En 1983, el cabo de la Guardia Civil Manuel Rosa viajó desde Alicante a la Comandancia de Sevilla para presentar la solicitud de permiso para la creación de la Unión Democrática de Guardias Civiles (UDGC), que quería ser la precursora de un sindicato dentro del Cuerpo. El oficial que estaba allí le dijo: “Qué cabo valiente. Así me gusta, que haya cabos valientes”.

“Al cabo de cinco horas fueron a su casa, tiraron la puerta abajo, lo detuvieron y se lo llevaron a Madrid”, relata José Carlos Piñeiro González, uno de los guardias civiles, amigo de Rosa, que durante los años 80 y 90 impulsó la creación de sindicatos dentro del cuerpo. La detención de Rosa fue la “llama” que lo originó todo. “A partir de ahí nos organizamos para ayudar al compañero y surgió un movimiento que extendimos por toda España. Nosotros éramos unos chavales demócratas que pensábamos que podíamos cambiar la Guardia Civil y España”, continúa Piñeiro.

Sin embargo, el cambio que buscaban no llegó. Frente a sus intentos de organizarse, la Guardia Civil respondió con dureza y, a través de la ‘Operación Columna’, persiguió y detuvo a los cabecillas de esta lucha durante los primeros años de la década de los 90, además de conseguir la expulsión del Cuerpo de cuatro de sus integrantes. “Utilizaron contra nosotros la élite que tenían contra el terrorismo, que era gente que solo se dedicaba a eso (vigilancia, detención y seguimiento de ETA), y los desplazaron para desarticularnos”, denuncia otro de los afectados, Alejandro Álvarez Borja.

La promesa incumplida del PSOE

Las primeras chispas de este movimiento venían de años anteriores. El 17 de diciembre de 1976, solo un año después de la muerte de Franco, 400 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se concentraron a las 11:00 de la mañana en la Plaza de Oriente de Madrid, escenario principal de las demostraciones de fuerza y “adhesión inquebrantable” durante el franquismo, para llevar a cabo una marcha hasta las puertas del Ministerio de la Gobernación. Entre las peticiones, como subida de sueldos, destacaba una clara: tener derecho a la Seguridad Social.

Esta manifestación acabó con 200 detenidos dentro de la Guardia Civil, lo que despertó la conciencia de muchos miembros dentro del Cuerpo. Sin embargo, la represión de esa marcha frenó sus exigencias durante años y no fue hasta 1982, con la victoria del PSOE, cuando nació de nuevo la ilusión entre los agentes, ya que este partido les prometió una de las puntas de lanza de su lucha: la desmilitarización del cuerpo. Pero esta nunca llegó, y con el enfado general, también motivado por la posterior detención del cabo Rosa, se aceleró todo el proceso para que nacieran los primeros sindicatos clandestinos.

Según el relato de Piñeiro, las primeras acciones en un principio se centraban en salir a la calle, hacer pintadas para denunciar los problemas a los que se enfrentaban y dar a conocer la situación. “Poco a poco se fueron creando las primeras células en diferentes zonas”, cuenta, siempre con la vista puesta en conseguir los derechos laborales que tenían el resto de trabajadores y una modernización de la Guardia Civil, acorde con la época que atravesaba España.

La democracia se estaba extendiendo, pero la Policía y la Guardia Civil mantenían las viejas costumbres y perseguían a todo aquel que se quisiera salir de estas. “Para comunicarnos, tomábamos todo tipo de precauciones, porque lógicamente, al ser guardias, conocíamos cómo se trabajaba en información”, cuenta José Morata Gargallo, otro de los guardias civiles que lideraron el intento de sindicalizarse. Por eso llamaban desde cabinas telefónicas o quedaban en sitios pactados para verse en persona. Así fueron creciendo hasta la creación clandestina del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) a finales de los años 80.

Con Piñeiro desde Navarra, Morata en Toledo y otros agentes como Alejandro Álvarez Borja o José Manuel León Sánchez desde Castellón y La Rioja, respectivamente, un grupo de agentes comenzó así la lucha para conseguir un sindicato real y efectivo dentro de la Guardia Civil. “No se quiere hablar de este tema, porque ahí se cometieron muchas ilegalidades y a la Guardia Civil no le interesa”, describe Borja.

Los guardias civiles encapuchados

El 3 de octubre de 1988 se llevó a cabo la primera rueda de prensa de este recién formado sindicato en La Rioja, en la que participaron el cabo Manuel Linde, que era la cabeza más visible de esa célula, y José Manuel León Sánchez.

“Un día acordamos dar esta rueda de prensa junto con otro compañero y convocamos a los medios, con mucha precaución”, explica Sánchez. La llamada la realizó el secretario general de La Rioja de Comisiones Obreras en ese momento, Manuel Ruano González. Los medios no sabían para qué estaban siendo convocados, para asegurar la seguridad de los agentes.

“Nosotros quedamos una hora y media antes en una cafetería y llevábamos cada uno nuestra bolsita de deporte con nuestro uniforme y el tricornio. De allí fuimos a la sede de Comisiones Obreras, en Logroño, entramos en una habitación y nos cambiamos de ropa. Ya en la sala colgamos unos carteles y nos sentamos en la mesa”, relata.

Hicieron pasar a los medios y los periodistas se encontraron con tres guardias civiles de uniforme y encapuchados. “Se llevaron una impresión bastante fuerte”. Durante la rueda de prensa no les dejaron grabar las voces por seguridad; “solamente tomaron nota con el bolígrafo de lo que el portavoz, Linde, quiso decir”, recuerda Sánchez. Cuando terminaron, les pidieron a los periodistas que se quedaran diez minutos más para tener tiempo de irse. “Tuvimos la suerte de que, al día siguiente, la noticia salió incluso a nivel nacional porque las imágenes fueron muy impactantes”, añade.

El País escribió una crónica en la que describió cómo “tres agentes uniformados, sin anillos ni relojes —uno de ellos incluso con guantes blancos—, anunciaron la existencia de un comité regional del sindicato en la zona Norte”. La noticia agregaba que, al tratarse de un sindicato clandestino, no tenía afiliados, pero destacaba que en la zona del País Vasco, Navarra y La Rioja había formados hasta 33 diferentes comités que mantenían contactos personales. “Los guardias insistieron en que se sienten policías y no militares. (…) calificaron al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, de ‘monigote’ e ‘inepto’, y pidieron la legalización del SUGC y la desmilitarización del cuerpo”.

Este tipo de escenografías se fueron repitiendo por todo el país para conseguir una mayor difusión, además de otras acciones como un boicot a la patrona el día del Pilar, que también tuvo mucha repercusión mediática. “Fue un éxito tremendo”, explica Piñeiro. Consiguieron llamar la atención de la gente… pero también de las autoridades. “Y la represión fue montar una operación que se llamó la ‘Operación Columna’”.

La ‘Operación Columna’

La Guardia Civil, bajo el director general de ese momento, Luis Roldán, decidió acabar con este movimiento bajo el beneplácito del Gobierno del PSOE, principalmente del ministro del Interior de esa época, José Luis Corcuera, según defienden los agentes afectados.

Así nació la ‘Operación Columna’, que se llevó a cabo entre 1989 y 1991. La primera fase consistió en la acumulación de datos, llevada a cabo por los agentes del servicio de información, que fueron apartados de sus trabajos investigando a los miembros de ETA para perseguir a los guardias civiles con ideas sindicalistas.

A través de pinchazos telefónicos, de seguimiento activo y entrevistas con compañeros, consiguieron identificar y marcar a los principales cabecillas del SUGC en las diferentes comandancias. Los documentos de esta operación siguen a día de hoy bajo secreto, pero gracias a una filtración realizada por el propio Roldán —que más tarde acabó en la cárcel por malversación de fondos durante su época como director general, tras protagonizar una sonada fuga y ser atrapado en Tailandia— se conocen unas pinceladas de ellos.

La “desarticulación del movimiento sindical clandestino se tenía que hacer de forma simultánea a nivel nacional”, reza uno de los documentos de esta operación, fechado el 24 de mayo de 1989, por lo que se constituyó un Dispositivo Operativo Especial. Un documento de unos meses más tarde, el 4 de agosto, establece que “como la tipificación plena y absoluta del delito de sedición militar resulta a veces difícil de conseguir, se estima conveniente fijar unos objetivos para la obtención de una prueba irrefutable”. Estos objetivos eran conseguir la convocatoria de un comité nacional del SUGC para que acudieran los dirigentes provinciales; la convocatoria de comités regionales; y, “de no poder conseguirse ninguno de los objetivos anteriores”, encontrar pruebas contra cada agente. Es decir, tenderles una trampa para tenerlos identificados y poder detenerlos.

Por otra parte, se debía contactar con los jueces militares para “exponerles el problema existente y tratar, con él, las líneas generales de la acción”. En concreto, los pinchazos telefónicos, que se extenderían hasta que fueran necesarios. “Si se necesita provocar algún hecho para obtener una prueba, se solicitará del Servicio Central de Información (SCI). Ninguna Unidad emprenderá o realizará operaciones clandestinas por sencillas que se presenten”, finalizan en el escrito firmado por el coronel jefe del SCI, Pedro Catalán Jiménez.

En un anexo de comentarios del propio documento, se añade que la acogida entre los mandos ha sido de “gran interés”. “Prácticamente todos expresaron su satisfacción al comprobar que desde la Dirección General del Cuerpo se abordaba, coordinadamente, este problema”, se puede leer. Según estos escritos, el plan era localizar a 10 o 15 dirigentes del sindicato clandestino para hacer una “detención simultánea y procesamiento por Sedición”, sancionar con faltas graves o leves a otro grupo más grande y una “advertencia privada e individual a cada uno de los restantes”.

El 16 de octubre de 1989 comenzó la fase operativa y se abrió de forma oficial la ‘Operación Columna’. Al final, eligieron a 20 agentes de las diferentes comandancias para que fueran arrestados y encarcelados.

Objetivo nº 2: José Morata Gargallo

“A mí me detuvieron el 1 de junio de 1990 en Toledo”, relata José Morata, un agente de la Guardia Civil que en ese momento tenía 37 años y que dentro de los documentos filtrados aparece como el “objetivo número 2″. Se encontraba en un restaurante, tomando un aperitivo y un vino con un periodista que “andaba tiempo detrás de hacer una entrevista”. “Entonces veo que venían el teniente de información y seis guardias más. Llegaron a la mesa y me dijeron que quedaba detenido por delito de sedición militar”.

“Yo hacía tiempo que me esperaba que nos detuviesen, estaba mentalizado”, explica, pero con el lío que se montó en el restaurante, intentaron llevarse también al periodista, “pensando que era un compañero”, por lo que tuvo que demostrar que no pertenecía a la Guardia Civil para librarse.

De allí le llevaron a la comandancia y al tribunal militar, donde le instruyeron una diligencia y ordenaron su ingreso en prisión preventiva. Le enviaron a la cárcel de Alcalá de Henares, que recuerda como “una cárcel magnífica”. La habían hecho en unas dos semanas cuando condenaron a los militares y guardias civiles del 23-F, “por lo que fue un récord en España cómo la arreglaron”. “Teníamos habitaciones individuales, no como otros compañeros. Era como una habitación de hotel, más pequeñita, pero como si fuese un hotel. Fue agradable, no se metían mucho con nosotros”, asegura. A esto se añadió que tuvo la compañía de otros nueve compañeros que se encontraban internados por la misma razón. En la prisión estuvo 18 días, hasta su salida el 19 de junio de 1990.

Objetivo nº 5: Alejandro Álvarez Borja

“Morata y yo siempre hemos sido un binomio en el tema sindical, y en el momento de las detenciones yo estaba destinado en Castellón, Valencia”, explica Alejandro Álvarez Borja. “Cayó Morata, y el día que lo ponían en libertad, a las 00:00 de la mañana, a mí me detuvieron a las 6:00 para que no pudiésemos hablar, porque nos tenían muy controlados”.

Esa madrugada se encontraba comenzando el servicio en la comandancia, haciendo el relevo con los compañeros, cuando “vinieron los del servicio de Castellón” y cuando entraron “todos se miraron unos a otros”. Se dirigieron al comandante, le dijeron que tenían que hablar conmigo y ahí me dieron la orden de detención”. De ahí fue trasladado a la Comandancia de Castellón.

“Ahí tuve un poco de follón con uno de los compañeros que me detuvo, porque le pedí que me dejaran hacer la llamada, que en aquella época era obligatoria. No me lo permitieron. Les dije también que quería ropa de paisano porque iba mitad de uniforme, mitad de paisano para montar el servicio, y me dijeron que no. Entonces, ya dentro del despacho, me apalanqué contra la pared y me tuvieron que esposar para llevarme a Valencia”, recuerda.

Cuando le llevaron ante el juez, este le preguntó si le hacía falta algo. “(El juez) miró a los compañeros que me llevaban y le dijeron que sí, que ellos tenían la orden esa de que no podía hacer llamadas. Entonces, los hizo salir de su despacho y desde ese teléfono llamé a mi mujer. Como ya habían detenido a Morata, ya estábamos en guardia todos. Entonces, le dije que estaba en Valencia detenido, y a partir de ahí ella hizo las llamadas que tenía que hacer. Al día siguiente ya vino el abogado y ya me llevaron”, relata.

Después de que el juez decretara la prisión, “me dijo que abajo había mucha prensa y que dependía de las declaraciones que yo hiciese, a lo mejor estaría más tiempo o menos en la prisión militar”.

Fue trasladado a la prisión militar de Cartagena, donde era el único detenido de esta célula, por lo que, al contrario que Morata, no tuvo el acompañamiento de otros compañeros. “Dentro, yo estaba con un asesino, un guardia civil que había matado a su mujer; un sargento del ejército que había atacado a otro; y otro sargento que me parece que había violado a una mujer. Esos eran mis compañeros”, relata.

Pasadas dos semanas, se dio la orden de ponerlo en libertad. “Vino un soldado y me trajo un recibo diciendo que tenía que pagar la comida de los días que había pasado ahí y le digo: ‘¿Cómo?’”. La respuesta del oficial fue preguntarle si se negaba, a lo que respondió: “No es que me niegue, es que no pienso pagar. ¿Usted se cree que yo estoy aquí en un hotel o algo?”.

Objetivo nº 13: José Carlos Piñeiro González

Piñeiro llevaba tiempo esperando ir a prisión. No solo porque ya había compañeros suyos detenidos, sino porque la célula de Navarra que él lideraba era una de las más combativas. Destaca que fueron los primeros que se “presentaron con uniforme y a cara descubierta”. “Planificamos el boicot a la no presencia en los actos de la patrona y después se hizo la primera presentación pública de uniforme en todos los medios de Pamplona”, añade.

En esa época ya sabían que “había operaciones y que había una persecución”. “Lo sabíamos por los propios periodistas”, explica y cuenta un momento clave en el que fue a la sede del Diario 16 para hablar con los periodistas sobre el sindicato en Vigo y se encontró con uno de sus comandantes en un despacho “pidiendo los nombres” de todos los implicados, “nuestros nombres”.

Su detención se produjo la madrugada del 17 de octubre de 1990. “Me detuvieron a las 3:30 de la mañana en mi casa, acusado de sedición militar, y solamente por haber solicitado la inscripción de una asociación profesional”, denuncia. Estuvo en prisión preventiva más de un mes hasta que fue puesto en libertad.

Objetivo nº 10: José Manuel León Sánchez

“El día de la detención, yo me encontraba prestando servicio en turno de tarde en la comandancia rural, en mi tiempo de descanso, y a las 19:00 o así, sonó el teléfono. Lo descolgué y, tras identificarme, me dijeron: ‘¡Ah! ¿Eres tú? Pues haz el favor de subir a mi despacho”. Era el capitán de información”, recuerda José Manuel León Sánchez. Era el 14 de junio de 1991.

En el mes que pasó en prisión, lo que más recuerda es la “incertidumbre” y el calor que hacía en las instalaciones, ya que era pleno verano. Igual que Morata, tuvo la suerte de coincidir con un compañero que estaba acusado del mismo delito. “Lo llevé bastante bien gracias a él”, explica. “Recibí también los consejos de otro compañero de Tarragona al que habían detenido, José María Bonilla, con el que mantenía yo muy buena relación. Me mandó una carta a la prisión, la cual agradecí bastante, en la que me daba una serie de consejos del tipo de vida que tenía que hacer, que hiciera ejercicio y esas cosas, que tuviese un plan de una rutina todos los días para llevarlo mejor”, relata.

En su encierro, coincidió con el teniente coronel Antonio Tejero, que “estaba allí prestando también condena por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero”, y al que le dio curiosidad conocer. “Lo que pasa es que, hasta en estas situaciones, los que tienen cierta graduación tienen una serie de privilegios, porque él tenía incluso piscina, pista de tenis y nosotros esas cosas no teníamos. Yo más de una vez solicité la pista de tenis para jugar con otro compañero y nos la denegaron”. Aprovechó que Tejero era una persona “muy religiosa” y un día se apuntó a la misa de los domingos. “Ahí le conocí y me llamó la atención que se pasó toda la misa arrodillado el hombre. Es lo que se me quedó grabado del encuentro con él”.

Los cuatro expulsados: Linde, Piñeiro, Rosa y Morata

En 1991, los 20 agentes que habían sido detenidos ya se encontraban en libertad, pero el objetivo de la ‘Operación Columna’ se había conseguido en gran medida. “Cuando los tribunales militares nos absolvieron y dijeron que no había ningún delito, la Guardia Civil nos abrió un expediente gubernativo. En ese momento hubo algunos compañeros que, tras las detenciones, abandonaron el tema y el sindicato prácticamente se deshizo”, explica Morata.

La mayoría de los expedientes que se abrieron estaban caducados en el momento de la entrega, por lo que la mayoría de los agentes pudieron quedarse en el cuerpo y salvarse de la expulsión. Sin embargo, los años siguientes no fueron fáciles.

Por ejemplo, en el caso de Alejandro Álvarez Borja, le presentaron el escrito de expediente cuando llevaba ya siete días caducado, pero “entonces insistieron en ver cómo me podían fastidiar” y estuvo unos siete años, hasta 1997, “entre expedientes y tribunales militares”. “Me pasaron por tres tribunales médicos, psiquiátricos-médicos, en los que dictaminaron que padecía distimia y me dieron de baja por enfermedad, más o menos por loco, que es la palabra de la depresión”, recuerda. En ese momento le dieron dos opciones: reingresar, y “al día siguiente me habrían cortado el cuello por cualquier tontería, o irme enfermo. Y opté por irme enfermo”.

En el caso de Sánchez, tras salir de prisión en julio de 1991, se presentó al capitán de su compañía a los dos días. “Me dijo que me fuera para mi casa, que ya me notificarían cuál es mi situación“. En octubre de ese año, el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, acordó su pase a la situación de suspenso de funciones y cese en su destino. Estuvo en esa situación hasta mayo de 1994, cuando se reincorporó al servicio en su antiguo puesto en Logroño. “Tuve la sensación de volver a más de lo mismo. Lo que sí noté fue el rechazo de algunos compañeros porque tenían miedo de relacionarse conmigo, por si los mandos podían sospechar que estaban vinculados con el tema sindical”.

También le afectó al plano más personal. En la Comandancia tenía un compañero, al que describe como “muy amigo”. Cada uno había asistido a la boda del otro. “A los pocos días de haber salido de prisión, nos cruzamos con ellos [él y su mujer] y se cambiaron de acera. Se cambiaron de acera porque tenían miedo y el miedo es libre”, explica.

Y entre todos ellos, hubo cuatro que no pudieron regresar al Cuerpo y fueron expulsados: Manuel Linde, José Carlos Piñeiro, Manuel Rosa Recuerda y José Morata.

“Tenían que hacernos un homenaje”

Tuvieron que pasar más de 30 años para que los cuatro expulsados pudieran ser rehabilitados en la Guardia Civil. Fue en mayo de 2025 cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el documento. En ese momento, Manuel Linde ya había fallecido y los otros tres afectados entraron directamente en jubilación por la edad.

Piñeiro “cree” haber perdonado ya a todos los que les persiguieron y les llevaron a su expulsión, pero no olvida cómo fueron, durante años, “marcados y criminalizados”. “Hemos sido expulsados, nos han rehabilitado, pero tenían que hacernos un homenaje”, opina.

Sin embargo, su lucha no fue completamente en vano y, aunque a día de hoy la Guardia Civil sigue sin tener sindicatos, sí se consiguió la legalización de las asociaciones, que defienden condiciones laborales, salariales y profesionales, aunque no tienen capacidad para convocar huelgas y tienen que operar dentro de un marco de neutralidad política. La primera de ellas fue la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), fundada en 1994 como continuación del SUGC y reconocida en el registro específico de asociaciones profesionales de la Guardia Civil en 2008. Actualmente, sigue siendo la que tiene más representación dentro del Consejo del cuerpo.

“Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”, denuncia Piñeiro. “Nosotros no hicimos nada más que ponernos de pie en defensa de los valores, de los derechos humanos y de la dignidad”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de Zacatecas, Yucatán y Veracruz sobre protección de datos personales y acceso a la información en partidos políticos y sindicatos, al establecer que la competencia exclusiva en la materia corresponde a la Federación y que las autoridades estatales no pueden legislar sobre estos temas ni aplicar regulaciones propias.

Esta resolución, de este 13 de abril, aplica para todas las leyes locales que otorgaban atribuciones a los estados en protección de datos personales relacionados con esos sujetos obligados, informó el comunicado de la SCJN.

La decisión deriva de las Controversias Constitucionales 254, 193, 194 y 205 todas resueltas en la sesión de la SCJN este 13 de abril.

La ley da un control federal a los datos personales de partidos políticos y sindicatos

El Tribunal Pleno de la SCJN argumenta que el marco constitucional vigente establece que solo la Federación puede regular el acceso a la información y protección de datos personales cuando se trata de partidos políticos y sindicatos.

Detalla que los artículos 6, apartado A; 73, fracción XXIX-S; y 116, fracción VIII de la Constitución federal, junto con las leyes generales en materia de transparencia y protección de datos, publicadas el 20 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, otorgan esa potestad normativa de manera exclusiva al Congreso de la Unión.

De acuerdo con el artículo 41, fracción I, la función de garantizar el acceso a la información y salvaguardar los datos personales de carácter político corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) en todos los asuntos de partidos, tanto nacionales como locales.

En temas sindicales, según el artículo 123 constitucional, la competencia recae en autoridades federales laborales, que se dividen entre el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para los sindicatos del apartado A y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los del apartado B.

Suprema Corte invalida tres leyes estatales invalidadas

La SCJN invalidó artículos y reglamentos en las constituciones y leyes secundarias de tres entidades. En Zacatecas, quedaron nulos el artículo 28, párrafo octavo, y el 38, fracción XV, de la Constitución local, así como varias partes de su Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En Yucatán, se anula el artículo 75 Nonies de la Constitución estatal, apartados específicos de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, y partes del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Por su parte, en Veracruz la Corte cancela el párrafo octavo del artículo 6 de la Constitución del estado y partes de la Ley número 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública junto con su Reglamento.

En el caso de Veracruz, no todas las disposiciones resultan inválidas. El Pleno mantiene vigente el artículo séptimo transitorio de la Ley número 250, que obliga a transferir los expedientes y archivos a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Contraloría General del Estado dentro de los siguientes 20 días hábiles tras la entrada en vigor de la ley. La Contraloría contará con 30 días naturales adicionales para remitirlos a la autoridad federal que resulte competente.

La movilización, que partió desde Plaza Venezuela con destino al palacio presidencial de Miraflores, fue interceptada por fuerzas de seguridad en varios puntos del centro de Caracas, generando escenas de caos y tensión durante toda la jornada.

Cerca de 2.000 trabajadores, representantes sindicales, estudiantes y gremios profesionales se congregaron desde la mañana para reclamar un incremento real del salario mínimo, congelado desde hace dos años.

La protesta se desarrolló tras el anuncio de la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, quien este miércoles prometió un “aumento responsable” para el 1 de mayo, aunque sin detallar cifras ni mejoras en los beneficios laborales.

Los manifestantes rechazaron la propuesta oficial al considerar que solo se limitaba a bonos y no impactaba en prestaciones ni derechos adquiridos.

“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, denunció Mauricio Ramos, un jubilado presente en la marcha.

La situación se agravó cuando la columna de manifestantes intentó avanzar hacia la sede del Ejecutivo. A la altura de la plaza El Venezolano y en las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, los cuerpos antimotines desplegaron cordones y utilizaron gas pimienta y bombas lacrimógenas para frenar el avance.

“Vean cómo nos están reprimiendo, no nos dejan avanzar”, gritaban los asistentes mientras la presión policial se intensificaba. En algunos tramos, los manifestantes lograron romper los cercos y avanzar algunos metros, superando a los efectivos en sus intentos de bloquear la movilización.

La protesta fue convocada por organizaciones sindicales y gremiales que denuncian la pérdida del poder adquisitivo y la precarización acelerada de los salarios en el sector público.

Actualmente, el salario mínimo oficial permanece en 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de 30 centavos de dólar según la cotización oficial. Aunque el ingreso total puede alcanzar los 150 dólares con bonificaciones estatales, esas sumas son variables y no inciden en prestaciones ni jubilaciones, mientras que la canasta básica familiar supera los 600 dólares mensuales según estimaciones de consultoras privadas.

Las fuerzas de seguridad no solo actuaron contra los manifestantes, sino también contra periodistas y fotógrafos que intentaron cubrir la represión y documentar los hechos. Hubo reportes de bloqueos y maniobras para impedir la labor informativa en la zona central de Caracas, en medio de una fuerte presencia de unidades antimotines y vehículos blindados.

Pese a la violencia policial, los manifestantes mantuvieron la presión en las calles y no se retiraron del casco central durante varias horas. Los organizadores reiteraron su rechazo al esquema de bonificaciones y exigieron un salario base suficiente, el respeto a los derechos contemplados en las contrataciones colectivas y el fin de la persecución a los líderes sindicales.

“Ella (Delcy Rodríguez) habló de un salario responsable. Todos sabemos que el 1 de mayo hay aumento. ¿Tenía que dar una declaración para decir eso? Tú lo que tienes que recibir a todos los trabajadores”, reclamó José Patines, miembro de la Coalición Sindical.

La jornada estuvo marcada por el despliegue de piquetes de la Policía Nacional Bolivariana en los principales accesos al centro y por la persistencia de los trabajadores en sostener su reclamo frente a un contexto de crisis salarial y represión.

La movilización de este jueves es la cuarta protesta nacional por salarios en lo que va del año y la primera que intenta llegar hasta las inmediaciones del palacio presidencial en Caracas.

Mientras grupos afines al chavismo también se movilizaban en la ciudad en respaldo a la “paz” y la gestión oficial, la represión y el bloqueo a la marcha sindical reflejaron la tensión social y la falta de avances concretos en la política salarial, en un país donde la inflación interanual supera el 600% y la precarización laboral se profundiza.

(Con información de EFE y AFP)

Este jueves, arranca la negociación del VIII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. “La negociación seguramente se da larga, esto no se soluciona en tres reuniones”, pronostica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos. Se trata de un convenio estatal que afecta a 200.000 trabajadores tras casi cuatro años de vigencia del anterior.

Las principales reivindicaciones que se sientan hoy a la mesa junto a los sindicatos y la patronal son las horas lectivas, la subida salarial de los trabajadores cuyo sueldo está por debajo del SMI y la equiparación de las retribuciones de los profesores y maestros de la concertada con los de la educación pública.

Un salario equiparable al de la pública

El salario base se ha ido acercando, reconocen las organizaciones. Sumando los complementos autonómicos que otorgan las comunidades, las nóminas finales resultan similares para empleados sin experiencia. Con el paso del tiempo, surgen diferencias en los conceptos que completan los salarios. Los trabajadores de la concertada no acumulan sexenios de formación, a diferencia de los funcionarios, lo que supone perder un complemento de unos 100 euros mensuales por cada 6 años, según detalla el sindicato.

Al igual que en la red pública, cada comunidad autónoma aplica su propia política salarial en la concertada, lo que genera diferencias entre docentes. Algunos gobiernos regionales optan por no abonar los trienios de antigüedad, como ocurre en Andalucía, y otros omiten el pago único de cinco mensualidades —una por cada quinquenio— que corresponde a quienes cumplen 25 años en el mismo centro, como sucede en Galicia. Existen comunidades, como la de Madrid, que han aprobado el pago de jubilaciones parciales y tutorías, mientras que otras no lo hacen. Y estas diferencias generan una brecha salarial entre docentes y también se pondrá hoy sobre la mesa de negociación del convenio.

Equiparar las sesiones lectivas

La reclamación de la equiparación en las horas lectivas centra buena parte del debate. Mientras que en la red pública el profesorado imparte un máximo de 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria —con una futura reducción a 23 y 18 horas aprobada en anteproyecto de ley—, el personal de la concertada mantiene un régimen de 25 horas semanales que tiene truco. En la pública, las clases se miden por hora y se corresponden con las sesiones, pero en la concertada se contabilizan por minutos, de modo que se pueden dar clases de 45 minutos y que el resultado sea que dan más sesiones, lo que supone más carga.

Por eso, uno de sus objetivos es que se vincule la hora al periodo o sesión porque “no es lo mismo corregir y preparar a razón de 25 clases que 29 clases, aunque sean de 45 minutos”, expone el responsable de UGT.

Trabajadores de servicios por debajo del SMI

Otro de los puntos es que el salario de trabajadores del servicio, que son un sector minoritario dentro del convenio pero prioritario. Aún quedan salarios por debajo del SMI en las pocas categorías que quedan por debajo del salario mínimo. a. En muchos casos, estos profesionales —porteros o recepcionistas— han sido externalizados, pero Gualix ha recordado que quedan en los colegios donde el personal de servicios sigue perteneciendo a la plantilla y el objetivo es que no se queden fuera y obtengan una mejora económica en sus nóminas.

El proceso de prueba de vehículos autónomos de Waymo en Nueva York culminó tras el vencimiento de los permisos que autorizaban la circulación de estos automóviles en determinadas zonas de Brooklyn y Manhattan desde el año pasado.

La empresa, filial de Alphabet, había iniciado estas pruebas bajo la vigilancia constante de un copiloto humano que supervisaba cada trayecto, en un contexto definido por debates sobre la seguridad pública y la ausencia de una política local específica para esta tecnología.

La expiración de los permisos, confirmada por un portavoz del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) al medio digital THE CITY, refleja la tensión existente entre el desarrollo tecnológico y la regulación local en una ciudad donde el avance de los vehículos autónomos genera inquietud tanto en autoridades como en sindicatos del sector transporte.

Ambos permisos que habilitaban el ensayo de ocho autos inteligentes de Waymo en Nueva York caducaron el 31 de marzo, según señaló el vocero del DOT, Vin Barone, a THE CITY.

Los vehículos, del modelo Jaguar I-PACE dotados con sistemas de conducción autónoma, operaron únicamente en áreas definidas del centro de Brooklyn y Manhattan al sur de la calle 112.

Durante el periodo autorizado, la empresa no reportó accidentes, conforme a lo informado por las autoridades locales, y cada automóvil contaba permanentemente con un copiloto humano responsable de intervenir si era necesario. Este componente diferenciador subraya la especificidad de la prueba frente a otras coberturas generales sobre robotaxis.

Permisos y contexto regulatorio en Nueva York

Waymo espera la posibilidad de retomar las pruebas, de acuerdo con declaraciones de un vocero de la compañía a THE CITY, aunque esto dependerá de la renovación del permiso estatal, actualmente sujeta a discusiones en el presupuesto legislativo de Albany.

Por el momento, los automóviles de la empresa permanecen activos en modo manual únicamente para fines de recopilación de datos, sin funciones autónomas habilitadas.

Waymo, entre promesas y resistencias: impacto económico y desafíos regulatorios

El cierre de las pruebas en Nueva York se produjo tras el cambio de posición de la gobernadora Kathy Hochul, quien había propuesto extender la operación de vehículos autónomos fuera de la ciudad pero detuvo ese impulso en febrero, según la reconstrucción de THE CITY. Si los permisos son reactivados, Waymo evaluará iniciar una nueva etapa de ensayos dentro del área urbana.

El futuro de la conducción autónoma en el estado enfrenta otros obstáculos. En 2021, legisladores estatales presentaron un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de un conductor humano mientras el vehículo cumpla con requisitos de seguro y otras condiciones; sin embargo, la falta de avances legislativos frenó hasta ahora cualquier despliegue masivo.

Según datos citados por THE CITY, la empresa invirtió más de USD 3 millones en tareas de lobby para influir en autoridades municipales y estatales, sin conseguir la habilitación necesaria.

La oposición más articulada proviene de la New York Taxi Workers Alliance. Su directora ejecutiva, Bhairavi Desai, aseguró: “Ni la ciudad ni el estado están preparados. No tenemos políticas ni regulaciones, y permitir que estas compañías desplieguen sus dispositivos implica que ellas definirán las reglas futuras”.

El organismo regulador, la Taxi & Limousine Commission, supervisa actualmente a cerca de 180.000 conductores en la ciudad de Nueva York, dato que ejemplifica la dimensión del sector de transporte tradicional.

Waymo argumenta, respaldándose en información propia, que su tecnología ofrece mayores garantías de seguridad que la conducción humana. Una vocera de la compañía declaró a THE CITY que “los datos de 170 millones de millas (273 millones de kilómetros) de manejo completamente autónomo muestran que Waymo Driver está involucrado en un 92% menos de accidentes con lesiones graves o fatales en comparación con conductores humanos donde operamos”.

En lo relativo a imagen pública, la empresa cita que en San Francisco, el 73% de las personas encuestadas dicen sentirse seguras con Waymo y el 68% cree que mejora la seguridad vial.

Desafíos únicos para la conducción autónoma en Nueva York

La experiencia de Waymo en Nueva York enfrenta obstáculos característicos del entorno urbano local. Para Sam Schwartz, director del programa de investigación en transporte de Hunter College y ex comisionado de tráfico durante la gestión municipal de Ed Koch en la década de 1980, los estudios mencionados por la empresa carecen de independencia plena.

Además, advierte también la falta de transparencia por parte de los operadores respecto a los resultados específicos de los ensayos realizados en la ciudad. Waymo decidió no compartir información detallada sobre los meses de prueba en Brooklyn y Manhattan con THE CITY.

Schwartz expone particularidades relevantes del tráfico local al compararlo con el de otras ciudades de Estados Unidos: “Tenemos muchas formas diferentes de movilidad, peatones frecuentes, una población de adultos mayores considerable y ciclistas que pueden pasar de ocho a 48 kilómetros por hora”. En su opinión, la combinación de estos factores representa un desafío considerable para integrar vehículos autónomos en Nueva York.

Waymo, que ya ofrece servicios de transporte autónomo sin conductor en 10 ciudades del país, incluidas Atlanta, Houston y Los Ángeles, y proyecta expandirse a otras 18 urbes de Estados Unidos, además de Londres y Tokio, afirma haber recibido comentarios de “miles de neoyorquinos que desean acceso a Waymo en su ciudad”.

La discusión legislativa en Albany determinará si la empresa podrá renovar su autorización para pruebas en la ciudad. Por el momento, la tecnología se enfrenta a un panorama incierto en uno de los entornos urbanos más densos y regulados de Estados Unidos.

La Ley de Modernización Laboral ocupó un lugar destacado en la agenda política hasta su aprobación, pero en pocas ocasiones su discusión pública excedió aspectos elementales de su redacción o la intención de su utilización partidaria.

Despejada esa efervescencia inicial y con la ley ya vigente, es imprescindible recordar por qué es necesaria y cuál será el rol del nuevo esquema normativo en la reorganización legal laboral y en la expectativa de reactivación del empleo iniciada con la Ley de Bases en julio de 2024. Ello, para no caer nuevamente en errores del pasado.

Los extremos de nuestro abanico ideológico pretendieron simplificar la discusión, asignando al proyecto de ley un rol de generador automático de inversión o bien el papel de destructor del empleo y del tejido social.

Ahora bien, el rol fundamental de la legislación laboral es la de ser un marco normativo claro para no entorpecer una actividad económica que no obedece tan linealmente a cuestiones legales; mientras garantiza derechos elementales para los empleados. Todo ello en un marco de desempleo y precariedad laboral que siempre fue preocupante en nuestro país.

El rol fundamental de la legislación laboral es la de ser un marco normativo claro para no entorpecer una actividad económica

Simplificando el origen de este contexto y considerando que los mayores empleadores en Argentina son las pymes, la crisis de empleo obedece básicamente a que el empleo registrado es caro, tanto para el empleador como para el empleado; la actividad económica no justifica a los ojos de las empresas una mayor incorporación de personal; y la inseguridad jurídica hace percibir como un riesgo a la incorporación de personal.

La reducción real del costo empresario del empleo considerando las contribuciones patronales y la afectación del salario por los aportes no aparecen como opciones viables en el esquema actual, donde hay menos de dos empleados aportantes por cada beneficiario del sistema previsional. Y el desarrollo de la actividad económica excede con creces al análisis estrictamente laboral.

Donde la legislación laboral sí puede y debe ocupar un lugar preponderante es en su rol como organizador y garante de reglas claras para una actividad determinada. La Ley de Modernización Laboral pretende entonces poner cierto orden en este aspecto; el de la inseguridad jurídica que tornaba inviable cualquier proyección legal seria de nuestra realidad laboral.

Donde la legislación laboral sí puede y debe ocupar un lugar preponderante es en su rol como organizador y garante de reglas claras para una actividad determinada

Nuestro esquema legal laboral era insostenible en las condiciones previas a la modificación iniciada con la Ley de Bases en 2024. Se encontraba plagado de inconstitucionalidades, normas en desuso e interpretaciones judiciales tan disímiles como contradictorias. Explicar nuestro orden laboral a un posible inversor no era complejo (ciertos países europeos cuentan con esquemas más protectorios que el nuestro), pero lo que era increíble para quien pudiera proyectar una inversión es que casi no contábamos con regulaciones legales laborales cuyo cumplimiento pudiera generar previsibilidad. Esto es, entender que el cumplimiento de la normativa laboral rara vez garantizaba la inexistencia de contingencias.

Recibir asesoramiento legal se volvió algo frustrante para el empresario, donde el riesgo siempre se encontraba presente por la indefinición y confusión legal.

Las pautas principales de la Ley de Contrato de Trabajo se encontraban tan desvirtuadas por su constante reinterpretación que resultaba improbable tener certeza sobre aspectos básicos y fundamentales. El régimen indemnizatorio, las modalidades de contratación, los beneficios, la jornada, las alternativas de contratación de servicios o la registración laboral elemental pasaron de ser reglas claras, a objetos de discusión constante, reinterpretación judicial y planteos de inconstitucionalidad. Siquiera podíamos contar con un criterio unánime de cómo debían actualizarse los créditos laborales cuando nuestros tribunales no lograron consensuar un criterio aritmético de actualización de obligaciones monetarias.

Nuestros tribunales ya están plagados de planteos de su inconstitucionalidad en algo tan lineal como la unificación del cálculo de intereses que dispone

La erosión constante de la normativa laboral derivó con los años en un escenario legal completamente inútil como regulación, en un inusitado incremento de la litigiosidad laboral y en términos generales, en un contexto que desalentaba cualquier análisis serio de viabilidad de inversión en términos de empleo.

Preguntas tan elementales como la forma adecuada de calcular una indemnización, la viabilidad de un régimen de jornada o el costo actualizado de un juicio sencillamente no tenían una respuesta concreta. Esta indefinición fue ignorada durante años desde lo legislativo.

El mayor aporte de la Ley de Modernización Laboral es entonces la definición de pautas claras que nos permitan superar la confusión que imperaba en el orden laboral, especialmente en cuanto a la definición de indemnizaciones, qué debe entenderse conceptualmente como salario y cierta libertad en la reorganización de la jornada que era imprescindible. Además, modernizan el esquema del trabajo y otorgan herramientas financieras (como el Fondo de Asistencia Laboral) que reducirán el impacto de las indemnizaciones y garantizarán su cobro por parte de los empleados.

Ahora, la tentación de la anarquía legal anterior subyace. A muchos de los protagonistas legales les cuesta comprender que la sanción de una ley es la finalización de un proceso, no el comienzo de una revisión legal y judicial para verificar si lo que decidió el Poder Legislativo se adecua o no a sus intereses particulares.

No nos encontramos con un cambio en el paradigma del empleo, sino con un ajuste y recalibración que ya no podía seguir posponiéndose

A menos de un mes del dictado de la nueva ley, nuestros tribunales ya están plagados de planteos de su inconstitucionalidad en algo tan lineal como la unificación del cálculo de intereses que dispone. Diversos sectores sociales denuncian anacrónicamente una supuesta pérdida de derechos laborales, el debilitamiento la representación sindical como garante de los derechos laborales y la afectación de garantías constitucionales y pactos internacionales. Por otro lado, además, los tiempos en la tramitación de los juicios laborales generan incertidumbre sobre los pronunciamientos pendientes respecto la constitucionalidad o no de otros aspectos de la Ley de Bases.

El carácter protectorio del Derecho del Trabajo es innegable y fundacional y también es incontrastable que la subsistencia de la mediana y pequeña empresa se encuentra en riesgo si no logra adaptarse a muchos de los vaivenes de la economía. Pero esta necesidad social y empresarial no puede dejar de lado que la relación de empleo es un contrato que genera derechos y obligaciones para ambas partes y que su contenido debe evolucionar para no perjudicar a quienes debe proteger.

No nos encontramos con un cambio en el paradigma del empleo, sino con un ajuste y recalibración que ya no podía seguir posponiéndose. Tenemos un elemento fresco en cuando a su validez legal, moderno y que, si bien es perfectible, nos otorga una nueva oportunidad para ordenar nuestra realidad laboral.

Proteger y velar por el mantenimiento de este nuevo punto de partida es una responsabilidad de todos los actores del marco legal laboral, abogados, jueces, doctrinarios, sindicatos y cámaras empresariales.

Tenemos una nueva oportunidad. Tratemos de hacerlo mejor esta vez.

El autor es Counsel del área de Derecho Laboral en Bomchil

El acuerdo firmado la semana pasada entre Función Pública y representantes sindicales para establecer una jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado implica que la jornada máxima anual para los empleados de la administración local tampoco podrá exceder ese límite, según el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. A raíz de este precedente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado este martes a los ayuntamientos que inicien negociaciones inmediatas para extender este recorte horario a todos los trabajadores de gobiernos locales, reportó el sindicato en un comunicado recogido por diversos medios.

De acuerdo con las declaraciones de CSIF, la medida no tiene carácter automático para los empleados de los gobiernos locales, por lo que corresponde a cada administración activar las conversaciones en las mesas de negociación respectivas. Tal como publicó el sindicato, el objetivo es que la totalidad del personal municipal acceda a los mismos derechos laborales recientemente reconocidos en la Administración General del Estado (AGE).

La comunicación de CSIF destaca que el reciente acuerdo —definido como de alcance histórico por los representantes sindicales en el comunicado— beneficiará a organismos públicos, agencias y otras entidades con personalidad jurídica propia que están vinculadas o dependen de la Administración General del Estado. Según detalló CSIF, esta extensión también incluirá a empresas públicas. El documento firmado establece, además, que el Ministerio de Función Pública emitirá una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días. De acuerdo con lo dispuesto, la aplicación de la nueva jornada laboral se negociará en cada ámbito que cuente con mesas específicas, como el caso de las Instituciones Penitenciarias.

El medio informó que el acuerdo contempla la adaptación de jornadas para diferentes situaciones. Por ejemplo, los regímenes de especial dedicación con jornadas de 40 horas se verán reducidos a 37,5 horas semanales. También se adaptarán las jornadas intensivas de verano y los horarios especiales que ya operan en determinados ámbitos o centros de trabajo. Según publicó la CSIF, estas adaptaciones requieren negociación previa para asegurar que las nuevas condiciones sean compatibles con la prestación de servicios públicos y la correcta atención a la ciudadanía.

Para facilitar la implantación de la jornada de 35 horas en la administración local, el sindicato ha instado a sus delegados en las entidades municipales de toda España a activar los procedimientos necesarios en las mesas de negociación propias de cada ayuntamiento. El objetivo, según consignó la CSIF, es garantizar que el acuerdo nacional repercuta en el personal de los gobiernos locales, quienes todavía no gozan de esta reducción horaria en sus respectivos entornos laborales.

El proceso, tal como explica el sindicato en su comunicado y fue difundido por distintos medios, no se limita a replicar automáticamente lo pactado a nivel nacional, sino que exige el inicio de diálogos formales en cada administración local. Esta necesidad obedece a las particularidades existentes en los regímenes de trabajo de cada ayuntamiento, en los que deberán negociarse tanto los calendarios como los ajustes específicos según las funciones y servicios requeridos en cada demarcación.

El convenio alcanzado sobre la jornada de 35 horas se inscribe en una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y abre paso, según el contenido divulgado por CSIF, a que entidades con regímenes distintos —como las de especial dedicación— también puedan acogerse a la reducción horaria reseñada. En el caso de jornadas puntuales, como las intensivas de verano, la adaptación se realizará siempre que la negociación garantice la operatividad de los servicios.

Según publicó CSIF, esta iniciativa busca establecer garantías de igualdad entre los funcionarios de las diferentes administraciones públicas. El sindicato considera que la referencia de la AGE actúa como techo máximo y fija el cómputo anual en el resto de administraciones con funcionarios de régimen local.

La CSIF señaló que la resolución del Ministerio de Función Pública sobre jornadas y horarios será clave en el despliegue de la medida, ya que detallará los parámetros a aplicar y abrirá el proceso de negociaciones en las diferentes áreas afectadas. El sindicato remarcó en su comunicado que pretende asegurar la protección de todos los trabajadores implicados mediante la negociación colectiva, ajustando los períodos laborales a las normas vigentes y a las necesidades del servicio público.

Los ayuntamientos, de acuerdo con lo divulgado por el sindicato y replicado por medios nacionales, tienen ahora la tarea de iniciar las conversaciones para que el acuerdo se traduzca en beneficios reales para su plantilla. La CSIF mantiene su posición de exigir la extensión de los beneficios de la jornada de 35 horas en todos los gobiernos locales, a fin de equiparar condiciones laborales y dar cumplimiento a la normativa estatal vigente.

El acuerdo establece que los trabajadores de Iberia que accedan a la prejubilación podrán hacerlo desde los 61 años en tierra y entre el personal de pilotos, y desde los 58 años en el caso de los tripulantes de cabina de pasajeros, según informó la compañía. Este mecanismo, incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario, aborda la salida ordenada de parte del personal como parte de un proceso de reestructuración que afecta prácticamente a toda la plantilla tanto en vuelo como en tierra.

Según consignó el medio, Iberia y los sindicatos representativos de vuelo (SEPLA, SITCPLA, STAVLA, Candidatura Independiente, UGT vuelo y CCOO vuelo) y de tierra (CCOO, UGT y ASETMA) formalizaron el lunes las condiciones del proceso. El pacto contempla la extinción de hasta 996 contratos laborales mediante bajas voluntarias, lo que se traducirá en la salida de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros y 753 empleados de tierra.

De acuerdo con lo publicado, las bajas voluntarias para todos los colectivos contemplan una indemnización equivalente a 35 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 30 mensualidades y un mínimo garantizado de un año de remuneración. Este esquema pretende ofrecer un incentivo tanto para quienes decidan acogerse a la salida como para la propia empresa, que busca ajustar su estructura mientras mantiene el diálogo con la representación sindical.

El pacto se cerró con organizaciones sindicales que representan el 92% de las secciones tanto de vuelo como de tierra, según los datos difundidos por Iberia, lo que evidencia un alto grado de consenso social en la negociación de las condiciones. Las salidas anticipadas o prejubilaciones, en función del colectivo al que pertenezca el trabajador, se definirán según lo pactado: para empleados de tierra y pilotos será a partir de los 61 años, mientras que el personal de cabina podrá acceder desde los 58 años.

Tal como detalló la compañía, el objetivo del ERE voluntario es afrontar una profunda reestructuración en la organización de la aerolínea. Iberia manifestó que las medidas adoptadas permitirán garantizar la sostenibilidad de la empresa ante los nuevos retos del sector, así como adaptar la estructura operativa y de recursos humanos.

El proceso se produce en un contexto más amplio de transformaciones dentro del sector aeronáutico, con el fin de ajustar capacidades a la demanda y a los marcos regulatorios y económicos actuales, según explicó la propia Iberia. De acuerdo con lo que expresó la aerolínea, la gestión ordenada a través del diálogo colectivo ha sido clave para hallar fórmulas que aminoren el impacto social de la reducción de plantilla.

Los representantes sindicales implicados en esta negociación pertenecen a distintas ramas del personal, lo que permitió cubrir de forma global las diversas necesidades entre pilotos, tripulación de cabina y trabajadores en tierra. Este enfoque, de acuerdo con las organizaciones participantes citadas por la compañía, persigue que las condiciones de salida se ajusten a cada colectivo, atendiendo a las particularidades de sus perfiles profesionales y perspectivas de empleabilidad.

Las cifras confirmadas por la empresa dejan ver que la mayor parte de los afectados corresponde a las áreas de tierra, lo que se relaciona con la reorganización de procesos y la digitalización de distintas funciones que, según fuentes sindicales citadas por Iberia, están modificando de forma sustancial el entorno laboral dentro de la compañía.

El ERE voluntario, según el medio, forma parte de un paquete de medidas más amplio que Iberia ha venido negociando con los trabajadores para acomodar su estructura a las necesidades de mercado y eficiencia interna. La compañía remarcó que este tipo de procesos cuentan con respaldo social mayoritario y forman parte de las herramientas habituales para abordar ajustes de plantilla con criterios de voluntariedad y acompañamiento económico.

Los detalles sobre plazos, procedimientos internos de solicitud y mecanismos de información para los trabajadores afectados se concretarán en las próximas semanas, conforme a los acuerdos alcanzados y bajo la supervisión de la representación sindical. La aerolínea, tal como consignó el medio, buscará completar la salida de los trabajadores afectados en distintas fases, de acuerdo con la planificación operativa e instrucciones de los órganos de dirección.

Los interlocutores sindicales valoraron la existencia de garantías asociadas a la indemnización y la previsión de acompañamiento, y subrayaron que buscaron, dentro de las restricciones económicas de la compañía, el mayor grado posible de protección para los profesionales afectados.

De este modo, la reestructuración asumida por Iberia implica una reorganización significativa en los equipos de trabajo, con una reducción de plantilla que tiene impacto tanto en los servicios directos de vuelo como en las tareas en tierra, incluidas aquellas vinculadas a la atención al cliente, operaciones técnicas y soporte administrativo. Todas las medidas cuentan con el respaldo normativo recogido en la legislación laboral española, conforme al procedimiento y las características establecidas en los acuerdos de este tipo, según resaltó la compañía.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a las activistas conocidas como “las seis de la Suiza”, según ha adelantado Infolibre. Las seis sindicalistas vinculadas a CNT fueron condenadas a tres años y medio de cárcel por coacciones y obstrucción a la justicia en el contexto de un conflicto laboral con la pastelería La Suiza, en Gijón. El caso se originó tras la defensa de una trabajadora embarazada que denunció situaciones de acoso y explotación laboral en el establecimiento.

Diversos partidos políticos, sindicatos y organizaciones habían solicitado su indulto al considerar su encarcelamiento como “un ataque a la libertad sindical y la protesta social”. Ahora, nueve meses después de su ingreso en prisión, las seis sindicalistas podrán salir de prisión a través de la medida de gracia que concede el Gobierno, que ha justificado el perdón porque la conducta se produjo en un contexto laboral, en ejercicio de la libertad sindical y sin ánimo de cometer delitos.

Ocurrió en 2016

Los hechos ocurrieron hace una década, en 2016, cuando la pareja de una trabajadora de la pastelería protagonizó un altercado con el empresario, lo que dio lugar a una denuncia por amenazas y daños. La trabajadora dejó su empleo tras la apertura de juicio oral contra su pareja y, en contacto con la CNT, inició junto a otras personas una campaña de protesta frente al local.

La justicia consideró que estas acciones constituyeron una presión “constante, reiterada y desproporcionada” que llevó al cierre del establecimiento. Desde CNT, sin embargo, siempre aseguraron que el negocio ya estaba en venta antes de que comenzara el conflicto y que el cierre no podía atribuirse únicamente a las movilizaciones sindicales, sino a factores previos.

Desde el sindicato también calificaron como “llamativo” que la justicia rechazara entonces suspender las penas de prisión a las condenadas, pese a que cumplían con los requisitos habituales para acceder a esa medida, como la ausencia de antecedentes penales o la responsabilidad sobre personas a su cargo, ya que algunas de ellas son madres en la actualidad.

CNT también defendió que la realización de piquetes o campañas de acción sindical “no debería considerarse una coacción grave, sino una forma legítima de presión” destinada a facilitar la negociación con la empresa y evitar el recurso a los tribunales.

Las seis sindicalistas recibieron el tercer grado penitenciario apenas una semana después de su ingreso voluntario en el Centro Penitenciario de Asturias, lo que les permitió acceder a un régimen de semilibertad.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha destacado la necesidad de eliminar la lista por formación, señalando que esta disposición ha resultado perjudicial para algunas jugadoras y continúa vigente en el actual Convenio Colectivo. Según informó la propia AFE, la denuncia formal presentada este viernes contra el Convenio Colectivo para las futbolistas de la Liga F busca avanzar hacia un acuerdo más ambicioso que permita reducir la brecha existente con los derechos establecidos en las competiciones masculinas.

De acuerdo con la nota publicada por AFE, el sindicato mantiene su compromiso de impulsar un nuevo convenio que refleje mejoras reales en las condiciones laborales, de conciliación y de protección de las deportistas. Tal como reportó la organización, las demandas incluyen la revisión de aspectos relacionados con la maternidad, planteando específicamente la necesidad de incluir medidas económicas para el cuidado infantil y facilitar el cumplimiento de responsabilidades vinculadas a la maternidad y la gestación. AFE propuso, además, la creación de un protocolo específico para embarazos, que incluya asistencia tanto pre-parto como post-parto.

El medio AFE detalló que dentro de sus objetivos figura la introducción de garantías para la conciliación familiar y el desarrollo profesional, como la negociación de la figura de Deportista de Alto Rendimiento con el fin de adecuar la actividad deportiva a la vida académica, haciendo referencia a la llamada carrera dual, en línea con lo establecido por la Ley del Deporte. Estas reclamaciones se suman a la petición de un periodo mínimo de pretemporada de entre 3 y 4 semanas, esto con la intención de prevenir lesiones, junto con la exigencia de que en caso de producirse estas lesiones las jugadoras cuenten con un seguro que cubra incapacidad temporal.

En el ámbito médico, AFE propuso que el equipo técnico incluya entre su personal a un profesional de la medicina que acompañe a la plantilla durante los desplazamientos, como medida preventiva y de atención sanitaria. Según consignó el comunicado difundido por la organización sindical, el nuevo acuerdo debe prever además un descanso mínimo de 72 horas entre partidos, en consonancia con reivindicaciones recurrentes en otras competiciones.

AFE explicó que otro elemento indispensable en las futuras negociaciones es la inclusión de las jugadoras del filial que participen con frecuencia en entrenamientos y partidos del primer equipo, garantizándoles la cobertura del convenio colectivo. El sindicato también reclamó la incorporación de protocolos adaptados a condiciones de temperatura durante los partidos de las competiciones nacionales organizadas por la RFEF y LaLiga, además de un protocolo de prevención de riesgos laborales adaptado al ámbito del fútbol profesional femenino.

Según publicó AFE, uno de los objetivos centrales es equiparar los calendarios y horarios de competición con el modelo masculino, solicitando que el proceso de definición de horarios y planificación de la temporada no dependa exclusivamente de la patronal, sino que contemple la negociación con las representantes las jugadoras. El comunicado subraya la importancia de reconocer premios y pluses de antigüedad, condiciones habitualmente reconocidas en el ámbito masculino, y que los horarios de entrenamiento se adapten al horario laboral ordinario, facilitando la conciliación y las condiciones óptimas para el rendimiento profesional.

AFE exigió la creación de un fondo de garantía salarial para las futbolistas ante casos de impago, reconociendo que la ausencia de este mecanismo contribuye a la persistencia de la brecha social respecto al convenio colectivo aplicable al fútbol masculino y deja a las jugadoras expuestas a situaciones de vulnerabilidad financiera ante la falta de cumplimiento contractual por parte de los clubes. El sindicato criticó la exigencia patronal de permitir reclamaciones por deudas solo si los contratos han sido registrados en un plazo de 15 días desde su firma, considerando que esta medida representa un retroceso en la defensa de los derechos de las futbolistas.

El medio AFE concluyó que estas propuestas buscan transformar el nuevo marco de relaciones laborales y deportivas, propiciando la igualdad real entre las futbolistas de la Liga F y sus homólogos masculinos mediante la inclusión explícita de derechos y garantías laborales, de conciliación, salud, protección económico-laboral y reconocimiento profesional en el próximo Convenio Colectivo.

El Gobierno ha logrado el apoyo de UGT, CCOO y CSIF para aplicar el recorte de la jornada hasta las 35 horas semanales en la Administración central, según ha adelantado El País. Se prevé que el texto, que ya cuenta con el respaldo de los tres principales sindicatos, se firme durante la mesa de negociación de la Administración General del estado (AGE) convocada para este viernes. El acuerdo, que beneficiará a unos 250.000 funcionarios españoles, entrará en vigor en la primera mitad del mes de abril, según ha concretado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

La medida, que sigue el ejemplo de varias comunidades autónomas donde ya está vigente para los empleados públicos, requerirá la colaboración de todos los ministerios y se hará en acuerdo con las organizaciones sindicales. La iniciativa pretende igualar las condiciones laborales de los empleados públicos a nivel estatal y responde a una demanda histórica de los sindicatos. El Gobierno, por su parte, confía en que la medida mejore el bienestar laboral en la función pública y garantice una aplicación ordenada gracias al consenso alcanzado con los representantes sindicales.

Durante la última reunión para negociar la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), UGT fue el primero en dar su visto bueno al acuerdo. CCOO, por su parte, optó por estudiar en detalle la propuesta antes de pronunciarse, y finalmente comunicó su apoyo en una reunión interna celebrada al día siguiente.

El respaldo de CSIF estaba supeditado a que la medida incluyera a trabajadores con jornadas especiales y a colectivos concretos, como el personal de instituciones penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. El sindicato, que decidió su veredicto sobre la propuesta en una reunión interna celebrada ayer, reclamaba al Gobierno que la reducción horaria se aplique sin excepciones en todos los sectores afectados dentro de la AGE.

Una demanda sindical histórica

Actualmente, la jornada laboral del personal de la Administración General del Estado permanece en 37,5 horas semanales, una cifra que contrasta con la realidad de muchas administraciones autonómicas y locales que, desde los años noventa, han avanzado hacia la jornada de 35 horas. En el ámbito estatal, la reducción nunca se aplicó de manera plena, y la crisis financiera de 2012 agravó la situación, ya que los recortes impidieron tanto el mantenimiento como la implantación de la jornada reducida en todas las administraciones públicas.

La prohibición de establecer jornadas inferiores a las 37,5 horas continuó vigente hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en 2018. Desde entonces, diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos comenzaron a recuperar progresivamente la jornada de 35 horas. Sin embargo, la Administración General del Estado había quedado excluida de esta recuperación hasta la actualidad.

(Noticia en ampliación)

Las recientes inversiones de miles de millones de euros en materia de defensa no han generado un cambio en las condiciones salariales del personal civil del Ministerio de Defensa, según exponen sus representantes sindicales. El colectivo continúa exigiendo un ajuste retributivo que iguale sus salarios a los percibidos por los militares, planteando que su reivindicación representa una mínima parte del presupuesto destinado al sector. La protesta realizada este jueves frente al Arsenal Militar de Ferrol se inscribe en una serie de movilizaciones que se mantienen activas desde hace más de un año, y los sindicatos anuncian la intención de trasladar esta demanda a las próximas mesas de negociación con el Gobierno.

Según informó el medio, delegados sindicales de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Unión Sindical Obrera (USO) expresaron su rechazo al trato recibido por el personal civil en la comparación salarial con los militares. Carlos García Seoane, representante de la CIG, explicó que el origen del conflicto radica en la diferencia entre las recientes subidas salariales: el personal militar obtuvo en 2025 una mejora consolidada de 2.800 euros brutos anuales a través de un real decreto, mientras que a los trabajadores civiles únicamente se les concedió una gratificación de 2.400 euros por ese mismo año, sin carácter consolidable. García Seoane señaló que “el problema fundamental de la discriminación salarial no se solucionó” y recordó que la subida aplicada a finales del año pasado careció de continuidad y no se mejoró la situación de fondo.

El medio detalló que la intención del sindicato CIG es abordar esta problemática en la mesa general de negociación de la Administración General del Estado, prevista para abril, tras haber presentado una propuesta al Ministerio de Defensa en febrero. La iniciativa quedó sin responder, lo que ha llevado a los representantes sindicales a insistir en la búsqueda de soluciones. Además, García Seoane criticó la falta de posicionamiento de otras organizaciones sindicales como CSIF, CCOO y UGT, a las que instó a respaldar la propuesta de equiparación.

Pablo Morgade, delegado de USO, indicó a ese respecto que la discriminación salarial se ha agravado este mes de marzo, cuando los militares recibieron una nueva subida lineal de aproximadamente 40 euros, coincidente con los 59,33 millones de euros que supondría otorgar un aumento de 300 euros mensuales al colectivo civil. Morgade explicó que “el ejemplo claro es que en este mes de marzo acaban de tener una subida de los militares de alrededor de 40 euros lineales para todos. Esta discriminación continúa dentro del Ministerio”, y lamentó que se destinen recursos públicos a actos como desfiles mientras las demandas salariales del personal civil permanecen ignoradas.

El medio consignó que ambos representantes incidieron en la paradoja de destinar grandes sumas a la defensa nacional y, al mismo tiempo, mantener lo que consideran un conflicto laboral sin solución, afirmando que el coste total de su reivindicación es reducido en comparación con el presupuesto total de Defensa. García Seoane argumentó que la petición no busca fondos para actividades militares, sino para que los trabajadores civiles obtengan remuneraciones que les permitan afrontar el costo de vida incrementado por políticas y acciones del propio sector.

La solución, según informaron los sindicatos a través del medio, requiere la participación activa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargado de modificar las relaciones de puestos de trabajo y asegurar la consolidación de las mejoras retributivas. Los representantes sindicales ya han advertido que proseguirán con su calendario de protestas y mantendrán la presión social mientras continúe, a su juicio, esta desigualdad en materia salarial respecto del personal militar.

El colectivo civil de Defensa mantiene su agenda de movilizaciones desde el año anterior, y, mientras aguarda una respuesta oficial del Ejecutivo, insiste en que las acciones de presión continuarán hasta lograr una equiparación salarial acorde a sus demandas. Según lo publicado por el medio, las próximas negociaciones previstas serán decisivas para determinar si el Gobierno atenderá finalmente sus reivindicaciones.

Una nueva jornada de protestas sacudió este miércoles a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde miles de trabajadores participaron en una huelga convocada por distintos sindicatos a nivel nacional, en reclamo de ajustes salariales, cambios en el sistema de pensiones y decisiones administrativas recientes.

Según datos oficiales de la institución, al menos 4,462 funcionarios se sumaron al movimiento con corte a las 12:00 p. m., lo que representa una afectación importante en distintos centros de salud del país, especialmente en hospitales de alta complejidad.

La manifestación tuvo su punto principal frente a las oficinas centrales de la CCSS, en San José, donde trabajadores de la Gran Área Metropolitana se concentraron desde las 9:00 a. m., mientras que en otras regiones del país las protestas se replicaron en centros médicos y áreas de salud.

El movimiento fue convocado por varios sindicatos del sector, quienes argumentan que la huelga responde a una acumulación de demandas laborales que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades.

“Esta huelga es con el fin de exigir a la institución un ajuste salarial equitativo que compense el costo de vida después de seis años de congelamiento salarial”, afirmó Ricardo Solano, secretario general del sindicato SINTAF, en un mensaje dirigido a los trabajadores previo a la jornada.

Entre las principales exigencias, los sindicatos reclaman el pago de diferencias salariales relacionadas con anualidades desde 2019, tras un fallo de la Sala Constitucional que, según sostienen, debe aplicarse de forma retroactiva.

Además, cuestionan decisiones recientes de la Junta Directiva de la CCSS, como modificaciones en normativa interna y posibles cambios al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que podrían elevar la edad de jubilación hasta los 70 años.

“Vamos a protestar y oponernos rotundamente a que se modifique el reglamento para subir la edad de jubilación”, agregó el dirigente sindical, quien también hizo un llamado a los trabajadores a manifestarse “de costa a costa” y en todos los turnos laborales.

Impacto en servicios de salud

A pesar de la magnitud del movimiento, la CCSS aseguró que activó protocolos de contingencia para minimizar el impacto en los servicios, priorizando la atención de emergencias.

La principal afectación reportada hasta el momento se registró en el Hospital Nacional de Niños, donde se suspendieron 15 de las 16 cirugías electivas programadas para este miércoles.

Actualmente, ese centro médico mantiene habilitadas tres salas de operaciones: dos destinadas a emergencias y una para procedimientos programados urgentes.

Otros centros también reportaron participación significativa en la huelga. El hospital San Juan de Dios encabeza la lista con 197 funcionarios adheridos al movimiento, seguido por el hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, con 170 trabajadores.

La doctora Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, explicó que la institución se mantiene en monitoreo constante de la situación.

“Cabe destacar el trabajo desarrollado en cuanto a la activación de planes de contingencia y protocolos que buscan minimizar el impacto de esta huelga”, señaló.

Además, indicó que los servicios esenciales continúan operando y que se han reforzado las áreas críticas para garantizar la atención a pacientes en condiciones de urgencia.

Un conflicto en desarrollo

La CCSS indicó que continuará monitoreando el desarrollo de la huelga mientras se mantenga la convocatoria sindical, sin descartar nuevas afectaciones en los servicios si el movimiento se prolonga.

Por su parte, los sindicatos advirtieron que la jornada de este miércoles forma parte de una serie de acciones que podrían intensificarse en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El pulso entre trabajadores y autoridades se da en un momento clave para la institución, que enfrenta desafíos financieros y operativos, lo que anticipa que el conflicto podría escalar en los próximos días.

Mientras tanto, miles de usuarios del sistema de salud permanecen atentos al desarrollo de la situación, en medio de un delicado equilibrio entre el derecho a la protesta de los trabajadores y la continuidad de los servicios médicos en el país.

El Ministerio de Función Pública ha iniciado la negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE) sin concretar cifras, aunque ya ha adelantado que será “muy similar” a la del año pasado, cuando se aprobaron 26.889 plazas. El Ejecutivo prevé sacar adelante la nueva oferta en el mes de abril, en un contexto marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Según han trasladado los sindicatos tras la primera reunión este lunes, el departamento que dirige Óscar López ha planteado un escenario similar al de 2025, aunque todavía sin detallar las líneas generales ni el volumen de plazas. Este arranque sin datos ha generado críticas entre las organizaciones sindicales, que reclaman mayor concreción y ambición en la planificación del empleo público para este año.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en las administraciones públicas, ha pedido que la oferta de 2026 supere la del ejercicio anterior, tanto en el turno de acceso libre como en promoción interna. El sindicato considera prioritario reforzar ámbitos con déficit de personal, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, además de los servicios implicados en el proceso de regularización de extranjeros.

En este sentido, CSIF también ha reclamado la eliminación de la tasa de reposición (el límite que condiciona la incorporación de nuevos efectivos), especialmente ante la falta de cuentas públicas. A su juicio, esta medida permitiría a los distintos departamentos diseñar sus plantillas en función de las necesidades reales y no de restricciones administrativas.

UGT recuerda las plazas sin convocar de 2025

Por su parte, UGT ha insistido en la necesidad de garantizar la creación de empleo neto y ha urgido al Gobierno a presentar cifras concretas en la próxima reunión, fechada para el próximo miércoles. El sindicato ha advertido además de que siguen pendientes de convocatoria miles de plazas correspondientes a ofertas de años anteriores, lo que, según denuncia, está afectando tanto a la calidad del servicio público como a las expectativas de los empleados.

Las organizaciones sindicales han recordado además su rechazo a la OEP de 2025, al considerar que generó menos de la mitad de empleo neto que el año anterior y redujo de manera significativa las plazas de promoción interna. En este contexto, reclaman que la nueva oferta incorpore los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, orientados a agilizar los procesos selectivos, impulsar la carrera profesional y reforzar los servicios públicos.

La aplicación de la jornada de 35 horas preocupa a los sindicatos

Otro de los elementos clave de la negociación es la inminente implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado. CCOO, CSIF y UGT coinciden en que esta reducción horaria debe ir acompañada de un refuerzo de plantillas para evitar sobrecargas de trabajo y garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía. La medida, que podría aprobarse de forma inminente, afectará a todos los colectivos, aunque aún se negocian sus condiciones específicas.

En paralelo a la negociación de la OEP y el recorte horario, Función Pública y los sindicatos ultiman un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Entre las medidas previstas figura la reserva de un cupo no inferior al 10% de las plazas, tanto en acceso libre como en promoción interna, así como la implantación de pruebas específicas e independientes. El acuerdo también contempla la adaptación de los procesos selectivos para eliminar barreras arquitectónicas, tecnológicas y comunicativas, así como el reconocimiento de situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando la adaptación de los puestos de trabajo y el acceso a la formación.

Representantes del Comité de Huelga médico han planteado que la próxima reunión convocada por el Ministerio de Sanidad carece de novedades en cuanto a los planteamientos del gobierno, situación que, según el colectivo, evidencia estancamiento en las negociaciones para atender las demandas de los profesionales sanitarios. La cita, programada para este jueves a las 16:00 horas, contará también con la intervención del Foro de la Profesión Médica (FPME) como mediador, de acuerdo con la información distribuida por los sindicatos este martes. En este contexto, los portavoces sindicales reiteraron su preocupación por la falta de avances, señalando que el documento recibido por parte del ministerio reproduce las medidas recogidas en el borrador presentado el 11 de diciembre del año anterior.

Según consignó el comunicado oficial difundido por los sindicatos y recogido por el medio, el grupo que encabeza la convocatoria de paros mensuales ha aceptado la invitación de Sanidad con el objetivo de explorar caminos hacia una solución, subrayando que actúan “en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real”. No obstante, remarcaron que el texto remitido por el Ministerio “no incorpora ningún contenido nuevo” con respecto a propuestas anteriores, motivo por el cual el Comité de Huelga percibe estancamiento en el proceso de diálogo.

De acuerdo con la nota de prensa reproducida por el medio, una de las principales reclamaciones que los sindicatos presentarán sobre la mesa es la necesidad de un acuerdo que permita la elaboración de un estatuto propio para los médicos. Esta petición responde a la intención del colectivo de dotarse de un marco legal que regule específicamente su actividad y recoja las particularidades de la profesión médica. Otra de las demandas que los representantes consideran fundamentales es la apertura de una mesa de negociación propia, fórmula que, según su perspectiva, generaría un espacio de interlocución directa con la administración.

El medio informó además que los sindicatos insisten en que la clasificación profesional debe reflejar la singularidad de los médicos, aspecto que, en su opinión, no queda suficientemente recogido en los actuales esquemas laborales del sector público. Además, el Comité de Huelga pide que se limite la jornada laboral a un máximo de 35 horas semanales y una regulación específica tanto de las guardias médicas como de su retribución, asuntos que, según argumentan, inciden directamente en la sobrecarga de trabajo y el bienestar de los profesionales.

En la lista de exigencias, según detalló el medio, se incluyen también propuestas para habilitar la jubilación anticipada y la implementación de garantías de descanso y conciliación. Los representantes reivindican medidas para asegurar la igualdad efectiva en cuestiones vinculadas a la maternidad, embarazo, parto y lactancia, como parte fundamental de sus demandas.

El Ministerio de Sanidad, como puntualizó el medio en su información, convocó también a los representantes médicos para una segunda reunión el lunes 30 de marzo, manteniendo abierto el canal de negociación y reiterando la presencia del Foro de la Profesión Médica como intermediario. Los sindicatos subrayan que la convocatoria de huelga que mantienen activa responde al convencimiento de que sin cambios sustanciales en la orientación del diálogo y en los documentos presentados, las medidas de presión continuarán siendo necesarias para que sus reivindicaciones sean atendidas.

La agenda de las reuniones, según lo adelantado por el medio, se centrará en debatir los seis ejes reivindicativos que han motivado los paros. El sector médico insiste en que estos puntos deberían estructurar el diálogo y que cualquier propuesta que no los contemple de manera prioritaria estaría lejos de responder a las demandas reales del colectivo. El ambiente previo al encuentro se caracteriza por la cautela del Comité de Huelga, que si bien mostró disposición a reunirse y negociar, advirtió sobre la reiteración de contenidos y la consiguiente falta de avance, lo que según los portavoces sindicales resulta “especialmente preocupante”.

A lo largo de las últimas semanas, como relató el medio, las reivindicaciones del sector médico han desembocado en una política de paros mensuales, situación que afecta a los servicios sanitarios públicos. Esta dinámica de movilización responde, conforme han señalado los sindicatos, a la percepción de que las instancias de negociación previas no han fructificado en acuerdos tangibles ni en la introducción de mejoras significativas para las condiciones laborales de los facultativos.

La presencia del Foro de la Profesión Médica como instancia mediadora en la reunión de este jueves introduce un elemento de interlocución adicional, al tratarse de una organización que agrupa a las principales entidades representativas del ámbito médico. Según se desprende de la información publicada por el medio, el objetivo de esta participación será facilitar el diálogo entre las partes y favorecer la posibilidad de alcanzar consensos.

La secuencia de desencuentros entre los representantes sindicales y la administración se mantiene vigente desde diciembre, fecha en la que surgió el primer borrador de propuesta oficial, que constituye la base de la actual disputa. El Comité de Huelga sostiene que la reiteración de este documento en las sucesivas reuniones confirma la ausencia de progreso en el proceso negociador y refuerza la postura del colectivo para mantener la presión a través de movilizaciones.

Diversos portavoces sindicales, citados por el medio, reiteraron que asistirán a la cita con “la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real”, pero reclamaron que el Ministerio incorpore a la discusión nuevos planteamientos que reflejen las necesidades del colectivo y den respuesta a las reclamaciones históricas relativas al estatuto específico, la reducción de jornada y la mejora de las condiciones laborales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Ricardo “N”, señalado como presunto integrante de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), por su posible participación en delitos de extorsión contra comerciantes en la entidad.

El informe de la FGJEM detalla que Ricardo “N” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta implicación en una serie de extorsiones en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido este 22 de marzo, el arresto se realizó en cumplimiento de una orden judicial, dentro de las acciones de la Operación Restitución, una estrategia dirigida a combatir la criminalidad organizada en la región y el despojo en la entidad.

Así habría sido la extorsión

Según las investigaciones preliminares, el 3 de septiembre de 2024, una de las víctimas se encontraba en su negocio cuando Ricardo “N”, junto con cuatro personas armadas, habría irrumpido en el lugar para exigir el pago de dinero a cambio de “protección” y permitirle operar su comercio.

Los agresores también le habrían dicho al comerciante que, si quería seguir trabajando en el lugar, tenía que unirse al grupo ACME y en caso de que no aceptara podrían tomar represalias en su contra.

La autoridad ministerial señala que, ante el temor de sufrir agresiones, la víctima entregó la cantidad solicitada. Días más tarde, Ricardo “N” habría regresado al establecimiento para exigir más dinero. Al negarse el comerciante, los agresores lo habrían golpeado y retirado del lugar.

Detención del presunto extorsionador

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”.

El operativo para su captura se efectuó en Tenango del Valle, donde fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, sin embargo, las autoridades no detallaron cuándo ocurrió.

De acuerdo con la FGJEM, el ahora detenido deberá permanecer bajo resguardo hasta que se defina su situación jurídica, conforme al proceso penal correspondiente.

El caso de Ricardo “N” se enmarca en las acciones de la Operación Restitución, una estrategia impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para atender denuncias de extorsión y fortalecer la seguridad en municipios clave de la entidad. Según datos de la dependencia, la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna han resultado determinantes para identificar y capturar a objetivos prioritarios vinculados a estructuras delictivas.

Qué es la Operación Restitución

La Operación Restitución es una estrategia impulsada por la Fiscalía mexiquense, en coordinación con fuerzas federales y estatales, para combatir el despojo y la extorsión en la entidad.

Según autoridades, uno de los objetivos es es agilizar la recuperación del patrimonio de las víctimas, permitiendo que quienes acrediten la propiedad de sus inmuebles puedan recuperarlos sin necesidad de esperar un fallo judicial definitivo. Para lograrlo, la FGJEM estableció procedimientos que permiten la devolución inmediata de los bienes una vez que se demuestra la titularidad.

La operación se ha desplegado en municipios con altos índices de despojo y está respaldada por la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.

Además de la recuperación de inmuebles, el operativo ha derivado en la detención de personas identificadas como miembros de redes delictivas, muchas de ellas bajo la fachada de sindicatos o agrupaciones sociales, entre las cuales se encuentra La Chokiza, Los 300, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), el Sindicato 22 de octubre, Los Gastones, y recientemente con el caso de Ricardo “N”, el grupo ACME.

Las gestiones para la negociación colectiva ha empezado. Ahora, luego de presentar su proyectos de convenio colectivo centralizado para el 2026-2027, el Poder Ejecutivo ha ‘pateado la pelota a la otra cancha’.

La representante de la Oficina general de recursos humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jeanette Edith Trujillo Bravo, envió un oficio a las a cinco centrales gremiales pidiendo que presenten un convenio colectivo conjunto con las propuestas de aumentos, bonos y otras mejoras o pedidos para el sector público. Así, definió que estas son las cinco centrales a cargo de esta negociación:

• Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú)
• Confederación Nacional de Servidores Públicos del Peru (Conasep Perú)
• Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE)
• Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Peru (Confetep)
• Confederación Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (Unasse).

Negociación colectiva avanza

“Se solicita designación de los 21 representantes para la Representación Sindical para el proceso de Negociación Colectivo a nivel Centralizado 2026-2027″, resalta la PCM.

Así, el Estado pide esto de manera “urgente”: los gremios sindicales mencionados deberán designar a sus 21 representantes que integrarán la representación sindical en el proceso de negociación colectiva a nivel centralizado 2026-2027 que se realizará este año.

Asimismo, en atención a la norma que regula la negociación colectiva la conformación de la representación sindical para el proceso de negociación colectiva deberá ser de la siguiente manera:

• CITE designa a 6 representantes
• Unasse designa a 4 representantes
• Confetep designa a 4 representantes
• CTE PERÚ designa a 4 representantes
• Conasep Perú designa a 3 representantes.

¿Quiénes pueden ser representantes de la negociación colectiva? “La representación de la parte sindical está conformada por trabajadores estatales en actividad”, señala la carta y referencia en la Ley que menciona la PCM.

“De este modo, corresponderá que cada confederación sindical, remita la relación de sus representantes (trabajadores estatales en actividad) debiendo consignar los nombres completos, números telefónicos, correo electrónico, conforme a la citada norma”, agrega.

Deberán presentar un solo proyecto de convenio

Como se sabe, el convenio colectivo presentado por los gremios originalmente no incluye a todas las centrales ahora consideradas. Este pedía, entre otras medidas, dar un aumento de S/700 a todos los trabajadores, y bonos de acuerdo al sueldo (a menor remuneración, mayor monto).

Pero ahora la PCM pide que se entregue nuevamente el convenio colectivo. “Asimismo, en observancia a lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 de la Ley, establece que como parte del inicio del procedimiento de negociación colectiva; el Proyecto de Convenio Colectivo debe contener las cláusulas que se someten a negociación y que se integran armónicamente dentro de un solo proyecto de convenio colectivo, por lo que, solicitamos a las cinco confederaciones sindicales nos presenten un solo Proyecto de Convenio Colectivo que integren armónicamente la cláusulas que se someterán en el proceso de negociación colectiva a nivel centralizado 2026-2027″, aclaran.

Es decir, deja que los cinco gremios presenten un nuevo proyecto de convenio colectivo centralizado para que el proceso de negociación colectiva avance. La ‘pelota’ está ahora en la ‘cancha’ de los estatales.

El acuerdo entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) contempla negociar unas nuevas cuentas autonómicas antes de agosto y aprobar un suplemento de crédito para las finanzas de la Generalitat, pasos que buscan reforzar la cooperación parlamentaria y favorecer el desarrollo institucional de la región. Según informó el medio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la decisión consensuada de retirar el proyecto de Presupuestos, que debía someterse a su primera votación en el Parlament el viernes.

Durante una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, tal como publicó la fuente, Illa vinculó la retirada del plan financiero a los principios de “estabilidad y responsabilidad”, destacando que el consenso con ERC supone un paso en la construcción de nuevos acuerdos y amplía el margen para consolidar un periodo de entendimiento. En su intervención, el jefe del Ejecutivo catalán hizo referencia al contexto internacional como parte del razonamiento para fortalecer el diálogo con los republicanos, subrayando la voluntad de ambas formaciones de intensificar las negociaciones y avanzar en una responsabilidad compartida.

El medio relató que la decisión alcanzada entre el PSC y ERC implica no someter a votación el proyecto de Presupuestos y, al mismo tiempo, impulsar las conversaciones para dar cumplimiento a los compromisos adoptados en el acuerdo de investidura. En particular, Illa se refirió a la intención de materializar cambios legislativos relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una de las demandas centrales de ERC para avanzar en la legislatura.

El presidente de la Generalitat recalcó la importancia de mantener la colaboración con los Comuns, sindicatos y patronales, tal como se desprende de la declaración, comprometiéndose a preservar aquellos acuerdos que han facilitado consensos previos. Según detalló la fuente, Illa expresó: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”, reflejando el convencimiento de que el diálogo y las alianzas plurales resultan determinantes para el desarrollo político y económico del territorio.

La retirada del presupuesto, pactada según consignó el medio, pospone la decisión sobre las cuentas hasta la conclusión de nuevas negociaciones que, de acuerdo con el calendario acordado, deben desarrollarse antes de que finalice el mes de julio. Hasta entonces, el Govern prevé acudir al Consell Executiu el jueves para aprobar un suplemento de crédito que garantice la continuidad en la gestión financiera de la administración autonómica, en cumplimiento de los compromisos asumidos con ERC.

El medio detalló, además, que la voluntad de los actores políticos pasa por impulsar modificaciones legislativas que reflejen las prioridades y consensos surgidos de las conversaciones multilaterales, especialmente en lo referido a la política fiscal y a la gestión de los recursos públicos. Al mismo tiempo, la interlocución con los diferentes grupos parlamentarios continúa resultando clave para asegurar el apoyo a los próximos acuerdos y consolidar bases de gobernabilidad a largo plazo.

La candidata presidencial Paloma Valencia informó que presentará una demanda contra el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que transforma el alcance de los sindicatos en Colombia, al imponer convenciones sectoriales obligatorias y una nueva cuota sindical a todos los trabajadores, estén o no afiliados.

Para Valencia, las medidas impulsadas por el Ejecutivo amenazan la autonomía de las empresas y constituyen una maniobra electoral, según lo expuso la senadora.

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“Esto es un ataque fulminante a las empresas. Esta es una clara estrategia para incidir en las elecciones. ¿Están comprando el apoyo de los sindicatos a la campaña de Cepeda? Demandaré este Decreto. No pueden violar la libertad de los trabajadores ni desconocer la autonomía de las empresas”, dijo Valencia por medio de una publicación hecha en su cuenta de X.

Entre los aspectos centrales señalados por Valencia, figura la obligación para todas las empresas de cumplir lo pactado en negociaciones por grupos de empresas o sectores económicos.

Según la candidata presidencial, esto implica que las condiciones acordadas entre sindicatos y empresas dentro de un sector serán “obligatorias para todas las empresas del respectivo sector, sin importar si están de acuerdo o no”, agregó.

Para la aspirante presidencial, esta regla pone en riesgo la viabilidad de empresas diversas y desconoce sus particularidades financieras.

El nuevo decreto del Gobierno establece que las empresas deberán abrir su información financiera y empresarial a los sindicatos. Paloma Valencia denunció que “los sindicatos van a tener acceso a toda la información financiera de la compañía y a los secretos empresariales”.

A su juicio, la apertura de estos datos representa un peligro para la confidencialidad, ya que “los sindicatos podrán tomar esa información y usarla como quieran. Inclusive, venderla a la competencia”.

Además, Valencia afirmó que será “muy difícil probar que se violó la confidencialidad. Esto se convertirá en un mecanismo de extorsión permanente a las empresas”.

“Las empresas estarán obligadas a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, sin importar si eso llega a afectar sus secretos empresariales y datos sensibles”, agregó.

En este contexto, la dirigente aseguró que la imposición de cuotas sindicales afectará a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical: “El Gobierno creó una nueva especie de impuesto para enriquecer a los sindicatos, violando la libertad de los trabajadores que no quieran participar en esas prácticas”.

En una de sus declaraciones más contundentes, Valencia advirtió: “El decreto crea las negociaciones sindicales por sectores o grupo de empresas. Las condiciones que se acuerden allí serán obligatorias para todas las empresas del respectivo sector, sin importar si están de acuerdo o no”. La candidata subrayó que, según su análisis, esta obligatoriedad conduce a la quiebra inminente de numerosas compañías.

“Sin importar si una empresa está pasando por un mal momento, se encuentra en insolvencia o está luchando por evitar la quiebra, igual deberá cumplir lo pactado por su respectivo sector”, añadió Valencia.

Según Paloma Valencia, el decreto vulnera principios básicos de la autonomía empresarial, que la legislación colombiana consagra como garantía para el funcionamiento de la iniciativa privada. Por este motivo, indicó que la demanda se centrará en la defensa de esa autonomía y la libertad de los trabajadores.

“En las negociaciones no habrá límites. Los sindicatos podrán exigir negociar todos los temas laborales de las empresas. Todas las negociaciones en las empresas quedarán amarradas al pacto que realicen los sindicatos de los sectores. Esto deja las manos atadas a las empresas. Prácticamente le da rango de ley a las convenciones sindicales”, dice otro de los apartes de la publicación.

La candidata también vinculó la expedición de la norma con el proceso político en curso. Cuestionó públicamente la intención del Gobierno Petro, sugiriendo que la medida constituye “una clara estrategia para incidir en las elecciones” y que podría estar dirigida a “comprar el apoyo de los sindicatos a la campaña de Cepeda”.

Valencia concluyó que desde su punto de vista, “esto es un ataque fulminante a las empresas”. En sus declaraciones, reiteró que demandará el decreto y reafirmó que “no pueden violar la libertad de los trabajadores ni desconocer la autonomía de las empresas”.

La huelga general convocada para este martes 17 de marzo por los sindicatos nacionalistas en País Vasco y Navarra ha comenzado con bloqueos en varias carreteras y piquetes en los principales centros de trabajo. A primera hora de la mañana, la Ertzaintza alertaba de incidencias en el tráfico por la quema de neumáticos en varias vías de acceso a Bilbao, así como en Vitoria-Gasteiz, Elorrio (Bizkaia) y Andoain (Gipuzkoa), donde el corte de la N-1 ha causado retenciones de unos 7 kilómetros. En Pamplona, la Policía Foral informa de cortes de tráfico en la PA-30 y A-15.

Además de la entrada a las grandes fábricas, las protestas han bloqueado durante horas el acceso al campus de la UPV-EHU en Leioa (Bizkaia). En Larrabetzu (Gipuzkoa), agentes de la policía autonómica han abierto diligencias por desórdenes públicos a un huelguista durante un piquete en el polígono industrial de Sarrikola.

En Hernani (Gipuzkoa), se han registrado paros en dos puntos de la línea ferroviaria por la quema de neumáticos en las vías sobre las 5.30 horas de la mañana, mientras que en Amurrio (Álava) se ha interrumpido la circulación a las 9:30 horas por un sabotaje en la catenaria.

Sueldo mínimo de 1.500 euros frente al alza del coste de vida

Bajo el lema “Decidir aquí el sueldo mínimo”, los sindicatos mayoritarios ELA y LAB, junto a las organizaciones Steilas, Hiru y Etxalde, reclaman el traslado a los gobiernos autonómicos de las competencias para fijar el SMI. En concreto, exigen un salario mínimo de 1.500 euros al mes en 14 pagas, para aliviar la economía de los 307.000 trabajadores vascos que cobran sueldos por debajo de esta cifra y acercar el SMI al objetivo del 60% del salario medio.

La propuesta de un SMI negociado desde País Vasco y Navarra en lugar de Madrid ha recibido el rechazo de la patronal y los gobiernos autonómicos, que tumbaron en ambos parlamentos las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por los agentes sociales.

Colectivos como CNT, CGT, Solidari y EHKS, por su parte, han apoyado la huelga y convocado movilizaciones y piquetes durante el día.

Amplio seguimiento en varios sectores

En las primeras valoraciones de la huelga este martes, las organizaciones convocantes celebran que la jornada de paros esté teniendo “un seguimiento importante” en Navarra, aunque denuncian “chantajes, amenazas y obstáculos” como la imposición de servicios mínimos excesivos para evitar que los trabajadores acudan a la convocatoria.

Desde LAB destacan el seguimiento de la huelga en el sector industrial, donde gran parte de las plantas productivas han parado su actividad. En el sector de servicios privados también se ha dado una importante adhesión, con comercios y comedores cerrados, así como servicios de limpieza y subcontratas que se han sumado a la convocatoria.

En el ámbito de los servicios públicos, se ha interrumpido el servicio en varias líneas de transporte y la administración pública presenta una actividad muy reducida en varios municipios. El sector sanitario y el de bienestar social han estado afectados por servicios mínimos estrictos, aunque la intervención social muestra una amplia participación. En la educación pública, más de la mitad de la plantilla ha secundado la huelga y muchas cocinas escolares han cerrado, mientras que en educación especial y universidades el paro también es casi total. En cuanto a los medios de comunicación, la emisión de EITB se ha limitado hoy a los informativos, que constituyen los servicios mínimos del grupo.

(Noticia en ampliación)

Durante la consulta organizada por el sindicato Ustec·Stes, un 95% de los 42.965 docentes participantes expresó su rechazo al acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT. A partir de este dato, Su Moreno, portavoz de la CUP, ha señalado que el Govern optó por aliarse con sindicatos que carecen de representación suficiente en el ámbito educativo, lo que, en su opinión, constituye una respuesta inadecuada frente a las demandas legítimas de los profesionales del sector y representa un intento de reducir la movilización docente.

Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa de Moreno, la CUP manifestó un respaldo explícito a la jornada de huelga convocada este lunes por el profesorado en Catalunya. Moreno cuestionó de manera directa la actuación del Departament d’Interior y, específicamente, de los Mossos d'Esquadra durante las protestas. La portavoz afirmó: “Interior ha vulnerado el derecho a hacer huelga del profesorado. Se permiten cortes de vías en función de quién las hace. Nos preocupa cómo actúan los Mossos como herramientas de poder y del Govern”. El comentario remite a situaciones donde, según denunció la diputada, la actuación policial habría respondido a intereses políticos y no a la preservación de derechos fundamentales, en particular el derecho a la huelga.

El medio que cubrió la conferencia detalló que Moreno criticó los pactos sindicales promovidos por la administración catalana con CC.OO. Educació y UGT; calificó estos acuerdos de “un intento de desmovilización y una tomadura de pelo a la población”. Argumentó que la respuesta del Govern se mantuvo alejada de las verdaderas preocupaciones del colectivo docente y acusó al Ejecutivo de “dar la espalda a las necesidades del sector y de pactar con los sindicatos cómplices del poder”. La CUP, a través de Moreno, insistió en que no se pueden considerar representativos los acuerdos alcanzados con organizaciones sindicales que, según ella, no cuentan con suficiente implantación entre el profesorado.

De acuerdo con el reporte del mismo medio, Moreno abordó también cuestiones de contexto más amplio. Tras la reunión mantenida el viernes entre el Govern y los partidos catalanes tras la cumbre convocada para analizar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, advirtió sobre la especial vulnerabilidad de la economía catalana ante el escenario internacional. Para la CUP, las crisis actuales representan “un reflejo de las debilidades del capitalismo”, lo que, a juicio de Moreno, exige reformas de fondo tanto en el modelo productivo como en las políticas de protección social y laboral.

Tal como consignó el medio, Moreno abogó por intensificar el control sobre los precios de los productos considerados esenciales y por condicionar cualquier tipo de ayuda pública destinada a empresas privadas. En su intervención, la portavoz declaró: “Los servicios esenciales no pueden estar sometidos a los intereses de los especuladores”. Añadió que las clases trabajadoras catalanas no deberían asumir el costo de crisis, como la generada por el actual conflicto internacional, de la que no son responsables.

Durante sus declaraciones, Moreno trasladó también la preocupación de la CUP por el papel que desempeñan los cuerpos policiales autonómicos cuando, en su percepción, actúan bajo criterios políticos y no de salvaguarda de derechos. Al criticar la gestión del Departament d’Interior y del Ejecutivo catalán, la representante de la CUP buscó enfatizar su rechazo hacia aquellas acciones que, según la formación, priorizan los intereses ajenos sobre los sociales y laborales en un momento de crisis.

El medio señaló que el foco de la intervención de Moreno se mantuvo tanto en la defensa del derecho de huelga como en la denuncia de la gestión política sobre las movilizaciones, reclamando una revisión de los acuerdos adoptados por las autoridades autonómicas y una mayor atención a las demandas reales de los colectivos docentes y trabajadores. Además, la diputada pidió la adopción de políticas que garanticen la protección de los servicios públicos fundamentales frente a sectores privados y a posibles dinámicas especulativas.

El aeropuerto de Fráncfort registró este jueves la cancelación de 400 vuelos, lo que lo situó como el principal afectado por el paro de pilotos de Lufthansa. El de Múnich siguió en impacto con la suspensión de 230 operaciones, según consignó el medio fuente. Este panorama se produjo en un contexto de negociación estancada entre el personal agrupado en el sindicato Vereinigung Cockpit y la administración de la aerolínea alemana. La paralización de actividades, que se extiende por segundo día consecutivo este viernes, mantiene a miles de pasajeros pendientes de la reprogramación y operación de sus vuelos en las principales terminales del país, según reportó la misma fuente.

De acuerdo con la citada información, el conflicto radica en la falta de acuerdo en la negociación de un nuevo convenio colectivo para mejorar los planes de pensiones en Lufthansa y su división de carga, Lufthansa Cargo, además de cuestiones salariales que afectan a los trabajadores de Lufthansa CityLine. A pesar de la continuidad de la huelga, Lufthansa anunció que esperaba operar más del 50% de los vuelos inicialmente programados durante los dos días del paro, una cifra que se eleva al 60% para sus rutas de largo recorrido y hasta un 80% en sus servicios de carga. Este plan de contingencia representa el esfuerzo de la aerolínea por mitigar los daños a los usuarios y mantener conectividad esencial.

Sin embargo, el sindicato expresó dudas sobre las cifras divulgadas por la compañía. "No entendemos en qué se basa Lufthansa para sus cifras. Es una táctica habitual de la compañía presentar sus datos de forma algo exagerada", afirmó el sindicato, añadiendo que a las 15:00 horas de ayer jueves aproximadamente el 70% de la flota continuaba en tierra, reportó el medio fuente. Esta discrepancia en los datos refleja la tensión entre las partes y la falta de entendimiento sobre el alcance real de las afectaciones en la operativa diaria.

Por su parte, Arne Karstens, portavoz de la comisión de negociación colectiva del grupo, declaró que el sindicato no había recibido ninguna propuesta concreta al cierre de la jornada. Karstens subrayó que el sindicato está dispuesto a retomar el diálogo "en cualquier momento", siempre que la parte empresarial presente "una oferta negociable", publicó la misma fuente. Esta disposición indica que la solución al conflicto depende de un movimiento inicial de Lufthansa, que todavía no se ha materializado según el sindicato.

Desde la perspectiva de la empresa, Michael Niggemann, miembro del comité ejecutivo de Lufthansa, expresó su rechazo a la huelga considerando el contexto internacional convulso. "Esta escalada es completamente incomprensible, especialmente en un momento en que experimentamos un nuevo nivel de incertidumbre geopolítica con la guerra en Irán y los pasajeros de todo el mundo se ven afectados", sostuvo Niggemann, según divulgó el medio fuente. Esta declaración plantea la huelga como un agravante de una situación que ya enfrentaba retos logísticos debido al entorno global.

En cuanto a la filial de carga de la compañía, las operaciones continuaron con el 80% de la actividad programada, lo que señaló una menor interrupción respecto al transporte de pasajeros, aunque la presión sobre la cadena de suministros se mantuvo latente. Lufthansa CityLine, otra subsidiaria de la aerolínea alemana y afectada por reivindicaciones salariales, también permaneció dentro del ámbito de la convocatoria sindical.

El sindicato alemán Vereinigung Cockpit inició el paro tras no alcanzar avances en las discusiones entorno a la actualización del plan de jubilaciones y condiciones laborales. El medio fuente detalló que el paro se enmarca en una larga serie de negociaciones en las que la representación sindical ha reclamado garantías para la estabilidad de los empleados y mejores condiciones en sus beneficios. La falta de avances concretos llevó a la convocatoria de la huelga, dada la prolongación en la imposibilidad de llegar a un consenso.

Las cifras difundidas por ambas partes muestran divergencias en la interpretación del impacto real de la huelga. Mientras la empresa remarca que casi la mitad de la operación se mantiene activa, el sindicato sitúa un mayor grado de parálisis en la red aérea. Esta diferencia no solo demuestra un desacuerdo sobre los datos sino que resalta la brecha existente en los canales de negociación.

Aunque la compañía no ha hecho pública ninguna oferta nueva, el sindicato mantiene su disposición al diálogo sin condiciones previas, siempre que la gestión se acerque con una propuesta considerada válida. Tanto pasajeros como empleados siguen en vilo a la espera de una resolución que permita reanudar plenamente las operaciones y minimizar nuevos trastornos en la movilidad aérea alemana y europea, tal como reportó el medio fuente.

El conflicto laboral en Lufthansa afecta de lleno al ritmo habitual de dos de los aeropuertos con mayor tráfico en Europa, y el estancamiento en el diálogo mantiene la incertidumbre sobre la regularización de la programación y el impacto final sobre los usuarios y la conectividad global.

La Contraloría Departamental de Antioquia, entidad encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos en ese departamento, terminó siendo ella misma objeto de vigilancia. No por sus finanzas, sino por la forma en que trata a sus trabajadores. La situación llegó a oídos del gobierno nacional y derivó en una visita oficial a sus instalaciones en Medellín.

El 13 de marzo de 2026, funcionarios del Ministerio de Trabajo se presentaron en esa ciudad para realizar una inspección administrativa en la entidad. El motivo fueuna serie de denuncias formales presentadas por cinco sindicatos que agrupan a empleados de la Contraloría antioqueña, quienes alertaron sobre presuntas irregularidades en el trato hacia los trabajadores de esa institución.

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Las cinco organizaciones que participaron en la inspección expusieron ante el Ministerio tres categorías de presuntos problemas. La primera tiene que ver con conductas que irían en contra de la libertad sindical, es decir, acciones que habrían dificultado o presionado la actividad de los sindicatos dentro de la entidad.

La segunda involucra posibles despidos de trabajadores que contaban con fuero sindical, lo que en caso de confirmarse constituiría una violación directa a la ley colombiana. La tercera apunta a situaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, categoría que abarca las condiciones físicas y ambientales en las que los empleados cumplen sus funciones cada día.

El comunicado oficial del Ministerio no especifica los nombres de los cinco sindicatos ni detalla los casos individuales denunciados. Tampoco precisa cuántos trabajadores habrían sido afectados ni en qué fechas exactas habrían ocurrido los hechos señalados.

En Colombia, afiliarse a un sindicato es un derecho protegido por la Constitución. Quienes ejercen cargos de representación dentro de un sindicato tienen además una protección especial llamada fuero sindical, que básicamente les impide ser despedidos sin autorización previa de un juez.

Esa figura existe precisamente para que los empleadores no puedan deshacerse de quienes los representan o los confrontan. Sin ella, un trabajador sindicalizado podría ser retirado de su cargo con la misma facilidad que cualquier otro empleado, lo que en la práctica haría imposible el ejercicio real del derecho de asociación.

Qué hizo el Ministerio durante la visita

Los inspectores escucharon a todas las partes involucradas; tanto a los representantes de los sindicatos como a los funcionarios de la Contraloría. El objetivo declarado fue recopilar información suficiente para determinar si la entidad ha cumplido o no con la normatividad laboral vigente en el país.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al papel de la cartera en este tipo de situaciones: “Nuestra labor no es solo sancionar, sino construir soluciones. Promovemos mesas de diálogo tripartitas donde empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales alcancen acuerdos justos”.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, agregó por su parte: “Estas inspecciones permiten escuchar a las partes y avanzar en la verificación de las condiciones laborales”.

La inspección no terminó con la visita a Medellín. Según el Ministerio, los funcionarios se llevaron la información recolectada durante la diligencia y anunciaron que continuarán con su análisis en los próximos días. Los hallazgos, según el comunicado oficial, serán dados a conocer a la opinión pública una vez concluya ese proceso.

Lo que está pendiente es lo más relevante del caso: establecer si las denuncias tienen respaldo en los hechos, si efectivamente hubo despidos ilegales de trabajadores sindicalizados y si las condiciones laborales dentro de la Contraloría de Antioquia se ajustan a lo que exige la ley.

Por ahora, hay una inspección realizada, cinco sindicatos con denuncias formales ante el gobierno nacional y una entidad pública que deberá responder por lo que se encuentre.

Durante su intervención con motivo del 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que el Gobierno mantiene la determinación de adoptar medidas para evitar que posibles consecuencias de conflictos internacionales recaigan sobre la ciudadanía española, atendiendo tanto al empleo, como a aspectos como los alquileres, los topes de precios y el control del sector energético. Al respecto, Díaz aclaró que la intervención estatal se centrará en proteger a la población de cualquier impacto negativo derivado de las recientes tensiones internacionales, según consignó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la ministra reiteró que el Ejecutivo no permitirá que empresas energéticas ni otros sectores se beneficien de manera indebida por la crisis de precios desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Díaz afirmó de forma tajante: "El Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas u otros sectores se aprovechen para obtener beneficios extraordinarios ni que colectivos sociales se aprovechen de esta crisis". Esta declaración se realizó tras su participación en una reunión, presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con sindicatos y empresarios para examinar las medidas anticrisis.

En su mensaje, Díaz puso el acento sobre la incertidumbre que atraviesan los mercados internacionales y el precio de la energía consecuencia de los últimos acontecimientos en Irán. Según relató el medio Europa Press, la ministra señaló en su intervención que "hay quien aprovecha esta incertidumbre para anunciar que lo peor está por venir", diferenciando la postura del Gobierno, ya que aboga por transmitir serenidad, tranquilidad y paz a la ciudadanía. Según sus palabras, la estrategia pasa por evitar que el miedo o las proyecciones negativas dominen el discurso público.

La titular de Trabajo incidió en la importancia de la acción gubernamental activa: "Hay un Gobierno que interviene, que va a actuar, que nos arremangamos y que hacemos nuestro trabajo como estoy segura que los agentes sociales van a hacer lo mismo". Asimismo, subrayó que esta acción se desplegará "defendiendo el derecho internacional, la legalidad internacional, y con la gente trabajadora y con las empresas".

Europa Press describió que la vicepresidenta segunda expresó de manera crítica su rechazo a la que denominó "receta de la derecha" frente a los escenarios de crisis, consistente en la bajada de impuestos. Díaz indicó que existe una tendencia repetida a proponer esta medida como solución tanto ante situaciones económicas adversas como ante la guerra en Ucrania: “Crisis económica, la receta de la derecha, bajar impuestos. Guerra de Ucrania, la receta de la derecha, bajar impuestos. En definitiva, siempre es la misma solución", manifestó la ministra, cuestionando la efectividad de esa respuesta.

Además, detalló que el Gobierno tiene previsto seguir vigilando que los efectos de la crisis y las oscilaciones de los precios internacionales no penalicen desproporcionadamente a los trabajadores, consumidores o familias, y que se establecerán mecanismos de control correspondientes. Entre las acciones planteadas, Díaz mencionó intervenciones para limitar el impacto sobre los precios y velar porque no se produzcan incrementos abusivos en sectores estratégicos.

Según publicó Europa Press, la conmemoración del aniversario de la Inspección de Trabajo marcó el contexto de estas afirmaciones. La ministra vinculó el papel histórico de esta institución con el actual ejercicio de vigilancia y protección del mercado laboral y de los derechos económicos, reconociendo la importancia del cumplimiento riguroso de la legalidad por parte tanto de las empresas como de los actores sociales.

Por último, Díaz insistió en que el Gobierno se muestra dispuesto a actuar de manera firme y coordinada con los diferentes agentes sociales, abordando tanto la dimensión internacional de la crisis como las repercusiones internas en la economía española. Toda la intervención de la ministra, de acuerdo con Europa Press, se orientó a reforzar el mensaje de que ningún actor económico o social podrá obtener ventajas injustificadas a costa de la coyuntura internacional y que la protección a la ciudadanía se presenta como una prioridad en la gestión actual del Ejecutivo.

De acuerdo con los datos publicados por el medio local, la movilización también afectará al aeropuerto de Charleroi, situado a 50 kilómetros al sur de Bruselas. La dirección de este terminal aéreo comunicó que, ante la falta de personal suficiente para garantizar la seguridad de las operaciones, no podrá asegurar ni vuelos de salida ni de llegada durante la jornada de paro. Voceros del aeropuerto de Bruselas recordaron que esta es la octava ocasión desde 2025 en que se producen disrupciones por acciones sindicales, subrayando que tales medidas no surgen de problemas internos de gestión aeroportuaria sino de conflictos laborales de mayor alcance.

La protesta nacional recibe el respaldo de los principales sindicatos belgas, quienes incitan a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores a participar en las marchas previstas en Bruselas. Fuentes sindicales citadas por la prensa local prevén una alta participación ciudadana, lo que podría derivar en paros y alteraciones significativas del tráfico rodado y el transporte público a lo largo del jueves. De acuerdo con la misma cobertura, la administración pública ha reconocido que la concentración de personas en la capital podría imposibilitar la prestación normal de numerosos servicios, ya que buena parte del personal se movilizará hacia las acciones convocadas.

El sector ferroviario también enfrenta jornadas de paro. El medio consignó que la compañía estatal de ferrocarril, SNCB, acumulaba tres días consecutivos de huelga hasta las 22:00 horas del miércoles anterior. Tras esa pausa, la SNCB anunció que reforzará el servicio el jueves para facilitar la llegada de manifestantes a Bruselas, en un intento por asegurar la movilidad de quienes desean participar en la protesta. La medida se presenta en un contexto de descontento progresivo entre trabajadores, que acusan una pérdida de poder adquisitivo y la implementación de recortes en servicios públicos básicos.

La huelga de este jueves forma parte de una secuencia de acciones sindicales que han afectado de manera recurrente el normal funcionamiento de las infraestructuras clave del país. Tal como publicó el medio local, estas protestas han interrumpido operaciones aeroportuarias en múltiples ocasiones, generando impacto directo sobre viajeros, aerolíneas y empresas de logística. Los comunicados emitidos advierten sobre riesgos para la seguridad y limitaciones en el acceso al transporte tanto aéreo como terrestre, lo que repercute en la economía local y en la movilidad cotidiana de miles de personas.

El ejecutivo encabezado por Bart de Wever enfrenta críticas por parte de diversos colectivos laborales ante el plan de ajustes presentado, cuyos detalles han sido motivo de rechazo por sindicatos mayoritarios. Las centrales sindicales alegan que las medidas propuestas implican una reducción de derechos y condiciones laborales, motivo central de las protestas ampliadas a distintos sectores. El medio local recogió manifestaciones de líderes sindicales, quienes sostienen que la presión social busca frenar los recortes y abrir un diálogo que permita reconsiderar el rumbo de la política económica del gobierno.

Mientras que la concentración masiva en Bruselas podría paralizar buena parte de los servicios públicos, las autoridades han alertado a la población sobre la posibilidad de complicaciones en la circulación vial y en la oferta de transporte público, tanto urbano como interurbano. A través de diferentes comunicados, los organismos responsables solicitan a la ciudadanía prever desplazamientos y, en su caso, postergar viajes o buscar alternativas de transporte.

El aeródromo de Charleroi, en sintonía con la terminal principal de Bruselas, informó que la falta de personal operativo no permite garantizar los controles de seguridad necesarios para el flujo habitual de vuelos, tanto en despegues como aterrizajes. El medio detalló que estos anuncios se corresponden con la magnitud de la huelga y el alto seguimiento previsto, lo que refuerza la expectativa de que la protesta tenga un efecto extendido en toda la red logística y de movilidad del país.

El origen de estas jornadas responde a una creciente presión social y sindical frente a los planes del gobierno belga, que contempla reformas en el gasto público y ajustes en servicios clave. Voceros sindicales citados por la prensa local reiteran que las movilizaciones y los paros buscan visibilizar el desacuerdo con estas políticas y defender el acceso a prestaciones sociales, salud y condiciones laborales que consideran amenazadas por la actual agenda gubernamental.

De cara al desarrollo de la protesta de este jueves, las autoridades belgas y los organizadores de la manifestación han insistido en la necesidad de mantener unas condiciones de seguridad y respeto al derecho de huelga. Las empresas de transporte, junto con las administraciones aeroportuarias y ferroviarias, emitieron recomendaciones y orientaciones a usuarios para evitar contratiempos mayores y reducir el impacto negativo de la jornada sobre la vida diaria, reportó la prensa local.

El medio consignó que los sindicatos han emitido un llamado para que trabajadores de diversos sectores participen en manifestaciones masivas en las calles de Bruselas. Dicha convocatoria se traduce en una preocupación por la posibilidad de interrupciones generalizadas, no solo en el tráfico y el transporte público sino también en otros servicios, debido a la baja de personal disponible que acudirá a las protestas. Las autoridades han alertado a residentes y viajeros sobre una jornada afectada por la falta de normalidad en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.

De acuerdo con lo publicado, los organizadores de la huelga buscarán mostrar su descontento con los ajustes gubernamentales que afectan a distintos sectores y han generado un clima de tensión. El aeropuerto de Bruselas, que ya había anunciado la interrupción completa de los vuelos de salida para este jueves, estima que cerca de 27.000 pasajeros programados para partir desde sus instalaciones verán sus planes alterados. Asimismo, otros 15.500 viajeros en vuelos de llegada enfrentarán demoras o cancelaciones vinculadas a la protesta sindical.

Brussels Airport explicó en una comunicación a medios locales que las acciones gremiales que no guardan relación directa con la gestión de la terminal han afectado de manera repetida su operativa, complicando la planificación tanto de empleados como de pasajeros. El impacto de esta nueva convocatoria sindical alcanza también al aeropuerto de Charleroi, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Bruselas. Este recinto informó que, ante la baja de personal provocada por la huelga, no existe capacidad para garantizar la seguridad en las operaciones, por lo cual ni los vuelos de salida ni los de llegada podrán llevarse a cabo, reportó el citado medio.

En paralelo a las movilizaciones en el transporte aéreo, el contexto de huelgas se extiende también al sector del ferrocarril belga. Según detalló la empresa pública SNCB, esta semana se han realizado tres jornadas de paros desde el pasado domingo, programados para concluir a las 22:00 horas del miércoles previo al nuevo paro general. La compañía prevé reforzar los servicios ferroviarios para facilitar el traslado de manifestantes a Bruselas durante el jueves, medida que busca minimizar el impacto sobre quienes participen en las protestas, según precisó la propia empresa en declaraciones recogidas por el medio.

Las autoridades instan tanto a residentes como a visitantes a informarse sobre las alteraciones previstas y tomar precauciones adicionales, ya que la confluencia de huelgas en el transporte aéreo y ferroviario, así como en el servicio público, dificultará los desplazamientos dentro y fuera de Bruselas. Tal como ha subrayado el aeropuerto internacional, las reiteradas acciones sindicales ponen de manifiesto la tensión existente entre los trabajadores y el Ejecutivo, contexto que se refleja en la persistencia de medidas de presión que afectan a la vida cotidiana de decenas de miles de personas.

La situación genera inquietud especialmente para quienes dependen del transporte para actividades esenciales o cuentan con compromisos ineludibles, ya que los escenarios de retrasos y cancelaciones pueden prolongarse más allá del día de la huelga. El aeropuerto de Bruselas subrayó además que estas movilizaciones exceden su propio ámbito de gestión y responden a un clima general de protesta contra políticas que, según los sindicatos, impactan en las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos y privados.

De acuerdo con los datos proporcionados por el aeropuerto y reproducidos por el medio, la magnitud de los afectados —más de 40.000 personas entre salidas y llegadas— evidencia la dimensión de la protesta convocada. Las alteraciones en las conexiones aéreas y ferroviarias repercuten también en la gestión hotelera y en sectores dependientes del turismo y los negocios internacionales, cuyo flujo habitual se verá comprometido durante la jornada.

Las autoridades belgas, junto con los organizadores gremiales, anticipan una jornada marcada por numerosas concentraciones y la posibilidad de bloqueos temporales en ejes viales relevantes. El seguimiento de la huelga y la cobertura en los medios locales ponen de relieve la creciente frecuencia de estas protestas en los últimos años, fenómeno que el aeropuerto de Bruselas ilustró al recordar las ocho ocasiones en que debió suspender operaciones por conflictos sindicales ajenos a sus propias decisiones administrativas.

En Charleroi, la advertencia sobre la imposibilidad de asegurar vuelos suma complejidad al panorama para quienes utilizan esta terminal como puerta de entrada o salida del país, y es probable que sus efectos se perciban también en las regiones circundantes y en las rutas terrestres conectadas. Las autoridades aeroportuarias y ferroviarias proporcionan actualizaciones y recomendaciones en tiempo real, buscando minimizar el desconcierto ante un escenario que, según han manifestado, escapa a su control directo debido a la extensión y transversalidad de la protesta.

La multitudinaria participación sindical y la previsión de una significativa presencia en las calles sitúan a Bruselas y sus alrededores como epicentro de la movilización, con impactos que trascienden lo local y afectan la conectividad nacional e internacional de Bélgica.

Tras más de 18 años al frente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel dejará la conducción del gremio y no se presentará en las próximas elecciones para renovar su cargo como secretario general. La decisión, que se informó como parte de un acuerdo interno, marca el final de una etapa en el sindicalismo docente.

Baradel supo cosechar un alto perfil en los conflictos salariales docentes de la provincia de Buenos Aires de las últimas décadas. Confrontó con paros prolongados en las gestiones de los gobernadores Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Luego, la conflictividad disminuyó sensiblemente con la llegada de Alberto Fernández al gobierno nacional y Axel Kicillof a La Plata.

La candidata oficialista para suceder a Baradel es María Laura Torre, actual secretaria adjunta y dirigente histórica alineada con su gestión. Las elecciones de renovación de autoridades están previstas para el 13 de mayo. Asumirán el 23 de ese mes para representar a los más de 100 mil afiliados de los más de 300 mil docentes que trabajan en el principal distrito del país.

El objetivo, según el oficialismo del gremio, es ampliar la base de representación y promover un recambio dirigencial consensuado. Baradel consideró “importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo”, dijo y agregó que “los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

En particular, la lista que hasta ahora condujo Baradel busca sumar los distritos bajo control y siempre disputados de la opositora lista de izquierda Multicolor, que tiene como principal referente a la diputada Romina Del Plá. Actualmente, estos distritos son Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre.

La gestión de Baradel estuvo marcada por años de conflictividad gremial. El año 2017 resultó el año más intenso, en plena gestión de Vidal, con paritarias sin resolución y huelgas recurrentes que afectaron la actividad escolar de la mayoría de los estudiantes de escuelas estatales. Según el dirigente gremial, “no fue una lucha nuestra contra Vidal, sino de ella contra nosotros. Eso lo escribió ella misma en su libro”, expresó.

También se recuerda una medida de fuerza prolongada durante la gobernación de Daniel Scioli, con más de 20 días consecutivos sin clases.

En el último tiempo, Baradel se alineó políticamente con la gestión del gobernador Axel Kicillof y el Suteba evitó realizar paros provinciales por mejoras salariales hasta el 6 de marzo pasado, cuando la organización se sumó a una huelga convocada junto a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Por lo general, en este tiempo el gremio se plegó a acciones de índole nacional, entre ellos, los reclamos docentes al gobierno de Javier Milei para que se incremente el salario mínimo y se restituya el Fondo de Incentivo Docente (FONID).

El día después

La salida de Baradel de Suteba no implica un retiro total de la vida gremial. El dirigente mantendrá su actividad en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), donde actualmente es secretario general adjunto, y en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), como secretario de Relaciones Internacionales. En ambas entidades habrá elecciones este año, por lo que Baradel deberá renovar sus cargos.

Según expresó, su propósito es continuar en la CTA “militando para reunificar a las dos centrales”, que hoy tienen como principales dirigentes al diputado Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A). Y permanecer en CTERA, la confederación de sindicatos de maestros a nivel nacional. “Todavía no sé en qué cargos, ni se habló de eso”, dijo al diario Clarín sobre su rol en esa entidad gremial.

Durante los años de mayor exposición pública, Baradel enfrentó situaciones de alta tensión, entre ellas amenazas directas a su familia, en un contexto de conflictividad que lo posicionó como uno de los sindicalistas más visibles y controvertidos del país. Su ciclo dejará una huella en el sindicalismo docente.

El Decreto 0234 de 2026, impuesto por el Gobierno colombiano para rediseñar la negociación colectiva entre empresas y sindicatos, sería inconstitucional y atentaría contra los convenios internacionales sobre trabajo, según la firma legal Chapman Wilches, que anunció una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional.

El centro de la nueva polémica reside en que la norma pretende habilitar la negociación sindical en niveles superiores al de empresa —tales como grupos empresariales, industrias o incluso ámbitos geográficos locales— mediante regulación ejecutiva y no mediante el proceso legislativo que exige la ley colombiana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Para el abogado Charles Chapman López, esto constituye un vicio de inconstitucionalidad esencial en el propio diseño del decreto. La firma sostiene que, pese a las referencias invocadas en el texto oficial, ni la Constitución de Colombia ni las leyes citadas otorgan facultades para alterar de modo unilateral el modelo clásico de negociación colectiva. Cualquier cambio debería pasar por el Congreso y no por un decreto ejecutivo, como el promulgado por el Gobierno de turno.

Impacto en empresas y trabajadores

Uno de los argumentos centrales denunciados es el efecto de “carrusel de negociaciones” que —a falta de límites de fases y tiempos— podría sumergir a empresas y trabajadores en discusiones sindicales permanentes. La firma advierte que el decreto permite encadenar una negociación en la empresa con otra a nivel de grupo empresarial, seguida de una negociación bajo el paraguas de industrias completas, y así sucesivamente, incluso, llegando al ámbito local o departamental.

Dicha estructura, sin topes regulatorios, podría derivar en una proliferación infinita de instancias de negociación. Según la presentación de la compañía, “en consecuencia, cualquier nivel cabe”, lo que genera inseguridad y desgaste tanto para las empresas —que enfrentarían “un desincentivo para la creación de grupos empresariales”— como para los trabajadores, atrapados en un proceso institucionalizado de negociaciones sin fin.

Representatividad y democracia sindical

Otro foco de crítica reside en que el decreto no establece ningún umbral mínimo de representación sindical para que un sindicato pueda presentar pliegos de peticiones en nombre de un sector. El documento advierte que organizaciones minoritarias, con apenas “25 trabajadores afiliados a una rama específica”, tendrían capacidad legal para activar una negociación sectorial obligatoria, aunque existan 100.000 empleados en el mismo sector.

Surge entonces la pregunta sobre si una minoría sindical puede “imponer reglas a la mayoría”, por lo que se plantean dudas graves sobre el respeto al artículo 39 de la Constitución Política de Colombia —que exige respeto por los principios democráticos y la libertad de asociación, incluido el derecho a no sindicalizarse—. Chapman López resalta que el decreto no contempla un espacio para acuerdos colectivos equivalentes negociados por trabajadores no sindicalizados.

Además, habló de la posibilidad de que un tribunal de arbitramento extienda un laudo surgido de un pliego minoritario a toda una industria, incluidas micro y pequeñas empresas, multiplica los riesgos para el sector.

Un “nuevo impuesto” para los trabajadores

La controversia incluye la creación de lo que los abogados denominan “un nuevo impuesto a los trabajadores”, al prever el pago obligatorio de cuotas sindicales de todos los beneficiarios de los acuerdos colectivos derivados de estas negociaciones por niveles, aun sin estar afiliados a ningún sindicato y sin importar la representatividad de la organización sindical.

El análisis alerta que, en el peor de los escenarios, “al trabajador le tocaría pagar más de cinco cuotas sindicales”, si las negociaciones sectoriales se superponen con acuerdos a nivel de empresa y grupo, engrosando los ingresos sindicales a costa de quienes no eligieron afiliarse.

Micro y pequeñas empresas en riesgo de liquidación

Respecto a la estructura productiva nacional, el decreto sería nocivo para las micro y pequeñas empresas, ya que no las excluye ni garantiza su representación en los ámbitos de negociación sectorial, salvo de forma optativa. Si bien permite cláusulas de “adaptabilidad y gradualidad” para estas empresas, prohíbe que ello implique una diferenciación en el ámbito de aplicación mínima del convenio sectorial.

Se prevé que muchas microempresas no podrían soportar los sobrecostos derivados de acuerdos sectoriales pensados para grandes jugadores, al punto de forzar a la liquidación de sus operaciones y desalentar el emprendimiento. “Este gobierno que decía defender la economía popular terminará siendo su exterminador”, sentencia el documento.

Violación de convenios internacionales

Desde un enfoque internacional, la firma Chapman Wilches advierte la transgresión de los Convenios 98 y 154 de la OIT. Y es que la opinión técnica de la propia OIT sobre el anteproyecto recomienda que en Colombia “la negociación por encima del nivel de empresa incumbe solo a las partes; éstas, en inmejorable posición para decidir cuál es el nivel más adecuado para llevar a cabo la negociación”.

El decreto, dicen los abogados, traslada esa facultad a un decreto administrativo, bajo el riesgo de “una sanción cuantiosísima por no negociar”, que desnaturaliza el diálogo social y convierte un derecho en una obligación gravosa.

La demanda anunciada insiste en solicitar una medida provisional inmediata, para frenar lo que consideran “el exterminio de las pequeñas empresas” y evitar “el caos que genera el decreto” en la estructura laboral y productiva del país. El pronunciamiento concluye con un llamado a preservar el empleo formal y la inversión privada —“que está en los mínimos históricos”— en un país donde, resaltó Charles Chapman López, la prioridad debería ser combatir la pobreza y promover el progreso con equidad.

Según difundió la agencia EFE, el lunes en Lisboa terminó sin resultado el último encuentro clave entre el Gobierno que dirige el primer ministro Luís Montenegro, representantes de la UGT y las principales organizaciones empresariales, destinado a negociar la reforma del marco legal de relaciones laborales. A pesar de intensas discusiones, el proceso no logró concluir con un consenso entre las partes involucradas, profundizando las discrepancias alrededor de los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Las acusaciones cruzadas marcaron el cierre de este ciclo de negociaciones. Una fuente del Ministerio de Trabajo, citada por la emisora pública RTP, responsabilizó a la UGT de haberse mostrado “intransigente” durante el diálogo, aunque aseguraron a su vez que el Gobierno pondrá todos los recursos a su disposición con el objetivo de alcanzar algún tipo de pacto. En paralelo, Armando Monteiro, presidente de la Confederación Empresarial de Portugal (CIP), estableció la responsabilidad en la central sindical como uno de los principales motivos para el estancamiento de las conversaciones, según reportó EFE.

Desde el lado sindical, Mourão argumentó que el sindicato no pudo respaldar la propuesta estatal porque subsistían las líneas esenciales del plan original del Gobierno, a pesar de que existían otros puntos previamente consensuados. Además, hizo alusión a la postura de la ministra de Trabajo, que reiteró su negativa a abandonar ciertos componentes fundamentales del borrador, lo que impidió un acuerdo global.

El contexto social en Portugal refleja el aumento de las tensiones a medida que el proceso legislativo sobre la reforma laboral avanza. El 28 de febrero, cientos de personas marcharon por el centro de Lisboa convocados por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), el otro gran sindicato del país, en protesta contra la iniciativa gubernamental. Los portavoces de los trabajadores han solicitado al Ejecutivo la retirada integra del proyecto en su forma actual, argumentando que desregula los horarios, favorece la extensión de los contratos precarios, facilita las vías de despido y representa una amenaza para los derechos de maternidad y paternidad, según detalló EFE.

La oposición sindical a la reforma ha derivado también en importantes movilizaciones, como la huelga general del 11 de diciembre, registro que marcó la primera huelga nacional en Portugal en los últimos doce años, según consignó EFE. Estos precedentes ilustran el clima de conflictividad laboral y social en torno a un paquete normativo que busca alterar aspectos clave de las condiciones de empleo en el país.

El Gobierno, bajo la dirección de Luís Montenegro, pertenece al espectro del centroderecha y sostiene que la propuesta de reforma responde a necesidades de modernización y flexibilidad en el mercado laboral. No obstante, sindicatos como la UGT y la CGTP-IN cuestionan la conveniencia y los efectos sobre la protección y estabilidad de los trabajadores, señalando retrocesos respecto a derechos sociales, laborales y familiares. Tal como publicó EFE, la falta de acuerdo entre las partes mantiene en suspenso la aprobación definitiva de la reforma e incrementa la incertidumbre sobre futuras rondas de negociación y la posibilidad de nuevas acciones de protesta.

Mientras el Ejecutivo reiteró su disposición de continuar trabajando para acercar posturas, la exigencia de los sindicatos se concentra en la modificación o eliminación de las cláusulas consideradas perjudiciales para los empleados. EFE reportó que, por el momento, la persistencia de las posiciones encontradas impide cualquier adelanto, con el horizonte de nuevas movilizaciones y protestas sociales si no se producen cambios sustanciales en el proyecto legislativo.

La tensión vuelve a crecer en Digi. La plantilla de la empresa de telecomunicaciones de origen rumano retoma las protestas tras la polémica por el nuevo convenio colectivo, que los empleados consideran responsable de un deterioro generalizado de sus condiciones laborales en todo el país. Ese convenio desencadenó movilizaciones y huelgas en ciudades como Bilbao, A Coruña, Vigo o Sevilla, donde los trabajadores denunciaron públicamente la pérdida de derechos y el endurecimiento de las condiciones. Ahora, con el foco puesto en la reciente salida a bolsa de la empresa, los empleados aseguran que la presión se ha intensificado aún más.

Según denuncian desde la sección sindical de Digi en CNT Sevilla, la estrategia de la empresa para presentar resultados atractivos a los inversores ha recaído sobre la plantilla con un “aumento de la carga de trabajo”. Con la llegada de la empresa al parqué bursátil, “Digi ha incrementado las metas de ventas, ajustado el sistema de comisiones y ampliado las tareas asignadas a los empleados”, precisan. Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 11.000 trabajadores en España.

“Se nos exige más producción, más ventas y mayor rendimiento, pero cobramos menos por ello y trabajamos bajo más presión”, han explicado los trabajadores. Un aumento de obligaciones que se ha producido sin las correspondientes mejoras salariales ni refuerzos en los equipos, sostienen Por ello, el sindicato advierte de que la situación podría desembocar en nuevas movilizaciones si la dirección no accede a abrir un proceso de diálogo “real” que permita revisar las condiciones de trabajo.

“Tras salir a bolsa, busca mostrar resultados positivos y, para lograrlo, la empresa les están apretando las tuercas, recortando derechos laborales. Esto incluye la eliminación de ciertas comisiones y la imposición de restricciones que dificultan a los trabajadores mejorar sus ingresos”, dicen a Infobae desde CNT. “Son los de abajo quienes pagan el pato”.

Planes de expansión de la empresa

El malestar de los trabajadores contrasta con las cifras récord y los planes de expansión de la compañía, que prevé superar los 1.000 millones de euros de ingresos en España y mantener una sólida inversión en infraestructuras y crecimiento en los próximos años.

Según explicaron a la prensa el pasado 5 de marzo el consejero delegado de la empresa, Serghei Bulgac, y el responsable del grupo en España, Marius Varzaru, Digi estima que la inversión en infraestructuras se mantendrá por debajo del 10% de la facturación, informa Europa Press.

De cara al futuro, la operadora planea invertir 850 millones de euros entre 2027 y 2029 con el objetivo de mejorar su rentabilidad a partir de 2029 o 2030. Al ser consultado por una posible venta de la filial española a Telefónica, Bulgac descartó esa opción y afirmó que “no hay razón ninguna para vender”.

Entre los datos que reflejan el escenario actual de la política española, uno llama la atención: uno de cada cuatro parlamentarios cree que el sistema está corrompido y necesita ser reemplazado. Según informó Europa Press, estos resultados proceden de una encuesta realizada a 518 diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de todas las formaciones políticas, elaborada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Burgos en el marco del proyecto internacional Comparative Candidate Survey (CCS). Este amplio estudio recoge valoraciones sobre instituciones, percepciones sobre la democracia e impresiones sobre temas clave de la agenda pública.

De acuerdo con los resultados detallados por Europa Press, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado obtienen una puntuación media de 7,1 sobre 10 por parte de los representantes parlamentarios. El Poder Judicial y la Corona se sitúan por encima del umbral del aprobado, con medias de 5,8 y 5,5 puntos, respectivamente. Medios de comunicación, sindicatos y organizaciones empresariales reciben, en cambio, valoraciones significativamente más bajas, con 4,3 y 4,8 puntos.

Los matices partidistas atraviesan la encuesta de manera notable. Los representantes del Partido Popular (PP) otorgan más de 8 puntos sobre 10 tanto al Poder Judicial como a la Monarquía, militares y miembros de las fuerzas de seguridad, pero bajan la nota a 2,6 puntos en el caso de los sindicatos. Por el contrario, los parlamentarios socialistas registran puntuaciones superiores a 6,7 en apoyo a los sindicatos, mientras que dan poco más de 4 puntos a la Corona y al Poder Judicial. Los representantes de Vox asignan 6,6 puntos a la Monarquía, aunque se sitúan como los más críticos con la prensa y los sindicatos, puntuando estos ámbitos con 1,7 y 0,5 puntos, respectivamente.

Según publicó Europa Press, las formaciones de izquierda alternativa, como Sumar y Podemos, junto con partidos nacionalistas e independentistas —Bildu, Junts, PNV, ERC y BNG—, otorgan las calificaciones más bajas al Rey, ninguna superando el 1 sobre 10. Tampoco aprueban al Poder Judicial, a los medios de comunicación ni a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, reflejando una notable distancia respecto a las posiciones de las formaciones conservadoras.

El informe reportó también la percepción de los parlamentarios sobre la situación política y la confianza ciudadana en el régimen democrático. El 76% de los encuestados considera que la ciudadanía está perdiendo la confianza en la democracia, mientras que únicamente el 8% rechaza esa afirmación. En el análisis de grupos, los socialistas se muestran más esperanzados en comparación con los representantes de Bildu, que manifiestan visiones más pesimistas sobre el futuro democrático.

A pesar del escepticismo sobre la confianza social, la adhesión a la democracia persiste: el 94% de los representantes públicos manifiesta estar muy o bastante de acuerdo con que la democracia es preferible a cualquier otro sistema de gobierno. Solo un 5% asume una posición intermedia y el 2% sostiene una postura contraria.

Europa Press detalla que el 63% de los encuestados está conforme con que el político debe respetar la voluntad popular, mientras que un 8% no comparte esa premisa. Un 70% defiende que los representantes deberían investigar las opiniones de los votantes y reflejarlas en sus posiciones políticas, aunque un 30% prefiere mantener ideas propias y buscar convencer a los electores. Destaca entre los diputados de Junts y Vox una mayoría partidaria de mantener las propias convicciones ante cualquier circunstancia.

En lo referido a la toma de decisiones políticas relevantes, el sondeo revela división: un 37% apoya la utilización frecuente de referendos, mientras un 34% prefiere delegar esas funciones en los mandatarios electos. En cuanto al enfoque sobre la igualdad de género, el 38% de los representantes populares y el 69% de los de Vox consideran que la discriminación hacia las mujeres ha dejado de ser un problema en España; frente a ellos, la gran mayoría de las demás fuerzas políticas discrepa de esa percepción.

El estudio también recoge datos sobre derechos civiles. La mayor parte de los parlamentarios respalda el matrimonio homosexual, y solo un 4% se muestra a favor de prohibirlo por ley. Sin embargo, entre los diputados de Vox, un 37% apoya la derogación de dicha legislación, mientras que un 34% se opone a eliminarla.

Al abordar la política migratoria, Europa Press indicó que un 52% de los representantes aprueba que se solicite a los inmigrantes adaptarse a las costumbres nacionales, en contraste con un 23% que rechaza esa petición. Las proporciones varían según la formación: los miembros de Vox (100%), PP (83%), Junts (77%) y PNV (64%) se muestran a favor de esta orientación, mientras que en Bildu, Sumar/Podemos y ERC ese respaldo es mínimo. A pesar de estas diferencias, el 81% del total valora que la inmigración resulta positiva para la economía española; solo un 4% mantiene una postura contraria, aunque dentro de Vox predominan las opiniones negativas respecto a este aspecto.

Sobre políticas medioambientales, un 68% manifiesta acuerdo en la necesidad de establecer medidas firmes para la protección ambiental, observándose nuevamente la excepción de Vox, donde un 69% de sus representantes se opone a tal afirmación. El sondeo recoge, además, datos sobre prioridades presupuestarias: un 46% de los parlamentarios se muestra muy o bastante conforme con otorgar alta prioridad al gasto en defensa, situación donde PP y Vox presentan porcentajes de apoyo superiores al 75%. En cambio, el apoyo entre formaciones de izquierda y nacionalistas no alcanza el 14%.

La cuestión fiscal aparece reflejada en el posicionamiento sobre el nivel de impuestos para sostener servicios públicos. Según la encuesta a la que tuvo acceso Europa Press, la media de apoyo entre los representantes se sitúa en 7,1 puntos sobre 10. Los miembros de Vox, PP y Junts puntúan esta alternativa con 4, 5,2 y 5,7 puntos, respectivamente, mientras que los partidos de izquierda superan los 9 puntos.

El estudio elaborado por la UNED y la Universidad de Burgos, tal como remarcó Europa Press, revela así un mapa marcado por diferencias ideológicas en la percepción y valoración de instituciones, políticas públicas y principios democráticos entre quienes conforman el arco parlamentario español.

Entre los sectores señalados por el Gobierno como más vulnerables ante el encarecimiento de la energía, se encuentran áreas como la industria química, la metalurgia, la farmacéutica y la agrícola, donde los incrementos de precios en materias primas y fertilizantes pueden repercutir en la competitividad y estabilidad del empleo. En ese contexto, la acción anticipada de la administración pretende mitigar impactos negativos derivados del conflicto internacional en Oriente Próximo y sus repercusiones sobre el mercado energético mundial, especialmente en industrias españolas con alto consumo eléctrico.

Según detalló el medio El País, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que el Ejecutivo dispone ya de un abanico de herramientas para intervenir rápidamente en caso de que el agravamiento del conflicto afecte la economía nacional. Entre estas medidas destacan la activación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prohibición de despidos en sectores especialmente sensibles, la reducción de jornadas laborales a través del mecanismo RED —que permite ajustar la actividad de las empresas sin recurrir a la destrucción de empleo— y el ofrecimiento de distintos tipos de apoyos directos a las compañías.

El planteamiento presentado por Díaz incluye la coordinación previa con sindicatos y patronal. El Ejecutivo ha hecho llegar a estas organizaciones un documento que recopila todos los instrumentos disponibles, que, según la ministra, han sido consensuados y avalados una vez más por los agentes sociales. El objetivo central es garantizar que tanto las empresas como los trabajadores dispongan de garantías suficientes en caso de que las repercusiones sobre el coste de la energía o de las materias primas pongan en riesgo su situación laboral o económica.

La reacción del Gobierno se produce después de que, en los días recientes, los mercados internacionales hayan registrado aumentos significativos en los precios del petróleo y el gas. Tal como informó El País, las autoridades consideran que el posible efecto inmediato podría trasladarse tanto a la factura energética como a la capacidad adquisitiva de empresas y ciudadanos. Por ello, la ministra enfatizó que las herramientas ya existen y se encuentran preparadas para ser empleadas de manera inmediata, sin necesidad de tramitar nuevas aprobaciones urgentes en el caso de que la situación internacional lo requiera.

En declaraciones hechas desde Bruselas, Díaz subrayó que la administración actuará con prudencia en su seguimiento de los acontecimientos y tomará las decisiones conforme a la evolución de la coyuntura internacional. Según publicó El País, la funcionaria remarcó que el modelo que se plantea para mitigar los riesgos económicos actuales es similar al implementado durante anteriores crisis. Ejemplificó la manera en que la respuesta ante la pandemia consistió en la activación de mecanismos rápidos y en la protección del mercado laboral sin costes adicionales para quienes resulten más afectados.

La vicepresidenta destacó que, en especial, se mantiene una vigilancia sobre sectores definidos como “electrointensivos”, que agrupan a aquellas industrias cuyo proceso productivo depende en gran medida del consumo eléctrico, entre ellas la química, la siderurgia, la metalurgia, así como farmacéutica. El encarecimiento de la electricidad en estos ramos puede provocar variaciones importantes en los costes de producción, e incluso amenazar la continuidad de la actividad si no se adoptan medidas de apoyo.

El sector agroalimentario también ha sido identificado como otro ámbito preocupado por la evolución de los precios, particularmente por el incremento de los fertilizantes, de los cuales dependen intensamente buena parte de las explotaciones agrícolas. El país señaló en su reporte que Díaz aseguró que el Gobierno buscará intervenir para compensar la eventual caída de la capacidad de compra de las familias, con el objetivo de sostener tanto la demanda interna como la continuidad de la producción.

Por otra parte, la ministra recalcó que la estructura de ayudas y apoyos está diseñada de tal forma que no requiere de nuevas autorizaciones, ya que las medidas fueron previamente aprobadas en el marco de crisis recientes, lo que permite una activación inmediata si así lo exigen las circunstancias. Según consignó El País, Díaz expresó que todas las herramientas están a disposición y pueden utilizarse en cualquier momento para proteger tanto el tejido empresarial como el nivel de empleo en los sectores más afectados.

En sus declaraciones, Yolanda Díaz transmitió un mensaje dirigido a tranquilizar a los agentes económicos: “Lo que sí quiero es enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores, porque estamos preparados para actuar si esto fuera necesario”, afirmó la vicepresidenta, según informó El País. Esta disposición forma parte de una estrategia de precaución ante eventuales tensiones o caídas de la actividad económica ocasionadas por volatilidad en los mercados internacionales.

De acuerdo con los detalles publicados por El País, las autoridades españolas mantienen comunicación fluida con los sectores empresariales y los sindicatos para evaluar la evolución de la situación. El Ejecutivo central prevé actualizar y ajustar la respuesta económica en función del impacto real que pueda observarse sobre los costes energéticos y el empleo, priorizando siempre la protección de los colectivos con mayor exposición a las subidas de precios.

El mecanismo RED, una de las herramientas clave mencionadas, permite a las empresas ajustar la plantilla y adaptar la jornada de trabajo sin cesar los contratos, lo que favorece tanto la protección del trabajador como la viabilidad empresarial en momentos de incertidumbre. El País explicó que este instrumento, junto con los ERTE y la limitación de despidos, integra una batería de soluciones ya probadas anteriormente para preservar el empleo y la producción nacional.

El Gobierno considera que la combinación de estas medidas puede ofrecer respuestas flexibles y rápidas frente a posibles crisis derivadas del encarecimiento de la energía y de las materias primas, y que de esa forma puede minimizarse la repercusión en el poder adquisitivo y en la estabilidad del empleo. Según reportó El País, se dará prioridad a aquellos ámbitos identificados como estratégicos por su impacto en la economía y en la población.

La estrategia oficial recoge tanto apoyos específicos a empresas como acciones encaminadas a proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores ante la incertidumbre internacional. Según publicó El País, el Gobierno insiste en que el proceso de diálogo social ya está en marcha, y que las herramientas propuestas han contado con la colaboración de los principales representantes empresariales y sindicales, buscando así una reacción que integre todas las sensibilidades y necesidades manifestadas por los sectores implicados.

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, que introdujo cambios fundamentales en el sistema de negociación colectiva del país. La norma establece mesas únicas por sector o rama, permite extender los convenios a empresas no participantes y exige que todos los trabajadores beneficiados por acuerdos sindicales, aunque no sean afiliados, realicen aportes al sindicato respectivo.

La nueva reglamentación establece la negociación colectiva sectorial como mecanismo central. Esto implica que las organizaciones sindicales puedan negociar acuerdos que después se apliquen a empresas de todo el sector, incluyendo a aquellas que no participaron de manera directa en las negociaciones. Además, todos los empleados beneficiados por estos convenios, siendo o no afiliados, deberán aportar económicamente al sindicato.

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“Con dignidad cumplimos. En desarrollo de los artículos 39, 55 y 56 de la Constitución Política de 1991, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, expedimos el Decreto 0234 de 2026, que reglamenta la negociación colectiva por niveles en Colombia y materializa estos mandatos constitucionales”, expresó el funcionario.

El ministro indicó además que con la nueva norma se cumplen los convenios internacionales ratificados por Colombia y se protege la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Críticas al decreto laboral

Por supuesto, la medida desató una controversia abierta entre el ministro Sanguino y miembros de la oposición como el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, así como del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, que tienen posturas divergentes sobre las implicaciones legales y sociales.

Forero manifestó un rechazo tajante. Dijo que “otra vez el Gobierno usurpa funciones del Congreso y decreta artículos hundidos de la laboral. Las negociaciones colectivas ya no serán entre empresa y sindicato, sino por rama de actividad”. Lamentó que “acaban los sindicatos de base y obligan a trabajadores no sindicalizados a pagar cuota”.

El congresista considera que la regulación desplaza la negociación de lo empresarial a lo sectorial, limitando la autonomía tanto de empleadores como de sindicatos de base. Según Forero, se trata de una acción unilateral que revive propuestas ya descartadas en otros escenarios legislativos.

La postura de Forero también expone la preocupación por la obligatoriedad de las aportaciones sindicales, incluso para quienes no están afiliados, lo que, según él, vulnera derechos individuales.

Rechazo empresarial y advertencia de Fenalco

Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, criticó con fuerza la expedición del decreto. Señaló que se busca “revivir, por vía administrativa, o sea, por la puerta de atrás lo que el Congreso negó en la reforma laboral”.

Cabal advirtió que la posibilidad de suscribir acuerdos sectoriales podría “obligar a empresas que no participaron en la negociación a respetar los acuerdos alcanzados”. Esto, remarcó, “es un nuevo golpe para las mipymes que quedarían obligadas a cargas salariales cuantiosas. Pero además, se pretende que los trabajadores no afiliados al sindicato que negoció en el sector deban pagar aportes a esa organización”.

Considera el dirigente que la medida vulnera el derecho a la no asociación, principio contemplado dentro de la libertad sindical y la Constitución. Los empresarios, según Cabal, temen impactos negativos en la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Respuesta del ministro Antonio Sanguino a las críticas

Ante las objeciones, Antonio Sanguino respondió por medio de X: “Faltas a la verdad, estimado congresista Forero. Conviene recordarle que una de las funciones propias del Gobierno es reglamentar las leyes vigentes, como el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, no se está usurpando ninguna función del Congreso”.

El ministro explicó que el decreto regula derechos que ya existen en el sistema jurídico colombiano y aseguran que “la negociación a nivel de empresa se mantiene intacta. Lo que hace esta medida es abrir la posibilidad de negociar en otros niveles, como el sectorial o por rama de actividad, ampliando los mecanismos de diálogo social”.

Democratizar la participación de los trabajadores

Añadió que el objetivo principal es democratizar la participación de los trabajadores, permitiendo que puedan negociar tanto por empresa como por rama. “Esto no solo fortalece el diálogo laboral, sino que puede reducir la conflictividad laboral y disminuir los altos costos que hoy asumen las empresas en litigios y asesorías jurídicas”, insistió.

Respecto a la polémica surgida por la aportación sindical obligatoria, Sanguino remarcó que “quien decide acogerse a los beneficios aporta la cuota correspondiente, como lo establece la ley. Y quien no quiera hacerlo, puede renunciar a esos beneficios y no pagar ninguna cuota sindical”.

Por último, el funcionario hizo un llamado a un debate respetuoso y responsable, al resaltar la necesidad de priorizar el bien común sobre los intereses particulares o sectoriales en la discusión sobre el futuro de las relaciones laborales en Colombia.

Asimismo, la nueva norma introduce como obligatoria la negociación colectiva sectorial, lo que restringe la autonomía interna de las empresas. Obliga a unificar demandas sindicales y canalizarlas en una mesa única por sector o grupo empresarial, siempre que las partes así lo acuerden, lo que modifica prácticas históricas del diálogo laboral en Colombia.

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La norma también impone que los trabajadores no afiliados, pero beneficiados por acuerdos colectivos, deban hacer la misma contribución económica que los miembros sindicalizados, lo que genera polémica en torno a derechos individuales y a la constitucionalidad de la medida.

De igual manera, transforma la negociación colectiva en Colombia al organizar la mesa de negociación obligatoria y la presentación de un solo pliego de peticiones sindicales, con la búsqueda de “procesos de diálogo social más racionales y eficientes, reduciendo los tiempos y costos administrativos de las negociaciones, lo cual, según el texto, incidirá favorablemente en la paz social y la productividad de las empresas”.

Negociaciones colectivas

Las nuevas disposiciones permiten que las negociaciones colectivas se hagan por ramas de actividad económica completas o grupos empresariales. Los acuerdos sectoriales fijan condiciones que aplican como mínimo para todas las empresas incluidas, aunque cada empresa pueda negociar mejoras, sin rebajar los parámetros establecidos. El ámbito de estos acuerdos abarca solo al sector privado y a los trabajadores oficiales; los empleados públicos no están comprendidos por esta regulación.

La integración en la mesa de negociación se decide según el número de afiliados que cada sindicato tenga en el ámbito correspondiente. El Decreto 0234 prevé representatividad proporcional, pero garantiza que “las organizaciones minoritarias tendrán derecho a un representante en la mesa de negociación si no logran cupo suficiente por afiliación”. Por su parte, los empleadores estarán representados por asociaciones que acrediten su representatividad según el número de empresas, trabajadores y peso económico en el sector.

Ambas partes deberán negociar bajo el principio de buena fe, nombrando representantes con poder de decisión, intercambiando información relevante y evitando conductas obstructivas. El Ministerio del Trabajo ejercerá la función de validar la representatividad y facilitar la conformación de las mesas.

Asimismo, se incluyen reglas específicas para proteger la sostenibilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se exige que las convenciones sectoriales con participación de estas empresas incorporen cláusulas de adaptabilidad y gradualidad para la implementación progresiva de obligaciones adicionales, siempre sin rebajar el piso legal mínimo de derechos ni los beneficios provenientes de acuerdos previos de mayor rango.

Impacto del decreto en empresarios y mipymes

Por supuesto, la expedición de la norma generó críticas. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó preocupación por el carácter obligatorio y la extensión de las negociaciones colectivas sectoriales. De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Cabal, la expedición del decreto constituye un intento del Gobierno de establecer por vía ejecutiva regulaciones previamente rechazadas en el Congreso.

Advirtió que “esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas, que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”. El dirigente empresarial remarcó que el decreto “desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución”.

Considera el líder gremial que imponer aportaciones sindicales obligatorias a empleados no afiliados vulnera garantías individuales. “Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general”, puntualizó Cabal.

El presidente de Fenalco describió la exigencia de que trabajadores no sindicalizados paguen cuotas como un “nuevo golpe a la micro, pequeña y mediana empresa”.

Perspectiva sindical sobre los cambios en la negociación colectiva

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) interpretó el decreto como un avance para el fortalecimiento de los sindicatos en Colombia. Según el presidente de esta, Fabio Arias, “la negociación colectiva en Colombia solamente estaba permitida a nivel de cada empresa”. Para él, la nueva norma expande esa posibilidad.

“Con la expedición del Decreto 0234 del 6 de marzo de este año, el Gobierno nacional extiende la negociación colectiva por rama de actividad económica, por ejemplo, el sector financiero”, dijo.

Arias destacó que el decreto posibilita la negociación también por grupo empresarial o a nivel nacional, beneficiando a los trabajadores oficiales que ahora podrán negociar colectivamente sin estar limitados a su empresa. “Es una ampliación de la negociación, una posibilidad mayor para los sindicatos, un reto también para ellos, pero la posibilidad de fortalecer las organizaciones sindicales y centralizarlas a todos los niveles en que se desarrolla hoy la negociación colectiva”, afirmó.

Asimismo, el presidente de la CUT señaló que la extensión de la negociación colectiva por grupos empresariales y ramas productivas era una demanda histórica. La modificación, según él, representa un fortalecimiento de la estructura sindical y una democratización del alcance de los convenios laborales en Colombia.

En las vísperas del Día Internacional de la Mujer, el sábado 7, una mesa de diálogo en la Casa de la Lectura -de la red de bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires- reunió a investigadoras, escritoras y docentes para conversar sobre el sentido y los desafíos del trabajo femenino, incluyendo la doble jornada, el valor del trabajo intelectual y los deseos y expectativas actuales.

Así, la historiadora Graciela Queirolo conversó con la escritora Débora Mundani se reunieron en una charla titulada: She works hard for the money (Ella trabaja duro por su dinero). Coordinó la charla la periodista Olga Viglieca.

Queirolo es autora de libros como Mujeres, saberes y profesiones y Mujeres en las oficinas. Mundani, por su parte escribió Batán, El río y Las convenciones. Y Viglieca, el ebook Las obreras que voltearon al zar.

Hoy, planteó la moderadora, el trabajo de las mujeres, tanto el remunerado como el de cuidados, enfrenta la persistencia de la doble jornada, la escasez de tiempo personal y profesional y la dificultad para que su esfuerzo sea reconocido social y económicamente. Las mujeres lidian con desigualdades en la retribución y el valor simbólico de su labor, mientras se multiplican iniciativas colectivas destinadas a visibilizar y defender sus derechos.

El significado de trabajar siendo mujer abrió la discusión. “Las mujeres siemp. Y convocó a reflexionar sobre el carácter histórico y colectivo del trabajo femenino. Se mencionó la consigna “trabajadoras somos todas” para destacar la pluralidad y la historia compartida de generaciones de mujeres y su vínculo inseparable con el mundo laboral.

Desde la Revolución Industrial, dijo Queirolo, la presencia de mujeres en el empleo asalariado implicó el reto constante de equilibrar el trabajo remunerado y las tareas derivadas de los roles de género. “Participar en el empleo asalariado en ningún momento significó, ni hoy en día significa, que se desentienda de las tareas domésticas, de los quehaceres reproductivos... siempre han estado marcadas por esta doble jornada”, afirmó la investigadora.

La doble jornada y sus efectos en la vida de las mujeres

Al ser consultadas sobre el impacto de la doble jornada, las voces de la mesa fueron claras: “La sobrecarga”, dijo la historiadora. “Son claros los condicionamientos que ha tenido esta doble jornada para el desarrollo laboral, profesional, humano, moral”. La falta de tiempo y tranquilidad limita el desarrollo pleno en lo profesional y artístico.

Se remarcó la dificultad para distinguir el trabajo doméstico del asalariado y la presión social sobre las mujeres, ya sea que prioricen uno u otro espacio. “El trabajo doméstico es trabajo y cuidar y educar es trabajar”, subrayaron, reconociendo que estas tareas son laborales y no una opción de descanso.

La escritora Débora Mundani aportó su mirada: “Hoy para quienes nos dedicamos a escribir se trata de hacer tiempo de donde no hay tiempo. Son muy pocas las personas, tanto hombres como mujeres, que tienen un buen porcentaje de tiempo para escribir, porque para eso hay que hacer como un recorte del mundo”

Reconocimiento y remuneración del trabajo intelectual

Las participantes debatieron sobre los límites para definir cuándo una actividad se considera trabajo. “Escribir es un trabajo”, sostuvo Mundani. Y resaltó la importancia de la retribución económica en el ámbito artístico,

“El derecho de autor entonces es parte del trabajo”, advirtió, alertando sobre la incertidumbre creciente en torno a la protección y el valor de la producción intelectual.

¿Es necesario garantizar el trabajo de los creadores? “Los humanos no vivimos solamente de comida y de agua, estamos hechos de materia sensible”, dijo Mundani. “El orden de lo simbólico nos constituye y también puede matarnos. Entonces, que existan personas que se dediquen a crear mundos posibles también permite poner en discusión nuestro mundo”

Mujeres, sindicatos y políticas de reconocimiento

El sindicalismo fue identificado como otro eje clave en la historia del trabajo femenino. Desde principios del siglo XX, los sindicatos interpelaron a las trabajadoras, promoviendo espacios de educación y cultura. “Entramos a los codos o a los codazos en los sindicatos”, relató Queirolo, evidenciando las resistencias iniciales y la necesidad de abrirse paso en ambientes tradicionalmente masculinos.

En la actualidad, la acción colectiva de mujeres para legitimar la labor intelectual y cultural se sostiene en la búsqueda de mayor reconocimiento y regulación, en diálogo con otros sectores del ámbito artístico. “El desafío es demostrar que lo que hacemos es valioso y aporta a la construcción de sentido, de conocimiento y de crecimiento económico”, sintetizó la historiadora.

Se trataron además las diferencias entre asociaciones civiles, sindicatos y las condiciones reales para la regulación laboral y el acceso equitativo a derechos, subrayando que la conquista de condiciones laborales justas es una meta aún pendiente.

Voces y deseos en el Día Internacional de la Mujer

En este encuentro, cada participante compartió su deseo para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El anhelo común de paz y el derecho a ejercer una labor vocacional con alegría atravesaron las intervenciones, junto con el deseo de que las futuras generaciones puedan dedicarse a lo que elijan y reciban una retribución suficiente para su proyecto de vida.

La conversación dejó abierta la invitación a no resignar el encuentro ni el diálogo entre mujeres, insistiendo en el valor y la alegría de trabajar desde la pasión y el conocimiento. El deseo final: que siempre exista la posibilidad de ejercer ese derecho y que el acceso a la cultura y al trabajo digno ilumine la vida de quienes eligen y sostienen ese camino.

El permiso retribuido de cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar no finaliza automáticamente con el alta hospitalaria. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia firme en la que ratifica el fallo previo de la Audiencia Nacional y corrige la interpretación restrictiva que aplicaban varias empresas.

El origen del litigio se encuentra en la demanda presentada por CCOO de Industria contra Campofrío Food Group y Carnes Selectas 2000. Posteriormente, UGT FICA se adhirió a la reclamación. Los sindicatos denunciaban que las compañías estaban limitando el permiso únicamente al periodo de hospitalización, dejando sin efecto los días restantes una vez que el paciente recibía el alta médica.

La resolución del Supremo establece que el permiso de cinco días retribuidos puede disfrutarse en su totalidad siempre que continúe el reposo domiciliario del familiar, aunque ya no esté hospitalizado.

Utilizar los cinco días del permiso

El alto tribunal recuerda que el Estatuto de los Trabajadores no solo contempla los supuestos de hospitalización, sino también “los supuestos sin hospitalización que precisen reposo domiciliario”.

En consecuencia, si tras una intervención quirúrgica, accidente o enfermedad grave el familiar necesita cuidados en casa, la persona trabajadora puede utilizar todos los días de permiso reconocidos por la normativa laboral.

La sentencia subraya que lo determinante no es la duración de la estancia hospitalaria, sino la necesidad de atención y cuidado.

Una sentencia que afecta a todas las empresas

Aunque el conflicto surgió en el ámbito de Campofrío y Carnes Selectas 2000, el fallo va mucho más allá. Al ser confirmado por el Tribunal Supremo, genera jurisprudencia y, por tanto, su interpretación debe aplicarse de forma generalizada.

Desde CCOO de Industria advierten de que todas las empresas deben tomar nota y adaptar de inmediato sus criterios internos. El sindicato recalca que el derecho no puede condicionarse a una lectura restrictiva que vacíe de contenido el permiso.

En la práctica, la sentencia obliga a revisar políticas laborales que hasta ahora entendían que el permiso concluía automáticamente con el alta hospitalaria, incluso cuando el paciente seguía necesitando cuidados en el domicilio.

¿A quién se aplica este permiso?

El Estatuto de los Trabajadores establece que el permiso puede solicitarse cuando la persona afectada sea el cónyuge o la pareja de hecho, sean parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, como padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos y suegros, entre otros, y familiares consanguíneos de la pareja de hecho.

El permiso también se aplica a cualquier persona que conviva en el mismo domicilio y requiera cuidado efectivo. Además, el derecho se activa tanto en casos de hospitalización como en intervenciones quirúrgicas sin ingreso que requieran reposo domiciliario.

Esto implica que una operación ambulatoria con prescripción de reposo también puede justificar el permiso completo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Más protección para el cuidado familiar

La decisión del Supremo refuerza la finalidad del permiso: permitir que las personas trabajadoras puedan atender a familiares o convivientes en situaciones de especial necesidad sin perder salario.

El tribunal deja claro que limitar el permiso al periodo estricto de hospitalización desnaturaliza su propósito, ya que en muchos casos la fase más delicada del cuidado comienza precisamente tras el alta médica.

Con esta sentencia firme, se consolida una interpretación más amplia y garantista del derecho laboral. A partir de ahora, las empresas no podrán negar los días restantes si el familiar continúa en reposo domiciliario. En este sentido, la resolución marca un antes y un después en la aplicación práctica de uno de los permisos retribuidos más utilizados y refuerza la seguridad jurídica de miles de trabajadores que deben conciliar empleo y cuidados familiares.

La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

A modo general y, en el primer tratamiento en la Cámara alta, ocurrieron diversas situaciones que inclinaron la balanza hacia una luz verde: se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año. En Diputados, lo último fue votado y gritado como un gol por muchos libertarios que, por lo visto, se nutren a diario de peleas imaginarias.

Por otra parte, LLA también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Como del otro lado no se percibió resistencia, esta cuestión importó nada. El famoso “rodillo parlamentario” en su máxima expresión.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de algo que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Durante la sesión extraordinaria de hoy, no había posibilidad de tocar nada y la resolución era bien simple: que el Senado avalase lo de Diputados, o volver a la versión original. Quedó la primera opción.

Debate

Previo al comienzo de los oradores, el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) solicitó una moción para el envío a comisiones del proyecto. Algo ilógico debido a que no sólo pasó días atrás por allí, sino que, ante una segunda revisión, sólo queda aceptar las modificaciones de la Cámara revisora o insistir con la versión original. Perdió 43 a 29. No fue el mejor arranque. En ese momento comandaba la sesión la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Ayer, desapareció durante largas horas, como hacía en su momento Cristina Kirchner. Hoy estuvo más presente.

Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy aseguró: “El empleo formal privado se mantiene constante desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%, con un sistema actual que creó más litigios que empleo formal”. El legislador libertario además dijo que toda ley “es perfectible” y que, en cinco o diez años, los avances tecnológicos reactivarán la discusión. La respuesta llegó vía Recalde. “Toda esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Va a traer mucha litigiosidad”, manifestó el porteño.

Por su parte, la macrista pampeana Victoria Huala habló de una realidad que “desalienta al que busca trabajo, como al que quiere contratar”. Seguido a ello, quiso colgarse el bronce por haber advertido, en la primera aprobación del texto, sobre el artículo de licencias médicas. Curioso ese episodio: intentó dejar en la versión taquigráfica su voto en contra, aunque el capítulo se definió completo y apoyó. Mismo caso para las cuotas sindicales obligatorias que rechazó en lo discursivo, aunque con luz verde para el PRO.

Por el peronismo opositor, el pampeano Pablo Bensusán planteó: “La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático. Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior”.

Su colega de bancada, Florencia López (La Rioja), afirmó: “Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares -en referencia a la sesión de ayer-; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos -por el régimen penal juvenil sancionado más temprano- y, hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.

Pasadas las 21.30, todo el operativo en la calle se encontraba tranquilo y controlado. Las masas dispuestas a pelear -sobre todo, la izquierda-, prefirieron cenar y disfrutar del fin de semana. Mientras tanto, el ex Convicción Federal Fernando Salino (San Luis) auguró que el texto del Ejecutivo “no alcanza absolutamente” ningún objetivo.

Como la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió no participar del cierre, los últimos dos oradores fueron el cristinista José Mayans (interbloque Popular-Formosa) y Bullrich. El primero disparó: “Estamos en el valor salarial más bajo de Latinoamérica, en medio de una reforma laboral. ¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?“.

Mayans denostó el FAL, la limitación de las huelgas -“rompen un principio constitucional”, enfatizó-, y subrayó que “esta ley debería llamarse de ‘robo a jubilados, pensionados y trabajadores’”, a la que también calificó de “repugnantemente ‘gorila’”. Y añadió que “ya no les cree nadie” y que “esto va a terminar mal”.

“Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición. Desde nuestro punto de vista, esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, aseveró Bullrich.

La libertaria mencionó la “estructura político sindical que siempre jugó en tándem” y consultó: “¿Cuándo fueron los paros? Contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea“. En ese sentido, recordó la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, al que apuntó como “el peor de la historia”. “Ahí no hicieron ni uno”, resaltó la senadora.

“Es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad“, sostuvo Bullrich.

Otros puntos de la ley

*Convenios colectivos: prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar uno nuevo.

*FAL: asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cederán un 2,5%. Hoy, se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

*Vacaciones: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los descansos deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, en caso de consenso, fijar la fecha de inicio por fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

*Indemnizaciones por despido: se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Sin embargo, a diferencia de la normativa vigente, se excluyen conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.

Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación, más un 3% de interés anual.

Además, se impone que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

*Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.

El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que marque el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, sólo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación gremial. Estos instrumentos permitirían el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

*Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

*Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75%, mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

*Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, explica a Infobae Manuel Soler, representante del Sindicato Reformista de la Policía (SPR). Así resume el principal objetivo que busca este colectivo en una lucha en la que lleva años junto a organizaciones sociales, sindicales, formaciones políticas y servidores públicos de la Policía, pero que se ha intensificado en estos últimos meses: conseguir que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo como el resto de funcionarios y policías autonómicos.

“Queremos arrinconar al sector sindical de la Policía próximo a Vox, que en ningún momento está hablando de derechos fundamentales, y combatirlos con medidas del Gobierno para frenarlos, aislarlos y expulsarlos”, asegura. Tras un largo tiempo de planificación, tienen ya una ruta clara a seguir para conseguir su meta. Sus acciones van encaminadas por la vía judicial —con una demanda directa contra la actual ley y el Ministerio del Interior por impedir sus derechos—, por la legislativa —buscando apoyos en los diferentes grupos políticos para que apoyen la creación de una ley— y por la social, con reuniones con sindicatos como CCOO y UGT para cimentar sus apoyos. “Tenemos que dar un paso al frente, como las izquierdas de este país”, explica.

“La sociedad civil debe confiar en policías alejados de mensajes y actuaciones impropias de quienes deben y tienen la obligación de defender derechos y libertades democráticos de todos los ciudadanos nacionales, extranjeros y residentes”, añade Soler.

“Conseguir la plena libertad sindical”

En una circular interna que el sindicato ha enviado a sus afiliados, y a la que ha tenido acceso este periódico, en SPR describen claramente los objetivos y cómo se pueden conseguir. Esta situación nace a partir del momento en el que las policías locales y autonómicas alcanzaron el derecho a la plena libertad sindical y la libre afiliación a sindicatos no corporativos o de clase, “en un periodo de tiempo en el que la Ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les limitaba ese derecho, si bien se les concedió políticamente a otras administraciones autonómicas por parte de los gobiernos centrales un derecho constitucional que no prohibió en ningún momento los acuerdos alcanzados”. “Desde entonces, la negociación colectiva les hace tener medios para mejorar sus condiciones laborales, otorgándoles la capacidad de conseguir resolver sus demandas retributivas de forma consecuente y sin tener que recurrir a grupos o formaciones políticas ajenas a gobiernos establecidos legítimamente en sus respectivas administraciones”, relatan en el sindicato.

De esta manera, lo que buscan es que este mismo sistema se pueda implantar en la Policía Nacional, para lo que simplemente se necesitaría modificar uno de los apartados de la Ley Orgánica 9/2015 de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

La vía política y el apoyo de los sindicatos

En la primera línea de acción, el sindicato informa de que se ha abierto “formalmente un proceso de negociación con las organizaciones UGT y CCOO, tras unas reuniones previas que comenzaron el pasado año 2025″. Este proceso se ha iniciado el 10 de febrero.

“La presencia en la Mesa General de Negociación, Función Pública, Mesas Sectoriales, etc., de UGT y CCOO con capacidad de acordar y resolver la situación laboral y profesional de todos nosotros, tal como ha ocurrido con la última subida salarial de la que hemos sido beneficiados como parte de la Administración General del Estado, es un ejemplo práctico que sirve de paradigma para alcanzar la libre afiliación”, explican.

Añaden que “estas negociaciones representan un paso importante para fortalecer nuestros derechos y consolidar un entorno laboral donde la organización sindical SRP pueda actuar con plena autonomía, o confederándose o integrándose en otras organizaciones si así lo decide la mayoría de la afiliación, en esa nueva posibilidad estatutaria que debe regularse en el Cuerpo Nacional de Policía”.

Por otra parte, estas semanas están siendo de alta actividad en el Congreso de los Diputados, con reuniones con los diferentes grupos para llegar al Consejo de Ministros y poder impulsar la creación de un proyecto de ley. También esto podría suponer un debate “con luz y taquígrafo en el Congreso” y que, de esta manera, cada grupo político tenga que “retratarse” y mostrar si quiere apoyar esta medida o no, explica Soler.

Una demanda judicial contra la actual ley

Todo esto no impide la última vía, que ya fue anunciada a finales de 2025, pero que cada vez está más cerca, según el sindicato, y que no es otra que presentar una demanda judicial contra la ley actual y “todos los que la sostienen desde el Ministerio del Interior, que agilizaría los plazos para el cambio obligado de este régimen por parte del Gobierno”.

Este escrito, en el momento de su presentación, se fundamentará en “el reconocimiento efectivo del derecho a la sindicación libre o el poder confederarnos con sindicatos presentes en la Función Pública, conforme a lo establecido en el Convenio 87 de la OIT, el artículo 28 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“Es un momento único y debemos aprovecharlo. Al mismo tiempo, estamos seguros de que muchos compañeros/as del Cuerpo Nacional de Policía, afiliados a otras organizaciones presentes en el Consejo de Policía, cuando sean conocedores de estas iniciativas, se posicionen activamente en defensa de un derecho fundamental“, concluyen desde el sindicato.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Yolanda Díaz sostuvo que representa la “dignidad” de los trabajadores frente a los señalamientos del Partido Popular sobre su gestión y posicionamiento político, y enmarcó el debate acusando a sus opositores de situarse junto a quienes explotan a la clase obrera y de responder a intereses de potencias extranjeras. Según informó la fuente original, la ministra del Trabajo defendió las políticas impulsadas por su cartera, asegurando que han propiciado avances significativos para la clase trabajadora y los pensionistas, y contestó las acusaciones sosteniendo que el Partido Popular busca recortar derechos sociales y alinear las prioridades estatales con figuras internacionales como Donald Trump.

El medio detalló que el intercambio entre Díaz y el diputado Jaime de Olano durante el pleno se caracterizó por acusaciones cruzadas. De acuerdo con el relato, Olano calificó de “feminismo cínico” la postura de la vicepresidenta segunda y la señaló por beneficiar a la “casta sindical”. Este señalamiento estuvo vinculado, según consignó la fuente, a la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, así como a otros casos de presunta violencia sexual relacionados con distintas figuras políticas.

El diputado del Partido Popular cuestionó la vinculación de la ministra con el sindicalismo y sugirió que su espacio político no contaría con respaldo fuera del ámbito de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Según expuso Olano, “Usted presume de subir el salario mínimo un 60% (...), pero oculta que les ha subido (a los sindicatos) la financiación pública un 360%. Le sube seis veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Supongo que será cuestión de prioridades”, expresó el parlamentario, según publicó el medio citado.

El diario indicó que Olano pidió, además, que la vicepresidenta se pronunciara sobre el caso del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y sobre una segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta violación, así como acerca del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a quien tildó como “otro depredador sexual”. En su intervención, el diputado remarcó que considera vacuas las declaraciones de la ministra de Trabajo y planteó que, en su opinión, las políticas del Ministerio han fracasado.

A esas declaraciones, Yolanda Díaz respondió solicitando a Olano la retirada de la expresión “casta sindical” y que ofrezca disculpas a las organizaciones sindicales. Tal como publicó la fuente citada, la ministra afirmó que los sindicatos constituyen una pieza fundamental del diálogo social, y destacó que su labor no se corresponde con la imagen apuntada por el diputado popular. Mantuvo que las políticas aplicadas por su cartera han facilitado que miles de trabajadores accedan a contratos indefinidos y que unas 2,5 millones de personas en España tengan actualmente acceso a un salario mínimo considerado digno. Según Díaz, “represento la dignidad de la clase trabajadora”, enfatizó durante su intervención recogida por el medio.

Sobre la posición del PP, Díaz alegó que este partido se sitúa junto a los “fondos buitre” y representa en España los intereses de Donald Trump, señalando que el expresidente estadounidense “quiere decidir desde Norteamérica qué presupuesto en Defensa tiene que tener España”. Redobló sus críticas afirmando que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo apoya recortes en derechos laborales y en el sistema público de salud, así como políticas que impactan a los pensionistas. Díaz afirmó que ella actúa en defensa de los 10 millones de pensionistas de España, mientras que, bajo su criterio, el PP “abofetea” a este colectivo en el Congreso, según consignó la fuente de noticias.

El cruce de acusaciones entre Díaz y Olano evidenció la polarización del debate político en el Congreso sobre la representación de los intereses de la clase trabajadora y el papel de los sindicatos en la agenda pública. La fuente consultada subraya que ambas partes presentaron argumentos centrados en la legitimidad y efectos de las políticas laborales y sociales del Gobierno, las prioridades en la financiación del sindicalismo, el aumento del salario mínimo y los casos judiciales que afectan al ámbito político. El contenido del debate también incluyó alusiones al contexto internacional, especialmente la supuesta sintonía de los partidos españoles con líneas marcadas por gobiernos extranjeros.

A lo largo de la sesión, los diputados confrontaron cifras relativas al aumento del salario mínimo y la financiación sindical, además de abordar las críticas sobre la actuación y prioridades del Ministerio de Trabajo. Díaz defendió la validez y el alcance social de sus medidas, mientras que la bancada popular sostuvo una posición de desacuerdo profundo sobre el impacto y dirección de las políticas implementadas, de acuerdo con el análisis ofrecido por la fuente original.

La decisión sobre cómo distribuir los días de permiso para atender a familiares o a otras personas dependientes no debe quedar limitada al momento inmediato posterior al incidente que lo motiva, según el Tribunal Supremo de España. Tal como informó el medio original, el Supremo ha determinado que el permiso laboral de cinco días para el cuidado de familiares o allegados puede adaptarse a las circunstancias concretas del trabajador y de la persona asistida, de modo que su inicio no debe quedar fijado obligatoriamente al suceso que otorga el derecho.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo emitió una sentencia el 4 de febrero en la que concluyó que el artículo 37.3 b del Estatuto de los Trabajadores permite a los empleados distribuir los cinco días de permiso por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de personas cercanas de manera flexible. Esta regulación ampara la asistencia tanto al cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado, como también a otras personas que convivan con el trabajador y precisen cuidados efectivos en domicilio, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El fallo del Supremo surge tras la disputa legal planteada por el Grupo Empresarial RACE, junto a las empresas Asegurace, RACE Asistencia y Unión de Automóviles Club, contra una previa resolución de la Audiencia Nacional de septiembre de 2024, que había sido motivada por una demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos CC.OO., CSIF y UGT. Según publicó el medio, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado de forma positiva esta sentencia, al considerarla un avance para evitar abusos y asegurar los derechos laborales en el ámbito privado. La organización sindical ha destacado que esta es la primera ocasión en la que el Supremo emite un pronunciamiento sobre el uso flexible de este tipo de permisos.

El análisis realizado por el órgano jurisdiccional giró en torno a si debía existir una exigencia para que el trabajador comenzara a disfrutar el permiso a partir del primer día laborable tras el suceso que origina el derecho. El tribunal determinó que vincular de forma automática el inicio del permiso al evento que lo justifica podría restringir de manera injustificada la planificación asistencial y limitar la eficacia del apoyo proporcionado a la persona dependiente.

Según reportó el medio, la sentencia señala que ni el Estatuto de los Trabajadores, ni los convenios colectivos aplicables, ni la regulación comunitaria fijan criterios específicos sobre el momento en que debe hacerse efectivo el permiso. En su decisión, el alto tribunal subrayó que la finalidad de estos días de ausencia laboral es favorecer la atención a personas con necesidades que pueden extenderse en el tiempo y estar asociadas a diferentes eventos médicos.

El Supremo también afirmó, según detalló la fuente, que el permiso no puede desvincularse de la asistencia a la persona enferma o dependiente, aunque tampoco debe restringirse su disfrute a una fecha inmediata al suceso, mientras persistan las necesidades asistenciales que justifican el acompañamiento del trabajador. Consideró que imponer una fecha fija de inicio podría desvalorizar el sentido protector del permiso y dificultar la organización adecuada de los cuidados necesarios.

Este pronunciamiento judicial evita imponer costes procesales a las partes y confirma en todos sus términos la resolución de la Audiencia Nacional, de manera que los empleados del sector privado obtienen así una mayor garantía para poder planificar de forma razonada el uso de los cinco días de permiso en función de las necesidades del familiar o allegado, tal y como consignó el medio de comunicación que informó sobre la sentencia. De este modo, el criterio jurisprudencial recién establecido reconoce como punto central no solo el derecho del trabajador a la conciliación, sino también el interés de la persona que necesita los cuidados, colocando ambos factores al mismo nivel de importancia para la organización del permiso.

El borrador de ley impulsado por Sumar incluye una cláusula que obliga a las empresas a devolver toda ayuda pública recibida en los cuatro años previos en caso de trasladar operaciones fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, una propuesta que ha suscitado amplio debate en el Congreso. Según informó el medio original, la proposición no solo contempla esta devolución, sino que busca prohibir los despidos colectivos en procesos de deslocalización, otorgando además a los sindicatos un papel activo en las discusiones y acuerdos relacionados con la venta o transmisión de empresas y sus unidades productivas. La noticia principal radica en que el Partido Popular (PP), Vox y Junts, quienes suman mayoría en la Cámara Baja, han rechazado esta medida, alegando una intervención excesiva en la actividad empresarial y un aumento en la carga burocrática.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, defendió la iniciativa ante el pleno argumentando la necesidad de proteger los fondos públicos y el empleo. La portavoz expresó: “Basta de trampas, basta de fraude con dinero público. El dinero público, el dinero de todas y de todos ha de estar para proteger el empleo y para sostener y crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones”. La intervención de Martínez Barbero se centró en el requerimiento de una mayor responsabilidad social por parte de las empresas que han percibido ayudas estatales y, posteriormente, deciden trasladar su producción fuera del ámbito comunitario europeo.

El debate parlamentario mostró una línea divisoria clara entre los partidos de la mayoría conservadora y las formaciones progresistas y nacionalistas minoritarias. Según consignó el medio original, la diputada del PP María Isabel Prieto calificó la propuesta de “desproporcionada”. Argumentó que introduce nuevas obligaciones y aumenta la burocracia a la que ya están sometidas las compañías. Además, sostuvo que esta reforma requiere un amplio consenso en el marco del diálogo social e indicó: “Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores”.

El representante de Vox, Juan José Aizcorbe, manifestó que aunque el propósito de la ley es legítimo, los mecanismos propuestos añadían rígidos obstáculos al sector productivo nacional. “El perjuicio para un trabajador cuyo centro se traslada es igual tanto si la producción se va a China como si se traslada a otro país de la UE como Alemania o Polonia”, indicó. Además, criticó la generalidad de la restitución de ayudas públicas, que, a su juicio, penaliza decisiones empresariales que considera legítimas.

Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera argumentó que su grupo no apoyaría la tramitación de la propuesta debido a lo que denominó “incumplimientos” del Gobierno central respecto a Cataluña. Calificó la visión de Sumar de “míope” al supeditar la protección de los trabajadores a una normativa más estricta, lo que, a su entender, endurecería en exceso el marco normativo vigente.

Mientras tanto, la propuesta recibió apoyo de otros partidos como PSOE, PNV, Bildu, ERC, Podemos y BNG. La diputada socialista María Luisa Sanz Martínez resaltó que la iniciativa iba en línea con la Ley de Industria del Gobierno, aunque advirtió que la legislación propuesta por el Ejecutivo ampliaba el alcance de las medidas planteadas por Sumar. Esta normativa espera proteger la actividad productiva nacional y atraer proyectos, lo que tendría efectos positivos en el empleo y la cohesión social.

El PNV, a través de su portavoz económica Idoia Sagastizabal, expresó respaldo al debate, citando experiencias de países como Francia y Alemania que aplican medidas comparables. Según reportó el medio original, Sagastizabal defendió el principio de que el Estado no debe ser mero espectador cuando se destruyen empleos como resultado de la deslocalización.

EH Bildu, representado por Oskar Matute, también anticipó su voto favorable, aunque reclamó un endurecimiento en las condiciones de devolución de ayudas públicas. Matute instó a ampliar de cuatro a diez años el periodo de devolución para fortalecer la protección pública frente al desmantelamiento empresarial.

BNG y Podemos se sumaron al apoyo, aunque tanto Néstor Rego como Javier Sánchez Serna solicitaron que la ley adoptara “mayor severidad” contra quienes trasladen su actividad fuera del país, considerando las consecuencias para el empleo local y el tejido productivo.

Desde Esquerra Republicana, Jordi Salvador anunció el respaldo de su formación, justificando el voto en la necesidad de poner freno a lo que denominó “abuso de poder” y “feudalismo moderno” ejercido por algunas compañías en los procesos de cierre y externalización.

Tal como detalló el medio original, la discusión en la Cámara Baja reflejó la diversidad de opiniones en torno a la intervención estatal en la economía y la protección de los trabajadores frente a la movilidad transnacional de las empresas. Mientras que una mayoría de la derecha y el nacionalismo catalán considera la normativa una intromisión y un obstáculo a la competitividad, sectores progresistas y nacionalistas vascos y gallegos destacan la urgencia de mecanismos legales para garantizar la justa utilización de los fondos públicos y la estabilidad laboral.

La proposición de Sumar establece así una confrontación entre dos visiones opuestas: por un lado, la defensa de la flexibilidad empresarial y la eliminación de cargas regulatorias, y por otro, la demanda de mayor control sobre el destino de los fondos públicos y el mantenimiento del empleo ante la amenaza de la deslocalización. Según lo manifestado en el debate, mientras la ley avanza hacia su posible tramitación, las posiciones de los partidos se mantienen firmes y dejan entrever discusiones pendientes sobre el equilibrio entre libertad empresarial, responsabilidad social y protección del empleo.

La cifra de empleados que han solicitado acogerse al plan de ajuste laboral en Telefónica supera el número previsto en el acuerdo inicial, de acuerdo con los datos sindicales informados a finales de enero. Según consignó el medio, la operadora registró 5.123 solicitudes voluntarias para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus sociedades Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, lo que sobrepasa el total de 5.040 salidas que originalmente se pactaron en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Esta situación sitúa a la compañía en un proceso de análisis junto a los sindicatos para evaluar alternativas que respondan a los objetivos ya establecidos.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, declaró que la operadora continúa la ejecución del ERE conforme a lo planeado, pero explicó que existen negociaciones abiertas con sindicatos en áreas rurales, donde aún no se han alcanzado acuerdos definitivos. De acuerdo con lo publicado por el medio, Murtra detalló durante la presentación de los resultados anuales del grupo que el proceso todavía se encuentra en una etapa transitoria, sin que estén definidos todos los pasos a seguir para culminar con el ajuste laboral. Murtra expresó: "Todavía estamos en un periodo de transición antes de poder determinar exactamente qué vamos a hacer. En cualquier caso, nosotros hemos comprometido evidentemente un plan y unos ahorros y tendremos que encontrar las fórmulas para lograrlo".

Tal como reportó la fuente, el proceso afecta a tres filiales de la compañía incluidas en el CEV, siendo este uno de los acuerdos de ajuste más significativos en el sector en los últimos años. Las solicitudes de adhesión voluntaria reflejan el interés de empleados de distintas áreas de Telefónica, incluyendo sectores urbanos y rurales, aunque el diálogo en zonas de menor población sigue abierto. La dirección prevé que dicho ajuste permitirá optimizar la plantilla y contribuir a la consecución de los objetivos de ahorro y eficiencia operativa por los que se instauró el ERE.

Durante la comparecencia ante los medios, Murtra destacó que los resultados anuales de Telefónica permitirían mantener un enfoque optimista de cara a 2026. El medio detalló que el grupo presentó avances operativos sólidos en los mercados clave, cumpliendo con las previsiones ('guidance') para el cuarto trimestre de 2025. La compañía asegura que seguirá en 2026 con la misma hoja de ruta que en 2025, con metas que Murtra definió como "concretas y ambiciosas".

El presidente de Telefónica insistió en que el plan de ajuste constituye un paso relevante en la modernización de la estructura interna. "Nos comprometimos a desarrollar y hoy podemos decir que estamos impulsando una cultura de alto impacto con la que buscamos que los profesionales de Telefónica aporten un valor claro y concreto a la compañía", afirmó Murtra en la presentación, según informó la fuente. Esta consolidación de los equipos y el impulso hacia una mayor racionalización de los recursos humanos constituyen, según la dirección, parte central de la estrategia para afrontar los retos del sector en los próximos años.

El proceso de ajuste laboral se produce en un contexto en el que las operadoras de telecomunicaciones de Europa buscan fórmulas para adaptarse a la evolución del mercado y la presión competitiva. La mediación con los sindicatos, especialmente en las zonas rurales mencionadas por Murtra, sigue en curso, y la compañía espera cerrar detalles pendientes antes de fijar las siguientes fases del plan.

Desde el inicio del ERE, Telefónica ha sostenido que la medida responde a una necesidad de adaptar la empresa a las demandas de digitalización y a una estructura que acompañe el crecimiento en sus mercados principales. Las salidas voluntarias superan las expectativas iniciales, lo que ha requerido el análisis de fórmulas adicionales para ajustarse a los límites pactados y simultáneamente garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de los compromisos laborales y financieros.

En la ronda de preguntas posterior a la presentación, el presidente de Telefónica reiteró que la empresa está cumpliendo con sus compromisos y que la optimización de la plantilla permitirá mantener la competitividad y la estabilidad financiera. "Telefónica cumple", subrayó Murtra ante los periodistas, según recogió la fuente.

El ERE implementado afecta tanto a áreas administrativas como técnicas y comerciales, y su diseño, acordado en diálogo con los sindicatos, busca asegurar tanto la viabilidad económica de la empresa como el trato adecuado y voluntario para los empleados implicados. El seguimiento de estos acuerdos y su implementación efectiva se mantendrá bajo observación de las organizaciones sindicales y la dirección en los próximos meses, tal y como se refleja en las declaraciones y datos difundidos por el medio.

En una encendida defensa del proyecto de modernización laboral que impulsa el gobierno nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem aseguró: “Los que nos critican la reforma laboral son los artífices del fracaso”.

En una extensa entrevista con Infobae al Amancer, el programa que conducen Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el referente parlamentario de La Libertad Avanza celebró que la iniciativa esté cerca de su sanción definitiva y aseguró que esta reforma será beneficiosa para todos porque, con el tiempo, “habrá más trabajo formal y los sindicatos tendrán más afiliados”.

El presidente de la Cámara de Diputados destacó que este Gobierno ”evitó la crisis más grande de la historia argentina" y subrayó avances como el alcance inédito de la modernización laboral: “Es la primera vez que se hace una reforma de esta índole, de esta magnitud, así que soy muy optimista. Estoy convencido de que el Senado va a aceptar las modificaciones que introdujimos y, seguramente, la semana que viene el Poder Ejecutivo la promulgará”.

Consultado sobre el camino legislativo, Menem destacó la necesidad de consenso y la estrategia adoptada por el oficialismo: “Cuando vimos que no tenía consenso, optamos por la solución más simple para no complicar una gran reforma que ya se había consensuado. El objetivo era votar por capítulo, avanzar con lo que tenemos”.

Frente a las críticas, Menem fue enfático en su respuesta a la oposición: “Son los que nos trajeron hasta acá. Van criticando cada medida que toma el gobierno, pero fueron los artífices del fracaso. Si no te falta esto, te falta lo otro, y si no es la ley de empleo, entonces hay que bajar impuestos. ¿Cuál es el éxito que nos pueden mostrar con esas medidas que recomiendan? Ninguno”.

Para Menem, la oposición peronista y las críticas gremiales remiten a las fallas del modelo previo: “No sólo los gobernadores, sino los diputados y representantes de un sector importante del peronismo, están viendo que su propio pasado ha sido un fracaso en términos ideológicos. La ley anterior, ¿cuánta gente formalizó? Hace 14 o 15 años que no se formaliza gente, desde 2011, que no crece la economía”.

A propósito de los sindicatos, Menem rechazó que las reformas los perjudiquen y, por el contrario, remarcó sus beneficios: “Estoy absolutamente en contra de cualquier paro y ojalá lo entiendan. El sindicalismo tiene que entender que esto es en beneficio de la gente que trabaja. Con la reforma laboral vamos a tener más trabajo formal y los sindicatos van a tener más afiliados”.

Además, Menem sostuvo que se alcanzó un equilibrio porque todos cedieron: “En esta situación perdieron todos los intermediarios entre empleador y empleado. El Estado también perdió. Cedió aportes, y los sindicatos ahora tienen un tope. Ha sido una modernización hacia un nuevo equilibrio de fuerzas”.

Con respecto a los cambios que introduce la normativa, Menem enfatizó la mayor flexibilidad de acuerdos entre empresas y trabajadores, por ejemplo con el banco de horas: “Esto beneficia al trabajador principalmente. Si necesitás, por ejemplo, un fin de semana libre, lo acordás con el empleador y trabajás de lunes a jueves algunas horas más. La hora extra es una hora por encima de la pauta semanal o de la pauta mensual. Pero si el empleador y el empleado acuerdan que se trabaje menos días a la semana y más horas por día, va a ser más libre entre las partes”.

Sobre las consecuencias de los paros sindicales en la economía, Menem manifestó: “No tuvo un gran impacto el paro nacional. Obviamente, pierde mucho dinero la Argentina. Hay estudios que muestran 500 o 600 millones de dólares por parar el país, pero la mayoría de la gente que pudo ir a trabajar, lo hizo. Nosotros queremos que se trabaje todos los días”.

Al referirse al contexto sectorial, Menem citó el caso Fate como ejemplo de empresas sostenidas por “protección política”: “Era uno de los pocos fabricantes de neumáticos a nivel local, que te los vendía tres veces más caro de lo que valen. Si gastaste diez mil en vez de treinta mil pesos en un producto, te sobran veinte mil para gastar en otro sector y estás reactivando otros sectores de la economía. Antes, este tipo de empresas se sostenía con protección política, subiendo aranceles o con subsidios”.

Menem criticó la protección histórica a ciertos sectores y defendió la política de competencia: “Hace 80 años que la protegen, obligaban a toda la Argentina a comprar neumáticos más caros en nombre de la industria nacional. Muchos de los que votaron la ley, iban a Uruguay o Paraguay a comprar. El primer perjudicado por esa empresa era la Argentina”.

Al analizar el panorama económico, Menem destacó la salida de la crisis y la estabilización macroeconómica: “Si no se tomaban las medidas que se tomaron en diciembre de 2023, chocábamos contra la pared o estábamos en 90% de pobreza. Se evitó una crisis fenomenal. La inflación está estabilizada y con tendencia a la baja. No se construye en dos años lo que se destruyó durante muchísimas décadas. Es un tema de tiempo, pero todo camina para mejor”.

El presidente de la Cámara detalló que tras la modernización laboral se buscarán avances en otros rubros: “El otro día aprobamos y seguramente el Senado también sancionará el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Viene el acuerdo con Estados Unidos, la reforma política, todo lo que vaya quedando obsoleto. El Gobierno va a intentar bajar impuestos en la medida que las cuentas sigan equilibradas”.

Respecto de la dinámica parlamentaria, Menem explicó: “Siempre hubo un espíritu de diálogo y de tratar de buscar el número para llevar adelante proyectos de ley. El problema es el número. Cuando tenés 95 diputados y te faltan 35, vas trabajando con todos los bloques. Para sacar una ley con más de 100 votos, todos pusieron su parte”.

Menem concluyó que el objetivo de la modernización laboral es mejorar la relación entre empleadores y empleados, y que el sindicalismo puede encontrar en la reforma una oportunidad para ampliar su base de afiliados bajo reglas claras y beneficiosas para la economía.

Otras reflexiones destacadas de Martín Menem

Boleta Única en todo el país: “Eso es una decisión de cada provincia, cada una tiene su propio sistema, pero lo óptimo sería que todas voten con el mismo sistema”

Interna de La Libertad Avanza: “Yo creo que el periodismo hace mucha ola de situaciones que son pequeñas diferencias de criterios de por dónde hay que ir. Todos tenemos el mismo norte, que LLA gane y consolide. Lo importante es que al final te pones de acuerdo y los resultados están a la vista. Karina Milei ha elegido los jugadores, los ha puesto en una función específica y la rueda está girando”.

La pelea con Victoria Villarruel: “Ella ha tomado una postura diferente a lo que opina el Gobierno. Sigue siendo parte del Gobierno porque sigue siendo vicepreisdente, pero hay conductas que no colaboran, como la visita a La Rioja. No comparto lo que está haciendo, porque podés tener algun tipo de diferencia, pero eso queda en el vestuario y cuando salís a jugar tenes que jugar a morir con el mismo equipo. No comparto algunas posturas que tiene”

La realidad de la economía: “Hay grupos que buscan instalar pesimismo, pero hay mucha gente en la Argentina a la que le está yendo bien, más allá de que hay sectores obviamente golpeados y otros a los que les está yendo mejor”.

Paoltroni explicó el cronograma parlamentario: “Hay sesión el martes, preparatoria, donde se van a nombrar todas las autoridades de la Cámara de Senadores. El jueves nuevamente sesión. Ahí va a entrar la ley de baja de edad de imputabilidad y Glaciares. Y el viernes ingresa Modernización Laboral y el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Luego, ya el domingo, inicio, apertura de sesiones ordinarias”.

Consultado durante una entrevista en Radio Mitre sobre si podrían existir cambios en la votación tras la polémica del artículo 44, el senador enfatizó: “Absolutamente lo mismo. Ya votaron antes y votan exactamente lo mismo ahora. Pero bueno, hay que hacer todo este procedimiento, que se extendió un poquito en el tiempo por ser Cámara de origen el Senado”.

Sobre el apartado que generó controversia, Paoltroni afirmó: “Lo que yo digo es que para las enfermedades graves se debe resolver con un seguro de salud, no hacer cargo al empleador de todo lo que le pueda pasar a un empleado. Pero bueno, eso es parte ya de otra discusión. Ahora la ley va a salir sin ese artículo y hay otras cosas pendientes, como la voluntariedad de la cuota sindical”. Reconoció su posición favorable al artículo a pesar de no haber conseguido los votos necesarios: “A mí me parece una barbaridad, pero no estaban los votos y no lo pudimos lograr. Será en otro momento”.

Al explicar las críticas sobre su exclusión, puntualizó: “Bueno, yo no me equivoqué, yo lo voté. Se equivocaron en el sentido de que no habrán tenido esa mayoría para que acompañe ese aquel voto. Me imagino que es desde ese sentido el comentario”.

La discusión por las licencias médicas llevó al senador a señalar: “Vos tenés un montón de vicios hoy en la legislación argentina, que aprovechan esos puntos oscuros para meter carpetas psicológicas, para meter accidentes fuera del trabajo, para un montón de situaciones que degradan la relación entre empleador y empleado. Entonces, este artículo tenía ese sentido”. Añadió que, a su juicio, algunas causas nobles son empleadas como argumento para frenar cambios: “Obviamente, los mismos de siempre buscan todas las causas nobles, como un enfermo de cáncer, y te ponen ese ejemplo, que quién no va a estar de acuerdo con que una persona con una cardiopatía grave esté cubierta. Pero se escudan en eso para que nadie cambie de fondo”.

Consultado sobre posibles soluciones, insistió en la alternativa del seguro de salud: “Yo creo que lo tenés que cubrir con un seguro de salud, y lo paga el trabajador. Porque es un seguro… el impacto que puede tener un seguro de salud sobre eso es nada, ínfimo”.

Objetado sobre el costo para el empleado en esa propuesta, Paoltroni respondió: “Pero surge también de un mayor ingreso, porque si vos vas mitigando todas estas falencias del sistema anterior, primero tenemos que elevar los niveles de empleo formal, porque hacia esto apunta esta ley… a los seis millones de trabajadores que están fuera del sistema, que de repente nadie, nadie se acuerda de eso”. Ante el señalamiento de que trasladar ese gasto afectaría a quienes llegan “ahorcados a fin de mes”, el senador explicó: “No lo saca de ahí. Lo saca de un mayor ingreso, porque si vos mitigás un montón de estas cuestiones y de un montón de costos, ¿qué costo tiene hoy una empresa que está pagando a un tipo que no va a trabajar? Le recontramil sobra para pagar 10 seguros de salud. Lo que no tenés es la ley, el marco legal, que te blinde contra estas cosas. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado, dar el marco legal para que todas estas cosas estén contempladas y no dejemos PYME y empleado por el camino, porque una PYME que se funde es un empleo que también se elimina”.

Sobre el papel de la nueva normativa, sostuvo: “Todo aprobado, un gran paso adelante, una herramienta más, en el caso de la ley laboral, para generar empleo, que no es la única, porque esto es un condimento de tantas cosas que vamos generando y necesitamos: la baja de la inflación, el acceso al crédito, ahora la ley laboral. Este acuerdo Unión Europea-Mercosur es lo más grandioso que nos puede pasar a los argentinos”.

Al ser consultado sobre el futuro comportamiento de los sindicatos, señaló: “El que se oponga a la ley, llevará todo el peso de la ley”. Explicó que la nueva ley exigirá que funcionen los servicios esenciales y, frente a la posibilidad de judicialización, afirmó: “Vos a partir de ahora, la ley aprobada, vos tenés que garantizar el funcionamiento del cincuenta por ciento del transporte. Quien se oponga a eso, será pasible de detención y de llevarse los cargos que se tenga que llevar”.

El senador abordó también la cuestión de la sindicalización voluntaria y el alcance de la reforma sobre el empleo público, y destacó: “En el empleado público es muchísimo peor que en el empleo privado toda esta problemática, y eso también afecta la calidad de la educación, al sistema en general… te vas quedando sin recursos humanos para llevar adelante las tareas”.

Finalmente, Paoltroni defendió avanzar en un marco regulatorio que permita tanto a trabajadores como a empleadores tomar decisiones que favorezcan el empleo genuino y el proceso de formalización, aspirando así a cambiar tendencias históricas en el mercado laboral argentino.

El reciente anuncio del fondo 'España Crece', que movilizará 120.000 millones de euros, tomó protagonismo en las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Ponferrada, en el contexto de la precampaña electoral de Castilla y León. Sánchez enfocó su intervención en la presentación de los datos económicos más recientes y en las medidas aprobadas por su Ejecutivo, subrayando los logros alcanzados en materia de empleo y crecimiento económico. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, el jefe del Ejecutivo defendió que España alcanza actualmente cifras históricas de trabajadores ocupados, con casi 22 millones de personas empleadas, y un crecimiento del producto interior bruto estimado en el 2,8 por ciento.

De acuerdo con Europa Press, Sánchez destacó que estos datos respaldan el rumbo económico de su Gobierno y sirven como respuesta frente a las reiteradas críticas de la oposición, a quien acusó de difundir un discurso pesimista sobre el estado económico del país. El presidente tomó como referencia las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien reprochó haber mantenido durante siete años que España “se hunde, se destroza y se cae a pedazos”. Frente a esas afirmaciones, Sánchez remarcó: “Lo verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre”.

En su balance de medidas recientes, Sánchez puso en relieve la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo, acuerdo que beneficiará fundamentalmente a personas jóvenes y trabajadoras mujeres. Según detalló Europa Press, el presidente lamentó la ausencia de la patronal en la firma de este acuerdo y, dirigiéndose directamente a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reclamó que se retome el diálogo con los sindicatos para alcanzar un aumento de los salarios medios que garantice que la remuneración evolucione por encima del coste de la vida y permita a los trabajadores fortalecer su poder adquisitivo en términos reales.

Durante su intervención, Sánchez ironizó sobre las posiciones de la patronal en momentos de recuperación en el mercado bursátil español, haciendo especial énfasis en el comportamiento de las empresas dentro del Ibex. Recordó que la petición al empresariado de sumarse al pacto salarial ya fue planteada en la última reunión y reiteró la importancia de que contribuyan al incremento de los sueldos de los “profesionales medios”.

Según reportó Europa Press, Sánchez aprovechó también para resaltar la identidad progresista y de coalición del actual Gobierno. El presidente afirmó que el objetivo de su mandato sigue orientado a reducir la brecha de la desigualdad, y citó políticas y acciones recientemente adoptadas que, según su presentación, refuerzan esa línea.

Entre las decisiones adoptadas en la última semana por el Consejo de Ministros, Sánchez mencionó la apertura de investigaciones a grandes plataformas tecnológicas y los denominados “tecnoligarcas” por el uso indebido de la inteligencia artificial en contenidos pornográficos que manipulan los rostros y los cuerpos de mujeres. Europa Press informó que esta medida pretende regular el ámbito digital e incorporar protección frente al uso no consentido de imágenes personales a través de inteligencia artificial.

En el cierre de su acto, Sánchez contestó a la pregunta sobre la continuidad de su gestión más allá de la fecha prevista. El presidente respondió afirmativamente, aseverando: “Merece la pena hasta 2027 y más allá”, en referencia a seguir liderando el Ejecutivo y consolidar el rumbo económico y social definido por el actual Gobierno.

Europa Press detalló que Sánchez hizo especial hincapié en el compromiso con el crecimiento económico y social y en la defensa de las políticas implementadas en los últimos meses. La firma del acuerdo con los sindicatos sobre el SMI y la creación del fondo ‘España Crece’ se suman al paquete de actuaciones reivindicadas durante su intervención, en el marco de la precampaña electoral en Castilla y León.

Durante el evento, Sánchez señaló que los resultados positivos en indicadores económicos, como los casi 22 millones de empleos y la tasa de crecimiento, evidencian, según su perspectiva, una recuperación y consolidación que contrasta con las valoraciones de los partidos de la oposición. El presidente insistió en que el diálogo social y la concertación de salarios continúan siendo indispensables para mantener el poder adquisitivo de la población trabajadora y asegurar una distribución más equilibrada del crecimiento económico.

En referencia a las reformas pendientes y el futuro del mercado laboral, Sánchez invitó nuevamente tanto a los representantes empresariales como a los sindicatos a buscar consensos que faciliten incrementos salariales por encima de la inflación, requisito que, en sus palabras, fortalecería la economía interna y preservaría el bienestar de amplias capas de la ciudadanía.

Europa Press consignó que, durante su presentación, Sánchez vinculó la acción del Gobierno a los objetivos de mejora social y de protección frente a nuevas amenazas tecnológicas, destacando la reciente decisión del Consejo de Ministros y la implicación directa del Ejecutivo en la regulación digital. El presidente subrayó la voluntad de su gabinete de intervenir para frenar la proliferación de imágenes manipuladas por inteligencia artificial, aludiendo tanto a la defensa del derecho a la imagen como a la protección de los menores frente a este tipo de contenidos.

Finalmente, el mandatario ratificó su compromiso personal y político con la continuidad de las políticas estratégicas desarrolladas en su mandato, estableciendo como prioridad la consolidación de los datos económicos y laborales positivos, la lucha contra la desigualdad y la protección de las personas más vulnerables en el contexto de una economía globalizada y en transformación tecnológica, según publicó Europa Press.

El valor del salario mínimo en Colombia permanecerá en los 2 millones de pesos mensuales (unos 459 euros), cifra que incorpora apoyos para transporte y representa un incremento del 23,7%, tras la firma de un nuevo decreto por parte del presidente Gustavo Petro, quien manifestó su intención de cumplir con los requisitos planteados por el Consejo de Estado. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, incluido el texto divulgado, esta decisión se fundamenta en análisis técnicos que abarcan productividad laboral y la composición de la cesta básica, con el objetivo de dar solidez jurídica y económica a la determinación de la remuneración mínima en el país.

Según detalló la información difundida, la medida llega luego de que el Consejo de Estado solicitara una mayor fundamentación técnica sobre el monto fijado previamente en diciembre de 2025. Esta entidad pedía que el Ejecutivo anclara la cuantía con estudios verificables, especialmente tras recibir críticas de distintos sectores empresariales y de especialistas en economía, quienes consideraron elevado el ajuste decretado anteriormente. En respuesta, el gobierno colombiano reforzó la justificación con datos provenientes de análisis científicos y económicos, aspectos que ahora forman parte central del acto administrativo suscrito.

Tal como reportó el medio fuente, el nuevo decreto replica el valor anunciado en diciembre, sin reducción alguna, y fue presentado formalmente ante el Consejo de Estado en cumplimiento de sus solicitudes. El presidente Gustavo Petro afirmó que se trata de una acción orientada a fortalecer el “salario vital para la Colombia vital”, defendiendo el incremento pese a los desacuerdos registrados en las negociaciones previas con organizaciones empresariales y sindicales, que no lograron llegar a una propuesta unificada.

El proceso para fijar el salario mínimo durante el año anterior estuvo marcado por la falta de consenso entre el Ejecutivo, el sector empresarial y los representantes sindicales. Tras varios encuentros infructuosos, la definición quedó en manos del gobierno, que optó por un ajuste que representa la mayor subida registrada en décadas para Colombia, según lo consignado por el medio fuente. Esta circunstancia derivó en un debate nacional focalizado en el impacto de la cifra tanto en el poder adquisitivo de los trabajadores como en la sostenibilidad de las empresas, con partidos y líderes de opinión manifestando posturas opuestas acerca de las consecuencias de tal aumento.

El Consejo de Estado, en su papel de órgano judicial, requirió que el Ejecutivo subsanara las posibles falencias técnicas asociadas con el proceso y la justificación del alza. La respuesta del gobierno se tradujo en la elaboración de un texto “más grueso y técnico”, en palabras del propio presidente, que evidencia la inclusión de todos los elementos requeridos por la entidad judicial a través de informes y estudios de productividad laboral y de los precios de la canasta básica de bienes de consumo.

La nueva reglamentación, según publicó la fuente original, no solo mantiene el monto del salario mínimo sino que también detalla el procedimiento seguido para respaldar el incremento desde el punto de vista metodológico y científico, buscando así disipar cualquier incertidumbre jurídica o económica asociada al decreto previo. Petro, mediante sus canales oficiales y redes sociales, manifestó que la acción gubernamental corresponde a un “pacto por la vida” y un compromiso con la mejora de oportunidades para toda la población.

Las ayudas para transporte quedaron integradas dentro del paquete del salario mínimo, consolidando así la prestación mensual en la cuantía mencionada. El gobierno justificó esta decisión con la premisa de facilitar una transición armónica hacia mejores condiciones de vida para los asalariados, defendiendo la vigencia y el alcance del incremento en contextos de volatilidad económica y presión inflacionaria.

El antecedente inmediato de esta nueva disposición proviene del decreto emitido en diciembre pasado, cuando el Ejecutivo tuvo que definir de manera unilateral el ajuste salarial ante el fracaso de las conversaciones tripartitas. Empresarios y parte del sector académico continúan manifestando reservas sobre los potenciales efectos de una subida de esta magnitud en el empleo, la formalización laboral y la competitividad, mientras que las agrupaciones sindicales y sociales han reivindicado la medida como necesaria para resguardar el ingreso mínimo vital.

Fuentes oficiales reiteraron que el decreto firmado, ya entregado al Consejo de Estado, obedece íntegramente a las directrices judiciales, recogiendo tanto los requerimientos de forma como los de fondo solicitados durante las últimas semanas. El proceso ha sido presentado como un ejemplo de acatamiento de los poderes públicos a las órdenes impartidas por las instituciones del sistema colombiano.

A lo largo de las comunicaciones difundidas, el presidente Petro insistió en que mantener el incremento fijado demuestra la vocación del gobierno para abrir oportunidades y garantizar mejores condiciones para los trabajadores, sin retrocesos respecto a lo decretado anteriormente. “Hemos metido todo lo que se nos ha pedido (...) y ahora tenemos el nuevo decreto”, detalló el mandatario en sus mensajes oficiales, recogidos también por la fuente informativa, como señal del intento por superar la controversia y afianzar la legalidad de la medida adoptada.

El desarrollo de este episodio sienta un precedente en la política salarial y en los mecanismos de interacción entre Ejecutivo, autoridades económicas, empresas, sindicatos y órganos judiciales. La noticia sobre la blindaje del salario mínimo resalta el papel de los estudios técnicos y del análisis de la estructura económica en la retribución de los asalariados en el país, según la información recogida en medios colombianos y las declaraciones oficiales divulgadas.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la exministra también se refirió este sábado a los aportes solidarios que financian a los sindicatos, en el marco de las nuevas limitaciones que establecen que esas contribuciones no podrán superar el 2%.

“Vos ves que, en general, están entre el 4 y el 5 por ciento. Dejarlo en cero nos parecía que iba a generar un problema muy serio en una estructura muy fuerte que tienen muchos sindicatos, sobre todo los más grandes”, detalló.

En ese sentido, ejemplificó con los hoteles ubicados en ciudades como Mar del Plata o Villa Carlos Paz, cuya estructura -advirtió- quedaría desfinanciada en caso de reducir ese aporte a cero: “En algún momento habrá que discutir si esas son tareas que hacen los sindicatos o no, pero hoy existen. Eso hubiera implicado desarmar toda esa estructura de manera muy rápida“.

Y sentenció: “Es un cambio total a la política de austeridad y cuidado del dinero de la gente, que es la que pone el aporte”.

“Que el convenio menor prevalezca sobre el mayor es una dispersión total y absoluta de lo que ha sido siempre centralismo de la negociación colectiva en los sindicatos nacionales. Esto le va a permitir a cualquier empresa hacer una negociación colectiva con sus trabajadores, hasta en la empresa más chica del país”, siguió.

En esa línea, envió un mensaje directo a los empresarios: “Ahora también es la hora de jugarse. Que los empresarios se jueguen a hacer sus convenios por empresa, porque también acá no solamente son los gremios los que hacen esto, también vinieron todas las cámaras a pedirnos”, apuntó.

La reforma también fijó límites a las contribuciones contempladas en los aportes patronales destinados a cámaras o asociaciones empresarias: no podrán superar el 0,5 % de las remuneraciones y, a partir de enero de 2028, pasarán a ser estrictamente voluntarias.

Respecto a esto, opinó: “Muchos querían mantener un status quo en este sentido y nosotros lo bajamos al máximo posible".

El controvertido artículo 44

La reforma laboral impulsada por el Gobierno proponía originalmente que, en caso de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los empleados pasaran a cobrar entre el 50 y el 75 por ciento del salario, según el caso.

Sin embargo, este texto fue eliminado tras el rechazo de bloques aliados y sectores sindicales. Al respecto, Bullrich aseguró que “quizás no se entendió bien el artículo” y que fue necesario eliminarlo “para que no se trabe la ley”.

Pero, advirtió: “Si bien le van a pagar el 100 por ciento del salario, todo lo demás queda igual. A los tres meses o seis meses te dejan de pagar. Eso está igual, sobre todo para bajar el ausentismo falso”.

"Está acotado para que no haya más vivos que se la pasan faltando porque consiguen un certificado trucho", argumentó.

“Basta de golpistas”

Durante la sesión en la Cámara Baja, el legislador Germán Martinez, presidente del bloque justicialista, advirtió que, cuando el peronismo vuelva a ser Gobierno, la reforma laboral será derogada.

Consultada al respecto, Bullrich opinó: "El peronismo te deroga absolutamente todo, derogaron las privatizaciones de su propio gobierno. Cuando Menem privatizó, después se estatizaron. Ahora, tendrán que moverse, porque las ideas que hoy están predominando en la Argentina, se están convirtiendo cada vez más mayoritarias".

Además, sostuvo que el peronismo busca siempre “generar incertidumbre” y señaló que desde ese espacio hubo una chicana sobre una “flota de helicópteros”, en alusión a la crisis política que precipitó la salida anticipada del entonces presidente Fernando de la Rúa.

“La paré en seco, le dije: ‘Golpista, basta, basta, basta de golpistas’. Pero siempre te dicen lo mismo, te tiran con el helicóptero, con que van a derogar las cosas para tratar de que nadie se anime a hacer los cambios que el país necesita, ¿no?“, continuó.

En tanto, apuntó a la legisladora kirchnerista Florencia Carignano, quien desconectó los micrófonos y los dispositivos de los taquígrafos al inicio del debate: "Me parece una barbarie total y absoluta. Mínimo, que lo pague. Que pague lo que rompió, que no lo tenga que pagar la gente. Después, será la Cámara de Diputados la que tome la determinación de qué hacer".

Y cerró: “A pesar de todo, la ley salió. Rompen cables, pero no rompen la voluntad popular que ganó el presidente Milei”.

Jorge Sola, uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, indicó que la nueva reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados implica un retroceso de un siglo para los derechos laborales y anticipa una reducción de 3.000 millones de dólares (2.546 millones de euros) tanto en aportes y contribuciones patronales como en el sistema jubilatorio. Según consignó la agencia Europa Press, la CGT estimó que más del 90% de las actividades laborales del país se sumaron al paro general de 24 horas, convocado en rechazo a los cambios impulsados en la legislación y desarrollado en un ambiente de alta tensión entre la dirigencia sindical y el gobierno.

De acuerdo con Europa Press, el paro paralizó este jueves múltiples sectores productivos y de servicios a nivel nacional, en respuesta a la reciente aprobación de la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei y respaldada por legisladores oficialistas y aliados en la Cámara Baja. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió en una conferencia de prensa que la organización sindical no declinará su lucha ni cederá derechos adquiridos: “No estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas. Aquí no terminó nada, sino que recién empieza todo y el plan de acción se cumple”.

Jerónimo subrayó que la estrategia definida por la central obrera se mantiene firme, pese a las acusaciones de la administración nacional. Respondió directamente a las declaraciones del jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, quien calificó el accionar sindical como una “extorsión” dirigida a presionar en torno al paro. “Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de poder escuchar el mensaje que le dio el pueblo argentino hoy, que no se pongan caprichosos ni en una encerrona, porque acá no existe ninguna extorsión. Nosotros queremos que le vaya bien a Argentina y ser parte de ese proceso virtuoso”, declaró Jerónimo, según registró Europa Press.

Entre los puntos más controvertidos de la reforma se encuentran la ampliación de la jornada laboral, que podrá extenderse de 8 hasta 12 horas diarias; la facilitación de despidos al reducir indemnizaciones y trámites; la eliminación del pago obligatorio por horas extras y la restricción de asambleas y huelgas dentro de los lugares de trabajo. La CGT manifestó que estas medidas afectan derechos fundamentales y debilitan la negociación colectiva, lo que motivó la convocatoria del paro general, reportó Europa Press.

El proyecto aprobado dejó fuera el artículo 44, que pretendía recortar en un 50% los salarios durante las bajas causadas por enfermedad o accidente, aunque el texto legislativo deberá regresar al Senado para una nueva ronda de votación. Según informó Europa Press, la eliminación temporaria de este punto no acalla las preocupaciones sindicales sobre el impacto del resto de las modificaciones.

Las críticas de la CGT se dirigieron también hacia los legisladores que respaldaron la iniciativa, a quienes acusaron de ser “cómplices de esta traición”. En palabras de Jerónimo, recabadas por Europa Press, “seguramente la política se va a poner nerviosa” ante la magnitud del rechazo mostrado por la huelga general y la continuidad de medidas de fuerza que el sindicalismo anticipa.

Durante la conferencia, los voceros gremiales reiteraron el llamado a la unidad de los trabajadores frente a las reformas estructurales que consideran perjudiciales para su seguridad y estabilidad laboral. Adicionalmente, alertaron sobre eventuales consecuencias que podrían producirse si el Senado ratifica la normativa, entre ellas la precarización de condiciones de empleo y la reducción de ingresos para miles de empleados, según publicó Europa Press.

El escenario se tensó por el cruce entre autoridades del Gobierno y líderes gremiales. Mientras desde el Ejecutivo se tildó de “extorsión” la huelga, la dirigencia sindical sostuvo que la protesta responde a un mandato expresado por la base trabajadora, defendiendo el derecho a la manifestación de manera legal y legítima. Según el balance presentado por la CGT y difundido por Europa Press, la adhesión de más del 90% en distintos rubros refleja la profundidad del rechazo a las medidas impulsadas por el oficialismo.

A pesar del contexto de alta conflictividad, la CGT ratificó que su “plan de acción” continuará ajustándose a los mandatos internos y que nuevas medidas podrán ser implementadas si se mantienen las políticas de reforma. Según Europa Press, la central obrera definió estos pasos como parte de una estrategia prolongada y no como un episodio aislado, indicando que el proceso de movilización obrera se encuentra en una etapa inicial.

Además del frente gremial, el debate parlamentario se posicionó en el centro de la agenda política a raíz de la aprobación parcial de la reforma. Según Europa Press, el Gobierno consiguió los votos necesarios mediante acuerdos con otras fuerzas que permitieron la sanción en Diputados, aunque la exclusión del artículo relacionado con las bajas médicas significa que la discusión no está cerrada y el futuro de la ley dependerá del análisis en el Senado.

El conflicto entre el sindicalismo argentino y el Gobierno nacional se manifestó con la paralización de actividades en sectores clave, la realización de conferencias de prensa y la reiteración de llamados a que el Ejecutivo escuche los reclamos sociales. Europa Press reportó que las negociaciones continúan en un marco de incertidumbre acerca de la aprobación final de la iniciativa y la posibilidad de que el plan de acción sindical derive en nuevas protestas o acciones legales.

Desde la CGT subrayaron que la defensa de los derechos laborales constituye el eje de su estrategia y que la movilización nacional no tiene precedentes recientes, según indicó Europa Press. El resultado de las discusiones parlamentarias y la respuesta del oficialismo serán determinantes para la continuidad del conflicto entre los principales actores sociales y políticos del país.

España cerró 2025 con 2.474.156 infracciones penales, según el Balance de Criminalidad publicado este viernes por el Ministerio del Interior. La cifra supone 19.950 delitos más que en 2024, un incremento del 0,8% y marca el tercer año consecutivo con repuntes en algunos de los delitos graves, aunque los hurtos y robos con fuerza presentan descensos significativos.

El aumento de delitos violentos, junto con la presión de las plantillas policiales y la polémica sobre la trasparencia de los datos, ha generado un choque abierto entre el Gobierno y los sindicatos policiales, con JUPOL (mayoritario de la Policía Nacional) a la cabeza. “Los datos oficiales desmontan el discurso triunfalista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que durante meses ha insistido en que la criminalidad estaba bajando“, señalan.

Por un lado, el Ministerio del Interior sostiene que la tasa de criminalidad convencional en España mantiene 40,4 delitos por cada mil habitantes, uno de los niveles más bajos desde que se tienen registros. Según esta interpretación, los descensos de hurtos y robos con fuerza, que constituyen la mayoría de las infracciones, permiten sostener que el país sigue siendo relativamente seguro.

No obstante, JUPOL critica lo que llama una “compensación estadística”. Para ellos, los descensos en delitos menores sirven para ocultar los aumentos en los delitos más graves, aquellos que realmente impactan en la percepción de inseguridad ciudadana. “La realidad es otra. Pese a que los hurtos, los delitos más numerosos, continúan descendiendo, sin esa bajada estadística, el incremento global sería aún más preocupante”, explican en un comunicado.

Según los datos del sindicato, los homicidios y asesinatos crecieron un 7,7%, los secuestros un 9,6%, las agresiones sexuales con penetración un 2,8% y los delitos relacionados con el tráfico de drogas un 5,5%. “La agregación de cifras de delitos menores y mayores en un único índice permite al Gobierno mantener un discurso optimista, mientras que la violencia grave ha registrado incrementos significativos que afectan directamente a la sensación de inseguridad en barrios y ciudades”, subrayan.

La brecha en transparencia

El conflicto entre Ministerio y sindicato se centra también en la información pública disponible. Según JUPOL, el Gobierno sigue sin publicar datos esenciales, como el porcentaje de delitos esclarecidos, el perfil de los detenidos o la nacionalidad de los implicados. “La ocultación sistemática de estos indicadores solo genera más desconfianza y evidencia una preocupante falta de rendición de cuentas”, insisten.

Mientras, cuerpos autonómicos como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra ya publican estos datos, demostrando que, según el sindicato, la transparencia es posible cuando existe voluntad política.

Falta de medios materiales y humanos

Este aumento de los delitos graves tiene una explicación muy sencilla para JUPOL: “Venimos advirtiendo que este deterioro de la seguridad ciudadana es consecuencia directa de la falta de medios materiales y humanos, la congelación del Catálogo de Puestos de Trabajo desde 2008, la escasa reposición de efectivos y la ausencia de políticas de prevención eficaces”, señala, añadiendo que la presión sobre los agentes solo se traduce en dificultad de prevención y respuesta ante los crímenes.

Por todo ello, el sindicato ha convocado una manifestación para el 23 de febrero frente al Ministerio del Interior, junto con los sindicatos JUSAPOL y JUCIL en el que solicitarán “la dimisión del ministro y del director de la Policía”, sentencian.

El sector del transporte, empleados de la administración pública, comerciantes y trece sindicatos han expresado su respaldo a la huelga general de 24 horas organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina. Esta medida de fuerza ocurre mientras la Cámara de Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cuyas propuestas incluyen la extensión de la jornada hasta las 12 horas diarias, el abaratamiento de los despidos, la eliminación del pago obligatorio de horas extras y la limitación de asambleas y paros, entre otras disposiciones. Según detalló el medio ‘La Casa Streaming’, las organizaciones sindicales han mostrado un amplio grado de adhesión a la protesta, señalando que las reformas propuestas redundarían en la disminución de derechos laborales fundamentales.

El jefe de Gabinete de Ministros argentino, Manuel Adorni, ha calificado la medida de “extorsiva”, criticando abiertamente la decisión de la CGT de convocar un paro general en rechazo a la reforma. En una entrevista concedida a ‘La Casa Streaming’, Adorni expresó: “No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas. [...] Pero por algo la gente los odia, ¿no?”. Estas declaraciones forman parte de la postura oficial de la administración Milei, que rechaza tanto el método como el momento elegido por los gremios para presionar al Congreso.

El seguimiento de la huelga ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Gobierno. Según Manuel Adorni, quienes paralizan el transporte impiden a otros ciudadanos la posibilidad de asistir a sus trabajos. “Si paralizan el transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no lo puedes hacer”, afirmó el jefe de Gabinete en el mismo medio, enfatizando el carácter coercitivo que, a su juicio, presenta la medida gremial.

Esta es la cuarta huelga general convocada contra el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión. El Ejecutivo ha comparado la situación actual con períodos anteriores, poniendo como ejemplo la administración de Alberto Fernández. Adorni recordó que durante ese gobierno se alcanzó una inflación del 200%, una tasa de pobreza cercana al 60% y un nivel de devastación económica que, según su visión, no corresponde al momento que vive el país. El funcionario sugirió que la intensidad de la protesta sindical resulta llamativa en comparación con la reacción gremial ante las circunstancias económicas y sociales durante el mandato anterior.

La CGT y otros sindicatos justifican la convocatoria por la magnitud de los cambios propuestos en la reforma laboral, que consideran regresivos. De acuerdo con la información publicada por ‘La Casa Streaming’, uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas, una iniciativa que modificaría el límite actual y generaría un impacto en el sector trabajador. Otro aspecto relevante es la reducción de los costos de despido, que, de aprobarse, facilitaría la desvinculación de empleados por parte de las empresas. Además, la iniciativa incluye la eliminación de la obligatoriedad del pago de horas extras y el establecimiento de restricciones para la realización de asambleas y huelgas, herramientas consideradas centrales en la defensa de los derechos laborales.

Entre los gremios que se han sumado a la huelga se encuentran organizaciones del sector transporte, tanto ferroviario como automotor, reparticiones administrativas, sindicatos de comercio y entidades de servicios, acompañados por empleados públicos. El respaldo sindical ha ejercido presión sobre el Congreso, donde la Cámara de Diputados analiza una de las reformas laborales más profundas de las últimas décadas. Según consignó ‘La Casa Streaming’, el oficialismo buscaría aprobar la iniciativa en medio de un clima social tenso y de un amplio debate político.

El Gobierno sostiene que la modernización del régimen laboral es fundamental para estimular la creación de empleo y aumentar la competitividad. De acuerdo con funcionarios y fuentes del Ejecutivo citados por ‘La Casa Streaming’, la flexibilización de despidos y la reorganización de la jornada laboral forman parte de un plan integral para reactivar la economía. Por su parte, sindicatos y sectores opositores protestan ante lo que consideran un retroceso en conquistas históricas y advierten sobre las posibles consecuencias de la iniciativa a nivel social y económico.

La jornada de huelga general ha tenido repercusiones en la prestación de servicios en diversas áreas urbanas y rurales del país, ya que la paralización del transporte afecta tanto a trabajadores como a usuarios. Según informó ‘La Casa Streaming’, grupos opositores han acompañado la protesta, mientras que el Gobierno insiste en que la movilización responde a intereses sindicales y no representa las verdaderas demandas de la población.

El debate sobre la reforma laboral ha puesto en el centro de la escena temas como la protección del empleo, la capacidad de negociación colectiva y el equilibrio entre el crecimiento económico y los derechos de los trabajadores. Mientras la Cámara de Diputados continúa la discusión, la convocatoria de la CGT y el respaldo de múltiples sectores sindicales mantienen la atención sobre el desarrollo de una jornada marcada por la confrontación entre el Gobierno y el movimiento gremial, según detalló ‘La Casa Streaming’.

El comunicado de Aerolíneas Argentinas informó que los descuentos salariales para el personal que participe en la huelga nacional se aplicarán como consecuencia de la jornada no trabajada, en el marco de la protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según la compañía, esta medida alcanza a los trabajadores que adhieran a la paralización y se agrega al impacto económico que la empresa calcula tras la cancelación masiva de sus operaciones. La situación afecta tanto a empleados como a miles de pasajeros, en medio de un escenario de fuertes movilizaciones sindicales en rechazo al proyecto legislativo.

De acuerdo con lo publicado por la empresa y reportado por medios como Europa Press, Aerolíneas Argentinas estimó que las pérdidas ocasionadas por el paro nacional alcanzarán los 3 millones de dólares, equivalentes a 2,54 millones de euros. La cifra surge tras la interrupción total de 255 vuelos programados en toda la red operativa de la compañía, una decisión tomada luego de que distintos gremios laborales confirmaran la medida de fuerza. Del total de vuelos afectados, 219 corresponden a operaciones de cabotaje, lo que involucra a casi 25.000 pasajeros, cifra que representa la mayor parte del flujo de usuarios perjudicados.

El informe de la aerolínea detalló que, además de las rutas nacionales, también se suspendieron 32 vuelos regionales, impacto que dejó a alrededor de 5.000 pasajeros sin alternativas de viaje para la fecha de la huelga. En el caso de los servicios internacionales, fueron cuatro los vuelos cancelados, lo cual afecta a aproximadamente 1.000 pasajeros adicionales. En total, según la empresa y como recoge Europa Press, el número de viajeros que quedaron sin su traslado supera los 31.000, únicamente en la operación de Aerolíneas Argentinas.

En un comunicado, la empresa estatal expresó: “La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”. Esta declaración busca subrayar la postura institucional frente a los pasajeros afectados y sostiene la perspectiva de continuidad de los servicios, pese a la compleja coyuntura planteada por la protesta.

Más allá del caso de Aerolíneas Argentinas, otras empresas vinculadas al transporte aéreo modificaron sus cronogramas y cancelaron vuelos como respuesta a la convocatoria sindical. Según consignó Europa Press, la compañía Latam Airlines informó alteraciones en las operaciones desde y hacia Argentina para el día del paro, adecuando su servicio ante la imposibilidad de garantizar la totalidad de los vuelos programados. Por su parte, JetSMART suspendió tanto sus vuelos internos como internacionales previstos para esa jornada, lo que implicó la cancelación de 96 rutas y una afectación directa sobre más de 17.000 pasajeros adicionales. Esta combinación de medidas derivó en un escenario de mayor incertidumbre y reducción de la oferta aérea para quienes tenían planificados desplazamientos desde o hacia el país.

La protesta sindical fue coordinada y convocada principalmente por la Confederación General del Trabajo (CGT), y recogió la adhesión de varios sectores vinculados al transporte, además de empleados de la Administración estatal, el comercio y representantes de trece sindicatos diferentes, según reportó Europa Press. El paro nacional se ejecutó el mismo día que la Cámara de Diputados debatía la reforma laboral propuesta por la presidencia de Javier Milei, un proyecto que, tras su aprobación en el Senado una semana antes, generó rechazo en amplios sectores sindicales y sociales.

La reforma laboral promovida por el Gobierno incorpora cambios sustanciales en las relaciones laborales del país. De acuerdo con Europa Press, las modificaciones contemplan restricciones a la realización de asambleas y huelgas, además de instaurar un banco de horas, sistema mediante el cual los empleados pueden compensar horas extras con tiempo libre en lugar de recibir un pago adicional. También introduce la figura de un “salario dinámico”, que permite a los empleadores estipular remuneraciones ya sea por tiempo o por rendimiento, incluyendo el sistema de comisiones individuales o colectivas.

Estos puntos motivaron a distintas organizaciones sindicales a convocar la paralización, en defensa de los derechos laborales y en oposición a lo que consideran un retroceso en las conquistas obtenidas en años previos. Europa Press resaltó la magnitud de la adhesión al paro, así como la extensión de las afectaciones directas tanto en el transporte aéreo como en otros sectores de la economía y los servicios públicos y privados del país.

El impacto en los usuarios de Aerolíneas Argentinas y otras aerolíneas que modificaron sus operaciones se tradujo en millares de reservas anuladas, interrupción de planes de viaje y reconfiguración de las redes de atención al cliente para intentar reprogramar servicios afectados. Los pasajeros, tanto argentinos como extranjeros, tuvieron que enfrentar la falta de alternativas inmediatas y demoras para obtener soluciones, dadas las restricciones impuestas por la huelga y el alcance de la medida nacional.

Mientras la Cámara de Diputados avanzaba en el tratamiento del proyecto de reforma, las empresas y los usuarios esperaban definiciones sobre la próxima reanudación de servicios y la eventual prolongación de las alteraciones durante los días siguientes. La magnitud de la protesta y las características del proyecto legislativo colocaron en el centro del debate nacional el futuro de las condiciones laborales en Argentina y la capacidad de respuesta del sistema de transporte aéreo frente a crisis de este tipo, según la información recopilada por Europa Press.

El paro convocado en Argentina por la Confederación General del Trabajo (CGT) trae como consecuencia la suspensión de más de 255 vuelos de Aerolíneas Argentinas y afecta a unos 31.000 pasajeros, con pérdidas calculadas en tres millones de dólares (2,5 millones de euros), de acuerdo con información publicada por diversos comunicados oficiales reseñados por la prensa. La medida se extiende a lo largo de 24 horas y tiene respaldo de múltiples sindicatos, abarcando trabajadores de transporte, administración pública y comercios, lo que provoca alteraciones significativas en los servicios esenciales del país. El motivo central de la protesta es la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cuyo debate y votación avanzan en la Cámara de Diputados, escenario de negociaciones intensificadas tras la reciente aprobación en el Senado.

El medio El País detalló que la huelga comenzó durante la madrugada del jueves, en coincidencia con la jornada parlamentaria en la que los diputados analizan el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Esta iniciativa recibió apoyo en la cámara alta la semana previa, con 42 votos a favor, 30 en contra y sin abstenciones, luego de 13 horas de debate. El texto avalado por el Senado incorpora modificaciones propuestas por el Ejecutivo y busca introducir cambios en la regulación del trabajo en Argentina. Entre los puntos centrales, la norma restringe la realización de asambleas y huelgas, establece un banco de horas que permitiría a las empresas compensar el tiempo de trabajo extra con descanso posteriormente, además de impulsar un esquema denominado “salario dinámico”, que podría fijarse tomando en cuenta el tiempo dedicado, el rendimiento presentado o comisiones individuales y colectivas.

La Confederación General del Trabajo, junto a otros 13 sindicatos, sostiene que la reforma representa un retroceso en derechos laborales y advierte sobre la afectación a la negociación colectiva, licencias y condiciones de trabajo. La paralización se suma a otras tres huelgas realizadas previamente bajo la administración de La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei, quien asumió la presidencia con la promesa de reestructurar aspectos fundamentales del aparato estatal y la economía. Según consignó El País, esta protesta masiva se produce en un contexto de creciente cuestionamiento sindical y social frente al rumbo de las políticas del Ejecutivo.

Uno de los puntos criticados por sectores opositores y parte de la coalición aliada al Gobierno se vinculó con el artículo 44 del proyecto original, que habilitaba reducir a la mitad el sueldo de quienes tomen licencia médica por accidentes o enfermedades no asociadas a tareas laborales. El Gobierno respondió a esta presión e introdujo cambios para ajustar esa cláusula, buscando viabilizar acuerdos con legisladores reticentes y disminuir el rechazo de amplios segmentos sociales afectados.

Según reportó El País, la paralización del transporte se traduce en interrupciones en trenes, colectivos y subterráneos, sumado a la cancelación de operaciones aéreas. Aerolíneas Argentinas comunicó que el cese de actividades deja sin servicio a decenas de miles de clientes dentro y fuera de la nación, impactando además en las operaciones económicas de la compañía estatal y en la conectividad de las principales ciudades del país. Otros gremios del sector público y privado definieron programas de adhesión total durante la jornada, lo que genera interrupciones adicionales en dependencias estatales, bancos y centros educativos.

El debate parlamentario sobre la Ley de Modernización Laboral avanza tras una sesión en el Senado que, según detalló El País, estuvo marcada por la extensión y la polarización de posiciones. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de ajustar las reglas laborales para dinamizar el mercado y facilitar la contratación, sindicatos y bloques opositores denuncian vulneraciones a derechos históricos y una reducción de la protección al trabajador. La votación en la Cámara de Diputados cobra así relevancia clave para el futuro del proyecto y la brecha entre el Ejecutivo y las organizaciones gremiales.

La CGT y otras centrales sindicales reiteran que mantendrán su postura de resistencia a las reformas consideradas lesivas, al tiempo que advierten sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones si el Congreso ratifica las disposiciones más cuestionadas del proyecto. El escenario polarizado también genera debate en la sociedad civil sobre los caminos para reactivar la economía y garantizar condiciones laborales dignas, según el análisis brindado por El País.

La huelga general forma parte de una secuencia de respuestas sindicales frente al paquete de reformas impulsado desde la Casa Rosada, que incluye transformaciones en otros ámbitos de la administración pública, la economía y la política social. Según El País, la gestión de Milei afronta así presiones crecientes tanto en el Legislativo como en la calle, con efectos concretos sobre la vida cotidiana y el funcionamiento de los servicios esenciales en las principales ciudades argentinas.

La nueva jornada de movilización también ocasiona demoras en la atención hospitalaria, baja disponibilidad en oficinas administrativas y limita el funcionamiento de los servicios públicos, alimentando la discusión pública en torno al impacto de las huelgas como herramienta de presión. Mientras tanto, la Cámara de Diputados mantiene su cronograma de sesiones para abordar el proyecto, observando la movilización que se produce en paralelo en distintos puntos del país según recogen medios como El País.

La incertidumbre sobre el desenlace de la votación mantiene expectantes a empleados, empresarios y organizaciones sindicales, en tanto la administración de Milei refuerza su planteo de reformas orientadas a flexibilizar el mercado laboral. El futuro inmediato queda condicionado por el resultado de estas horas en el Congreso y la capacidad del Gobierno para negociar modificaciones que permitan la aprobación definitiva de la ley sin desencadenar reacciones de mayor envergadura en el sector sindical, consignó El País en su cobertura.

La aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos este jueves, medida que alteró los planes de más de 31.000 pasajeros y generó pérdidas estimadas en 3 millones de dólares (2,5 millones de euros). Tal como consignó el diario La Nación, la interrupción fue una de las consecuencias visibles del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Argentina, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei y debatido en la Cámara de Diputados ese mismo día.

La acción sindical comenzó a la medianoche y durará 24 horas, abarcando múltiples sectores estratégicos como transporte, administración pública, comercios y otros servicios esenciales. Según informó La Nación, al paro se sumaron 13 organizaciones sindicales. Esto ocasionó una paralización de actividades a escala nacional, con especial impacto en el transporte de pasajeros, la gestión de servicios estatales y las operaciones de empresas de gran tamaño. Las alteraciones en los servicios se percibieron desde la madrugada, con terminales y estaciones registrando una baja significativa en el movimiento habitual, mientras los sindicatos ratificaban su rechazo a los cambios propuestos en las condiciones laborales.

De acuerdo con La Nación, la protesta sindical se articuló en una jornada señalada porque la Cámara de Diputados tenía previsto discutir y votar el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Milei. La iniciativa —ya avalada en el Senado la semana pasada por 42 votos positivos y 30 negativos, tras una sesión de 13 horas— plantea cambios que van desde la introducción de limitaciones a las asambleas obreras y el derecho de huelga, hasta la implementación de un banco de horas. Este mecanismo permitiría a empleadores y empleados acordar la compensación de horas extra con tiempo libre, como alternativa al pago adicional. Otra de las principales reformas propuestas es el establecimiento de un “salario dinámico”, que podría fijarse por tiempo o por rendimiento y permitir el pago de comisiones individuales o colectivas.

Los ajustes que promueve el proyecto han generado resistencia entre los sindicatos y entre algunos legisladores que forman parte del bloque oficialista o aliados. En respuesta a esas críticas, el Ejecutivo modificó el artículo 44 del proyecto original, que establecía que en caso de licencia médica por enfermedad o accidente ajeno a la labor, el salario del trabajador afectado podría reducirse hasta el 50%. Esta modificación busca atenuar el descontento y recuperar apoyos antes de la votación clave en la Cámara de Diputados.

La CGT y los gremios participantes argumentaron que la reforma supone un retroceso en derechos adquiridos y una precarización de las condiciones de empleo. Los servicios relacionados con el transporte, tanto aéreo como terrestre, resultaron entre los más afectados, con la suspensión de trayectos y cancelación de itinerarios que tenían un alto flujo de usuarios. Según reportó La Nación, el impacto económico de la huelga se calcula en varios millones de dólares, principalmente por la parálisis del transporte y la afectación al comercio y la industria.

El debate parlamentario sobre la reforma laboral se desarrolla en un contexto de alta tensión social y política. Miles de trabajadores salieron a las calles, y las principales organizaciones sindicales realizaron manifestaciones en el centro de Buenos Aires y en otras ciudades. Los puntos centrales de la protesta giran en torno al rechazo a la flexibilización de las condiciones de contratación y a la posibilidad de instaurar mecanismos salariales más variables y menos protegidos que los actuales.

El Gobierno de Javier Milei defiende la reforma argumentando que ayudará a modernizar el mercado de trabajo y a reducir los costos para las empresas, lo que, según sus proyecciones, podría incentivar la creación de empleo y la formalidad. La denominada Ley de Modernización Laboral, según publicó La Nación, pasó el filtro del Senado tras un debate extenso y se enfrentaba ahora a su último gran obstáculo legislativo. De aprobarse, provocaría cambios inmediatos en la normativa vigente, con repercusiones en la negociación paritaria, los mecanismos de representación sindical y las reglas sobre contratación y despidos.

El apoyo de 13 sindicatos clave, reportó La Nación, refuerza la magnitud de la protesta, que constituye la cuarta huelga general contra un gobierno argentino en lo que va de la actual administración. El paro se inscribe dentro de una seguidilla de movilizaciones que han buscado frenar reformas consideradas regresivas por distintos sectores de la sociedad. Entre los servicios que también se interrumpieron este jueves se encuentran el funcionamiento de algunas dependencias del Estado, bancos y establecimientos minoristas, muchos de los cuales adhirieron a la medida de fuerza total o parcialmente.

El medio La Nación detalló también que la decisión de Aerolíneas Argentinas de cancelar 255 vuelos afectó sobre todo a pasajeros que preveían viajar dentro de Argentina y hacia el exterior. Ante la suspensión del servicio, las autoridades de la empresa señalaron que los usuarios podrán reprogramar sin penalidad, aunque advirtieron que podrán existir demoras adicionales ante la alta demanda posterior a la huelga.

Los enfrentamientos entre el Ejecutivo y los sindicatos han ido escalando en las últimas semanas, especialmente desde que se anunció la inminente discusión legislativa del proyecto. Los legisladores oficialistas y opositores presentaron posturas encontradas mientras, fuera del Congreso, agrupaciones sindicales mantenían la protesta con asambleas y concentraciones. El impacto de la huelga en la vida cotidiana se reflejó en la reducción de opciones de transporte público, la alteración en el cronograma de vuelos y la disminución de la atención en organismos públicos, de acuerdo con diferentes testimonios recogidos por La Nación.

La reforma laboral representa el eje de confrontación actual entre el Gobierno de Milei y las principales fuerzas sindicales del país. Si bien el Poder Ejecutivo sostiene que el cambio responde a la necesidad de estimular la inversión y la modernización, las centrales obreras consideran que los trabajadores perderán garantías básicas y capacidad de negociación colectiva. El resultado de la votación en la Cámara de Diputados definirá la suerte del proyecto y marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical argentino.

La movilización de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en Bogotá no tiene un trasfondo salarial directo para la mayoría de sus integrantes, sino que responde a un criterio de “solidaridad” con quienes dependen del salario mínimo y enfrentan un rezago histórico en sus ingresos.

El gremio, que aglutina a 350.000 afiliados y representa a 34 sindicatos, decidió salir a las calles el jueves 19 de febrero en respaldo al incremento del 23,7% decretado para el salario mínimo por el Gobierno nacional, en medio de un debate sobre el alcance de esa medida y su impacto efectivo en la vida de los trabajadores colombianos.

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Aunque el ajuste del salario mínimo es interpretado como un avance, desde Fecode advierten que persisten desigualdades profundas entre los trabajadores. Para el presidente del sindicato, Domingo Ayala, el objetivo de la movilización va más allá del beneficio contractual de los docentes, que gracias a la negociación colectiva perciben sueldos por encima del mínimo.

El dirigente recalcó que el principio rector es el acompañamiento a toda la clase trabajadora: “Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”.

En diálogo con Mañanas Blu de Blu Radio, el líder sondical remarcó que la manifestación se basa en defender la figura de “salario mínimo vital”, consagrada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el marco constitucional colombiano.

La federación de educadores insistió en que, si bien los docentes oficiales no afrontan el impacto más fuerte de la inflación sobre el mínimo, dentro de la organización también existen trabajadores administrativos y empleados del sector educativo con condiciones laborales distintas.

Para Fecode, el incremento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno constituye sólo una parte de la solución, ya que aún no compensa el desfase acumulado en los últimos años. La discusión sobre la remuneración básica se sitúa en medio de críticas y resistencias sociales, pues la decisión fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado, lo cual ha elevado el nivel de incertidumbre respecto al futuro del ajuste salarial.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo expresó que la suspensión por parte del Consejo de Estado deja un escenario inédito para Colombia, cuya resolución podría marcar un precedente sobre la fijación de futuros incrementos y la seguridad jurídica en materia laboral.

La planificación de las protestas contempla movilizaciones en distintos horarios según el territorio, con una convocatoria central en Bogotá a las 2:00 p. m. desde la Asociación Distrital de Educadores (ADE) hasta la Plaza de Bolívar. En otras regiones, los sindicatos afiliados organizarán marchas en el transcurso de la mañana, fortaleciendo así el despliegue nacional de la federación.

La participación de Domingo Ayala en la jornada también generó controversia, por su aspiración simultánea al Senado por el Frente Amplio Unitario. El dirigente matizó al respecto que su presencia corresponde estrictamente a su rol sindical: “Mi presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato”.

El argumento central de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) radica en la defensa del derecho a un salario que permita condiciones de vida dignas, atendiendo a los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT. Aunque buena parte de sus afiliados reciben remuneraciones superiores al mínimo, la federación mantiene el compromiso de acompañar a sectores educativos menos favorecidos y de sumarse a la lucha colectiva por los derechos sociales.

Según las cifras actuales, Fecode representa cerca de 350.000 personas y ejerce influencia en la agenda laboral nacional. Su presencia activa en estas protestas resalta el peso simbólico y real que el sindicato ostenta dentro del contexto colombiano de representación gremial docente.

Las marchas por el salario mínimo se programan en diversos puntos de Bogotá

Diversos puntos de Bogotá fueron señalados como sitios de encuentro para las marchas programadas el jueves 19 de febrero de 2026.

La Universidad Pedagógica Nacional será el lugar de inicio de la movilización llamada “por la dignificación de los trabajadores”, donde los participantes avanzarán hacia la Plaza de Bolívar a partir de las 11:00 a. m..

Entre las actividades previstas, destaca en la localidad de Engativá una concentración artística que lleva por nombre “Movilización artística y cultural por los derechos y condiciones laborales dignas de artistas”.

Por otra parte, en la calle 26 con avenida carrera 68 está convocado un grupo cuyo destino final aún no ha sido confirmado; el punto de partida está fijado para las 2:00 p. m..

En la localidad de Santa Fe, frente al outlet de Adidas, está prevista una marcha que comenzará en la carrera séptima número 17-34 con rumbo a la Plaza de Bolívar desde las 3:00 p. m.. Según los organizadores, este recorrido lleva el lema “dignidad y lucha”.

La Asamblea de Estudiantes de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia declaró un paro académico hasta el 24 de febrero de 2026, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ordena el retorno de José Ismael Peña al cargo de rector.

La medida se fundamenta en el rechazo a lo que los estudiantes califican como un atropello a la autonomía universitaria, así como en el temor de que la administración priorice intereses particulares por encima de la educación pública.

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Desde el sector estudiantil, se anunciaron acciones adicionales, entre ellas la suspensión del pago del segundo y tercer recibo de matrícula como forma de presión y protesta.

Al mismo tiempo, presentarán a la Corte Constitucional una solicitud de revisión de la sentencia del Tribunal Superior, alegando perjuicio para la educación universitaria y vulneración de derechos fundamentales.

La asamblea comunicó el cese de actividades académicas, a excepción de aquellas vinculadas a la investigación, experimentación, participación en eventos, gestión de becas y ejecución de contratos. El comunicado expresa: “Defendemos nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, donde el conocimiento y el poder popular florezcan en libertad”.

Los estudiantes de posgrado de la UNal sostienen que la resolución judicial no solo contradice la voluntad de la comunidad universitaria, sino que constituye “un ataque frontal a la autonomía universitaria”, subordinando la institución a intereses económicos y mercantilistas de una minoría.

Aluden a una crisis ética dentro de la universidad, manifestada en designaciones “a dedo“, falta de financiación para proyectos de investigación y matrículas elevadas en los posgrados. Según el comunicado, “la universidad se ha olvidado de su carácter público, diverso, incluyente y territorial”.

Adicionalmente, en el texto se rechaza de manera categórica las recientes declaraciones del profesor Camilo Younes, que habría relacionado a directivas universitarias con grupos al margen de la ley a través de redes sociales, calificando esas afirmaciones como irresponsables y peligrosas para la integridad de la comunidad.

El pliego dado a conocer por la asamblea incluye la exigencia de renuncia inmediata de Ismael Peña, argumentando “carencia de legitimidad y respaldo de los estamentos universitarios”.

Además de la solicitud de revisión constitucional del fallo, piden la rectificación pública del profesor Younes y una investigación formal sobre el candidato Jorge Castillo, a quien acusan de perseguir y estigmatizar a miembros de la comunidad universitaria en la sede Bogotá.

En cuanto al aspecto financiero, los estudiantes reiteran: “No pagaremos el segundo y tercer recibo de matrícula como comunidad de Posgrados. Nuestros fondos no financiarán una idea de universidad movida por intereses particulares y empresariales”.

En contraste con la postura estudiantil, el Sindicato de Empleados Públicos Docentes Atenea exhortó al respeto del fallo judicial. Para este gremio, acatar las decisiones de los jueces es una condición básica para el funcionamiento de la institucionalidad democrática y la estabilidad de la universidad. Resaltaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) debe garantizar la continuidad de las actividades misionales y facilitar la entrega del cargo a Peña.

El sindicato también hizo un llamado a los profesores para que continúen con sus labores académicas, recordando la obligación de formar ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes: “Tenemos deberes de formación en lo estrictamente curricular, pero también en la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes”.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá reabre el conflicto en torno a la designación del rector para el período 2024-2027 en la Universidad Nacional de Colombia, iniciado en marzo de 2024 con la elección de Peña por parte del CSU. En septiembre de ese año, el Consejo de Estado había decidido no anular el nombramiento de Peña, aunque aclaró que ello no implicaba su retorno inmediato al cargo.

Posteriormente, en noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera Ruiz, quien dejó el puesto días más tarde. Peña, respaldado en la sentencia de septiembre, sostuvo que seguía vigente su derecho a ejercer la rectoría, motivo por el cual interpuso una tutela.

En primera instancia fue rechazada, pero ahora el Tribunal Superior falló a favor de Peña, amparando sus derechos al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos, y ordenando al CSU concretar su posesión en menos de 48 horas.

El sector estudiantil denuncia que la reciente decisión judicial acentúa una tendencia en la que, según la asamblea, la justicia favorece intereses alejados del bienestar colectivo, relacionando el fallo con controversias previas, como la concerniente al salario mínimo vital.

Reiteran la necesidad de unidad y deliberación colectiva para enfrentar lo que consideran una crisis institucional que amenaza la continuidad y calidad de sus procesos de formación.

Los hechos se producen en un ambiente de alta tensión al interior de la universidad, con denuncias de presiones políticas, señalamientos de persecución interna y llamados urgentes a la defensa de la educación pública.

Una de las acciones detalladas en los expedientes presentados destaca la aparición de una imagen de Blanca Gastalver, delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, en un cartel que simula una ficha policial y que le atribuye un supuesto delito. Según documentación a la que accedió Europa Press, Gastalver relaciona estos actos con el hecho de pertenecer al grupo político y al equipo de gobierno municipal; a su juicio, se trata de una campaña motivada únicamente por esa condición. La denuncia se centra en el incremento de hechos presuntamente intimidatorios dirigidos hacia miembros del gobierno local en el contexto del debate sobre la externalización del servicio de limpieza de los colegios.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la delegada municipal presentó este miércoles una ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 3 de febrero, dirigida a varios presuntos empleados municipales de limpieza no identificados. El escrito extendido recoge acusaciones de insultos, actos de intimidación y lo que la denunciante define como una campaña sostenida de presión, que incluiría pintadas en diferentes zonas de la ciudad y pegatinas en contenedores situados en las cercanías de su domicilio. La representante municipal sostiene que estas conductas buscan restringir el ejercicio libre de los derechos de los miembros de la corporación y forzarles a actuar bajo los criterios de aquellos implicados en las acciones denunciadas.

Tal como publicó Europa Press, Gastalver considera que el "modus operandi" descrito denota una intención de coartar la libertad de los ediles y de condicionar sus decisiones en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Entre las pruebas aportadas se encuentran imágenes de pancartas y pegatinas, así como referencias a pintadas detectadas tras los primeros episodios de hostigamiento. Entre estos, la imagen personal de la edil utilizada en una simulación de ficha policial constituye uno de los elementos subrayados en la ampliación de la denuncia.

El documento entregado ante la Fiscalía expande los hechos inicialmente reportados para incluir un nuevo posible delito de odio. La denuncia ampliada se suma a la presentada a comienzos de mes que involucraba, además de Gastalver, al delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores. Según relata Europa Press, ambos responsables municipales fueron insultados e intimidados al salir del Ayuntamiento por lo que describen como un numeroso grupo de personas, presuntamente trabajadores municipales de limpieza, quienes los siguieron por las calles durante su trayecto a pie.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press detallaron que los delegados buscaron refugio en el edificio Laredo, situado junto a la Plaza de San Francisco, tras recibir una serie de insultos y amenazas. Mientras aguardaban la llegada de agentes de la Policía Nacional, uno de los manifestantes dirigió la frase "sabemos donde vives" a los concejales, agregaron las mismas fuentes.

El medio Europa Press reportó que estas acciones se insertan en el marco del creciente malestar existente por la propuesta del Gobierno municipal de Sevilla para externalizar el servicio de limpieza de los colegios. Los sindicatos del comité de empresa convocaron una manifestación para el jueves, coincidiendo con la fecha posterior a la presentación de la ampliación de la denuncia. Este contexto ha intensificado la tensión entre trabajadores y responsables municipales, en especial ante la inminencia de movilizaciones y el debate público sobre el futuro del servicio de limpieza escolar.

Fuentes del propio Ayuntamiento de Sevilla, según consignó Europa Press, vinculan la escalada de tensión y las acciones de intimidación directamente con la discusión sobre la gestión del servicio de limpieza en los centros escolares municipales. El traslado a la Fiscalía y la extensión de la denuncia buscan que se investiguen estos hechos bajo la posibilidad de que constituyan delitos que trascienden la mera protesta sindical, afectando la normalidad institucional y la seguridad de los miembros del gobierno local.

A lo largo del proceso, la Fiscalía mantiene bajo análisis la documentación y los testimonios aportados por los denunciantes, incluyendo registros fotográficos de las pintadas, las pegatinas y pasquines, así como declaraciones sobre el desarrollo de los hechos que involucraron amenazas directas. Europa Press precisó que continúan las diligencias para identificar a los presuntos responsables de estas acciones y determinar la naturaleza y alcance de los posibles delitos investigados, incluyendo la figura del delito de odio recogida en la legislación española.

"Ojalá en vez de entrar a la guardia a las 8 de la mañana hubiera podido entrar a las 3 de la tarde", afirmó Mónica García al recordar su etapa laboral en el Sistema Nacional de Salud, valorando de manera positiva los cambios introducidos en el nuevo Estatuto Marco. De acuerdo con información publicada por el medio, la ministra de Sanidad rechazó la creación de un reglamento específico para el colectivo médico y defendió que la normativa actual ya incorpora los avances materiales posibles sin interferencias en las competencias de otras leyes y de los gobiernos autonómicos.

Según informó la fuente, la titular de Sanidad explicó que el Estatuto Marco surgió de la negociación y el consenso alcanzado con las principales organizaciones sindicales, que representan mayoritariamente a los trabajadores sanitarios, incluidos los médicos. Entre las agrupaciones implicadas en la elaboración del texto final se encuentran CCOO, UGT, CSIF y SATSE. La ministra remarcó que la inclusión de estos sindicatos legitima el acuerdo, ya que el proceso de diálogo se extendió durante más de tres años y en las reuniones participaron profesionales médicos.

Durante una intervención en los pasillos del Senado, Mónica García aclaró que el Ministerio de Sanidad descarta la elaboración de un estatuto exclusivo para el colectivo médico con el argumento de que la atención a la salud se organiza de manera multidisciplinar y que "la sanidad trabaja de manera multidisciplinar". La ministra manifestó: "No lo vamos a hacer porque no creemos en ello y porque la sanidad trabaja de manera multidisciplinar", enfatizando la importancia de no fragmentar el sistema sanitario nacional.

De acuerdo con el mismo medio, ante la convocatoria de huelga por parte de ciertos sindicatos médicos, García recordó que quienes impulsan la paralización cuentan con la posibilidad de impulsar una regulación propia a través de un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. En ese sentido, reiteró que las demandas relativas a la dotación de las plantillas, las políticas retributivas, la regulación de turnos, las guardias y la organización interna pertenecen a la gestión de las comunidades autónomas, no al Gobierno central.

Al ser consultada por el desgaste de su imagen frente al conflicto, la ministra declaró que se ha "desgallitado" al intentar comunicar las razones que motivan la huelga y puntualizó que, en su experiencia como médica del Sistema Nacional de Salud hasta 2022, nunca se encontró con reclamaciones similares respecto al Estatuto Marco. Detalló que la revisión de la normativa se mantuvo guardada durante más de dos décadas y que al promover los cambios actuales se generó una reacción considerable por parte de algunos sectores que consideran insuficientes los nuevos derechos laborales que otorga el texto.

Según publicó el medio, García destacó que los avances materiales incluidos en la revisión del Estatuto dependen en su mayoría de las autoridades autonómicas, enfatizando que cualquier cambio sobre aspectos como los recursos humanos, la mejora de las condiciones de trabajo y la organización de los servicios debe ser gestionado desde las consejerías de salud regionales. La ministra insistió en que el Ministerio de Sanidad no intervendrá en competencias autonómicas ni contravenirá la legislación vigente, postura que reiteró al rechazar solicitudes que impliquen segregar el sistema sanitario nacional.

Por último, la ministra aseguró que continuará defendiendo ante las distintas instancias la mejora de las condiciones laborales en el sector, aunque reconoció la existencia de opiniones divergentes sobre el alcance de las reformas. En su intervención, García instó a dirigir las reivindicaciones sobre temas laborales directamente a las administraciones autonómicas por corresponderles esas competencias, según reportó la fuente.

El monto del salario mínimo en Colombia alcanzará los dos millones de pesos colombianos (aproximadamente 460 euros) para el año 2026 si se consideran los subsidios de transporte otorgados, superando así los 1,7 millones de pesos actuales (unos 391 euros). Esta decisión fue sostenida en las conclusiones recientes de la Comisión de Concertación, donde representantes empresariales, sindicales y del Gobierno debatieron las alternativas tras la suspensión temporal del decreto inicial que establecía el alza. Según informó el medio original, esta medida fue confirmada pese a las advertencias del Consejo de Estado, que exigió un nuevo decreto transitorio para formalizar legalmente el aumento.

El Consejo de Estado comunicó la suspensión provisional el viernes anterior, argumentando que el decreto para fijar el aumento debía estar respaldado por criterios técnicos, como la meta de inflación establecida por el Banco de la República, la inflación real del año anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno quedó obligado a emitir en un plazo de ocho días un nuevo acto normativo que ratificara el porcentaje de incremento utilizando estos parámetros. El medio detalló que el Gobierno defendió la continuidad de la subida del 23,7% del salario vital para 2026 en el decreto transitorio que se publicará, decisión que ha contado con el respaldo mayoritario de los sectores empresariales, según expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Antonio Sanguino explicó que, en términos generales, los empresarios en la comisión consideran inconveniente reducir el ajuste del 23,7%. Añadió que, pese al visto bueno de todos los sectores convocados, el avance alcanzado en la Comisión de Concertación representa, en sus términos, un "triunfo parcial", ya que la medida cautelar del Consejo de Estado mantiene la incertidumbre sobre la consolidación definitiva del incremento. De acuerdo con el medio de referencia, Sanguino subrayó la vigencia de la movilización convocada para el jueves, ratificada desde la postura oficialista como una forma de respaldar la decisión del Gobierno, mientras se resuelve la suspensión establecida por el alto tribunal administrativo.

El presidente Gustavo Petro, según reportó el medio, instó recientemente a sus seguidores a participar en las manifestaciones del jueves en todo el país para apoyar el aumento del salario mínimo, destacando su importancia en el actual contexto económico y social. En un discurso dirigido a la nación el domingo pasado, Petro enfatizó la necesidad de este respaldo ciudadano mientras el Ejecutivo tramita el decreto requerido por el Consejo de Estado.

La justificación para mantener la subida del salario mínimo encuentra base en varios indicadores económicos favorables obtenidos en el último ciclo. Sanguino afirmó que la reducción del desempleo —que pasó del 10,3% en 2022 al 8,9% proyectado para 2025—, la creación de 791.000 nuevos empleos formales, el crecimiento en el número de empresas registradas y la disminución de la inflación —del 13% en 2022 al 5,1% estimado para 2025—, fundamentan la posición del Gobierno de mantener la política de aumento salarial, según detalló la fuente original.

El medio destacó que la exigencia del Consejo de Estado precisó la necesidad de que cualquier ajuste salarial para 2026 se fundamente en variables técnicas y consensuadas, en un proceso donde participan empresarios, sindicatos y el Estado. La Comisión de Concertación, marco habitual de aprobación de estos incrementos, reúne a los principales actores económicos y sociales con el fin de evitar decisiones unilaterales en materia de política salarial. La participación y respaldo de los distintos sectores afianzan, a juicio del propio ministro Sanguino, la legitimidad del acuerdo alcanzado, aunque persistan incertidumbres jurídicas por la intervención del tribunal administrativo.

La decisión de mantener el alza salarial para 2026 se sustenta, de acuerdo con el medio, en un escenario donde los indicadores económicos muestran recuperación y mejora en el mercado laboral. En contraste, la posición del Consejo de Estado busca garantizar la observancia de procedimientos legales y de criterios técnicos, en aras de la seguridad jurídica y la sostenibilidad económica de la medida.

El aumento salarial anunciado incide de manera directa en el poder de compra de la población trabajadora y en las obligaciones de los empleadores colombianos. El Gobierno argumenta que el ajuste facilitará una mejor distribución de los ingresos y contribuirá al dinamismo económico, objetivos que —según la fuente consultada— alinean la política salarial con las metas macroeconómicas y sociales de la administración de Gustavo Petro.

El seguimiento para la publicación del nuevo decreto transitorio, así como las reacciones de los diversos actores sociales y económicos ante la ratificación del ajuste, marcarán el desarrollo de la agenda nacional en los próximos días. El resultado del proceso estará determinado por el balance entre la voluntad política del Gobierno, las exigencias legales del Consejo de Estado y el respaldo social evidenciado en las convocatorias a la movilización ciudadana.

El gobierno nacional enfrenta una jornada cargada de complejidad en la Cámara de Diputados de la Nación de cara a lo que será esta tarde el debate en el plenario de comisión de la ley de reforma laboral. El proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores enfrenta cada vez más críticas de los sectores de la oposición que, aunque no logran ponerse de acuerdo, discuten sobre la posibilidad de varios de sus artículos.

El primero de ellos es el de las licencias por enfermedad, que el rechazo fue tan grande que La Libertad Avanza anunció en el inicio del debate en comisión que será eliminado del proyecto . El artículo 44 del proyecto, vale recordar, eliminaba el pago del 100 % de las licencias y las reducía de 12 a 6 meses y al 75 % y 50 % del salario de convenio dependiendo de la enfermedad.

Pero en las próximas horas se podría terminar de organizar la oposición en busca de otras modificaciones en el texto que el oficialismo quiere llevar al recinto mañana mismo.

El oficialismo convocó a sesión en Diputados este jueves a las 14

La Libertad Avanza busca dejar suficiente tiempo al Senado para que pueda ratificar o revertir las modificaciones antes de que terminen la sesiones extraordinarias. El objetivo es que el presidente Milei pueda incluir la reforma laboral en su discurso de apertura de sesiones, el 1 de marzo.

El jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, anunció que retirarán el artículo 44 sobre licencias por enfermedad y accidentes. Pero también adelantó que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El sector Fintech reclamó que se vuelva a incluir el artículo que permitía recibir el sueldo en billeteras virtuales

Según Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, volver a incluir el artículo 35, que fue eliminado en el Senado, “no implica reemplazar el sistema bancario sino reconocer una transformación que ya ha ocurrido”.

“Hoy 8 de cada 10 personas utilizan una billetera digital. Hay seis millones de argentinos que reciben créditos del sector Fintech”, dijo.

Un ejecutivo de Rappi aseguró que la reforma “interpreta bien las necesidades de los trabajadores de plataforma”

El Director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, aseguró que en Argentina 15 mil comercios utilizan su plataforma y destacó que según sus estadísiticas y las de la empresa Pedidos Ya “el 65% de los trabajadores de plataforma se conectan menos de 3 horas por día”.

“La posibilidad de elegir el día, la hora y el tiempo es el principal reclamo. Este proyecto interpreta bien las necesidades de los trabajadores”, afirmó.

La CGT cuestionó la reforma laboral: “Están atrevidos y muy agrandados”

En su intervención, una de las cabezas de la CGT, Cristián Jerónimo, aseguró que “en el 2001, cuando fracasó un proyecto que era muy parecido a este, los legisladores pagaron un costo muy alto” y remarcó: “Está muy claro que el FAL desfinancia el sistema previsional”.

En tanto, Octavio Arguello, otro de los líderes de la central obrera, apuntó: “Aquel que dé quórum está traicionando al pueblo. Hoy están atrevidos y muy agrandados. No sea cosas que mañana se dé vuelta la torta. No traicionen al pueblo trabajador porque vamos a hacer tronar el escarmiento”,

Postales de la sesión en Diputados

Jorge Sola: “Desde la CGT venimos a expresar nuestro rechazo absoluto a este proyecto”

En su intervención, el secretario general de la CGT señaló: ““Desde la CGT venimos a expresar nuestro rechazo absoluto a este proyecto. ¿Qué moderniza? No se habla de robótica, de nuevas tecnologías o IA, ni de nuevos modos de relaciones de trabajo. Se habla de quita de derechos y de debilitamiento de derechos colectivos. Además hay una gran transferencia de recursos de los trabajadores al sector empleador. Se bajan los aportes patronales y se crea el FAL, implica una transferencia de 6 mil millones anuales”

El Gobierno confirmó en Diputados que retirará el artículo de las licencias médicas de la reforma laboral

Lo anunció el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados

LA PREVIA AL DEBATE EN COMISIÓN

El plenario de comisiones que se realizará hoy por la tarde contará con la presencia de las tres centrales obreras. La CGT y las dos CTA se presentarán esta tarde a las 14 horas invitadas por el bloque de Unión por la Patria para exponer en el plenario de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

La intención es que la presencia de los jefes de las centrales obreras generen algún tipo de presión en el posicionamiento de los bloques que hoy se encuentran aún debatiendo diferentes opciones. Sin embargo, los más escépticos señalan que será “pour la galerie” ya que tendrán “5 minutos para exponer, es nada”.

Los más optimistas hacen referencia a que la presencia del mundo sindical se realiza en medio del cierre de la planta de FATE con una nómina de 950 empleados despedidos, uno de los cierres más grandes de los últimos tiempos. “Esto es un gran quilombo, es una planta enorme que cierra por la apertura de las importaciones y deja a casi mil personas sin trabajo, es una barbaridad”, explicaron.

Cruje el FAL

Desde uno de los bloques de la oposición que busca posicionarse como “racional” afirmaron a Infobae que irán al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, y van a empujar “más modificaciones” en el texto y los cañones apuntan al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

“Estamos trabajando para cambiar la redacción de este artículo, hay movimientos con el bloque de Provincias Unidas y con el de Innovación”, señaló la fuente.

Parte de esto se pudo ver en la votación en el Senado donde varios legisladores que responden a gobernadores se mostraron contrarios al Fondo de Asistencia. “Los números están muy finos. Esto más el capítulo que contiene la eliminación de los estatutos profesionales hoy están crujiendo”, agregó la misma fuente.

Consultado si se podría sumar a esto el PRO y la UCR, el legislador lo descartó señalando que esos bloques “están del otro lado” en relación a que funcionan como satélites de La Libertad Avanza.

Pero desde que el gobierno admitió el “error” en el artículo 44, se abrió la puerta a los reclamos de todos. Tanto es así que desde el PRO, que acompaña sin diferencias al oficialismo, señalaron que van a pedir más cambios en el articulado.

El titular del bloque, Cristian Ritondo, señaló que su bloque va a insistir en modificar el artículo referido al pago de salarios para incorporar nuevamente a las billeteras virtuales como opción para que los trabajadores elijan cómo y dónde cobrar sus haberes. Pero ese no es el único cambio que buscará empujar.

Los amarillos van a impulsar los cambios sobre los aportes compulsivos a los sindicatos. La norma que se debate establece una baja del 4 % al 2 %, pero, aunque en el primer borrador que circuló establecía que el pago compulsivo tenía fecha de caducidad, en el texto del proyecto que obtuvo media sanción en el Senado se eliminó ese plazo, así como también que las empresas dejen de ser los agentes de retención y que sean los empleados los que digan si quieren realizar el pago o no.

El único sector que se mantiene aliado y sin cambios es el bloque de la UCR, que aunque impulsó la eliminación del aporte sindical compulsivo junto al PRO, en esta ocasión no lo hará.

“Lo de los amarillos es una sobre actuación para empujar lo de las billeteras. Nosotros trabajamos en conjunto con los senadores radicales y no vamos a proponer más cambios que no sea la necesidad de aclarar el punto de las licencias por enfermedad”, señaló a Infobae una alta fuente de la UCR.

Poroteo

Todo se terminará de definir durante el día de hoy pero desde el domingo pasado, cuando el oficialismo reconoció cambios, el número con el que contaba fue mutando.

Aunque en el oficialismo y sus satélites señalan que cuentan con “134 votos, en algún capítulo más, en otros menos”, la oposición hace otras cuentas.

Los bloques de la La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID, reúnen 122 diputados. Para poder aprobar el capítulo del FAL necesita sumar 10 más.

El bloque de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Innovación, Marcela Pagano, y Natalia De la Sota, que se oponen al texto, suman 33.

Incluso si el oficialismo suma a los 3 diputados de Tucumán y los 3 de Catamarca, que en el Senado votaron en contra del FAL, no les alcanzaría para imponerse en el recinto.

Luego de que la CGT confirmara el paro general de 24 horas previsto para este jueves, los gremios aeronáuticos anunciaron que adherirán a la medida de fuerza, lo cual afectará los vuelos tanto nacionales como internacionales durante la jornada.

El parate de actividades responde al tratamiento de la reforma laboral por parte de la Cámara de Diputados, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. Puntualmente, los sindicatos del sector fueron uno de los más combativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las tensiones fueron escalando, motivadas principalmente por cuestiones salariales, cambios en regulaciones laborales y un proceso de desregulación y la posible privatización de empresas como Intercargo y Aerolíneas Argentinas.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad, así como limitar el derecho a huelga”, sostuvieron los gremios.

“Hoy ratificamos esa posición con hechos. En unidad de acción, defendemos nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales y el futuro de la aviación argentina. La gravedad del contexto exige firmeza, coherencia y acción colectiva para poner un límite a cualquier intento de flexibilización”, agregaron.

Aclararon que cada organización comunicará internamente y por sus canales habituales el instructivo de paro, detallando día y horarios.

Por su parte, APA manifestó: “Como venimos denunciando, esta reforma solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora. Esta lucha no es nueva para nosotros. Como sindicato, venimos manteniendo una férrea defensa de nuestras fuentes y condiciones de trabajo tanto de las y los trabajadores en todas las empresas del sector aeronáutico, sean privadas o empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”.

“Hemos demostrado coherencia en la lucha, defendiendo siempre los intereses de los trabajadores y trabajadoras. No vamos a claudicar ante las políticas de ajuste y entrega que busca implementar el gobierno de Javier Milei. iNo a la reforma laboral!“, expresaron.

Además, convocaron a sus afiliados a movilizarse a las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

En tanto, si bien las lowcost JetSmart y Flybondi tienen sus propios sindicatos, la cadena de suministro, incluyendo por ejemplo el combustible, no está asegurada para que la operación de desarrolle con normalidad.

En cuanto a los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), no podrán adherir al paro porque no les dan los tiempos para notificar un cronograma, dado que son servicio público esencial, pero indican que casi no habrá vuelos.

De todos modos, el gremio, que llevó a cabo una serie de paros en diciembre en reclamo salarial, expresó a través de sus redes sociales el acompañamiento al paro, asegurando que la reforma laboral implica pérdida de derechos y genera salarios más precarizados. Llamaron a defender su convenio colectivo de trabajo, la seguridad operacional, el trabajo digno y la organización sindical.

En este contexto, es recomendable:

• Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.
• Revisar las notificaciones oficiales y canales de comunicación de las compañías aéreas.
• Mantenerse informado a través de los sitios web de los aeropuertos y redes sociales.
• Considerar la posibilidad de reprogramar el viaje o solicitar cambios sin penalidad, si la aerolínea lo permite.

Qué harán el resto de los gremios de transporte

Más allá de los vuelos, la mayoría de los medios de transporte se verán afectados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió a último momento adherir a la medida de fuerza. Existían dudas sobre su participación, ya que en el paro general convocado por la CGT el 10 de abril varios colectivos circularon debido a que el gremio se encontraba bajo conciliación obligatoria por un conflicto salarial.

El resto de los sindicatos del sector transporte también participará, incluyendo la Unión Ferroviaria, encabezada por Sergio Sasia; La Fraternidad, que representa a los maquinistas de trenes con Omar Maturano al frente; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

De esta manera, el gobierno libertario afrontará la cuarta medida de este tipo convocada por la CGT desde que asumió.

“Lo más importante de la ley es que rompe con el espíritu marxista de trabajadores contra empresarios. Ya no es una lucha de clases de unos contra otros, sino que se entiende que hay un sentido colaborativo”, sostuvo la legisladora, en una entrevista para Infobae en vivo.

La diputada oficialista, alineada con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó el objetivo de adaptar la legislación a los desafíos actuales: “Hay que encontrar las formas de trabajo que se adaptaban al mundo de 1960 de la Argentina industrial que ya no existe, sino como se está laburando hoy en la Argentina”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, compuesto por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Ajmechet lamentó que “en los últimos días se perdió dimensión de lo que estamos haciendo con la reforma laboral, de los problemas que tenemos en Argentina con el trabajo y que la reforma busca ir solucionando”.

Además, reconoció que “falta mucho” en avanzar en otros puntos, pero pero destacó el aval del Poder Legislativo logrado en el Senado. Por lo tanto, minimizó que algunos bloques estén proponiendo más modificaciones. “Esto que está sucediendo es un buen laburo del Congreso, que una Cámara haya aprobado un proyecto que después llega a Diputados, y que lo seguimos revisando”.

Tras la aprobación en el Senado, la discusión legislativa se tensó por el artículo 44, que proponía descuentos salariales durante el goce de licencias por enfermedad. Ajmechet confirmó que la decisión del oficialismo es postergar la cuestión y retirar el punto.

“Dejamos esta discusión para más adelante, la sacamos de esta ley laboral porque nos estamos metiendo con un tema que sabemos que es real, que es el problema de las licencias. La solución que encontró el artículo 44 es mala. Ahora lo vamos a dejar de lado, pero hay un tema ahí que en algún momento habrá que discutir, porque la Argentina tiene situaciones de irregularidad con licencias que otros países no tienen”, fundamentó.

Reformar los sindicatos

La diputada insistió en que la polémica por el artículo 44 no debe opacar la media sanción y apuntó contra el sindicalismo, al asegurar que “no es una reforma con la que están contentos”. “A ellos les encantaría que no hubiera ninguna reforma y lo vienen logrando hace décadas”.

Por otro lado, planteó: “Me encantaría cambiar la ley sindical. Hay proyectos en el Congreso que a mí me gustan mucho de democratización de las organizaciones sindicales, llamémoslo como queramos. Pero no tenés los votos suficientes. No es que el Gobierno no los pone”.

Al evaluar sobre la postura de la CGT y lo gremios, Ajmechet consideró que "lo que licúa el poder de los sindicatos es su pérdida de representación que vienen teniendo hace décadas”. “Decidieron no defender a los trabajadores, sino preocuparse por ellos y preocuparse por el partido peronista. Y ahí abandonaron su verdadera razón de existencia”, opinó.

Y agregó: “Estoy absolutamente convencida que perdieron representatividad, pero no estoy diciendo que no tienen ninguna relevancia. Hay que hablar con los diferentes sectores, no solamente puedo hablar con aquellos que representan y se mueven como a mí me gusta”.

Reducir el costo laboral

Al analizar el núcleo de la reforma, Ajmechet aseguró que "va a ayudar primero a que se blanquee el trabajo", y explicó que los empleadores tendrán un año para regularizar a sus empleados. “Se baja todo lo que es costo laboral para los nuevos empleos de acá a cuatro años”. Y lo ilustró con un ejemplo: “El empleador de $100 que pone para pagar el sueldo, solamente $60 le llegan al empleado. El resto son cargas sociales, que son altas”.

Para Ajmechet, la informalidad laboral responde a “los altos costos laborales, que acá se busca bajarlos, y por otro lado, a las industrias de juicio”. Y si bien aclaró que la reforma “no soluciona todos los temas”, el oficialismo tendrá “que seguir trabajando”.

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Algunos sindicatos de comunidades autónomas han decidido recurrir a la vía judicial para denunciar la imposición de servicios mínimos que, según detalló la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), equivalen o incluso superan a los instruidos durante huelgas previas, como la convocada en diciembre del año pasado. Estos servicios mínimos, según la organización sindical, alcanzan hasta un 75 por ciento en áreas no esenciales y el 100 por ciento en servicios esenciales en determinadas regiones, una medida que el colectivo califica como excesiva. CESM enfatiza que en periodos vacacionales las plantillas en dichos servicios suelen operar con alrededor del 40 por ciento de su personal, lo que pone en tela de juicio la proporcionalidad de los actuales mínimos establecidos para la huelga.

De acuerdo con la información divulgada por CESM, la primera jornada de huelga nacional, que tuvo lugar este lunes y que reivindica la aprobación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, contó con una adhesión promedio del 90 por ciento en Atención Hospitalaria y del 85 por ciento en Atención Primaria, si se consideran todas las comunidades autónomas. La entidad sindical reportó su satisfacción por lo que describen como una participación significativa, ubicando el seguimiento entre el 85 y el 90 por ciento. Tal como consignó el medio que recopiló los datos de CESM, la organización considera estos resultados un éxito, sobre todo dado el contexto de amplias restricciones en los servicios mínimos decretados durante la protesta.

CESM reiteró que el objetivo central de la convocatoria y de los cinco días de paro programados radica en mejorar las condiciones laborales del colectivo médico y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria pública. Los representantes del sindicato pidieron disculpas a los pacientes por las molestias ocasionadas y argumentaron que la protesta pretende evitar la pérdida de efectivos en el Sistema Nacional de Salud, algo que, advierten, está relacionado con situaciones de maltrato institucional acumuladas desde hace años. Insisten en que mantener dignidad en el trabajo y buenos entornos laborales resulta esencial para asegurar la atención que demanda la ciudadanía.

La jornada de huelga de este lunes se produce después de una manifestación celebrada el pasado sábado en Madrid. Según cifras proporcionadas por la Delegación del Gobierno, cerca de 5.000 médicos y facultativos participaron en la concentración, que constituyó una muestra pública de rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad en acuerdo con los sindicatos del Ámbito de Negociación. Durante esa protesta, los asistentes insistieron en la necesidad de reclamar un texto adecuado y específico para el grupo profesional de médicos y facultativos, señalando que el documento propuesto no responde a las necesidades ni garantiza la protección requerida para las condiciones laborales del sector.

Tal como indicó el medio que cita a CESM, los cinco días de huelga programados forman parte de un calendario de protestas más amplio, con nuevas movilizaciones previstas hasta el mes de junio. Tras esta primera semana de paros, se han fijado nuevas fechas: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. CESM explicó que la intención de estas acciones sucesivas radica en presionar a las autoridades para que accedan a negociar un marco legal acorde a las realidades y reivindicaciones del colectivo médico, diferenciando su estatuto del firmado para otros grupos profesionales.

El sindicato también subrayó que la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario incide en la capacidad del Sistema Nacional de Salud para responder a las demandas de la población. Determinan que una protección adecuada resulta imprescindible para evitar un deterioro continuo en la calidad asistencial. Según reportó CESM, la preocupación por la fuga de profesionales por motivos laborales lleva varios años manifestándose, situación que, en su opinión, no ha recibido una respuesta efectiva por parte de las instituciones.

La protesta actual se enmarca, además, en un contexto de diálogo tenso entre los sindicatos médicos y distintos órganos del gobierno central y autonómico. La organización sindical expresó que, pese a las medidas de presión, mantiene disposición para negociar, aunque exige garantías y un texto legal que recoja las particularidades del ejercicio médico. Insisten en que no buscan crear inconvenientes a los ciudadanos, sino visibilizar la situación del colectivo y abogar por cambios sustanciales en la regulación laboral sanitaria.

Según reiteró CESM en sus intervenciones recogidas por los medios, el colectivo médico continuará adoptando medidas legales y sindicales mientras no se atiendan sus principales demandas. Por el momento, mantienen el llamado a los próximos días de huelga y continúan los pasos legales en las comunidades donde consideran que los servicios mínimos decretados vulneran derechos fundamentales del personal sanitario.

La disposición que limita el sueldo durante las bajas médicas a la mitad solo se mantendrá efectiva para aquellos casos en los que la enfermedad no sea grave ni cuente con acreditación fehaciente. Según informó el medio TN en una entrevista con la senadora Sandra Bullrich, el Ejecutivo argentino introducirá cambios en el artículo de la reforma laboral recientemente aprobado por el Senado, tras haber recibido críticas tanto de sectores parlamentarios afines como de las principales organizaciones sindicales del país. Los puntos clave de la reforma se modifican así a raíz de la presión política y sindical, permitiendo el ingreso pleno exclusivamente cuando las enfermedades sean reconocidas como severas, degenerativas o irrecuperables.

De acuerdo con TN, la senadora Sandra Bullrich, integrante del bloque oficialista La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Nacional bajo el mandato del presidente Javier Milei, detalló que para mantener el acceso al 100% del salario durante la licencia médica, el empleado deberá presentar documentación verificable que acredite la gravedad del cuadro. “Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar el 100% del salario. Pero solo para casos de corroboración concreta y fehaciente”, expresó Bullrich al medio. Aclaró además que los certificados médicos requeridos para justificar la licencia no podrán provenir de profesionales o centros de salud vinculados a lo que llamó “industrias” que, según sostuvo, buscan “desarmar”. Para Bullrich, la meta del gobierno es erradicar el ausentismo elevado y el supuesto fraude en las licencias, declarando: “Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad”.

El artículo 44, según lo aprobado por el Senado, establecía hasta ahora un esquema en el que el trabajador que alegue un accidente o enfermedad ajeno a sus funciones pasaba a percibir el 50% de su remuneración habitual. En los casos donde la imposibilidad de presentarse a trabajar se origine en situaciones donde el empleado no haya actuado de manera voluntaria o con aparente conciencia del riesgo que podía implicar para su salud, la reforma fija el sueldo en el 75%. Según publicó TN, la reciente decisión de ajustar este artículo llega después de que senadores que suelen avalar las propuestas del oficialismo manifestaran reservas y advirtieran que la aprobación integral de la reforma laboral en Diputados podría encontrarse en riesgo con la redacción vigente.

El medio TN mencionó también que la preocupación sobre el uso de certificados médicos psiquiátricos para pedir licencias fue reiterada en declaraciones de Bullrich, quien sostuvo que ese recurso es uno de los mecanismos más empleados para justificar ausencias prolongadas. Señaló la existencia de médicos encarcelados por haber emitido certificados apócrifos y sostuvo que según su interpretación, “tendríamos que tener muchos más presos”. A través de esos ejemplos, el gobierno insiste en justificar la medida a partir de la necesidad de controlar el ausentismo laboral y los abusos en las licencias, un diagnóstico que sindicatos e integrantes de la oposición disputan.

El anuncio del Ejecutivo ocurre en un contexto de creciente presión sindical. El medio TN consignó que la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de Argentina, junto al Frente de Sindicatos Unidos, han advertido sobre la posibilidad de organizar una huelga nacional si la reducción de haberes por licencia médica sin considerar la gravedad de la enfermedad llegase a implementarse. Estas organizaciones han sostenido que la precarización del ingreso de los trabajadores durante períodos de enfermedad constituye una afectación de derechos laborales vigentes desde hace décadas.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei introduce otras modificaciones relevantes, según detalló TN, más allá de la cuestión salarial en casos de enfermedad. Se establecen restricciones novedosas al ejercicio de asambleas y paros, se crea un banco de horas que habilita a los empleadores y empleados a compensar las horas extra con tiempo libre en vez de remuneración adicional y se instituye la figura del “salario dinámico”, permitiendo que el pago pueda realizarse por tiempo trabajado, por rendimiento, o por comisiones, sean estas individuales o en equipo.

Las controversias en torno al artículo sobre bajas médicas reflejan el amplio debate social y político sobre el alcance de los cambios en materia de derechos laborales. Según reportó TN, el propio oficialismo reconoció la necesidad de matizar la propuesta inicial para asegurar respaldo parlamentario suficiente y evitar nuevas protestas. Mientras tanto, los gremios sostienen su posición en defensa de los derechos adquiridos y advierten sobre los riesgos que la reforma podría tener para las condiciones de vida de los trabajadores si no se incorporan salvaguardas que garanticen protección efectiva ante problemas de salud graves.

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) contemplado para 2026 supondrá no solo un ajuste económico para los trabajadores, sino también una modificación en la base de cálculo de sus remuneraciones, ya que la subida de 37 euros mensuales —o 518 euros anuales— coloca el SMI en 1.221 euros al mes distribuidos en catorce pagas y alcanza los 17.094 euros brutos anuales. Tal como informó el medio de referencia, la medida beneficiará a unos 2,5 millones de empleados en España y responde al acuerdo firmado entre la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los representantes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

De acuerdo con lo publicado, la firma del acuerdo tuvo lugar en dependencias del Ministerio de Trabajo, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y en el que también participaron miembros del Gobierno como María Jesús Montero y Elma Saiz. Durante su intervención, Díaz indicó que la presencia del presidente del Gobierno en la sede del Ministerio reviste una carga simbólica, pues es la primera vez que una acción de este tipo se realiza en dicha dependencia encabezada por la presidencia y no a la inversa, como señaló el medio.

El ajuste del SMI contemplado en el documento, efectivo con retroactividad desde el 1 de enero de 2026 y vigente hasta el 31 de diciembre de ese año, eleva el salario mensual en un 3,1%. La determinación implica que, por día trabajado, el mínimo asciende a 40,70 euros brutos para la mayoría de trabajadores, a la vez que los empleados temporales o eventuales deberán percibir como mínimo 57,82 euros por cada jornada reconocida y quienes se dediquen al empleo doméstico tendrán garantizado un pago de al menos 9,55 euros por hora efectiva. Según detalló el medio, la cuantía del salario mínimo quedará exenta de tributación por IRPF.

El medio consignó que esta actualización resulta de la colaboración exclusiva entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, ya que en esta oportunidad la patronal representada por CEOE y Cepyme no participó en el pacto, repitiendo el esquema de los cinco años previos. Díaz subrayó en su exposición que esta política forma parte de un proyecto de país enfocado en apoyar a la clase trabajadora y que la gestión pública del Ejecutivo debe estar orientada a mejorar la situación de quienes dependen de su salario mensual.

La ministra enfatizó la necesidad de que el empresariado español compense el diferencial negativo de 25 puntos que aún separa los salarios medios nacionales de los europeos, y, según reportó el medio, instó a las empresas a sumarse al proceso de incremento salarial también desde la negociación colectiva. Durante el acto, Díaz afirmó que el SMI "no destruye empleo, sino pobreza", e indicó que el acuerdo también da cumplimiento a un mandato reciente del Tribunal Supremo que obliga a redefinir el sistema de compensación y absorción salarial, con el objetivo de garantizar que la subida se traslade íntegramente a los trabajadores que perciben el mínimo.

Según consignó el medio, la titular de Trabajo agradeció el respaldo político recibido por parte del presidente Sánchez y reivindicó la autonomía actual del Ministerio respecto a otros departamentos del Gobierno. Díaz subrayó la relevancia de las políticas públicas que se orientan a quienes, según sus palabras, "llenan los trenes de cercanías y el metro, no viven de herencias y se han forjado como trabajadoras y trabajadores", exponiendo el carácter social de la medida.

El medio detalló que, para el colectivo de trabajadores eventuales, temporeros y personal doméstico, el nuevo SMI reconoció características específicas para no dejar áreas sin regulación y con el propósito de que la repercusión del incremento sea homogénea en todas las modalidades laborales. Con ello, la propuesta incluye directrices claras sobre su aplicación en los distintos sectores.

En el evento, celebrado a las 11:30 horas del 6 de febrero en la sede ministerial, el consenso entre la cartera de Trabajo y los dos mayores sindicatos españoles estuvo marcado por mensajes públicos dirigidos al empresariado, a fin de promover el alza de salarios en todos los sectores económicos. La medida entrará en vigor con retroactividad desde el inicio del año y mantendrá su vigencia durante todo 2026. Según publicó el mismo medio, el acuerdo alcanzado representa la sexta ocasión consecutiva en la que Ministerio y sindicatos cierran una subida salarial mínima sin la intermediación de la patronal.

La firma del documento refleja una continuidad en la política de revisión del salario mínimo llevada a cabo por el actual Ejecutivo, con el argumento de que la elevación de las remuneraciones básicas incide directamente sobre los niveles de pobreza laboral y contribuye al fortalecimiento de la justicia social, dentro de los márgenes que permite la legislación vigente.

El dirigente gremial destacó que la modalidad que proponen desde su sector es un “paro activo”, que en la filial cordobesa comenzará a las 10 de la mañana, con abandono de tareas en cada ciudad. En ese marco, Urbano precisó que, debido a la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde las 0 horas, quienes puedan viajar a Buenos Aires se movilizarán al Congreso.

“Es paro con movilización. No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, remarcó, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radio Mitre.

El referente metalúrgico, que forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nucleamiento sindical de perfil netamente opositor al gobierno de Milei, analizó que la gestión libertaria se dedica a descargar “el ajuste únicamente al empleado” y a los jubilados. “Con un gobierno como el que tenemos no se puede discutir y directamente aplica los ajustes, al no tener posibilidad de dialogar correctamente, no nos queda otra que el derecho de huelga que nos da la Constitución nacional”, señaló.

Ante la consulta sobre el comportamiento de la cúpula gremial, Urbano calificó como “bastante tibio” porque la huelga con movilización “evidentemente no tendría que haber salido de una organización o de un frente (de sindicatos), sino de nuestra central obrera”.

En la previa, Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros y de Desmontadores de Algodón (FTCIODyARA), ratificó que llevarán a cabo la medida de fuerza gremial ante una reforma laboral que “perjudica a todos los trabajadores” y “ninguno de los 213 puntos beneficia al trabajador”. “Si la CGT no hubiese hecho paro, nosotros lo hubiésemos hecho en los congresos nacionales”, corroboró.

Aunque se trata de un sindicato pequeño en cantidad de asalariados, el dirigente subrayó el peso económico del sector aceitero y su impacto. “Nosotros aportamos al 25% de los derechos de las exportaciones. Tenemos un poder económico muy grande“, sostuvo.

Ayer, la CGT resolvió convocar el cuarto paro general contra el gobierno de Milei. Ahora bien, será la primera vez que se paralizarán todas las actividades en todo el país por 24 horas, ya que contará con la adhesión de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La huelga se efectuará al momento en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, por lo que se espera que sea el jueves.

Esta decisión, tomada en un encuentro virtual del Consejo Directivo de la organización sindical, responde al endurecimiento de la postura sindical y a un contexto de mayor conflictividad con el gobierno nacional. Sobre todo, se abrió una ventana de oportunidad para visibilizar el desacuerdo con la inclusión del artículo 44, que limita el derecho de los trabajadores a percibir el 100% del salario en caso de enfermedad o accidente no relacionado con el ámbito laboral.

La nueva redacción estipula que los empleados en estas circunstancias recibirán únicamente el 50% del salario, con la posibilidad de aumentar a un 75% cuando se demuestre que la causa no responde a una acción voluntaria ni al conocimiento previo del riesgo.

Durante la reunión, se determinó también que el triunvirato de la CGT asista a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que inicia el tratamiento del proyecto aprobado en el Senado. Pese a que el Poder Ejecutivo hizo concesiones para que los sindicatos continúen percibiendo las cuotas solidarias, el movimiento obrero se encamina a un nuevo paro porque lo conseguido en las negociaciones sabe a poco, y varios sectores gremiales lo hizo saber a la cúpula cegetista.

Para esta semana, algunos dirigentes propusieron acompañar la medida de fuerza con una movilización al Congreso, iniciativa impulsada por Octavio Argüello (Camioneros), respaldada por Osvaldo Lobato (UOM) y Sergio Palazzo (bancarios). Sin embargo, prevaleció la opción de una paralización total sin protestas callejeras, con el fin de aprovechar la adhesión del sector transporte para dar una señal de fuerza sindical.

El Gobierno ha oficializado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que alcanzará los 1.221 euros brutos en 14 pagas tras un incremento del 3,1% respecto a 2025. El acto de firma, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo y protagonizado por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha contado con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ausencia de la patronal en esta cita ha marcado el tono político del evento: Sánchez ha dirigido duras críticas hacia los representantes empresariales por desmarcarse del acuerdo y ha urgido a las compañías a implementar subidas salariales.

En su intervención, Pedro Sánchez ha reprochado a la patronal su negativa a respaldar este aumento del SMI y ha subrayado que “la patronal ha decidido no estar aquí”. El presidente ha defendido la medida argumentando que “no es admisible que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo mientras hay beneficios millonarios”.

“Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a la subida de sueldos allí donde aún no la hay”, ha insistido.

“Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen”

En la apertura del evento se ha recordado que lo habitual es que el jefe del Ejecutivo acuda únicamente a la firma de acuerdos avalados por todas las partes del diálogo social, como ocurrió durante la aprobación de la última reforma de las pensiones en 2024. Sin embargo, en esta ocasión, la ruptura del consenso con los empresarios ha provocado un cambio de escenario.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado ante los asistentes que Pedro Sánchez “siempre ha estado donde tenía que estar, en el lado correcto de la historia”. Díaz ha resaltado que Gobierno y sindicatos han mantenido negociaciones intensas en distintas materias y ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la agenda de reformas laborales.

Entre las próximas iniciativas, la ministra ha enumerado la aprobación del nuevo registro horario, la reducción de jornada, medidas contra las horas extraordinarias no remuneradas, mayor protección frente a despidos injustificados y la regulación de las plataformas digitales.

El SMI ha incrementado el 66% desde 2018

La revisión anual del salario mínimo representa una de las acciones económicas más significativas que el Gobierno puede implementar sin necesidad de convalidación parlamentaria, lo que impide a la mayoría de derechas en el Congreso bloquear la medida. En contraste, ese bloqueo sí ha afectado a otras propuestas del Ministerio de Trabajo, como la reducción de jornada.

El acto protocolario de este lunes ha tenido una mayor repercusión pública que en anteriores ocasiones al congregar a numerosos representantes sindicales y de asociaciones profesionales, así como a integrantes clave del Ejecutivo, entre quienes figuran la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Desde 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia tras una moción de censura a Mariano Rajoy, el salario mínimo ha experimentado un incremento del 66%, pasando de 736 euros a los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Durante ese mismo periodo, los precios han subido un 23%, lo que se traduce en una ganancia real de poder adquisitivo para quienes perciben el SMI de en torno a 40 puntos.

La reacción de CEOE y Cepyme

El nuevo acuerdo SMI refuerza el compromiso del Ejecutivo con los sindicatos para aprobar por decreto una cuestión pendiente: impedir que las empresas absorban la subida mediante la supresión de pluses salariales. Aunque esta condición ya se pactó en el anterior incremento, el Gobierno ha manifestado, esta vez, su disposición a concretarla mediante la vía del decreto, prescindiendo de la vía parlamentaria.

CEOE y Cepyme se han mostrado contrarias tanto al propio aumento del salario mínimo como a cualquier alteración de la normativa sobre pluses. Consideran que esta reforma invade la competencia parlamentaria. Además, han rechazado la propuesta fiscal presentada por Hacienda, que planteaba una deducción creciente para empresas con salarios por encima del mínimo, y la han calificado de “trilera” e “intervencionista”, tanto por su forma como por su contenido. Finalmente, la iniciativa ni siquiera se debatió en la mesa de negociación tras el rechazo conjunto de los empresarios y el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, el salario mínimo se mantendrá exento de retenciones por IRPF. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo. Con estos cambios, el acuerdo recién firmado y anunciado será oficial tras su ratificación prevista por el Consejo de Ministros.

Las autoridades del Estado de México reportaron el aseguramiento de 31 inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad durante la última semana, como parte de la Operación Restitución.

Con estas acciones, el total de bienes asegurados desde el inicio del operativo en abril de 2025 asciende a mil 594 propiedades, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Acciones coordinadas entre fuerzas estatales y federales

Reportes oficiales señalan que la Operación Restitución es resultado de la coordinación de la FGJEM, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Durante la semana pasada, estos cuerpos de seguridad participaron en operativos en 13 municipios de la entidad, donde identificaron y aseguraron 31 inmuebles relacionados con ilícitos de despojo y conflictos vinculados a la tenencia de la propiedad.

Cifras acumuladas y tipos de inmuebles asegurados

Desde abril de 2025, la Estrategia para la Restitución de la Propiedad permitió asegurar mil 594 inmuebles.

De ese total, 905 propiedades han sido devueltas a quienes acreditaron legítimamente su propiedad.

El desglose oficial informa que mil 327 son casas habitación, 243 predios y 22 inmuebles de uso comercial.

Las autoridades detallaron que los casos involucran tanto propiedades habitacionales como terrenos y locales comerciales.

Detenciones y resolución de conflictos

Las acciones permanentes de la estrategia han derivado en la detención de 329 personas por delitos de despojo y contra la propiedad.

Además, desde el inicio del operativo, la FGJEM reportó un incremento en la denuncia ciudadana relacionada con este tipo de ilícitos, con víctimas que acuden a la autoridad para señalar hechos recientes y también conflictos que ocurrieron en años previos.

Los reportes hechos por ciudadanía incluyen disputas entre arrendatarios e inquilinos, familiares, herencias o problemas de colindancia, situaciones que en varios casos se resuelven mediante mecanismos de conciliación.

Las autoridades del Estado de México informaron que mantienen la Operación Restitución como un mecanismo para la recuperación de bienes relacionados con delitos de despojo y la restitución de la propiedad a sus legítimos dueños.

Algunas de las organizaciones golpeadas con la Operación Restitución

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado organizaciones vinculadas con la apropiación ilegal de inmuebles en el Valle de México y la zona oriente de la entidad, entre las que se encuentran las siguientes:

• Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
• Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)
• Unión 300 o Los 300
• Sindicato 22 de octubre
• Los Gastones

Según reportes oficiales, estas organizaciones operaban bajo la fachada de “sindicatos” y contaban con la colaboración de servidores públicos y notarios que facilitaban la ocupación y regularización ilegal de propiedades mediante documentación falsa.

En el contexto de las recientes resoluciones judiciales favorables a los trabajadores y al sindicato CCOO, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, advirtió que Sumar ejercerá presión para que Hitachi Energy no reciba ninguno de los incentivos económicos previstos para la ampliación de su planta en Córdoba, mientras persistan prácticas que, según los tribunales, vulneran derechos laborales. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, Santiago subrayó que todas las sentencias emitidas hasta el momento han respaldado la posición de los trabajadores, advirtiendo a la compañía japonesa que la comisión parlamentaria hará "todo lo posible" para que no perciba subvenciones públicas hasta que acate la legislación española y cese la represión sindical en la factoría andaluza.

Según detalló el medio, la advertencia de Santiago se produjo en el transcurso de una rueda de prensa celebrada junto con Rosa Rodríguez, candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía. El diputado explicó que tanto la Inspección de Trabajo como los órganos penales y de lo Social han emitido fallos en favor del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba y del sindicato CCOO, tras las denuncias y sanciones derivadas de la disputa por el convenio colectivo y las condiciones laborales. El portavoz explicó que la negativa de la empresa a reconocer los derechos laborales básicos desembocó en distintos procedimientos judiciales, los cuales, según la información de la fuente, han concluido hasta ahora en sentencias favorables a los trabajadores.

Enrique Santiago manifestó también que el grupo de Sumar optaría por aplicar todos los mecanismos a su alcance para denegar los diferentes incentivos económicos concedidos por la Administración del Estado para la ampliación de la planta industrial cordobesa en tanto la empresa no respete la Constitución y las leyes laborales españolas. En referencia directa a las políticas laborales implementadas recientemente en Argentina, el diputado subrayó que "esto no es la Argentina de Milei", en alusión a la reforma que extendió la jornada laboral a doce horas diarias en el país sudamericano.

Durante su intervención, Santiago reiteró el llamado a la dirección de la empresa para que retome el diálogo con el comité de empresa y reconozca los derechos laborales establecidos por la legislación vigente. Subrayó que tanto la Inspección de Trabajo como los tribunales ya han concluido que las actuaciones sindicales y las reclamaciones del sindicato CCOO se ajustan al marco legal, mientras que las respuestas de la empresa han dado lugar a sanciones que, según los órganos judiciales, no se encontraban debidamente justificadas.

Además de las cuestiones estrictamente laborales, Rosa Rodríguez abordó durante la comparecencia la problemática de la despoblación en la provincia de Córdoba. Según consignó el medio, la candidata de Por Andalucía atribuyó la emigración juvenil y la pérdida de población a la ausencia de inversiones productivas, la falta de oportunidades y la carencia de servicios públicos y conexiones estratégicas. Rodríguez expresó que sin un cambio de modelo económico y una apuesta firme por la reindustrialización, la provincia seguirá mostrando dificultades tanto para atraer como para retener a quienes buscan desarrollar un proyecto de vida en Córdoba.

La representante de Por Andalucía defendió la necesidad de implantar un plan urgente de industrialización para revertir la tendencia, considerando insuficientes las políticas actuales y lamentando las consecuencias del modelo privatizador impulsado por el Partido Popular, según datos del medio. Además, Rodríguez recordó que tanto desde Izquierda Unida como desde la plataforma Por Andalucía se ha exigido reiteradamente la adopción de un plan industrial sólido para la provincia, que contemple inversión productiva, dotación de suelo industrial, respaldo a los sectores estratégicos y compromiso con el empleo estable y de calidad.

En conclusión, tanto Enrique Santiago como Rosa Rodríguez insistieron en que la situación laboral en Hitachi Energy Córdoba representa un caso emblemático sobre la necesidad de asegurar el cumplimiento de las normativas laborales y la protección de los derechos sindicales. Mientras persistan los litigios y las prácticas consideradas antisindicales por los tribunales, el Grupo Parlamentario de Sumar mantendrá su postura de condicionar la entrega de fondos públicos a la empresa japonesa, con el objetivo de garantizar la adecuación de la actividad industrial al marco legal vigente en España.

La desigualdad económica entre hombres y mujeres no termina al final de la vida laboral. Al contrario, se consolida y, en muchos casos, se amplifica cuando llega la jubilación. Los hombres perciben en España una pensión media anual de 22.435 euros, mientras que las mujeres se quedan en 17.073 euros, una diferencia de casi el 24%, según el informe Análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres elaborado por UGT Madrid.

Pero el problema no es solo cuánto cobran ellas frente a ellos. La desigualdad también se mide en proporción: a nivel nacional, los hombres reciben una pensión media equivalente al 81,8% de su salario medio anual. En el caso de las mujeres, ese porcentaje baja al 76,7%. Es decir, ellas no solo ganan menos durante su vida laboral, sino que además reciben una pensión proporcionalmente inferior.

La estadística estudia los datos fiscales de 2024 de las personas que reciben una pensión de jubilación de la Seguridad Social, de viudedad, orfandad o incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez), así como las pensiones del régimen de Clases Pasivas, destinadas a funcionarios.

La desigualdad sigue creciendo tras el retiro

En la determinación de la cuantía de las pensiones, las mujeres parten con la desventaja de haberse enfrentado durante toda su trayectoria laboral a una diferencia de ingresos del 18,8% de media. A escala nacional, el salario medio anual de los hombres es de 27.411 euros, frente a 22.255 euros en el caso de las mujeres. Además, las mujeres sufren con mayor frecuencia carreras laborales fragmentadas, con lagunas de cotización asociadas a los cuidados familiares, que se suman a mayores tasas de temporalidad y parcialidad.

El sistema contributivo se fundamenta tanto en años cotizados, premiando la continuidad y penalizando las interrupciones, como en bases de cotización, por lo que cuanto más alto es el salario medio anual, más alta es la pensión media anual. Así, la brecha se traslada de forma automática al sistema de pensiones: los hombres reciben de media 5.362 euros más al año que las mujeres en su etapa como pensionistas. Sin embargo, los cálculos de UGT apuntan a la existencia de una penalización adicional al llegar a la jubilación.

El informe señala una diferencia marcada también por la proporción del sueldo medio, que se traslada a la pensión, un hecho que no se explica directamente mirando los menores ingresos durante la vida laboral. Es posible que estos factores, sumados a problemas estructurales en la distribución de pensiones por tipo, sean los culpables de la menor proporcionalidad de las pensiones femeninas. Las mujeres dependen más frecuentemente de pensiones de viudedad, al no poder acceder a pensiones contributivas completas por las dificultades para mantener un empleo estable a lo largo de la trayectoria profesional.

La brecha se agranda en las comunidades más ricas

El mapa territorial confirma que la desigualdad se reproduce en todas las comunidades, aunque con intensidades distintas. En las regiones con salarios más altos y carreras laborales más estables, normalmente en sectores mayoritariamente ocupados por hombres, las pensiones suben, pero también lo hace la distancia entre géneros. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los hombres registran un salario medio anual de 35.873 euros y una pensión media de 27.027 euros. Las mujeres, en cambio, tienen un salario medio de 27.731 euros y una pensión media de 20.117 euros. La brecha madrileña llega al 25,57%, por encima del promedio nacional.

Asturias, por su parte, ofrece el ejemplo de cómo el pasado industrial sigue marcando la jubilación. Allí, los hombres perciben las pensiones más altas de España (27.277 euros), gracias a décadas de empleo estable y bien remunerado en sectores como la minería o la siderurgia, pero también a una alta proporción de pensiones por incapacidad permanente. Sin embargo, esa misma concentración histórica del empleo industrial, un tipo de actividad del que las mujeres están típicamente excluidas, dispara la diferencia: las mujeres se quedan en 18.417 euros y la desigualdad alcanza el 32,48%.

En el extremo opuesto, Canarias y Extremadura presentan las brechas más bajas (17,90% y 17,25%), pero no por mayor igualdad real, sino porque salarios y pensiones son reducidos para ambos géneros, lo que iguala las cifras a la baja.

Óscar Lobo, secretario general de UGT en Castilla y León, advirtió sobre la creciente influencia internacional de políticas que, a su juicio, ponen en peligro derechos laborales y libertades, relacionando expresamente estas tendencias con la actualidad política de la región. Según informó Europa Press, Lobo alertó de que situaciones como las propiciadas por Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina ya encuentran eco en Castilla y León, instando a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas el próximo 15 de marzo para frenar lo que considera un avance de la extrema derecha en el ámbito autonómico.

Durante un encuentro con medios en el marco de la jornada sindical ‘Combatir la extrema derecha y sus mensajes desde el ámbito sindical’, Lobo planteó que la sociedad se enfrenta a una batalla de ideas donde, en su opinión, la ultraderecha amenaza no solo las democracias sino también los derechos conquistados por los trabajadores. El medio Europa Press detalló que Lobo calificó este escenario como una “auténtica batalla cultural por el poder y las ideas”, e insistió en que la “extrema derecha constituye un auténtico peligro para las democracias, las libertades y, sobre todo, para los derechos de los trabajadores”. Según sus palabras, la alarma internacional tiene reflejo local, ya que "cada día" surgen nuevas señales preocupantes en distintos lugares, como ocurre en América y en la propia Castilla y León.

El dirigente sindical hizo alusión directa a las reformas impulsadas recientemente por el Gobierno argentino, citando lo que describió como una “auténtica aberración” en la propuesta laboral de Javier Milei. Tal como recogió Europa Press, Lobo se refirió específicamente a cambios que contemplan la ampliación de la jornada laboral a doce horas, la eliminación de la indemnización por despido y una reducción del derecho a huelga. Para Lobo, “esto no está muy lejos de Castilla y León”, subrayando de este modo el riesgo de importar iniciativas que, según su análisis, repercuten negativamente en la protección social y el bienestar obrero.

Lobo aludió también a la situación en Estados Unidos, mencionando la persecución de personas inocentes por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y afirmó que estas realidades no resultan ajenas a Castilla y León, donde asegura que “los amigos de Trump y Milei” ya han participado en la toma de decisiones políticas dentro de la comunidad. Según publicó Europa Press, Lobo recordó que la administración regional anterior, conformada por el Partido Popular y Vox, ya había reflejado esta orientación, motivo por el cual exhortó a “reaccionar” desde las urnas para impedir el avance de lo que denominó políticas “fascistas”.

El secretario general de UGT en Castilla y León rememoró que la comunidad fue “la primera que albergó un gobierno de coalición donde la extrema derecha entró”, y emplazó a que, con las próximas elecciones autonómicas, Castilla y León se convierta en “la primera donde se ponga pie en pared y se frene su avance". Además, destacó la importancia de jornadas como la organizada por el sindicato para compartir experiencias internacionales con los trabajadores y sensibilizar respecto de los riesgos de este tipo de políticas. Europa Press recogió su advertencia de que los sindicatos, por representar valores como la justicia social, la igualdad y la cohesión comunitaria, se encuentran en el foco de la extrema derecha.

Por su parte, Jesús Gallego, secretario de Política Internacional de UGT Confederal, añadió en declaraciones recogidas por Europa Press que la jornada respondía a la necesidad de afrontar a una ultraderecha con representación diversa en el ámbito global. Gallego afirmó: “Da lo mismo que se llame Donald Trump, que se llame Benjamin Netanyahu, que se llame Vladimir Putin o que se llame un consejero en Castilla y León que ha demostrado ser nefasto para los intereses de la gente que le ha votado”. Invitó a los trabajadores a informarse sobre lo que describió como las “verdaderas consecuencias”, de carácter “catastrófico”, que estas ideologías provocan en la vida ciudadana.

En este contexto, la cúpula sindical de UGT insistió en la trascendencia de la participación activa en el proceso electoral del 15 de marzo, situando el debate sobre la protección de los derechos laborales y democráticos en el centro del escenario autonómico. Tal como consignó Europa Press, tanto los portavoces sindicales como los organizadores de la jornada subrayaron la necesidad de trasladar la experiencia internacional a nivel local, a fin de alertar sobre los peligros de la radicalización política y su impacto directo en las condiciones laborales y el tejido social de la región.

"Entregar y someter el país" a otra administración extranjera fue la expresión utilizada por Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), para referirse a la reciente aprobación de la reforma laboral en Argentina, impulsada por el presidente Javier Milei. Este comentario apareció en la red social X y, según informó El País, forma parte del rechazo expresado por representantes de los principales sindicatos españoles hacia el nuevo paquete de medidas laborales aprobado por el Senado argentino, que ha provocado protestas sindicales en Buenos Aires.

De acuerdo con El País, la reforma aprobada introduce una serie de cambios relevantes. Entre ellos, se incluyen limitaciones al derecho de asamblea y huelga, así como la creación de un "banco de horas" que permite la compensación de horas extra con tiempo libre en lugar de pagos adicionales. Otra modificación destacada es la instauración del llamado "salario dinámico", que podrá establecerse por criterios de tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.

La reacción en España fue inmediata y contundente en el ámbito sindical. Tanto Unai Sordo, de CCOO, como Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), se pronunciaron en contra de la reforma. Sordo llamó la atención sobre lo que consideró una tendencia mundial, asegurando que tanto en América como en Europa, los gobiernos de extrema derecha promueven reformas que, en su opinión, destruyen derechos laborales y sociales. Según publicó El País, Sordo vinculó la reforma argentina con lo que describió como la entrega del país a intereses extranjeros, haciendo alusión a la administración estadounidense de Donald Trump.

Pepe Álvarez, por su parte, afirmó que este paquete legislativo coloca a Argentina "ante el abismo". El dirigente de UGT, citado por El País a través de mensajes difundidos en redes sociales, enumeró algunos de los puntos más críticos de la reforma: jornadas laborales extendidas hasta 12 horas, la posibilidad de fragmentar las vacaciones, la eliminación de indemnizaciones por despido, la restricción del derecho a la huelga y la negociación colectiva.

El medio El País detalló que la reforma ha generado movilizaciones sindicales en las calles de Buenos Aires. La iniciativa legislativa fue promovida por el gobierno de Javier Milei y se aprobó tras un intenso debate en la Cámara del Senado argentino. Para los sindicatos argentinos y sus pares españoles, las nuevas disposiciones legislativas constituyen un retroceso en materia de derechos laborales y sociales conquistados en las últimas décadas.

El nuevo sistema propuesto permite que las empresas reemplacen los tradicionales pagos de horas extra por descanso alternativo, según consigna El País. Asimismo, el "salario dinámico" introduce la posibilidad de que los ingresos de los trabajadores dependan no solo del tiempo trabajado, sino del rendimiento individual o colectivo, lo que podría traducirse en mayor presión y variabilidad en los salarios.

No es la primera vez que el sindicalismo español manifiesta su preocupación por tendencias legislativas en Latinoamérica, reportó El País. Álvarez preguntó en su intervención si el modelo propuesto por Milei es el que desean algunos partidos de la derecha española, en alusión a Vox.

Según informó El País, las organizaciones sindicales de España consideran que la reforma en la legislación argentina constituye un caso paradigmático en el que se restringen derechos fundamentales de los trabajadores. El debate acerca de la adecuación y el alcance de estas reformas continuará en medios políticos y sindicales tanto en Argentina como en España, mientras persisten las protestas en la capital argentina y se suceden las manifestaciones de apoyo internacional a los sindicatos del país sudamericano.

El proceso de votación en el Senado de Argentina sobre la denominada Ley de Modernización Laboral prosiguió después de la aprobación general del proyecto, con el objetivo de debatir y votar individualmente los diferentes capítulos que componen la propuesta legislativa. Según informó el Senado a través de su cuenta oficial en la red social X, los senadores permanecieron en sus escaños después de la maratónica sesión de discusión y votación, que se extendió por trece horas consecutivas desde la tarde del miércoles hasta la madrugada del jueves. Este procedimiento implica la posibilidad de introducir modificaciones adicionales a alguno de los capítulos específicos del texto antes de que la iniciativa pase a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Durante la sesión, especifica el diario ‘La Nación’, se detalló que la versión actual del proyecto ya había experimentado más de cincuenta modificaciones respecto del dictamen firmado en diciembre de 2023. En aquel entonces, la iniciativa no logró un avance rápido luego de que la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, intentara someter a debate un extenso articulado que superaba los doscientos artículos. Los cambios surgieron como resultado de un proceso de negociación política e intercambio de propuestas entre diversos bloques parlamentarios.

La Cámara Alta anunció que el dictamen recibió cuarenta y dos votos a favor, treinta en contra y ninguna abstención, marcando un respaldo significativo para la agenda legislativa del gobierno que lidera el presidente Javier Milei. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, la reforma agrupa veintiocho alteraciones legales que abarcan distintos ámbitos laborales, entre ellos incentivos para la inversión productiva, la creación de empleo formal y la revisión de créditos y deudas laborales. Además, introduce medidas orientadas a reducir la cantidad de litigios judiciales relacionados con el ámbito del trabajo.

Entre los principales aspectos aprobados se incluyen restricciones al ejercicio de huelgas y asambleas laborales, la implantación de un banco de horas para que las horas extra puedan compensarse con días libres y la presencia de un “salario dinámico”, configurable según tiempo trabajado o resultado, con la inclusión de sistemas de comisiones tanto individuales como grupales. El texto también contempla estímulos a la formalización del empleo mediante incentivos y beneficios dirigidos a los empleadores y mecanismos de actualización y recalculo de créditos laborales para empleados.

El debate legislativo sobre la Ley de Modernización Laboral coincidió en las inmediaciones del Congreso Nacional con manifestaciones convocadas por los principales sindicatos del país. Los trabajadores sindicalizados se movilizaron para expresar su rechazo a los cambios propuestos, según reportó Europa Press, generando una jornada de alta tensión entre el edificio legislativo y sus alrededores. Los manifestantes cuestionaron principalmente la reducción de derechos laborales y las limitaciones a la protesta y la negociación colectiva.

Durante la votación estuvieron presentes figuras clave del oficialismo, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario; Manuel Adorni, portavoz y jefe del Gabinete de ministros; y Diego Santilli, ministro del Interior. Todos ellos siguieron la sesión desde un palco en el Senado y celebraron el desenlace, informaron las crónicas parlamentarias recogidas por Europa Press y ‘La Nación’. Los apoyos al proyecto provinieron en su mayoría de legisladores alineados con el gobierno y de espacios políticos afines a los lineamientos de Javier Milei.

La futura suerte del proyecto dependerá, según detalló el Senado en sus comunicaciones, de lo que resuelvan los diputados una vez que reciban el texto definitivo, así como de eventuales nuevas enmiendas introducidas durante el voto en particular en la Cámara Alta. El oficialismo aspira a que la iniciativa se transforme en ley y forme parte central de su plan de reestructuración económica y social.

La discusión en torno al contenido del proyecto ha evidenciado las profundas divisiones existentes en la sociedad argentina respecto de los cambios en el régimen laboral. Los sindicatos y algunos sectores opositores advierten sobre un posible aumento de la vulnerabilidad para los trabajadores, mientras que defensores de la reforma argumentan que las nuevas condiciones favorecerán la generación de empleo estable y la llegada de nuevas inversiones, según describió ‘La Nación’.

El mismo medio recordó que la sucesión de intentos fallidos por acelerar el trámite legislativo de reformas laborales remonta a gestiones anteriores, aunque en esta oportunidad el respaldo en el Senado constituye, de acuerdo con Europa Press, un avance significativo de la agenda promovida por el actual Ejecutivo. Como parte del procedimiento legislativo argentino, la aprobación en la Cámara de Diputados será el último paso para la eventual promulgación y entrada en vigor de los cambios propuestos en el régimen laboral nacional.

La siniestralidad laboral se cobró la vida de 735 trabajadores en 2025, según los datos de accidentes de trabajo hechos públicos este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra supone un recorte de 61 accidentes mortales respecto a los 796 fallecimientos ocurridos en 2024, un descenso interanual del 7,7% en la mortalidad.

La mayoría de estos accidentes estuvieron relacionados con infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales. En el conjunto del año, 251 trabajadores murieron por estas causas, 15 menos frente a los 265 del ejercicio anterior. De los más de 700 fallecidos, 584 perdieron la vida en accidentes durante su jornada laboral, 62 menos que en 2024, mientras que el numero de siniestros en el desplazamiento al centro de trabajo, los conocidos como ‘in itinere’, aumentaron en uno hasta los 151.

En cuanto a los sectores económicos, los servicios concentran la mayor cantidad de fatalidades con 262 muertes, aunque esto representa una disminución de 64 casos. El sector de la construcción, por el contrario, experimentó un incremento: 164 fallecimientos, es decir, 29 más que en 2024. En la industria se produjeron 110 muertes (seis menos), y el sector agrario contabilizó 48 fallecidos, lo que supone una reducción de 21 casos.

La mortalidad masculina supera a la femenina

De acuerdo con los datos oficiales, 676 asalariados perdieron la vida en el trabajo, lo que supone 54 menos que el año anterior. Entre los trabajadores autónomos, la cifra fue de 59 fallecimientos, una reducción de siete casos frente a 2024. En el tramo correspondiente a muertes ocurridas durante la jornada laboral, 546 hombres fallecieron, cifra que representa 62 menos respecto al año previo, mientras que las 38 muertes de mujeres se mantuvieron estables por segundo año consecutivo.

Profundizando en las causas, los golpes o caídas, fueron responsables de 97 muertes en jornada laboral (tres más que el año anterior), situándose en segundo lugar tras las causas naturales. Los aplastamientos sumaron 82 muertes, descendiendo en 17 casos, y los accidentes de tráfico en el entorno laboral dejaron 73 fallecidos, lo que supone una mejoría de 23 casos en comparación con 2024.

En los accidentes mortales ocurridos durante los desplazamientos hacia o desde el trabajo, la proporción por género se mantiene en niveles similares: 122 hombres (dos más) y 29 mujeres (una menos). En este contexto, la causa más frecuente fueron los accidentes de tráfico, con 138 defunciones, siete más en comparación con el año anterior.

El marco legal avanza hacia mayor protección

Esta semana, Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para la actualización de la ley de prevención de riesgos laborales, que estaba vigente desde 1995. El objetivo central es adaptar la normativa a los nuevos riesgos del siglo XXI. Entre las novedades, se incluye el reconocimiento de la salud mental como un riesgo laboral y se abordan problemas emergentes como la digitalización, el teletrabajo y el cambio climático. Además, el nuevo marco legal busca reforzar la prevención en las pequeñas empresas. Para ello, se creará la figura del delegado territorial de prevención, que podrá intervenir en empresas de hasta diez trabajadores.

Más allá de los casos mortales, el año 2025 cerró con un total de 620.386 accidentes laborales con baja, cifra que supone un descenso del 1,3% respecto a 2024. Por su parte, los accidentes sin baja ascendieron a 542.661, lo que representa una moderación del 1,9%.

*Con información de agencias

En un mercado laboral en el que las mujeres ya parten con la desventaja de mayores barreras de acceso a empleos con remuneraciones altas, la maternidad y la carga de los cuidados familiares penalizan aún más sus carreras profesionales. Aunque la brecha salarial existe desde los primeros empleos, es durante la edad reproductiva cuando se dispara de manera más notable, según apunta el informe Análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres elaborado por UGT Madrid. En concreto, el estudio concluye que en la Comunidad de Madrid la diferencia entre el sueldo medio de los hombres y las mujeres pasa del 11,2% entre los 26 y 35 años al 21% en el tramo de 36 a 45 años, coincidiendo con la edad en la que la mayoría de trabajadoras forman una familia. En terminos absolutos, este salto supone pasar de una brecha de unos 3.000 euros hasta casi 8.000 euros.

Además de reflejar el impacto de la maternidad y los cuidados en la trayectoria profesional de las mujeres, el análisis del sindicato a partir de los datos tributarios de 2024 evidencia que esta desigualdad no es puntual, sino acumulativa a lo largo de la vida laboral y la diferencia de salarios no se estrecha en edades más avanzadas. Entre la población más joven, menor de 18 años, el salario es bajo en general, ya que se trata principalmente de estudiantes con trabajos puntuales, y la diferencia, pese a elevarse hasta más de un 29%, se queda en 730 euros en términos absolutos. En el tramo de 18 a 25 años, el salario medio anual masculino asciende a 10.927 euros, mientras que el femenino es de 9.333 euros, con una brecha del 14,6% (1.594 euros), todavía relativamente limitada.

Sin embargo, a partir de los 26 años, edad en la que la que los trabajadores comienzan a formar familias, la distancia empieza a incrementarse. Entre los 26 y 35 años, los hombres perciben de media 27.549 euros, frente a los 24.468 euros de las mujeres, lo que supone una ventaja masculina del 11,2% o 3.081 euros al año. La diferencia se amplía de forma considerable entre los 36 y 45 años, alcanzando un 21% (37.857 euros frente a 29.902 euros, una diferencia de 7.955 euros).

La desigualdad se acumula hasta la jubilación

La tendencia continúa durante los 46 a 55 años, con una brecha del 25,6%: los hombres perciben 46.093 euros, mientras que las mujeres se quedan en los 34.292 euros de media, lo que representa una diferencia absoluta de 11.801 euros. A estas alturas, las mujeres no solo siguen asumiendo el cuidado de hijos e hijas, sino que también se hacen cargo de responsabilidades sobre ascendientes y familiares dependientes, perpetuando la desigualdad.

Entre los 56 y 65 años, la brecha alcanza el 29,7% (45.178 euros frente a 31.762 euros, diferencia de 13.416 euros), reflejando décadas de desigualdad acumulada en promociones, complementos salariales y acceso a puestos de responsabilidad. Finalmente, entre los mayores de 65 años, la diferencia salarial llega al máximo, 42,8%, con 37.145 euros para hombres frente a 21.238 euros para mujeres. Además de demostrar el impacto prolongado de trayectorias laborales desiguales sobre la seguridad económica, la continuidad de esta desventaja hasta la edad de jubilación indica que, en la mayoría de los casos, las mujeres no recuperan el terreno perdido durante la edad reproductiva.

Aunque las medidas laborales y la toma de conciencia sobre la importancia de la igualdad salarial en las empresas pueden ayudar a continuar cerrando paulatinamente la brecha entre las generaciones más jóvenes, el impacto de décadas de barreras laborales adicionales se sigue sintiendo en los cohortes de edad más avanzada, incluso después de la jubilación. En esta línea, el informe de UGT señala que las prestaciones recibidas por las madrileñas después del retiro se colocan un 25,57% por debajo de las pensiones de los hombres.

Las necesidad de conciliación pesa en parcialidad y excedenias

La presencia desproporcionada de la temporalidad y la parcialidad en el empleo femenino complican todavía más la comparación salarial entre los trabajadores de los dos géneros. De hecho, UGT calcula que un 22% de las asalariadas madrileñas trabaja a tiempo parcial, frente al 9% de los hombres, mientras que el 13% de las mujeres y solo el 9% de sus contrapartes masculinas tienen un contrato temporal. Esta diferencia está en parte explicada por las dificultades de acceso a trabajos estables, pero también por la expectativa de que las mujeres dispongan de más tiempo libre en la edad adulta para dedicar al cuidado de la familia.

Una parte fundamental de esta desigualdad se refleja en la mayor necesidad de recursos para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y es que las mujeres asumen en mayor medida excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos, hijas u otras personas dependientes. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2025, solo el 14,2% de los hombres asalariados de la Comunidad de Madrid han solicitado una excedencia por cuidado, frente al 81,8% de las mujeres.

Para eliminar los efectos de la temporalidad y parcialidad en la comparativa, UGT Madrid añade también el cálculo del Salario Medio Estimado (SME) por edades, un indicador que computa el ingreso anual bajo la premisa de que todas las personas han trabajado a jornada completa durante todo el año. Así, se pueden analizar las diferencias salariales que responden a otras causas estructurales del mercado laboral, un estudio del que se desprenden conclusiones similares: la brecha comienza en los menores de 25 años, mayormente estudiantes o recién graduados, en 317 euros, para dispararse a lo largo de la siguiente década hasta los 1.511 euros. En el tramo entre los 36 y 45 años, la diferencia salarial vuelve a experimentar un fuerte crecimiento hasta situarse en el entorno de los 5.037 euros.

Después, el efecto acumulado de toda una carrera compitiendo en desigualdad arrastra la diferencia salarial a los 7.580 euros entre los 46 y 55 años y 8.360 euros entre los 56 y 65 años, para terminar en una marcada distancia de 13.335 euros entre los mayores de 65 años.

En una maratónica sesión -más de 16 horas-, el Gobierno libertario y dialoguistas consiguieron relegar al kirchnerismo y aprobaron la ley de reforma laboral en el Senado. Ahora, la iniciativa deberá ser girada rápido a Diputados, donde el oficialismo tendrá en sus manos la posibilidad, de no mediar sorpresas ni picardías -por ejemplo, que sea modificado y devuelto, en segunda revisión, a la Cámara alta-, la sanción del primer proyecto relacionado con este tema desde el regreso de la democracia, tras varios intentos fallidos en décadas pasadas.

Durante la definición en general, el texto recibió 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno en completo en el recinto. Después llegó el momento más delicado de la sesión extraordinaria: la votación en particular. Allí, libertarios y aliados mantuvieron la mayoría, con algunas variaciones según la instancia. Siempre, sobrados. Fueron 26 títulos, lo que obligó al oficialismo a funcionar como un reloj suizo. Por la tarde, las idas y vueltas que dio la Casa Rosada con retoques de último momento pusieron a los dialoguistas con los nervios de punta. Fue lo único que este sector reclamó desde hace semanas. No sirvió de nada dicho pedido, pero la situación fue más que amortiguada.

A modo general, las incorporaciones de las últimas 48 horas incluyeron: caída del artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales con la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; el sostenimiento del 6% destinado a obras sociales; y la amortiguación de la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También hubo gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.

Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) también logró ubicar, como un anexo de la ley, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un tema que generó controversia. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Además, esto generó un cortocircuito entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel -siempre cerca de algún conflicto-, y la jefa libertaria, en el Senado, Patricia Bullrich.

Debate

El inicio de la discusión estuvo a cargo de Bullrich, la miembro informante y titular de la comisión de Trabajo de la Cámara alta. La libertaria fue breve y cedió la palabra -corresponde que lo haga quien comanda la sesión- a sus colegas Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Juan). El primero aseguró que la iniciativa dará “soluciones” al “miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales, que pueden hacer quebrar su empresa”, mientras que el segundo defendió el FAL, al manifestar que “no sustituye, altera o modifica el régimen actual de indemnizaciones”.

No tardó en responder el cristinismo. Por caso, el porteño Mariano Recalde, un íntimo de estas peripecias, dijo: “En ninguna reforma laboral flexibilizadora se generó empleo o se facilitó la registración. Las normas laborales no crean empleo”.

En cambio, desde la vía peronista del interbloque “Popular”, el pampeano Pablo Bensusán señaló: “Si no fortalecemos el trabajo registrado, si no respetamos las autonomías provinciales, no vamos a mejorar las relaciones laborales ni generar más fuentes de trabajo”. Y sumó: “Que hay quienes se benefician de la industria del juicio nadie lo niega, pero no se ataca de esta manera. Son otros los procedimientos para ver cuáles son los jueces que emiten sentencias irregulares”.

Antes de Bensusán, la experimentada radical Mariana Juri (Mendoza) reflexionó: “Sin una buena ley laboral que, además, se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega. Ésta es una ley que da previsibilidad, seguridad jurídica y que reduce la litigiosidad laboral”. Con salvedades -habló de acompañar en general-, su colega pampeano Daniel Kroneberger aseveró que “el régimen laboral vigente ha quedado desactualizado y no logra abordar las transformaciones productivas, tecnológicas y sociales”.

El peronismo retomó los cuestionamientos a través de la riojana Florencia López, que vaticinó que el sistema impulsado “viene a hacer añicos toda la doctrina del derecho laboral”, y acusó a oficialistas de no tener “la más remota idea de lo que estamos hablando”. En tanto, desde Convicción Federal, rama disidente aún dentro del interbloque kirchnerista, la jujeña Carolina Moisés aprovechó para observar a su partido por no haber estado “a la altura de las circunstancias” y no haber impulsado una reforma en los diferentes gobiernos, con una propuesta “que incluya la realidad del interior y las economías regionales”. Para despejar cualquier duda, adelantó el voto en contra de su espacio -cinco legisladores- junto al resto del cristinismo.

Muy lejos -en cuanto a calidad- de los discursos previos de Bullrich y compañía, el oficialista Agustín Monteverde fue el más claro de LLA: habló de un “régimen siniestro con raros fenómenos, como un empleo por demás precario que generó también el milagro de salarios pobres, pero costos laborales para el empleador desorbitados”.

“Es, a la vez, lo que ha terminado de asfixiar al régimen previsional, quitándole ya toda esperanza de sustento”, disparó Monteverde. Y añadió: “Se ha asustado sobre el contenido del proyecto antes y hoy en el recinto, tratando de hacer terrorismo parlamentario, como que se acaba la indemnización”.

El porteño resaltó: “Los que pueden estar asustados son los que viven de los trabajadores. La industria del juicio sí está en un problema”. Seguido a ello, preguntó: “¿Qué cuernos defienden los sindicatos? Si son entidades que a poco van colapsando". Y finalizó: “Basta ver la prepotencia, la violencia verbal y de la otra, que hay afuera y es alentada desde aquí adentro, para tener más claro que nunca que tenemos que persistir en esta senda”.

Cierres

La primera en hacer uso de la palabra fue Julieta Corroza (La Neuquinidad). “Modernizar, sí; retroceder, no”, fue el fundamento para adelantar el voto en general y algunos rechazos en particular. En una sintonía similar, pero más contundente y clara en sus dichos, Flavia Royón (Primero Los Salteños), que remarcó la necesidad de una reforma tributaria por ser uno de “los orígenes de los causales de la informalidad en la Argentina, debido a la alta carga impositiva en impuestos regresivos en tres los niveles: municipal, provincial, nacional, y en la evasión”.

“Negar que no tenemos problemas de empleo y que hay resistencia a la formalización es negar la realidad. Esta ley laboral no va a crear empleo, es un proceso más complejo”, pronosticó Royón. Y evaluó: “Lo que busca esta ley es bajar la resistencia a la formalización, con casi seis millones de personas en la informalidad sin vacaciones, aportes ni derechos a la jubilación”. La salteña se opuso al FAL y consultó “cómo se va a administrar”.

Desde el Frente Cívico santiagueño, el exgobernador Gerardo Zamora se pegoteó a la postura kirchnerista y, como era de prever, se mostró en contra del articulado. “Esta ley tiene ambigüedades y no elimina zonas grises”, advirtió. Seguido a ello, la zigzagueante peronista disidente Alejandra Vigo (Provincias Unidas) blanqueó un acompañamiento en general y observaciones en la definición en particular por puntos “que no son ni bastante buenos ni claros”. Es decir, decisiones distintas con visiones similares.

Tras ello, el jefe del PRO en la Cámara alta, el misionero Martín Goerling, avisó que los tres miembros de la bancada macrista no validarían el guiño final de la Casa Rosada hacia gremios y empresarios con los aportes compulsivos que, si bien tendrán tope, continuarán como obligatorios. Hasta el mediodía de hoy, esto tenía un plazo de dos años para que pasaran, luego de esa ventana, a ser voluntarios en ambos casos. Se encontraba en el artículo 128.

“Es el momento de decir que vamos a devolver el poder de elegir -en referencia a los trabajadores- si quieren o no, y que sindicalismo se modernice y logre filiación voluntaria y no compulsiva. Es fundamental que demos el debate hoy. Una mayoría no quiere que les descuenten compulsivamente para que vayan a cajas. Hoy tenemos posibilidad de discutir eso y estamos a favor de la no obligatoriedad del aporte sindical”, enfatizó el misionero. No obstante, horas después validaron la propuesta libertaria.

Goerling además precisó: “Esto no es ideología, sino abordar el tema de la realidad. Es matemática pura. Se defienden un sistema que penaliza la creación de empleo y expulsa hacia la informalidad, y tenemos que resolver si somos una fábrica de pobreza o si nos animamos a ser un país más productivo”. Según datos que dio, el país “tiene la carga tributaria laboral más alta de Latinoamérica, con un 34% del total en impuestos, mientras que en Chile es 7% y, en los Estados Unidos, 14,6%. Estamos condenando a emprendedores a cargar a correr un maratón con una mochila pesadísima”.

En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes), mencionó los “abusos de algunos sindicatos que, por ejemplo, en la toma de empresas, las terminan ahogando y cierran, lo cual ha sido una complicación, y este abuso va a ser castigado”.

Sobre el FAL, Vischi afirmó: “He escuchado posturas a favor y en contra, pero el sistema previsional no se mantiene con los fondos de trabajadores y empleadores, sino que lo aportan todos los habitantes a través de sus impuestos”. Bajo ese escenario, sugirió no tomarlo “de forma maliciosa”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo de José Mayans (Formosa), que denostó un proyecto “que toca 41 leyes”. Más tarde, fue directo contra el jefe de Estado, Javier Milei. “No tiene ningún tipo de credibilidad”, juzgó, y acusó al oficialismo y dialoguistas de tirar “por la borda un sistema que va a traer alta litigiosidad, con una ley abiertamente inconstitucional”.

La palabra final quedó en manos de Bullrich. “A pesar de los insultos, quiero informarle no a él -en referencia a Mayans-, sino al Cuerpo, para que no se sienta agraviado, que la única persona que está presa en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que no hable más del presidente Milei y hable de una realidad concreta que nos hace quedar muy mal en el mundo. Punto”, conjeturó. Desde un palco ya la oían la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.

En cuanto a la iniciativa, explicó: “Estamos ante una batalla muy importante, de las más importantes que da el Congreso en los últimos años. Se intentó en distintos gobiernos democráticos. Sin embargo, las frustraciones fueron múltiples”.

Según la exministra de Seguridad, la legislación es “obsoleta y nos dejó varados, con un país anclado en el pasado y que no puede avanzar”. Y subrayó: “Si tenemos que cambiar tantas leyes es porque generaron una telaraña imposible de atravesar”.

“No prometemos milagros, sino soluciones concretas. No todo es empleo público y un estado feudal. Hay que tener seguridad jurídica”, alentó Bullrich, y direccionó la lupa hacia un “sistema extorsivo que, en pocos años, pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener un 43% de informalidad”, continuó la senadora por la Capital Federal.

Previo a la votación en general, subrayó: “Queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de estados que le ponen la pata encima a cada uno de los que quieren abrir una empresa y emprender. Producir es una culpa en la Argentina. ¿Quién da trabajo? Explíquenme". Sobre los juicios, puntualizó: “Salen cifras desaforadas, con abogados y peritos, que ahora ponemos límites, que se llevan más del 50%. Son los verdaderos cuervos que atacan el trabajo de la Argentina”. “Cuando los argentinos agarran y sienten que vuelven a ser dueños de su vida, se empoderan”, relató.

Detalle de la votación en general

Libertad Avanza puso a sus 21 soldados, mientras que la UCR aportó diez y; el PRO, tres; y Provincias Unidas, dos. Los restantes para arribar a los 42 vinieron de la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, actual aliada del mandatario provincial -reciente ex kirchnerista- Osvaldo Jaldo.

Fueron 42 en total a favor, ya que a todo el kirchnerismo se unieron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. En la particular, dicha cifra varió, aunque se sostuvo la mayoría. Tras la primera compulsa, Villarruel abandonó el convite y le dejó la posta al presidente provisional de la Cámara alta, el libertario puntano Bartolomé Abdala, quien no tuvo inconvenientes para consumar la tarea. A su lado se quedó el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, quien fue clave por la delicada lectura de los cambios.

Definición en particular

*Título I: 41 a favor, 30 en contra. Se abstuvo la neuquina Corroza.

*Título II: 41 afirmativos, 31 rechazos. Aquí estuvo el tema FAL.

*Título III:44 a favor, 28 en contra. En esta sección apareció el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad

*Título IV: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título V: 42 a favor, 30 en contra.

*Título VI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título VII: 41 a favor, 30 en contra y abstención de Vigo.

*Título VIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título IX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título X: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título XI: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIII: 41 a 31.

*Título XIV: 40 a 32. Aquí es donde el PRO prometió no votar la continuidad de aportes compulsivos. Como Bullrich no aceptó la versión macrista -única fuerza que impulsó esto, en detrimento de una caja millonaria para gremios y asociaciones empresariales-, el partido amarillo, al final, acompañó.

*Título XV: 41 a favor, 31 en contra.

*Título XVI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XVII: 44 a favor -se sumaron los santacruceños Gadano y Carambia-, 28 en contra.

*Título XVIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XX: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXI: 42 a favor, 30 en contra. Aquí se mantiene el 6% a favor de obras sociales. A pesar de ello, el kirchnerismo votó en contra. Llamativo.

*Título XXII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXIII: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XXIV: 41 afirmativos, 31 rechazos.

*Título XXV: 40 a favor, 29 rechazos. Se ausentaron los santacruceños Gadano y Carambia, más el radical bonaerense Maximiliano Abad.

*Título XXVI: 38 afirmativos, 31 en contra.

Aunque la discriminación salarial a las mujeres se mantiene como un problema en todas las comunidades autónomas, Madrid destaca un año más como el territorio que registra la mayor brecha de género de España, según un informe presentado hoy por UGT. El análisis, elaborado a partir de los datos tributarios de 2024, revela que la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres en la región supera los 8.000 euros anuales, situando a Madrid a la cabeza de la desigualdad salarial en el país junto al Principado de Asturias. Los datos apuntan a una precarización superior en los sectores con mayor presencia femenina, dificultades de conciliación familiar que agravan la situación y unas diferencias estructurales que se extienden también a pensiones y prestación por desempleo.

De acuerdo con el informe de UGT Madrid, el salario medio anual de los hombres en la región alcanza los 35.873 euros, mientras que el de las mujeres se queda solo en 27.731 euros. Esta diferencia, de 8.142 euros, supera ampliamente el promedio estatal, que se fija en 5.156 euros. Gracias a estas dos cifras, la brecha salarial de Madrid se sitúa en el 22,7%, más de cuatro puntos por encima de la media nacional, que es del 18,8%. Durante la rueda de prensa de presentación del documento, Esther Chaves, Secretaria de Igualdad del sindicato en Madrid, ha señalado que la brecha ha comenzado a disminuir gracias en parte a los aumentos en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que recoge cada vez a mayor parte de la población, pero se sigue manteniendo. Para Susana Huertas, Secretaria General de UGT Madrid, es precisamente la subida del SMI lo que explica la reducción de dos décimas en el porcentaje respecto al informe del año anterior, pero no se aprecian mejoras derivadas de políticas laborales de igualdad ni medidas concretas del Gobierno regional.

El informe utiliza también el Salario Medio Estimado (SME), que calcula el ingreso anual como si todas las personas hubieran trabajado a jornada completa durante todo el año. Con esta medida, UGT pretende eliminar el efecto de la parcialidad y la temporalidad, ambos factores con especial incidencia en el caso femenino, para analizar la diferencia de ingresos que responde a otros aspectos estructurales. Bajo este criterio, la brecha persiste: el SME masculino alcanza los 40.790 euros y el femenino solo 35.675 euros. Así, Madrid lidera el ranking nacional con una brecha relativa del 12,5%, frente a una media estatal del 7,35%, para la que no se tienen en cuenta los datos fiscales de Navarra y País Vasco.

La precariedad y la maternidad penalizan a las mujeres

El peso desproporcionado de las mujeres en los cuidados no profesionales es otro de los principales factores que marcan las desigualdades salariales. En Madrid, el 81,8% de las excedencias para hacerse cargo de hijos o familiares son solicitadas por mujeres, una estadística de la que se desprende que este tipo de labores recae mayormente en ellas. La necesidad de recurrir a las medidas de conciliación puede resultar limitante para el desarrollo profesional, con miles de mujeres que se ven obligadas a poner en pausa su carrera por ser madres. Mientras la paternidad no genera un impacto negativo en la vida profesional de la mayoría de hombres, “la maternidad nos penaliza muchísimo a las mujeres”, señala Chaves.

En pensiones, los hombres reciben una media anual de 27.027 euros y las mujeres 20.117 euros, con una brecha del 25,6%, por encima de la media estatal del 23,9%. Los hombres perciben una pensión equivalente al 75,3% de su salario medio anual; las mujeres, al 72,5%. Así, el sindicato sugiere que la diferencia de rentas arrastra la desigualdad hasta la época posterior al retiro, condicionando las pensiones de jubilación. Según apunta la Secretaria de Igualdad, “nos vamos a ver afectadas en toda nuestra vida, no solo en la vida laboral”. La desigualdad se traslada también a los subsidios destinados a proteger a los trabajadores. La prestación media anual por desempleo en Madrid tiene una brecha de 10,8%,más de un punto y medio superior a la media nacional, que se sitúa en el 9,1%.

Al mismo tiempo, Chaves ha destacado el rol de la parcialidad y la temporalidad en las diferencias salariales, aunque matiza que la última reforma laboral ha contribuido a corregir la prevalencia de contratos de tiempo definido. El 22% de las asalariadas madrileñas trabaja a tiempo parcial, frente al 9% de los hombres. El 13% de las mujeres tiene un contrato temporal, mientras que esta situación afecta igualmente solo al 9% de los hombres. Las mujeres también solicitan un 81,8% de las excedencias por cuidado familiar, frente al 14,2% de los hombres.

Los hombres acaparan el 71% de los sueldos más altos

Los datos tributarios de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid demuestran que, en los tramos más bajos de la distribución salarial, correspondientes a los sueldos iguales o inferiores al valor del salario mínimo, hay 294.611 mujeres frente a 249.789 hombres. En los tramos más altos (los de las personas que cobran más de 10 veces el SMI), se registran 27.654 hombres y solo 8.903 mujeres. En el decil superior de ingresos, el 71% de quienes más cobran en Madrid son hombres.

Más allá de la brecha de género, cabe destacar que Madrid es la comunidad que contabiliza salarios más altos, en gran parte por la concentración de sedes de grandes empresas y organismos públicos en la capital. Además, la diferencia entre el SME y la mediana salarial en la región es la más pronunciada del país: el SME masculino supera a la mediana en 12.113 euros y el femenino en 6.998 euros. La diferencia, de más de 5.000 euros, revela una estructura salarial desigual en la que un grupo reducido con salarios muy altos mueven la media hacia arriba frente a una masa mucho mayor de trabajadores con salarios en los tramos más bajos. Esta polarización implica que la mayoría de madrileños y madrileñas perciben salarios por debajo del promedio estadístico calculado normalmente.

El corazón de Hollywood vuelve a latir con incertidumbre a medida que se acercan nuevas negociaciones laborales entre sindicatos y estudios. Las conversaciones que arrancan esta semana podrían marcar el destino de la industria del entretenimiento, solo dos años después de que intensas huelgas paralizaran la producción y sacudieran la economía del sector.

De esta manera, el temor de un nuevo conflicto colectivo está sobre la mesa, mientras los protagonistas buscan acuerdos en un entorno transformado por la tecnología y las nuevas formas de consumo audiovisual.

Antecedentes recientes: huelgas y contratos a punto de expirar

En 2023, Hollywood vivió uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Por primera vez desde los años 60, los sindicatos de guionistas y actores llevaron adelante huelgas simultáneas, deteniendo la producción durante varios meses. Las consecuencias económicas fueron profundas, no solo para quienes integran la industria, sino también para decenas de actividades vinculadas.

Los acuerdos que pusieron fin a aquellos paros están a punto de vencer: el contrato de los escritores finaliza el 1 de mayo, mientras que el de los actores expira el 30 de junio. La proximidad de esas fechas vuelve a poner en alerta a los estudios y a quienes dependen de la continuidad laboral en la meca del cine.

Un nuevo escenario: desaceleración y ascenso de la inteligencia artificial

La industria audiovisual llega a la mesa de negociación en una situación muy diferente a la de 2023. El ritmo de producción ha disminuido de forma considerable, con muchas compañías de entretenimiento intentando adaptarse a los desafíos del streaming y a los cambios en los hábitos de consumo. Esto significó menos oportunidades de trabajo para actores, guionistas y directores.

Simultáneamente, la inteligencia artificial generativa ganó un peso inédito en las discusiones. Su presencia plantea dilemas sobre los derechos de imagen, la autoría y la protección de los trabajadores creativos frente a la automatización de tareas.

Quiénes negocian y cómo será el proceso

El inicio de las negociaciones está en manos del sindicato de actores SAG-AFTRA, que representa a miles de intérpretes, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión, el grupo que reúne a los estudios. Se prevén varias sesiones de diálogo en las próximas semanas.

Entre los líderes sindicales, destaca la figura de Duncan Crabtree-Ireland, jefe negociador de los actores, quien aseguró que la prioridad es preservar el empleo de los afiliados, sin aceptar condiciones desfavorables. Por parte de los estudios, la conducción corre a cargo de Greg Hessinger, quien debuta en este rol y es observado con expectativa por ambas partes.

En marzo, será el turno del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos para iniciar su propio proceso de negociación. Más adelante, en primavera, se sumará el sindicato de directores, que en la ronda anterior no participó de las huelgas.

Los grandes temas sobre la mesa

La discusión salarial y la mejora de las condiciones laborales encabezan la lista de demandas, como ya ocurrió en las huelgas previas. A esto se suma la inteligencia artificial, un área en la que los sindicatos buscan establecer límites más claros para proteger los derechos de sus miembros.

El nuevo presidente de SAG-AFTRA, el actor Sean Astin, identificó como prioridades la actualización de los pagos por derechos de streaming —conocidos como residuals— y la revisión de cuestiones fundamentales del contrato. Según Astin, el convenio vigente ya no refleja las realidades laborales de los actores, por lo que requiere una revisión profunda.

En cuanto a los escritores, aunque todavía no detallaron sus exigencias principales, se espera que la sostenibilidad de sus fondos de salud figure entre los puntos centrales, como anticiparon integrantes del sindicato en declaraciones previas.

Propuestas de los estudios y respuesta sindical

Las compañías de producción llegarán a la mesa con una propuesta singular: contratos de 5 años, dos más de lo habitual. Argumentan que una mayor estabilidad, como la que tienen otros sectores —por ejemplo, la NFL con convenios de 10 años, o el sindicato de estibadores con 6—, podría beneficiar a todas las partes.

Los sindicatos, sin embargo, han defendido la duración tradicional de 3 años para mantener la capacidad de adaptación ante los cambios tecnológicos. Figuras como Christopher Nolan, presidente del sindicato de directores, consideran que un acuerdo a 5 años no resulta realista en un entorno tan volátil.

Desde la Alianza de Productores, la postura oficial es de optimismo. Sostienen que existe voluntad de alcanzar un acuerdo justo que garantice estabilidad a largo plazo y reconozca el aporte de los trabajadores. Por el lado sindical, la cautela domina el ánimo, aunque hay expectativas de que el nuevo liderazgo en la negociación pueda facilitar un clima más constructivo.

Mientras el Gobierno cerró toda vía de diálogo con los sectores más opositores, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, dio un fuerte mensaje de advertencia a los mandatarios dialoguistas. “Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia”, apuntó.

El gremialista, uno de los más confrontativos con la Casa Rosada, afirmó días atrás que el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas, financiada con el 60% de los fondos coparticipables destinados a las provincias. Según su análisis, esta medida pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” e instó a los gobernadores a “defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.

“Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Por eso es un error grave prohibirles mañana miércoles 11, que movilicen al Congreso que ejerzan el derecho de huelga a los trabajadores. Es una oportunidad perdida", lamentó, en un video compartido por redes sociales.

El gremio ATE advirtió que el capítulo fiscal de la reforma impactará directamente en las provincias. Estiman que la reducción de las alícuotas de Ganancias para grandes empresas representará 1,9 billones de pesos menos en recaudación anual, de los cuales $1,12 billones corresponderían a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y $790.000 millones al Gobierno nacional.

Esta mañana, los sindicatos agrupados en el nuevo frente gremial ultraopositor –impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y la Federación de Aceiteros– continuaron con su plan de lucha, sin el aval de la CGT, pero con medidas que incluyen movilizaciones y paros. Este sector sindical tiene críticas hacia la central obrera, e impulsa un perfil más beligerante a las medidas oficial de La Libertad Avanza (LLA).

“Este frente de sindicatos no para de crecer. Tiene que seguir peleando, no solo para derrotar la reforma laboral. La tiene que trascender, porque lo que hay que derrotar es el modelo económico de saqueo y empobrecimiento de Milei”, alentó.

En este marco, Aguiar sostuvo que la reforma laboral propuesta “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”, y anticipó que podrían profundizar el plan de acción si la ley avanza en el Congreso. Además, vinculó la coyuntura de seguridad en Santa Fe al referirse al acuartelamiento policial, como un “ejemplo” de la tensión social que, dijo, podría agravarse con la aprobación de la reforma.

Días atrás, el 5 de febrero, sindicatos del mismo nucleamiento gremial realizaron una movilización en Córdoba como parte del “Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva”, que busca promover acciones de resistencia en todo el país.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, expresó: “Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos”. Según Yofra, el problema de fondo es económico y no se soluciona con cambios en la legislación laboral.

Las jornadas de protesta buscan exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma y responsabilizarlos por un eventual avance del proyecto. El frente sindical rechaza cualquier intento de negociación parcial y desconfía de posibles declaraciones de inconstitucionalidad posteriores por parte de la Corte Suprema.

Este miércoles, la actividad gremial continuará con movilizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales en la Plaza de los Dos Congresos, mientras algunos sindicatos optarán por un cese parcial de actividades para facilitar la asistencia de sus afiliados, y otros, de perfil más combativo, realizarán una huelga de veinticuatro horas.

El sector estatal, nucleado en el sindicato ATE, anunció para el miércoles 11 de febrero un paro nacional con movilización al Congreso, en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, el otro gremio de peso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), solo se limitó a convocar a la concentración ante el Congreso.

En el sector del transporte, la respuesta será dispar. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvió no realizar un paro general, sino ceses de actividades parciales. Hasta las 14.30, horario previsto para la concentración frente al Congreso, el transporte público funcionará normalmente, aunque algunas organizaciones podrían realizar paros breves al cierre de la jornada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), a cargo de Roberto Fernández, garantizó el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fuentes parlamentarias citadas por Infobae en Vivo indicaron que Bullrich repasó “artículo por artículo” cada punto de la futura reforma junto a los principales actores del diálogo. “Hicimos un repaso artículo por artículo de toda la ley que se va a votar el miércoles. Llegamos a un acuerdo muy sólido respecto a una ley laboral muy equilibrada, muy buena. El miércoles, a votarla al Congreso, acá”, expresó Bullrich al término de la reunión. Así buscó reflejar el clima de entendimiento con sectores clave de la oposición.

El oficialismo dirigido por Javier Milei se encuentra enfocado en blindar el texto final ante riesgos de cambios imprevistos. Girón advirtió que las modificaciones “no se van a conocer ahora en un texto definitivo, sino que se van a hacer precisamente durante la sesión”. Desde el entorno del Gobierno admitieron que cuentan con respaldo suficiente para la aprobación general, aunque plantearon que las dificultades podrían surgir en la discusión por capítulos individuales.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Bullrich presentará el resultado de la negociación a la mesa política oficialista, compuesta por referentes de todos los sectores del Gobierno, incluyendo a Milei. En las horas previas a la sesión, el oficialismo remarcó una postura de firmeza ante los eventuales cambios, aunque reconoció ante que “algo vamos a tener que entregar” para no trabar el avance de la ley.

Desde el sector radical, la senadora Carolina Losada reafirmó el apoyo de los bloques dialoguistas. “El corazón de la ley estaban totalmente de acuerdo, que ellos iban a apoyar de todo el sector, todo el ala radical, iba a estar dando su voto positivo a esta reforma laboral, que era muy importante, muy necesaria, sin poner demasiados obstáculos”, sostuvo Losada en declaraciones a Infobae al Amanecer.

El sindicalismo emerge como un actor central en esta fase crítica. Según anticipó Girón, los sindicatos lograron preservar derechos clave, sobre todo la continuidad de los aportes sindicales obligatorios. Fuentes del ciclo matutino subrayaron que el sector gremial cerró filas en defensa de estas prerrogativas e intentará evitar pérdidas sustanciales en su capacidad financiera.

En contraposición, el peronismo articula la mayor resistencia al proyecto. El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó la iniciativa: “No tiene nada que ver con la reforma laboral de Milei, que es de la época de las cavernas, es la que hizo... Siempre quiso hacer la derecha. No tiene un elemento de modernización, no tiene un elemento de novedad”, afirmó Kicillof al comparar con experiencias internacionales y cuestionar los acuerdos sin consenso.

Al margen de la reforma laboral, la sesión parlamentaria también tratará el proyecto de régimen penal juvenil, que plantea bajar la edad de imputabilidad a catorce años. La Iglesia Católica, por medio de Cáritas Nacional y comisiones episcopales, manifestó su rechazo y sostuvo, según detallaron en Infobae en Vivo que la reducción de la edad penal “no resuelve el problema, lo profundiza”.

A la expectativa de la jornada decisiva, en el oficialismo y la dirigencia sindical fue creciente la atención sobre los bloques fundamentales de la reforma. El futuro inmediato del PJ bonaerense también se ve impactado, debido a la próxima designación de Kicillof como presidente del partido tras el acuerdo con el sector de Máximo Kirchner, de acuerdo a información dicha por Girón.

Mientras las negociaciones giran en torno a puntos neurálgicos y el sindicalismo refuerza la defensa del aporte obligatorio, el desenlace se perfila como una señal de fortaleza gremial, más que un éxito pleno de los sectores dialoguistas.

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Entre las aspiraciones centrales de los representantes sindicales se encontraba el refuerzo de la inversión, el mantenimiento de infraestructuras y la mejora de las plantillas dentro del sector ferroviario. Según informó Europa Press, las partes implicadas alcanzaron un principio de acuerdo este lunes para suspender la huelga que había comenzado ese mismo día y que estaba prevista hasta el miércoles, aunque a las 16:00 horas aún no se había formalizado la desconvocatoria. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró que comparte plenamente las declaraciones emitidas por los sindicatos, quienes calificaron el preacuerdo como “histórico” y enfatizaron avances sin precedentes en aspectos clave para los trabajadores y el sistema ferroviario.

El medio Europa Press detalló que tanto el Ministerio liderado por Óscar Puente como los sindicatos destacaron la importancia del diálogo sostenido durante la negociación. Desde Transportes reconocieron la actitud constructiva de las organizaciones de trabajadores y señalaron la capacidad de consenso demostrada en favor del sistema ferroviario. Los sindicatos subrayaron que, además del aumento de inversiones y la atención al mantenimiento, el pacto también contempla mejoras de personal, aunque indicaron que la desconvocatoria formal aún estaba pendiente de firma, por lo que la comunicación definitiva se haría durante la tarde.

Hasta ese momento, no todas las organizaciones participantes habían aceptado el preacuerdo. De acuerdo con Europa Press, Semaf (sindicato de maquinistas), CCOO y UGT, que en conjunto representan más del 80% del sector, integraban el bloque que impulsó el principio de acuerdo. Sin embargo, sindicatos como CGT, SF-Intersindical y Alferro mantenían sus convocatorias, por lo que las negociaciones proseguían abiertas para alcanzar una resolución integradora de la totalidad de los colectivos implicados.

Sobre la incidencia de la protesta, Europa Press reportó que Renfe situó en un 11,6% el seguimiento entre su plantilla en todas las operaciones, lo que abarca tanto los servicios de viajeros como de mercancías y actividades en talleres. Entre el turno nocturno y la mañana, la media se fijó en un 11,2%. Según la misma fuente, las compañías Iryo y Ouigo, que también ofrecen servicios ferroviarios en España, no informaron sobre el impacto de la huelga en sus operaciones.

Las repercusiones de los paros se tradujeron en cancelaciones y retrasos significativos. Según consignó Europa Press, en los servicios comerciales de largo recorrido, como AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, se cumplió el 80% del mínimo exigido, mientras que durante la mañana se cancelaron específicamente siete trayectos, repartidos en tres en el corredor Nordeste, dos en el Sur y dos en el Norte. Para mitigar las consecuencias entre los pasajeros afectados, Renfe estaba gestionando reubicaciones en otros trenes.

El preacuerdo también tiene consecuencias sobre los servicios de alta velocidad, donde la lista de servicios mínimos fijada en un 73% dejaba fuera a 272 trenes de Renfe a lo largo de los tres días de la huelga; por consiguiente, estos recorridos no contaban con garantía mínima de prestación.

En cuanto a los servicios públicos, la magnitud de las interrupciones fue especialmente alta en las redes de Cercanías, con Rodalies de Catalunya registrando un 42% de cumplimiento de los servicios mínimos y Cercanías Madrid llegando al 41,1%. Andalucía presentó un grado de prestación del 52,7%, y además vivió una combinación de supresiones de trayectos y complicaciones debidas a las condiciones meteorológicas, de acuerdo con los datos reportados por Europa Press.

A escala nacional, el servicio de Cercanías logró un cumplimiento del 62,6% de los mínimos establecidos. Las limitaciones impuestas en media distancia permitieron operar 1.277 de los 1.960 servicios, lo que equivale a un 65% de actividad, quedando sin garantizarse 683 rutas. Los criterios para las Cercanías estipularon un 50% para las horas de menor tráfico y un 75% en horas punta, con valores variables en Cataluña entre el 33% y el 66%. En el transporte de mercancías solo se consideró esencial el 21% de la operativa.

La disposición de Renfe de reubicar a los pasajeros afectados buscó atenuar el impacto entre los usuarios, mientras que la incertidumbre sobre la resolución definitiva persistía a falta de la firma oficial del acuerdo y la adhesión de todos los sindicatos. El medio Europa Press aclaró que existía el compromiso de informar puntualmente sobre la desconvocatoria a medida que progresaran las reuniones durante la tarde.

El sindicato CCOO ha declarado su intención de contactar con Aena para revisar las actuales medidas de seguridad en el aeropuerto de Palma, después de que un empleado de Ryanair resultara herido este domingo tras un altercado con un pasajero durante el proceso de facturación. Según informó el propio sindicato y recogió la prensa, el incidente ocurrió en el mostrador de facturación del vuelo Palma-Madrid, cuando un trabajador de la aerolínea informó a un pasajero que su equipaje excedía el peso permitido, lo que desencadenó una agresión física.

De acuerdo con la información consignada por el sindicato y divulgada en medios, el trabajador agredido fue atendido por servicios sanitarios debido a los golpes recibidos, principalmente en la cara, producto de los puñetazos que le propinó el pasajero. El sindicato CCOO expresó su condena ante estos hechos, calificando la reacción violenta hacia el personal aeroportuario como inaceptable y reiterando la importancia de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los propios pasajeros en las instalaciones aeroportuarias.

El comunicado emitido por CCOO subrayó la necesidad de que las actuales políticas y protocolos de seguridad en el aeropuerto sean revisados y, en su caso, reforzados. La organización sindical insistió en la urgencia de que las compañías aéreas y los operadores dentro del aeropuerto sean plenamente conscientes de las situaciones y condiciones que pueden incrementar el riesgo de agresiones. En ese sentido, el sindicato reclamó que se adopten medidas preventivas adicionales para evitar la repetición de incidentes similares.

Tal como publicó el sindicato, la situación generada por la disputa relacionada con el peso del equipaje se ha convertido en un punto de inflexión que motiva la reflexión sobre la formación del personal y la eficacia de los procedimientos internos frente a conductas agresivas de los viajeros. CCOO señaló la importancia de implementar acciones que refuercen la protección de los empleados y garanticen un entorno seguro en el desarrollo de su labor diaria.

El incidente también pone en el centro del debate las condiciones a las que se enfrentan quienes trabajan en el sector aeroportuario durante los momentos de mayor afluencia y presión, en particular en las áreas de facturación, donde con frecuencia se producen tensiones entre viajeros y personal por cuestiones relacionadas con las políticas de equipaje. Según lo consignado por CCOO, estos episodios, aunque aislados, evidencian ciertas vulnerabilidades en el sistema de atención y control, generando una demanda de mayor responsabilidad por parte de las empresas y de los organismos que gestionan los servicios aeroportuarios.

La reacción institucional y sindical tras la agresión incluye el acompañamiento al trabajador agredido, así como la reivindicación de cambios en los procedimientos de alerta y respuesta ante situaciones conflictivas con pasajeros. Según detalló CCOO, el contacto inmediato con Aena forma parte de una estrategia para analizar las causas de la agresión y estudiar posibles reformas en la normativa o en la capacitación del personal, con el objetivo de reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de prevención de incidentes violentos.

Por su parte, CCOO mantuvo que se solidarizan con el empleado agredido y anunciaron la presentación de una serie de propuestas a los responsables operativos y de seguridad para ajustar la protección de los trabajadores. Estas iniciativas, según hizo saber el sindicato a través del comunicado, buscan poner en el centro la salud y la integridad laboral. La organización sindical argumentó que un conocimiento adecuado de las situaciones de riesgo, por parte tanto de operadores como de compañías, contribuye a anticipar y desactivar posibles agresiones.

El altercado ocurrido en la terminal de Palma ha trascendido el caso particular al servir de llamado de atención para evaluar, según el sindicato, la suficiencia de los protocolos actuales frente a una realidad que, como señalaron, enfrenta desafíos vinculados al aumento del tránsito de pasajeros y las tensiones asociadas a las normativas sobre el equipaje en vuelos domésticos e internacionales.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, reconoció que los acuerdos importantes, como el nuevo Estatuto Marco para el personal sanitario, requieren tiempo para consolidarse y optimizarse, y señaló que durante ese proceso pueden persistir críticas y desacuerdos. En el contexto de una marcha por la sanidad pública organizada en Madrid este domingo, Bergerot afirmó que esta nueva regulación impulsada por el Ministerio de Sanidad constituye un avance al ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores del sector. Sin embargo, la medida no está exenta de contestación: tanto desde la administración regional como por parte de algunos colectivos sanitarios, la percepción de que las mejoras son insuficientes motiva la continuidad del debate, detalló el medio que cubrió las declaraciones.

Según indicó la representante de Más Madrid, el Estatuto Marco recién firmado representa para su grupo parlamentario un "éxito" en materia de políticas sanitarias. Bergerot elogió públicamente la actitud del Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, al tomar la responsabilidad de legislar en un ámbito que, en sus palabras, antes ningún otro gobierno "ha querido" abordar. Tal como consignó el medio, la portavoz subrayó la trascendencia de estas medidas al compararlas con situaciones de la vida cotidiana, precisando que ningún usuario querría realizar un trayecto largo junto a un conductor que acumula más de 20 horas de servicio; del mismo modo, considera relevante que los profesionales de la salud puedan desempeñarse en condiciones laborales adecuadas, lo que influiría positivamente en la atención a los pacientes.

El medio reportó, además, que durante la manifestación, Bergerot insistió en que la nueva normativa beneficiará directamente no solo a los profesionales sanitarios, sino también a los pacientes madrileños. Destacó que el objetivo es evitar escenarios donde médicos y enfermeros afrontan turnos extendidos, situación que, a su juicio, expone tanto al personal como a quienes requieren asistencia médica.

Más allá del respaldo expresado desde Más Madrid, el Estatuto Marco no ha logrado acallar la protesta. Tanto la administración autonómica como distintos colectivos de trabajadores de la sanidad consideran insuficiente el alcance del reglamento, sosteniendo que existen aspectos que requieren revisión o mayor desarrollo. Bergerot admitió este margen de mejora, puntualizando ante la prensa que "como todos los acuerdos, llevan un tiempo", y que este proceso exige diálogo y ajustes graduales.

El secretario general del PSOE-Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se manifestó también en relación al ambiente de protesta. Según publicó el medio, López expresó su "respeto" hacia las movilizaciones y recordó el reciente consenso alcanzado en su área, junto a los sindicatos, para la subida salarial global de todos los empleados públicos. En este sentido, López relacionó el acuerdo nacional sobre las condiciones de los funcionarios con el contexto de avances laborales en el sector sanitario.

El medio subrayó que la discusión en torno al Estatuto Marco se mantiene abierta y polariza tanto a representantes políticos como a parte de la plantilla sanitaria, que espera ver reflejadas en la normativa mejoras tangibles en su realidad cotidiana. La gestión del Ministerio de Sanidad frente a la presión de los trabajadores, así como la disposición al diálogo mostrada por los distintos actores implicados, continuará influyendo en la evolución y la percepción pública del nuevo marco legal en el ámbito sanitario.

Alrededor de 2.000 personas se concentraron frente a una comisaría en el barrio Brenta, en Milán, para exigir la liberación de seis detenidos durante una protesta contra la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno y la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, según informó el medio responsable de la cobertura. La movilización reunió a unas 5.000 personas en las inmediaciones de la Villa Olímpica, ubicada en la zona de Corvetto, al sureste de la ciudad, conforme consignó la fuente.

El medio detalló que la protesta fue organizada por diferentes colectivos, incluyendo organizaciones propalestinas, sindicatos de base y centros sociales. A pesar de la diversidad de los convocantes, el principal foco de la manifestación fue rechazar tanto la cita olímpica de invierno en Milán como la presencia de JD Vance en la capital lombarda. La manifestación derivó en enfrentamientos graves entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que obligó a la policía a desplegar un fuerte dispositivo que incluyó vehículos blindados, barreras móviles y agentes antidisturbios.

Según publicó el medio, el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes se produjo cuando intentaron acercarse al cordón policial instalado en Corvetto. La intervención policial derivó en la detención de seis personas, todas de nacionalidad italiana. El dispositivo de seguridad se mantuvo en el lugar hasta la dispersión completa de la protesta.

El periódico reportó que tras conocerse las detenciones, un grupo numeroso de manifestantes se trasladó hasta la comisaría del barrio Brenta con la demanda de liberar a los arrestados. Esta acción se sumó al clima de tensión generado en la ciudad durante la jornada. No obstante, la multitud se dispersó horas más tarde sin nuevos incidentes destacados, de acuerdo al medio.

El evento contó con una fuerte presencia policial, lo que reflejó la magnitud anticipada de la convocatoria. Además de la protesta social, la jornada estaba marcada por la atención mediática en torno a la visita de JD Vance, figura relevante en la política estadounidense, cuya presencia se interpretó por los manifestantes como un símbolo de apoyo institucional al evento olímpico, motivo adicional de rechazo para los colectivos convocantes.

Según informó el medio, la protesta se suma al historial de movilizaciones sociales en Milán motivadas por decisiones gubernamentales relacionadas con grandes eventos internacionales. Este tipo de cita suele atraer la atención de organizaciones críticas con el impacto ambiental, social o económico que pueden acarrear. La protesta de este sábado pone de relieve las tensiones locales antes del desarrollo de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital lombarda.

El reporte indica que, pese a la intervención de la policía con dispositivos de control de multitudes como cañones de agua y gases, no se registraron incidentes graves fuera de los enfrentamientos iniciales y las mencionadas detenciones. La cobertura no señala lesionados de gravedad entre los participantes o entre los agentes que intervinieron en el operativo de seguridad. El seguimiento a los manifestantes detenidos se mantiene pendiente de resolución por parte de las autoridades judiciales, según la información publicada por el medio.

En una entrevista emitida por el canal de streaming Infobae en vivo, Carolina Losada, senadora nacional de la Unión Cívica Radical, anticipó: “Creo que sí sale la reforma laboral. La sesión es el miércoles a las once de la mañana y sí sale con modificaciones, eso seguramente”. Losada precisó que las correcciones se harán durante la discusión parlamentaria y no previamente: “Las modificaciones se van a hacer en la misma sesión. No es que se va a hacer una reunión antes o va a volver a comisión, sino que en la misma sesión se van a decir cuáles son las modificaciones y a partir de eso se votará cada uno de los capítulos o por artículo en algún momento”.

En diálogo con el staff de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora radical aclaró la postura del bloque: “Nosotros, por lo menos en el bloque radical, tenemos toda la predisposición para aprobar la ley”. Frente a la consulta sobre la influencia de los gobernadores y el peso de los sectores dialoguistas, sostuvo: “Los gobernadores, por lo general, terminan hablando con sus propios senadores. Más allá de eso, hay todo un bloque que somos nosotros, que de alguna manera estamos mediando, porque Libertad Avanza tiene veinte senadores, nosotros somos diez. Hay otros bloques más chicos que trabajan con el Gobierno porque quieren que las cosas salgan bien, como nosotros. El bloque mayoritario fuera de lo que es la Libertad Avanza y no es el kirchnerismo, somos nosotros”.

Cambios, negociación y rol radical

Losada subrayó que las modificaciones sobre la ley serán “pequeñas y para mejorar” y evitó detallar el contenido para preservar la negociación: “Son todos cambios pequeños y son todos cambios para mejorar la ley. Lo que sí acordamos es no contar cada uno de los cambios, esperar a que las cosas terminen saliendo”. La senadora remarcó su participación en el Consejo de Mayo: “En mi caso, como miembro del Consejo de Mayo, fui parte de esta ley, más allá de que después la ley final la generó el Gobierno”.

Respecto al trasfondo del debate, la legisladora apuntó contra quienes rechazan la reforma: “Había algunos que se oponían desde antes de que se supiera de qué se trataba. Era modernización laboral y ya se oponían y hacían manifestaciones. El prejuicio era con muchos sectores que prefieren el statu quo, que no le sirve a nadie, que evidentemente no funciona, porque si no no tendríamos a la mitad de la población trabajando en negro”. Al recordar su campaña de 2021, Losada reafirmó su posición: “Estoy cien por ciento convencida de que la reforma laboral tiene que generarse. Hay un montón de trabajos hoy que en una ley tan vieja obviamente no están contemplados. Hay muchas cosas absurdas dentro de las leyes, de los estatutos”.

Para la senadora, el objetivo de la reforma es: “Que más personas puedan trabajar con derechos, o sea, registradas”. Defendió además la gradualidad del cambio: “No va a ser de un día para el otro, es algo que va a demorar un tiempo en surtir efecto y tiene que ir acompañado de otras leyes, como las tributarias. Pero es un gran primer paso”.

Impacto sobre trabajadores y pymes

Consultada sobre los beneficios concretos para los trabajadores, Losada destacó: “El beneficio que creo que es uno de los más importantes es la previsibilidad: saber que si el día de mañana la empresa donde trabajás cierra o decide despedirte, tu indemnización vas a saber cómo se calcula. Ahora no va a estar al libre albedrío de los jueces. Además, la empresa donde trabajás tiene un reaseguro, que es el famoso FAL, para hacer frente a este tipo de indemnizaciones”.

La senadora hizo foco en la situación de las pymes: “Hoy si recorrés empresas, te estoy hablando de micropymes, de pymes, locales de ropa, te dicen: ‘Yo tengo contratada acá, trabaja mi familia, porque si contrato a un empleado y me quiere hacer juicio, lo más probable es que tenga que cerrar el negocio y dejo todo mi familia’”.

Sobre los puntos sensibles como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, Losada explicó: “Hoy, de alguna manera, existe informalmente en muchas empresas. Ahora lo que estamos haciendo es ponerlo blanco sobre una ley. Y sobre el tema del fraccionamiento de las vacaciones, exactamente lo mismo. En los dos casos son cuestiones a definir y consensuar entre trabajador y empresario”. Rechazó la idea de una relación asimétrica: “La mayoría de las empresas, las pymes, tienen un delegado sindical en cada una. Ese delegado sindical es el encargado de negociar con los dueños de las empresas por el resto de los empleados”.

Sindicatos, cuotas y oficialismo

El debate se tornó más áspero al abordar el rol sindical. Losada fue tajante: “La mayoría de los que ves son todos millonarios que defienden su propio bolsillo, chicos. Hemos visto, hemos cubierto vos como periodista. Son millonarios que defienden sus propios intereses, su propia quintita, están desesperados por la caja”. Identificó la cuota sindical como un punto clave: “Me parece que es importante que se dé en esta ley algo que sería muy justo: si se le deja la cuota sindical compulsiva, que para mí es algo que se tendría que sacar de plano. Es una de las cajas que tienen, la famosa cuota sindical, que dicen que es solidaria, pero de solidaria no tiene absolutamente nada, porque el trabajador está obligado a poner esa cuota”.

Sobre el equilibrio, afirmó: “Si se le deja esa cuota, lo mismo tiene que ser con las cámaras que trabajan con las empresas. Ley pareja no es rigurosa, tiene que ser igual y no dejar el beneficio para los sindicatos y no para las cámaras”. Y concluyó: “Para mí no tendría que haber en ninguno de los dos casos. Tendría que ser solidario en serio: el que quiera aporte, el que no quiera, no. Eso es libertad”.

Al cierre de la entrevista, Losada se refirió a la oficina de respuesta oficial creada por el presidente Javier Milei: “En un principio me pareció un horror, obviamente, como periodista. Después empecé a leer lo que ponían y la verdad que es como... Ponen su versión sobre las cosas que se publican. Si fuera solamente eso, sin bardeos, sin insultos, la verdad que es una cuenta más de Twitter que te dice... Es como decir al Brock. Lo encuentro así, no le encuentro ni importancia ni relevancia”.

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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) rechazó los porcentajes establecidos al considerar que las limitaciones dictadas por la Administración "más que servicios mínimos, parecen de máximos". Esta crítica se produjo en respuesta a la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que determinó los niveles obligatorios de operatividad en la red ferroviaria nacional ante la convocatoria de huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero en compañías como Renfe. Según detalló Europa Press, la medida establece que el 73% de los servicios de trenes de alta velocidad deberán mantenerse durante el paro, mientras que el sector de mercancías operará al 21%.

De acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la obligatoriedad de servicios mínimos se extiende también a los trenes de Media Distancia, donde el porcentaje establecido alcanza el 65%. En el caso de los servicios de Cercanías, la prestación mínima varía según las franjas horarias: durante las horas punta será del 75% y el resto de la jornada se fijará en el 50%. Según publicó Europa Press, estos porcentajes se aplicarán en todo el territorio nacional, quedando fuera las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, que disponen de competencias para determinar sus propios servicios mínimos en materia ferroviaria.

En el marco de esta división territorial, la Generalitat de Cataluña determinó para su red unos mínimos del 66% durante las horas de mayor demanda y un 33% el resto del día para trenes de cercanías y regionales. En el País Vasco, los estándares para estos días de paro aún no han sido fijados, informaron fuentes consultadas por Europa Press.

La resolución del Ministerio responde a hasta siete convocatorias de huelga laboral en el sector ferroviario, entre ellas las presentadas por el Comité General de Empresa de Grupo Renfe, el propio Semaf y otros sindicatos con representación en Renfe como CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro. Todas las organizaciones promotoras señalaron que la huelga no solo tendrá impacto en la empresa pública, sino que repercutirá en el conjunto de compañías del sector, según consignó Europa Press.

La fijación de estos servicios mínimos se justifica, según la Secretaría de Estado, en la necesidad de salvaguardar las necesidades esenciales de movilidad y transporte de los ciudadanos ante la convocatoria de huelga, balanceando el derecho a la protesta laboral con la prestación del servicio público de transporte ferroviario. Como detalló Europa Press, los sindicatos implicados cuestionaron públicamente el alcance de las restricciones, considerando los porcentajes como "abusivos", especialmente en el caso de la alta velocidad, donde la obligatoriedad de operar el 73% de los trayectos limita, a su juicio, el ejercicio efectivo del derecho a huelga.

Además, la resolución afectará tanto a los trenes que circulan dentro del territorio peninsular español como a los que prestan servicios internacionales durante los días establecidos. Los sindicatos advirtieron que las limitaciones impactarán en la capacidad de la movilización, ya que elevan la proporción de trenes en circulación hasta niveles que fueron calificados como poco habituales para un contexto de paro laboral. Europa Press recogió declaraciones de representantes sindicales reiterando su rechazo, insistiendo en que el cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios requerirá que la mayor parte de los servicios de alta velocidad continúen operativos.

Las empresas operadoras afectadas, en especial Renfe, deberán adaptar sus programaciones y recursos de personal para ajustarse a los porcentajes fijados oficialmente en cada una de las líneas y franjas horarias implicadas. Tanto pasajeros habituales como operadores logísticos están a la espera de conocer el impacto real de la convocatoria, en función del acatamiento de las restricciones fijadas y la evolución de la huelga en el sector ferroviario durante la segunda semana de febrero.

A medida que se acerca la fecha de la sesión extraordinaria que el oficialismo senatorial pidió junto a aliados para el próximo miércoles -anoche fue convocada para las 11-, con el fin de discutir la reforma laboral en la Cámara alta, comenzaron a abrirse las ventanas por donde el diablo “mete la cola”. La cuestión no es menor e involucra a millonarios fondos en juego: una mayoría de legisladores dialoguistas le advirtió al Ejecutivo libertario que si los aportes del proyecto no son “voluntarios” para sindicatos y empresas, es decir, misma vara para todos y sin excepción, no acompañarán los artículos involucrados en dicha temática.

El debate no es nuevo, ya que la administración de Javier Milei mantuvo diversas compulsas de este tipo en la ley Bases de 2024 -no lo consiguió- y en decretos luego frenados en la Justicia, por citar algunos ejemplos. Son tres los ítems a considerar. El primero refiere a la cuota sindical, que la cede el empleado que está afiliado a un gremio de manera voluntaria. Aquí, no existe ninguna objeción.

Por otra parte, el segundo -y mega jugoso- apunta al aporte solidario, que se descuenta a todos los trabajadores del sector bajo el argumento de los “eventuales” beneficios de las negociaciones colectivas. Aquí es donde varios miran de reojo y, siempre en el plano político, el dardo traspasó la epidermis, dermis e hipodermis de un puñado de senadores. “Si eso sale como voluntario acá, la apuesta real es que se trabe en Diputados”, sentenciaron desde un despacho aliado -y de peso- a Infobae. Es decir: no hay todavía un consenso blindado.

Como si fuera poco, los supuestos “representantes” de empresarios pusieron el grito en el cielo con el artículo 128 del dictamen de mayoría, que se firmó en diciembre pasado. El mismo plantea: “Los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

Este medio adelantó, a fines de enero último, la postura que primaba en dialoguistas. En esa ocasión, un importante senador confió: “Si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector. Es decir, lo más justo y ecuánime para todos”. No obstante, los inconvenientes aparecieron en las últimas 96 horas y no a través de la Cámara alta, sino desde la propia Casa Rosada, con funcionarios premium que susurraron otra melodía. No se sabe si para confundir u operar.

El panorama de la sesión parece claro, a esta altura. La sesión extraordinaria ya es oficial y habrá una cumbre final entre oficialismo y dialoguistas durante la tarde del lunes. Ahí ya no existirán más reinterpretaciones ni vueltas y el borrador definitivo deberá ser convalidado por las partes o, al menos, un conglomerado de 37 voluntades de las 44 entre ambos grupos.

Como el despacho tendrá modificaciones inevitables, será trascendental la organización de la votación en particular de la iniciativa. Es allí donde La Libertad Avanza deberá pulir al máximo su estrategia. Los potenciales aliados ruegan que no haya sorpresas de último momento ni tuerca sin ajustar. Siempre corre el temor de jugadas pasadas desde Balcarce 50 -en general, tendientes a virulentas-, aunque apuestan a la muñeca de Bullrich. En una sintonía menos positiva se halla el kirchnerismo: su jefe, el formoseño José Mayans, activó ayer un encuentro virtual. “Un poco bajón todos. Parece que nos van a ganar”, reconoció un experimentado integrante de la bancada a Infobae.

Durante la próxima sesión plenaria, EH Bildu prevé interpelar al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, acerca de la posibilidad de que Euskadi disponga de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, apartándose así del marco estatal. Esta acción parlamentaria surge tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que rechazó el recurso presentado por los sindicatos ELA y LAB, quienes solicitaban una negociación específica con la patronal Confebask para la fijación de un SMI territorial distinto. Según informó el medio Europa Press, la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, comunicó que la formación soberanista impulsará nuevas acciones políticas sobre este asunto tanto en Euskadi como en Navarra.

Kortajarena sostuvo que Euskadi cuenta con capacidad legal y competencias suficientes para definir una política salarial propia sin depender de la autorización del Estado, y defendió que “es un acto de justicia y de democracia luchar por un SMI adaptado a la realidad socioeconómica vasca”. Según publicó Europa Press, argumentó que el sostenido incremento del coste de vida no se corresponde con la evolución de los salarios, lo que genera situaciones de desigualdad y precariedad en amplias capas de la sociedad. En este sentido, la dirigente aseguró que EH Bildu utilizará todas las herramientas disponibles para desarrollar esta iniciativa y reclamar un salario mínimo territorial que mejore las condiciones laborales y sociales.

La decisión del TSJPV, detalló Europa Press, ha generado el compromiso de EH Bildu de seguir promoviendo el debate político sobre la cuestión tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento de Navarra. En este último, el grupo soberanista presentó, junto a Geroa Bai, una iniciativa dirigida a propiciar la fijación de un SMI propio en la región, replicando el enfoque planteado para Euskadi.

Según declaró Nerea Kortajarena a Europa Press, la justificación que sustenta el reclamo de EH Bildu radica en la necesidad de garantizar un nivel de seguridad y estabilidad para la clase trabajadora, especialmente “en tiempos de incertidumbre”, y en la capacidad efectiva de las instituciones vascas para dotarse de herramientas normativas en materia de condiciones laborales.

La secretaria de Programa de EH Bildu argumentó, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, que no existen razones técnicas o normativas que impidan a Euskadi avanzar en la definición de un marco propio de salario mínimo. Señaló que “no tenemos que esperar a que en Madrid nos den permiso” debido a que, en su opinión, la estructura competencial actual permite la puesta en marcha de esta política dentro del ámbito autonómico.

Kortajarena insistió, según el medio citado, en que la reivindicación de un SMI propio constituye una respuesta ante lo que describió como “vetos, desigualdad injusta y precariedad crónica” y recalcó que esta demanda responde al objetivo de asegurar un salario mínimo adecuado a las necesidades y realidad económica local. Consideró, además, que la implementación de esta medida permitiría mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la población trabajadora.

Europa Press también reportó que EH Bildu considera que establecer un SMI adaptado a la situación económica de Euskadi es una prioridad política que contribuiría a corregir el desfase entre el costo de vida y la evolución de los ingresos laborales. La formación adelantó, a través de Kortajarena, que promoverá “todas las acciones que estén en sus manos” y que buscará sumar alianzas con otras fuerzas para avanzar en este planteamiento tanto en el País Vasco como en Navarra.

La interpelación prevista este viernes en la sede parlamentaria vasca, con el foco puesto en las competencias autonómicas en materia laboral y en las iniciativas necesarias para fortalecer la protección salarial, será, según subrayó EH Bildu, un nuevo episodio en la estrategia para reivindicar la autonomía en la definición de los estándares sociales en Euskadi. Europa Press indicó que la acción política se extenderá con la presentación de propuestas similares en otras cámaras legislativas autonómicas para consolidar una agenda común sobre la cuestión salarial y la defensa de las competencias territoriales asociadas.

Las demandas por una mayor seguridad en las operaciones ferroviarias, que han cobrado especial relevancia después de los accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), constituyeron uno de los principales puntos de discusión durante el encuentro entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según informó el medio, la reunión encabezada por el ministro Óscar Puente junto a dirigentes sindicales concluyó este miércoles sin un acuerdo que permitiera suspender la huelga convocada para la próxima semana en el sector ferroviario, aunque las partes confirmaron que mantendrán las negociaciones con un nuevo encuentro programado para este jueves.

De acuerdo con la información difundida por los participantes, el encuentro se realizó en la sede ministerial en Madrid, donde el ministro estuvo acompañado por el secretario de Estado, José Antonio Santano –quien intervino de manera telemática desde Cataluña, donde supervisa directamente la situación en Rodalies–, así como por los presidentes de Adif, Pedro Marco, y de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. También participaron el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado, y la secretaria general de Transporte Terrestre. Los sindicatos estuvieron representados por delegados de CCOO, UGT y Semaf, siendo este último el sindicato con mayor representación entre los maquinistas.

El medio detalló que la huelga ferroviaria está convocada los días 9, 10 y 11 de febrero y afectará tanto a las principales compañías de pasajeros –Renfe, Iryo y Ouigo– como a las cinco mayores empresas de transporte de mercancías: Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. Estas últimas operan en el ámbito privado. Los paros se desarrollarán durante la jornada completa.

Uno de los objetivos centrales de la protesta sindical es lograr transformaciones estructurales que garanticen tanto la seguridad como la calidad del servicio ferroviario en España, tal como resaltaron los representantes laborales en el encuentro, según consignó el medio. Entre sus otras demandas figuran la reversión de la externalización de servicios hacia empresas externas y la ampliación de las plantillas, cuestiones que consideran fundamentales para mejorar las condiciones de trabajo y el funcionamiento general del sistema.

Tras la finalización de la reunión, fuentes del Ministerio manifestaron que, pese a la ausencia de acuerdos concretos, el encuentro transcurrió en un clima de diálogo constructivo, con pleno interés en mantener abiertas todas las opciones para alcanzar una solución que satisfaga las reivindicaciones de los trabajadores del sector ferroviario. El Ministerio reiteró que "suscribe al completo" las demandas referidas al refuerzo de la seguridad, un aspecto intensificado tras los recientes incidentes en las redes de trenes.

Fuentes sindicales subrayaron la importancia de dar continuidad a las negociaciones e indicaron que la disposición de ambas partes a fijar una nueva cita para el jueves representa una oportunidad para avanzar. Según publicó el medio, las organizaciones laborales esperan recibir propuestas concretas por parte del Ministerio, especialmente en lo que se refiere a la revisión de los modelos de externalización y al incremento de las dotaciones de personal. Advirtieron sobre el impacto que la huelga podría tener en los servicios ferroviarios tanto de pasajeros como de mercancías si no se logran los avances requeridos.

La crisis que se vive en el sector, agravada por los recientes accidentes, ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de mantenimiento, supervisión y gestión de las infraestructuras ferroviarias. Las agrupaciones sindicales recalcaron que la seguridad no solo afecta a los trabajadores, sino también a los usuarios y a la integridad de la red ferroviaria nacional.

El Ministerio, por su parte, mantuvo el compromiso de atender estas inquietudes tomando en cuenta el contexto que dispararon los siniestros de Adamuz y Gelida, cuyos efectos trascendieron a nivel institucional y social. El encuentro de este miércoles se suma a una serie de negociaciones que buscan evitar la paralización del servicio y alcanzar acuerdos que transformen aspectos clave del sistema, reportó el medio.

A la espera de la reunión prevista para este jueves, la convocatoria de huelga sigue vigente y afecta a empleados de todas las compañías que operan servicios de transporte ferroviario tanto de viajeros como de mercancías en territorio español. Mientras, las partes insisten en la necesidad de continuar el diálogo para buscar una respuesta satisfactoria a las demandas planteadas.

Los sindicatos con mayor presencia en el sector ferroviario, Semaf (el de maquinistas), UGT y CCOO, mantienen la huelga convocada en Renfe entre el 9 y el 11 de febrero. Así lo han confirmado los portavoces sindicales, concluida la reunión celebrada este miércoles con el ministro de Transportes, Óscar Puente, encuentro que tuvo lugar tras los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El siniestro de Adamuz provocó 46 víctimas mortales, entre ellas un maquinista, mientras que el accidente de Gelida costó la vida a otro trabajador ferroviario.

Ayer martes, el ministro Puente anunciaba en el Congreso que se reuniría con los maquinistas para “estudiar” las peticiones que motivaron la convocatoria de huelga. Por su parte, las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de reforzar la seguridad en la red y aumentar la inversión en infraestructuras. Tras la reunión, los representantes de los trabajadores señalaron que no se han alcanzado compromisos concretos y que las conversaciones con el Ministerio de Transportes continuarán en los próximos días, antes del inicio de los paros.

No se desconvoca la huelga del sector ferroviario

Semaf, sindicato mayoritario entre los maquinistas, fue el primero en anunciar la convocatoria de huelga. “Vamos a convocar huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red”, recogía el comunicado que hizo pública la convocatoria en Renfe, a la que se sumaron CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT. En Adif, CC OO y UGT no han convocado huelga, aunque sí lo han hecho el Sindicato Ferroviario, que extiende el paro a Logirail, y CGT.

Semaf extiende la huelga más allá de Renfe, abarcando el resto de empresas que emplean a maquinistas. “Los paros se llevarán a cabo en el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías; en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail”, detallaba el sindicato en un reciente comunicado. CC OO y CGT también han convocado paros en varias de estas empresas privadas.

A la reunión de este miércoles han asistido el propio Óscar Puente, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de forma telemática, el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, además del director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado. La convocatoria de huelga afecta a todo el sistema ferroviario del 9 al 11 de febrero.

Con motivo de la situación, este martes se celebró una manifestación frente al Ministerio de Transportes, con la participación de unos 2.000 trabajadores ferroviarios según los sindicatos convocantes. Los asistentes reclamaron más inversión en seguridad y un mejor mantenimiento de las infraestructuras. Los sindicatos señalaron que el sistema ferroviario es seguro, aunque reconocen que existen fallos a corregir y que no pueden pasarse por alto tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida.

Los sindicatos ferroviarios acuden este miércoles a la reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con un mensaje común: sin compromisos concretos de plantilla, mantenimiento y fin de las subcontratas no habrá desconvocatoria de la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las organizaciones consultadas por Infobae coinciden en que el encuentro de hoy llega con posiciones “distantes” y con escasos avances reales sobre la mesa. Desde CGT, la voz más contundente del bloque sindical, anticipan que “es difícil que hoy se llegue a nada”.

Las centrales exigen un plan de choque inmediato que revierta lo que califican como deterioro estructural del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “No nos valen declaraciones de intenciones y no hay en marcha actuaciones concretas que puedan atisbar esperanzas de un cambio de rumbo en la política ferroviaria”, advierte Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía. El sindicato reprocha que “no hay compromisos de incremento de plantilla adecuada ni ofertas de empleo público para cubrir las necesidades estructurales” y que tampoco existe voluntad de “cambiar la política de concesiones para evitar que estas puedan subcontratar con empresas terceras”.

Para CGT, el diagnóstico es claro: “La falta de personal, la falta de mantenimiento de las infraestructuras y la desregulación e intrusismo en el sector” constituyen hoy el principal fallo de seguridad. Entre las medidas que consideran imprescindibles figuran la creación de empleo en Renfe y Adif para que todo lo relativo a circulación y seguridad se gestione desde lo público, el fin de la subcontratación que “precariza el empleo y las condiciones laborales” y un plan de formación que ponga en valor las profesiones ferroviarias. Montenegro añade que, en ausencia de avances reales, “no habrá reuniones nuevas” antes del día 9, lo que sitúa la huelga prácticamente como inevitable.

Un plan de choque con financiación

Desde UGT, el planteamiento es similar. La federación FeSMC reclama “más protocolos de protección en situaciones adversas como fenómenos atmosféricos desfavorables, aumentar la plantilla propia para mantenimiento ferroviario y más y mejor formación para todos los colectivos”. De cara al encuentro con Puente, el sindicato insiste en que la clave es un “plan de choque real que aborde estas cuestiones con financiación para una actuación rápida”. De lo contrario, advierten, “de nada serviría pactarlo para que se tire años dando vueltas por distintos despachos de los ministerios”.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), convocante inicial de los paros, afronta la cita como una “primera toma de contacto”. La organización reconoce que “a día de hoy las posiciones son distantes” y mantiene su reivindicación de fondo: “un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España”.

Más detallada es la propuesta de CCOO. Su secretaria general del sector ferroviario, Pepa Páez, plantea incrementar el presupuesto dedicado al mantenimiento de la red y que Adif “contrate más personal propio para hacerlo”. También reclama que se elaboren protocolos en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para los casos de inclemencias meteorológicas y medidas urgentes en líneas con problemas recurrentes como la Madrid-Barcelona. En el ámbito de Renfe, pide más personal a bordo e internalizar el mantenimiento de los trenes. Para CCOO hay dos líneas rojas claras: “Los protocolos de seguridad y la contratación en las empresas públicas”.

Una huelga que amenaza a todo el sector

El pulso se produce apenas un día después de la concentración unitaria celebrada ante la sede del Ministerio de Transportes, en la que participaron Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación Ferroviaria, USO y Alferro. Las organizaciones sostienen que los siniestros de Adamuz y Gelida “no pueden ser considerados hechos aislados”, sino el reflejo de una “enfermedad crónica del ferrocarril” marcada por la falta de inversión y de personal.

La huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero afectará a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo, así como a las principales compañías privadas de mercancías -Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail- y a servicios como los prestados por Serveo. Los paros serán de 24 horas y amenazan con paralizar buena parte de la movilidad ferroviaria del país.

El ministro Óscar Puente ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero el choque entre las exigencias sindicales y la falta de compromisos concretos mantiene el conflicto abierto. A cinco días del inicio de la huelga, los sindicatos dejan claro que solo un giro real en la política de mantenimiento y empleo podría desactivar las movilizaciones. De momento, el mensaje que trasladan al Gobierno es inequívoco: sin hechos, no habrá tregua.

El comienzo del año ha estado marcado en el sector ferroviario por los accidentes mortales en Adamuz y Gelida, ante los que los trabajadores se han movilizado para reclamar soluciones a los problemas de mantenimiento y condiciones laborales en la red española de transporte por tren. En esta línea, varios sindicatos han convocado jornadas de huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero, en los que se espera un seguimiento elevado que afectarán a los trayectos habituales de millones de viajeros. Durante los paros, muchos trabajadores se pueden enfrentar a problemas para llegar a sus centros de empleo.

El abogado Ignacio de la Calzada analiza en video publicado recientemente en su cuenta de TikTok (@laboral_tips) las consecuencias legales de este escenario y aclara dudas habituales sobre el pago del día y las obligaciones laborales, aunque no pone en duda la legitimidad de las reclamaciones. De la Calzada sostiene que la huelga resulta indispensable, considerando que “el servicio ferroviario de España está sufriendo una grave crisis”. Para él, la protesta es una reacción mínima ante los “desastres que hay” en el sistema ferroviario.

Sin embargo, advierte sobre los efectos inmediatos para quienes no pueden desplazarse a sus lugares de trabajo. “Muchísimos vais a estar afectados por la huelga que se ha convocado y no podréis acudir al centro de trabajo”, señala el abogado, y anticipa posibles conflictos con las empresas por la ausencia.

El permiso climático no contempla huelgas

Respecto a la obligación de las empresas de abonar ese día, De la Calzada cita el artículo 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores. Explica que este apartado contempla el permiso conocido popularmente como “permiso climático”, que permite ausentarse hasta cuatro días por imposibilidad de acudir al trabajo “como consecuencia de restricciones o limitaciones por la autoridad”.

“Por ejemplo, cuando Protección Civil establece una alerta o exista también un riesgo grave, inminente”, explica. Sin embargo, matiza que este permiso no aplica estrictamente a una huelga de trenes, por lo que en principio “hoy deberías recuperar el día si no puedes acudir a tu centro de trabajo”.

Sobre la comunicación con la empresa, De la Calzada recomienda actuar con transparencia: “Lo primero, si hay una huelga, intenta justificar de alguna forma que estás afectado por esta. En segundo lugar, comunica hoy a tu empresa e indica tu imposibilidad de acudir o incluso que te has retrasado”.

Alternativas a recuperar las horas no trabajadas

“Entonces, ¿las horas que no has ido o el día te lo tienen que pagar o debes recuperar? Pues la respuesta es que sí, pero hay varias alternativas. La primera es que tu empresa te puede descontar el día o las horas de la nómina. Es totalmente legal porque si no trabajas, no se cobra”, expone el especialista. Comosegunda opción, señala que la empresa “te lo puede pagar y puede hacer que lo recuperes conforme a la flexibilidad horaria”, acordando con el trabajador la recuperación de las horas.

De la Calzada también menciona el teletrabajo como solución: “Hoy es imposible que pueda acudir al centro y pueden aplicar medidas como teletrabajo, así que trabajas, no tienes que recuperarlo y todos contentos”. Frente a otras opiniones jurídicas que reclaman el pago retribuido del día por retrasos o cancelaciones, De la Calzada es tajante: “Bajo mi punto de vista, no, porque la finalidad de este permiso no es esta. Existe una huelga, existen medidas alternativas para poder acudir al trabajo”.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, informó que el Ejecutivo impulsará cambios en el decreto actual que regula el salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de garantizar que los incrementos pactados no puedan quedar neutralizados por complementos salariales. De acuerdo con la información publicada por el medio, el Ministerio de Trabajo asumió este compromiso tras una negociación centrada en asegurar que las subidas del salario mínimo impacten de forma directa en los ingresos netos de los trabajadores, dando respuesta a una demanda sostenida de las centrales sindicales.

Según reportó el medio, el Ministerio de Trabajo logró un consenso con las principales organizaciones sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), para elevar el salario mínimo interprofesional en 2026 un 3,1%, llegando hasta los 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas. Este aumento tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero del mismo año. El acuerdo excluyó a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que no participaron del entendimiento final pese a los esfuerzos realizados por las partes para incorporarles al proceso, detalló el propio Pérez Rey tras la última reunión de la mesa de diálogo.

El medio recogió la valoración del representante del Ministerio de Trabajo, que subrayó la intensidad de las negociaciones mantenidas para intentar que las patronales se sumaran al pacto. "No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", expresó el secretario de Estado, según consigna la fuente.

A la par del incremento salarial, el Ejecutivo se comprometió a cambiar las reglas que permiten la absorción y compensación de los complementos y extras salariales, una fórmula que en ocasiones reducía el efecto real de las subidas del salario mínimo en el salario total de los empleados. "No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", detalló Pérez Rey, en línea con las reivindicaciones de los sindicatos que consideran imprescindible blindar que las mejoras pactadas no puedan neutralizarse mediante ajustes internos en las estructuras salariales.

Tal como detalló el medio, la subida propuesta trata de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con menores ingresos, alineando la revalorización salarial con parámetros de diálogo social en los que el Gobierno insiste desde el inicio de la legislatura. Sin embargo, la ausencia de las organizaciones empresariales marca una diferencia respecto a anteriores acuerdos de salario mínimo, en los que la presencia de las patronales permitió mayores consensos entre los principales actores del ámbito sociolaboral.

La nueva cifra de 1.221 euros mensuales por catorce pagas representa un incremento que busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y la evolución de los precios en los últimos años, de acuerdo con las proyecciones de las organizaciones sindicales respaldadas por el Gobierno. Desde la óptica de los sindicatos firmantes, esta medida contribuye a reducir la desigualdad salarial y fortalecer la situación de quienes perciben los sueldos más bajos, en un contexto en el que la cuantía del SMI actúa como referencia directa para millones de empleados.

En relación a las posiciones empresariales, el medio apunta que las organizaciones CEOE y Cepyme sostienen condiciones distintas sobre la evolución del salario mínimo, planteando reparos respecto a la incidencia que estas subidas puedan tener en la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, así como en la competitividad de determinados sectores productivos. Pese a los intentos del Ejecutivo y de las centrales sindicales por acercar posiciones, finalmente la representación patronal decidió no sumarse al acuerdo definitivo.

Por otra parte, el acuerdo contempla su aplicación retroactiva a partir del 1 de enero, lo que implica que las empresas deberán ajustar los salarios para reflejar el nuevo mínimo desde esa fecha, con el impacto correspondiente tanto en las nóminas como en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esto supone una revisión de los procesos administrativos para las compañías, que deberán adaptar sus sistemas retributivos a la nueva legislación una vez que el decreto de modificación sea publicado y entre en vigor.

El medio subraya que la decisión del Ministerio de Trabajo de reformar las bases regulatorias del SMI apunta a un mayor control sobre la ejecución de las políticas de ingresos mínimos, para que ningún trabajador vea diluido su incremento salarial por mecanismos de compensación al interior de las empresas. Las nuevas reglas limitarán la posibilidad de que los complementos, bonificaciones o pluses integrados en la nómina absorban la subida del salario mínimo, como venía ocurriendo en algunas situaciones previas.

La medida adoptada por el Gobierno con CCOO y UGT se integra en el calendario general de revisiones periódicas del SMI que establece la normativa nacional, donde cada año el Ejecutivo negocia con agentes sociales una posible actualización en función de indicadores como el coste de la vida, la evolución económica y el marco del empleo. De acuerdo con lo publicado por el medio, el actual acuerdo permite avanzar en los objetivos declarados por el Gobierno de alcanzar, en la presente legislatura, los estándares recomendados por organismos internacionales respecto al salario mínimo en proporción al salario medio del país.

Estos cambios, según el Ministerio y las centrales sindicales, aspiran a consolidar políticas de protección al salario mínimo que redunden en mejoras sociales y económicas para el conjunto de los trabajadores, sobre todo para aquellos que se encuentran en posiciones laborales más vulnerables. El medio señala que el Ejecutivo seguirá buscando consensos en futuras revisiones, manteniendo el diálogo abierto con todos los actores, incluidas las organizaciones empresariales, a pesar de que en este caso no haya fructificado una postura común.

David Zapolsky, vicepresidente encargado de asuntos legales de Amazon, destacó que la empresa destinará a los empleados afectados por los despidos una serie de medidas de apoyo profesional, indemnizaciones y beneficios superiores a los mínimos legales durante una comparecencia ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Según informó el medio, el directivo aseguró que este proceso de recorte de personal, que alcanzará a 16.000 trabajadores de la plantilla mundial, tendrá un “efecto mínimo” sobre las operaciones de la plataforma en Europa.

De acuerdo con lo publicado, Zapolsky subrayó ante eurodiputados en Bruselas que la iniciativa se dirige de manera principal al personal corporativo y no impactará de manera significativa en las actividades logísticas ni en otros ámbitos de campo dentro del continente europeo. El vicepresidente legal expuso que se trata del segundo recorte anunciado por la compañía en cuestión de meses y detalló que la decisión afecta a trabajadores a nivel global.

El directivo argumentó ante los miembros de la comisión parlamentaria que las decisiones que implican despidos representan retos difíciles para cualquier organización por su impacto en la vida de las personas y sus familias. En palabras de Zapolsky, “siempre son decisiones difíciles porque afectan a personas reales y a sus familias, por lo que la compañía no se lo toma a la ligera”.

Durante su intervención, el representante de Amazon enfatizó el compromiso de la empresa con brindar respaldo a quienes resulten despedidos. Detalló que, además de la indemnización, la compañía proporcionará servicios personalizados de recolocación y asesoriamiento profesional, al igual que otros beneficios adicionales, precisando que “en muchos casos superan con creces nuestra obligación legal de ofrecer”.

Según reportó el medio, la presencia del alto directivo estadounidense ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo tuvo como uno de sus ejes centrales abordar el diálogo sobre las condiciones laborales en Amazon. En esta ocasión, parte de la sesión se dedicó a intercambiar puntos de vista con directivos de la multinacional y representantes sindicales acerca de la situación dentro de la empresa.

El plan de recorte que afecta a 16.000 personas constituye la segunda gran medida de reducción de plantilla implementada por Amazon en poco tiempo. Tal como expuso Zapolsky, la mayoría de las áreas afectadas se ubican fuera de los ámbitos logísticos y de distribución directa, elemento que según el directivo explica el bajo impacto previsto sobre las operaciones en Europa.

El medio consignó que la audiencia ante el Parlamento Europeo posibilitó a los eurodiputados trasladar sus preocupaciones sobre el impacto social de los despidos y sobre las condiciones laborales de los empleados tanto en el continente como en otras regiones. Zapolsky defendió que Amazon realiza este proceso priorizando el respeto a sus trabajadores y acordando compensaciones alineadas o superiores a las responsabilidades legales en cada país.

En el marco de esta comparecencia, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también abordó aspectos relacionados con la estructura del empleo en el sector tecnológico y la situación particular de Amazon como uno de los mayores empleadores en Europa.

La plataforma, según expusieron sus portavoces, refuerza la idea de que, pese al alcance global de los despidos, la operatividad y los servicios cotidianos que presta la compañía en el continente no se verán alterados de modo relevante. De acuerdo con lo expresado por Zapolsky y las publicaciones recogidas por el medio, Amazon sostiene que su capacidad de servicio, envíos y atención a clientes europeos permanece garantizada durante este periodo de transición organizacional.

El impacto de estos ajustes, según declaraciones del vicepresidente legal y reflejadas en la cobertura del medio, continuará siendo objeto de seguimiento tanto por instancias políticas como por sindicatos, en un contexto en el que el sector tecnológico revisa constantemente sus estructuras y modelo laboral ante los cambios en la demanda global.

"Como compartí en octubre, hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia", declaró Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon. La directiva añadió que, aunque la mayoría de los equipos habían completado sus ajustes organizativos hace algunos meses, todavía quedaban áreas pendientes de finalizar este proceso, lo que conduce al reciente anuncio de recortes en la plantilla de la compañía. Según informó Europa Press, Amazon comunicó este miércoles que llevará a cabo una reducción global de puestos de trabajo que afectará a unas 16.000 personas, aunque este ajuste no impactará en su plantilla en España.

De acuerdo con fuentes oficiales de la multinacional citadas por Europa Press, la decisión de reducir el número de empleados no incluirá un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el mercado español. La empresa sostuvo que no existe ningún plan para aplicar recortes de personal en España como resultado del anuncio realizado, manteniendo la continuidad de sus operaciones y su fuerza laboral en el país.

Esta disminución en el número de empleados ocurre en un contexto en el que Amazon cuenta con una plantilla global cercana a 1,5 millones de personas. El ajuste anunciado se suma a los recortes previos comunicados en octubre del año anterior, cuando la compañía informó sobre la eliminación de aproximadamente 14.000 puestos, centrados principalmente en la plantilla corporativa que agrupa a más de 300.000 empleados dedicados a labores administrativas y de oficina.

Amazon experimentó ya un proceso de reducción de personal en España durante 2023, pactado con los sindicatos y que finalizó con el despido de 920 trabajadores en las ciudades de Barcelona y Madrid (791 en Barcelona y 129 en Madrid). Ese acuerdo supuso una rebaja respecto a los 1.200 despidos inicialmente previstos por la multinacional, según consignó Europa Press.

En relación con la metodología de este nuevo proceso, Galetti señaló que la empresa no planea efectuar anuncios periódicos de despidos cada pocos meses, pero subrayó que la organización de Amazon seguirá revisando su estructura con el objetivo de fortalecer la responsabilidad, la capacidad de respuesta y el ritmo de innovación enfocado en los clientes. "Esto nunca ha sido más importante que hoy en un mundo que cambia más rápido que nunca", sostuvo la directiva, citada por Europa Press.

Amazon indicó que la mayoría de los empleados afectados en Estados Unidos recibirán un plazo de 90 días para explorar oportunidades laborales dentro de la propia compañía. Esta ventana podrá variar en otros países dependiendo de la normativa nacional y los requisitos legales. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, aquellos trabajadores que no consigan recolocarse o que opten por no participar en el proceso recibirán apoyo durante la transición, que incluye indemnización por despido, servicios de recolocación y el mantenimiento de la cobertura médica en función del país y la situación individual.

A pesar de la reducción de plantilla global, Galetti señaló que la compañía continuará contratando personal y realizando inversiones en áreas y funciones consideradas estratégicas para su desarrollo futuro, según informó Europa Press. Esta política busca garantizar que Amazon mantenga su competitividad y capacidad de adaptación en un entorno internacional caracterizado por constantes transformaciones, sostuvo la ejecutiva.

La reducción de empleos anunciada forma parte de una tendencia interna de reorganización que viene aplicando Amazon desde el ejercicio anterior, según detalló Europa Press. La compañía busca ajustar sus estructuras para responder con mayor agilidad a las demandas del mercado y a la evolución tecnológica. Los esfuerzos por simplificar la organización y aumentar la responsabilidad de los equipos han sido una constante en los últimos meses, con el objetivo de reforzar la eficiencia en todos los sectores de la multinacional.

Los recortes afectan a diversas áreas de la empresa, aunque este tipo de procesos excluye unidades consideradas clave para el crecimiento y la innovación. Durante el anuncio, Galetti insistió en la importancia de analizar periódicamente las funciones y responsabilidades de cada equipo. La directiva señaló que los ajustes actuales responden a la necesidad de adaptar la estructura de la organización para sostener la capacidad de innovación y la relevancia para el cliente.

En cuanto a los trabajadores que afrontan la salida de Amazon, la compañía aseguró que los mecanismos de transición previstos procuran garantizar que los afectados cuenten con apoyo en su búsqueda de empleo, asesoría y respaldo económico proporcional al tiempo trabajado y los acuerdos vigentes en cada territorio, reportó Europa Press. Además, la política de indemnizaciones y prestaciones contempla la variabilidad de normativas laborales en cada país para adaptarse a los marcos legales y sociales correspondientes.

Finalmente, las fuentes de la multinacional reiteraron a Europa Press que, a pesar del entorno de ajuste global, Amazon sostiene los compromisos asumidos con sus empleados en España, donde actualmente no prevé nuevos despidos ni procesos de regularización de la plantilla en relación con la medida anunciada.

PepsiCo ha iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, en el marco de la transformación de su canal comercial hacia un modelo de distribución indirecta a través de distribuidores. La compañía ha confirmado el inicio del procedimiento, mientras que UGT y CCOO han rechazado la medida por considerarla “injustificada y desproporcionada”.

El ajuste se aplicará a los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga, lo que supone el impacto directo sobre la red comercial que la multinacional mantiene actualmente operativa en el territorio.

Un proceso de reestructuración progresivo

Los sindicatos han explicado que este ERE se presenta como continuidad de procesos previos de reorganización interna y se fundamenta en “causas técnicas y organizativas” derivadas del cambio en el modelo de distribución, que sustituye la venta directa por un sistema indirecto a través de operadores externos. Según las organizaciones sindicales, la medida no da una respuesta real a los problemas de rentabilidad alegados por la empresa.

UGT y CCOO han anunciado que centrarán sus esfuerzos en reducir el impacto social del ajuste, buscando alternativas no extintivas como recolocaciones internas y salidas voluntarias, así como en garantizar las máximas indemnizaciones posibles para las personas afectadas.

Desde la empresa han señalado que PepsiCo está inmersa en un proceso estructural de transformación de su canal de distribución en España, con el objetivo de completar el paso a un modelo indirecto. La compañía sostiene que este cambio se realizará “de forma progresiva y responsable” y que la negociación con los sindicatos tendrá como objetivo alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio.

Fuentes de la multinacional han subrayado que con este ERE se da por finalizada la reconfiguración de su sistema de distribución en el mercado español, cerrando así una etapa del modelo comercial basado en la venta directa.

Contexto empresarial y sectorial

PepsiCo cuenta en España con fábricas, centros logísticos y una red comercial propia repartida por distintas comunidades autónomas, y ocupa una posición relevante dentro del sector de la alimentación y las bebidas. La compañía opera en el país a través de varias sociedades del grupo y forma parte de un mercado que atraviesa un proceso de transformación en la forma de vender y distribuir los productos.

Este cambio no es exclusivo de PepsiCo. En los últimos años, muchas grandes empresas del gran consumo han empezado a abandonar la distribución directa y a externalizar la logística y las ventas a operadores externos, reduciendo sus estructuras propias. La transición hacia modelos de distribución indirecta se ha acelerado como parte de estrategias de reorganización interna y reducción de costes, con impacto directo en el empleo y en los modelos tradicionales de venta.

Inicio del proceso de negociación

Tras la comunicación formal del inicio del ERE, se abre ahora el procedimiento legal de negociación, que incluye la constitución de la mesa negociadora y un periodo de consultas conforme a los plazos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Durante esta fase deberán definirse las condiciones concretas del ajuste, así como las posibles medidas alternativas a los despidos.

Un grupo de gremios estatales, impulsados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se reunió este martes y anunció un paro general con movilización para el mismo día en que la Cámara de Senadores inicie el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La determinación fue adoptada tras un encuentro en el Hotel Héctor Quagliaro, donde participaron representantes sindicales de distintas ramas del sector público, junto a jubilados, abogados laboralistas y académicos.

La decisión surge en un contexto de creciente expectativa por el inminente debate legislativo y ante la posibilidad de que la normativa reciba respaldo de varios gobernadores provinciales. Durante la jornada, la dirigencia sindical evaluó no solo la convocatoria a la huelga, sino también la posibilidad de anticipar medidas de fuerza en aquellos distritos donde los mandatarios expresaron su apoyo al proyecto oficialista. “Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien anticipó además que este mandato será trasladado a la reunión prevista para mañana con sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según los organizadores, la medida cuenta con el respaldo de gremios de actividades judiciales, salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, bancarios jerárquicos, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros. El objetivo central es manifestar el rechazo a la reforma laboral y ejercer presión sobre los senadores y los poderes provinciales que, según los sindicalistas, resultan claves para la aprobación del paquete legislativo.

Aguiar expuso su preocupación por el impacto que la reforma podría tener sobre los derechos laborales vigentes. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores. Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Javier Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló el dirigente tras la asamblea. La movilización se suma a la advertencia de que las acciones podrían replicarse en distritos que respalden la iniciativa oficial, especialmente durante los primeros días de febrero.

El debate parlamentario sobre la reforma laboral se enmarca en el inicio de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el próximo 2 de febrero, con la reforma como uno de los principales puntos de discusión. El oficialismo, que busca aprobar la iniciativa en el Senado, necesita sumar apoyos fuera de sus filas. El diálogo con bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y legisladores provinciales resulta determinante para reunir los 37 votos necesarios para el quórum. Según fuentes legislativas, los radicales mantienen una posición cautelosa y preparan reclamos puntuales para la reunión prevista con la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde los sectores sindicales, la preocupación central radica en los cambios que la reforma introduce sobre la Ley de Contrato de Trabajo, que regula a numerosos organismos estatales como ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), ACUMAR, Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros. Los gremios advierten que, a diferencia de lo que señala el Poder Ejecutivo, el sector público se verá directamente afectado, ya que muchos trabajadores están alcanzados por la norma que se busca modificar.

Uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos es la eliminación de la presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo, lo que, según denunciaron, podría perpetuar situaciones de fraude laboral tanto en la administración nacional como en provincias y municipios. Además, señalaron el impacto del artículo 79 del proyecto, que traslada las controversias judiciales laborales donde interviene el Estado nacional al fuero Contencioso Administrativo, desplazando la competencia de la Justicia Laboral y, a su entender, debilitando la protección de los empleados públicos.

“Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, expresó Aguiar.

La cifra de adhesiones voluntarias para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las denominadas GBU’s de Telefónica, que incluye a Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., asciende ya a casi el 70% de las salidas pactadas, un dato que ha impulsado la decisión de ampliar el plazo para sumarse al proceso hasta el jueves 29 de enero a las 23:59. Según consignó el medio, estas solicitudes voluntarias representan un total de 398 sobre las 585 desvinculaciones acordadas para estas tres sociedades.

De acuerdo con la información difundida por fuentes sindicales y recogida por el medio, el período inicial de adhesión finalizó el lunes 26 de enero, pero tras la proximidad al tope de solicitudes esperadas, se optó por conceder unos días adicionales, buscando incrementar la participación voluntaria y, en la medida de lo posible, evitar despidos forzosos. Cada filial presenta distintos niveles de adhesión: en Telefónica Global Solutions, el número de solicitudes voluntarias se situó en 79, lo que supone el 72,5% de las 109 bajas previstas; en Telefónica S.A. se registraron 213 peticiones, equivalentes al 72,4% de las 294 salidas pautadas, mientras que Telefónica Innovación Digital acumuló 106 solicitudes, lo que equivale al 58,2% de las 182 bajas acordadas.

El medio reportó que la Unión General de Trabajadores (UGT) solicitó públicamente a la empresa no proceder con despidos forzosos para aquellos puestos que no logren cubrirse mediante adhesiones voluntarias, fundamentando esta posición en la necesidad de mantener la operatividad diaria en las áreas más afectadas. Telefónica, por su parte, notificó que no puede comprometerse a descartar por completo la ejecución de ceses involuntarios si el cupo necesario no se alcanza. También indicó la aceptación de la ampliación del plazo, decisión motivada por la petición sindical; UGT explicó en un comunicado que la prórroga permitirá una mejor gestión del proceso y avanzó su intención de continuar promoviendo reuniones informativas para defender los derechos laborales y reducir las consecuencias sociales del ajuste.

El proceso de reestructuración de Telefónica afecta tanto a estas áreas de negocio global (GBU) como a filiales incluidas bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Según publicó el medio, el plazo para que el personal de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones —las sociedades cubiertas por el CEV— pueda optar por la salida voluntaria permanece abierto hasta el 29 de enero, mientras en el caso de Movistar+ el plazo concluirá el 6 de febrero.

El desglose por sociedades implica, en las filiales del CEV, un máximo de 2.925 bajas en Telefónica de España, cifra que representa cerca del 33% de una plantilla conformada por 8.892 empleados; 720 trabajadores en Telefónica Móviles, lo que supone el 20% de los 3.587 efectivos totales; y 120 en Telefónica Soluciones, cifra equivalente a casi el 11% de los 1.118 empleados. En conjunto, este segmento enfrentaría hasta 3.765 bajas.

De acuerdo con la información del medio, la propuesta inicial de la empresa alcanzaba las 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades integradas bajo el CEV, aunque el acuerdo final mostró cierto margen, estableciéndose una horquilla entre 3.765 y 5.040 bajas, condicionadas por el volumen real de solicitudes voluntarias que se formalicen hasta el cierre de la convocatoria. Esto significa que, si el volumen de adhesiones voluntarias llega a 3.765, la empresa no ejecutaría más despidos, mientras que en escenarios donde las voluntarias fuesen menores a dicha cifra, la diferencia la cubrirían expulsiones forzosas. Si, en el extremo opuesto, las peticiones voluntarias superan el máximo, sólo se ejecutaría el número previsto como tope, es decir, 5.040. El resultado definitivo se conocerá en febrero, cuando se cierren los plazos de todas las sociedades implicadas.

En paralelo al proceso en las filiales del CEV, el volumen de bajas pactado en las GBU’s suma 585 trabajadores (reducción significativa frente a las 751 desvinculaciones previstas al inicio), distribuyéndose en 109 para Telefónica Global Solutions —lo que representa en torno al 17% de los 638 empleados—; 182 en Telefónica Innovación Digital (casi el 18,3% de los 993 trabajadores); y 294 en Telefónica S.A., esto es, el 25,3% de los 1.160 efectivos registrados.

En el ámbito de Movistar+, el reajuste afecta a 175 empleados, el 20,3% de una plantilla que alcanza los 860 trabajadores. Al inicio de las negociaciones, el escenario inicial contemplaba una reducción de 297 puestos, es decir, casi el 35% de la plantilla.

El medio detalló que el cálculo agregado para todas las sociedades incluidas en el ERE —siete en total— supone una reducción mínima de 4.525 trabajadores, lo que implicará una disminución del entorno del 26% sobre los 17.248 empleados con que cuentan actualmente las filiales afectadas.

Por su parte, UGT expresó en su comunicado el compromiso de continuar las negociaciones con la empresa, buscando alternativas y acuerdos que minimicen el impacto laboral y aseguren la continuidad de la actividad productiva en Telefónica. El sindicato reiteró la petición de organizar nuevas sesiones informativas para responder dudas del personal, subrayando la importancia de que la plantilla reciba información detallada sobre las condiciones y posibles escenarios futuros ligados a esta reestructuración, informó el medio.

El Gobierno ha decidido elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026 -1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas-, lo que supondrá un incremento de 37 euros mensuales con aplicación retroactiva desde el 1 de enero.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, donde el Ejecutivo ha fijado la cifra y ha planteado un sistema de incentivos a las empresas para facilitar el cierre del acuerdo con sindicatos y patronal, aún pendiente de formalización.

Pérez Rey ha defendido que el impacto de la subida será directo sobre el nivel de vida de los trabajadores con menores ingresos. “A partir del 1 de enero de 2026 van a cobrar 37 euros más, 518 euros al año”, ha señalado, subrayando que este aumento tiene un efecto tangible en la vida cotidiana de quienes se sitúan en las escalas salariales más bajas.

Impacto social y modelo salarial

“El salario mínimo puede marcar la frontera entre comer mayor calidad o menor calidad, entre poner más o menos la calefacción o entre poder asumir algunos gastos imprescindibles para la vida”, ha afirmado el secretario de Estado, que ha vinculado la medida a un cambio estructural del modelo económico. “España tiene que dejar de ser un país de bajos salarios. No merecemos tener un diferencial con Europa de más de 20 puntos”, ha sostenido.

En este contexto, ha defendido que la política de incrementos del SMI ha tenido efectos estructurales sobre el mercado laboral. “Hemos reducido la brecha de género en materia salarial, hemos permitido que sean los deciles salariales más bajos los que experimenten las mayores subidas y hemos combatido la desigualdad derivada de las relaciones laborales”, ha afirmado.

Exención del IRPF

El Gobierno ha confirmado además que el SMI quedará exento de tributación. Pérez Rey ha explicado que este punto ha sido acordado con el Ministerio de Hacienda y lo ha enmarcado en un criterio de justicia fiscal. “Quien menos gana no puede pagar impuestos. Los impuestos los tienen que pagar aquellos que más reciben”, ha defendido.

“Las personas que están en el salario mínimo interprofesional no tienen que pagar impuestos y así lo hemos vuelto a reafirmar hoy en la mesa de diálogo”, ha insistido.

Compensaciones a las empresas para facilitar el acuerdo

El tercer eje del planteamiento del Ejecutivo es el diseño de mecanismos de compensación para las empresas con alta presencia de trabajadores en el SMI. No obstante, el secretario de Estado ha precisado que estos instrumentos no tendrán un carácter estructural de subvención. “No se trata de premiar al que tiene sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino de estimularle para que deje de tener trabajadores y trabajadoras en esa escala tan baja”, ha afirmado.

Según ha explicado, la fórmula de compensación se articulará como un incentivo para elevar las escalas salariales. “Sí a la compensación, pero unida a un incentivo que no impida a las empresas subir sus escalas salariales”, ha indicado.

En este sentido, el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, ha avanzado que la propuesta concreta que se está analizando sería una deducción en el Impuesto de Sociedades, vinculada a una serie de condiciones, como el mantenimiento del empleo en las empresas beneficiarias.

Según ha señalado tras la reunión de la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos estudiarán la nueva propuesta, de la que esperan recibir más detalles por escrito en los próximos días. Pacheco ha añadido que las partes volverán a reunirse el próximo jueves con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo.

Pendiente de cierre en el diálogo social

Aunque la decisión política ya está tomada, el Gobierno aún debe completar el proceso de aprobación formal. El secretario de Estado ha confirmado que la tramitación normativa se iniciará de forma inmediata y que el objetivo es cerrar el acuerdo en el marco del diálogo social. “Esperamos que el próximo jueves (…) las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales compartan la subida, la apoyen y la estimulen”, ha señalado.

Mónica García, ministra de Sanidad, subrayó el carácter extenso y multidimensional de las conversaciones previas a la firma del nuevo Estatuto Marco para el sector sanitario, destacando la complejidad del documento y el largo período, de más de dos décadas, que transcurrió sin renovaciones. El anuncio se realizó tras alcanzar un consenso entre el Ministerio de Sanidad y las principales organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF—, según publicó el medio.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio y recogida por diversos medios, el acto de la firma se formalizó este lunes, marcando una actualización relevante del marco normativo vigente para los profesionales de la sanidad pública después de un periodo de veintidós años sin modificaciones sustanciales en la regulación. Según explicó la ministra en la rueda de prensa, las conversaciones previas incluyeron numerosas reuniones, en las que se abordaron asuntos que requerían consenso y revisión profunda.

Según consignó el medio, los representantes sindicales presentes —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF— integran el Ámbito de Negociación del ámbito sanitario y participaron activamente en la elaboración y validación del texto. La ministra Mónica García puntualizó que las negociaciones abarcaron tanto aspectos técnicos del estatuto como cuestiones organizativas que respondían a las nuevas realidades del sector.

El medio detalló que este nuevo Estatuto Marco representa un instrumento normativo con impacto en las condiciones laborales, la organización del trabajo y la gestión de recursos en el sistema sanitario. El acuerdo implica la revisión de disposiciones que rigen el empleo, los derechos y deberes del personal sanitario y los procedimientos de acceso y promoción.

En el transcurso de la rueda de prensa, la titular de Sanidad reiteró que tanto la magnitud del texto como el extenso periodo sin actualizaciones anteriores condicionaron la intensidad y la duración del proceso negociador. "Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renovarse 22 años", declaró Mónica García, citada por el medio.

Las organizaciones sindicales valoraron la oportunidad de contribuir a este proceso, enfocándose en la necesidad de adaptar la normativa a los desafíos actuales del sistema de salud pública. Según reflejó el medio, la firma de este acuerdo se presenta como resultado de esfuerzos coordinados de las partes para alcanzar un marco que contemple mejoras en las condiciones laborales y el ejercicio profesional en el ámbito sanitario.

El medio añadió que, aunque la ministra confirmó la firma y la finalización del texto tras intensas negociaciones, se espera que en breve se ofrezcan más detalles sobre el contenido específico y los cambios introducidos con respecto al anterior estatuto. Las partes participantes anticiparon un análisis detallado de las novedades legales y administrativas incluidas en el nuevo documento normativo.

El Ministerio de Trabajo se reúne este lunes a las 10:00 horas con sindicatos y patronal para avanzar en la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026. El encuentro se produce con un planteamiento ya definido por el Gobierno, pero con varios frentes aún abiertos en el ámbito político y empresarial que condicionan el alcance del acuerdo.

Sobre la mesa está la propuesta del Ejecutivo de elevar el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento de 37 euros al mes respecto a la cuantía vigente. La iniciativa incluye mantener la exención del IRPF y aplicar la subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero una vez sea aprobada formalmente.

La propuesta, formulada a principios de enero por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ajusta a las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno. Fuentes de la negociación apuntan a que CCOO y UGT están dispuestos a avalar este incremento, lo que acerca un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La clave del acuerdo no está en el porcentaje de subida

Más allá del porcentaje de subida, el foco del encuentro de este lunes se sitúa en los elementos estructurales que acompañan al salario mínimo. El Ministerio de Trabajo llevará a la mesa una propuesta pactada con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la Ley de Desindexación, con el objetivo de permitir que la subida del SMI pueda trasladarse en alguna medida a los contratos públicos.

La Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española prohíbe la actualización automática de los precios de contratos públicos, rentas y tasas en función del IPC u otros índices. Tiene como objetivo evitar aumentos automáticos y contribuir al control de la inflación, obligando a que cualquier revisión de precios se justifique mediante un análisis de costes específico en cada contrato. Este marco normativo impide, en la práctica, que subidas salariales como la del SMI se trasladen de forma directa a la contratación pública.

Esta cuestión constituye una de las principales demandas de la patronal. La CEOE sostiene que, sin mecanismos de indexación en la contratación pública, los incrementos del salario mínimo generan un impacto directo en sectores intensivos en mano de obra que operan bajo contratos de larga duración con la administración, cuyos precios no se actualizan automáticamente.

Desde el ámbito empresarial se argumenta que en sectores como los servicios públicos, el mantenimiento, la atención social, la restauración colectiva o los servicios energéticos, los salarios concentran una parte mayoritaria de los costes operativos, lo que dificulta absorber subidas salariales sin una revisión de las condiciones económicas de los contratos.

El Gobierno ha abierto la vía a una posible flexibilización de la normativa de desindexación como instrumento para facilitar un acuerdo más amplio, aunque esta modificación aún debe concretarse jurídicamente y formar parte de una propuesta formal dentro del diálogo social.

En paralelo, la negociación incluye también el debate sobre la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, una reivindicación sindical orientada a impedir que los complementos salariales neutralicen en la práctica las subidas del SMI, y que se vincula al proceso de transposición de la directiva europea de salarios mínimos.

Dos escenarios posibles

La reunión de este lunes abre dos escenarios. Por un lado, un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal que permita cerrar la subida del SMI de 2026 con consenso social amplio. Por otro, un pacto bilateral entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, con la patronal al margen del acuerdo, un esquema ya repetido en anteriores ejercicios.

Desde el Ministerio de Trabajo subrayan que la aprobación del nuevo SMI no depende jurídicamente del respaldo empresarial, pero reconocen que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita ordenar su impacto económico y reducir las tensiones estructurales asociadas a su aplicación en sectores regulados por contratación pública.

A pocas horas del encuentro, la propuesta salarial está sobre la mesa y las posiciones de los actores están definidas, pero el resultado del diálogo social sigue abierto y pendiente de la negociación que se desarrolle en la reunión de este lunes.