El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la convocatoria a la marcha federal para el martes 12 de mayo en reclamo de que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización fue confirmada en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto a gremios docentes y no docentes, estudiantes y autoridades de distintas casas de estudio del país.

Bartolacci advirtió que las transferencias al sistema universitario acumulan una caída de 45,6%, lo que deja a las instituciones operando, en sus propias palabras, “a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades”. Esa reducción, afirmó, compromete el funcionamiento cotidiano de las universidades y afecta de manera directa tanto a los trabajadores del sector como a los estudiantes que dependen de programas de asistencia para sostener sus trayectorias académicas.

La situación más urgente, según el rector, es la salarial. Bartolacci señaló que el deterioro de los ingresos del personal docente y no docente constituye “lo más angustiante, lo más dramático” del escenario actual, y advirtió que la falta de actualización de los programas de apoyo estudiantil pone en riesgo la continuidad de muchos alumnos en sus carreras.

El reclamo llega después de un largo recorrido institucional que, según describió Bartolacci, incluyó gestiones ante las autoridades nacionales, presentaciones ante el Congreso en dos períodos legislativos consecutivos y acciones judiciales. La ley fue aprobada por mayoría agravada luego de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la vetara en su totalidad, y resistió también un intento de derogación en el marco de la discusión presupuestaria de diciembre pasado para el ejercicio 2026.

“Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad en la historia institucional argentina”, sostuvo Bartolacci en referencia a la norma, que fue defendida en dos instancias parlamentarias distintas. A pesar de ello, el rector señaló que el PEN optó por no acatar lo aprobado por el Legislativo, lo que llevó a las universidades a recurrir a la Justicia. Hoy, según indicó, existen fallos que ordenan al Ejecutivo cumplir con la ley, pero tampoco esa vía produjo respuestas concretas.

Ante ese panorama, el presidente del CIN justificó la convocatoria a la movilización como un paso necesario frente al agotamiento de los canales formales. “Si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación”, afirmó. En esa línea, llamó a que la marcha exceda a la comunidad universitaria y convoque a la sociedad en su conjunto, bajo el argumento de que el acceso a la educación pública de calidad es una garantía que el Estado debe ofrecer a cualquier joven, independientemente de su condición.

La conferencia de prensa reunió a autoridades de varias universidades nacionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las de José C. Paz, Guillermo Brown y Río Negro. En representación del sector gremial participaron seis agrupaciones: la Federación de Docentes Universitarios, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Conadu y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, entre otras. También estuvo presente la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea a los estudiantes a nivel nacional.

Bartolacci cerró su intervención con una referencia explícita al frente judicial abierto por las universidades: “Tenemos la expectativa y la esperanza de que, tanto en el camino judicial como en la manifestación de la sociedad argentina, podamos encontrar las respuestas que la razonabilidad que el Poder Ejecutivo Nacional debería tener, hoy todavía no aparecen”.

La Junta de Educación de Pittsburgh aprobó recientemente el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026-27, un documento que determina no solo las fechas clave del año académico, sino también la estructura de recesos y los días libres para estudiantes y personal.

La decisión, comunicada por la propia junta y difundida por USA TODAY, responde al mandato legal de anticipar la organización y garantizar que docentes, alumnos y familias puedan planificar sus actividades con más de un año de antelación. El ciclo académico para estudiantes concluirá el 8 de junio de 2027, mientras que el inicio general de la actividad lectiva será el 24 de agosto para primaria y secundaria, sumando más de 10 semanas de vacaciones estivales.

Durante el año escolar 2026-27, los estudiantes de los colegios públicos de Pittsburgh disfrutarán de 12 días festivos oficiales fuera de los habituales recesos de invierno y primavera, un dato relevante que no suele figurar de forma explícita en los escritos iniciales sobre el tema.

Además, el receso invernal está programado para durar 11 días, del 24 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027, según precisó la información oficial. El receso de primavera se extenderá del 22 al 26 de marzo, con el retorno a clases fijado para el 29 de marzo.

Estructura, negociación sindical y fechas del ciclo lectivo

La organización del calendario escolar de Pittsburgh Public Schools está determinada por varios factores normativos y sindicales. El desarrollo y aprobación del calendario obedece a lo establecido por el Acta 14 de 1949 del estado de Pensilvania y la política 902 del distrito escolar, a lo que se suman los términos del convenio colectivo de Pittsburgh Federation of Teachers, como detalló el propio distrito en su plataforma oficial.

Una característica relevante es la disposición de ocho medias jornadas a lo largo del ciclo lectivo, reservadas para formación profesional de docentes y personal educativo.

El cuerpo docente retomará sus actividades el 18 de agosto de 2026 y el personal paraprofesional lo hará el 21 del mismo mes, permitiendo una preparación previa al inicio del ciclo para los estudiantes.

Los alumnos de jardín de infantes tendrán su incorporación escalonada, comenzando el 27 de agosto, tres días después de los demás niveles. Al cierre del periodo lectivo, los estudiantes finalizarán clases el 8 de junio de 2027 y los docentes lo harán el 10 de junio, como reportó USA TODAY.

Días festivos y recesos programados

La distribución de días feriados durante el ciclo toma en cuenta las principales festividades nacionales y religiosas, incluyendo el Día del Trabajo, Rosh Hashaná, Yom Kipur, Eid al-Fitr, el Día de los Veteranos, Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad y los primeros días del Año Nuevo, el Día de Martin Luther King y el Día de los Caídos en Guerra, conforme a las normas establecidas por el distrito y recogidas en el sitio oficial de Pittsburgh Public Schools.

Comparación con el ciclo anterior y proceso de revisión

Para el año anterior, el 2025-26, la estructura general del calendario es similar, con el final del ciclo para los estudiantes el 12 de junio de 2026 y la última jornada docente dos días después.

Las jornadas de capacitación profesional, las fechas de reuniones con familias y los días exclusivos para actividades administrativas también se encuentran detallados por la administración del distrito.

La planificación, que contempla tanto los objetivos de instrucción pedagógica como las obligaciones sindicales y legislativas, es revisada por el gabinete ejecutivo de la superintendencia y por el comité ejecutivo del sindicato de docentes antes de ser confirmada y publicada por Pittsburgh Public Schools.

La posible huelga simultánea de tres sindicatos que representan a la mayoría de los empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) podría dejar sin clases a cientos de miles de estudiantes a partir del martes, mientras persisten las negociaciones y la comunidad organiza recursos para garantizar acceso a comida, cuidado infantil y apoyo digital, según informó el diario Los Angeles Times.

Entre los 83.300 trabajadores del distrito, cerca de 70.000 docentes, personal de apoyo y administradores han sido llamados a detener actividades.

Esta cifra, que representa casi toda la plantilla, transformaría la amenaza de paro en una paralización total de la red de escuelas públicas más grande de California.

Los Angeles Times precisó que, si no se logran acuerdos tentativos durante el fin de semana, el cierre escolar arrancará el martes.

Si los tres sindicatos que agrupan a docentes, personal de apoyo y administradores convocan al paro desde el martes, el sistema educativo público de Los Ángeles suspenderá todas sus clases y actividades presenciales.

Las familias tendrán acceso a comida gratuita en 30 escuelas, refrigerios en parques, alternativas de cuidado infantil con organizaciones comunitarias y recursos tecnológicos para clases virtuales, según el reporte de Los Angeles Times.

30 escuelas funcionarán como centros de distribución de comidas gratuitas

Para garantizar la alimentación durante la huelga, el LAUSD habilitará 30 escuelas como centros de reparto de comidas gratuitas en la modalidad “para llevar”.

Estas raciones podrán retirarse entre las 9:00 y las 12:00, de martes a viernes, hasta agotar existencias.

En paralelo, el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles implementará su Programa de Refrigerios Gratuitos en 47 parques públicos, ofreciendo alimentos nutritivos a menores desde recién nacidos hasta los 18 años, en el horario de 14:30 a 15:30 de lunes a viernes.

Según Los Angeles Times, estos programas no requieren inscripción y están disponibles en ciudades como Carson, Compton, Hawthorne, Inglewood y Lawndale, además de diversos barrios de Los Ángeles, incluidos Sylmar.

Adicionalmente, tres mercados funcionarán como centros especiales donde las familias podrán acceder a frutas y verduras frescas durante la suspensión de actividades.

Opciones de cuidado infantil y soporte comunitario

Ante la interrupción de clases, el distrito y organizaciones aliadas han dispuesto alternativas de supervisión infantil para estudiantes de 6 a 17 años, aunque algunos centros aceptan niños de educación inicial y primaria.

El LAUSD advirtió que estos espacios no están habilitados para menores con condiciones médicas moderadas o graves, ni para niños menores de cuatro años. Las familias deben contactar a cada proveedor para confirmar disponibilidad y requisitos.

Entre los principales aliados figuran Boys and Girls Club y las YMCAs del área metropolitana. Muchas de estas sedes ofrecerán servicios gratuitos o a bajo costo, mayormente de martes a jueves.

Para inscribir a los hijos, se requiere contactar previamente a la organización, ya que la inscripción y los cupos dependen de cada establecimiento.

Los servicios estarán disponibles en áreas como Canoga Park, Carson, Hollywood, Pacoima, Panorama City, San Pedro y Van Nuys.

Recursos virtuales y asistencia tecnológica durante la suspensión

Para mantener la continuidad académica, el LAUSD elaboró materiales de lecciones en línea accesibles para todos los niveles educativos.

Además, los estudiantes pueden acceder a tutorías virtuales gratuitas ofrecidas por la Biblioteca Pública de Los Ángeles, Tutor.com y Step Up Tutoring, según recopiló Los Angeles Times.

En cuanto a soporte técnico, el servicio de asistencia informática del distrito atenderá entre 7:30 y 17:00, de lunes a viernes. Al solicitar ayuda, la familia debe proporcionar el número de identificación del estudiante y los datos del dispositivo. Quienes no cuenten con conexión a internet podrán acudir a las oficinas regionales del LAUSD para solicitar dispositivos con acceso a la red o equipos portátiles habilitados.

Las familias pueden consultar la ubicación de estos servicios y la disponibilidad en la página web del LAUSD.

La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.

El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.

En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general".

“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.

De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva".

“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.

El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, para evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

En concreto, el primer inciso del artículo, al detallar las actividades que deberán mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: “El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

En la última versión del proyecto se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y se incluyó que las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

En rigor, el artículo que reglamenta el derecho de huelga en los servicios esenciales ya estaba comprendido en el fallo que dictó el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que este lunes suspendió de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral, a partir de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.

El viernes pasado, como anticipó Infobae, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias de los sindicatos.

Los sindicatos educativos quedaron más cerca de otra medida de fuerza luego de otro fracaso de la reunión de la paritaria nacional docente convocada este jueves por el Gobierno, en el que mantuvo su propuesta de elevar el salario mínimo del sector a $650 mil en marzo y ahora ofreció llevarlo a $700 mil en abril, aunque fue considerado insuficiente por las organizaciones gremiales, tal como sucedió la semana pasada.

El anuncio del rechazo de la oferta salarial lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, tras el encuentro realizado la Secretaría de Trabajo de la Nación. “La propuesta se rechazó durante la reunión”, señaló el dirigente, quien además precisó que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de abril, cuando se retomarán las negociaciones en medio de un clima tenso.

Romero, que es secretario de Políticas Educativas de la CGT, argumentó ante que el piso salarial requerido para superar el umbral de pobreza ronda hoy los 1.300.000 pesos y advirtió: “No vamos a aceptar ningún salario que esté por debajo de la línea de pobreza”.

La reunión de la paritaria nacional docente, coordinada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, incluyó la presencia de representantes de los principales sindicatos docentes, tanto en modalidad presencial como virtual.

Entre las organizaciones participantes estuvo la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presidida por Sonia Alesso, que confirmó que la propuesta salarial fue “rechazada de manera unánime por todas las organizaciones sindicales docentes por considerarla insuficiente y alejada de la realidad económica que atraviesan las y los trabajadores de la educación”.

CTERA señaló que también planteó “la necesidad de establecer un salario acorde a la canasta familiar, reclamó la restitución del FONID, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos para infraestructura y construcción de escuelas”.

“Resulta inadmisible que la paritaria nacional docente haya estado prácticamente paralizada durante casi un año, en un contexto de fuerte deterioro salarial y de desfinanciamiento de la educación pública", agregó.

El jueves anterior, el Gobierno había elevado su primer ofrecimiento de $500 mil a $650 mil, pero los sindicatos no aceptaron la oferta y advirtieron sobre la posibilidad de reanudar el plan de lucha si no se alcanzaba una recomposición real del salario docente.

Después del fracaso de esta nueva reunión, toma fuerza la posibilidad de que haya nuevas medidas de fuerza que afecten la normalidad de las clases en todo el país. Los sindicatos ya hicieron un paro el lunes 2 de marzo pasado, que tuvo acatamiento dispar pero que alteró el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias.

La semana pasada, Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), uno de los sindicatos que participa de la paritaria nacional docente, ratificó que exigen “un salario mínimo acorde a la canasta familiar” y rechazó enfáticamente la propuesta del gobierno nacional de subir el mínimo del sector a 650 mil pesos ya que “hoy debería ser de 1 millón de pesos”. “Es una propuesta insuficiente, no acorde a la canasta familiar”, destacó.

La conducción nacional de la CGT expresó un respaldo explícito a los gremios docentes en medio de la creciente tensión entre el Gobierno y el sector educativo, al finalizar una jornada con un nuevo paro en el sector que complicó el inicio de las clases en algunos distritos.

En una conferencia celebrada en la sede de Azopardo 802, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, que lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA), informó que en la reunión convocada para este lunes por el Gobierno no se hizo ninguna propuesta de aumento de sueldos a los sindicatos del sector y denunció que existe “el nivel salarial histórico más bajo en dos décadas” para los maestros.

Además, alertó sobre el avance de una nueva ley de la administración libertaria que modificaría el sistema educativo “sin consultas” con los sindicatos docentes y . Ante lo que califican de “desfinanciamiento” y falta de diálogo gubernamental, la CGT ratificó su respaldo a las medidas de fuerza y reclamó una recomposición salarial que permita a los docentes superar la línea de pobreza.

Durante el encuentro, Romero sostuvo que “la educación no figura entre las prioridades de la gestión actual”, señalando el retiro de la inversión nacional y el abandono de áreas clave como la educación técnica. “Han retirado la inversión en todo el sistema educativo, y cuando digo han retirado, es de público conocimiento, han sacado la responsabilidad que tiene el Estado nacional de garantizar la inversión en la educación, artículo 9 de la Ley Nacional de Educación», afirmó el líder de UDA.

El dirigente subrayó la gravedad de la situación al informar que “en los últimos veinte años el salario medio docente nunca estuvo tan bajo como ahora” y detalló que un decreto del Estado que fijó en febrero de 2025 el salario mínimo docente nacional en 500 mil pesos, por lo que advirtió que los sueldos en todas las provincias están “por debajo de la línea de pobreza” y en varios casos incluso “más cerca de la indigencia”.

Romero resaltó el impacto del paro nacional que llevaron adelante ese lunes los sindicatos de la CGT y otros del sector: “En 16 provincias fue muy importante. Es una manera de decirle a las autoridades: dialoguemos, busquemos solución a este tipo de cosas”, dijo,

El conflicto se profundiza por la inminente presentación en el Congreso de un proyecto de Libertad Educativa, que, según denunció Romero, “carece de intercambio con los trabajadores y replica la lógica de la reforma laboral”.

“Una ley que no tiene intercambio con los trabajadores es una ley que prácticamente se ha hecho como se hizo la reforma laboral, sin consultas”, criticó.

El sindicalista remarcó que los docentes siempre asumieron la “esencialidad” de su labor: «Nosotros, los educadores, siempre la vimos como esencial la educación porque el Estado ha estado precisamente ausente y nosotros hemos estado presentes en el aula, formando y capacitando a jóvenes para que después se puedan incorporar al mundo del trabajo".

Romero confirmó que se analizan nuevas medidas de fuerza y reiteró: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. La educación debe ser parte esencial y primordial en la gestión de cualquier gobierno”.

Por su parte, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) insistió en que la educación es central no sólo como política pública, sino también como herramienta de distribución de riqueza y de movilidad social ascendente. Enseguida hizo hincapié en sobre la relevancia de los docentes en contraste con la idea de reemplazo tecnológico: “No se puede hacer a través de la inteligencia artificial o no sólo a través de ella o la tecnología, que son utilizadas como herramientas. Es imprescindible que lo haga un educador, un maestro”.

El dirigente cuestionó iniciativas orientadas a “enfrentar” a padres y docentes, y rechazó la lógica de programas como los “vouchers educativos o la ‘Ley de Libertad Educativa’”, que, a su juicio, excluyen a los actores fundamentales: “Para hacer un proyecto en el que todo el mundo se sienta partícipe, como pasó con esta reforma laboral, hay que llamar a los verdaderos actores sociales de cada actividad. Y en este caso, especialmente, son los docentes y los no docentes".

Sola reafirmó que la CGT acompañará todas las luchas vinculadas con salarios y condiciones de trabajo dignas: “La única manera de ser rebelde ante la pobreza es tener educación”. Y afirmó que la defensa de la justicia social y la movilidad social ascendente requieren del compromiso real de la comunidad educativa.

Luego habló otro cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quien amplió la crítica al contexto político y económico actual, al acusar al Poder Ejecutivo de impulsar políticas que “no priorizan la importancia de los educadores” y que consolidan “una transferencia de recursos obscena de los sectores más pobres a los sectores más concentrados”.

El dirigente defendió el carácter inclusivo y el sacrificio de la docencia argentina: “Si nosotros nos distinguimos y reivindicamos que somos un país de clase media es por la educación que tuvimos y por la calidad de docentes que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Porque no nos tenemos que olvidar que muchas veces hay docentes que caminan kilómetros y kilómetros para dar clases a capaz que a un pequeño grupo de alumnos”.

Jerónimo concluyó dirigiéndose a los gremios docentes: “No estamos dispuestos a ceder nada, tenemos conciencia de clase. Esta pelea, tanto para la dignidad salarial como para la justicia social, la vamos a volver a ganar como lo marca nuestra historia”.

Los sindicatos docentes del ala dura comenzarán este miércoles con un plan de lucha que finalizará el martes 14 con un paro nacional de 24 horas y una Marcha Federal Educativa en demanda de “una nueva Ley de Financiamiento Educativo” y la “urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente”, entre otros reclamos.

La convocatoria es de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con el respaldo del Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA—, que marca un endurecimiento de estos sindicatos, mientras que los agrupados en la CGT, que pilotea la Unión Docentes Argentinos (UDA), retomaron las negociaciones con el Gobierno y esperan una respuesta a su pedido de una inmediata mejora salarial para los maestros.

La agenda de protestas de CTERA y sus gremios aliados se iniciará este miércoles con una Jornada Nacional de Lucha que incluirá “carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actividades en plazas y espacios públicos de todo el país, en articulación con la comunidad educativa”.

Estas acciones buscan, según los organizadores, “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le está haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional y al presidente Milei”.

Entre los principales reclamos de la CTERA, que dirige Sonia Alesso, se encuentran la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas, así como el aumento del presupuesto educativo y la asignación de fondos para infraestructura escolar.

Además, la entidad sindical, que integra la CTA de los Trabajadores (cercana al kirchnerismo) exige mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación, junto con la defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Mientras, los sindicatos del sector educativo de la CGT mantienen una estrategia distinta: el indicio más claro fue la reunión que mantuvieron a fines de septiembre la ministra de Capital Humano,Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero, quien lidera la UDA, uno de los gremios más representativos del sector.

Este dirigente, aliado del sector mayoritario de la CGT, piloteó las protestas contra el Gobierno por reclamos salariales, pero no rehúye del diálogo. “Nuestra representatividad real en todo el sistema educativo nos impone la mayor responsabilidad”, afirmó Romero al difundir la reunión con Pettovello.

“El encuentro con la ministra resulta vertebral para nosotros porque en su cartera confluyen la Secretaría de Trabajo y la de Educación de la Nación, que son nuestra contraparte empleadora -. Somos un sindicato del Estado y defendemos la educación de gestión pública donde van los hijos de las trabajadoras y los trabajadores”, explicó el secretario general de UDA.

Romero aseguró: “La conversación fue extensa y planteamos nuestra postura sobre todos los temas que venimos expresando públicamente”.

Uno de los puntos tratados es un aumento a los docentes para “impedir que los sueldos permanezcan por debajo de la línea de pobreza”, según señaló el dirigente de la CGT.

El canal de diálogo abierto por Romero y el paro de CTERA dejaron otra vez en evidencia las fisuras que existen entre los sindicatos educativos para tratar de resolver la problemática situación de los docentes.

El pasado 8 de julio, la Junta Electoral de Nueva York confirmó el sorprendente triunfo de Zohran Mamdani en la interna del partido demócrata para la alcaldía de la ciudad: con el 56 % de los votos superó al exgobernador Andrew Cuomo y alcanzó el mayor número de sufragios registrados en una primaria demócrata para ese cargo. Su victoria consolidó una agenda abiertamente estatista, que incluye transporte público gratuito, congelamiento de alquileres y una propuesta que, pese a su excentricidad, constituye el centro de interés de esta columna: la creación de supermercados administrados por el municipio.

Según describe Corey DeAngelis en una nota del 30 de junio pasado en Reason, el plan de Mamdani contempla que la ciudad de Nueva York financie y administre directamente una red de supermercados públicos, comenzando con al menos cinco por distrito. Estos locales competirían con los comercios privados pero ofrecerían precios regulados y productos subsidiados, especialmente alimentos básicos. La justificación oficial es combatir la “inseguridad alimentaria” y limitar el “poder monopólico de las grandes cadenas”, aunque, como señala DeAngelis, el resultado previsible sería otro: ineficiencia, falta de variedad, costos excesivos y una gestión alejada de las necesidades reales de los consumidores. Es claro que los supermercados estatales no tendrían incentivos para gastar el dinero de manera eficiente ni para responder a las necesidades de los clientes, dado que “los fondos públicos seguirían fluyendo al sistema, ya sea que las góndolas estén llenas o vacías, ya sea que el servicio sea excelente o pésimo”.

La analogía con el sistema educativo es inevitable. En Nueva York, las escuelas públicas reciben aproximadamente U$ 40.000 anuales por alumno, sin importar los resultados. Sin embargo, según el Nation’s Report Card 2024, solo uno de cada cuatro alumnos de séptimo grado alcanza un nivel aceptable en matemáticas. El gasto no asegura ni calidad ni equidad, una lógica demasiado familiar también para nosotros.

En palabras de DeAngelis, en EE. UU.: “Las familias están atrapadas por la asignación escolar según su residencia”. A diferencia de un supermercado estatal, que uno al menos podría evitar, la escuela pública no tiene alternativa real para quien no puede pagar otra opción. Los sindicatos docentes, por su parte, no escapan a su crítica: “Priorizan los intereses de sus miembros por sobre los de los estudiantes o sus familias”. El sistema está diseñado para servir a los proveedores del servicio, no a quienes lo reciben. ¿El resultado? Calidad desigual, estancamiento y falta de responsabilidad.

El camino a seguir no reviste duda alguna y no sólo en Nueva York. Es hora de devolverle a las familias el control sobre la educación de sus hijos. Financiar a las familias en lugar de a las escuelas “permitiría a los padres dirigir los fondos educativos hacia los lugares que mejor satisfacen las necesidades de sus hijos”. Aceptar esa verdad no es cuestión de ideología, sino de sentido común.

En la Argentina, donde el sistema educativo público se encuentra atrapado en el estancamiento y la falta de incentivos, seguir ignorando la necesidad de introducir mecanismos de competencia es condenar a nuestros hijos a un futuro sin oportunidades.

La libertad educativa no es un lujo ni una consigna liberal: es una condición indispensable para garantizar que cada niño, sin importar su origen, acceda a una educación de calidad. Mientras el sistema siga funcionando como un supermercado estatal —cerrado a la elección, sostenido sin rendir cuentas y gobernado por los intereses corporativos de los sindicatos docentes— no habrá verdadera justicia social. Es hora de animarnos a cambiar. Porque si no defendemos el derecho de las familias a elegir, lo que elegimos es perpetuar el fracaso.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del decreto 341 dictado por Javier Milei que establecía el apartamiento del Gobierno de la Paritaria Nacional Docente y obligó a convocarla para fijar el piso salarial del sector, que se mantiene en $500 mil desde el 26 de marzo.

El decreto 341, que rige desde el 21 de mayo, fijó que las negociaciones para fijar los salarios del sector tenían que ser entabladas por el Consejo Federal de Educación y los gremios, sin intervención del Estado Nacional.

Para ello modificó el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, alterando la integración y funcionamiento de la negociación colectiva docente y otorgando a la Secretaría de Educación la facultad de requerir nuevas propuestas sobre el tema salarial por razones presupuestarias.

El nuevo texto del artículo 10 establece que el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente, pero la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, podrá refrendar el convenio o requerir una nueva propuesta si existen razones presupuestarias que impidan su instrumentación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, son los mismos que el 9 de junio confirmaron la medida cautelar que suspendió el DNU 340 que reglamentó el derecho a huelga en varias actividades que fueron calificadas como esenciales y trascendentales.

En la sentencia que se conoció este viernes, los camaristas admitieron una acción de amparo presentada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) contra el Estado Nacional en el que piden la nulidad e inconstitucionalidad del artículo 1° del Decreto 341 y la convocatoria a la negociación colectiva docente.

El Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, objetó la medida cautelar y planteó “la falta de agotamiento de la vía administrativa, ausencia de perjuicio irreparable y falta de contracautela”.

Luego, un juez laboral de primera instancia desestimó la medida cautelar solicitada por CTERA con el argumento de que su tratamiento implicaría un adelanto de jurisdicción sobre la cuestión de fondo y se basa en la presunción de legitimidad del acto administrativo.

CTERA apeló la decisión y sostuvo que existen precedentes jurisprudenciales que avalan la procedencia de la medida cautelar y que el decreto impugnado carece de sustento en la delegación legislativa invocada.

En su recurso, el sindicato que lideran Sonia Alesso y Roberto Baradel expone fundamentos jurídicos y cita jurisprudencia que, a su entender, respaldan la suspensión provisoria del artículo 1° del Decreto 341: señala que la norma modifica el artículo 10 de la Ley 26.075 sin que exista delegación legislativa válida en el artículo 3 inciso a) de la Ley 27.742, lo que contraviene el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Por su parte, el Estado Nacional insistió en que no se cumplen los requisitos legales para la medida cautelar y reiteró que no se acreditó la verosimilitud del derecho ni la ilegitimidad del acto impugnado, y que tampoco se demostró la existencia de peligro en la demora ni de un daño irreparable, conforme a lo exigido por la ley.

Ahora, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo advirtió que la delegación legislativa invocada por el Poder Ejecutivo para dictar el decreto no resulta clara ni suficiente, y que la reforma podría vulnerar principios constitucionales sobre la división de poderes y la negociación colectiva.

El dictamen fiscal y la resolución judicial señalan que la delegación legislativa admitida por la Constitución Nacional sólo procede en materias de administración o emergencias públicas, con plazo fijado por el Congreso.

El tribunal destacó que la reforma introducida por el decreto 341 impacta directamente en la negociación colectiva docente, una prerrogativa protegida por normas supralegales como los Convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Señaló que la suspensión precautoria de la norma resulta relevante porque la negociación colectiva docente, de la que participa CTERA, cuenta con protección internacional. El decreto permite a la Secretaría de Educación condicionar la validez de los acuerdos a razones presupuestarias, lo que afecta la autonomía de la negociación, según afirmó en la sentencia.

Además, los camaristas consideraron insuficientes los argumentos del Estado Nacional, que se limita a invocar la integración de la Secretaría de Educación en el Consejo Federal de Educación y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la administración general del país.

Según la sentencia, el Estado Nacional no demuestra que la disposición bajo examen se encuentre comprendida en la normativa que le sirve de sustento. Y que la referencia a la integración de la Secretaría de Educación y a la discrecionalidad administrativa no es suficiente para justificar la modificación introducida por el decreto.

Agregó que la finalidad del proceso cautelar es asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva, y la fundabilidad de “la pretensión cautelar depende de un análisis de probabilidad, no de certeza”.

De esta forma, la Cámara revocó la resolución judicial de primera instancia y admitió la medida cautelar de CTERA, suspendiendo la aplicación del artículo 1° del Decreto 341 hasta que se dicte la sentencia definitiva.

En un comunicado de prensa, la titular de CTERA, Sonia Alesso, destacó que “la sentencia conlleva la obligación por parte del Gobierno Nacional de convocar a la Paritaria Nacional Docente, proceder que hasta el momento se ha negado no obstante los reclamos en tal sentido formulado por CTERA en el marco de la situación salarial que es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos”.

Para la dirigente gremial, “el accionar del Gobierno Nacional al pretender dinamitar la Paritaria Nacional Docente se inscribe en la ofensiva enderezada a intentar la destrucción de la educación provocada por el no pago a los docentes de todo el país de la asignación remunerativa del Fondo Nacional de Incentivo (FONID) a cargo de la Nación, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros, la supresión de diversos programas sociales para docentes y nuestras infancias y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio hacia las y los docentes de nuestro país y niñas, niños y adolescentes que deben concurrir a la escuela”.

En una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón, Espina ha admitido que "los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas", en las que los sindicatos realizaron varios paros y protestas, le han supuesto "un enorme desgaste emocional y personal que ha llegado a su límite".

"Siento que el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal. Y se han impuesto a cualquier posibilidad de diálogo desde el respeto que todos y todas merecemos. Esto es algo que resulta imprescindible para avanzar en pro de ese objetivo común que es mejorar la educación pública", ha manifestado Espina.

La hasta ahora consejera ha considerado que estas circunstancias no puede ser parte de una solución de la que se ha mostrado "convencida" de que terminará por alcanzarse.

La manifestación convocada este domingo por todos los sindicatos docentes, que este lunes inician un paro indefinido, congregó en el centro de Oviedo a unas 30.000 personas según los organizadores y a unas 19.000 según la Delegación del Gobierno. EFE

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Educación, Sergio Silva, recibirán este miércoles, 29 de enero, en la sede del Gobierno regional, a representantes de los sindicatos docentes para escuchar sus planteamientos y "sentar las bases de un diálogo responsable en beneficio del sistema educativo de la comunidad autónoma".

Así lo ha trasladado en un comunicado el Gobierno, que ha informado de que la reunión, que comenzará a las 10.00 horas, no tendrá carácter negociador, ya que las mesas de negociación con la Junta de Personal Docente se convocan formalmente desde la Dirección General de Personal Docente.

Esta reunión responde a la petición efectuada por las organizaciones sindicales, inmersas en la reivindicación de la adecuación retributiva pendiente para el colectivo, que les ha llevado a convocar diferentes actos de protesta ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo.

Con motivo de este encuentro, la presidenta Buruaga ha reiterado su "compromiso con la mejora de la calidad educativa de Cantabria" y su voluntad de mantener una comunicación "abierta" con los representantes de los profesores para alcanzar líneas de trabajo comunes dentro de un marco de "respeto mutuo".

La funcionaria porteña además ratificó que “a partir del 10 de febrero se incorporaron todos los docentes a las escuelas y que estamos con una política de desarrollo profesional docente muy profunda porque tenemos nuevo diseño curricular inicial, de primaria, uno muy profundo de escuela secundaria, que comenzamos con 33 escuelas pioneras, entre estatales y privadas", ratificó.

Acerca de esto último, la ministra se refirió a la implementación de la reforma educativa del nivel medio: Secundaria Aprende. “La experiencia funcionará como prueba piloto antes de extenderse al resto del sistema, en un proceso que está previsto que concluya en 2027″, admitió.

También se refirió a Escuelas en foco que es una política pública que atiende a 504 escuelas con “una alta demanda de asistencia pedagógica” y volvió a repetir que el 24 de febrero comenzarán las clases en jardín de infantes y la escuela primaria, y el 5 de marzo la escuela secundaria”.

El paro docente

La medida de fuerza que afectará desde el próximo lunes a las escuelas del nivel inicial y primaria de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz, no se replicará en la Ciudad de Buenos Aires, ya que hubo acuerdo salarial y la normalidad del inicio del ciclo lectivo está garantizada.

“No tuvimos problema, nosotros tenemos una mesa salarial sindical de todo lo que tiene que ver con temas laborales, la carrera docente. Con ellos trabajamos políticas públicas que en su nuevo diseño e implementación tiene impacto laboral en los docentes. Los gremios son una parte importante para implementar nuestras decisiones“, afirmó Miguel.

Vale recordar que el 5 de marzo se complicará el comienzo de las clases en los colegios secundarios en la provincia de Buenos Aires; Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, que tampoco afectará a la educación porteña.

Con respecto a la reforma educativa en el nivel medio, Miguel expresó que “comenzamos a implementarlo a inicios de 2024, es unas de las 12 políticas públicas del programa Buenos Aires aprende con mucha evidencia de casi una alerta roja que había que trabajar en el colegio secundario que no lo terminan, sobre todo por el nivel en Lengua (comprensión de texto) y Matemáticas".

La ministra también resaltó “el preocupante nivel de ausentismo” en los tres niveles educativos, sobre todo, en la secundaria. “Chicos que le hicimos encuestas que no sentían que la escuela secundaria estaba atendiendo a sus intereses o demandas, la escuela técnica es distinta por el nivel de apropiación y de fanatismo por los técnicos que olfatean mucho más el ámbito del trabajo".

Y la funcionaria se reenfocó en el rediseño de la escuela secundaria en cuatro aspectos nodales. “La tarea de los docentes en estas 33 escuelas será en tiempo completo, en una sola escuela, eliminando lo que nosotros llamamos el docente taxi”.

Otro aspecto a modificar es la dimensión de la escuela. “Tiene que ver con priorizar otros espacios, salir del aula, ser muchos más creativos en saber cuáles son esos lugares para que el aprendizaje sea mucho más significativo, que los chicos salgan de la escuela y recorran la Comuna para encontrar problemas reales”. Y resumió: “Se aprende cuando alguien está motivado e interesado en ese tema”.

Con respecto a los otros dos ejes, Miguel subrayó primero la manera de aprender. “Los chicos van a tener un proyecto de aprendizaje personal, que van a continuar aprendiendo a través de una plataforma, cada uno a su propio tiempo", enfatizó.

Y, por último, se explayó acerca del rol de los estudiantes. “De uno pasivo que escucha a un docente y que toma nota y repite lo que el profe dijo a un estudiante totalmente activo. Los chicos van a tener que trabajar mucho más, estudiar, y demostrar con exámenes orales su aprendizaje".

Celulares y tecnología en el aula

La ministra de Educación porteña afirmó que “el daño que genera, hackea la atención de los chicos, el profe tenía una batalla muy desleal con la atención de sus estudiantes si están recibiendo notificaciones de todo tipo y color", subrayó la funcionaria.

“Sacamos el celular del aula en los tres niveles. Si el docente -para una actividad- está trabajando con Inteligencia Artificial, ya que los chicos tienen que comprender la cantidad e información que gobiernan". Y ratificó: "La IA no pidió permiso, se metió de lleno en la planificación en la forma de aprender y de enseñar“.

Ante la consulta del periodista Eduardo Feinmann, conductor del programa Alguien tiene que decirlo, acerca de si va a desaparecer la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas porteñas, Miguel ratificó que “no” porque es parte de la educación integral de los estudiantes además de ser una “ley nacional, de CABA, la cual nos corresponde implementarla, ya que es parte del nuevo diseño curricular “. Y aclaró: “Estamos haciendo una revisión muy profunda de todos los materiales complementarios que estaban en nuestra página y teníamos que ajustar algunos contenidos”.

Con respecto a la infraestructura edilicia escolar, Miguel afirmó que “durante nuestra gestión se construyeron 104 escuelas” y además agregó que la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, hizo mucho foco en los 808 edificios públicos existentes y que, en la actualidad, hay 590 obras en ejercicio.

Con respecto a la seguridad de los senderos escolares, Miguel informó que hoy tiene una reunión en Jefatura al respecto, con el Ministerio de Espacio Público, Seguridad y Transporte para poder garantizar el acceso a la escuela con seguridad. Sobre todo en “los 20 minutos de furia” acerca de las horas pico de ingreso y egreso de los chicos, con respecto a los estacionamientos en doble -y hasta triple- fila para que desciendan los menores”.

Otro punto importante que se trató durante la entrevista, fue el de la educación financiera que reciben los chicos antes de ingresar a las universidades. Y, al respecto, la ministra aclaró que en “el nuevo diseño curricular de primaria incluye educación financiera". Y sumó: “Los chicos tienen que hacer, durante los dos últimos años de cursada, un taller sobre el tema porque es parte de la vida cotidiana. Es una parte constitutiva de lo que nosotros entendemos como la formación integral de los jóvenes, el mundo está cambiando violentamente”, mientras complementó que, desde el Gobierno porteño, están mirando lo que hacen “otros sistemas educativos del mundo”, sobre esta temática.

Por último, acerca de la problemática en la lectura, la ministra detectó que “cuatro de cada diez chicos de primer grado no reconocían las letras del abecedario" y citó a María Montessori, la icónica pedagoga italiana cuyo enfoque educativo revolucionario se centró en la autoeducación: que los niños guiaran su propio aprendizaje a través de actividades que despertaban su interés. “Ella decía que en sala de tres, los chicos deberían aprender a reconocer el abecedario que los rodea, la lengua que aprenden”.

Y detalló las consecuencias que se viven hoy en el sistema educativo argentino: “Se esperaba en el nivel inicial un poco, no se ponía tanto foco ni presión en la alfabetización concreta, por ley nacional. Primer grado no se repite y hay un pasaje directo a segundo, y que el niño en algún momento empezará a llegar a reconocer las letras. Y así se llega a tercer grado con estos problemas de oralidad, lectura, comprensión de texto”.

Y cerró, prendiendo una alarma educativa: “Lo más grave de todo es que durante ese período de nivel inicial (el alumno) no logra los requisitos mínimos para lograr la comprensión de un texto y arrastra toda su escolaridad. Tienen un desfasaje fenomenal en el aprendizaje", concluyó.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció que, como los gremios de la CGT, realizará el lunes próximo un paro nacional de 24 horas que complicará el inicio de las clases en 11 provincias, pero, a diferencia de sus colegas, se movilizarán ese día (en un lugar aún no definido) y, en principio, no harán una huelga el lunes 5 de marzo.

El anuncio fue efectuado esta tarde por Sonia Alesso y Roberto Baradel, los líderes de CTERA, en una conferencia de prensa en la que resaltaron que hasta el momento no habían recibido ninguna convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional docente (se enteraron por las redes, dijeron), por lo cual pusieron en duda su presencia en la reunión del lunes, a las 15, en la Secretaría de Trabajo, citada al mediodía por el Ministerio de Capital Humano mediante un comunicado de prensa.

Alesso criticó duramente a la Casa Rosada al afirmar que “no le da prioridad ni a la educación, ni a las universidades, ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni a la cultura, ni al arte” y reforzó sus dichos: “El Gobierno cree que vive en Disneylandia, pero lo que vemos en las escuelas es que cada vez nuestros pibes y las pibas tienen más hambre y los papás están en una situación muy complicada”.

Señaló que la CTERA había decidido “un paro nacional porque lo que estamos discutiendo es el presupuesto educativo nacional, el financiamiento educativo y el cumplimiento de las leyes” y explicó por qué no coordinaron las protestas con la CGT: “Tenemos distintos tiempos. Nosotros tenemos 24 jurisdicciones con muchísima gente a quien consultar en los cuerpos orgánicos”.

¿Por qué esta confederación docente parará el lunes que viene, pero no el lunes 5 de marzo? En la CGT sospechan que la CTERA, que integra la CTA kirchnerista, no quiere complicarle el comienzo de las clases al gobernador Axel Kicillof, un aliado político de sus máximos dirigentes. En la organización que encabeza Alesso, en cambio, lo negaron y enfatizaron que la decisión fue para no afectar a tantas provincias con las medidas de fuerza, que volverán a afectar a los alumnos y sus familias.

El Gobierno venía postergando el llamado a la paritaria nacional docente y esperó el anuncio de los paros de los sindicatos docentes de la CGT, este jueves por la mañana, para hacer la demorada convocatoria la mesa que discute el salario mínimo del sector. Aun así, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien dirige la Unión Docentes Argentinos (UDA), ratificó a Infobae que se harán igual las huelgas el lunes próximo y el 5 de marzo en 11 provincias. Y, por la tarde, CTERA confirmó que el lunes también concretará un paro nacional de 24 horas.

Las protestas afectarán el lunes que viene a Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hubo acuerdo salarial y la normalidad del inicio del ciclo lectivo está garantizada. El paro del 5 de marzo complicará el comienzo de las clases en la provincia de Buenos Aires; Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Tras el anuncio de los paros, Romero y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tuvieron una tensa charla telefónica en la que la funcionaria le reprochó al sindicalista la decisión de protestar, pero allí le anticiparon que hay otros reclamos vigentes de los gremios docentes además del bajo salario mínimo, como los problemas de infraestructura y equipamiento en las escuelas, por lo que se mantendrán las dos huelgas nacionales de 24 horas que fueron confirmadas este mediodía.

Formalmente, luego de dilatar una respuesta a los sindicatos, Capital Humano informó esta tarde que convocó para el lunes próximo, a las 15, a una reunión de la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado, “en línea con el diálogo siempre abierto por las secretarías de Educación y de Trabajo de esta cartera”. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Trabajo.

El anuncio de los paros se había realizado dos horas antes en la CGT, durante una conferencia de prensa encabezada por Romero y los otros gremialistas del sector, Sara García (AMET) y Fabián Felman (CEA), junto con el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) y dirigentes como Julio Piumato (judiciales), Argentino Geneiro (gastronómicos) y Horacio Otero (UOM), entre otros.

“Al Gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo con los trabajadores”, afirmó Romero antes de confirmar las medidas de fuerza. “El salario inicial es de pobreza, está por debajo de la canasta básica total y es muy grave lo que está pasando en el sistema educativo argentino -destacó. Nosotros decimos que hay una crisis muy profunda en el sistema educativo nacional”.

“Hemos hecho muchísimas gestiones hasta las últimas horas -dijo- porque si hay algo que queríamos evitar es precisamente este anuncio: el 24 de febrero y el 5 de marzo, que es el otro inicio de clases, los gremios confederados con la CGT hacemos paro nacional docente, y no termina con estos paros porque si no se genera un ámbito de diálogo vamos a seguir con un plan de lucha durante todo el año que lamentablemente va a entorpecer el funcionamiento del sistema educativo”.

El líder de UDA responsabilizó al gobierno nacional por el conflicto y aclaró: “No nos sentimos responsables de esta medida de fuerza que está provocada por el propio gobierno”. Enseguida dijo que “espera la reflexión del Gobierno” y, “si no, será un plan de lucha que nos va a tener todo el año junto a los educadores para sacar de esta crisis al sistema educativo argentino”.

Más tarde, consultado acerca de si los paros son inamovibles o podrían levantarse ante una convocatoria oficial, Romero sostuvo a Infobae: “Si nos convocan sería un buen paso, pero no un paso definitivo. Una convocatoria para entretenernos, distraernos, sin ofrecer nada o que no mejore los 420 mil pesos de mínimo, nos deja en el mismo escenario. Tiene que haber una oferta salarial que podamos analizar positivamente. Si no, vamos a seguir con las medidas de fuerza”.

Por su parte, Argüello, representante del Sindicato de Camioneros, aseguró que la CGT “va a acompañar todas las medidas que tomen los compañeros docentes, como todos los compañeros del país, por esta situación donde el Gobierno no respeta ni quiere discutir las paritarias”.

La semana pasada, como anticipó Infobae, los gremios docentes que integran la CGT analizaron la situación salarial del sector y advirtieron sobre el conflicto: “Estamos a horas del inicio de clases y todavía no hubo una convocatoria a la negociación salarial a nivel nacional”, afirmó Romero.

Según un relevamiento efectuado por UDA, el ranking de los salarios mínimos docentes en el mes de enero pasado en todo el país es el siguiente: Catamarca, $420.000; Santiago del Estero, $450.000; La Rioja, $450.000; Misiones, $521.904; Formosa, $540.000; Salta, $540.672; Chubut, $544.808; provincia de Buenos Aires, $553.075; Entre Ríos, $563.000; Mendoza, $570.000; Chaco, $592.000; San Luis, $623.546; Jujuy, $625.000; Corrientes, $635.000; Santa Fe, $633.137; CABA, $673.000; Córdoba, $755.000; Tierra del Fuego, $804.338; Santa Cruz, $840.000, y Río Negro $931.186.

El comienzo de las clases podría complicarse el lunes próximo en 12 provincias: en el primer conflicto salarial de 2025, los sindicatos docentes de la CGT y la CTERA anunciarán medidas de fuerza este jueves ante la demora del Gobierno en convocar a la paritaria nacional docente.

Aunque todavía no está confirmado, se trataría de un paro de 24 horas que se concretaría el mismo lunes y en el que coincidirán, por separado, los gremios cegetistas Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), que harán una conferencia de prensa el jueves, a las 11, para efectuar el anuncio, mientras que, desde las 12, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) debatirá sus pasos en un plenario de secretarios generales.

La posible protesta afectaría el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

La semana pasada, como anticipó Infobae, los gremios docentes que integran la CGT analizaron la situación salarial del sector y advirtieron que podría desatarse un conflicto: “Estamos a horas del inicio de clases y todavía no hubo una convocatoria a la negociación salarial a nivel nacional”, afirmó a este medio el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero (UDA).

“No nos vamos a a hacer responsables si vamos a un conflicto porque hay un solo responsable, que es el gobierno nacional -enfatizó el líder gremial-, pero seguiremos trabajando con los sindicatos docentes que integran la CGT para buscar una salida a las grandes necesidades que tiene el sistema educativo y a las profundas carencias que tiene el salario de los educadores en nuestro país”.

Romero habló tras una reunión que mantuvo en la sede de Azopardo 802 con otros dirigentes del sector, Sara García (AMET) y Fabián Felman (CEA), en donde evaluaron la crisis salarial del sector, donde el sueldo mínimo de los docentes se mantiene en $420 mil desde el 22 de agosto pasado, una cifra que, destacó el titular de UDA, “se encuentra por debajo de la línea de indigencia”.

Según un relevamiento efectuado por UDA, el ranking de los salarios mínimos docentes en el mes de enero pasado en todo el país es el siguiente: Catamarca, $420.000; Santiago del Estero, $450.000; La Rioja, $450.000; Misiones, $521.904; Formosa, $540.000; Salta, $540.672; Chubut, $544.808; provincia de Buenos Aires, $553.075; Entre Ríos, $563.000; Mendoza, $570.000; Chaco, $592.000; San Luis, $623.546; Jujuy, $625.000; Corrientes, $635.000; Santa Fe, $633.137; CABA, $673.000; Córdoba, $755.000; Tierra del Fuego, $804.338; Santa Cruz, $840.000, y Río Negro $931.186.

El jueves pasado, la CTERA, que encabezan Sonia Alesso y Roberto Baradel, denunció que hasta ese momento “aún no ha sido convocada a la reunión de la paritaria nacional docente” y criticó “el ajuste brutal que impacta no sólo en los salarios docentes, sino también en las condiciones de aprendizaje que se agravan día a día con este corrimiento del Estado Nacional de su obligación legal de sostener, junto a las provincias, el derecho a la educación en todo el territorio nacional”.

Por eso citaron para este jueves a un plenario de secretarios generales de todos los sindicatos que integran la entidad para “analizar y resolver acciones gremiales ante esta grave situación”.

Consultadas acerca del anuncio sobre un paro nacional, fuentes de CTERA aclararon: “Tenemos que esperar el plenario para ver la situación de las provincias, pero es muy probable (que se dispongan protestas) porque estamos reclamando la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la convocatoria a la paritaria nacional y el financiamiento nacional para la educación”.

En declaraciones radiales, al hablar sobre los reclamos salariales, Alesso dijo la semana pasada que “va a ser un año conflictivo en ese sentido porque el salario ha quedado muy bajo en el sector público, se nota mucho, y la situación de inflación no recupera lo que nosotros perdimos”.

De todas formas, en cada distrito se mantienen negociaciones para recomponer los salarios. Aún no hubo acuerdo en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Santa Cruz.

Mientras la CGT sigue casi sin actividad en una tregua con el Gobierno, los sindicatos educativos que integran la central obrera hicieron este miércoles una fuerte advertencia al oficialismo: “Estamos a horas del inicio de clases y todavía no hubo una convocatoria a la negociación salarial a nivel nacional”, afirmó el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero (UDA).

“No nos vamos a a hacer responsables si vamos a un conflicto porque hay un solo responsable, que es el gobierno nacional -enfatizó el líder gremial-, pero seguiremos trabajando con los sindicatos docentes que integran la CGT para buscar una salida a las grandes necesidades que tiene el sistema educativo y a las profundas carencias que tiene el salario de los educadores en nuestro país”.

El sindicalista habló con Infobae tras una reunión que mantuvo en la sede de Azopardo 802 con otros dirigentes del sector, Sara García (AMET) y Fabián Feldman (CEA), en donde analizaron la situación salarial de los docentes, cuyo sueldo mínimo se mantiene en $420 mil desde el 22 de agosto pasado y es una cifra que, como indicó Romero, “se encuentra por debajo de la línea de indigencia”.

“Nos juntamos en la CGT porque es el respaldo que tiene esa casa histórica hacia los trabajadores y debatimos sobre la crisis que atraviesa el sistema educativo argentino -destacó el dirigente gremial-. Nos preocupa mucho lo perversa que es la política actual hacia los trabajadores de la educación. Tener salarios que están en la indigencia no habla mal sólo hacia adentro del país sino también hacia el exterior. Casi no hay salarios de esta naturaleza en toda América Latina”.

De todas formas, Romero dijo: “Tenemos que construir de manera conjunta. El Gobierno tiene que permitir que los representantes de los trabajadores le hagamos sugerencias para poder salir de esta crisis, en donde, los salarios bajos se suman a los problemas que genera una infraestructura escolar deficiente a pocas horas del inicio de las clases en la mayoría de las provincias, que obliga a los docentes a que hagan frente a la desatención que está teniendo el sistema educativo nacional”.

Fuentes oficiales, por su parte, admitieron a Infobae que “aún no hay una fecha prevista” para que se reúna la paritaria nacional docente, que fija el piso salarial para los trabajadores del sector, aunque estimaron que la situación “no derivará en un conflicto” que impida comenzar las clases.

Mientras, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que lidera Sonia Alesso, alineada con el kirchnerismo, sostuvieron que la convocatoria oficial “se produciría la próxima semana” y advirtieron que, si no se concreta, realizarán una reunión de secretarios generales que integran la entidad para definir los pasos que se seguirán.

La última deliberación de la paritaria nacional docente fue en agosto pasado, pero el aumento correspondiente al período abril-julio fue fijado por el Gobierno luego de la falta de acuerdo en la Comisión Negociadora del Convenio Marco y originó el rechazo de los gremios del sector.

En concreto, la Secretaría de Educación de la Nación estableció el salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, cuyo monto quedó definido de la siguiente manera: desde el 1º de abril de 2024, $380.000; desde el 1° de mayo de 2024 $400.000, y desde el 1° de julio de 2024 de $420.000. Con estos montos establecidos, el Gobierno realizó las transferencias a las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que contempla la Ley N° 26.075.

La Comisión Negociadora del Convenio Marco está conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. A su vez, en representación del Estado nacional, la mesa se completa con los representantes de las secretarías de Educación y de Trabajo, dependientes del Ministerio de Capital Humano, al igual que del Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Federal de Educación.

Luis Distefano afirma que estos cambios los deciden especialistas que están alejados del aula y que los sindicatos dan el visto bueno porque ejercen una suerte de cogobierno en materia educativa. En cambio, “en sala de profesores, en las charlas con los colegas, el docente, sin importar en dónde esté parado ideológicamente, ve la realidad de las escuelas y no condice con lo que se baja o con los planteos de los sindicatos”, dice este profesor de Ciencia Política, con 31 años de antigüedad en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires.

En base a esta experiencia, detalla las falencias del sistema de calificación docente así como de la formación continua y del control de asistencias y licencias de maestros y profesores. Asegura que bastaría con cumplir el Estatuto docente para resolver varios de estos problemas.

La oferta de cursos y talleres de formación que dan puntaje a los docentes es ideológicamente sesgada y no apunta a fortalecer la enseñanza de las materias troncales. Consultado al respecto, Distefano explica además que, como el límite de puntaje es de diez, una vez que lo alcanza, el docente puede “hacer 25 años más de carrera” sin seguir capacitándose. “El sistema no premia a aquel que continúa formándose”, dice.

En Mar del Plata, ciudad de la que es oriundo, Distefano fue director de la Escuela Secundaria n° 25. A lo largo de su carrera, también ejerció funciones como secretario de Educación Municipal, de Asuntos Docentes, director de Tribunales de Clasificación Docente, en Mar del Plata, y a nivel provincial como subdirector de Concursos Docentes y Pruebas de Selección y asesor docente (Técnico) en las gestiones de los ministros Mario Oporto y Gabriel Sanchez Zinny, entre otros.

Actualmente es profesor de la Universidad FASTA en las cátedras “Sistemas Educativos, Legislación Laboral Docente” e “Historia de la Educación”. Además es Director de “Profesionales de la Educación Asociados”.

— Usted criticó las últimas reformas del secundario en la provincia planteando que, en general, y como casi todas las reformas educativas que hemos vivido, son elaboradas por gente que está alejada del aula. Pero la gente que sí está en el aula, como por ejemplo, se supone, los sindicatos docentes: ¿qué dijeron sobre esta reforma?, ¿cómo reaccionaron?, ¿qué participación tuvieron?

— En nuestra provincia, Buenos Aires, los sindicatos forman parte del cogobierno en esta gestión educativa, razón por la cual, si bien no hay una interacción en el día a día en las escuelas, en el ámbito de la cogestión, todo lo que define el Ministro de Educación o el director general, en este caso (Alberto) Sileoni o las autoridades educativas, está consensuado porque forman parte. Por esta razón, el impacto en la escuela no lo ves, porque se resolvió todo antes y baja ya definido en la instancia provincial. Sí puedo decir que en los comentarios en sala de profesores, en las charlas con los colegas, el docente, sin importar ideológicamente en dónde está parado, ve la realidad de las escuelas y no condice con lo que se baja o con los planteos de los sindicatos. Hoy mismo charlaba con una colega que recibió presiones en una escuela secundaria técnica de la ciudad por haberle llamado la atención a una alumna y fue inmediatamente convocada por la dirección para iniciarle un procedimiento. Esto pasa todos los días y cuando estos docentes van a los gremios, en este caso Suteba, si bien la asesoraron en la respuesta, lo real es que el docente manifiesta estas situaciones de violencia, de presiones, de planteos para no exigir de más en todas las escuelas.

— Claro. Porque la reforma esencialmente apunta a oficializar lo que se hizo en pandemia o post pandemia. Casi un Viva la Pepa, un vale todo.

— La realidad es esa, el vale todo, el todo es lo mismo, ya sea en cuestiones académicas como de disciplina, que es el gran problema hoy de la escuela. Es muy difícil que un profesor, sobre todo en secundaria, el nivel en el que más experiencia tengo -fui director hasta hace muy poquito-, pueda llevar a cabo una clase de dos horas. Si entra al aula y tiene que llamar la atención porque usan el celular, porque los alumnos entran a cualquier horario, porque la inasistencia y la impuntualidad son algo común, no estamos en condiciones de exigir cumplimiento porque el discurso es que todos los chicos tienen que estar en la escuela, no importa cómo lleguen, no importa si faltan. Entonces ese profesor en sus dos horas semanales lidia con la falta de respeto, el agravio, alumnos que entran y salen, que se pelean, chicos con integración; digo, es un grupo de 30 a 40 alumnos con diversas situaciones. ¿Cuánto le queda a ese profe para poder dar una clase? El aula de hace tres décadas no existe más, el aula donde un profesor hablaba y 30 alumnos estaban callados, sentados. Esto es solamente para los especialistas que hablan de propuestas o de inteligencia artificial, cuando no logramos que un alumno se ponga de pie para exponer o escuchar más de diez minutos en un aula.

— Por lo que usted dice, los sindicatos no estarían representando el sentir ni el interés de los docentes, al menos de la mayoría. El docente que sufre una falta de respeto o una agresión, por parte de un alumno, algo cada vez más frecuente, ¿qué recursos tiene?

— Puede recurrir al sindicato. Tenemos una legislación que plantea la defensa del docente cuando es agredido, pero en la práctica todo esto que vivimos en las escuelas bonaerenses es parte de una determinación que se tomó en esta gestión y se fue profundizando en la post pandemia. Es decir, estamos blanqueando lo que nos pasó y lo que vivimos en las aulas, y el docente va bajando los brazos. Pensemos en uno de esos docentes que uno quisiera de profesor para sus hijos, esos académicamente formados, muy respetados, que llega a un aula y se encuentra con esta realidad y a veces no tiene ni la contención de los colegas, ni de los directores y baja la cabeza. Mucha gente está dejando el sistema, se está jubilando sin esperar el máximo posible, porque es insostenible. Cómo podemos pensar en lo académico si cuando hay un profesor que exige medianamente, en línea opuesta a lo que se plantea, empieza a tener presione. Hoy está planteado en el nuevo régimen académico que los chicos van a pasar directamente. Les sacás el incentivo, dejás a todos en igualdad. Ese profesor, ¿cómo logra que el aula lo siga, se preocupe, se esfuerce? El esfuerzo es algo que no está bien visto hoy. Y el año que viene ese profesor, que va a estar dando física de tercero, en un momento de intensificación [N. de la R: se trata de recuperar los contenidos de materias no aprobadas por el alumno], como está planteado en la norma, se va a encontrar con tres alumnos que vienen de un 1°, dos que vienen de otro 1° y entonces, además de dar clases en su nivel, va a tener que intensificar con estos tres, cinco o diez alumnos, para que aprueben lo que adeudan de otros años. Y en el 2026 y 2027, cuando tenga alumnos que van a ir dando vueltas de un lado a otro de la escuela, el profe lo que va a hacer es aprobar a todo el mundo, porque es imposible estar con tu grupo, más todos aquellos que adeudan contenidos. Es muy difícil luchar contra el sistema. Porque hay muchas presiones, y el sindicato te puede asesorar en cómo manejarte administrativamente, pero políticamente está alineado con la gestión educativa.

— Claro, porque uno ve que nunca se pronuncian sobre estos temas públicamente. O sea, solo hablan de cuestiones salariales, de estatutos y esas cosas, pero nunca de la función de enseñar.

— La calidad educativa no es agenda.

— ¿De qué manera participa el sindicato del cogobierno de la escuela? También interviene en la formación y lo que ofrece en ese plano confirma el “adelgazamiento de contenidos”, como decía un ministro.

— Adelgazamiento, es así. El sindicato tiene participación con el equipo del ministro en cada una de las instancias. Muchos de los funcionarios del gabinete educativo son parte del sindicato. Y a nivel territorial, en cada uno de los 135 distritos de la provincia tenemos una autoridad política en educación, que es el inspector jefe distrital que representa en cada distrito al Ministro y al Gobernador en materia educativa y tiene diálogo constante en materia de cogestión con los sindicatos de cada ciudad, razón por la cual el sindicato tiene ese peso. Ahora bien, todos los docentes, más allá de si están alineados o no, saben que estamos cada vez peor. Esto que pasó esta semana con un chico que apuñaló a otro es la diaria, lamentablemente, y en muchas escuelas. No tiene que ver con un sector geográfico en particular. Nos pasa en todas las escuelas, también en las de gestión privada. Situaciones de bullying, de violencia, y no tenemos herramientas. No digo que vayamos a un sistema de sanciones disciplinarias como las de antes, pero lo cierto es que si ante un hecho como el de esta semana, la respuesta es reflexión, reparación, vamos a hacer una actividad a la biblioteca… Cuando volvemos al aula, ¿cómo se hace con dos alumnos que tuvieron un hecho violento o con un alumno que le pega o le dice cualquier barbaridad a un profesor, algo que es habitual? Si la línea es “hay que reflexionar, hacer una actividad, vamos a charlar”, vuelve y sigue todo igual. ¿Cómo sigue dando clases ese profesor?

— Roberto Baradel dijo que no hay que permitir que la violencia de la sociedad entre al aula como si no estuviera ya.

— Ya es tarde. Creo que es importante entender que nosotros estamos formando a los ciudadanos del futuro y ya tenemos una sociedad violenta, que no respeta las leyes, que no tiene valores concretos de aquellos que aprendíamos en su momento a través de la escuela justamente que daba lo que a veces no pasaba en casa. En la escuela, podíamos formarlos y prepararlos. Hoy esto no se da. Hoy estamos complicados como sociedad. Imaginemos en 5, 10, 15 años, ¿qué ciudadanos vamos a tener?, ¿qué egresados de secundaria que puedan llegar a una universidad? Donde se van a encontrar con una instancia de examen que no van a poder superar porque no están acostumbrados a la mesa de examen. Eso se elimina en el nuevo régimen académico. No es sumando años de obligatoriedad que se recupera calidad, porque la obligatoriedad en la secundaria cumple 20 años y no implica que tengamos calidad. Es una guardería. Los chicos tienen que estar, tienen derecho a la terminalidad.

— Derecho a la terminalidad. Es increíble.

— No importa cómo. Es derecho al título, llegar como sea, como en su momento se desvirtuó el programa Fines, que era darle la posibilidad a aquella gente que no pudo completar su secundario, y después terminó pasando a regalar el título. Bueno, eso que antes sucedía en el Fines, hoy lo vemos en las escuelas, hoy es que tengan su título para que después hagan lo que quieran. No importa cómo llegan, si saben o no, si cometen una falta grave; todo sigue como si nada. El tema es que los chicos estén en la escuela.

— El bullying, por ejemplo, no se resuelve ni se va a resolver sin disciplina, porque el que tiene que frenar el bullying, que es el docente, está desautorizado. Hasta tenemos una ley contra el bullying, pero cada vez hay más violencia.

— Leyes sobran. El estatuto docente está, hay que cumplirlo. Si realmente lo cumpliéramos, la gestión estatal y la privada funcionarían mejor. De hecho, los docentes somos los mismos. La legislación es prácticamente la misma. Sin embargo, hay cosas que funcionan mejor en la privada. La cuestión del bullying es común a todos. Pero el ausentismo docente es uno de los grandes problemas en la escuela estatal. La privada no lo sufre. ¿Por qué? Porque hay acompañamiento, supervisión, control. Todo lo que nos pasa en el Estado en general se replica en la escuela y los que más impacto van a tener son justamente aquellos alumnos de escuela estatal que están en una institución que no tiene garantizada su autonomía para poder tomar las medidas que correspondan en función de esa comunidad educativa. Esto se perdió.

— O sea que el Estatuto docente permitiría limitar el ausentismo si se cumpliera. ¿Qué otras cosas no se cumplen del Estatuto?

— El Estatuto docente tiene un régimen de licencia que es el mismo para la escuela privada y la estatal. Sin embargo, en la escuela privada el docente no falta tanto. En la escuela estatal no hay control. El docente sube su licencia a una aplicación del portal ABC y en general nadie controla eso. Cuando se implementó este portal, hubo casos en los que se subían hojas en blanco, recetas de cocina, y se otorgaban las licencias de dos o tres días. Por la cantidad de licencias que tiene el Estado Provincial, es imposible controlar. Entonces, cuando son licencias de un día o dos, no hay control. Uno sube la licencia y automáticamente se otorga el día. Por ejemplo, situaciones que viví como director: “Llevo a mi hija al dentista a la tarde” y la hija tiene 17 años. Falta a los dos cargos, a la mañana y a la tarde, y esto lo sube al sistema y nadie controla, porque esa docente podría tranquilamente ir a la mañana y faltar sólo a la tarde. Y estas faltas ocurrían casi todas las semanas. Hay otras cuestiones.

— ¿Cuáles por ejemplo?

— Nosotros sostenemos como profesores a gente que por ejemplo ha cursado una materia o dos, que en algún momento tomó una suplencia. El Estatuto dice que esa persona, alumno de una carrera como ingeniería por ejemplo, tiene que cesar a fin de año para darle lugar al año siguiente a nuevos profesionales egresados que puedan tomar esa suplencia. Bueno, esto no se aplica. Y tiene un impacto, porque si se tiene durante ocho años alguien que cursó una materia en ingeniería y abandonó su carrera y sigue como suplente de una escuela, eso impacta en la calidad educativa, porque tenemos una persona que no estudió más, que cursó dos materias, que tomó una suplencia larga y no les da lugar a los nuevos docentes.

— ¿Y qué hay del sistema de puntaje?

— Bueno, está el hecho de que todos o casi todos los docentes tenemos diez, porque no se aplica como corresponde el seguimiento, la supervisión. Entonces, en una provincia en la que los chicos no saben leer o llegan a la secundaria sin condiciones mínimas de lectura o de cálculos matemáticos, el 99% de los docentes de la provincia tiene una calificación de diez.

— ¿Esa calificación quién la da?

— El director, que debe ir durante todo el año a supervisar las aulas, entrar, acompañar, marcar. El superior jerárquico es el que nos califica. Ese puntaje después tiene un impacto para acceder a los cargos docentes en las asambleas. Entonces, si yo no le pongo diez, si le bajo a un nueve, automáticamente el docente va a recurrir, va a decir que hubo persecución u otros motivos. Y como se tomó esto como una cuestión de derecho laboral, los directores terminan poniéndole diez a todo el mundo para no tener un recurso con el sindicato que va a plantear que vulnera derechos. En definitiva, todos tienen diez, como si la educación de nuestra provincia fuera excelente. Lo mismo pasa con los alumnos...

— El otro aspecto de esos puntajes es la formación. Si uno ve lo que lo que proponen, desde el Estado u otros oferentes, como las universidades o los institutos de formación docente y los sindicatos, que pueden dar cursos o talleres. La oferta es sinceramente ridícula. Dan puntaje por cursos como por ejemplo “La enseñanza del inglés desde una perspectiva de género”. Otro es “Memoria y derecho a la identidad en el secundario”. O ”La transversalización de la ESI en las prácticas pedagógicas”, porque todos los docentes tienen que dar ESI. En Mar del Plata, su ciudad, ofrecen cursos sobre “Medios de comunicación en la escuela”, “Educación ambiental”, “Efemérides patrias”. Este último parecía serio. Pero el subtítulo dice “estereotipos”. O sea, es deconstrucción de las efemérides. Otro curso es “Abordar la salud menstrual desde la ESI”. Estos son cursos que dan puntaje.

— La formación o la capacitación continua está impedida de lograrse porque un docente tiene un máximo de diez puntos para sumar a sus antecedentes para acceder a nuevos cargos y esto implica que hagan cursos tanto de los que ofrecen los CIIE [Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa] como los de universidades, instituciones de nivel superior o sindicatos incluso, que dan puntaje, pero esto tiene un límite. Es como comprar puntaje. Hacés cursos, llegás hasta diez y después hacés 25 años más de carrera y no hiciste nada más. El sistema no premia a aquel que continúa formándose, si llegó al máximo de puntaje. Por ahí lo hiciste temprano para tomar un cargo, pero después estás 30 años y no hiciste nada más. O sí, pero una maestría te da 1,2 comparado con cursos que hoy son virtuales. Entonces, si querés tener un docente profesional tenés que reconocer en lo salarial o en el puntaje de antecedentes, o en ambos, a aquel colega que se esfuerza por ser cada vez mejor. Pero esto afectaría un derecho laboral, razón por la cual no se aplica. Y llegamos a ese máximo. Hicimos cursos de lo que quieras. Y el resto de los años que estoy en la carrera no me perfecciono porque total ya está, con tener la calificación, los puntajes que quería tener y sigo en el sistema y me jubilo de esa manera. Por supuesto que eso atenta contra la calidad educativa, no valora el esfuerzo, la capacitación continua. Sin entrar en la discusión de qué pasa en los profesorados o cómo formamos a nuestros docentes, que es todo otro gran tema. Pero si llegaste a un cargo de gestión, podés estar 20 ó 30 años y no pasa nada, ni siquiera desde el punto de vista de una aptitud psicofísica. Los docentes de la provincia pasamos por un examen de aptitud psicofísica una vez en la carrera. Después se puede seguir tranquilamente sin que nadie controle nada. A las escuelas privadas se les pide casi todos los años que los docentes hagan el examen preocupacional o de aptitud psicofísica. En la estatal, podés tener a cualquiera dentro del aula con cualquier condición.

— Es difícil pensar en cómo reformar todo esto porque es tan extendido el problema y abarca todos los aspectos, que…. ¿por dónde empezar?

— La primera medida debería ser derogar el 70% de la normativa que tenemos hoy y volver un poco a lo que era antes. Y darle autonomía a las instituciones, que es lo que la Ley de Educación también plantea. Autonomía. Yo como director de una escuela en un barrio vulnerable, tengo que poder tener autonomía para manejarme con los códigos de esa comunidad. No puedo estandarizar, porque no somos todos iguales. Entonces, en una zona en la que la escuela puede ponerse más exigente, la comunidad educativa acompaña, dirigir una escuela con mil y pico de alumnos en donde las cosas eran claras y si vos cometías una falta había una consecuencia. No puede ser todo reflexión porque la norma no te impide hacerlo. Lo que pasa es que la presión es muy grande, Te decían “los chicos tienen que pasar de año, no puede haber repitencias, hay que mezclar las materias y hacer un peinado de materias, vos ves física de primero y de segundo, te hago un combo y aprobás todo”. Nosotros no lo aplicamos en mi escuela porque la norma habilitaba esta posibilidad y exigimos y si hay que repetir se repite. Y tuvimos 70 repetidores del mil y pico de alumnos porque los chicos no sabían y lo hicimos. Presiones hay, pero los chicos saben que con esfuerzo llegan. Ahora, esto que pudimos hacer hasta el año pasado, ahora con el nuevo régimen académico, ya es mucho más difícil porque se estandarizó todo. Entonces va a ser muy difícil sancionar y exigir, porque los chicos saben que ahora van a pasar. Si a un adolescente se le dice quédate tranquilo que te podés llevar 5 ó 6 materias y el año que viene y vas a intensificar, es decir, un trabajo práctico. Olvídense que esto sea como antes, lo que siempre te piden es que egresen, que tengan su título y después veremos. La universidad verá qué hace, si baja el nivel o se queda sin alumnos.

— Leí que usted considera que el currículum actual es obsoleto. ¿En qué sentido?

— Esta es una secundaria que no le da a los alumnos las herramientas que necesita. Hoy estamos pensando en alumnos que tienen otra forma de conectarse con el mundo y con profesiones totalmente distintas a las que teníamos nosotros, razón por la cual la secundaria tiene que replantearse. Pero hoy ni siquiera pensaría en una revolución educativa que cambie la currícula y que plantee robótica, inteligencia artificial; si los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben reflexionar. Así que me parece que lo fundamental hoy es volver a lo básico. Para que los alumnos tengan pensamiento crítico, tengo que lograr que puedan saber leer, saber escribir, volver a hacer una sintaxis, redactar, poder enfrentar al profesor en una exposición oral. Hoy se plantea en muchas primarias que hacer que el alumno pase al frente es estigmatizante. Entonces lo dejamos afuera de la realidad. Tenemos que pensar en una nueva secundaria. Lo que sí me parece es que tenemos que volver a lo básico. Volver a poner pautas claras para todos y volver a la exigencia. Pasó antes, siempre tuvimos chicos que, vinieran de dónde vinieran, se esforzaban y llegaban. Bueno, hay que volver a lo básico.

LA ENTREVISTA COMPLETA

David Edwards es el secretario general de la Internacional de la Educación (IE), la federación que nuclea a los principales gremios docentes de todo el mundo: representa a 33 millones de profesores de 178 países. Está de visita en Buenos Aires porque este lunes 29 de julio empieza en la ciudad el 10° Congreso Mundial del organismo, que reunirá a más de 1200 sindicalistas de la educación de 150 países. Dentro de la IE, los docentes argentinos están representados por CTERA, CEA y Conadu.

Antes de incorporarse a la IE, Edwards fue director asociado de la Asociación Nacional de Educación, el sindicato más grande de Estados Unidos. Es doctor en Política Educativa y Liderazgo por la Universidad de Maryland; empezó su carrera como profesor de escuela secundaria pública. Considerado uno de los máximos referentes globales del sindicalismo docente, Edwards conversó con Infobae sobre la escasez de maestros en el mundo, el rol de los gremios en la política educativa, la legitimidad de los paros como mecanismo de protesta y los desafíos que presenta la inteligencia artificial para la profesión, entre otros temas.

–En algunas jurisdicciones de Argentina faltan docentes para cubrir los puestos necesarios, y el fenómeno se replica a nivel global. ¿Por qué no resulta atractiva la profesión? ¿Hay algún país que haya podido resolver el problema?

–Desde la Internacional de la Educación venimos alertando sobre este problema desde hace unos 15 años. En febrero de 2024, un Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente convocado por la Secretaría General de las Naciones Unidas hizo un análisis global de la escasez de docentes y sus causas, y elaboró 59 recomendaciones para asegurar la valoración y el respeto al profesorado.

La Unesco estimó el año pasado que hay un déficit de 44 millones de docentes en todo el mundo. No estamos hablando de refuerzos adicionales: son los docentes que hacen falta hoy para poder cumplir con la meta de garantizar educación primaria y secundaria para todos antes de 2030. En África es grave, faltan unos 15 millones de docentes; en América Latina y el Caribe, 3,2 millones. La crisis se profundizó con el COVID-19, pero viene de antes. La situación es crítica en mi país, Estados Unidos, pero también en Suecia o Canadá.

Si uno mira los países donde no hay escasez de docentes, en general son lugares donde un maestro gana lo mismo que cualquier profesional con un nivel similar de formación. En Finlandia o Singapur, un docente gana básicamente lo mismo que un médico. Los sistemas producen aquello para lo que fueron diseñados: si cambiás el sistema, podés obtener otros resultados.

Creo que Singapur es un buen ejemplo. Ellos decidieron que la docencia iba a ser la profesión más importante del país. Tienen becas desde la secundaria para incentivar a los chicos a que estudien para ser docentes. La formación inicial es gratuita, la formación continua también. Los docentes con más experiencia hacen mentoría y seguimiento de los más nuevos. En una mesa le preguntaron al ministro de Educación de Singapur cómo hacían para financiar todo eso. Él respondió: “Son las personas que están encargadas de formar el futuro. Es la mejor inversión que podemos hacer”.

–¿Hay una dimensión material, vinculada con el salario, y una simbólica, relacionada con el prestigio y la valoración social?

–Lo simbólico se transfiere a lo material. En Singapur construyeron un sistema para levantar el perfil de la profesión. No solo en el pago, sino también en la forma en que la sociedad trata a los docentes.

Me parece que durante la pandemia muchas familias se dieron cuenta de que la tarea docente es difícil y entendieron la importancia de la profesión. Pero después, eso no se tradujo en ninguna acción. Este año desde la IE hicimos una encuesta global a docentes para entender las razones por las que se están yendo de la profesión. Básicamente, lo que más se repite en las respuestas es “respeto”. La mayoría percibe falta de respeto, falta de apoyo y de recursos.

En Singapur trabajaron sobre las dos dimensiones. Ellos entienden que la pedagogía es algo serio, en términos de evidencia y de investigación. Entienden que los docentes deben tener tiempo para investigar qué método usar con qué estudiante, tiempo para planificar con sus colegas, para colaborar y ver qué están haciendo otros. Singapur y Finlandia tienen una visión más profesional de la docencia. En Finlandia, los profesores enseñan 4 horas por día; las otras 4 horas son para colaborar con otros colegas, trabajar sobre el currículum, reunirse con las familias. En esos países, la población valora a los docentes por encima de los médicos. Y muy por encima de los políticos.

–La IE está impulsando una campaña global por la escuela pública y en contra de los recortes. ¿Perciben una amenaza global sobre la educación pública? ¿Cuál es hoy su valor distintivo?

–La escuela pública es democracia, es conexión con la comunidad. Es la posibilidad de que un chico de clase media conozca a otro chico de raíces humildes, de otro grupo étnico o de otra religión. La escuela pública es el lugar donde podemos entender al otro, reconocer sus derechos, jugar y aprender juntos.

Todos los organismos internacionales, el sector privado y las fundaciones les están diciendo a los gobiernos que inviertan más en educación. Venimos de décadas de buscar soluciones baratas para problemas complejos. Hubo reformas que hicieron mucho daño: en Kenia o en Uganda, por ejemplo, hubo intentos de enseñar sin docentes calificados, dándoles iPads a los estudiantes. Pusieron a cargo a personas que no estaban preparadas, chicos de 18 años. Los resultados fueron desastrosos: se perdieron años de aprendizaje, en algunos casos extremos dañaron a los alumnos, hubo violaciones.

Otras reformas se basaron en grabar al mejor profesor de una materia y usar ese video en todas las escuelas. Pero la evidencia también mostró que eso no funciona, porque el docente debe conocer a su comunidad. Hoy en el sector de EdTech (tecnología educativa) se habla mucho de personalización: solo el docente sabe si el chico comió o no, a qué le tiene miedo, cómo interactúa con otros. Estas reformas fueron oportunistas: detrás de ellas siempre había alguien con una visión financiera, alguien que buscaba ganar dinero con los fondos públicos destinados a laptops en vez de docentes. Ninguna de estas reformas puede mostrar resultados.

En cambio, sí tenemos evidencia que indica que el docente es la mejor inversión que se puede hacer en el sistema educativo. Tenemos un grupo de expertos de la ONU que analizó esa evidencia y formuló 59 recomendaciones. Allí no hay lugar para ideas “disruptivas”. Tiene que haber TIC, claro, pero los docentes necesitan autonomía para elegir cómo utilizar la tecnología con fines pedagógicos.

Otra de las recomendaciones plantea que los gobiernos deberían crear comisiones nacionales que incluyan a representantes de los docentes para evaluar y afrontar el déficit de docentes calificados. Para cambiar el sistema, hay que entender el burnout de los maestros, mejorar sus salarios, reconstruir la confianza y el respeto. En unos 15 países ya se formaron esas comisiones, entre ellos Indonesia, Mongolia, Inglaterra y Australia. En Argentina todavía no, pero espero reunirme con el secretario (Carlos Torrendell) y acercarle estas recomendaciones.

–Teniendo en cuenta estas experiencias con la tecnología, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en la profesión docente?

–Cuando pensás en tu profesor favorito, pensás en alguien que te inspiró, te entendió, te protegió. Yo conozco docentes en Ucrania que durante la guerra ayudaron a los chicos a cruzar la frontera. Pusieron el cuerpo. Conozco docentes en Gaza que están ahí cuando caen las bombas: enseñando en carpas, protegiendo a los chicos. En Maryland, donde yo vivía, hubo un francotirador, todos en el pueblo estaban súper asustados. Recuerdo pasar por un colegio primario y ver que, cuando llegaron los buses escolares para buscar a los estudiantes al final del día, los profesores habían hecho un túnel con sus cuerpos para que los chicos pasaran por ahí y pudieran subir seguros.

En todo el mundo los docentes hacen ese tipo de cosas. Creo que en ningún momento la tecnología podrá reproducir eso. Mary Futrell, que tiene 85 años y es la fundadora de la Internacional de la Educación, me dijo un día: “Cuando salió la radio, nos dijeron: ‘No los necesitamos más, pondremos una radio en cada aula’. Cuando salió la televisión, el VHS, la computadora, dijeron lo mismo. Pero convertimos esos recursos en herramientas, y los usamos para que los chicos aprendieran”. Creo que vamos a seguir haciendo eso.

Obviamente la inteligencia artificial trae desafíos, como los sesgos, la cuestión de la privacidad. En Europa están avanzando más con la regulación de estos temas; en Estados Unidos y otros países es como el Lejano Oeste. Creo que los docentes tenemos que estar ahí hablando de qué es lo mejor para los chicos, para la sociedad y el mundo que queremos. Las preguntas claves, en este momento, son por qué y para qué. Tenemos mejores chances si los docentes están involucrados en el diseño de estas herramientas.

–Mencionaste el sector privado en relación con la búsqueda de lucro. ¿No hay también un rol virtuoso del sector privado y las ONG? ¿Por qué los sindicatos docentes tienden a desconfiar de estos actores?

–En Finlandia hay una iniciativa que se llama Edutopia, coorganizada entre el sector privado y los sindicatos docentes, enfocada en las nuevas tecnologías educativas. Ellos tienen un convenio y una especie “juramento hipocrático” basado en ciertos principios previos a la adopción de una nueva tecnología: por ejemplo, tiene que ser una herramienta para todos, equitativa, de código abierto. En Finandia y en otros países, antes de que se adopte una tecnología en las aulas, debe tener el aval del profesorado: ellos deben analizarla primero y ver si les sirve o no.

Creo que el sector privado tiene un rol muy importante cuando realmente busca aportar a la mejora de la educación. Hay muchos sindicatos dispuestos a ese diálogo. Pero también tenemos un pasado en el que algunas compañías intentaron reemplazar a los docentes por iPads. Entonces debemos reconstruir la confianza.

–Como representantes de los docentes, ¿cuál es el rol de los sindicatos en la política educativa? ¿Su función es velar por las condiciones de trabajo? ¿Por qué deberían estar sentados en la mesa de discusión política?

–Para los profesores, la educación no es una cosa abstracta: es bien real. Son ellos los que están todos los días con los chicos en la escuela, los que conocen la realidad del día a día. Los sindicatos institucionalizan la sabiduría de la profesión docente: los gobiernos cambian, pero los docentes permanecen.

En los sistemas educativos exitosos, uno ve coherencia entre las políticas y la capacidad de los docentes de hacerse escuchar. En Finlandia, los sindicatos negocian sobre el currículum y sobre todos los temas de la política educativa. El diálogo social, con reglas y tópicos claros, es muy importante. Algunos compañeros dicen: nosotros saldremos de la política cuando ellos salgan de nuestras aulas. Sabemos que si queremos tener la libertad de enseñar y ejercer nuestra profesión, tenemos que estar presentes en la discusión, porque hay muchas malas ideas, como las que te mencioné antes, que llegan y dañan a nuestros chicos, a nuestros colegas y al sistema educativo.

Algunas de esas ideas son como zombies: cuando parecían muertas, vuelven. Por ejemplo, los vouchers. Hay mucha evidencia que señala que no funcionan, incluso Unesco y el Banco Mundial han mostrado que es una inversión ineficiente. En Chile lo saben. Ninguna persona que trabaja en política educativa a nivel global piensa que los vouchers son una buena idea. Pero siempre hay algún turista que llega y dice: “A mí me parece que...”. El papel del sindicato es defender a los chicos y a nuestros compañeros de esas malas ideas de los “turistas” de la educación. Tenemos que estar ahí debatiendo cuál es la evidencia y el objetivo de una determinada reforma. Hay muchos modelos, Argentina tiene el suyo. Yo pienso que el sindicato tiene que participar de la discusión sobre política educativa.

–Hablaste del desprestigio de la profesión docente. ¿Cuánto inciden en ese desprestigio los paros prolongados, como los que se registraron en varias provincias argentinas en las últimas décadas?

–En Chicago, los profesores hicieron huelga porque había hongos en las escuelas, porque los chicos no tenían suficiente tiempo para jugar porque debían prepararse para los exámenes estandarizados, porque las enfermeras que trabajan en las escuelas estaban muy mal remuneradas. Usaron el paro para mostrarle al público lo que estaba pasando dentro de las escuelas. Organizaron clases públicas en la calle, la televisión mostró las aulas con agua en el piso, sin electricidad. El desprestigio no fue para los docentes, fue para el ministerio de educación de Chicago, y el alcalde tuvo que irse.

Todos los docentes que conozco prefieren estar enseñando y no en la calle. El paro es el último recurso, cuando no hay otra manera de ser escuchados. Hay gobiernos que piensan que políticamente les conviene recortar, que los docentes vayan a huelga y pierdan el apoyo de las familias. Pero tarde o temprano el desprestigio llega al propio gobierno, y el reclamo se termina fortaleciendo.

Por otro lado, muchos países tienen buenas relaciones entre gobierno y sindicatos, y uno ve en esos países buenos rendimientos escolares y oportunidades distribuidas. Desde hace 15 años nosotros organizamos junto con la OCDE la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente. Seleccionamos a 25 o 30 países a los que les está yendo bien, invitamos al ministro de educación y a los presidentes de los gremios, y nos reunimos por dos días. Seleccionamos un tema, analizamos la evidencia. Este año fue en Singapur, la próxima será en Islandia. En esa cumbre, el ministerio y el sindicato representan a su país, están ahí pensando en sus alumnos. Cuando hablan, no están hablando en contra, sino juntos. Al final de la cumbre, tienen que ponerse de acuerdo sobre algún aspecto para cambiar. Y en la cumbre siguiente, deben volver y reportar si lo implementaron o no. Creo que sería bueno replicar este tipo de encuentros a nivel regional en América Latina; en África lo hicimos. Tenemos que encontrar la manera de reconstruir el respeto y la confianza en la discusión sobre educación.

–Para terminar, ¿cómo ves la situación de la profesión docente en Argentina?

–Me preocupa que se pierdan los avances que Argentina ha hecho en términos de equidad, de formación docente, de inversión. Me preocupa que el FMI presione para recortar los salarios del sector público y exija austeridad, como hizo en otros países donde causó daños terribles.

Ya degradaron el ministerio de Educación a secretaría. Ya han dicho que no hay plata para los chicos, pero sí hay para viajes y para bajar algunos impuestos. Son decisiones que pueden poner en peligro el futuro de los chicos argentinos. Si no se pagan buenos salarios y no se respeta a los maestros, ¿quién va a querer ser docente en Argentina?

Este año la Unesco y la OCDE estimaron el costo que supone para la economía global no invertir lo suficiente en educación: son 10 billones de dólares por año. Yo me casé con una argentina, amo este país. Sé que en el mundo siempre hay gente oportunista que ve la educación como un costo y no una inversión. Pero la educación pública argentina tiene una historia, es respetada mundialmente, no solo en América Latina. Estoy preocupado pero tengo esperanza, porque conozco a muchos docentes de acá y sé que el pueblo argentino va a poner un límite.