La huelga en el Nacional Monte de Piedad se ha convertido en uno de los conflictos laborales más prolongados en México. A más de siete meses de iniciado el paro, las negociaciones entre el sindicato y la administración siguen estancadas, mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impulsa una salida basada en votación directa de los trabajadores.

El conflicto, que comenzó el 1 de octubre de 2025, ha afectado a miles de empleados y usuarios de esta histórica institución prendaria, sin que hasta ahora exista un acuerdo definitivo.

¿Por qué estalló la huelga en el Monte de Piedad?

De acuerdo con el sindicato, el paro laboral se originó por una serie de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y decisiones administrativas que, aseguran, afectan directamente sus derechos laborales.

Además, la autoridad laboral ha reconocido que existe una “enorme distancia” entre las posturas de ambas partes, lo que ha llevado la negociación a un punto muerto.

Demandas de los trabajadores, punto por punto

1. Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo: El sindicato acusa a la administración de incumplir diversas cláusulas del CCT, lo que detonó el conflicto laboral.
2. Rechazo a cambios en la asignación de plazas: Uno de los puntos más polémicos es el sistema de “boletinación de plazas”, es decir, la forma en que se asignan vacantes y ascensos dentro de la institución.
3. 1. Los trabajadores señalan que estos cambios afectan sus derechos y antigüedad.
   2. La empresa, en contraste, defiende un modelo más automatizado y transparente.
4. Oposición a la posible desaparición del sindicato: El gremio ha denunciado una supuesta intención del patronato de debilitar o incluso desaparecer la representación sindical.
5. Garantías en procesos de ascenso y vacantes: Los trabajadores buscan mantener control y certeza en los mecanismos de promoción interna, evitando decisiones unilaterales de la empresa.
6. Mejores condiciones laborales y salariales: Aunque no es el único punto, el tema económico también está presente, con exigencias relacionadas con salarios, prestaciones y estabilidad laboral.

¿Qué propone el gobierno para resolver la huelga?

Ante el estancamiento, la STPS propuso una salida “democrática e inmediata”:

• Elaborar un dictamen con solución integral.
• Someterlo a votación directa y secreta de los trabajadores.
• En caso de rechazo, llevar el caso al Poder Judicial para definir la legalidad de la huelga.

Pese a más de 30 mesas de negociación, no se ha logrado un acuerdo entre las partes. La huelga continúa mientras un tribunal revisa resoluciones judiciales previas sobre su legalidad.

¿Qué hago para recuperar mis objetos empeñados?

Ante la huelga en el Nacional Monte de Piedad, miles de personas no han podido recoger sus pertenencias; sin embargo, existen vías legales y alternativas para intentar recuperarlas, siempre que ya hayas liquidado tu préstamo.

Opciones para recuperar tus prendas

Si ya terminaste de pagar tu empeño, puedes iniciar un proceso individual por estas vías:

• 1. Conciliaexprés de Profeco: puedes presentar una queja para solicitar la devolución de tu prenda sin acudir físicamente a una sucursal.
• 2. Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos: también puedes acudir directamente y solicitar por escrito la devolución de tus objetos dentro del proceso legal en curso.

Requisitos básicos

Para cualquiera de las opciones, deberás cumplir con lo siguiente:

• Haber liquidado totalmente tu deuda
• Presentar el contrato o boleta original de empeño
• Comprobar el pago o “desempeño” de la prenda

Consideraciones importantes

• El trámite es individual y opcional, es decir, debes hacerlo por cada contrato de empeño.
• La devolución no es inmediata, ya que depende de resoluciones legales y de la situación de la huelga.
• Aunque no puedas recoger tus objetos por ahora, la institución asegura que las prendas están resguardadas en bóvedas seguras.

¿Qué pasa si aún no terminas de pagar?

• Puedes seguir pagando en línea o en establecimientos autorizados
• Se han extendido los plazos de pago para evitar la pérdida de tus bienes
• Ninguna prenda será vendida durante la contingencia

En resumen, aunque la huelga mantiene cerradas las sucursales, sí existen mecanismos para recuperar tus objetos, pero implican procesos legales y paciencia hasta que se resuelva el conflicto.

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro emitió un comunicado dirigido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el que advierte sobre el deterioro del servicio del Metro CDMX, así como la falta de mantenimiento, inversión y atención por parte del Gobierno capitalino.

En el documento, los trabajadores aseguran que continuarán alzando la voz hasta que el sistema cumpla con los estándares de seguridad y calidad que requieren millones de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.

Sindicato del Metro alerta por fallas, retrasos y riesgos para usuarios

El gremio subrayó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) enfrenta constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes, lo que —afirman— evidencia un abandono estructural que pone en riesgo la seguridad, el tiempo y la calidad de vida de los pasajeros.

Además, señalaron que, pese a múltiples solicitudes formales, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado respuestas oportunas a sus demandas, las cuales consideran urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Trenes sin mantenimiento y unidades fuera de servicio

El comunicado detalla una serie de datos que reflejan la situación actual del Metro:

• El 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es de 750 mil kilómetros.
• El 30% restante recibe mantenimiento parcial o incompleto.
• 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones.
• Solo 68 trenes están en buenas condiciones, operando principalmente en las Líneas 1 y 12.
• Los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años de antigüedad, son considerados obsoletos.
• Las vías del Metro presentan deterioro significativo por falta de mantenimiento adecuado.

¿Cuáles son las exigencias del sindicato?

Ante este panorama, el sindicato planteó una serie de demandas al Gobierno capitalino para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores:

• Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones.
• Atención inmediata a fallas estructurales y operativas.
• Uso adecuado de los recursos públicos destinados al Metro.
• Rechazo a trabajos de embellecimiento superficial en estaciones.
• Oposición a la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan.
• Rechazo a la construcción de una calzada elevada paralela a la Línea 2, por posibles riesgos a la infraestructura.

El sindicato reconoció que millones de personas dependen diariamente del Metro para trasladarse a sus trabajos, hogares y actividades esenciales, por lo que pidió comprensión y apoyo solidario ante la situación actual.

Finalmente, reiteraron que su prioridad es que el servicio del Metro CDMX recupere condiciones óptimas de operación, con seguridad, eficiencia y mantenimiento adecuado, en beneficio de toda la población.

Los negociadores sindicales de los estudios de Hollywood y el acuerdo preliminar de cuatro años alcanzaron una resolución que podría redefinir el equilibrio laboral en la industria audiovisual de Estados Unidos.

El pacto, confirmado de manera simultánea por ambas partes, llega luego de las huelgas recientes y significa, según la Alianza de Productores de Cine y Televisión, el principal organismo que agrupa a los estudios, un compromiso con la continuidad.

El sindicato profesional Writers Guild of America West informó a Associated Press que el acuerdo cubre prioridades exigidas por los escritores, como mejores condiciones en la atención médica y mayor protección frente al uso de inteligencia artificial.

El nuevo convenio colectivo destaca por su duración de cuatro años, cuando el estándar es un compromiso de tres. Esta extensión ocurre tres años después de la huelga de guionistas de 2023, que provocó la paralización parcial del sector y derivó en mejoras en la retribución, la duración de los contratos y el control sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial. El contrato vigente expiraba en mayo, según Associated Press.

La propuesta, aprobada de manera unánime por el comité negociador del Writers Guild of America West, deberá ser ratificada por el consejo del gremio y la votación de sus miembros antes de entrar en vigor. El sindicato de guionistas comunicó que el acuerdo “protege el plan de salud de los escritores, se apoya sobre los logros del convenio de 2023 y ayuda a encarar el problema del trabajo no remunerado”.

De este modo, se aborda una de las quejas más persistentes de los trabajadores del sector. Aunque las condiciones precisas del acuerdo no son públicas, la ratificación necesitará el respaldo mayoritario de la membresía sindical.

Los antecedentes recientes de huelga y las negociaciones paralelas en Hollywood

En 2023, tras el conflicto laboral que llevó a una huelga de varios meses, la abrumadora mayoría de guionistas votó a favor del acuerdo que estableció nuevos estándares de compensación, mejoró la duración de los contratos y otorgó control sobre la utilización de inteligencia artificial en la elaboración de guiones, según Associated Press. Esta confrontación resultó determinante para las negociaciones actuales, que transcurrieron con menor tensión.

De manera paralela al acuerdo con los guionistas, los estudios mantienen conversaciones con las organizaciones de actores y directores, cuyos convenios laborales vencen al cierre de junio.

Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, el sindicato de actores y locutores de cine y televisión, indicó en febrero a Associated Press que existen señales de que los estudios buscan “volver a trabajar como socios”.

Los actores también impulsaron una huelga en 2023 con demandas similares de mejora contractual, lo que añade presión para lograr una resolución integral en los sectores clave de Hollywood.

La situación interna del sindicato de guionistas y el impacto de las movilizaciones

Mientras avanza la tramitación del acuerdo con los estudios, el propio Writers Guild of America West enfrenta un conflicto interno: más de 100 trabajadores administrativos de los departamentos legal, de eventos y de regalías mantienen un paro declarado en febrero por presuntas prácticas laborales desleales, según reportó el periódico estadounidense Los Angeles Times.

La prolongación de este conflicto obligó al sindicato a cancelar su tradicional gala anual de premiación, y persiste la incógnita sobre el efecto que esta disputa interna pueda tener en la concreción del acuerdo con los productores.

La empresa pública de ferrocarril, SNCB, optó por aumentar el número de trenes en circulación el jueves con el objetivo de facilitar la llegada de miles de manifestantes a Bruselas. Esta estrategia respondió a una jornada que, según consignó la policía en cifras iniciales recogidas por agencias, contó con al menos 80.000 personas concentradas en el centro de la capital belga, en el marco de una protesta de alcance nacional por las medidas económicas impulsadas por el gobierno federal. Según informó el medio, los principales sindicatos estimaron un número superior de participantes, alcanzando los 100.000 manifestantes.

Bruselas vivió una de las mayores concentraciones de los últimos años mientras los aeropuertos de la nación, incluyendo el principal de la capital y el de Charleroi, interrumpieron enteramente las salidas y llegadas de vuelos. La convocatoria surgió en rechazo a los recortes del Ejecutivo en materia de pensiones y a la suspensión de la indexación salarial, decisiones asociadas a un paquete de ajustes que, según detalló el medio, pretende alcanzar un ahorro de 9.200 millones de euros de aquí a 2029.

De acuerdo con lo publicado, la acción sindical se organizó a iniciativa de las principales centrales del país, que articulan el descontento de sectores afectados por las reformas aplicadas por el gobierno federal, liderado por Bart de Wever. La suspensión de la indexación salarial ha sido particularmente polémica, ya que este mecanismo permite ajustar los sueldos al ritmo de la inflación, una práctica común en Bélgica. Además, la reforma de las pensiones generó críticas tanto en el sector público como privado, incrementando las tensiones laborales y sociales.

El aeropuerto internacional de Bruselas ya venía alertando desde la pasada semana sobre la decisión de anular todas las operaciones de salida el jueves y señalaba la probable afectación de al menos la mitad de las rutas de llegada. Según las estimaciones del propio aeropuerto, cerca de 27.000 pasajeros vieron cancelados sus planes de viaje, mientras aproximadamente 15.500 personas se vieron impactadas por las interrupciones en los vuelos de llegada. El motivo de la interrupción radicó en la huelga del personal, que planteaba dificultades para garantizar la seguridad mínima en los servicios aeroportuarios.

El segundo aeródromo más relevante del país, Charleroi, ubicado a 50 kilómetros de la capital, emitió una advertencia similar, informando que la falta de personal imposibilitaba realizar cualquier operación de despegue o aterrizaje con los estándares de seguridad requeridos. Esta situación agravó las complicaciones para los viajeros, que además del paro en el transporte aéreo, enfrentaron restricciones en otros sectores.

Tal como reportó el medio, otros servicios como el transporte público y la educación resultaron afectados de manera desigual, aunque fue el sector aeroportuario el que experimentó el mayor grado de paralización. No obstante, las protestas y paros se observaron en distintos ámbitos durante la jornada, en sintonía con la movilización social convocada por las organizaciones sindicales.

La jornada de huelga general en Bélgica se sumó a una serie de movilizaciones iniciadas con una huelga del sector ferroviario, que llevó a tres días de paros desde el domingo anterior hasta la noche del miércoles, como recordó el medio. Frente a este contexto, la SNCB ajustó su operativa el jueves, priorizando el traslado de quienes acudían a participar en la manifestación.

El aeropuerto internacional de Bruselas también comunicó a los medios locales su descontento, señalando que estas interrupciones representan la octava ocasión desde 2025 en que las operaciones se ven afectadas debido a convocatorias sindicales, pese a que dichas protestas no se originan directamente en la gestión aeroportuaria. El impacto económico, tanto por la cancelación masiva de vuelos como por la alteración de la normalidad en un nodo clave de tránsito europeo, forma parte de las consecuencias inmediatas de la protesta.

Las organizaciones sindicales, que impulsaron la convocatoria, reiteraron en sus declaraciones a diversos medios su rechazo a lo que consideran un retroceso en los derechos laborales y sociales. Entre sus demandas figura el abandono de la reforma de las pensiones, la restitución de la indexación salarial y el cese de medidas que, según indicaron los representantes sindicales, perjudican principalmente a los trabajadores y pensionistas.

Las autoridades federales se enfocan en materializar un ahorro de 9.200 millones de euros para 2029, una cifra que el Ejecutivo considera necesaria para estabilizar las cuentas públicas. Los sindicatos, por su parte, sostienen que las consecuencias recaen en los sectores menos favorecidos y exigen la revisión profunda de las reformas planteadas.

Dentro del balance de la jornada, la policía y las centrales sindicales ofrecieron cifras diferentes en cuanto a la asistencia a la protesta. Mientras las fuerzas de seguridad situaron la cifra en 80.000 personas en las calles de Bruselas, los sindicatos la elevaron hasta 100.000, evidenciando la magnitud de la convocatoria y el grado de adhesión social alcanzado.

El seguimiento de la huelga en el resto de los sectores resultó desigual. El sistema educativo y los servicios públicos experimentaron paros parciales, con mayor afectación en las áreas urbanas. Las empresas de transporte público alertaron sobre posibles alteraciones y reducciones en la oferta de servicios, aunque aseguraron ciertos niveles mínimos de funcionamiento para garantizar desplazamientos esenciales.

Según lo consignado, la protesta de este jueves representa uno de los episodios más relevantes de movilización sindical en Bélgica en tiempos recientes, sumando presión sobre el gobierno de coalición y exponiendo el grado de tensión social asociado a las políticas de ajuste económico. Ante la magnitud de la huelga y el impacto sobre la movilidad en el país, tanto los sindicatos como las autoridades federales continúan intercambiando argumentos sobre la viabilidad y las consecuencias de las reformas en curso.

El asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, quedó registrado por cámaras de seguridad que muestran cómo dos hombres en motocicleta lo siguieron desde su lugar de trabajo antes de interceptarlo y dispararle en calles de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El video de la persecución

El ataque ocurrió la noche del 11 de marzo, cuando el exlíder sindical salió del Centro Social, Cultural y Deportivo del sindicato. Minutos después, los agresores lo alcanzaron sobre la calle John F. Kennedy y dispararon al menos cinco veces contra la camioneta que conducía.

Herido, perdió el control del vehículo, cruzó los carriles laterales y centrales del Periférico Sur y terminó estrellado contra el muro de contención, donde murió en el asiento del conductor.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, reveladas por el periodista Carlos Jiménez, los agresores esperaron a la víctima en su lugar de trabajo. En los videos se observa a dos hombres en motocicleta vigilando la salida del estacionamiento; uno de ellos incluso se sube sobre la unidad para mirar por encima de una barda y confirmar la salida del exdirigente sindical.

Tras abandonar el centro deportivo, la víctima fue seguida por los motociclistas durante aproximadamente 850 metros en casi seis minutos.

Ya sobre la calle John F. Kennedy, el copiloto de la motocicleta disparó desde la ventana del copiloto y en pleno movimiento. Los vidrios del vehículo quedaron completamente destrozados por los disparos, la puerta abierta y el vehículo con daños en la defensa delantera, además de afectar a otro automóvil.

Horas después del ataque, policías de la Ciudad de México localizaron la motocicleta presuntamente utilizada por los sicarios, abandonada a solo un kilómetro del lugar del crimen.

La unidad, una Italika negra sin placas y solo con permiso provisional para circular, tenía reporte de robo desde el 27 de febrero. Las autoridades cuentan con imágenes de los agresores antes y después del crimen, captadas por cámaras del C5, C2 Sur y particulares.

La línea de investigación principal

El homicidio ocurrió a pocos días de la elección para renovar la dirigencia del sindicato, donde Victoria Ranfla buscaba volver a competir por el liderazgo nacional.

El Congreso Nacional Extraordinario, que se realizaría del 13 al 15 de marzo, fue cancelado por decisión del sindicato. Uno de los asuntos centrales en esa reunión era la propuesta para modificar los estatutos y permitir la reelección de la actual secretaria general, Norma Liliana Rodríguez Argüelles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantienen como línea prioritaria de investigación la pugna interna y el proceso electoral sindical, aunque no descartan otras hipótesis.

Luis Miguel Victoria Ranfla fue dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE durante más de una década, desde 2013. Durante su gestión, el sindicato firmó acuerdos laborales, promovió la creación de plazas médicas y la rehabilitación de instalaciones, pero también enfrentó acusaciones de manipulación electoral, protección de grupos señalados por desvíos y establecimiento de un cacicazgo sindical.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza en cuanto a las demandas de los sindicatos de cultura por salarios dignos, en el marco de la reunión que se sostuvo este miércoles con sus representantes.

“Se va a resolver. Hay demandas que ellos tienen desde hace tiempo que estamos viendo cómo cumplirlas; es un tema presupuestal (...) Me lo dijo la secretaria de Cultura hace unos meses, ella misma lo planteó. Está trabajando con la Secretaría de Hacienda para ver la manera de responder a las necesidades de las y los trabajadores en los centros culturales de nuestro país”.

La mandataria subrayó que la resolución de las demanda dependerá de cada situación y también aplaudió el trabajo de la dependencia correspondiente:

“En algunos casos va a ser paulatino, esa es la propuesta que les vamos a hacer, y en otros casos, este mismo año podrá atenderse. Y algunas más tienen que ver con otras demandas (...) Claudia lo está atendiendo, lo está haciendo muy bien y con mucha sensibilidad”.

¿Qué temas se abordaron en la reunión con sindicatos?

Este miércoles 4 de marzo por la tarde, la Secretaria de Cultura informó que Curiel de Icaza sostuvo una reunión con representantes de cuatro sindicatos del sector para informar sobre las gestiones relacionadas con el salario del personal de base.

“Se reiteró que ningún trabajador quedará por debajo del salario mínimo y se acordó establecer mesas de diálogo mensuales para dar seguimiento a los temas laborales”, aseguró el organismo.

Entre los presentes, asistieron los representantes de: Sindicatos Nacionales de Cultura (SINAC); Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC); Trabajadores de la Cultura y las Artes (SINTCA) y Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC).

En el encuentro, Curiel de Icaza explicó que no era posible dar una fecha concreta de la política salarial por parte de la Secretaría de Cultura en tanto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) termine la prospectiva presupuestal para toda la Administración Pública Federal. Sin embargo, reiteró que nadie quedará por debajo del salario mínimo, y aseguró que cualquier avance se dará a conocer oportunamente.

Más adelante, la secretaria de Cultura acordó tener mesas de diálogo mensuales para tener una comunicación más cercana y fluida, encabezadas por la subsecretaria de Desarrollo Cultural y la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, para solventar los temas de mayor interés para los trabajadores de la institución.

Por otro lado, los representantes sindicales manifestaron su preocupación por la situación que los trabajadores enfrentan desde 2016, dado que los tabuladores del sector central están por debajo de algunos órganos desconcentrados de la propia Secretaría.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México llamó nuevamente al Sindicato Nacional de Cultura a frenar el cierre de oficinas ubicadas en Reforma 175 y retomar el diálogo, en medio de las inconformidades relacionadas con temas salariales y laborales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura advirtió que la suspensión de actividades impacta directamente en trámites internos y en la operación cotidiana de la dependencia.

Además, destacó que ha sido una de las primeras instituciones de la Administración Pública Federal en trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el análisis del tema de los salarios mínimos y otras demandas planteadas por dirigencias sindicales, tanto de esta como de otras agrupaciones de trabajadores.

La dependencia reiteró su llamado al respeto de todas y todos los trabajadores y colaboradores de la institución, al tiempo que insistió en la importancia de privilegiar el diálogo para evitar afectaciones mayores.

¿Cuáles son las demandas del SINAC?

El Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), junto con otros sindicatos del sector, instaló un plantón indefinido en la sede de Reforma 175 exigiendo un incremento salarial del 13%, argumentando que alrededor de 2 mil trabajadores han percibido ingresos por debajo del salario mínimo durante los últimos dos años, lo que ha dificultado trámites de jubilación, el pago de créditos de vivienda y el acceso a servicios como el FOVISSSTE.

El pliego petitorio también incluye demandas adicionales como:

• Homologación salarial para que los ingresos del personal estén alineados con el salario mínimo.
• Apoyos para transporte que permitan cubrir los costos de movilidad de trabajadoras y trabajadores.
• Ayuda para útiles escolares para quienes tienen familia a su cargo.
• Entrega de vestuario laboral adecuado para personal que lo requiere.

Los manifestantes advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían extender las acciones de cierre a otras dependencias y unidades culturales como el Museo de Culturas Populares, la Biblioteca Vasconcelos o el Centro Nacional de las Artes.

Salarios en revisión con Hacienda

En relación con las exigencias laborales, la Secretaría de Cultura indicó que el tema presupuestal debe analizarse de manera integral, al formar parte de un proceso más amplio dentro de la Administración Pública Federal.

Según lo expresado por la presidenta en referencia al asunto, se está trabajando en el cumplimiento de la ley para que el personal cuente con prestaciones suficientes; sin embargo, precisó que no es posible comprometer una fecha específica para la resolución definitiva, aunque sí se mantiene el objetivo de alcanzar el cumplimiento deseado.

Finalmente, la Secretaría de Cultura reiteró su respeto a las manifestaciones sindicales e hizo un llamado a la comprensión de los procesos y acciones en materia de política salarial que encabeza el Gobierno federal, mientras continúan las revisiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Adrián Rubalcava Suárez, director del Metro CDMX, informó que, por instrucción de la jefa de Gobierno Clara Brugada, se estableció un diálogo directo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo para atender las demandas laborales sin comprometer el servicio y confirmó que el servicio en las 12 líneas está garantizado.

Durante las mesas de trabajo, se acordó retomar actividades normales, incluidas las horas extraordinarias, y se canceló cualquier acción de protesta que pudiera afectar la operación del sistema. Las autoridades destacaron que el entendimiento alcanzado es clave para mantener la estabilidad operativa del Metro CDMX.

El enfoque central ha sido fortalecer la sinergia laboral y mantener mesas de diálogo abiertas para asegurar la movilidad de millones de usuarios en la capital del país.

Servicio garantizado pese a tensiones laborales

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que se alcanzaron acuerdos sustanciales con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), con la instrucción de la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, para asegurar la continuidad del servicio en todas las líneas de la red de transporte urbano.

Durante la reunión con la dirigencia sindical y funcionarios de las secretarías de Movilidad y de Finanzas, se destacó la importancia de mantener una relación de trabajo colaborativa y constructiva entre la administración y los trabajadores, que permita enfrentar los retos operativos y laborales sin poner en riesgo la operación diaria.

Diálogo abierto y acuerdo técnico-operativo

Rubalcava destacó que los acuerdos alcanzados permitirán fortalecer la sinergia laboral entre administración y trabajadores, factor que se refleja directamente en la mejora continua del servicio de transporte para millones de capitalinos.

Aunque aún quedan pendientes temas laborales que serán abordados en mesas de trabajo con la jefa de Gobierno y el director del Metro, las partes acordaron reanudar las actividades normales, incluyendo las horas extraordinarias, y cancelar la protesta de “brazos caídos” que estaba programada para el 3 de marzo.

Este acercamiento con el sindicato se da en un contexto en el que la administración capitalina ha mantenido disposición para continuar con el diálogo y evitar afectaciones a los usuarios, reconociendo la labor esencial de los trabajadores del Metro en la operación de las 12 líneas de la ciudad.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) decidió aplazar el estallamiento de huelga previsto para inicios de marzo, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM) rechazara la más reciente propuesta de aumento salarial presentada por las autoridades universitarias.

De acuerdo con un comunicado, la huelga estaba programada para estallar el 1 de marzo, pero tras una asamblea sindical, los trabajadores acordaron conceder una prórroga hasta el 12 de marzo con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones laborales y buscar un acuerdo que atienda sus demandas.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran un incremento salarial digno, el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y la corrección de diversas irregularidades laborales que, aseguran, se han acumulado en los últimos años.

Rechazo a la propuesta salarial de la rectoría

Durante las mesas de negociación, la rectoría presentó una oferta de aumento salarial de 3.8%, la cual fue rechazada por el sindicato al considerarla insuficiente. Los trabajadores han insistido en que su demanda central es un aumento del 13% al salario, además de mejoras en prestaciones y condiciones laborales que permitan enfrentar el impacto de la inflación.

El SUTUACM señaló que, aunque hubo avances en otros puntos relacionados con el CCT, el tema salarial sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Por ello, la asamblea sindical determinó aplazar la huelga hasta el 12 de marzo, fecha límite para que las autoridades universitarias presenten una nueva propuesta que atienda de fondo las demandas del personal administrativo, técnico y de apoyo.

La huelga no está conjurada

El sindicato advirtió que la huelga en la UACM no está conjurada y que el aplazamiento no significa una solución definitiva al conflicto. En caso de no lograrse acuerdos satisfactorios, el paro podría estallar a mediados de marzo, lo que implicaría la suspensión total de actividades académicas y administrativas.

Además del aumento salarial, los trabajadores exigen la regularización de plazas vacantes, procesos transparentes de ingreso y promoción, así como el respeto a los derechos sindicales. Estos puntos, aseguran, son clave para garantizar la estabilidad laboral dentro de la institución.

Planteles que se verían afectados

En caso de que la huelga en la UACM se concrete, los principales planteles que se verían afectados serían aquellos donde se concentran actividades académicas, administrativas y de atención estudiantil:

• Plantel Casa Libertad (Iztapalapa)
• Plantel Cuautepec
• Plantel Centro Histórico
• Plantel Del Valle
• Plantel San Lorenzo Tezonco
• Plantel Gustavo A. Madero
• Plantel Magdalena Contreras
• Plantel Milpa Alta
• Plantel Tláhuac
• Plantel Benito Juárez, además de oficinas centrales y áreas administrativas

Un paro laboral impactaría directamente en clases, trámites escolares, servicios administrativos y actividades académicas.

Expectativa en la comunidad universitaria

La decisión de aplazar la huelga fue vista como una oportunidad para el diálogo, pero también mantiene en incertidumbre a la comunidad universitaria. Estudiantes, docentes y trabajadores permanecen atentos al avance de las negociaciones laborales, ya que de no alcanzarse acuerdos, la UACM podría enfrentar un paro indefinido a partir de mediados de marzo.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) acordó iniciar una huelga a partir del primer minuto del domingo 1 de marzo tras no recibir un aumento salarial.

En un comunicado, el sindicato detalló que esta huelga busca lograr un aumento salarial digno, así como el resarcimiento de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores dieron a conocer que en enero solicitaron un incremento salarial del 13 por ciento.

La respuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha sido una negociación a ese incremento.

Infomaron que en un primer momento, se ofreció un 2 por ciento de aumento. Al no aceptarlo, ofrecieron el 2.2 por ciento. Después, se ofreció un 3 por ciento hasta llegar a la oferta final.

La rectoría de la UACM, en su último comunicado, informó que se propuso aumentar el salario de los trabajadores a un 3.7 por ciento, sin embargo, la respuesta del SUTUACM fue negativa y, a partir de entonces, tomaron la decisión de iniciar una huelga.

Además, los trabajadores también manifestaron violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Denunciaron irregularidades en el sistema de contratación de la UACM, así como un vacío de 230 plazas vacantes que no han sido cubiertas, lo que genera una carga excesiva de trabajo.

Estos son los planteles que se verían afectados

De concretarse la huelga del SUTUACM, las sedes que pararían labores, son:

• Plantel Casa Libertad
• Plantel Centro Histórico
• Plantel Cuautepec
• Plantel Del Valle
• Plantel San Lorenzo Tezonco
• Plantel Magdalena Contreras
• Sede Administrativa (Doctor García Deigo 168, Doctores)
• Centros Cultural Vlady
• Centro Cultural Casa Talavera.

Adicionalmente, también tomarían dos edificios vacíos, ubicados en República del Salvador 59 y José Tomas Cuéllar 12, pertenecientes a la Universidad.

Piden apoyo de la comunidad estudiantil

Ante la situación, los trabajadores de la UACM pidieron a la comunidad estudiantil comprensión por la “preocupación e incluso enojo que puede generar el estallamiento de una huelga”.

Reiteraron que “la Universidad existe por y para su comunidad estudiantil”, sin embargo, manifestaron que el salario digno es un derecho laboral en México y es por ello que decidieron tomar esta medida.

“Si llegara a estallar [la huelga], no sería por capricho ni por ‘privilegios’, sino porque la administración no ha dado soluciones claras, verificables responsables a demandas legítimas”, se lee en el comunicado.

Por su parte, en un comunicado, la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México manifestó que sí ha habido diálogo y que están haciendo lo posible por llegar a un acuerdo.

“La Universidad no se defiende enfrentando a estudiantes contra trabajadores. Reiteramos nuestra disposición al diálogo directo con la comunidad estudiantil”, finaliza el comunicado del SUTUACM.

El gobierno de Javier Milei comunicó que la audiencia entre la empresa Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) concluyó sin acuerdo entre las partes. Ante la falta de consenso, la Secretaría de Trabajo dispuso una nueva convocatoria para los próximos días, con el objetivo de continuar el diálogo y avanzar en la negociación, luego del cierre de la fábrica en San Fernando.

“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa que, habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, detallaron desde la administración libertaria.

Ante esta situación, la cartera que conduce Julio Cordero programó una nueva reunión entre los involucrados para el miércoles 4 de marzo a las 11, con el propósito de retomar las conversaciones. “El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, definieron desde el organismo presidido por Sandra Pettovello.

Desde la firma aseguraron a este medio que “sigue todo igual” y remarcaron que “quiere cumplir la conciliación obligatoria pero no puede reabrir la planta porque está ocupada por el sindicato”.

Tras el cierre de la planta de San Fernando y el despido de 920 trabajadores, Fate había manifestado su disposición a reabrir la fábrica mientras rija la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Para avanzar en esa dirección, la compañía había exigido que los empleados abandonen la toma de las instalaciones.

Tal como fue informado por Infobae, la compañía sostuvo que el cierre y los despidos no se revertirán. “La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente”, señalaron fuentes empresariales a fines de la semana pasada.

En relación al futuro tras la conciliación, la firma ratificó la decisión adoptada y, a pesar de acatar la medida oficial, comunicó que su intención es abonar las indemnizaciones de inmediato. “Entró todo en un compás de espera, pero el que quiere cobrar podrá hacerlo. Hoy mismo, si quieren. Los fondos están disponibles”, explicó una persona cercana a la tradicional fabricante de neumáticos.

Más allá de la postura de la conducción de la empresa, la Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria durante una audiencia virtual. La resolución fija un período de 15 días en el que ni la empresa ni el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) pueden adoptar acciones unilaterales que alteren la situación. Durante ese tiempo, las condiciones laborales deben restablecerse al punto previo al conflicto, mientras ambas partes tienen la obligación de avanzar en negociaciones.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, emitió una medida equivalente con el objetivo de coordinar la intervención provincial en el asunto. La cartera calificó el conflicto colectivo como “de extrema gravedad” y puso en marcha todos los recursos legales disponibles para favorecer un acuerdo.

La empresa oficializó el cierre de su planta y el cese de todos los puestos de trabajo, atribuyéndolo a cambios en las condiciones de mercado que, según un escueto comunicado, la llevaron a replantear su estrategia de cara al futuro. “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, señaló el texto, que representa la única explicación ofrecida sobre la decisión.

El mensaje, firmado por el Directorio y fechado hoy, puso énfasis en el liderazgo industrial de la compañía, sostenido por “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. También destacó su papel pionero en la producción de neumáticos radiales y su consolidación en mercados internacionales como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, indicaron en el documento oficial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a Jazmín “N”, señalada como presunta líder del Sindicato 25 de Marzo, por el delito de extorsión agravada en contra de un comerciante del municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con autoridades, la imputada sería una figura central dentro de una organización que se autodenomina Sindicato 25 de Marzo, asociado a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), y que —según las investigaciones— estaría ligada a diversos delitos de alto impacto en la zona Oriente de Edomex y parte del Valle de México.

El juzgador determinó vincular a proceso a Jazmín “N”, por lo que permanecerá bajo investigación formal mientras se desarrollan las diligencias pertinentes dentro de la causa penal que se le sigue por extorsión agravada.

Hechos investigados

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en junio de 2025, cuando la imputada —acompañada de un sujeto identificado como Aldo “N” alias “El Balú”— se presentó en un comercio de Ecatepec y, presuntamente, exigió pagos semanales bajo amenazas para permitir el ejercicio normal de las actividades mercantiles del establecimiento.

La Fiscalía señala que la imputada habría fungido como una de las principales operadoras de “El Balú”, a su vez presunto integrante de la organización conocida como “La Chokiza”, que ha sido investigada por actividades delictivas incluyendo extorsión y cobros bajo coerción en la región.

Esta detención y proceso forman parte de la “Operación Restitución”, una estrategia conjunta del gobierno federal y del Estado de México enfocada en combatir delitos como el despojo de inmuebles y la extorsión en el comercio local.

La zona Oriente del Estado de México ha sido frecuentemente destacada por autoridades como una de las regiones con mayor incidencia de hechos delictivos asociados a cobros ilegales, violencia y extorsión a comerciantes y a la población en general. Grupos con fachadas de sindicatos o “organizaciones sociales” han sido señalados en ocasiones anteriores por su participación en delitos de alto impacto, lo cual ha llevado a intensificar operativos de investigación e inteligencia.

La vinculación a proceso de esta lideresa se suma a un esfuerzo más amplio de las fiscalías y cuerpos de seguridad para enfrentar a quienes, presuntamente, aprovechan estructuras sociales o sindicales para perpetrar actos delictivos que afectan la actividad económica y la seguridad de los habitantes de la entidad.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente, en Infobae al amanecer, con la conducción de Nacho Girón, junto a Belén Escobar y Luciana Rubinska.

Según explicó, la medida se implementará el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral y responde al reclamo creciente en las bases sindicales: “Los trabajadores en las bases están inquietos y quieren pelea“.

La CGT endurece su postura

El dirigente ferroviario advirtió que la postura de la CGT se endureció y remarcó la importancia estratégica de los gremios de transporte: “Eso es lo que tienen el apoyo de los gremios de transporte, que es importante para un paro, porque si el transporte no funciona, no se puede movilizar ni desmovilizar”.

Maturano detalló que la paralización incluirá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas, y apuntó hacia la CGT. “Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado. Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos”.

A la hora de definir la naturaleza del reclamo, Maturano fue tajante sobre la prohibición del derecho a la protesta: “Parar, reclamar, marchar, hacer asambleas en los lugares de trabajo, que según esta ley está prohibido, nos cercenaron ese derecho. Ese es el más importante”. Y subrayó el impacto de la reforma: “Después vienen los otros derechos de las indemnizaciones, horas extra, banco de horas, enfermedades. Pero el más importante para mí es el derecho a la protesta”.

Acusaciones de traición y tensión con el Congreso

En uno de los pasajes más críticos, el sindicalista calificó de “traidores” a los legisladores que apoyaron la reforma: “Porque son traidores y traidores a la patria, traidores a los trabajadores. No sé si algún senador salió de trabajador. Para mí estos no trabajaron ninguno. Son la mayoría empresarios. ¿A favor de quién pueden votar? ¿A favor de sus provincias? No, ellos tienen que defender primero la patria. Eso dice la Constitución”.

Maturano relató que los representantes sindicales intentaron ser recibidos por los legisladores antes de la votación: “Fueron los compañeros de la CGT a ver a cada uno. A algunos los atendieron, a otros no los atendieron. Aparte, después prestaron quórum para aprobar esta ley”.

Además, insistió en que el proceso democrático no puede justificar la pérdida de derechos: “En la democracia se vota. Si sos minoría, perdés, tenés que aceptar la mayoría. Ellos estuvieron en el recinto, votaron en contra y votar en contra significa aprobar lo que quiere la mayoría. Nos guste o no nos guste, esto es la democracia”.

El rechazo a los argumentos del Gobierno

Consultado sobre las acusaciones del Gobierno, que califica al paro como “absolutamente político y direccionado a la oposición peronista”, Maturano respondió: “¿Ustedes se creen que todos los trabajadores son peronistas? Si todos los trabajadores serían peronistas, no hubiera ganado Milei. El 35% de algunas actividades lo votaron a Milei”. Y remarcó la independencia de su sindicato: “La Fraternidad le hizo cinco paros a Alberto Fernández. Así que a nosotros no nos pueden decir nada de eso, de cómo pensamos”.

El dirigente puntualizó la historia de conflicto de la organización con todos los gobiernos: “Nosotros le paramos a todos los gobiernos y no nos interesa si son peronistas, radicales, socialistas, nos interesan los derechos de los trabajadores”.

Además, reveló los salarios actuales en el sector ferroviario: “Un conductor con diez años de servicio gana entre un millón y medio de pesos a un millón seiscientos mil pesos. Los ayudantes conductores ganan novecientos noventa y ocho mil pesos”.

Para el final, Maturano anticipó un escenario de creciente conflictividad: “Este es el primer paso. Después va a venir una reforma previsional que va a atacar a los compañeros jubilados. Después de esto va a venir la reforma sindical, que es la Ley de Asociaciones Sindicales. Después viene todo eso por atrás. Este es el primer paso”.

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La protesta de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Ciudad de México persistió esta mañana con bloqueos en varios inmuebles clave del sistema judicial capitalino y que finalizó por la presencia de un grupo de choque que irrumpió y deshizo la manifestación.

El objetivo central es exigir la realización de elecciones sindicales libres y transparentes, así como respeto pleno a la autonomía del sindicato.

Este conflicto, encabezado principalmente por integrantes de la denominada Planilla Guinda, generó severos retrasos e imposibilitó la atención de miles de ciudadanos y profesionales jurídicos que debían cumplir diligencias y audiencias cruciales.

Los manifestantes anunciaron su decisión de mantener el paro y los bloqueos hasta que se atiendan sus demandas, lo que repercute directamente en el ritmo institucional, sin embargo, la presencia de grupos de choque que terminó en violencia, terminó con la manifestación.

Disidencia cuenta con amparos

De acuerdo con los integrantes de la planilla, cuentan con tres amparos judiciales que respaldan su reclamo para democratizar los procesos internos del sindicato, aunque su grupo es menor que el de movilizaciones previas.

También reclaman que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconozca la irregularidad del último proceso electoral sindical y ordene una nueva votación para elegir representantes de manera legítima.

El cierre de complejos judiciales en avenida Niños Héroes, donde se encuentra la oficina de Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y del edificio de juzgados y salas familiares en Plaza Juárez, ha provocado la interrupción de actividades para cerca de 20 mil personas que ingresan diariamente a esa sede en la colonia Centro.

Además, el paro se amplió a áreas del tribunal localizadas en reclusorios. En ocasiones anteriores, como el paro de hace unos meses que se extendió por dos meses y tuvo mayor convocatoria, las protestas apuntaban principalmente a adeudos económicos, beneficios y sobrecarga laboral.

En contraste, el actual movimiento —de menor escala— enfatiza exclusivamente la necesidad de procedimientos democráticos internos y la transparencia sindical.

Demandas y posicionamiento sindical

El grupo inconforme solicitó formalmente que el magistrado presidente Rafael Guerra garantice equidad en el proceso de renovación mediante una convocatoria abierta y reglas claras.

Los trabajadores recalcan que el periodo de Diego Valdés Medina concluye en junio de 2025, por lo que piden iniciar cuanto antes un proceso en el que todos puedan participar de manera directa.

En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México deslindó su responsabilidad de este paro y de los bloqueos registrados en instalaciones judiciales, pese a la afectación generada tanto a usuarios como al propio personal del poder judicial.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) expresó su respaldo a la reducción de la jornada laboral de 40 horas en México, aunque subrayó la necesidad de que el debate mantenga el enfoque en el bienestar colectivo y aborde el impacto real para las personas trabajadoras.

Esta postura oficial se presentó el 10 de febrero, durante una conferencia en el Senado de la República, en coincidencia con la aprobación en comisiones unidas de la reforma constitucional que impulsa este cambio en la jornada laboral.

El capitán Jesús Ortiz, secretario general de ASPA y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, advirtió que sectores como la aviación requieren un análisis sectorial específico debido a sus niveles de responsabilidad, riesgo y exigencia operacional.

El descanso es parte fundamental de trabajos como la aviación

Según el comunicado de la organización, “no se pueden aplicar criterios generales a actividades que implican altos niveles de responsabilidad, riesgo y exigencia operacional”.

ASPA sostuvo que, en la aviación, el descanso efectivo forma parte esencial de la seguridad operacional, la salud y la dignidad laboral. El sindicato instó a no igualar el tiempo de reposo con una simple compensación monetaria, ya que ese periodo cumple funciones preventivas fundamentales y no debe considerarse una mercancía.

En su comunicado oficial, ASPA reiteró su apoyo a la reducción de la jornada, expresó su reconocimiento por el impulso presidencial a una reforma de este tipo y pidió que se fortalezcan los consensos para garantizar una reforma laboral que proteja los derechos de los trabajadores, cuide la seguridad y valore las particularidades de cada industria.

Aprueban comisiones del Senado la reforma de las 40 horas

Por otra parte, el dictamen de la reforma fue aprobado por unanimidad en las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo y Estudios Legislativos del Senado, el 10 de febrero. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal, pretende modificar el artículo 123 de la Constitución y será discutida próximamente en el pleno.

El dictamen argumenta que reducir la jornada semanal busca mejorar la salud mental, la vida familiar y reducir el ausentismo en el trabajo. Los legisladores resaltaron que el ajuste podría traducirse en beneficios notables en descanso, bienestar y eficiencia de los trabajadores.

Entre las disposiciones clave del dictamen están la transición gradual hacia las 40 horas semanales, la obligatoriedad del registro de la jornada y la prohibición total de horas extraordinarias para menores de dieciocho años.

Además, continuará vigente un día de descanso por cada seis trabajados y el pago por horas extra quedará fijado constitucionalmente: doble dentro del límite legal y triple en caso de excedente.

Una vez promulgada la reforma, el Congreso tendrá noventa días para adecuar la legislación secundaria. En ese periodo se definirán nuevos esquemas de trabajo y posibles excepciones por sector productivo.

La discusión ha generado posturas enfrentadas: la bancada del PAN argumentó que la medida podría ser insuficiente si no se garantizan dos días de descanso consecutivos, mientras que desde Morena han resaltado que se trata de un avance histórico para los derechos laborales.

El sindicato CSIF manifestó que el uso de servicios sanitarios privados debería considerarse solo en situaciones concretas y no erigirse en un modelo dominante dentro de la asistencia pública. Esta posición surge luego de la reciente aprobación del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), según informó el medio de referencia.

De acuerdo con la información publicada, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señaló que los servicios privados deberían cumplir un papel complementario solo cuando la atención pública enfrente limitaciones de capacidad. El sindicato recalcó que esta vía debe mantenerse como una alternativa excepcional y no como un modelo estructural de asistencia médica.

En paralelo, CSIF insistió en que la sanidad pública requiere recursos suficientes provenientes de la financiación estatal. Según sostuvo el sindicato, una inversión adecuada en el SNS contribuiría a elevar la calidad del servicio asistencial, así como a mejorar tanto las condiciones laborales como las retribuciones del personal sanitario. El medio destacó que las reivindicaciones del sindicato se alinean con los términos recogidos en el reciente acuerdo firmado sobre el Estatuto Marco.

La aprobación del anteproyecto en cuestión, elaborado por el Ministerio de Sanidad y aún sujeto a mayor escrutinio en sus detalles, motivó la reacción de CSIF respecto a los modelos de gestión en el sector salud. De acuerdo con el medio, el sindicato resaltó la importancia de un sistema público fuerte y con servicios de calidad, a los que consideró como la mejor alternativa para la ciudadanía.

El posicionamiento adoptado por CSIF también refuerza la idea de que la sanidad pública debe preservarse como columna vertebral del sistema, evitando recurrir de manera sistemática a entidades privadas. El medio puntualizó que la organización sindical aboga por consolidar este enfoque a través de normativas que blinden la inversión estatal y refuercen la integridad del SNS.

Además, la central sindical subrayó que el acceso equitativo a servicios sanitarios de calidad resulta dependiente del fortalecimiento de la red pública. Según el medio, CSIF demandó que la administración priorice la asignación de fondos y recursos humanos que permitan reducir la presión sobre el sistema estatal y minimicen la necesidad de acudir a soluciones privadas.

En lo relativo a los derechos laborales, CSIF llamó la atención sobre la importancia de mejorar tanto las condiciones de trabajo como las compensaciones del personal sanitario. El sindicato mencionó que estos aspectos impactan directamente en la calidad del servicio brindado por el SNS, algo que el nuevo anteproyecto debería contemplar en sus disposiciones futuras.

El medio también informó que el sindicato tiene previsto analizar en profundidad el contenido íntegro del documento aprobado por el Ministerio de Sanidad antes de pronunciarse sobre aspectos concretos del anteproyecto. CSIF reiteró su compromiso con la defensa de la gestión pública y señaló que continuará vigilando la evolución del marco normativo para garantizar que las reformas propuestas respondan a las necesidades reales del sistema y de sus profesionales.

Numerosos actores del sector sanitario permanecen atentos al desarrollo legislativo iniciado con esta propuesta, mientras CSIF destaca su rechazo al traslado masivo de pacientes y recursos hacia proveedores privados. El medio recogió que la organización sindical mantiene como eje de sus demandas la salvaguarda de los principios de equidad, universalidad y financiación pública para el SNS.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) enfrenta un proceso de transición tras el anuncio de su Secretario General, Carlos Aceves del Olmo, quien informó oficialmente que finalizará su mandato el próximo 23 de febrero y decidió no buscar la reelección.

El retiro del líder sindical, motivado por razones de salud y la voluntad de dedicar más tiempo a su familia, marca el cierre de un ciclo en la organización sindical más representativa de México, en coincidencia con la conmemoración del 90 aniversario de la CTM.

Desde el último tramo de su mandato, Aceves del Olmo, de 85 años, instruyó al Comité Nacional a asegurar una transición que observe los estatutos, priorizando “la unidad de la Confederación, la madurez política y la disciplina”, según declaró al comunicar su renuncia formal en sus redes sociales así como en el comunicado de la CTM.

El dirigente detalló que su continuidad habría implicado una gran exigencia de sostener bajo el contexto actual del mundo laboral, agregando que tomó su determinación tras considerar recomendaciones médicas. A la vez, confió a José Ismael Flores Cantú la Coordinación General de los trabajos para el Congreso y los festejos de aniversario, con la encomienda de consolidar la estabilidad interna de la organización.

Aceves expresó que su ciclo al frente de la CTM no ha sido simplemente un cargo, sino “el mayor honor de su vida”, y subrayó en su misiva de despedida: “Considero que hoy lo pertinente es dar un paso con serenidad y dignidad, pensando siempre en el interés superior de la Confederación y la continuidad sólida de su vida interna.”

El dirigente enfatizó que la CTM mantendrá su papel como “pilar de estabilidad, justicia social y defensa de los derechos laborales”, reafirmando su respeto y lealtad a la causa obrera.

Diez años al mando de la Confederación consolidaron el liderazgo de Aceves del Olmo, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de trabajadores y dirigencias sindicales a lo largo de su gestión.

Aceves del Olmo fue tanto líder de la CTM como diputado y senador

De acuerdo con la CTM, Carlos Aceves del Olmo nació el 5 de noviembre de 1940 en la Ciudad de México. A nivel sindical, ha desempeñado la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, Telefonía, Comunicaciones, Cibernética, Productos Eléctricos, Electrónicos, Similares y Conexos de la República Mexicana, además de liderar el Sindicato Nacional de Trabajadores de Productos Eléctricos y Telecomunicaciones de la República Mexicana.

Sus raíces políticas provienen de una militancia iniciada en 1959 en el PRI. Dentro de esta agrupación, ocupó cargos en los comités distritales de la Ciudad de México, incluido el de secretario de acción obrera, presidente de comité distrital, coordinador del sector obrero y consejero político.

Aceves del Olmo ha sido legislador federal en varias ocasiones. Ejerció tres veces como diputado federal (1994-1997, 2000-2003 y 2012-2015) y una vez como senador (2006-2012). Entre las comisiones que presidió y en las que participó destacan la de Trabajo y Previsión Social, Vivienda, Seguridad Social, Comunicaciones y Transportes, así como la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la vicepresidencia de la Comisión Permanente.

En la estructura interna de la CTM, su ascenso fue gradual. Ocupó inicialmente puestos directivos en la Federación de Trabajadores del Distrito Federal antes de asumir la Secretaría General de dicha federación en 2005.

Posteriormente, Aceves fue responsable del área de Bienestar Social y Ecología, así como de Acción Política en el Comité Nacional de la CTM, hasta su elección como Secretario General Sustituto en 2010 y, finalmente, titular de la organización tras el fallecimiento de Joaquín Gamboa Pascoe en 2016.

El 16 de enero, Infobae Colombia reveló detalles del decreto con el que se confirmó que la nueva planta de la Unidad Nacional de Protección le costaría más de 740.000 millones de pesos al país.

En el mismo se informó que, debido a contingencias como las elecciones presidenciales, se crearían al menos 6.870 nuevos empleos, incluidos 6.000 escoltas y 848 cargos administrativos, más del 10% reservados para jóvenes.

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En el decreto firmado por el Ministerio del Interior se menciona que el objetivo es fortalecer la inclusión laboral y rejuvenecer el servicio público. La ampliación incluye 22 puestos en los niveles directivos y de asesores.

Con este rediseño, se proyecta un ahorro anual promedio de más de 120.000 millones de pesos respecto al gasto registrado en 2025, representando una optimización del 13% en el uso de los recursos; de la misma forma, se sostuvo que la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la eficiencia operativa de la entidad. Esta ampliación responde a la creciente demanda de esquemas de protección, especialmente en un año electoral, y permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante amenazas a líderes sociales y personas en riesgo extraordinario.

Dentro de las reacciones por el anuncio se destacó la del sindicato Analtraseg, que alertó sobre la existencia de vacíos en mecanismos de contratación que podrían violar los derechos laborales de quienes llevan varios años vinculados a la UNP.

En diálogo con Infobae Colombia, el presidente del sindicato de la UNP, Giovanni Gallo, reafirmó que en Analtraseg están en contra de los cambios anunciados, principalmente por los aspectos que siguen sin ser explicados, comenzando con las nuevas subdirecciones que se crearán.

“La opinión de nosotros es muy negativa sobre estos decretos. Se están creando más cargos directivos de los necesarios, pero ojo, dentro de uno de ellos, que es la subdirección de prevención, aparecen más funciones de inteligencia que cualquier otra cosa, y estamos en una institución de seguridad que ahora tendría su propia organización de inteligencia”.

Gallo aseguró que, en su concepto, entendiendo cómo funcionan las subdirecciones en la UNP, hay riesgo de que existan irregularidades en temas de contratación.

“Son cargos que podría atender un funcionario sin necesidad de generar toda una división u organización alrededor de él. Eso estaría incrementando así la burocracia, incrementando la cantidad de personas que van a trabajar de 25 a 50 por subdirección”.

Para el presidente del sindicato de la UNP, el dinero que se invertirá en contratar a más personas se podría emplear en regular las condiciones de los escoltas con los de otras entidades.

“La estabilidad no se está dando como quieren mostrarla. Los salarios están por debajo de las mismas funciones que cumplen los funcionarios de la fiscalía, de la procuraduría, entre otros. En 2019, un agente de protección de la fiscalía estaba en cuatro millones quinientos, cifra que alcanzamos hasta el año pasado, mientras que los miembros de la fiscalía deben estar ya sobre los seis o siete millones de pesos”.

Gallo cuestionó por qué no se ha anunciado la compra de armamento para los 6.000 nuevos escoltas que serán contratados, y denunció que se trataría de una movida con una finalidad política.

“Colombia es un país muy politiquero, que cuando ingresan a una persona en tiempo de elección, esta persona debe multiplicar su puesto por hasta cinco o diez votos. Esto podría ser un cocido politiquero”.

Por último, Giovanni Gallo pidió que la UNP informe cómo serán los métodos de contratación para que el país pueda tener certeza de que los nuevos escoltas tienen el conocimiento y entrenamiento para proteger.

“¿Dónde está la garantía de protección? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Estas personas tienen las capacidades? Verdad que no las tienen. Estamos frente a una masacre y a bajar el nivel de protección a todos los protegidos y beneficiarios del programa de la Unidad Nacional de Protección en el país”.

De acuerdo con Europa Press, estas acciones se producen tras un incidente registrado el sábado en el municipio de Araia, también en Álava, donde aparecieron inscripciones en la fachada del polideportivo local. En ellas se podía leer: "Zipaioak falanjistak sokara" ("cipayos falangistas a la soga"), mensajes igualmente dirigidos hacia agentes de la Policía Autonómica Vasca. El Departamento de Seguridad de la administración autonómica confirmó la aparición de ambas series de pintadas en tan solo dos días consecutivos.

El sindicato Euspel, al que pertenece el agente señalado, informó al medio sobre la reincidencia del hostigamiento, especificando que estos ataques no se limitan a acciones anónimas recientes, sino que tienen antecedentes verificados en instalaciones deportivas de Amurrio. Según recogió Europa Press, las pintadas emplean lenguaje que en el contexto vasco está cargado de connotaciones históricas y políticas, como la palabra "zipaio", utilizada en varias ocasiones para desacreditar a los miembros de la Ertzaintza al identificarlos como traidores o colaboradores ajenos a la causa independentista.

Las recientes manifestaciones en espacios públicos se relacionan, según fuentes consultadas por Europa Press, con una escalada de mensajes hostiles contra agentes de la policía autonómica identificados con sindicatos específicos. Tanto el hallazgo de las pintadas del domingo en Amurrio como las del sábado en Araia fueron confrontados por los órganos de seguridad, que mantienen abierto el seguimiento de estos hechos. La confirmación oficial del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, consignada por Europa Press, subraya la relevancia institucional y social que adquiere la reiteración de estos actos.

Los mensajes encontrados en las localidades alavesas reflejan patrones de intimidación dirigidos selectivamente, lo que fue resaltado por los representantes sindicales de Euspel. Según detalló Europa Press, el acoso hacia el agente de la Policía autonómica vasca persiste a través de mensajes en espacios públicos que lo individualizan como destinatario. El sindicato denunció la continuidad de la señalización personal por vía de inscripciones en lugares de concurrencia social.

Europa Press registró además la preocupación de los agentes implicados y de la representación sindical por el impacto de estas prácticas tanto en el clima laboral dentro del cuerpo como en la convivencia de los municipios. Los ataques, producidos en un corto intervalo de tiempo y en distintas localidades cercanas, intensificaron la atención sobre la seguridad y la exposición de los funcionarios policiales en determinadas zonas del País Vasco.

Con la reiteración de estos mensajes, el Departamento de Seguridad ha activado mecanismos para su seguimiento y ha perfilado las denuncias correspondientes. Las autoridades analizaron posibles vínculos entre los hechos reportados en Amurrio y Araia, dada la similitud de las inscripciones y la temporalidad de su aparición. Según Europa Press, el caso sigue bajo investigación para esclarecer la autoría y el móvil detrás de los hechos.

El reciente fallecimiento de tres maquinistas, junto con varias víctimas más en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), impulsó al Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) a anunciar una protesta sectorial de tres jornadas. Según informó Semaf en un comunicado reproducido por diversos medios, la convocatoria de huelga responde a una denuncia de deficiencias en el sistema actual de protección tanto para trabajadores como para pasajeros, considerada insostenible por la organización sindical tras los recientes incidentes en la red ferroviaria.

De acuerdo con lo publicado por Semaf, el paro sectorial está previsto para los días 9, 10 y 11 de febrero e involucra tanto a los empleados de Renfe como a los de cualquier empresa vinculada al sector ferroviario en España. El comunicado sostiene que la huelga representa "la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril".

El medio expresó que la huelga sectorial afecta a todas las empresas ferroviarias y que Semaf ya ha iniciado los procedimientos legales posibilitando la tramitación efectiva del paro en cada compañía. Además, la organización subrayó que el objetivo principal de la acción es presionar para que las autoridades y las empresas recuperen e incrementen las garantías de seguridad, ante lo que consideran un deterioro evidente desde los recientes siniestros en Andalucía y Cataluña, donde murieron maquinistas y pasajeros.

Según detalló Semaf, el llamado a la protesta incluye a todos los conductores de tren, que podrán sumarse a los paros los tres días de febrero. El sindicato puntualizó en su comunicado que la decisión de llevar adelante la huelga se tomó “al considerar que es la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores”, manifestando una falta de avances en las negociaciones y resaltando la urgencia de recuperar los niveles previos de seguridad ferroviaria.

Los accidentes en Adamuz y Gelida, mencionados por Semaf como detonantes de la convocatoria, dejaron en evidencia, según el notificado por el sindicato, deficiencias en los procedimientos y normativas de seguridad vigentes. La organización remarcó en su mensaje que las tragedias revelan riesgos no abordados y la necesidad de medidas inmediatas tanto para los propios trabajadores como para tensiones que también afectan a la protección de los usuarios regulares de los servicios ferroviarios.

En el documento, Semaf dejó constancia de la tramitación formal de la huelga en cada una de las empresas del sector, un proceso que aseguraron cumplirá con todos los requisitos legales. Con ello, aseguraron que los paros cuentan con respaldo procesal adecuado y que el seguimiento corresponderá a los trabajadores de las distintas firmas del ramo.

Según consignó el sindicato, la protesta busca atraer la atención de las autoridades competentes y del público en general hacia la importancia de elevar los estándares de seguridad operacional, que, de acuerdo con su criterio, han sufrido un retroceso significativo tras los accidentes mencionados. La convocatoria y sus motivaciones fueron difundidas ampliamente en el comunicado del sindicato, reiterando su insistencia en la protección integral dentro del ámbito ferroviario tanto para empleados como para pasajeros.

Las puertas del Louvre están cerradas este lunes por la mañana debido a una convocatoria de huelga de los sindicatos, que protestan por las condiciones de trabajo en el museo, el más visitado del mundo, constataron periodistas de AFP.

En la entrada del establecimiento, junto a la gran pirámide de cristal, un cartel indicaba poco después de las 09H00 (08H00 GMT): “La apertura del museo está actualmente pospuesta. Les comunicaremos las condiciones de una posible apertura lo antes posible”.

Los empleados se reúnen esta mañana para pronunciarse sobre la convocatoria de los sindicatos a una “huelga prorrogable” para protestar por las “condiciones de trabajo deterioradas” y los “recursos insuficientes” en el museo.

“Visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”, advirtieron lo sindicatos CGT, CFDT y SUD en su llamado a la huelga el 8 de diciembre.

Este lunes por la mañana, a los visitantes con billete se les sugirió que volvieran al mediodía.

“Estoy muy decepcionado. El Louvre era el motivo principal de nuestra visita a París, porque queríamos ver la Mona Lisa”, uno de los cuadros más visitados de la pinacoteca, afirmó a AFP Minsoo Kim, un surcoreano de 37 años, en luna de miel con su esposa.

Pietra, una brasileña de 27 años de viaje a París con su familia durante cuatro días, también se dijo “muy decepcionada” por este cierre, pero aseguró que intentaría volver dentro de unas horas.

El Louvre, que en 2024 recibió a casi nueve millones de visitante, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace unas semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

Fallos de seguridad

Desde el robo siguen surgiendo preguntas sobre si se pudo evitar y por qué un tesoro nacional como el Louvre parecía estar tan mal protegido.

Dos intrusos utilizaron una escalera extensible portátil para acceder a la galería que contiene las joyas de la corona, cortando una puerta de vidrio con amoladoras angulares frente a los sorprendidos visitantes antes de robar ocho artículos invaluables.

Las investigaciones revelaron desde entonces que solo funcionaba una cámara de seguridad en el exterior cuando ocurrieron los atentados, que los guardias de la sala de control no tenían suficientes pantallas para ver la cobertura en tiempo real y que la policía inicialmente recibió direcciones equivocadas.

Se destacaron importantes vulnerabilidades de seguridad en varios estudios vistos por la administración del Louvre durante la última década, incluida una auditoría de 2019 realizada por expertos de la empresa de joyería Van Cleef & Arpels.

(con información de AFP)

Con el retiro de la concesionaria, la administración de la autopista pasó de inmediato a la Municipalidad de Lima. No obstante, Rutas de Lima manifestó que, pese a las reuniones técnicas previas, no existió una coordinación efectiva que permitiera una entrega ordenada de las operaciones, hecho que generó vacíos y tensiones en los primeros minutos tras el traspaso.

¿Qué hará la Municipalidad de Lima ante el pedido de los trabajadores despedidos?

La salida de la concesionaria tuvo como consecuencia el despido de más de 600 empleados en diversos puestos, desde personal de recaudación y mantenimiento hasta conductores de grúas y operadores de atención al usuario. De acuerdo con el secretario general del sindicato, Odar Herrera, la principal exigencia es que la Municipalidad de Lima, a través de EMAPE, reincorpore a los desvinculados en condiciones laborales similares. Herrera explicó a Infobae Perú que muchos de los cesados poseen más de diez años de experiencia directa en la vía y que algunos incluso formaron parte de EMAPE antes de ingresar a Rutas de Lima.

Entre los afectados, hay madres de familia y sustento principal de sus hogares. Una trabajadora del área de recaudación relató a través del medio Exitosa que el grupo espera ser tomado en cuenta por su expertise, especialmente ante la inminente temporada veraniega, cuando el flujo en la Panamericana incrementa considerablemente.

Incidentes y seguridad en la Panamericana Sur

El tramo del túnel Benavides fue uno de los puntos críticos durante la salida de la empresa. La continuidad operativa de este segmento exige la gestión de modernos sistemas tecnológicos, que anteriormente dependían del centro de control de Rutas de Lima. Previendo riesgos para la seguridad vial, la empresa intentó restringir el acceso al túnel, pero agentes de la Policía Nacional del Perú y serenazgo evitaron el cierre. Finalmente, la Municipalidad de Lima asumió la vigilancia y anunció la instalación de equipos para garantizar la circulación y monitoreo del tramo.

Desde el municipio se indicó que la gerencia de movilidad urbana se encargaría integralmente de la infraestructura vial, apoyado en la Policía Nacional y equipos técnicos municipales.

Condiciones salariales y desafíos pendientes

El sindicato informó que los sueldos ascendían a 1.700 soles para auxiliares y operadores de casetas y llegaban a 3.000 soles para operadores de grúas. Aunque algunos ya han iniciado el proceso de liquidación, la mayoría aguarda la convocatoria correspondiente para completar el trámite y definir su situación.

Por otro lado, los trabajadores reconocen que existen precedentes de absorciones laborales tras cambios de gestión en la vía, lo que sirve de base para su planteamiento. En las últimas horas, el gremio solicitó una reunión con la Gerencia de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima para zanjar el futuro del personal y garantizar estabilidad tanto para ellos como para los usuarios de una de las arterias más transitadas de la ciudad, según reportó Infobae Perú.

El operativo, que culminó con la suspensión del local por diez días, puso en evidencia una serie de irregularidades tanto en la documentación como en las condiciones de seguridad del lugar. El procedimiento se llevó a cabo tras reiteradas denuncias de los residentes, que manifestaron que el ruido proveniente del bar les impedía descansar.

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Durante la intervención, funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Seccional de Inteligencia solicitaron a la administradora los documentos que acreditaran la naturaleza sindical del establecimiento.

Los encargados insistieron en que se trataba de una organización sindical, pero no presentaron los soportes requeridos. Además, las personas presentes en el interior del local confirmaron que desconocían cualquier figura sindical, no poseían carnet alguno y reconocieron que el lugar funcionaba con una carta de bebidas alcohólicas y precios, lo que desmentía la versión de los propietarios.

En septiembre, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ya había realizado una inspección técnica en el sitio y emitido un concepto desfavorable. El informe señalaba que el bar no cumplía con las medidas básicas de seguridad humana: no disponía de iluminación de emergencia, carecía de detectores de humo y no contaba con un plan de emergencias.

Durante la reciente intervención, se constató que las ventanas estaban completamente cubiertas con tablas pintadas de negro y cortinas oscuras, lo que impedía la ventilación adecuada y representaba un riesgo para los asistentes.

La Policía, por su parte, efectuó registros a las personas presentes, inspeccionó los baños, el área del bar y el inventario de licores. Estas acciones permitieron consolidar las irregularidades detectadas y fundamentar la suspensión temporal del establecimiento.

La medida se aplicó conforme al numeral 16 del artículo 92 de la Ley 1801 de 2016, que sanciona el desarrollo de actividades económicas sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. El bar permanecerá cerrado durante diez días, periodo en el que se mantendrán los controles en la zona.

El mayor Sergio Moreno, comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo, explicó el objetivo de la intervención: “Llegamos a un establecimiento abierto al público para realizar los respectivos controles, teniendo en cuenta el ruido, la perturbación a la tranquilidad y a la sana convivencia. Esto con el fin de verificar estos lugares que operan bajo la fachada de sindicatos y no cumplen con la documentación exigida para su funcionamiento”.

Las autoridades recordaron que en Bogotá algunos comerciantes intentan eludir los controles registrando sus negocios como organizaciones sindicales, lo que les permite operar a puerta cerrada y presentar a los clientes como supuestos miembros mediante el pago de una cuota de afiliación disfrazada de “cover”.

Esta práctica, que aprovecha vacíos legales, facilita la venta de licor hasta altas horas y dificulta la fiscalización. En este caso, la ausencia de documentos y la evidencia de venta directa de bebidas alcohólicas confirmaron la verdadera actividad del local.

El operativo en Galerías forma parte de una estrategia más amplia acordada en una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, que busca intensificar los controles en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades reiteraron que estos procedimientos continuarán y exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad o comportamiento contrario a la convivencia a través de la Línea 123 o en las alcaldías locales.

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han anunciado que no modificarán su calendario de movilizaciones y sostendrán las cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional previstas para diciembre, dado que consideran que las principales demandas sindicales no encuentran respuesta suficiente en la propuesta actual del Ministerio de Sanidad. Según informó el medio, tras el encuentro más reciente con representantes ministeriales este viernes, ambas organizaciones sindicales manifestaron que, pese al acercamiento verbal del Ministerio, no se observa un avance concreto en las negociaciones sobre las condiciones laborales y el futuro Estatuto Marco.

Tal como publicó la fuente, este nuevo diálogo entre los sindicatos y Sanidad formaba parte de una agenda pautada antes de la manifestación en Madrid realizada el pasado sábado. A la reunión asistieron la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez, el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García, y el consejero técnico Miguel Ángel Máñez. Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, participó en el encuentro, lo que, de acuerdo con CESM y SMA, representó una muestra de intención de acercamiento por parte del Gobierno.

CESM y SMA expresaron, según reportó el medio, que percibieron en la reunión una “sensación agridulce”, ya que la disposición al diálogo contrasta con la falta de compromisos concretos por parte del Ministerio. Los sindicatos consideran que las aproximaciones expresadas por el Ministerio de Sanidad no definen cuestiones esenciales para el colectivo médico y no responden a las demandas principales de ambas organizaciones. En particular, las entidades sindicales reclaman de forma prioritaria la creación de un Estatuto Marco propio para la profesión médica, así como el establecimiento de un ámbito específico de negociación sectorial. Otras exigencias centrales incluyen la creación del grupo profesional A1+ y la fijación de una jornada laboral semanal de 35 horas.

El medio detalló que la reunión de este viernes no introdujo nuevas propuestas de carácter vinculante que satisficieran las demandas planteadas por CESM y SMA, a pesar de que los responsables ministeriales se habían comprometido a estudiar fórmulas para avanzar en el conflicto derivado del borrador del Estatuto Marco. Tanto CESM como SMA insisten en que el actual formulario de Estatuto Marco que propone Sanidad se aleja de las reivindicaciones del colectivo y subrayan la necesidad de contar con un marco jurídico y laboral ajustado a las particularidades y necesidades de la profesión médica.

Según consignó el medio, los portavoces sindicales recordaron que la huelga nacional está programada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. El objetivo de estas jornadas es expresar su rechazo al borrador del Estatuto Marco y exigir compromisos claros sobre las condiciones laborales, la organización profesional y la negociación colectiva. La continuidad de la huelga, según han informado las organizaciones, responde a la decisión de preservar la presión sindical hasta que se consigan avances concretos y tangibles en las negociaciones.

Entre los puntos críticos mencionados por los sindicatos se encuentran tanto la necesidad de definir de manera específica el grupo A1+, que permitiría articular mejoras profesionales dentro de la escala funcionarial, como garantizar que la jornada laboral máxima semanal no supere las 35 horas. En opinión de CESM y SMA, según publicó el medio, la concreción de estos aspectos es indispensable para que la profesión médica afronte los retos del sistema sanitario y pueda ofrecer servicios de mayor calidad a largo plazo.

La fuente indicó que, durante la reunión del 11 de noviembre, ya se había manifestado una distancia considerable entre las demandas sindicales y las propuestas ministeriales, situación que, en opinión de las organizaciones convocantes, se ha mantenido en el encuentro de este viernes. A pesar de los reiterados llamamientos al diálogo, los sindicatos insisten en que las medidas presentadas hasta el momento por Sanidad no incluyen compromisos vinculantes ni fechas específicas para la aplicación de los cambios solicitados.

Según informaron CESM y SMA a través del medio, las organizaciones lamentan que la ausencia de acuerdos claros perpetúe las condiciones que originaron la convocatoria de la huelga nacional. En este sentido, exigen al Ministerio un mayor grado de definición en las medidas referidas tanto al Estatuto Marco como a las condiciones laborales y de reconocimiento profesional de los facultativos.

El calendario de protestas, según informó el medio, permanece vigente y las organizaciones han dejado claro que el desarrollo de la huelga dependerá de la capacidad del Ministerio de Sanidad para atender en detalle las reivindicaciones históricas del colectivo, que, según argumentan, repercuten directamente en la calidad del sistema público de salud y en la satisfacción de los profesionales médicos.

La administración de Nacional Monte de Piedad recurrió a un procedimiento legal en busca de la finalización de la huelga que paraliza sus operaciones desde hace más de un mes en sus sucursales de México.

El conflicto laboral comenzó el 30 de septiembre, tras denuncias de empleados sobre presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el recorte de derechos adquiridos. La empresa solicitó que las autoridades laborales lleven a cabo un recuento para identificar cuántos trabajadores respaldan o rechazan la continuación del movimiento.

La consulta, que determinará el rumbo de la huelga, se realizará del 12 al 14 de noviembre en 63 centros de votación a nivel nacional, en la que se contempla la supervisión de autoridades laborales y se prevé que participen alrededor de mil 800 trabajadores.

El sector sindical mayoritario sostiene que el objetivo institucional es desaparecer el CCT, bajo el argumento de inviabilidad financiera, y llamó a garantizar un recuento transparente, libre de presiones o intervenciones arbitrarias.

El sindicato espera que, de mantener el apoyo mayoritario, puedan avanzar hacia una nueva etapa de diálogo para alcanzar una solución conciliatoria. Al mismo tiempo, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores expresaron respaldo a los empleados, recordando el papel social del Monte de Piedad y advirtiendo riesgos en los intentos de declarar inexistente la huelga.

La movilización sindical también enfrenta cuestionamientos internos y externos. Se ha puesto en duda el manejo de los recursos y la integridad de sus líderes. Recientemente se informó sobre la existencia de un entramado de enriquecimiento en torno a Arturo Zayún González, secretario general en el Monte de Piedad, y sus allegados, quienes habrían acumulado propiedades valuadas en más de 300 millones de pesos.

Las críticas hacia la administración también provienen del ámbito legislativo. El Congreso de la Ciudad de México solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) que supervise y evalúe las actividades de asistencia social de la institución, y denunció la aplicación de tasas de interés superiores al 80 por ciento anual, lo que cuestiona la vocación social del Monte de Piedad.

A medida que avanza el proceso legal, la tensión se mantiene en las más de 300 sucursales del país, donde los trabajadores decidirán la permanencia o el levantamiento de la huelga. El resultado del recuento, programado para anunciarse el 14 de noviembre, marcará el siguiente paso en un conflicto que afecta tanto a la plantilla laboral como a los usuarios del Monte de Piedad.

Si bien en las imágenes se observa sólo el violento desenlace del enfrentamiento, los motivos son atribuidos a la interna que existe en el sindicato y tiene de fondo las diferencias entre Hugo Moyano, histórico secretario general de Camioneros, y su hijo Pablo, con quien está distanciado y permanece fuera del gremio pero con una fuerte influencia a partir de dirigentes que le responden.

En ese marco de puja interna, los último movimientos de Moyano padre habrían extremado las tensiones: semanas atrás fueron echados del gremio dos dirigentes, Claudio Balazic y Paulo Villegas, apuntados en una estafa al hotel que administra camioneros en Mar del Plata.

Balazic y Villegas son cercanos a Marcelo “Feucho” Aparicio, quien se reporta directamente a Pablo Moyano. Sus salidas habrían sido ordenadas por Hugo.

El torneo en donde ocurrió la pelea es organizado por Jerónimo Moyano, otro de los hijos de Hugo, quien sí se mantiene fiel a las órdenes de su padre. Uno de los bandos que protagonizó la pelea salvaje en Argentino de Merlos respondería a él, mientras que el otro al sector de “Feúcho” Aparicio y Pablo Moyano. Además, los violentos integrarían las barras bravas de Argentino de Merlo y el sector oeste de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

En tanto, la causa, que indaga un supuesto fraude de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre, ha servido de catalizador. Hubo panfletos, arrojados desde una moto frente a la sede del sindicato, que llevaban la consigna: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”. Este episodio expuso públicamente la fractura interna.

La denuncia judicial, presentada en Mar del Plata por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo y hombre de confianza de Moyano, ha generado inquietud entre los dirigentes. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal David Bruna, y se focaliza en presuntos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

En el seno del sindicato, se informó que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede central de la organización en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados, lo que añade complejidad a la pesquisa.

El hotel 15 de Diciembre, un edificio de doce pisos ubicado en Santa Fe 2373 de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente, el establecimiento permanece cerrado por reformas.

Pablo Moyano, hijo mayor de Hugo, actualmente se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros. Las voces dentro del gremio sospechan que, más allá de la denuncia judicial, las expulsiones podrían responder a una estrategia de Hugo Moyano para neutralizar una supuesta maniobra interna en favor de Pablo Moyano.

Feúcho Aparicio es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y con una histórica cercanía a Pablo Moyano, Aparicio mantiene la confianza de Hugo Moyano, quien le ha encomendado la resolución de conflictos complejos, como los vinculados a Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

El respaldo a Aparicio se manifestó también en publicaciones de trabajadores de la rama de recolección de residuos, la más numerosa del sindicato. En la interna, algunos atribuyen la campaña contra él a José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, aunque otros sostienen que la responsabilidad se encuentra en niveles superiores.

El Senado volverá a debatir hoy sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), tras el proyecto que la Cámara alta aprobó semanas atrás y Diputados devolvió con modificaciones. Lo hará en un momento delicado, tras la mini movilización que agitó ayer el principal gremio del Congreso, APL, para blindar a una histórica funcionaria del riñón del jefe del sindicato en cuestión, Norberto Di Próspero, que pasó de acordar recategorizaciones con Victoria Villarruel y varios bloques a pintarse la cara y amenazar con llegar al “recinto” en los próximos días.

DNU

A principios de septiembre último, una envalentonada oposición metió 56 voluntades -sobrados dos tercios- para avanzar con una iniciativa que impone que los DNU pasarán a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida.

La yapa del proyecto es que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas. En resumen, una más que tardía restricción a la ley que impulsó Cristina Kirchner como senadora en 2006 y que fue usufructuada por todas las administraciones. Según la oposición, Javier Milei abusó de la metodología y ahora, a casi 20 años de uso y en un rapto de razón, hay una demanda para revisarla con premura.

Quien intenta colgarse la medalla de esta mini batalla contra el Ejecutivo es la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la otrora aliada libertaria Alejandra Vigo (Córdoba), de Provincias Unidas. La primera vez que se trató la iniciativa, su trámite fue exprés.

¿Qué pasó en Diputados? No llegó a la mayoría absoluta el artículo de los 90 días. Como ahora es avalar ese cambio o insistir con la versión original, los senadores irían por la segunda opción para firmar despacho y dejar todo preparado para sesionar. Ante una hipotética sanción, la Casa Rosada podrá vetar la ley. Y, en un escenario de insistencia -dos tercios-, ya habrá un Congreso reconfigurado con los ingresantes de diciembre. Es decir, quedaría trunca la expedición.

Más allá de las opciones a ocurrir en el corto plazo, primero hay que conseguir el dictamen y después ir al recinto. También hay un inconveniente allí, entre la agenda de la oposición, las intenciones del oficialismo -hacer nada- y las de la propia Villarruel.

Guerra

Infobae que contó que el clima interno del Senado volvió a acercarse a la ebullición, luego de semanas de tranquilidad entre Villarruel, el gremio y los legisladores, quienes venían de pactar un lote de recategorizaciones sin nombres ni número de legajos, entre otras cosas. La causa tiene nombre y apellido: Mónica Nieto, histórica directora de Personal, una butaca llena de secretos y nervios sensibles. Hasta lograron que Di Próspero -compañero de lista de Cristina Kirchner en el PJ- apareciera un lunes al mediodía, en un pasillo interno del Palacio Legislativo, para anunciar que si la gestión libertaria no hace “por única vez un análisis político de lo que está pasando hoy acá”, y si “si se mantienen con la posición que tienen, en la próxima, estamos en el recinto”.

Por fuera de los aplausos en videos que circularon ayer aguardan centenares de trabajadores del Congreso sin padrino o madrina. A éstos no arribaron nunca las mejoras, aunque anoche circulaba la idea de un formulario para que haya evaluaciones, caso por caso. Para los que ya ganaron, mirada hacia un costado y pasado pisado. También buceó la versión de un supuesto ofrecimiento a Nieto para que continuara en una flamante subdirección, ya que Villarruel dinamitó un puñado de estructuras y creó otras nuevas días atrás, sin contemplar a la mimada por APL. Las fuentes deslizaron “fuertes aprietes”.

Siempre es llamativo -aunque no sorprendente- que algunas de estas peripecias también incluyen a Diputados, que no publica nada y parece blindado desde el siglo anterior, con un más que generoso silencio sobre su actual titular, Martín Menem. Ejemplo: en la web de la Cámara baja no se puede hallar el decreto presidencial 1 de 2024 y la última decisión administrativa -caja- data de 2022, según la revisión que realizó ayer este medio. Di Próspero prefiere pelearle a Villarruel, que desde al menos un año hace agua en lo político y comunicacional. La conformación del 10-12 vendrá por el resto de lo que le queda y por ello la preocupación, con Patricia Bullrich y la Casa Rosada al frente de esa misión.

La sorpresiva medida, impulsada por el gremio La Fraternidad y que durará 24 horas, agrupa a los maquinistas e impacta de lleno en la rutina de miles de pasajeros que dependen de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.

Por su parte, desde la empresa Trenes Argentinos informaron que por “esta medida se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares”.

En medio del caos por el servicio demorado de los trenes, esta mañana algunos usuarios del tren Roca se vieron sorprendidos ya que alguien activó el freno de emergencia de una formación y el tren se detuvo entre las estaciones de Burzaco y Adrogué. Y ante esta acción se interrumpió el servicio del ramal.

¿Qué decisión tomaron varios de los pasajeros que estaban arriba de esta formación? Caminaron por las vías, tal cual como quedó registrado en el video que ilustra esta nota, un peligro total para la integridad física de los usuarios del servicio.

Cronología de una medida sorpresiva

Desde las primeras horas del día, las formaciones avanzaron a una velocidad considerablemente reducida, la mitad de su velocidad habitual, lo que generó alteraciones en los horarios habituales y una acumulación de usuarios en los andenes.

“Trenes Argentinos comunica que se registran demoras y cancelaciones en todos los ramales de las líneas: Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur, como consecuencia de una medida de fuerza sorpresiva y encubierta del gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores”, agregó el comunicado de la empresa.

Todas las líneas mencionadas presentaron demoras a raíz de este paro técnico, que se tradujo en un ritmo de circulación cercano al paso de hombre.

El origen de la protesta radica en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, de acuerdo con los trabajadores, permanecen sin respuesta. La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales, así como deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Además, el gremio señaló los bajos ingresos en distintas líneas, atribuidos a acuerdos inconsultos, y criticó las diagramaciones e itinerarios, a los que definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.

No se trata de la primera vez que el sindicato recurre a la reducción de velocidad como herramienta de presión. El año pasado, La Fraternidad ya había implementado esta modalidad de protesta, manteniéndola durante varias horas. En esta ocasión, se prevé que la medida se extienda durante toda la jornada.

“Todos los días paran cuando quieren, te dicen que pasó algo y no pasó nada”, se quejó una usuaria en la estación Moreno, ante las cámaras de TN. “Ponele que haya un accidente. ¿por qué paran todo el ramal? Mi marido me dijo que demoró como 30 minutos el servicio“, agregó mientras se veía que se juntaba gran cantidad de gente en el anden. “Dejen laburar, loco, es lo único que pido, por favor”, vociferó otra mujer al aire.

Por su parte, los carteles en las estaciones no informan las demoras, solo los operarios que van diciendo, a viva voz, que el servicio está demorado por una medida gremial.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes respecto al cierre temporal de recintos culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), después de que trabajadores sindicales interrumpieron actividades como medida de protesta para exigir que la entrega de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas, en lugar de la entrega física de prendas.

A través de un comunicado, el INBAL informó que no puede cumplir con esta petición, ya que la normatividad vigente únicamente permite la dotación de uniformes en especie.

La institución explicó además que el presupuesto asignado ya fue utilizado en la adquisición de la ropa de trabajo.

Cuestionada por la prensa, Sheinbaum señaló que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo y recordó que los uniformes ya fueron adquiridos:

“Hasta donde entiendo, ya se compraron los uniformes, entonces el monto presupuestal que está asignado para uniformes ya fue utilizado para comprar los uniformes, entonces no se podría sustituir porque ya se compraron los uniformes. Puede haber un diálogo para ver las opciones”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo adelantó que solicitará a la Secretaría de Cultura un informe más detallado sobre la situación para dar seguimiento a la demanda de los trabajadores y al funcionamiento de los recintos afectados.

INBAL conversa con trabajadores del sindicato

A través de un comunicado oficial difundido este martes 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que el cierre de recintos culturales permanece pese “A los acercamientos realizados el día de ayer con las secciones sindicales”.

La medida mantiene los siguientes centros culturales cerrados:

1. Teatro Orientación ‘Luisa Josefina Hernández’ del Centro Cultural del Bosque.
2. Teatro de la Danza ‘Guillermina Bravo’ del mismo centro.
3. Museo del Palacio de Bellas Artes.
4. Museo Nacional de Arte.
5. Museo de Arte Moderno.
6. Museo Nacional de la Estampa.
7. Ex Teresa Arte Actual.
8. Laboratorio Arte Alameda.
9. Museo Mural Diego Rivera.
10. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.
11. Museo Nacional de San Carlos.
12. Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM).
13. Torre Prisma
14. Oficinas del Centro Cultural del Bosque.

La dependencia reiteró su disposición para mantener un diálogo con las secciones sindicales y garantizar las prestaciones reconocidas a trabajadores, en estricto apego a la legislación vigente.

En su comunicado, el INBAL expresó su preocupación por las afectaciones que puede provocar el cierre a visitantes, público, comunidad artística y trabajadores, manifestó “Pueda solucionarse favorablemente”.

El Instituto expresó que una de sus prioridades es la protección del personal y la conservación del patrimonio artístico, “Se ha apelado a la sensibilidad e las secciones sindicales para dar acceso al personal que realiza tareas de conservación y resguardo de los inmuebles y del patrimonio artístico”.

El sindicato asegura que las imágenes constituyen faltas graves e incluso presuntos delitos, pues muestran el ingreso de bebidas alcohólicas a la entidad, el uso de recursos públicos para un evento personal y la participación activa de funcionarios en un horario que debía destinarse al servicio público. En su pronunciamiento, advirtieron que los órganos internos del organismo no habrían abierto procesos disciplinarios pese a las denuncias presentadas meses atrás.

Fiesta con bebidas alcohólicas dentro de la sede de Osinergmin

El hecho ocurrió el 29 de abril en las oficinas de la entidad ubicadas en San Isidro. Según las grabaciones difundidas por el dominical, el presidente de Osinergmin salió de la institución a las 12:36 p.m. rumbo a un restaurante, donde compartió un almuerzo por su cumpleaños, y regresó cerca de las 4:00 p.m. A su retorno, las cámaras registraron el ingreso de botellas y una mochila con bebidas alcohólicas hacia la sala de gerencia.

Panorama reveló cómo los asistentes entonaron el “cumpleaños feliz” y se sumaron a un brindis dentro de la institución. En las grabaciones también se observa a Karina Flores Gómez, asesora de la Gerencia General, quien caminaba con dificultad, además de otros directivos y empleados públicos bebiendo y participando en el festejo. El evento se extendió por más de dos horas en pleno horario laboral.

De acuerdo con las imágenes, la logística para el festejo habría sido coordinada por Gianino Márquez, gerente de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, quien recibió la mochila con las botellas e ingresó los insumos hacia la oficina. Además de las bebidas, trabajadores fueron captados trasladando una torta y cubiertos para la celebración, que se desarrolló en espacios institucionales destinados a labores administrativas.

Denuncias del sindicato y cuestionamientos a órganos internos

El SIEP Osinergmin señaló en un comunicado que los hechos vulneran el Código de Ética de la Función Pública, la Ley Servir, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 y las normas internas de la entidad. Según el gremio, estas acciones configuran faltas disciplinarias e incluso presuntos delitos como peculado de uso, aprovechamiento del cargo y omisión de funciones.

El sindicato además denunció que, desde mayo, órganos como el Órgano de Control Interno, la Gerencia General, la Procuraduría Pública, la Unidad Funcional de Integridad y la Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios habrían “blindado” a los funcionarios involucrados al negarse a abrir investigaciones. También afirmaron que se restringió el acceso a los videos internos que corroboran lo sucedido.

En el mismo pronunciamiento, advirtieron sobre “intentos de destinar recursos públicos para contratar estudios de abogados y espacios mediáticos con el fin de encubrir y minimizar estos hechos”. Por su parte, Panorama informó que Osinergmin se negó a entregar las grabaciones cuando fueron solicitadas por transparencia, alegando motivos de privacidad de los trabajadores y autoridades.

El sindicato remarcó que los trabajadores no están involucrados en este tipo de conductas, atribuyendo la responsabilidad únicamente a la alta dirección y a los gerentes que participaron en la fiesta. “La ciudadanía no merece que un organismo técnico de tanto prestigio sea degradado por la irresponsabilidad y falta de ética de su Alta Dirección y plana gerencial involucrada. ¡Basta de blindajes, basta de impunidad!”, señalaron en el documento.

El Sindicato de Empleados de Osinergmin (SIEP) se pronunció públicamente este lunes para exigir la intervención inmediata de la Contraloría General de la República, después de la difusión de un reportaje periodístico que expuso gastos de más de 58 mil soles de la alta dirección en desayunos, coffee breaks y la reservación de salones exclusivos en el Country Club de San Isidro.

El pronunciamiento, dirigido a la Contraloría, el Ministerio Público y el Congreso, expresa “profunda indignación” y demanda investigar la aplicación de medidas administrativas y penales contra los funcionarios implicados, en una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Sindicato exige investigar gastos de lujo en Osinergmin

La Junta Directiva del Sindicato calificó como “inaceptable y frívolo” el uso de recursos públicos en privilegios para directivos, mientras a los trabajadores se les exige austeridad y eficiencia. Subrayaron que los recursos institucionales deben destinarse al fortalecimiento técnico de la institución y a la mejora de la supervisión en beneficio de la ciudadanía, no a cubrir lujos exclusivos de unos pocos.

En el comunicado difundido tras la emisión del reportaje de Panorama el domingo 31 de agosto, el sindicato exigió la determinación de responsabilidades por presunta malversación o peculado e hizo un llamado al cumplimiento de las recomendaciones del Informe CRO 2020 sobre reorganización y transparencia en el organismo regulador. Además, exhortó a garantizar el cumplimiento de laudos arbitrales y reforzar la supervisión energética y minera con personal propio y áreas técnicas fortalecidas.

Indignación en Osinergmin por supuestos privilegios a la alta dirección

Junto a sus demandas, el sindicato advirtió que los trabajadores “no serán cómplices de actos que dañan la imagen de Osinergmin” y convocó a todas las autoridades a ofrecer “total transparencia en el uso de los recursos institucionales”. El pronunciamiento evidenció el malestar interno no solo por el caso reciente, sino por un clima de reclamos y demandas insatisfechas dentro de la entidad.

La controversia tiene como punto de partida el reciente reportaje periodístico que reveló los detalles de los desembolsos de la alta dirección. La investigación expuso que, pese a contar con un auditorio propio, Osinergmin optó por alquilar el “Salón Imperial” del Country Club de San Isidro, gastando casi 59 mil soles solo en el alquiler para dos eventos. El gasto incluyó desayunos buffet, coffee breaks, menús ejecutivos y una tarjeta de consumo alimentario para la alta gerencia valorizada en más de 40.000 soles.

Osinergmin justifica gastos en salones y desayunos exclusivos

Las autoridades de Osinergmin defendieron el gasto al alegar que el auditorio institucional era insuficiente, que el alquiler externo garantizaba mayor concentración ejecutiva y que las opciones disponibles eran limitadas. Además, justificaron los pedidos de desayunos criollos de hasta 20 soles por unidad por restricciones del sistema estatal de contrataciones, aunque alternativas de menor precio existen en la misma zona.

Las explicaciones oficiales no lograron convencer a los trabajadores, quienes cuestionan la coherencia del discurso de austeridad frente a la magnitud y el carácter de los consumos realizados. El sindicato reiteró que la prioridad debe estar en el fortalecimiento institucional y en la función reguladora, no en la asignación de privilegios o beneficios extraordinarios.

Tras mostrar sus condolencias por este fallecimiento, CCCO ha denunciado que esta tragedia refleja la precariedad de los dispositivos de extinción, que tienen personal y medios insuficientes con jornadas largas y escasos periodos de descanso, factores que incrementan el riesgo de accidentes graves.

CCOO ha solicitado que se investiguen con rigor las circunstancias del suceso y que se asuman responsabilidades.

Además, reclama medidas estructurales para garantizar condiciones de trabajo seguras, la profesionalización del personal y recursos humanos y materiales suficientes para la lucha contra incendios. EFE

mig/grg/nam

"Debido a la legislación española sobre servicios mínimos durante los meses de verano, no prevemos ninguna interrupción en nuestras operaciones como resultado de estas huelgas", ha afirmado la aerolínea en un comunicado remitido a EFE.

Ha recordado que la huelga está convocada por UGT (segundo sindicato de Azul) y representa el 20 % de la plantilla.

Por otro lado, UGT ha acusado a la empresa en una nota de prensa de boicotear el derecho de hacer huelga los empleados, debido a actuaciones como la de considerar "protegidos" todos los vuelos de Ryanair dentro de las franjas horarias de los paros.

Esto implica que los servicios mínimos que trabajan en estas franjas horarias tengan que atender obligatoriamente todos los vuelos, a diferencia de los no protegidos, que serían atendidos solo por el personal que no secunda la huelga.

Ha criticado que la empresa haya metido todos los vuelos como protegidos, algo que pueden hacer dado el porcentaje de mínimos fijado en las franjas horarios.

Además, el sindicato ha acusado a la compañía de entregar "tarde y mal" la carta de servicios mínimos a los empleados, "con apenas 2 o 3 horas de antelación respecto al inicio de los turnos", y de realizar cambios en los horarios para reforzar la operativa en las franjas con paros.

También la ha acusado de no proporcionar al comité de huelga la relación de personal designado para cubrir los servicios mínimos y de impedir el acceso a las instalaciones a miembros del comité de huelga.

La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, "sin mayores incidentes" salvo algunos retrasos.

De momento, no se han facilitado incidencias concretas, salvo los del aeropuerto de Barcelona, donde se han registrado retrasos de "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a EFE este viernes Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato. EFECOM

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible este lunes un recurso presentado por un denunciante que cuestionaba el archivo de una causa penal contra Nicolás Pakgojz, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por la entrega de un predio fiscal al Sindicato de Carga y Descarga de la República Argentina. La decisión convalidó el criterio de las instancias anteriores, que habían rechazado la existencia de delito y negado al denunciante la posibilidad de intervenir en el proceso como querellante.

Se trata de unas actuaciones que iniciaron por impulso de Carlos Alberto Otero, quien acusó a Pakgojz de haber otorgado al sindicato un permiso de uso precario y gratuito sobre un sector del terreno que, según afirmó, su familia ocupaba desde hace más de cuarenta años. La denuncia indicó que el titular de la AABE firmó un convenio administrativo sobre ese inmueble “sin que en forma previa se haya efectuado siquiera una constatación del estado de ocupación del inmueble”, algo que -a criterio del denunciante- configuraba los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El predio que motivó el conflicto se ubica en colectora Teniente General Pablo Ricchieri -Km 20-, de la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.

En apoyo de su planteo, el reclamante sostuvo que “los Otero poseemos el inmueble desde hace 50 años aproximadamente, y en razón de lo expuesto es que interpusimos demanda de Usucapión”. Indicó que esa acción civil tramitaba bajo un expediente del juzgado federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, y afirmó que para el momento en que el denunciado suscribió el permiso en cuestión “ya no ostentaba” la propiedad que “pretendió ceder a la entidad gremial”.

El fiscal de instrucción, al emitir su postura, sostuvo que la conducta denunciada no encuadraba en el artículo 248 del Código Penal ni en ninguna otra figura penal. Señaló que Pakgojz había actuado dentro de sus competencias y atribuciones, de acuerdo con los Decretos 1382/12 y 2670/15 y con el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional aprobado por la Resolución 177/22. Además, destacó que el predio era propiedad del Estado Nacional y que la AABE contaba con facultades delegadas para administrarlo. En ese sentido, remarcó que “para que se configure el delito del artículo 248 del Código Penal, el acto debe ser claramente ilegal, lo cual no ocurre en este caso pues el acto administrativo cumplió con el procedimiento establecido y se basó en una interpretación razonable de la normativa vigente”.

El juez de instrucción se alineó con el dictamen y resolvió no hacer lugar al pedido de ser tenido por parte querellante formulado por Otero y archivar el expediente “por inexistencia de delito”. Luego la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal avaló esa resolución con fundamento en la documentación incorporada a la causa.

Contra ese fallo, el denunciante presentó un recurso de casación. En sus agravios, afirmó que se había incurrido en “una inobservancia de leyes sustantivas y procesales (...), lo que redundó en la violación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (...)”. Argumentó que la resolución que lo excluyó como querellante se basó en una “falsa premisa”, ya que -según precisó- “el inmueble en cuestión no se hallaba ocupado, un extremo que resulta a todas luces desprovisto de todo sustento probatorio, y desmentido, incluso, por las imágenes que obran en estas actuaciones, donde claramente puede visualizarse la existencia de los inmuebles asentados en el inmueble fiscal que ocupo junto a mi familia”. Agregó, a su vez, que “la decisión desconoce mi derecho y ordena archivar la causa sobre la base de un único elemento de prueba, consistente en un ‘informe’ de la propia autoridad administrativa que constituye el seno donde se llevó a cabo el accionar delictivo”.

Radicadas las actuaciones en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, los camaristas resolvieron por mayoría declarar inadmisible el planteo inicial.

Para el juez Carbajo, “la impugnación analizada” no superaba los requisitos formales necesarios para tratarla en Casación, “pues se ha limitado a invocar defectos en lo decidido a partir de una discrepancia con la apreciación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró dirimentes para su solución, relativas a la falta de configuración de un menoscabo en los derechos del impugnante que pudiera dar lugar a la configuración del tipo penal denunciado, dados la existencia y el contenido de las actuaciones que antecedieron al otorgamiento del permiso en cuestión”.

“El tribunal de procedencia -ponderó el magistrado- realizó un análisis crítico de la situación puesta en su conocimiento, de las particulares circunstancias y elementos que integran el caso y de la aplicación normativa resultante, arribando -correlativamente a lo propiciado por el representante del Ministerio Público Fiscal que intervino en la etapa temprana-, a la confirmación de la decisión que rechazó tener al denunciante como querellante y que dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”.

En ese orden, indicó: “Tampoco se halla debidamente acreditada la configuración de una cuestión federal que permita habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ‘Di Nunzio’”.

A su término, el juez Borinsky adhirió al criterio de su colega al señalar que “el recurrente no ha brindado fundamentos suficientes para sustentar la alegada arbitrariedad y tampoco la existencia de un agravio actual de naturaleza federal de imposible o tardía reparación ulterior que permita la equiparación del decisorio objeto de crítica -por sus efectos- a una sentencia definitiva”.

En disidencia, el camarista Hornos propuso habilitar el tratamiento del recurso y anular la resolución recurrida. En su voto aseveró que “la denuncia efectuada en estos autos no puede ser desestimada sin antes verificar si las manifestaciones realizadas por el pretenso querellante no eran verdaderas y si el contenido del informe de mención era cierto. Es que, a los efectos de archivar las actuaciones por inexistencia de delito es preciso agotar primeramente las medidas de prueba indispensables para una correcta solución del caso".

Así las cosas, y en una resolución dictada por dos votos contra uno, la Sala IV resolvió “declarar inadmisible” el recurso de casación presentado por “el pretenso querellante”, sin imponerle las costas del proceso.

Luis Barrionuevo, secretario general nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), reafirmó este jueves la intervención de la seccional Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sostuvo que la medida sigue vigente tras la decisión de la Corte Suprema que ordenó dictar un nuevo fallo sobre la disputa gremial con su ex cuñado Dante Camaño. Además, acusó al dirigente porteño de malversación de fondos sindicales y convocó a elecciones para septiembre de este año.

El conflicto se originó en el proceso electoral del 2 de diciembre de 2021, cuando la Seccional Capital, la más numerosa del país, se preparaba para renovar autoridades. Dante Camaño, quien lideró la seccional desde 1985, convocó a elecciones con la intención de extender su mandato. Sin embargo, Luis Barrionuevo decidió apadrinar una lista opositora encabezada por Humberto Ballhorst (Lista Azul). La ruptura de la alianza entre Barrionuevo y Camaño, agravada por la separación del secretario general y Graciela Camaño —hermana de Dante y ex diputada nacional—, marcó el inicio de una disputa que rápidamente trascendió lo gremial para instalarse en el terreno judicial.

Esa jornada electoral en 2021 estuvo marcada por denuncias cruzadas. Ambas listas se acusaron de maniobras fraudulentas y de haber llevado barrabravas a la sede gremial de la calle Salta 1301. La Junta Electoral, dominada por el sector de Barrionuevo, suspendió los comicios al no contar con el aval del oficialismo de Camaño para el ingreso de fiscales de la Lista Azul. A pesar de la suspensión, Camaño continuó con la votación y proclamó el triunfo de la Lista Gris, lo que desató una batalla legal que aún no encuentra resolución definitiva.

En respuesta a las irregularidades detectadas, la Junta Electoral Nacional de la UTHGRA suspendió formalmente las elecciones en la Seccional CABA. Barrionuevo, en cumplimiento del Estatuto Social, decretó la intervención legal de la seccional a partir del 23 de marzo de 2022, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional. El Consejo Directivo Nacional de la UTHGRA comunicó a sus afiliados que la intervención contaba con aval judicial y que la medida respondía a la acefalía generada por el vencimiento de mandato de las autoridades y la ausencia de un acto electoral válido.

La reacción del sector de Camaño no se hizo esperar. Impulsaron una acción judicial para revertir la intervención y validar los comicios. Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declararon inválidas las elecciones que la Lista Gris pretendía dar por ganadas. La disputa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de junio de 2025 dispuso que la causa retornara al juzgado de origen para dictar una nueva sentencia. El máximo tribunal, en un fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo fallo, aclarando que su decisión “no importa anticipar opinión sobre la validez del proceso electoral” de diciembre de 2021.

El comunicado del sector de Barrionuevo enfatizó que la Corte no convalidó las elecciones ni declaró ganador a Dante Camaño, ni anuló la intervención de la Seccional CABA, la cual “continúa vigente”. “La Corte solamente hizo lugar al recurso extraordinario presentado por Juan Castro (representante de la lista de Camaño) y ordenó el dictado de una nueva sentencia por el juez de primer grado con los alcances de la opinión del Procurador dictaminante, con lo que no ordena empezar todo de nuevo sino solamente el dictado de una nueva sentencia”, sostuvo el mensaje firmado por el Consejo Directivo de la UTHGRA.

Mientras tanto, la intervención de la Seccional CABA, primero bajo la gestión de Miguel Haslop y luego de Alvaro Escalante, denunció públicamente a Camaño y a la “Comisión Ejecutiva” que lo acompaña por ejercer funciones de manera ilegítima e ilegal durante más de tres años. Según los interventores, los miembros de la seccional intervenida se negaron a entregar las instalaciones y bienes de la UTHGRA, apropiándose de la sede histórica de la calle Salta 1301, subsedes, hoteles, campings, automotores, cuentas bancarias y cajas de seguridad. “Han malversado fondos y negado servicios esenciales a nuestros afiliados, atentando contra los derechos que legítimamente les corresponden”, afirmaron en un comunicado.

La administración de los fondos sindicales se convirtió en uno de los ejes más sensibles del conflicto. Los interventores acusaron a Camaño de evitar sistemáticamente la rendición de cuentas y de mantener en la opacidad “los millones de dólares que públicamente ellos mismos declararon tener bajo su administración, sin jamás acreditar su origen, uso o destino”. Además, señalaron que nunca presentó balances ni libros contables que respalden sus declaraciones, y que intentó crear una Junta Electoral propia, presidida por Eriberto Javier Corimayo, apartándose de las normas del Estatuto Social.

En contraste, la intervención aseguró que desde marzo de 2022 se ocupó de brindar servicios médicos, asistenciales y gremiales a los afiliados, inaugurando centros oftalmológicos y odontológicos, así como nuevas sedes para la atención y contención de los trabajadores y sus familias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Nuestro compromiso es y seguirá siendo con ustedes, los trabajadores, con la verdad, la justicia y los principios fundacionales de nuestra organización”, subrayó el Consejo Directivo Nacional.

Como parte del proceso de normalización, Barrionuevo informó que durante el 59° Congreso General Ordinario de UTHGRA se designaron juntas electorales nacional y porteña. Ambas fiscalizarán las elecciones generales convocadas para el 18 de septiembre, donde se elegirá a la conducción de la seccional Capital que asumirá en diciembre de 2025.

La conducción nacional anticipó que al finalizar la intervención y tras las próximas elecciones, se realizará una auditoría para esclarecer el destino de los recursos sindicales y advirtió con iniciar acciones judiciales civiles y penales sobre quienes resulten responsables de los delitos denunciados.

Según se ha anunciado esta mañana en el 13 Congreso Confederal que celebra el sindicato desde ayer hasta mañana, esta tarde se producirá la votación a la Secretaría General, así como a la Comisión Ejecutiva Confederal y a la de Garantías, de las que también se han presentado sólo una candidatura.

Las elecciones tendrán lugar mediante un sistema de votación electrónica que "asegurará el sufragio libre y secreto".

El resultado de las votaciones se conocerá mañana por la mañana, cuando Sordo será proclamado secretario general de CCOO hasta 2029.

Unai Sordo opta así a su tercer y último mandato al frente de CCOO. EFECOM

Tras la primera reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo para iniciar la negociación de la OPE, fuentes de UGT han señalado que las cifras de la oferta de este año, todavía sin cuantificar, serán muy parecidas a las del pasado, cuando se registró un récord de 40.146 plazas.

El sindicato CSIF, por su parte, ha expresado su queja por esta falta de concreción y ha exigido un refuerzo inmediato de las plantillas con la creación de empleo neto y la eliminación de la tasa de reposición que permita recuperarse tras la pérdida de 20.046 empleos públicos en la última década.

UGT también acudía al encuentro con la reclamación de que se cree empleo público neto para rejuvenecer las plantillas, en especial en los servicios de atención al público. EFECOM

CCOO celebrará en Madrid del 19 al 21 de junio su XIII Congreso Confederal bajo el lema 'Respuestas. Nuevo retos, misma lucha', en el que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se presentará por tercera y última vez para su reelección en el cargo.

El acto inaugural se producirá el jueves a las 11 horas y contará con una intervención de Sordo en la que analizará la situación económica y social, además de presentar un balance de la gestión sindical de los últimos cuatro años.

Además, el inicio del Congreso contará con la participación de representantes del Gobierno, fuerzas políticas, sindicatos internacionales y organizaciones sociales. La clausura se producirá el sábado a las 11 horas con la intervención de la persona elegida para ocupar la Secretaría General.

El cargo de secretario general en CCOO está limitado a un máximo de tres mandatos (dos ordinarios y uno de carácter extraordinario) de cuatro años de duración cada uno, por lo que, de ser reelegido, sería el último mandato de Sordo como líder de CCOO.

Nacido el 2 de octubre de 1972 en Barakaldo (Vizcaya), Sordo fue elegido, por primera vez, secretario general de CCOO a finales de 2017, en sustitución de Ignacio Fernández Toxo tras recibir el apoyo del 88,8% de los delegados asistentes al XI Congreso.

Fue el propio Toxo quien propuso a Sordo para sucederle, logrando esta elección el respaldo casi unánime del Consejo Confederal del sindicato.

Sordo fue reelegido para un segundo mandato en octubre de 2021, recibiendo el apoyo de más del 93% de los delegados presentes en el XII Congreso.

De revalidar el respaldo de los delegados de CCOO este junio, el sindicalista vasco afrontaría su tercer y último mandato, éste con carácter extraordinario.

Al Congreso asistirán 750 delegadas y alrededor de 350 personas invitadas en representación del sindicalismo internacional, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos e instituciones del Estado.

CCOO QUIERE CREAR UN FONDO ECONÓMICO PARA HUELGAS

Además, el XIII Congreso Confederal de CCOO debatirá también la estrategia del sindicato para los próximos cuatro años, centrada en el fortalecimiento de la acción sindical en las empresas y sectores marcados por nuevas realidades productivas.

Durante una rueda de prensa celebrada el pasado mayo para presentar el Congreso, Sordo indicó que alguna de las propuestas que se debatirían durante este 19 y 21 de junio serán la creación de un fondo económico para sostener procesos de huelga, el establecimiento de protocolos a la hora de negociar convenios colectivos, y la expansión de la base afiliativa de CCOO atrayendo a trabajadores inmigrantes y conquistando espacios no sindicalizados.

De esta manera, CCOO quiere incrementar el número de afiliados en el sindicato, que, según Sordo, es el "más representativo" de España, con 112.714 delegados, de los que el 44,1% son mujeres.

Según el secretario general, desde que se realizó el último Congreso, en 2021, más de un millón de personas han estado afiliadas cada año al sindicato y han sostenido económicamente la organización.

Así, entre 2021 y 2024, CCOO ingresó por cotizaciones de sus afiliados algo más de 563 millones de euros, de los que 149 millones se corresponden únicamente con los ingresos del año pasado, cifra más de un 10% superior a la de 2023.

Junto a ello, uno de los retos de CCOO para los próximos cuatro años será fortalecer los espacios de sindicación. Para ello, el sindicato propone crear más secciones sindicales, organismos de representación unitaria de los trabajadores, comités de empresa, delegados y juntas de personal.

CCOO quiere hacer de su Congreso "una bandera sindical en defensa de la democracia", pues el sindicato es "un espacio de cualificación democrática de primer orden", según ha defendido Sordo.

Por eso, el sindicato trabajará en la idea de solicitar una serie de compromisos de país y de medidas de choque en temas como la política de vivienda, la política de migración, la salud laboral y la emergencia climática y soberanía energética.

Asimismo, CCOO pretende impulsar en este Congreso "una gran ofensiva a nivel español para reforzar la idea del contrato social para el siglo XXI", pues, según Sordo, "el gran reto está en incorporar a las clases medias asalariadas a la defensa de los sistemas públicos universales".

El Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de CORPAC S.A. (SINEACOR) ha manifestado su rechazo categórico al dictamen aprobado recientemente en el Congreso de la República, el cual abre la posibilidad de privatizar la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.), una empresa estatal que opera los servicios de navegación aérea en el país.

Según el comunicado emitido por el sindicato, esta medida no solo pone en riesgo la soberanía del espacio aéreo nacional, sino que también amenaza la equidad territorial y el acceso al transporte aéreo en regiones menos rentables.

Sindicato rechaza aprobación en el Congreso para privatizar CORPAC

De acuerdo con el SINEACOR, el proceso legislativo que dio lugar a este dictamen estuvo plagado de irregularidades. Entre las principales críticas, el sindicato señaló que el proyecto fue presentado bajo un título que calificaron como “engañoso”, ya que alude a una supuesta modernización, pero en realidad busca transferir los servicios públicos a manos privadas.

Además, se denunció que varios proyectos de ley fueron combinados en un solo dictamen sin un análisis técnico adecuado ni transparencia en el procedimiento. Según el sindicato, el debate parlamentario fue superficial y no incluyó consultas a los especialistas ni a los operadores aeronáuticos calificados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Alerta en Perú: polémico dictamen busca privatizar CORPAC

El sindicato también destacó que la Comisión de Economía fue excluida del proceso, a pesar de que CORPAC genera más de 40 millones de soles en utilidades anuales para el Estado. Esta exclusión, sumada a la exoneración de la segunda votación en el Congreso, ha sido interpretada como una maniobra para evitar un análisis técnico y democrático del dictamen. Según el SINEACOR, estas acciones reflejan un intento de “entrega encubierta” de un servicio estratégico para el país.

En su comunicado, el sindicato subrayó la importancia de CORPAC como un ente técnico estatal que ha operado durante más de ocho décadas, garantizando la seguridad aérea, la formación técnica de alto nivel y la cobertura nacional, incluso en regiones alejadas donde no existen incentivos comerciales. Según el SINEACOR, la privatización de estos servicios podría dejar a estas zonas en situación de abandono o sujetas a las condiciones del mercado, lo que afectaría gravemente la conectividad y el desarrollo regional.

Congresistas excluyen debate técnico en dictamen sobre CORPAC

El sindicato también cuestionó la idea de que la privatización garantice mayor eficiencia. Como ejemplo, mencionaron los problemas recientes en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, gestionado por LAP, donde se han reportado serias deficiencias. Según el SINEACOR, estos problemas evidencian que un enfoque exclusivamente comercial no asegura calidad ni atención adecuada para los usuarios.

“La reciente experiencia del concesionario del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez (con colas interminables, accesos deficientes y servicios públicos mal ubicados) demuestra que un enfoque centrado únicamente en lo comercial no garantiza calidad ni atención digna para los usuarios”, dijo en su comunicado.

En respuesta a esta situación, el sindicato ha exigido que se archive cualquier intento de privatización de CORPAC y que se abra un debate público y técnico con la participación de trabajadores, usuarios y expertos en la materia. Asimismo, el sindicato han solicitado que se reconozca y fortalezca el papel de CORPAC como un actor clave para la seguridad y la soberanía aérea del Perú.

Correos ha concedido dicha excedencia, como acordó con CSIF, hasta a 451 empleados nacidos antes del 31 de diciembre de 1966, lo que supone que los empleados de 59 años que cumplan las condiciones dejarán la empresa antes de final de año, ha informado este lunes la organización sindical en un comunicado.

Se trata aproximadamente de un 15 5 de los 3.000 trabajadores que hay en la plantilla y del primer paso para rejuvenecer la edad media de Correos que es muy alta (52 años) y que es necesaria para el futuro plan estratégico, de acuerdo con CSIF.

Los criterios de selección para fijar el acceso a estas excedencias han sido las condiciones psicofísicas para el desempeño del puesto, según los Servicios Médicos de Correos; las adecuaciones organizativas de los puestos de trabajo; la edad, así como la antigüedad conforme a los servicios efectivos prestados en Correos, ha detallado el sindicato. EFECOM

La organización sindical ha lamentado el despido, a su parecer motivado, "evidentemente, porque para la dirección esta trabajadora dijo algo que debía castigarse severamente".

"Pondremos en marcha todas las acciones sindicales para defender a esta muchacha valiente a quien transmitimos nuestra máxima solidaridad. Defenderemos el derecho al trabajo y a manifestar la propia opinión", avanzó el sindicato en una nota.

Los hechos ocurrieron el 4 de mayo, cuando una acomodadora de sala de La Scala gritó "Palestina libre" al comienzo de un concierto privado para los participantes de una cumbre del Banco Asiático de Desarrollo, una cita musical que contó también con la primera ministra Meloni.

Fuentes del teatro han confirmado a EFE el despido, pero subrayando que no se debe al mensaje que pronunció, sino a una cuestión de respeto a la discreción obligada por contrato a estos acomodadores, encargados de recibir al público y acompañarle a la butaca. EFE

El paro, al que estaban convocados 554 empleados de Freixenet y 133 de Segura Viudas, comenzó el lunes a las 22:00 horas y se alargará hasta el próximo viernes.

Representantes de los trabajadores han mantenido este martes una nueva reunión con la empresa, en la que, según las fuentes sindicales, no ha habido avances.

La compañía ha asegurado a EFE que respeta el derecho de manifestación de los trabajadores y ha declinado hacer comentarios ante el proceso de negociación que se está llevando a cabo.

La plantilla prevé manifestarse mañana miércoles en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), desde las instalaciones de Freixenet hasta el Ayuntamiento, y el jueves ante el Parlament de Cataluña, para hacer visibles sus reivindicaciones.

Freixenet alega que a la menor producción de cava se ha sumado un aumento de los costes de las materias primas, y por eso ve necesario este recorte de personal en las sociedades Freixenet SA y Segura Viudas SAU, del que está exento Comercial Grupo Freixenet.

El año pasado, Freixenet aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que estuvo activo hasta el 31 de diciembre de 2024.

"El cambio fundamental en la dinámica del mercado requiere que la compañía tome medidas urgentes para garantizar el desarrollo sostenible del negocio en el futuro", aseguró Freixenet a finales de abril para justificar el ERE. EFECOM

El ministro de Empresas y del Made in Italy, Adolfo Urso, ha adelantado que el nuevo propietario será presentado el próximo 10 de junio ante sindicatos e instituciones.

También que se trabaja en la prórroga del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a más de 200 trabajadores, mientras se pone en marcha un nuevo plan industrial.

"La Perla está salvada. El símbolo del Made in Italy será relanzado por un inversor que garantiza la continuidad de la marca, la planta y el empleo", ha asegurado Urso durante una reunión en Bolonia con autoridades locales y representantes sindicales.

El grupo, fundado en 1954 en Bolonia por Ada Masotti, se convirtió en un icono mundial de la lencería de lujo italiana, aunque en los últimos años se sumió en una crisis financiera que lo borró del mapa, obligó al cierre de tiendas e incluso a parar la producción por completo durante 10 meses.

"Gracias al compromiso extraordinario de los comisarios, curadores italianos, liquidadores ingleses y el equipo del Ministerio, hemos identificado una solución industrial para una de las crisis más emblemáticas y complejas del sector moda", ha afirmado el ministro.

La situación de La Perla se agravó por la falta de financiación por parte de Tennor Holding, propiedad del empresario alemán Lars Windhorst, que adquirió la marca en 2018.

La escasez de recursos afectó a las tres principales divisiones del grupo: la sede en Londres (La Perla Management), la planta de producción (La Perla Manufacturing) y la red comercial en Italia (La Perla Italia).

En diciembre de 2023, la filial británica fue puesta en liquidación judicial por una deuda fiscal de 3,2 millones de euros, lo que obligó a detener la producción en Italia durante diez meses y con ella el empleo de más de 200 trabajadores.

Tras la intervención del Gobierno italiano y de un tribunal de Bolonia que declaró insolvente a la planta productiva, la fábrica opera desde septiembre de 2024 de forma parcial con una veintena de trabajadores, mientras el resto del personal permanece en suspensión temporal.

Paralelamente, el Gobierno impulsó la venta de los activos del grupo, que incluye la fábrica y la licencia de marca, y que concluirá con el anuncio oficial del nuevo inversor el próximo 10 de junio.

"Estamos listos para asignar La Perla a un sujeto unitario que ha mostrado interés por la marca, la planta productiva y los trabajadores, presentando un proyecto concreto para su relanzamiento", ha precisado Urso, que también ha reconocido "el compromiso de las trabajadoras que siempre creyeron en la recuperación".

El ministro de Empresas y 'Made in Italy'' ha destacado la voluntad de mantener y relanzar la fábrica de Bolonia, "como corazón manufacturero de la marca", y la posibilidad de 40 nuevas contrataciones.

La reestructuración de La Perla también fue reconocida por Elly Schlein, líder del progresista Partido Democrático (PD), el mayor de la oposición, que en un gesto poco habitual tuvo palabras de agradecimiento para el ministro del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

"La Perla ha sido salvada y la que la salvó fue la lucha tenaz y combativa de sus sindicalistas y trabajadoras. El éxito de hoy llega al final de un camino largo y arduo, que hemos seguido paso a paso, fuera y dentro de las puertas de la fábrica. Es una excelente noticia que se haya encontrado esta solución y agradezco también al ministro Urso por habernos mantenido informados constantemente", ha dicho.

Aunque uno de los diputados, Virginio Merola, resaltó que los anuncios "deberán traducirse en acciones concretas" y celebró "el compromiso de extender la cobertura del ERTE a las trabajadoras que aún no cuentan con protección social". EFECOM

El presidente del comité de empresa, Jesús Martínez (CCOO), ha explicado a las puertas de la fábrica que el primer día de parón de 24 horas ha sido secundado por el "75 % de la plantilla", compuesta por unos 140 trabajadores fijos además de los externos, que suelen ser unas 60 personas en función de los picos de producción.

Los sindicatos exigen que en el nuevo convenio se tengan en cuenta una igualdad de escala salarial y de jornada laboral, porque actualmente existe una dualidad que ha generado "una profunda desigualdad" entre generaciones dentro de la plantilla.

En esta primera jornada de huelga, que se ha iniciado a las seis de esta mañana, se han vivido "momentos de tensión", según explican los sindicatos, por la presencia de efectivos de Guardia Civil para habilitar el paso a aquellos trabajadores que querían acceder a la fábrica.

Además de hoy, el comité de empresa (UGT-FICA, CCOO y TU) ha convocado para los lunes y martes de junio más jornadas de 24 horas de huelga.

Derivados del Flúor es una empresa con una planta en la localidad cántabra de Ontón (Castro Urdiales), que opera a nivel global en la fabricación, producción y distribución de ácido fluorhídrico y compuestos químicos industriales.

Forma parte del grupo Minersa (Minerales y Productos Derivados), sociedad que fue fundada en 1942 en Bilbao. EFECOM

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La mesa sindical de Alcampo ha pedido a la compañía que traslade sus necesidades y explique en detalle sus propuestas relacionadas con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que supondrá el despido de 710 empleados de esta cadena de supermercados, el 3% de la plantilla en España, en su próxima reunión, convocada para el 30 de mayo.

En el encuentro de finales de mayo, la Confederación Sindical Independiente (Fetico), como sindicato mayoritario en la mesa de negociación del ERE de Alcampo, trasladará su propuesta y las medidas de acompañamiento, según ha informado este jueves en un comunicado.

Tras analizar el informe técnico de las causas económicas, organizativas y productivas, presentado por Alcampo, Fetico ha considerado que "este es el resultado de la mezcla de factores adversos para la compañía, como la compra de supermercados a Dia, que lastraba números rojos, así como un cambio en el hábito de consumo de los clientes, en especial en lo que atañe a los hipermercados".

Para el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, aquellos que conocen "profundamente" el sector retail, como es el caso de este sindicato, "saben que estas causas eran evidentes y saltaban a la vista". "Es por esto por lo que debemos potenciar la posibilidad de desarrollo de una empresa que da trabajo a más de 23.000 personas en todo el país y movilizar todos nuestros esfuerzos para ayudar a las personas que se verán afectadas", ha defendido.

No obstante, tras la reunión de este miércoles, 21 de mayo, entre la compañía y los sindicatos, Fetico ha manifestado que el expediente "debería incorporar menos despidos y que las causas, aunque justificadas, no pueden abarcar un volumen tan amplio de plantilla y tiendas".

Además, desde la representación sindical se ha expuesto la necesidad de que este ERE "debe culminar con unas buenas cifras indemnizatorias en la extinción de los contratos, hecho que garantice que los importes que recibirá la plantilla que se acoja al expediente, genere nuevas oportunidades personales y profesionales", ha destacado Fetico.

Desde Fetico han ratificado su compromiso con los trabajadores en medio de un proceso complejo, en el que apostarán por la negociación como elemento fundamental para disminuir los cierres y los despidos propuestos.

Por otra parte, la mesa sindical, ha explicado Fetico, mantiene una unidad de acción y planteamientos, lo que constituye un mecanismo de defensa para los trabajadores.

La continuidad de todas las partes en la negociación evidencia, según Fetico, esta unidad, y a pesar de la complejidad de los informes técnicos y la "esperable" fase inicial de desencuentros, los sindicatos representados reafirman el compromiso profesional y negociador para lograr el mejor acuerdo posible para la plantilla de Alcampo.

CERRARÁ 25 SUPERMERCADOS EN ESPAÑA Y DESPEDIRÁ AL 3% DE LA PLANTILLA

Alcampo ha puesto en marcha un plan de ajuste con el cierre de hasta 25 supermercados en España y el despido de 710 empleados, lo que supone el 3% de la plantilla, integrada por unos 23.300 trabajadores, según ha informado la compañía.

Con el propósito de "aumentar la cercanía de Alcampo a sus clientes", en 2023 la compañía adquirió un paquete de 224 supermercados, a pesar de que algunos de ellos no se adaptaban a su modelo, su localización no era la deseable o tenían una tasa de esfuerzo excesiva, según ha señalado.

"En este camino de transformación es fundamental recuperar los resultados y asegurar un crecimiento sostenible en todas y cada una de las tiendas. Es por ello que Alcampo pone en marcha un plan de ajuste de plantilla, una decisión que aunque difícil, es responsable y necesaria", ha indicado.

La compañía, que ya ha comunicado este plan a los representantes de los trabajadores, ha reafirmado su voluntad de "continuar creciendo y creando valor en la sociedad española, avanzando en el desarrollo del comercio alimentario multiformato y multicanal, ofreciendo el precio más barato y asegurando un amplio surtido de productos y marcas, apostando por el desarrollo de grandes y pequeños proveedores nacionales y locales".

Desde la compañía han señalado a Europa Press que el número de establecimientos afectados asciende a 152, de los cuales 25 serán cierres, aunque todavía no se ha fijado el número definitivo, y el resto se verán afectados por ajustes de plantilla.

Según han explicado en una nota, delegados de este sindicato se concentrarán el próximo 3 de junio frente al Ministerio de Transportes para pedir al Gobierno una solución "inmediata" que garantice el futuro y la estabilidad de Talgo y de sus trabajadores.

La demora en la venta está generando graves perjuicios, tanto para el correcto funcionamiento de Talgo como para sus empleados, denuncia el sindicato.

Recuerda que la plantilla se ha visto perjudicada por la multa impuesta por Renfe al fabricante, de 116 millones de euros, por el retraso en la entrega de los trenes Avril, lo que supuso una pérdida para los trabajadores de unos 10 millones de euros en salario variable.

Los retrasos en la materialización de la compraventa (firmada el pasado 14 de febrero, por la que el consorcio liderado por Sidenor se hará con el 29,77 % de Talgo) se deben, dice CSIF, a problemas financieros (además de la multa de Renfe, la deuda del grupo), a dificultades para completar la financiación, a trámites regulatorios pendientes y a la "falta de claridad" sobre el plan industrial presentado. EFECOM

El pasado lunes 19 de mayo, Indecopi anunció oficialmente el inicio de un procedimiento concursal ordinario para Telefónica del Perú S.A.A., según lo establecido en la Resolución N.º 3053-2025/CCO-INDECOPI emitida el 14 de mayo de 2025. Este proceso, solicitado por la compañía el 24 de febrero como parte de su plan de desinversiones en América Latina, tiene busca reestructurar las deudas de la telco mediante un Acuerdo Global de Refinanciación, que deberá ser aprobado por sus acreedores luego de la compra confirmada de la operación por parte de la argentina Integra TEC. Según informó Indecopi, los acreedores tienen un plazo de 30 días hábiles desde la publicación en el Boletín Concursal para presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos.

En este contexto, Víctor Mora, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP), detalló en una entrevista con Infobae Perú que la empresa adeuda entre 450 y 500 millones de soles (unos 136 millones de dólares) a sus trabajadores. Este monto incluye utilidades no distribuidas desde 1998, así como de los años 2000, 2001 y 2017. Según Mora, Telefónica utilizó en 2017 la Norma Internacional de Contabilidad NIC 18 para justificar la retención de utilidades, argumentando que los fondos se destinaron al pago de la concesión de la banda 700. Sin embargo, hasta la fecha, los trabajadores no han recibido el dinero correspondiente.

Telefónica del Perú adeudaría casi S/500 millones a sus trabajadores

El panorama financiero de Telefónica del Perú se ha deteriorado en los últimos años. La situación se ha agravado con la ejecución de cuatro embargos por parte de la Sunat durante este año, que suman un total de 990,2 millones de soles. Estas medidas están relacionadas con deudas tributarias correspondientes al Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales de 2009 y 2000-2001. Aunque los embargos a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) han quedado suspendidos con el inicio del procedimiento concursal ordinario, no está claro si lograron cubrir el total de la deuda pendiente.

Por su parte, el sindicato, que representa a más de 3.200 trabajadores, entre activos, cesantes y jubilados, está preparando una carpeta con las deudas acumuladas para presentarse como acreedores concursales ante Indecopi. Mora explicó que esta deuda incluye no solo las utilidades retenidas, sino también otros conceptos como asignaciones familiares y cálculos erróneos en los pagos realizados por la empresa. Según el dirigente sindical, estos errores fueron detectados tras fiscalizaciones de la Sunat, pero no se han corregido de manera adecuada.

“Todo eso estamos acumulando para poder presentarnos no solamente como acreedores laborales, sino también como acreedores concursales. Esa plata, que ya no le correspondería reclamar como acreedores laborales a los cesantes y jubilados -son más o menos 2.300 trabajadores-, tendría que devolverse con sus respectivos intereses, ¿no? O sea, 2.300 entre jubilados y cesantes que se les adeuda de 1998, 2000, 2001 y 2017, producto de la retención de las utilidades por la concesión de la banda 700. Y eso es lo que van a poner en la mesa, directamente”, sostuvo el dirigente.

El abogado tributarista Óscar Agüero Aguilar, quien asesora al sindicato en este proceso, está liderando la preparación de los documentos necesarios para presentar el reclamo formal ante Indecopi. Mora indicó que el sindicato está trabajando contrarreloj para cumplir con el plazo de 30 días establecido por el organismo regulador. Aunque gran parte de la documentación ya está lista, aún se están recopilando expedientes de algunos trabajadores que no han podido presentar sus demandas o montos específicos.

Telefónica a proceso concursal con sus acreedores ante Indecopi

En cuanto a la relación con la empresa, Mora señaló que la última negociación colectiva con Telefónica tuvo lugar en agosto de 2024. Durante esas conversaciones, la entonces gerente de Recursos Humanos, Claudia Angulo Cubas, reconoció que los trabajadores recibirían un reintegro significativo una vez que se resolviera la controversia entre Telefónica y la Sunat. Sin embargo, un año después, los pagos aún no se han materializado, y la situación financiera de la empresa ha llevado a la venta de activos y al inicio del procedimiento concursal.

“Ya hemos sincerado toda la deuda. Seguramente nos faltan algunos compañeros que todavía no tienen sus expedientes, sus demandas y sus montos. Pero estamos próximos a cerrarlo”, continúa Mora.

El sindicato también ha expresado preocupación por la continuidad de los ejecutivos que, según ellos, han llevado a la empresa a su situación actual. Mora mencionó que la gerente general de Telefónica del Perú, Elena Maestre, sigue en su cargo a pesar de los cambios en la presidencia del directorio, ahora liderado por el contador uruguayo Germán Ranftl Moreno. Según el dirigente sindical, esta continuidad genera incertidumbre entre los trabajadores, quienes temen que se mantengan las mismas prácticas que han afectado sus derechos laborales.

“Maestre sacó esta semana un flyer donde dice que los tres primeros meses de este año han sido muy buenos y que hemos alcanzado un 27% de crecimiento. Además, agradece a los trabajadores por ese compromiso y pide que continuemos en esto", relata Mora.

Tensiones entre Telefónica del Perú y sus trabajadores: ¿Cómo responderá Indecopi?

Además, Mora denunció que en las últimas semanas se ha generado un clima de tensión dentro de la empresa, con rumores sobre posibles despidos masivos que afectarían a más de 500 trabajadores. Según el dirigente, estas acciones buscan intimidar a los empleados y desincentivar la presentación de reclamos. El sindicato ha recibido múltiples llamadas de trabajadores preocupados por la posibilidad de perder sus empleos, lo que ha incrementado la presión sobre los representantes sindicales.

En medio de este panorama, el sindicato continúa organizando reuniones y coordinaciones con sus asesores legales para garantizar que los derechos de los trabajadores sean reconocidos en el proceso concursal. Mora destacó que el sindicato está comprometido en representar a todos los afectados, incluidos los jubilados y cesantes, quienes también tienen derecho a recibir los pagos pendientes.

Telefónica del Perú fue consultada por Infobae Perú respecto a la situación de los trabajadores cesantes y activos que buscan su declaratoria como acreedores ante Indecopi, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

“Nos preocupa que aquellos que llevaron a esta crisis a Telefónica todavía se mantengan en la dirección. Nos parece que es una maniobra con la intención de que se sigan llevando a cabo los mismos atropellos, ya delineados y enmarcados bajo el lineamiento que tenía la empresa, porque tiene a los mismos ejecutivos realizando las mismas acciones hacia los trabajadores. Yo, como secretario general, la semana pasada estuve recibiendo llamadas donde dicen que van a despedir trabajadores. Ese es un psicosocial que sale desde los mandos inmediatos hacia abajo, y no se los vamos a permitir", sentenció el secretario.

Los representantes de los trabajadores han anunciado asimismo una concentración ante el Parlament de Cataluña el próximo día 29 y una manifestación en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) el 28.

En un comunicado, CCOO ha afirmado que, después de tres reuniones, la dirección del grupo no ha aceptado las peticiones de retirada del ERE y la propuesta del sindicato y el comité de empresa de "buscar una solución dialogada en el marco del artículo 45 del convenio colectivo del sector, que establece medidas de protección y estabilidad en la ocupación".

El comité "ha reclamado la presencia en la mesa de negociación de la familia Ferrer, que, a pesar de tener el 50 % de las acciones de la compañía" no está participando en el proceso de negociación, ha afirmado el sindicato.

La convocatoria de huelga, que comenzará el día 26 a las 22.00 horas y concluirá el día 30 a las 22.00 horas, ha recibido el apoyo de los comités y la plantilla de todos los centros de trabajo del grupo, ha indicado la organización. EFECOM

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acudirá mañana al Palacio de la Moncloa a registrar una petición formal para que el Gobierno abone "de una vez" a los empleados públicos la subida retributiva del 0,5% pendiente, correspondiente a año pasado, y también para que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial y la oferta de empleo público de 2025.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha criticado en varias ocasiones que los trabajadores de las administraciones públicas sigan con sus sueldos congelados a estas alturas del año y que todavía no se haya pagado el 0,5% pendiente.

En total, CSIF calcula que el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos una media de 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.

El sindicato entiende que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, justifica su petición formal de este lunes en Moncloa en la "inacción" del ministro de Función Pública, Óscar López, para resolver esta cuestión.

Así, frente a todas las demandas sindicales para los empleados públicos, CSIF se queja de que el Gobierno "no está haciendo nada". "Seguimos sin presupuestos, sin oferta de empleo público y con una tasa de reposición que impide reforzar las plantillas", lamentó recientemente Miguel Borra.

Además, CSIF tiene intención de proponer a los grupos parlamentarios impulsar una proposición de ley para que los salarios de los empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como sucede con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) envió este jueves un "requerimiento legal" al Ayuntamiento de Madrid, como administración competente, para que atienda las necesidades de las personas sin hogar que habitan en el aeropuerto de Barajas.

"Con el fin de contribuir a que la situación no empeore, el acceso a las terminales del aeropuerto se limitará a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias", ha informado Aena en un comunicado.

En estas franjas horarias, precisa, "accederán a las terminales del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes tanto de salida como de llegada, y los trabajadores del aeropuerto".

Asae, por su parte, señala en una nota de prensa que la limitación de la entrada a las terminales para evitar el acceso de las personas sin techo que van a dormir a las instalaciones aeroportuarias debe hacerse "de la mano y a la vez" que se pone en marcha "un plan social de acogida de estas personas vulnerables en espacios adecuados para vivir".

Las personas sin hogar son "las primeras víctimas de una situación que Aena nunca debió haber permitido en Barajas", resalta el sindicato.

Asae sostiene que la limitación del acceso a las terminales "no va a solucionar el problema de las personas que viven en Barajas y que no se mueven del aeropuerto o que llegarán antes de la hora de cierre".

Por ello, el sindicato solicita desde hace tres meses "el desalojo inmediato y total del aeropuerto, que no se vuelvan a permitir estos asentamientos y que se apliquen ya las normas de uso del aeropuerto que Aena tiene publicadas y no se ejecutan, consintiendo este deterioro sin precedentes".

"Se suponía que a partir del 6 de marzo se iba a cerrar la Terminal 4 desde las 23.00 hasta las 05.00, pero al final no salió adelante la medida y, a fecha de hoy, 15 de mayo, no se sabe cuándo comenzará a aplicarse esta medida ni el horario", apunta Asae. EFE

CCOO ha reclamado "diálogo" y un plan industrial "robusto" a la dirección de la compañía, a la que acusa de anunciar este despido colectivo "sin una justificación clara" y sin proponer "medidas alternativas".

La dirección de Fertiberia asegura que el ERE "responde a la necesidad de ajustar la estructura de la compañía a los cambios de mercado y busca consolidar un modelo de negocio más integrado, ágil y eficiente, así como avanzar hacia la excelencia operativa".

El sindicato señala que esta medida es consecuencia de la "falta de planificación" y recuerda que hace apenas seis meses la empresa ya impulsó otro expediente por motivos productivos y organizativos en la planta de Fertiberia NPK.

"Esta reiteración en las medidas de ajuste laboral genera una creciente preocupación entre las personas trabajadoras y refuerza la percepción de una política cortoplacista, habida cuenta del carácter cíclico de la actividad", explica en un comunicado.

El sindicato advierte también del marco temporal estricto que ahora se abre tras la comunicación oficial a la Autoridad Laboral, que marca un plazo de 30 días para negociar las condiciones del expediente.

En este contexto, CCOO exige la retirada inmediata del procedimiento y muestra su disposición al diálogo con la representación legal de las personas trabajadoras para buscar otras medidas no dirigidas a la precarización de las condiciones de trabajo o a la amenaza del empleo.

La situación que atraviesa Fertiberia se enmarca en un contexto de mercado cíclico, donde -según el sindicato- el problema radica en la caída de la facturación más que en los costes salariales.EFE

En el marco de una demanda millonaria por daños y perjuicios contra la Asociación Argentina de Actores (AAA), la Cámara Civil porteña confirmó el rechazo de una medida cautelar solicitada por el actor Fabián Gianola para que se lo rehabilite como afiliado de la entidad gremial, de la que resultó suspendido “preventivamente” como consecuencia de una denuncia por abuso sexual presentada por la actriz Fernanda Meneses.

La cautelar pretendida por Gianola tenía como fin “la inmediata rehabilitación de todos los derechos afiliatorios” del demandante frente a la AAA tras haber sido suspendido en una “medida preventiva urgente” adoptada por ese gremio en enero de 2022. El planteo cuestionó la carencia de “razones o motivaciones” para mantener vigente dicha sanción luego de que la Cámara Nacional en lo Criminal confirmara su absolución en el caso iniciado por Meneses.

La denuncia en su contra había sido radicada por la actriz en junio de 2019 en virtud de supuestos hechos de abuso sexual ocurridos entre 2016 y 2017 en los camarines de Canal 9. La Justicia, unos años después, dictó la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento de Gianola respecto a los cargos que se le imputaban.

Al solicitar su reincorporación plena a la entidad actoral en febrero de este año, el defensor del comediante expuso: “la demandada explicó detalladamente que la causa penal promovida contra el Sr. Gianola por la Sra. Meneses fue el motivo de su sanción y suspensión como afiliado, pero nunca explicó la omisión de rehabilitarlo en sus derechos una vez demostrada la falsedad de la denuncia y finalizada la causa con el sobreseimiento del actor”.

Luego indagó: “¿Cuál es entonces la razón de la Asociación Argentina de Actores para mantener a Gianola ‘preventivamente’ suspendido? Si al quedar notificada de la demanda quedó también formalmente informada de que su afiliado Gianola, tras batallar intensamente durante dos años contra injusticias y prejuicios de género, teniendo que sobrellevar sobre sus hombros las consecuencias de una infamia urdida en su contra y arriesgando hasta agotar su patrimonio, logró demostrar su inocencia y fue sobreseído, sin que quede en pie ni una sola de las falsas denuncias de las que fue objeto, ya no hay razón para mantener sancionado al actor".

Y añadió: “En suma, el mantenimiento de la sanción contra el actor, aun luego de estar acreditada su inocencia carece de RAZONES O MOTIVACIONES QUE PERMITAN JUSTIFICAR SU VIGENCIA”.

Este pedido se dio en el marco de una demanda por 600 millones de pesos que interpuso Gianola en julio de 2024 contra la AAA y su entonces presidenta, Alejandra Darín, fallecida en enero pasado. En ese escrito, el actor le endilgó a la entidad gremial la responsabilidad por provocar una profusa difusión de la denuncia de Meneses a partir de su decisión de suspenderlo como afiliado.

“Hasta enero de 2022 la denuncia de la Sra. Meneses, si bien tenía intenciones escandalosas, aparecía tan inverosímil que apenas fue cubierta en los medios gráficos y audiovisuales en forma ocasional o casi anecdótica por algunos programas marginales, sin lograr despertar más que una repercusión aislada, apenas fogoneada por la denunciante o su patrocinante. Los periodistas serios y responsables, conocedores de la nueva modalidad de fraude mediático que se estaba instalando, apenas sí mencionaron las versiones que me involucraban y eran difundidas tanto por la Sra. Meneses como por otras denunciantes mediáticas que se fueron sucediendo (...), pues no deseaban difundir noticias que carecían de los mínimos visos de seriedad“, expresó el demandante en su presentación ante los tribunales civiles.

Un párrafo después, consideró: “La indiferencia de periodismo y del público en general frente a estas denuncias poco significativas cambió drásticamente y dio un vuelco sustancial, pasando el caso a la primera plana cuando la prestigiosa y afamada ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES dispuso ‘suspenderme preventivamente’ en el ejercicio de mis derechos como afiliado".

A su vez, agregó: “Fue a partir de este momento -14 de enero de 2022- cuando se produjo un cambio drástico en el foco o la atención de los medios de comunicación sobre mi caso judicial, pues ahora la ‘noticia’ ya no era una mera denuncia poco creíble de la Sra. Meneses, que la Justicia ya había rechazado en primera instancia aventando así cualquier hipótesis delictual. A partir de la suspensión preventiva dispuesto por la demandada el hecho imputado pasó a gozar de la credibilidad que la entidad gremial le facilitaba con todo el peso de su prestigio y trayectoria”.

Y expresó: “A partir de semejante aval y premisa el periodismo en general ya podía difundir el escabroso caso sin riesgo alguno de actuar irresponsablemente, al amparo de la suspensión dispuesta nada menos que por la asociación gremial de actores y actrices más prestigiosa y respetada del país, mientras la notoriedad de mi figura alimentaba significativamente el ‘raiting’“.

El actor de 62 años le atribuyó la adopción de esa medida punitiva al “apoyo de un colectivo de actrices” que se dirigió a la Comisión Directiva de la AAA, entonces en manos de Alejandra Darín, para pedirle “que lo retire como socio y afiliado” del sindicato en cuestión.

La supuesta nota del “Colectivo de Actrices” fue acompañada por Gianola en su demanda, donde citó: “Por la presente, a raíz de la denuncia formulada por Fernanda Meneses y la acción iniciada contra el actor, Fabián Javier Gianola ante la justicia por ‘ABUSO SEXUAL SIMPLE’ y ‘ABUSO SEXUAL, CON ACCESO CARNAL’, que se tramita desde hace dos años y ha derivado en su acusación formal por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitamos a la Asociación Argentina de Actores se retire inmediatamente de su condición de socio y afiliado al mencionado actor, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto social que dispone esta sanción en caso de inconducta notoria de un afiliado”.

“Esperamos -continuó la nota anexada al escrito inicial- que la perspectiva de género por la que se pronunciara públicamente la Asociación y el antecedente del comunicado ‘Mirá cómo nos ponemos en la Asociación Argentina de Actores’ del 12 de diciembre de 2018 donde se sancionara a Juan Darthés, se aplique también en este caso".

Y promediando el texto, el comunicado aseveró: “Hacemos nuestras sus palabras y las siguientes: ‘Más allá de lo que la justicia determine, somos cientos de actores y actrices, que esperan un resultado favorable a esta petición, ya que la idea de compartir (con él) cualquier espacio de labor artística, nos resulta insoportable”.

Para ese momento, a inicios de 2022, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49 de la Capital Federal había dictado su sobreseimiento, según expuso Gianola, quien el 2 de julio de 2024 reclamó a la AAA, y en forma solidaria a su titular, una indemnización por daños “a la imagen y al prestigio profesional”; a la “moral y al proyecto de vida”; por “lucro cesante y pérdida de chances”; “patrimonial originado en venta apresurada de bienes”; “psicológico” y “a la situación previsional y cobertura médica”.

Con todo, la cautelar tendiente a sin efecto la suspensión sindical fue requerida el 17 de febrero pasado. En marzo, el juez de la causa, Camilo Almeida Pons, titular del Juzgado Civil 99 porteño, resolvió rechazar el pedido del actor tras evaluar que no surgían “elementos suficientes” para la admisión de la medida.

Apelación mediante, el expediente se radicó en la Sala F de la Cámara Civil, integrada por los jueces Roberto Parrilli, Gabriela Scolarici y Claudio Ramos Feijoo, quienes de forma unánime decidieron este jueves confirmar lo dicho en primera instancia a través de una resolución de cuatro páginas a la que tuvo acceso Infobae.

Según los camaristas, “con los elementos de prueba agregados por el momento en estas actuaciones, analizados con la provisoriedad con la cual es dable y dentro del acotado marco de valoración con que cabe juzgar las cuestiones atinentes al dictado de una cautelar; no puede tenerse por acreditada ‘prima facie’ la verosimilitud del derecho que exige una medida de la naturaleza y entidad como la que se solicita, por la circunstancia de que en sede penal se ha sobreseído al actor en la causa antes mencionada”.

Bajo esos términos, concluyeron: “De ahí que en los términos requeridos y con los elementos aportados que deberán ser materia de prueba en la etapa procesal oportuna del proceso de conocimiento, no se justifica decretar la medida solicitada, máxime cuando no habría sido el inicio de la causa penal antes mencionada lo que originó la decisión tomada por la AAA cuestionada por el actor en este proceso, sino que la suspensión habría sido decretada en virtud de la denuncia y pruebas aportadas por otra afiliada frente a la Comisión de Género. Por lo que no cabe sino desestimar los agravios vertidos por el accionante”.

El 6 de diciembre de 2023, la Justicia concedió la suspensión del juicio a prueba en favor del comediante en otro expediente iniciado en 2019 por la locutora Marcela Viviana Aguirre por supuestos hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante” en su contra. En ese proceso, el Tribunal Oral Nº 3 le impuso al denunciado tareas comunitarias, un curso sobre violencia de género y el pago de $100.000 en concepto de reparación simbólica.

La organización ha considerado en un comunicado que la empresa no garantiza los más de 900 puestos de trabajo en riesgo y mantiene la convocatoria de huelga del 14 al 27 de mayo.

CGT afirma que la empresa suiza HBS "ha expresado abiertamente que no tiene ninguna intención de subrogar a los 900 trabajadores que hacen posible la retransmisión del campeonato liguero", mientras que Mediapro "no se ha comprometido a garantizar los puestos de trabajo de la plantilla no subrogable".

Mediapro solo ha "valorado", "sin aceptar ningún compromiso", la reconversión de nueve contratos que actualmente son fijos discontinuos y que deberían pasar a ser indefinidos, ha afirmado sel sindicato.

La propuesta presentada por CGT exige a ambas empresas que "garanticen la continuidad laboral de toda la plantilla durante las próximas 4 temporadas, que aseguren la subrogación efectiva del personal que trabaja en los lotes adjudicados a HBS y la apertura de una mesa de negociación para garantizar la subrogación del resto del personal".

CGT ha convocado una concentración para este miércoles ante las oficinas de Mediapro en Barcelona. EFE

Los afectados, prácticamente la totalidad la plantilla, recibirán una indemnización de 33 días por año trabajado, el equivalente a un cese improcedente, con un máximo de 24 mensualidades, según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes sindicales, que estiman que la totalidad del ERE tendrá un coste aproximado de 22 millones de euros.

La firma se producirá en las oficinas del departamento de Trabajo de la Generalitat, donde se han llevado a cabo las negociaciones que desembocaron el pasado miércoles en un preacuerdo entre sindicatos y empresa.

Entre el jueves y el viernes, tuvo lugar una votación telemática en la que cerca del 96 % de la plantilla se mostró a favor de ese texto.

Los despidos afectarán al grueso de los trabajadores de Telus en la Torre Glòries, excepto a cerca de medio centenar de empleados que no están vinculados al contrato de moderación de contenidos de Meta, según los sindicatos.

La mayoría de los contratos se extinguirán el próximo 22 de mayo, si bien después de esa fecha continuarán las desvinculaciones de manera progresiva, hasta que en septiembre se haya concluido el ERE por completo.

La empresa ha citado causas organizativas y productivas, por la decisión de Meta de dejar de contratar sus servicios para la revisión de contenidos.

Desde que el pasado 3 de abril Telus comunicó el cierre de la subcontrata de Meta, los trabajadores vinculados a esa actividad han estado en situación de permiso retribuido.

El texto acordado por la compañía y los sindicatos prevé entregar una bonificación a aquellos empleados que no hayan disfrutado de ese permiso desde principios de abril hasta el 22 de mayo.

Anticipa asimismo la creación de una bolsa de trabajo para dar cobertura a las vacantes que puedan producirse para la posición que venían ocupando anteriormente.

Los afectados por el ERE tendrán preferencia para ocupar dichas plazas en los dos años siguientes a la firma del expediente. EFE

Madrid, 31 ene (EFECOM).- El presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, se ha reunido este viernes con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha trasladado su preocupación por la situación de Muface y los problemas en la cobertura sanitaria de los funcionarios.

En un comunicado, el sindicato señala que, a pesar de haberse mejorado económicamente la licitación del concierto sanitario de Muface, aún se desconocen los plazos para la firma del nuevo convenio y se siguen produciendo problemas en la atención sanitaria, con la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas.

Por este motivo, CSIF mantiene la jornada de huelga para el próximo 13 de febrero.

Borra ha trasladado también al líder de la oposición su preocupación por "la debilidad del Gobierno" ante su falta apoyo parlamentario, que le ha impedido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025" y acometer una subida salarial para los empleados públicos. EFECOM

(Actualiza con más declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz)

Madrid, 27 ene (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes que reducir la jornada laboral es "completamente constitucional" y ha pedido a una patronal CEOE "desdibujada" dejar las "estrategias políticas" y volver al "lugar correcto".

Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press, Díaz ha cargado con dureza contra la patronal y ha explicado que, cuando en los años 90 la CEOE impugnó ante el Tribunal Constitucional el recorte de jornada aprobado en los años 80, el alto tribunal ya resolvió que era "completamente constitucional".

"No comprendo su actitud de oponerse a un proyecto de país", ha criticado Díaz.

Según ha adelantado este lunes "El País", los empresarios han registrado en la Dirección General de Trabajo un documento de alegaciones en el que apelan a la "inconstitucionalidad" de la medida con la que se busca reducir la jornada máxima por ley a 37,5 horas semanales.

"Es una patronal desdibujada (...) con un papel impropio y cuestionado en la sociedad", ha criticado Díaz, que ha vinculado el rechazo de los empresarios a la reducción de jornada "a una estrategia política que hace daño".

"Esta patronal no es la que hemos conocido (...) y me gustaría que vuelva al lugar correcto", ha pedido la vicepresidenta, que ha dicho que nunca había visto a la CEOE "11 meses de huelga, sin hacer propuestas", en alusión a la actitud de la patronal en la mesa de negociación para abordar esta medida.

Díaz también ha subrayado que la norma para reducir la jornada incluye otros elementos como son el control horario o la regulación de las jornadas especiales.

"Esto es lo que se cuestiona más, aunque se ponga el foco en el dedo", ha añadido.

La vicepresidenta también se ha mostrado confiada en que esta tarde se dé luz verde en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos al proyecto de ley para reducir la jornada y que pueda ir en dos semanas al Consejo de Ministros para tramitarse con trámite de urgencia.

"Espero que hoy salga una buena noticia", ha subrayado.

En cuanto al alza del salario mínimo interprofesional (SMI), la vicepresidenta ha insistido en que "hay margen para el acuerdo" y ha defendido que la cantidad que resulte para 2025 siga exenta de tributar al IRPF.

La mesa de diálogo social se vuelve a reunir este miércoles para abordar la subida del SMI con posturas diferenciadas: mientras la patronal plantea un alza del 3 %, Trabajo ha puesto sobre la mesa una subida del 4,4 % y los sindicatos piden cerca del 6 % para llegar así a los 1.200 euros mensuales. EFE

CGT ha intensificado la huelga indefinida en Holaluz, que comenzó el pasado 14 de enero, y ha anunciado una manifestación en la Plaza Sant Jaume de Barcelona para el 28 de enero a las 12.00 horas.

El sindicato protesta contra la supresión del teletrabajo en la compañía, algo que será efectivo desde el 28 de enero, así como por la eliminación de "otros beneficios sociales", según detalla en un comunicado.

En concreto, explica que a partir del 28 de enero los trabajadores deberán prestar servicios a la compañía de forma presencial los cinco días de la semana. "Por ello, el comité de huelga ha convocado huelga total e indefinida a partir de ese día", asevera el sindicato, después de que el comité de empresa convocara huelga desde el pasado 14 de enero.

"El retorno a la oficina viene acompañado de la eliminación de otros beneficios sociales que ya habían pasado a ser derechos adquiridos. El seguro médico, cursos de idiomas, campamentos extraescolares entre otros que, además de facilitar la conciliación, suponían un pequeño alivio económico para una situación crítica de sueldos congelados", apostilla.

Prosigue señalando que Holaluz remitió una carta a toda la plantilla el pasado 27 de diciembre en el que se anunciaban los cambios y se daba la posibilidad de optar por la extinción del contrato hasta el 31 de enero de 2025.

"A fecha de hoy, ya han solicitado la extinción de sus contratos cerca de un 25% de la plantilla y se espera que siga aumentando ya que Holaluz facilitará las salidas hasta el 31 de enero", indica CGT, que tacha esta situación de "ERE encubierto".

"El teletrabajo es algo relativamente reciente, llegó cuando el mundo se paró en pandemia para que no dejásemos de ser productivas, pero ahora, a pesar de haber demostrado ser una herramienta muy útil, hay una tendencia creciente de eliminarlo", defiende.

Además, el sindicato está estudiando la posibilidad de presentar demanda colectiva y ha informado que ha presentado una denuncia el pasado jueves ante Inspección de Trabajo por vulneración del derecho a la huelga.

"La empresa ha creado un registro paralelo al fichaje en el que la plantilla debe apuntar sus datos personales y su nivel de participación en la huelga. Una información que ya está recogida en el registro horario, obligatorio y aplicado por la empresa, y que persigue la supervisión y coerción del libre ejercicio del derecho de huelga", concluye.

Madrid, 23 ene (EFECOM).- Valorian, uno de los dos sindicatos mayoritarios de Viajes El Corte Inglés, ha pedido este jueves en la mesa negociadora que mantiene con la empresa que el plan de reordenación de la firma afecte, "como mucho, a 300 personas".

Tras el plan anunciado hace unos días por Viajes El Corte Inglés, el consultor presentó el informe técnico este martes ante los sindicatos y se emplazaron a negociar este jueves, después de que el grupo presentara una propuesta de recolocación de 520 personas, entre ellas bajas voluntarias a un máximo de 118 personas mayores de 59 años y menores de 63.

Fuentes de Valorian han reconocido que en la reunión de este jueves han planteado una contrapropuesta en la que aseguran no compartir las conclusiones del diagnóstico sobre la situación de la empresa y pese a coincidir en la necesidad de reforzar el área de venta vacacional, creen que no se han tenido en cuenta "determinados elementos clave relacionados con los excedentes de plantilla" en algunas áreas.

Así, inciden en que estas áreas son las de 'Business', MICE y 'Servicios centrales'", según fuentes de Valorian, que proponen que, "en el peor de los casos, debe reducirse dicho excedente hasta las 300 personas", en contraste con las 520 a las que apunta Viajes El Corte Inglés.

Asimismo, Valorian ha expuesto en la mesa negociadora que "debido a la dinámica que está tomando el negocio relacionado con el área MICE, deberían ser excluidos de este procedimiento".

Respecto a las bajas incentivadas, que la compañía cifró en 118, Valorian reclama la inclusión de personas que cumplan 59 años durante el periodo de vigencia de la medida, el importe bruto equivalente al 70 % del salario anual hasta la edad de jubilación y el abono de cotizaciones sociales hasta la edad de jubilación.

Del mismo modo, pide que la actualización de los importes anuales sea según convenio colectivo y, en ese sentido, reclama también el mantenimiento de beneficios sociales, como el seguro de vida o la tarjeta de compra.

Más allá de la cifra de 300 recolocaciones a lo sumo, fuentes de Valorian comentan que si el plan se realiza durante dos años, las personas que cumplan 59 años en el transcurso de dicho periodo, deberían poder acogerse al plan de las bajas incentivadas, una medida que se une a la petición de la eliminación de la movilidad geográfica, salvo petición voluntaria.

Este sindicato, uno de los mayoritarios de la compañía, exige del mismo modo un Plan de formación adecuado a las funciones, procesos, competencias y conocimientos requeridos para cubrir el perfil que se vaya a ocupar en el puesto de destino y una garantía de traslados de un año sin despidos por causas objetivas.

Por último, exigen que el centro de destino sea el más cercano al domicilio, el mantenimiento de las condiciones pactadas, la exclusión del plan para colectivos vulnerables y el hecho de que si el puesto de destino no supone cambio de grupo profesional, se mantengan los niveles profesionales y salariales.

Así, el sindicato espera una contrapropuesta de Viajes El Corte Inglés el próximo martes 28, cuando ambos han fechado la siguiente reunión para avanzar sobre el plan de reordenación de la compañía. EFECOM

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este miércoles en Barcelona que su sindicato no firmará una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 34 euros.

En declaraciones a la prensa antes de visitar la factoría de Seat en Martorell (Barcelona), Álvarez ha reaccionado a la decisión de la CEOE de llevar a la reunión del diálogo social una propuesta de subida del SMI del 3 %, y ha asegurado que no hay "ningún margen para negociar una subida de 34 euros".

El secretario general de UGT ha recordado que se su sindicato se ha marcado el objetivo de llegar a los 1.200 euros y han pedido que el incremento vaya acompañado de una subida del IPRF. EFECOM

Madrid, 22 ene (EFE).- CSIF convocará una jornada de huelga durante la primera quincena de febrero si las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la asistencia sanitaria de los funcionarios de Muface antes del 27 de enero, cuando concluye el plazo para la presentación de ofertas al concierto mutualista.

La convocatoria, según avanza el sindicato en un comunicado, afectaría a todos los ámbitos con personal afectado por la crisis en Muface: centros educativos públicos, centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos.

En los próximos días, añaden, delegados sindicales de CSIF pondrán en marcha una campaña informativa en los centros de trabajo.

"Ya ha pasado el tiempo de realizar manifestaciones y toca llevar a cabo acciones más contundentes, como esta jornada de huelga, por la gravedad de la situación", incide CSIF, que reclama la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar "prioridad política" a este asunto.

El Ministerio de Función Pública amplió hasta el próximo 27 de enero el plazo para que las aseguradoras presenten ofertas al contrato para prestar atención sanitaria a los funcionarios de Muface y sus familiares, que son en torno a 1,5 millones de personas.

El concierto quedó desierto en la primera licitación y en este segundo proceso, donde se ha planteado una subida del 33,5 % en las primas, Asisa se ha quedado como la única posible candidata a continuar prestando este servicio. EFE

Entrambasaguas (Cantabria), 20 ene (EFECOM).- Los trabajadores de la fábrica de Altadis en Entrambasaguas (Cantabria) han iniciado este lunes una huelga indefinida por la falta de personal en la factoría cántabra, que ha sido secundada, en su primer día, por el 90 % de la plantilla de producción, según el comité de empresa.

La huelga indefinida sucede a otros cuatro días de paro, que se convocaron del 7 al 10 de enero y que fueron secundados por una media del 90 % de la plantilla de producción, recuerda la representación sindical.

Antes se produjeron diferentes reuniones de negociación sin acuerdo entre empresa y sindicatos, celebradas en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla).

Este paro se convoca para reivindicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo implantada por la empresa sin acuerdo con los sindicatos, a lo que se une "la sobrecarga de trabajo" de la plantilla, por la que ya se convocaron movilizaciones los pasados meses de noviembre y diciembre.

El presidente del comité de empresa de Altadis en Cantabria, Juan Antonio Martínez (UGT), ha señalado a EFE que el primer día de esta huelga general indefinida ha transcurrido "con normalidad" al igual que los otros días que hubo de paro.

"Estamos muy contentos por la alta participación de la gente, hay departamentos que han secundado la huelga al cien por cien. Nuestras reivindicaciones son justas y creemos que hemos abierto unos puentes de diálogo que si la empresa quiere sentarse a dialogar, nosotros estaríamos dispuestos", ha asegurado Martínez.

Y ha recordado que el mes pasado estuvieron dos semanas en el Orecla pero, ha apuntado, todo eran "líneas rojas" por parte de la mesa y, "si en una mesa de diálogo se empiezan a poner líneas rojas, es muy difícil querer avanzar".

Martínez ha destacado que su máxima reivindicación es que haya contrataciones, algo que para la compañía es una línea roja.

"No lo entendemos, aquí siempre hemos tenido entrada de gente y llevamos un año y medio en el que no ha entrado nadie", ha añadido el presidente del comité de empresa, quien ha apuntado que al comité le gustaría reunirse con el consejero de Industria, Eduardo Arasti, para que escuche sus reivindicaciones que "no son otras que fomentar la contratación en la región".

Durante los días que dure este conflicto y no haya una solución, Martínez ha asegurado que los trabajadores se concentrarán frente a las puertas de la fábrica cántabra a las 14.00 horas a modo de protesta acompañados de la pancarta "Basta ya de sobrecargar a los trabajadores, respeto a los puestos de trabajo".

Fuentes de la empresa han respondido a EFE que la compañía no va a hacer declaraciones relacionadas con esta huelga en la fábrica de Altadis en Entrambasaguas, que produce cigarros y puritos y cuenta con una plantilla en Cantabria de 151 trabajadores. EFECOM

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Madrid, 20 ene (EFECOM).- El sindicato CCOO ha exigido a la SEPI y a Correos la aplicación inmediata del incremento salarial del 0,5 % en la entidad postal en todos los conceptos salariales de las nóminas, a tenor del Acuerdo de Función Pública de octubre de 2022.

El sindicato señala en una nota que, con este incremento, el personal de Correos consolidará una subida salarial fija del 9,8 % en el periodo 2022-2024.

Ha valorado esta subida como "un importante avance" en el reconocimiento económico del colectivo y recuperando "una parte importante" del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Los sindicatos negocian en la actualidad el acuerdo laboral de Correos, que incluye un nuevo convenio colectivo, bajas voluntarias incentivadas y otros incentivos generales e individuales. EFECOM

Madrid, 19 ene (EFE).- UGT, sindicato mayoritario en Telefónica, solicitará una reunión con el nuevo presidente del operador, Marc Murtra, para expresarle su disposición a mantener el "clima de diálogo y concertación" que existe en las relaciones laborales en la compañía desde hace décadas.

Según ha informado en una nota de prensa este domingo, el sindicato quiere además en esta reunión conocer los proyectos del nuevo consejo de administración que pudieran afectar a las condiciones laborales de las plantillas a medio y largo plazo.

UGT ha recordado que el modelo de interlocución que ha existido hasta ahora en la multinacional española se ha traducido "sin duda" en importantes beneficios para la propia empresa, que ha podido afrontar sus proyectos desde la paz social y la estabilidad, y para los trabajadores, que han visto protegidas sus condiciones laborales.

El sindicato ha considerado que es "imperativo" dotar de estabilidad institucional a Telefónica, teniendo en cuenta que no sólo es una de las empresas más importantes del país, sino que es fundamental para facilitar el desarrollo tecnológico de las pymes y resulta estratégica para mantener una independencia tecnológica y económica.

Además, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a las plantillas, en cuanto que los acuerdos alcanzados en la compañía siguen vigentes y proporcionan todas las garantías necesarias para el mantenimiento de las condiciones sociolaborales de los empleados.

UGT ha emitido este comunicado un día después de que Marc Murtra, presidente de Indra, haya sido elegido presidente de Telefónica en sustitución a José María Álvarez-Pallete. EFE

La discusión en torno a la continuidad de Augusto Rodríguez Ballesteros como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha tomado un nuevo giro, luego de que la Procuraduría General de la Nación determinara que la edad de retiro forzoso no es aplicable en su caso.

Así lo hizo saber el procurador Gregorio Eljach en una carta dirigida a Yesid Barragán Ríos, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep), que había solicitado la salida del funcionario por haber superado los 70 años de edad.

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La controversia surgió a raíz de un concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitado por el mismo sindicato, en el que se planteaba que, al superar dicha edad, Rodríguez debía retirarse automáticamente del cargo. No obstante, la UNP solicitó una aclaración sobre ese concepto, argumentando que la entidad es una unidad administrativa especial con personería jurídica, lo que le otorga un régimen jurídico diferente al de otras entidades del Estado.

“No se evidencia una conducta que contrarie la norma vigente”: procurador

En su respuesta formal, fechada el 9 de abril de 2025, la Procuraduría explicó que el cargo de director de la UNP se encuentra expresamente exceptuado de la norma general de retiro forzoso a los 70 años, gracias a su carácter de entidad descentralizada del orden nacional.

“La persona mayor de 70 años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se trate de ocupar los cargos de: (...) 5. Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas”, detalló.

Según argumentó Eljach, este apartado aplica de forma directa al caso de Rodríguez, en la medida en que la Unidad Nacional de Protección fue creada mediante el Decreto 4065 de 2011 como una unidad administrativa especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio. Además, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, las unidades con estas características son consideradas entidades descentralizadas.

“Por tanto, el cargo de director de la UNP se encuentra expresamente exceptuado de la aplicación del límite de edad de 70 años para el ejercicio de funciones públicas”, puntualizó el procurador.

En su misiva, la Procuraduría también recordó que su función es vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, más no intervenir en las decisiones administrativas de las entidades públicas. En consecuencia, dejó claro que cualquier decisión sobre la continuidad o remoción de Rodríguez corresponde exclusivamente al nominador, en este caso la Presidencia de la República.

“Es necesario señalar que el órgano de control no coadministra ni interfiere en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”, se lee en la carta firmada por Eljach.

Por tanto, mientras no se configure una violación normativa, no hay lugar a exigir la salida del director de la UNP. “No se evidencia una conducta que contrarie la norma vigente que regula las excepciones a la edad de retiro forzoso”, concluyó el pronunciamiento.

A pesar de la claridad jurídica ofrecida por la Procuraduría, el debate en torno a la permanencia de Rodríguez no parece ceder. El sindicato Asep ha insistido en que la aplicación del retiro forzoso debería ser homogénea para todos los funcionarios del Estado, sin distinción por el tipo de entidad.

En su solicitud inicial, Barragán Ríos pedía que la Procuraduría conminara tanto a la Presidencia de la República como al Ministerio del Interior para hacer efectiva la salida del director.

No obstante, la respuesta del Ministerio Público cierra por ahora la posibilidad de una acción directa, al menos desde el punto de vista normativo. La discusión, en todo caso, pone de relieve las tensiones internas dentro de la UNP y la complejidad jurídica que rodea el régimen de las entidades descentralizadas.

Barcelona, 7 ene (EFE).- La candidatura de Belén López Sánchez a la secretaría general de CCOO de Cataluña es la única que se ha presentado para ocupar este cargo una vez cerrado el plazo para recoger los avales necesarios de los afiliados.

La comisión promotora de su candidatura ha conseguido más de 6.000 firmas dentro del plazo establecido, que iba del 4 de noviembre de 2024 al 4 de enero de 2025, superando así la cifra mínima necesaria, que es de 1.000, según ha informado CCOO este martes en un comunicado.

Los avales de la candidatura se han presentado ante la secretaría de organización, que ahora debe iniciar el proceso de verificación para certificar el número total de firmas.

En estos momentos, Belén López Sánchez es la única candidata a la secretaria general que se ha presentado, por lo que muy probablemente será la persona que relevará en la dirección del sindicato a Javier Pacheco, que decidió no optar a un tercer mandato.

Pacheco fue elegido por primera vez secretario general de CCOO de Catalunya en abril de 2017 y fue reelegido en el congreso de 2021.

El dirigente sindical aseguró en el momento de renunciar a la reelección que buscaba facilitar la renovación en la cúpula de CCOO de Cataluña y promover la incorporación de mujeres. EFE

Las siderúrgicas Nippon Steel Corporation y United States Steel Corporation (US Steel) han presentado este lunes una denuncia contra el bloqueo impuesto la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su operación de compraventa.

El pasado 3 de enero, Biden bloqueó por razones de seguridad nacional la adquisición de US Steel por parte de la siderúrgica japonesa en una transacción valorada en casi 15.000 millones de dólares (14.536 millones de euros).

En un comunicado conjunto, ambas compañías acusan al mandatario de "ignorar el Estado de Derecho" y "ganarse el favor del sindicato de United Steelworkers" para que "apoyaran su agenda política" en lo que describen como una "injerencia política ilegal en el proceso".

"Las acciones legales de hoy demuestran el compromiso continuo de Nippon Steel y US Steel para completar la transacción", han añadido en su comunicado.

"Nippon Steel y US Steel siguen confiando en que la transacción es el mejor camino a seguir para asegurar el futuro de US Steel, y defenderemos enérgicamente nuestros derechos para lograr este objetivo", zanjan ambas compañías.

En el marco de la “Mesa de Diálogo”, representantes de las organizaciones gremiales y autoridades de Aduana mantuvieron una reunión con el objetivo de abordar la discusión salarial y otras cuestiones de interés para los trabajadores. Sin embargo, tras el encuentro, no se logró alcanzar un acuerdo, lo que llevó a la reanudación de las medidas de fuerza por parte de los gremios.

A pesar de los intentos de negociación, las autoridades del organismo desestimaron la propuesta gremial, lo que, según los sindicatos, impide avanzar en la resolución de las cuestiones salariales pendientes.

Por su parte, los sindicatos insisten en que han realizado todos los esfuerzos posibles para mantener la paz social y garantizar la operatividad del organismo. Sin embargo, sostienen que sin un compromiso de las autoridades para avanzar en soluciones concretas, las medidas de fuerza continuarán hasta lograr respuestas que atiendan sus reclamos.

Tensión en aumento

El conflicto laboral se encuentra atravesado por una causa judicial que, según los gremios, ha sido impulsada por decisiones del Sector Oficial. En este sentido, denunciaron que las acciones tomadas por el organismo han obligado a las organizaciones sindicales a recurrir a la justicia para garantizar los derechos de los trabajadores y frenar lo que consideran “un atropello” a sus condiciones laborales.

Desde los sindicatos se expresó la voluntad de resolver el conflicto judicial en curso, siempre que se garantice el derecho a la estabilidad laboral y la inaplicabilidad del régimen de disponibilidad previsto en la Ley de Empleo Público Nacional. En este sentido, remarcaron la importancia de que se respete la protección actualmente brindada por la medida cautelar vigente en favor de los trabajadores.

Como resultado de la falta de acuerdo, la comisión directiva de SUPARA resolvió: “Decretar paro de actividades los días martes 25 y miércoles 26 de marzo, en el horario de 10 a 16 horas, con presencia en los respectivos lugares de trabajo, apagando la PC asignada a cada agente y sin afectación ni entorpecimiento del turismo internacional de pasajeros en los distintos puntos de frontera terrestres, fluviales, marítimos y aéreos. Quedan exceptuadas de estas medidas de fuerza todas las operaciones aduaneras vinculadas con razones humanitarias y/o de salud pública”.

Un nuevo capítulo

El presente conflicto es continuación de una serie de reuniones, negociaciones y medidas de fuerza que se vienen sucediendo entre las autoridades de la Aduana y los gremios, sobre las mismas problemáticas, pero sin lograr alcanzar un acuerdo definitivo.

Anteriormente, los gremios habían anunciado un cese de actividades de los trabajadores para los días 20, 21, 27 y 28 de febrero, el cual fue llevado adelante las dos primeras jornadas, mientras que las medidas correspondientes a los días siguientes fueron finalmente suspendidas.

En dicha oportunidad, desde el sindicato indicaron que, “ante la inminencia de las medidas de fuerza previstas para los días jueves 27 y viernes 28 de febrero, el Sector Oficial ha propuesto aperturar una mesa de diálogo con la finalidad de tratar los temas de nuestro interés”, por lo que “frente a este proceso de diálogo Oficial, las representaciones gremiales hemos resuelto suspender las medidas de fuerza anunciadas para los días 27 y 28 de febrero”.

Finalmente, la falta de un acuerdo entre las partes motivó el anuncio de estas dos nuevas jornadas de paro, que suman una nueva problemática a la ya compleja gestión del comercio exterior argentino.

El modelo laboral de Rappi en Colombia está a punto de transformarse radicalmente. Luego de años de denuncias sobre las precarias condiciones laborales de los repartidores, el Ministerio del Trabajo logró mediar un acuerdo entre la multinacional y el sindicato de domiciliarios en Medellín.

Este pacto marca un hito en la lucha por los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, quienes por primera vez alcanzan consensos significativos con la compañía.

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El camino hacia este acuerdo no fue sencillo. Desde septiembre de 2024, el Ministerio del Trabajo inició inspecciones a los puntos operativos de Rappi para evaluar si la empresa cumplía con las condiciones mínimas de seguridad y derechos laborales. En su momento, la exministra Gloria Inés Ramírez explicó que la revisión buscaba atender las constantes quejas de los repartidores. “Se deben garantizar los derechos laborales. Las inspecciones nos permitirán conocer de primera mano las condiciones reales de las y los repartidores con el fin de llevarlas a las mesas de diálogo que adelantamos con las directivas de Rappi y el sindicato de plataformas digitales de reparto”, afirmó.

Tras varios meses de negociaciones y mediaciones del Ministerio del Trabajo, el 14 de marzo de 2025, Rappi S. A. S y la Unión Sindical de Mensajeros de las Tiendas Turbo (USMTT) lograron un acuerdo parcial que beneficiará a aproximadamente 700 trabajadores en Medellín. Este consenso busca mejorar las condiciones laborales de los repartidores, garantizando el respeto a sus derechos fundamentales y brindando mejoras en su entorno de trabajo.

Puntos clave del acuerdo

Entre los puntos más destacados del acuerdo se encuentra la garantía del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa para todos los domiciliarios de las tiendas Turbo de Medellín. En este sentido, se ajustó el procedimiento actual y se eliminaron siete causales de inhabilitación de las cuentas “Soy Rappi”, lo que permitirá a los trabajadores mayor estabilidad en su labor.

Además, las nueve tiendas Turbo en Medellín deberán contar con unidades sanitarias, acceso a hidratación, zonas seguras de parqueo y personal de limpieza pagado por la empresa, con el fin de garantizar la higiene y el aseo en los lugares de trabajo. Estas medidas buscan mejorar significativamente las condiciones en las que los repartidores desempeñan su labor diaria, brindando espacios más seguros y dignos para su actividad.

Sin embargo, uno de los puntos cruciales del acuerdo aún está en discusión: el aumento de la tarifa base por pedido. Actualmente, los domiciliarios reciben $3.400 (aproximadamente 0,82 dólares) por entrega, una cifra que, según los trabajadores, es insuficiente para garantizar ingresos dignos.

El próximo encuentro entre las partes, programado para el 9 de abril de 2025, tendrá como objetivo concertar una modificación a este pago base, lo que podría impactar directamente el sustento de los repartidores.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la importancia de este proceso, señalando que “de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Convenio 151 y 154 de la OIT, la negociación colectiva no puede obstaculizarse por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo. Nuestro actuar debe estar enmarcado en proteger laboralmente las nuevas modalidades de trabajo, como las plataformas digitales y sobre todo, que las personas más vulnerables cuenten con trabajo digno y decente”.

Por su parte, el director territorial del Ministerio del Trabajo en Antioquia, Fabio Andrés González García, resaltó la relevancia del diálogo tripartito entre la empresa, el sindicato y el Gobierno. Según él, la voluntad de las partes ha sido fundamental para avanzar en la construcción de condiciones laborales más justas y dignas.

El proceso de negociación ha sido catalogado como “atípico en el ordenamiento jurídico colombiano”, pues Rappi ha insistido en que sus repartidores no son empleados directos, sino contratistas independientes. No obstante, las mediaciones del Ministerio han permitido que la empresa acceda a mejorar las condiciones de trabajo sin modificar su modelo de vinculación.

En diciembre de 2023, Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa encargada de operar el ducto que transporta gas natural desde Camisea, despidió a 20 trabajadores, de los cuales 14 eran miembros del recién formado Sindicato Unitario de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP). Este hecho, que ha sido calificado como una violación a los derechos laborales, ha generado una fuerte controversia en el país, donde la sindicalización es limitada y enfrenta múltiples obstáculos.

El despido masivo ocurrió apenas nueve días después de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reconociera oficialmente al sindicato, creado el 2 de noviembre de 2023. Entre los cesados se encuentran Vladimir Salhuana, secretario general del SUTRATGP, y otros cuatro miembros de la junta directiva.

Salhuana, quien trabajó durante 11 años en TGP, denunció que los despidos fueron una represalia directa por la formación del sindicato y un intento de la empresa por desincentivar cualquier tipo de organización laboral. “Nos despidieron por organizarnos y buscar sentarnos con los ejecutivos de la empresa para revisar las condiciones laborales. Lo realizado por TGP es una advertencia para que nadie más exprese nunca una discrepancia”, afirmó.

Irregularidades en los despidos y denuncias legales

El abogado del sindicato, Christian Sánchez, señaló que los despidos se llevaron a cabo de manera irregular, violando la legislación laboral peruana. Según explicó, las notificaciones de despido fueron enviadas el 29 de diciembre de 2023, pero algunos trabajadores no recibieron la carta formal requerida por ley. Además, varios de los afectados se encontraban en períodos protegidos, como vacaciones o descansos, lo que contraviene las normativas laborales nacionales.

Sánchez también destacó que los trabajadores despedidos estaban amparados por el fuero sindical, que les otorgaba protección hasta el 14 de febrero de 2024. A pesar de ello, TGP procedió con las terminaciones laborales, incluso después de que el sindicato notificara formalmente su inscripción el 22 de diciembre de 2023 a través del portal institucional de la empresa. Un peritaje confirmó la validez de esta notificación, lo que refuerza las denuncias de que los despidos fueron una represalia directa contra la sindicalización.

La defensa de TGP y su versión de los hechos

En respuesta a las acusaciones, TGP emitió un comunicado en el que negó que los despidos estuvieran relacionados con la formación del sindicato. Según la empresa, el cese de los 20 trabajadores fue parte de un proceso de reorganización y optimización de sus operaciones. TGP, que actualmente plantea ampliar su contrato e invertir 2.000 millones de dólares en el Perú, aseguró que no tenía conocimiento de la existencia del sindicato al momento de los despidos, una afirmación que, según indicaron, ya ha sido reconocida judicialmente.

La empresa argumentó que todos los trabajadores despedidos ocupaban cargos de confianza, como coordinadores, supervisores o jefes de área, y que las negociaciones relacionadas con el proceso de reorganización incluyeron a estos empleados. Además, TGP afirmó que ofreció a los trabajadores cesados la posibilidad de firmar acuerdos de mutuo disenso, que incluían compensaciones superiores a los 200.000 soles, además de los beneficios legales correspondientes. Según el comunicado, aquellos que rechazaron esta oferta recibieron indemnizaciones por despido arbitrario, las cuales fueron cobradas por la mayoría de los afectados.

Multas y sanciones contra TGP

A raíz de las denuncias presentadas por los trabajadores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) impuso sanciones económicas a TGP por obstruir las inspecciones laborales. En Ayacucho, la empresa fue multada con 190.148,25 soles por negarse a entregar el cuadro de categorías y funciones, un documento clave para verificar la supuesta condición de confianza de los trabajadores despedidos. En Cusco, TGP recibió otra multa de 27.089 soles por no facilitar información requerida por los inspectores laborales.

Estas sanciones reflejan la gravedad de las irregularidades denunciadas, ya que el cuadro de categorías y funciones es esencial para determinar si los trabajadores despedidos realmente ocupaban puestos de confianza, como sostiene la empresa. Según el abogado Christian Sánchez, TGP habría clasificado de manera irregular a los empleados como personal de confianza con el objetivo de evitar la formación del sindicato.

Un caso emblemático en un contexto de baja sindicalización

El caso de TGP pone en evidencia las dificultades que enfrentan los trabajadores en Perú para organizarse sindicalmente. Con una tasa de sindicalización urbana de apenas el 2,2 %, según el MTPE, los sindicatos son una herramienta poco utilizada en el país, en parte debido a la falta de protección efectiva frente a represalias empresariales. La creación del SUTRATGP representó un hito para los empleados de la empresa, quienes buscaban mejorar sus condiciones laborales en un sector estratégico como el energético.

Sin embargo, los despidos masivos y las denuncias de represalias han generado preocupación entre expertos y organizaciones laborales, quienes consideran que este caso podría sentar un precedente negativo para otros intentos de sindicalización en el país. Mientras tanto, los trabajadores despedidos continúan luchando por su reincorporación y por el reconocimiento de sus derechos, en un proceso que podría prolongarse en los tribunales.

El impacto en el sector energético y la reputación de TGP

Como operador del ducto que transporta gas natural desde Camisea, TGP desempeña un papel clave en el sector energético peruano. Sin embargo, las denuncias por violaciones laborales podrían afectar la reputación de la empresa y generar cuestionamientos sobre sus prácticas internas. Aunque TGP ha reiterado su compromiso con el respeto a los derechos laborales y al cumplimiento de las resoluciones judiciales, el caso sigue siendo un tema de debate público y podría tener implicaciones más amplias para el sector empresarial en Perú.

Este conflicto laboral no solo pone en el centro de atención a TGP, sino que también resalta la necesidad de fortalecer la protección de los derechos laborales en el país, especialmente en sectores estratégicos donde los trabajadores enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Pamplona, 17 dic (EFECOM).- La plantilla de la fábrica de BSH en Esquíroz ha anunciado movilizaciones ante el anuncio de la compañía de cerrar la fábrica que cuenta con más de seiscientos trabajadores.

La dirección de BSH dio a conocer el lunes su intención de iniciar el proceso para clausurar esta planta de fabricación de frigoríficos y lavavajillas compactos al considerar que ha dejado de ser competitiva".

Ante la "inesperada" noticia, según reconocieron fuentes sindicales, se celebraron asambleas informativas en la planta para analizar la situación y se realizaron las primeras declaraciones contrarias a la decisión empresarial tanto desde el ámbito sindical como político.

Con el objeto de protestar contra el cierre, la plantilla se concentrará mañana, miércoles, a mediodía frente al Parlamento de Navarra y se manifestará el sábado por las calles de la capital, movilizaciones que ya han recabado el apoyo de formaciones políticas como Contigo-Zurekin que ha animado a la ciudadanía a participar en ambas. EFECOM

Madrid, 16 dic (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha emitido este lunes un comunicado en el que transmite su "enhorabuena" a Rafael Louzán, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y le desea "lo mejor para esta nueva etapa que se inicia en el fútbol español".

"AFE traslada al nuevo presidente su plena disposición para trabajar de la mano y afrontar con optimismo y decisión los desafíos que todas las instituciones tenemos por delante", señala el sindicato.

Y agrega que "hoy más que nunca es necesario construir puentes entre todas las organizaciones porque sólo una franca y abierta colaboración nos hará más efectivos y también fortalecerá al fútbol español".

La AFE subraya que, "como sindicato de referencia en España, como representante de miles de futbolistas, debe desempeñar un papel primordial en el futuro de nuestro fútbol".

"El sindicato de jugadores y jugadoras es un pilar esencial en este deporte y su opinión debe ser fundamental en cualquier toma de decisiones porque todas ellas afectan a los y las futbolistas, que son los y las grandes protagonistas", incide.

"Todos juntos afrontamos un reto tan ilusionante como es la organización del Mundial 2030. Un formidable desafío que exigirá un alto nivel de coordinación, colaboración, compromiso y gestión por parte de todas las instituciones. AFE quiere y debe ser parte de este proceso como representante de los futbolistas, actores principales en un evento de tal magnitud", concluye. EFE

Londres, 16 dic (EFE).- El Gobierno británico dio este lunes el visto bueno a la venta de la compañía International Distribution Services (IDS), propietaria de la antigua empresa estatal de correos del Reino Unido Royal Mail, al multimillonario checo Daniel Kretinsky, por 3.600 millones de libras (4.330 millones de euros)

La luz verde del Ejecutivo de Londres a la adquisición por parte del dueño de la firma energética EP Group permitirá que el histórico servicio postal británico pase a propiedad extranjera por primera vez.

Kretinsky indicó que ha llegado a un "compromiso legalmente vinculante" con el Gobierno para la adquisición de IDS con el objetivo de "salvaguardar el importante papel que desempeña Royal Mail en el Reino Unido".

El EP Group también reveló que se ha llegado a acuerdos con los grupos sindicales Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWE, en inglés) y United.

Kretinsky y la matriz IDS llegaron a un acuerdo el pasado mayo, pero llevaban desde entonces esperando que llegara la autorización del Ejecutivo, que debe sancionar la compra dada la importancia nacional de Royal Mail y del servicio postal en este país.

Cuando anunció su propuesta de compra, Kretinsky ya se comprometió a mantener el nombre de la marca y la sede central y residencial fiscal de Royal Mail en el Reino Unido durante los próximos cinco años, además de hacer una serie de promesas a fin de proteger las obligaciones del servicio de la compañía.

El multimillonario checo también ha hecho concesiones para obtener la autorización gubernamental, entre ellas permitir que los trabajadores obtengan el 10 % de cualquier dividendo que se le pague.

Según el acuerdo, el Ejecutivo mantendrá una llamada "participación dorada" en el servicio postal, lo que significa que tendrá que autorizar cualquier cambio que se efectúe en la propiedad de Royal Mail, en la ubicación de su sede central y su residencia fiscal.

El pasado viernes, Royal Mail fue multado con 10.500 millones de libras (12.600 millones de euros) por el organismo regulador Ofcom por no haber cumplido con sus objetivos de entregas postales durante el año fiscal 2023-24. Se trató de la segunda multa que recibe en un periodo de dos años tras haber sido sancionado con otra en noviembre de 2023 por 5.600 millones de libras (6.700 millones de euros).

En declaraciones hechas hoy a la BBC, la consejera delegada de Ofcom, Melanie Dawes, dijo que "obviamente el Gobierno ha dado luz verde al acuerdo hoy, pero el foco de Ofcom es asegurarse de que Royal Mail cumple (con sus obligaciones) con sus clientes". EFE

Más de seis guionistas han dimitido en el último año de sus cargos como miembros de la comisión de la especialidad de guión de la Academia de Cine, y en algunos casos, como miembros de la Junta Directiva, por la presencia entre ellos de un académico señalado en 2021 por presunto acoso sexual.

Así, según ha informado el sindicato de guionistas ALMA, se trata de Luis María Ferrández Goonzález, acusado según informaciones del Diario.es, por varias mujeres por haberse "aprovechado de su faceta de cineasta y profesor para acosarlas sexualmente".

Desde el sindicato aseguran que estas informaciones fueron "puestas en conocimiento" de la Junta Directiva de la Academia y que, sin embargo, no se ha apartado al académico de sus responsabilidades, lo que ha motivado a varios guionistas a dimitir de sus funciones mientras Ferrández "siga formando parte de ellos".

"El Código de Buen Gobierno del sindicato exige prestar especial atención al ámbito docente y a las dinámicas formativas en las que hay situaciones de superioridad, autoridad, admiración o influencia. Ese código implica también que las personas que representen a la profesión en las entidades del ámbito audiovisual deberían tener la formación, la experiencia y la trayectoria ética necesarias para desempeñar esas tareas", sigue ALMA en un comunicado.

En ese sentido, el sindicato ha apoyado la decisión de sus afiliados ya que "cualquier persona que manifieste ese tipo de comportamientos", consideran que no es digna representante de la profesión.

Octavio Argüello será el nuevo secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de Argentina, el principal sindicato del país, después de la salida de Pablo Moyano hace ahora dos semanas.

Así lo han anunciado distintos medios locales este lunes, a la espera de la confirmación oficial por parte del propio sindicato, que está encabezado por un triunvirato compuesto por Carlos Acuña y Héctor Daer, a los que ahora se suma Argüello en sustitución de Pablo Moyano.

Moyano presentó su renuncia por falta de apoyos para convocar un nuevo paro nacional en Argentina a finales de año contra el presidente del país, Javier Milei, acusando a los responsables de la CGT de tener un perfil muy pacifista respecto a las políticas implementadas por el Gobierno.

La decisión de incluir a Argüello en la dirección de la CGT se atribuye a Hugo Moyano, el exlíder del sindicato y padre de Pablo Moyano, alejado de las posiciones de su hijo y de la primera línea sindical hasta hace poco tiempo, cuando se le ha vuelto a ver con intención de volver a dar la batalla.

Argüello, de 62 años, tiene una larga trayectoria sindical en el sector de los camioneros, siendo delegado del sindicato que agrupa a este sector. Además, estuvo ligado a la actividad política, y ha ejercido como diputado nacional.

La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) denunció el asesinato del docente Jorge Enrique Cano Jaramillo, quien trabajaba en una institución educativa rural del municipio de Santo Domingo.

A través de un comunicado, la organización expresó su rechazo ante este hecho violento y pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido.

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“La Junta Directiva de ADIDA y su Comisión de Derechos Humanos, rechazan de manera enérgica y categórica el vil asesinato del compañero docente Jorge Enrique Cano Jaramillo, quien laboraba en la I.E.R. Roberto López”, se lee en la declaración.

El cuerpo sin vida del maestro fue encontrado en la vereda Sofía, sobre la vía Nacional, en la mañana del 7 de febrero. Miembros de la comunidad informaron de inmediato a la Policía en Santo Domingo, que acudió al lugar para verificar la situación.

Las autoridades que atendieron el caso confirmaron que la víctima presentaba heridas de bala. Por ello, ADIDA hizo un llamado urgente para que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los docentes en Antioquia. “Exigimos a las autoridades competentes que se esclarezcan los hechos y se garantice la labor docente en cada uno de los escenarios. Invitamos a los diferentes actores a que se respete la vida y se reconozca ‘La escuela como territorio de paz’”, finalizó el sindicato.

Reacciones tras el asesinato

El fallecimiento de Cano Jaramillo generó consternación en la comunidad educativa y autoridades locales. Desde la Alcaldía de Santo Domingo, lamentaron la pérdida y destacaron su compromiso con la formación de niños y jóvenes en la región.

“Enviamos nuestro apoyo y fortaleza a sus seres queridos, confiando en que su legado vivirá en los corazones de quienes lo conocimos”, expresó la administración municipal en un comunicado.

El gobierno local de Cisneros también se pronunció, ya que el docente era esposo de una concejal de esa localidad. “Nuestra alcaldesa Lina María Correa Valencia y todo su equipo de trabajo de la Administración municipal, lamenta la inesperada partida de Jorge Enrique Cano Jaramillo, docente, comerciante de nuestro municipio y esposo de nuestra concejala Viviana Marcela Giraldo Florez”, manifestaron desde la Alcaldía.

Por otro lado, en el municipio de Yolombó, donde Cano Jaramillo también había trabajado como profesor, se recordó su dedicación a la enseñanza y el impacto que dejó en sus estudiantes. “Durante su trayectoria, dedicó parte de su vida a inspirar y formar a muchas generaciones en nuestro querido Yolombó, dejando un legado de conocimiento y dedicación que perdurará en la memoria de quienes lo conocieron”, señalaron.

El asesinato de este educador ha reavivado el debate sobre la seguridad de los docentes en zonas rurales y la necesidad de fortalecer medidas de protección para garantizar su integridad.

El Sindicato de Trabajadores del Congreso respondió con firmeza a las recientes declaraciones de la vicepresidenta del Legislativo, Patricia Juárez, quien sugirió que el Parlamento podría operar con la mitad del personal actual, puesto que la institución enfrenta un “incremento inusitado” en los últimos años, con aproximadamente 3,900 trabajadores.

El dirigente sindical Tulio Vizcarra expresó su desacuerdo y señaló que, en lugar de reducir el personal general, debería revisarse el número de trabajadores asignados a los despachos congresales y las comisiones parlamentarias. Vizcarra destacó que, en los últimos años, el número de trabajadores en los despachos de los congresistas ha crecido significativamente. Según detalló, anteriormente estos despachos funcionaban con cuatro personas, pero ahora cuentan con siete. Además, mencionó que las comisiones ordinarias también han incrementado su personal de confianza, lo que, en su opinión, ha contribuido al aumento del personal en el Congreso.

El dirigente sindical también criticó la creación de 25 comisiones especiales en el Congreso, las cuales, según él, solo han servido para justificar la contratación de más personal en los despachos de los congresistas. Incremento no responde a necesidades reales de trabajo legislativo, sino a intereses políticos.

Juárez pide reorganización del personal

Juárez señaló que el Congreso “podría perfectamente funcionar con el 50% del personal que tiene actualmente”. Además, destacó que la situación actual exige una reorganización del personal, especialmente considerando que, a partir de 2026, el número de legisladores aumentará con la incorporación de 60 nuevos senadores y diputados, lo que también implicará la creación de más comisiones.

La legisladora explicó que la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, ya ha planteado medidas para abordar esta problemática. Entre las propuestas se encuentra la limitación del número de trabajadores asignados a los despachos congresales, con el objetivo de optimizar los recursos humanos disponibles. “Tenemos que restringir para los senadores un número acotado de personas que tienen que trabajar en sus oficinas”, afirmó Juárez, quien insistió en la necesidad de una reorganización integral del personal.

Las seis jefaturas del Fujimorismo

La actual distribución de jefaturas por la Mesa Directiva ha puesto de relieve la influencia de Fuerza Popular en la estructura administrativa del Parlamento, al ocupar seis departamentos, según reveló un informe del diario La República.

Entre las posiciones asignadas a personas relacionadas con el partido naranja destacan el Departamento de Biblioteca, el Departamento de Investigación Parlamentaria, el Fondo Editorial del Congreso y la Oficina de Participación Ciudadana. Estas áreas son fundamentales para el funcionamiento administrativo y legislativo del Parlamento, lo que subraya la relevancia de los nombramientos realizados.

El Departamento de Biblioteca está bajo la dirección de Diethell Columbus, excongresista y figura conocida dentro del ámbito político. Su experiencia en el Congreso ha sido reconocida, aunque su designación no ha estado exenta de críticas debido a la percepción de que responde a intereses partidarios. Por otro lado, el Departamento de Investigación Parlamentaria está a cargo de José Francisco Recoba, un médico pediatra cuya trayectoria profesional se centra en el ámbito de la salud. Este nombramiento ha generado controversia, ya que su perfil no parece alinearse con las competencias técnicas necesarias para liderar un área de investigación legislativa.

El Fondo Editorial del Congreso, otra de las jefaturas ocupadas por Fuerza Popular, está dirigido por la excongresista Karina Beteta, mientras que la Oficina de Participación Ciudadana es liderada por Milagros Salazar, también vinculada a esta agrupación política. Estas designaciones han sido señaladas como ejemplos de cómo el partido ha consolidado su influencia en la estructura administrativa del Parlamento.

El sindicato UGT ha denunciado públicamente este jueves que el Patronato de la Alhambra y Generalife, que mantuvo abierto este pasado miércoles el monumento nazarí con atención a las recomendaciones de Protección Civil derivadas de la alerta naranja activada por la Aemet en Granada, "puso en peligro la integridad" de sus trabajadores "ante los avisos de lluvia intensa".

Así lo ha apuntado la UGT en una nota de prensa en la que ha criticado lo que ha considerado como "inacción" del patronato a la hora de "avisar los trabajadores del peligro meteorológico". En concreto, desde el sindicato han señalado que este pasado miércoles el personal de Visita Pública "tuvo que incorporarse a su puesto de trabajo, a pesar de los avisos por fenómenos meteorológicos adversos".

"Si bien sabemos que el cierre de un monumento tan emblemático como es la Alhambra supone una serie de actuaciones previas que son complejas, la apertura del conjunto monumental puso en peligro tanto al personal como a quienes acudieron al monumento para realizar su visita, teniendo constancia, además, de que nunca se ha hecho un simulacro de evacuación de los distintos recintos integrados en la visita pública", han aseverado desde UGT.

A ello hay que sumar según el sindicato que algunos de los trabajadores acuden diariamente a la Alhambra desde sus domicilios situados tanto en la costa como en comarcas de la Cuenca del Genil, zonas meteorológicas en las que estaba activado el aviso naranja por lluvias intensas.

Por todo ello UGT se ha referido a "la indiferencia o impasibilidad" que a su parecer "la dirección ha demostrado hacia estos trabajadores", una "falta de empatía" que ha añadido que "no se ha extendido al personal tanto funcionario como laboral que trabaja en las oficinas del administración del monumento, que sí tuvieron la oportunidad de no acudir a su centro de trabajo y proteger su integridad".

Barcelona, 10 nov (EFE).- Un juez investiga a cinco representantes sindicales a raíz de la denuncia de la exdirectora del Instituto Duc de Montblanc de Rubí (Barcelona), que sostiene que la calumniaron y la difamaron acusándola de forma pública y "totalmente falaz" de acoso laboral a profesores del centro para forzarla a dimitir.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 5 de Rubí ha acordado investigar a los cinco portavoces y representantes sindicales, a quien la entonces directora del instituto, que acabó dimitiendo tras sufrir un cuadro de ansiedad por esta campaña de "hostigamiento", acusa de los delitos de coacciones, injurias y calumnias.

La denunciante, que fue nombrada directora del Instituto Duc de Montblanc en julio de 2022, sostiene que los representantes sindicales intentaron "desprestigiar" su imagen y honor, atribuyéndole "falsamente" acoso laboral a algunos profesores del centro, en una campaña de "hostigamiento" para forzarla a dimitir.

Y todo ello debido a la "animadversión" que una de las investigadas, profesora del instituto de Rubí y a la vez representante sindical, tuvo con la denunciante una vez fue nombrada directora.

La campaña de "hostigamiento" se mantuvo, según la exdirectora, hasta el punto de que el 28 de febrero pasado miembros del claustro de profesores del instituto convocaron una asamblea para paralizar la intención de varias organizaciones sindicales, entre ellas las de los investigados, de convocar una rueda de prensa para hacer pública la situación de "acoso laboral" en el centro.

En la asamblea, uno de los investigados se refirió a más de diez casos de acoso laboral en el centro educativo por parte de la entonces directora, pese a que la mayor parte de los docentes asistentes no solo lo desmintieron sino que mostraron su rechazo absoluto y su falta de consentimiento a exponer en público estas denuncias, según el escrito.

Pese a ello, los investigados emitieron al día siguiente un comunicado con "contenido injurioso" y ofrecieron una rueda de prensa a las puertas del colegio, aprovechando la hora del recreo, en horario escolar, con acusaciones de acoso laboral "a sabiendas de su falsedad", con el único fin, según la denuncia, de "difamar, desprestigiar y desmerecer" la imagen de la directora y forzarla a dimitir.

La denuncia sostiene que los investigados "en modo alguno" actuaron amparados por el legítimo derecho a la libertad sindical, ya que era evidente que su "única finalidad" era desprestigiar y difamar a la directora, atribuyéndole "conductas ilícitas de forma totalmente falaz" para forzar su dimisión, pese a que la mayoría de los docentes del centro habían desmentido estas acusaciones en la asamblea.

Debido a estos hechos, la directora sufrió un cuadro de ansiedad, por el que tuvo que cogerse la baja por incapacidad temporal, tras lo cual tomó la decisión, "evidentemente forzosa", según la denuncia, de dimitir de su cargo "para salvaguardar su estado de salud".

Por el contrario, la denuncia sostiene que un inspector del departamento de Educación, tras una reunión extraordinaria del consejo escolar de mayo pasado, concluyó que no se percibió ningún tipo de discriminación ni maltrato de forma generalizada por parte de la dirección del centro y subrayó que no habían recibido ninguna denuncia contra la directora. EFE

México está dentro de los 10 países con mayor registro de sindicatos de trabajadores, principalmente en el rubro industrial, de acuerdo con información publicada por Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; sin embargo, estas asociaciones pueden representar un inconveniente para las empresas, por las tareas que desempeñan a favor de los empleados.

Según el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, tanto de empresas públicas como privadas, que se constituye para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, tales como el obtener mejores salarios y prestaciones. Te decimos lo que debes saber.

¿Cómo se puede crear un sindicato?

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuenta con una guía para conformar paso a paso un sindicato, en la cual se señala que esto se respalda con el derecho de asociación, el cual permite que las personas trabajadoras puedan decidir libremente si unirse o no a un sindicato, elegir el que prefieran o en su caso, crear uno nuevo.

Asimismo, existe la libertad sindical, con el cual se asegura la autonomía de los sindicatos para protegerlos contra cualquier forma de injerencia, ya sea por parte del empleador, sus representantes o cualquier autoridad, con el objetivo de preservar su independencia.

Guía para crear un sindicato paso a paso

La guía del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para crear un sindicato se puede descargar en la página: https://centrolaboral.gob.mx/ABC-Sindicato/El-ABC-para-formar-tu-sindicato.pdf, en la cual destacan temas como:

• Conceptos básicos: qué es un sindicato y su propósito.
• Requisitos clave: pasos para constituir un sindicato.
• Tipos de sindicatos: diferentes formas que un sindicato puede adoptar.
• Herramientas prácticas: desde organizar una asamblea constitutiva hasta el registro ante el CFCRL.
• Formularios guía.

Sin embargo, para darlo de alta es necesario descargar un formulario, el cual se puede obtener en la página: https://centrolaboral.gob.mx/ABC-Sindicato/Formularios-El-ABC-para-formar-tu-sindicato.pdf

¿Cuáles son los tipos de sindicatos en México?

• Sindicatos de empresa: Formados por personas que trabajan en la misma empresa.
• Sindicatos Industriales: Formados por personas que trabajan en dos o más empresas de la misma rama industrial. Este es el tipo de sindicato más común en México.
• Sindicatos nacionales de industria: Formados por personas que trabajan en una o varias empresas de la misma rama industrial (azucarera, hulera, entre otros), instaladas en dos o más estados.

¿Cuáles son los beneficios y las obligaciones de un sindicato?

Según la guía de la dependencia del gobierno federal, entre los beneficios están:

• Mejores salarios y beneficios.
• Respaldo y defensa de derechos.
• Igualdad y apoyo.
• Salud y seguridad.

Mientras que las obligaciones son:

• Participar activamente en sus asuntos de interés.
• Pagar una cuota sindical, según lo que establezcan los estatutos.
• Observar los estatutos, plan de acción y otras reglas.
• Respetar a las lideresas o líderes sindicales, a sus representantes y en general, a otras personas trabajadoras que formen parte del sindicato.
• Aceptar las decisiones acordadas en las asambleas o en las votaciones de los procedimientos de democracia sindical.

Con la llegada de un bebé al hogar, seguro que te has preguntado en diversas ocasiones cómo vas a conciliar las responsabilidades como padre y tus obligaciones como trabajador. El permiso parental es un derecho, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona ha emitido una sentencia pionera que reconoce las semanas para cuidar de tu hijo con retribución monetaria.

El ciudadano que llevó el caso a los tribunales es un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona que disfrutó del permiso parental de ocho semanas entre los meses de octubre y diciembre de 2023. Al principio le comunicaron que esa ausencia sería remunerada, pero un cambio de decisiones hizo que no cobrara nada durante ese periodo.

La defensa del caso estuvo a cargo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha emitido un comunicado en el que espera “que se beneficien tanto empleados públicos como trabajadores de la empresa privada”.

La sentencia es histórica no solo por el importe de 4.000 euros más intereses que el Ayuntamiento deberá abonar al trabajador, sino también porque marca un precedente jurídico que podría hacer que miles de personas reclamaran sus casos particulares. El fallo se basa en que el Gobierno no está aplicando la Directiva Europea 2019/1158, que obliga a los Estados miembros a garantizar permisos parentales retribuidos de al menos cuatro meses por hijo, hasta que este cumpla ocho años. España, sin embargo, ha incumplido el plazo para incorporar esta normativa.

La jueza del caso ha subrayado el carácter vinculante de la normativa europea, señalando que sus disposiciones son “claras, precisas y atribuyen derechos directos a los ciudadanos”. Además, criticó que el Gobierno español aún no haya traspuesto esta directiva a pesar de los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Europea.

El conflicto comenzó cuando el Ayuntamiento reconoció inicialmente el permiso del trabajador como retribuido, pero luego rectificó, declarándolo no remunerado. Ante esta situación, el funcionario, representado por el sindicato CSIF, recurrió a la justicia, logrando un dictamen favorable.

Una regulación estatal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado la sentencia como “pionera” y ha exigido al Gobierno que acelere la transposición de la directiva europea con carácter retributivo. En un comunicado, el sindicato afirmó que “no tiene sentido que un Gobierno que defiende públicamente la conciliación limite el disfrute del permiso parental al ámbito no remunerado”.

Eva Fernández, secretaria de Igualdad de CSIF, instó al Ejecutivo a demostrar su compromiso real con los derechos de los trabajadores. “Esperamos que el Gobierno tome nota de esta sentencia y actúe sin más demora para regular un derecho que lleva más de dos años de retraso”, señaló.

En junio de 2023, el Ejecutivo aprobó un decreto que regula parcialmente los permisos parentales, pero evitó incluir la obligación de remunerarlos, lo que provocó críticas por parte de sindicatos y organizaciones laborales. Mientras tanto, España enfrenta sanciones diarias de 9.700 euros por parte de Bruselas debido al retraso en la adopción de esta normativa.

Ahora, el debate se centra en si el Gobierno dará el paso para regular de forma completa el permiso parental retribuido, tal como lo exige la Unión Europea.

La sorpresiva protesta sindical de este miércoles mantuvo a miles de pasajeros varados y angustiados en los aeropuertos, a la espera de una solución. “No nos pueden joder así. Nos tienen de rehenes. Los sindicatos piensan que tienen más derechos”, señaló una damnificada desde Aeroparque.

Durante esta tarde, la desesperación escaló a medida que pasaron las horas. Familias enteras y grupos de amigos que tenían viajes planeados se vieron afectados y sin respuesta alguna.

“Estoy con un bebito de 2 años en el aeropuerto. Honestamente, es inhumano. Nos comentaron que hay gente arriba de los aviones, y también hay gente que está durmiendo en el piso”, describió a Infobae Carolina, una madre que debía viajar a Las Cataratas.

Su vuelo estaba programado desde Aeroparque. En poco tiempo, el lugar colapsó de gente sin saber qué hacer y de valijas en cada rincón.

Y continuó: “La situación es bastante crítica. Nosotros teníamos vuelo 11.30, pero a las 16.30 seguíamos esperando. Estamos de rehenes en el aeropuerto, esperando que alguien defina algo. La compañía aérea tiene nuestras valijas. Nosotros no tenemos ni el vuelo reprogramado. En los mostradores, están las personas de las aerolíneas que no tienen idea de lo que está pasando y no pueden hacer nada. Yo me acerqué a los mostradores de todas las compañías y todos tienen la misma respuesta. Nadie da la cara. La gente aplaude a modo de protesta pero nadie hace nada”.

“Los sindicatos piensan que tienen más derechos que cualquier otra persona. Como si los derechos de ellos fueron más importantes que los nuestros y como si nuestro tiempo no valiera. Esto es un desastre y una desconsideración absoluta. También pusieron cuatro policías para contenernos a nosotros, que estamos esperando nuestro vuelo, y el sindicato está haciendo lo que se le canta”, agregó Carolina, con bronca.

Y profundizó su situación: “El problema es que el servicio de carga está sindicalizado. Los vuelos de Aerolíneas Argentinas están saliendo porque tienen su propia logística de carga. En nuestro caso, compramos por esta compañía, pero nos pasaron el vuelo a la aerolínea Gol. Así que ahora estamos esperando sentados porque la empresa depende de Intercargo, que está sindicalizada”.

Por su parte, un empleado de la empresa encargada del servicio de rampas respondió a las quejas de la pasajera que exigía una respuesta. “La medida nos perjudicó a todos. No solo a ustedes, a nosotros también. Yo ya me tendría que haber ido. Yo entiendo lo que decís. Lamentablemente, yo recibo órdenes y tenemos que cumplir las normas que están en el aeropuerto. Nosotros somos los que ponemos la cara. Ustedes se enojan con nosotros”, subrayó el hombre junto a otro compañero Intercargo. Además, aseguraron: “El sindicato está negociando, pero dicen que si sigue así, a la noche vuelven a cortar”.

Otra pasajera que estaba haciendo la extensa fila afuera de Aeroparque para poder ingresar a hacer su consulta, señaló en diálogo con TN: “Ya no sé cuántas horas llevamos, entre cinco y seis. Esto es una vergüenza. Que echen a todos y que vengan las personas que realmente tienen ganas de trabajar. Me siento rehén”.

“Estoy con un ataque de pánico. Desde la una y media que estamos detenidas, prisioneras. Viajamos desde San Martín de los Andes y ahora no podemos retirar las maletas. Tenemos que ir a trabajar y tenemos que dejarlas acá. Esta gente quiere parar el país. Nos cortaron la libertad y acá hay abandono de persona”, contó otra mujer, furiosa.

“Todo el mundo colapsa. Es el segundo año que me pasa esto. El año pasado, mi vuelo salía 6.30 de la mañana y estuvimos hasta las once de la noche para poder salir. Es la segunda vez que salgo y me pasa lo mismo. Esto no puede seguir pasando. Libertad, más compañías, más aires libres, basta de esto”, manifestó otra pasajera que estaba junto a su grupo de amigas.

“Mientras no cambien las cosas en este país, esto no va a cambiar. Los ciudadanos estamos a merced de cuatro o cinco hijos de puta que nos quieren joder la vida a nosotros y a toda la gente que trabaja y estudia porque quiere salir adelante”, se quejó otra señora. “Está todo muy mal organizado. Nadie sabe nada. Estoy muy enojada. Hay mucha incertidumbre”, añadió otra señora.

“Estoy muy cansada y no puedo hacer nada. Soy extranjera y ni siquiera puedo llamar por teléfono a ningún lado”, contó una joven turista, muy preocupada. Y una mujer que también aguardaba en la fila sobre la vereda, expresó: “No nos dan asistencia, agua, nada. No sé hasta qué hora tenemos que hacer esta cola”.

En medio del caos, la compañía de LATAM reprogramó sus vuelos para mañana con salida desde Ezeiza.

Finalmente, recién a las 16.45, fuentes consultadas por este medio aseguraron que ya había comenzado la entrega de equipaje a los pasajeros. “Ya se normalizó todo”, indicaron desde Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha destituido este miércoles a cinco de sus ministros y ha nombrado a siete nuevos en una reorganización del gabinete que tiene como objetivo mejorar la eficiencia del gabinete coincidiendo con un empeoramiento de la crisis económica en el país africano, al registrar el nivel de inflación más alto en casi tres décadas.

Entre los nuevos nombramientos están los ministros de Asuntos Humanitarios y Reducción de la Pobreza, Comercio e Inversión, Trabajo y Desarrollo Ganadero. También ha reasignado a otra decena de ministros a nuevas carteras, ha eliminado el Ministerio de Deportes, que pasará a ser una Comisión Nacional, y ha fusionado el de Turismo y Cultura.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo del Delta de Níger ha pasado a llamarse Ministerio de Desarrollo Regional, y supervisará todas las comisiones de desarrollo.

"Hoy he aprobado ocho acciones clave dirigidas a mejorar la eficiencia en nuestra administración para alcanzar las promesas que hicimos a los nigerianos", ha anunciado a través de su perfil en la red social X, donde ha subrayado que aquellos que tienen un cargo "deben considerar su nombramiento como un llamamiento a servir a la nación".

En este sentido, ha hecho hincapié en que todos ellos "deben comprender el afán y la determinación de esta administración de poner a Nigeria en el camino del crecimiento irreversible e invertir lo mejor de sus capacidades en la realización de las prioridades del gobierno, trabajando diligentemente para asegurar el camino de Nigeria hacia un crecimiento irreversible".

La nación más poblada de África está lidiando ahora con una crisis del costo de vida, alimentada por la tasa de inflación más alta en casi tres décadas. Tinubu ha estado bajo presión de los sindicatos para ofrecer ayuda a los hogares y las pequeñas empresas después de eliminar un costoso subsidio al combustible.

Madrid, 23 oct (EFECOM).- El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha iniciado acciones legales contra Air Europa por llevar a cabo una persecución sindical dirigida a sus delegados, que están siendo objeto de sanciones "injustificadas por ejercer su labor de representación", ha informado este miércoles la organización en un comunicado.

Para la sección sindical de Sepla en la aerolínea del grupo Globalia, con estas "sanciones injustas", la empresa busca "amedrentar e intimidar a los representantes de los pilotos".

La sección sindical de Sepla en Air Europa ha denunciado que estas acciones "vulneran gravemente los derechos laborales y sindicales de los delegados" y que "este ambiente de presión está creando un clima laboral hostil".

Sepla ha agregado que ha solicitado la intervención de las autoridades para investigar estas prácticas de Air Europa y garantizar el respeto a la libertad sindical.

El sindicato ha reafirmado, asimismo, su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los pilotos y de utilizar todas las vías legales a su alcance para poner fin a lo que consideran "prácticas antisindicales" por parte de la aerolínea. EFECOM

Madrid, 21 oct (EFE).- Los sindicatos han desconvocado la huelga en el sector del transporte sanitario, que estaba prevista comenzar a partir del próximo 28 de octubre, tras alcanzarse este lunes un acuerdo con las patronales del sector sobre la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación.

Así lo ha comunicado CCOO en un comunicado, en el que explica que el acuerdo alcanzado en la sede del SIMA contempla solicitar ante la administración competente el inicio del procedimiento establecido para implantar el sistema de coeficientes reductores a la edad de jubilación conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

La solicitud queda condicionada a la firma del convenio colectivo estatal de transporte sanitario de enfermos y accidentados, que está actualmente en curso de negociación y se presentará 10 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añade CCOO.

En el resto de sectores afectados se mantiene la convocatoria de siete jornadas de huelga a partir del 28 de octubre (transporte de mercancías por carretera, transporte interurbano de viajeros y autobuses urbanos).

Este lunes la Federación de Servicios de USO (FS-USO) ha anunciado que secundará la huelga sectorial del transporte de mercancías convocada para los días 28 de octubre (coincidiendo con el 'Black Friday'); 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre y que, a partir del 23 de diciembre, podría convertirse en indefinida si no se atienden las reivindicaciones para el sector.

USO ha decidido apoyar la medida ante el serio deterioro que, asegura, sufre el sector y la necesidad de poner en marcha medidas que dignifiquen la vida de los más de 50.000 trabajadores afectados.
Asimismo, considera en un comunicado que es necesaria una unidad sindical para afrontar con éxito este importante reto reivindicativo.

El pasado 4 de octubre, CCOO y UGT anunciaron la convocatoria de varias jornadas de huelga en el transporte por carretera, tanto en el de mercancías como en el de viajeros.

Esta próxima huelga general sectorial en el transporte por carretera ya había sido avanzada el pasado 30 de julio ante el bloqueo "sistemático" del adelanto de la edad de jubilación de los profesionales por parte de las distintas patronales y del Gobierno.

Ambos sindicatos han hecho también un llamamiento a los autónomos para que secunden esta huelga.

Los sindicatos exigen el reconocimiento patronal de la "penosidad" y "peligrosidad" de la profesión y la inmediata aplicación por ley de coeficientes reductores a la edad de jubilación para los conductores profesionales.

Asimismo, solicitan que se contemple por convenio una jubilación parcial con contrato de relevo, voluntaria para la persona conductora que pueda acumular de forma seguida el porcentaje que tiene que trabajar y en su lugar entre una persona joven.

En este sentido, defienden la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación, también para los autónomos, ya que entienden que sufren el mimo bloqueo que los conductores asalariados. EFE

Madrid, 17 oct (EFECOM).- CCOO de Industria ha vuelto a insistir este jueves en que cualquier operación sobre Talgo debe llevar asociado un plan industrial que garantice la fabricación y los pedidos actuales del fabricante de trenes español, tras conocerse la intención de Sidenor de entrar en su capital.

Talgo comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había recibido una carta de manifestación de interés por parte de Sidenor, en la que el grupo industrial vasco dice considerar la adquisición total o parcial del capital social del fabricante de material ferroviario.

El sindicato entiende, tal y como ha mantenido en todo el proceso de la pretendida opa de Magyar Vagón finalmente bloqueada por el Gobierno, que el futuro de Talgo en España y en Europa, en un momento de crecimiento de la industria de fabricación de material ferroviario, "debe pasar por encima de los intereses de los accionistas actuales en obtener el máximo beneficio por sus acciones, por preservar una empresa estratégica en el sector".

Por ello, CCOO ha vuelto a reivindicar públicamente que cualquier operación sobre la compañía debe llevar asociado un plan industrial que garantice, además de la fabricación y los pedidos actuales, perspectivas de futuro más allá de 2029.

Asimismo, el sindicato reivindica un plan de inversiones y de garantías y crecimiento del empleo, de condiciones laborales y de futuro de la compañía.

CCOO ha instado a todos los actores implicados a buscar las soluciones "de la manera más rápida posible y eficaz", sin perder de vista estas reivindicaciones que el sindicato trasladará a Talgo, a quien finalmente lo adquiera y a las instituciones autonómicas y del Estado español. EFECOM

Madrid, 30 sep (EFE).- El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha pedido al productor musical Nacho Cano que se retracte de sus palabras sobre el comisario Alberto Carba, el mando policial al frente de la comisaría de Leganitos, en Madrid, que lideró la investigación y el arresto contra el artista por supuesta contratación ilegal de inmigrantes.

Según ha adelantado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes sindicales, el requerimiento se produce a petición de Carba al objeto de defender "su trabajo y su profesionalidad".

Tras su detención y puesta en libertad, Nacho Cano realizó varias declaraciones públicas y en televisión en las que criticó la actuación policial de algunos operativos del cuerpo de la comisaría de Leganitos, y tildó a Carba de "discípulo" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Cano, exmiembro de la banda Mecano, fue arrestado el pasado día 9 de julio y trasladado a dependencias policiales por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, según confirmó la Policía. EFE

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Madrid, 27 sep (EFE).- El sindicato policial SUP ha denunciado que varios ciudadanos marroquíes han intentado acceder a España en las últimas semanas haciendo un uso fraudulento del derecho al asilo, manifestando que son saharauis, y ha pedido imponer un visado de tránsito a estos viajeros para evitarlo.

Fuentes del SUP han señalado a EFE que, de esta forma, se evitaría que estas personas cojan un vuelo con destino a otros países para los que no necesitan visado, como Cuba, y aprovechen la escala para pedir asilo en el aeropuerto madrileño.

Desde el sindicato explican que en las últimas semanas han llegado al aeropuerto varios ciudadanos marroquíes que, a su llegada, han manifestado ser saharauis, "lo cual no necesariamente hace que lo sean, ni tienen necesariamente que ser perseguidos por Marruecos".

Han defendido la labor de los policías que realizan las entrevistas a los solicitantes en Barajas y demás trabajadores que resuelven acerca de su concesión. "Son profesionales que siguen protocolos de actuación previamente marcados y que verifican si se cumplen o no una serie de parámetros", han argumentado.

El SUP ha cuestionado que algunos de estos ciudadanos, al ver denegada su solicitud, hayan iniciado una huelga de hambre, lo que interpretan como una medida de "presión mediática", un intento de coacción y manipulación y un "retorcimiento de la ley", al que se han sumaron "ciertos personajes políticos".

Se han referido así al intento de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de entrar a las salas de asilo de Barajas para visitar a los solicitantes, acceso que le fue denegado. Está previsto que este viernes acudan al aeropuerto con el mismo objetivo las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra.

Para evitar lo que este sindicato considera un uso fraudulento del derecho al asilo para entrar de forma irregular en España, el SUP exige que se imponga un visado de tránsito a todos los ciudadanos marroquíes y egipcios que necesiten hacer escala en el país.

Esta medida se ha impuesto en el último año a países como Kenia, Senegal, Sudán, Chad o República Centroafricana, y ha sido muy criticada por entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que defiende que, en la práctica, impide el acceso al derecho al asilo de las personas que huyen de guerras y persecuciones en sus países. EFE

Tras la medida de fuerza llevada a cabo esta semana para reclamar por la recomposición salarial, los gremios de docentes universitarios anunciaron este viernes un nuevo paro de 48 horas para el martes y miércoles de la próxima semana, por lo que volverá a postergarse el comienzo del segundo cuatrimestre en las universidades públicas.

La determinación fue tomada en el marco de un nuevo plenario de Secretarios Generales de la CONADU, quienes se reunieron esta tarde para definir la continuidad de su plan de lucha a fin de llegar a un acuerdo paritario con las autoridades del Gobierno.

En este sentido, definieron que seguirán con las protestas y el cese total de tareas durante esta tercera semana de agosto, como así también propusieron convocar a una nueva Marcha Nacional Universitaria a llevarse a cabo entre el 9 y el 13 de septiembre.

Asimismo, durante la reunión, los dirigentes gremiales también repudiaron la decisión del Ministerio de Justicia de cerrar la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado, dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y a la declaración de esencialidad de la educación en sus niveles obligatorios. “Tiene como único objetivo suprimir el derecho constitucional de huelga en el sector”, sentenciaron en un comunicado.

Finalmente, reforzaron su intención de resolver los ejes que quedaron pendientes a partir de la reciente sanción en el Congreso de la Ley Financiamiento Educativo. Se trata de la garantía salarial, las becas estudiantiles y FONID.

Con respecto a este tema, Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, señaló: “Ha sido un avance importante la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento para las Universidades Públicas, pero tenemos que tener presente que es solamente un paso. Hoy falta mucho camino para que esto quede consolidado, y los docentes universitarios tenemos que estar atentos”.

Y añadió: “Por eso decidimos llevar adelante una gran marcha universitaria que ponga sobre la mesa la decisión de los trabajadores, de los estudiantes y del conjunto de la comunidad universitaria de seguir peleando por una universidad que cumpla con el derecho de los argentinos a la educación superior”.

Las jornadas de paro llevadas adelante esta semana en todo el país tuvieron un acatamiento superior al 90%, según afirmaron fuentes gremiales y de distintas universidades públicas. La medida de fuerza, que ahora volverá a repetirse, es reclamo por el deterioro de los salarios de docentes y no docentes: desde el Frente Sindical estiman que la pérdida de poder adquisitivo ronda el 50% desde que empezó el año.

Si bien el viernes se había reunido la paritaria universitaria, donde el Gobierno nacional ofreció una actualización del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre, la oferta no fue suficiente para los gremios que optaron por volver a rechazarla, como en ocasiones anteriores.

Ese día se decidió crear una “comisión técnica tripartita” para buscar acercar posiciones entre los gremios y el Gobierno. La comisión estará integrada por los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, informaron desde la Secretaría de Educación.

Sobre la situación de los salarios docentes, el secretario Carlos Torrendell afirmó: “Hemos garantizado un aumento del 71% de los salarios de diciembre a julio. En algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de recomponer el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento con un incremento de 270%. Los pagos en tiempo y forma aseguran el funcionamiento del sistema universitario”.

A poco de completar dos meses de cese de actividades en el Ministerio del Trabajo, aún no se ve con claridad que se logren dirimir las asperezas entre el sindicato de trabajadores y los directivos de la cartera laboral.

Pese a que, al inicio del mes de julio, se firmó un acuerdo entre las partes, los voceros de la protesta señalaron que lo que se firmó estaba sujeto a que les pagaran los salarios por compensación de los tiempos de servicio no laborado, por lo que decidieron mantener la protesta hasta que la propia ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pueda dialogar con este sector del ministerio.

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Uno de los funcionarios que ha acudido a atender las peticiones de los manifestantes es el viceministro del Trabajo, Edwin Palma, considerado como uno de los sindicalistas de mayor renombre en el país, especialmente por su papel en el sector petrolero, pero que respondió a los cuestionamientos frente a esta manifestación que inició desde el pasado 31 de mayo.

Frente a sus pocas apariciones por la protesta del sindicato, Palma aseguró en diálogo con Revista Semana que, aunque “técnicamente, acompañar e intentar solucionar un conflicto puede que esté en nuestro viceministerio, los presuntos incumplimientos que alegan los sindicatos y el relacionamiento con ellos dependen de la Secretaría General del Ministerio del Trabajo, porque son sus funcionarios. Nosotros hemos estado allí, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales. Pero esta es una huelga especial, está dirigida al Ministerio”.

Mal manejo de las directivas a la huelga

También, Palma se refirió al posible mal manejo de los directivos a la huelga sindical, manifestando que “siempre he dicho que todas las huelgas se pueden evitar. Después que una huelga arranca, en la medida en que pasen los días, se complica más. Hay que tratar de arreglarla desde el inicio, porque cada día que pasa hay un nuevo dolor en las partes. Esto es una teoría general de cómo abordar los conflictos”.

A su vez, Palma reconoció que lo que ha fallado en el diálogo con los voceros de la protesta es la falta de comunicación por parte del equipo de la ministra Ramírez. “La causa que originó el conflicto, según los trabajadores, es un incumplimiento de una obligación económica del acuerdo de negociación colectiva. Yo hice parte de esa negociación, que siempre fue supervisada y orientada por la señora ministra y todo el equipo que estuvo ahí. Creo que la administración hizo lo que le correspondía para cumplir, pero no se comunicó bien. Esa falta de comunicación asertiva, a mi juicio, ha conducido a esta situación”, explicó al medio de comunicación.

Ante una eventual solución al conflicto, Palma señaló que el peor enemigo es el tiempo, y que la división entre quienes protestan y trabajan, ahondó en la situación.

“Lo que a mi juicio no debió hacerse fue dividir a la gente entre los que querían trabajar y los que querían ir a la huelga. Eso no fue adecuado desde el punto de vista legal, político ni ético. Terminaron dividiendo a los sindicatos. La gente puede entrar a trabajar, pero no va a estar motivada ni para mover un expediente”, mencionó.

Su relación con la ministra Gloria Inés Ramírez

Igualmente, Edwin Palma manifestó que su relación con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es de carácter formal, y señaló que, pese a ser de distintas generaciones, no han tenido diferencias al interior de la cartera.

“Cuando empezó el gobierno, me puse a su total disposición, le hablé de lo que aspiraba a hacer, porque, al final, nosotros en campaña hicimos promesas. Yo hice campaña como miembro de la lista al Congreso del Pacto Histórico. A mí me alcanzaron a llamar en enero, pero renuncié a la curul para trabajar en el Ministerio (...) Mal haría en pelear con ella. La ministra es la ministra. Ella tiene todas las herramientas, todo el poder. No tengo ninguna pelea con ella. Lo que he hecho es seguir trabajando. Al final, fue el presidente Petro el que me ubicó aquí y a él me debo”, comentó.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció esta madrugada medidas de “acción directa” para el próximo viernes y advirtió sobre la posible “cancelación de vuelos” en Aerolíneas Argentinas (AA) ante el comienzo de las vacaciones de invierno, luego de que las empresas del sector decidieron no llevar a cabo reuniones paritarias por recomposición salarial.

No obstante, desde Aerolíneas Argentinas señalaron que “la negociación sigue abierta” y que apuestan “a encontrar soluciones mediante el diálogo”.

En la empresa anticiparon que “ya hay una nueva reunión convocada” y esperan “que el conflicto se destrabe”. Remarcan que su máxima prioridad “es no perjudicar a los pasajeros en el inicio de las vacaciones de invierno”.

Desde el sindicato, la postura es de confrontación, después de que las autoridades de AA decidieron suspender su participación en la última reunión para abordar la cuestión salarial. Advirtieron que la compañía “no resuelve ni propone nada” en estas negociaciones, en la víspera del receso invernal escolar.

Desde APLA deslizaron que “están confirmadas las Asambleas el viernes a la mañana en Aeroparque y a la noche en Ezeiza, que posiblemente terminen con cancelación de vuelos”, aseguró el vocero y secretario de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri.

El gremio denunció que la empresa canceló la reunión en el marco de las negociaciones paritarias que tenían pautadas ayer con el objetivo de tratar la recomposición salarial.

“Lamentablemente y de manera irresponsable eluden la problemática salarial que enfrentamos, generando un conflicto que tendrá impacto en el inicio de las vacaciones de invierno”, señalaron desde el gremio aeronáutico que conduce Pablo Biró.

De esta manera, el sindicato reclama que se reanuden las negociaciones salariales, al tiempo que crece el descontento por la reinstalación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, ya que el tributo alcanza a gran parte del sector.

Desde la empresa ya anticiparon que se ha pactado una nueva reunión.

Aerolíneas Argentinas era una de las apuntadas por el presidente Javier Milei para regresar a manos privadas, pero la iniciativa fue retirada de la Ley Bases, al igual que Radio y Televisión Argentina (RTA) y Correo Argentino, luego de su aprobación en la Cámara Alta.

La oferta de vuelos de Aerolíneas del invierno

La compañía estatal operará un promedio de 330 vuelos diarios durante la temporada alta de invierno que ya comenzó, con una oferta total superior a 1.430.000 asientos en toda su red de destinos durante el mes de julio.

“Esta programación representa un aumento del 5% comparado a julio de 2023″, explicaron desde la línea aérea de bandera.

En la red doméstica, la oferta supera los 1.115.000 asientos, que estarán focalizados en destinos invernales como Bariloche. La ciudad rionegrina contará con un promedio de 15 vuelos diarios desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Rosario.

Por su parte, Ushuaia tendrá en promedio 7 vuelos diarios desde Buenos Aires, Córdoba y El Calafate; mientras que San Martín de los Andes habrá 4 vuelos diarios directos desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Esquel, en tanto, contará con un vuelo diario desde Aeroparque.

También se buscará capturar el turismo receptivo desde Brasil. Bariloche contará con un vuelo diario desde San Pablo y Ushuaia contará con dos vuelos semanales desde esa ciudad. También, habrá un vuelo semanal San Pablo – Salta y dos semanales entre Mendoza y San Pablo. Una frecuencia similar conectará San Pablo con San Martin de Los Andes y otros destinos turísticos invernales. Además, habrá vuelos especiales que unirán Montevideo con Bariloche.

La red regional contará con una oferta de más de 230.000 asientos, que es aproximadamente un aumento de 4% más que 2023. Estará disponibles desde San Pablo unos 34 vuelos semanales, Montevideo con 34 vuelos semanales, Rio de Janeiro con 28 vuelos semanales, Santiago de Chile con 21 vuelos semanales y Asunción con 12 vuelos semanales. También habrá 2 vuelos semanales Córdoba – Río de Janeiro y 2 semanales Mendoza – Santiago de Chile.

*Con información de la agencia NA.

Ciudad de Panamá, 9 jul (EFE).- Trabajadores sindicados de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) e inhabilitada por un fallo judicial del Supremo panameño el pasado noviembre, pidieron al Gobierno encontrar "una solución lo antes posible" a la situación actual de la mina a la vez que exigieron que esclarezca qué sucede con el concentrado de cobre aún almacenado.

"Nosotros le pedimos al presidente (José Raúl) Mulino, por favor, que nos escuche. Vayan a la mina, reactiven el tema de las visitas, para que vean la realidad", precisó a EFE el dirigente del Sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá, Michael Camacho.

Los trabajadores de Minera Panamá enviaron el pasado lunes una carta al presidente José Raúl Mulino con una serie de consideraciones para encontrar "una solución lo antes posible" a esta situación laboral, social y ambiental.

Así han propuesto crear una "mesa de diálogo" para "enfrentar los grandes desafíos económicos y sociales derivados del cierre de la mina" como el desempleo de los trabajadores y los proveedores y el concentrado de cobre que aún se mantiene, entre otros 14 puntos, destaca dicha carta.

La mina, inhabilitada por un fallo judicial del Supremo panameño el pasado 27 de noviembre tras las mayor protestas callejeras en décadas en Panamá en contra de la actividad minera, contaba con unos 7.000 trabajadores, de los cuales "2.100 más o menos se han acogido al retiro voluntario", según fuentes de la empresa minera.

El presidente panameño ha anunciado su plan de reabrir temporalmente esa gran mina de cobre de propiedad canadiense, aunque dicho proceso dependerá del resultado de un estudio ambiental sobre su estado.

Sobre ello, Camacho dijo que los trabajadores esperan es que "que se haga de una forma responsable" así como recordó que las comunidades aleadas, que trabajan directa o indirectamente con la mina, están siendo afectadas por ese cierre "abrupto".

 "Las comunidades han sido afectadas de una manera directa e indirecta. Ahí habían agricultores, productores, que ahora su producto no hay forma de venderlo, los caminos están abandonados. Le hacemos una voz de llamado a la conciencia al Gobierno", acotó.

El dirigente sindical aprovechó para advertir la peligrosidad del concentrado de cobre, que se almacena en la mina y que el gobierno pasado, según Camacho, "no esclareció" sobre el manejo de esos materiales.

"Este concentrado de cobre, en estos momentos, es un peligro para los trabajadores y para las comunidades aledañas al proyecto y para el medio ambiente", expresó.

Hay 120.000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas en la mina, que de mantenerlo allí en espera de la autorización de exportación se ha observado “un aumento en el secado y reacciones químicas que producen gases peligrosos y elevan las temperaturas", según advierte un informe de la mina presentado el pasado abril.

El Gobierno, del expresidente de Laurentino Cortizo (2020-2024), anunció en diciembre de 2023 una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuya elaboración tomará entre 6 y 18 meses a un costo de 1,5 millones de dólares, y cuya ejecución podría tomar entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1.000 millones de dólares.

FQM ya inició un proceso de arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.), por 20.000 millones de dólares según datos de prensa, y ha mostrado su intención de iniciar otros en base a tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur. 

Actualmente, la mina, que comenzó a exportar en 2019 y en 2022 llegó a representar el 2 % de la producción mundial de cobre de acuerdo con los datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés), se encuentra en fase de mantenimiento y preservación.

En el informe “Negociaciones Colectivas en el Perú 2023″, publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se señala que el año pasado en todo el país se presentaron a la autoridad de trabajo 142 solicitudes de valorización económica de los pliegos de reclamos vinculados a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aplicable a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Dichos pliegos de reclamos son los documentos que presentan los sindicatos o los delegados de trabajadores, en los cuales se agrupan sus peticiones; y, con la presentación de cada pliego a la parte empleadora se inicia la negociación colectiva.

Como se indica en el mencionado informe, tomando como referencia que en el 2023 se registraron 385 pliegos de reclamos y 233 soluciones a los pliegos de reclamos, el número de solicitudes de valoración representó el 37% y el 61%, respectivamente. En este sentido, se observa que buena parte de las negociaciones colectivas no contó con dichas valorizaciones.

Esto se debe a que, en la práctica, las valorizaciones económicas que se solicitan a la autoridad de trabajo no resultan indispensables para las negociaciones colectivas o para la solución de los conflictos entre empleadores y trabajadores, representados por un sindicato o delegados. Lo que ocurre es que la información que requieren ambas partes puede entregarse por vía directa y por varias formas que se den o ellas acuerden, a efectos de que las negociaciones avancen y se logren acuerdos.

En efecto, las valorizaciones no son obligatorias y, por eso, no están presentes en toda negociación colectiva; pues, existen otras formas de contar con información que coadyuve a la negociación y a la solución del conflicto laboral colectivo; por ejemplo, aquella que es pública y la que fue o es compartida entre las partes. Sin embargo, cuando existe dicha valorización puede ser uno de los medios que ayuda a las partes a evaluar la viabilidad de las peticiones, aterrizar o replantear estas últimas, acercar sus posiciones, generar opciones y sumar a la solución del conflicto laboral colectivo.

El informe también indica que la mayoría de las solicitudes fue realizada por la parte laboral. En efecto, 92% (131) de las valorizaciones se generó a pedido de los trabajadores, 7% (10) por los empleadores y 1% (1) por un tribunal arbitral. Además, en cuanto a la oportunidad de las solicitudes, se precisa que 61% (87) se realizó en la etapa de trato directo; 23% (32) en la etapa conciliación; 15% (22) durante los arbitrajes laborales; y, 1% (1) en el marco de reuniones extraproceso.

Adicionalmente, en el documento se menciona que los dictámenes económicos laborales emitidos en el 2023, que se generan a partir de las solicitudes de valorización antes mencionadas, se distribuyeron de esta manera: 51 (36%) dictámenes fueron de alcance suprarregional o nacional y el resto tuvo alcance a las direcciones de trabajo. En este segundo grupo, la mayor cantidad de los dictámenes estuvieron en Lima Metropolitana con 49 (35%), Ica con 14 (10%) y Arequipa con 4 (3%).

Finalmente, en el informe se detalla que las tres actividades económicas con mayor número de dictámenes fueron: la industria manufacturera con el 31% (44); suministro de electricidad, gas y agua con el 15% (21); y, transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 13% (18).

Pese a que el pasado 2 de julio el Ministerio del Trabajo anunció un acuerdo con el sindicato de la entidad, que supuestamente puso fin a la huelga que lleva desde finales del mes de mayo, parece que la protesta se mantendrá ininterrumpidamente.

Así lo dieron a conocer los voceros del sindicato del ministerio, quienes insistieron en que la mesa de diálogo que adelantaban con los delegados por la ministra Gloria Inés Ramírez no dio resultado, argumentando que se incumplieron algunos de los puntos pactados en la semana anterior.

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“El comité de Huelga, procede a comunicar a todos los servidores públicos del Ministerio del Trabajo que, dada la ruptura de la mesa de diálogo social, franca y permanente, por el incumplimiento de la administración a los acuerdos suscritos el pasado 2 de julio de 2024, hemos optado por no levantar la huelga, nos llevan nuevamente a continuar en este ejercicio”, se lee en un comunicado publicado por el sindicato.

Adicionalmente, los líderes de la protesta manifestaron que se instalaran carpas permanentes en cada una de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo en el país, e impedirán el acceso a las instalaciones de la entidad. “Vamos a convocar a todas las Confederaciones, Federaciones y Sindicatos de todo el país, así como a los medios de comunicación a nivel local y nacional en cada una de las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del trabajo en todo el país”, anunciaron.

El comité de la huelga agregó que “continuará con la radicación de las denuncias correspondientes antes los entes nacionales necesarios, así mismo se instalarán todas las denuncias que sean necesarias ante los entes internacionales como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, con el fin de proteger todos nuestros derechos que han sido vulnerados en nuestro derecho legítimo de la huelga”.

De igual manera, informaron que no tienen ningún motivo de levantar la protesta, hasta que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se una a la mesa de diálogo y pueda solucionar las peticiones de los voceros. “La huelga en el Ministerio de Trabajo continúa hasta tanto haya una solución de fondo, clara, concreta y concisa a nuestras peticiones por parte de la Ministra del Trabajo”, puntualizaron.

Más de un mes de protesta

Las manifestaciones en el ministerio iniciaron el pasado 31 de mayo de este año, cuando el sindicato de la cartera denunció varios incumplimientos de las directivas, en materia de ajustes salariales, cambios de sedes, condiciones dignas de trabajo y teletrabajo, entre otros.

No obstante, el pasado 2 de julio, miembros del Ministerio y el Sindicato habían acordado varios puntos que dieran por finalizada la huelga, entre ellos, el pago de sus salarios como compensación por el tiempo de servicio no laborado, así como el compromiso de no tomar acciones administrativas y/o judiciales contra los servidores que participaban en estas manifestaciones.

Sin embargo, tres días después, el comité de Huelga anunció la reactivación del cese de actividades, al considerar que hubo incumplimientos por parte de los delegados del Ministerio del Trabajo, así como supuestas presiones a los funcionarios.

“Hoy viernes 5 de julio de 2024 no vemos ningún resultado, eso nos lleva a que la huelga en el Ministerio deba continuar, hoy se cumplen 36 días de paro y continuamos con el firme propósito de defender los derechos de los servidores públicos del Ministerio del Trabajo”, afirmaron los miembros del Comité de Huelga en un video publicado en redes sociales.

Durante la huelga, empleados del Ministerio denunciaron que aún no han recibido su salario y prima a final de junio de 2024, a causa de su participación en estas manifestaciones; de la misma forma, alertaron sobre las condiciones inhumanas en las que muchos de ellos tendrían que trabajar, especialmente en las sedes regionales del Ministerio.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo instó al Comité de Huelga para que no realicen un nuevo cese de actividades e instaron a que revisen los acuerdos logrados el pasado 2 de julio.

41 trabajadores oficiales de la empresa Metrolínea, en Bucaramanga, no tienen certeza de su futuro laboral, ya que se les deben cuatro meses de sueldo y primas, además no salen a vacaciones desde hace tres años. El Sistema de Transporte Masivo en la ciudad puede ser liquidado y el sindicato de la empresa dio a conocer detalles de la difícil situación de los trabajadores.

Luz Marina Peña, del Sindicato de Trabajadores de Metrolínea, en medio de un pronunciamiento público dijo: “Tenemos una gran preocupación de ver que está el proyecto de liquidación y a las 41 familias no se les han pagado ni sueldos ni vacaciones ni primas, y nos vamos ahora a lo que tiene que ver la liquidación y no tenemos recursos para que nos paguen. Esto ya se ha convertido en un problema que afecta nuestra salud mental, de pensar en que va a ser de nosotros”, y agregó que los contratos son a término fijo de seis meses.

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“Tenemos una cláusula que se acaba cada seis meses y volvemos a firmar, pero lo que nos han dicho es que nos van a terminar antes de tiempo por la liquidación. Aunque nadie nos da razón de nada”, añadió. A siete trabajadores que salieron de la empresa en febrero del 2024 les deben $110 millones y la liquidación, que no se les ha pagado.

“La liquidación de Metrolínea es un retroceso, volver al sistema de transporte convencional, mientras en otras ciudades avanzan nosotros vamos para atrás. Un sistema que fue querido por la gente, que inició con algunos errores, pero que era funcional, después de la pandemia empezó el decaimiento”, agregó Peña.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, luego de una reunión en abril con el presidente Gustavo Petro confirmó: “Ha mostrado su disposición de apoyar a la ciudad en la crisis actual de Metrolínea”.

“Le manifesté la urgencia de darle soluciones definitivas en movilidad a los colombianos que viven en Bucaramanga y se mueven en transporte público. Esperemos que ese apoyo se vea materializado lo más pronto posible”, añadió.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra de la exgerente de Metrolínea Emilcen Jaimes Caballero, por presuntas irregularidades en su desempeño del cargo. La mujer es señalada por un presunto desconocimiento del manual de funciones y una posible vulneración del régimen de inhabilidades. El Ministerio Público aseguró que la exfuncionaria no cumplía con la experiencia requerida para asumir el cargo. El 4 de enero de 2024, Jaimes renunció.

La liquidación de la empresa parece ser un hecho luego de que su acreedor mayor, Estaciones Metrolínea, rechazara la propuesta de pago de deuda por más de $15.000 millones. El alcalde Beltrán aseguró que la situación es tan complicada que no hay más opción que proceder a la liquidación.

“Ya agotamos todos los términos, nosotros les planteamos a los acreedores una negociación para tratar de salvarlo y hubo una negativa, el Gobierno nacional no aclara absolutamente nada, nuestra decisión es que avancemos en la liquidación”, detalló Beltrán en una entrevista con W Radio.

“La discusión se nos está quedando en la ideología política, cuando la realidad del país requiere acciones articuladas, nosotros queremos que al país le vaya bien”, agregó el mandatario.

Metrolínea de Santander fue inaugurado en 2009, y tenía como objetivo mejorar la movilidad urbana mediante una red de buses articulados y alimentadores; sin embargo, el sistema de transporte se ha enfrentado a varios problemas que han impedido que el servicio funcione a cabalidad.

Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, reveló que los agremiados amagaron con realizar un paro de labores que inicie a partir del próximo 1 de julio.

La convocatoria de los trabajadores para que no asistan a sus centros de trabajo llega en el marco del arranque de las discusiones sobre las reformas prioritarias durante septiembre y el arranque de la próxima administración de Claudia Sheinbaum, entre las que se encuentra la propuesta del Poder Judicial.

Motivo porque algunos trabajadores consideran que el proyecto les afectará en sus prestaciones laborales y que no podrían participar en las elecciones de ministros o magistrados que propone la iniciativa, pero sobre este último punto González Pimentel aclaró que los únicos que no podrían participar serían quienes ya hubieran ejercido otro cargo público.

“Los únicos impedidos funcionarios impedidos para participar en dicha elección es haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, diputado federal, senador y gobernador, exclusivamente”, aclaró el líder sindical.

En tanto, sugirió a los agremiados que no participen en el paro que plantea el grupo de trabajadores con el Resumen San Lázaro, pues el único resultado que tendrá es “sembrar pánico” entre los trabajadores.

Por ese motivo, informó cuáles serán sus acciones frente a la reforma que propone el presidente López Obrador y su probable aprobación en septiembre.

Primero, informarán los avances sobre las conversaciones con las autoridades sobre la reforma al Poder Judicial; Gilberto González ofrece que en caso de que se afecten los salarios, prestaciones y estabilidad laboral asumirán la responsabilidad de tener manifestaciones públicas, movilizaciones e incluso cierre parcial de las instalaciones a nivel nacional.

Anterior paro de labores del Poder Judicial

El año pasado los trabajadores del Poder Judicial ya se habían protestado en contra de uno de los proyectos del mandatario federal que “los afectaba”; derivado a que promovió la extinción de los 13 fideicomisos.

Los agremiados protestaron en diferentes ciudades a nivel nacional, todos los trabajadores podían participar en la manifestación, pero también había la posibilidad de que quienes así lo quisieran siguieran asistiendo con normalidad para trabajar.

El paro arrancó el 16 de octubre, después de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen para la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial con un valor de poco más de 15 mil millones de pesos.

El ex senador y sindicalista petrolero Guillermo Pereyra murió en la tarde de este martes, según pudo confirmar Infobae. El ex legislador había sido internado en un hospital de la ciudad de Neuquén tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la madrugada de este martes y se encontraba en grave estado.

La noticia fue informada por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el cual fue conducido por él hasta el 2021. En función de lo indicado, el dirigente de 80 años se encontraba recibiendo asistencia en el CMIC y pidieron cadena de oración para su pronta mejoría en un primer momento, pero luego precisaron que había fallecido en horas de la tarde.

“Con tristeza y preocupación, informamos que nuestro compañero Guillermo Pereyra sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en la madrugada de hoy. Actualmente, se encuentra internado en estado crítico en el CMIC, acompañado por su familia”, comienza el comunicado posteado por la agrupación gremial en un primer momento. Poco después anunciaron: “Con profundo pesar, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, informa el fallecimiento de Guillermo Pereyra tras ser internado en CMIC de Neuquén Capital, por un ACV hemorrágico”.

Asimismo, agregaron que “como es de público conocimiento, en los últimos meses venía luchando contra una grave enfermedad. Guillermo Pereyra, nos deja un gran legado de lucha inquebrantable en la defensa de los trabajadores petroleros. Su visión, liderazgo y compromiso serán un faro para las generaciones venideras de esta institución. Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor”.

En el último tiempo, Pereyra había atravesado diferentes complicaciones de salud que lo habían obligado a dejar los cargos que ocupaba como conductor de la mutual petrolera, Ospepri, Meopp y Meopp ART Mutual. La última vez había sido en el mes de abril, cuando desde su entorno informaron que el gremialista había sido sometido a una nueva intervención quirúrgica.

Si bien el ex legislador neuquino se logró recuperar de esta operación, fue a partir de dicho acontecimiento que tomó la decisión de dar un paso al costado de sus actividades políticas. Una noticia que informó él mismo ante una asamblea de trabajadores petroleros, ante quienes justificó que lo hacía por “razones de salud”.

En aquel acto, Pereyra señaló: “La necesidad de encarar una recuperación que me permita volver a tomar funciones en la organización que conduce el compañero Marcelo Rucci, me ponen en situación de dar un paso al costado y permitir que las tres entidades que dependen de nuestro sindicato puedan funcionar con normalidad”.

Rucci se puso al frente de la estructura sindical en el año 2021, cuando la salud del dirigente neuquino comenzó a deteriorarse. En este sentido, a pesar de estar alejado de los cargos institucionales, Pereyra continuaba manteniendo una fuerte influencia en el sector.

En 2019 había cumplido su mandato como senador por el Movimiento Popular Neuquino luego de haber ganado en las elecciones del año 2013. Durante ese período ocupó la presidencia de la comisión de Minería, Energía y Combustibles e integró como vocal las comisiones de Defensa Nacional. También estuvo a cargo de la de Trabajo y Previsión Social, Salud e Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de la comisión bicameral de Reconversión de la Industria Gasífera.

En medio del cumplimiento de sus funciones en la Cámara Alta, Pereyra había tenido que ser internado tras sufrir un accidente isquémico transitorio, que es similar a un derrame cerebral. Ocurrió en 2017. En ese entonces, desde su entorno habían señalado: “Es un llamado de atención. No es grave porque precisamente se trata de un accidente temporario, pero es un aviso de que si no hay un tratamiento puede ocurrir una lesión más grave”.

Este año fue convocado por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quien poco después de su asunción en el gobierno de Javier Milei comenzó con su presentación ante los gremialistas. En este marco recibió a la comisión directiva de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), presidida por Guillermo Pereyra.

Para ese encuentro también llamaron a Hugo Moyano (Camioneros) que al final no asistió, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Manuel García (estaciones de servicio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (gas), Fabián Hermoso (químicos), Juan Carlos Crespi (petroleros) y Julio Schiantarelli (Federación del Gas).

El ex senador y sindicalista petrolero Guillermo Pereyra fue internado en un hospital de la ciudad de Neuquén tras sufrir un accidente cerebrovascular durante la madrugada de este martes. Se encuentra en grave estado.

La noticia fue informada por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el cual fue conducido por él hasta el 2021. Según indicaron, el dirigente de 80 años se encuentra recibiendo asistencia en el CMIC y pidieron cadena de oración para su pronta mejoría.

“Con tristeza y preocupación, informamos que nuestro compañero Guillermo Pereyra sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en la madrugada de hoy. Actualmente, se encuentra internado en estado crítico en el CMIC, acompañado por su familia”, comienza el comunicado posteado por la agrupación gremial.

“Este es un momento difícil para la comunidad petrolera. Rogamos por su pronta recuperación y enviamos nuestro apoyo a sus seres queridos en estos momentos. Pedimos a todos que mantengan a Guillermo en sus pensamientos y oraciones, y que respeten la privacidad de su familia durante este tiempo de incertidumbre”, prosigue el texto.

En el último tiempo, Pereyra había atravesado diferentes complicaciones de salud que lo habían obligado a dejar los cargos que ocupaba como conductor de la mutual petrolera, Ospepri, Meopp y Meopp ART Mutual. La última vez había sido en el mes de abril, cuando desde su entorno informaron que el gremialista había sido sometido a una nueva intervención quirúrgica.

Si bien el ex legislador neuquino se logró recuperar de esta operación, fue a partir de dicho acontecimiento que tomó la decisión de dar un paso al costado de sus actividades políticas. Una noticia que informó él mismo ante una asamblea de trabajadores petroleros, ante quienes justificó que lo hacía por “razones de salud”.

En aquel acto, Pereyra señaló: “La necesidad de encarar una recuperación que me permita volver a tomar funciones en la organización que conduce el Compañero Marcelo Rucci, me ponen en situación de dar un paso al costado y permitir que las tres entidades que dependen de nuestro sindicato puedan funcionar con normalidad”.

Rucci se puso al frente de la estructura sindical en el año 2021, cuando la salud del dirigente neuquino comenzó a deteriorarse. En este sentido, a pesar de estar alejado de los cargos institucionales, Pereyra continuaba manteniendo una fuerte influencia en el sector.

En 2019 había cumplido su mandato como senador por el Movimiento Popular Neuquino luego de haber ganado en las elecciones del año 2013. Durante ese período ocupó la presidencia de la comisión de Minería, Energía y Combustibles e integró como vocal las comisiones de Defensa Nacional. También estuvo a cargo de la de Trabajo y Previsión Social, Salud e Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de la comisión bicameral de Reconversión de la Industria Gasífera.

En medio del cumplimiento de sus funciones en la Cámara Alta, Pereyra había tenido que ser internado tras sufrir un accidente isquémico transitorio, que es similar a un derrame cerebral. Ocurrió en 2017. En ese entonces, desde su entorno habían señalado: “Es un llamado de atención. No es grave porque precisamente se trata de un accidente temporario, pero es un aviso de que si no hay un tratamiento puede ocurrir una lesión más grave”.

Este año fue convocado por el secretario de Trabajo, Omar Yasín, quien poco después de su asunción en el gobierno de Javier Milei comenzó con su presentación ante los gremialistas. En este marco recibió a la comisión directiva de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), presidida por Guillermo Pereyra.

Para ese encuentro también llamaron a Hugo Moyano (Camioneros) que al final no asistió, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Manuel García (estaciones de servicio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (gas), Fabián Hermoso (químicos), Juan Carlos Crespi (petroleros) y Julio Schiantarelli (Federación del Gas).

De acuerdo con lo informado por los empleados de las instituciones públicas y de las secretarías de Educación del país, el ministerio no ha cumplido con las promesas realizadas al sector, por lo que consideran indispensable adelantar una manifestación para hacer un llamado a las autoridades.

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Ante esta situación, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal) emitió un comunicado oficial, mediante el cual anuncia una nueva jornada de paro en diferentes puntos del territorio nacional.

Esta se llevará a cabo durante el 4 de junio y se extenderá los días que sean necesarios para que las autoridades presten atención a las problemáticas denunciadas, según lo dio a conocer el gremio de educadores, que se mostró indignado ante el nulo avance.

Del mismo modo, informaron que entre los pactos que no han sido abordados por parte del Ministerio de Educación se encuentran cuatro puntos en los que no pretenden dar el brazo a torcer y estos son:

• Cumplimiento de los acuerdos laborales.
• Certificación y pago inmediato de las deudas de homologación y nivelación salarial.
• Ampliación de la planta del personal administrativo.
• Inclusión y pago del personal administrativo en las zonas de difícil acceso.

Con la nueva jornada de paro, el gremio espera llamar la atención de las autoridades y que se llegue a un acuerdo sobre la fecha en la cual se deben dar los cumplimientos de las temáticas que más generan preocupación entre las personas que se encuentran vinculadas con el sector.

Ante esta situación, el sindicato emitió un comunicado, en el cual explica que “La decisión fue tomada en medio de la Junta Nacional ampliada con Presidentes y Fiscales de 30 Subdirectivas departamentales realizada los días 8, 9, 10 y 11 de mayo, ante el incumplimiento de los acuerdos laborales por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia”.

Ante el paro indefinido, fueron enfáticos en afirmar que solo tendrá fin en el momento en el que se presente una “Solución de fondo por parte del Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, presidente de la República, y del Ministerio de Educación a nuestras justas peticiones”.

Del mismo modo, aseguraron que están “cansados” ante los constantes “incumplimientos” por parte del Gobierno, lo que perjudica a más de 30.000 funcionarios administrativos de educación. Entre los cuales se encuentran trabajadores de servicios generales, así como guardas de seguridad, operarios, secretarios técnicos, además de profesionales y sus familias.

Después de este anuncio, los padres mostraron su preocupación por lo que pasará con las clases de los estudiantes en los diferentes colegios, pues no es la primera vez que se habla de un paro indefinido, el cual puede afectar en gran medida a los niños y adolescentes.

Huelga de educadores

Ante los incumplimientos por parte del Ministerio de Educación, siete sindicatos se encuentran conversando sobre la posibilidad de adelantar una huelga por los incumplimientos en el acuerdo colectivo 2023 - 2025.

Cabe mencionar que esta posibilidad se desató después de que el 23 de abril, la entidad presentara un documento en el cual “De manera errada informa que ha cumplido a cabalidad los acuerdos, situación que dista de la realidad fáctica”, según explicó, el gremio que está preparado para una votación que se adelantará el 21 de mayo, fecha en la cual se definirá si van a huelga o no.

El recién implementado modelo de salud para los profesores de colegios públicos en Colombia ha estado en funcionamiento apenas una semana. Este cambio, que afectaría a 800 mil personas, había generado preocupaciones previas.

Uno de los principales puntos de inquietud giraba en torno a la capacidad de la Fiduprevisora para contratar la red de clínicas y hospitales necesaria para brindar atención médica a los maestros, de acuerdo con información obtenida por el medio de comunicación colombiano El Espectador.

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A medida que han transcurrido los días, algunos usuarios en redes sociales han expresado sus opiniones y percepciones sobre los cambios. Aunque hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial por parte de la Fiduprevisora o el Ministerio de Educación que detalle cómo han sido estos primeros días bajo el nuevo modelo, Fecode, el principal sindicato de los maestros, ha convocado a sus directivas para analizar la situación este martes 7 de mayo.

Según el comunicado, firmado por el presidente de Fecode, Domingo Ayala Espitia, y el secretario general, Luis Edgardo Salazar, la convocatoria es de “carácter urgente”. El objetivo es “realizar pedagogía, aclarar dudas, tomar medidas de contingencia y abordar las dificultades que están surgiendo en los diferentes territorios”.

La convocatoria se dirige al “plenaria, plénum de presidentes ampliado, reuniones con las juntas directivas u otras acciones urgentes, entidades que prestan el servicio, encuentros en municipios, zonales u otras que consideren conveniente”.

En el comunicado, se solicita a todas las filiales que presenten de manera urgente y detallada un “informe actualizado sobre situaciones relacionadas con sedes administrativas, redes e IPS, estructuras organizativas, dispensarios de medicamentos, continuidad de tratamientos y procedimientos programados de alta complejidad, enfermedades huérfanas, remisiones, referencias y contrarreferencias, urgencias, citas médicas, citas especializadas y cualquier otra dificultad encontrada”.

Petro celebró decisión de Fecode de avalar el nuevo modelo de salud para los maestros

El 10 de marzo de 2024, el Ministerio de Salud diseñó un plan para modificar el modelo de salud de los maestros de Colombia. La cartera, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó una serie de cambios significativos en la materia, que entraron luego en disposición de ser o no aprobados por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Nueve días después y, tras realizar una Junta Nacional Extraordinaria, Fecode aprobó por unanimidad la construcción e implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio.

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Así lo dio a conocer el sindicato en un comunicado oficial publicado en su cuenta de X (Twitter), en donde señaló que su aval también incluye “continuar articulando elementos para ajustar la propuesta del modelo de salud, a partir de los aportes del Comité Ejecutivo y de los sindicatos filiales, con el trabajo de los estructuradores expertos”.

Sobre esta decisión de Fecode, el presidente se pronunció celebrando su respaldo a la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes del país:

“Comenzamos a construir el nuevo modelo de Salud con las maestras y maestros de Colombia y sus familias”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

Agregó: “Se acaba la corrupción en el Fomag; pagando dos veces y media la capitación que hoy pagan las EPS el magisterio tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional”.

Fecode también fue claro en señalar que buscará garantizar los esquemas de gobernanza en el nuevo modelo de salud. Así las cosas, deberá existir niveles de inspección, control y vigilancia desde los Comités Territoriales y Regionales de prestaciones sociales, así como de incidencia y decisión, a través del sindicato.

También considera importante se consolide la articulación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y, la vinculación de la ADRES y de la Supersalud para inspección, control y vigilancia a la Fiduprevisora, entidad que ha sido objeto de escrutinio público en varias ocasiones debido a presuntas irregularidades y deficiencias en su gestión.