras decisiones adoptadas desde que se rompieron las negociaciones.

Subida salarial del 1,25% frente a una inflación del 4,9%

El conflicto por el convenio colectivo se prolonga ya durante más de 20 meses. En julio, la dirección dio un ultimátum a los representantes de los trabajadores con una última propuesta que fue rechazada por los sindicatos. Tras ello, Iberdrola decidió suspender sine die las negociaciones, pese a que la parte social defendía la continuidad del diálogo.

Desde entonces, según CCOO y UGT, se han sucedido diferentes actuaciones contra las organizaciones sindicales. La última de ellas es el desalojo de los despachos que los sindicatos mantienen desde hace décadas, vinculados a los acuerdos de representación recogidos en el convenio para la gestión de las relaciones laborales.

Uno de los principales puntos de fricción es el incremento salarial planteado por la compañía. Después de 19 meses de negociación, Iberdrola propone una subida del 1,25% anual para el periodo 2026-2028. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta en un contexto en el que el IPC se sitúa actualmente en el 4,9%.

Un incremento por debajo del acuerdo interconfederal

La comparación con la inflación se ha convertido así en uno de los argumentos centrales de la disputa. CCOO y UGT también denuncian que la propuesta de Iberdrola para 2025 se queda por debajo de lo establecido en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva: frente al 3% recomendado por este acuerdo, la compañía plantea un incremento salarial del 0,7%.

A este conflicto se suma ahora la decisión sobre los espacios sindicales. CCOO y UGT consideran que la compañía está utilizando la reorganización de sus instalaciones para “desahuciarlas y tensar las relaciones laborales”, en lugar de buscar una solución alternativa que permita mantener los despachos de representación.

Los sindicatos también vinculan la situación con el reciente anuncio del fichaje de una nueva responsable jurídica por parte de Iberdrola. A su juicio, la incorporación podría estar relacionada con la preparación de la compañía ante el escenario judicial que prevén como consecuencia del conflicto laboral.

CCOO y UGT califican de “lamentable” que la dirección haya optado por intensificar la confrontación con las organizaciones sindicales en el año en que Iberdrola cumple 125 años de historia. Los sindicatos critican además el papel desempeñado por el departamento de prensa de la compañía, al que acusan de actuar como “ariete” mediante comunicados que consideran “victimistas”.

El enfrentamiento llega en un momento en el que Iberdrola mantiene unos elevados resultados económicos. Los sindicatos recuerdan que la eléctrica obtuvo más de 6.200 millones de euros de beneficio y cuestionan que, en este contexto, la compañía plantee una subida salarial del 1,25% mientras la inflación alcanza el 4,9%.

Un grupo de ciudadanos suscribió el Manifiesto 4 del Centro Político en el que plantea que la defensa de la Constitución debe ser una prioridad en las actuales circunstancias. El texto señala que sus firmantes consideran adecuados los valores constitucionales y las instituciones, con excepciones, y recuerda que la Constitución de 1991 fue expedida en un momento que califican como de gran convergencia nacional.

El documento aborda cuatro asuntos: la denominada “guerra cultural”, el ejercicio del poder presidencial, las relaciones con la prensa y la libertad de sindicatos y gremios. En el primer apartado, los firmantes se refieren al discurso de posesión de Abelardo de la Espriella y a su anuncio de una confrontación cultural desde una posición orientada a restaurar el orden moral, la autoridad, la familia tradicional y la centralidad de la religión en la vida pública.

Según el manifiesto, ese planteamiento se habría reflejado en decisiones como el retiro de una persona homosexual de un alto cargo, pese a sus credenciales profesionales, en acciones contra lo que el Gobierno identifica como “ideología de género” y en el uso de símbolos religiosos con fines políticos.

El cuestionamiento a la “guerra cultural”

El documento sostiene que “la guerra cultural es contraria a la Constitución” y cita disposiciones relacionadas con la diversidad cultural, la igualdad entre confesiones religiosas, la libertad de enseñanza, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad individual.

Los firmantes también expresan preocupación por el uso recurrente de la frase “Viva Cristo Rey” en los discursos presidenciales. El manifiesto recuerda que esa expresión fue utilizada como grito de guerra durante los enfrentamientos violentos entre partidos políticos en el siglo pasado y señala que ese antecedente no debería ser ignorado.

Los firmantes plantean además que determinados nombramientos ministeriales podrían estar relacionados con políticas destinadas a restringir los derechos de personas con orientaciones sexuales diversas, introducir criterios religiosos en la educación y promover en las aulas una determinada visión de la historia nacional.

En el segundo apartado, dedicado al ejercicio del poder presidencial, el centro político reconoce que el mandatario busca establecer una disciplina comunicacional para transmitir con claridad sus propósitos. Sin embargo, advierte sobre las consecuencias que, según los firmantes, podría tener la concentración de la comunicación gubernamental en el presidente.

El manifiesto recuerda que el presidente es la suprema autoridad administrativa, pero señala que el Gobierno está integrado conjuntamente por el jefe de Estado y los ministros.

Prensa, transparencia y acceso a la información

También destaca las funciones de estos últimos en su relación con el Congreso y con los medios de comunicación. De acuerdo con el documento, las restricciones impuestas a los ministros para participar en escenarios parlamentarios y responder a periodistas podrían dificultar las labores comunicacionales asociadas a esos cargos.

El texto advierte que la disciplina adoptada “puede conducir a un gobierno autoritario y unipersonal semejante a otros que le sirven al presidente De la Espriella de paradigma”.

En materia de medios de comunicación, el documento respalda la decisión gubernamental de reducir y despolitizar los medios estatales. Al mismo tiempo, recuerda que la libertad de prensa comprende tanto el derecho a informar como el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna.

El manifiesto menciona dos situaciones que generan preocupación entre sus autores. La primera corresponde al cierre intempestivo de programas de opinión política en medios privados cuando existe, al mismo tiempo, una supuesta antipatía de funcionarios hacia determinados periodistas. En esas circunstancias, el texto señala que podría surgir la conclusión de que hubo censura gubernamental, incluso si esta no fue explícita.

La segunda situación está relacionada con la decisión de no realizar ruedas de prensa abiertas a diferentes medios. Según el documento, cuando el presidente u otros altos funcionarios seleccionan previamente a sus interlocutores, puede surgir la sospecha de que también se han acordado de antemano los temas y las preguntas que serán abordados.

La petición sobre los gremios y sindicatos

El cuarto capítulo está dedicado a la libertad de los sindicatos y los gremios. Los firmantes recuerdan que la Constitución establece que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del que emana el poder público” y señalan que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos de manera individual o mediante asociaciones.

El documento destaca que la Constitución de 1991 hizo referencia específica a gremios y sindicatos como formas de acción colectiva de trabajadores y empleadores para defender sus intereses. De acuerdo con el manifiesto, las garantías constitucionales exigen al Gobierno abstenerse de intervenir en su creación y funcionamiento.

En este punto, los autores aseguran que existen indicios para considerar que el Gobierno pretende interferir en el funcionamiento de los gremios. Añaden que, si eso ocurriera, una estrategia semejante podría extenderse a las organizaciones sindicales. El texto sostiene que, bajo ese escenario, “unos y otros pasarían a ser dependencias gubernamentales. La libertad para defender sus intereses dejaría de existir”.

El centro político también plantea una diferencia en el acceso al Gobierno entre grandes empresarios y pequeños y medianos empresarios. Según el manifiesto, los primeros suelen contar con mayores posibilidades de acceder directamente a las autoridades, mientras que esa opción sería más distante para los segundos. Por esa razón, el documento formula una petición concreta al Ejecutivo: “Nos parece indispensable que el gobierno haga explicita su posición sobre este debate crucial”.

Entre los firmantes aparecen estudiantes y jóvenes profesionales, e incluye a ciudadanos, académicos, profesores y columnistas como Alejandro Gaviria, Alejandro Reyes Posada, Cecilia López Montaño, Eduardo Lora, Eduardo Pizarro Leongómez, Humberto de la Calle, Jorge Iván González, José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Juan Mayr, Manuel Rodríguez Becerra, Mauricio García Villegas, Mauricio Pava Lugo, Pedro Medellín Torres y José Luis Ramírez, entre otros.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó un fallo de trascendencia para el sector de la salud, al confirmar la personería gremial del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB). Con esta resolución, la justicia rechazó los recursos presentados por diversas organizaciones de empleados de farmacia y de la sanidad, que pretendían agrupar a estos profesionales bajo sus respectivas estructuras.

La decisión de la Sala II del tribunal de alzada ratificó la validez de la Resolución 83/2025, emitida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. Dicha medida administrativa otorgó la ampliación del ámbito de actuación de SAFYB en varias provincias y ciudades del país.

La disputa judicial comenzó cuando múltiples entidades preexistentes, entre ellas la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), el Sindicato Empleados de Farmacia (SEF) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de distintas jurisdicciones, impugnaron la disposición oficial. Los recurrentes cuestionaron el procedimiento administrativo, objetaron la representatividad de SAFYB y argumentaron que los profesionales farmacéuticos y bioquímicos ya estaban incluidos en convenios colectivos de actividad preexistentes.

Sin embargo, los magistrados Alejandro Sudera y Andrea García Vior desestimaron los planteos de las asociaciones apelantes.

Los jueces determinaron que la resolución de la Secretaría de Trabajo se dictó en estricto cumplimiento de una sentencia previa de la misma Sala, fechada el 28 de octubre de 2024. Por este motivo, el tribunal aclaró que la vía recursiva no podía utilizarse para revisar de forma indirecta lo que ya había sido resuelto y juzgado en la instancia judicial anterior.

Profesión versus actividad

El núcleo del debate radicó en la diferencia entre los modelos de organización sindical. Para resolver la controversia, la Cámara recuperó los fundamentos de un dictamen del año 2014 elaborado por el entonces fiscal general, Eduardo Álvarez, los cuales fueron compartidos y ratificados en 2025 por el fiscal interino Juan Manuel Domínguez.

El dictamen distinguió que las entidades que apelaron la medida se estructuran como sindicatos verticales, es decir, representan a los trabajadores según la actividad general del empleador. En contraste, SAFYB se constituyó como una asociación horizontal o profesional, cuyo criterio de afiliación se define exclusivamente por el título universitario habilitante y la profesión de sus integrantes, sin importar el lugar específico donde presten sus servicios.

Bajo este análisis, un farmacéutico mantiene su identidad laboral específica, ya sea que se desempeñe en una farmacia privada, una droguería, un colegio profesional, un establecimiento mutual o en la industria farmacéutica. Del mismo modo, un bioquímico conserva su condición profesional tanto en laboratorios de análisis clínicos como en hospitales. El título universitario es el elemento que define su representación colectiva.

El Ministerio Público Fiscal advirtió que esta controversia no se limita a un mero recuento cuantitativo de afiliados. Existe un interés sindical diferenciado debido a la alta calificación técnica de estos trabajadores, regulada por las leyes nacionales 17.565 y 17.132.

La ampliación de la personería gremial de SAFYB abarca diferentes ámbitos geográficos según la especialidad. Para los profesionales farmacéuticos en relación de dependencia, la zona de actuación comprende la provincia de Entre Ríos y las ciudades de La Plata, San Juan y San Miguel de Tucumán. En la provincia de Catamarca, el reconocimiento se extiende a farmacias privadas, hospitalarias, mutuales, droguerías e industria farmacéutica.

Por su parte, para los bioquímicos que trabajan en laboratorios de análisis clínicos, la representación rige en las provincias de Catamarca y Entre Ríos, así como en los municipios de La Plata, San Juan y San Miguel de Tucumán.

Con este pronunciamiento, quedó firme el encuadramiento de los profesionales farmacéuticos y bioquímicos bajo su propio sindicato específico.

La próxima vez que un viajero llegue a un control de seguridad en cualquier aeropuerto de Estados Unidos, el agente que revise su documentación estará de pie.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) retiró todas las sillas de los puestos de verificación de identidad a nivel nacional, con el argumento de que la postura mejora el estado de alerta de sus oficiales y la experiencia del pasajero.

La medida ya está en marcha. De acuerdo con CNN, la retirada comenzó en la mayoría de los aeropuertos comerciales, aunque el organismo no notificó formalmente a los representantes laborales.

La TSA invoca la seguridad nacional y la hospitalidad para justificar la norma

Un portavoz del organismo defendió la decisión en un comunicado difundido por ABC News. “Este cambio refuerza nuestra postura de seguridad y nuestro compromiso con la hospitalidad”, afirmó el vocero.

Además, agregó que los agentes deben generar “un entorno profesional y acogedor para los viajeros”.

El sindicato no fue consultado y califica la decisión de peligrosa

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Consejo 100 de la TSA (AFGE Council 100) rechazó la medida con dureza.

Según un dirigente sindical citado por CNN, los trabajadores se enteraron de la novedad el viernes por la tarde.

En un comunicado, el gremio sostuvo que las sillas no son un capricho ni una comodidad secundaria. “Las sillas brindan apoyo ergonómico y de seguridad básico para agentes que pasan todo el día de pie sobre superficies duras”, aseguró la organización.

El sindicato fue más lejos y cuestionó directamente el criterio de la agencia: “La TSA está tratando esto como si fuera un privilegio; no lo es: es seguridad básica y decencia mínima hacia la fuerza laboral”, tal como consta en el comunicado recogido por ABC News.

El gremio moviliza a sus afiliados y lleva el conflicto al Congreso

Ante la falta de respuesta institucional, el sindicato activó una estrategia de presión política. Instruyó a sus líderes locales a informar de inmediato a los agentes sobre la situación y anunció que actuará con rapidez para revertir la prohibición.

De forma paralela, el gremio instó a todos sus afiliados a ponerse en contacto con sus representantes en el Congreso para expresar su preocupación directamente ante los legisladores.

“Este desprecio por los derechos y la seguridad de los empleados es un ejemplo de un patrón más amplio en la consideración real que la TSA tiene hacia quienes mantienen segura a nuestra nación”, advirtió la organización en su comunicado.

La llegada de un nuevo director reactiva los cambios en la TSA

Reuters informó que David Cumins fue confirmado por el Senado en agosto de este año. Antes de tomar el cargo, se desempeñaba como vicepresidente sénior de Serco, una compañía multinacional con sede en el Reino Unido dedicada a la prestación de servicios públicos para gobiernos.

El presidente Donald Trump destituyó al entonces director David Pekoske el primer día de su mandato, en 2025, y no nombró un reemplazante hasta 16 meses después.

De acuerdo con Reuters, un cierre gubernamental prolongado durante la primavera dejó sin cobrar a 50.000 trabajadores de la TSA durante seis semanas, con demoras de más de cuatro horas en algunos controles aeroportuarios.

La prohibición coincide con un plan de transformación interna

La medida llega en un momento de cambios estructurales dentro del organismo. Según informó CNN, Cumins impulsa el programa Horizon 25, una iniciativa orientada a modernizar la agencia antes del 25.º aniversario de su fundación, previsto para noviembre.

El plan contempla ampliar el programa TSA PreCheck, incorporar nuevas tecnologías, privatizar algunos puestos de control y mejorar la experiencia de los pasajeros.

“La TSA no tiene que elegir entre un control seguro, un control eficiente y una experiencia de calidad para el viajero”, afirmó Cumins en el comunicado que presentó la iniciativa.

Sin embargo, el mismo medio aclaró que no está confirmado que la prohibición de las sillas forme parte de ese proceso de transformación.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el fraccionamiento”, afirmó Bazán en una entrevista con Exitosa. El dirigente sostuvo que el compromiso anunciado por la presidenta Keiko Fujimori el 28 de julio fue elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 y que, desde la posición de la CUT, ese monto debía aplicarse en un solo tramo.

El Decreto Supremo N.° 015-2026-TR dispone que la RMV pase de S/1.130 a S/1.230 desde el 1 de octubre. Los S/70 restantes deberán aprobarse mediante otro decreto supremo durante el primer semestre de 2027. La propia norma señala que en la sesión del CNTPE del 3 de septiembre hubo consenso respecto del monto final de S/1.300.

CUT cuestiona el supuesto acuerdo sobre los dos tramos

Bazán hizo una distinción entre el acuerdo sobre el monto final y la forma de aplicarlo. Según relató, en la reunión del 3 de septiembre trabajadores y empleadores coincidieron en discutir el incremento hasta S/1.300, pero la fecha y el mecanismo quedaron pendientes para una sesión posterior.

Ese punto coincide con el acta difundida tras aquella reunión: los sectores trabajador y empleador respaldaron el aumento, pero mantuvieron posiciones distintas respecto de “la fecha y forma de la actualización”. El Ministerio de Trabajo informó entonces que las conversaciones continuarían durante septiembre.

El dirigente aseguró que la sesión posterior, convocada para el 22 de septiembre, no contó con quórum y que, por ello, a su juicio, no pudo aprobarse el fraccionamiento. “No ha habido quórum en esta reunión y por lo tanto no hay ningún acuerdo”, sostuvo.

Bazán fue más crítico al referirse a la decisión final del Ejecutivo. “Eso ya es una burla a los trabajadores”, señaló sobre el aumento en dos etapas. También sostuvo que la RMV arrastra un desfase frente al costo de vida y afirmó que el cálculo de S/1.300 ya respondía, según su interpretación, a parámetros técnicos de años anteriores.

El Gobierno sostiene que hubo diálogo en el CNT

La posición del Ejecutivo es distinta. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha señalado que trabajadores y empleadores acompañaron el monto de S/1.300 y que el incremento progresivo se definió considerando las condiciones económicas y el posible impacto sobre las micro y pequeñas empresas.

Tampoco todos los representantes sindicales han formulado la misma lectura. Fidel Buitrón, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores, declaró que el Gobierno estaba cumpliendo con el acuerdo alcanzado, aunque precisó que el sector trabajador había planteado aplicar los S/1.300 en una sola armada, mientras los empleadores propusieron postergar parte del incremento.

Por ahora, lo que sí quedó formalizado es el primer aumento: desde el 1 de octubre la RMV será de S/1.230. El segundo tramo de S/70 deberá fijarse mediante una nueva norma dentro del primer semestre de 2027.

Este paso se produjo después de que el plazo de enmiendas y propuestas de veto en el Senado venciera el 1 de septiembre de 2026, y con el mismo respaldo de PSOE, PP y PNV que ya se había fraguado en el Congreso en el mes de junio. La medida toma especial relevancia ahora, 48 horas después de que el joven de 20 años que degolló a una mujer e intentó matar a otra en Bormujos haya agredido a tres agentes con un pincho en el Centro Penitenciario de Sevilla I. “Llevábamos mucho tiempo desprotegidos y la situación en las cárceles cada vez es más peligrosa, con incidentes violentos a diario y con más de medio millar de agresiones al año. Así no podemos seguir”, sostiene Laura González, delegada del sindicato CSIF Prisiones en un video para Infobae.

El texto parte de una enmienda transaccional dentro de la proposición de ley orgánica presentada por el PSOE para reformar la normativa penitenciaria. De esta forma, si el Senado aprueba el texto sin cambios, la ley quedaría definitivamente aprobada por las Cortes Generales y pasa a sanción real y publicación en el BOE. “Durante años hemos mantenido reuniones constantes con todos los grupos políticos insistiendo en una premisa innegociable: la necesaria cohesión entre los partidos mayoritarios de este país para aparcar la confrontación política en un tema de vital importancia para la seguridad y la dignidad de los trabajadores y funcionarios de prisiones”, señalan fuentes del sindicato.

“Agredirnos ya no saldrá gratis”

Al ser reconocidos con esta posición, “vamos a empezar a estar más protegidos en nuestro lugar de trabajo frente a los internos y agredirnos ya no saldrá gratis”, subraya González. Y es que, como indica la ley, cualquier persona que agreda a un agente de la autoridad se puede enfrentar a una pena de cuatro años que se puede sumar a la condena ya dictada.

Además, Sergio García, delegado de CSIF, detalla que “tendremos presunción de veracidad”. Esto es: “Todos los informes que hagamos en nuestro puesto de trabajo constan como base suficiente para adoptar resoluciones, salvo prueba en contrario”, explica García, tal y como sucede con los policías. Desde CSIF consideran que ese instrumento fortalecerá la respuesta institucional frente a agresiones e incidentes registrados en las prisiones.

El proyecto también habilitará una fórmula de identificación profesional para preservar los datos personales de los trabajadores. Así, en expedientes administrativos y judiciales, los funcionarios podrán identificarse a través de su número de registro profesional, sin necesidad de exponer su nombre y apellidos.

Por otro lado, García agrega que los funcionarios que sufran daños mientras cumplan su labor tendrán “la indemnización por parte de la administración”, salvo que medie negligencia grave o dolo. Aunque en las últimas horas se ha reportado el caso de Sevilla, desde CSIF siguen recordando el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, en marzo de 2024. Por esto mismo, todas estas nuevas medidas se aplicarán para todo “el personal laboral en los centros penitenciarios”, afirma el delegado sindical.

Igualmente, se firmará una garantía para aquellos casos en los que un funcionario sea detenido o ingrese en prisión. La propuesta establece que deberá permanecer separado físicamente del resto de las personas detenidas o reclusas para evitar riesgos contra su integridad.

Una formación obligatoria y más refuerzo de personal

Entre los requisitos que buscan a largo plazo se incluye una iniciativa para que los trabajadores reciban formación específica, teórica y práctica, antes de asumir sus funciones. La capacitación se impartirá en los centros que determine la Administración, mientras que el acceso y la promoción interna continuarán bajo la normativa de función pública.

No obstante, el sindicato no quiere quedarse con este logro histórico para el sector. Laura González asegura que “vamos a seguir exigiendo refuerzo de personal, formación, medios, una nueva ley que se adapte a las actuales necesidades de los centros penitenciarios”. Igualmente esperan “mejorar la clasificación de los internos, yihadistas, violencia de género, bandas armadas, paramilitares, internos con problemas psiquiátricos”, concluye la delegada.

La posibilidad de una nueva huelga en los hospitales públicos de Costa Rica permanece abierta ante la persistencia de problemas en el pago de salarios de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una situación que mantiene enfrentadas a las organizaciones sindicales y a las autoridades de la institución.

Representantes de diferentes sindicatos cuestionaron las explicaciones ofrecidas por la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, y aseguraron que los funcionarios afectados por inconsistencias salariales son muchos más de los reconocidos oficialmente.

Las organizaciones señalaron que la problemática no se limita a quienes dejaron de recibir completamente su salario, sino que también comprende pagos parciales, diferencias salariales, horas extraordinarias pendientes y componentes que no han sido incorporados correctamente en las remuneraciones.

Lenín Hernández, secretario general de SINAE Afines, sostuvo que, al considerar todas estas situaciones, la cantidad de trabajadores afectados podría alcanzar varios miles, aunque reconoció que las organizaciones sindicales no cuentan con una cifra consolidada.

“Una cosa es el impago, que son las y los compañeros que no están recibiendo el salario del todo”, explicó Hernández durante su intervención.

El dirigente agregó que también existen funcionarios que reciben únicamente una parte de su remuneración, otros que no perciben determinados componentes salariales y trabajadores a quienes se les adeudan pagos por tiempo extraordinario.

“Cuando sumamos este conglomerado de trabajadores y trabajadoras, por supuesto que son miles de trabajadores quienes están lamentablemente en esa situación”, manifestó.

¿Cuántos trabajadores de la Caja tienen problemas salariales?

La controversia surgió después de que la CCSS presentara un balance sobre las inconsistencias en las remuneraciones de sus funcionarios tras la huelga nacional del 17 de septiembre.

Según los datos divulgados por la institución el lunes 21, se identificaron 482 casos relacionados con problemas salariales, de los cuales 381 habían sido gestionados y 101 permanecían pendientes en el Hospital México.

La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, explicó que equipos técnicos trabajan en la revisión individual de las situaciones y que la institución espera completar las gestiones pendientes a mediados de octubre.

Sin embargo, Hernández cuestionó que esa cantidad represente la totalidad de los trabajadores afectados.

El dirigente señaló que inicialmente los sindicatos creían que los problemas estaban concentrados en personal interino, pero posteriormente identificaron casos entre funcionarios de otros perfiles ocupacionales, incluidos profesionales médicos.

Ante una consulta de la prensa sobre la cantidad exacta de afectados, reconoció que las organizaciones no disponen de un registro completo.

“Esa trazabilidad lamentablemente la perdimos porque originalmente creíamos que solamente eran los trabajadores interinos”, explicó.

También aseguró que existen funcionarios a quienes se les adeudan horas extraordinarias de hasta seis meses y otros que, pese a haber ascendido, continúan recibiendo remuneraciones correspondientes a puestos inferiores.

“Esa trazabilidad se lo garantizo que ni tan siquiera las mismas oficinas de recursos humanos a nivel central tienen ese dato”, agregó.

Sindicatos presentan resolución de la Sala Constitucional sobre atrasos salariales

Hernández cuestionó las declaraciones de Taylor, quien aseguró que ninguno de los 950 funcionarios del Hospital San Juan de Dios que participaron en la huelga presentaba atrasos salariales, según los registros institucionales.

Para contradecir esa afirmación, el dirigente presentó una resolución de la Sala Constitucional, que, según explicó, corresponde al caso de una trabajadora de ese hospital afectada por problemas de pago.

El fallo fue comunicado el 17 de septiembre, día en que se desarrolló la huelga nacional.

“La administración confirmó expresamente que habían existido atrasos salariales y que este se relacionaba con la incorporación del nuevo sistema informático”, indicó el sindicalista.

El dirigente también citó un apartado en el que, según su lectura del fallo, el tribunal estableció que los problemas internos de la institución no justifican trasladar a los trabajadores las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones salariales.

“Los problemas administrativos, operativos o tecnológicos internos no justifican trasladar a las personas trabajadoras las consecuencias del incumplimiento oportuno de una obligación patronal de rango constitucional”, leyó Hernández.

Denuncian problemas con el sistema informático y falta de personal

Las organizaciones sindicales también cuestionaron el funcionamiento del nuevo sistema de gestión de pagos de la CCSS, cuya implementación ha estado vinculada con las inconsistencias salariales reportadas durante los últimos meses.

Un representante sindical señaló que las unidades de Recursos Humanos enfrentan dificultades para procesar las acciones de personal debido a la cantidad de trámites acumulados y a los tiempos disponibles para completarlos.

Según denunció, algunas unidades deben gestionar más de 2,000 acciones de personal mediante un sistema que presenta bloqueos y restricciones operativas.

“En dos días que tienen estas personas, que son los encargados de hacer las líneas de pago, van a gestionar mil acciones, dos mil acciones”, cuestionó.

La representante también aseguró que los funcionarios encargados de tramitar los pagos no recibieron el acompañamiento necesario antes y después de la implementación de la herramienta informática.

“Aquí no se trata de buscar culpables, doña Mónica, aquí se trata de no lavarse las manos y buscar soluciones prontas, porque el trabajo ya se hizo”, manifestó.

Los sindicatos rechazaron que se atribuya la responsabilidad de los atrasos exclusivamente a las jefaturas locales o a las unidades de Recursos Humanos, al considerar que existen problemas administrativos que deben resolverse desde el nivel central de la institución.

Tres exigencias para evitar una nueva huelga

Las organizaciones informaron que presentaron un documento ante las autoridades de la Caja con tres solicitudes principales para atender la crisis salarial.

La primera consiste en una declaratoria de emergencia prioritaria que permita utilizar mecanismos financieros y administrativos extraordinarios para cancelar los montos pendientes.

La segunda plantea que la institución establezca fechas exactas para realizar los depósitos, mediante una notificación individual que indique a cada funcionario cuánto dinero se le adeuda y cuáles son los conceptos pendientes.

La tercera solicitud busca establecer un reporte diario de avances, con información agregada sobre los casos resueltos y aquellos que continúan pendientes.

Los representantes sindicales insistieron en que el proceso de regularización debe mantenerse hasta que todos los trabajadores afectados reciban las remuneraciones correspondientes.

Preocupación por el aguinaldo de diciembre

Otro de los puntos abordados por los sindicatos fue la posibilidad de que las inconsistencias salariales tengan consecuencias sobre el pago del aguinaldo de los trabajadores.

Hernández manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los problemas continúen durante octubre y que determinados montos pendientes no sean incorporados oportunamente en el cálculo de ese beneficio.

El dirigente planteó que la institución explore mecanismos financieros mediante organizaciones como ACEX, Coopecaja o la Mutual de la Caja, para facilitar el acceso a los montos pendientes mientras se regularizan los pagos.

Se trata de una propuesta formulada por el representante sindical y no de un mecanismo aprobado o anunciado por la CCSS.

“Si no se soluciona el problema de octubre, a las compañeras y compañeros no les va a llegar esa platita, que ya se la ganaron, para diciembre, el aguinaldo”, advirtió Hernández.

Una nueva huelga sigue siendo una posibilidad

El dirigente recordó que el movimiento de huelga del 17 de septiembre permitió visibilizar las dificultades económicas que enfrentan funcionarios con salarios atrasados.

Sin embargo, la protesta también provocó afectaciones en los servicios de salud.

Según el balance divulgado por la institución, durante aquella jornada participaron miles de trabajadores y se suspendieron procedimientos quirúrgicos programados en diferentes hospitales.

Los representantes sindicales defendieron el carácter solidario del movimiento y rechazaron las posibles medidas disciplinarias contra trabajadores que participaron en la protesta sin presentar atrasos salariales directos.

La CCSS había informado que revisaría individualmente esos casos para determinar si existía alguna justificación para la participación en la huelga.

Hernández aseguró que las organizaciones desean evitar una nueva paralización, pero condicionó esa posibilidad a que las autoridades encuentren una solución para los trabajadores afectados.

“Lo menos que queremos nosotros es hacer otro llamado a huelga, ¿verdad? Pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer”, expresó.

Por ahora, las organizaciones mantienen su exigencia de que la Caja establezca un calendario concreto de pagos, informe individualmente los montos pendientes y publique los avances hasta resolver la totalidad de las inconsistencias salariales, mientras continúa la revisión administrativa anunciada por la institución para octubre.

El curso escolar no ha comenzado de la mejor manera en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunidad de Madrid. Desde Comisiones Obreras denuncian que 21 de las 29 escuelas y seis extensiones de la región no cuentan con la plantilla necesaria para atender las gestiones del día a día. La situación es más complicada en los centros de Embajadores, Leganés, Majadahonda, Parla, Pozuelo, San Blas, Vallecas y Villaverde, donde, según el sindicato, no hay ningún administrativo asignado.

La falta de personal, indica CCOO, obliga a directores y jefes de estudios asuman tareas como la formalización de matrículas, la atención al alumnado y la gestión de las secretarías, una carga que se suma a sus funciones y que tiene un impacto en los trámites habituales del arranque del curso.

“No son incidencias aisladas”

El sindicato rechaza que el problema responda a bajas imprevistas o a incidencias aisladas, ya que, según explica, algunas vacantes permanecen sin cubrir desde el curso anterior y las propias EOI habían comunicado sus necesidades antes del inicio de las clases.

“La propia Comunidad de Madrid dispone desde julio de una lista de espera para la cobertura interina de puestos de Auxiliar. En su información oficial señala que estaba previsto iniciar los actos públicos para gestionar esa lista a partir del 26 de agosto, pero el curso ha comenzado y numerosos puestos continúan sin cubrir”, añade el sindicato en un comunicado.

Ante la falta de incorporaciones, CCOO se dirigió a Recursos Humanos para pedir explicaciones. La primera respuesta fue que la Administración “estaba sobre el tema”, una contestación que el sindicato consideró insuficiente ante las vacantes que persistían en los centros. Posteriormente, Recursos Humanos trasladó que la contratación de auxiliares administrativos, que hasta ahora se gestionaba desde Hacienda, pasó a depender de la Consejería de Educación y que ya se habían formalizado algunos contratos. En ese sentido, CCOO valora positivamente esas incorporaciones, pero advierte que aún no alcanza para cubrir las necesidades notificadas por los centros educativos.

CCOO ha registrado un escrito ante Recursos Humanos para solicitar el número de puestos que continúan sin cubrir, las contrataciones ya realizadas, los destinos asignados y el calendario previsto para completar las incorporaciones. También reclama que la Consejería acelere la contratación de auxiliares administrativos y que el personal se incorpore de forma inmediata a las escuelas afectadas.

El sindicato recuerda que la situación de las EOI se suma a los problemas de cobertura de plantillas que han marcado el inicio de este nuevo curso en la educación pública madrileña.

Reclamos de las educadoras en la etapa de 0 a 3 años

Además, tras meses de movilizaciones, las educadoras infantiles -de la etapa de 0 a 3 años- siguen reclamando mejores condiciones laborales como salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula “para poder mejorar la calidad de la enseñanza”.

“La falta de negociación, la dejadez y hostilidad por parte de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Madrid ha llevado a esta situación de maltrato y abandono a las familias e infancia de la Comunidad de Madrid”, ha denunciado la plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI), que ha convocado diferentes concentraciones por todo el país.

La última movilización tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, con el objetivo de “poner en valor” la importancia de los primeros meses en la educación infantil para garantizar “el sano desarrollo del menor y una relación de acompañamiento con las familias”.

Frenar, bajar la ventanilla, descubrir que no tenés efectivo. Estacionar a un costado para ir a pagar por transferencia a una oficina. El billete arrugado que va y vuelve, va y vuelve. La fila eterna un lunes a la mañana, mientras adentro de la cabina -con aire acondicionado, a veces con un compañero que literalmente le hace compañía- hay una persona que no puede hacer nada por vos.

Y ahí está el punto: el peajista no puede hacer mejor su trabajo, porque lo que queremos es que no lo haga. No queremos un peajista más rápido, más amable, más eficiente. Queremos no frenar.

Película repetida

Ya vivimos esta historia. El ascensorista, frente a la automatización, se peinó, empezó a perfumarse, se compró un traje, se aprendió los nombres de todos los pasajeros. Perdió el trabajo igual: lo hacía cada vez mejor, pero era un trabajo que la tecnología estaba destruyendo. Perfumarse no es adaptarse. El peajista está peor que aquel ascensorista: ni siquiera tiene forma de hacerlo mejor.

En septiembre de 2005, Facundo Moyano “logró ingresar” como cajero en el peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires–La Plata. Las comillas no son mías: así lo cuenta la historia oficial del SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines) en su propio sitio. Logró ingresar. A una cabina de peaje. ¿Conocés a alguien más que haya logrado entrar a una? De las cabinas, la gente logra salir.

Cuando Moyano entró a Hudson, el Telepase ya existía. La fila de al lado ya pasaba sin frenar. No hacía falta ser futurólogo para ver el destino de la cabina: hacía falta mirar por la ventanilla.

En febrero de 2024 publiqué “Los sindicatos van a desaparecer”. Me criticaron mucho, casi siempre sin leerlo: con el título alcanzaba, porque de eso no se habla. Justamente por eso hay que hablarlo.

¿Por qué la convicción? Porque cada vez más gente elige trabajar por su cuenta buscando libertad e independencia, pero también porque la automatización y la IA se llevan las tareas repetitivas, dejándonos a todos con tareas diferentes… Y si nuestras tareas son distintas, el valor que damos es diferente y somos, entonces, más valiosos frente al empleador.

No necesitaremos sindicatos, es la buena noticia. Hace poco la OCDE lo midió en un informe cuyo título lo dice todo: “Standing, but losing ground” (“De pie, pero perdiendo terreno”). La afiliación sindical se redujo a la mitad desde 1985, del 30% al 15%.

Veinte años de conquistas, cero reconversión

La historia oficial del SUTPA enumera sus logros: equiparación de categorías, blanqueo, nocturnidad, torneos de fútbol, vóley y ping-pong, kit escolar para los hijos, regalos por luna de miel.

Buscá en esa lista la palabra “reconversión”. Buscá “capacitación”. Buscá algo que prepare a un solo trabajador para el día en que la cabina no esté. No tengo dudas de que algo intentaron hacer, pero siempre enfocándose en el puesto, lo que le da sentido al Sindicato, en lugar de la persona.

La provincia de Buenos Aires anunció la eliminación de los peajes físicos. En la Autovía del Mercosur ya demolieron las cabinas: la nueva concesionaria tomó al 30% del personal. El sindicato que durante veinte años defendió la cabina nunca preparó al que estaba adentro. Defendió el puesto, no a la persona.

El cambio no es optativo

No lo fue para el ascensorista. No lo es para el peajista. No lo será para el administrativo que hoy copia datos de una pantalla a otra.

Ese administrativo fui yo. Mi primer trabajo fue en la DGI (no se llamaba ARCA, ni siquiera AFIP), ordenando declaraciones juradas por número de CUIT. Era cada vez más rápido; mis compañeros me odiaban. No importaba: el puesto iba a desaparecer igual, gracias al Excel y las bases de datos. Ordenar papeles por CUIT era mi cabina de peaje. En todas las empresas hay cabinas de peaje. En general no cobran, pero frenan: alguien aprueba un formulario que nadie lee, alguien copia datos de un sistema a otro, alguien imprime para tipear, alguien firma para “dar fe” de algo que el sistema ya sabe. Cuanto más tiempo pasa, más cabinas hay: cada sistema nuevo, cada control agregado “por las dudas”, deja la suya.

Cada vez es más valioso el algoritmo EAT: Eliminar, Automatizar, Tercerizar -en ese orden-. Muchas empresas se traban en la segunda: calculan el costo de automatizar una tarea sin preguntarse primero si la tarea merece existir. Automatizan cabinas que había que demoler, con tecnología que cada año cuesta menos.

Mal de muchos…

Hagamos la cuenta que nadie hace. Solo en Buenos Aires y sus accesos, más de un millón de vehículos por día pasan por un peaje. Sin automatización serán mínimo veinte segundos por pasada, siendo generosos con la cabina: sin fila, sin billete arrugado, sin “¿no tenés cambio?”. Son dos millones de horas por año que ganamos gracias a la automatización, solo en el área metropolitana, sin contar las rutas del resto del país.

Repartido, es poco: unas cuatro horas por año por conductor. Cuatro horas tuyas contra el sueldo entero de un peajista. Puesta así, uno contra uno, la cuenta parece obvia: hay que proteger la fuente de trabajo. Puesta así, la automatización pierde siempre.

Mancur Olson lo explicó en 1965, en “La lógica de la acción colectiva”: las pérdidas concentradas se organizan; los beneficios difusos, no. Tus veinte segundos no tienen dirigente que los defienda; el puesto que desaparece, sí. Nadie corta una autopista por llegar veinte segundos tarde.

El cambio tecnológico funciona siempre igual: mejora un poco la vida de muchos y empeora mucho la vida de los pocos que se resisten. Por eso a los que se resisten los escuchamos más fuerte. Pasa en los peajes, pasa en las empresas, pasa en países enteros.

Moyano tiene mandato hasta 2029. Para entonces, ¿cuántas cabinas van a quedar? ¿Alguien va a “lograr ingresar” a un peaje para disputarle la conducción? Todo indica que va a ser el último secretario general del sindicato de un trabajo que ya no existe.

Las cabinas, como todo trabajo repetitivo o aburrido, van a desaparecer.

La protección de la libertad sindical constituye uno de los pilares del derecho colectivo del trabajo argentino. La Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece garantías destinadas a preservar el ejercicio de los derechos sindicales frente a conductas que pretendan obstaculizarlos o impedirlos. Su utilización, sin embargo, debe enmarcarse en los límites de su naturaleza y finalidad, conforme a los principios constitucionales que reconocen los derechos “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”.

La sentencia dictada el 3 de agosto de 2026 en el Expte. N° 204024/20 ofrece un caso paradigmático para reflexionar sobre dos cuestiones que, aunque parecen simples en su enunciación teórica, presentan complejidades considerables en su aplicación práctica: los límites de la acción de tutela sindical del artículo 47 y la inexistencia de privilegios laborales derivados de la mera titularidad de un cargo gremial.

Los hechos del caso pueden sintetizarse así: el actor se desempeñaba como Agente de Propaganda Médica (APM) conforme al CCT 119/75. Era secretario general del Sindicato de Visitadores Médicos de la seccional Corrientes y fue electo como secretario de Interior de la conducción nacional. En esa doble condición, interpuso acción de tutela sindical alegando conducta discriminatoria antisindical de su empleadora, consistente en la retención de haberes, el cambio de especialidad (de cardiología a pediatría), la falta de invitación a reuniones de trabajo y la privación de elementos necesarios para cumplir sus funciones.

El sentenciante rechazó íntegramente la demanda y el decisorio delimita el campo de aplicación de la tutela sindical: preserva la acción del artículo 47 para su finalidad específica, impidiendo su desnaturalización como vía genérica para reclamos laborales, y reafirma que el representante gremial no goza de privilegios frente a condiciones de trabajo comunes a todo el personal.

La acción del artículo 47 de la Ley 23.551: una herramienta específica que no debe desvirtuarse

1. El artículo 47 de la Ley 23.551 establece con claridad meridiana que “todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente (...) a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical”. Se trata de una vía procesal diseñada para proteger el ejercicio de la libertad sindical frente a conductas que impidan u obstaculicen dicho ejercicio. Su finalidad se agota en el cese del comportamiento antisindical, lo que presupone, naturalmente, la existencia efectiva de tal comportamiento.
2. En el caso bajo análisis, la sentencia efectúa una delimitación precisa del objeto de la demanda, y el juez señala que: “la demanda se plantea con el objeto concreto de la tutela sindical de que se respete la integridad de los haberes disponiendo que la empresa los abone en forma inmediata todos los items que lo integran”. A partir de esta definición del objeto, establece la metodología de análisis que empleará: “En base a TAL objeto preciso de tutela sindical se analizarán los hechos que se le endilgan a la empresa demandada para determinar si existe una conducta antisindical que deba ser condenada conforme las previsiones de la ley 23551”. El actor pretendía, en esencia, el cobro de diferencias salariales y la integración de haberes (un reclamo típicamente laboral, de contenido patrimonial), pero canalizaba esa pretensión a través de la acción de tutela sindical del artículo 47, que tiene un objeto completamente diverso: el cese de una conducta antisindical.
3. La sentencia procede a examinar los hechos que el actor invocaba como conducta antisindical y concluye que, en realidad, se trataba del ejercicio legítimo del poder de dirección y control del empleador: solicitar rendición de cuentas por gastos, justificar visitas médicas, informar sobre el uso de la tarjeta corporativa y reportar actividades, como lo hacían todos los APM de la empresa. Así, el actor intentó revestir de carácter antisindical requerimientos ordinarios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo; pedirle que justifique sus visitas, rinda cuentas y reporte su actividad diaria no constituye persecución sindical, sino gestión como empleador. En el fallo se concluye en que “la totalidad de los hechos expuestos precedentemente como realizados en ‘contra’ del actor, no fueron mínimamente probados” y que “la posición en que se coloca el actor ante los reclamos efectuados por la demandada hasta pueden demostrar hechos contradictorios que por carencia de pruebas resultan insuficiente para considerar que existió por la empleadora una conducta discriminatoria, persecutoria y antisindical”.
4. Un aspecto particularmente valioso de la sentencia es la reafirmación del deber de colaboración del trabajador, aun cuando este tenga un cargo gremial. El juez señala expresamente: “El deber de colaboración del trabajador consistía en dichas misivas, en contestar suficientemente los requerimientos de la empleadora y si alguna cuestión hubiera dado motivos o sea causa de la realización de actos que pudieran significar una cuestión antisindical, DEBIÓ el trabajador hacerlo valer por los medios legales que posee a su alcance ejerciendo justamente su función sindical, MÁS AÚN con los cargos que posee dentro de la institución que representa”. Este pasaje reafirma que la investidura sindical no exime al trabajador de sus obligaciones contractuales de colaboración y buena fe. A la vez, quien ocupa cargos de máxima jerarquía gremial cuenta con los medios institucionales adecuados para denunciar una eventual conducta antisindical. El juez advierte que “la misma conducta del actor se contrapone con lo que es normal para un representante sindical provincial con larga trayectoria”. En efecto, el actor nunca formuló reclamo ante organismos administrativos laborales (como la Subsecretaría de Trabajo provincial) ni dio participación al sindicato nacional en los supuestos hechos antisindicales que denunciaba. Esta omisión resulta particularmente elocuente tratándose de quien reviste los cargos de secretario general de la seccional provincial y secretario interior de la conducción nacional.
5. La acción del artículo 47 de la Ley 23.551 constituye una herramienta procesal para proteger la libertad sindical y debe reservarse al cese de conductas que efectivamente impidan u obstaculicen el ejercicio de los derechos sindicales. Utilizarla para canalizar pretensiones esencialmente laborales desnaturaliza el instituto y debilita su función protectoria. En la acción iniciada, el actor no acreditó conducta antisindical alguna: se trató de un conflicto laboral ordinario, vinculado al cumplimiento de prestaciones y al ejercicio de facultades legítimas del empleador, incorrectamente encauzado por la vía del artículo 47. El rechazo de la demanda reafirma que la tutela sindical no es un escudo para sustraerse de las obligaciones contractuales ni una vía para resolver controversias que cuentan con cauces propios en el derecho individual del trabajo.

La condición de representante gremial no genera privilegios ni inmunidad frente a las comunes condiciones de trabajo

1. Los artículos 48, 50 y 52 de la Ley 23.551 configuran un sistema de protección para los representantes sindicales que les garantiza estabilidad en el empleo durante el ejercicio de su mandato y por un año posterior a su cese. El artículo 52, en particular, establece que los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 no podrán ser despedidos, suspendidos ni se podrán modificar sus condiciones de trabajo si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía. Sin embargo, esta protección no equivale a inmunidad absoluta frente al poder de dirección del empleador, ni crea un “status” laboral diferenciado respecto de las condiciones de trabajo que son comunes a todo el personal. La protección sindical tiene una finalidad precisa: evitar que el ejercicio de la función gremial sea obstruido mediante represalias patronales.
2. Al examinar el denominado “Primer hecho”, relativo a la exigencia empresarial de explicar por qué el actor visitaba solo 2 médicos por día “cuando todos deben hacer 15”, el juez consideró la alegación de que se le “MODIFICAN UNILATERALMENTE sus condiciones de trabajo” y su razonamiento fue coherente con que si la empresa exige 15 visitas médicas diarias a todos los Agentes de Propaganda Médica, dar el mismo trato al representante sindical no constituye modificación unilateral de condiciones de trabajo ni conducta discriminatoria, sino igualdad de trato.
3. Otro aspecto relevante del fallo se vincula con los descuentos por “visitas no realizadas”. La Cámara, al resolver el incidente cautelar previo, ya había sentado un criterio que el juez de primera instancia recoge y aplica: “como toda retribución por rendimiento, se pierde cuando no se trabaja” y “el trabajador debió aportar el reporte de visitas -como de haberlas realizado. Es su responsabilidad el presupuesto de hecho para la procedencia de su derecho”. La empresa demandada justificó los descuentos señalando que del fichero de actividad del actor surgía que “no está reportando ni el contacto ni la promoción de un sólo médico desde hacía 75 días corridos”. Asimismo, precisó que los descuentos tenían “como base su desempeño con respecto al realizado por todos los compañeros de la Delegación Corrientes”.
4. El fallo también distingue lo que es la “actuación” a título personal respecto de la representación gremial, y considera que la misma ha sido “a modo personal, como empleado de la firma y no ejerciendo la representación gremial”. Esta constatación resulta relevante: al responder las misivas de la empleadora, el actor se presentó como trabajador individual y no como representante sindical. Si no invocó su condición gremial ni vinculó los requerimientos con su actividad sindical, difícilmente pueda sostener luego que esos mismos requerimientos constituían una conducta antisindical.
5. El representante sindical es, por definición, representante de sus compañeros, y la defensa de sus intereses colectivos presupone que comparte las condiciones de trabajo de la categoría. Si un representante sindical pretendiera que las condiciones de trabajo comunes a todo el personal —por ejemplo, la exigencia de realizar 15 visitas médicas diarias o la obligación de reportar actividades— no le son aplicables por su condición gremial, reclamaría en los hechos un trato “preferencial” para sustraerse de las reglas que rigen a los trabajadores a quienes representa. Esa pretensión carece de sustento normativo y contradice la esencia de la función representativa: el dirigente debe compartir las condiciones, cargas y deberes laborales de sus compañeros, pues solo desde esa comunidad de situación puede ejercer genuinamente la defensa de sus intereses colectivos.
6. El artículo 53 inciso i) de la Ley 23.551 tipifica como práctica desleal “despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales (...) cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal.” La norma, leída a contrario sensu, proporciona un criterio decisivo: cuando las medidas adoptadas por el empleador son de aplicación general y simultánea a todo el personal, no constituyen práctica desleal ni conducta antisindical, aun cuando alcancen al representante gremial. En el caso analizado, las exigencias de la empresa —reportar visitas, justificar gastos y cumplir con el estándar de rendimiento— eran las mismas para todos los Agentes de Propaganda Médica.
7. La sentencia insiste reiteradamente en el incumplimiento de la carga probatoria por parte del actor: “La parte actora no ha cumplido con su actividad probatoria sobre los hechos que tienen estricta y directa relación con una conducta que se atribuye a la empresa que signifique una discriminación o tenga relación con la actividad sindical”. Este señalamiento resulta coherente con todo el desarrollo previo: dado que las condiciones y requerimientos eran generales, se fundaban en el ejercicio legítimo del poder de dirección y respondían a incumplimientos objetivos, mientras el actor había respondido a título personal sin invocar su condición sindical, correspondía al demandante demostrar una motivación antisindical subyacente. Esa carga no fue satisfecha.

Conclusión

La sentencia comentada constituye un aporte significativo a la delimitación de la acción de tutela sindical del artículo 47 de la Ley 23.551. En primer lugar, reafirma que se trata de una herramienta procesal específica, concebida para proteger el ejercicio efectivo de la libertad sindical, y no de una vía genérica para canalizar reclamos de naturaleza laboral. Su desnaturalización debilita el instituto y erosiona su fuerza protectoria.

En segundo lugar, la protección que la ley dispensa a los representantes sindicales no implica inmunidad frente al poder de dirección del empleador ni genera un privilegio respecto de las condiciones de trabajo comunes. El representante sindical continúa obligado por los mismos deberes contractuales que cualquier otro dependiente de la empresa. Las exigencias que son de aplicación general y simultánea a todo el personal no se transforman en conducta antisindical por el solo hecho de alcanzar a quien detenta un cargo gremial.

Por ende, la tutela sindical debe reservarse para los casos en que efectivamente se obstaculiza la libertad sindical; y no genera una condición de excepción frente a las obligaciones que son comunes a todos los trabajadores de una empresa.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de El Salvador aseguró que aún no existe una propuesta oficial para modificar la distribución de los tiempos y horarios laborales.

El ministro Rolando Castro participó este martes en una reunión convocada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), donde representantes empresariales plantearon sus perspectivas sobre una eventual actualización de los esquemas de jornada laboral.

“Desde el Ministerio de Trabajo vamos a garantizar un proceso abierto de consultas. Por ahora no existe una medida oficial, estamos en la etapa de escuchar y analizar”, afirmó Castro.

El funcionario indicó que las conversaciones han recibido nuevos planteamientos a medida que avanzan las reuniones con los distintos sectores. Explicó que, hasta hace poco, se habían identificado entre seis y siete propuestas, pero que el número superó las diez tras nuevas consultas.

“Hasta este día teníamos seis, siete propuestas. Hoy que venimos llevamos más de diez propuestas”, señaló Castro. El funcionario añadió que el Ministerio también mantiene diálogos con sindicatos y afirmó que esas organizaciones representan entre el 95% y el 96% del movimiento sindical.

El titular sostuvo que el Gobierno optó por un proceso de discusión más amplio en lugar de elaborar un proyecto de ley acelerado para enviarlo a la Asamblea Legislativa. “Cualquiera pudo haber hecho un borrador rápido y pasarlo a la Asamblea Legislativa”, dijo. A su juicio, el mecanismo de consultas exige más tiempo, pero permite incorporar las posiciones de empleadores y trabajadores.

Castro rechazó que exista una base concreta que permita anticipar cómo quedarían los horarios en sectores como los servicios, la industria o el comercio.: “Ahorita no lo tenemos definido”

El ministro afirmó que las inquietudes surgidas alrededor de una posible reforma se producen antes de que exista un borrador de decreto o una propuesta formal. También prometió que los medios de comunicación y la población conocerán primero cualquier documento que llegue a elaborarse.

ANEP planteó que el debate debe buscar consensos tripartitos

El presidente de la ANEP, José Luis Saca, coincidió en que el proceso todavía no ha definido un modelo de modificación de horarios. Expresó que las conversaciones apuntan a construir consensos entre el Gobierno, los trabajadores y el sector privado.

Saca sostuvo que las discusiones buscan elevar la competitividad, impulsar el crecimiento económico y preservar el bienestar laboral. Además, indicó que el formato tripartito responde a los estándares internacionales que rigen los espacios de diálogo social y al funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar reglas diferentes según la actividad económica, el dirigente empresarial dijo que ese esquema aún no ha sido acordado, aunque figura entre las opciones que podrían evaluarse. “Todavía no hemos llegado a eso, pero es una posibilidad”, declaró.

El MTPS destacó que cualquier modificación deberá respetar derechos como las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el pago del séptimo día, las vacaciones, los días de asueto, la remuneración por trabajo nocturno y las horas extraordinarias.

La institución también incluyó entre las garantías que deberán preservarse los derechos vinculados con la maternidad y la lactancia. El Ministerio señaló que una eventual modernización de los horarios tendría que equilibrar las necesidades del sector productivo con el bienestar de la clase trabajadora.

Por ahora, las reuniones continuarán sin una propuesta definitiva sobre la mesa. El ministerio prevé mantener las consultas con sindicatos, empresarios y otros actores antes de presentar un eventual proyecto.

La nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), sostuvo que no fue notificada y afirmó que seguirá yendo al centro de salud mientras la Justicia no resuelva su tutela sindical.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del gremio, Lezana respondió: “No estoy despedida porque no fui notificada”. En el mismo mensaje, agregó: “Por eso, del hospital no me saca ninguna intervención; voy a seguir yendo todos los días como hace 39 años”, sostuvo quien, tras un sumario que -según informó la institución- se concluyó que no atendió pacientes durante 2025.

Cuestionamientos a Lugones y el reparo en la protección gremial

La sindicalista le apuntó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a las autoridades del hospital afirmando que lo que difundieron “es una mentira”. Y agregó: “No fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método autoritario, prepotente, de patrones de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa con el que se maneja el titular de la cartera sanitaria y su grupo de empleados que tienen tomada la dirección del Garrahan”, sostuvo la mujer.

Lezana sostuvo además que no puede ser despedida por contar con “protección gremial”. Luego vinculó la decisión con su rol sindical y de género: “¿Saben por qué me atacan? Porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital y eso no lo soportan; porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión, soy independiente”, agregó.

La dirigente también acusó a las autoridades de intentar desviar la discusión sobre el manejo de recursos. Según dijo, buscan “correr el eje” para evitar que se debata por qué se destinan fondos a una empresa de seguridad privada y a la Policía de la Ciudad mientras, según su denuncia, no se autorizan prótesis y medicamentos de alto costo, y qué ocurre con contrataciones directas y con casi $60 mil millones de fondos propios del hospital invertidos en bonos de deuda a 13 años.

En ese mensaje, Lezana definió la decisión como “escandalosa” y afirmó que pretenden usarla “como chivo expiatorio”. También convocó a una manifestación para este miércoles al mediodía en la puerta del Garrahan y a una asamblea para el jueves en el segundo piso de la institución.

Ya que el caso quedó atravesado por la protección gremial, el hospital debe pedir judicialmente la exclusión de esa tutela antes de hacer efectiva la cesantía. El Dr. Mariano Pirozzo, Director Médico del Hospital Garrahan, confirmó que el hospital ya impulsó ante la Justicia el pedido de exclusión. “Si considera que estuvo todo bien, se lo va a sacar”, afirmó.

Cómo fue el sumario abierto a Lezana

La investigación interna se apoyó en declaraciones de trabajadores y en los registros asistenciales del hospital. Según el nosocomio, no pudo acreditarse que hubiera realizado tareas como nutricionista durante el período analizado y sí se constató su participación en actividades gremiales.

Pirozzo dijo a Radio Mitre que el sumario se abrió a partir de denuncias de personal del centro de salud. Explicó que el sistema de historia clínica funciona desde 2009 y que no aparecen registros de atención de pacientes por parte de Lezana en 2025.

Por ello, el comunicado oficial del Garrahan encuadró la resolución en un proceso de “fortalecimiento institucional” orientado, según la institución, a garantizar el cumplimiento de funciones y una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

La conducción del centro pediátrico también sostuvo que Lezana tuvo una participación activa en acciones sindicales y que protagonizó la ocupación de la oficina de la Dirección Médica. El hospital agregó que, pese a ese escenario, mantuvo la atención y la continuidad de las prestaciones esenciales con personal asistencial que cubrió la carga laboral de quienes hicieron paro.

Según la reconstrucción del caso, ninguno de los trabajadores entrevistados en el sumario declaró haber visto a Lezana cumplir tareas asistenciales dentro del hospital. Las mismas fuentes señalaron que ni sus superiores directos pudieron precisar cuál era su lugar de trabajo en la institución.

El convenio aplicable a la actividad permite a los trabajadores con tutela gremial destinar hasta 10 horas mensuales a tareas sindicales. Según trascendió, la dirigente registraba su ingreso, pero dedicaba toda su jornada a esa actividad, lo que, de acuerdo con esa versión, explica la ausencia total de registros de atención a pacientes durante 2025.

La posible reducción de la semana laboral figura como uno de los temas centrales que se discutirán en la próxima sesión del Consejo Superior del Trabajo, programada para el 20 de agosto de 2026. Rolando Castro, ministro de Trabajo, señaló que este planteo surge en respuesta a las transformaciones del mercado laboral global y a los nuevos requerimientos de competitividad en la región.

Según lo expuesto por Castro, representantes empresariales, especialmente del sector industrial, han manifestado interés en adaptar los horarios de trabajo. El ministro mencionó el caso de la industria textil, donde la rentabilidad de ciertas tecnologías depende de su operación continua durante veinticuatro horas.

En este contexto, se han comenzado a explorar modelos como el denominado cuatro-tres, que consistiría en trabajar cuatro días y descansar tres, en contraste con el esquema tradicional de cinco días laborables.

Los sindicatos, de acuerdo con el ministro, han mostrado disposición a debatir propuestas que permitan una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, siempre considerando el resguardo de los derechos adquiridos. Castro sostuvo que “el mundo laboral ha cambiado” y que existe la percepción de que el país podría enfrentar desafíos si no actualiza su normativa.

El funcionario indicó, en entrevista en Diálogo, que cualquier eventual modificación requeriría el acuerdo unánime de empleadores y trabajadores en el seno del Consejo. Aclaró que, en este proceso, no se establecerán imposiciones y que la discusión será amplia y participativa.

Expectativas de reforma y futuro del marco laboral

La agenda prevista para la reunión del 20 de agosto incluye, además del análisis sobre la semana laboral, la posibilidad de modernizar el marco legal del trabajo para adecuarlo a las exigencias del contexto internacional. Rolando Castro advirtió que, a su juicio, si El Salvador no avanza en la actualización normativa, podría quedar en desventaja frente a otros países en materia de inversión y desarrollo económico.

El ministro manifestó que corresponde a los diputados y a los diferentes actores políticos valorar y eventualmente respaldar las reformas que resulten del debate y el consenso alcanzado en el Consejo. Castro subrayó que el tejido productivo nacional está representado en esta instancia y que los avances que puedan concretarse responderán a acuerdos transversales.

El funcionario describió este período como un momento de debate clave para la política laboral salvadoreña, donde el diálogo y la búsqueda de consensos aparecen como elementos fundamentales para la toma de decisiones futuras.

Consenso unánime: la esencia del Consejo Superior del Trabajo

El Consejo Superior del Trabajo se presenta como el espacio institucional donde se negocian y acuerdan las principales políticas laborales del país. Rolando Castro explicó que la dinámica del Consejo exige que toda resolución sea tomada por unanimidad, lo que implica un proceso exhaustivo de discusión entre el Gobierno, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y los sindicatos.

Según lo relatado en la entrevista, cuando surgen temas controvertidos, el Consejo puede conformar equipos técnicos mixtos para analizar en profundidad los puntos de mayor desacuerdo. Castro mencionó que algunos acuerdos han requerido varios meses de trabajo, pero considera que este tiempo de debate contribuye a que las resoluciones cuenten con legitimidad y respaldo de todos los sectores.

El ministro hizo referencia a la pluralidad e inclusión del Consejo como factores que han permitido aprobar medidas de impacto, subrayando que el objetivo es transformar los debates en acuerdos aplicables y verificables, con plazos y responsabilidades definidos.

La sede principal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá permaneció bloqueada por escoltas y conductores afiliados a sindicatos, entre el 20 y 23 de julio de 2026. Los manifestantes instalaron campamentos en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos laborales.

Las peticiones incluyeron el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo, formalización de contratos y provisión de equipos, argumentando inestabilidad y falta de garantías en sus funciones. A la protesta se sumaron integrantes de las Uniones Temporales de la UNP, que exigían transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la cobertura de vacantes.

Aproximadamente 250 personas mantuvieron la protesta, advirtiendo que se extendería hasta el 7 de agosto si no había avances. Durante la protesta, la UNP sostuvo diálogos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, aunque sin lograr acuerdos inmediatos.

Los sindicatos también cuestionaron la reducción de requisitos para nuevos ingresos y denunciaron precariedad en el suministro de armas y dotaciones, advirtiendo posibles riesgos de seguridad. Finalmente, la protesta concluyó antes de la fecha anunciada, reabriéndose el acceso y retomando las operaciones habituales en la entidad.

UNP calificó de manera negativa la protesta

Mediante un comunicado, la Unidad Nacional de Protección habló sobre las consecuencias que se registraron tras la protesta que bloqueó las funciones de los trabajadores de la entidad en Bogotá.

“La protección de la vida no se detiene. Los bloqueos y acciones judiciales pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, es la descripción de la publicación que se hizo en la cuenta de X de la UNP.

En el comunicado titulado Bloqueos y acciones de tutela obligan a la UNP a acudir a la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, la entidad recordó lo registrado en las afueras de sus instalaciones, acusando a líderes sindicales de bloquear el edificio por fines políticos.

“Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, así como la cuestionable presentación masiva de acciones de tutela— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2 y generaron un riesgo real de interrupción de las medidas de protección”, es parte del documento.

Como consecuencia de estos hechos, la UNP asegura que, al no poder culminar los procesos de selección de escoltas que serán contratados, se puso en riesgo la seguridad de las personas que siguen esperando recibir un esquema de protección.

“La UNP advierte que estas actuaciones terminaron poniendo en peligro la continuidad del servicio y, ante la imposibilidad de culminar oportunamente los mecanismos de selección, la UNP debió acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la operación de escoltas en Bogotá, Cacao y Amazonas”.

La entidad aseguró que no buscaban hacer una contratación masiva e irregular de personas, sino que estaban cumpliendo con su deber de mantener un número de escoltas para poder cumplir con la demanda que tienen actualmente.

“Esta determinación no reemplaza de manera permanente la convocatoria pública ni responde a una decisión discrecional de la entidad. Se trata del mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993 para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación y resulta indispensable impedir la suspensión de un servicio esencial”.

Además de declarar la urgencia manifiesta, la UNP reprochó el comportamiento que tuvieron los líderes sociales, a los que han acusado de buscar beneficios externos por interrumpir el trabajo de la actual administración.

“La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción. La ley obliga al Estado a actuar y la Unidad Nacional de Protección cumplirá ese deber”.

Tras una protesta que paralizó las operaciones durante tres días de la Unidad Nacional de Protección por una protesta laboral que interrumpió la atención de solicitudes urgentes y la implementación de medidas de protección, la entidad emitió un comunicado en el que afirmó que la movilización, que comenzó como una manifestación sindical, derivó en el bloqueo de las instalaciones, afectando directamente la gestión de esquemas de seguridad para parlamentarios electos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

Aunque el movimiento sindical, encabezado por dirigentes internos, presentó como objetivo central la defensa de derechos laborales, la UNP aseguró que la acción tuvo un fin político que terminó con la suspensión de procesos clave para la protección de personas en riesgo.

La entidad informó que, durante la protesta, se registró la presentación de 65 acciones de tutela que terminaron con la suspensión provisional del proceso público de contratación de empresas de seguridad encargadas del servicio de escoltas en las zonas uno y dos, áreas con alta demanda de protección.

La UNP reveló que el bloqueo impidió concluir en tiempo una selección abierta y técnica de las empresas que prestan el servicio de seguridad, lo que puso en riesgo la transparencia y la objetividad del proceso de contratación estatal. Ante la suspensión, la UNP advirtió que el próximo gobierno enfrentará la necesidad de recurrir a mecanismos excepcionales, como la contratación directa bajo figuras de urgencia manifiesta, para garantizar la continuidad de los servicios.

Según la UNP, algunas personas que lideraron la protesta obtuvieron beneficios personales en medio del proceso de encargos y ascensos internos, mientras se retrasaba la atención de tutelas y solicitudes de protección.

La entidad subrayó que el movimiento sindical no respaldó las etapas institucionales de formalización laboral ni aportó a la construcción de un proceso estable de contratación. A pesar de ello, algunos de sus promotores resultaron beneficiados por encargos y ascensos, los cuales, según la UNP, se adelantan conforme a la normatividad vigente.

En el comunicado se afirma que los efectos de la protesta no se limitaron al periodo de la manifestación. La UNP indicó que la interrupción de sus funciones generó una crisis contractual para las zonas en las que opera el servicio tercerizado de escoltas. El bloqueo impidió el cumplimiento de fallos de tutela y la implementación de nuevos esquemas de protección para distintas poblaciones en riesgo.

En el comunicado, la entidad detalló que la protesta afectó la protección de líderes sociales y la implementación de esquemas a favor de parlamentarios electos, además de poner en riesgo la continuidad del servicio de escoltas y la vida de miles de personas.

La organización precisó que la situación obliga a la administración entrante a gestionar la contratación de servicios de escoltas mediante procedimientos extraordinarios y expedidos, lo que favorece la selección de empresas cercanas a los sindicatos responsables del bloqueo. La UNP señaló que la protesta no puede considerarse una victoria social, debido al impacto negativo sobre la protección de sectores vulnerables y la continuidad de los servicios de seguridad.

La entidad afirmó que no accedió a negociar bajo presión y que rechazó las peticiones de quienes promovieron el bloqueo y el sabotaje institucional. De acuerdo con el comunicado, la UNP mantuvo una posición de respeto por la legalidad, la autonomía administrativa y los procedimientos establecidos, así como la continuidad del servicio de protección para salvaguardar la vida e integridad de las personas protegidas.

Por último, la UNP reiteró la importancia de distinguir entre quienes defendieron la institucionalidad y quienes decidieron paralizarla, aun cuando la seguridad y la vida de miles de personas estaban en juego. Según la entidad, el proceso de formalización laboral continuará bajo los parámetros legales y contractuales establecidos, y la administración saliente dejará pendiente la resolución de una crisis contractual que deberá ser asumida por el próximo gobierno.

Nick Nabozny, ex operario de Ford de 38 años, reclama ser reincorporado tras haber sido despedido en abril por un presunto robo de aperitivos por menos de USD 8.

El caso puso bajo la lupa el funcionamiento de quioscos de autoservicio operados por Aramark y se conoció después de que otros empleados de la misma planta en Michigan fueran restituidos tras investigaciones internas que los exoneraron.

Según Detroit Free Press, diario de Detroit, al menos tres trabajadores de la planta de ensamblaje de Michigan que habían sido desvinculados por supuestos robos de refrigerios ya los readmitieron después de revisar los hechos y determinar que la acusación no correspondía.

Nabozny, por su parte, sostuvo que en su propia división detectó al menos otros cuatro casos de compañeros despedidos por imputaciones similares.

Según New York Post, diario estadounidense, Nabozny afirmó que la pérdida del empleo lo dejó al límite en términos económicos. Contó que retiró fondos de su plan 401(k) y recibió cerca de USD 78.000 —después de impuestos y penalizaciones— para sostener a su esposa y a sus dos hijos pequeños mientras espera una definición de la empresa y del sindicato.

“No siento odio hacia Ford Motor Company ni hacia el sindicato”, dijo el miércoles al medio. “Solo quiero que hagan lo correcto”.

El exempleado aseguró que, varios meses después del despido, seguía sin trabajo pese a haber acumulado casi nueve años en la compañía y mantener, según relató, una asistencia “impecable”. También cuestionó el desempeño de su representante sindical y lo acusó de no haber respaldado su situación desde el inicio.

“Mi representante sindical debería haber defendido su postura y haber cumplido con su deber”, dijo. “Nunca debieron haberme dejado ir”.

Nabozny relató que el hecho ocurrió al término de un turno con horas extras, cuando se detuvo en el mercado de autoservicio dentro de la planta. Según su versión, tomó Doritos y galletas Ritz con queso, y antes había agarrado una chocolatina Milky Way, revisó sus ingredientes y la devolvió al estante.

“Las imágenes de vigilancia me muestran hablando con alguien y, cuando terminé de hablar, me muestran cogiendo una chocolatina Milky Way de la estantería, mirando los ingredientes y volviéndola a dejar en su sitio”, declaró al diario.

Luego describió la secuencia que, siempre según su testimonio, demostraría que intentó pagar los productos. “Tomé dos bocadillos diferentes: Doritos y galletas Ritz con queso. Luego, se ve cómo voy al quiosco y escaneo esos dos artículos. Se ve cómo saco mi tarjeta de débito del bolsillo, la paso por el lector y espero a que se registre”.

Más de dos semanas después —tras volver de un viaje familiar a Honduras—, contó que recibió la orden de presentarse en la oficina laboral de Ford. En ese encuentro, según relató, su representante sindical le dijo que la empresa buscaba despedirlo por robo.

“Me dijo: ‘Esto no está bien. La empresa quiere despedirte’”, recordó. “Le pregunté: ‘¿Por qué?’ Él respondió: ‘Por robo’”.

Nabozny afirmó que, al revisar el video de vigilancia, un representante de la empresa reconoció que parecía haber intentado abonar la compra. Sin embargo, explicó, le comunicaron que la operación había caducado porque se alejó del quiosco antes de que el proceso concluyera.

“Aunque parezca que lo compraste después de irte, el proceso caducó, así que se considera robo”, dijo que le informaron.

Reclamo, antecedentes y la respuesta de Ford y Aramark

A diferencia de otro episodio que, según su relato, ya había tenido difusión nacional, Nabozny sostuvo que en sus registros bancarios no apareció la compra porque la transacción no llegó a completarse. Agregó que no tuvo motivos para sospechar una falla de pago hasta que fue citado por la empresa el 27 de abril.

“No supe que la transacción no se había concretado hasta el 27 de abril”, dijo.

El exoperario insistió en que la acusación no tenía sentido por el monto involucrado y por su situación familiar. “He gastado miles de dólares en esta tienda. Tengo dos hijos pequeños. Estoy casado. Llevo nueve años trabajando aquí”, afirmó. “No voy a poner en riesgo mi sustento ni mi capacidad para mantener a mi familia por dos bolsas de patatas fritas”.

La periodista Phoebe Wall Howard informó primero sobre el despido de Nabozny. Con el correr de los días, el tema sumó antecedentes a partir de la readmisión de otros trabajadores que, según se informó, fueron exonerados tras investigaciones.

Ni Ford ni Aramark realizaron comentarios sobre los casos puntuales mencionados en las notas. La automotriz indicó al medio que invirtió en la modernización de los quioscos de autoservicio operados por su proveedor de alimentación.

“Somos conscientes de que se han planteado algunos problemas con respecto al funcionamiento de los quioscos en algunos casos puntuales, y estamos trabajando con Aramark para revisar estas situaciones”, señaló un portavoz.

Aramark había dicho anteriormente que la compañía está “revisando los casos en cuestión” y que mantiene su foco en operar “con integridad y responsabilidad”.

El diario incluyó, además, el testimonio de Kurt Kromm, exelectricista de Ford que tomó un camino distinto al de los trabajadores que fueron restituidos.

Según su relato, fue despedido después de que un quiosco indicara que no había pagado un paquete de galletas con chispas de chocolate Grandma’s valuado en USD 1.95, que compró durante su turno nocturno mientras atravesaba una baja de azúcar en sangre vinculada con la diabetes.

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) instalaron campamentos en la sede de la entidad en Bogotá para protestar por el incumplimiento de acuerdos laborales.

Los voceros de los sindicatos exigen el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo y la formalización de contratos, ya que muchos prestan servicios bajo modalidades que, según denuncian, generan inestabilidad y falta de garantías. Afirman que la UNP no ha cumplido compromisos relacionados con la remuneración, la seguridad social y la entrega de equipos y dotaciones necesarias para el desempeño de sus funciones.

A la protesta se sumó el gremio de las Uniones Temporales de la UNP, que reclama mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes. Alrededor de 250 personas permanecen en el lugar y advierten que mantendrán la protesta hasta el 7 de agosto si no logran acuerdos. La UNP informó que mantiene canales de diálogo abiertos para buscar una solución a las reclamaciones laborales. En la tarde del 21 de julio, líderes del sindicato se reunieron con voceros del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo, pero no llegaron a un acuerdo.

Las claves de las protestas contra la UNP

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos al frente de las protestas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), en diálogo con Infobae Colombia, cuestionó los procedimientos y decisiones de la administración actual. Según Gallo, uno de los principales problemas radica en la falta de transparencia en la vinculación de personal y en la precariedad de las condiciones que se ofrecen a los escoltas, especialmente ante la inminente creación de una planta de personal en los últimos días del actual gobierno.

Gallo denunció que existen sindicatos que han actuado a favor del Gobierno para recibir beneficios y ubicando a sus afiliados en cargos de coordinación dentro de la UNP. Aseguró que algunas de estas prácticas han generado favoritismos y una protección selectiva, y que algunos dirigentes han tenido relaciones personales con directivos de la entidad, lo que, a su juicio, ha propiciado decisiones poco transparentes y alejadas del interés general de los trabajadores.

Uno de los puntos más críticos expuestos por Gallo es la supuesta intención de la UNP de incorporar a más de 11.000 personas como escoltas en un corto plazo, sin contar con suficientes armas, chalecos antibalas ni municiones para garantizar condiciones mínimas de seguridad y operatividad. Advirtió que esto podría derivar en un detrimento patrimonial grave, ya que la entidad solo dispone de poco más de 1.000 armas, y cuestionó cómo se pretende que el resto de los escoltas ejerza sus funciones en condiciones tan precarias.

Para el líder sindical, la reducción de los requisitos para ingresar a la planta, bajando la experiencia mínima a seis meses y el nivel académico a bachillerato, genera riesgos de seguridad, pues teme que personas sin el debido estudio de antecedentes o preparación puedan ingresar a la UNP, lo que podría facilitar el acceso a cargos de protección a individuos sin los filtros de confianza y formación necesarios.

Gallo indicó que la responsabilidad es de Augusto Rodríguez, director de la UNP, por lo que cuestionó que la administración priorice el ingreso de nuevos aspirantes sin garantizar condiciones dignas, salarios adecuados ni estabilidad laboral para quienes llevan años en el servicio.

Además, denunció que los actuales salarios netos ofrecidos no cubren las necesidades básicas de quienes podrían ser trasladados a cualquier parte del país, lo que, en su opinión, constituye una oferta indigna. Gallo rechazó los intentos de desacreditar la protesta sindical y reafirmó que la lucha de Analtraseg y otros sindicatos busca condiciones laborales transparentes y justas para los más de 16.000 trabajadores de la UNP, y exigió que cualquier proceso de vinculación a la planta se realice con garantías de transparencia, estudios de seguridad y condiciones salariales que dignifiquen la labor de los escoltas.

“Junto con la final contra España, fue el partido más importante que la Argentina pudo haber jugado este fin de semana”, exageró un funcionario libertario ante Infobae acerca de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT que terminaron con el decreto 612, publicado este lunes en el Boletín Oficial, para dejar a salvo la caja sindical.

La importancia que le dio la Casa Rosada al acuerdo con los líderes cegetistas tiene razones ocultas: una de ellas es que los problemas generados por la reglamentación de la reforma laboral, que restringió aún más las cuotas solidarias y los aportes especiales pagados por los empleadores en los convenios colectivos, no sólo amagaban con una oleada de causas judiciales para interpretar sus alcances. También estaban frenando la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que se propuso el Gobierno con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, ante la renuencia de empresarios y sindicalistas a aceptar las limitaciones concretas que aparecieron en algunos ítems.

Como anticipó Infobae, hubo tratativas reservadas entre las dos partes durante semanas que finalizaron este sábado y domingo con la redacción consensuada del decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, el decreto 407 cambió sorpresivamente la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Ahora, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: estipula que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual” como “premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.

Por otro lado, en el decreto 612 ahora se excluyen del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, mientras establece que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.

Esto permitirá, por ejemplo, que no tengan límites las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, que se convirtieron en cruciales para sostener el sistema sindical de salud.

Aun así, la nueva norma exige que esos recursos tengan una administración especial, llevada y documentada por separado respecto de los demás bienes y fondos sindicales. Esto significa que el sindicato debería llevar una contabilidad diferenciada de ese dinero.

¿Qué implica? Que no deberían mezclarse indistintamente con los fondos sindicales ordinarios, que debería poder identificarse cuánto se recaudó, quiénes aportaron, cuál fue el destino del dinero, qué gastos se realizaron y que esos gastos respondan a los fines autorizados: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, siempre en interés y beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación sindical.

Esto supone una restricción importante para los sindicatos porque no bastaría con denominar un concepto como “aporte social”, “contribución especial”, “fondo convencional” o “aporte institucional”, sino que la finalidad real debería encuadrar en alguno de los destinos autorizados por el flamante decreto.

Para la CGT, los cambios sorpresivos del decreto 407, dictado a fines de mayo, rompieron lo pactado con el Gobierno cuando se sancionó la reforma laboral y tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y se destinan a financiar a los sindicatos.

La nueva etapa de la administración libertaria, que encumbró a Diego Santilli como jefe de Gabinete y esboza una actitud más negociadora para ganar las elecciones de 2027, permitió una mejor predisposición a escuchar las quejas de la CGT por la forma en que el decreto 407 amenazaba con jaquear las finanzas sindicales.

Ahora se destraba una negociación colectiva que, bajo la interpretación anterior, había quedado frenada y empujaba a sindicatos y empleadores a judicializar los convenios: ese límite del 2% había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes patronales destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social. Para el Gobierno, esa lectura mezclaba “dos leyes distintas” y “dos cosas distintas”, porque una cosa era la cuota solidaria del trabajador y otra, las contribuciones empresariales administradas por el sindicato en beneficio del trabajador.

Ayudó a la CGT el hecho de que la intimación de la Secretaría de Trabajo a renegociar unos 800 convenios colectivos de trabajo para adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se hizo a mediados de junio, todavía no trajo ningún resultado concreto. Hubo acuerdos parciales para sumar el salario dinámico o el banco de horas, dos de las innovaciones de la reforma laboral, pero hasta hoy no llegó al escritorio de Julio Cordero ni un solo convenio renegociado integralmente por empresarios y sindicalistas.

“No hay uno solo que venga a sentarse para rediscutir”, admitieron en Trabajo sobre la convocatoria oficial para revisar los convenios vencidos. Según explicaron, los empresarios y sindicalistas prefieren ir a la Justicia para conservar cláusulas existentes antes que abrir una negociación nueva bajo un esquema que, en los hechos, impedía pactar aportes adicionales de las empresas.

“Si yo acuerdo con un sindicato dar menos porcentaje de aumento y compensarlo con una contribución para la obra social, que también beneficia al trabajador, ¿por qué se tiene que meter el Estado? ¿Son libertarios o no?“, protestó el dueño de una compañía a un funcionario porque el decreto 407 extendió el tope del 2% a los aportes y contribuciones de los empleadores pactados dentro de los convenios colectivos. Algo que afecta de lleno a la caja sindical, pero, además, a las empresas.

Ese fue un argumento que se multiplicó y que, además de las necesidades electorales del mileísmo, fue clave para que el ala política del Gobierno corrigiera la propuesta diseñada por Sturzenegger en favor del poder sindical.

¿El acuerdo Gobierno-CGT por este tema tan decisivo permitirá que se atenúe el plan de lucha que se iniciará este miércoles con una marcha al Congreso para acompañar los reclamos de los jubilados? “Bajo ningún concepto -advirtió un jefe cegetista-. Esto demuestra que vale la pena apostar al diálogo, pero seguiremos con el curso de acción trazado sin una sola modificación".

Como fruto de negociaciones reservadas con la CGT, el Gobierno modificó este lunes por decreto lo establecido en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había perjudicado el financiamiento de los sindicatos al determinar que la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo estaría constituida por el salario básico convencional, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos pactados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Ahora, el flamante decreto 612/2026, firmado por Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: agrega que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.

Esa mención al salario básico como base de cálculo que figura en el decreto 407 fue en contra de lo que había sido acordado previamente entre el ala política del Gobierno y la CGT cuando se sancionó la reforma laboral, donde el artículo 133, que modificó el artículo 9 de la Ley 14.250, sólo hablaba de que las contribuciones y los aportes vía convenio colectivo “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, sin especificar que iba a afectar al salario básico.

Luego de ese sugestivo cambio en el decreto reglamentario que sorprendió a la CGT, y que fue atribuido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicalistas del sector dialoguista intensificaron sus charlas con el asesor presidencial Santiago Caputo y Martín y Eduardo “Lule” Menem para tratar de moderar ese punto mediante una resolución o dictamen administrativo de la Secretaría de Trabajo que dejara en claro que se apuntaba a las remuneraciones normales y habituales, diluyendo el concepto de salario básico convencional que afectaba la caja sindical.

Las tratativas reservadas cobraron nuevo impulso cuando Diego Santilli fue designado jefe de Gabinete: junto con los Menem, fue quien convenció a Karina Milei de dictar alguna medida, que finalmente fue un decreto, para conformar a la CGT y pacificar el frente sindical.

En el flamante decreto 612, al mismo tiempo, ahora se excluyen del tope del 2% los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos de trabajo destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, mientras establece que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.

Esto permitirá, por ejemplo, que no tengan límites las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, que se convirtieron en decisivas para la subsistencia del sistema sindical de salud, como sucede en Camioneros: atraviesa una fuerte crisis financiera y recibe del sector empresarial una contribución para su obra social que llega a 5 mil millones de pesos mensuales, que surge del pago de 25 mil pesos por trabajador pactados en el convenio.

Esta es otra modificación de gran importancia para el financiamiento de los sindicatos porque permitirá que ciertos aportes patronales pactados en los convenios colectivos queden afuera del cómputo del tope global.

El nuevo decreto del Gobierno es interpretado por la CGT como una derrota política para Sturzenegger, el cruzado libertario contra las cuotas solidarias, que ahora está promoviendo los convenios por empresa y los sindicatos de empresa para debilitar al gremialismo, como anticipó Infobae. Y no es casual que se produzca en una etapa en la que la administración libertaria, con Santilli como escudero, se propone una mayor predisposición al diálogo y a la negociación para asegurarse la reelección de Milei en los comicios nacionales de 2027.

Tampoco parece una simple coincidencia que la norma rectificatoria de la reforma laboral que beneficia a los sindicatos se haya oficializado justo cuando la CGT está a punto de retomar su plan de lucha contra el Gobierno, con una movilización al Congreso que hará este miércoles para acompañar los reclamos de los jubilados.

El plan de lucha cegetista amenazaba con replicar el modelo francés, que atormentó a Emmanuel Macron en 2023 por su reforma jubilatoria, pero finalmente terminó en una versión light que incluirá movilizaciones callejeras, pero no paros sectoriales y rotativos, como se preveía en un primer momento.

En sus negociaciones sobre la reforma laboral, la CGT logró dejar a salvo el financiamiento de los sindicatos y el núcleo central de las convenciones colectivas de trabajo, dos pilares en que se basa el modelo sindical argentino, acuñado por Juan Domingo Perón.

En una entrevista con Infobae, el líder cegetista Gerardo Martínez (UOCRA), reconoció que pudieron mantener las cuotas solidarias en el proyecto oficial y, además, quitar un artículo por el que las empresas dejaban de ser agente de retención de las cuotas de afiliados. “Con eso se desmembraba toda la estructura sindical”, dijo.

La Ley 27.802 de Modernización Laboral, finalmente, dejó sin efecto las limitaciones a las cuotas solidarias que impulsaba Sturzenegger y sólo fijó un tope del 2% de las remuneraciones de los trabajadores y del 0,5% para los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto de las convenciones colectivas de trabajo en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente" que estén integrados por representantes de los empleadores.

Pese al tope, los jefes gremiales aceptaron silenciosamente la fórmula final de la Ley 27.802 porque se mantenían las cuotas solidarias, montos que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y van a los sindicatos para su financiamiento.

Pero el decreto 407, dictado a fines de mayo pasado, incluyó de manera sorpresiva la inclusión del salario básico convencional como base de cálculo del tope del 2%, algo que la CGT atribuye a una decisión promovida por Sturzenegger, y a partir de allí comenzaron las negociaciones reservadas con el Gobierno que terminaron en el nuevo decreto que causa alivio al poder sindical.

Joe Rogan, en su podcast The Joe Rogan Experience, entrevistó al vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance. Durante la conversación, ambos evitaron los temas políticos y centraron el diálogo en cultura, deporte, religión y economía.

La charla comenzó con un repaso del encuentro más reciente entre Rogan y Vance, que tuvo lugar en un evento de la UFC en la Casa Blanca. “Me tomó dos semanas recuperarme, solo para procesar: ‘¿Eso realmente pasó?’”, expresó el comentarista. Y el vicepresidente recordó: “Ver cómo levantaban un complejo de ocho pisos en el South Lawn era increíble. Cada día pensaba: ‘¿Qué demonios está pasando? Ah, sí, la UFC’”.

El evento reunió a miles de personas y ambos lo describieron como una experiencia inusual. “Había 3.000 personas cerca del octágono y 85.000 más en la Elipse. Cuando ocurría algo, el eco de los gritos llegaba en oleadas”, relató Rogan.

“Me fascinó ese retraso en la reacción, casi como una ola”, indicó Vance. Reuters detalló que la organización enfrentó desafíos climáticos, ya que la tormenta amenazó con posponer la velada hasta las 22.30, pero el mal tiempo cambió de rumbo a último momento.

Durante la jornada, las condiciones climáticas extremas complicaron la logística. “Fue una suerte porque hacía un calor infernal. La humedad en plena mitad de junio en Washington D. C. era brutal”, agregó Vance. La velada se destacó también por un dato singular: “Fue la única vez en la historia del deporte donde hubo siete nocauts en una sola cartelera”, enfatizó Rogan.

El impacto de la UFC y el espectáculo de los luchadores

En la conversación, Vance y Rogan analizaron cómo la UFC ha desplazado al boxeo en el interés del público estadounidense. “Cuando era adolescente, la gente se emocionaba por el gran combate de boxeo de peso pesado. Ahora es la UFC lo que domina”, afirmó el vice.

“Con la UFC, todas las peleas resultan emocionantes. En el boxeo, muchos solo llegan para el evento principal”, coincidió Rogan.

La creación de personajes dentro de la disciplina fue otro tema central. Rogan definió a Josh Hokett como “un personaje de lucha libre profesional”. Vance reconoció: “Me atrajo la presentación”.

En el repaso de combates recientes, Rogan recordó: “Cuando cayó por segunda vez, pensé: ‘Esto no es bueno’. Al principio creí que solo resbaló, pero cuando se levantó y su pierna falló, supe que algo andaba mal”. Y Vance respondió: “Me sorprendió verlo resistir en esa posición”.

Religión, pluralidad y la escuela pública

El diálogo avanzó hacia el debate sobre la religión en la vida pública de Estados Unidos. Rogan planteó la discusión sobre los Diez Mandamientos en escuelas públicas: “Si vas a poner los Diez Mandamientos, ¿por qué no incluir escrituras budistas o musulmanas?”.

Vance defendió que considerar los Diez Mandamientos como parte de la cultura occidental no equivale a imponer una religión y resaltó la relevancia de la pluralidad.

Ambos coincidieron en la importancia de convivir con distintas creencias. “Creo que es fundamental tener una fe lo suficientemente firme como para exponerse a diferentes ideas y continuar sosteniendo las propias convicciones”, manifestó Vance.

Para el vicepresidente, la exposición a la diversidad cultural no representa una amenaza, sino un elemento propio de una sociedad plural.

Economía, desigualdad y desafíos de la juventud

La preocupación por el futuro de los jóvenes y la economía fue otro eje de la entrevista. “Si no ofreces a los jóvenes una expectativa de futuro, elegirán el socialismo. Sienten frustración y perciben el sistema como algo imposible de modificar”, advirtió Rogan. En ese sentido, Vance consideró que sin oportunidades reales, “el socialismo será la alternativa”.

La participación de los trabajadores y el rol de los sindicatos ocuparon un lugar relevante en la última parte del diálogo. “Uno de los motivos por los que respaldo a los sindicatos es que la alternativa puede ser el comunismo. Hay que otorgar a la gente una voz efectiva en la mesa de negociación”, señaló Vance.

Rogan y Vance intercambiaron perspectivas sobre cómo los jóvenes perciben el mercado laboral y las dificultades para acceder a una vivienda propia. El vicepresidente identificó la falta de acceso a la propiedad como un factor que alimenta el descontento y el giro hacia propuestas alternativas.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lanzó un llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para que cumpla de manera inmediata los compromisos asumidos con el magisterio nacional, luego de la conclusión del proceso de Evaluación del Desempeño Docente. El gremio docente sostiene que, tras haber cumplido con todas las etapas del proceso, los maestros esperan la publicación oficial de los resultados, la aplicación de incentivos y el pago de los retroactivos acordados.

De acuerdo con la ADP, miles de maestros y maestras participaron en la evaluación, cumpliendo con la planificación, autoevaluaciones y ejercicios de rendimiento profesional, así como la preparación de recursos didácticos y la dedicación de largas horas adicionales. El sindicato destaca que el esfuerzo del magisterio se realizó confiando en la palabra del Gobierno y en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación.

El proceso de Evaluación del Desempeño, que debía realizarse cada tres años según la Ley General de Educación No. 66-97 y el Estatuto del Docente, había acumulado un retraso desde 2017. El acuerdo firmado en 2023 permitió destrabar una situación que afectaba derechos profesionales, laborales y económicos de decenas de miles de docentes. La ADP señala que la responsabilidad histórica del gremio se ha cumplido y que ahora corresponde al Estado honrar su parte.

Las exigencias de los docentes

La organización gremial reclama al Ministerio de Educación la publicación inmediata de las calificaciones finales, la divulgación íntegra del protocolo de revisión, reclamación y apelación, así como la aplicación de los incentivos económicos correspondientes a las categorías alcanzadas por los docentes evaluados. Además, exige el pago retroactivo para quienes participaron y concluyeron satisfactoriamente el proceso. “No existe ninguna justificación para retrasar la aplicación de estos derechos”, subraya la directiva nacional de la ADP.

En su comunicado, la ADP advierte que el conflicto actual no es provocado por el magisterio ni por la organización, sino por el incumplimiento de los acuerdos suscritos. El Comité Ejecutivo Nacional del gremio ha convocado a una reunión urgente para definir un plan de lucha y acciones gremiales, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos conquistados por los docentes. El sindicato insiste en que las decisiones se adoptarán dentro del marco constitucional y legal, y pide a sus miembros mantenerse atentos a las orientaciones oficiales.

La dirigencia de la ADP subraya que la dignidad del magisterio y la confianza en las instituciones dependen del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. “Cuando se incumple la palabra empeñada, se debilita la confianza en las instituciones”, sostiene el gremio. Además, recalca que la evaluación y los beneficios derivados de ella son un derecho legítimamente ganado por los docentes y que la organización no descansará hasta que cada maestro reciba la calificación que le corresponde y ejerza plenamente sus derechos de revisión y apelación.

El sindicato docente asegura que continuará actuando con serenidad, responsabilidad y firmeza, y que la unidad del magisterio será su principal fortaleza. La ADP concluye que la historia respalda sus reclamos y que la organización seguirá defendiendo los derechos del magisterio nacional hasta las últimas consecuencias.

El acto de lanzamiento se realizó durante la jornada del miércoles 15 de julio de 2026, y estuvo encabezado por la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro García. Allí hubo presencia de delegados de organismos internacionales y grupos sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El plan traza una hoja de ruta a diez años, con cerca de 200 acciones estratégicas diseñadas para enfrentar problemáticas y desafíos emergentes en materia de derechos humanos.

Según Castro García, se trata de “una deuda histórica de más de 30 años con la que estamos logrando una acción efectiva para la protección de los Derechos Humanos”, dijo en diálogo con Blu Radio, además de afirmar que se trata de una apuesta por “la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano, una deuda pendiente de reconocimiento a un actor social tan victimizado en el país”.

La iniciativa fue construida de manera participativa y contó con el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de ONU Derechos Humanos.

Durante la presentación, Scott Campbell, representante de la Oficina en Colombia, destacó que “será fundamental que exista una voluntad política sostenida, más allá de los cambios de gobierno, y que las acciones previstas cuenten con los recursos financieros y humanos, y las capacidades necesarias para hacer realidad el plan y lograr mayor respeto, protección y garantía de derechos humanos”.

Los detalles de la iniciativa

El instrumento de articulación estatal, firmado por el presidente saliente, Gustavo Petro y el gabinete, busca enfrentar problemáticas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la falta de acceso a la justicia, con una lógica que privilegia “la participación social y el enfoque diferencial”.

De acuerdo con el decreto, que tiene una función regulatoria y directiva, la medida tiene su eje en la creación de un plan integral con alcance nacional, obligatorio para entidades de la Rama Ejecutiva y de orientación para gobiernos locales y órganos autónomos, a través de lineamientos derivados de tratados internacionales, la Constitución y el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, en respuesta directamente a recomendaciones de organismos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

En este plan, el Gobierno Petro reconoció un “bloqueo institucional”, y una “corriente de ineficacia” señalada por la Corte Constitucional y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se evidencia en la dispersión de competencias, duplicidad de esfuerzos y, como consecuencia, una acción estatal que resulta limitada frente a la magnitud del desafío en el país.

Frente a esto, la apuesta es la consolidación de un “modelo de intervención articulado” que oriente desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en cabeza de la coordinación de políticas, monitoreo y evaluación.

Participación social “vinculante”

Uno de los datos más destacados del Decreto 0585 es la garantía de una participación activa por parte de la sociedad civil en todas las fases del Plan.

Según el texto, entidades estatales deberán proporcionar información oportuna, desarrollar diálogo abierto con grupos sociales y facilitar incluso la ejecución de acciones mediante convenios de asociación.

La nueva arquitectura institucional del plan incorpora una batería de enfoques diferenciales y transversales: enfoque basado en derechos humanos, de curso de vida, niñez y adolescencia, género, orientaciones sexuales e identidades diversas, étnico, campesino, discapacidad, territorial rural, víctimas del conflicto armado, seguridad humana.

Así será la financiación del plan

El decreto también establece un riguroso mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación, con un sistema de información único y obligatorio para entidades responsables, y participación efectiva del Comité Técnico Operativo en la verificación de resultados.

La financiación será cubierta principalmente con las apropiaciones presupuestales asignadas a las entidades responsables, aunque el decreto permite gestionar apoyos nacionales e internacionales adicionales según la normativa vigente.

La implementación del plan tendrá un plazo de diez años, con controles de avance, revisión periódica y posibilidad de ajustes técnicos sin alterar la esencia normativa, salvo reformas sustanciales que requerirán trámite de decreto.

El servicio de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga suma ya 11 semanas consecutivas de huelga. Los trabajadores denuncian las condiciones laborales y económicas, la falta de recursos y los “incumplimientos contractuales de la empresa concesionaria”, la UTE formada por Servicios Socio Sanitarios Generales Andalucía y Atlantic Emergency, al tiempo que reclaman que la temporada de socorrismo permanezca todo el año “para poder prestar un buen servicio”. Desde el sindicato CGT también denuncian el despido de varios miembros del comité de huelga.

“Es penoso que en una ciudad tan transitada como Málaga se encuentre en una situación tan precaria. Llevamos denunciando desde el primer día que no hay suficientes socorristas para cubrir todas las torres ni suficientes equipos de protección individual (EPI’s), lo que compromete la capacidad de respuesta ante emergencias, y faltan salas de descanso. Por si fuera poco, estando en huelga, la empresa sigue despidiendo y contratando gente de forma irregular”, afirma a Infobae Emiliano Cortés, portavoz de la sección sindical de CGT en el colectivo de salvamento y socorrismo de las playas de Málaga y uno de los trabajadores despedidos. También han alertado sobre posibles delitos ecológicos debido al repostaje de motos acuáticas a pie de playa.

Los trabajadores consideran que se trata de “una situación límite” y advierten que, si no se toman medidas para solucionarlo a la brevedad, “debería suponer la pérdida de la Q de calidad y de las banderas azules” que reconocen la excelencia de los arenales.

El Ayuntamiento “no ejerce el control necesario”

Los socorristas señalan directamente al Ayuntamiento de Málaga por su papel en la crisis. Acusan al alcalde, el ‘popular’ Francisco de la Torre, y a la concejala responsable del área, Teresa Porras, de permitir que la empresa concesionaria “eluda sus obligaciones contractuales y de no ejercer el control necesario” para garantizar que se cumplan todas las condiciones del servicio.

El Consistorio, por su parte, asegura que la obligación de prestar el servicio de socorrismo comienza el 15 de junio, conforme al calendario establecido por la Junta de Andalucía. Considera, asimismo, que el conflicto laboral es un asunto entre la empresa concesionaria y la plantilla, y subraya que la función del Ayuntamiento se limita a supervisar el cumplimiento del contrato por parte de la UTE responsable del servicio.

Los socorristas esperan que las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo y los procedimientos judiciales en curso lleven al Ayuntamiento a replantear su gestión del servicio de salvamento. “La lucha de David contra Goliat continúa”, aseguran.

El próximo 24 de julio, el colectivo prepara una acción pública destinada a dar visibilidad a la crisis y lanzar una campaña de información dirigida a la ciudadanía, con el propósito de explicar las consecuencias que tiene la huelga y las carencias estructurales en la seguridad de las playas de la capital de la Costa del Sol.

Los Ángeles aplazó hasta 2030 el aumento del salario mínimo a USD 30 por hora para trabajadores de hoteles y aeropuertos, una meta que en principio estaba prevista para 2028.

El salario mínimo vigente en ese sector ronda los USD 22,50 por hora, por lo que el cambio implica un calendario más lento para alcanzar el piso salarial prometido.

La decisión no eliminó la obligación. El objetivo de USD 30 por hora se mantuvo, pero la ciudad postergó su entrada en vigor total.

En la práctica, el aplazamiento extiende el período durante el cual miles de empleados seguirán por debajo del umbral final proyectado, mientras se mantiene el debate sobre cuántos empleos puede absorber el sector en un escenario de costos laborales al alza.

Qué cambia, desde cuándo y por qué se postergó

La medida, conocida en el debate público como “Olympic Wage”, había sido diseñada para llevar el mínimo de estos rubros a USD 30 antes de los Juegos Olímpicos de 2028.

Sin embargo, funcionarios municipales votaron por retrasar el cumplimiento total hasta 2030, después de que el sector hotelero advirtiera sobre despidos, menor contratación y un mayor uso de automatización.

En su cobertura, Fox Business citó a Rebekah Paxton, directora de investigación del Employment Policies Institute, quien sostuvo que hubo “preocupaciones” expresadas por la comunidad hotelera y que datos del sector apuntaron a hoteles que ya habían reducido contrataciones y dotaciones de personal ante la expectativa de mayores costos.

Una fuerza laboral con mayoría latina

El aplazamiento impacta de manera directa en una base de trabajadores en la que la comunidad latina tiene un peso decisivo.

Según UNITE HERE Local 11, más del 60% de los trabajadores hoteleros sindicalizados en Los Ángeles son de origen latino, y en hoteles cercanos a LAX y al centro de la ciudad la proporción puede superar el 80%.

En ese contexto, la discusión no se limita a la política salarial: también toca la estabilidad de ingresos de familias que sostienen su economía cotidiana con empleos de hotelería y servicios aeroportuarios, y que —según el encargo— figuran entre las más expuestas a cualquier demora en mejoras de sueldo.

Salario versus costo de vida: el umbral de “salario digno” del MIT

El contraste entre el pago actual y el costo de vida local es central. La calculadora de salario digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para el condado de Los Ángeles indica que, para cubrir necesidades básicas, una familia tipo necesita más de USD 30 por hora por adulto.

Ese dato funciona como referencia directa en el debate: quienes defienden la suba sostienen que el nivel de USD 30 no es un “extra”, sino un intento de aproximar el salario al costo real de vida en Los Ángeles.

El aplazamiento, entonces, supone que el ingreso de muchos empleados seguirá por debajo de ese umbral durante más tiempo.

Sindicatos y empresas: advertencias cruzadas

Del lado sindical, el encargo pide incorporar comunicados recientes y testimonios verificables sobre el impacto de la postergación, con foco en trabajadores latinos.

El material de base también señala que los defensores del aumento consideran que el nuevo piso salarial es necesario para acercarse al costo de vida local.

Del lado empresarial, la nota debe incluir las advertencias del sector hotelero y de entidades patronales, entre ellas la California Hotel & Lodging Association, además de los datos sobre ajustes laborales mencionados en la referencia de Fox Business: recortes de empleo o congelación de contrataciones atribuidos a la expectativa de mayores costos.

La mirada a 2030, con presión sindical y megaeventos en el horizonte

Con el aumento aún vigente —aunque diferido—, el foco se traslada a los próximos años: la presión sindical para sostener el cronograma, la respuesta del sector privado y el marco de grandes eventos internacionales previstos en la ciudad, con expectativas económicas altas y, a la vez, tensiones por el costo de operar.

El punto de llegada formal quedó puesto en 2030, mientras el debate sobre empleo, salarios y costo de vida seguirá activo.

En ese escenario, la evolución de la medida y su implementación dependerán de actualizaciones que deberán seguirse en fuentes oficiales y sectoriales, dado que la obligación de llegar a USD 30 por hora no se eliminó: se postergó.

Los dirigentes sindicales Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), y Marco Andrade, fueron aprehendidos por la presunta comisión del delito contra la administraciónpública en la modalidad de peculado.

Las autoridades aseguran que al Estado se le ocasionó una lesión patrimonial de $750,951.50, relacionados a fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Las diligencias de allanamiento y registro de esta semana, previamente autorizadas por un juez de garantías, se desarrollaron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá donde la Fiscalía aseguró que ubicó indicios relacionados a la investigación por hechos cometidos en el periodo (2019-2023), de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.

La operación, llamada “Sedu”, la realiza la entidad de investigación, tras una pesquisa iniciada luego de un informe de auditoría que sostiene reflejaba irregularidades en el uso de fondos estatales asignados a Conusi, provenientes del 5% del seguro educativo que se descuenta a trabajadores del sector privado y público.

En los actos de investigación, la Fiscalía Anticorrupción señala en una nota de prensa que determinó que los fondos del seguro educativo descontados a todos los trabajadores no fueron utilizados para promover la educación sindical, ni para reparar escuelas, sino para otros fines no previstos en la ley.

El exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, había sido aprehendido en mayo de 2025, luego de presentarse de manera voluntaria ante la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, con la intención de conocer los cargos por los que se le investigaba.

En esa oportunidad la causa penal se originó tras una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

Los denunciantes, afiliados al Suntracs, alegan haber sido víctimas de una supuesta estafa vinculada a la cooperativa del sindicato, registra el diario Critica.

En febrero de este año la jueza de garantías sustituyó el arresto domiciliario por reporte periódico, todos los viernes. También recibió la medida de impedimento de ingresar a la provincia de Bocas del Toro.

López fue candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia en las elecciones generales del 2014.

Por su parte, Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), recién participó en Ginebra, Suiza, encabezando una delegación obrera durante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, foro en el que Panamá quedó incluida por segunda ocasión en la lista de 24 países señalados por violaciones a la libertad sindical.

El dirigente declaró que la administración del presidente José Raúl Mulino dispone ahora hasta el próximo 1 de septiembre para responder ante una comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las denuncias presentadas y las medidas que adoptará para corregir las violaciones señaladas.

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, una de las entidades que más podría tener cambios es la Unidad Nacional de Protección (UNP), que actualmente es liderada por el exM-19 Augusto Rodríguez.

En diálogo con Infobae Colombia, el presidente del sindicato Analtraseg, Giovanni Gallo, expuso su visión sobre la situación interna y los desafíos que enfrenta la entidad, destacando inicialmente que la institución requiere una reestructuración profunda para corregir prácticas que, según afirma, han deteriorado su misión de protección.

“Las entidades son entes ficticios, como dice la ley, ellas no tienen pensamiento propio. Las que la dirigen son las que la vuelven una entidad buena o mala. Esta ha sido la peor administración que hemos tenido”, declaró Gallo, que habló de “misionalidades ficticias” creadas para proteger a personas afines a la dirección, incluyendo a quienes, a su juicio, deberían estar bajo protección de la Fiscalía y no de la UNP.

Los cambios que necesita la UNP

Gallo hizo énfasis en la necesidad de reformar la Dirección de Análisis y Evaluación del Riesgo. Planteó que la mayoría de los evaluadores son contratistas, conocidos como UPS, que en la mayoría de los casos suelen enfrentarse a sobrecarga laboral y presión para producir informes mensuales, lo que incide en la calidad y objetividad de los estudios de riesgo.

El sindicalista advirtió que, debido al modelo actual, los evaluadores no siempre cuentan con la colaboración de otras entidades estatales como la Fiscalía o cuerpos de inteligencia, pues la información permanece como reserva del sumario, lo que obliga a los evaluadores a decidir con base en la buena fe de los solicitantes y genera, según Gallo, la asignación injustificada de esquemas de seguridad.

“Muchos esquemas son puestos sin necesidad de que la persona lo necesite, sino por la presión que ejercen sobre el evaluador para que dé resultado y pueda recibir su salario. Esto da para crear situaciones anómalas o no tan ciertas de seguridad de la persona”.

Otra de las denuncias apuntó a la manipulación que pueden ejercer los directivos sobre los contratistas: “Si no cumple la orden de un directivo de acreditarle o dar positivo dentro de la matriz a un personaje para que le asignen un esquema de seguridad, a esta persona simplemente la van a echar”, advirtió Gallo, que sostuvo que esto ha derivado en un aumento injustificado de esquemas, con escoltas que terminan realizando labores ajenas como mensajería o cuidado personal para allegados de funcionarios.

En cuanto a la composición profesional del personal encargado de evaluaciones de riesgo, Gallo señaló que hay personal de administradores de empresa, veterinarios, enfermeros, que nada tienen que ver con la evaluación del riesgo, y propuso que el personal antiguo sea reubicado en los nuevos esquemas y que se eliminen aquellos esquemas asignados “por dedo” o por decisión directa de la dirección anterior.

Respecto a los cargos directivos, Gallo aseguró que se crearon empleos para generar burocracia: “Ahora hay direcciones y subdirecciones para todo, unas totalmente inventadas”.

En el ámbito de las empresas contratistas que suministran escoltas, el presidente del sindicato denunció presiones para contratar personal sin la experiencia requerida.

“La unidad refiere muchos escoltas sin preparación, sin tener la experiencia”, reclamó el sindicalista, que afirmó que estas prácticas ponen en riesgo a los protegidos y afectan la estabilidad laboral del personal antiguo, que se ve desplazado por recomendaciones políticas o intereses empresariales.

Sobre la capacitación, Gallo propuso que los cursos para escoltas tercerizados sean híbridos, dictados tanto por empresas privadas como por el Estado, y enfocados exclusivamente en la protección de dignatarios.

Por último, Gallo advirtió sobre los convenios interinstitucionales que mantiene la UNP con entidades como la JEP, el Congreso de la República, gobernaciones y alcaldías. Señaló que varios de estos convenios no han sido actualizados ni cobrados, generando un detrimento patrimonial para la entidad: “Esto hay que recuperarlo, hay que lograr que estos dineros entren a las arcas de la UNP y de esta forma fortalecer la parte económica de ella”.

El Ministerio de la Igualdad realizará su cierre administrativo el viernes 19 de junio de 2026, tras la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma que le dio origen. En plena liquidación, trabajadores de la cartera protestan por la posible pérdida de empleos y por la falta de claridad sobre el proceso.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) advirtió en un comunicado sobre “la pérdida de 720 puestos de trabajo del Ministerio de Igualdad” y sobre la situación de “más de 650 servidores públicos”, según un comunicado. El gremio también dijo que “rechaza las actuaciones adelantadas por el Ministerio de la Igualdad que van en contravía de los derechos fundamentales de las y los servidores”.

Según Sunet, el jueves 11 de junio de 2026 una reunión virtual notificó a los trabajadores que el cierre se realizaría el 19 del mismo mes, pese a solicitudes previas de información. “Solicitamos que con tiempo prudente y de cara a los trabajadores y trabajadoras, el Ministro de la Igualdad y su equipo directivo advirtieran la situación que acontecía y fueran claros con los tiempos, alcances y garantías para el proceso administrativo de fusión, reestructuración o liquidación”, indicó.

El sindicato sostuvo que “la falta de información y ausencia de una ruta clara sobre el futuro de la entidad ha generado dentro de las y los trabajadores incertidumbre, preocupación, sobrecarga, tensiones en el clima laboral e incluso impactos a la salud física y mental”, destaca el documento. A propósito, afirmó que las acciones administrativas se comunican con siete días hábiles de anticipación y que otra reunión fue convocada para este martes 16 de junio, a la que en principio el ministro Luis Acosta no asistió, lo que causó molestias.

Sunet aseguró que los trabajadores se declararon en “estado de alerta” y que realizarán reuniones para proteger los cargos

El sindicato también pidió al presidente Gustavo Petro Urrego que aclare quién conducirá el cierre de la cartera, qué pasará con los empleados y por qué el Gobierno nacional previó trasladar funciones, proyectos y presupuesto sin incluir los cargos de los servidores públicos. La organización sindical sostuvo que el anuncio formal del cierre administrativo para el 19 de junio de 2026 dejó sin respuesta la garantía de derechos laborales fundamentales.

La carta, presentada como derecho de petición, precisa que las y los servidores públicos de la entidad fueron informados el 11 de marzo de 2026 sobre la terminación administrativa del ministerio. Según Sunet, la explicación entregada por delegados del ministro no despejó la situación laboral ni las rutas para proteger a la planta de personal.

En el escrito dirigido a la Presidencia, el sindicato reclamó información sobre la fase posterior al anuncio y sobre las decisiones que podrían adoptarse una vez se formalice la liquidación.

El reclamo central del sindicato apunta a tres frentes: la designación del agente liquidador, la eventual desvinculación de trabajadores en provisionalidad y la exclusión de los empleos del plan de transición estatal. En su presentación al presidente, Sunet sostuvo que el proceso fue comunicado sin aclarar esos puntos y que esa omisión afecta derechos laborales fundamentales.

En el primer requerimiento, Sunet solicitó que se informe “qué persona o grupo de personas serán designadas como agente liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1105 de 2006”.

La pregunta no solo busca un nombre. El sindicato la vincula con la conducción formal del proceso y con la necesidad de saber quién asumirá la responsabilidad institucional sobre las decisiones laborales que se adopten en la etapa de cierre.

El segundo punto del derecho de petición se concentra en el plazo inmediato posterior a la asunción del liquidador. El Sunet pidió que se informe si “dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el liquidador asuma sus funciones, el Gobierno Nacional o el ente liquidador tienen planeado realizar desvinculaciones de los servidores públicos de la planta de personal vinculados en provisionalidad”.

La Ley Federal del Trabajo reconoce 16 categorías de “trabajos especiales” que operan bajo normas diferenciadas del régimen general. La razón es concreta: ciertas actividades presentan condiciones de movilidad, riesgo, temporalidad o dependencia funcional que hacen insuficientes las reglas ordinarias.

El fundamento está en el artículo 181 de la LFT, que establece que estos trabajos se rigen por las normas del Título Sexto y, en lo que no las contradiga, por las disposiciones generales. Todo trabajador especial conserva sus derechos laborales plenos; las reglas especiales los adaptan, no los suprimen.

Por qué existen los esquemas diferenciados

La LFT no define “trabajo especial” en abstracto: enumera las categorías en los artículos 181 al 353-U. Lo que justifica el trato diferenciado no es el nombre del puesto, sino las circunstancias en que se presta el servicio.

Un marinero trabaja semanas enteras a bordo sin posibilidad de regresar a casa. Un jornalero agrícola labora por temporadas en distintos estados. Un médico residente cubre guardias prolongadas bajo un esquema de beca. Ninguno encaja en el molde del trabajador que entra y sale de una oficina a hora fija.

Las 16 categorías reconocidas por la LFT

La ley agrupa los trabajos especiales en estas categorías:

1. Trabajadores de confianza (arts. 182-186)
2. Trabajadores de buques (arts. 187-214)
3. Tripulaciones aeronáuticas (arts. 215-245 Bis)
4. Trabajadores ferrocarrileros
5. Trabajadores de autotransporte (arts. 246-255)
6. Trabajadores de maniobras portuarias en zonas de jurisdicción federal
7. Trabajadores del campo (arts. 279-284 Bis)
8. Agentes de comercio y semejantes
9. Deportistas profesionales (arts. 292-303)
10. Actores y músicos (arts. 304-310)
11. Trabajadores a domicilio (arts. 311-330)
12. Teletrabajadores (arts. 330 A-330 K)
13. Trabajadores del hogar (arts. 331-343)
14. Trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y análogos
15. Médicos residentes
16. Trabajadores de instituciones de educación superior autónomas

Las diferencias concretas frente al régimen general

Las variables que más se modifican por categoría son cinco: tipo de contrato, jornada, forma de calcular el salario, derechos sindicales y causas de rescisión.

En materia de contrato, el régimen general presume una relación por tiempo indeterminado. En los trabajos especiales, la ley admite contratos por temporada, por viaje, por evento o por función. Un deportista profesional puede ser contratado para una sola competencia; un actor, para una temporada teatral; un marinero, para un viaje específico.

En jornada, el esquema general fija ocho horas diurnas, siete nocturnas o siete y media mixtas. Los tripulantes aeronáuticos no pueden exceder 180 horas mensuales, de las cuales solo 90 son tiempo efectivo de vuelo. Los trabajadores de autotransporte tienen una jornada semanal de 48 horas, dado que la naturaleza de la actividad impide fraccionar el turno con la misma lógica que una planta industrial. Los esquemas 24x24 —usados en seguridad privada, bomberos y servicios de emergencia— no están expresamente reconocidos en la LFT vigente en 2026 y requieren justificación y autorización especial ante la autoridad laboral.

En salario, el régimen general paga por unidad de tiempo. En los trabajos especiales, la retribución puede fijarse por viaje, por función, por temporada o por unidad de obra. Para los trabajadores del campo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fija salarios mínimos profesionales diferenciados. Los deportistas pueden recibir salarios distintos por trabajos equivalentes si difieren en categoría de evento o nivel del equipo, sin que eso viole el principio de igualdad salarial.

Trabajadores de confianza: restricciones sindicales y rescisión

Los trabajadores de confianza —gerentes, administradores, quienes ejercen funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización con carácter general— tienen todas las prestaciones de ley, pero con restricciones que no aplican al resto.

No pueden formar parte de sindicatos, no se cuentan para determinar mayorías en casos de huelga y no pueden representar a los trabajadores en organismos mixtos. Además, el patrón puede rescindir la relación si existe un “motivo razonable de pérdida de la confianza”, aun cuando ese motivo no coincida con las causas justificadas de rescisión del artículo 47 de la LFT.

Trabajadores del campo: temporalidad y acumulación de antigüedad

Los jornaleros y trabajadores eventuales del campo tienen un mecanismo específico para proteger sus derechos frente a la fragmentación de los contratos. El patrón debe llevar un padrón especial que registre la acumulación del tiempo trabajado, a fin de calcular antigüedad y prestaciones proporcionales sobre la suma total de períodos laborados.

La ley establece un umbral preciso: quien labore de forma continua más de 27 semanas para uno o varios empleadores adquiere la presunción de ser trabajador permanente. Al cierre de cada temporada, el empleador debe entregar una constancia con los días laborados, salarios devengados, antigüedad acumulada y retenciones de seguridad social.

En febrero de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó nuevas reglas de carácter general para aplicar beneficios fiscales a patrones del campo y trabajadores eventuales agrícolas, mediante acuerdo del Consejo Técnico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de ese mes.

Deportistas, actores y músicos: contratos por evento y primas de transferencia

Los deportistas profesionales pueden ser contratados por tiempo determinado, indeterminado, para una o varias temporadas, o para uno o varios eventos. Si al vencer el contrato el deportista continúa prestando sus servicios sin que se pacte nueva modalidad, la relación se convierte automáticamente en indefinida.

La LFT regula también las primas de transferencia: el deportista tiene derecho a recibir al menos el 25% del monto pactado, porcentaje que sube cinco puntos por cada año de servicio hasta alcanzar el 50%. Ninguna transferencia es válida sin el consentimiento del trabajador.

Para actores y músicos, el contrato puede pactarse por función, representación, actuación, temporada o tiempo. El patrón está obligado a proporcionar camerinos cómodos, higiénicos y seguros en el lugar donde se preste el servicio.

La subcontratación: lo que está prohibido y lo que sigue siendo legal

La reforma de 2021 a la LFT —consolidada y vigente en 2026— prohibió expresamente la subcontratación de personal mediante el artículo 12: ninguna empresa puede poner a sus trabajadores a disposición de otra para que esta los dirija y se beneficie de su trabajo sin incorporarlos a su nómina.

Lo que sigue siendo legal es la contratación de servicios especializados u obras especializadas, regulada en el artículo 13, bajo tres condiciones simultáneas: que la actividad contratada no forme parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa receptora; que el proveedor esté inscrito en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE); y que exista un contrato por escrito que detalle el objeto del servicio y el número aproximado de trabajadores involucrados.

Los sectores que más recurren a este esquema son manufactura, construcción, limpieza, vigilancia, tecnologías de la información y consultoría. Un restaurante puede contratar vigilancia o limpieza; no puede contratar a una empresa que le provea cocineros y meseros bajo su dirección.

El incumplimiento genera responsabilidad solidaria: si el proveedor no cumple con sus obligaciones laborales o de seguridad social, la empresa contratante también puede ser sancionada, incluso a nivel fiscal.

La reforma de jornada y su impacto en los esquemas especiales

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación reduce la jornada máxima semanal de forma gradual: 48 horas en 2026, 46 a partir del 1 de enero de 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030. La medida aplica, en principio, a todos los sectores regulados por la LFT.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene facultad para emitir disposiciones que definan excepciones para sectores con operaciones continuas, turnos múltiples o servicios esenciales. A junio de 2026, esa legislación secundaria no ha sido publicada, por lo que no existe un listado oficial de actividades con trato diferenciado en materia de jornada.

Despachos especializados anticipan que manufactura, logística, salud, hospitalidad y comercio requerirán adaptaciones. Las guardias de 72 horas en residencias médicas permanecen en un vacío normativo: el gobierno las clasifica como esquema de beca, no como contratación laboral estándar, lo que las deja fuera del alcance directo de la reforma mientras no se publique reglamentación específica.

Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos" de los trabajadores.

Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.

Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.

Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.

Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.

Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.

Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.

Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.

En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.

Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.

Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.

Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.

La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.

Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.

De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.

Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.

El Gobierno de Honduras y las organizaciones magisteriales lograron acuerdos salariales y laborales para el magisterio nacional tras un proceso de diálogo que, según informó la Presidencia de Honduras, impactará directamente en la calidad educativa y en las condiciones de los docentes. Estos entendimientos incluyen incrementos al salario base y ajustes complementarios para diferentes categorías, así como el compromiso de reforzar la dotación de recursos escolares en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, uno de los puntos centrales del acuerdo contempla un aumento de 1,500 lempiras (USD 56.24)al salario base para los docentes. A este monto se suman 300 lempiras (USD 11.25) adicionales por calificación académica, 100 lempiras (USD 3.75) por cada quinquenio de servicio, 100 lempiras por asumir cargos directivos y 100 lempiras para quienes trabajan en zonas fronterizas. Además, los maestros recibirán un ajuste de 1,500 lempiras por concepto de zonaje, de acuerdo con las especificaciones de la normativa vigente.

La administración del presidente Nasry Asfura detalló que el incremento salarial comenzará a reflejarse en la planilla correspondiente al mes de junio, mientras que el pago retroactivo correspondiente a mayo será acreditado en septiembre. Asimismo, la proyección del décimo cuarto mes, que incorporará el ajuste salarial, quedará registrada en la planilla de julio, según precisó la Presidencia de Honduras.

El Gobierno destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema educativo. El presidente hondureño aseguró en su declaración pública: “Se ha llegado a una revisión justa en el tema salarial, balanceado, con responsabilidad para nuestro ejercicio fiscal y acorde a las necesidades, a los cumplimientos que debemos de hacer con toda seriedad ante el pueblo hondureño. Y hoy aquí está el resultado".

Según Asfura, existe un compromiso compartido entre las seis instituciones del magisterio y el gobierno central para mejorar la calidad educativa. El mandatario señaló que esta colaboración incluye la entrega de materiales, la reparación de escuelas y la implementación de un programa que busca dotar de conectividad a unas ocho mil instituciones educativas. Destacó que el objetivo es trabajar de manera conjunta para lograr los mejores resultados en beneficio de la educación.

Entrega de libros y retorno a clases en Honduras

Como parte de los compromisos, el Gobierno continuará con la entrega de libros de texto de calidad para los niños del sistema educativo, en el marco del programa nacional impulsado por el Ejecutivo También se mantiene la meta de ampliar la conectividad en aproximadamente ocho mil escuelas y avanzar en la reparación de la infraestructura educativa. Estos esfuerzos buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y docencia en todo el país.

La reacción de las organizaciones magisteriales fue la suspensión de asambleas informativas y la reanudación de las actividades académicas en los centros educativos, de acuerdo con la comunicación oficial. Las autoridades valoraron el retorno a la normalidad como un paso relevante para el desarrollo del ciclo escolar y reiteraron el llamado al diálogo permanente.

La Presidencia de Honduras resaltó que estos acuerdos se lograron gracias a la participación activa de las seis instituciones que integran el magisterio y del Gobierno central, en un contexto de respeto mutuo y búsqueda de soluciones responsables para el fortalecimiento del sistema educativo.

Renfe necesita modernizarse en la gestión de sus relaciones laborales. La empresa pública, dedicada al transporte ferroviario de personas y mercancías, quiere invertir 205.700 euros para implementar nuevas aplicaciones informáticas que “den respuesta a las nuevas necesidades de la Dirección General de Organización y Talento de Renfe Operadora” en dos ámbitos concretos: la gestión de elecciones sindicales y la gestión de posibles huelgas que los trabajadores convoquen. Renfe tiene actualmente más de 16.000 empleados.

Las últimas elecciones sindicales en Renfe se celebraron en marzo de 2023. Cinco sindicatos obtuvieron representación: Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF Intersindical. Lo que busca Renfe es una aplicación que le ayude a mejorar la validación de las candidaturas y los requisitos de los representantes de los delegados sindicales que se presenten a los comicios internos.

Y, sobre todo, que le ayude a gestionar el censo de votantes, ya que “se genera un volumen muy elevado de incidencias relacionadas con reclamaciones, motivadas por diversas causas como fecha de Antigüedad incorrecta, no aparecer el censo, o categoría laboral mal indicada”. La memoria del contrato asegura que “estas incidencias deben gestionarse individualmente, lo que implica una carga administrativa considerable”.

Algunos de los sindicatos consultados aseguran que Renfe los ha informado sobre la licitación de este contrato. Un portavoz de Semaf, el sindicato mayoritario, señala que en los últimos diez años unos 5.300 maquinistas se han incorporado a Renfe, mientras que otros 4.200 han abandonado la compañía por baja o jubilación. “Es una categoría con mucha movilidad geográfica. Es lógico que pueda haber incidencias sobre sus datos cuando hay elecciones”.

Hay que tener en cuenta que en Renfe los comicios internos se realizan por centro de trabajo, por provincia. “Tampoco teníamos información sobre este contrato, pero una vez consultado los pliegos vemos que sí se justifica su licitación, porque permitirá ahorrar trabajo en estos procesos. Estamos a favor de toda medida que fomente una mayor participación de los trabajadores”, explican desde CGT.

La nueva aplicación también debe ser capaz de, una vez que terminen las elecciones sindicales, actualizar el sistema que contabiliza la “Bolsa de Vales Horas” y el “Crédito Adicional al Estatuto”. La bolsa se refiere a las horas de representación que recibe cada sindicato en función de los representantes obtenidos, horas que no solo pueden disfrutar los delegados sindicales, sino cualquier trabajador de la compañía. Y el crédito distribuye las horas sindicales para que no interfieran en el trabajo diario de los delegados sindicales.

Huelgas y servicios mínimos

El contrato también quiere mejorar la aplicación para gestionar las posibles huelgas que se celebren dentro de la empresa pública, que son relativamente frecuentes. “Los usuarios de la Corporación que gestionan las huelgas tienen un menú central que llama a los distintos procesos implicados. “Revisar los botones obsoletos y retirarlos del menú”, dice someramente el pliego de condiciones técnicas. Renfe también quiere mejorar la gestión de los servicios mínimos. En la actualidad, el programa que existe “registra los servicios, opera sobre una única tabla y existen problemas de bloqueo cuando varios usuarios concurren en el proceso de actualización”.

En cuanto a los datos de participación en huelgas, estos se obtienen grabándolos en una tabla. “Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo para alimentar los mismos datos. Además, se debe continuar usando la transacción actual para el mantenimiento de los datos que no vengan por fichero. Existe otro informe de participación de huelgas por turnos, colectivos y provincias que tiene la misma problemática. Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo”. Hasta ahora Renfe nunca había licitado un contrato de este tipo, pero los sindicatos consultados señalan que el “coste es asumible”.

Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Furlán señaló que detrás del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al movimiento sindical.

“Acá hay empresarios y está el Gobierno por una sencilla razón: lo que está en disputa es el salario. Este gobierno pulverizó el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores metalúrgicos, sino de todos los trabajadores de la industria”, señaló Furlan, que continuó: “Acá hay incentivos políticos y económicos. Son el mismo tribunal que echó por tierra con la cautelar de la CGT (contra la reforma laboral), poniendo en vigencia nuevamente una ley totalmente regresiva”.

“Nunca pensamos que en la UOM iba a suceder una intervención en democracia con los mismos contenidos que en dictadura. Para nosotros, esto es parte del proceso de desindustrialización”, afirmó Furlán. Y remarcó: “No tenemos duda que hay una clara persecución, porque quieren dejar en claro una medida ejemplificadora para que nadie más se atreva a disputar estas cuestiones”.

El viernes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la UOM y dispuso la intervención del gremio por 180 días. Así lo definieron los jueces Víctor Pesino y María Dora González, al apartar de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto, y ordenaron que se realicen nuevos comicios.

El fallo también declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, origen de la disputa iniciada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026. Según la resolución, los comicios de la seccional y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la de la segunda.

En un repaso sobre el conflicto, Furlán responsabilizó a la lista opositora, que caracterizó como afín al Grupo Techint, de obstaculizar el proceso electoral en el día de la elección. “La lista opositora robó y rompió urnas dentro de Tenaris Siderca. La Junta Electoral (de la seccional Campana) suspendió el proceso, y trasladó la votación a la sede sindical para garantizar su transparencia”.

Fue a partir de esa mudanza de las urnas sobre la cuál la oposición gremial judicializó e impugnó la elección. Según el dirigente, la lista oficialista de la seccional Campana se impuso por “2 mil votos contra 250 votos de la Lista Naranja”.

Una vez realizada las elecciones en todas las seccionales, el sindicato realizó el Congreso de autoridades para definir la nueva conducción. Fue en ese marco que la Justicia laboral “sacó una cautelar suspendiendo” el acto comicial. “Nosotros no fuimos notificados en tiempo y forma y, al no estar notificados, realizamos el congreso electoral igualmente. Fui elegido de manera unánime, con más del 80% de los votos”, describió.

Tras esa medida, Furlán cuestionó el fallo porque omitió una resolución por vía interna, a nivel del sindicato. “Hay un fallo de la Corte muy claro, donde se dice que si las organizaciones sindicales tienen instrumento para resolver los diferendos internos, debe privilegiarse que se resuelva por la vía asociacional, y no por la vía de intromisión del Estado”, describió.

“El precedente que dejan con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es gravísimo. No pueden interferir una organización que tiene 53 seccionales por la denuncia de una irregularidad en una sola. Cuando la organización tiene instrumentos para resolverlo en el marco estatutario”.

Sin embargo, aclaró que “el fallo no está firme”. “Ayer se ha reunido el Consejo Directivo de la UOM, al que no le afecta la resolución, que rechazó la resolución u nombró a Daniel Da Porta como delegado normalizador para resolver la cuestión de acefalía que produce la Cámara (laboral)”, explicó. “De verdad, el problema lo tengo en mi seccional y estoy dispuesto a ir a nuevamente a una elección”, aclaró.

El impacto político de la intervención

Ayer, la sede del gremio fue epicentro de un abrazo simbólico convocado por la UOM y respaldado por otros sindicatos. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.

Según el dirigente sindical, su gremio es uno de los que más confrontan contra el impacto de las políticas del Gobierno sobre el empleo. De hecho, integra el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que abarca a las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.

“Desde que Milei asumió el gobierno, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo. Es el resultado de la política de desindustrialización y ajuste sobre el salario”, señaló.

Para Furlán, la decisión judicial también responde a intereses empresariales concretos: “En Campana, la lista opositora fue propuesta por la patronal, Tenaris Siderca, que es el grupo Techint. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque pretenden que firmemos a la baja por debajo de lo que anuncia el INDEC. Hoy, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, hombre del Grupo Techint”.

Las diferencias internas en la CGT

El referente metalúrgico también se refirió a la falta de reacción de la CGT frente a la situación política, y señaló que si bien en la central “conviven distintos puntos de vista y tenemos diferencias”, la organización “no puede seguir inactiva” y tiene que plantear un plan de lucha.

“Uno siempre trata de privilegiar la unidad en cuando hay este tipo de políticas que tienden a someter a propios y extraños. Este no es un avance solo frente a la UOM. El otro día participé de un hecho solidario con los compañeros del Subte por la denuncia penal que les hicieron por un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, del compañero (Omar) Maturano, le acaban de sancionar con una multa de 21.000 millones por haber adherido al paro de la CGT”, enumeró.

“Hay claramente -continuó- una intencionalidad de perseguir a quienes levantamos la voz en contra de este modelo de ajuste y de sometimiento. Entonces, esa situación hace de que tengamos diferencias sin dudas”. Y se preguntó: “¿Qué más tiene que suceder en la Argentina para que los trabajadores nos demos cuenta que somos los convidados de piedra de este proceso político?”.

“Este presidente llegó a decir que quienes defienden la industria nacional son chorros. Nosotros representamos uno de los gremios más representativos del mundo industrial, no podemos estar ausentes en la discusión política sobre el modelo de desarrollo para nuestro país”, concluyó.

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Gobierno, empresarios y sindicalistas avanzan en la discusión para regular los llamados Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), polémica figura creada por el régimen bolivariano en medio de su enfrentamiento con el sector privado y que se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para los empleadores.

La disposición mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas, en el marco del Foro de Diálogo Social que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), confirma el acercamiento del chavismo con los patronos en el marco del “nuevo momento político” que se inauguró el 3 de enero, tras el ataque militar de Estados Unidos.

De acuerdo con la norma que los rige, promulgada en febrero de 2018, los CPTT deben funcionar en todas las “entidades de trabajo” para “impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo”.

En cuanto a su conformación, la ley señala que debe contar un “trabajador miliciano” e incluye entre sus atribuciones “conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos y servicios de la entidad de trabajo”.

La patronal Fedecámaras rechaza esta figura, señalando que atenta contra la propiedad privada, el secreto industrial y la paz del clima laboral. Advierten, igualmente, que ahuyenta la inversión, más ahora que el país está abriendo su economía al capital internacional.

Sin amenazas

La comisión de encuestas de la OIT, considerado el máximo mecanismo de investigación de la institución para casos graves de violaciones laborales, está a favor de eliminar los CPTT. Sin embargo, el oficialismo descarta esta idea, argumentando que existen unos 40 mil, razón por la cual les sería difícil borrarlos de un plumazo.

Los empresarios venezolanos preferirían que los CPTT solo se aplicaran a los entes públicos y que en caso de que continúen actuando en el sector privado, se restrinjan sus funciones en temas como el secreto industrial y los proyectos gerenciales.

En un plazo no mayor de 15 días se debe presentar en la mesa del Diálogo Social la propuesta de reglamento de los CPTT. La patronal destaca el tono conciliador del nuevo ministro del Trabajo, Carlos Castillo, nombrado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez hace poco más de dos meses.

El contenido del texto servirá para medir el alcance de los cambios que Rodríguez puede ejecutar en el campo laboral.

El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, enfrenta una situación de máxima tensión tras más de dos semanas de protestas que pusieron en jaque tanto la estabilidad interna como sus relaciones diplomáticas, especialmente con Colombia.

El conflicto comenzó con reclamos salariales ante la crisis económica que atraviesa el país, escasez de recursos y la mala calidad de combustibles, última problemática a la cual la administración oficial culpó a mafia internacional que operaba entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.

El rechazo a reformas oficiales también se incrementó al malestar de sindicalistas e indígenas que amenazaron con dejar sin alimentos a hogares estatales para niños y buscan aislar a las grandes ciudades de La Paz y El Alto con cortes de rutas.

Los precios en los mercados populares se duplicaron o triplicaron, mientras las filas para conseguir productos básicos se extienden durante horas. Ante esta situación. el Gobierno boliviano implementó un “puente aéreo” con ayuda de aviones argentinos para abastecer a la población, aunque reconoce que la crisis sigue sin resolverse.

Ocho países latinoamericanos firmaron el viernes pasado una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en el país andino, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que mantienen paralizada la capital.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú en el comunicado conjunto.

Durante los últimos días, la presión política se intensificó contra el titular del Ejecutivo. Sectores afines al ex presidente Evo Morales, junto a sindicatos y campesinos aimaras, protagonizaron bloqueos y marchas que confluyeron en La Paz.

El lunes se registró el episodio más violento hasta la fecha, por el cruce de los manifestantes y las fuerzas del orden, con enfrentamientos, saqueos y ataques a periodistas y ciudadanos. El mandatario nacional atribuyó la conflictividad a Morales, a quien acusa de alentar acciones para una “ruptura constitucional” y de tener vínculos con estructuras del narcotráfico.

Ante el empeoramiento del escenario, Paz anunció un “reordenamiento” ministerial para lograr un gabinete “más ágil” y receptivo a las demandas sociales. “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, expresó.

A la vez, dispuso la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas y contrarrestar las acusaciones de privatización. “El gabinete debe responder con mayor eficiencia y cercanía”, explicó el mandatario.

La postura internacional marcó líneas divisorias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue tajante: “Washington no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. Su vice, Christopher Landau, advirtió sobre la existencia de “un golpe de Estado en marcha” por quienes impulsan las protestas.

En cambio, la relación con Colombia se quebró. La expulsión de la embajadora Elizabeth García respondió a declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y denunció que “hay un pueblo en las calles al que están matando”.

No obstante, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, instó públicamente a Petro a colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia, en relación con un proceso de trata agravada de personas. El ex presidente permanece en el Chapare, su histórico bastión político, rodeado de seguidores.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país enfrenta hechos que “amenazan el orden democrático”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, afirmó Aramayo al inicio de su intervención. El funcionario explicó que Bolivia asistió al Consejo Permanente porque consideró que los desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro requieren la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana.

Las protestas y bloqueos en Bolivia, liderados por sectores disidentes y sindicales, derivaron en una crisis humanitaria que involucra a actores nacionales y extranjeros. La presión interna se agudiza por la escasez, el alza de precios y los bloqueos en La Paz y El Alto. El conflicto escaló a expulsiones diplomáticas y a llamados internacionales a mantener el orden democrático y evitar una mayor confrontación.

Incluso, la Unión Europea (UE) instó el martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las protestas contra el gobierno boliviano. En una declaración conjunta, el bloqueo europeo y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia.

“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala el comunicado.

(Con información de EFE)

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este martes un aplazamiento de 18 meses en la implementación del salario mínimo de USD 30 para trabajadores de hoteles y aeropuertos, tras alcanzar un acuerdo con líderes empresariales destinado a salvaguardar una de las fuentes más importantes de ingresos fiscales de la ciudad ante la amenaza de una consulta popular.

Según Los Angeles Times, la medida estipula que el nuevo salario no entrará en vigor hasta después de los Juegos Olímpicos de 2028, postergando el impacto financiero tanto en el sector privado como en las finanzas municipales.

La decisión fue diseñada como respuesta a la iniciativa impulsada por una federación de empresas hoteleras y aéreas, que buscaba suprimir el impuesto a los ingresos brutos, el segundo mayor recurso tributario municipal.

De acuerdo con el director de finanzas del Concejo Municipal de Los Ángeles, la eventual aprobación de esa propuesta habría significado “la pérdida de USD 740 millones en el fondo general municipal en el primer año” y un promedio de USD 860 millones anuales menos durante cinco años, según los datos recabados por el Los Angeles Times y expuestos durante el debate.

Estos cálculos influenciaron directamente la ruta de negociación adoptada por los funcionarios municipales y los representantes del sector privado. Tras una semana de conversaciones sostenidas entre el alcalde, directores del área de finanzas y representantes de la patronal y el sindicato Unite Here Local 11, se resolvió postergar dos años la entrada en vigencia del salario mínimo de USD 30, a cambio de la retirada formal de la consulta popular para noviembre.

La nueva hoja de ruta mantiene una suba del salario mínimo a USD 25 en julio, con incrementos escalonados hasta alcanzar los USD 30 en enero de 2030.

Además, la postergación afecta el calendario de mejoras en pagos adicionales por cobertura médica: el suplemento horario para personal aeroportuario ascenderá a USD 8,15 la hora desde julio de 2027 y a USD 4,25 la hora para empleados de hotel a partir del 1 de julio de este año. Así, las mejoras sobre salario y beneficios, previstas originalmente para 2028, se implementarán en 2030.

Reacciones y votación en el Concejo

La votación no fue unánime: el Concejo Municipal de Los Ángeles resolvió la medida con 11 votos a favor y 4 en contra. Eunisses Hernandez, Ysabel Jurado, Nithya Raman y Hugo Soto-Martínez —este último ex organizador sindical en el gremio de trabajadores hoteleros y gastronómicos Unite Here Local 11— se opusieron a la prórroga.

Soto-Martínez declaró: “No puedo apoyar nada que le quite dinero a los trabajadores”. Por su parte, la concejala Imelda Padilla, quien intervino en parte en español, sintetizó el dilema: “Si esto del impuesto a los ingresos brutos pasa, no tenemos ciudad. La comunidad empresarial nos tiene del cuello”. Aunque rechazó la dinámica de las negociaciones, Padilla votó a favor del aplazamiento “para evitar un daño mayor”.

El acto de conciliación implicó que, tras retirar la propuesta de derogación del impuesto por parte del sector privado, la administración deberá someter la prórroga a una segunda votación la próxima semana.

Impacto en sindicatos y empresariado

La ronda de negociaciones contó con la participación directa de la alcaldesa Karen Bass, el equipo de finanzas y representantes de las patronales, entre ellas la Central City Association —asociación empresarial de Los Ángeles—, así como el sindicato de trabajadores hoteleros y gastronómicos.

Durante la sesión, la presidenta ejecutiva de la Central City Association, Nella McOsker, criticó el proceso: “Es razonable pedirnos colaboración para estar del otro lado de la mesa y negociar, pero no lo es hacerlo fuera de ese proceso”.

En el ámbito gremial, Kurt Petersen, dirigente de Unite Here Local 11, expresó su descontento: “Ahora tienen un manual: la próxima vez que los trabajadores consigan algo, amenazarán con hacer explotar la ciudad”.

El salón de sesiones recibió a decenas de empleados luciendo camisetas rojas, moradas y amarillas, quienes manifestaron desencanto y fatiga. Laura Esquivel, trabajadora de limpieza del aeropuerto internacional de Los Ángeles, dirigió sus palabras al pleno: “Estamos hartos de ser explotados”. Agregó que algunos miembros del concejo “ya no están del lado de los trabajadores”, y reafirmó la voluntad gremial de volver en 2028.

La alcaldesa Bass, en un comunicado emitido antes de la votación y citado por el Los Angeles Times, caracterizó el intento de derogar el impuesto a los ingresos brutos como “una amenaza existencial para el presupuesto y los servicios que sostiene”, entre los que citó la reparación de calles, la seguridad pública y la limpieza urbana.

En cuanto al acuerdo, subrayó: “Esto garantiza que los trabajadores sean remunerados justamente y que los negocios que crean empleo puedan seguir atendiendo y contratando angelinos”.

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó además la conformación de una comisión para analizar modificaciones al régimen de impuestos empresariales, dejando en evidencia la persistencia del debate sobre el equilibrio entre competitividad económica y protección laboral en la ciudad.

El Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) suspendió todo su servicio en la madrugada de este sábado 16 de mayo, después de que cinco sindicatos que representan a cerca de la mitad de sus 7.000 trabajadores declararan la huelga a las 0:01, tras el fracaso de las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). La propia MTA lo confirmó a través de sus redes sociales: “El servicio del LIRR está suspendido hasta nuevo aviso debido a una huelga”.

Con el paro, unos 300.000 pasajeros que usan el sistema cada día de semana para desplazarse entre los suburbios de Long Island y la ciudad de Nueva York quedaron sin su principal medio de transporte. Es la primera huelga del LIRR en más de tres décadas: la última vez que los trabajadores pararon fue en 1994, durante aproximadamente dos días.

Qué originó la huelga

El conflicto gira en torno a salarios y primas de salud. Los sindicatos —que agrupan a ingenieros de locomotoras, maquinistas, señaleros y otros trabajadores ferroviarios— exigieron un aumento total del 16 % en cuatro años, bajo el argumento de que el costo de vida en la región no deja de subir.

La MTA ofreció un 9,5 % de aumento en tres años más lo que el organismo describió como un incremento efectivo del 4,5 % en el cuarto año, en forma de pagos de suma global. Además, la agencia pidió que los nuevos empleados paguen primas de salud más altas para compensar costos. Los sindicatos rechazaron esa condición.

Según el negociador jefe de la MTA, Gary Dellaverson, citado por NBC News, “La diferencia entre esas dos posiciones no es insalvable”. Las conversaciones, no obstante, no prosperaron.

Lo que comentaron las partes

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, confirmó que no hay nuevas negociaciones previstas. “Estamos muy lejos en este momento. Lo sentimos de verdad”, declaró a The Associated Press (AP).

Janno Lieber, presidente de la MTA, fue más duro y aseguró que la agencia “le dio al sindicato todo lo que pedía en materia salarial”, además de afirmar que, a su juicio, los sindicatos siempre tuvieron intención de irse a la huelga.

La gobernadora Kathy Hochul responsabilizó a los líderes sindicales y declaró, de acuerdo a AP: “Los pasajeros enfrentan una disfunción innecesaria y miles de trabajadores del LIRR se ven obligados a quedarse sin sueldo por decisiones de un pequeño grupo de dirigentes sindicales”.

En paralelo, la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York estimó que la huelga genera un impacto económico de USD 61 millones por día, puesto que este paro frena el movimiento de trabajadores y operaciones vinculadas al LIRR, lo que afecta tanto al comercio como a la movilidad de la región metropolitana.

Cómo moverse durante la huelga

La MTA activó autobuses de enlace gratuitos, aunque de capacidad muy limitada. El servicio opera solo en horas pico: de 4:30 a 9:00 hacia Manhattan y de 15:00 a 19:00 hacia Long Island. Tiene prioridad para trabajadores esenciales y quienes no puedan trabajar desde casa, según informó la cadena estadounidense ABC7 NY.

Las rutas y conexiones disponibles son las siguientes:

• Desde Huntington y Ronkonkoma: buses hacia Jamaica Center-Parsons/Archer (Queens), con conexión a los trenes E, J y Z.
• Desde Bay Shore, Hicksville, Mineola y Hempstead Lake State Park: buses hacia Howard Beach-JFK Airport, con conexión al tren A hacia Manhattan.
• Desde Nassau County: la MTA recomienda usar el bus NICE para llegar a Flushing-Main Street (tren 7) o a la Terminal de Buses de Jamaica, a poca distancia de la estación 169th Street (tren F).

Las estaciones de metro indicadas como puntos de llegada no tienen estacionamiento propio. La MTA advierte que la huelga generará congestión grave en las autopistas y pide evitar todo viaje no esencial. Quien deba trasladarse de todas formas debe calcular tiempo adicional, sin importar el medio de transporte que elija.

“Va a ser una pesadilla tratar de entrar”, indicó Rob Udle, electricista que toma el LIRR al menos cinco días por semana, a The Associated Press. Udle agregó que probablemente use sus días de vacaciones antes que enfrentar el caos del traslado.

El contexto político y deportivo del paro

Una huelga anterior se evitó en septiembre pasado cuando la administración del presidente Donald Trump acordó intervenir en las negociaciones.

Ese proceso terminó sin acuerdo y dejó el plazo del sábado 16 de mayo como última ventana legal antes de que los sindicatos pudieran declarar el paro o la MTA pudiera decretar un cierre patronal.

El momento del paro también complica el fin de semana deportivo en Nueva York. Los aficionados que quisieran asistir a los playoffs de los Knicks en el Madison Square Garden o a la Subway Series entre los Yankees y los Mets en el Citi Field tendrán serias dificultades para llegar en transporte público.

La bancada de Movimiento Ciudadano planeó convertir la Ley del Sistema de Cuidados en acciones laborales concretas dentro de los contratos colectivos de trabajo en la Ciudad de México. El objetivo es eliminar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidado y garantizar este derecho humano para todas las personas en la capital.

El llamado fue resultado del foro La Mirada Sindical en la Consulta del Proyecto de Ley de Cuidados, que realizó el coordinador del Partido Naranja, Royfid Torres González, para articular dicha demanda con representantes sindicales de múltiples sectores productivos.

“Tenemos que llevar la discusión a todos los sectores, pero sobre todo al campo laboral, donde se deben ejecutar las acciones de la Ley del Sistema de Cuidados, pues el tiempo y el cuidado es uno de los mayores problemas que hemos encontrado, entonces integrar esta perspectiva de los sindicatos se vuelve más importante, para entender los contextos, a través de las experiencias que nos han dejado”, expresó desde el salón Luis Donaldo Colosio del recinto legislativo de Donceles.

Las representantes sindicales coincidieron en que la redistribución de responsabilidades y la empatía de los empleadores son condiciones para que la ley funcione. La socialización de sus alcances resultó, en varios casos, uno de los mayores retos.

Carolina Desirée Madrigal Silva, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de Entretenimiento, Turismo, Gastronomía y Comunicaciones en México de la CTM, advirtió que en su sector —activo las 24 horas, los 7 días de la semana— muy pocos trabajadores saben que los cuidados son un derecho.

Con ello, señaló que las mujeres conforman la mayoría de esa fuerza laboral y que los espacios de trabajo no siempre se adaptan a sus necesidades, incluidas las de las trabajadoras embarazadas.

La representante pidió que la ley sea progresiva, intergeneracional y con mediciones, además de que contemple opciones de vivienda y movilidad. Argumentó que muchos trabajadores del sector son jóvenes que recorren largas distancias para llegar a sus empleos.

La sobrecarga laboral y los ejemplos empresariales

Taide Alejandra González Baca, secretaria general de la Federación de Sindicatos Unidos de la República Mexicana de la CROM, subrayó el cansancio mental y físico que genera la ausencia de una política de cuidados.

Sin embargo, destacó que hay ejemplos empresariales, como Walmart, que ya aplican permisos de paternidad de 40 días durante el embarazo para que los trabajadores acompañen a sus parejas e hijos.

“Son muchos aspectos los que abarcan los cuidados, pero lo relevante es poder llevar de la letra de la ley a la práctica en acciones, que queden dentro de los contratos colectivos de trabajo y también dar a los empleadores incentivos ante las buenas prácticas que han tenido en este aspecto para motivar a otros agremiados y repliquen sabiendo que es una corresponsabilidad entre estado y empleadores en beneficio de todos”.

La aviación: jornadas de más de 16 horas sin margen para el cuidado

El sector aeronáutico enfrenta una situación similar: pilotas y sobrecargos registran jornadas superiores a las 16 horas y destinan una parte considerable de sus ingresos al cuidado de familiares. Yessica Camuñas Elizondo, secretaria de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), indicó que en un gremio donde 90 por ciento son varones, temas como la lactancia o los permisos menstruantes afectan directamente la calidad de vida y la seguridad.

“Hay ocasiones que estamos más de 12 horas en vuelo y nosotros no podemos retrasar un vuelo media hora para lactancia”, señaló Camuñas Elizondo. Agregó que contar con los antecedentes de una ley de cuidados les daría mayor respaldo para negociar con los empleadores.

Por su parte, Silvia Elena González, de la ASSA, coincidió que su gremio está conformado en 70 por ciento por mujeres, lo que tiene un impacto mayor en una aplicación de acciones de cuidados y no son incluidas en la discusión.

Bajo este panorama, advirtió que el cansancio acumulado por jornadas de entre ocho horas y una semana de ausencia repercute directamente en la seguridad de los pasajeros durante los vuelos.

“Nosotros, las mujeres con jornadas diversas, somos ignoradas de las discusiones por la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces creemos que en nuestro caso los empleadores son parte fundamental de esta discusión para poder llevar en acción las políticas que surjan de esta ley”, señaló.

El sector financiero y las prácticas que ya mejoran la productividad

Erika Rosa Fernández Mejía, secretaria general de sitios de trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Instituciones Financieras de la CTM, informó que su organización ya promueve entre sus agremiados prácticas de crianza compartida, permisos de paternidad y licencias de salud. Además, mencionó a AXXA Seguros como ejemplo de empresa que aplica políticas laborales de modelo francés con impacto en la calidad de vida y la productividad.

“Lo que buscamos es que el resto de los empleadores adopten estas medidas”, afirmó Fernández Mejía, y añadió que quienes lo han hecho registran mejoras sustantivas en productividad.

La industria musical y el llamado a no dejar la ley en letra muerta

Maura Patricia Hernández Tapia, coordinadora de programas de la Secretaría de Enlace Interinstitucional y Asuntos Multilateral del Comité Nacional de la CTM, expuso la precarización laboral de las mujeres en la industria musical, un sector que opera principalmente en horarios nocturnos y en condiciones desfavorables. Sostuvo que es “impostergable plasmar la letra de la ley en acciones y condiciones que queden en los contratos colectivos, para que se aplique y no sea un llamado a misa”.

Hernández Tapia también argumentó que convencer a los empleadores pasa por mostrarles que una mujer financieramente activa es más autosuficiente y genera mayores posibilidades para su entorno y para la sociedad.

Las cifras que justifican la inversión en cuidados

Torres González cerró el foro con un argumento económico: en Estados Unidos, la pérdida por abandono laboral vinculado a los cuidados asciende a USD 400 mil millones al año. Frente a ese dato, el legislador citó otra estadística del mismo país que, a su juicio, debe orientar el debate en México: por cada dólar invertido en cuidados, el retorno es de 18.

“Aunque acá faltan mediciones, hay estadísticas positivas que nos dicen que por cada dólar invertido en cuidados, hay 18 de retorno, y son de los aspectos que debemos valorar en México”, sentenció el coordinador de Movimiento Ciudadano en el legislativo local.

“Máximo Kirchner tuvo una frase desafortunada con la CGT, porque no lo nombraron al padre o la madre”, remarcó el secretario general del sindicato del vidrio (Seivara), en diálogo con Infobae en vivo. “Tengo que decir que ¿quién es Máximo Kirchner para decirnos a la CGT qué tenemos que decir o dejar de decir? Es un compañero más. Se pone en un lugar... ¿Qué es? Un mesías? Nosotros tenemos claro qué representamos”, afirmó el dirigente.

El comentario hacía referencia a que el dirigente de La Cámpora cuestionó con dureza a los referentes de la central obrera por realizar un acto del 1 de mayo en Parque Norte, por no mencionar a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “¿Quién carajo se creen que son? ¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, también se borraron”, dijo Kirchner, sobre la cúpula gremial.

En el marco de ese contrapunto, Jerónimo subrayó que, desde la CGT, “reivindicamos el proceso de los 12 años de Néstor y Cristina” por garantizar “un proceso virtuoso para la Argentina, con muchísimo derechos, buenos salarios y el salario mínimo más alto de Latinoamérica, con asignaciones familiares”, en una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Además, remarcó: “Si alguno tiene dudas si nos falta coraje para enfrentar este proceso, está a las claras que a los 12 días de asumido este gobierno, la CGT le hizo el primer paro”. Y en tono de chicana hacia Máximo Kirchner, deslizó: “A la política no le veo mucho resistiendo este proceso político y económico”.

La intervención de Jerónimo coincide con la puesta en marcha de la interna peronista rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario donde la conducción política está en disputa entre sectores del kirchnerismo, el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, y la aparición de un nuevo “peronismo federal”, donde asistió parte del sindicalismo en el Día del Trabajador.

El dirigente insistió en que “hay que tener la capacidad de construir nuevas formas para devolver la identidad de lo que representa a los argentinos”. Y planteó que están construyendo el nuevo frente peronista “y con todo aquello que entienda en construir una Argentina distinta, con inclusión, justicia social, federalismo y movilidad social ascendente”. “Ahí nos va a encontrar a todos. Queremos una Argentina productiva, con desarrollo social, con el trabajo como ordenador social”, expresó.

Un nuevo paro nacional

Ante la consulta de una medida de fuerza de la CGT, Cristian Jerónimo señaló que “nunca descartamos un paro nacional”, y afirmó que si bien es una herramienta que permanece disponible, “no es lo que más gusta”.

“Si todos los problemas que tiene la Argentina se resolverían con paro y movilizaciones, ya hubiésemos resuelto todo, ¿no?“, remarcó.

El dirigente explicó que desde la CGT creen que el Gobierno “tiene la obligación de generar los ámbitos donde se pueda dialogar y se pueda consensuar”. “Este gobierno ha demostrado a lo largo de su gestión que no cree en el diálogo y en las discusiones”, planteó.

“Es fácil muchas veces hablar y decir ”paro" esto o aquello, cuando no se tiene la responsabilidad de la conducción”, consideró Jerónimo, y advirtió que la efectividad de los paros tienen sentido si “tienen una contundencia importante”. “No es una decisión menor para el mundo del trabajo, porque hay que construirlo a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, deslizó.

El impacto de la reforma laboral

Jerónimo también analizó el rumbo del Gobierno actual y criticó con dureza la política económica. “Este gobierno dijo que venimos a ajustar a la casta, hasta ahora lo que ajustan son los sectores que menos tienen”, aseguró. El cosecretario de la CGT advirtió sobre el impacto de la inflación y la postura del Poder Ejecutivo para no validar los acuerdos salariales: “Cuando uno firma por arriba del porcentaje, no homologan las paritarias, hay poco de libertad. Siempre se jactan de que no interfieren en la discusión entre privados, y lo primero que hacen es no homologarte la inflación”.

Sobre el efecto que tendrá la reforma laboral en relación a posible creación de puestos de trabajo, Jerónimo fue categórico: “Cero. Hoy a ningún empresario le está generando expectativas la reforma laboral. Sáquenle el peso de la carga impositiva que tienen las empresas en Argentina”.

El titular de Seivara advirtió que las consecuencias genera un efecto negativo en el trabajo y la producción nacional. “No podemos dejar que desaparezca todo. Que blanqueen que quieren ser un país primarizado. La Argentina no va a salir solo con la minería y el petróleo, somos un país extenso, que dejen de mentir y empiecen a hablar sobre la realidad”, exhortó.

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El líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que empresas mineras operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a los trabajadores. Durante la 44 Convención Nacional del sindicato, celebrada ayer, el dirigente advierte que las acciones de estas empresas representan “una violación total no sólo a los derechos humanos, sino a toda la legislación laboral”. Gómez Urrutia señala que estas prácticas afectan a yacimientos en varios estados y solicita la cancelación de concesiones y registros sindicales para proteger a los empleados y sus familias de riesgos graves, como amenazas de muerte.

A las denuncias en la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas y operada por la firma Orla Mining, se agrega el involucramiento de otros consorcios del sector que habrían replicado este modelo. Gómez Urrutia afirma que al menos tres empresas de capital canadiense —Plata Panamericana en Zacatecas, Américas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold en Guerrero— operan con impunidad y recurren de manera sistemática a grupos armados. Estos grupos, indica, fuerzan la intervención en asambleas y condicionan las votaciones sindicales, forzando la deserción de los trabajadores del Sindicato Nacional Minero.

El dirigente expresa la gravedad del fenómeno, resaltando que Canadá concentra cerca de 70% de la inversión extranjera en la minería mexicana. Subraya que existe una tendencia al uso de “sindicatos blancos, hechos casi narcosindicatos”, los cuales, según describe, son operados o protegidos por organizaciones criminales para debilitar la representación auténtica de los sindicatos. Gómez Urrutia advierte que hay al menos tres empresas más involucradas que actúan “totalmente en la impunidad”.

En la convención nacional del gremio minero, Gómez Urrutia señala que el sindicato solicita formalmente a la Secretaría del Trabajo retirar la concesión minera a Orla Mining debido a las presuntas violaciones laborales y a su negativa de permitir a los trabajadores el ejercicio de sus derechos de libertad y democracia sindical. También exige el retiro del registro del sindicato patronal relacionado con esta operación, al considerar que los mecanismos de presión y amenazas constituyen un riesgo para la seguridad y vida de los empleados.

El diputado federal con licencia sostiene que dejar impune esta estrategia sentaría “un precedente muy negativo” e incentiva que otras empresas mineras recurran igualmente a la delincuencia organizada y sindicatos afines a las patronales para mantener el control laboral. El gremio pide que sean canceladas las concesiones y retirados los registros a estos grupos para detener la intromisión criminal y devolver a los trabajadores las garantías laborales establecidas en la ley.

Durante el encuentro, Gómez Urrutia reitera que el sindicato documenta más casos de agresiones, intromisiones en la vida sindical y “deserción forzada” impulsada por presión directa de la delincuencia organizada, a pedido o con la tolerancia de los consorcios mineros. Los trabajadores, asegura, han recibido amenazas de muerte y otros tipos de intimidaciones para obligarlos a votar en contra del sindicato independiente.

El dirigente indica que la presión creciente sobre el personal busca expulsar al Sindicato Nacional de Mineros de las minas más rentables del país y sustituirlo por agrupaciones sindicales controladas por los empleadores, a fin de debilitar la negociación colectiva y los derechos laborales. Gómez Urrutia reafirma que se busca intervención directa de la autoridad federal para frenar la escalada de violencia y devolver la normalidad a la vida sindical en el sector.

El sindicato prioriza, según dijo, la seguridad de los trabajadores y la restitución del marco legal, señalando que la presencia de organizaciones criminales en las operaciones mineras representa un peligro latente, no solo para el gremio sino también para las comunidades de las zonas de extracción. El líder minero sostiene que las autoridades laborales deben responder con la cancelación de concesiones y la expulsión de sindicatos patronales como única forma de garantizar la integridad y derechos del personal minero en el país.

• Denuncian empresas mineras que operan con crimen organizado para intervenir en la vida sindical y agredir a trabajadores.
• Solicitan cancelar concesiones y retirar registros sindicales a compañías implicadas, como Orla Mining, Plata Panamericana, Américas Gold and Silver y Torex Gold.
• Afirman que Canadá controla cerca de 70% de la inversión minera extranjera en México y que la intimidación incluye amenazas de muerte al personal.

El langostino llegó a aportar hasta USD 1.300 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, pero la baja de los precios internacionales y un largo conflicto entre las empresas y algunos sindicatos del sector redujeron ese valor a USD 867 millones en 2025. La temporada langostinera 2026 ya empezó, pero por falta de acuerdo laboral solo salieron a pescar 11 barcos y siguen amarrados más de un centenar.

Sin embargo, la dinámica cambió. Durante la pasada semana tres cámaras de la industria pesquera denunciaron “la insólita actitud de un gremio que paraliza la industria pesquera” y parecía cernirse sobre el sector de pesca de langostino la sombra del conflicto que en 2025 devastó la captura de la especie que más dólares -vía exportaciones- aporta a la Argentina, con picos cercanos a los USD 1.400 millones, en la segunda mitad de la década pasada.

“Luego de un 2025 en el que la pesca sufrió la parálisis de actividad más dramática de su historia, parece repetirse la situación para este año. La temporada de langostino inició el 15 de abril y hoy hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiéndose el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios”, señalaron la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), del langostinero, que luego del conflicto de 2025 habían quedado en revisar con los gremios (principalmente el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, que aún lidera el moyanista Raúl Durdos) y el Sindicato Marítimo de Pescadores, Simape, que agrupa a la marinería marplatense) “condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad a este sector”.

Durante el verano hubo varios encuentros y a fin de febrero las cámaras presentaron en la Secretaría de Trabajo una propuesta, consistente en tres “tablas” de premios “por producción”, según el precio del langostino estuviera por debajo de USD 6.000 la tonelada, oscilara entre USD 6.000 y 7.500, o lo hiciera entre USD 7.500 y 12.000 la tonelada. Pero en una reunión presencial SOMU y Simape desconocieron la existencia de esa propuesta, amagando con reiterar el largo conflicto y las pérdidas de 2025. Con los otros sindicatos del sector, el de Capitanes y el de Conductores de Pesca, las relaciones son más amistosas.

Otro escenario

Este año, sin embargo, el escenario cambió. Los precios internacionales mejoraron levemente respecto de los de un año atrás, las pesqueras tienen ahora legalmente habilitada la posibilidad de hacer acuerdos a nivel de empresas, como de hecho lo hizo Conarpesa, del empresario Fernando Álvarez Castellano, que ya largó 11 barcos a pescar.

Por otra parte, los marineros perdieron muchos ingresos el año pasado y no quieren repetir la experiencia. En las elecciones sindicales hubo un movimiento tectónico al perder SOMU la seccional Puerto Madryn, la más importante junto a Mar del Plata. Los resultados fueron contestados y la resolución depende de la Justicia. Los mandatos en SOMU se prorrogaron hasta el 9 de mayo y la actual dirigencia, encabezada por Durdos, pierde día a día predicamento en las bases. El ganador de la elección en Madryn, Alexis López, quiere alcanzar un acuerdo para salir a trabajar. “El año pasado fue terrible, la gente está cansada, quieren que les digan la verdad”, declaró a Revista Puerto, una publicación especializada.

Los marineros pudieron trabajar (en pesca del langostino, la más remunerativa) a lo sumo 3 de los últimos 20 meses. Ese hartazgo, con eco en los bolsillos, se reflejó en que cuando Conarpesa abrió un registro para iniciar la campaña se anotaron más de 2.000 marineros, incluido el 100% de su propio personal. De todos modos, aunque hizo acuerdo por empresa, Álvarez Castellano, el dueño de Conarpesa, dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él. Para los marineros en tierra que ven colegas trabajando, el dolor del bolsillo se profundiza. Trabajando, un marinero estaría promediando hoy unos $5,8 millones mensuales estimó Agustín de la Fuente, gerente de Capip.

Conarpesa sacó sus barcos a pescar mediante un acuerdo propio con el personal, pero dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él

Según trascendidos sindicales del fin de semana, el acuerdo estaría a punto de llegar: sería por “la tabla del medio” (premios en función de un precio del langostino entre USD 6.000 y 7.500 la tonelada) y tomando el 90% (el porcentaje más alto) de la cotización del dólar de referencia. La reunión tendría lugar este lunes en la Secretaría de Trabajo y el eventual acuerdo podría homologarse el miércoles, a tres días de que venza el actual mandato sindical.

Incógnita

Una incógnita a develarse es si los gremios aspiran a que esa tabla rija de modo permanente. Las cámaras creen que debería valer para esta temporada, en que el precio del langostino oscila en torno de USD 7.000 la tonelada, pero que las “tres tablas” sean el marco permanente y se aplique en cada temporada la que corresponda en función de cuáles sean los precios del mercado internacional y la información oficial que publique la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

El año pasado la campaña empezó muy tarde y cerró temprano, con pérdidas para todos. A nivel país, se estima que se perdieron entre USD 200 y 300 millones de exportación.

Así y todo, según datos oficiales, el sector generó en 2025 divisas por USD 2.010 millones (4,3% más que en 2024), con un volumen de 550.000 toneladas, datos solo inferiores a 2018, cuando se exportó por USD 2.149 millones.

El año pasado el crecimiento se debió a la captura y exportación de calamar (+32,5% en valor y +47,4% en volumen) pero, con baja y todo, el langostino siguió siendo la especie que más dólares aportó, los ya mencionados USD 867 millones. El aumento de las colocaciones de calamar y la caída de las de langostino hicieron que el principal mercado de destino pasara a ser China (USD 486 millones), desplazando a España (USD 373 millones) al segundo lugar.

En el primer trimestre de este año, nuevamente fue el calamar el gran propulsor y las exportaciones pesqueras totalizaron USD 668 millones. Si esta semana hay acuerdo en el sector langostinero, ese valor muy probablemente sea superado en el segundo trimestre.

No es un tema de gramática sino de matemática. La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó este jueves 30 de abril un aumento del “ingreso mínimo integral”, que pasó de 190 a 240 dólares mensuales. Pero los trabajadores aspiraban a un incremento del “salario mínimo”.

“Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”, destacó Rodríguez ante una muchedumbre concentrada en Caracas, en el cierre de la “gran peregrinación nacional” convocada por el chavismo para exigir el cese de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela.

El incremento del “ingreso mínimo integral”, conformado por una serie de bonos creados por el gobierno, en la práctica significa la extinción del salario mínimo, que se mantiene congelado y que hoy equivale a 27 centavos de dólar.

Los sindicatos exigían precisamente el alza del salario mínimo, monto que sí tiene incidencia en las prestaciones laborales de los trabajadores. “Estos bonos no van a generar ningún pasivo laboral para el gobierno, pero tampoco para los trabajadores que podrían esperar tener con ello prestaciones, vacaciones y utilidades”, explica el profesor Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

Balza observa que en la línea de Nicolás Maduro, su sucesora “continúa con la bonificación del ingreso y el gobierno, al dejar de aumentar el salario mínimo, prácticamente le niega a los trabajadores los derechos a las prestaciones sociales”.

Retroceso

“Los anuncios del gobierno profundizan la desalarización de las remuneraciones y pulverizan los beneficios laborales”, reaccionó la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), que ha estado al frente de las últimas protestas que reclaman mejoras salariales y que incluso realizó un paro de actividades de 24 horas con el objetivo de ejercer presión sobre la administración chavista.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) subrayó que “mientras la canasta básica familiar supera los 1.600 dólares, el Estado pretende mantenernos con un salario que no llega ni a un dólar, una cifra que insulta la dignidad de cualquier trabajador”.

Andrés Velásquez, antiguo dirigente sindical y vocero de la Plataforma Unitaria Democrática -la principal alianza opositora del país-, manifestó que “estas rebuscadas definiciones de salario, pretenden esconder que el salario mínimo sigue a nivel del piso. El salario mínimo tiene que ser aumentado sustancialmente ya que eso determina lo que reciben los pensionados”.

Vieja deuda

La ONG Provea llamó a atender “con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano” y contrastó la posición asumida por Delcy Rodríguez frente a los reclamos de los trabajadores y la que sostiene ante el gobierno de Estados Unidos y las compañías petroleras que ahora firman convenios con Caracas.

“El ‘nuevo momento político’ anunciado por la presidenta encargada Rodríguez, y que está caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos comerciales entre Venezuela, EE.UU y empresas de distintos países, parece estar echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las aspiraciones del tutelaje transnacional”, alertó Provea.

Más de 40 organizaciones no gubernamentales suscribieron un documento en el que abogan por “un pago que no condene a la población a la miseria”. “Desde 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) documentó en su Comisión de Encuesta el desmantelamiento de la institucionalidad laboral venezolana. El gobierno ignoró sus recomendaciones: sustituyó el salario por bonificaciones, anuló contratos colectivos y encarceló a dirigentes sindicales por defender derechos básicos”, enfatizaron.

Buen paso

Representantes sindicales, economistas y actores políticos han cuestionado lo que consideran un lenguaje enrevesado y un manejo opaco del anuncio de la mandataria interina, pues advierten que faltan detalles para entender el alcance del incremento.

No obstante, desde la patronal Fedecámaras afirman que el esquema expuesto por Rodríguez es “sencillo”. “No se tocó el salario mínimo y sí el ingreso como debe ser, pues con esta Ley del Trabajo que tenemos es imposible aumentar el salario mínimo”, argumenta un empresario que prefiere reservar su identidad.

La fuente citada celebra como una “buena noticia” que el gobierno chavista haya admitido formalmente que los bonos “no tiene carácter salarial” y, además, que permita al sector privado montar su propia plataforma de bonos según lo estime conveniente, siempre y cuando sumen 240 dólares al mes.

Con críticas al Gobierno Nacional por la aprobación de la reforma laboral, la CGT marchó y realizó un acto esta tarde en Plaza de Mayo. En el escenario montado adelante de Casa Rosada se leyó un documento.

En el mismo se advierte que “la mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino”, mientras considera que “el Gobierno, en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social".

Finalizó el acto de la CGT: adelantaron que aumentará la conflictividad pero no anunciaron un paro

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a la sociedad a impulsar “un nuevo contrato social" orientado a la justicia social y la igualdad, durante una manifestación en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. En su discurso, Jorge Sola reafirmó la responsabilidad de la organización en “protestar y reclamar” frente a la reforma laboral y destacó el compromiso de acompañar a organizaciones sociales, colectivos de discapacidad y entidades estudiantiles. Pese a las especulaciones previas, los dirigentes finalmente no convocaron a una huelga general.

En palabras de Jorge Sola, para la central sindical la prioridad es “crear futuro” y fortalecer la unidad nacional ante un escenario que, según su diagnóstico, presenta tanto “ruido” como “falta de ideas” y mensajes destinados a “dividir a la sociedad”.

El dirigente enfatizó la importancia de la distribución equitativa de las riquezas y la garantía de dignidad y derechos para cada trabajador.

Comenzó el acto

Antes de que los oradores pronuncien sus discursos, los manifestantes cantaron el himno. También hubo un homenaje al Papa Francisco, cuyas palabras fueron adaptadas para darle un título al acto: “El trabajo es con derechos o es esclavo”

Se venden choripanes a 7 mil pesos en la previa del acto

Mientras aguarda el inicio del acto, un móvil de Todo Noticias recorrió Plaza de Mayo. Su cronista conversó con la gran cantidad de puestos de comida que tradicionalmente concurren en este tipo de convocatoria. Allí se produjo el siguiente diálogo:

- Qué buen olorcito que tiene, ¿a cuánto está?

- Por ejemplo el chori, 7. Acá están todos los aderezos para ponerle a gusto.

- Hoy tenés mucha competencia

- Sí hay cada vez más, pero se está vendiendo. El chori es lo que más sale, pero tenés carré, bondiola a 10 (mil pesos), vacío 15, chori 7, paty 7, completo con huevo.

Pablo Moyano: “Hay un debate interno donde la gran mayoría está pidiendo un paro nacional”

En la previa al acto central en Plaza de Mayo, Pablo Moyano cuestionó con dureza la política económica del Gobierno nacional y reclamó darle continuidad al plan de lucha sindical.

El dirigente sostuvo que la marcha no solo conmemora el Día del Trabajador, sino que expresa el rechazo a la situación económica actual, marcada por inflación, desempleo y cierre de empresas. “No hay un futuro que una familia pueda proyectar. Todo este desastre económico que está llevando el presidente y su banda está produciendo esta marcha”, afirmó.

A su vez, pidió que la movilización no se agote como un acto conmemorativo y planteó la necesidad de avanzar con más medidas de fuerza. En este punto, señaló: “Creo que hay un debate interno donde la gran mayoría está pidiendo un paro nacional”. Aunque aclaró que la decisión debe ser consensuada por la conducción de la central obrera.

En respuesta a los dichos del presidente Javier Milei sobre la situación laboral, Moyano rechazó la visión oficial. “Se están cerrando las empresas, los compañeros pueden dar un pantallazo de lo que pasa en los barrios populares. Es una vergüenza, nos toma el pelo”, expresó el sindicalista, quien también criticó el trato del mandatario hacia distintos sectores y su postura ante la reforma laboral.

Respecto a esta reforma, Moyano la calificó como un intento de “blanquear la esclavitud” y señaló a gobernadores y legisladores peronistas como responsables de haberla acompañado. “Traicionaron al peronismo. Ellos votan y se borran”, manifestó.

Al ser consultado sobre el futuro del peronismo, Moyano opinó que el movimiento debe dejar de lado los personalismos y definir su candidatura a partir de un proceso interno que convoque a la base militante y trabajadora. Y descartó la posibilidad de postularse a cargos políticos, asegurando que su lugar está en la calle junto a los trabajadores.

/politica/2026/04/30/el-mapa-de-la-marcha-a-plaza-de-mayo-por-el-dia-del-trabajador-convocada-por-la-cgt/

Las organizaciones arriban a Plaza de Mayo

Por distintas arterias de la ciudad, la CGT y distintas agrupaciones sindicales y políticas arriban a Plaza de Mayo. El acto central será a las 15.

El Gobierno ya anunció que desde las 13 implementará “cortes de tránsito conforme se vayan sumando manifestantes”. Los principales despliegues estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y la Avenida 9 de Julio.

La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas y las Fuerzas Federal estarán detrás del vallado de Casa de Gobierno.

/politica/2026/04/30/se-pone-en-riesgo-la-paz-social-que-dice-el-duro-documento-de-la-cgt-que-se-leera-hoy-en-la-plaza-de-mayo/

El intento de asesinato contra Donald Trump durante la White House Correspondents’ Association en Washington reactivó la preocupación sobre la seguridad en el sistema ferroviario de Estados Unidos.

Según la fiscalía federal y AP News, el acusado, Cole Tomas Allen, fue arrestado en la capital tras llegar armado en un tren de Amtrak procedente de California.

Las autoridades confirmaron que Allen transportó una escopeta y una pistola semiautomática en su equipaje, armas que había comprado previamente en la zona de South Bay, en Los Ángeles.

La situación expuso las limitaciones de los controles de seguridad en el sistema ferroviario estadounidense, en contraste con los protocolos que rigen el transporte aéreo.

Organizaciones sindicales y de usuarios llevan años advirtiendo sobre la facilidad con la que los pasajeros pueden acceder a los trenes portando armas, y las dificultades de implementar controles exhaustivos en una red de cerca de 500 estaciones.

En 2022, un tiroteo fatal en un tren de Amtrak cerca de Lee’s Summit, Missouri, derivó en que un jurado federal responsabilizara a la empresa por no aplicar medidas de seguridad razonables, obligándola a pagar el 90% de un resarcimiento millonario a la familia de la víctima, según consignó AP News.

Aunque la normativa indica que las armas deben ser declaradas, descargadas y transportadas únicamente en equipaje facturado, la ausencia de controles sistemáticos facilita que pasajeros accedan a los trenes con armas sin ser detectados, tanto en terminales sin personal como en estaciones urbanas concurridas.

Transporte de armas en Amtrak: el protocolo oficial

Amtrak exige reglas estrictas para quienes desean transportar armas de fuego en sus trenes. El protocolo, citado por AP News y disponible en la documentación oficial de la compañía, establece que las armas solo pueden ser transportadas en trenes que cuenten con servicio de equipaje facturado y deben ser declaradas con al menos 24 horas de anticipación.

El pasajero debe presentarse en la estación con suficiente antelación para entregar el arma descargada y embalada en un estuche rígido y cerrado, respetando las dimensiones máximas permitidas. La munición debe ir aparte, en su empaque original, y no superar los 5 kilos por pasajero.

El equipaje con armas viaja en vagones exclusivos para equipaje, accesibles únicamente para empleados ferroviarios. En las rutas donde no existe este servicio, Amtrak prohíbe el transporte de armas. Si el tren no tiene vagón de equipaje, el protocolo indica que las maleta sean precintadas y etiquetadas, aunque extrabajadores citados por AP News advierten que este control resulta insuficiente para prevenir incidentes.

No existe excepción para portar armas en el área de pasajeros, aunque se disponga de permisos estatales de portación oculta. Además, el pasajero debe cumplir todas las leyes federales, estatales y locales aplicables en cada tramo del trayecto.

La respuesta de sindicatos y autoridades

El caso de Washington reactivó las demandas de los sindicatos ferroviarios, que insisten en reforzar la seguridad y endurecer las penas por agresiones y obstrucción a trabajadores del sector, proponiendo equiparar las sanciones a las vigentes en la industria aérea.

Jared Cassity, director nacional de seguridad y política legislativa del sindicato SMART-TD, manifestó que las agresiones a operadores y la presencia de armas en trenes son preocupaciones centrales para los trabajadores.

Las organizaciones de usuarios y trabajadores sostienen que la falta de controles permite que personas armadas accedan a los trenes, una vulnerabilidad que, según Sean Jeans-Gail, vicepresidente de la Rail Passengers Association, se arrastra desde que en 2010 el Congreso federal obligó a aceptar armas en equipaje facturado, pero sin crear inspecciones equivalentes a las de los aeropuertos.

Jeans-Gail remarcó que, por la diversidad de estaciones —desde grandes terminales como Union Station hasta paradas rurales sin personal—, resulta inviable replicar el modelo de seguridad aeroportuaria.

El viaje de Allen y las grietas en el control

Las autoridades no precisaron si Allen declaró las armas al abordar el tren, como exige el reglamento. La compañía ferroviaria tampoco confirmó si el acusado cumplió con el proceso de notificación y entrega en el equipaje facturado.

Un portavoz de Amtrak, consultado por AP News, evitó dar detalles sobre si Allen siguió el protocolo y se limitó a informar que la empresa colabora con la investigación federal.

Voceros sindicales y especialistas en seguridad citados por la agencia advirtieron que la ausencia de controles sistemáticos facilita que pasajeros transporten armas sin ser detectados, dejando expuestas las debilidades del sistema.

Limitaciones estructurales y desafíos logísticos

La policía de Amtrak enfrenta dificultades operativas para cubrir toda la red ferroviaria. Según testimonios recogidos por AP News, un solo agente puede tener a cargo tramos de cientos de kilómetros, lo que imposibilita una vigilancia efectiva en todas las estaciones.

El consultor de seguridad Michael Callanan, ex empleado de la empresa, señaló que los recursos destinados a controles resultan insuficientes para enfrentar los riesgos actuales.

El intento de asesinato a Donald Trump y la confirmación de la fiscalía sobre el trayecto ferroviario de Allen desde California pusieron en primer plano la discusión sobre la seguridad en los trenes. Para sindicatos y asociaciones de usuarios, el caso demuestra la urgencia de buscar soluciones diferenciadas para un sistema ferroviario diverso y con desafíos de seguridad aún sin resolver.

A partir de las 11 de la mañana, el centro porteño verá modificada su habitual escenografía: miles de manifestantes, detrás de pancartas, banderas de agrupaciones gremiales y movimientos sociales, se concentrarán para marchar, colapsando las arterias principales, hacia Plaza de Mayo. El acto central convocado por la CGT está previsto para las 15 horas. Allí se leerá un documento con consignas y críticas sobre las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Entre las principales arterias, que estarán congestionadas por las columnas que marcharán a la histórica plaza, sobresalen: Avenida de Mayo, Bernardo de Yrigoyen, Entre Ríos y su continuación, Callao; Luis Sáenz Peña, Virrey Ceballos, Avenida 9 de Julio, Diagonal Sur, Alsina, Carlos Calvo y Avenida Belgrano, entre otras.

Esas arterias serán puntos de concentración de movimientos sociales enrolados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Bancarios; el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (SITIA); organizaciones de jubilados; el gremio de Camioneros; UOCRA; UDA y buena parte de los gremios que conforman la CGT. Las dos CTA y partidos y organizaciones de izquierda anticiparon que no coincidirán en el mismo acto para conmemorar el Día del Trabajador.

El Gobierno ya anunció que desde las 13 implementará “cortes de tránsito conforme se vayan sumando manifestantes”. Los principales despliegues estarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio; Diagonal Norte y 9 de Julio Diagonal Sur y la Avenida 9 de Julio.

La Policía de la Ciudad desplegará un operativo para monitorear la marcha y acompañar a las distintas columnas y las Fuerzas Federal estarán detrás del vallado de Casa de Gobierno.

Desde la cartera de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva se advirtió que el Gobierno prepara un operativo de seguridad especial para la movilización de la CGT. El despliegue incluirá vallado en la zona de Plaza de Mayo, controles en accesos a la Ciudad y el despliegue de alrededor de 1.000 efectivos.

Las ordenes son claras, se buscará sostener el protocolo antipiquetes sin elevar la confrontación con los manifestantes. El vallado busca evitar el contacto directo entre columnas sindicales y fuerzas federales, así como contener la protesta sin incidentes frente a edificios públicos, ya que se espera que la concentración sea muy numerosa.

Volviendo a los organizadores por el Día del Trabajador, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en organismos estatales para facilitar la marcha. La jornada no implica un paro general nacional, pero puede afectar dependencias públicas, tránsito en el centro porteño, trámites, vuelos y servicios con guardias reducidas.

La central obrera convocó a la protesta contra la política económica del Gobierno, la reforma laboral y los cambios en el sistema aduanero. El reclamo también suma el respaldo de más de 100 organizaciones sindicales, sectores estatales y agrupaciones sociales, la mayoría de ellas enroladas en la UTEP, integrada, entre otras organizaciones, por el Movimiento Evita, Barios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP informó a través de un comunicado que “para la jornada del día 30 de abril que es la movilización a Plaza de Mayo en el marco del día del trabajador vamos a estar concentrado a las 12:00 hs en Bernardo de Yrigoyen y Av de Mayo”.

Camioneros, por su parte, concentrara, también a la misma hora en Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano. La UOCRA, lo hará al mediodía en la sede sindical ubicada en Avenida Belgrano 1870. Una hora después, a las 13, UPCN marchará, como suelen hacerlo desde Diagonal Sur y Alsina. Por su parte, el gremio Obras Sanitarias se reunirán a las a las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen.

La convocatoria principal está prevista para las 15 en Plaza de Mayo. A partir del mediodía, las columnas empezarán a ingresar desde el Conurbano bonaerense y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la central remarcaron que la protesta tendrá como eje la defensa del trabajo, los salarios y los derechos laborales. La CGT difundió la consigna “trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”. También pidió que la protesta mantenga una identidad nacional, con banderas argentinas como símbolo principal de la jornada.

Sindicatos y empresarios acordaron durante el primer Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos una agenda común para fortalecer los ingresos y la generación de empleos en México, tras una reunión donde se comprometieron a impulsar acciones conjuntas que permitan elevar la calidad laboral y económica.

La decisión surge después de identificar la necesidad de crear mejores condiciones laborales y propiciar un entorno que favorezca la permanencia y creación de nuevos empleos en el país.

Este acuerdo considera, como medida prioritaria, el establecimiento de mecanismos de diálogo permanente y definición de estrategias que incidan de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre las acciones planteadas, representantes sindicales y del sector privado delinean una ruta para revisar esquemas de salario, analizar prestaciones y fortalecer la capacitación, con el objetivo de que los trabajadores cuenten con acceso a oportunidades de desarrollo sostenibles a corto y mediano plazo.

Se destaca que este acercamiento busca enfrentar los desafíos recientes en materia de empleo e ingreso, priorizando la estabilidad en sectores clave de la economía.

El seguimiento a la agenda común se realizará mediante reuniones periódicas, donde ambos sectores revisarán los avances y nuevas propuestas que garanticen la vigencia de los compromisos pactados.

Salario avanza por encima de precios elevados de canasta básica

El valor de la canasta alimentaria urbana llegó a $2,571.18 en marzo, con un aumento de 8.1% en un año. A pesar de que los alimentos sufren este encarecimiento, el salario mínimo general sigue creciendo por encima de ese nivel, lo que permite mantener e incluso ampliar la capacidad de compra de los hogares cuyos ingresos dependen de este salario.

Las principales causas del aumento en los alimentos son las alzas en el precio de:

• jitomate
• limón
• chile
• papa

La Conasami señala que este fenómeno se explica principalmente por factores climáticos en Estados Unidos y México —que han reducido la oferta de estos productos—, además del encarecimiento de los combustibles como consecuencia de los conflictos y las disrupciones en las cadenas de suministro de Medio Oriente. Estos elementos se consideran transitorios y no alteran la tendencia de recuperación del ingreso de los trabajadores.

El compromiso: salario mínimo que cubra 2.5 canastas básicas

El Gobierno de México mantiene firme su meta de que el salario mínimo alcance para comprar 2.5 veces la canasta básica. La estrategia consiste en aplicar aumentos progresivos, responsables y de consenso, así como en robustecer acuerdos con gasolineras y productores que integran el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC), con el objetivo de contener los precios en productos y servicios básicos.

La Conasami reafirma que su política salarial da prioridad al bienestar de las familias, la estabilidad económica y el diálogo social.

La comisión asegura que el proceso de recuperación salarial es sostenido y que los incrementos se seguirán implementando de forma consensuada, buscando que el poder adquisitivo de los trabajadores siga en ascenso frente a las fluctuaciones de los precios y la inflación.

La Generalitat Valenciana continúa la senda de la Administración central y se sienta en la mesa a negociar con los sindicatos la reducción de jornada, hasta las 35 horas semanales, a partir del 1 de enero de 2027. Este viernes, el conseller José Antonio Rovira ha presidido la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatuto y laboral, donde se ha instado a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito.

Con esta decisión del gobierno autonómico, encabezado por el popular Juanfran Pérez Llorca -sucesor de Carlos Mazón- la Comunidad de Madrid se queda sola como la administración con las jornadas más extensas para sus funcionarios, siendo la media en las distintas secciones de 37,5 horas. Para proseguir con la reducción, se deberán formar las mesas de negociación sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública.

Según adelantó la Administración autonómica, llevan meses trabajando sobre informes para determinar el coste económico de esta reducción de jornada. En este sentido, desde Hacienda han destacado que cualquier paso que se dé en este sentido “será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos”.

Además, la Agencia Tributaria de la Generalitat ha señalado que el crédito presupuestario tiene un carácter limitado y deben cumplir con la regla de gasto establecida por el Gobierno central y la Unión Europea, que fija, para 2026, un límite de crecimiento del gasto del 3,5%; siendo 3,4% para 2027 y 3,2% para 2028. El incremento este 2026 se debe principalmente a los acuerdos salariales estatales, que supone un aumento estimado del 6,5%.

CSIF pide respetar el acuerdo

El principal sindicato presente en la Mesa General, CSIF, reiteró la necesidad de respetar el acuerdo de legislatura, que prevé la implementación de la medida antes de mayo de 2027. Durante la última reunión, la organización expresó su conformidad con el calendario establecido, ya que se ajusta a los plazos pactados.

El sindicato también solicitó que se convoque cuanto antes la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Legislatura para revisar el grado de cumplimiento de lo acordado. Además, pidió que el compromiso de aplicar la medida a partir del 1 de enero de 2027 se traslade rápidamente a las distintas mesas sectoriales, con el objetivo de garantizar su ejecución en todos los ámbitos conforme a sus particularidades.

En el encuentro de este sábado también se puso de relieve la disposición del Consell para abordar la brecha salarial en los sectores de la Generalitat. Se trató la asignación de fondos del Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.

El presupuesto contempla un total de 14 millones de euros para este programa, que se repartirán a razón de siete millones en 2025 y otros siete millones en 2026. De acuerdo con el número de trabajadores en cada sector, la distribución será de hasta 5,58 millones de euros para Sanidad, hasta 4,15 millones para Educación, hasta 520.000 euros para Justicia y hasta 3,75 millones para Función Pública.

Madrid, las jornadas más largas

Antes de Valencia, la Junta de Andalucía fue la primera en reducir el horario de sus funcionarios, en 2017, beneficiando a más de 270.000 empleados públicos. Al año siguiente también se sumó a esta reducción Extremadura, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco en 2019. Por el contrario, la Comunidad de Madrid mantiene el calendario de 37,5 horas a la semana.

La comparativa con los trabajadores del sector privado es más diferenciada. Actualmente, un empleado del privado cuenta con una jornada completa de entre 37,5 a 40 horas a la semana. Durante 2025, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó negociar con los principales sindicatos y la patronal CEOE una reducción de la jornada para todos los trabajadores por cuenta ajena, pero las diferencias con Antonio Garamendi (CEOE) impidieron llegar a un acuerdo.

En septiembre de 2025, el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de la jornada llegó al Congreso de los Diputados, pero no pasó la votación por los votos negativos de PP, Vox y Junts per Catalunya. El partido catalán alegó en aquel entonces que el coste de reducir la jornada manteniendo los sueldos no sería asumible para las pequeñas y medianas empresas que representan más del 99% del tejido empresarial del país.

Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) alertan sobre una posible huelga nacional por presuntas violaciones al contrato colectivo y condiciones laborales adversas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano planea iniciar un paro nacional este 1 de mayo si no se logra un acuerdo con la administración. De concretarse, se afectaría la operación de alrededor de 3 mil 800 instalaciones postales en todo México, marcando la primera huelga en casi 40 años del organismo.

Si la huelga se lleva a cabo, más de 12 mil empleados de Sepomex dejarían de laborar, paralizando los servicios postales en todo el país.

El conflicto surge por la denuncia de condiciones laborales “precarias”, la ausencia de diálogo efectivo con la dirección, el rezago salarial y la falta de reposición de más de 2 mil 500 plazas vacantes.

Los usuarios y empresas, tanto públicas como privadas, enfrentarían retrasos y suspensión temporal de la correspondencia y paquetería.

Falta de diálogo intensifica la movilización de trabajadores

El líder sindical Manuel Acevedo González afirma que la decisión de ir a huelga responde a la inconformidad de la base trabajadora, que considera insostenible la falta de atención a sus demandas.

Detalla que, tras casi un mes de negociaciones, las pláticas han sido infructuosas por sostenerse con funcionarios que no tienen facultad de decisión.

Acevedo explica que el sindicato está listo para desplegar banderas rojinegras y suspender labores en oficinas, centros operativos y puntos de atención en todo el país.

Apunta que desde 1991 no se actualiza el reglamento de escalafón, lo que obstaculiza la movilidad y el crecimiento laboral del personal postal. Además, subraya que la falta de cobertura de plazas vacantes sobrecarga a los trabajadores actuales.

Durante una conferencia junto a los 44 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Acevedo reiteró que existe hartazgo colectivo por la falta de diálogo serio con la dirección. Dijo que “hemos dado el tiempo suficiente a la actual administración para que se dé solución a diferentes planteamientos que se han realizado de la situación contractual y precaria que tienen los compañeros en el país”.

Trabajadores del servicio postal ganan menos del salario mínimo

El dirigente también expone que el rezago salarial es severo: mientras el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, hay carteros que reciben solamente 236 pesos por día.

Menciona, además, que altos funcionarios como Héctor López Álvarez, director de Administración y Finanzas, y Fernando Palaos Espíndola, coordinador de Operación y Logística, perciben sueldos netos de 130 mil y 109 mil pesos mensuales respectivamente. Acevedo señala que Marcos Valencia Zavala, director regional sur, gana 82 mil 174 pesos mensuales y ha sido acusado de prepotencia y represalias hacia los trabajadores.

Entre las demandas del sindicato está la cobertura de plazas vacantes, el abastecimiento de uniformes y la destitución de los directivos mencionados.

En 1983, el cabo de la Guardia Civil Manuel Rosa viajó desde Alicante a la Comandancia de Sevilla para presentar la solicitud de permiso para la creación de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC), que quería ser la precursora de un sindicato dentro del Cuerpo. El oficial que estaba allí le dijo: “Qué cabo valiente. Así me gusta, que haya cabos valientes”.

“Al cabo de cinco horas fueron a su casa, tiraron la puerta abajo, lo detuvieron y se lo llevaron a Madrid”, relata José Carlos Piñeiro González, uno de los guardias civiles, amigo de Rosa, que durante los años 80 y 90 impulsó la creación de sindicatos dentro del cuerpo. La detención de Rosa fue la “llama” que lo originó todo. “A partir de ahí nos organizamos para ayudar al compañero y surgió un movimiento que extendimos por toda España. Nosotros éramos unos chavales demócratas que pensábamos que podíamos cambiar la Guardia Civil y España”, continúa Piñeiro.

Sin embargo, el cambio que buscaban no llegó. Frente a sus intentos de organizarse, la Guardia Civil respondió con dureza y, a través de la ‘Operación Columna’, persiguió y detuvo a los cabecillas de esta lucha durante los primeros años de la década de los 90, además de conseguir la expulsión del Cuerpo de cuatro de sus integrantes. “Utilizaron contra nosotros la élite que tenían contra el terrorismo, que era gente que solo se dedicaba a eso (vigilancia, detención y seguimiento de ETA), y los desplazaron para desarticularnos”, denuncia otro de los afectados, Alejandro Álvarez Borja.

La promesa incumplida del PSOE

Las primeras chispas de este movimiento venían de años anteriores. El 17 de diciembre de 1976, solo un año después de la muerte de Franco, 400 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se concentraron a las 11:00 de la mañana en la Plaza de Oriente de Madrid, escenario principal de las demostraciones de fuerza y “adhesión inquebrantable” durante el franquismo, para llevar a cabo una marcha hasta las puertas del Ministerio de la Gobernación. Entre las peticiones, como subida de sueldos, destacaba una clara: tener derecho a la Seguridad Social.

Esta manifestación acabó con 200 detenidos dentro de la Guardia Civil, lo que despertó la conciencia de muchos miembros dentro del Cuerpo. Sin embargo, la represión de esa marcha frenó sus exigencias durante años y no fue hasta 1982, con la victoria del PSOE, cuando nació de nuevo la ilusión entre los agentes, ya que este partido les prometió una de las puntas de lanza de su lucha: la desmilitarización del cuerpo. Pero esta nunca llegó, y con el enfado general, también motivado por la posterior detención del cabo Rosa, se aceleró todo el proceso para que nacieran los primeros sindicatos clandestinos.

Según el relato de Piñeiro, las primeras acciones en un principio se centraban en salir a la calle, hacer pintadas para denunciar los problemas a los que se enfrentaban y dar a conocer la situación. “Poco a poco se fueron creando las primeras células en diferentes zonas”, cuenta, siempre con la vista puesta en conseguir los derechos laborales que tenían el resto de trabajadores y una modernización de la Guardia Civil, acorde con la época que atravesaba España.

La democracia se estaba extendiendo, pero la Policía y la Guardia Civil mantenían las viejas costumbres y perseguían a todo aquel que se quisiera salir de estas. “Para comunicarnos, tomábamos todo tipo de precauciones, porque lógicamente, al ser guardias, conocíamos cómo se trabajaba en información”, cuenta José Morata Gargallo, otro de los guardias civiles que lideraron el intento de sindicalizarse. Por eso llamaban desde cabinas telefónicas o quedaban en sitios pactados para verse en persona. Así fueron creciendo hasta la creación clandestina del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) a finales de los años 80.

Con Piñeiro desde Navarra, Morata en Toledo y otros agentes como Alejandro Álvarez Borja o José Manuel León Sánchez desde Castellón y La Rioja, respectivamente, un grupo de agentes comenzó así la lucha para conseguir un sindicato real y efectivo dentro de la Guardia Civil. “No se quiere hablar de este tema, porque ahí se cometieron muchas ilegalidades y a la Guardia Civil no le interesa”, describe Borja.

Los guardias civiles encapuchados

El 3 de octubre de 1988 se llevó a cabo la primera rueda de prensa de este recién formado sindicato en La Rioja, en la que participaron el cabo Manuel Linde, que era la cabeza más visible de esa célula, y José Manuel León Sánchez.

“Un día acordamos dar esta rueda de prensa junto con otro compañero y convocamos a los medios, con mucha precaución”, explica Sánchez. La llamada la realizó el secretario general de La Rioja de Comisiones Obreras en ese momento, Manuel Ruano González. Los medios no sabían para qué estaban siendo convocados, para asegurar la seguridad de los agentes.

“Nosotros quedamos una hora y media antes en una cafetería y llevábamos cada uno nuestra bolsita de deporte con nuestro uniforme y el tricornio. De allí fuimos a la sede de Comisiones Obreras, en Logroño, entramos en una habitación y nos cambiamos de ropa. Ya en la sala colgamos unos carteles y nos sentamos en la mesa”, relata.

Hicieron pasar a los medios y los periodistas se encontraron con tres guardias civiles de uniforme y encapuchados. “Se llevaron una impresión bastante fuerte”. Durante la rueda de prensa no les dejaron grabar las voces por seguridad; “solamente tomaron nota con el bolígrafo de lo que el portavoz, Linde, quiso decir”, recuerda Sánchez. Cuando terminaron, les pidieron a los periodistas que se quedaran diez minutos más para tener tiempo de irse. “Tuvimos la suerte de que, al día siguiente, la noticia salió incluso a nivel nacional porque las imágenes fueron muy impactantes”, añade.

El País escribió una crónica en la que describió cómo “tres agentes uniformados, sin anillos ni relojes —uno de ellos incluso con guantes blancos—, anunciaron la existencia de un comité regional del sindicato en la zona Norte”. La noticia agregaba que, al tratarse de un sindicato clandestino, no tenía afiliados, pero destacaba que en la zona del País Vasco, Navarra y La Rioja había formados hasta 33 diferentes comités que mantenían contactos personales. “Los guardias insistieron en que se sienten policías y no militares. (…) calificaron al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, de ‘monigote’ e ‘inepto’, y pidieron la legalización del SUGC y la desmilitarización del cuerpo”.

Este tipo de escenografías se fueron repitiendo por todo el país para conseguir una mayor difusión, además de otras acciones como un boicot a la patrona el día del Pilar, que también tuvo mucha repercusión mediática. “Fue un éxito tremendo”, explica Piñeiro. Consiguieron llamar la atención de la gente… pero también de las autoridades. “Y la represión fue montar una operación que se llamó la ‘Operación Columna’”.

La ‘Operación Columna’

La Guardia Civil, bajo el director general de ese momento, Luis Roldán, decidió acabar con este movimiento bajo el beneplácito del Gobierno del PSOE, principalmente del ministro del Interior de esa época, José Luis Corcuera, según defienden los agentes afectados.

Así nació la ‘Operación Columna’, que se llevó a cabo entre 1989 y 1991. La primera fase consistió en la acumulación de datos, llevada a cabo por los agentes del servicio de información, que fueron apartados de sus trabajos investigando a los miembros de ETA para perseguir a los guardias civiles con ideas sindicalistas.

A través de pinchazos telefónicos, de seguimiento activo y entrevistas con compañeros, consiguieron identificar y marcar a los principales cabecillas del SUGC en las diferentes comandancias. Los documentos de esta operación siguen a día de hoy bajo secreto, pero gracias a una filtración realizada por el propio Roldán —que más tarde acabó en la cárcel por malversación de fondos durante su época como director general, tras protagonizar una sonada fuga y ser atrapado en Tailandia— se conocen unas pinceladas de ellos.

La “desarticulación del movimiento sindical clandestino se tenía que hacer de forma simultánea a nivel nacional”, reza uno de los documentos de esta operación, fechado el 24 de mayo de 1989, por lo que se constituyó un Dispositivo Operativo Especial. Un documento de unos meses más tarde, el 4 de agosto, establece que “como la tipificación plena y absoluta del delito de sedición militar resulta a veces difícil de conseguir, se estima conveniente fijar unos objetivos para la obtención de una prueba irrefutable”. Estos objetivos eran conseguir la convocatoria de un comité nacional del SUGC para que acudieran los dirigentes provinciales; la convocatoria de comités regionales; y, “de no poder conseguirse ninguno de los objetivos anteriores”, encontrar pruebas contra cada agente. Es decir, tenderles una trampa para tenerlos identificados y poder detenerlos.

Por otra parte, se debía contactar con los jueces militares para “exponerles el problema existente y tratar, con él, las líneas generales de la acción”. En concreto, los pinchazos telefónicos, que se extenderían hasta que fueran necesarios. “Si se necesita provocar algún hecho para obtener una prueba, se solicitará del Servicio Central de Información (SCI). Ninguna Unidad emprenderá o realizará operaciones clandestinas por sencillas que se presenten”, finalizan en el escrito firmado por el coronel jefe del SCI, Pedro Catalán Jiménez.

En un anexo de comentarios del propio documento, se añade que la acogida entre los mandos ha sido de “gran interés”. “Prácticamente todos expresaron su satisfacción al comprobar que desde la Dirección General del Cuerpo se abordaba, coordinadamente, este problema”, se puede leer. Según estos escritos, el plan era localizar a 10 o 15 dirigentes del sindicato clandestino para hacer una “detención simultánea y procesamiento por Sedición”, sancionar con faltas graves o leves a otro grupo más grande y una “advertencia privada e individual a cada uno de los restantes”.

El 16 de octubre de 1989 comenzó la fase operativa y se abrió de forma oficial la ‘Operación Columna’. Al final, eligieron a 20 agentes de las diferentes comandancias para que fueran arrestados y encarcelados.

Objetivo nº 2: José Morata Gargallo

“A mí me detuvieron el 1 de junio de 1990 en Toledo”, relata José Morata, un agente de la Guardia Civil que en ese momento tenía 37 años y que dentro de los documentos filtrados aparece como el “objetivo número 2″. Se encontraba en un restaurante, tomando un aperitivo y un vino con un periodista que “andaba tiempo detrás de hacer una entrevista”. “Entonces veo que venían el teniente de información y seis guardias más. Llegaron a la mesa y me dijeron que quedaba detenido por delito de sedición militar”.

“Yo hacía tiempo que me esperaba que nos detuviesen, estaba mentalizado”, explica, pero con el lío que se montó en el restaurante, intentaron llevarse también al periodista, “pensando que era un compañero”, por lo que tuvo que demostrar que no pertenecía a la Guardia Civil para librarse.

De allí le llevaron a la comandancia y al tribunal militar, donde le instruyeron una diligencia y ordenaron su ingreso en prisión preventiva. Le enviaron a la cárcel de Alcalá de Henares, que recuerda como “una cárcel magnífica”. La habían hecho en unas dos semanas cuando condenaron a los militares y guardias civiles del 23-F, “por lo que fue un récord en España cómo la arreglaron”. “Teníamos habitaciones individuales, no como otros compañeros. Era como una habitación de hotel, más pequeñita, pero como si fuese un hotel. Fue agradable, no se metían mucho con nosotros”, asegura. A esto se añadió que tuvo la compañía de otros nueve compañeros que se encontraban internados por la misma razón. En la prisión estuvo 18 días, hasta su salida el 19 de junio de 1990.

Objetivo nº 5: Alejandro Álvarez Borja

“Morata y yo siempre hemos sido un binomio en el tema sindical, y en el momento de las detenciones yo estaba destinado en Castellón, Valencia”, explica Alejandro Álvarez Borja. “Cayó Morata, y el día que lo ponían en libertad, a las 00:00 de la mañana, a mí me detuvieron a las 6:00 para que no pudiésemos hablar, porque nos tenían muy controlados”.

Esa madrugada se encontraba comenzando el servicio en la comandancia, haciendo el relevo con los compañeros, cuando “vinieron los del servicio de Castellón” y cuando entraron “todos se miraron unos a otros”. Se dirigieron al comandante, le dijeron que tenían que hablar conmigo y ahí me dieron la orden de detención”. De ahí fue trasladado a la Comandancia de Castellón.

“Ahí tuve un poco de follón con uno de los compañeros que me detuvo, porque le pedí que me dejaran hacer la llamada, que en aquella época era obligatoria. No me lo permitieron. Les dije también que quería ropa de paisano porque iba mitad de uniforme, mitad de paisano para montar el servicio, y me dijeron que no. Entonces, ya dentro del despacho, me apalanqué contra la pared y me tuvieron que esposar para llevarme a Valencia”, recuerda.

Cuando le llevaron ante el juez, este le preguntó si le hacía falta algo. “(El juez) miró a los compañeros que me llevaban y le dijeron que sí, que ellos tenían la orden esa de que no podía hacer llamadas. Entonces, los hizo salir de su despacho y desde ese teléfono llamé a mi mujer. Como ya habían detenido a Morata, ya estábamos en guardia todos. Entonces, le dije que estaba en Valencia detenido, y a partir de ahí ella hizo las llamadas que tenía que hacer. Al día siguiente ya vino el abogado y ya me llevaron”, relata.

Después de que el juez decretara la prisión, “me dijo que abajo había mucha prensa y que dependía de las declaraciones que yo hiciese, a lo mejor estaría más tiempo o menos en la prisión militar”.

Fue trasladado a la prisión militar de Cartagena, donde era el único detenido de esta célula, por lo que, al contrario que Morata, no tuvo el acompañamiento de otros compañeros. “Dentro, yo estaba con un asesino, un guardia civil que había matado a su mujer; un sargento del ejército que había atacado a otro; y otro sargento que me parece que había violado a una mujer. Esos eran mis compañeros”, relata.

Pasadas dos semanas, se dio la orden de ponerlo en libertad. “Vino un soldado y me trajo un recibo diciendo que tenía que pagar la comida de los días que había pasado ahí y le digo: ‘¿Cómo?’”. La respuesta del oficial fue preguntarle si se negaba, a lo que respondió: “No es que me niegue, es que no pienso pagar. ¿Usted se cree que yo estoy aquí en un hotel o algo?”.

Objetivo nº 13: José Carlos Piñeiro González

Piñeiro llevaba tiempo esperando ir a prisión. No solo porque ya había compañeros suyos detenidos, sino porque la célula de Navarra que él lideraba era una de las más combativas. Destaca que fueron los primeros que se “presentaron con uniforme y a cara descubierta”. “Planificamos el boicot a la no presencia en los actos de la patrona y después se hizo la primera presentación pública de uniforme en todos los medios de Pamplona”, añade.

En esa época ya sabían que “había operaciones y que había una persecución”. “Lo sabíamos por los propios periodistas”, explica y cuenta un momento clave en el que fue a la sede del Diario 16 para hablar con los periodistas sobre el sindicato en Vigo y se encontró con uno de sus comandantes en un despacho “pidiendo los nombres” de todos los implicados, “nuestros nombres”.

Su detención se produjo la madrugada del 17 de octubre de 1990. “Me detuvieron a las 3:30 de la mañana en mi casa, acusado de sedición militar, y solamente por haber solicitado la inscripción de una asociación profesional”, denuncia. Estuvo en prisión preventiva más de un mes hasta que fue puesto en libertad.

Objetivo nº 10: José Manuel León Sánchez

“El día de la detención, yo me encontraba prestando servicio en turno de tarde en la comandancia rural, en mi tiempo de descanso, y a las 19:00 o así, sonó el teléfono. Lo descolgué y, tras identificarme, me dijeron: ‘¡Ah! ¿Eres tú? Pues haz el favor de subir a mi despacho”. Era el capitán de información”, recuerda José Manuel León Sánchez. Era el 14 de junio de 1991.

En el mes que pasó en prisión, lo que más recuerda es la “incertidumbre” y el calor que hacía en las instalaciones, ya que era pleno verano. Igual que Morata, tuvo la suerte de coincidir con un compañero que estaba acusado del mismo delito. “Lo llevé bastante bien gracias a él”, explica. “Recibí también los consejos de otro compañero de Tarragona al que habían detenido, José María Bonilla, con el que mantenía yo muy buena relación. Me mandó una carta a la prisión, la cual agradecí bastante, en la que me daba una serie de consejos del tipo de vida que tenía que hacer, que hiciera ejercicio y esas cosas, que tuviese un plan de una rutina todos los días para llevarlo mejor”, relata.

En su encierro, coincidió con el teniente coronel Antonio Tejero, que “estaba allí prestando también condena por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero”, y al que le dio curiosidad conocer. “Lo que pasa es que, hasta en estas situaciones, los que tienen cierta graduación tienen una serie de privilegios, porque él tenía incluso piscina, pista de tenis y nosotros esas cosas no teníamos. Yo más de una vez solicité la pista de tenis para jugar con otro compañero y nos la denegaron”. Aprovechó que Tejero era una persona “muy religiosa” y un día se apuntó a la misa de los domingos. “Ahí le conocí y me llamó la atención que se pasó toda la misa arrodillado el hombre. Es lo que se me quedó grabado del encuentro con él”.

Los cuatro expulsados: Linde, Piñeiro, Rosa y Morata

En 1991, los 20 agentes que habían sido detenidos ya se encontraban en libertad, pero el objetivo de la ‘Operación Columna’ se había conseguido en gran medida. “Cuando los tribunales militares nos absolvieron y dijeron que no había ningún delito, la Guardia Civil nos abrió un expediente gubernativo. En ese momento hubo algunos compañeros que, tras las detenciones, abandonaron el tema y el sindicato prácticamente se deshizo”, explica Morata.

La mayoría de los expedientes que se abrieron estaban caducados en el momento de la entrega, por lo que la mayoría de los agentes pudieron quedarse en el cuerpo y salvarse de la expulsión. Sin embargo, los años siguientes no fueron fáciles.

Por ejemplo, en el caso de Alejandro Álvarez Borja, le presentaron el escrito de expediente cuando llevaba ya siete días caducado, pero “entonces insistieron en ver cómo me podían fastidiar” y estuvo unos siete años, hasta 1997, “entre expedientes y tribunales militares”. “Me pasaron por tres tribunales médicos, psiquiátricos-médicos, en los que dictaminaron que padecía distimia y me dieron de baja por enfermedad, más o menos por loco, que es la palabra de la depresión”, recuerda. En ese momento le dieron dos opciones: reingresar, y “al día siguiente me habrían cortado el cuello por cualquier tontería, o irme enfermo. Y opté por irme enfermo”.

En el caso de Sánchez, tras salir de prisión en julio de 1991, se presentó al capitán de su compañía a los dos días. “Me dijo que me fuera para mi casa, que ya me notificarían cuál es mi situación“. En octubre de ese año, el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, acordó su pase a la situación de suspenso de funciones y cese en su destino. Estuvo en esa situación hasta mayo de 1994, cuando se reincorporó al servicio en su antiguo puesto en Logroño. “Tuve la sensación de volver a más de lo mismo. Lo que sí noté fue el rechazo de algunos compañeros porque tenían miedo de relacionarse conmigo, por si los mandos podían sospechar que estaban vinculados con el tema sindical”.

También le afectó al plano más personal. En la Comandancia tenía un compañero, al que describe como “muy amigo”. Cada uno había asistido a la boda del otro. “A los pocos días de haber salido de prisión, nos cruzamos con ellos [él y su mujer] y se cambiaron de acera. Se cambiaron de acera porque tenían miedo y el miedo es libre”, explica.

Y entre todos ellos, hubo cuatro que no pudieron regresar al Cuerpo y fueron expulsados: Manuel Linde, José Carlos Piñeiro, Manuel Rosa Recuerda y José Morata.

“Tenían que hacernos un homenaje”

Tuvieron que pasar más de 30 años para que los cuatro expulsados pudieran ser rehabilitados en la Guardia Civil. Fue en mayo de 2025 cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el documento. En ese momento, Manuel Linde ya había fallecido y los otros tres afectados entraron directamente en jubilación por la edad.

Piñeiro “cree” haber perdonado ya a todos los que les persiguieron y les llevaron a su expulsión, pero no olvida cómo fueron, durante años, “marcados y criminalizados”. “Hemos sido expulsados, nos han rehabilitado, pero tenían que hacernos un homenaje”, opina.

Sin embargo, su lucha no fue completamente en vano y, aunque a día de hoy la Guardia Civil sigue sin tener sindicatos, sí se consiguió la legalización de las asociaciones, que defienden condiciones laborales, salariales y profesionales, aunque no tienen capacidad para convocar huelgas y tienen que operar dentro de un marco de neutralidad política. La primera de ellas fue la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), fundada en 1994 como continuación del SUGC y reconocida en el registro específico de asociaciones profesionales de la Guardia Civil en 2008. Actualmente, sigue siendo la que tiene más representación dentro del Consejo del cuerpo.

“Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”, denuncia Piñeiro. “Nosotros no hicimos nada más que ponernos de pie en defensa de los valores, de los derechos humanos y de la dignidad”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de Zacatecas, Yucatán y Veracruz sobre protección de datos personales y acceso a la información en partidos políticos y sindicatos, al establecer que la competencia exclusiva en la materia corresponde a la Federación y que las autoridades estatales no pueden legislar sobre estos temas ni aplicar regulaciones propias.

Esta resolución, de este 13 de abril, aplica para todas las leyes locales que otorgaban atribuciones a los estados en protección de datos personales relacionados con esos sujetos obligados, informó el comunicado de la SCJN.

La decisión deriva de las Controversias Constitucionales 254, 193, 194 y 205 todas resueltas en la sesión de la SCJN este 13 de abril.

La ley da un control federal a los datos personales de partidos políticos y sindicatos

El Tribunal Pleno de la SCJN argumenta que el marco constitucional vigente establece que solo la Federación puede regular el acceso a la información y protección de datos personales cuando se trata de partidos políticos y sindicatos.

Detalla que los artículos 6, apartado A; 73, fracción XXIX-S; y 116, fracción VIII de la Constitución federal, junto con las leyes generales en materia de transparencia y protección de datos, publicadas el 20 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, otorgan esa potestad normativa de manera exclusiva al Congreso de la Unión.

De acuerdo con el artículo 41, fracción I, la función de garantizar el acceso a la información y salvaguardar los datos personales de carácter político corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) en todos los asuntos de partidos, tanto nacionales como locales.

En temas sindicales, según el artículo 123 constitucional, la competencia recae en autoridades federales laborales, que se dividen entre el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para los sindicatos del apartado A y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los del apartado B.

Suprema Corte invalida tres leyes estatales invalidadas

La SCJN invalidó artículos y reglamentos en las constituciones y leyes secundarias de tres entidades. En Zacatecas, quedaron nulos el artículo 28, párrafo octavo, y el 38, fracción XV, de la Constitución local, así como varias partes de su Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En Yucatán, se anula el artículo 75 Nonies de la Constitución estatal, apartados específicos de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, y partes del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Por su parte, en Veracruz la Corte cancela el párrafo octavo del artículo 6 de la Constitución del estado y partes de la Ley número 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública junto con su Reglamento.

En el caso de Veracruz, no todas las disposiciones resultan inválidas. El Pleno mantiene vigente el artículo séptimo transitorio de la Ley número 250, que obliga a transferir los expedientes y archivos a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Contraloría General del Estado dentro de los siguientes 20 días hábiles tras la entrada en vigor de la ley. La Contraloría contará con 30 días naturales adicionales para remitirlos a la autoridad federal que resulte competente.

La movilización, que partió desde Plaza Venezuela con destino al palacio presidencial de Miraflores, fue interceptada por fuerzas de seguridad en varios puntos del centro de Caracas, generando escenas de caos y tensión durante toda la jornada.

Cerca de 2.000 trabajadores, representantes sindicales, estudiantes y gremios profesionales se congregaron desde la mañana para reclamar un incremento real del salario mínimo, congelado desde hace dos años.

La protesta se desarrolló tras el anuncio de la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien este miércoles prometió un “aumento responsable” para el 1 de mayo, aunque sin detallar cifras ni mejoras en los beneficios laborales.

Los manifestantes rechazaron la propuesta oficial al considerar que solo se limitaba a bonos y no impactaba en prestaciones ni derechos adquiridos.

“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, denunció Mauricio Ramos, un jubilado presente en la marcha.

La situación se agravó cuando la columna de manifestantes intentó avanzar hacia la sede del Ejecutivo. A la altura de la plaza El Venezolano y en las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, los cuerpos antimotines desplegaron cordones y utilizaron gas pimienta y bombas lacrimógenas para frenar el avance.

“Vean cómo nos están reprimiendo, no nos dejan avanzar”, gritaban los asistentes mientras la presión policial se intensificaba. En algunos tramos, los manifestantes lograron romper los cercos y avanzar algunos metros, superando a los efectivos en sus intentos de bloquear la movilización.

La protesta fue convocada por organizaciones sindicales y gremiales que denuncian la pérdida del poder adquisitivo y la precarización acelerada de los salarios en el sector público.

Actualmente, el salario mínimo oficial permanece en 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de 30 centavos de dólar según la cotización oficial. Aunque el ingreso total puede alcanzar los 150 dólares con bonificaciones estatales, esas sumas son variables y no inciden en prestaciones ni jubilaciones, mientras que la canasta básica familiar supera los 600 dólares mensuales según estimaciones de consultoras privadas.

Las fuerzas de seguridad no solo actuaron contra los manifestantes, sino también contra periodistas y fotógrafos que intentaron cubrir la represión y documentar los hechos. Hubo reportes de bloqueos y maniobras para impedir la labor informativa en la zona central de Caracas, en medio de una fuerte presencia de unidades antimotines y vehículos blindados.

Pese a la violencia policial, los manifestantes mantuvieron la presión en las calles y no se retiraron del casco central durante varias horas. Los organizadores reiteraron su rechazo al esquema de bonificaciones y exigieron un salario base suficiente, el respeto a los derechos contemplados en las contrataciones colectivas y el fin de la persecución a los líderes sindicales.

“Ella (Delcy Rodríguez) habló de un salario responsable. Todos sabemos que el 1 de mayo hay aumento. ¿Tenía que dar una declaración para decir eso? Tú lo que tienes que recibir a todos los trabajadores”, reclamó José Patines, miembro de la Coalición Sindical.

La jornada estuvo marcada por el despliegue de piquetes de la Policía Nacional Bolivariana en los principales accesos al centro y por la persistencia de los trabajadores en sostener su reclamo frente a un contexto de crisis salarial y represión.

La movilización de este jueves es la cuarta protesta nacional por salarios en lo que va del año y la primera que intenta llegar hasta las inmediaciones del palacio presidencial en Caracas.

Mientras grupos afines al chavismo también se movilizaban en la ciudad en respaldo a la “paz” y la gestión oficial, la represión y el bloqueo a la marcha sindical reflejaron la tensión social y la falta de avances concretos en la política salarial, en un país donde la inflación interanual supera el 600% y la precarización laboral se profundiza.

(Con información de EFE y AFP)

Este jueves, arranca la negociación del VIII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. “La negociación seguramente se da larga, esto no se soluciona en tres reuniones”, pronostica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos. Se trata de un convenio estatal que afecta a 200.000 trabajadores tras casi cuatro años de vigencia del anterior.

Las principales reivindicaciones que se sientan hoy a la mesa junto a los sindicatos y la patronal son las horas lectivas, la subida salarial de los trabajadores cuyo sueldo está por debajo del SMI y la equiparación de las retribuciones de los profesores y maestros de la concertada con los de la educación pública.

Un salario equiparable al de la pública

El salario base se ha ido acercando, reconocen las organizaciones. Sumando los complementos autonómicos que otorgan las comunidades, las nóminas finales resultan similares para empleados sin experiencia. Con el paso del tiempo, surgen diferencias en los conceptos que completan los salarios. Los trabajadores de la concertada no acumulan sexenios de formación, a diferencia de los funcionarios, lo que supone perder un complemento de unos 100 euros mensuales por cada 6 años, según detalla el sindicato.

Al igual que en la red pública, cada comunidad autónoma aplica su propia política salarial en la concertada, lo que genera diferencias entre docentes. Algunos gobiernos regionales optan por no abonar los trienios de antigüedad, como ocurre en Andalucía, y otros omiten el pago único de cinco mensualidades —una por cada quinquenio— que corresponde a quienes cumplen 25 años en el mismo centro, como sucede en Galicia. Existen comunidades, como la de Madrid, que han aprobado el pago de jubilaciones parciales y tutorías, mientras que otras no lo hacen. Y estas diferencias generan una brecha salarial entre docentes y también se pondrá hoy sobre la mesa de negociación del convenio.

Equiparar las sesiones lectivas

La reclamación de la equiparación en las horas lectivas centra buena parte del debate. Mientras que en la red pública el profesorado imparte un máximo de 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria —con una futura reducción a 23 y 18 horas aprobada en anteproyecto de ley—, el personal de la concertada mantiene un régimen de 25 horas semanales que tiene truco. En la pública, las clases se miden por hora y se corresponden con las sesiones, pero en la concertada se contabilizan por minutos, de modo que se pueden dar clases de 45 minutos y que el resultado sea que dan más sesiones, lo que supone más carga.

Por eso, uno de sus objetivos es que se vincule la hora al periodo o sesión porque “no es lo mismo corregir y preparar a razón de 25 clases que 29 clases, aunque sean de 45 minutos”, expone el responsable de UGT.

Trabajadores de servicios por debajo del SMI

Otro de los puntos es que el salario de trabajadores del servicio, que son un sector minoritario dentro del convenio pero prioritario. Aún quedan salarios por debajo del SMI en las pocas categorías que quedan por debajo del salario mínimo. a. En muchos casos, estos profesionales —porteros o recepcionistas— han sido externalizados, pero Gualix ha recordado que quedan en los colegios donde el personal de servicios sigue perteneciendo a la plantilla y el objetivo es que no se queden fuera y obtengan una mejora económica en sus nóminas.

El proceso de prueba de vehículos autónomos de Waymo en Nueva York culminó tras el vencimiento de los permisos que autorizaban la circulación de estos automóviles en determinadas zonas de Brooklyn y Manhattan desde el año pasado.

La empresa, filial de Alphabet, había iniciado estas pruebas bajo la vigilancia constante de un copiloto humano que supervisaba cada trayecto, en un contexto definido por debates sobre la seguridad pública y la ausencia de una política local específica para esta tecnología.

La expiración de los permisos, confirmada por un portavoz del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) al medio digital THE CITY, refleja la tensión existente entre el desarrollo tecnológico y la regulación local en una ciudad donde el avance de los vehículos autónomos genera inquietud tanto en autoridades como en sindicatos del sector transporte.

Ambos permisos que habilitaban el ensayo de ocho autos inteligentes de Waymo en Nueva York caducaron el 31 de marzo, según señaló el vocero del DOT, Vin Barone, a THE CITY.

Los vehículos, del modelo Jaguar I-PACE dotados con sistemas de conducción autónoma, operaron únicamente en áreas definidas del centro de Brooklyn y Manhattan al sur de la calle 112.

Durante el periodo autorizado, la empresa no reportó accidentes, conforme a lo informado por las autoridades locales, y cada automóvil contaba permanentemente con un copiloto humano responsable de intervenir si era necesario. Este componente diferenciador subraya la especificidad de la prueba frente a otras coberturas generales sobre robotaxis.

Permisos y contexto regulatorio en Nueva York

Waymo espera la posibilidad de retomar las pruebas, de acuerdo con declaraciones de un vocero de la compañía a THE CITY, aunque esto dependerá de la renovación del permiso estatal, actualmente sujeta a discusiones en el presupuesto legislativo de Albany.

Por el momento, los automóviles de la empresa permanecen activos en modo manual únicamente para fines de recopilación de datos, sin funciones autónomas habilitadas.

Waymo, entre promesas y resistencias: impacto económico y desafíos regulatorios

El cierre de las pruebas en Nueva York se produjo tras el cambio de posición de la gobernadora Kathy Hochul, quien había propuesto extender la operación de vehículos autónomos fuera de la ciudad pero detuvo ese impulso en febrero, según la reconstrucción de THE CITY. Si los permisos son reactivados, Waymo evaluará iniciar una nueva etapa de ensayos dentro del área urbana.

El futuro de la conducción autónoma en el estado enfrenta otros obstáculos. En 2021, legisladores estatales presentaron un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de un conductor humano mientras el vehículo cumpla con requisitos de seguro y otras condiciones; sin embargo, la falta de avances legislativos frenó hasta ahora cualquier despliegue masivo.

Según datos citados por THE CITY, la empresa invirtió más de USD 3 millones en tareas de lobby para influir en autoridades municipales y estatales, sin conseguir la habilitación necesaria.

La oposición más articulada proviene de la New York Taxi Workers Alliance. Su directora ejecutiva, Bhairavi Desai, aseguró: “Ni la ciudad ni el estado están preparados. No tenemos políticas ni regulaciones, y permitir que estas compañías desplieguen sus dispositivos implica que ellas definirán las reglas futuras”.

El organismo regulador, la Taxi & Limousine Commission, supervisa actualmente a cerca de 180.000 conductores en la ciudad de Nueva York, dato que ejemplifica la dimensión del sector de transporte tradicional.

Waymo argumenta, respaldándose en información propia, que su tecnología ofrece mayores garantías de seguridad que la conducción humana. Una vocera de la compañía declaró a THE CITY que “los datos de 170 millones de millas (273 millones de kilómetros) de manejo completamente autónomo muestran que Waymo Driver está involucrado en un 92% menos de accidentes con lesiones graves o fatales en comparación con conductores humanos donde operamos”.

En lo relativo a imagen pública, la empresa cita que en San Francisco, el 73% de las personas encuestadas dicen sentirse seguras con Waymo y el 68% cree que mejora la seguridad vial.

Desafíos únicos para la conducción autónoma en Nueva York

La experiencia de Waymo en Nueva York enfrenta obstáculos característicos del entorno urbano local. Para Sam Schwartz, director del programa de investigación en transporte de Hunter College y ex comisionado de tráfico durante la gestión municipal de Ed Koch en la década de 1980, los estudios mencionados por la empresa carecen de independencia plena.

Además, advierte también la falta de transparencia por parte de los operadores respecto a los resultados específicos de los ensayos realizados en la ciudad. Waymo decidió no compartir información detallada sobre los meses de prueba en Brooklyn y Manhattan con THE CITY.

Schwartz expone particularidades relevantes del tráfico local al compararlo con el de otras ciudades de Estados Unidos: “Tenemos muchas formas diferentes de movilidad, peatones frecuentes, una población de adultos mayores considerable y ciclistas que pueden pasar de ocho a 48 kilómetros por hora”. En su opinión, la combinación de estos factores representa un desafío considerable para integrar vehículos autónomos en Nueva York.

Waymo, que ya ofrece servicios de transporte autónomo sin conductor en 10 ciudades del país, incluidas Atlanta, Houston y Los Ángeles, y proyecta expandirse a otras 18 urbes de Estados Unidos, además de Londres y Tokio, afirma haber recibido comentarios de “miles de neoyorquinos que desean acceso a Waymo en su ciudad”.

La discusión legislativa en Albany determinará si la empresa podrá renovar su autorización para pruebas en la ciudad. Por el momento, la tecnología se enfrenta a un panorama incierto en uno de los entornos urbanos más densos y regulados de Estados Unidos.

La Ley de Modernización Laboral ocupó un lugar destacado en la agenda política hasta su aprobación, pero en pocas ocasiones su discusión pública excedió aspectos elementales de su redacción o la intención de su utilización partidaria.

Despejada esa efervescencia inicial y con la ley ya vigente, es imprescindible recordar por qué es necesaria y cuál será el rol del nuevo esquema normativo en la reorganización legal laboral y en la expectativa de reactivación del empleo iniciada con la Ley de Bases en julio de 2024. Ello, para no caer nuevamente en errores del pasado.

Los extremos de nuestro abanico ideológico pretendieron simplificar la discusión, asignando al proyecto de ley un rol de generador automático de inversión o bien el papel de destructor del empleo y del tejido social.

Ahora bien, el rol fundamental de la legislación laboral es la de ser un marco normativo claro para no entorpecer una actividad económica que no obedece tan linealmente a cuestiones legales; mientras garantiza derechos elementales para los empleados. Todo ello en un marco de desempleo y precariedad laboral que siempre fue preocupante en nuestro país.

El rol fundamental de la legislación laboral es la de ser un marco normativo claro para no entorpecer una actividad económica

Simplificando el origen de este contexto y considerando que los mayores empleadores en Argentina son las pymes, la crisis de empleo obedece básicamente a que el empleo registrado es caro, tanto para el empleador como para el empleado; la actividad económica no justifica a los ojos de las empresas una mayor incorporación de personal; y la inseguridad jurídica hace percibir como un riesgo a la incorporación de personal.

La reducción real del costo empresario del empleo considerando las contribuciones patronales y la afectación del salario por los aportes no aparecen como opciones viables en el esquema actual, donde hay menos de dos empleados aportantes por cada beneficiario del sistema previsional. Y el desarrollo de la actividad económica excede con creces al análisis estrictamente laboral.

Donde la legislación laboral sí puede y debe ocupar un lugar preponderante es en su rol como organizador y garante de reglas claras para una actividad determinada. La Ley de Modernización Laboral pretende entonces poner cierto orden en este aspecto; el de la inseguridad jurídica que tornaba inviable cualquier proyección legal seria de nuestra realidad laboral.

Donde la legislación laboral sí puede y debe ocupar un lugar preponderante es en su rol como organizador y garante de reglas claras para una actividad determinada

Nuestro esquema legal laboral era insostenible en las condiciones previas a la modificación iniciada con la Ley de Bases en 2024. Se encontraba plagado de inconstitucionalidades, normas en desuso e interpretaciones judiciales tan disímiles como contradictorias. Explicar nuestro orden laboral a un posible inversor no era complejo (ciertos países europeos cuentan con esquemas más protectorios que el nuestro), pero lo que era increíble para quien pudiera proyectar una inversión es que casi no contábamos con regulaciones legales laborales cuyo cumplimiento pudiera generar previsibilidad. Esto es, entender que el cumplimiento de la normativa laboral rara vez garantizaba la inexistencia de contingencias.

Recibir asesoramiento legal se volvió algo frustrante para el empresario, donde el riesgo siempre se encontraba presente por la indefinición y confusión legal.

Las pautas principales de la Ley de Contrato de Trabajo se encontraban tan desvirtuadas por su constante reinterpretación que resultaba improbable tener certeza sobre aspectos básicos y fundamentales. El régimen indemnizatorio, las modalidades de contratación, los beneficios, la jornada, las alternativas de contratación de servicios o la registración laboral elemental pasaron de ser reglas claras, a objetos de discusión constante, reinterpretación judicial y planteos de inconstitucionalidad. Siquiera podíamos contar con un criterio unánime de cómo debían actualizarse los créditos laborales cuando nuestros tribunales no lograron consensuar un criterio aritmético de actualización de obligaciones monetarias.

Nuestros tribunales ya están plagados de planteos de su inconstitucionalidad en algo tan lineal como la unificación del cálculo de intereses que dispone

La erosión constante de la normativa laboral derivó con los años en un escenario legal completamente inútil como regulación, en un inusitado incremento de la litigiosidad laboral y en términos generales, en un contexto que desalentaba cualquier análisis serio de viabilidad de inversión en términos de empleo.

Preguntas tan elementales como la forma adecuada de calcular una indemnización, la viabilidad de un régimen de jornada o el costo actualizado de un juicio sencillamente no tenían una respuesta concreta. Esta indefinición fue ignorada durante años desde lo legislativo.

El mayor aporte de la Ley de Modernización Laboral es entonces la definición de pautas claras que nos permitan superar la confusión que imperaba en el orden laboral, especialmente en cuanto a la definición de indemnizaciones, qué debe entenderse conceptualmente como salario y cierta libertad en la reorganización de la jornada que era imprescindible. Además, modernizan el esquema del trabajo y otorgan herramientas financieras (como el Fondo de Asistencia Laboral) que reducirán el impacto de las indemnizaciones y garantizarán su cobro por parte de los empleados.

Ahora, la tentación de la anarquía legal anterior subyace. A muchos de los protagonistas legales les cuesta comprender que la sanción de una ley es la finalización de un proceso, no el comienzo de una revisión legal y judicial para verificar si lo que decidió el Poder Legislativo se adecua o no a sus intereses particulares.

No nos encontramos con un cambio en el paradigma del empleo, sino con un ajuste y recalibración que ya no podía seguir posponiéndose

A menos de un mes del dictado de la nueva ley, nuestros tribunales ya están plagados de planteos de su inconstitucionalidad en algo tan lineal como la unificación del cálculo de intereses que dispone. Diversos sectores sociales denuncian anacrónicamente una supuesta pérdida de derechos laborales, el debilitamiento la representación sindical como garante de los derechos laborales y la afectación de garantías constitucionales y pactos internacionales. Por otro lado, además, los tiempos en la tramitación de los juicios laborales generan incertidumbre sobre los pronunciamientos pendientes respecto la constitucionalidad o no de otros aspectos de la Ley de Bases.

El carácter protectorio del Derecho del Trabajo es innegable y fundacional y también es incontrastable que la subsistencia de la mediana y pequeña empresa se encuentra en riesgo si no logra adaptarse a muchos de los vaivenes de la economía. Pero esta necesidad social y empresarial no puede dejar de lado que la relación de empleo es un contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes y que su contenido debe evolucionar para no perjudicar a quienes debe proteger.

No nos encontramos con un cambio en el paradigma del empleo, sino con un ajuste y recalibración que ya no podía seguir posponiéndose. Tenemos un elemento fresco en cuando a su validez legal, moderno y que, si bien es perfectible, nos otorga una nueva oportunidad para ordenar nuestra realidad laboral.

Proteger y velar por el mantenimiento de este nuevo punto de partida es una responsabilidad de todos los actores del marco legal laboral, abogados, jueces, doctrinarios, sindicatos y cámaras empresariales.

Tenemos una nueva oportunidad. Tratemos de hacerlo mejor esta vez.

El autor es Counsel del área de Derecho Laboral en Bomchil

El acuerdo firmado la semana pasada entre Función Pública y representantes sindicales para establecer una jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado implica que la jornada máxima anual para los empleados de la administración local tampoco podrá exceder ese límite, según el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. A raíz de este precedente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado este martes a los ayuntamientos que inicien negociaciones inmediatas para extender este recorte horario a todos los trabajadores de gobiernos locales, reportó el sindicato en un comunicado recogido por diversos medios.

De acuerdo con las declaraciones de CSIF, la medida no tiene carácter automático para los empleados de los gobiernos locales, por lo que corresponde a cada administración activar las conversaciones en las mesas de negociación respectivas. Tal como publicó el sindicato, el objetivo es que la totalidad del personal municipal acceda a los mismos derechos laborales recientemente reconocidos en la Administración General del Estado (AGE).

La comunicación de CSIF destaca que el reciente acuerdo —definido como de alcance histórico por los representantes sindicales en el comunicado— beneficiará a organismos públicos, agencias y otras entidades con personalidad jurídica propia que están vinculadas o dependen de la Administración General del Estado. Según detalló CSIF, esta extensión también incluirá a empresas públicas. El documento firmado establece, además, que el Ministerio de Función Pública emitirá una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días. De acuerdo con lo dispuesto, la aplicación de la nueva jornada laboral se negociará en cada ámbito que cuente con mesas específicas, como el caso de las Instituciones Penitenciarias.

El medio informó que el acuerdo contempla la adaptación de jornadas para diferentes situaciones. Por ejemplo, los regímenes de especial dedicación con jornadas de 40 horas se verán reducidos a 37,5 horas semanales. También se adaptarán las jornadas intensivas de verano y los horarios especiales que ya operan en determinados ámbitos o centros de trabajo. Según publicó la CSIF, estas adaptaciones requieren negociación previa para asegurar que las nuevas condiciones sean compatibles con la prestación de servicios públicos y la correcta atención a la ciudadanía.

Para facilitar la implantación de la jornada de 35 horas en la administración local, el sindicato ha instado a sus delegados en las entidades municipales de toda España a activar los procedimientos necesarios en las mesas de negociación propias de cada ayuntamiento. El objetivo, según consignó la CSIF, es garantizar que el acuerdo nacional repercuta en el personal de los gobiernos locales, quienes todavía no gozan de esta reducción horaria en sus respectivos entornos laborales.

El proceso, tal como explica el sindicato en su comunicado y fue difundido por distintos medios, no se limita a replicar automáticamente lo pactado a nivel nacional, sino que exige el inicio de diálogos formales en cada administración local. Esta necesidad obedece a las particularidades existentes en los regímenes de trabajo de cada ayuntamiento, en los que deberán negociarse tanto los calendarios como los ajustes específicos según las funciones y servicios requeridos en cada demarcación.

El convenio alcanzado sobre la jornada de 35 horas se inscribe en una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y abre paso, según el contenido divulgado por CSIF, a que entidades con regímenes distintos —como las de especial dedicación— también puedan acogerse a la reducción horaria reseñada. En el caso de jornadas puntuales, como las intensivas de verano, la adaptación se realizará siempre que la negociación garantice la operatividad de los servicios.

Según publicó CSIF, esta iniciativa busca establecer garantías de igualdad entre los funcionarios de las diferentes administraciones públicas. El sindicato considera que la referencia de la AGE actúa como techo máximo y fija el cómputo anual en el resto de administraciones con funcionarios de régimen local.

La CSIF señaló que la resolución del Ministerio de Función Pública sobre jornadas y horarios será clave en el despliegue de la medida, ya que detallará los parámetros a aplicar y abrirá el proceso de negociaciones en las diferentes áreas afectadas. El sindicato remarcó en su comunicado que pretende asegurar la protección de todos los trabajadores implicados mediante la negociación colectiva, ajustando los períodos laborales a las normas vigentes y a las necesidades del servicio público.

Los ayuntamientos, de acuerdo con lo divulgado por el sindicato y replicado por medios nacionales, tienen ahora la tarea de iniciar las conversaciones para que el acuerdo se traduzca en beneficios reales para su plantilla. La CSIF mantiene su posición de exigir la extensión de los beneficios de la jornada de 35 horas en todos los gobiernos locales, a fin de equiparar condiciones laborales y dar cumplimiento a la normativa estatal vigente.

El acuerdo establece que los trabajadores de Iberia que accedan a la prejubilación podrán hacerlo desde los 61 años en tierra y entre el personal de pilotos, y desde los 58 años en el caso de los tripulantes de cabina de pasajeros, según informó la compañía. Este mecanismo, incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario, aborda la salida ordenada de parte del personal como parte de un proceso de reestructuración que afecta prácticamente a toda la plantilla tanto en vuelo como en tierra.

Según consignó el medio, Iberia y los sindicatos representativos de vuelo (SEPLA, SITCPLA, STAVLA, Candidatura Independiente, UGT vuelo y CCOO vuelo) y de tierra (CCOO, UGT y ASETMA) formalizaron el lunes las condiciones del proceso. El pacto contempla la extinción de hasta 996 contratos laborales mediante bajas voluntarias, lo que se traducirá en la salida de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros y 753 empleados de tierra.

De acuerdo con lo publicado, las bajas voluntarias para todos los colectivos contemplan una indemnización equivalente a 35 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 30 mensualidades y un mínimo garantizado de un año de remuneración. Este esquema pretende ofrecer un incentivo tanto para quienes decidan acogerse a la salida como para la propia empresa, que busca ajustar su estructura mientras mantiene el diálogo con la representación sindical.

El pacto se cerró con organizaciones sindicales que representan el 92% de las secciones tanto de vuelo como de tierra, según los datos difundidos por Iberia, lo que evidencia un alto grado de consenso social en la negociación de las condiciones. Las salidas anticipadas o prejubilaciones, en función del colectivo al que pertenezca el trabajador, se definirán según lo pactado: para empleados de tierra y pilotos será a partir de los 61 años, mientras que el personal de cabina podrá acceder desde los 58 años.

Tal como detalló la compañía, el objetivo del ERE voluntario es afrontar una profunda reestructuración en la organización de la aerolínea. Iberia manifestó que las medidas adoptadas permitirán garantizar la sostenibilidad de la empresa ante los nuevos retos del sector, así como adaptar la estructura operativa y de recursos humanos.

El proceso se produce en un contexto más amplio de transformaciones dentro del sector aeronáutico, con el fin de ajustar capacidades a la demanda y a los marcos regulatorios y económicos actuales, según explicó la propia Iberia. De acuerdo con lo que expresó la aerolínea, la gestión ordenada a través del diálogo colectivo ha sido clave para hallar fórmulas que aminoren el impacto social de la reducción de plantilla.

Los representantes sindicales implicados en esta negociación pertenecen a distintas ramas del personal, lo que permitió cubrir de forma global las diversas necesidades entre pilotos, tripulación de cabina y trabajadores en tierra. Este enfoque, de acuerdo con las organizaciones participantes citadas por la compañía, persigue que las condiciones de salida se ajusten a cada colectivo, atendiendo a las particularidades de sus perfiles profesionales y perspectivas de empleabilidad.

Las cifras confirmadas por la empresa dejan ver que la mayor parte de los afectados corresponde a las áreas de tierra, lo que se relaciona con la reorganización de procesos y la digitalización de distintas funciones que, según fuentes sindicales citadas por Iberia, están modificando de forma sustancial el entorno laboral dentro de la compañía.

El ERE voluntario, según el medio, forma parte de un paquete de medidas más amplio que Iberia ha venido negociando con los trabajadores para acomodar su estructura a las necesidades de mercado y eficiencia interna. La compañía remarcó que este tipo de procesos cuentan con respaldo social mayoritario y forman parte de las herramientas habituales para abordar ajustes de plantilla con criterios de voluntariedad y acompañamiento económico.

Los detalles sobre plazos, procedimientos internos de solicitud y mecanismos de información para los trabajadores afectados se concretarán en las próximas semanas, conforme a los acuerdos alcanzados y bajo la supervisión de la representación sindical. La aerolínea, tal como consignó el medio, buscará completar la salida de los trabajadores afectados en distintas fases, de acuerdo con la planificación operativa e instrucciones de los órganos de dirección.

Los interlocutores sindicales valoraron la existencia de garantías asociadas a la indemnización y la previsión de acompañamiento, y subrayaron que buscaron, dentro de las restricciones económicas de la compañía, el mayor grado posible de protección para los profesionales afectados.

De este modo, la reestructuración asumida por Iberia implica una reorganización significativa en los equipos de trabajo, con una reducción de plantilla que tiene impacto tanto en los servicios directos de vuelo como en las tareas en tierra, incluidas aquellas vinculadas a la atención al cliente, operaciones técnicas y soporte administrativo. Todas las medidas cuentan con el respaldo normativo recogido en la legislación laboral española, conforme al procedimiento y las características establecidas en los acuerdos de este tipo, según resaltó la compañía.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a las activistas conocidas como “las seis de la Suiza”, según ha adelantado Infolibre. Las seis sindicalistas vinculadas a CNT fueron condenadas a tres años y medio de cárcel por coacciones y obstrucción a la justicia en el contexto de un conflicto laboral con la pastelería La Suiza, en Gijón. El caso se originó tras la defensa de una trabajadora embarazada que denunció situaciones de acoso y explotación laboral en el establecimiento.

Diversos partidos políticos, sindicatos y organizaciones habían solicitado su indulto al considerar su encarcelamiento como “un ataque a la libertad sindical y la protesta social”. Ahora, nueve meses después de su ingreso en prisión, las seis sindicalistas podrán salir de prisión a través de la medida de gracia que concede el Gobierno, que ha justificado el perdón porque la conducta se produjo en un contexto laboral, en ejercicio de la libertad sindical y sin ánimo de cometer delitos.

Ocurrió en 2016

Los hechos ocurrieron hace una década, en 2016, cuando la pareja de una trabajadora de la pastelería protagonizó un altercado con el empresario, lo que dio lugar a una denuncia por amenazas y daños. La trabajadora dejó su empleo tras la apertura de juicio oral contra su pareja y, en contacto con la CNT, inició junto a otras personas una campaña de protesta frente al local.

La justicia consideró que estas acciones constituyeron una presión “constante, reiterada y desproporcionada” que llevó al cierre del establecimiento. Desde CNT, sin embargo, siempre aseguraron que el negocio ya estaba en venta antes de que comenzara el conflicto y que el cierre no podía atribuirse únicamente a las movilizaciones sindicales, sino a factores previos.

Desde el sindicato también calificaron como “llamativo” que la justicia rechazara entonces suspender las penas de prisión a las condenadas, pese a que cumplían con los requisitos habituales para acceder a esa medida, como la ausencia de antecedentes penales o la responsabilidad sobre personas a su cargo, ya que algunas de ellas son madres en la actualidad.

CNT también defendió que la realización de piquetes o campañas de acción sindical “no debería considerarse una coacción grave, sino una forma legítima de presión” destinada a facilitar la negociación con la empresa y evitar el recurso a los tribunales.

Las seis sindicalistas recibieron el tercer grado penitenciario apenas una semana después de su ingreso voluntario en el Centro Penitenciario de Asturias, lo que les permitió acceder a un régimen de semilibertad.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha destacado la necesidad de eliminar la lista por formación, señalando que esta disposición ha resultado perjudicial para algunas jugadoras y continúa vigente en el actual Convenio Colectivo. Según informó la propia AFE, la denuncia formal presentada este viernes contra el Convenio Colectivo para las futbolistas de la Liga F busca avanzar hacia un acuerdo más ambicioso que permita reducir la brecha existente con los derechos establecidos en las competiciones masculinas.

De acuerdo con la nota publicada por AFE, el sindicato mantiene su compromiso de impulsar un nuevo convenio que refleje mejoras reales en las condiciones laborales, de conciliación y de protección de las deportistas. Tal como reportó la organización, las demandas incluyen la revisión de aspectos relacionados con la maternidad, planteando específicamente la necesidad de incluir medidas económicas para el cuidado infantil y facilitar el cumplimiento de responsabilidades vinculadas a la maternidad y la gestación. AFE propuso, además, la creación de un protocolo específico para embarazos, que incluya asistencia tanto pre-parto como post-parto.

El medio AFE detalló que dentro de sus objetivos figura la introducción de garantías para la conciliación familiar y el desarrollo profesional, como la negociación de la figura de Deportista de Alto Rendimiento con el fin de adecuar la actividad deportiva a la vida académica, haciendo referencia a la llamada carrera dual, en línea con lo establecido por la Ley del Deporte. Estas reclamaciones se suman a la petición de un periodo mínimo de pretemporada de entre 3 y 4 semanas, esto con la intención de prevenir lesiones, junto con la exigencia de que en caso de producirse estas lesiones las jugadoras cuenten con un seguro que cubra incapacidad temporal.

En el ámbito médico, AFE propuso que el equipo técnico incluya entre su personal a un profesional de la medicina que acompañe a la plantilla durante los desplazamientos, como medida preventiva y de atención sanitaria. Según consignó el comunicado difundido por la organización sindical, el nuevo acuerdo debe prever además un descanso mínimo de 72 horas entre partidos, en consonancia con reivindicaciones recurrentes en otras competiciones.

AFE explicó que otro elemento indispensable en las futuras negociaciones es la inclusión de las jugadoras del filial que participen con frecuencia en entrenamientos y partidos del primer equipo, garantizándoles la cobertura del convenio colectivo. El sindicato también reclamó la incorporación de protocolos adaptados a condiciones de temperatura durante los partidos de las competiciones nacionales organizadas por la RFEF y LaLiga, además de un protocolo de prevención de riesgos laborales adaptado al ámbito del fútbol profesional femenino.

Según publicó AFE, uno de los objetivos centrales es equiparar los calendarios y horarios de competición con el modelo masculino, solicitando que el proceso de definición de horarios y planificación de la temporada no dependa exclusivamente de la patronal, sino que contemple la negociación con las representantes las jugadoras. El comunicado subraya la importancia de reconocer premios y pluses de antigüedad, condiciones habitualmente reconocidas en el ámbito masculino, y que los horarios de entrenamiento se adapten al horario laboral ordinario, facilitando la conciliación y las condiciones óptimas para el rendimiento profesional.

AFE exigió la creación de un fondo de garantía salarial para las futbolistas ante casos de impago, reconociendo que la ausencia de este mecanismo contribuye a la persistencia de la brecha social respecto al convenio colectivo aplicable al fútbol masculino y deja a las jugadoras expuestas a situaciones de vulnerabilidad financiera ante la falta de cumplimiento contractual por parte de los clubes. El sindicato criticó la exigencia patronal de permitir reclamaciones por deudas solo si los contratos han sido registrados en un plazo de 15 días desde su firma, considerando que esta medida representa un retroceso en la defensa de los derechos de las futbolistas.

El medio AFE concluyó que estas propuestas buscan transformar el nuevo marco de relaciones laborales y deportivas, propiciando la igualdad real entre las futbolistas de la Liga F y sus homólogos masculinos mediante la inclusión explícita de derechos y garantías laborales, de conciliación, salud, protección económico-laboral y reconocimiento profesional en el próximo Convenio Colectivo.

El Gobierno ha logrado el apoyo de UGT, CCOO y CSIF para aplicar el recorte de la jornada hasta las 35 horas semanales en la Administración central, según ha adelantado El País. Se prevé que el texto, que ya cuenta con el respaldo de los tres principales sindicatos, se firme durante la mesa de negociación de la Administración General del estado (AGE) convocada para este viernes. El acuerdo, que beneficiará a unos 250.000 funcionarios españoles, entrará en vigor en la primera mitad del mes de abril, según ha concretado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

La medida, que sigue el ejemplo de varias comunidades autónomas donde ya está vigente para los empleados públicos, requerirá la colaboración de todos los ministerios y se hará en acuerdo con las organizaciones sindicales. La iniciativa pretende igualar las condiciones laborales de los empleados públicos a nivel estatal y responde a una demanda histórica de los sindicatos. El Gobierno, por su parte, confía en que la medida mejore el bienestar laboral en la función pública y garantice una aplicación ordenada gracias al consenso alcanzado con los representantes sindicales.

Durante la última reunión para negociar la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), UGT fue el primero en dar su visto bueno al acuerdo. CCOO, por su parte, optó por estudiar en detalle la propuesta antes de pronunciarse, y finalmente comunicó su apoyo en una reunión interna celebrada al día siguiente.

El respaldo de CSIF estaba supeditado a que la medida incluyera a trabajadores con jornadas especiales y a colectivos concretos, como el personal de instituciones penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. El sindicato, que decidió su veredicto sobre la propuesta en una reunión interna celebrada ayer, reclamaba al Gobierno que la reducción horaria se aplique sin excepciones en todos los sectores afectados dentro de la AGE.

Una demanda sindical histórica

Actualmente, la jornada laboral del personal de la Administración General del Estado permanece en 37,5 horas semanales, una cifra que contrasta con la realidad de muchas administraciones autonómicas y locales que, desde los años noventa, han avanzado hacia la jornada de 35 horas. En el ámbito estatal, la reducción nunca se aplicó de manera plena, y la crisis financiera de 2012 agravó la situación, ya que los recortes impidieron tanto el mantenimiento como la implantación de la jornada reducida en todas las administraciones públicas.

La prohibición de establecer jornadas inferiores a las 37,5 horas continuó vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018. Desde entonces, diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos comenzaron a recuperar progresivamente la jornada de 35 horas. Sin embargo, la Administración General del Estado había quedado excluida de esta recuperación hasta la actualidad.

(Noticia en ampliación)

Las recientes inversiones de miles de millones de euros en materia de defensa no han generado un cambio en las condiciones salariales del personal civil del Ministerio de Defensa, según exponen sus representantes sindicales. El colectivo continúa exigiendo un ajuste retributivo que iguale sus salarios a los percibidos por los militares, planteando que su reivindicación representa una mínima parte del presupuesto destinado al sector. La protesta realizada este jueves frente al Arsenal Militar de Ferrol se inscribe en una serie de movilizaciones que se mantienen activas desde hace más de un año, y los sindicatos anuncian la intención de trasladar esta demanda a las próximas mesas de negociación con el Gobierno.

Según informó el medio, delegados sindicales de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Unión Sindical Obrera (USO) expresaron su rechazo al trato recibido por el personal civil en la comparación salarial con los militares. Carlos García Seoane, representante de la CIG, explicó que el origen del conflicto radica en la diferencia entre las recientes subidas salariales: el personal militar obtuvo en 2025 una mejora consolidada de 2.800 euros brutos anuales a través de un real decreto, mientras que a los trabajadores civiles únicamente se les concedió una gratificación de 2.400 euros por ese mismo año, sin carácter consolidable. García Seoane señaló que “el problema fundamental de la discriminación salarial no se solucionó” y recordó que la subida aplicada a finales del año pasado careció de continuidad y no se mejoró la situación de fondo.

El medio detalló que la intención del sindicato CIG es abordar esta problemática en la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, prevista para abril, tras haber presentado una propuesta al Ministerio de Defensa en febrero. La iniciativa quedó sin responder, lo que ha llevado a los representantes sindicales a insistir en la búsqueda de soluciones. Además, García Seoane criticó la falta de posicionamiento de otras organizaciones sindicales como CSIF, CCOO y UGT, a las que instó a respaldar la propuesta de equiparación.

Pablo Morgade, delegado de USO, indicó a ese respecto que la discriminación salarial se ha agravado este mes de marzo, cuando los militares recibieron una nueva subida lineal de aproximadamente 40 euros, coincidente con los 59,33 millones de euros que supondría otorgar un aumento de 300 euros mensuales al colectivo civil. Morgade explicó que “el ejemplo claro es que en este mes de marzo acaban de tener una subida de los militares de alrededor de 40 euros lineales para todos. Esta discriminación continúa dentro del Ministerio”, y lamentó que se destinen recursos públicos a actos como desfiles mientras las demandas salariales del personal civil permanecen ignoradas.

El medio consignó que ambos representantes incidieron en la paradoja de destinar grandes sumas a la defensa nacional y, al mismo tiempo, mantener lo que consideran un conflicto laboral sin solución, afirmando que el coste total de su reivindicación es reducido en comparación con el presupuesto total de Defensa. García Seoane argumentó que la petición no busca fondos para actividades militares, sino para que los trabajadores civiles obtengan remuneraciones que les permitan afrontar el costo de vida incrementado por políticas y acciones del propio sector.

La solución, según informaron los sindicatos a través del medio, requiere la participación activa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargado de modificar las relaciones de puestos de trabajo y asegurar la consolidación de las mejoras retributivas. Los representantes sindicales ya han advertido que proseguirán con su calendario de protestas y mantendrán la presión social mientras continúe, a su juicio, esta desigualdad en materia salarial respecto del personal militar.

El colectivo civil de Defensa mantiene su agenda de movilizaciones desde el año anterior, y, mientras aguarda una respuesta oficial del Ejecutivo, insiste en que las acciones de presión continuarán hasta lograr una equiparación salarial acorde a sus demandas. Según lo publicado por el medio, las próximas negociaciones previstas serán decisivas para determinar si el Gobierno atenderá finalmente sus reivindicaciones.

Una nueva jornada de protestas sacudió este miércoles a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde miles de trabajadores participaron en una huelga convocada por distintos sindicatos a nivel nacional, en reclamo de ajustes salariales, cambios en el sistema de pensiones y decisiones administrativas recientes.

Según datos oficiales de la institución, al menos 4,462 funcionarios se sumaron al movimiento con corte a las 12:00 p. m., lo que representa una afectación importante en distintos centros de salud del país, especialmente en hospitales de alta complejidad.

La manifestación tuvo su punto principal frente a las oficinas centrales de la CCSS, en San José, donde trabajadores de la Gran Área Metropolitana se concentraron desde las 9:00 a. m., mientras que en otras regiones del país las protestas se replicaron en centros médicos y áreas de salud.

El movimiento fue convocado por varios sindicatos del sector, quienes argumentan que la huelga responde a una acumulación de demandas laborales que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades.

“Esta huelga es con el fin de exigir a la institución un ajuste salarial equitativo que compense el costo de vida después de seis años de congelamiento salarial”, afirmó Ricardo Solano, secretario general del sindicato SINTAF, en un mensaje dirigido a los trabajadores previo a la jornada.

Entre las principales exigencias, los sindicatos reclaman el pago de diferencias salariales relacionadas con anualidades desde 2019, tras un fallo de la Sala Constitucional que, según sostienen, debe aplicarse de forma retroactiva.

Además, cuestionan decisiones recientes de la Junta Directiva de la CCSS, como modificaciones en normativa interna y posibles cambios al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que podrían elevar la edad de jubilación hasta los 70 años.

“Vamos a protestar y oponernos rotundamente a que se modifique el reglamento para subir la edad de jubilación”, agregó el dirigente sindical, quien también hizo un llamado a los trabajadores a manifestarse “de costa a costa” y en todos los turnos laborales.

Impacto en servicios de salud

A pesar de la magnitud del movimiento, la CCSS aseguró que activó protocolos de contingencia para minimizar el impacto en los servicios, priorizando la atención de emergencias.

La principal afectación reportada hasta el momento se registró en el Hospital Nacional de Niños, donde se suspendieron 15 de las 16 cirugías electivas programadas para este miércoles.

Actualmente, ese centro médico mantiene habilitadas tres salas de operaciones: dos destinadas a emergencias y una para procedimientos programados urgentes.

Otros centros también reportaron participación significativa en la huelga. El hospital San Juan de Dios encabeza la lista con 197 funcionarios adheridos al movimiento, seguido por el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con 170 trabajadores.

La doctora Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, explicó que la institución se mantiene en monitoreo constante de la situación.

“Cabe destacar el trabajo desarrollado en cuanto a la activación de planes de contingencia y protocolos que buscan minimizar el impacto de esta huelga”, señaló.

Además, indicó que los servicios esenciales continúan operando y que se han reforzado las áreas críticas para garantizar la atención a pacientes en condiciones de urgencia.

Un conflicto en desarrollo

La CCSS indicó que continuará monitoreando el desarrollo de la huelga mientras se mantenga la convocatoria sindical, sin descartar nuevas afectaciones en los servicios si el movimiento se prolonga.

Por su parte, los sindicatos advirtieron que la jornada de este miércoles forma parte de una serie de acciones que podrían intensificarse en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El pulso entre trabajadores y autoridades se da en un momento clave para la institución, que enfrenta desafíos financieros y operativos, lo que anticipa que el conflicto podría escalar en los próximos días.

Mientras tanto, miles de usuarios del sistema de salud permanecen atentos al desarrollo de la situación, en medio de un delicado equilibrio entre el derecho a la protesta de los trabajadores y la continuidad de los servicios médicos en el país.

El Ministerio de Función Pública ha iniciado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE) sin concretar cifras, aunque ya ha adelantado que será “muy similar” a la del año pasado, cuando se aprobaron 26.889 plazas. El Ejecutivo prevé sacar adelante la nueva oferta en el mes de abril, en un contexto marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Según han trasladado los sindicatos tras la primera reunión este lunes, el departamento que dirige Óscar López ha planteado un escenario similar al de 2025, aunque todavía sin detallar las líneas generales ni el volumen de plazas. Este arranque sin datos ha generado críticas entre las organizaciones sindicales, que reclaman mayor concreción y ambición en la planificación del empleo público para este año.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en las administraciones públicas, ha pedido que la oferta de 2026 supere la del ejercicio anterior, tanto en el turno de acceso libre como en promoción interna. El sindicato considera prioritario reforzar ámbitos con déficit de personal, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, además de los servicios implicados en el proceso de regularización de extranjeros.

En este sentido, CSIF también ha reclamado la eliminación de la tasa de reposición (el límite que condiciona la incorporación de nuevos efectivos), especialmente ante la falta de cuentas públicas. A su juicio, esta medida permitiría a los distintos departamentos diseñar sus plantillas en función de las necesidades reales y no de restricciones administrativas.

UGT recuerda las plazas sin convocar de 2025

Por su parte, UGT ha insistido en la necesidad de garantizar la creación de empleo neto y ha urgido al Gobierno a presentar cifras concretas en la próxima reunión, fechada para el próximo miércoles. El sindicato ha advertido además de que siguen pendientes de convocatoria miles de plazas correspondientes a ofertas de años anteriores, lo que, según denuncia, está afectando tanto a la calidad del servicio público como a las expectativas de los empleados.

Las organizaciones sindicales han recordado además su rechazo a la OEP de 2025, al considerar que generó menos de la mitad de empleo neto que el año anterior y redujo de manera significativa las plazas de promoción interna. En este contexto, reclaman que la nueva oferta incorpore los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, orientados a agilizar los procesos selectivos, impulsar la carrera profesional y reforzar los servicios públicos.

La aplicación de la jornada de 35 horas preocupa a los sindicatos

Otro de los elementos clave de la negociación es la inminente implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. CCOO, CSIF y UGT coinciden en que esta reducción horaria debe ir acompañada de un refuerzo de plantillas para evitar sobrecargas de trabajo y garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía. La medida, que podría aprobarse de forma inminente, afectará a todos los colectivos, aunque aún se negocian sus condiciones específicas.

En paralelo a la negociación de la OEP y el recorte horario, Función Pública y los sindicatos ultiman un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Entre las medidas previstas figura la reserva de un cupo no inferior al 10% de las plazas, tanto en acceso libre como en promoción interna, así como la implantación de pruebas específicas e independientes. El acuerdo también contempla la adaptación de los procesos selectivos para eliminar barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicativas, así como el reconocimiento de situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando la adaptación de los puestos de trabajo y el acceso a la formación.

Representantes del Comité de Huelga médico han planteado que la próxima reunión convocada por el Ministerio de Sanidad carece de novedades en cuanto a los planteamientos del gobierno, situación que, según el colectivo, evidencia estancamiento en las negociaciones para atender las demandas de los profesionales sanitarios. La cita, programada para este jueves a las 16:00 horas, contará también con la intervención del Foro de la Profesión Médica (FPME) como mediador, de acuerdo con la información distribuida por los sindicatos este martes. En este contexto, los portavoces sindicales reiteraron su preocupación por la falta de avances, señalando que el documento recibido por parte del ministerio reproduce las medidas recogidas en el borrador presentado el 11 de diciembre del año anterior.

Según consignó el comunicado oficial difundido por los sindicatos y recogido por el medio, el grupo que encabeza la convocatoria de paros mensuales ha aceptado la invitación de Sanidad con el objetivo de explorar caminos hacia una solución, subrayando que actúan “en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real”. No obstante, remarcaron que el texto remitido por el Ministerio “no incorpora ningún contenido nuevo” con respecto a propuestas anteriores, motivo por el cual el Comité de Huelga percibe estancamiento en el proceso de diálogo.

De acuerdo con la nota de prensa reproducida por el medio, una de las principales reclamaciones que los sindicatos presentarán sobre la mesa es la necesidad de un acuerdo que permita la elaboración de un estatuto propio para los médicos. Esta petición responde a la intención del colectivo de dotarse de un marco legal que regule específicamente su actividad y recoja las particularidades de la profesión médica. Otra de las demandas que los representantes consideran fundamentales es la apertura de una mesa de negociación propia, fórmula que, según su perspectiva, generaría un espacio de interlocución directa con la administración.

El medio informó además que los sindicatos insisten en que la clasificación profesional debe reflejar la singularidad de los médicos, aspecto que, en su opinión, no queda suficientemente recogido en los actuales esquemas laborales del sector público. Además, el Comité de Huelga pide que se limite la jornada laboral a un máximo de 35 horas semanales y una regulación específica tanto de las guardias médicas como de su retribución, asuntos que, según argumentan, inciden directamente en la sobrecarga de trabajo y el bienestar de los profesionales.

En la lista de exigencias, según detalló el medio, se incluyen también propuestas para habilitar la jubilación anticipada y la implementación de garantías de descanso y conciliación. Los representantes reivindican medidas para asegurar la igualdad efectiva en cuestiones vinculadas a la maternidad, embarazo, parto y lactancia, como parte fundamental de sus demandas.

El Ministerio de Sanidad, como puntualizó el medio en su información, convocó también a los representantes médicos para una segunda reunión el lunes 30 de marzo, manteniendo abierto el canal de negociación y reiterando la presencia del Foro de la Profesión Médica como intermediario. Los sindicatos subrayan que la convocatoria de huelga que mantienen activa responde al convencimiento de que sin cambios sustanciales en la orientación del diálogo y en los documentos presentados, las medidas de presión continuarán siendo necesarias para que sus reivindicaciones sean atendidas.

La agenda de las reuniones, según lo adelantado por el medio, se centrará en debatir los seis ejes reivindicativos que han motivado los paros. El sector médico insiste en que estos puntos deberían estructurar el diálogo y que cualquier propuesta que no los contemple de manera prioritaria estaría lejos de responder a las demandas reales del colectivo. El ambiente previo al encuentro se caracteriza por la cautela del Comité de Huelga, que si bien mostró disposición a reunirse y negociar, advirtió sobre la reiteración de contenidos y la consiguiente falta de avance, lo que según los portavoces sindicales resulta “especialmente preocupante”.

A lo largo de las últimas semanas, como relató el medio, las reivindicaciones del sector médico han desembocado en una política de paros mensuales, situación que afecta a los servicios sanitarios públicos. Esta dinámica de movilización responde, conforme han señalado los sindicatos, a la percepción de que las instancias de negociación previas no han fructificado en acuerdos tangibles ni en la introducción de mejoras significativas para las condiciones laborales de los facultativos.

La presencia del Foro de la Profesión Médica como instancia mediadora en la reunión de este jueves introduce un elemento de interlocución adicional, al tratarse de una organización que agrupa a las principales entidades representativas del ámbito médico. Según se desprende de la información publicada por el medio, el objetivo de esta participación será facilitar el diálogo entre las partes y favorecer la posibilidad de alcanzar consensos.

La secuencia de desencuentros entre los representantes sindicales y la administración se mantiene vigente desde diciembre, fecha en la que surgió el primer borrador de propuesta oficial, que constituye la base de la actual disputa. El Comité de Huelga sostiene que la reiteración de este documento en las sucesivas reuniones confirma la ausencia de progreso en el proceso negociador y refuerza la postura del colectivo para mantener la presión a través de movilizaciones.

Diversos portavoces sindicales, citados por el medio, reiteraron que asistirán a la cita con “la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real”, pero reclamaron que el Ministerio incorpore a la discusión nuevos planteamientos que reflejen las necesidades del colectivo y den respuesta a las reclamaciones históricas relativas al estatuto específico, la reducción de jornada y la mejora de las condiciones laborales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Ricardo “N”, señalado como presunto integrante de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), por su posible participación en delitos de extorsión contra comerciantes en la entidad.

El informe de la FGJEM detalla que Ricardo “N” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta implicación en una serie de extorsiones en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido este 22 de marzo, el arresto se realizó en cumplimiento de una orden judicial, dentro de las acciones de la Operación Restitución, una estrategia dirigida a combatir la criminalidad organizada en la región y el despojo en la entidad.

Así habría sido la extorsión

Según las investigaciones preliminares, el 3 de septiembre de 2024, una de las víctimas se encontraba en su negocio cuando Ricardo “N”, junto con cuatro personas armadas, habría irrumpido en el lugar para exigir el pago de dinero a cambio de “protección” y permitirle operar su comercio.

Los agresores también le habrían dicho al comerciante que, si quería seguir trabajando en el lugar, tenía que unirse al grupo ACME y en caso de que no aceptara podrían tomar represalias en su contra.

La autoridad ministerial señala que, ante el temor de sufrir agresiones, la víctima entregó la cantidad solicitada. Días más tarde, Ricardo “N” habría regresado al establecimiento para exigir más dinero. Al negarse el comerciante, los agresores lo habrían golpeado y retirado del lugar.

Detención del presunto extorsionador

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”.

El operativo para su captura se efectuó en Tenango del Valle, donde fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, sin embargo, las autoridades no detallaron cuándo ocurrió.

De acuerdo con la FGJEM, el ahora detenido deberá permanecer bajo resguardo hasta que se defina su situación jurídica, conforme al proceso penal correspondiente.

El caso de Ricardo “N” se enmarca en las acciones de la Operación Restitución, una estrategia impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para atender denuncias de extorsión y fortalecer la seguridad en municipios clave de la entidad. Según datos de la dependencia, la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna han resultado determinantes para identificar y capturar a objetivos prioritarios vinculados a estructuras delictivas.

Qué es la Operación Restitución

La Operación Restitución es una estrategia impulsada por la Fiscalía mexiquense, en coordinación con fuerzas federales y estatales, para combatir el despojo y la extorsión en la entidad.

Según autoridades, uno de los objetivos es es agilizar la recuperación del patrimonio de las víctimas, permitiendo que quienes acrediten la propiedad de sus inmuebles puedan recuperarlos sin necesidad de esperar un fallo judicial definitivo. Para lograrlo, la FGJEM estableció procedimientos que permiten la devolución inmediata de los bienes una vez que se demuestra la titularidad.

La operación se ha desplegado en municipios con altos índices de despojo y está respaldada por la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.

Además de la recuperación de inmuebles, el operativo ha derivado en la detención de personas identificadas como miembros de redes delictivas, muchas de ellas bajo la fachada de sindicatos o agrupaciones sociales, entre las cuales se encuentra La Chokiza, Los 300, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), el Sindicato 22 de octubre, Los Gastones, y recientemente con el caso de Ricardo “N”, el grupo ACME.

Las gestiones para la negociación colectiva ha empezado. Ahora, luego de presentar su proyectos de convenio colectivo centralizado para el 2026-2027, el Poder Ejecutivo ha ‘pateado la pelota a la otra cancha’.

La representante de la Oficina general de recursos humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jeanette Edith Trujillo Bravo, envió un oficio a las a cinco centrales gremiales pidiendo que presenten un convenio colectivo conjunto con las propuestas de aumentos, bonos y otras mejoras o pedidos para el sector público. Así, definió que estas son las cinco centrales a cargo de esta negociación:

• Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú)
• Confederación Nacional de Servidores Públicos del Peru (Conasep Perú)
• Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE)
• Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Peru (Confetep)
• Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (Unasse).

Negociación colectiva avanza

“Se solicita designación de los 21 representantes para la Representación Sindical para el proceso de Negociación Colectivo a nivel Centralizado 2026-2027″, resalta la PCM.

Así, el Estado pide esto de manera “urgente”: los gremios sindicales mencionados deberán designar a sus 21 representantes que integrarán la representación sindical en el proceso de negociación colectiva a nivel centralizado 2026-2027 que se realizará este año.

Asimismo, en atención a la norma que regula la negociación colectiva la conformación de la representación sindical para el proceso de negociación colectiva deberá ser de la siguiente manera:

• CITE designa a 6 representantes
• Unasse designa a 4 representantes
• Confetep designa a 4 representantes
• CTE PERÚ designa a 4 representantes
• Conasep Perú designa a 3 representantes.

¿Quiénes pueden ser representantes de la negociación colectiva? “La representación de la parte sindical está conformada por trabajadores estatales en actividad”, señala la carta y referencia en la Ley que menciona la PCM.

“De este modo, corresponderá que cada confederación sindical, remita la relación de sus representantes (trabajadores estatales en actividad) debiendo consignar los nombres completos, números telefónicos, correo electrónico, conforme a la citada norma”, agrega.

Deberán presentar un solo proyecto de convenio

Como se sabe, el convenio colectivo presentado por los gremios originalmente no incluye a todas las centrales ahora consideradas. Este pedía, entre otras medidas, dar un aumento de S/700 a todos los trabajadores, y bonos de acuerdo al sueldo (a menor remuneración, mayor monto).

Pero ahora la PCM pide que se entregue nuevamente el convenio colectivo. “Asimismo, en observancia a lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 de la Ley, establece que como parte del inicio del procedimiento de negociación colectiva; el Proyecto de Convenio Colectivo debe contener las cláusulas que se someten a negociación y que se integran armónicamente dentro de un solo proyecto de convenio colectivo, por lo que, solicitamos a las cinco confederaciones sindicales nos presenten un solo Proyecto de Convenio Colectivo que integren armónicamente la cláusulas que se someterán en el proceso de negociación colectiva a nivel centralizado 2026-2027″, aclaran.

Es decir, deja que los cinco gremios presenten un nuevo proyecto de convenio colectivo centralizado para que el proceso de negociación colectiva avance. La ‘pelota’ está ahora en la ‘cancha’ de los estatales.

El acuerdo entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) contempla negociar unas nuevas cuentas autonómicas antes de agosto y aprobar un suplemento de crédito para las finanzas de la Generalitat, pasos que buscan reforzar la cooperación parlamentaria y favorecer el desarrollo institucional de la región. Según informó el medio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la decisión consensuada de retirar el proyecto de Presupuestos, que debía someterse a su primera votación en el Parlament el viernes.

Durante una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, tal como publicó la fuente, Illa vinculó la retirada del plan financiero a los principios de “estabilidad y responsabilidad”, destacando que el consenso con ERC supone un paso en la construcción de nuevos acuerdos y amplía el margen para consolidar un periodo de entendimiento. En su intervención, el jefe del Ejecutivo catalán hizo referencia al contexto internacional como parte del razonamiento para fortalecer el diálogo con los republicanos, subrayando la voluntad de ambas formaciones de intensificar las negociaciones y avanzar en una responsabilidad compartida.

El medio relató que la decisión alcanzada entre el PSC y ERC implica no someter a votación el proyecto de Presupuestos y, al mismo tiempo, impulsar las conversaciones para dar cumplimiento a los compromisos adoptados en el acuerdo de investidura. En particular, Illa se refirió a la intención de materializar cambios legislativos relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una de las demandas centrales de ERC para avanzar en la legislatura.

El presidente de la Generalitat recalcó la importancia de mantener la colaboración con los Comuns, sindicatos y patronales, tal como se desprende de la declaración, comprometiéndose a preservar aquellos acuerdos que han facilitado consensos previos. Según detalló la fuente, Illa expresó: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”, reflejando el convencimiento de que el diálogo y las alianzas plurales resultan determinantes para el desarrollo político y económico del territorio.

La retirada del presupuesto, pactada según consignó el medio, pospone la decisión sobre las cuentas hasta la conclusión de nuevas negociaciones que, de acuerdo con el calendario acordado, deben desarrollarse antes de que finalice el mes de julio. Hasta entonces, el Govern prevé acudir al Consell Executiu el jueves para aprobar un suplemento de crédito que garantice la continuidad en la gestión financiera de la administración autonómica, en cumplimiento de los compromisos asumidos con ERC.

El medio detalló, además, que la voluntad de los actores políticos pasa por impulsar modificaciones legislativas que reflejen las prioridades y consensos surgidos de las conversaciones multilaterales, especialmente en lo referido a la política fiscal y a la gestión de los recursos públicos. Al mismo tiempo, la interlocución con los diferentes grupos parlamentarios continúa resultando clave para asegurar el apoyo a los próximos acuerdos y consolidar bases de gobernabilidad a largo plazo.

La candidata presidencial Paloma Valencia informó que presentará una demanda contra el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que transforma el alcance de los sindicatos en Colombia, al imponer convenciones sectoriales obligatorias y una nueva cuota sindical a todos los trabajadores, estén o no afiliados.

Para Valencia, las medidas impulsadas por el Ejecutivo amenazan la autonomía de las empresas y constituyen una maniobra electoral, según lo expuso la senadora.

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“Esto es un ataque fulminante a las empresas. Esta es una clara estrategia para incidir en las elecciones. ¿Están comprando el apoyo de los sindicatos a la campaña de Cepeda? Demandaré este Decreto. No pueden violar la libertad de los trabajadores ni desconocer la autonomía de las empresas”, dijo Valencia por medio de una publicación hecha en su cuenta de X.

Entre los aspectos centrales señalados por Valencia, figura la obligación para todas las empresas de cumplir lo pactado en negociaciones por grupos de empresas o sectores económicos.

Según la candidata presidencial, esto implica que las condiciones acordadas entre sindicatos y empresas dentro de un sector serán “obligatorias para todas las empresas del respectivo sector, sin importar si están de acuerdo o no”, agregó.

Para la aspirante presidencial, esta regla pone en riesgo la viabilidad de empresas diversas y desconoce sus particularidades financieras.

El nuevo decreto del Gobierno establece que las empresas deberán abrir su información financiera y empresarial a los sindicatos. Paloma Valencia denunció que “los sindicatos van a tener acceso a toda la información financiera de la compañía y a los secretos empresariales”.

A su juicio, la apertura de estos datos representa un peligro para la confidencialidad, ya que “los sindicatos podrán tomar esa información y usarla como quieran. Inclusive, venderla a la competencia”.

Además, Valencia afirmó que será “muy difícil probar que se violó la confidencialidad. Esto se convertirá en un mecanismo de extorsión permanente a las empresas”.

“Las empresas estarán obligadas a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, sin importar si eso llega a afectar sus secretos empresariales y datos sensibles”, agregó.

En este contexto, la dirigente aseguró que la imposición de cuotas sindicales afectará a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical: “El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos, violando la libertad de los trabajadores que no quieran participar en esas prácticas”.

En una de sus declaraciones más contundentes, Valencia advirtió: “El decreto crea las negociaciones sindicales por sectores o grupo de empresas. Las condiciones que se acuerden allí serán obligatorias para todas las empresas del respectivo sector, sin importar si están de acuerdo o no”. La candidata subrayó que, según su análisis, esta obligatoriedad conduce a la quiebra inminente de numerosas compañías.

“Sin importar si una empresa está pasando por un mal momento, se encuentra en insolvencia o está luchando por evitar la quiebra, igual deberá cumplir lo pactado por su respectivo sector”, añadió Valencia.

Según Paloma Valencia, el decreto vulnera principios básicos de la autonomía empresarial, que la legislación colombiana consagra como garantía para el funcionamiento de la iniciativa privada. Por este motivo, indicó que la demanda se centrará en la defensa de esa autonomía y la libertad de los trabajadores.

“En las negociaciones no habrá límites. Los sindicatos podrán exigir negociar todos los temas laborales de las empresas. Todas las negociaciones en las empresas quedarán amarradas al pacto que realicen los sindicatos de los sectores. Esto deja las manos atadas a las empresas. Prácticamente le da rango de ley a las convenciones sindicales”, dice otro de los apartes de la publicación.

La candidata también vinculó la expedición de la norma con el proceso político en curso. Cuestionó públicamente la intención del Gobierno Petro, sugiriendo que la medida constituye “una clara estrategia para incidir en las elecciones” y que podría estar dirigida a “comprar el apoyo de los sindicatos a la campaña de Cepeda”.

Valencia concluyó que desde su punto de vista, “esto es un ataque fulminante a las empresas”. En sus declaraciones, reiteró que demandará el decreto y reafirmó que “no pueden violar la libertad de los trabajadores ni desconocer la autonomía de las empresas”.

La huelga general convocada para este martes 17 de marzo por los sindicatos nacionalistas en País Vasco y Navarra ha comenzado con bloqueos en varias carreteras y piquetes en los principales centros de trabajo. A primera hora de la mañana, la Ertzaintza alertaba de incidencias en el tráfico por la quema de neumáticos en varias vías de acceso a Bilbao, así como en Vitoria-Gasteiz, Elorrio (Bizkaia) y Andoain (Gipuzkoa), donde el corte de la N-1 ha causado retenciones de unos 7 kilómetros. En Pamplona, la Policía Foral informa de cortes de tráfico en la PA-30 y A-15.

Además de la entrada a las grandes fábricas, las protestas han bloqueado durante horas el acceso al campus de la UPV-EHU en Leioa (Bizkaia). En Larrabetzu (Gipuzkoa), agentes de la policía autonómica han abierto diligencias por desórdenes públicos a un huelguista durante un piquete en el polígono industrial de Sarrikola.

En Hernani (Gipuzkoa), se han registrado paros en dos puntos de la línea ferroviaria por la quema de neumáticos en las vías sobre las 5.30 horas de la mañana, mientras que en Amurrio (Álava) se ha interrumpido la circulación a las 9:30 horas por un sabotaje en la catenaria.

Sueldo mínimo de 1.500 euros frente al alza del coste de vida

Bajo el lema “Decidir aquí el sueldo mínimo”, los sindicatos mayoritarios ELA y LAB, junto a las organizaciones Steilas, Hiru y Etxalde, reclaman el traslado a los gobiernos autonómicos de las competencias para fijar el SMI. En concreto, exigen un salario mínimo de 1.500 euros al mes en 14 pagas, para aliviar la economía de los 307.000 trabajadores vascos que cobran sueldos por debajo de esta cifra y acercar el SMI al objetivo del 60% del salario medio.

La propuesta de un SMI negociado desde País Vasco y Navarra en lugar de Madrid ha recibido el rechazo de la patronal y los gobiernos autonómicos, que tumbaron en ambos parlamentos las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por los agentes sociales.

Colectivos como CNT, CGT, Solidari y EHKS, por su parte, han apoyado la huelga y convocado movilizaciones y piquetes durante el día.

Amplio seguimiento en varios sectores

En las primeras valoraciones de la huelga este martes, las organizaciones convocantes celebran que la jornada de paros esté teniendo “un seguimiento importante” en Navarra, aunque denuncian “chantajes, amenazas y obstáculos” como la imposición de servicios mínimos excesivos para evitar que los trabajadores acudan a la convocatoria.

Desde LAB destacan el seguimiento de la huelga en el sector industrial, donde gran parte de las plantas productivas han parado su actividad. En el sector de servicios privados también se ha dado una importante adhesión, con comercios y comedores cerrados, así como servicios de limpieza y subcontratas que se han sumado a la convocatoria.

En el ámbito de los servicios públicos, se ha interrumpido el servicio en varias líneas de transporte y la administración pública presenta una actividad muy reducida en varios municipios. El sector sanitario y el de bienestar social han estado afectados por servicios mínimos estrictos, aunque la intervención social muestra una amplia participación. En la educación pública, más de la mitad de la plantilla ha secundado la huelga y muchas cocinas escolares han cerrado, mientras que en educación especial y universidades el paro también es casi total. En cuanto a los medios de comunicación, la emisión de EITB se ha limitado hoy a los informativos, que constituyen los servicios mínimos del grupo.

(Noticia en ampliación)

Durante la consulta organizada por el sindicato Ustec·Stes, un 95% de los 42.965 docentes participantes expresó su rechazo al acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT. A partir de este dato, Su Moreno, portavoz de la CUP, ha señalado que el Govern optó por aliarse con sindicatos que carecen de representación suficiente en el ámbito educativo, lo que, en su opinión, constituye una respuesta inadecuada frente a las demandas legítimas de los profesionales del sector y representa un intento de reducir la movilización docente.

Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa de Moreno, la CUP manifestó un respaldo explícito a la jornada de huelga convocada este lunes por el profesorado en Catalunya. Moreno cuestionó de manera directa la actuación del Departament d’Interior y, específicamente, de los Mossos d'Esquadra durante las protestas. La portavoz afirmó: “Interior ha vulnerado el derecho a hacer huelga del profesorado. Se permiten cortes de vías en función de quién las hace. Nos preocupa cómo actúan los Mossos como herramientas de poder y del Govern”. El comentario remite a situaciones donde, según denunció la diputada, la actuación policial habría respondido a intereses políticos y no a la preservación de derechos fundamentales, en particular el derecho a la huelga.

El medio que cubrió la conferencia detalló que Moreno criticó los pactos sindicales promovidos por la administración catalana con CC.OO. Educació y UGT; calificó estos acuerdos de “un intento de desmovilización y una tomadura de pelo a la población”. Argumentó que la respuesta del Govern se mantuvo alejada de las verdaderas preocupaciones del colectivo docente y acusó al Ejecutivo de “dar la espalda a las necesidades del sector y de pactar con los sindicatos cómplices del poder”. La CUP, a través de Moreno, insistió en que no se pueden considerar representativos los acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales que, según ella, no cuentan con suficiente implantación entre el profesorado.

De acuerdo con el reporte del mismo medio, Moreno abordó también cuestiones de contexto más amplio. Tras la reunión mantenida el viernes entre el Govern y los partidos catalanes tras la cumbre convocada para analizar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, advirtió sobre la especial vulnerabilidad de la economía catalana ante el escenario internacional. Para la CUP, las crisis actuales representan “un reflejo de las debilidades del capitalismo”, lo que, a juicio de Moreno, exige reformas de fondo tanto en el modelo productivo como en las políticas de protección social y laboral.

Tal como consignó el medio, Moreno abogó por intensificar el control sobre los precios de los productos considerados esenciales y por condicionar cualquier tipo de ayuda pública destinada a empresas privadas. En su intervención, la portavoz declaró: “Los servicios esenciales no pueden estar sometidos a los intereses de los especuladores”. Añadió que las clases trabajadoras catalanas no deberían asumir el costo de crisis, como la generada por el actual conflicto internacional, de la que no son responsables.

Durante sus declaraciones, Moreno trasladó también la preocupación de la CUP por el papel que desempeñan los cuerpos policiales autonómicos cuando, en su percepción, actúan bajo criterios políticos y no de salvaguarda de derechos. Al criticar la gestión del Departament d’Interior y del Ejecutivo catalán, la representante de la CUP buscó enfatizar su rechazo hacia aquellas acciones que, según la formación, priorizan los intereses ajenos sobre los sociales y laborales en un momento de crisis.

El medio señaló que el foco de la intervención de Moreno se mantuvo tanto en la defensa del derecho de huelga como en la denuncia de la gestión política sobre las movilizaciones, reclamando una revisión de los acuerdos adoptados por las autoridades autonómicas y una mayor atención a las demandas reales de los colectivos docentes y trabajadores. Además, la diputada pidió la adopción de políticas que garanticen la protección de los servicios públicos fundamentales frente a sectores privados y a posibles dinámicas especulativas.

El aeropuerto de Fráncfort registró este jueves la cancelación de 400 vuelos, lo que lo situó como el principal afectado por el paro de pilotos de Lufthansa. El de Múnich siguió en impacto con la suspensión de 230 operaciones, según consignó el medio fuente. Este panorama se produjo en un contexto de negociación estancada entre el personal agrupado en el sindicato Vereinigung Cockpit y la administración de la aerolínea alemana. La paralización de actividades, que se extiende por segundo día consecutivo este viernes, mantiene a miles de pasajeros pendientes de la reprogramación y operación de sus vuelos en las principales terminales del país, según reportó la misma fuente.

De acuerdo con la citada información, el conflicto radica en la falta de acuerdo en la negociación de un nuevo convenio colectivo para mejorar los planes de pensiones en Lufthansa y su división de carga, Lufthansa Cargo, además de cuestiones salariales que afectan a los trabajadores de Lufthansa CityLine. A pesar de la continuidad de la huelga, Lufthansa anunció que esperaba operar más del 50% de los vuelos inicialmente programados durante los dos días del paro, una cifra que se eleva al 60% para sus rutas de largo recorrido y hasta un 80% en sus servicios de carga. Este plan de contingencia representa el esfuerzo de la aerolínea por mitigar los daños a los usuarios y mantener conectividad esencial.

Sin embargo, el sindicato expresó dudas sobre las cifras divulgadas por la compañía. "No entendemos en qué se basa Lufthansa para sus cifras. Es una táctica habitual de la compañía presentar sus datos de forma algo exagerada", afirmó el sindicato, añadiendo que a las 15:00 horas de ayer jueves aproximadamente el 70% de la flota continuaba en tierra, reportó el medio fuente. Esta discrepancia en los datos refleja la tensión entre las partes y la falta de entendimiento sobre el alcance real de las afectaciones en la operativa diaria.

Por su parte, Arne Karstens, portavoz de la comisión de negociación colectiva del grupo, declaró que el sindicato no había recibido ninguna propuesta concreta al cierre de la jornada. Karstens subrayó que el sindicato está dispuesto a retomar el diálogo "en cualquier momento", siempre que la parte empresarial presente "una oferta negociable", publicó la misma fuente. Esta disposición indica que la solución al conflicto depende de un movimiento inicial de Lufthansa, que todavía no se ha materializado según el sindicato.

Desde la perspectiva de la empresa, Michael Niggemann, miembro del comité ejecutivo de Lufthansa, expresó su rechazo a la huelga considerando el contexto internacional convulso. "Esta escalada es completamente incomprensible, especialmente en un momento en que experimentamos un nuevo nivel de incertidumbre geopolítica con la guerra en Irán y los pasajeros de todo el mundo se ven afectados", sostuvo Niggemann, según divulgó el medio fuente. Esta declaración plantea la huelga como un agravante de una situación que ya enfrentaba retos logísticos debido al entorno global.

En cuanto a la filial de carga de la compañía, las operaciones continuaron con el 80% de la actividad programada, lo que señaló una menor interrupción respecto al transporte de pasajeros, aunque la presión sobre la cadena de suministros se mantuvo latente. Lufthansa CityLine, otra subsidiaria de la aerolínea alemana y afectada por reivindicaciones salariales, también permaneció dentro del ámbito de la convocatoria sindical.

El sindicato alemán Vereinigung Cockpit inició el paro tras no alcanzar avances en las discusiones entorno a la actualización del plan de jubilaciones y condiciones laborales. El medio fuente detalló que el paro se enmarca en una larga serie de negociaciones en las que la representación sindical ha reclamado garantías para la estabilidad de los empleados y mejores condiciones en sus beneficios. La falta de avances concretos llevó a la convocatoria de la huelga, dada la prolongación en la imposibilidad de llegar a un consenso.

Las cifras difundidas por ambas partes muestran divergencias en la interpretación del impacto real de la huelga. Mientras la empresa remarca que casi la mitad de la operación se mantiene activa, el sindicato sitúa un mayor grado de parálisis en la red aérea. Esta diferencia no solo demuestra un desacuerdo sobre los datos sino que resalta la brecha existente en los canales de negociación.

Aunque la compañía no ha hecho pública ninguna oferta nueva, el sindicato mantiene su disposición al diálogo sin condiciones previas, siempre que la gestión se acerque con una propuesta considerada válida. Tanto pasajeros como empleados siguen en vilo a la espera de una resolución que permita reanudar plenamente las operaciones y minimizar nuevos trastornos en la movilidad aérea alemana y europea, tal como reportó el medio fuente.

El conflicto laboral en Lufthansa afecta de lleno al ritmo habitual de dos de los aeropuertos con mayor tráfico en Europa, y el estancamiento en el diálogo mantiene la incertidumbre sobre la regularización de la programación y el impacto final sobre los usuarios y la conectividad global.

La Contraloría Departamental de Antioquia, entidad encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos en ese departamento, terminó siendo ella misma objeto de vigilancia. No por sus finanzas, sino por la forma en que trata a sus trabajadores. La situación llegó a oídos del gobierno nacional y derivó en una visita oficial a sus instalaciones en Medellín.

El 13 de marzo de 2026, funcionarios del Ministerio de Trabajo se presentaron en esa ciudad para realizar una inspección administrativa en la entidad. El motivo fueuna serie de denuncias formales presentadas por cinco sindicatos que agrupan a empleados de la Contraloría antioqueña, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades en el trato hacia los trabajadores de esa institución.

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Las cinco organizaciones que participaron en la inspección expusieron ante el Ministerio tres categorías de presuntos problemas. La primera tiene que ver con conductas que irían en contra de la libertad sindical, es decir, acciones que habrían dificultado o presionado la actividad de los sindicatos dentro de la entidad.

La segunda involucra posibles despidos de trabajadores que contaban con fuero sindical, lo que en caso de confirmarse constituiría una violación directa a la ley colombiana. La tercera apunta a situaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, categoría que abarca las condiciones físicas y ambientales en las que los empleados cumplen sus funciones cada día.

El comunicado oficial del Ministerio no especifica los nombres de los cinco sindicatos ni detalla los casos individuales denunciados. Tampoco precisa cuántos trabajadores habrían sido afectados ni en qué fechas exactas habrían ocurrido los hechos señalados.

En Colombia, afiliarse a un sindicato es un derecho protegido por la Constitución. Quienes ejercen cargos de representación dentro de un sindicato tienen además una protección especial llamada fuero sindical, que básicamente les impide ser despedidos sin autorización previa de un juez.

Esa figura existe precisamente para que los empleadores no puedan deshacerse de quienes los representan o los confrontan. Sin ella, un trabajador sindicalizado podría ser retirado de su cargo con la misma facilidad que cualquier otro empleado, lo que en la práctica haría imposible el ejercicio real del derecho de asociación.

Qué hizo el Ministerio durante la visita

Los inspectores escucharon a todas las partes involucradas; tanto a los representantes de los sindicatos como a los funcionarios de la Contraloría. El objetivo declarado fue recopilar información suficiente para determinar si la entidad ha cumplido o no con la normatividad laboral vigente en el país.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al papel de la cartera en este tipo de situaciones: “Nuestra labor no es solo sancionar, sino construir soluciones. Promovemos mesas de diálogo tripartitas donde empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales alcancen acuerdos justos”.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, agregó por su parte: “Estas inspecciones permiten escuchar a las partes y avanzar en la verificación de las condiciones laborales”.

La inspección no terminó con la visita a Medellín. Según el Ministerio, los funcionarios se llevaron la información recolectada durante la diligencia y anunciaron que continuarán con su análisis en los próximos días. Los hallazgos, según el comunicado oficial, serán dados a conocer a la opinión pública una vez concluya ese proceso.

Lo que está pendiente es lo más relevante del caso: establecer si las denuncias tienen respaldo en los hechos, si efectivamente hubo despidos ilegales de trabajadores sindicalizados y si las condiciones laborales dentro de la Contraloría de Antioquia se ajustan a lo que exige la ley.

Por ahora, hay una inspección realizada, cinco sindicatos con denuncias formales ante el gobierno nacional y una entidad pública que deberá responder por lo que se encuentre.

Durante su intervención con motivo del 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que el Gobierno mantiene la determinación de adoptar medidas para evitar que posibles consecuencias de conflictos internacionales recaigan sobre la ciudadanía española, atendiendo tanto al empleo, como a aspectos como los alquileres, los topes de precios y el control del sector energético. Al respecto, Díaz aclaró que la intervención estatal se centrará en proteger a la población de cualquier impacto negativo derivado de las recientes tensiones internacionales, según consignó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la ministra reiteró que el Ejecutivo no permitirá que empresas energéticas ni otros sectores se beneficien de manera indebida por la crisis de precios desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Díaz afirmó de forma tajante: "El Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas u otros sectores se aprovechen para obtener beneficios extraordinarios ni que colectivos sociales se aprovechen de esta crisis". Esta declaración se realizó tras su participación en una reunión, presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con sindicatos y empresarios para examinar las medidas anticrisis.

En su mensaje, Díaz puso el acento sobre la incertidumbre que atraviesan los mercados internacionales y el precio de la energía consecuencia de los últimos acontecimientos en Irán. Según relató el medio Europa Press, la ministra señaló en su intervención que "hay quien aprovecha esta incertidumbre para anunciar que lo peor está por venir", diferenciando la postura del Gobierno, ya que aboga por transmitir serenidad, tranquilidad y paz a la ciudadanía. Según sus palabras, la estrategia pasa por evitar que el miedo o las proyecciones negativas dominen el discurso público.

La titular de Trabajo incidió en la importancia de la acción gubernamental activa: "Hay un Gobierno que interviene, que va a actuar, que nos arremangamos y que hacemos nuestro trabajo como estoy segura que los agentes sociales van a hacer lo mismo". Asimismo, subrayó que esta acción se desplegará "defendiendo el derecho internacional, la legalidad internacional, y con la gente trabajadora y con las empresas".

Europa Press describió que la vicepresidenta segunda expresó de manera crítica su rechazo a la que denominó "receta de la derecha" frente a los escenarios de crisis, consistente en la bajada de impuestos. Díaz indicó que existe una tendencia repetida a proponer esta medida como solución tanto ante situaciones económicas adversas como ante la guerra en Ucrania: “Crisis económica, la receta de la derecha, bajar impuestos. Guerra de Ucrania, la receta de la derecha, bajar impuestos. En definitiva, siempre es la misma solución", manifestó la ministra, cuestionando la efectividad de esa respuesta.

Además, detalló que el Gobierno tiene previsto seguir vigilando que los efectos de la crisis y las oscilaciones de los precios internacionales no penalicen desproporcionadamente a los trabajadores, consumidores o familias, y que se establecerán mecanismos de control correspondientes. Entre las acciones planteadas, Díaz mencionó intervenciones para limitar el impacto sobre los precios y velar porque no se produzcan incrementos abusivos en sectores estratégicos.

Según publicó Europa Press, la conmemoración del aniversario de la Inspección de Trabajo marcó el contexto de estas afirmaciones. La ministra vinculó el papel histórico de esta institución con el actual ejercicio de vigilancia y protección del mercado laboral y de los derechos económicos, reconociendo la importancia del cumplimiento riguroso de la legalidad por parte tanto de las empresas como de los actores sociales.

Por último, Díaz insistió en que el Gobierno se muestra dispuesto a actuar de manera firme y coordinada con los diferentes agentes sociales, abordando tanto la dimensión internacional de la crisis como las repercusiones internas en la economía española. Toda la intervención de la ministra, de acuerdo con Europa Press, se orientó a reforzar el mensaje de que ningún actor económico o social podrá obtener ventajas injustificadas a costa de la coyuntura internacional y que la protección a la ciudadanía se presenta como una prioridad en la gestión actual del Ejecutivo.

De acuerdo con los datos publicados por el medio local, la movilización también afectará al aeropuerto de Charleroi, situado a 50 kilómetros al sur de Bruselas. La dirección de este terminal aéreo comunicó que, ante la falta de personal suficiente para garantizar la seguridad de las operaciones, no podrá asegurar ni vuelos de salida ni de llegada durante la jornada de paro. Voceros del aeropuerto de Bruselas recordaron que esta es la octava ocasión desde 2025 en que se producen disrupciones por acciones sindicales, subrayando que tales medidas no surgen de problemas internos de gestión aeroportuaria sino de conflictos laborales de mayor alcance.

La protesta nacional recibe el respaldo de los principales sindicatos belgas, quienes incitan a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores a participar en las marchas previstas en Bruselas. Fuentes sindicales citadas por la prensa local prevén una alta participación ciudadana, lo que podría derivar en paros y alteraciones significativas del tráfico rodado y el transporte público a lo largo del jueves. De acuerdo con la misma cobertura, la administración pública ha reconocido que la concentración de personas en la capital podría imposibilitar la prestación normal de numerosos servicios, ya que buena parte del personal se movilizará hacia las acciones convocadas.

El sector ferroviario también enfrenta jornadas de paro. El medio consignó que la compañía estatal de ferrocarril, SNCB, acumulaba tres días consecutivos de huelga hasta las 22:00 horas del miércoles anterior. Tras esa pausa, la SNCB anunció que reforzará el servicio el jueves para facilitar la llegada de manifestantes a Bruselas, en un intento por asegurar la movilidad de quienes desean participar en la protesta. La medida se presenta en un contexto de descontento progresivo entre trabajadores, que acusan una pérdida de poder adquisitivo y la implementación de recortes en servicios públicos básicos.

La huelga de este jueves forma parte de una secuencia de acciones sindicales que han afectado de manera recurrente el normal funcionamiento de las infraestructuras clave del país. Tal como publicó el medio local, estas protestas han interrumpido operaciones aeroportuarias en múltiples ocasiones, generando impacto directo sobre viajeros, aerolíneas y empresas de logística. Los comunicados emitidos advierten sobre riesgos para la seguridad y limitaciones en el acceso al transporte tanto aéreo como terrestre, lo que repercute en la economía local y en la movilidad cotidiana de miles de personas.

El ejecutivo encabezado por Bart de Wever enfrenta críticas por parte de diversos colectivos laborales ante el plan de ajustes presentado, cuyos detalles han sido motivo de rechazo por sindicatos mayoritarios. Las centrales sindicales alegan que las medidas propuestas implican una reducción de derechos y condiciones laborales, motivo central de las protestas ampliadas a distintos sectores. El medio local recogió manifestaciones de líderes sindicales, quienes sostienen que la presión social busca frenar los recortes y abrir un diálogo que permita reconsiderar el rumbo de la política económica del gobierno.

Mientras que la concentración masiva en Bruselas podría paralizar buena parte de los servicios públicos, las autoridades han alertado a la población sobre la posibilidad de complicaciones en la circulación vial y en la oferta de transporte público, tanto urbano como interurbano. A través de diferentes comunicados, los organismos responsables solicitan a la ciudadanía prever desplazamientos y, en su caso, postergar viajes o buscar alternativas de transporte.

El aeródromo de Charleroi, en sintonía con la terminal principal de Bruselas, informó que la falta de personal operativo no permite garantizar los controles de seguridad necesarios para el flujo habitual de vuelos, tanto en despegues como aterrizajes. El medio detalló que estos anuncios se corresponden con la magnitud de la huelga y el alto seguimiento previsto, lo que refuerza la expectativa de que la protesta tenga un efecto extendido en toda la red logística y de movilidad del país.

El origen de estas jornadas responde a una creciente presión social y sindical frente a los planes del gobierno belga, que contempla reformas en el gasto público y ajustes en servicios clave. Voceros sindicales citados por la prensa local reiteran que las movilizaciones y los paros buscan visibilizar el desacuerdo con estas políticas y defender el acceso a prestaciones sociales, salud y condiciones laborales que consideran amenazadas por la actual agenda gubernamental.

De cara al desarrollo de la protesta de este jueves, las autoridades belgas y los organizadores de la manifestación han insistido en la necesidad de mantener unas condiciones de seguridad y respeto al derecho de huelga. Las empresas de transporte, junto con las administraciones aeroportuarias y ferroviarias, emitieron recomendaciones y orientaciones a usuarios para evitar contratiempos mayores y reducir el impacto negativo de la jornada sobre la vida diaria, reportó la prensa local.

El medio consignó que los sindicatos han emitido un llamado para que trabajadores de diversos sectores participen en manifestaciones masivas en las calles de Bruselas. Dicha convocatoria se traduce en una preocupación por la posibilidad de interrupciones generalizadas, no solo en el tráfico y el transporte público sino también en otros servicios, debido a la baja de personal disponible que acudirá a las protestas. Las autoridades han alertado a residentes y viajeros sobre una jornada afectada por la falta de normalidad en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.

De acuerdo con lo publicado, los organizadores de la huelga buscarán mostrar su descontento con los ajustes gubernamentales que afectan a distintos sectores y han generado un clima de tensión. El aeropuerto de Bruselas, que ya había anunciado la interrupción completa de los vuelos de salida para este jueves, estima que cerca de 27.000 pasajeros programados para partir desde sus instalaciones verán sus planes alterados. Asimismo, otros 15.500 viajeros en vuelos de llegada enfrentarán demoras o cancelaciones vinculadas a la protesta sindical.

Brussels Airport explicó en una comunicación a medios locales que las acciones gremiales que no guardan relación directa con la gestión de la terminal han afectado de manera repetida su operativa, complicando la planificación tanto de empleados como de pasajeros. El impacto de esta nueva convocatoria sindical alcanza también al aeropuerto de Charleroi, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Bruselas. Este recinto informó que, ante la baja de personal provocada por la huelga, no existe capacidad para garantizar la seguridad en las operaciones, por lo cual ni los vuelos de salida ni los de llegada podrán llevarse a cabo, reportó el citado medio.

En paralelo a las movilizaciones en el transporte aéreo, el contexto de huelgas se extiende también al sector del ferrocarril belga. Según detalló la empresa pública SNCB, esta semana se han realizado tres jornadas de paros desde el pasado domingo, programados para concluir a las 22:00 horas del miércoles previo al nuevo paro general. La compañía prevé reforzar los servicios ferroviarios para facilitar el traslado de manifestantes a Bruselas durante el jueves, medida que busca minimizar el impacto sobre quienes participen en las protestas, según precisó la propia empresa en declaraciones recogidas por el medio.

Las autoridades instan tanto a residentes como a visitantes a informarse sobre las alteraciones previstas y tomar precauciones adicionales, ya que la confluencia de huelgas en el transporte aéreo y ferroviario, así como en el servicio público, dificultará los desplazamientos dentro y fuera de Bruselas. Tal como ha subrayado el aeropuerto internacional, las reiteradas acciones sindicales ponen de manifiesto la tensión existente entre los trabajadores y el Ejecutivo, contexto que se refleja en la persistencia de medidas de presión que afectan a la vida cotidiana de decenas de miles de personas.

La situación genera inquietud especialmente para quienes dependen del transporte para actividades esenciales o cuentan con compromisos ineludibles, ya que los escenarios de retrasos y cancelaciones pueden prolongarse más allá del día de la huelga. El aeropuerto de Bruselas subrayó además que estas movilizaciones exceden su propio ámbito de gestión y responden a un clima general de protesta contra políticas que, según los sindicatos, impactan en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos y privados.

De acuerdo con los datos proporcionados por el aeropuerto y reproducidos por el medio, la magnitud de los afectados —más de 40.000 personas entre salidas y llegadas— evidencia la dimensión de la protesta convocada. Las alteraciones en las conexiones aéreas y ferroviarias repercuten también en la gestión hotelera y en sectores dependientes del turismo y los negocios internacionales, cuyo flujo habitual se verá comprometido durante la jornada.

Las autoridades belgas, junto con los organizadores gremiales, anticipan una jornada marcada por numerosas concentraciones y la posibilidad de bloqueos temporales en ejes viales relevantes. El seguimiento de la huelga y la cobertura en los medios locales ponen de relieve la creciente frecuencia de estas protestas en los últimos años, fenómeno que el aeropuerto de Bruselas ilustró al recordar las ocho ocasiones en que debió suspender operaciones por conflictos sindicales ajenos a sus propias decisiones administrativas.

En Charleroi, la advertencia sobre la imposibilidad de asegurar vuelos suma complejidad al panorama para quienes utilizan esta terminal como puerta de entrada o salida del país, y es probable que sus efectos se perciban también en las regiones circundantes y en las rutas terrestres conectadas. Las autoridades aeroportuarias y ferroviarias proporcionan actualizaciones y recomendaciones en tiempo real, buscando minimizar el desconcierto ante un escenario que, según han manifestado, escapa a su control directo debido a la extensión y transversalidad de la protesta.

La multitudinaria participación sindical y la previsión de una significativa presencia en las calles sitúan a Bruselas y sus alrededores como epicentro de la movilización, con impactos que trascienden lo local y afectan la conectividad nacional e internacional de Bélgica.

Tras más de 18 años al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel dejará la conducción del gremio y no se presentará en las próximas elecciones para renovar su cargo como secretario general. La decisión, que se informó como parte de un acuerdo interno, marca el final de una etapa en el sindicalismo docente.

Baradel supo cosechar un alto perfil en los conflictos salariales docentes de la provincia de Buenos Aires de las últimas décadas. Confrontó con paros prolongados en las gestiones de los gobernadores Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Luego, la conflictividad disminuyó sensiblemente con la llegada de Alberto Fernández al gobierno nacional y Axel Kicillof a La Plata.

La candidata oficialista para suceder a Baradel es María Laura Torre, actual secretaria adjunta y dirigente histórica alineada con su gestión. Las elecciones de renovación de autoridades están previstas para el 13 de mayo. Asumirán el 23 de ese mes para representar a los más de 100 mil afiliados de los más de 300 mil docentes que trabajan en el principal distrito del país.

El objetivo, según el oficialismo del gremio, es ampliar la base de representación y promover un recambio dirigencial consensuado. Baradel consideró “importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo”, dijo y agregó que “los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

En particular, la lista que hasta ahora condujo Baradel busca sumar los distritos bajo control y siempre disputados de la opositora lista de izquierda Multicolor, que tiene como principal referente a la diputada Romina Del Plá. Actualmente, estos distritos son Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre.

La gestión de Baradel estuvo marcada por años de conflictividad gremial. El año 2017 resultó el año más intenso, en plena gestión de Vidal, con paritarias sin resolución y huelgas recurrentes que afectaron la actividad escolar de la mayoría de los estudiantes de escuelas estatales. Según el dirigente gremial, “no fue una lucha nuestra contra Vidal, sino de ella contra nosotros. Eso lo escribió ella misma en su libro”, expresó.

También se recuerda una medida de fuerza prolongada durante la gobernación de Daniel Scioli, con más de 20 días consecutivos sin clases.

En el último tiempo, Baradel se alineó políticamente con la gestión del gobernador Axel Kicillof y el Suteba evitó realizar paros provinciales por mejoras salariales hasta el 6 de marzo pasado, cuando la organización se sumó a una huelga convocada junto a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Por lo general, en este tiempo el gremio se plegó a acciones de índole nacional, entre ellos, los reclamos docentes al gobierno de Javier Milei para que se incremente el salario mínimo y se restituya el Fondo de Incentivo Docente (FONID).

El día después

La salida de Baradel de Suteba no implica un retiro total de la vida gremial. El dirigente mantendrá su actividad en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), donde actualmente es secretario general adjunto, y en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como secretario de Relaciones Internacionales. En ambas entidades habrá elecciones este año, por lo que Baradel deberá renovar sus cargos.

Según expresó, su propósito es continuar en la CTA “militando para reunificar a las dos centrales”, que hoy tienen como principales dirigentes al diputado Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A). Y permanecer en CTERA, la confederación de sindicatos de maestros a nivel nacional. “Todavía no sé en qué cargos, ni se habló de eso”, dijo al diario Clarín sobre su rol en esa entidad gremial.

Durante los años de mayor exposición pública, Baradel enfrentó situaciones de alta tensión, entre ellas amenazas directas a su familia, en un contexto de conflictividad que lo posicionó como uno de los sindicalistas más visibles y controvertidos del país. Su ciclo dejará una huella en el sindicalismo docente.

El Decreto 0234 de 2026, impuesto por el Gobierno colombiano para rediseñar la negociación colectiva entre empresas y sindicatos, sería inconstitucional y atentaría contra los convenios internacionales sobre trabajo, según la firma legal Chapman Wilches, que anunció una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional.

El centro de la nueva polémica reside en que la norma pretende habilitar la negociación sindical en niveles superiores al de empresa —tales como grupos empresariales, industrias o incluso ámbitos geográficos locales— mediante regulación ejecutiva y no mediante el proceso legislativo que exige la ley colombiana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Para el abogado Charles Chapman López, esto constituye un vicio de inconstitucionalidad esencial en el propio diseño del decreto. La firma sostiene que, pese a las referencias invocadas en el texto oficial, ni la Constitución de Colombia ni las leyes citadas otorgan facultades para alterar de modo unilateral el modelo clásico de negociación colectiva. Cualquier cambio debería pasar por el Congreso y no por un decreto ejecutivo, como el promulgado por el Gobierno de turno.

Impacto en empresas y trabajadores

Uno de los argumentos centrales denunciados es el efecto de “carrusel de negociaciones” que —a falta de límites de fases y tiempos— podría sumergir a empresas y trabajadores en discusiones sindicales permanentes. La firma advierte que el decreto permite encadenar una negociación en la empresa con otra a nivel de grupo empresarial, seguida de una negociación bajo el paraguas de industrias completas, y así sucesivamente, incluso, llegando al ámbito local o departamental.

Dicha estructura, sin topes regulatorios, podría derivar en una proliferación infinita de instancias de negociación. Según la presentación de la compañía, “en consecuencia, cualquier nivel cabe”, lo que genera inseguridad y desgaste tanto para las empresas —que enfrentarían “un desincentivo para la creación de grupos empresariales”— como para los trabajadores, atrapados en un proceso institucionalizado de negociaciones sin fin.

Representatividad y democracia sindical

Otro foco de crítica reside en que el decreto no establece ningún umbral mínimo de representación sindical para que un sindicato pueda presentar pliegos de peticiones en nombre de un sector. El documento advierte que organizaciones minoritarias, con apenas “25 trabajadores afiliados a una rama específica”, tendrían capacidad legal para activar una negociación sectorial obligatoria, aunque existan 100.000 empleados en el mismo sector.

Surge entonces la pregunta sobre si una minoría sindical puede “imponer reglas a la mayoría”, por lo que se plantean dudas graves sobre el respeto al artículo 39 de la Constitución Política de Colombia —que exige respeto por los principios democráticos y la libertad de asociación, incluido el derecho a no sindicalizarse—. Chapman López resalta que el decreto no contempla un espacio para acuerdos colectivos equivalentes negociados por trabajadores no sindicalizados.

Además, habló de la posibilidad de que un tribunal de arbitramento extienda un laudo surgido de un pliego minoritario a toda una industria, incluidas micro y pequeñas empresas, multiplica los riesgos para el sector.

Un “nuevo impuesto” para los trabajadores

La controversia incluye la creación de lo que los abogados denominan “un nuevo impuesto a los trabajadores”, al prever el pago obligatorio de cuotas sindicales de todos los beneficiarios de los acuerdos colectivos derivados de estas negociaciones por niveles, aun sin estar afiliados a ningún sindicato y sin importar la representatividad de la organización sindical.

El análisis alerta que, en el peor de los escenarios, “al trabajador le tocaría pagar más de cinco cuotas sindicales”, si las negociaciones sectoriales se superponen con acuerdos a nivel de empresa y grupo, engrosando los ingresos sindicales a costa de quienes no eligieron afiliarse.

Micro y pequeñas empresas en riesgo de liquidación

Respecto a la estructura productiva nacional, el decreto sería nocivo para las micro y pequeñas empresas, ya que no las excluye ni garantiza su representación en los ámbitos de negociación sectorial, salvo de forma optativa. Si bien permite cláusulas de “adaptabilidad y gradualidad” para estas empresas, prohíbe que ello implique una diferenciación en el ámbito de aplicación mínima del convenio sectorial.

Se prevé que muchas microempresas no podrían soportar los sobrecostos derivados de acuerdos sectoriales pensados para grandes jugadores, al punto de forzar a la liquidación de sus operaciones y desalentar el emprendimiento. “Este gobierno que decía defender la economía popular terminará siendo su exterminador”, sentencia el documento.

Violación de convenios internacionales

Desde un enfoque internacional, la firma Chapman Wilches advierte la transgresión de los Convenios 98 y 154 de la OIT. Y es que la opinión técnica de la propia OIT sobre el anteproyecto recomienda que en Colombia “la negociación por encima del nivel de empresa incumbe solo a las partes; éstas, en inmejorable posición para decidir cuál es el nivel más adecuado para llevar a cabo la negociación”.

El decreto, dicen los abogados, traslada esa facultad a un decreto administrativo, bajo el riesgo de “una sanción cuantiosísima por no negociar”, que desnaturaliza el diálogo social y convierte un derecho en una obligación gravosa.

La demanda anunciada insiste en solicitar una medida provisional inmediata, para frenar lo que consideran “el exterminio de las pequeñas empresas” y evitar “el caos que genera el decreto” en la estructura laboral y productiva del país. El pronunciamiento concluye con un llamado a preservar el empleo formal y la inversión privada —“que está en los mínimos históricos”— en un país donde, resaltó Charles Chapman López, la prioridad debería ser combatir la pobreza y promover el progreso con equidad.

Según difundió la agencia EFE, el lunes en Lisboa terminó sin resultado el último encuentro clave entre el Gobierno que dirige el primer ministro Luís Montenegro, representantes de la UGT y las principales organizaciones empresariales, destinado a negociar la reforma del marco legal de relaciones laborales. A pesar de intensas discusiones, el proceso no logró concluir con un consenso entre las partes involucradas, profundizando las discrepancias alrededor de los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Las acusaciones cruzadas marcaron el cierre de este ciclo de negociaciones. Una fuente del Ministerio de Trabajo, citada por la emisora pública RTP, responsabilizó a la UGT de haberse mostrado “intransigente” durante el diálogo, aunque aseguraron a su vez que el Gobierno pondrá todos los recursos a su disposición con el objetivo de alcanzar algún tipo de pacto. En paralelo, Armando Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal (CIP), estableció la responsabilidad en la central sindical como uno de los principales motivos para el estancamiento de las conversaciones, según reportó EFE.

Desde el lado sindical, Mourão argumentó que el sindicato no pudo respaldar la propuesta estatal porque subsistían las líneas esenciales del plan original del Gobierno, a pesar de que existían otros puntos previamente consensuados. Además, hizo alusión a la postura de la ministra de Trabajo, que reiteró su negativa a abandonar ciertos componentes fundamentales del borrador, lo que impidió un acuerdo global.

El contexto social en Portugal refleja el aumento de las tensiones a medida que el proceso legislativo sobre la reforma laboral avanza. El 28 de febrero, cientos de personas marcharon por el centro de Lisboa convocados por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), el otro gran sindicato del país, en protesta contra la iniciativa gubernamental. Los portavoces de los trabajadores han solicitado al Ejecutivo la retirada integra del proyecto en su forma actual, argumentando que desregula los horarios, favorece la extensión de los contratos precarios, facilita las vías de despido y representa una amenaza para los derechos de maternidad y paternidad, según detalló EFE.

La oposición sindical a la reforma ha derivado también en importantes movilizaciones, como la huelga general del 11 de diciembre, registro que marcó la primera huelga nacional en Portugal en los últimos doce años, según consignó EFE. Estos precedentes ilustran el clima de conflictividad laboral y social en torno a un paquete normativo que busca alterar aspectos clave de las condiciones de empleo en el país.

El Gobierno, bajo la dirección de Luís Montenegro, pertenece al espectro del centroderecha y sostiene que la propuesta de reforma responde a necesidades de modernización y flexibilidad en el mercado laboral. No obstante, sindicatos como la UGT y la CGTP-IN cuestionan la conveniencia y los efectos sobre la protección y estabilidad de los trabajadores, señalando retrocesos respecto a derechos sociales, laborales y familiares. Tal como publicó EFE, la falta de acuerdo entre las partes mantiene en suspenso la aprobación definitiva de la reforma e incrementa la incertidumbre sobre futuras rondas de negociación y la posibilidad de nuevas acciones de protesta.

Mientras el Ejecutivo reiteró su disposición de continuar trabajando para acercar posturas, la exigencia de los sindicatos se concentra en la modificación o eliminación de las cláusulas consideradas perjudiciales para los empleados. EFE reportó que, por el momento, la persistencia de las posiciones encontradas impide cualquier adelanto, con el horizonte de nuevas movilizaciones y protestas sociales si no se producen cambios sustanciales en el proyecto legislativo.

La tensión vuelve a crecer en Digi. La plantilla de la empresa de telecomunicaciones de origen rumano retoma las protestas tras la polémica por el nuevo convenio colectivo, que los empleados consideran responsable de un deterioro generalizado de sus condiciones laborales en todo el país. Ese convenio desencadenó movilizaciones y huelgas en ciudades como Bilbao, A Coruña, Vigo o Sevilla, donde los trabajadores denunciaron públicamente la pérdida de derechos y el endurecimiento de las condiciones. Ahora, con el foco puesto en la reciente salida a bolsa de la empresa, los empleados aseguran que la presión se ha intensificado aún más.

Según denuncian desde la sección sindical de Digi en CNT Sevilla, la estrategia de la empresa para presentar resultados atractivos a los inversores ha recaído sobre la plantilla con un “aumento de la carga de trabajo”. Con la llegada de la empresa al parqué bursátil, “Digi ha incrementado las metas de ventas, ajustado el sistema de comisiones y ampliado las tareas asignadas a los empleados”, precisan. Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 11.000 trabajadores en España.

“Se nos exige más producción, más ventas y mayor rendimiento, pero cobramos menos por ello y trabajamos bajo más presión”, han explicado los trabajadores. Un aumento de obligaciones que se ha producido sin las correspondientes mejoras salariales ni refuerzos en los equipos, sostienen Por ello, el sindicato advierte de que la situación podría desembocar en nuevas movilizaciones si la dirección no accede a abrir un proceso de diálogo “real” que permita revisar las condiciones de trabajo.

“Tras salir a bolsa, busca mostrar resultados positivos y, para lograrlo, la empresa les están apretando las tuercas, recortando derechos laborales. Esto incluye la eliminación de ciertas comisiones y la imposición de restricciones que dificultan a los trabajadores mejorar sus ingresos”, dicen a Infobae desde CNT. “Son los de abajo quienes pagan el pato”.

Planes de expansión de la empresa

El malestar de los trabajadores contrasta con las cifras récord y los planes de expansión de la compañía, que prevé superar los 1.000 millones de euros de ingresos en España y mantener una sólida inversión en infraestructuras y crecimiento en los próximos años.

Según explicaron a la prensa el pasado 5 de marzo el consejero delegado de la empresa, Serghei Bulgac, y el responsable del grupo en España, Marius Varzaru, Digi estima que la inversión en infraestructuras se mantendrá por debajo del 10% de la facturación, informa Europa Press.

De cara al futuro, la operadora planea invertir 850 millones de euros entre 2027 y 2029 con el objetivo de mejorar su rentabilidad a partir de 2029 o 2030. Al ser consultado por una posible venta de la filial española a Telefónica, Bulgac descartó esa opción y afirmó que “no hay razón ninguna para vender”.

Entre los datos que reflejan el escenario actual de la política española, uno llama la atención: uno de cada cuatro parlamentarios cree que el sistema está corrompido y necesita ser reemplazado. Según informó Europa Press, estos resultados proceden de una encuesta realizada a 518 diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de todas las formaciones políticas, elaborada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Burgos en el marco del proyecto internacional Comparative Candidate Survey (CCS). Este amplio estudio recoge valoraciones sobre instituciones, percepciones sobre la democracia e impresiones sobre temas clave de la agenda pública.

De acuerdo con los resultados detallados por Europa Press, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado obtienen una puntuación media de 7,1 sobre 10 por parte de los representantes parlamentarios. El Poder Judicial y la Corona se sitúan por encima del umbral del aprobado, con medias de 5,8 y 5,5 puntos, respectivamente. Medios de comunicación, sindicatos y organizaciones empresariales reciben, en cambio, valoraciones significativamente más bajas, con 4,3 y 4,8 puntos.

Los matices partidistas atraviesan la encuesta de manera notable. Los representantes del Partido Popular (PP) otorgan más de 8 puntos sobre 10 tanto al Poder Judicial como a la Monarquía, militares y miembros de las fuerzas de seguridad, pero bajan la nota a 2,6 puntos en el caso de los sindicatos. Por el contrario, los parlamentarios socialistas registran puntuaciones superiores a 6,7 en apoyo a los sindicatos, mientras que dan poco más de 4 puntos a la Corona y al Poder Judicial. Los representantes de Vox asignan 6,6 puntos a la Monarquía, aunque se sitúan como los más críticos con la prensa y los sindicatos, puntuando estos ámbitos con 1,7 y 0,5 puntos, respectivamente.

Según publicó Europa Press, las formaciones de izquierda alternativa, como Sumar y Podemos, junto con partidos nacionalistas e independentistas —Bildu, Junts, PNV, ERC y BNG—, otorgan las calificaciones más bajas al Rey, ninguna superando el 1 sobre 10. Tampoco aprueban al Poder Judicial, a los medios de comunicación ni a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, reflejando una notable distancia respecto a las posiciones de las formaciones conservadoras.

El informe reportó también la percepción de los parlamentarios sobre la situación política y la confianza ciudadana en el régimen democrático. El 76% de los encuestados considera que la ciudadanía está perdiendo la confianza en la democracia, mientras que únicamente el 8% rechaza esa afirmación. En el análisis de grupos, los socialistas se muestran más esperanzados en comparación con los representantes de Bildu, que manifiestan visiones más pesimistas sobre el futuro democrático.

A pesar del escepticismo sobre la confianza social, la adhesión a la democracia persiste: el 94% de los representantes públicos manifiesta estar muy o bastante de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. Solo un 5% asume una posición intermedia y el 2% sostiene una postura contraria.

Europa Press detalla que el 63% de los encuestados está conforme con que el político debe respetar la voluntad popular, mientras que un 8% no comparte esa premisa. Un 70% defiende que los representantes deberían investigar las opiniones de los votantes y reflejarlas en sus posiciones políticas, aunque un 30% prefiere mantener ideas propias y buscar convencer a los electores. Destaca entre los diputados de Junts y Vox una mayoría partidaria de mantener las propias convicciones ante cualquier circunstancia.

En lo referido a la toma de decisiones políticas relevantes, el sondeo revela división: un 37% apoya la utilización frecuente de referendos, mientras un 34% prefiere delegar esas funciones en los mandatarios electos. En cuanto al enfoque sobre la igualdad de género, el 38% de los representantes populares y el 69% de los de Vox consideran que la discriminación hacia las mujeres ha dejado de ser un problema en España; frente a ellos, la gran mayoría de las demás fuerzas políticas discrepa de esa percepción.

El estudio también recoge datos sobre derechos civiles. La mayor parte de los parlamentarios respalda el matrimonio homosexual, y solo un 4% se muestra a favor de prohibirlo por ley. Sin embargo, entre los diputados de Vox, un 37% apoya la derogación de dicha legislación, mientras que un 34% se opone a eliminarla.

Al abordar la política migratoria, Europa Press indicó que un 52% de los representantes aprueba que se solicite a los inmigrantes adaptarse a las costumbres nacionales, en contraste con un 23% que rechaza esa petición. Las proporciones varían según la formación: los miembros de Vox (100%), PP (83%), Junts (77%) y PNV (64%) se muestran a favor de esta orientación, mientras que en Bildu, Sumar/Podemos y ERC ese respaldo es mínimo. A pesar de estas diferencias, el 81% del total valora que la inmigración resulta positiva para la economía española; solo un 4% mantiene una postura contraria, aunque dentro de Vox predominan las opiniones negativas respecto a este aspecto.

Sobre políticas medioambientales, un 68% manifiesta acuerdo en la necesidad de establecer medidas firmes para la protección ambiental, observándose nuevamente la excepción de Vox, donde un 69% de sus representantes se opone a tal afirmación. El sondeo recoge, además, datos sobre prioridades presupuestarias: un 46% de los parlamentarios se muestra muy o bastante conforme con otorgar alta prioridad al gasto en defensa, situación donde PP y Vox presentan porcentajes de apoyo superiores al 75%. En cambio, el apoyo entre formaciones de izquierda y nacionalistas no alcanza el 14%.

La cuestión fiscal aparece reflejada en el posicionamiento sobre el nivel de impuestos para sostener servicios públicos. Según la encuesta a la que tuvo acceso Europa Press, la media de apoyo entre los representantes se sitúa en 7,1 puntos sobre 10. Los miembros de Vox, PP y Junts puntúan esta alternativa con 4, 5,2 y 5,7 puntos, respectivamente, mientras que los partidos de izquierda superan los 9 puntos.

El estudio elaborado por la UNED y la Universidad de Burgos, tal como remarcó Europa Press, revela así un mapa marcado por diferencias ideológicas en la percepción y valoración de instituciones, políticas públicas y principios democráticos entre quienes conforman el arco parlamentario español.

Entre los sectores señalados por el Gobierno como más vulnerables ante el encarecimiento de la energía, se encuentran áreas como la industria química, la metalurgia, la farmacéutica y la agrícola, donde los incrementos de precios en materias primas y fertilizantes pueden repercutir en la competitividad y estabilidad del empleo. En ese contexto, la acción anticipada de la administración pretende mitigar impactos negativos derivados del conflicto internacional en Oriente Próximo y sus repercusiones sobre el mercado energético mundial, especialmente en industrias españolas con alto consumo eléctrico.

Según detalló el medio El País, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que el Ejecutivo dispone ya de un abanico de herramientas para intervenir rápidamente en caso de que el agravamiento del conflicto afecte la economía nacional. Entre estas medidas destacan la activación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prohibición de despidos en sectores especialmente sensibles, la reducción de jornadas laborales a través del mecanismo RED —que permite ajustar la actividad de las empresas sin recurrir a la destrucción de empleo— y el ofrecimiento de distintos tipos de apoyos directos a las compañías.

El planteamiento presentado por Díaz incluye la coordinación previa con sindicatos y patronal. El Ejecutivo ha hecho llegar a estas organizaciones un documento que recopila todos los instrumentos disponibles, que, según la ministra, han sido consensuados y avalados una vez más por los agentes sociales. El objetivo central es garantizar que tanto las empresas como los trabajadores dispongan de garantías suficientes en caso de que las repercusiones sobre el coste de la energía o de las materias primas pongan en riesgo su situación laboral o económica.

La reacción del Gobierno se produce después de que, en los días recientes, los mercados internacionales hayan registrado aumentos significativos en los precios del petróleo y el gas. Tal como informó El País, las autoridades consideran que el posible efecto inmediato podría trasladarse tanto a la factura energética como a la capacidad adquisitiva de empresas y ciudadanos. Por ello, la ministra enfatizó que las herramientas ya existen y se encuentran preparadas para ser empleadas de manera inmediata, sin necesidad de tramitar nuevas aprobaciones urgentes en el caso de que la situación internacional lo requiera.

En declaraciones hechas desde Bruselas, Díaz subrayó que la administración actuará con prudencia en su seguimiento de los acontecimientos y tomará las decisiones conforme a la evolución de la coyuntura internacional. Según publicó El País, la funcionaria remarcó que el modelo que se plantea para mitigar los riesgos económicos actuales es similar al implementado durante anteriores crisis. Ejemplificó la manera en que la respuesta ante la pandemia consistió en la activación de mecanismos rápidos y en la protección del mercado laboral sin costes adicionales para quienes resulten más afectados.

La vicepresidenta destacó que, en especial, se mantiene una vigilancia sobre sectores definidos como “electrointensivos”, que agrupan a aquellas industrias cuyo proceso productivo depende en gran medida del consumo eléctrico, entre ellas la química, la siderurgia, la metalurgia, así como farmacéutica. El encarecimiento de la electricidad en estos ramos puede provocar variaciones importantes en los costes de producción, e incluso amenazar la continuidad de la actividad si no se adoptan medidas de apoyo.

El sector agroalimentario también ha sido identificado como otro ámbito preocupado por la evolución de los precios, particularmente por el incremento de los fertilizantes, de los cuales dependen intensamente buena parte de las explotaciones agrícolas. El país señaló en su reporte que Díaz aseguró que el Gobierno buscará intervenir para compensar la eventual caída de la capacidad de compra de las familias, con el objetivo de sostener tanto la demanda interna como la continuidad de la producción.

Por otra parte, la ministra recalcó que la estructura de ayudas y apoyos está diseñada de tal forma que no requiere de nuevas autorizaciones, ya que las medidas fueron previamente aprobadas en el marco de crisis recientes, lo que permite una activación inmediata si así lo exigen las circunstancias. Según consignó El País, Díaz expresó que todas las herramientas están a disposición y pueden utilizarse en cualquier momento para proteger tanto el tejido empresarial como el nivel de empleo en los sectores más afectados.

En sus declaraciones, Yolanda Díaz transmitió un mensaje dirigido a tranquilizar a los agentes económicos: “Lo que sí quiero es enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores, porque estamos preparados para actuar si esto fuera necesario”, afirmó la vicepresidenta, según informó El País. Esta disposición forma parte de una estrategia de precaución ante eventuales tensiones o caídas de la actividad económica ocasionadas por volatilidad en los mercados internacionales.

De acuerdo con los detalles publicados por El País, las autoridades españolas mantienen comunicación fluida con los sectores empresariales y los sindicatos para evaluar la evolución de la situación. El Ejecutivo central prevé actualizar y ajustar la respuesta económica en función del impacto real que pueda observarse sobre los costes energéticos y el empleo, priorizando siempre la protección de los colectivos con mayor exposición a las subidas de precios.

El mecanismo RED, una de las herramientas clave mencionadas, permite a las empresas ajustar la plantilla y adaptar la jornada de trabajo sin cesar los contratos, lo que favorece tanto la protección del trabajador como la viabilidad empresarial en momentos de incertidumbre. El País explicó que este instrumento, junto con los ERTE y la limitación de despidos, integra una batería de soluciones ya probadas anteriormente para preservar el empleo y la producción nacional.

El Gobierno considera que la combinación de estas medidas puede ofrecer respuestas flexibles y rápidas frente a posibles crisis derivadas del encarecimiento de la energía y de las materias primas, y que de esa forma puede minimizarse la repercusión en el poder adquisitivo y en la estabilidad del empleo. Según reportó El País, se dará prioridad a aquellos ámbitos identificados como estratégicos por su impacto en la economía y en la población.

La estrategia oficial recoge tanto apoyos específicos a empresas como acciones encaminadas a proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores ante la incertidumbre internacional. Según publicó El País, el Gobierno insiste en que el proceso de diálogo social ya está en marcha, y que las herramientas propuestas han contado con la colaboración de los principales representantes empresariales y sindicales, buscando así una reacción que integre todas las sensibilidades y necesidades manifestadas por los sectores implicados.

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, que introdujo cambios fundamentales en el sistema de negociación colectiva del país. La norma establece mesas únicas por sector o rama, permite extender los convenios a empresas no participantes y exige que todos los trabajadores beneficiados por acuerdos sindicales, aunque no sean afiliados, realicen aportes al sindicato respectivo.

La nueva reglamentación establece la negociación colectiva sectorial como mecanismo central. Esto implica que las organizaciones sindicales puedan negociar acuerdos que después se apliquen a empresas de todo el sector, incluyendo a aquellas que no participaron de manera directa en las negociaciones. Además, todos los empleados beneficiados por estos convenios, siendo o no afiliados, deberán aportar económicamente al sindicato.

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“Con dignidad cumplimos. En desarrollo de los artículos 39, 55 y 56 de la Constitución Política de 1991, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, expedimos el Decreto 0234 de 2026, que reglamenta la negociación colectiva por niveles en Colombia y materializa estos mandatos constitucionales”, expresó el funcionario.

El ministro indicó además que con la nueva norma se cumplen los convenios internacionales ratificados por Colombia y se protege la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Críticas al decreto laboral

Por supuesto, la medida desató una controversia abierta entre el ministro Sanguino y miembros de la oposición como el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, así como del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, que tienen posturas divergentes sobre las implicaciones legales y sociales.

Forero manifestó un rechazo tajante. Dijo que “otra vez el Gobierno usurpa funciones del Congreso y decreta artículos hundidos de la laboral. Las negociaciones colectivas ya no serán entre empresa y sindicato, sino por rama de actividad”. Lamentó que “acaban los sindicatos de base y obligan a trabajadores no sindicalizados a pagar cuota”.

El congresista considera que la regulación desplaza la negociación de lo empresarial a lo sectorial, limitando la autonomía tanto de empleadores como de sindicatos de base. Según Forero, se trata de una acción unilateral que revive propuestas ya descartadas en otros escenarios legislativos.

La postura de Forero también expone la preocupación por la obligatoriedad de las aportaciones sindicales, incluso para quienes no están afiliados, lo que, según él, vulnera derechos individuales.

Rechazo empresarial y advertencia de Fenalco

Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, criticó con fuerza la expedición del decreto. Señaló que se busca “revivir, por vía administrativa, o sea, por la puerta de atrás lo que el Congreso negó en la reforma laboral”.

Cabal advirtió que la posibilidad de suscribir acuerdos sectoriales podría “obligar a empresas que no participaron en la negociación a respetar los acuerdos alcanzados”. Esto, remarcó, “es un nuevo golpe para las mipymes que quedarían obligadas a cargas salariales cuantiosas. Pero además, se pretende que los trabajadores no afiliados al sindicato que negoció en el sector deban pagar aportes a esa organización”.

Considera el dirigente que la medida vulnera el derecho a la no asociación, principio contemplado dentro de la libertad sindical y la Constitución. Los empresarios, según Cabal, temen impactos negativos en la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Respuesta del ministro Antonio Sanguino a las críticas

Ante las objeciones, Antonio Sanguino respondió por medio de X: “Faltas a la verdad, estimado congresista Forero. Conviene recordarle que una de las funciones propias del Gobierno es reglamentar las leyes vigentes, como el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, no se está usurpando ninguna función del Congreso”.

El ministro explicó que el decreto regula derechos que ya existen en el sistema jurídico colombiano y aseguran que “la negociación a nivel de empresa se mantiene intacta. Lo que hace esta medida es abrir la posibilidad de negociar en otros niveles, como el sectorial o por rama de actividad, ampliando los mecanismos de diálogo social”.

Democratizar la participación de los trabajadores

Añadió que el objetivo principal es democratizar la participación de los trabajadores, permitiendo que puedan negociar tanto por empresa como por rama. “Esto no solo fortalece el diálogo laboral, sino que puede reducir la conflictividad laboral y disminuir los altos costos que hoy asumen las empresas en litigios y asesorías jurídicas”, insistió.

Respecto a la polémica surgida por la aportación sindical obligatoria, Sanguino remarcó que “quien decide acogerse a los beneficios aporta la cuota correspondiente, como lo establece la ley. Y quien no quiera hacerlo, puede renunciar a esos beneficios y no pagar ninguna cuota sindical”.

Por último, el funcionario hizo un llamado a un debate respetuoso y responsable, al resaltar la necesidad de priorizar el bien común sobre los intereses particulares o sectoriales en la discusión sobre el futuro de las relaciones laborales en Colombia.

Asimismo, la nueva norma introduce como obligatoria la negociación colectiva sectorial, lo que restringe la autonomía interna de las empresas. Obliga a unificar demandas sindicales y canalizarlas en una mesa única por sector o grupo empresarial, siempre que las partes así lo acuerden, lo que modifica prácticas históricas del diálogo laboral en Colombia.

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La norma también impone que los trabajadores no afiliados, pero beneficiados por acuerdos colectivos, deban hacer la misma contribución económica que los miembros sindicalizados, lo que genera polémica en torno a derechos individuales y a la constitucionalidad de la medida.

De igual manera, transforma la negociación colectiva en Colombia al organizar la mesa de negociación obligatoria y la presentación de un solo pliego de peticiones sindicales, con la búsqueda de “procesos de diálogo social más racionales y eficientes, reduciendo los tiempos y costos administrativos de las negociaciones, lo cual, según el texto, incidirá favorablemente en la paz social y la productividad de las empresas”.

Negociaciones colectivas

Las nuevas disposiciones permiten que las negociaciones colectivas se hagan por ramas de actividad económica completas o grupos empresariales. Los acuerdos sectoriales fijan condiciones que aplican como mínimo para todas las empresas incluidas, aunque cada empresa pueda negociar mejoras, sin rebajar los parámetros establecidos. El ámbito de estos acuerdos abarca solo al sector privado y a los trabajadores oficiales; los empleados públicos no están comprendidos por esta regulación.

La integración en la mesa de negociación se decide según el número de afiliados que cada sindicato tenga en el ámbito correspondiente. El Decreto 0234 prevé representatividad proporcional, pero garantiza que “las organizaciones minoritarias tendrán derecho a un representante en la mesa de negociación si no logran cupo suficiente por afiliación”. Por su parte, los empleadores estarán representados por asociaciones que acrediten su representatividad según el número de empresas, trabajadores y peso económico en el sector.

Ambas partes deberán negociar bajo el principio de buena fe, nombrando representantes con poder de decisión, intercambiando información relevante y evitando conductas obstructivas. El Ministerio del Trabajo ejercerá la función de validar la representatividad y facilitar la conformación de las mesas.

Asimismo, se incluyen reglas específicas para proteger la sostenibilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se exige que las convenciones sectoriales con participación de estas empresas incorporen cláusulas de adaptabilidad y gradualidad para la implementación progresiva de obligaciones adicionales, siempre sin rebajar el piso legal mínimo de derechos ni los beneficios provenientes de acuerdos previos de mayor rango.

Impacto del decreto en empresarios y mipymes

Por supuesto, la expedición de la norma generó críticas. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó preocupación por el carácter obligatorio y la extensión de las negociaciones colectivas sectoriales. De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Cabal, la expedición del decreto constituye un intento del Gobierno de establecer por vía ejecutiva regulaciones previamente rechazadas en el Congreso.

Advirtió que “esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas, que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”. El dirigente empresarial remarcó que el decreto “desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución”.

Considera el líder gremial que imponer aportaciones sindicales obligatorias a empleados no afiliados vulnera garantías individuales. “Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general”, puntualizó Cabal.

El presidente de Fenalco describió la exigencia de que trabajadores no sindicalizados paguen cuotas como un “nuevo golpe a la micro, pequeña y mediana empresa”.

Perspectiva sindical sobre los cambios en la negociación colectiva

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) interpretó el decreto como un avance para el fortalecimiento de los sindicatos en Colombia. Según el presidente de esta, Fabio Arias, “la negociación colectiva en Colombia solamente estaba permitida a nivel de cada empresa”. Para él, la nueva norma expande esa posibilidad.

“Con la expedición del Decreto 0234 del 6 de marzo de este año, el Gobierno nacional extiende la negociación colectiva por rama de actividad económica, por ejemplo, el sector financiero”, dijo.

Arias destacó que el decreto posibilita la negociación también por grupo empresarial o a nivel nacional, beneficiando a los trabajadores oficiales que ahora podrán negociar colectivamente sin estar limitados a su empresa. “Es una ampliación de la negociación, una posibilidad mayor para los sindicatos, un reto también para ellos, pero la posibilidad de fortalecer las organizaciones sindicales y centralizarlas a todos los niveles en que se desarrolla hoy la negociación colectiva”, afirmó.

Asimismo, el presidente de la CUT señaló que la extensión de la negociación colectiva por grupos empresariales y ramas productivas era una demanda histórica. La modificación, según él, representa un fortalecimiento de la estructura sindical y una democratización del alcance de los convenios laborales en Colombia.

En las vísperas del Día Internacional de la Mujer, el sábado 7, una mesa de diálogo en la Casa de la Lectura -de la red de bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires- reunió a investigadoras, escritoras y docentes para conversar sobre el sentido y los desafíos del trabajo femenino, incluyendo la doble jornada, el valor del trabajo intelectual y los deseos y expectativas actuales.

Así, la historiadora Graciela Queirolo conversó con la escritora Débora Mundani se reunieron en una charla titulada: She works hard for the money (Ella trabaja duro por su dinero). Coordinó la charla la periodista Olga Viglieca.

Queirolo es autora de libros como Mujeres, saberes y profesiones y Mujeres en las oficinas. Mundani, por su parte escribió Batán, El río y Las convenciones. Y Viglieca, el ebook Las obreras que voltearon al zar.

Hoy, planteó la moderadora, el trabajo de las mujeres, tanto el remunerado como el de cuidados, enfrenta la persistencia de la doble jornada, la escasez de tiempo personal y profesional y la dificultad para que su esfuerzo sea reconocido social y económicamente. Las mujeres lidian con desigualdades en la retribución y el valor simbólico de su labor, mientras se multiplican iniciativas colectivas destinadas a visibilizar y defender sus derechos.

El significado de trabajar siendo mujer abrió la discusión. “Las mujeres siemp. Y convocó a reflexionar sobre el carácter histórico y colectivo del trabajo femenino. Se mencionó la consigna “trabajadoras somos todas” para destacar la pluralidad y la historia compartida de generaciones de mujeres y su vínculo inseparable con el mundo laboral.

Desde la Revolución Industrial, dijo Queirolo, la presencia de mujeres en el empleo asalariado implicó el reto constante de equilibrar el trabajo remunerado y las tareas derivadas de los roles de género. “Participar en el empleo asalariado en ningún momento significó, ni hoy en día significa, que se desentienda de las tareas domésticas, de los quehaceres reproductivos... siempre han estado marcadas por esta doble jornada”, afirmó la investigadora.

La doble jornada y sus efectos en la vida de las mujeres

Al ser consultadas sobre el impacto de la doble jornada, las voces de la mesa fueron claras: “La sobrecarga”, dijo la historiadora. “Son claros los condicionamientos que ha tenido esta doble jornada para el desarrollo laboral, profesional, humano, moral”. La falta de tiempo y tranquilidad limita el desarrollo pleno en lo profesional y artístico.

Se remarcó la dificultad para distinguir el trabajo doméstico del asalariado y la presión social sobre las mujeres, ya sea que prioricen uno u otro espacio. “El trabajo doméstico es trabajo y cuidar y educar es trabajar”, subrayaron, reconociendo que estas tareas son laborales y no una opción de descanso.

La escritora Débora Mundani aportó su mirada: “Hoy para quienes nos dedicamos a escribir se trata de hacer tiempo de donde no hay tiempo. Son muy pocas las personas, tanto hombres como mujeres, que tienen un buen porcentaje de tiempo para escribir, porque para eso hay que hacer como un recorte del mundo”

Reconocimiento y remuneración del trabajo intelectual

Las participantes debatieron sobre los límites para definir cuándo una actividad se considera trabajo. “Escribir es un trabajo”, sostuvo Mundani. Y resaltó la importancia de la retribución económica en el ámbito artístico,

“El derecho de autor entonces es parte del trabajo”, advirtió, alertando sobre la incertidumbre creciente en torno a la protección y el valor de la producción intelectual.

¿Es necesario garantizar el trabajo de los creadores? “Los humanos no vivimos solamente de comida y de agua, estamos hechos de materia sensible”, dijo Mundani. “El orden de lo simbólico nos constituye y también puede matarnos. Entonces, que existan personas que se dediquen a crear mundos posibles también permite poner en discusión nuestro mundo”

Mujeres, sindicatos y políticas de reconocimiento

El sindicalismo fue identificado como otro eje clave en la historia del trabajo femenino. Desde principios del siglo XX, los sindicatos interpelaron a las trabajadoras, promoviendo espacios de educación y cultura. “Entramos a los codos o a los codazos en los sindicatos”, relató Queirolo, evidenciando las resistencias iniciales y la necesidad de abrirse paso en ambientes tradicionalmente masculinos.

En la actualidad, la acción colectiva de mujeres para legitimar la labor intelectual y cultural se sostiene en la búsqueda de mayor reconocimiento y regulación, en diálogo con otros sectores del ámbito artístico. “El desafío es demostrar que lo que hacemos es valioso y aporta a la construcción de sentido, de conocimiento y de crecimiento económico”, sintetizó la historiadora.

Se trataron además las diferencias entre asociaciones civiles, sindicatos y las condiciones reales para la regulación laboral y el acceso equitativo a derechos, subrayando que la conquista de condiciones laborales justas es una meta aún pendiente.

Voces y deseos en el Día Internacional de la Mujer

En este encuentro, cada participante compartió su deseo para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El anhelo común de paz y el derecho a ejercer una labor vocacional con alegría atravesaron las intervenciones, junto con el deseo de que las futuras generaciones puedan dedicarse a lo que elijan y reciban una retribución suficiente para su proyecto de vida.

La conversación dejó abierta la invitación a no resignar el encuentro ni el diálogo entre mujeres, insistiendo en el valor y la alegría de trabajar desde la pasión y el conocimiento. El deseo final: que siempre exista la posibilidad de ejercer ese derecho y que el acceso a la cultura y al trabajo digno ilumine la vida de quienes eligen y sostienen ese camino.

El permiso retribuido de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar no finaliza automáticamente con el alta hospitalaria. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia firme en la que ratifica el fallo previo de la Audiencia Nacional y corrige la interpretación restrictiva que aplicaban varias empresas.

El origen del litigio se encuentra en la demanda presentada por CCOO de Industria contra Campofrío Food Group y Carnes Selectas 2000. Posteriormente, UGT FICA se adhirió a la reclamación. Los sindicatos denunciaban que las compañías estaban limitando el permiso únicamente al periodo de hospitalización, dejando sin efecto los días restantes una vez que el paciente recibía el alta médica.

La resolución del Supremo establece que el permiso de cinco días retribuidos puede disfrutarse en su totalidad siempre que continúe el reposo domiciliario del familiar, aunque ya no esté hospitalizado.

Utilizar los cinco días del permiso

El alto tribunal recuerda que el Estatuto de los Trabajadores no solo contempla los supuestos de hospitalización, sino también “los supuestos sin hospitalización que precisen reposo domiciliario”.

En consecuencia, si tras una intervención quirúrgica, accidente o enfermedad grave el familiar necesita cuidados en casa, la persona trabajadora puede utilizar todos los días de permiso reconocidos por la normativa laboral.

La sentencia subraya que lo determinante no es la duración de la estancia hospitalaria, sino la necesidad de atención y cuidado.

Una sentencia que afecta a todas las empresas

Aunque el conflicto surgió en el ámbito de Campofrío y Carnes Selectas 2000, el fallo va mucho más allá. Al ser confirmado por el Tribunal Supremo, genera jurisprudencia y, por tanto, su interpretación debe aplicarse de forma generalizada.

Desde CCOO de Industria advierten de que todas las empresas deben tomar nota y adaptar de inmediato sus criterios internos. El sindicato recalca que el derecho no puede condicionarse a una lectura restrictiva que vacíe de contenido el permiso.

En la práctica, la sentencia obliga a revisar políticas laborales que hasta ahora entendían que el permiso concluía automáticamente con el alta hospitalaria, incluso cuando el paciente seguía necesitando cuidados en el domicilio.

¿A quién se aplica este permiso?

El Estatuto de los Trabajadores establece que el permiso puede solicitarse cuando la persona afectada sea el cónyuge o la pareja de hecho, sean parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, como padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos y suegros, entre otros, y familiares consanguíneos de la pareja de hecho.

El permiso también se aplica a cualquier persona que conviva en el mismo domicilio y requiera cuidado efectivo. Además, el derecho se activa tanto en casos de hospitalización como en intervenciones quirúrgicas sin ingreso que requieran reposo domiciliario.

Esto implica que una operación ambulatoria con prescripción de reposo también puede justificar el permiso completo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Más protección para el cuidado familiar

La decisión del Supremo refuerza la finalidad del permiso: permitir que las personas trabajadoras puedan atender a familiares o convivientes en situaciones de especial necesidad sin perder salario.

El tribunal deja claro que limitar el permiso al periodo estricto de hospitalización desnaturaliza su propósito, ya que en muchos casos la fase más delicada del cuidado comienza precisamente tras el alta médica.

Con esta sentencia firme, se consolida una interpretación más amplia y garantista del derecho laboral. A partir de ahora, las empresas no podrán negar los días restantes si el familiar continúa en reposo domiciliario. En este sentido, la resolución marca un antes y un después en la aplicación práctica de uno de los permisos retribuidos más utilizados y refuerza la seguridad jurídica de miles de trabajadores que deben conciliar empleo y cuidados familiares.

La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

A modo general y, en el primer tratamiento en la Cámara alta, ocurrieron diversas situaciones que inclinaron la balanza hacia una luz verde: se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año. En Diputados, lo último fue votado y gritado como un gol por muchos libertarios que, por lo visto, se nutren a diario de peleas imaginarias.

Por otra parte, LLA también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Como del otro lado no se percibió resistencia, esta cuestión importó nada. El famoso “rodillo parlamentario” en su máxima expresión.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de algo que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Durante la sesión extraordinaria de hoy, no había posibilidad de tocar nada y la resolución era bien simple: que el Senado avalase lo de Diputados, o volver a la versión original. Quedó la primera opción.

Debate

Previo al comienzo de los oradores, el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) solicitó una moción para el envío a comisiones del proyecto. Algo ilógico debido a que no sólo pasó días atrás por allí, sino que, ante una segunda revisión, sólo queda aceptar las modificaciones de la Cámara revisora o insistir con la versión original. Perdió 43 a 29. No fue el mejor arranque. En ese momento comandaba la sesión la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Ayer, desapareció durante largas horas, como hacía en su momento Cristina Kirchner. Hoy estuvo más presente.

Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy aseguró: “El empleo formal privado se mantiene constante desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%, con un sistema actual que creó más litigios que empleo formal”. El legislador libertario además dijo que toda ley “es perfectible” y que, en cinco o diez años, los avances tecnológicos reactivarán la discusión. La respuesta llegó vía Recalde. “Toda esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Va a traer mucha litigiosidad”, manifestó el porteño.

Por su parte, la macrista pampeana Victoria Huala habló de una realidad que “desalienta al que busca trabajo, como al que quiere contratar”. Seguido a ello, quiso colgarse el bronce por haber advertido, en la primera aprobación del texto, sobre el artículo de licencias médicas. Curioso ese episodio: intentó dejar en la versión taquigráfica su voto en contra, aunque el capítulo se definió completo y apoyó. Mismo caso para las cuotas sindicales obligatorias que rechazó en lo discursivo, aunque con luz verde para el PRO.

Por el peronismo opositor, el pampeano Pablo Bensusán planteó: “La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático. Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior”.

Su colega de bancada, Florencia López (La Rioja), afirmó: “Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares -en referencia a la sesión de ayer-; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos -por el régimen penal juvenil sancionado más temprano- y, hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.

Pasadas las 21.30, todo el operativo en la calle se encontraba tranquilo y controlado. Las masas dispuestas a pelear -sobre todo, la izquierda-, prefirieron cenar y disfrutar del fin de semana. Mientras tanto, el ex Convicción Federal Fernando Salino (San Luis) auguró que el texto del Ejecutivo “no alcanza absolutamente” ningún objetivo.

Como la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió no participar del cierre, los últimos dos oradores fueron el cristinista José Mayans (interbloque Popular-Formosa) y Bullrich. El primero disparó: “Estamos en el valor salarial más bajo de Latinoamérica, en medio de una reforma laboral. ¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?“.

Mayans denostó el FAL, la limitación de las huelgas -“rompen un principio constitucional”, enfatizó-, y subrayó que “esta ley debería llamarse de ‘robo a jubilados, pensionados y trabajadores’”, a la que también calificó de “repugnantemente ‘gorila’”. Y añadió que “ya no les cree nadie” y que “esto va a terminar mal”.

“Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición. Desde nuestro punto de vista, esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, aseveró Bullrich.

La libertaria mencionó la “estructura político sindical que siempre jugó en tándem” y consultó: “¿Cuándo fueron los paros? Contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea“. En ese sentido, recordó la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, al que apuntó como “el peor de la historia”. “Ahí no hicieron ni uno”, resaltó la senadora.

“Es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad“, sostuvo Bullrich.

Otros puntos de la ley

*Convenios colectivos: prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar uno nuevo.

*FAL: asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cederán un 2,5%. Hoy, se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

*Vacaciones: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los descansos deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, en caso de consenso, fijar la fecha de inicio por fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

*Indemnizaciones por despido: se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Sin embargo, a diferencia de la normativa vigente, se excluyen conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.

Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación, más un 3% de interés anual.

Además, se impone que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

*Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.

El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que marque el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, sólo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación gremial. Estos instrumentos permitirían el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

*Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

*Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75%, mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

*Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, explica a Infobae Manuel Soler, representante del Sindicato Reformista de la Policía (SPR). Así resume el principal objetivo que busca este colectivo en una lucha en la que lleva años junto a organizaciones sociales, sindicales, formaciones políticas y servidores públicos de la Policía, pero que se ha intensificado en estos últimos meses: conseguir que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo como el resto de funcionarios y policías autonómicos.

“Queremos arrinconar al sector sindical de la Policía próximo a Vox, que en ningún momento está hablando de derechos fundamentales, y combatirlos con medidas del Gobierno para frenarlos, aislarlos y expulsarlos”, asegura. Tras un largo tiempo de planificación, tienen ya una ruta clara a seguir para conseguir su meta. Sus acciones van encaminadas por la vía judicial —con una demanda directa contra la actual ley y el Ministerio del Interior por impedir sus derechos—, por la legislativa —buscando apoyos en los diferentes grupos políticos para que apoyen la creación de una ley— y por la social, con reuniones con sindicatos como CCOO y UGT para cimentar sus apoyos. “Tenemos que dar un paso al frente, como las izquierdas de este país”, explica.

“La sociedad civil debe confiar en policías alejados de mensajes y actuaciones impropias de quienes deben y tienen la obligación de defender derechos y libertades democráticos de todos los ciudadanos nacionales, extranjeros y residentes”, añade Soler.

“Conseguir la plena libertad sindical”

En una circular interna que el sindicato ha enviado a sus afiliados, y a la que ha tenido acceso este periódico, en SPR describen claramente los objetivos y cómo se pueden conseguir. Esta situación nace a partir del momento en el que las policías locales y autonómicas alcanzaron el derecho a la plena libertad sindical y la libre afiliación a sindicatos no corporativos o de clase, “en un periodo de tiempo en el que la Ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les limitaba ese derecho, si bien se les concedió políticamente a otras administraciones autonómicas por parte de los gobiernos centrales un derecho constitucional que no prohibió en ningún momento los acuerdos alcanzados”. “Desde entonces, la negociación colectiva les hace tener medios para mejorar sus condiciones laborales, otorgándoles la capacidad de conseguir resolver sus demandas retributivas de forma consecuente y sin tener que recurrir a grupos o formaciones políticas ajenas a gobiernos establecidos legítimamente en sus respectivas administraciones”, relatan en el sindicato.

De esta manera, lo que buscan es que este mismo sistema se pueda implantar en la Policía Nacional, para lo que simplemente se necesitaría modificar uno de los apartados de la Ley Orgánica 9/2015 de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

La vía política y el apoyo de los sindicatos

En la primera línea de acción, el sindicato informa de que se ha abierto “formalmente un proceso de negociación con las organizaciones UGT y CCOO, tras unas reuniones previas que comenzaron el pasado año 2025″. Este proceso se ha iniciado el 10 de febrero.

“La presencia en la Mesa General de Negociación, Función Pública, Mesas Sectoriales, etc., de UGT y CCOO con capacidad de acordar y resolver la situación laboral y profesional de todos nosotros, tal como ha ocurrido con la última subida salarial de la que hemos sido beneficiados como parte de la Administración General del Estado, es un ejemplo práctico que sirve de paradigma para alcanzar la libre afiliación”, explican.

Añaden que “estas negociaciones representan un paso importante para fortalecer nuestros derechos y consolidar un entorno laboral donde la organización sindical SRP pueda actuar con plena autonomía, o confederándose o integrándose en otras organizaciones si así lo decide la mayoría de la afiliación, en esa nueva posibilidad estatutaria que debe regularse en el Cuerpo Nacional de Policía”.

Por otra parte, estas semanas están siendo de alta actividad en el Congreso de los Diputados, con reuniones con los diferentes grupos para llegar al Consejo de Ministros y poder impulsar la creación de un proyecto de ley. También esto podría suponer un debate “con luz y taquígrafo en el Congreso” y que, de esta manera, cada grupo político tenga que “retratarse” y mostrar si quiere apoyar esta medida o no, explica Soler.

Una demanda judicial contra la actual ley

Todo esto no impide la última vía, que ya fue anunciada a finales de 2025, pero que cada vez está más cerca, según el sindicato, y que no es otra que presentar una demanda judicial contra la ley actual y “todos los que la sostienen desde el Ministerio del Interior, que agilizaría los plazos para el cambio obligado de este régimen por parte del Gobierno”.

Este escrito, en el momento de su presentación, se fundamentará en “el reconocimiento efectivo del derecho a la sindicación libre o el poder confederarnos con sindicatos presentes en la Función Pública, conforme a lo establecido en el Convenio 87 de la OIT, el artículo 28 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“Es un momento único y debemos aprovecharlo. Al mismo tiempo, estamos seguros de que muchos compañeros/as del Cuerpo Nacional de Policía, afiliados a otras organizaciones presentes en el Consejo de Policía, cuando sean conocedores de estas iniciativas, se posicionen activamente en defensa de un derecho fundamental“, concluyen desde el sindicato.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Yolanda Díaz sostuvo que representa la “dignidad” de los trabajadores frente a los señalamientos del Partido Popular sobre su gestión y posicionamiento político, y enmarcó el debate acusando a sus opositores de situarse junto a quienes explotan a la clase obrera y de responder a intereses de potencias extranjeras. Según informó la fuente original, la ministra del Trabajo defendió las políticas impulsadas por su cartera, asegurando que han propiciado avances significativos para la clase trabajadora y los pensionistas, y contestó las acusaciones sosteniendo que el Partido Popular busca recortar derechos sociales y alinear las prioridades estatales con figuras internacionales como Donald Trump.

El medio detalló que el intercambio entre Díaz y el diputado Jaime de Olano durante el pleno se caracterizó por acusaciones cruzadas. De acuerdo con el relato, Olano calificó de “feminismo cínico” la postura de la vicepresidenta segunda y la señaló por beneficiar a la “casta sindical”. Este señalamiento estuvo vinculado, según consignó la fuente, a la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, así como a otros casos de presunta violencia sexual relacionados con distintas figuras políticas.

El diputado del Partido Popular cuestionó la vinculación de la ministra con el sindicalismo y sugirió que su espacio político no contaría con respaldo fuera del ámbito de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Según expuso Olano, “Usted presume de subir el salario mínimo un 60% (...), pero oculta que les ha subido (a los sindicatos) la financiación pública un 360%. Le sube seis veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Supongo que será cuestión de prioridades”, expresó el parlamentario, según publicó el medio citado.

El diario indicó que Olano pidió, además, que la vicepresidenta se pronunciara sobre el caso del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y sobre una segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta violación, así como acerca del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a quien tildó como “otro depredador sexual”. En su intervención, el diputado remarcó que considera vacuas las declaraciones de la ministra de Trabajo y planteó que, en su opinión, las políticas del Ministerio han fracasado.

A esas declaraciones, Yolanda Díaz respondió solicitando a Olano la retirada de la expresión “casta sindical” y que ofrezca disculpas a las organizaciones sindicales. Tal como publicó la fuente citada, la ministra afirmó que los sindicatos constituyen una pieza fundamental del diálogo social, y destacó que su labor no se corresponde con la imagen apuntada por el diputado popular. Mantuvo que las políticas aplicadas por su cartera han facilitado que miles de trabajadores accedan a contratos indefinidos y que unas 2,5 millones de personas en España tengan actualmente acceso a un salario mínimo considerado digno. Según Díaz, “represento la dignidad de la clase trabajadora”, enfatizó durante su intervención recogida por el medio.

Sobre la posición del PP, Díaz alegó que este partido se sitúa junto a los “fondos buitre” y representa en España los intereses de Donald Trump, señalando que el expresidente estadounidense “quiere decidir desde Norteamérica qué presupuesto en Defensa tiene que tener España”. Redobló sus críticas afirmando que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo apoya recortes en derechos laborales y en el sistema público de salud, así como políticas que impactan a los pensionistas. Díaz afirmó que ella actúa en defensa de los 10 millones de pensionistas de España, mientras que, bajo su criterio, el PP “abofetea” a este colectivo en el Congreso, según consignó la fuente de noticias.

El cruce de acusaciones entre Díaz y Olano evidenció la polarización del debate político en el Congreso sobre la representación de los intereses de la clase trabajadora y el papel de los sindicatos en la agenda pública. La fuente consultada subraya que ambas partes presentaron argumentos centrados en la legitimidad y efectos de las políticas laborales y sociales del Gobierno, las prioridades en la financiación del sindicalismo, el aumento del salario mínimo y los casos judiciales que afectan al ámbito político. El contenido del debate también incluyó alusiones al contexto internacional, especialmente la supuesta sintonía de los partidos españoles con líneas marcadas por gobiernos extranjeros.

A lo largo de la sesión, los diputados confrontaron cifras relativas al aumento del salario mínimo y la financiación sindical, además de abordar las críticas sobre la actuación y prioridades del Ministerio de Trabajo. Díaz defendió la validez y el alcance social de sus medidas, mientras que la bancada popular sostuvo una posición de desacuerdo profundo sobre el impacto y dirección de las políticas implementadas, de acuerdo con el análisis ofrecido por la fuente original.

La decisión sobre cómo distribuir los días de permiso para atender a familiares o a otras personas dependientes no debe quedar limitada al momento inmediato posterior al incidente que lo motiva, según el Tribunal Supremo de España. Tal como informó el medio original, el Supremo ha determinado que el permiso laboral de cinco días para el cuidado de familiares o allegados puede adaptarse a las circunstancias concretas del trabajador y de la persona asistida, de modo que su inicio no debe quedar fijado obligatoriamente al suceso que otorga el derecho.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emitió una sentencia el 4 de febrero en la que concluyó que el artículo 37.3 b del Estatuto de los Trabajadores permite a los empleados distribuir los cinco días de permiso por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de personas cercanas de manera flexible. Esta regulación ampara la asistencia tanto al cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado, como también a otras personas que convivan con el trabajador y precisen cuidados efectivos en domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El fallo del Supremo surge tras la disputa legal planteada por el Grupo Empresarial RACE, junto a las empresas Asegurace, RACE Asistencia y Unión de Automóviles Club, contra una previa resolución de la Audiencia Nacional de septiembre de 2024, que había sido motivada por una demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos CC.OO., CSIF y UGT. Según publicó el medio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado de forma positiva esta sentencia, al considerarla un avance para evitar abusos y asegurar los derechos laborales en el ámbito privado. La organización sindical ha destacado que esta es la primera ocasión en la que el Supremo emite un pronunciamiento sobre el uso flexible de este tipo de permisos.

El análisis realizado por el órgano jurisdiccional giró en torno a si debía existir una exigencia para que el trabajador comenzara a disfrutar el permiso a partir del primer día laborable tras el suceso que origina el derecho. El tribunal determinó que vincular de forma automática el inicio del permiso al evento que lo justifica podría restringir de manera injustificada la planificación asistencial y limitar la eficacia del apoyo proporcionado a la persona dependiente.

Según reportó el medio, la sentencia señala que ni el Estatuto de los Trabajadores, ni los convenios colectivos aplicables, ni la regulación comunitaria fijan criterios específicos sobre el momento en que debe hacerse efectivo el permiso. En su decisión, el alto tribunal subrayó que la finalidad de estos días de ausencia laboral es favorecer la atención a personas con necesidades que pueden extenderse en el tiempo y estar asociadas a diferentes eventos médicos.

El Supremo también afirmó, según detalló la fuente, que el permiso no puede desvincularse de la asistencia a la persona enferma o dependiente, aunque tampoco debe restringirse su disfrute a una fecha inmediata al suceso, mientras persistan las necesidades asistenciales que justifican el acompañamiento del trabajador. Consideró que imponer una fecha fija de inicio podría desvalorizar el sentido protector del permiso y dificultar la organización adecuada de los cuidados necesarios.

Este pronunciamiento judicial evita imponer costes procesales a las partes y confirma en todos sus términos la resolución de la Audiencia Nacional, de manera que los empleados del sector privado obtienen así una mayor garantía para poder planificar de forma razonada el uso de los cinco días de permiso en función de las necesidades del familiar o allegado, tal y como consignó el medio de comunicación que informó sobre la sentencia. De este modo, el criterio jurisprudencial recién establecido reconoce como punto central no solo el derecho del trabajador a la conciliación, sino también el interés de la persona que necesita los cuidados, colocando ambos factores al mismo nivel de importancia para la organización del permiso.

El borrador de ley impulsado por Sumar incluye una cláusula que obliga a las empresas a devolver toda ayuda pública recibida en los cuatro años previos en caso de trasladar operaciones fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, una propuesta que ha suscitado amplio debate en el Congreso. Según informó el medio original, la proposición no solo contempla esta devolución, sino que busca prohibir los despidos colectivos en procesos de deslocalización, otorgando además a los sindicatos un papel activo en las discusiones y acuerdos relacionados con la venta o transmisión de empresas y sus unidades productivas. La noticia principal radica en que el Partido Popular (PP), Vox y Junts, quienes suman mayoría en la Cámara Baja, han rechazado esta medida, alegando una intervención excesiva en la actividad empresarial y un aumento en la carga burocrática.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, defendió la iniciativa ante el pleno argumentando la necesidad de proteger los fondos públicos y el empleo. La portavoz expresó: “Basta de trampas, basta de fraude con dinero público. El dinero público, el dinero de todas y de todos ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones”. La intervención de Martínez Barbero se centró en el requerimiento de una mayor responsabilidad social por parte de las empresas que han percibido ayudas estatales y, posteriormente, deciden trasladar su producción fuera del ámbito comunitario europeo.

El debate parlamentario mostró una línea divisoria clara entre los partidos de la mayoría conservadora y las formaciones progresistas y nacionalistas minoritarias. Según consignó el medio original, la diputada del PP María Isabel Prieto calificó la propuesta de “desproporcionada”. Argumentó que introduce nuevas obligaciones y aumenta la burocracia a la que ya están sometidas las compañías. Además, sostuvo que esta reforma requiere un amplio consenso en el marco del diálogo social e indicó: “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”.

El representante de Vox, Juan José Aizcorbe, manifestó que aunque el propósito de la ley es legítimo, los mecanismos propuestos añadían rígidos obstáculos al sector productivo nacional. “El perjuicio para un trabajador cuyo centro se traslada es igual tanto si la producción se va a China como si se traslada a otro país de la UE como Alemania o Polonia”, indicó. Además, criticó la generalidad de la restitución de ayudas públicas, que, a su juicio, penaliza decisiones empresariales que considera legítimas.

Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera argumentó que su grupo no apoyaría la tramitación de la propuesta debido a lo que denominó “incumplimientos” del Gobierno central respecto a Cataluña. Calificó la visión de Sumar de “míope” al supeditar la protección de los trabajadores a una normativa más estricta, lo que, a su entender, endurecería en exceso el marco normativo vigente.

Mientras tanto, la propuesta recibió apoyo de otros partidos como PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos y BNG. La diputada socialista María Luisa Sanz Martínez resaltó que la iniciativa iba en línea con la Ley de Industria del Gobierno, aunque advirtió que la legislación propuesta por el Ejecutivo ampliaba el alcance de las medidas planteadas por Sumar. Esta normativa espera proteger la actividad productiva nacional y atraer proyectos, lo que tendría efectos positivos en el empleo y la cohesión social.

El PNV, a través de su portavoz económica Idoia Sagastizabal, expresó respaldo al debate, citando experiencias de países como Francia y Alemania que aplican medidas comparables. Según reportó el medio original, Sagastizabal defendió el principio de que el Estado no debe ser mero espectador cuando se destruyen empleos como resultado de la deslocalización.

EH Bildu, representado por Oskar Matute, también anticipó su voto favorable, aunque reclamó un endurecimiento en las condiciones de devolución de ayudas públicas. Matute instó a ampliar de cuatro a diez años el periodo de devolución para fortalecer la protección pública frente al desmantelamiento empresarial.

BNG y Podemos se sumaron al apoyo, aunque tanto Néstor Rego como Javier Sánchez Serna solicitaron que la ley adoptara “mayor severidad” contra quienes trasladen su actividad fuera del país, considerando las consecuencias para el empleo local y el tejido productivo.

Desde Esquerra Republicana, Jordi Salvador anunció el respaldo de su formación, justificando el voto en la necesidad de poner freno a lo que denominó “abuso de poder” y “feudalismo moderno” ejercido por algunas compañías en los procesos de cierre y externalización.

Tal como detalló el medio original, la discusión en la Cámara Baja reflejó la diversidad de opiniones en torno a la intervención estatal en la economía y la protección de los trabajadores frente a la movilidad transnacional de las empresas. Mientras que una mayoría de la derecha y el nacionalismo catalán considera la normativa una intromisión y un obstáculo a la competitividad, sectores progresistas y nacionalistas vascos y gallegos destacan la urgencia de mecanismos legales para garantizar la justa utilización de los fondos públicos y la estabilidad laboral.

La proposición de Sumar establece así una confrontación entre dos visiones opuestas: por un lado, la defensa de la flexibilidad empresarial y la eliminación de cargas regulatorias, y por otro, la demanda de mayor control sobre el destino de los fondos públicos y el mantenimiento del empleo ante la amenaza de la deslocalización. Según lo manifestado en el debate, mientras la ley avanza hacia su posible tramitación, las posiciones de los partidos se mantienen firmes y dejan entrever discusiones pendientes sobre el equilibrio entre libertad empresarial, responsabilidad social y protección del empleo.

La cifra de empleados que han solicitado acogerse al plan de ajuste laboral en Telefónica supera el número previsto en el acuerdo inicial, de acuerdo con los datos sindicales informados a finales de enero. Según consignó el medio, la operadora registró 5.123 solicitudes voluntarias para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus sociedades Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, lo que sobrepasa el total de 5.040 salidas que originalmente se pactaron en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Esta situación sitúa a la compañía en un proceso de análisis junto a los sindicatos para evaluar alternativas que respondan a los objetivos ya establecidos.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, declaró que la operadora continúa la ejecución del ERE conforme a lo planeado, pero explicó que existen negociaciones abiertas con sindicatos en áreas rurales, donde aún no se han alcanzado acuerdos definitivos. De acuerdo con lo publicado por el medio, Murtra detalló durante la presentación de los resultados anuales del grupo que el proceso todavía se encuentra en una etapa transitoria, sin que estén definidos todos los pasos a seguir para culminar con el ajuste laboral. Murtra expresó: "Todavía estamos en un periodo de transición antes de poder determinar exactamente qué vamos a hacer. En cualquier caso, nosotros hemos comprometido evidentemente un plan y unos ahorros y tendremos que encontrar las fórmulas para lograrlo".

Tal como reportó la fuente, el proceso afecta a tres filiales de la compañía incluidas en el CEV, siendo este uno de los acuerdos de ajuste más significativos en el sector en los últimos años. Las solicitudes de adhesión voluntaria reflejan el interés de empleados de distintas áreas de Telefónica, incluyendo sectores urbanos y rurales, aunque el diálogo en zonas de menor población sigue abierto. La dirección prevé que dicho ajuste permitirá optimizar la plantilla y contribuir a la consecución de los objetivos de ahorro y eficiencia operativa por los que se instauró el ERE.

Durante la comparecencia ante los medios, Murtra destacó que los resultados anuales de Telefónica permitirían mantener un enfoque optimista de cara a 2026. El medio detalló que el grupo presentó avances operativos sólidos en los mercados clave, cumpliendo con las previsiones ('guidance') para el cuarto trimestre de 2025. La compañía asegura que seguirá en 2026 con la misma hoja de ruta que en 2025, con metas que Murtra definió como "concretas y ambiciosas".

El presidente de Telefónica insistió en que el plan de ajuste constituye un paso relevante en la modernización de la estructura interna. "Nos comprometimos a desarrollar y hoy podemos decir que estamos impulsando una cultura de alto impacto con la que buscamos que los profesionales de Telefónica aporten un valor claro y concreto a la compañía", afirmó Murtra en la presentación, según informó la fuente. Esta consolidación de los equipos y el impulso hacia una mayor racionalización de los recursos humanos constituyen, según la dirección, parte central de la estrategia para afrontar los retos del sector en los próximos años.

El proceso de ajuste laboral se produce en un contexto en el que las operadoras de telecomunicaciones de Europa buscan fórmulas para adaptarse a la evolución del mercado y la presión competitiva. La mediación con los sindicatos, especialmente en las zonas rurales mencionadas por Murtra, sigue en curso, y la compañía espera cerrar detalles pendientes antes de fijar las siguientes fases del plan.

Desde el inicio del ERE, Telefónica ha sostenido que la medida responde a una necesidad de adaptar la empresa a las demandas de digitalización y a una estructura que acompañe el crecimiento en sus mercados principales. Las salidas voluntarias superan las expectativas iniciales, lo que ha requerido el análisis de fórmulas adicionales para ajustarse a los límites pactados y simultáneamente garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los compromisos laborales y financieros.

En la ronda de preguntas posterior a la presentación, el presidente de Telefónica reiteró que la empresa está cumpliendo con sus compromisos y que la optimización de la plantilla permitirá mantener la competitividad y la estabilidad financiera. "Telefónica cumple", subrayó Murtra ante los periodistas, según recogió la fuente.

El ERE implementado afecta tanto a áreas administrativas como técnicas y comerciales, y su diseño, acordado en diálogo con los sindicatos, busca asegurar tanto la viabilidad económica de la empresa como el trato adecuado y voluntario para los empleados implicados. El seguimiento de estos acuerdos y su implementación efectiva se mantendrá bajo observación de las organizaciones sindicales y la dirección en los próximos meses, tal y como se refleja en las declaraciones y datos difundidos por el medio.

En una encendida defensa del proyecto de modernización laboral que impulsa el gobierno nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem aseguró: “Los que nos critican la reforma laboral son los artífices del fracaso”.

En una extensa entrevista con Infobae al Amancer, el programa que conducen Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el referente parlamentario de La Libertad Avanza celebró que la iniciativa esté cerca de su sanción definitiva y aseguró que esta reforma será beneficiosa para todos porque, con el tiempo, “habrá más trabajo formal y los sindicatos tendrán más afiliados”.

El presidente de la Cámara de Diputados destacó que este Gobierno ”evitó la crisis más grande de la historia argentina" y subrayó avances como el alcance inédito de la modernización laboral: “Es la primera vez que se hace una reforma de esta índole, de esta magnitud, así que soy muy optimista. Estoy convencido de que el Senado va a aceptar las modificaciones que introdujimos y, seguramente, la semana que viene el Poder Ejecutivo la promulgará”.

Consultado sobre el camino legislativo, Menem destacó la necesidad de consenso y la estrategia adoptada por el oficialismo: “Cuando vimos que no tenía consenso, optamos por la solución más simple para no complicar una gran reforma que ya se había consensuado. El objetivo era votar por capítulo, avanzar con lo que tenemos”.

Frente a las críticas, Menem fue enfático en su respuesta a la oposición: “Son los que nos trajeron hasta acá. Van criticando cada medida que toma el gobierno, pero fueron los artífices del fracaso. Si no te falta esto, te falta lo otro, y si no es la ley de empleo, entonces hay que bajar impuestos. ¿Cuál es el éxito que nos pueden mostrar con esas medidas que recomiendan? Ninguno”.

Para Menem, la oposición peronista y las críticas gremiales remiten a las fallas del modelo previo: “No sólo los gobernadores, sino los diputados y representantes de un sector importante del peronismo, están viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos. La ley anterior, ¿cuánta gente formalizó? Hace 14 o 15 años que no se formaliza gente, desde 2011, que no crece la economía”.

A propósito de los sindicatos, Menem rechazó que las reformas los perjudiquen y, por el contrario, remarcó sus beneficios: “Estoy absolutamente en contra de cualquier paro y ojalá lo entiendan. El sindicalismo tiene que entender que esto es en beneficio de la gente que trabaja. Con la reforma laboral vamos a tener más trabajo formal y los sindicatos van a tener más afiliados”.

Además, Menem sostuvo que se alcanzó un equilibrio porque todos cedieron: “En esta situación perdieron todos los intermediarios entre empleador y empleado. El Estado también perdió. Cedió aportes, y los sindicatos ahora tienen un tope. Ha sido una modernización hacia un nuevo equilibrio de fuerzas”.

Con respecto a los cambios que introduce la normativa, Menem enfatizó la mayor flexibilidad de acuerdos entre empresas y trabajadores, por ejemplo con el banco de horas: “Esto beneficia al trabajador principalmente. Si necesitás, por ejemplo, un fin de semana libre, lo acordás con el empleador y trabajás de lunes a jueves algunas horas más. La hora extra es una hora por encima de la pauta semanal o de la pauta mensual. Pero si el empleador y el empleado acuerdan que se trabaje menos días a la semana y más horas por día, va a ser más libre entre las partes”.

Sobre las consecuencias de los paros sindicales en la economía, Menem manifestó: “No tuvo un gran impacto el paro nacional. Obviamente, pierde mucho dinero la Argentina. Hay estudios que muestran 500 o 600 millones de dólares por parar el país, pero la mayoría de la gente que pudo ir a trabajar, lo hizo. Nosotros queremos que se trabaje todos los días”.

Al referirse al contexto sectorial, Menem citó el caso Fate como ejemplo de empresas sostenidas por “protección política”: “Era uno de los pocos fabricantes de neumáticos a nivel local, que te los vendía tres veces más caro de lo que valen. Si gastaste diez mil en vez de treinta mil pesos en un producto, te sobran veinte mil para gastar en otro sector y estás reactivando otros sectores de la economía. Antes, este tipo de empresas se sostenía con protección política, subiendo aranceles o con subsidios”.

Menem criticó la protección histórica a ciertos sectores y defendió la política de competencia: “Hace 80 años que la protegen, obligaban a toda la Argentina a comprar neumáticos más caros en nombre de la industria nacional. Muchos de los que votaron la ley, iban a Uruguay o Paraguay a comprar. El primer perjudicado por esa empresa era la Argentina”.

Al analizar el panorama económico, Menem destacó la salida de la crisis y la estabilización macroeconómica: “Si no se tomaban las medidas que se tomaron en diciembre de 2023, chocábamos contra la pared o estábamos en 90% de pobreza. Se evitó una crisis fenomenal. La inflación está estabilizada y con tendencia a la baja. No se construye en dos años lo que se destruyó durante muchísimas décadas. Es un tema de tiempo, pero todo camina para mejor”.

El presidente de la Cámara detalló que tras la modernización laboral se buscarán avances en otros rubros: “El otro día aprobamos y seguramente el Senado también sancionará el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Viene el acuerdo con Estados Unidos, la reforma política, todo lo que vaya quedando obsoleto. El Gobierno va a intentar bajar impuestos en la medida que las cuentas sigan equilibradas”.

Respecto de la dinámica parlamentaria, Menem explicó: “Siempre hubo un espíritu de diálogo y de tratar de buscar el número para llevar adelante proyectos de ley. El problema es el número. Cuando tenés 95 diputados y te faltan 35, vas trabajando con todos los bloques. Para sacar una ley con más de 100 votos, todos pusieron su parte”.

Menem concluyó que el objetivo de la modernización laboral es mejorar la relación entre empleadores y empleados, y que el sindicalismo puede encontrar en la reforma una oportunidad para ampliar su base de afiliados bajo reglas claras y beneficiosas para la economía.

Otras reflexiones destacadas de Martín Menem

Boleta Única en todo el país: “Eso es una decisión de cada provincia, cada una tiene su propio sistema, pero lo óptimo sería que todas voten con el mismo sistema”

Interna de La Libertad Avanza: “Yo creo que el periodismo hace mucha ola de situaciones que son pequeñas diferencias de criterios de por dónde hay que ir. Todos tenemos el mismo norte, que LLA gane y consolide. Lo importante es que al final te pones de acuerdo y los resultados están a la vista. Karina Milei ha elegido los jugadores, los ha puesto en una función específica y la rueda está girando”.

La pelea con Victoria Villarruel: “Ella ha tomado una postura diferente a lo que opina el Gobierno. Sigue siendo parte del Gobierno porque sigue siendo vicepreisdente, pero hay conductas que no colaboran, como la visita a La Rioja. No comparto lo que está haciendo, porque podés tener algun tipo de diferencia, pero eso queda en el vestuario y cuando salís a jugar tenes que jugar a morir con el mismo equipo. No comparto algunas posturas que tiene”

La realidad de la economía: “Hay grupos que buscan instalar pesimismo, pero hay mucha gente en la Argentina a la que le está yendo bien, más allá de que hay sectores obviamente golpeados y otros a los que les está yendo mejor”.

Paoltroni explicó el cronograma parlamentario: “Hay sesión el martes, preparatoria, donde se van a nombrar todas las autoridades de la Cámara de Senadores. El jueves nuevamente sesión. Ahí va a entrar la ley de baja de edad de imputabilidad y Glaciares. Y el viernes ingresa Modernización Laboral y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Luego, ya el domingo, inicio, apertura de sesiones ordinarias”.

Consultado durante una entrevista en Radio Mitre sobre si podrían existir cambios en la votación tras la polémica del artículo 44, el senador enfatizó: “Absolutamente lo mismo. Ya votaron antes y votan exactamente lo mismo ahora. Pero bueno, hay que hacer todo este procedimiento, que se extendió un poquito en el tiempo por ser Cámara de origen el Senado”.

Sobre el apartado que generó controversia, Paoltroni afirmó: “Lo que yo digo es que para las enfermedades graves se debe resolver con un seguro de salud, no hacer cargo al empleador de todo lo que le pueda pasar a un empleado. Pero bueno, eso es parte ya de otra discusión. Ahora la ley va a salir sin ese artículo y hay otras cosas pendientes, como la voluntariedad de la cuota sindical”. Reconoció su posición favorable al artículo a pesar de no haber conseguido los votos necesarios: “A mí me parece una barbaridad, pero no estaban los votos y no lo pudimos lograr. Será en otro momento”.

Al explicar las críticas sobre su exclusión, puntualizó: “Bueno, yo no me equivoqué, yo lo voté. Se equivocaron en el sentido de que no habrán tenido esa mayoría para que acompañe ese aquel voto. Me imagino que es desde ese sentido el comentario”.

La discusión por las licencias médicas llevó al senador a señalar: “Vos tenés un montón de vicios hoy en la legislación argentina, que aprovechan esos puntos oscuros para meter carpetas psicológicas, para meter accidentes fuera del trabajo, para un montón de situaciones que degradan la relación entre empleador y empleado. Entonces, este artículo tenía ese sentido”. Añadió que, a su juicio, algunas causas nobles son empleadas como argumento para frenar cambios: “Obviamente, los mismos de siempre buscan todas las causas nobles, como un enfermo de cáncer, y te ponen ese ejemplo, que quién no va a estar de acuerdo con que una persona con una cardiopatía grave esté cubierta. Pero se escudan en eso para que nadie cambie de fondo”.

Consultado sobre posibles soluciones, insistió en la alternativa del seguro de salud: “Yo creo que lo tenés que cubrir con un seguro de salud, y lo paga el trabajador. Porque es un seguro… el impacto que puede tener un seguro de salud sobre eso es nada, ínfimo”.

Objetado sobre el costo para el empleado en esa propuesta, Paoltroni respondió: “Pero surge también de un mayor ingreso, porque si vos vas mitigando todas estas falencias del sistema anterior, primero tenemos que elevar los niveles de empleo formal, porque hacia esto apunta esta ley… a los seis millones de trabajadores que están fuera del sistema, que de repente nadie, nadie se acuerda de eso”. Ante el señalamiento de que trasladar ese gasto afectaría a quienes llegan “ahorcados a fin de mes”, el senador explicó: “No lo saca de ahí. Lo saca de un mayor ingreso, porque si vos mitigás un montón de estas cuestiones y de un montón de costos, ¿qué costo tiene hoy una empresa que está pagando a un tipo que no va a trabajar? Le recontramil sobra para pagar 10 seguros de salud. Lo que no tenés es la ley, el marco legal, que te blinde contra estas cosas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, dar el marco legal para que todas estas cosas estén contempladas y no dejemos PYME y empleado por el camino, porque una PYME que se funde es un empleo que también se elimina”.

Sobre el papel de la nueva normativa, sostuvo: “Todo aprobado, un gran paso adelante, una herramienta más, en el caso de la ley laboral, para generar empleo, que no es la única, porque esto es un condimento de tantas cosas que vamos generando y necesitamos: la baja de la inflación, el acceso al crédito, ahora la ley laboral. Este acuerdo Unión Europea-Mercosur es lo más grandioso que nos puede pasar a los argentinos”.

Al ser consultado sobre el futuro comportamiento de los sindicatos, señaló: “El que se oponga a la ley, llevará todo el peso de la ley”. Explicó que la nueva ley exigirá que funcionen los servicios esenciales y, frente a la posibilidad de judicialización, afirmó: “Vos a partir de ahora, la ley aprobada, vos tenés que garantizar el funcionamiento del cincuenta por ciento del transporte. Quien se oponga a eso, será pasible de detención y de llevarse los cargos que se tenga que llevar”.

El senador abordó también la cuestión de la sindicalización voluntaria y el alcance de la reforma sobre el empleo público, y destacó: “En el empleado público es muchísimo peor que en el empleo privado toda esta problemática, y eso también afecta la calidad de la educación, al sistema en general… te vas quedando sin recursos humanos para llevar adelante las tareas”.

Finalmente, Paoltroni defendió avanzar en un marco regulatorio que permita tanto a trabajadores como a empleadores tomar decisiones que favorezcan el empleo genuino y el proceso de formalización, aspirando así a cambiar tendencias históricas en el mercado laboral argentino.

El reciente anuncio del fondo 'España Crece', que movilizará 120.000 millones de euros, tomó protagonismo en las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Ponferrada, en el contexto de la precampaña electoral de Castilla y León. Sánchez enfocó su intervención en la presentación de los datos económicos más recientes y en las medidas aprobadas por su Ejecutivo, subrayando los logros alcanzados en materia de empleo y crecimiento económico. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, el jefe del Ejecutivo defendió que España alcanza actualmente cifras históricas de trabajadores ocupados, con casi 22 millones de personas empleadas, y un crecimiento del producto interior bruto estimado en el 2,8 por ciento.

De acuerdo con Europa Press, Sánchez destacó que estos datos respaldan el rumbo económico de su Gobierno y sirven como respuesta frente a las reiteradas críticas de la oposición, a quien acusó de difundir un discurso pesimista sobre el estado económico del país. El presidente tomó como referencia las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien reprochó haber mantenido durante siete años que España “se hunde, se destroza y se cae a pedazos”. Frente a esas afirmaciones, Sánchez remarcó: “Lo verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre”.

En su balance de medidas recientes, Sánchez puso en relieve la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo, acuerdo que beneficiará fundamentalmente a personas jóvenes y trabajadoras mujeres. Según detalló Europa Press, el presidente lamentó la ausencia de la patronal en la firma de este acuerdo y, dirigiéndose directamente a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reclamó que se retome el diálogo con los sindicatos para alcanzar un aumento de los salarios medios que garantice que la remuneración evolucione por encima del coste de la vida y permita a los trabajadores fortalecer su poder adquisitivo en términos reales.

Durante su intervención, Sánchez ironizó sobre las posiciones de la patronal en momentos de recuperación en el mercado bursátil español, haciendo especial énfasis en el comportamiento de las empresas dentro del Ibex. Recordó que la petición al empresariado de sumarse al pacto salarial ya fue planteada en la última reunión y reiteró la importancia de que contribuyan al incremento de los sueldos de los “profesionales medios”.

Según reportó Europa Press, Sánchez aprovechó también para resaltar la identidad progresista y de coalición del actual Gobierno. El presidente afirmó que el objetivo de su mandato sigue orientado a reducir la brecha de la desigualdad, y citó políticas y acciones recientemente adoptadas que, según su presentación, refuerzan esa línea.

Entre las decisiones adoptadas en la última semana por el Consejo de Ministros, Sánchez mencionó la apertura de investigaciones a grandes plataformas tecnológicas y los denominados “tecnoligarcas” por el uso indebido de la inteligencia artificial en contenidos pornográficos que manipulan los rostros y los cuerpos de mujeres. Europa Press informó que esta medida pretende regular el ámbito digital e incorporar protección frente al uso no consentido de imágenes personales a través de inteligencia artificial.

En el cierre de su acto, Sánchez contestó a la pregunta sobre la continuidad de su gestión más allá de la fecha prevista. El presidente respondió afirmativamente, aseverando: “Merece la pena hasta 2027 y más allá”, en referencia a seguir liderando el Ejecutivo y consolidar el rumbo económico y social definido por el actual Gobierno.

Europa Press detalló que Sánchez hizo especial hincapié en el compromiso con el crecimiento económico y social y en la defensa de las políticas implementadas en los últimos meses. La firma del acuerdo con los sindicatos sobre el SMI y la creación del fondo ‘España Crece’ se suman al paquete de actuaciones reivindicadas durante su intervención, en el marco de la precampaña electoral en Castilla y León.

Durante el evento, Sánchez señaló que los resultados positivos en indicadores económicos, como los casi 22 millones de empleos y la tasa de crecimiento, evidencian, según su perspectiva, una recuperación y consolidación que contrasta con las valoraciones de los partidos de la oposición. El presidente insistió en que el diálogo social y la concertación de salarios continúan siendo indispensables para mantener el poder adquisitivo de la población trabajadora y asegurar una distribución más equilibrada del crecimiento económico.

En referencia a las reformas pendientes y el futuro del mercado laboral, Sánchez invitó nuevamente tanto a los representantes empresariales como a los sindicatos a buscar consensos que faciliten incrementos salariales por encima de la inflación, requisito que, en sus palabras, fortalecería la economía interna y preservaría el bienestar de amplias capas de la ciudadanía.

Europa Press consignó que, durante su presentación, Sánchez vinculó la acción del Gobierno a los objetivos de mejora social y de protección frente a nuevas amenazas tecnológicas, destacando la reciente decisión del Consejo de Ministros y la implicación directa del Ejecutivo en la regulación digital. El presidente subrayó la voluntad de su gabinete de intervenir para frenar la proliferación de imágenes manipuladas por inteligencia artificial, aludiendo tanto a la defensa del derecho a la imagen como a la protección de los menores frente a este tipo de contenidos.

Finalmente, el mandatario ratificó su compromiso personal y político con la continuidad de las políticas estratégicas desarrolladas en su mandato, estableciendo como prioridad la consolidación de los datos económicos y laborales positivos, la lucha contra la desigualdad y la protección de las personas más vulnerables en el contexto de una economía globalizada y en transformación tecnológica, según publicó Europa Press.

El valor del salario mínimo en Colombia permanecerá en los 2 millones de pesos mensuales (unos 459 euros), cifra que incorpora apoyos para transporte y representa un incremento del 23,7%, tras la firma de un nuevo decreto por parte del presidente Gustavo Petro, quien manifestó su intención de cumplir con los requisitos planteados por el Consejo de Estado. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, incluido el texto divulgado, esta decisión se fundamenta en análisis técnicos que abarcan productividad laboral y la composición de la cesta básica, con el objetivo de dar solidez jurídica y económica a la determinación de la remuneración mínima en el país.

Según detalló la información difundida, la medida llega luego de que el Consejo de Estado solicitara una mayor fundamentación técnica sobre el monto fijado previamente en diciembre de 2025. Esta entidad pedía que el Ejecutivo anclara la cuantía con estudios verificables, especialmente tras recibir críticas de distintos sectores empresariales y de especialistas en economía, quienes consideraron elevado el ajuste decretado anteriormente. En respuesta, el gobierno colombiano reforzó la justificación con datos provenientes de análisis científicos y económicos, aspectos que ahora forman parte central del acto administrativo suscrito.

Tal como reportó el medio fuente, el nuevo decreto replica el valor anunciado en diciembre, sin reducción alguna, y fue presentado formalmente ante el Consejo de Estado en cumplimiento de sus solicitudes. El presidente Gustavo Petro afirmó que se trata de una acción orientada a fortalecer el “salario vital para la Colombia vital”, defendiendo el incremento pese a los desacuerdos registrados en las negociaciones previas con organizaciones empresariales y sindicales, que no lograron llegar a una propuesta unificada.

El proceso para fijar el salario mínimo durante el año anterior estuvo marcado por la falta de consenso entre el Ejecutivo, el sector empresarial y los representantes sindicales. Tras varios encuentros infructuosos, la definición quedó en manos del gobierno, que optó por un ajuste que representa la mayor subida registrada en décadas para Colombia, según lo consignado por el medio fuente. Esta circunstancia derivó en un debate nacional focalizado en el impacto de la cifra tanto en el poder adquisitivo de los trabajadores como en la sostenibilidad de las empresas, con partidos y líderes de opinión manifestando posturas opuestas acerca de las consecuencias de tal aumento.

El Consejo de Estado, en su papel de órgano judicial, requirió que el Ejecutivo subsanara las posibles falencias técnicas asociadas con el proceso y la justificación del alza. La respuesta del gobierno se tradujo en la elaboración de un texto “más grueso y técnico”, en palabras del propio presidente, que evidencia la inclusión de todos los elementos requeridos por la entidad judicial a través de informes y estudios de productividad laboral y de los precios de la canasta básica de bienes de consumo.

La nueva reglamentación, según publicó la fuente original, no solo mantiene el monto del salario mínimo sino que también detalla el procedimiento seguido para respaldar el incremento desde el punto de vista metodológico y científico, buscando así disipar cualquier incertidumbre jurídica o económica asociada al decreto previo. Petro, mediante sus canales oficiales y redes sociales, manifestó que la acción gubernamental corresponde a un “pacto por la vida” y un compromiso con la mejora de oportunidades para toda la población.

Las ayudas para transporte quedaron integradas dentro del paquete del salario mínimo, consolidando así la prestación mensual en la cuantía mencionada. El gobierno justificó esta decisión con la premisa de facilitar una transición armónica hacia mejores condiciones de vida para los asalariados, defendiendo la vigencia y el alcance del incremento en contextos de volatilidad económica y presión inflacionaria.

El antecedente inmediato de esta nueva disposición proviene del decreto emitido en diciembre pasado, cuando el Ejecutivo tuvo que definir de manera unilateral el ajuste salarial ante el fracaso de las conversaciones tripartitas. Empresarios y parte del sector académico continúan manifestando reservas sobre los potenciales efectos de una subida de esta magnitud en el empleo, la formalización laboral y la competitividad, mientras que las agrupaciones sindicales y sociales han reivindicado la medida como necesaria para resguardar el ingreso mínimo vital.

Fuentes oficiales reiteraron que el decreto firmado, ya entregado al Consejo de Estado, obedece íntegramente a las directrices judiciales, recogiendo tanto los requerimientos de forma como los de fondo solicitados durante las últimas semanas. El proceso ha sido presentado como un ejemplo de acatamiento de los poderes públicos a las órdenes impartidas por las instituciones del sistema colombiano.

A lo largo de las comunicaciones difundidas, el presidente Petro insistió en que mantener el incremento fijado demuestra la vocación del gobierno para abrir oportunidades y garantizar mejores condiciones para los trabajadores, sin retrocesos respecto a lo decretado anteriormente. “Hemos metido todo lo que se nos ha pedido (...) y ahora tenemos el nuevo decreto”, detalló el mandatario en sus mensajes oficiales, recogidos también por la fuente informativa, como señal del intento por superar la controversia y afianzar la legalidad de la medida adoptada.

El desarrollo de este episodio sienta un precedente en la política salarial y en los mecanismos de interacción entre Ejecutivo, autoridades económicas, empresas, sindicatos y órganos judiciales. La noticia sobre la blindaje del salario mínimo resalta el papel de los estudios técnicos y del análisis de la estructura económica en la retribución de los asalariados en el país, según la información recogida en medios colombianos y las declaraciones oficiales divulgadas.