Comenzó este lunes en Rosario el juicio oral contra representantes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, acusados de haber participado en el bloqueo de 90 días que paralizó a la empresa Razzini, dedicada a la distribución de materiales de construcción, en 2020.

El caso, que estuvo cerca de prescribir, puede derivar en penas de dos a seis años de prisión por desbaratamiento de empresa, pero el principal acusado ya falleció.

Tal como anticipó Infobae, la primera testigo que declaró fue la diputada libertaria Verónica Razzini, que durante el bloqueo era una de las dueñas de la empresa, y su testimonio se extendió a lo largo de cinco horas, que fue acompañado por fotos y videos que fueron registrados durante los episodios de hace seis años.

Por ese motivo, sólo pudo declarar luego la coordinadora operativa de la empresa y pasaron para este martes el resto de los testigos previstos en la primera audiencia: declararán, entre otros, un hermano de la diputada, que también fue amenazado por los sindicalistas; su ex esposo, a quien le dijeron que lo iban a matar y que sabían dónde estaban sus hijos, y la escribana que verificó que se estaba impidiendo el acceso a la empresa.

El juicio, que se realiza en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, es llevado adelante por el tribunal que integran Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, y seguirá en principio hasta el jueves próximo, cuando están previstos los alegatos finales.

Los imputados son Marcelo Ortiz, Víctor Manuel Kamiñsky, Gustavo Coronel y Damián Beiber, aunque el primero, según se constató recién el viernes pasado a pedido del fiscal Germán Mazzoni, ya falleció.

Razzini, que a partir de su traumática experiencia creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), contó en detalle todo lo que padeció junto a sus dos hermanos y el resto de la familia cuando el 8 de junio de 2020 comenzó el bloqueo del sindicato liderado por Sergio Aladio, un opositor de Hugo Moyano, que reclamaba a la empresa que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.

El conflicto comenzó sin una notificación previa. Un grupo de unas 150 personas cortó la avenida donde se ubica la empresa, acampó en los accesos e impidió la entrada y salida de vehículos durante la pandemia de COVID-19.

Los bloqueos escalaron desde la interrupción de las operaciones de la empresa hasta amenazas contra proveedores, empleados y miembros de la familia Razzini. “Unos 10 empleados salieron a la puerta, dijeron que no trabajaban más y en ese momento buscamos escribano, tratamos de hacer certificaciones notariales de la situación, y automáticamente todo se transformó en una guerra”, afirmó Razzini a Infobae.

Según la empresaria, los manifestantes exhibieron armas de fuego, interceptaron su auto y advirtieron que conocían la ubicación de sus hijos. También recibió amenazas de que irían a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto.

La situación la obligó a abandonar su casa, ubicada a cinco cuadras de la empresa, para ir a un lugar seguro y a contratar adicionales y móviles de la Guardia de Infantería para proteger al personal y las instalaciones.

Como los accesos de la compañía estaban cerrados por el bloqueo, se produjeron enfrentamientos entre clientes y proveedores con quienes sostenían la protesta. Razzini recordó que en una de esas peleas un activista sindical sacó un cuchillo, lo que llevó a la familia a evaluar el cierre y la liquidación de la compañía.

La empresa realizó la denuncia penal el 12 de junio ante la Fiscalía, después de que el Ministerio de Trabajo provincial se declarara incompetente, archivara el reclamo y recomendó que se hiciera la denuncia penal. Razzini cuestionó que las autoridades laborales luego intentaran imponer una conciliación obligatoria mientras persistían el bloqueo y las amenazas.

“¿Cómo voy a conciliar con 20 personas que me están amenazando y van a prender fuego la empresa?”, planteó la empresaria, que sostuvo que permanecieron 5 horas en una oficina bajo presión para firmar el acuerdo. Tras contactar al fiscal de flagrancia, fueron detenidos 10 empleados y 3 delegados que participaban del bloqueo.

La orden judicial, según Razzini, contemplaba la detención de 21 personas, aunque fueron arrestadas 13. La actual diputada afirmó por entonces que los responsables “negociaron con la comisaría” para que no se concretaran todas las detenciones previstas.

Más allá de los arrestos, los problemas no terminaron para los Razzini: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).

La causa por el bloqueo, pese al avance inicial, quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzó este lunes.

La diputada libertaria Verónica Razzini será la primera testigo en las audiencias que se extenderán hasta el jueves, presididas por el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, donde se juzgará a los acusados por el delito de desbaratamiento de empresa (penado con prisión de dos a seis años), que pertenecen al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.

A partir del inicio del bloqueo, el 8 de junio de 2020, Razzini, una de las dueñas junto a sus hermanos de la empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, vivió toda una pesadilla: la amenazaban todos los días, la escupían y la insultaban, la intimidaron con armas de fuego, le dijeron que iban a ir a la casa de su padre -con problemas de salud- para provocarle un infarto, se mudó para evitar agresiones, le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos y tuvo que contratar a efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.

El origen del conflicto fue la exigencia de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, de que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa vigente, les correspondía al Sindicato de Comercio y a la UOCRA.

Los Razzini presentaron una denuncia judicial por el bloqueo y lograron que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos, aunque los problemas no terminaron: en julio de 2022, la fachada de la empresa recibió 3 disparos y dejaron en la puerta un mensaje intimidatorio (”Retirá la denuncia porque no abrí (sic) nunca más. Att. Camioneros”).

Pese al impulso inicial, la causa por el bloqueo quedó trabada en la Justicia durante años y estaba cerca de prescribir hasta que hace poco, por iniciativa de un nuevo fiscal, Germán Mazzoni, pudo reactivarse y llegar finalmente al juicio oral que comenzará este lunes.

Luego de la protesta de 2020, Razzini creó junto con la abogada Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), que presidió y desde donde ayudaron a pymes de todo el país que eran víctimas de las medidas sindicales extorsivas, hasta que la empresaria ganó su banca legislativa por el PRO en diciembre de 2023 y hace un año se pasó a La Libertad Avanza.

Su impulso fue decisivo para que en la Ley Bases se calificaran los bloqueos como grave injuria laboral, algo que permite despedir con causa a quienes participan de esas acciones. Y también fue responsable de que en la Ley de Modernización Laboral se contemplara un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos como organizadores de los bloqueos.

Ahora, a pocas horas de que comience el juicio por el bloqueo a su empresa, Razzini confesó a Infobae que tener que revivir aquellos hechos será “durísimo”, pero remarcó: “Espero obtener justicia. Es lo único que quiero. Que la ley actúe como corresponde porque esto no es para mí. Es para los inversores, para la gente que quiere trabajar y que tiene ganas de sacar adelante sus empresas y seguir apostando al país”.

La legisladora consideró que el cronograma de audiencias podría resultar insuficiente por la cantidad de testigos, registros audiovisuales y demás elementos incorporados en la causa. “Hay muchos testigos, mucha prueba aportada. La cantidad de videos que nosotros hemos presentado es impresionante”, sostuvo.

Entre los que darán su testimonio del episodio se encuentran la escribana que acreditó el bloqueo en ese momento (“una heroína valiente”, según Razzini), empleados de la empresa que resistieron los aprietes sindicales y hasta un cliente que fue increpado por los activistas porque quiso retirar mercadería.

Entre sus malos recuerdos, la ex titular del MEAB menciona cuando se hizo la segunda audiencia oficial en la delegación del Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar el conflicto: “Me estaban esperando en la entrada unos 30 o 40 sindicalistas y me arrinconaron, me escupieron, me gritaron cualquier cosa. Eran todos hombres y yo estaba con mi abogada -relató Razzini-. Fue terrible. Entré a la audiencia llorando, con un ataque de nervios, muerta de miedo. Fue todo organizado ahí con la propia gente del Ministerio de Trabajo. Después ya tuve que ir acompañada por un guardaespaldas”.

Entre los imputados por desbaratamiento de empresa, el principal acusado es Marcelo Ortiz, cuya situación presentaba una incógnita. Según Razzini, su abogado defensor informó que habría fallecido a principios de año, pero el fiscal solicitó un certificado o un acta de defunción para acreditar su muerte y esa documentación apareció recién este viernes.

Ortiz está vinculado a una protesta anterior contra una pyme de logística y transporte en Zavalla, Santa Fe, que sufrió 8 días de bloqueos del Sindicato de Camioneros local luego de que se negaron a pagarle “deudas inventadas”, donde incluso los activistas golpearon a sus dueños, Damián Doboletta, su hermano y su padre (de 72 años, a quien tiraron al piso), además de robarle el teléfono celular a su esposa cuando intentaba filmar la agresión.

Más allá del juicio en Rosario, Razzini logró la semana pasada un apoyo decisivo de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para que vuelva a presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de su autoría que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal y que perdió estado parlamentario ante la falta de respaldos políticos para su sanción, en 2024.

La iniciativa incorpora en el Código Penal sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión y ahora Razzini la reflotará con añadidos para impedir sentencias como la del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió al líder de Camioneros en San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados en la causa por el bloqueo la pyme Rey Distribución, de San Pedro, al considerar que fue realizado como “legítimo ejercicio de un derecho”.

La Justicia de San Nicolás decidió la excarcelación de Fernando Espíndola, otro dirigente del Sindicato de Camioneros que estaba detenido desde hace cuatro años por el bloqueo de la pyme Distribuidora Rey, de la ciudad bonaerense de San Pedro, en febrero de 2021.

Espíndola estaba acusado de los delitos de extorsión y turbación de la posesión al igual que Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, que fue absuelto por el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de esa ciudad bonaerense en un polémico fallo, que también benefició a 6 empleados de Rey Distribución que participaron del bloqueo contra la empresa.

Ahora, a poco más de una semana de la sentencia del juez Alejandro López, su colega María Elena Baquedano consideró cumplidos los requisitos legales para concederle el beneficio al otro imputado, que había optado por un juicio abreviado que todavía espera sentencia y su liberación no equivale a una absolución.

Según el diario El Norte, de San Nicolás, el fundamento jurídico de Baquedano se basó en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que habilita la excarcelación cuando el tiempo cumplido en detención permitiría acceder a una libertad condicional o asistida ante una eventual condena.

Al momento del cómputo, Espíndola acumulaba cuatro años, cinco meses y nueve días de detención. El último período lo había cumplido bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico; para resolver su excarcelación, la magistrada evaluó informes del Patronato de Liberados y encuestas socioambientales sobre su entorno familiar y el cumplimiento de las pautas impuestas.

El acuerdo de juicio abreviado establece un tope de pena en caso de culpabilidad, pero no implica un reconocimiento de responsabilidad.

Para mantener la libertad deberá fijar domicilio, someterse a controles del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir drogas y de abusar del alcohol, y respetar la prohibición absoluta de acercarse a los damnificados Gustavo y Ariel Rey, propietarios de la pyme bloqueada por Camioneros.

El juez López, miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, absolvió a Cabaleyro y desestimó el pedido de la fiscalía de que el dirigente sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.

La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme Rey Distribución, en diálogo con Infobae. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó el empresario.

Hubo fuertes pronunciamientos de rechazo al fallo de López por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), al que calificaron de “preocupante retroceso”, pero el mundo empresarial activó, además, una estrategia contra el magistrado que, en la práctica, justificó que se violen los derechos de propiedad, a la circulación y a trabajar, amparados por la Constitución Nacional, como el derecho de huelga, si se producen en un conflicto laboral.

Por eso desde el empresariado se impulsaron dos denuncias distintas contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio de Cabaleyro y los otros 6 imputados y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Una de las denuncias ya se oficializó el viernes pasado y está promovida por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), con el aval de su presidente, Juan Méndez. La otra se formalizará esta semana ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia porque todavía estaban juntando firmas y se estima que habrá unas 50 empresas que apoyarán la presentación.

Ambas presentaciones son similares a la presentada el jueves pasado por el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del partido Hechos, quien fue intendente nicoleño cuando, en abril de 2022, el Sindicato de Camioneros bloqueó la ciudad durante 48 horas en rechazo de las detenciones de Cabaleyro y Espíndola por la protesta contra Rey Distribución.

Más allá de los argumentos de cada una de las partes, el conflicto entre el gobierno porteño y los Metrodelegados se convirtió en el escenario de una tormenta perfecta. Y la solución se dificulta porque todos tienen para ganar y perder mucho más que lo que se ve sobre la superficie.

En la administración de Jorge Macri están dispuestos a ir a fondo contra las “medidas salvajes” del sindicato que lidera Néstor Segovia, decisión que le pone fin a la actitud tolerante y negociadora que mantuvo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia el gremialismo.

El lema “ley y orden” que enarbola el jefe de Gobierno dejó de ser la clásica consigna retórica de muchos funcionarios y dirigentes políticos y se convirtió en el eje de una identidad reforzada para el macrismo porteño, que le reditúa una fuerte alza en encuestas de imagen y, como espera, un camino más firme hacia su reelección.

La palabra “ceder” no figura hoy en el diccionario del PRO de la Ciudad porque equivaldría a dejar malherida una postura de intransigencia que podría implicar un envalentonamiento de los sindicatos que le complicaría la gestión a Jorge Macri y, además, hacerle perder los votos más alineados con Javier Milei en su distrito.

La misma postura severa tomó el gobierno porteño ante el Sindicato de Camioneros por su reclamo de indemnizaciones para el personal de recolección de residuos en los contratos que regirán entre 2028 y 2038. Jorge Macri decidió no incluir esa demanda en la renovación del servicio, algo que rompe una tradición que afianzó su primo Mauricio y mantuvo Rodríguez Larreta.

Se trata de la llamada “Ley Moyano”, esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene ningún basamento jurídico sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, lideró hace dos semanas una movilización de los trabajadores de recolección de residuos ante la Comuna I y amenazó: “Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”.

Como anticipó Infobae, sin embargo, el gobierno porteño está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el próximo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares, porque las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

Esa misma posición inflexible es la que Jorge Macri sostendrá a rajatabla ante los Metrodelegados. Esta mañana, respaldó las detenciones de trabajadores del subte y afirmó que “el que bloquea un servicio esencial va preso”, luego de la interrupción total de las seis líneas y el Premetro registrada este martes por la mañana.

El jefe de Gobierno, que difundió el mensaje desde España, donde se encuentra en el marco de una visita oficial, agregó: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

En el caso de los Metrodelegados, este conflicto también se transformó en un test decisivo. No sólo porque detuvieron a su actual titular y al referente más fuerte de la izquierda sino porque, además, se trata de Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, quienes competirán el 26 de noviembre próximo en las elecciones para renovar autoridades en esa organización gremial.

Serán comicios de resultado difícil de predecir porque, como anticipó Infobae, la interna de los subtes se atomizó: el oficialismo, aun en shock por el fallecimiento de Beto Pianelli, líder del sindicato, en diciembre pasado, se presentará en dos listas, una encabezada por Segovia y otra por Virginia Bouvet, candidata del pianellismo. Se enfrentarán a una nómina conducida por Dellecarbonara, delegado de la Línea B y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que se alió a agrupaciones combativas, sin el Partido Obrero (PO).

Por eso hay quienes interpretan que, más allá del reclamo por los “descuentos ilegítimos de salarios” por parte de la empresa Emova, el sindicato sobreactuó la protesta porque sus principales referentes están en campaña para unos comicios gremiales que son impredecibles.

La “postal” de Segovia y Dellecarbonara detenidos por la Policía de la Ciudad es políticamente beneficiosa entre los trabajadores de los subtes, donde hay una clásica identificación con las posturas más combativas.

Para el gobierno porteño y la administración de Javier Milei, además, hay otro componente crucial de este conflicto. Pone a prueba la aplicación de la reglamentación del derecho de huelga, contenida en la Ley de Modernización Laboral, porque prevé la obligación de mantener un 50% de servicios mínimos en caso de paros, que es lo que sucede ahora en los subtes.

Y, por otro, deja al desnudo la complejidad del cuadro sindical de la actividad: las autoridades de la Ciudad intimaron a los Metrodelegados a cumplir aquella norma, pero no pueden declarar la conciliación obligatoria en el conflicto y así normalizar el servicio mientras negocian una solución. Es que la personería gremial de los trabajadores del subte no la tienen los Metrodelegados sino la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con menos afiliados en el sector, pero con “poder de lapicera”.

¿Cómo terminará este conflicto? ¿Terminará realmente o apenas comienza? La CGT ya se solidarizó con los Metrodelegados y lo mismo hará la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que analizó medidas de fuerza contra las detenciones y la “criminalización de la protesta”. Por ahora, como siempre, los que siguen perdiendo son los usuarios de los subtes.

Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza, volverá a presentar en los próximos días en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que encuadra a los bloqueos sindicales como delito penal, pero actualizará su contenido con el fin de impedir nuevos fallos como el del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió a un líder del Sindicato Camioneros que había bloqueado una empresa en 2021.

La iniciativa había sido presentada en octubre de 2024, cuando la legisladora aún integrada el bloque del PRO, partido por el que ganó su banca por la provincia de Santa Fe en las elecciones de 2023, pero no tuvo suficiente respaldo político y perdió estado parlamentario.

En el proyecto se incorpora en el Código Penal de sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión a “quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio”. Y también castiga los bloqueos indirectos con penas de seis meses a tres años de prisión, una figura que se refiere al que “hiciere uso de amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar a proveedores, prestadores de servicios, clientes o cualquier tercero vinculado con el comercio, industria o establecimiento bloqueado con el propósito de impedir, estorbar o entorpecer de manera indirecta el normal desarrollo comercial y/o productivo del mismo”.

Contempla, además, que el sindicato, empresa u organización que promoviere o facilitare las acciones previstas en el proyecto serán pasibles de las penas establecidas en el artículo 304 del Código Penal, donde figuran sanciones como “multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, y pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere”.

En ese momento, La Libertad Avanza estaba en plenas negociaciones con la CGT para cambiar el capítulo laboral de la Ley Bases y el proyecto de Razzini, aunque contaba con respaldo del oficialismo, del PRO y otros bloques, quedó congelado para facilitar la sanción de la norma que le interesaba al gobierno de Javier Milei.

Aun así, en la Ley Bases fue incluido un artículo que considera los bloqueos como grave injuria laboral y que de esa forma les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Ambos artículos tuvieron que ver con el impulso de Razzini, quien, antes de ser legisladora, fue presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), al que fundó en 2021 junto con la abogada Florencia Arietto para agrupar a los dueños de las pyme y diseñar una estrategia para frenar ese tipo de protestas.

La actual diputada es una de las dueñas de una empresa de distribución de materiales de construcción ubicada en Rosario que en junio de 2020 amaneció con dos sedes bloqueadas por el Sindicato de Camioneros d, que exigía que 18 de los 100 empleados se afiliaran a esa organización. La medida duró tres meses.

Razzini, dueña junto con sus hermanos de la firma que fundó su padre hace 60 años, se resistió y por eso fue amenazada, insultada, intimidada con armas de fuego y tuvo que mudarse para evitar ataques. Su denuncia terminó con 10 empleados y tres delegados presos. Los trabajadores que participaron de la protesta fueron despedidos y presentaron un amparo, pero una jueza consideró que las desvinculaciones eran legales.

Una vez que con el MEAB logró fallos judiciales contra los bloqueos y sus responsables, decidió pasar a la política para tratar de que haya una legislación que evitara las acciones sindicales que, amparadas en el derecho de huelga, violan otros derechos constitucionales como el de propiedad, a la circulación y a trabajar.

En diálogo con Infobae, la diputada Razzini criticó el fallo del juez López: “Estamos enojados, al igual que la sociedad que levantó su voz, porque volvimos al mismo punto de discusión de antes luego de que se habían logrado fallos muy importantes y condenas contra los bloqueos en otras causas, y a nivel institucional se consiguió todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, la generación de inversiones y la recuperación del respeto por la propiedad privada”.

“Esto es volver al patoterismo: tenemos jueces que validan que, por más que los delitos estén comprobados, no importa porque están dentro del marco de una huelga”, sostuvo Razzini. Y agregó: “Lla huelga es el derecho a la protesta que tiene un trabajador de no presentarse a realizar sus tareas y no ser despedido por eso, no a cometer delitos. El derecho de huelga no es más importante que el derecho a trabajar”.

Para Razzini, fue positivo que se produjera una “reacción muy rápida” del empresariado, que, como anticipó Infobae, se impulsan dos denuncias distintas del MEAB y de un grupo de pymes contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio del dirigente Maximiliano Cabaleyro y los otros 6 imputados en el bloque de Rey Distribución y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Con respecto a su proyecto de ley, la legisladora anticipó que “el contenido va a ser muy parecido” al presentado hace dos años: “Sólo voy a cambiar los fundamentos porque justamente este fallo es muy grave ya que un juez no puede decir que en el marco de una huelga todo vale a pesar de que se cometan delitos”.

La diputada advirtió que “esta es una Argentina distinta y no vamos a permitir un paso atrás porque es muy grave bloquear empresas, es algo que no sucede en el resto el mundo y tiene que ser castigado porque, si no, no vamos a tener posibilidad de desarrollarnos como Nación porque frena el trabajo tan fuerte que hacemos para que vuelvan las inversiones y el país despegue”.

Los empresarios reaccionaron y activaron una contraofensiva por el polémico fallo de Alejandro López, el juez de San Nicolás que absolvió al líder del Sindicato de Camioneros de esa ciudad, Maximiliano Cabaleyro, y a otros seis imputados por el bloqueo de la pyme Rey Distribución, de San Pedro, en febrero de 2021.

La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme Rey Distribución, en diálogo con Infobae. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó el empresario.

Hace 48 horas, hubo fuertes pronunciamientos de rechazo a la sentencia de López por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), a la que calificaron de “preocupante retroceso”, pero el mundo empresarial activó, además, una estrategia contra el magistrado que, en la práctica, justificó que se violen los derechos de propiedad, a la circulación y a trabajar, amparados por la Constitución Nacional, como el derecho de huelga, si se producen en el marco de un conflicto laboral.

Por eso desde el empresariado se impulsan dos denuncias distintas contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio de Cabaleyro y los otros 6 imputados y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Ambas presentaciones son similares a la presentada el jueves pasado por el diputado bonaerense Manuel Passaglia, del partido Hechos, quien fue intendente nicoleño cuando, en abril de 2022, el Sindicato de Camioneros bloqueó la ciudad durante 48 horas en rechazo de las detenciones de Cabaleyro y Fernando Espíndola por la protesta contra Rey Distribución.

Una de las denuncias ya se oficializó este viernes y está promovida por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), con el aval de su presidente, Juan Méndez. La otra se formalizará esta semana ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia porque todavía están juntando firmas y se estima que habrá unas 50 empresas que apoyarán la presentación.

En las dos se pone en la mira el fallo absolutorio y se pide que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense analice si la actuación del juez podría encuadrar en causales de mal desempeño.

Las presentaciones sostienen que el juez dictó la absolución de los imputados por el bloqueo pese a haber tenido por acreditados los episodios de obstrucción del ingreso y egreso de vehículos en la pyme. De acuerdo con la presentación, López consideró que las conductas estaban justificadas por el “ejercicio de un derecho”, en referencia al artículo 34, inciso 4.º, del Código Penal.

En el escrito, el MEAB remarca que su cuestionamiento “no se dirige contra el reconocimiento constitucional del derecho de huelga ni pretende desconocer la legitimidad de los reclamos sindicales”, pero, de todas formas, afirma que debe determinarse si López “delimitó adecuadamente el alcance de ese derecho y examinó de manera suficiente la posible afectación de derechos de terceros”.

“La tutela constitucional de la huelga debe armonizarse con los restantes derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho de propiedad, el ejercicio de actividades económicas lícitas y la protección de la posesión frente a actos de turbación”, expresa la entidad que dirige Méndez.

Los empresarios del MEAB diferencian entre la legitimidad de un reclamo laboral y la legalidad de las modalidades utilizadas para ejercer presión durante un conflicto. En esa línea, plantea que “el reconocimiento (del derecho de huelga) no implica que toda conducta desplegada durante un conflicto laboral quede automáticamente justificada por la sola existencia de un reclamo sindical”.

El núcleo de la denuncia se concentra en el razonamiento aplicado para absolver a los acusados. El MEAB sostiene su presentación que, aunque el fallo reconoció la existencia de obstrucciones al paso de los vehículos, el juez concluyó que los hechos eran atípicos por encontrarse amparados por el ejercicio de un derecho.

“No basta con identificar la existencia de un derecho en abstracto: es necesario establecer si el comportamiento concreto constituye un ejercicio legítimo de aquel”, señala el escrito presentado al referirse a la aplicación del artículo 34, inciso 4.º, del Código Penal.

Las empresas denunciantes, en ese sentido, solicitan que se examine si el magistrado realizó una ponderación específica de “los medios empleados, sus efectos y los derechos eventualmente afectados”, o si el contexto sindical fue considerado como una justificación general para las conductas investigadas.

De todos modos, aclaran que “no se sostiene que la absolución sea por sí misma demostrativa de mal desempeño”. En cambio, plantea que debe analizarse si la fundamentación utilizada revela una deficiencia funcional con la gravedad requerida por la ley.

En el escrito, el MEAB pide que se investigue una eventual configuración de tres causales previstas en el artículo 21 de la Ley 13.661: incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de las funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y comisión de graves irregularidades en procedimientos a cargo del magistrado o en los que hubiera intervenido.

Respecto de esta última figura, la entidad aclara que se formula “de manera subsidiaria” y que no se basa exclusivamente en el dictado de un fallo absolutorio.

“El eventual encuadre de cualquiera de estas causales deberá establecerse a partir del examen integral de la sentencia y de las actuaciones pertinentes, sin presumir responsabilidad por el solo contenido de una decisión jurisdiccional”, indica la denuncia.

La presentación del MEAB también menciona la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a la que atribuye modificaciones vinculadas con la libertad de trabajo y la penalización en casos de obstrucción del ingreso o egreso de personas y bienes de establecimientos.

En el escrito se precisa que la referencia a esa normativa se realiza como parte del contexto vigente al momento de formular el planteo y no como argumento para una aplicación retroactiva. “Aun prescindiendo de toda aplicación retroactiva de la reforma, la existencia de un conflicto laboral no dispensaba de examinar los límites jurídicos del derecho invocado”, sostiene.

Para los denunciantes, la discusión excede el caso puntual debido a su potencial impacto sobre empresas, trabajadores, proveedores y circuitos de distribución. “Las medidas de acción sindical pueden constituir instrumentos legítimos de reivindicación. Pero cuando sus modalidades concretas involucran la obstrucción de accesos, la limitación de la circulación o la afectación del funcionamiento de establecimientos se impone un análisis jurídico”, argumentan.

“La cuestión adquiere relevancia porque la interpretación de los límites del derecho de huelga no involucra únicamente los intereses de quienes intervienen directamente en un conflicto laboral -señala el MEAB-. También puede comprometer derechos de terceros y la previsibilidad con la que deben desenvolverse las actividades empresariales”.

Como prueba, la organización ofrece la copia íntegra del veredicto cuestionado y solicita, de considerarlo pertinente, que se requieran las actuaciones judiciales necesarias para evaluar el debate, la prueba producida, los alegatos y los fundamentos de la sentencia.

En su presentación, el MEAB solicita que se tenga por formulada la denuncia contra López, que se incorpore la documentación ofrecida y que se ordenen las medidas necesarias para determinar si corresponde avanzar con el enjuiciamiento al juez previsto en la Ley 13.661.

El texto finaliza con una aclaración sobre su alcance: “La formulación de la denuncia no implica afirmar de antemano la responsabilidad del magistrado ni desconocer las garantías que protegen la independencia judicial”.

El Jurado de Enjuiciamiento deberá resolver, en primer término, la admisibilidad y pertinencia de los hechos expuestos antes de avanzar, eventualmente, con las medidas de comprobación correspondientes.

El empresario Ariel Rey, dueño de la distribuidora de San Pedro que fue bloqueada por el Sindicato de Camioneros, dijo que está preocupado por la seguridad de su familia luego de que el juez Alejandro López absolvió al dirigente Maximiliano Cabaleyro, uno de los que lideró la protesta.

En diálogo con Infobae, Rey dijo: “Me preocupa porque con este fallo se va a empoderar y va a venir de vuelta a mi negocio, no me va a dejar sacar mi vehículo y me va a decir: ‘Todos tus empleados son míos. Vos no me hiciste caso la otra vez, me llevaste a juicio, me metiste preso y ahora el juez me dio la razón. Así que pasame todos tus empleados a Camioneros. Si no, te bloqueo’”.

Los temores de Rey, uno de los dueños de la pyme familiar, se hicieron públicos en forma simultánea con las primeras declaraciones de Cabaleyro tras el fallo judicial que lo favoreció, donde se mostró desafiante: “No me quedan dudas, si lo tuviera que volver a hacer, lo haría”, dijo en una conferencia de prensa al referirse al bloqueo que lideró y que lo mantuvo 4 años en prisión (los últimos tres, bajo arresto domiciliario).

Fortalecido por el fallo absolutorio, el jefe de Camioneros en San Nicolás destacó: “Acompañé a mis trabajadores hasta el final y eso a mucha gente le molesta. En mi gen sindical, jamás en mi vida podré dejar tirado a un trabajador, menos por un reclamo que es legítimo”.

“Perdí parte de la crianza de mis hijos y de mi familia. Uno tiene una convicción y quiere jubilarse como sindicalista”, dijo al victimizarse por su detención.

Recordó, además, que le “sacaron” el cargo de concejal del Frente de Todos en San Nicolás por esta causa. “Calculo que uno molestaba mucho en ese lugar. Fui el único condenado por poner un colectivo en la vereda de una empresa”. Y negó que haya recibido coimas: “Nunca las hubo. La plata que pagaron fue legal. No hay una filmación con un insulto. Decían que no se pudo trabajar y hay videos que demuestran lo contrario”.

“Vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre -advirtió Cabaleyro-. Quédense tranquilos que van a seguir creciendo con nosotros. Saben cómo trabajamos: los reclamos son por vía legal y siempre damos la oportunidad de llegar a un acuerdo”.

Además, anticipó que iniciará acciones legales contra sus denunciantes: “Estaré esperando un tiempo y accionaré contra los que armaron este mamarracho”, señaló.

Rey Distribución, pyme de San Pedro, sufrió un bloqueo en 2021 que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, pero los responsables de la protesta (Cabaleyro y otros 6 imputados) fueron absueltos por el juez Alejandro Lópéz, miembro del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, quien dio por probado la protesta que impidió el acceso de camiones y afectó la actividad de la empresa, pero consideró que fue llevado adelante como el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuró ningún delito.

“Es una locura lo que pasó -remarcó Rey luego del polémico fallo-. Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil, pero no vamos a bajar los brazos. Estamos con la verdad. Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”.

El empresario dijo estar “sorprendido” por la sentencia: “El Ministerio Público Fiscal encontró pruebas (del bloqueo) y la jueza de Garantía acusó a los responsables porque encontró pruebas suficientes en los cuatro hechos denunciados. Después, en un fallo unánime, Casación también encontró pruebas suficientes. Y ahora un juez limpia absolutamente todo. Dijo: ‘No, todo lo que hicieron está mal. No hay pruebas suficientes’”.

Con pesar, Rey dijo que los dirigentes gremiales que lo bloquearon “ahora se van a sentir empoderados” ya que el fallo “le está diciendo a la sociedad: “Si tenés problemas con el sindicato, arreglá con ellos porque, si no, en la Justicia no vas a encontrar reparo”.

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó. “Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó Rey.

Por su parte, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los máximos promotores de los bloqueos en la Argentina, celebró el fallo de López y descalificó a Florencia Arietto, la abogada de los dueños de Rey Distribución.

“La Justicia de San Nicolás ha absuelto y otorgado la inmediata libertad de Maxi Cabaleyro y a todos los compañeros que han sido involucrados en esta causa mentirosa que ha armado la chanta de Florencia Arietto”, sostuvo en un video filmado desde México, donde participa de un congreso sindical internacional.

Asimismo, Moyano destacó la importancia del fallo para “la defensa de los derechos laborales” y sostuvo que “constituye un precedente en la lucha sindical”.

En ese sentido, remarcó que las medidas legítimas de acción gremial “no deben ser criminalizadas” y dijo: “Esto quiere decir que llevar adelante una medida legítima no es bloquear, no es extorsionar, no es ser patotero, sino que es reclamar por los derechos de los trabajadores”.

Para el dirigente del Sindicato de Camioneros, “la resolución representa un triunfo para los trabajadores involucrados y vuelve a poner en el centro del debate el derecho a la organización sindical, la protesta y la defensa de las conquistas laborales”.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.

Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.

Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.

Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.

De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.

El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.

Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.

La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.

La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.

Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.

De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.

En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.

Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.

Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.

Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.

Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.

A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.

En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.

También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.

El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para que se investigue si hubo mal desempeño del juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, a raíz del polémico fallo que absolvió al líder local de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y otros 6 imputados en el bloqueo a la pyme Rey Distribución.

Passaglia, legislador provincial por el partido Hechos y ex intendente de San Nicolás, no pide revocar el fallo de López sino investigar si la fundamentación jurídica de esas absoluciones tuvo “fallas graves”.

Se trata de la primera presentación efectuada contra el magistrado a 24 horas de la sentencia que eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, con argumentos controvertidos: López admitió que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como “legítimo ejercicio de un derecho”.

El juez López dictó el veredicto absolutorio este miércoles en una causa caratulada como turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión, iniciada luego del bloqueo sindical en la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro, donde los imputados principales eran Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y 6 empleados de la pyme que participaron de la protesta.

El propio fallo tuvo por acreditado que hubo una obstrucción en las puertas del establecimiento que impidió la salida de vehículos. Sin embargo, López concluyó que esa conducta era atípica —es decir, que no constituía delito— porque los acusados ejercían un derecho reconocido por la ley: el derecho de huelga, amparado en el artículo 34, inciso 4, del Código Penal. El magistrado también señaló que no hubo violencia, daños ni amenazas identificadas durante la medida.

La denuncia promovida por Passaglia contra López no objeta esa conclusión final en sí misma, sino que cuestiona el camino argumental que llevó hasta ella.

Passaglia sostiene que el fallo explicó con detalle las razones que motivaron el conflicto laboral —diferencias salariales, deficiencias de seguridad e higiene, la situación de un delegado gremial— pero no analizó con la misma profundidad si la modalidad concreta de la protesta, su duración y su alcance, estaban comprendidos dentro de los límites del derecho invocado.

El señalamiento apunta específicamente a un pasaje de la página 103 del veredicto —de 110 páginas en total—, donde el magistrado respondió al planteo de las acusaciones sobre la tensión entre el derecho de huelga y los derechos de propiedad. Según la denuncia, López consideró innecesaria la ponderación en los términos planteados y dijo que, en determinadas circunstancias, la huelga se impone sobre otros derechos. Para Passaglia, esa formulación no resuelve el análisis concreto de los límites del bloqueo que el propio juez tuvo por acreditado.

La hipótesis no es que todo perjuicio empresarial derivado de una huelga constituya un delito. Tampoco que la obstrucción física sea suficiente por sí sola para condenar. La pregunta que plantea la denuncia promovida por el diputado de Hechos es más limitada: si la motivación efectivamente plasmada en el fallo satisface el deber legal de explicar por qué ese bloqueo concreto quedaba dentro de los márgenes del Derecho.

El segundo cargo de la denuncia apunta al modo en que el magistrado utilizó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1958: el caso Kot, Fallos 241:291, dictado el 5 de septiembre de 1958.

Según la presentación, López invocó ese precedente —que en su momento ordenó la restitución de una fábrica ocupada a través de la vía del amparo— y extrajo de él una conclusión sobre la improcedencia de la intervención penal en conflictos colectivos laborales.

El argumento del magistrado habría sido que ese fallo no hizo referencias a delitos ni a tipos penales, lo que reforzaría la idea de que el derecho penal no era el camino adecuado para resolver el caso.

Passaglia cuestiona esa inferencia. En la denuncia sostiene que “una respuesta de restitución urgente no puede convertirse, sin demostrar el nexo correspondiente, en una regla general de exclusión penal de los conflictos colectivos”. Dicho de otro modo: que un tribunal haya optado por la vía del amparo en 1958 no demuestra automáticamente que las conductas analizadas en otro proceso, décadas después, sean penalmente atípicas o estén justificadas.

La denuncia aclara que no atribuye al juez una falsificación deliberada del precedente, ni sostiene que Kot obligue a condenar a los absueltos. Lo que solicita es que el Jurado contraste el texto íntegro del fallo de 1958, sus antecedentes y su objeto procesal con la caracterización que efectuó López para determinar si hubo una utilización objetivamente descontextualizada y si ese defecto tuvo gravedad funcional.

Qué puede y qué no puede hacer el Jurado

La presentación subraya con énfasis un límite que la propia legislación establece. El Jurado de Enjuiciamiento no es una tercera instancia judicial: no puede revocar el veredicto absolutorio ni ordenar la condena de Cabaleyro. Su función es exclusivamente disciplinaria: evaluar si el juez incurrió en una falta grave en el ejercicio de su cargo.

Los artículos invocados como encuadre provisional son los incisos d y e del artículo 21 de la Ley 13.661, que regulan las faltas de los magistrados bonaerenses. La denuncia también reconoce expresamente que el magistrado apoyó parte de su decisión en un precedente del Tribunal de Casación Penal de la provincia —el caso Ruiz, Carlos Amador, Sala I, sentencia del 13 de marzo de 2013— que respaldaba la atipicidad de la obstaculización de accesos durante conflictos laborales. Ese apoyo jurisprudencial, según afirma Passaglia, debe ser contemplado en el análisis.

La presentación es explícita al reconocer sus propios límites: “La existencia de un criterio discutible no basta para la remoción”. Si la investigación solicitada concluye que solamente hay una discrepancia interpretativa entre el juez y el denunciante, no quedará demostrada ninguna falta funcional.

Passaglia fue intendente de San Nicolás cuando Cabaleyro y Fernando Espíndola, otro dirigente de Camioneros, fueron arrestados en abril de 2022 como responsables de los bloqueos a Rey Distribución para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.

En ese momento, el Sindicato de Camioneros protestó contra las detenciones bloqueando los accesos a San Nicolás, medida que impidió la entrega de alimentos y la recolección de residuos, pero la tuvo que levantar a las 48 horas ante la firme posición de Passaglia.

Los bloqueos sindicales contra las empresas retrocedieron en la Argentina. Desde 2021, que marcó un récord con unas 75 protestas de ese tipo en todo el país y que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento de los gremios, en 2024 sólo se produjeron 8. Y desde entonces los casos cayeron en picada, como consecuencia de distintos fallos judiciales que equipararon a los bloqueos con un delito y, además, de leyes que penalizan a quienes los realizan.

Por eso el controvertido fallo del juez Alejandro López marca un retroceso preocupante en materia de cómo se reconfiguraron legalmente los bloqueos y constituye una mancha para el Poder Judicial (que incluso se suma a su sentencia de 2023 que benefició con arresto domiciliario a un hombre al que un jurado había declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado).

Pero, además, esa sentencia se convirtió en una señal inquietante para los empresarios: si se generalizara su interpretación de los hechos que afectaron a Rey Distribución, en San Pedro, los sindicalistas volverían a poner de moda el impedimento del acceso a las empresas en el marco de cualquier reclamo laboral, ya que se trataría del “legítimo ejercicio de un derecho”, como interpreta López en su fallo, por más que sea una modalidad de protesta violenta en sí misma, extorsiva, intimidatoria e incluso riesgosa para la propia continuidad de la actividad empresarial.

“Lo que le está diciendo este juez a la sociedad es que no importa que cometas delito, siempre que haya una huelga existe una justificación”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme Rey Distribución, bloqueada en 201 por el líder de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, a quien López absolvió, junto con otros 6 imputados, que estaban acusados de los cargos de extorsión y turbación de la posesión.

“Si yo quiero abrir mi negocio, sacar el camión para salir a repartir y un grupo de personas hace un cordón humano y te dicen: “No avanzás”, ¿eso no es un delito? ¿Qué tiene que ver eso con el derecho de huelga?“, se preguntó Rey en diálogo con Infobae.

Lo más polémico, además de la absolución de los imputados, es que López concluyó que los bloqueos sindicales —que, según reconoce, impidieron la circulación de camiones y afectaron la actividad de la empresa— constituyeron el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuraron delitos.

Su criterio es contrario al de otros jueces que consideran que la huelga es la abstención de trabajar por parte de los empleados, y se trata de un derecho amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero que el bloqueo sindical excede ese derecho porque implica impedir mediante obstáculos físicos, intimidaciones o amenazas el ingreso o salida de trabajadores, directivos, vehículos o mercaderías de una empresa.

Hay numerosos fallos en ese sentido. Por ejemplo, Omar Pérez, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros 4 miembros del Sindicato de Camioneros zafaron en julio de 2025 del juicio oral por haber extorsionado al dueño de Andar Transportadora, una pyme de Trenque Lauquen, a la que bloquearon para exigirle el pago de una deuda que no existía, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal suspendió la audiencia y concedió a los imputados una probation que consistió en tareas comunitarias.

Pero al confirmar el procesamiento de los acusados, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

En este sentido, dijo que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”, advierte que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y que de esa manera se considera al que “contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.

La misma Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional utilizó iguales argumentos contra el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña, que fue procesado y embargado por 8 millones de pesos por un bloqueo realizado en 2021 a una estación de servicio, y recordó, además, que la Corte Suprema había considerado que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importen extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.

En marzo de 2023, en otro fallo polémico, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora dispuso el sobreseimiento de un alto directivo del Sindicato de Camioneros y de 7 empleados por el bloqueo a la pyme Química Oeste, por el cual fueron acusados del delito de turbación de la posesión, y cuya causa había sido elevada a juicio por el juez de garantías de Esteban Echeverría Javier Mafucci Moore.

Al justificar la elevación a juicio de la causa, Mafucci Moore advirtió que “el derecho a la protesta, la huelga o cualquier tipo de defensa de los derechos de los trabajadores mediante su ejercicio no puede entrar en colisión con el derecho de otras personas a transitar libremente, ejercer el comercio, o trabajar en libertad, o preservar su propiedad”. Para el juez, “impedir el trabajo de otros no es el modo de protestar. Pretender que este tipo de conducta sea el exclusivo medio o el más razonable, es pretender socavar aquellos otros derechos”.

“Los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio -destacó el juez-. En esta vertiente, los derechos que emanan de ciertas cláusulas constitucionales deben armonizar con las obligaciones impuestas en otras, de manera de no conllevar a una pugna entre ellos. Ello así pues el ejercicio violento de un derecho no está amparado ni por las leyes argentinas ni por el derecho internacional”.

En marzo de 2026, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense aceptó la queja de la pyme Construcciones y Servicios Viales (Conyser), que fue bloqueada por 6 activistas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y ordenó que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dicte un nuevo fallo “ajustado a derecho” en una causa en la que habían sobreseído a los acusados.

La abogada Florencia Arietto consideró entonces que, mediante su fallo, la Suprema Corte provincial había convalidado el argumento de la pyme acerca de que “ningún derecho es absoluto y que la huelga no significa impedimento de trabajo y que es pasiva, no extorsiva, ya que hay una colisión de derechos cuando se impide el trabajo, que es el ejercicio de la industria”.

En enero pasado, en una causa en la que quedaron imputados 19 trabajadores y sindicalistas por un bloqueo contra el Hotel Provincial Plaza de Salta, acusados del delito de turbación de la posesión, el Juzgado de Garantías N° 4 de esa provincia, a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino, apuntó contra los responsables de esa protesta y sostuvo que el derecho constitucional de huelga no permite actos como daños materiales ni turbación de la posesión, que son perseguidos penalmente en forma independiente del contexto laboral. Y reconoció la protesta gremial, pero delimitó que el bloqueo de accesos y los daños exceden el marco protegido por el derecho de huelga.

El flamante fallo del juez Alejandro López, además, contradice el espíritu de leyes recientes que penalizaron los bloqueos sindicales e incluso a quienes los organizan. Por un lado, la Ley Bases los considera como grave injuria laboral y que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

El juez Alejandro López, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, consideró que aun cuando un bloqueo sindical afecte la actividad de una empresa y genere perjuicios económicos, eso no transforma automáticamente la protesta en un delito.

Al revés de otros fallos que equiparan al bloqueo con un delito y de leyes que penalizan esas medidas extorsivas, el magistrado absolvió al líder de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, acusado de impedir el acceso y la salida de vehículos de Rey Distribución en San Pedro, además de extorsionar a esa pyme, en 2021.

En su polémica sentencia, López concluyó que los bloqueos sindicales —que impidieron la circulación de camiones y afectaron la actividad de la empresa— constituyeron el “legítimo ejercicio de un derecho” y, por lo tanto, no configuraron delitos.

Técnicamente, el fallo no dispuso un sobreseimiento sino una absolución, al igual que benefició a otros 6 imputados. Cabaleyro fue liberado de manera inmediata.

La acusación fiscal había sostenido que los imputados bloquearon los accesos de Rey Distribución, en la ciufdad bonaerense de San Pedro, para presionar a la empresa en medio de reclamos laborales. Los hechos investigados incluían los delitos de turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión.

El juez dio por probado que hubo medidas que restringieron el funcionamiento de la empresa. En particular, consideró acreditado que el 15 de enero de 2021 se obstaculizó la salida de camiones y que, del 22 al 25 de febrero, un colectivo del Sindicato de Camioneros fue colocado ante el acceso de la pyme, impidiendo la entrada y salida de vehículos.

Sin embargo, López concluyó que esas conductas no podían ser castigadas penalmente porque estuvieron vinculadas con un conflicto laboral.

“Estos eventos acreditados, por constituir legítimo ejercicio de un derecho, resultan atípicos”, escribió el magistrado al analizar los bloqueos. Y luego fue todavía más explícito: “Todos los imputados abarcados por esta decisión, han obrado en el ejercicio de un derecho, cual es el de huelga, y por tal motivo sus acciones —verificadas y coincidentes con la acusación fiscal— son atípicas”.

La atipicidad implica que, para el juez, la conducta no encuadra en una figura penal cuando se la analiza dentro de su contexto: una medida de fuerza gremial.

Uno de los pasajes más contundentes de la resolución afirma que el expediente debió tramitarse fuera del fuero penal. “Este es un conflicto laboral”, señaló López, quien cuestionó que se hubiera llevado el caso a un juicio criminal con posibilidad de penas de prisión.

En esa línea, planteó que el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado: “Las medidas de fuerza llevadas a cabo por la organización sindical reconocida (...) no debieron razonablemente ser judicializadas en el contexto de una causa penal”.

El juez también calificó como un “despropósito” la posibilidad de castigar con prisión a trabajadores y dirigentes por acciones desarrolladas en una protesta sindical: “Traer este conflicto hasta estas instancias, con personas detenidas o afectadas por la sola existencia de la potencial conminación de una pena (...) es lo que debe ser denominado un despropósito”, dijo en el fallo.

Para fundamentar su postura, López citó jurisprudencia bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de estándares internacionales sobre el derecho de huelga y libertad sindical.

La sentencia no niega que la actividad comercial de Rey Distribución haya sido afectada. Por el contrario, el juez remarcó que hubo un bloqueo en los accesos y que los camiones no pudieron circular normalmente.

Pero distinguió esa afectación de la comisión de delitos contra la propiedad o de coacciones. “La participación en una barrera humana o colocación de obstáculos en los ingresos de la planta fabril no importa el despliegue de violencia sobre las cosas o corpus posesorio, sino molestias para el poseedor”, citó el magistrado de un antecedente judicial.

También sostuvo que no se acreditó que los imputados hubieran ejercido violencia, causado daños o amenazado personalmente a los dueños de la empresa durante los bloqueos a la pyme de la familia Rey. “Los encartados no ejercieron tampoco violencia, no causaron daños, ni se los identificó intimidando o amenazando a ninguna persona en el desarrollo de la medida de fuerza”, afirmó.

El juez dio relevancia al contexto de los reclamos planteados por el gremio. Según el fallo, había denuncias por diferencias salariales, pago de horas nocturnas, adicionales, aportes sindicales y de obra social, además de problemas de seguridad e higiene en el establecimiento.

Entre las irregularidades mencionadas aparecen baños insuficientes para la cantidad de empleados, falta de señalización, problemas en vehículos y autoelevadores, ausencia de sirenas de retroceso y deficiencias en escaleras y circulación dentro del depósito.

La pericia contable oficial, citada en la sentencia, concluyó que existían diferencias salariales y de aportes. El fallo destaca que el cálculo de la perito fue incluso superior a la deuda reclamada por Camioneros. “El sindicato había estimado una diferencia mucho menor incluso a la determinada por la perito”, consignó el juez.

También sostuvo que la empresa había reconocido falencias y que, tras el conflicto, se realizaron obras y adecuaciones en materia de infraestructura y seguridad.

Cabaleyro también estaba acusado de haber integrado un esquema de extorsión contra los dueños de Rey Distribución, quienes declararon haber realizado pagos mensuales al sindicato para evitar bloqueos o dificultades en el funcionamiento de la firma.

El juez tuvo por acreditado que hubo entregas de dinero a Fernando Espíndola, dirigente que participó del bloqueo pero no fue juzgado en este juicio oral y público porque acordó un procedimiento abreviado, pero entendió que no se probó que Cabaleyro hubiera participado de esos cobros, los hubiera ordenado o recibido.

“No se ha acreditado la autoría en cabeza de Maximiliano Cabaleyro”, resolvió. Y agregó: “No hubo un sólo testigo que pudiera afirmar que vio a Cabaleyro recibir o exigir dinero. No ha surgido de la prueba rendida en el debate nada que lo incrimine”.

El fallo del juez López cuestiona que la acusación se apoyara en comentarios, conjeturas o referencias de terceros. “Todo lo que aportaron estas personas es proveniente de ‘comentarios’, del ‘vox populi’, o de los dichos de Espíndola”, señaló.

Además, el juez ponderó una escucha telefónica en la que Gustavo Rey, uno de los propietarios de la empresa, le ofrecía dinero a Cabaleyro. Según López, el sindicalista rechazó esa propuesta. “Fue Rey quien ofreció dinero (...) Ese ofrecimiento de dinero (...) fue rechazado de plano por Maximiliano Cabaleyro”, sostuvo.

La acusación también apuntaba a un convenio por $805.383,03 suscripto en abril de 2021 entre la empresa y el sindicato, que la fiscalía interpretaba como resultado de una amenaza de un nuevo bloqueo.

El juez descartó que se hubiera probado una extorsión. Consideró que el acuerdo estaba vinculado con deudas reales de la empresa por diferencias salariales y aportes sindicales y de obra social. “No existió la coacción o amenaza para suscribir el documento en cuestión, y sí existía la deuda reconocida allí (...) y era exigible incluso judicialmente”, afirmó el fallo.

La sentencia además valoró que los pagos se encontraban documentados con recibos oficiales. “Rara vez se documentan los pagos indebidos y producto de extorsión en recibos, precedidos de convenios de pago por reconocimiento de deudas”, escribió López.

El fallo judicial contiene duras observaciones a la investigación fiscal, a la selección de los imputados y al uso de intervenciones telefónicas.

El juez cuestionó que algunas personas mencionadas como participantes de las medidas de fuerza no hubieran sido acusadas, mientras que otros sí llegaron a juicio. “La acción penal no fue objetivamente dirigida cuando se trató de escoger personas a imputar”, sostuvo.

También criticó el uso de escuchas telefónicas y la forma en que se seleccionaron las conversaciones consideradas relevantes. Sobre ese punto, advirtió que la investigación no puede apoyarse en la intromisión indiscriminada en la privacidad de las personas ni en comunicaciones protegidas, como las mantenidas entre un imputado y su abogado. “El magro resultado en este caso demuestra lo desproporcionado que ha sido el uso de esta herramienta tan sensible a derechos personalísimos”, sostuvo.

En su parte resolutiva, López dispuso absolver a Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, y Lucas y Matías Torrez por los bloqueos de enero y febrero de 2021 al considerar que esas acciones fueron atípicas porque se dieron “en el ejercicio de un derecho”, en referencia al derecho de huelga.

Al mismo tiempo, absolvió a Cabaleyro por el hecho vinculado con los pagos mensuales, al no acreditarse su autoría, y por el convenio de pago de $805.383,03, al no comprobarse la materialidad de una extorsión.

Además, decidió la inmediata libertad de Cabaleyro, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido detenido en abril de 2022 junto con Espíndola.

“Cabaleyro” era Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y, según la acusación fiscal que luego se construiría en su contra, el conductor de un esquema de presión que los Rey soportaron durante años. Aunque el bloqueo de esa madrugada duró un solo día, fue apenas el primero de una serie de episodios que paralizaron la distribuidora durante cinco jornadas en total y le provocaron pérdidas que la familia cuantificó en más de $ 370.000.000.

La mecánica de la presión no era nueva para los Rey. Según relató Ariel, desde 2017 la empresa venía pagando una “contribución” mensual al sindicato para operar sin conflictos. “Para trabajar en paz tienen que poner un sueldo por mes”, era la fórmula que repetía Espíndola, identificado por la familia como el “recaudador” del gremio.

El monto fue creciendo con el tiempo: los denunciantes indicaron que en años electorales llegaban llamados para juntar sumas mayores, con la amenaza del bloqueo como telón de fondo permanente. “Tengo que juntar un millón de pesos. Fijate cuánto me vas a dar vos. Si no, la vas a tener complicada”, contaron que les dijo Cabaleyro en una reunión celebrada en la sede del sindicato en 2019, según el relato del empresario.

La situación se complicó aún más cuando, en 2020, la distribuidora debió traspasar a 7 de sus empleados —que hasta entonces pertenecían al gremio de Comercio— al convenio de Camioneros. Junto con ese traspaso llegó la imposición de un delegado, Edgardo Di Mayo, que según Ariel Rey dejó de cumplir sus tareas y pasó a actuar en función de las directivas del sindicato. “Mirá, esto no es nada personal, pero yo tengo que hacer todo lo que me dice el sindicato. El sindicato está para romper las pelotas”, le habría dicho Di Mayo abiertamente, de acuerdo con el testimonio del empresario ante Infobae.

Cuando la empresa sancionó al delegado por sus incumplimientos, llegaron nuevas amenazas de Espíndola. Fue entonces cuando los Rey tomaron la decisión de dejar de pagar la contribución mensual. La respuesta no tardó.

Tras el primer bloqueo y la denuncia penal que la familia presentó ese mismo día, el Sindicato de Camioneros respondió con una batería de denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que para la empresa tenían el único objetivo de ejercer presión. Esas presentaciones derivaron en el segundo bloqueo, que arrancó el lunes 22 de febrero y se extendió por cuatro días.

Esta vez, fue de otra escala: militantes del gremio acamparon en la vereda con reposeras, y el episodio más resonante fue la instalación de una motorhome de propiedad del sindicato frente a la puerta del negocio, que bloqueaba físicamente el acceso. El 25 de febrero, además, entre 10 y 12 camiones de otras empresas llegaron a rodear toda la manzana para reforzar la intimidación.

En ese contexto, Ariel Rey tuvo que concurrir a una audiencia en el Ministerio de Trabajo mientras la empresa permanecía sitiada. La negociación, según su relato, se desarrolló bajo presión: la empresa cedió $ 50.000 a cada trabajador involucrado, dejó en suspenso la sanción a Di Mayo y transfirió tres empleados más al convenio de Camioneros.

Además, cuando el encuentro llegaba a su fin, el gremio exigió que en el acta quedara asentada la “paz social” con la empresa. Cuando los Rey intentaron que constara que había habido un bloqueo, Cabaleyro amenazó con levantarse y reanudar la medida. “Tuve que aceptar porque tenía mercadería que se vencía, facturas que pagar, asfixia financiera”, explicó el empresario. El bloqueo se levantó al mediodía de ese mismo día.

Pero la historia no terminó ahí. En el mes de abril, el contador de la empresa recibió un llamado del sindicato reclamando el pago de todos los gastos que había generado el conflicto: $ 500.000 en total. La amenaza era que, si bien Cabaleyro tenía una orden perimetral que le impedía acercarse a la distribuidora, la motorhome seguía disponible.

Ante ese ultimátum, los Rey idearon una maniobra para documentar el pago y aportar trazabilidad a la causa penal: colocaron $ 393.000 en efectivo dentro de una caja de la marca Chocolino y sumaron un cheque de $ 103.000. “Queríamos buscar alguna trazabilidad porque ya sabíamos que esa plata era para coima y que íbamos a poder encontrar quién era el que cobraba ese cheque”, explicó Rey. Esa caja, junto con videos, grabaciones y declaraciones de testigos, fue incorporada al expediente judicial como prueba del mecanismo de extorsión.

La causa penal, que avanzó en paralelo a cada negociación laboral forzada, derivó en abril de 2022 en la detención de Cabaleyro y Espíndola por orden de la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui.

Ambos quedaron bajo prisión preventiva efectiva acusados de extorsión, turbación de la posesión y coacción. Ricardo Rey, el fundador de la empresa, murió dos años antes de que el juicio oral llegara a su fin.

Sus hijos lamentan que no haya podido ver el resultado del proceso que él mismo impulsó, aquel del que participó entre lágrimas cuando dijo frente a una cámara, tras una inspección del Ministerio de Trabajo acompañada por delegados gremiales: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más a esa gente acá”.

El juicio oral, que se desarrolló en siete audiencias ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás, concluyó con la absolución de Cabaleyro y otros seis imputados. El juez Alejandro López entendió que el dirigente había impedido el ingreso a la compañía en el marco de un reclamo laboral y no mediante un bloqueo ilegal. La resolución derivó en la liberación inmediata de Cabaleyro, que cumplía prisión domiciliaria. Ariel Rey rechazó el fallo y anticipó que la familia recurrirá en casación.

El juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, quedó en el centro de la escena judicial luego de absolver este miércoles al dirigente de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y a otros seis acusados por los hechos ocurridos en 2021 frente a la empresa Rey Distribución, en San Pedro.

López intervino de manera unipersonal en el debate, que se extendió durante una semana. La fiscalía había solicitado diez años de prisión para Cabaleyro, mientras que la querella de la familia propietaria de la firma reclamó una pena de 15 años.

El sindicalista, líder de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del Sindicato de Camioneros, había llegado a juicio acusado por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas, en el marco de un conflicto que se remontaba a años anteriores. El magistrado, sin embargo, absolvió a los imputados al considerar que los hechos acreditados durante el debate se inscribieron en el ejercicio de una protesta sindical legítima y que no se habían probado los extremos necesarios para sostener las imputaciones formuladas por las acusaciones.

La fiscalía había planteado una interpretación diferente. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio sostuvieron que existieron intimidaciones y amenazas destinadas a obtener dinero de los propietarios de la empresa y que las medidas de fuerza excedieron el ejercicio legítimo del derecho de huelga.

Los empresarios Ariel y Gustavo Rey denunciaron, además, que durante años habían realizado pagos para evitar conflictos con el sindicato y que los bloqueos comenzaron cuando decidieron interrumpirlos. Durante el juicio, la contadora de la empresa estimó en 13,5 millones de pesos el perjuicio ocasionado por una de las medidas, un monto equivalente entonces a unos 140 mil dólares.

Tras el veredicto, Cabaleyro recuperó la libertad. Había sido detenido en 2022 y durante buena parte de ese período cumplió arresto domiciliario.

La trayectoria de Alejandro López

López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás desde 2019, cuando fue designado para poner en funcionamiento el organismo junto con la jueza María Elena Baquedano.

Antes de asumir como magistrado se desempeñó como fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, por lo que buena parte de su trayectoria previa estuvo vinculada con causas que involucraban a menores de edad. También ocupó otros cargos dentro de la Justicia bonaerense antes de llegar al tribunal oral.

Desde entonces intervino en distintos procesos de repercusión pública. En agosto de este año participó del juicio por el crimen de Noah Romero, el niño de tres años asesinado durante una balacera ocurrida en San Nicolás en 2024. En ese expediente, los acusados recibieron condenas de 35 y 33 años de prisión.

Otro antecedente que adquirió trascendencia ocurrió en 2023, cuando López actuó como juez técnico en el juicio por jurados contra Pablo Javier Gordillo, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor.

El jurado popular declaró culpable al acusado y posteriormente López fijó una pena de cinco años de prisión, cuyo cumplimiento dispuso bajo la modalidad domiciliaria. La resolución fue recurrida por la fiscal Franca Padulo, quien cuestionó tanto la modalidad de cumplimiento como distintos aspectos de la sentencia.

Entre otros puntos, la representante del Ministerio Público objetó que el magistrado hubiera descartado una agravante vinculada con el daño ocasionado a la víctima que había formado parte del veredicto del jurado.

El conflicto con Camioneros

El caso que ahora volvió a colocar a López en agenda se originó a partir de una serie de enfrentamientos entre el Sindicato de Camioneros y Rey Distribución, una empresa radicada en San Pedro.

Según la acusación, hubo un primer episodio el 15 de enero de 2021 y posteriormente otra medida de fuerza en febrero de ese mismo año. Los propietarios sostuvieron que las protestas afectaron el normal funcionamiento de la compañía y que estuvieron relacionadas con la decisión de dejar de efectuar pagos que, según denunciaron, eran exigidos por dirigentes del gremio.

La defensa de Cabaleyro sostuvo, en cambio, que se trató de medidas gremiales vinculadas con reclamos laborales y amparadas por el derecho de huelga. Esa posición fue recogida por López al momento de dictar las absoluciones.

La decisión alcanzó también a Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El fallo no cerró, de todos modos, la discusión judicial. Tanto la fiscalía como la representación de la familia Rey anticiparon que recurrirán la absolución ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que deberá revisar el criterio adoptado por el magistrado.

Manuel Passaglia , diputado bonaerense y ex intendente de San Nicolás, cuestionó la absolución dispuesta por el juez Alejandro López para Maximiliano Cabaleyro y otros seis acusados por el bloqueo de una distribuidora de San Pedro en 2021. El diputado afirmó que la decisión judicial “vuelve a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.

“Una muestra más de un juez garantista. Bloquearon una empresa. Bloquearon una ciudad. Y no pasa nada”, escribió Passaglia en una publicación en redes sociales, donde vinculó el fallo con conflictos sindicales ocurridos en San Nicolás.

El legislador recordó que el sindicato de Camioneros había bloqueado accesos a esa ciudad e impedido, según señaló, la entrega de alimentos y la recolección de residuos. “Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad”, sostuvo.

La sentencia cuestionada absolvió a Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local, y a otros seis imputados por los delitos de extorsión y turbación de la posesión. El Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás entendió que el impedimento de ingreso a la empresa durante cinco días formó parte de una protesta laboral legítima y no constituyó un bloqueo, según informó Infobae.

La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva para el dirigente sindical, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período. Los abogados de la familia propietaria de la compañía, en tanto, habían pedido una pena de 15 años.

La investigación se originó en febrero de 2021, a partir de lo ocurrido en Distribuidora Rey, una empresa familiar de San Pedro. La acusación sostuvo que integrantes de Camioneros impidieron el acceso a la planta para exigir que sus 35 trabajadores fueran incorporados al convenio del sector y dejaran de estar afiliados al gremio de Comercio.

Passaglia sostuvo que los habitantes de San Nicolás resistieron el conflicto atribuido al sindicato y consiguieron que levantara las medidas de fuerza. “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo”, expresó.

El diputado ya se había pronunciado en abril de 2022 sobre un paro que afectaba a la recolección de residuos y al transporte en esa ciudad. En aquel momento anunció que la empresa encargada del servicio había comunicado el levantamiento de la medida y que transportistas volverían a circular al día siguiente.

“Perdió la extorsión”, escribió entonces Passaglia, al celebrar que la suspensión de la protesta llevaría alivio a los vecinos. En su nuevo mensaje, presentó la absolución como “un retroceso” porque, a su entender, fortalece a quienes recurren a bloqueos para imponer reclamos.

El empresario Ariel Rey, propietario de Distribuidora Rey, también rechazó la resolución. Tras conocerse el veredicto, anticipó que buscará revertirlo mediante un recurso de casación y cuestionó que el tribunal hubiera considerado legítima la protesta gremial.

“Acá tenemos el fallo de un juez que justificó el delito y eso hay que decirlo con todas las letras”, afirmó Rey en diálogo con Mitre. El dueño de la pyme sostuvo que no objeta el derecho de huelga ni los reclamos de los trabajadores, aunque diferenció esas herramientas de las conductas que atribuyó a los acusados.

Según su relato, el conflicto comenzó cuando Camioneros reclamó el cambio de encuadramiento sindical de los empleados. La compañía aceptó ese pedido, pero luego cuestionó la designación de un delegado que, de acuerdo con Rey, no cumplía con sus obligaciones laborales y recibió una sanción.

El empresario afirmó que su familia dejó de realizar pagos mensuales al sindicato, a los que definió como una “contribución” para evitar conflictos. Después de esa decisión, dijo que recibió una advertencia atribuida a Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros que había sido detenido junto con Cabaleyro en abril de 2022.

“El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’”, relató Rey. Al día siguiente, siempre según su testimonio, cámaras de seguridad registraron a unas 15 personas frente al establecimiento, entre empleados y delegados sindicales, que formaron un cordón humano junto a la única salida para los camiones.

“Darle plata, si no, no laburás”, resumió el propietario al describir la supuesta exigencia. También aseguró que esas acusaciones contaban con testigos y otras pruebas incorporadas al expediente judicial.

La absolución implicó la liberación inmediata de Cabaleyro, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria. Los otros seis imputados también fueron eximidos de responsabilidad por los hechos investigados.

Rey manifestó su inquietud ante una posible repetición del episodio, ya que Cabaleyro reside en San Nicolás y ambos se desplazan por la misma zona del norte bonaerense. “¿Qué tengo que hacer según el juez si Maximiliano Cabaleyro vuelve mañana a mi negocio y me bloquea?”, preguntó.

“¿Me tengo que comprar como legítimo usuario un arma? ¿Eso está diciendo el juez? ¿Me tengo que defender así?”, añadió el empresario. Para Rey, la resolución deja a los propietarios de pequeñas y medianas empresas sin una respuesta frente a situaciones que, según denunció, exceden una medida sindical y afectan el funcionamiento de una compañía privada.

La resolución descartó los cargos de extorsión y turbación de la posesión contra Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros local. La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo período, mientras que los abogados de la familia Rey habían pedido una pena de 15 años.

El juez Alejandro López, único integrante del tribunal, entendió que el dirigente sindical impidió el ingreso a la compañía durante cinco días como parte de un reclamo laboral y no mediante un bloqueo. La sentencia aún no difundió su texto completo.

Rey sostuvo que esa interpretación deja sin respuesta a los empresarios que denuncian impedimentos para trabajar. “Acá tenemos el fallo de un juez que justificó el delito y eso hay que decirlo con todas las letras”, expresó en diálogo con Mitre.

El dueño de la pyme planteó que los reclamos laborales y el derecho de huelga están contemplados por normas vigentes, pero diferenció esas herramientas de las conductas que atribuyó a los acusados. Según su relato, la situación incluyó bloqueos, amenazas y pedidos de dinero para permitir el funcionamiento de la empresa.

“¿Para qué existen las normas? ¿Para qué hay una norma vigente que ampara el derecho a huelga, el derecho a reclamo laboral?”, preguntó. Luego agregó que un grupo no puede instalarse frente a una compañía, impedir sus tareas y exigir condiciones a sus propietarios.

La investigación judicial se originó por los hechos ocurridos en febrero de 2021 en Distribuidora Rey, una empresa familiar de San Pedro. La acusación sostuvo que integrantes de Camioneros bloquearon el acceso a la planta para reclamar que sus 35 trabajadores pasaran al convenio del sindicato y dejaran de estar afiliados al gremio de Comercio.

Rey relató que el conflicto se había iniciado antes, cuando el sindicato exigió el cambio de encuadramiento de los empleados. La empresa aceptó ese pedido, pero luego cuestionó la designación de un delegado que, de acuerdo con el empresario, no cumplía con sus obligaciones laborales y fue sancionado.

El propietario afirmó que su familia dejó de realizar pagos mensuales al sindicato que describió como una “contribución” para poder trabajar sin conflictos. Tras esa decisión, dijo, recibieron una advertencia atribuida a Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros que había sido detenido junto con Cabaleyro en abril de 2022.

“El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’”, contó Rey. Al día siguiente, según su versión, las cámaras de seguridad registraron a unas 15 personas frente al establecimiento, entre empleados y delegados gremiales, que formaban un cordón humano junto a la única salida de los camiones.

“Darle plata, si no, no laburás”, resumió. También afirmó que esas acusaciones fueron respaldadas con testigos y otras pruebas incorporadas al expediente.

La absolución derivó en la liberación inmediata de Cabaleyro, quien cumplía prisión domiciliaria. El tribunal también eximió de responsabilidad a los otros seis imputados que participaron del episodio investigado.

La reacción de Rey estuvo atravesada por la preocupación sobre una eventual repetición de los hechos. Cabaleyro reside en San Nicolás y el empresario señaló que ambos se mueven en la misma zona del norte bonaerense.

“¿Qué tengo que hacer según el juez si Maximiliano Cabaleyro vuelve mañana a mi negocio y me bloquea?”, preguntó. “¿Me tengo que comprar como legítimo usuario un arma? ¿Eso está diciendo el juez? ¿Me tengo que defender así?”.

El empresario aclaró que no cuestiona las protestas ni los derechos de los trabajadores. Su planteo apunta a que, a su entender, la sentencia validó acciones que exceden una medida gremial y afectaron el funcionamiento de una compañía privada.

“¿Qué tiene que hacer la pyme que es extorsionada por la mafia sindical de acuerdo a este juez?”, insistió. Para Rey, la señal que deja el fallo es que un comerciante puede verse obligado a “arreglar” con quienes ejercen presión sobre su actividad.

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás absolvió este miércoles al titular del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, de los cargos de extorsión y turbación de la posesión por los que estaba acusado por el bloqueo de la pyme Distribuidora Rey, de la ciudad bonaerense de San Pedro, en febrero de 2021.

En una audiencia virtual, el tribunal desestimó el pedido de la fiscalía de que el sindicalista sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.

El juez Alejandro López -único integrante del tribunal- consideró en el fallo, cuyo texto completo aún no se difundió, que Cabaleyro impidió el acceso a la empresa durante 5 días como resultado de una protesta sindical legítima y no la consideró como un bloqueo, sin considerar siquiera las pruebas aportadas por fotos, filmaciones y testimonios que acreditan las características violentas de la medida de Camioneros.

Al absolver al jefe sindical, el magistrado ordenó su inmediata liberación ya que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber sido detenido en abril de 2022 junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.

El tribunal absolvió a Cabaleyro y también a otros 6 imputados que participaron del bloqueo a la empresa de la familia Rey y que estaban siendo juzgados.

El juicio quedó concentrado en la responsabilidad del jefe de Camioneros de San Nicolás ya que Espíndola no participó porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre, que derivó en un entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor que aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Según recordó el diario El Norte, de San Nicolás, el juez López es el mismo que en septiembre de 2023 había condenado a Pablo Javier Gordillo a 5 años de prisión y le concedió arresto domiciliario, pese a que un jurado popular lo había declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

El veredicto se conoció el 30 de agosto de 2023 y la acusación sostenía que había abusado sexualmente de una menor de manera sostenida desde que la víctima tenía 7 años, de acuerdo con el diario nicoleño.

La controvertida sentencia que absolvió a Cabaleyro y a los otros 6 imputados será apelada por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio y también por la abogada de la familia Rey, Florencia Arietto.

En diálogo con Infobae, Arietto consideró que el fallo de López “consagra la impunidad”, pero advirtió que “el país no tiene destino con la impunidad total”, ya que la sentencia dictada implica que “se puede instalar un camión ante una empresa, impedir el trabajo y no pasa nada, por lo menos en San Nicolás”.

“Igual vamos a seguir dando la pelea con la ley en la mano -agregó, pero que es una locura que se justifique el impedimento del trabajo. Podés relativizar la extorsión, pero lo del camión y el motorhome bloqueando la empresa está totalmente probado. No pudo trabajar, se demostró el daño. Pero es la impunidad que maneja el Sindicato de Camioneros. Ahora hay que ir a Casación”.

Ariel Rey, uno de los dueños de la pyme familiar, hizo un extenso relato ante Infobae de lo que sufrieron por las amenazas del sindicato, al que le pagaban un sueldo por mes como “contribución”, al igual que otras empresas, y dijo que el conflicto se origina cuando Camioneros les exige pasar a los empleados a su convenio.

Aunque Distribuidora Rey accedió al reclamo, el problema fue cuando el sindicato “impuso” la designación de un delegado sin cumplir las obligaciones legales y éste fue sancionado por incumplimientos laborales. “En ese momento decidimos dejar de pagarle al sindicato todos los meses para trabajar en paz -afirmó Ariel Rey-. Por eso tuvimos el primer bloqueo, el 15 de enero de 2021.

El empresario agregó: “El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: ‘Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro’. Todo ese día tuvimos una incertidumbre impresionante, prácticamente no pudimos dormir, y las 4 y media de la mañana veo por las cámaras de seguridad al grupo de unas 15 personas, algunos empleados y otros delegados de Camioneros, ante la empresa. Era un cordón humano para que no pudiéramos sacar los camiones por la única entrada de mi negocio. Ahí mismo decidimos hacer la denuncia penal por el bloqueo y por la extorsión que veníamos sufriendo”.

“Esta causa tiene que ser ejemplar. Más que para nosotros, para la Argentina”, dijo Rey. Pocos días después, en San Nicolás, el juez López dictó la polémica absolución de Cabaleyro y los otros imputados.

“Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”, advirtió Pablo Moyano la semana pasada en una movilización de trabajadores de recolección de residuos realizada ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo al 200.

¿Hasta dónde el sindicalista estará dispuesto a llevar su amenaza en reclamo de que los 6500 empleados del sector cobren indemnizaciones multimillonarias, aunque no pierdan su trabajo ni su antigüedad, cuando se venzan los actuales contratos, en 2028?

La pregunta cobra un matiz más crucial porque el gobierno porteño mantendrá a rajatabla su resolución de no incorporar ese reclamo de Camioneros en la renovación del servicio, como quedó en evidencia en la audiencia pública virtual que tuvo lugar el 5 de este mes para analizar los anteproyectos de los pliegos de los contratos que regirán entre 2028 y 2038.

Pero, además, otra decisión que tomó la administración de Jorge Macri podría acelerar el enfrentamiento con Hugo Moyano y su hijo Pablo: serán penalizadas las empresas de recolección de residuos que no hayan cumplido con sus recorridos previstos el día de la movilización de Camioneros a la Comuna 1.

De esa manera, aunque no tiene atribuciones para sancionar al personal que no trabajó para ir a la marcha sindical, le da indirectamente esa potestad a las concesionarias del servicio al multarlas por el incumplimiento en la recolección de basura, basándose en el criterio de que a los que no trabajan, como en cualquier otro ámbito del gobierno porteño, se les descuenta.

En rigor, no es algo nuevo ni apunta especialmente contra el Sindicato de Camioneros: siempre que no se respetan los recorridos pautados, el gobierno de la Ciudad penaliza a las empresas de recolección de residuos.

El gobierno porteño está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el próximo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares, porque las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.

La firme postura de la administración macrista ya fue anticipada por funcionarios porteños al secretario Gremial del Sindicato de Camioneros, Marcelo Aparicio, un dirigente de confianza de los Moyano.

La exigencia sindical responde a la llamada Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene ningún basamento jurídico sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

Fuentes del gobierno porteño ratificaron a Infobae que Jorge Macri no incluirá las indemnizaciones en los nuevos pliegos del servicio, que se aprobarán en 3 o 4 semanas y se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028.

Aun así, los funcionarios macristas aclararon que se pagarán las indemnizaciones correspondientes al actual contrato, cuya prórroga vencerá en 2028, ya que figura en una ley aprobada por la Legislatura porteña.

En el pliego licitatorio vigente, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

Algunos interpretan que esa mención en el pliego vigente constituye una abierta contradicción normativa: mientras el contrato obliga al gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.

El resultado, según quienes siguen de cerca este polémico tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

La vida de cada integrante de la familia Rey cambió para siempre esa madrugada del viernes 15 de febrero de 2021. Todo cambió para Ricardo Rey, su esposa y sus hijos, Ariel y Gustavo, que trabajaban todos los días en la pyme familiar creada en 1989 en la ciudad bonaerense de San Pedro, cuando unos 15 activistas del Sindicato de Camioneros bloquearon el acceso de la empresa para impedir la entrada y salida de los vehículos.

¿Qué hicieron los Rey para merecer algo semejante? Trabajaban normalmente, pagaban sus impuestos, cumplían con sus 15 empleados e incluso, como otras empresas de la zona, habían aceptado pagar desde 2017 una “contribución” mensual al Sindicato de Camioneros de San Nicolás. “Para trabajar en paz tienen que poner un sueldo por mes”, les advirtió el “recaudador” del gremio. Y lo hicieron, pero no aceptaron encuadrar a su personal, afiliado a Comercio, al Sindicato de Camioneros de la zona, liderado por Maximiliano Cabaleyro. Así se desató la ofensiva que paralizó la pyme familiar durante cinco días y le hizo perder más de 370 millones de pesos.

Podría haber sido una historia más de las tantas que sufren cientos de empresas en la Argentina como consecuencia de protestas sindicales extorsivas, pero en este caso algo fue distinto. Los Rey decidieron hacer una denuncia penal, hubo miembros del Poder Judicial que cumplieron su tarea y todo terminó con dos dirigentes sindicales detenidos desde 2022 y que ahora afrontan un juicio oral y público en San Nicolás por los delitos de extorsión y turbación en concurso con coacción.

Cabaleyro -ex concejal del Frente de Todos- fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, el otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

En la causa judicial pudieron incorporarse videos, grabaciones, declaraciones testimoniales y hasta una caja de cartón con 500.000 pesos y dos cheques que recibieron en mano los dirigentes sindicales para garantizar la “paz social” y que, según la empresa, habrían probado el mecanismo de extorsión.

La semana pasada, los fiscales que llevan adelante la acusación solicitaron que se condene a Cabaleyro a 10 años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción.

El juicio quedó concentrado en la responsabilidad del jefe de Camioneros de San Nicolás ya que Espíndola no participa porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre, que derivó en un entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor que aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Ricardo Rey, el dueño de la empresa, falleció hace dos años y sus hijos lamentan que no haya podido ver cómo los responsables del bloqueo fueron detenidos, enjuiciados y probablemente sean condenados. Él se hizo conocido fuera de los límites de su ciudad cuando en esos días de hostigamiento sindical se viralizó un video en el que, tras una inspección del Ministerio de Trabajo a su empresa, motorizada por Camioneros, dijo entre lágrimas: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más a esa gente acá”.

Ahora, tras 7 audiencias del juicio oral y público y a la espera del fallo, que se conocerá este miércoles, Ariel Rey afirmó a Infobae: “Es una etapa importante para nosotros y ahora esperemos que la sentencia acompañe lo sucedido. Me quedó la sensación de que en el juicio pudimos dejar asentado todo el trabajo probatorio”.

— ¿Cuál es tu sensación en este momento?

— Es la primera vez que atravesamos este tipo de situaciones. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Hay una sensación de alivio porque pudimos sostener con firmeza las pruebas que habíamos incorporado a esta causa. Estamos muy animados por el compromiso del Ministerio Público Fiscal, encabezado por María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, más la firmeza de Florencia Arieto y su equipo de abogadas, donde se vio una experiencia y una manera de trabajar muy distintos al que presentaban la defensa de Cabaleyro y de los trabajadores. Así que estamos muy conformes con la primera etapa y a la espera de la decisión del juez.

— En las audiencias, donde ustedes describieron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros, revelaste lo que les decía Espíndola, considerado el recaudador del sindicato: “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”

— Acá quedó demostrada la verticalidad. Nada se hacía que no supiera o no fuera avalado por Cabaleyro. Y el rol de Espíndola era acercarse a todas las empresas con el fin de “robar” los afiliados de todas las distribuidoras y en la búsqueda también de esa plata que todos teníamos que pagar por mes, con la amenaza concreta del bloqueo: “Para trabajar en paz, tenés que poner un sueldo por mes”. Frente al juez destaqué algo que decía Espíndola en las conversaciones conmigo y con mi hermano: “Ya sabés cómo funciona. Esto es para el quiosquito de Cabaleyro”. Pero Espíndola no podía tomar decisiones por sí solo. Todas las decisiones pasaban por Cabaleyro.

— ¿Cómo comienza el hostigamiento sindical?

— Esto arranca de manera muy brutal en 2011 cuando viene el sindicato de Camioneros a San Pedro y de manera simultánea bloquea 5 o 6 empresas con el fin de “robarse” todos los afiliados. “Todos esos empleados de Comercio son nuestros”, decían. Fue una embestida. En ese momento también conocemos a Cabaleyro porque viene con el Ministerio de Trabajo y entra a mi distribuidora de manera violenta. Les preguntaba a los empleados: “¿Este hijo de puta te tiene en negro?“. Así lo conocimos. Me acuerdo que mi mamá estaba con delantal, porque en ese momento ella trabajaba detrás de un mostrador en nuestra distribuidora, y Cabaleyro le dice: ”¿Qué hace, señora, está trabajando en negro?“. Y era la dueña e iba a trabajar todos los días. No encontraron nada irregular, pero mi contador me dijo: ”Para no tener problemas, vamos a pasarle dos o tres empleados a Camioneros". Nosotros teníamos unos 10 diez empleados y estaban todos afiliados a Comercio. Después apareció Fernando Espíndola e insistió: “Tenés que pasar todos tus empleados a Camioneros. Si querés trabajar, tiene que ser así; si no, van a tener problemas”.

— ¿También les pedían plata?

— Exactamente. “Así funciona todo, así lo manejamos con todos tus colegas”, decía Espíndola. En las empresas sabíamos que esa práctica estaban normalizadas. Lo entendimos como una parte del costo. Eso fue a partir de 2017. Después empezaron a presionar cada vez más, hasta tal punto de que quisieron meternos un delegado. Les dijimos que no correspondía, que los empleados estaban bien encuadrados, pero ellos querían tener un delegado: es el sistema que tienen para presionar porque los delegados no trabajan y son absolutamente funcionales a los requerimientos del sindicato.

— ¿Y las presiones se mantuvieron?

— Comenzaron a aparecer de nuevo en 2019, año de elecciones presidenciales. Nos citaron al sindicato y Cabaleyro dijo: “Tengo que juntar un millón de pesos. Fijate cuánto me vas a dar vos. Si no, la vas a tener complicada”. La amenaza siempre era: “¿Querés tener problemas? Te conviene arreglar, no seas boludo, todos arreglan”. Hasta que en 2020, por presión tanto de los sindicatos como de trabajadores que se quieren encuadrar en Camioneros, tuve que pasarles 7 empleados y querían llegar a 10 para poder tener un delegado.

— Igual, la actividad principal de ustedes no tenía que ver con Camioneros sino con Comercio.

— Claro, mi actividad es comercio. Además el convenio de Comercio tiene tipificada la categoría porque dentro de la actividad están los choferes, los maquinistas, los limpiavidrios. Igual, tuve que pasarle 7 empleados, pero después Cabaleyro dijo: “Me tenés que dar 120 lucas (por los aportes sindicales) y te hago precio porque si te tengo que reclamar por todo, por dos años para atrás, me debés 3 millones”. Eso fue en 2020. Es otra de las cosas que pudimos probar y que aportamos a la causa.

— ¿En ese momento paró el hostigamiento?

— No, una vez que pasan los 7 empleados a Camioneros, imponen un delegado. ¿Por qué digo imponen? Porque para tener un delegado tiene que cumplirse determinados requisitos legales y no se cumplían en nuestro caso. Un día vino Edgardo Di Mayo (uno de sus empleados) y me dijo: “Yo soy el delegado”. Ahí empieza a cambiar su actitud. No laburaba, no cumplía con las órdenes. Me dijo abiertamente: “Mirá, esto no es nada personal, pero yo tengo que hacer todo lo que me dice el sindicato. El sindicato está para romper las pelotas”. Cuando lo sanciono por los incumplimientos cotidianos, aparecen las amenazas de Espíndola: “¿Cómo vas a sancionar a un delegado?”. En ese momento decidimos dejar de pagarle al sindicato todos los meses para trabajar en paz. Por eso tuvimos el primer bloqueo, el 15 de enero de 2021.

— ¿Tuvieron alguna advertencia previa?

— El 14 de enero recibimos una amenaza contundente de Espíndola: “Bueno, si no vas a poner, vamos a ver qué dice Cabaleyro”. Todo ese día tuvimos una incertidumbre impresionante, prácticamente no pudimos dormir, y las 4 y media de la mañana veo por las cámaras de seguridad al grupo de unas 15 personas, algunos empleados y otros delegados de Camioneros, ante la empresa. Era un cordón humano para que no pudiéramos sacar los camiones por la única entrada de mi negocio. Ahí mismo decidimos hacer la denuncia penal por el bloqueo y por la extorsión que veníamos sufriendo por parte del sindicato.

— ¿Cómo fue ese momento en que decidieron presentar la denuncia? No era fácil ir contra un sindicato poderoso que siempre tuvo respaldo político.

— Lo habíamos decidido después de la amenaza del día previo al bloqueo en una reunión de familia y con mi primer abogado, Daniel Spiropulos, porque afectaba nuestra dignidad. Tenemos todos los empleados en blanco, pagamos todo como corresponde, no debemos nada, tenemos todo en regla y ¿le tenemos que pagar a estos delincuentes para que nos dejen trabajar? No lo íbamos a poder tolerar mucho tiempo más. La situación tuvo un límite. Cuando pasamos a tener el primer delegado, automáticamente empezó a sabotear el trabajo y se termina formando un ámbito laboral imposible de sostener. Siete empleados que por ser camioneros se burlaban, no acataban las órdenes y complicaban el trabajo de otros 26 empleados que sí trabajaban.

— ¿Cuánto duró ese primer bloqueo?

— Duró un día. Cuando hicimos la denuncia penal, el sindicato realiza un montón de denuncias en el Ministerio de Trabajo sobre supuestos problemas en la empresa, diferencia de horas, cuestiones de seguridad e higiene. Y eso derivó en el segundo bloqueo, que duró 4 días a partir del lunes 22 de febrero. Hubo tensión, amenazas, burlas, acamparon ante la empresa, se instalaron con las reposeras en nuestra vereda y no podíamos trabajar. Incluso plantaron un motorhome en la puerta del negocio impidiendo el acceso. Por eso ampliamos la denuncia penal y el día 25 de febrero hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo, a cargo de Sofía Rotundo, en connivencia y alineada con Cabaleyro, mientras tenía bloqueada la empresa. Yo tenía que negociar en el Ministerio de Trabajo con la pistola en la cabeza.

— ¿La denuncia judicial no avanzaba? ¿No hubo intervención del intendente o de la policía?

— Venía prosperando. Pero ahora, a partir de este juicio, me entero de conversaciones telefónicas de Cabaleyro que surgieron como producto de la investigación librada por la fiscal María del Valle Viviani. En aquel momento, aparece en escena el comisario de San Pedro, Juan Ramón Catalano, y primero se reúne con los que me están bloqueando y después conmigo. Me dijo que no podía hacer nada porque porque era una situación tensa por una manifestación. Le contesté que si no podía hacer nada no iba a poder entregar las cajas de comida a las escuelas porque estaba bloqueado el galpón donde las tenía. En esos días estábamos en pandemia y nosotros habíamos ganado una licitación para entregar unas cajas que se llamaban módulos alimenticios. Cuando el comisario toma nota de eso, se reúne con el intendente Cecilio Salazar para tratar de destrabar la situación porque lo complicaba a él. Ahora me enteré por las escuchas que Cabaleyro habló con el intendente y éste le dio órdenes al comisario para que nosotros cediéramos, que no compliquemos más y que pusiera en el acta como que no había conflicto, que no pasaba nada. Es gravísimo.

— ¿Y cómo se levantó el bloqueo?

— El 25 de febrero yo tenía que ir a la audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana, pero a partir de las 6 y pico de la mañana empiezan a llegar entre 10 y 12 camiones de otras empresas a copar toda la cuadra de mi empresa. Bloquearon toda la manzana con camiones para intimidarnos. En ese clima tuve que ir al Ministerio de Trabajo a decirle que sí al sindicato a todo lo que me pidieran. Tuve que ir a negociar con la pistola en la cabeza. Le dimos 50 mil pesos a cada trabajador, dejamos en apercimiento la sanción a Di Mayo, pasamos a Camioneros a 3 empleados más. Tuve que decir a todo que sí porque necesitaba facturar, trabajar, destrabar el tema. Tuve que acceder a todo. A tal punto que cuando se va terminando la reunión, que era por Zoom, ellos querían que quedara asentado que había “paz social” con la empresa y nosotros les dijimos: “¿Qué paz social? Queremos dejar asentado que acá hubo un bloqueo”.

— ¿El sindicato lo aceptó?

— No, no pudimos dejar esa constancia porque Cabaleyro amenazó con levantarse y suspender la reunión. “Entonces seguimos con el paro”. Tuve que aceptar porque tenía mercadería que se vencía, facturas que pagar, asfixia financiera. No tuve ni la libertad de poder dejar asentado lo que pasaba en un acta pública frente a la delegada del Ministerio de Trabajo que tenía constancias claras del bloqueo a la empresa.

— ¿Así pudo levantarse el bloqueo, entonces?

— Se levantó ese día al mediodía. Pero ese mismo día, por casualidad, les cae el oficio judicial a Cabaleyro y a Espíndola con la perimetral como producto de la denuncia penal que habíamos presentado en enero. O sea que, por un lado, yo estaba discutiendo todo lo laboral, donde no me quedaba otra que acceder a lo que pedían, y, por otro lado, la denuncia penal siempre avanzó.

— ¿Ahí terminó todo?

— No, en el mes de abril nos pidieron 500 mil pesos. Mi contador, que fue uno de los testigos, me dijo que lo habían llamado del sindicato para que pagáramos todos los gastos que hubo: “Todo esto no fue gratis. Yo tengo la perimetral, pero el colectivo está”. La amenaza era: o ponés los 500 mil pesos porque yo no puedo ir a la empresa por la perimetral, pero el colectivo está ahí.

— ¿Qué colectivo?

— La motorhome que nos había bloqueado y que era propiedad del sindicato. También decidimos acceder en esto porque las cuestiones penales no van al mismo ritmo que la necesidad de trabajo Y mucho menos que la capacidad de acción que tienen estas mafias. Así que, si bien estábamos muy decididos gracias a la clara visión de la fiscal Viviani, dijimos: “Bueno, pagamos esto y ya está”. Accedimos, pero hicimos un video poniendo esos 393 mil pesos en una caja de Chocolino, que es una marca de chocolatada, más un cheque de 103 mil pesos. Y dijimos: “Este cheque alguien lo va a cobrar”. Queríamos buscar alguna trazabilidad porque ya sabíamos que esa plata era para coima y que íbamos a poder encontrar quién era el que cobraba ese cheque y seguir impulsando una denuncia. A partir de ahí empieza el otro hecho, de extorsión, pero ellos buscan la manera de legalizar ese dinero porque sabían que había una denuncia penal.

— ¿Qué pasó entonces?

— El delegado que nosotros habíamos cuestionado y estos 6 empleados que obedecían a Cabaleyro empiezan constantemente a molestar y a sabotear el trabajo. Hasta tal punto que un día llega una inspección del Ministerio de Trabajo con dos inspectores que vienen acompañados con dos delegados del sindicato. Les preguntamos si los delegados estaban autorizados para estar ahí, pero cuando nos dijeron que no los echamos de la empresa: uno era el que me venía a cobrar la coima con Espíndola y ahora llegaba junto con el Ministerio de Trabajo. Una situación muy indignante. Ese fue el día en que mi papá se puso a llorar, como se puede ver en un video, porque tenia mucha bronca por eso que nos había pasado.

— ¿Todo empeoró desde entonces?

— En ese momento, cuando se arma ese disturbio, el delegado dejó de trabajar, vino hasta mi distribuidora, convocó a los 6 empleados que respondían al sindicato y les ordenó que dejaran de trabajar. Filmé esa situación porque como había una causa penal entendía que necesitaba pruebas y llamé a mi abogado y le dije: “A estos tipos no los quiero más en mi empresa”. Los despedimos a los 6, contratamos empleados nuevos, se encuadraron en el convenio que correspondía y desde entonces hubo libertad plena de trabajo. Hoy, mi empresa ya va renovando dos delegados distintos. Creo en la representación sindical, pero bajo las normas vigentes.

— ¿Cuál fue el costo emocional de este bloqueo, más allá de lo que representó en términos económicos?

— Por cuestiones cardíacas, mi papá tenía un cardiodesfibrilador. Cada seis meses tenía que ir al médico para hacerse un control y así se sabía si dentro de ese periodo había tenido algún acontecimiento, como lo llaman ellos. Uno de los de los períodos en que se accionó el cardiodesfibrilador fue el 15 de enero a media mañana cuando se encontró con el bloqueo. Si no tenía el cardiodesfibrilador, ese día a mi papá le agarraba un paro cardíaco de la indignación que tuvo por ese episodio.

— ¿Cómo reaccionó el resto de la familia?

— Hubo un montón de cuestiones emocionales. Como estábamos en pandemia, mis hijos no iban a la escuela y pasaban por la empresa, disfrutaban de estar con sus abuelos, pero al ver el bloqueo dejaron de ir y no la pisaron nunca más. Sufrimos amenazas, no solamente nosotros sino también proveedores de nuestra empresa. Hay conversaciones de Cavaleyro con proveedores y con un tal Marcelo, que suponemos que es Marcelo Aparicio (el número 3 del sindicato que lidera Hugo Moyano), que en el juicio decidieron desestimar, donde dicen: “¿Cuáles son los proveedores de este hijo de puta? Lo vamos a hacer cagar”. Es decir, amenazaban a mis proveedores para que no me vendieran más. La presión era terrible.

— ¿Qué siente tu mamá ante este juicio?

— Está muy dolida porque, además de que le falta su compañero, le hubiera gustado que él estuviera viendo esta situación, aunque lo único que le interesaba a mi papá era que el negocio trabajara. Él no tenía ningún revanchismo, solamente quería trabajar, que su negocio funcionara, que le fuera bien y que pudiera crecer. Por eso mi mamá se acuerda que mi papá no podía creer que un grupo de delincuentes le impidiera trabajar. Él tampoco podía creer que hayamos tenido que pagar para poder trabajar. Mi hermano y yo teníamos que pagarle al sindicato sin que mi papá se enterara.

— ¿En toda esta pelea tampoco tuvieron apoyo de empresas del rubro o de las instituciones?

— Nosotros decidimos luchar teniendo el aparato sindical y el aparato del Estado en contra. Nuestros propios colegas nos decían: “Rey, tenés que aflojar, no vas a poder”. El mismo intendente me citó a su despacho para tratar de negociar y me dijo: “Che, son bravos, si ustedes no arreglan, Cabaleyro me corta la recolección de basura”. Le contesté: “Ah, Cabaleyro te está amenazando”, pero le tendría que haber dicho: “Denuncialo”. Ahora me enteré de esa charla con Cabaleyro que demuestra connivencia.

— ¿Cómo se llegó a las detenciones de Cabaleyro y Espíndola?

— Nosotros seguimos trabajando y a partir de ese video que se hizo viral de mi papá llorando contactamos a Florencia Arietto porque no sabíamos si nuestro abogado iba a tener la fortaleza para sostener esta denuncia penal. A partir del asesoramiento de Arietto, la causa penal tomó un impulso distinto, más firme. Y eso trajo un aire muy positivo para la fiscal. La investigación derivó incluso en un allanamiento al sindicato en San Nicolás y otro a la federación nacional (que lidera Moyano). En el medio, en abril del 2022, la la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui solicitó la prisión preventiva y efectiva de Cabaleyro y Espinoza hasta tanto se resuelva el juicio por delitos como coacción, coacción en grado de tentativa, extorsión y turbación de la posesión.

— Este caso te llevó a tratar de ayudar a otras pymes que pasaban por lo mismo y por eso te sumaste al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB).

— Cuando conocemos a Arietto también llegamos a conocer a otros empresarios como Verónica Razzini, Ignacio Dos Reis y otros con los que nos empezamos reunir para tratar de combatir los bloqueos. Así formamos el MEAB. Trabajamos mucho, elaboramos los protocolos para cada área, cada sindicato y cada situación. Aprendí muchísimo y logramos ayudar a otros empresarios que sufrieron lo mismo. Después llegaron los fallos judiciales y finalmente hoy podemos decir que un bloqueo a una empresa es motivo de despido con causa.

— Más allá de lo que representa para tu familia, ¿qué esperás que pase a partir de este juicio?

— Esta es una causa que visibiliza algo que la sociedad naturalizó: un sistema donde se nutre el caldo de cultivo ideal para la extorsión de la mafia sindical, en connivencia con el Estado, que debería mediar, pero termina siendo una dependencia del sindicato. Me interesa mucho más que esta causa termine con una condena ejemplar porque tenemos que mirar para adelante y tenemos que entender que huelga, derecho laboral, no justifica bloqueo, extorsión o coima. Hay una gran diferencia. Tenemos que tratar de que el trabajador entienda que el sindicato debe ocuparse de lograr las mejores condiciones para él. Tenemos 6 trabajadores que fueron utilizados por estos dirigentes. Les lavaron la cabeza porque los hicieron participar de un delito haciéndoles creer que eran derechos laborales. Por eso esta causa tiene que ser ejemplar. Más que para nosotros, para la Argentina.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.

Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.

La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.

La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.

En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.

La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.

La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.

El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.

Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.

Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.

El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.

Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.

El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.

En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.

En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.

Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.

Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.

La decisión de la administración de Jorge Macri, anticipada por Infobae, se confirmó este lunes en la audiencia pública y virtual en la que se analizaron los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la Ciudad dentro de dos años.

La amenaza del “paro total” fue efectuada hace 24 horas por el secretario gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, durante la movilización sindical convocada ante la Comuna 1, en Humberto Primo al 200, para presionar por el pago de las indemnizaciones en los futuros contratos del servicio de recolección de residuos.

La concentración fue encabezada por Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, quien profundizó sus críticas al gobierno porteño y advirtió: “Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida”.

Tras resaltar que “no se contempla el pago de las indemnizaciones” en el pliego del nuevo contrato de la recolección de residuos, hizo hincapié en que es “un derecho adquirido que venimos cobrando desde hace más de 30 años en todas las licitaciones”.

“Al ver a Macri paseando en París con Milei, viene con la idea de ajustar el bolsillo del trabajador, pero no lo vamos a permitir”. dijo el sindicalista. Y agregó: “Vamos a defender esta conquista lograda con lucha y con mucha fuerza, como se logró hace 30 años cuando Hugo Moyano firmó por primera vez la indemnización y ya quedó para siempre. Este tipo (por Jorge Macri) lo quiere venir a sacar. No lo vamos a dejar, lo vamos a resistir”.

La amenaza de Camioneros no tuvo ninguna réplica desde el gobierno de la Ciudad o el PRO, pero sí desde la oposición: el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) afirmó que “si nos tapan de basura a todos los porteños, Pablo Moyano debe terminar preso”.

“Ningún trabajador de recolección de basura va a perder el puesto de trabajo ni la antigüedad -dijo-. Pretender una indemnización es una extorsión mafiosa”.

Del Gaiso es el autor de un proyecto de ley que fue presentado el año pasado en la Legislatura porteña, conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y que si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.

Más allá de que el gobierno porteño no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre de 2028, aún quedan dudas acerca de qué pasará con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales: el sindicato de Hugo y Pablo Moyano no está seguro de que en el presupuesto de la Ciudad para 2028 estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector.

En el último pliego licitatorio, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que esta indemnice a los trabajadores”.

Algunos interpretan que esa mención en el pliego vigente constituye una abierta contradicción normativa: mientras el contrato obliga al gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.

El resultado, según quienes siguen de cerca este polémico tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que, cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino solo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso que las empresas de limpieza cobren una parte variable de sus contratos según el cumplimiento operativo y la evaluación de los vecinos, un esquema que será definido antes de la próxima licitación internacional del servicio de higiene urbana.

Según la propuesta, la remuneración combinaría un componente fijo con otro atado a indicadores técnicos, encuestas vecinales y reclamos recibidos en cada barrio. Una prestación por debajo de los estándares previstos en el contrato reduciría el monto que perciban las contratistas.

La propuesta también incorporaría la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables dentro de los contratos de higiene urbana.

El anteproyecto además prevé que las compañías presenten propuestas para las áreas que tengan asignadas. La planificación de recorridos y frecuencias deberá adaptarse a la generación de residuos, el tránsito peatonal, las características de las cuadras y fenómenos estacionales como la caída de hojas.

El control del servicio incorporaría seguimiento satelital de los camiones, sensores para medir el nivel de llenado de los contenedores y procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial. Esas herramientas permitirían comprobar recorridos y frecuencias, detectar alteraciones de horarios e identificar acumulaciones de basura para enviar cuadrillas de atención inmediata.

El mantenimiento de contenedores y cestos papeleros quedaría concentrado en un prestador especializado. La medida busca centralizar la provisión, reparación y reposición del equipamiento para reducir demoras y unificar los tiempos de respuesta en toda la Ciudad.

El barrido manual y mecánico tendría monitoreo por GPS. La propuesta contempla que las tareas se ajusten a las necesidades específicas de cada zona, en lugar de mantener recorridos idénticos para barrios con distinta circulación de personas o producción de residuos.

La recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables pasaría a formar parte del contrato de higiene urbana, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas. También se proyecta un circuito para residuos orgánicos, dirigido inicialmente a grandes generadores y sectores determinados, con el objetivo de reducir los desechos enviados a disposición final.

A largo plazo, el Gobierno porteño incorporó estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una eventual planta de tratamiento y valorización energética de residuos. Los análisis deberán establecer si el proyecto reúne condiciones técnicas, ambientales, sociales y económicas antes de una decisión sobre su construcción.

La audiencia pública tiene como finalidad brindar una instancia de consulta para recibir aportes y observaciones sobre los proyectos. Las condiciones definitivas de la contratación se establecerán después de ese proceso, antes del llamado a licitación.

Los pliegos que se analizan para los contratos previstos entre 2028 y 2038 no contemplan mantener las indemnizaciones que reclama el Sindicato de Camioneros para los trabajadores de recolección. El beneficio pretendido por el gremio ronda los USD 200 millones y es uno de los ejes del conflicto con la administración de Jorge Macri.

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, encabezó una movilización de recolectores frente a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250. La protesta coincidió con la audiencia pública virtual sobre los anteproyectos que regirían el servicio dentro de dos años.

Durante la concentración hubo enfrentamientos entre manifestantes. Marcelo Aparicio, secretario gremial del sindicato, entregó una presentación en la mesa de entradas de la comuna para exigir que se mantenga el pago indemnizatorio.

Las concesiones vigentes fueron prorrogadas hasta septiembre de 2028. El Gobierno de la Ciudad no prevé incorporar ese desembolso en los nuevos contratos.

La incertidumbre alcanza a los pagos previstos al vencimiento de los contratos actuales. El sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano cuestiona si el presupuesto porteño de 2027 incluirá partidas para compensar a los 6 mil trabajadores del sector.

Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, se puso al frente este lunes de la movilización de trabajadores de recolección de residuos de CABA para presionar por el pago de indemnizaciones en los próximos contratos del servicio entre 2028 y 2038, un beneficio que ronda los 200 millones de dólares y que el gobierno de Jorge Macri no prevé mantener cuando venzan las concesiones vigentes.

La protesta sindical, que se hizo ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250, y no ante la Legislatura porteña como se había anunciado, coincidió con la audiencia pública y virtual en la que se analizan los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la Ciudad dentro de dos años.

Durante la movilización, en la que hubo refriegas entre los propios manifestantes, el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, entregó en la mesa de entradas de la Comuna 1 una nota en la que Camioneros reclama que se mantengan las indemnizaciones.

Como anticipó Infobae, el gobierno porteño no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.

La semana pasada, en una asamblea del sector, Pablo Moyano dijo: “Nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.

Aún quedan dudas acerca de qué pasará con las indemnizaciones previstas en los contratos actuales, que fueron prorrogados hasta septiembre de 2028: el sindicato de Hugo y Pablo Moyano no está seguro de que en el presupuesto de la Ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector.

En el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, dentro del Régimen de Personal Operativo figura el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

Algunos interpretan que esa mención en el pliego vigente constituye una abierta contradicción normativa: mientras el contrato obliga al gobierno de la Ciudad a financiar con fondos públicos las indemnizaciones finales al concluir la concesión, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio público porteño de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.

El resultado, según quienes siguen de cerca este polémico tema, es que los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos una millonaria caja por “despidos ficticios” a empleados que siguen operando en el mismo servicio sin perder un solo día de trabajo.

El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

La práctica comenzó al finalizar del contrato de Manliba en 1998 y se consolidó durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores ante las nuevas concesiones.

El esquema también fue aplicado en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. Hace dos semanas, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.

La disputa tuvo otro antecedente tras la compra de Walmart por parte del Grupo Narváez, en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, la indemnización y la reincorporación de 500 de los 718 empleados de un centro de distribución, con la doble indemnización entonces vigente.

El pago indemnizatorio no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. La negociación mostró la capacidad del gremio para sostener el mecanismo durante cambios empresariales.

En 2022, el sindicato confrontó con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada trabajador recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2000 millones de pesos.

En mayo de 2024, Pablo Moyano había advertido que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el próximo vencimiento contractual. El gobierno porteño respondió que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, aunque las partes los prorrogaron hasta 2028 en 2020.

La decisión de no aplicar el pago en 2024 provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a los Moyano y exigieron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado.

Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, según mostró un video registrado en aquella asamblea. Marcelo Aparicio, el número 3 en la jerarquía del sindicato, respondió con otro video en el que definió el sistema como un “privilegio” de los recolectores porteños y admitió que “no existe en la ley”, aunque permite cobrar indemnizaciones y conservar la antigüedad.

Los Moyano decidieron ir a la guerra para garantizar el pago de USD 200 millones en indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos en CABA: en una asamblea masiva realizada este miércoles, el Sindicato de Camioneros resolvió una movilización para el lunes próximo ante la Legislatura porteña con el fin de asegurar que se incluya ese beneficio en los nuevos pliegos de licitación del servicio entre 2028 y 2038.

En un predio ubicado en Lafayette 1751, en Barracas, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, acompañado por el secretario gremial, Marcelo Aparicio, anunció el inicio de protestas ante la versión de que el gobierno de Jorge Macri no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.

“El compromiso de Hugo, de Pablo y de Feúcho (por Aparicio) es que se tienen que pagar las indemnizaciones totales -dijo el dirigente en la asamblea-. El día lunes, que es la primera audiencia pública, tenemos que ser más de 20 mil trabajadores. A nosotros nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.

“No nos van a frenar, compañeros -agregó-. Hoy empezamos una lucha que va a ser durísima porque tenemos a la justicia, los medios y los empresarios en contra, tenemos a estos dos gorilas que nos gobiernan (por Javier Milei y Jorge Macri), pero no van a poder con la unidad y con la lucha de los trabajadores. Vamos por la indemnización completa”.

El conflicto, anticipado por Infobae, se reactivará el lunes que viene porque ese día, al mediodía, se hará una audiencia pública virtual en la que se analizarán los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad entre 2028 y 2038.

Pablo Moyano advirtió que la exclusión de las indemnizaciones del pliego afectaría una práctica que consiguió Hugo Moyano a partir de fines de los años 90 y que consiste en que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Conocida como “Ley Moyano”, esa norma no escrita y sin basamento jurídico alguno se basa en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano desde que debutó en 1998 con la finalización del contrato con Manliba.

En un video publicado en las redes sociales de Camioneros, Pablo Moyano dijo este martes que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento a 6 mil empleados del sector.

Por eso anunció que empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para “garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos”.

El sindicalista aseguró que hay “más de 7 mil empleados” a la espera de una indemnización y recordó a quienes trabajaron durante la pandemia. “Por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”, dijo.

El pliego vigente del servicio de recolección de residuos, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, contempla el ítem “Indemnizaciones Finales” dentro del Régimen de Personal Operativo, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

El gobierno de Jorge Macri no prevé incorporar ese pago para los trabajadores de recolección en los nuevos pliegos, donde, de todas formas, los empleados conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 y durante 10 años, ya sea en las empresas actuales o en las nuevas adjudicatarias del servicio.

La preocupación sindical también se extiende al presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno enviará a la Legislatura de la ciudad: Camioneros teme que no incluya las partidas necesarias para afrontar las compensaciones que surgen de la “Ley Moyano”.

La práctica de pagar el resarcimiento a Camioneros se inició tras la finalización del contrato de Manliba en 1998 y ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores cuando cambiara una concesionaria.

El sistema fue utilizado también en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.

La disputa por este mecanismo alcanzó a Walmart después de que Grupo Narváez comprara la cadena en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, indemnización y reincorporación de 500 de los 718 empleados del centro de distribución, con el pago de la doble indemnización vigente.

La indemnización finalmente no se aplicó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El episodio exhibió la capacidad de presión del gremio para sostener ese esquema en operaciones empresariales.

En 2022, el sindicato volvió a confrontar con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta resolvió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó entonces al jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.

La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de la Ley Moyano. En mayo de 2024, Pablo Moyano había amenazado con que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el siguiente vencimiento de los contratos.

Sin embargo, el gobierno porteño recordó que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero que en 2020 las partes prorrogaron los contratos hasta 2028.

En octubre de 2024, Hugo Moyano y la Ciudad acordaron no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes tenían problemas de salud desde la pandemia que les impedían cumplir sus tareas.

La decisión provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado en una asamblea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, como se vio en un video registrado en ese momento.

La reacción llevó al secretario gremial Marcelo Aparicio a difundir un video en el que calificó el mecanismo como un “privilegio” para los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permite recibir indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.

En un hecho inédito, comenzaron este lunes en la ciudad de San Nicolás las audiencias públicas del juicio contra Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros, que está detenido por el bloqueo a una empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

El dirigente fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Espíndola está presente en estas audiencias porque optó por un procedimiento abreviado, por lo que no será parte del debate oral y público sino que su situación se resolverá entre el fiscal, el imputado y su defensor, pero acordó que en caso de que lo declaren culpable, tendrá una pena máxima de 6 años de prisión.

Este lunes, según el diario El Norte de esa ciudad, en la primera de las 9 audiencias previstas, se escucharon los alegatos iniciales de la Fiscalía, el particular damnificado y las defensas, y se inició la ronda de testigos con la declaración de Gustavo Rey, uno de los dueños de la pyme, que se extendió durante más de 5 horas.

Ante el Tribunal Oral y Criminal Nº 2, Rey ratificó las denuncias que dieron origen a la causa y relató las amenazas, presiones y exigencias de dinero que, según sostuvo, la empresa habría sufrido por parte de dirigentes del Sindicato de Camioneros de la zona.

En la audiencia se reprodujeron grabaciones y videos realizados por la familia Rey, material fue incorporado a la causa para acompañar y contrastar los dichos del empresario sobre los episodios incluidos en la acusación.

“Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, dijo el empresario al reconstruir los hechos investigados.

Rey repasó cada una de las situaciones denunciadas y se quebró en dos oportunidades mientras recordaba lo sucedido. “Nosotros empezamos desde abajo”, manifestó al referirse a la historia de la empresa familiar.

Además de Cabaleyro, 6 ex empleados de la pyme serán juzgados por impedir el ingreso y egreso de vehículos, mercadería y personal de la distribuidora durante el bloqueo realizado por Camioneros en febrero de 2021.

La fiscalía los imputó principalmente por turbación de la posesión en concurso con coacción. Según la acusación, Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez actuaron de forma coordinada. La Justicia considera que el método utilizado excedió el derecho de huelga y constituyó un delito.

Luego de que se produjo la protesta de Camioneros, Gustavo Rey había explicado: “Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir, comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”.

En esos días, el dueño de la empresa, Ricardo Rey, fallecido en 2024, se hizo conocido por un video que se filmó en medio del bloqueo en el que, entre lágrimas, dijo: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”.

Luego de la detención de Cabaleyro y Espíndola, Hugo Moyano y su hijo Pablo viajaron a San Nicolás para defender a los dirigentes locales del sindicato e incluso avalaron el paro en la recolección de residuos de la ciudad, que incluyó el bloqueo a los accesos. La medida, sin embargo, duró poco tiempo ante la posición dura que adoptó el intendente nicoleño, Manuel Passaglia.

La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

En diálogo con Infobae, Arietto, quien también es diputada bonaerense por La Libertad Avanza, calificó este juicio como “el punto de inflexión para confirmar todo lo que venimos demostrando en los hechos, pero la mayoría de las causas no llegaron a juicio como esta”.

“Estamos demostrando en esta causa el modus operandi de un sistema que nació para defender a los trabajadores y que se convirtió en un negocio personal de sindicalistas, y eso explica el 50% de trabajo informal en Argentina”, señaló la abogada y legisladora.

Así lo anunció Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, en un video publicado en las redes sociales de Camioneros, en el que dijo que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento económico a 6 mil empleados del sector.

Por eso el sindicalista dijo que este lunes él y el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos".

“Comenzamos con las asambleas, con las demoras, con todo lo que nosotros sabemos hacer”, advirtió el hijo mayor del líder de Camioneros, que puntualizó: “Hoy somos más de 7 mil trabajadores que estamos esperando el pago de las indemnizaciones. (Hay) Trabajadores que dieron su vida en la pandemia, muchos que lamentablemente fallecieron -agregó-. Y por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté en alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”.

El reclamo del dirigente sindical está vinculado con la llama Ley Moyano, que no es una norma aprobada ni tiene fundamento jurídico sino la práctica mediante el cual el Sindicato de Camioneros logró, desde 1998, que los trabajadores fueran despedidos, indemnizados y reincorporados cuando cambiaba una concesión de servicios o la propiedad de una compañía.

Ahora, como anticipó Infobae, el gobierno encabezado por Jorge Macri, no prevé incluir las indemnizaciones para los 6 mil trabajadores de recolección de residuos en los nuevos pliegos de la licitación que definirán las concesiones entre 2028 y 2038. La omisión reabre el conflicto con Camioneros por un reclamo que podría costar alrededor de 200 millones de dólares.

La discusión comenzará el lunes 5 de octubre en una audiencia pública virtual, donde se analizarán los anteproyectos para el servicio público de higiene urbana de la ciudad y los Moyano están decididos a iniciar protestas si las cláusulas no prevén las indemnizaciones cuando venza el actual esquema contractual.

La tensión incluye el presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno presentará ante la Legislatura de la ciudad. Camioneros teme que tampoco incorpore las partidas necesarias para resarcir a los trabajadores, aunque, como es habitual, desde septiembre de 2028 conservarán sus empleos en las empresas actuales o en las adjudicatarias de la nueva licitación durante 10 años.

En el pliego vigente, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, en el rubro Régimen de Personal Operativo está contemplado el ítem “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

El origen de la Ley Moyano fue la finalización del contrato de Manliba en 1998 y adquirió fuerza durante la gestión porteña de Mauricio Macri: en 2012, la Legislatura aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores cada vez que cambiara una concesión.

Esa “ley” también se aplicó ante nuevas licitaciones de recolección de basura en Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de la Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato de los Moyano firmó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con el pago de indemnizaciones incluido.

El precedente alcanzó al supermercado Walmart cuando el Grupo Narváez lo compró en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir la aplicación de la Ley Moyano con el despido de 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, el pago de la doble indemnización vigente y su posterior reincorporación.

Finalmente, la indemnización no se concretó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El conflicto expuso hasta dónde podía llegar el sindicato para sostener la aplicación de ese esquema en operaciones empresariales.

La misma presión de Camioneros apareció en 2022 cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió estatizar el sistema de grúas porteño y Pablo Moyano acusó al entonces jefe de Gobierno de intentar precarizar los salarios de 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Tras negociaciones, el acuerdo alcanzado entre ambas partes permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a depender de SBASE, empresa estatal de la Ciudad: mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno cobró hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.

La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con que la ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba a los 6 mil trabajadores ante el siguiente vencimiento contractual.

El gobierno porteño sostuvo que los contratos habían sido firmados en enero de 2014, habían comenzado el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero advirtió que en 2020 las partes prorrogaron los contratos por cuatro años adicionales, hasta 2028.

Luego de las amenazas sindicales y del clima de tensión, Hugo Moyano y el gobierno porteño acordaron en octubre de 2024 no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes sufrían problemas de salud desde la pandemia y no podían cumplir sus tareas.

El entendimiento, de todas formas, provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección de residuos de la Ciudad. En la compañía Cliba, por ejemplo, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de que cobrarían una compensación en 2028.

“¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado durante una asamblea espontánea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente sindical ante una cámara.

La reacción de las bases llevó a Marcelo Aparicio, número tres de Camioneros, a difundir un video explicativo. El dirigente definió como un “privilegio” la aplicación del mecanismo a los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permitió cobrar indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.

Cuando tenga lugar la audiencia pública para analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con el Sindicato de Camioneros: están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno de Jorge Macri por ahora no contempla pagar las indemnizaciones que desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.

Ese es el significativo dato que puso en alerta al gremio de Hugo Moyano y su hijo Pablo a partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camioneros protestarán si en las cláusulas no figuran las indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.

Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en el presupuesto de la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los 6 mil trabajadores del sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 años mantendrán su empleo en las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.

Están en discusión alrededor de 200 millones de dólares, necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado “Indemnizaciones Finales”, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.

El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémica Ley Moyano, esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Esa “ley”, en realidad, no tiene basamento jurídico alguno sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.

La Ley Moyano se inauguró en 1998 con la finalización del contrato con Manliba y se afianzó en la gestión porteña de Mauricio Macri cuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en 2012 impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para indemnizar a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión.

Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.

También fue el eje del duro conflicto cuando el supermercado Walmart fue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camioneros bloqueó un depósito de la empresa para se aceptara su exigencia de echar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos. Finalmente, no hubo indemnización, pero sí un acuerdo mediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como una gratificación extraordinaria.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la misma presión cuando en 2022 decidió estatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunque no dejó de negociar con los funcionarios de la ciudad.

El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa del Estado porteño, donde mantendrían el mismo convenio laboral de Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización de hasta 4 millones de pesos, es decir, un total de casi 2000 millones de pesos.

Jorge Macri heredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyano sentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyano amenazó con llenar la ciudad de basura a partir de octubre si el gobierno porteño no indemnizaba a 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.

Pero en la administración macrista se pusieron firmes; advirtieron que esos contratos se firmaron en enero de 2014, con inicio el 1° de octubre de ese año y por un plazo de 10 años, pero en 2020 se suscribieron Actas Acuerdos mediante las cuales “se prorrogaron los contratos por cuatro años contados a partir de la fecha del vencimiento contractual, operando el nuevo vencimiento el 30 de septiembre de 2028″.

Lo que sucedió fue que Rodríguez Larreta impulsó esa prórroga a raíz de las restricciones presupuestarias que causó la quita de la coparticipación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y bajo el paraguas de la ley de emergencia económica porteña.

El sindicato se aferró a la interpretación de que aún se encontraba vigente el contrato surgido de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, que otorgó a 6 empresas la recolección de residuos en la ciudad, y aseguró que aun en caso de prórroga se debería indemnizar a los trabajadores. La pelea parecía inevitable, aunque comenzaron negociaciones.

En octubre de 2024, finalmente, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Hugo Moyano en el duro conflicto que se perfilaba: a cambio de no insistir en su reclamo de indemnizaciones, Camioneros logró una compensación para los empleados próximos a jubilarse y a quienes arrastraban problemas de salud desde la pandemia y no cumplían sus tareas, entre otros beneficios.

Sin embargo, un mes después, el entendimiento desató una tormenta para el líder de Camioneros: hubo tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos en CABA donde los trabajadores protestaron, entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el gremio y el gobierno porteño por el cual no se pagarían indemnizaciones a los 6 mil empleados.

En los videos que circularon, que correspondieron a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, dijo un trabajador ante la cámara) y fuertes discusiones en una asamblea espontánea que promovieron los empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron a un delegado.

La inédita muestra de rebeldía de las bases del moyanismo en la rama de recolección de residuos obligó a que el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, difundiera un extenso video para explicar la situación a los trabajadores. Allí calificó de “privilegio” que se aplicara la Ley Moyano a los que se desempeñan en la ciudad y reconoció que ese “beneficio que ha otorgado la organización gremial no existe en la ley”, pese a lo cual permitió hasta ahora “cobrar las indemnizaciones y mantener la antigüedad correspondiente”.

Para colmo, el conflicto se agitó al calor de la pelea entre Hugo y Pablo Moyano desde fines de 2021 por sus diferencias ante la crisis financiera de la obra social: la rama de recolección de residuos, clave para el poder de Camioneros, fue escenario de la batalla familiar, donde partidarios de cada jefe del clan trataban de aprovechar el malestar de la gente para perjudicar al otro.

Por eso el líder sindical apartó a su hijo del reclamo de indemnizaciones y se puso al frente de las tratativas con la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Así se llegó al acuerdo final, en el que el sindicato aceptó que no se aplicara ahora la Ley Moyano, pero la inédita rebelión en las bases obligó a Hugo Moyano a reflotar en noviembre de 2025 el reclamo de indemnizaciones ante las concesionarias del sector, que rechazaron el planteo, de la misma forma que lo hizo el gobierno macrista.

Ahora, la inminente licitación del servicio de recolección de residuos en CABA, que avanzará a partir de la audiencia pública del 5 de octubre, amaga con actualizar la disputa por la aplicación de la Ley Moyano.

El sindicato, ahora fortalecido por la flamante reconciliación entre Hugo y Pablo, acaba de confirmar que no descuida los reclamos por la vigencia de su polémica “ley”: la semana pasada firmó un acuerdo por el traspaso de 50 trabajadores de la empresa DHL a Loginter que incluye el pago de las indemnizaciones.

Mientras, hay quienes recuerdan que en la Legislatura porteña todavía está el proyecto de Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), presentado el año pasado y conocido como “Ley Anti Moyano”, que establece que si hay continuidad laboral en las empresas no corresponde indemnizar por parte del gobierno porteño y si se producen ceses los pagos deben correr exclusivamente por cuenta de las compañías, e incluso contempla sanciones para los funcionarios que convaliden este tipo de indemnizaciones con fondos del Estado.

¿El gobierno porteño está dispuesto a desactivar el pago de las indemnizaciones e ir a la guerra con el sindicato? Si fuera así, ¿esa decisión será utilizada como una herramienta electoral en un distrito donde los Moyano tienen muy mala imagen? ¿O se buscará algún acuerdo para impedir que todo termine en montañas de basura en las calles por las medidas de fuerza del sindicato? Son algunas de las dudas que irrumpen en un tablero donde se juega la solidez del imperio de Camioneros.

Ante la negativa de la empresa, los choferes comenzaron a reclamar una indemnización, situación que empeoró cuando hace 48 horas un grupo de 20 representantes de Camioneros se instaló en la puerta de la planta, en el kilómetro 173,5 de la ruta 8, donde, según denunció la firma, amedrentan a choferes de otras empresas transportistas para que no carguen la mercadería.

Algunos choferes de otras empresas que trabajan para Southern Seeds Production permanecen en una estación de servicio contigua a la espera de que se solucione el conflicto, pero no quieren llevar mercadería porque temen sufrir daños en los camiones o agresiones al salir de la planta. “No quiero salir de acá porque me van a pegar un tiro; yo tengo familia”, aseguró Lucio Peroni, dueño y presidente de Southern Seeds Production, que le dijo uno de los choferes. Otro transportista, según el empresario, advirtió que “si me rompen el parabrisas, una cubierta o el camión ya no puedo trabajar más”.

El empresario relató que varios conductores desistieron de ingresar luego de ser abordados por integrantes del bloqueo. También señaló que un vehículo alcanzó a entrar con un empleado de la firma a bordo, pero salió sin cargar después de que su conductor recibiera una llamada telefónica que interpretó como una amenaza.

Peroni dijo a Infobae que el bloqueo impide el ingreso de contenedores y compromete el traslado de los productos de esta empresa familiar, que comenzó sus actividades en 2002 y emplea a 120 trabajadores, combinando la producción en campos alquilados, la compra o recepción de cosechas de productores locales, el procesamiento de mercadería y la exportación de arvejas, lentejas, maíz pisingallo, maíz waxy y otros productos.

Los cuatro choferes en conflicto, explicó Peroni, tenían un vínculo comercial por servicios de transporte, pero hasta hace dos semanas no habían hecho ningún reclamo por la relación que mantuvieron con la empresa.

El empresario sostuvo que el Sindicato de Camioneros planteó inicialmente que los cuatro fueran incorporados como empleados, pero la respuesta fue negativa. “Nosotros no tenemos transporte ni queremos tenerlo porque no es nuestro negocio”, afirmó.

La situación conflictiva, según su relato, comenzó a principios de septiembre, cuando la Delegación de Pergamino del Ministerio de Trabajo bonaerense ingresó a la planta de Arrecifes junto con representantes sindicales para hacer una inspección y luego convocó a una audiencia oficial para que la compañía presentara documentación sobre los transportistas.

Peroni aseguró que, tras esa instancia, dos de los cuatro choferes en conflicto enviaron cartas documento al sindicato para manifestar que no querían formar parte del planteo y que los dejaran trabajar.

Después, según el empresario, el reclamo pasó de exigir la incorporación laboral a reclamar una indemnización. “Si tenemos algo mal, no tenemos ningún problema en dirimirlo en la Justicia. Y si la Justicia dice que esto es así, lo acataremos”, sostuvo.

Los empleados de la compañía están encuadrados en UATRE (rurales), Comercio y URGARA (recibidores de granos), pero ninguno en Camioneros. “No es nuestro negocio ni la actividad principal porque solamente damos viajes a los transportistas con los contenedores que enviamos al puerto de Buenos Aires”, remarcó.

De todas formas, Peroni puntualizó que los choferes y el sindicato “cortaron el diálogo” con la empresa y anticipó que en las próximas horas presentará una denuncia penal contra los responsables del bloqueo porque, pese a que hace 24 horas aparecieron en el lugar efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería, se mantiene la protesta y el amedrentamiento contra los choferes.

“No se pueden cargar los camiones y no podemos cumplir con los compromisos -detalló-. Y estamos teniendo obviamente costos altísimos porque los contenedores están parados. Somos una empresa exportadora. Si creen que el reclamo es válido, para eso está la Justicia”.

Peroni, desconsolado, relató: “Siempre me sentí orgulloso de tener una empresa que pueda exportar Argentina al mundo, de poder crecer y generar empleo en Arrecifes. Vivo acá con mi familia y doy trabajo a gente de mi ciudad. Por eso me parece una locura que me bloqueen de esta forma, amenazando, sin dejar entrar. Uno de los choferes me dijo: ‘No cargo la mercadería porque salgo de acá y me pegan un tiro en la cabeza’. ¿Un tiro en la cabeza? Es como el Lejano Oeste".

Además de denunciar el bloqueo en la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad Nacional para los casos de bloqueos, Peroni pidió ayuda al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Juan Méndez, quien fue este jueves a la planta de Arrecifes para brindarle asesoramiento en este conflicto.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial que está nuevamente alineado con la pauta del Gobierno: consiste en un incremento del 5,4% remunerativo y acumulativo para el trimestre septiembre-noviembre 2026.

La mejora en los sueldos pactada por el sindicato que lidera Gerardo Martínez se pagará en tres tramos, 1,9% en septiembre; 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre.

De esta forma, la UOCRA volvió a acordar un aumento dentro de los parámetros que acepta el Gobierno para homologarlo, que se ubique por debajo de la inflación prevista, algo que implica no superar el 2% mensual.

El incremento, firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), regirá hasta el 30 de noviembre próximo y ambas partes acordaron volver a reunirse el 20 de octubre para analizar un eventual desfase de lo pactado respecto de la inflación.

El acuerdo anterior del gremio de la construcción contempló un incremento del 2,2% para el bimestre julio-agosto, en dos tramos de 1,1%, más dos sumas fijas no remunerativas de entre 40 mil y 48 mil pesos.

La recomposición salarial de la UOCRA se registró pocos días después de la mejora pactada por el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que el viernes pasado firmó un aumento salarial con vigencia semestral que está por debajo de la inflación prevista: 9,9% para el período septiembre 2026-febrero 2027.

Tal como sucedió en la paritaria 2025, Moyano acordó con las cámaras empresariales un aumento que se pagará en seis tramos (1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero) y que incluye, además, una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos por abonarse en septiembre y el bono anual de 1.200.000 pesos en cuatro cuotas de 300 mil pesos desde enero.

En la audiencia oficial también rubricaron un incremento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social de Camioneros, que pasó de 25 mil a 29 mil pesos mensuales por trabajador.

Con un universo aproximado de 190.000 afiliados, este aporte extraordinario representa una recaudación patronal cercana a los 5510 millones de pesos mensuales que las cámaras transfieren a la entidad de salud administrada por el sindicato de Moyano.

Además, el convenio estableció para la rama Caudales un adicional equivalente al 20% sobre los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% (septiembre y enero 2027) y un premio por presentismo y puntualidad del mismo monto y alcance que el establecido para las ramas Logística y Transporte de Clearing y Carga Postal.

En el caso de la rama de Residuos Patológicos y Residuos industriales especiales se fijó un premio por presentismo y puntualidad con el mismo alcance que el descripto para la rama de Caudales, además de un adicional de un 8% del sueldo básico de la categoría para los peones especializados cuando desempeñen las funciones de acompañante de chofer, en las condiciones que acuerde la cámara del sector con el gremio.

Con respecto al premio por presentismo y aumento de porcentaje para la rama Expresos y Mudanzas, que venía reclamando Camioneros, esa solicitud quedó excluida del acuerdo ante el rechazo empresarial.

Otra paritaria importante cerrada en las últimas semanas fue la de los trabajadores del sector público, que dividió otra vez a los sindicatos que agrupan a los empleados de la administración pública nacional: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta oficial de un incremento de 6,8%, más un bono de $80 mil, para el período septiembre-diciembre, pero la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta y hará medidas de fuerza por considerarla insuficiente.

En la audiencia, realizada en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, se anunciaron las mejoras que consisten en aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.

Desde hacía 5 años que Pablo Moyano había quedado afuera de las negociaciones salariales de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, excluido por Hugo, su padre, de la Secretaría Adjunta de la organización sindical, pero ahora acaba de volver a participar de las paritarias con un papel activo.

En efecto, como anticipó Infobae, más allá del nuevo aumento por seis meses alineado con la pauta salarial del Gobierno (9,9% entre septiembre de 2026 y febrero de 2027), las tratativas salariales que se desarrollaron este viernes, lideradas por Hugo Moyano, sorprendieron por la reaparición de su hijo mayor, a quien el líder sindical apartó en diciembre de 2021 de la Federación (se quedó en la Adjunta del sindicato de Capital y Provincia) por la pelea que tuvieron debido a la crisis de la obra social y al papel de Liliana Zulet, esposa de Hugo y dueña de la empresa que gerencia la entidad médica del sindicato.

La presencia de los dos Moyano en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo, a quienes se sumó otro miembro del clan familiar como Jerónimo, el hijo menor del jefe sindical, se convirtió en un símbolo de la reconciliación definitiva entre Hugo y Pablo luego de 4 años y 9 meses en los que hubo tensión, cruces, hostilidades mutuas y episodios de violencia entre partidarios de ambos dirigentes.

Fuentes empresariales revelaron a Infobae que en la reunión de este viernes Pablo Moyano tuvo una intervención destacada y fue “agresivo” con sus interlocutores mientras su padre procuraba negociar. Es lo mismo que sucedía antes de la disputa familiar, pero ahora el díscolo hijo, que adopta un perfil combativo, igual terminó firmando un acuerdo salarial por debajo de la inflación, como quiere el Gobierno.

Desde que se peleó a los gritos con su padre, Pablo Moyano dejó de ir al sindicato, mantuvo un perfil muy bajo y permaneció atrincherado como presidente del Club Deportivo Camioneros. Reapareció a fines de enero pasado con una maratón de 14 reuniones con dirigentes y delegados, entrevistas con tres radios y la declaración de un paro por tiempo indeterminado. Fue todo un récord para un dirigente que hasta marzo pasado había desaparecido de la vida sindical activa.

Ahora, la recuperación de los espacios perdidos de Pablo lo pone en una ubicación privilegiada en la estructura sindical en medio de signos de declinación del poder de Hugo Moyano, que ya no es lo que era en su etapa de esplendor, en el gobierno de Néstor Kirchner.

Tal como quedó el tablero de control de Camioneros, será difícil que el heredero natural del viejo líder no sea Pablo Moyano. No hay otro candidato a quedarse con el puesto cuando no esté su papá y con la reconciliación familiar ya se disipa la posibilidad de que surja un “tapado” que pueda frenar el ascenso del hijo mayor de Hugo.

Entre los empresarios del transporte automotor de cargas dan por sentado que Pablo volvió para quedarse en el trono de su papá cuando éste deje su puesto, pero algunos creen que esta versión de “Pablito” no es tan virulenta como la anterior a su alejamiento.

No por nada, el propio Hugo Moyano criticó a su hijo mayor en septiembre de 2025 cuando, en el Comité Central Confederal de la CGT, poco antes del congreso que eligió sus nuevas autoridades, afirmó: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera". Así justificó haber elegido para sucederlo en el triunvirato a Octavio Argüello, fiel soldado hugomoyanista.

¿Quiere decir que Hugo cree que Pablo ya entendió cómo cambió la sociedad y por eso lo perdonó? Cerca del líder son cautos, aunque admitieron que “a Hugo no le quedó espacio para maniobrar sin Pablo” y pusieron como detonante la paliza que una patota sindical le dio a Gustavo Ferreyra, ex delegado del Sindicato de Camioneros en la empresa de recolección de residuos Urbasur: quien piloteó el ataque de 10 personas, y participó de él, fue José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano, que fue forzado a renunciar a la empresa para mitigar el escándalo, dejó la actividad gremial y, por ende, dejó debilitado a su líder.

Hoy, después de tanta pelea, Hugo y Pablo ya no temen mostrarse juntos compartiendo los mismos espacios e incluso, a diferencia de otras épocas en las que el papá apoyaba a Alberto Fernández y el hijo a Cristina Kirchner, tienen otra coincidencia: los dos apoyan a Axel Kicillof como candidato presidencial del peronismo en 2027.

Tal como sucedió en la paritaria 2025, Hugo Moyano firmó este mediodía con las cámaras un aumento salarial con vigencia semestral que está por debajo de la inflación prevista: consiste en una mejora del 9,9% para el período septiembre 2026-febrero 2027.

Ese 6,6% se pagará en seis tramos (1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero) y, además, se acordó una suma fija no remunerativa de 18 mil pesos por abonarse en septiembre y el bono anual de 1.200.000 pesos en cuatro cuotas de 300 mil pesos que comenzarán a pagarse en enero.

De esa forma, el líder del Sindicato de Camioneros volvió a dar una señal de alineamiento con la pauta salarial del Gobierno, ya que el Ministerio de Economía incentiva los aumentos por debajo de la inflación (menores al 2% mensual) y con vigencia por períodos más extensos.

Más allá del plano salarial, lo más significativo en términos político-sindicales es que a la comitiva sindical que presidió Hugo Moyano para negociar el aumento salarial se sumó por primera vez en cinco años su hijo Pablo, quien fue excluido en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros por la fuerte pelea con su padre a raíz de la fuerte crisis financiera de la obra social.

Ambos se reconciliaron en marzo pasado y Pablo Moyano, que había dejado de ir al sindicato y se replegó en sus tareas de presidente del Club Deportivo Camioneros, fue recuperando protagonismo en la vida cotidiana del gremio, algo que completa ahora con su regreso a las reuniones con las cámaras por las paritarias.

En la audiencia entre sindicalistas y empresarios también se firmó un incremento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social de Camioneros, que pasó de 25 mil a 29 mil pesos mensuales por trabajador.

Con un universo aproximado de 190.000 afiliados, este aporte extraordinario representa una recaudación patronal cercana a los 5510 millones de pesos mensuales que las cámaras transfieren a la entidad de salud administrada por el sindicato de Moyano.

Además, el convenio acordado entre ambas partes estableció para la rama Caudales un adicional equivalente al 20% sobre los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% (septiembre y enero 2027) y un premio por presentismo y puntualidad del mismo monto y alcance que el establecido para las ramas Logística y Transporte de Clearing y Carga Postal.

En el caso de la rama de Residuos Patológicos y Residuos industriales especiales se fijó un premio por presentismo y puntualidad con el mismo alcance que el descripto para la rama de Caudales, además de un adicional de un 8% del sueldo básico de la categoría para los peones especializados cuando desempeñen las funciones de acompañante de chofer, en las condiciones que acuerde la cámara del sector con el gremio.

Con respecto al premio por presentismo y aumento de porcentaje para la rama Expresos y Mudanzas, que venía reclamando Camioneros, esa solicitud quedó excluida del acuerdo ante el rechazo empresarial.

Hace un semana, el gremio había enviado una nota a las cámaras del sector en reclamo de una “instancia integral de negociación” en forma urgente para discutir un aumento de sueldos aplicable desde el 1° de septiembre y una revisión de lo pactado en marzo con el fin de “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

Las cámaras que firman las paritarias con el sindicato de Moyano son la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no pudo participar de estas negociaciones: el Ministerio de Justicia dispuso la “inmediata intervención” de la entidad, con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles para “revisar la situación institucional, económica, financiera y patrimonial”.

El 11 de septiembre de 2025, Moyano había cerrado un acuerdo salarial fue un modelo del Gobierno para el resto de las paritarias: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a ese aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El convenio contempló un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, “reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, reclamó en forma urgente a las cámaras del sector “instancia integral de negociación” para discutir un aumento de sueldos aplicable desde el 1° de septiembre y una revisión de lo pactado en marzo con el fin de “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

En una nota dirigida a las tres cámaras, el sindicato planteó la apertura de una nueva negociación paritaria tras el vencimiento del acuerdo salarial el 31 de agosto pasado y, además, exigió elevar un 20% el adicional por profesionalidad para los trabajadores de la rama de Larga Distancia. El pedido se fundamenta en “la profesionalidad, responsabilidad y particularidades propias de la conducción de larga distancia”.

La organización encabezada por Moyano también reclamó incluir en la discusión las condiciones de los empleados de Logística, Correo Privado, Expreso y Mudanza. En ese sentido, pidió tratar el adicional por especialidad, con una suba hasta el 20%, y un plus por presentismo para los trabajadores de la rama de Expreso y Mudanza.

Otro de los puntos planteados es el incremento de la Contribución Extraordinaria Patronal destinada al sostenimiento de las obras sociales del sector, que actualmente es de $25 mil mensuales por trabajador. Camioneros sostuvo que el valor vigente quedó desactualizado luego de no haber sido revisado en junio.

“El aumento de los costos en el sector pone en riesgo la atención de la salud para los trabajadores camioneros, por lo que es imperativo abordar esta cuestión de manera urgente”, advirtió el comunicado.

Por último, el sindicato solicitó el pago de una Asignación Extraordinaria Anual de carácter no remunerativo para los choferes del transporte automotor de cargas y logística alcanzados por el convenio colectivo 40/89, en reconocimiento a “la dedicación y el esfuerzo realizado durante 2026 en la prestación de sus tareas”.

Al fundamentar sus reclamos, Camioneros remarcó que su objetivo es “alcanzar soluciones que permitan preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, garantizar condiciones salariales adecuadas y contribuir al sostenimiento de la actividad y de la paz social”.

El último aumento pactado por Camioneros se produjo en junio pasado y fue en concepto de revisión salarial: consistió en una mejora del 2,68%, que representó un total de 27.258 pesos en el bolsillo de los trabajadores.

Si bien el incremento no fue significativo, la paritaria anterior contemplaba una cláusula de revisión que establecía compensar solamente la diferencia entre la inflación y el período paritario a revisar, que arrancaba en marzo y daba exactamente un 2,68%.

Problemas para una cámara empresarial

Las cámaras que firman las paritarias con el sindicato de Moyano son la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no podría participar de las próximas negociaciones: el Ministerio de Justicia dispuso la “inmediata intervención” de la entidad, con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles para “revisar la situación institucional, económica, financiera y patrimonial”.

La resolución, dictada este lunes, sostiene que la organización atraviesa un cuadro de “riesgo institucional y patrimonial”, en un contexto marcado por el incumplimiento en la presentación de balances, un desequilibrio financiero detectado durante una intervención anterior y la falta de medidas de saneamiento acreditadas por la actual conducción.

Según la cartera de Justicia, CATAC mantiene pendientes los estados contables de los ejercicios cerrados en 2012, 2014 y entre 2020 y 2025. Esta situación “impide contar con información económica y patrimonial completa, actualizada y suficiente”, además de dificultar las tareas de fiscalización de la Inspección General de Justicia (IGJ).

La entidad ya había sido intervenida en diciembre de 2024. En aquel proceso se realizó un relevamiento de su situación financiera y patrimonial, que detectó un “severo desequilibrio económico-financiero”, con un déficit promedio cercano al 140% de sus ingresos.

De acuerdo con la resolución oficial, ese déficit que tenía CATAC “comprometía su viabilidad operativa, la prestación de servicios y el cumplimiento de su objeto social”. Tras finalizar la intervención previa, en diciembre de 2025 se renovaron las autoridades y resultó reelegida la conducción anterior, liderada por Ramón Jatip, cuya inscripción quedó registrada el 20 de febrero de 2026.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia remarcó que, desde esa inscripción, las autoridades “no han efectuado presentación alguna tendiente a regularizar el incumplimiento existente respecto de los estados contables adeudados”. Tampoco, añade la resolución oficial, “han aportado elementos que acrediten la implementación de medidas eficaces destinadas a revertir la situación oportunamente constatada”.

Como interventor fue designado el abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien tendrá facultades para representar a CATAC, realizar actos de administración ordinaria o urgente, defender judicial y extrajudicialmente el patrimonio de la asociación y evaluar la gestión de la Comisión Directiva desplazada. Y podrá iniciar, “en su caso”, las acciones civiles o penales que estime correspondientes, además de presentar informes mensuales ante la Inspección General de Justicia sobre las medidas adoptadas y los avances de su gestión.

El bloqueo que la semana pasada sufrió la empresa de logística WebPack se convirtió en un símbolo de la pérdida de eficacia de estas protestas extorsivas como herramienta sindical frente a un escenario legal y político menos tolerante con ese tipo de medidas.

Fue, además, un nuevo ejemplo del ocaso de esta modalidad de protestas, que siguen en declive luego del récord de 2021, cuando hubo unas 75 acciones en todo el país que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento gremial.

En el caso de WebPack, empresa de logística que hace tareas de distribución para canales de venta digital, el conflicto con el Sindicato de Camioneros se originó en el despido sin causa de un trabajador por motivos de reestructuración, con el pago de la indemnización que marca la ley, situación que derivó en el bloqueo de la sede de la compañía en La Paternal por parte de unos 50 empleados y activistas sindicales, con amenazas de “prender fuego” las camionetas que salieran del lugar.

Aunque tuvo que intervenir la Infantería para liberar el acceso a las instalaciones de WebPack, el balance final del conflicto dejó como ganadora a la empresa y como perdedor al gremio de Hugo y Pablo Moyano, que pasó de un excluyente protagonismo a salir de escena.

En el resultado final influyó no sólo que se activó el protocolo antibloqueos del Gobierno que apunta a disolver estas protestas apenas se ponen en marcha, sino también el impacto por la difusión de las amenazas de quemar las camionetas, que generó un efecto dominó que dejó mal parados al gremio y a los delegados.

Mucho tuvo que ver el papel del abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Pablo Abdón Torres Barthe, que se sumó -sin identificarse como tal- a la comitiva de directivos de WebPack que, tras el reclamo gremial por el despido del trabajador, accedió a concurrir a la sede de Camioneros citada por Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos del sindicato.

Por eso Torres Barthe fue testigo de advertencias con carga intimidatoria que siempre quedan fuera del radar y que son silenciadas por ambas partes: el sindicalista consideró que WebPack no podía echar empleados que no habían sido sancionados previamente porque “en Camioneros no están permitidos los despidos”.

Incluso luego de que un directivo de la empresa le contestó que la ley permite despedir empleados pagando indemnizaciones, Amador fue más allá todavía con sus amenazas: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”, dijo.

La reunión terminó abruptamente y al día siguiente la empresa amaneció con 50 personas que impedían la salida de las camionetas y dos delegados que le gritaron al gerente general de la compañía que iban a “prender fuego” los vehículos si querían irse del lugar.

Hasta aquí, uno de los típicos casos de bloqueos que piloteó Camioneros durante años, pero la diferencia es que la empresa difundió el violento episodio, hizo la denuncia penal contra los delegados por las amenazas de incendiar las camionetas (con el aporte de filmaciones de ese momento) y se mantuvo firme con el despido.

Tras el escándalo producido por la nota de Infobae, intervino la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, los delegados bajaron los decibeles, el Sindicato de Camioneros se replegó discretamente y la empresa pudo normalizar las tareas sin nuevas protestas.

Juan Méndez, presidente del MEAB, hizo un balance del conflicto: aseguró que “los Moyano se tuvieron que ir por la puerta de atrás” y hubo “un claro ganador que fue WebPack”, pero, sobre todo, dijo que el caso es un precedente para “muchas empresas que hoy la están pasando mal y deben achicar su nómina de empleados”.

Méndez remarcó que, pese a la protesta en WebPack, los bloqueos “siguen a la baja en la Argentina”, aunque advirtió que hay muchos casos que “ya no son bloqueos directos sino indirectos y que también están violando las normas”. Aludió así a conflictos por la realización de asambleas que se convierten en medidas de fuerza solapadas: “Te paran a todo el personal con asambleas que no son válidas porque hoy, según la reforma laboral, no pueden afectar el normal funcionamiento del trabajo y tiene que estar autorizada por la empresa”.

Lo peor, como remarcó Méndez, es que “lo terminan pagando los trabajadores, y no los dirigentes sindicales, porque se les descuenta el tiempo que duró la asamblea o se les aplican sanciones disciplinarias”.

Según el titular del MEAB, “ninguna empresa está obligada a reincorporar gente” y si, aun pagando la indemnización correspondiente, hay reclamos por un despido sin causa “su legalidad es algo que después delimitará la Justicia y no el sindicalismo”.

El debilitamiento de una modalidad de presión sindical tan polémica como el bloqueo, que algunos jueces ya consideraron un delito, responde a varios factores.

Por un lado, fue determinante el papel que tuvo el MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, actual diputada nacional libertaria y dueña con su familia de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

La contraofensiva del MEAB al denunciar los bloqueos ante la Justicia fue consiguiendo modificar la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma: gracias a la estrategia jurídica de esta entidad, diseñada por una de sus fundadoras, la abogada Florencia Arietto, hasta agosto de 2023 hubo 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y unos 20 que iban a ir a juicio en unas 30 protestas. Algunos fallos involucraron a gremialistas de peso como el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Pero, además, en la baja de los casos de bloqueos sindicales fue determinante el artículo de la Ley Bases que los considera como grave injuria laboral y que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

La empresa WebPack, que brinda servicios de logística para Mercado Libre, fue bloqueada en la madrugada de este miércoles por unos 50 empleados y activistas del Sindicato de Camioneros en protesta por el despido de un trabajador y, en medio de amenazas de “prender fuego” las camionetas que salieran del lugar, tuvo que intervenir la Infantería para liberar el acceso a sus instalaciones, ubicadas en el barrio de La Paternal.

El conflicto comenzó luego de que la empresa decidió echar sin causa a uno de sus 164 empleados, pagándole la indemnización que marca la ley, lo se generó un conflicto que motivó la intervención del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) a través de su abogado, Pablo Abdón Torres Barthe.

A partir del despido, según afirmó el abogado a Infobae, los directivos de la empresa fueron citados a la sede del Sindicato de Camioneros, donde los recibió Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, quien les advirtió que no podían despedir gente que no había sido sancionada, ante lo cual se le explicó que se trataba de un despido sin causa por motivos de reestructuración.

La respuesta del dirigente sindical, de acuerdo con Torres Barthe, fue “En Camioneros no están permitidos los despidos”. Cuando los directivos le explicaron que “la ley permite” la posibilidad de echar empleados, Amador les contestó: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”.

“Así fue como bloquearon la empresa y amenazaron a todos los fleteros tercerizados que no tienen nada que ver y que se fueron sin cargar las camionetas”, dijo el abogado del MEAB, que anticipó que harán las denuncias correspondientes por las amenazas que recibieron los empleados. “Al gerente general le dijeron que si salían la camioneta se las prendían fuego”, agregó.

La protesta extorsiva sólo se levantó luego de que intervinieron efectivos de Infantería y así pudo normalizarse la actividad que desarrolla la empresa.

En su sitio web, WebPack se presenta como “parte de un grupo empresario con más de 35 años de experiencia en servicios de logística y distribución postal”, que, según se detalla, cuenta con “más de 6300 m2 en naves para operación, un centro de procesamiento con capacidad para más de 50.000 paquetes, 48 dársenas de despacho con capacidad para más de 12.000 envíos por hora y más de 700 móviles para distribución”.

El episodio remite a otro que se registró el 8 del mes pasado en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando, según el diario La Nación, un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos anunciados por la compañía.

Los trabajadores de la empresa, de acuerdo con la nota, denunciaron que “una ‘patota’ del gremio al mando de Amador, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad de 19 años y llevó a cabo una asamblea en el lugar”.

“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron los trabajadores, según La Nación.

La vigencia de la Ley Bases y de la Ley de Modernización Laboral hizo que se redujeran notablemente los bloqueos sindicales contra las empresas ya que ambas normas penalizan a los responsables de ese tipo de protestas.

Fue determinante el artículo 94 de la Ley Bases que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

Por su parte, el artículo 134 de la ley de Modernización Laboral hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Para la baja de este tipo de protestas extorsivas fue clave también el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE) presentó un amparo colectivo para que la Justicia Federal de la Capital Federal suspenda la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral y así puso a salvo los fondos de la caja sindical.

Esa norma, como anticipó Infobae, fue consensuada entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, a través del Decreto 407, que había restringido aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales, vía el convenio colectivo de trabajo, que financian a los sindicatos.

CATSE, que reúne a pymes de transporte de cargas y logística de aquella provincia, señala en su presentación que el último decreto aumenta de manera inmediata un 18,87% el costo mensual por trabajador al modificar la base de cálculo de aportes y contribuciones laborales.

Según la demanda judicial, el cambio impone una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector y viola derechos consagrados por la Constitución Nacional y leyes federales. Si la Justicia accede a su pedido, será un golpe para la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

La presentación de CATSE, encabezada por su presidente, Federico Lo Bruno, apunta a frenar los efectos del Decreto 612/2026, que, según la entidad, aumentó los costos sin una modificación de la ley ni de los convenios colectivos vigentes.

Lo que está en juego es la manera en que se calcula el límite legal para sumar aportes y cargas económicas a los salarios, según lo fija el artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, que fue reformada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Hasta junio de 2026, la base de cálculo era el salario básico convencional de cada trabajador, según había dispuesto el anterior Decreto 407. Sin embargo, el nuevo decreto agregó “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual” a esa base.

En términos concretos, para el convenio de los camioneros, un chofer de primera categoría tenía un salario básico de $1.060.010,29 y con la nueva fórmula, la base sube a $1.260.010,29. El resultado: $200.000 extra por trabajador cada mes, lo que representa, según el escrito de CATSE, un incremento del 18,87%.

La cámara que preside Lo Bruno sostiene que este aumento no proviene ni de la ley ni de los acuerdos colectivos, sino sólo de la decisión administrativa del Poder Ejecutivo, y que su aplicación automática afecta al flujo de caja de las empresas, sobre todo en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo.

Plantea que el decreto no sólo eleva los costos, sino que lo hace vulnerando la previsibilidad y la seguridad jurídica para las empresas, al modificar “de la noche a la mañana” un sistema que regía desde principios de junio.

CATSE detalla que el Decreto 612 entró a regir “desde su dictado” el 17 de julio, pero recién fue publicado el 20. Por eso, solicita que la Justicia declare que no puede exigirse su cumplimiento en ese lapso, dado que “las normas sólo obligan una vez que son publicadas”.

En el amparo presentado se reclama que se reconozca el derecho de las empresas a que los pagos hechos entre el 1° de junio y el 20 de julio sean considerados “intangibles”, es decir, que la nueva norma no pueda ser usada para reclamar diferencias retroactivas.

Uno de los puntos centrales es la acusación de que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades que corresponden al Congreso. Según la presentación, sólo el Parlamento puede fijar los límites y sus bases de cálculo para este tipo de obligaciones, y la alteración por decreto constituye un “exceso reglamentario”.

La entidad señala que el propio Estado nacional había fijado primero una base y después la cambió sin que medie una ley. “Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva”, afirma la demanda.

Además, la CATSE advierte que actualmente “tres fuentes superpuestas e incompatibles” generan una situación de “indefinición casi total”: el Decreto 407 (que fijaba la base anterior), el Decreto 612 (que la amplió) y una medida judicial dictada en el fuero laboral que suspendió parcialmente el primero.

Por eso pidió de forma urgente una medida cautelar de no innovar para que el Poder Ejecutivo no aplique el Decreto 612 a las empresas representadas, manteniendo transitoriamente el sistema anterior hasta que haya una sentencia definitiva.

El escrito sostiene que el daño que causará la norma es “inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior”. Cada liquidación salarial, advierte la cámara, implica un nuevo costo extra que para muchas pymes puede significar embargos bancarios y la parálisis de la operatoria habitual.

De todas formas, enfatiza que los montos discutidos por el decreto no afectan el sueldo que perciben los choferes de camiones ni ningún otro ingreso alimentario, ya que se trata sólo de cargas patronales a favor del sindicato. “Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, con todos sus adicionales -dice-, exactamente igual que antes de la medida, lo único que la cautelar alcanza es el flujo de cargas patronales dirigido a las estructuras colectivas”.

En apoyo de su pedido, la cámara acompañó informes contables sobre tres empresas modelo (pequeña, mediana y grande), donde se cuantifica el impacto mensual y anual de la medida, además del porcentaje que representa sobre el margen operativo.

CATSE basa su legitimación para reclamar ante la Justicia en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita a las asociaciones a presentar amparos cuando defienden derechos “de incidencia colectiva”. Además, cita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente el fallo “Halabi” sobre protección colectiva de derechos.

Las empresas representadas, según el escrito, son “en su inmensa mayoría, pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte de cargas”. Todas ellas, asegura la cámara santiagueña, adhirieron expresamente a la acción, y su nómina fue presentada como anexo.

Según CATSE, la vía del reclamo individual sería “económicamente inviable” para cada empresa, por lo que la acción colectiva es la única forma de tutela judicial real frente a un sobrecosto que se multiplica en el tiempo.

La demanda aclara que el universo alcanzado por la acción son “empresas de transporte de cargas y logística asociadas a CATSE”, que emplean trabajadores comprendidos dentro de convenios colectivos afectados.

En ese sentido, señala que no existe otro proceso colectivo con igual objeto y clase en trámite. Aclara, además, que hay una causa en el fuero laboral iniciada por el sindicato de la actividad, que lidera Hugo Moyano, pero que allí los intereses y la parte actora son “frontalmente opuestos” (trabajadores vs. empresas).

El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería el Gobierno cuando aceptó negociar con la CGT esa norma aclaratoria que puso a salvo la caja sindical: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.

Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.

Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.

Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.

Esas “alteraciones” incluidas en el decreto reglamentario de la reforma laboral rompieron lo pactado originalmente entre el Gobierno y la CGT cuando se sancionó la ley y, según los dirigentes gremiales, tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, a las que califica como “peajes sindicales”.

El efecto de la reglamentación “alterada” de la Ley de Modernización Laboral fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos que interpretaron que ese decreto iba más allá que lo previsto en la propia norma. Pero, a la vez, lo que produjo fue la renuencia de empresarios y gremialistas a renegociar los convenios colectivos a la luz de esas inesperadas limitaciones.

Por eso no hubo respuesta positiva a las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien los convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán actualizarse en las cláusulas sobre las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

Ese escenario preocupante aceleró lo que venían conversando reservadamente el Gobierno y la CGT, y que se concretó tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: un decreto que aclarara y corrigiera la polémica reglamentación de la reforma laboral.

Así, el decreto 612 fijó que la base de cálculo para el límite del 2% de las cuotas solidarias no es sólo el salario básico: también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales que se cobran todos los meses y que tienen origen en el convenio colectivo. Es decir, si el trabajador cobra otros ítems fijos además del básico también cuentan para calcular el aporte sindical.

En otras palabras, la nueva norma amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes empresariales, haciendo que los sindicatos puedan recibir más fondos que con la reglamentación anterior, pero manteniendo el límite del 2% sobre los conceptos habituales y mensuales del salario.

A la vez, en el decreto 612 se excluyeron del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos que son destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, que también son cruciales para el financiamiento actual de los sindicatos.

Así se explica la tendencia actual que alivia y entusiasma al Gobierno: se destrabaron todas las discusiones para renovar los convenios colectivos y actualmente “todos los sectores están negociando, tanto los que tienen convenio de empresa como los de convenio de actividad”, según resaltaron a Infobae en despachos oficiales.

Todavía no se presentó ningún convenio actualizado ante la Secretaría de Trabajo, pero la misma fuente aseguró que representantes de varias actividades “comenzaron a consultar y manifestaron la intención de avanzar” en línea con la nueva legislación y las charlas bilaterales se mantienen en la órbita privada. Aun así, los cambios pueden demandar meses de negociaciones porque se trata de “acuerdos pensados para durar años”.

En ese sentido, en la Casa Rosada afirmaron que el sector del petróleo ya trabaja en posibles modificaciones en los convenios vinculados con la actividad y lo mismo está sucediendo en Comercio, donde el sindicato que dirige Armando Cavalieri y las cámaras iniciaron conversaciones extraoficiales para renegociar el convenio, aunque las tratativas están empantanadas por diferencias con el sector de supermercados.

Aun con cierta resistencia, los sindicatos comenzaron a aceptar la baja de las cuotas solidarias para adecuarse al tope del 2% que marca la ley. Uno de los que tenía uno de los descuentos más altos era el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dirigido por Ricardo Pignanelli, que equivalía al 4% de la remuneración bruta. Ahora se analizaría respetar ese límite del 2% para los no afiliados y establecer el 4% de descuento salarial como cuota de afiliación.

El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, también está negociando en forma reservada una reducción de aportes, aunque en este rubro el pionero fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que encabeza Gerardo Martínez, que antes del decreto 612 ya se había alineado con el tope del 2% para las cuotas solidarias y el mismo porcentaje para la cuota extraordinaria empresarial, que se destina a servicios sociales, culturales y asistenciales.

Mientras, en el Gobierno en el Gobierno hicieron hincapié en una innovación que trajo aparejada la reforma laboral: las nuevas empresas exploran la firma de convenios colectivos propios con los sindicatos de actividad y se perfila una tendencia favorable hacia los convenios por empresa, sobre todo en compañías más recientes.

Aún es una incógnita si el avance en la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo permitirá que se extiendan distintas herramientas incluidas en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se incorporaron en las últimas semanas en algunas actividades: una es el llamado “salario dinámico”, incluido en el acuerdo que rige para el personal doméstico, y otra es el banco de horas, que se pactó en la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, con el aval de SMATA.

“Con Facu hace rato que no hablo”. Así respondió Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, cuando la prensa le preguntó por su hermano Facundo en medio de la movilización a Plaza de Mayo por San Cayetano, luego del episodio que involucró al ex diputado y a su novia, Candela Arizaga.

El dirigente de Camioneros intentó apartarse del tema y llevar la conversación hacia la marcha: “Estamos defendiendo la tierra, los puestos de trabajo, que lo defina la Justicia; yo no tengo nada que ver”.

El episodio sumó otra definición cuando le consultaron si había hablado con su hermano. Allí, Pablo Moyano apeló a una salida irónica. “Encima el pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu hace rato que no hablo”, dijo.

Al ser consultado acerca de cómo estaba su papá por lo sucedido con Facundo, el dirigente dijo: “Hugo está muy preocupado por lo que pasa en el país”.

Las frases quedaron en el centro de la escena porque marcaron una toma de distancia en plena repercusión del caso y confirma la mala relación entre los dos hermanos. El episodio por el que fue consultado involucró a Candela Arizaga, quien hace dos días corrió semidesnuda y alterada por calles del barrio porteño de Belgrano, en un hecho que volvió a poner el nombre de Facundo Moyano, líder del Sindicato de Peajes, bajo atención mediática.

Dos días después del incidente, Candela Arizaga se presentó en la fiscalía para declarar. A la salida, desligó a Facundo Moyano de las acusaciones de violencia de género que circularon en un primer momento.

“Tuve un brote psicótico” y “lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”, afirmó Arizaga ante la prensa, luego de haber permanecido bajo observación médica.

De esa manera, la influencer dio una versión que buscó aclarar lo ocurrido tras las primeras informaciones sobre el caso. La declaración judicial se produjo dos días después del polémico episodio en el barrio de Belgrano.

Durante su paso por la marcha de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo, Pablo Moyano evitó respaldar en público a su hermano y tampoco avanzó sobre detalles de la situación. Su respuesta apuntó a desmarcarse del tema y a dejar la resolución en manos de la Justicia.

La situación volvió a instalar a Facundo Moyano en la agenda pública por un hecho de su vida privada luego de sus romances con figuras de la farándula.

Una de los motivos que distanciaron a Pablo y Facundo Moyano fue la política. El ex diputado nacional del Frente de Todos renunció a su banca por diferencias con La Cámpora y en el gobierno anterior mantuvo una postura crítica tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner, mientras que Pablo tuvo gestos de apoyo al kirchnerismo, fotos con Máximo Kirchner y críticas hacia Alberto Fernández, aliado político de Hugo Moyano.

Todo empeoró, hasta el punto de que dejaron de hablarse, a partir del 22 de noviembre de 2022, cuando Facundo Moyano criticó a Pablo en una entrevista con Infobae: “Con la historia de lucha que tienen Hugo (Moyano) y Camioneros, es una lástima que vaya atrás de las ambiciones políticas y electorales de La Cámpora y que los quieran utilizar como fuerza de choque”.

Lo dijo el líder del Sindicato de Peajes pocas horas antes de que su hermano Pablo concurrió al acto de Cristina Kirchner en el Estadio Unico de La Plata, en otro de sus fuertes gestos de adhesión al kirchnerismo que no comparten su padre ni Facundo Moyano.

Ahora, ante el episodio en el que se vio involucrado su hermano Facundo, la posición pública de Pablo Moyano quedó resumida en dos definiciones. Una, de carácter institucional: “que lo defina la Justicia”. La otra, de carácter personal: “Con Facu hace rato que no hablo”.

A los 82 años, Hugo Moyano lidera no sólo uno de los principales sindicatos de la Argentina. También es la cabeza de un clan familiar que fue extendiendo su influencia en las filas gremiales y políticas.

En su primer matrimonio, el líder del Sindicato de Camioneros tuvo cuatro hijos; Pablo, Karina, Emiliano (fallecido en 2011) y Paola (única que no se dedicó al gremialismo y ex esposa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia). De su segundo matrimonio nacieron Facundo y Hugo Antonio. Y del tercero, con su esposa actual, Liliana Zulet, Jerónimo, el menor.

Hugo Moyano mantiene a 4 de sus 6 hijos en puestos centrales de Camioneros, pero la disputa familiar y las diferencias políticas y gremiales abrieron la incógnita sobre su sucesión dentro de una estructura donde cada miembro del clan ocupa espacios de perfiles distintos.

La discusión sobre el eventual heredero en Camioneros se cruzó con un dato que involucra al único hijo del líder sindical que no integra su organización y que siempre tuvo una carrera autónoma: luego de haber incursionado en la función legislativa en el PJ, Facundo Moyano volvió a la jefatura del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) en octubre de 2025.

Dentro del universo camionero, Pablo Moyano sigue siendo secretario adjunto del sindicato de Capital y provincia de Buenos Aires y además conduce el Club Social y Deportivo Camioneros. Su permanencia en esos cargos convive con una pelea abierta con su padre desde hace cuatro años, originada por diferencias en el manejo de la obra social y ampliada luego por posturas distintas sobre la estrategia sindical, la CGT y el kirchnerismo.

Ese enfrentamiento amaga con debilitar su proyección como sucesor natural de su padre, pero en desde febrero pasado se produjo el regreso de Pablo a la actividad cotidiana de Camioneros, en una suerte de reconciliación que se atribuye al agravamiento de la interna del sindicato y las dificultades de Hugo Moyano para calmar las tensiones en sus propias filas.

Hugo Antonio, Karina y Jerónimo conservan posiciones de conducción en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Hugo Antonio Moyano, conocido como “Huguito”, es secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros y presidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el CET, creado por Hugo Moyano en 2013. En las últimas elecciones ganó una banca de diputado nacional en la lista de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Karina Moyano ocupa la secretaría de la Mujer de la Federación y también es secretaria adjunta de una fracción de las 62 Organizaciones que es promovida por Pablo, con quien mantiene una excelente relación.

Jerónimo Moyano, de 26 años, es el menor del clan familiar y en noviembre de 2025 pasó de la Secretaría de la Juventud de la Federación Nacional de Camioneros a ser encabezar la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 de la organización que lidera Hugo.

Hijo de Liliana Zulet, que encabeza un holding de empresas que provee de servicios a Camioneros, Jerónimo estudió Derecho, aunque abandonó la carrera y fue escalando posiciones en la estructura sindical promovido por su padre, algo que a acentuó una relación distante con Pablo, crítico de ese vínculo privilegiado.

Facundo Moyano, que tiene una pésima relación con Pablo por diferencias políticas, es, en los hechos, el rebelde de la familia porque nunca integró la estructura de Camioneros. Su base de construcción estuvo en el gremio de peajes, donde encabezó el SUTPA entre 2009 y 2017 y luego volvió a quedar al frente tras los comicios realizados en 2025, donde fue elegido secretario general al frente de una lista única, con el apoyo del 80% de los afiliados: obtuvo 4.482 votos sobre un total de 5.659.

Su recorrido también quedó marcado por una agenda propia sobre la vida interna de los sindicatos. En 2014, cuando era diputado nacional, impulsó un proyecto de democratización sindical que proponía elecciones más transparentes y democráticas y que incluía la limitación de mandatos, iniciativa que apoyó su padre, pero le generó enemigos entre sus colegas de la vieja guardia.

En línea con ese planteo de democracia sindical Facundo desistió de buscar su reelección en el SUTPA y en 2021 fue elegido secretario adjunto de Florencia Cañabate.

Su vínculo con el moyanismo como sector sindical no desapareció pese a esa autonomía. Con el aval de Hugo Moyano, fue armador de listas opositoras con las que esa fracción amplió su presencia en distintos gremios.

Facundo también tuvo una carrera parlamentaria. Fue diputado por el Frente Renovador entre 2011 y 2021 y renunció a su banca por diferencias con La Cámpora.

El dirigente volvió a diferenciarse de sus pares desde la pandemia al pronunciarse a favor de una modernización de la legislación laboral para generar más empleo.

La causa en la que se investiga la defraudación por unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre que pertenece al Sindicato de Camioneros en Mar del Plata podría entrar en una zona de turbulencias a partir de información que analiza la Justicia e incluso de datos clave que aún no llegaron a los tribunales: uno de los imputados, a través de su abogado, denunció que el gremio no entregó la documentación necesaria para probar las acusaciones y esa renuencia provoca que no se pueda finalizar la pericia contable.

En el expediente se pusieron bajo la lupa presuntos sobreprecios en servicios y alimentos para el hotel sindical, ubicado en el centro marplatense, investigados por el fiscal David Bruna y la jueza Lucrecia Bustos a partir de una denuncia presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado al líder del gremio, Hugo Moyano.

Mientras la causa sigue en trámite y se están recolectando pruebas, especialmente documentación y testimonios de testigos y de personal del hotel, están imputados el ex secretario Administrativo del sindicato; Claudio Balazic; el ex secretario Tesorero del gremio, Paulo Villegas, un contador, dos ex empleados del hotel (uno fue el gerente y el otro, el chef) y dos ex proveedores del establecimiento.

Hace unos 10 días, una asamblea de Camioneros presidida por Hugo Moyano echó a Balazic (que ya había sido apartado de su cargo, junto con Villegas) por las irregularidades descubiertas en el hotel. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, en la asamblea se aseguró que el dirigente expulsado habría cerrado 6 habitaciones del hotel, las alquilaba para eventos y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.

Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como consta en pedidos facturas que estarían en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.

En su declaración ante la Justicia, Maldonado sostuvo que las irregularidades se detectaron a fines de julio de 2025, cuando el contador le dijo que “hubo un requerimiento de ARCA por estas empresas que trabajan con el hotel, los proveedores”. “Cerca del 10 de agosto hacemos una reunión con Hugo Moyano -dijo-, y al ver que no había respuesta sobre la situación de las distribuidoras o empresas, entonces Hugo me pide que venga (a Mar del Plata), y fue cuando descubrimos esta maniobra fraudulenta que nos afectó mucho”.

“El tesorero me dijo en una reunión informal con Hugo que los gastos de Mar del Plata se fueron muy arriba, hay cosas que no me cierran”, declaró el dirigente.

Maldonado reconoció que los cheques para los pagos del hotel siempre se confeccionaban en el sindicato en Buenos Aires, donde eran firmados en blanco por tres dirigentes (él, Balazic y Villegas) y luego se entregaban a la gerencia del hotel en Mar del Plata.

En relación con las facturas, señaló que “iban a la contaduría, a la Secretaría Administrativa y Tesorería”, y que “en el hotel tenían las chequeras donde se pagaban los pedidos que se hacían”. La justificación del gasto, aseguró, se realizaba después de la compra.

Otras fuentes sindicales, sin embargo, puntualizaron a Infobae que “los cheques llegaban al hotel firmados y lo único que se hacía era corroborarlos con la factura, luego se firmaba la factura y nada más; si no pasaba por Buenos Aires no se pagaba porque dependía de las tres firmas efectuadas en el sindicato, por lo que el hotel no tenía autonomía en esa operatoria”.

Javier Moral, abogado de Camioneros, dijo al sitio 0223 que “habría una usina de facturas apócrifas producida por estos imputados que eludían los controles de ARCA y de las áreas correspondientes del sindicato”.

“Las autoridades máximas (de Camioneros) no tenían ningún conocimiento ni vinculación con esto -añadió-. Por eso la obligación fue denunciar de inmediato e ir hasta las últimas consecuencias, independientemente de quién tuviera responsabilidad”.

Por su parte, el abogado Maximiliano Orsini, que representa al ex gerente del hotel, dijo a Infobae que están “esperando el avance de la producción probatoria”, tras lo cual remarcó: “Estamos así desde hace casi un año en que se está produciendo la prueba y estamos esperando el resultado de la pericia contable, que se fue dilatando durante casi un año en virtud de que el denunciante, el Sindicato de Camioneros, no acompaña toda la documentación contable y principalmente la información impositiva perteneciente a ARCA”.

El hecho de que el sindicato no haya presentado la documentación requerida, según consideró, “provoca que no pueda culminarse la pericia contable, que es la prueba esencial para determinar si efectivamente existió o no administración fraudulenta”.

“Gracias a que presentamos un escrito solicitando la declaración de Maldonado -agregó-, sobre la base de sus dichos se formularon nuevas imputaciones a integrantes del sindicato. Resulta extraño que una causa de esta magnitud avance sin haber presentado el denunciante (Camioneros) una auditoría interna y ni siquiera haber presentado documentación contable, que fue pedida por la defensa en por lo menos 4 oportunidades, porque nunca terminan de completarla".

Para Orsini, “lo más significativo es que están violentando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso ya que hace un año están realizándose pruebas que no finalizan porque el propio sindicato no termina de presentar la prueba documental que está en su poder o es reacia a acompañar cierta prueba documental relacionada con ARCA”.

El abogado hizo hincapié en “la orfandad probatoria por parte del denunciante, que no aportó la documentación contable que correspondía para acreditar que supuestamente hay un desfalco por 10 millones de dólares. En semejante cifra de tal magnitud, ni siquiera tienen una pericia contable, una auditoría y están aprobados todos los balances, incluso en el período en el que dicen que hubo una defraudación”.

“Eso es lo más extraño: la causa no avanza porque no se aportaron los elementos probatorios que debieron aportarse desde el punto de vista contable, sino que simplemente son afirmaciones del propio Maldonado y especulaciones probatorias que dicen tener, pero que hasta ahora contablemente no surgen de la causa”, concluyó el defensor del ex gerente del hotel.

En una presentación ante la Justicia, además, Orsini solicitó medidas de prueba adicionales centradas en Lexham S.A., proveedora del hotel, destacando que el propio denunciante, Héctor Maldonado, había pedido que se investigue la operatoria fiscal y comercial de esta sociedad, lo que demuestra la relevancia que la acusación le otorga a su intervención en los hechos investigados.

Orsini pidió que se determine con precisión cuál fue la participación de Lexham, qué operaciones comerciales mantuvo con entidades vinculadas al Sindicato de Camioneros y, en particular, quiénes ejercían funciones de conducción y administración en la empresa.

Señaló que Marcela Alejandra Montero (en otros documentos aparece como María Alejandra Montero), que sería presidenta y apoderada de la empresa, posee un vínculo profesional directo con Camioneros: fue apoderada judicial del sindicato y figura con relación laboral y comercial con la entidad desde 2019.

Tras destacar que Montero integra o integró la estructura funcional del sindicato, no sólo como profesional externa sino con roles internos, lo que la vincula de forma directa con la organización que es objeto de investigación, Orsini subrayó la importancia de esclarecer si Montero tenía funciones societarias dentro de Lexham al mismo tiempo que representaba jurídica y laboralmente al sindicato.

Planteó, en ese sentido, que esta posible coexistencia requiere ser investigada por la hipótesis de direccionamiento de proveedores, contrataciones irregulares y manejo de recursos económicos entre el sindicato, el Hotel 15 de Septiembre y Lexham.

Desplazamientos en ARCA

Mientras, el caso adquirió otro cariz luego de que se conoció que un alto funcionario de ARCA denunció ante la Justicia que hubo presiones, desplazamientos y órdenes para frenar una pesquisa sobre la estafa multimillonaria en el hotel de Camioneros.

Según información publicada en el diario La Nación, la denuncia fue presentada por Manuel Rodríguez, contador público con más de 35 años de trayectoria en el organismo, ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata. En su escrito afirmó que autoridades de ARCA en Buenos Aires ejercieron presiones sobre quienes investigaban presuntos desvíos de fondos a través de proveedores del hotel marplatense de Camioneros.

De acuerdo con La Nación, en menos de 7 meses fueron corridos al menos 6 funcionarios de ARCA en Mar del Plata vinculados a esa línea de fiscalización. Entre ellos, jefes con entre 10 y 14 años de antigüedad en sus cargos, mientras el organismo negó la acusación y dijo que desde enero de 2024 había desplazado a 1.883 jefes y que 163 aún no fueron reemplazados.

Rodríguez, según la nota periodística, llegó a ser director de la Regional Mar del Plata de ARCA y luego “asesor mayor”, y fue desplazado y enviado al área de Capacitación por “cuestionar los intentos de frenar las fiscalizaciones” sobre las maniobras en el hotel.

Claudio Balazic, ex secretario Administrativo del Sindicato de Camioneros y ex hombre de confianza de Hugo Moyano, fue echado este jueves del gremio por una asamblea extraordinaria, aunque ya está imputado en una causa judicial por fraude de unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata.

La convocatoria al congreso sindical para expulsar al dirigente se adoptó de manera urgente, hace 24 horas, ante la inminencia de un agravamiento de la situación de Balazic ante la Justicia, según fuentes de Camioneros.

El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, investiga supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel del sindicato, ubicado en Santa Fe 2373, en pleno centro marplatense, a 4 cuadras del Casino y a 2 cuadras de la playa Bristol.

En realidad, la causa se inició a partir de una denuncia judicial presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado a Hugo Moyano, luego de lo cual, en octubre pasado, el líder del sindicato apartó de sus cargos a Balazic y a Paulo Villegas, secretario Tesorero de Camioneros.

La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balazic y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.

Aparicio, conocido como “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y cercano a Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, que mantuvo una prolongada pelea con su padre, Hugo, por fuertes diferencias acerca de la crítica situación financiera de la obra social.

Aunque padre y hijo dieron muestras de haberse reconciliado hace tres meses, en la asamblea donde se echó a Balazic, sugestivamente, Pablo Moyano y Aparicio no estuvieron sentados junto al líder de Camioneros sino en las últimas filas del salón del hotel Intersur, en el barrio de San Telmo, donde se hizo el encuentro.

Durante la asamblea, a la que no concurrió Balazic para defenderse, se dieron detalles acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el acusado. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, el ex dirigente de Camioneros habría cerrado 6 habitaciones del hotel para unirlas, las alquilaba para eventos o fiestas y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.

Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como constaría en pedidos facturas que están en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.

Según se informó en la asamblea, como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas, el sindicato presentaría también una denuncia judicial contra algunos proveedores de mercadería del hotel.

Además de Balazic y Villegas, en la causa están imputados un contador y varios ex empleados del hotel, y bajo análisis de la Justicia figurarían cheques firmados por algunos de los directivos desplazados.

“La causa está en pleno trámite, se recolectaron pruebas, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y siguen están trabajando los peritos contables e informáticos”, dijo una fuente judicial.

El escándalo del fraude en el hotel marplatense sacudió al Sindicato de Camioneros porque coincide con las innumerables quejas de los afiliados por el corte de prestaciones médicas por la crisis de la obra social, los acuerdos salariales a la baja y las protestas que hubo en la rama de recolección de residuos por no haber recibido indemnizaciones por la llamada “Ley Moyano”.

Un acuerdo inédito puede hacer tambalear aún más al imperio agrietado de Hugo Moyano: cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieron “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales que se adaptarán a la realidad económica de cada zona.

Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado que mantiene el Sindicato de Camioneros.

Según lo acordado en Córdoba a fines de junio, los rebeldes del interior buscarán reemplazar el convenio nacional vigente por un esquema regional con una base de 10 puntos en lugar de los 50 ítems del convenio colectivo de trabajo 40/89 con negociaciones por provincia desde septiembre y sin ninguna reducción del salario de bolsillo, según precisaron fuentes empresariales del transporte automotor de cargas.

La idea de las cámaras de provincias como San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras, es plantear esta descentralización del convenio colectivo en la asamblea que tendrá FADEEAC el 21 de este mes en la ciudad de Buenos Aires.

Esta entidad era la principal de la actividad hasta 2019, pero varias de las cámaras que la integraban dejaron sus filas ese año para crear la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), en una jugada originada en una pelea interna, pero detrás de la cual siempre se sospechó que estuvo el Sindicato de Camioneros para romper la unidad empresarial.

FADEEAC, presidida por Cristian Sanz, es la cámara más tradicional del sector ya que fue creada en 1967 y agrupa hoy a 43 entidades de todo el país. Según su sitio web, reúne al 65% de los empresarios que ”transportan desde una tarjeta de crédito, clearing bancario, caudales, lácteos, perecederos, postales, cargas fraccionadas y productos esenciales para la comunidad hasta cargas excepcionales para lo cual interviene la Ingeniería Privada del Transporte”.

La idea de las cámaras rebeldes del interior es tomar el convenio colectivo nacional como una base y, a partir de allí, negociar según las características y las posibilidades de cada región o de cada provincia. En principio, apuntarían a firmar convenios de la región Norte, Centro y Sur del país. “Hoy, todos pagamos un sueldo pactado en Buenos Aires y algunos vivimos en provincias en crisis; es imposible mantener esa estructura”, dijo a Infobae uno de los disidentes disidentes de FADEEAC, que advirtió: “La decisión está tomada y no daremos marcha atrás”.

Los gestos de rebelión en FADEEAC son una consecuencia directa de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que, por un lado, dinamitó el principio de ultraactividad y obligará a que se renegocien todos los convenios colectivos. Y, por otro, estableció un nuevo esquema de prelación entre convenios colectivos de trabajo al disponer que los acuerdos de ámbito menor (por región o por empresa) podrán prevalecer sobre los de ámbito superior (por rama de actividad). E incluso los convenios de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los acuerdos de ámbito menor.

Esa una de las innovaciones que pondrá en jaque al viejo modelo sindical argentino, cuyo poder se basa en un sistema que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería y, por ende, derechos exclusivos como firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.

La decisión de los rebeldes de FADEEAC amaga con replicarse en cámaras de otras actividades y causa pánico en los sindicalistas más experimentados. También por ese motivo en la CGT se comenzaron a pintar la cara: temen la fragmentación del gremialismo que se producirá si se generalizan los convenios regionales o de empresa acentúe su crisis de representatividad.

El temor también se multiplica porque la reforma laboral limitó las cuotas solidarias, que financian el aparato sindical mediante descuentos compulsivos en los salarios de los trabajadores a través de los convenios colectivos de trabajo. Ahora, esos aportes clave tienen un tope del 2% de los sueldos y una vigencia de 2 años, que el Gobierno ya podría exigir que se apliquen y que inexorablemente deberán respetar empresarios y sindicalistas cuando se sienten a renegociar los actuales convenios.

En el caso del Sindicato de Camioneros, tiene una cuota solidaria del 3%, una de los más altas de todo el espectro gremial y sus dirigentes tenían previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discutiera el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.

Sin embargo, el 1° de julio, el juez laboral Herman Mendel frenó la instrumentación de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de su decreto reglamentario para el convenio colectivo de Camioneros y de esa forma dejó a salvo la “caja sindical”: son los vinculados con el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Aun así, el escenario que plantean los convenios regionales es una pesadilla para Moyano. Hoy ya tiene problemas para negociar aumentos salariales que compensen la inflación y para pactar contribuciones empresariales en auxilio de la obra social de Camioneros, en una crisis financiera que deriva en corte de prestaciones médicas y quejas de los afiliados.

Cuando los líderes cegetistas comenzaron a debatir su flamante plan de lucha, hace dos semanas, uno de los dirigentes propuso intensificar las protestas contra el Gobierno con una apelación cargada de dramatismo: “Si tengo que morir, prefiero morir de pie”.

El Sindicato de Camioneros está en pie de guerra luego del despido de 220 trabajadores por el cierre de la empresa Express Beer, por lo que el gremio liderado por Hugo Moyano se declaró en alerta y movilización y analiza medidas en reclamo de su continuidad laboral.

Entre los despedidos, según trascendió, está el hijo menor de Moyano, Jerónimo, quien era delegado de esa empresa cuyo dueño es Juan Aguilar, uno de los directivos de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la cámara del sector que tiene la relación más fluida con el sindicato.

Jerónimo Moyano, de 27 años, trabajaba en esa distribuidora de bebidas desde 2023 y, además, es secretario Gremial e Interior de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. La primera información sobre la contratación del hijo menor de Moyano en Express Beer fue publicada en el diario La Nación.

La organización sindical también exigió que se garantice el pago de los salarios y los aguinaldos al personal, que no fueron abonados a partir de la decisión extrema tomada por la compañía, una tercerizada que presta servicios para la Cervecería y Maltería Quilmes.

En las redes sociales, el sindicato de Moyano “reafirmó su compromiso de defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas, contando además con el apoyo de las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, prestadoras de servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, que se solidarizaron con la lucha de los compañeros”.

El gremio viene de conseguir un aumento de unos 27 mil pesos (2,68%) como revisión salarial, que fue firmada a mediados de marzo y que contempla una mejora del 10,1% en el semestre marzo-agosto, por pagarse en 6 tramos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

La tensión es por el cierre de Express Beer opacan el reciente acuerdo con las empresas Coca-Cola y Quilmes que beneficiará a más de 2.500 trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas, mediante el cual se incorporaron adicionales por presentismo, y así se puso fin a un conflicto de casi tres meses con medidas que pusieron a los comercios al borde del desabastecimiento.

Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, dijo al sitio Infocamioneros: “Es un logro importante en este contexto que vive el país, donde el Gobierno obliga a firmar paritarias que muchas veces no llegan a igualar la inflación. No es nuestro caso, pero hay muchos trabajadores que están por debajo”.

El dirigente afirmó que “también efectivizaron a trabajadores con 8, 10 y 12 años de antigüedad, manteniendo esos años”, un viejo reclamo sindical porque ese personal estaba en calidad de contratado.

Para los Moyano, la buena noticia de la semana pasada fue el fallo del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

En la sentencia del titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, que firmó esa resolución y al día siguiente efectivizó su renuncia al cargo, se hace lugar el pedido de Camioneros al considerar que los artículos citados afectan la autonomía colectiva, la libertad sindical, la ultraactividad de los convenios colectivos y el financiamiento de los gremios.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo que quedaron limitados a partir de la reforma laboral y son, como dice el fallo, “el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas”.

La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.

La Justicia Nacional del Trabajo ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma tras una demanda presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

En un fallo firmado por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, Herman Mendel, se hace lugar el pedido de Camioneros al considerar que los artículos citados afectan la autonomía colectiva, la libertad sindical, la ultraactividad de los convenios colectivos y el financiamiento de los gremios.

La sentencia impacta en el ámbito del convenio colectivo de trabajo 40/89, con aplicación en el transporte automotor de cargas, a partir del 30 de junio de 2026 y responde a un pedido urgente del gremio ante posibles daños irreparables para los fondos sindicales.

Los puntos suspendidos tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo que quedaron limitados a partir de la reforma laboral y son, como dice el fallo, “el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas”.

Según fuentes judiciales, se trató del último fallo de Mendel antes de la renuncia a su cargo, que fue presentada el 22 de mayo y se efectivizó este 1° de julio. El magistrado es el mismo que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el Estado Nacional.

La presentación de Camioneros buscó frenar la aplicación de algunos artículos de la Ley de Modernización Laboral y del reciente Decreto 407 al considerar que vulneran principios constitucionales y tratados internacionales, afectando la libertad sindical y el financiamiento de las prestaciones que dependen del convenio colectivo que rige en la actividad del transporte automotor de cargos.

El gremio denunció que los nuevos artículos, al modificar la regulación sobre aportes y recursos sindicales, amenazan con reducir de forma inmediata los ingresos destinados al seguro de sepelio, subsidios para viudas, cobertura de obra social, capacitación, asistencia social y aportes extraordinarios para los camioneros.

El fallo interpreta que la reglamentación de la ley va más allá de la norma que pretende reglamentar: el juez sostuvo que “el Decreto 407/2026 no se limita a reglamentar la ley, sino que altera su contenido, ampliando el alcance del límite previsto por el legislador e imponiendo restricciones no contempladas en el propio texto legal, configurando un evidente exceso reglamentario contrario al artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional”.

El magistrado detalló que la demanda se basa en dos puntos centrales: el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho. Y la prueba, según el fallo, fue contundente. Se incorporaron declaraciones clave, como la del contador Diego Manuel Rodríguez, quien “ratificó íntegramente la información suministrada respecto de la estructura financiera de las entidades sindicales y del destino específico de los recursos provenientes del Convenio Colectivo 40/89”.

Rodríguez explicó que esos ingresos no quedan a libre disponibilidad, sino que sostienen prestaciones sociales directas. Respaldó esta afirmación otro testigo, Mariano Omar Sánchez, al confirmar “la incidencia que tendría la inmediata aplicación de la normativa impugnada sobre la continuidad de tales beneficios”.

La resolución de Mendel concluye que la lesión no es hipotética. Según la sentencia, la entrada en vigencia de las nuevas reglas genera una disminución de recursos, “que no constituye un perjuicio futuro o eventual, sino un daño actual que comenzará a verificarse desde el momento mismo en que las empresas adecuen sus liquidaciones al nuevo régimen legal”.

El juez fundamentó la decisión en el artículo 43 de la Constitución Nacional, así como en diversas normas internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos colectivos, como los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El juez laboral validó su intervención bajo el criterio de prevenir daños ante situaciones de incertidumbre jurídica, tal como prevé el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La suspensión ordenada por Mendel abarca a todas las empresas y cámaras representadas en el convenio colectivo. Las principales destinatarias notificadas fueron la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), todas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida cautelar que favorece a Camioneros estará vigente hasta que el juzgado dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. La causa seguirá su curso con las pruebas y alegatos de ambas partes.

“Vamos a tratar de lograr un buen acuerdo”, dijo la semana pasada el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, acerca de las reuniones con las cámaras empresariales para definir un aumento en concepto de revisión salarial para el mes de junio.

Ese incremento, planteado en el encuentro que ambas partes mantuvieron el miércoles pasado, finalmente alcanzó el 2,68% y representará un total de 27.258 pesos en el bolsillo de los trabajadores, pero el gremio escuchó la propuesta y aún no dio una respuesta.

“El último acuerdo firmado tiene una cláusula de revisión que establece sólo compensar la diferencia entre la inflación y el período paritario a revisar, que arranca en marzo y da exactamente un 2,68%”, dijo a Infobae el representante de una cámara empresarial.

“Es el número que se llevó el gremio, pero hasta ahora no nos contestaron nada”, resaltó la fuente consultada.

Según lo firmado a mediados de marzo, la última paritaria contempla un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, por pagarse de esta forma: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

El punto 4 del convenio que rubricaron ambas partes dice lo siguiente: “Este nuevo acuerdo salarial contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio de 2026. A este respecto se ha establecido que en esa revisión únicamente se considere la diferencia entre el IPC y el período paritario a revisar".

¿Por qué, entonces, la organización que encabeza Moyano no avaló hasta hoy la revisión salarial? En el sector empresarial sospechan que, aunque no tiene margen para exigir más en ese rubro, Camioneros presionará por una serie de incrementos en adicionales y un premio remunerativo por presentismo y puntualidad, planteados a las cámaras, pero que no fueron aceptados.

En este delicado contexto socioeconómico, al que en el caso de Camioneros se añade la firma de paritarias a la baja y el corte de prestaciones en la obra social, será difícil que el sindicato firme un aumento de sólo 27 mil pesos sin tratar de conseguir mejoras más contundentes que puedan calmar la efervescencia de los trabajadores.

Mientras, otros sindicatos clave alcanzaron acuerdos salariales en las últimas horas. Por un lado, la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, firmó con las cámaras un aumento para el sector asistencial que consiste en un aumento del 7,3% para el trimestre junio-agosto, que se pagará en tres tramos mensuales (3,7%, 2% y 1,6%).

Además, se acordó una suma no remunerativa de 90 mil pesos en junio y julio, y otra de 80 mil pesos en agosto. Este último mes, según estipularon ambas partes, se incorporarán $12.000 al básico de la categoría más baja, proporcional al resto de las categorías, absorbiendo 10 mil pesos de la suma no remunerativa.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), cuyo titular es Héctor Morcillo, alcanzó un acuerdo salarial para el período mayo-agosto, consistente en un aumento del 9%, otras mejoras salariales y la renovación del convenio colectivo de trabajo del sector por un año.

Según el entendimiento entre el gremio y las cámaras, se pagará una suma fija no remunerativa de 120 mil pesos en la categoría inicial por los meses de mayo, junio y julio, por única vez, con apertura de categoría, a ser pagado en dos cuotas, de 70 mil pesos antes del 26 de junio y de 50 mil pesos antes del próximo 21 de julio.

Además, se fijó la escala salarial con los valores horas a partir del mes de agosto 2026, representando un aumento del 9% respecto de los valores vigentes.

Al mismo tiempo, se ratificó la vigencia del convenio colectivo de trabajo 244/94 por el término de un año a partir de este lunes, “discutiendo dentro de ese lapso las readecuaciones salariales que resulten necesarias”, y se fija una cláusula de revisión para el mes de agosto.

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, mostró su conformidad con la paritaria firmada ya que permitió cumplir “dos metas claras: que el salario le gane a la inflación y que el convenio colectivo no se toque”.

“Sostuvimos desde el minuto uno que íbamos a sostener todas las conquistas, los derechos que se ganaron con años de lucha, organización y esfuerzo de todos, y sabemos que lo que se pierde cuesta muchísimo recuperarlo”, afirmó al valorar el acuerdo alcanzado.

Escalante destacó: “Conseguimos un aumento salarial fuerte para cuidar el poder de compra y, a la vez, garantizamos que el convenio siga vigente al 100%. Cuidar el bolsillo y cuidar los derechos. Ese fue, es y será el eje de nuestra tarea sindical”.

Luego de largos meses de estar recluido por la pelea con su padre, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, reapareció este martes en una conferencia de prensa en la que criticó a la CGT por ”dos estrategias que fallaron" para frenar la reforma laboral del Gobierno y advirtió: “Algo tiene que haber en la calle. Si no, vamos a estar tres meses hablando de (Manuel) Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días”.

El hijo mayor de Hugo Moyano habló durante una conferencia de prensa que brindó la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), de la que es vicepresidente, en la sede de La Fraternidad, Hipólito Yrigoyen al 1900, donde denunciaron al Gobierno por la “critica situación de los trabajadores ante el ataque por la reglamentación de la reforma laboral, el deterioro social y la persecución y las multas al sindicato ferroviario que aplica la actual gestión gubernamental”.

Al referirse a la intimación oficial a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo, Pablo Moyano resaltó que “cada organización gremial fue modernizando su convenio” y al mencionar su actividad mencionó: “En la logística incorporamos nuevas tecnologías, como así los camiones de larga distancia, cada vez más modernos”.

Enseguida, apuntó contra los cambios laborales promovidos por Javier Milei, a los que calificó como “una imposición más del Fondo Monetario Internacional, de los que escribieron la reforma laboral, como (Marcos) Galperin, Techint, de los bancos, que son los que han impulsado esta reforma laboral que fue votada por los traidores, senadores y diputados del peronismo”.

“Miren el quilombo que han dejado a los trabajadores los diputados de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Catamarca, de Misiones, que llegaron con el voto del peronismo y después nos cagaron -señaló-. Miren el presente y el futuro que les van a dejar a los trabajadores. Indemnización en 12 cuotas, el banco de horas, todo lo que se ha aprobado, aunque igual hay muchos artículos que están todavía en la justicia".

Al ser consultado sobre la postura de la CGT, el dirigente de Camioneros consideró “ha tenido tres estrategias, dos le fallaron, que es la justicia y charlar con los gobernadores, y nos queda la calle”. Agregó: “Creo que van a sacar una movilización, algún plan de lucha. Algo tiene que haber en la calle, ¿no? Si no vamos a estar 3 meses hablando de Adorni y un mes viendo el Mundial, mientras la gente sigue perjudicada todos los días".

Cuando le preguntaron si viene otro paro general, Pablo Moyano sostuvo: “No lo sé. Decidirán ellos (en alusión a la CGT). Nosotros vamos a acompañar o vamos a exigir, pero algo tenemos que hacer. Está todo muy bien los que fueron a la OIT, se denunció muy bien, pero también algo hay que hacer en la calle”.

Acerca de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Pablo Moyano contestó con otro exabrupto: “¡Saben la patada en el orto que le tendrían que haber pegado hace tiempo! Nos están entreteniendo, tres meses entreteniéndonos con Adorni y ya aumentaron los colectivos, los combustibles. Seguimos en ese limbo que nos tiene atrapado el Gobierno. Se la pasan todo el día hablando de ese chanta y nos siguen entreteniendo y siguen aumentando las cosas".

Luego de que un periodista le preguntó si el caso Adorni es una cortina de humo, el dirigente “puntualizó que ”más que una cortina es una montaña de humo porque es un asco prender la tele y ver el tipo justificándose".

Enseguida, enfatizó: “Yo creo en un gobierno normal, y en este gobierno, desde el que lo conduce para abajo ninguno es normal”, y afirmó que “cuando vemos la foto de la mesa política, la Bullrich, Sturzenegger, (Luis Caputo), todos los que nos endeudaron, desde la Alianza hasta la fecha, están en esa cueva de ratas que hoy se ha convertido la Casa de Gobierno".

Ante la pregunta sobre el malestar de la gente por la economía, el sindicalista aseguró que “ustedes lo ven” y habló de los responsables: “No hay representación ni gremial ni mucho menos política. Si dentro del peronismo todavía estamos peleándonos entre nosotros, si Kicillof, Máximo, Cristina o Massa. Hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.

Luego, cuando periodista le preguntó si él se hacía alguna autocrítica por la situación actual del país, Pablo Moyano reconoció: “Por supuesto. No fui parte, pero también hemos acompañado el gobierno anterior del peronismo y sabemos cómo terminó”.

“¿Qué tiene que cambiar? -contestó enseguida a otra pregunta-. Primero, un gran debate interno, que se maten entre ellos y después que salgan candidatos y ver qué alternativa le vamos a dar a la sociedad. Hoy, más allá de Axel (Kicillof), no hay todavía alguien que tenga la posibilidad de representar toda esa bronca y esa angustia que hay acumulada en la gente".

Respecto de qué dirigente del PJ le gusta, destacó que “siempre es lo mismo, pero hoy el que tiene más representatividad y está caminando es Axel; no sé qué hará Sergio (Massa) y si surgirá algún otro candidato”.

La obra social de Camioneros dejó de aplicar descuentos en medicamentos incluso para tratamientos crónicos, según las quejas de los afiliados, en un cuadro de deterioro creciente de la entidad que se suma a una deuda con prestadores de al menos $32.400 millones y a pedidos formales de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por presuntas irregularidades y fallas en la atención.

Esa solicitud la hizo en abril pasado la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), a raíz de que la obra social atiende a 190 mil afiliados y arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias prestacionales. En su presentación, sostuvo que la deuda en las seccionales del interior ascendía a $32.400 millones a febrero de 2026 y que, si se computa la provincia de Buenos Aires, llegaría a $60.000 millones.

Sin embargo, la SSS nunca le dio una respuesta oficial a Ocaña sobre su pedido, algo que la ex ministra de Salud atribuyó a cuestiones políticas: “Es que para el Gobierno la casta sindical no se toca”, sostuvo.

Ahora, la legisladora porteña anticipó a Infobae que pedirá a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre las 6 empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, una de las cuales se encarga del gerenciamiento de la obra social, porque “nada de su patrimonio se vio afectado, mientras que las prestaciones médicas hoy son casi nulas”.

La profunda crisis del sistema de salud de Camioneros se va agravando pese a que todos los meses recibe una multimillonaria suma de dinero de las cámaras empresariales pactada en las paritarias como contribución para la obra social: desde marzo pasado, al sindicato le llegan mensualmente 4750 millones de pesos, ya que recibe $25 mil por trabajador cada 30 días en un universo de 190 mil afiliados.

Pese a eso, según el diario Clarín, hace dos semanas varias farmacias dejaron de vender con descuento a afiliados de la obra social de Camioneros por deudas impagas. La última alternativa era Farma Social, en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, a 200 metros de la sede sindical de Hugo Moyano, pero en los últimos días también dejó de entregar productos con cobertura.

A quienes se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock. La opción que les ofrecieron, de acuerdo con el diario, fue pagar el 100% del valor y luego solicitar reintegro, una salida que muchos afiliados dijeron no poder afrontar.

“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, dijo un afiliado que pidió reserva de identidad a Clarín. Ese trabajador contó que cobra alrededor de $2 millones con horas extra y que le descuentan unos $30.000 de mutual, $60.000 de obra social y $70.000 de cuota sindical.

Otro trabajador, que gana $1,5 millón, relató que en la farmacia le dijeron que no tenían lo recetado “porque la droguería no les entregó, pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga”.

Los descuentos para los afiliados variaban según la rama del gremio y si además aportaban a la mutual sindical. La cobertura iba del 50% en medicamentos, por la suma del 40% fijado por el Programa Médico Obligatorio y un 10% adicional para quienes tributaban a la mutual, hasta el 90% para afiliados de la rama recolección de residuos que también aportaban a esa entidad.

La situación actual implica que afiliados que antes accedían a esos porcentajes ya no consiguen los remedios con rebaja en las farmacias que seguían atendiendo a la obra social. Según Clarín, los reclamos de afiliados aparecen en la página web del gremio, aunque luego son borrados por el administrador del sitio.

En mayo pasado, Hugo Moyano convocó de urgencia a un plenario sindical para analizar la crisis de la obra social y allí defendió su gestión y atribuyó las críticas sobre el manejo de la salud de los afiliados a “mentiras y estupideces” de los medios. “Cuando veo algunas críticas, pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99% son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, señaló.

El deterioro financiero de la obra social de Camioneros no es nuevo. A fines del año pasado, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, y eso derivó en protestas.

Esas medidas de fuerza se registraron en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y en el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito. En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, los empleados arrastraban un retraso prolongado en el cobro de salarios, mientras que en otras clínicas se había abonado la mitad del sueldo.

La crisis de la obra social de Camioneros lleva al menos cuatro años y el déficit financiero fue el detonante de una pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano.

Moyano controla dos obras sociales, una corresponde a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y otra a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país. Según un informe contable oficial, esta última adeudaba a sus prestadores $26.617 millones a agosto pasado y en febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39.

En ese contexto, también circulan versiones sobre la venta del Sanatorio Antártida y sobre una posible operación inmobiliaria para desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual, como parte de una búsqueda urgente de liquidez.

Liliana Zulet es apuntada en el conflicto porque es la dueña de IARAI, la empresa que gerencia OSCHOCA. Ella es la fundadora de esa compañía y Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio.

En su presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, Ocaña afirmó que OSCHOCA debería ser “un modelo de prestaciones para la Argentina”, pero describió otro cuadro: “Obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de ‘caja chica’ que de chica no tienen nada para Hugo Moyano”.

La legisladora porteña recordó denuncias iniciadas en 2006 y actuaciones judiciales sobre un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano, en especial IARAI S.A. También citó que la Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y firmas como IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., y vinculó esas operaciones con la supuesta sustracción de más de $570 millones.

La presentación de Ocaña añadió que los subsidios del sistema de salud recibidos por OSCHOCA crecieron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016, sin que la situación financiera mejorara. Entre los balances de 2017 y 2022, la obra social registró capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo en negativo, mientras la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.

La legisladora de Confianza Pública fundamentó el pedido de intervención en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.

La distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires se empezó a normalizar en las últimas horas luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen las empresas del sector y el Sindicato de Camioneros, que provocaron los primeros indicios de desabastecimiento en los comercios.

El trabajo a reglamento que realizaba el gremio que lideran Hugo Moyano y su hijo Pablo, en reclamo del pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes, derivó en estos últimos días en entregas incompletas, faltantes de productos y demoras en la distribución, con las consecuentes quejas de los comerciantes de las zonas afectadas.

Ahora, a partir de la conciliación obligatoria, empresarios y sindicalistas deben “retrotraer la situación” al estado previo al conflicto, es decir: Camioneros debe levantar toda medida de fuerza y prestar tareas normalmente; las empresas no pueden tomar represalias ni alterar las condiciones habituales de trabajo y la ley prevé sanciones para las partes si incumplen estas condiciones.

Las negociaciones que comenzarán el martes próximo en la Secretaría de Trabajo se extenderán durante 15 días, que podrán prorrogarse otros 5 si no hay acuerdo. Luego, empresarios y sindicalistas quedarán liberados para tomar las medidas que consideren necesarias.

Hace 24 horas, fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresaban a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que generaba faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.

De acuerdo con estas fuentes, los camiones estaban realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera salía del depósito, lo que reducía el volumen efectivamente distribuido en los comercios.

La situación afectó de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde se registraron quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que interrumpía el abastecimiento de estos productos.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.

La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.

Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.

En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.

En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.

El sindicalista ya había denunciado días atrás una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.

Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.

Un conflicto entre el Sindicato de Camioneros y empresas de aguas y gaseosas empezó a impactar en el abastecimiento de bebidas en Capital y el Gran Buenos Aires, con entregas incompletas y demoras en la distribución, según indicaron fuentes del sector.

La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.

La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.

CADIBSA agregó que la situación “ajena a la voluntad de las empresas” puede provocar demoras en las entregas y “eventuales faltantes” para clientes y consumidores.

Otras fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresan a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que ya genera faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.

De acuerdo con estas fuentes, los camiones están realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera sale del depósito, lo que reduce el volumen efectivamente distribuido en los comercios.

La situación afecta de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde ya se registran quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que está interrumpiendo el abastecimiento de estos productos.

Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.

En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.

En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.

El sindicalista ya había denunciado una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.

Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.

En 2005 se produjo un conflicto similar, con medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros en demanda de aumentos salariales y pago de horas extra, que generó síntomas de desabastecimiento de bebidas gaseosas y cervezas en pequeños comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires y también generó un inesperado aumento del 10 por ciento en algunos precios.

CADIBSA denunció que el gremio no acató la conciliación obligatoria ni tampoco cumple con el trabajo a reglamento. “El flujo de entrega de mercadería ha disminuido fuertemente”, consideró la entidad. Sin embargo, Pablo Moyano dijo que el sindicato “decidió acatar la conciliación obligatoria y los trabajadores volvieron a la tarea”, aunque reconoció que “se está trabajando como marca el convenio”. “Los trabajadores están cumpliendo un horario de ocho horas, y si quieren que se amplíe el horario que paguen horas extras”, dijo.

Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza y Desarrollo, solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) por supuestas irregularidades en la administración de fondos y por la prestación inadecuada de servicios de salud a sus afiliados.

De acuerdo con una nota dirigida al superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, la legisladora fundamentó el pedido en lo dispuesto por el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que otorga a la autoridad sanitaria nacional la facultad de intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.

Ocaña sostiene en su presentación que la OSCHOCA arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias en la atención a sus 190 mil afiliados.

“El gremio de Camioneros maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social -dice nota dirigida a la SSS-. La realidad es que OSCHOCA debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de “caja chica” que de chica no tienen nada para Hugo Moyano, que distribuye los bienes entre sociedades vinculadas a su esposa Liliana Zulet y que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud".

En su presentación, la legisladora documenta denuncias formales previas, iniciadas en el año 2006, y repasa actuaciones judiciales como la causa 18304/2006, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. En ese expediente se investigó el presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas familiarmente al líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y su entorno, principalmente a través de la sociedad IARAI S.A., que gerenciaba la obra social bajo el nombre “Conducir Salud”.

Según Ocaña, el balance de IARAI del 31 de agosto de 2005 mostró una pérdida de $223.640,48, atribuible a baja facturación. Al año siguiente, tras comenzar a gestionar la obra social, la ganancia reportada ascendió a $2.000.660,31 con una facturación que pasó a $22.787.897,45. El informe describe una suba equivalente a 373 veces respecto del período previo.

Ocaña añade que en 2013 la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y diversas firmas, incluyendo IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., controladas por allegados a Moyano. La UIF vinculó esas operaciones a la supuesta sustracción de más de $570 millones.

En una ampliación de denuncia presentada en 2018, la diputada porteña menciona la utilización repetida del mecanismo por el cual OSCHOCA funcionaba, según los documentos citados, como prestamista y proveedora de créditos hacia firmas del mismo grupo familiar, mientras la situación económico-financiera de la obra social mostraba deterioro. Subraya un capital de trabajo negativo, baja liquidez e índices patrimoniales debajo de los valores aceptados para el sector.

El texto señala que los subsidios del sistema de salud que recibía OSCHOCA aumentaron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016. Pese a la mayor asistencia estatal, la situación financiera no habría mejorado. En abril de 2026, remite a una crónica del diario La Nación sobre transferencias por $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, desde cuentas del sindicato y la obra social en el Banco Provincia. Ocaña cita también que la deuda de OSCHOCA en las seccionales del interior, a febrero de 2026, sería de $32.400 millones, y podría llegar a $60.000 millones computando la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de los afiliados.

Entre los indicadores presentados con datos de balances entre 2017 y 2022, la obra social registra cifras negativas en capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo. Por ejemplo, el balance último menciona un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultado operativo de -$8.778.715, además de endeudamiento y baja liquidez. Durante ese período, la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.

La legisladora contextualiza su reclamo invocando la normativa que obliga a las obras sociales a destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud y a gestionar los fondos bajo supervisión del Estado nacional y organismos de control financiero y contable. Según la presentación, el incumplimiento reiterado de estos preceptos justifica la intervención estatal.

Ocaña concluye que existen tanto fundamentos fácticos como jurídicos que obligan a la Superintendencia de Servicios de Salud a actuar respecto de OSCHOCA ante “la falta de administración adecuada de recursos y la persistencia de deficiencias en la atención sanitaria”.

El Gobierno no sólo quiere que los aumentos salariales se pacten por debajo de la inflación, incluso pese a la suba que hubo en marzo del 3,4% del costo de vida, sino que también está decidido a no homologar las cláusulas de los convenios que considera inviables, como las contribuciones empresariales para las obras sociales que acuerdan algunos sindicatos con las cámaras.

Pero, en este contexto de presión de las bases por recomponer los sueldos, la actitud oficial, que materializará la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, podría desatar varias guerras simultáneas.

Uno de los casos que se perfila como más conflictivo es el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri.

Al Gobierno no le preocupa el aumento porcentual que firmaron el sindicato y las cámaras, que consistió en un 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio) y el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio. Pero en Trabajo analizan una homologación parcial porque se objetan dos puntos: el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y la contribución empresarial para OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8 mil pesos mensuales por trabajador a $28 mil, un aumento que el Gobierno considera desmesurado.

“Son beneficios que meten por la ventana en el convenio, sin avisar antes, pero que no irán en forma directa al bolsillo de los trabajadores”, se quejó ante Infobae un encumbrado funcionario.

La ayuda para la obra social de Comercio, la más importante del país, es de un enorme impacto económico: en un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato recibirá cada mes 33.600.000.000 de pesos.

Aún resuena en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologarlo y abrió un fuerte conflicto.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 en el que quedaron incluidos aquellos montos. Ahora, la pelea con el Gobierno no será por el aumento salarial ni por el bono extraordinario sino por dos rubros que van en forma directa a “la caja” sindical.

Cerca de Cavalieri aseguran que no saben nada sobre la homologación parcial que se analiza, pero en Trabajo juran que el sindicato ya conoce la decisión del Gobierno.

Hugo Moyano pasó por algo similar. Cerró un acuerdo para el Sindicato de Camioneros que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación. Pero, aun así, Trabajo decidió homologarlo en forma parcial: avaló el aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto en 6 tramos (2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5%) más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo, pero no convalidó la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador, y tampoco el nuevo adicional por presentismo ni una cláusula que ratifica el convenio colectivo de trabajo vigente hasta el momento.

La homologación parcial fue admitida a Infobae en Trabajo y en una de las cámaras del sector, pero en otra de las entidades empresariales fue desmentida.

De todas formas, a Cavalieri le resultará más sencillo que las cámaras se comprometan a pagar igual lo pactado pese a no tener su correspondiente homologación porque hay una sintonía total entre ambos sectores (con la única excepción de los supermercados mayoristas, muy críticos de la paritaria firmada).

En el caso de Moyano, en cambio, las pymes de la actividad, sobre todo las del interior, se han juramentado en no pagar los puntos del convenio sin homologación porque atraviesan una fuerte crisis e incluso en ese sector hay una cámara que interpreta que este cuadro permitiría a los trabajadores dejar de pagar al sindicato el seguro de sepelio y las cuotas solidarias del 2%.

¿Comenzará una guerra por la renuencia de Trabajo en homologar el 100% de las cláusulas de las paritarias? Es la pregunta que todos se hacen, empezando por el Gobierno. Y de la respuesta que se alcance dependerá gran parte de la paz social que Javier Milei necesita para que no haya turbulencias en el camino hacia 2027.

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.

Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.

En las últimas semanas, otros sindicatos importantes llegaron a acuerdos salariales, en su mayoría alineados con la pauta del Gobierno. Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.

De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.

De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.

Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.

Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.

Hace casi tres semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.

Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.

La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.

Mientras, el Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro gremio del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta el riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.

El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.

La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial e insisten para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.

El dato que suma presión de los sindicatos para lograr mejores aumentos fue que la inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló un 27,9% en los últimos 12 meses. El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La investigación judicial de la paliza que una patota sindical le dio a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros en las instalaciones de la empresa de recolección de residuos Urbasur sigue avanzando: la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires identificó a 2 personas más como partícipes del violento episodio y ya llegan a 9 los imputados en la causa, que ya fueron indagados y próximamente se requerirá su elevación a juicio, acusados de los delitos de lesiones y amenazas.

La fiscal Celsa Ramírez dispuso también medidas restrictivas que consisten en la “abstención de contacto” de los 9 imputados con la víctima del ataque y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía.

La importancia de este caso no es menor: entre los imputados, que se encuentran representados por la Defensoría Oficial, se encuentra José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el 20 de enero pasado el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en Urbasur, en José A. Cortejarena 1822, en esta capital, con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video filmado tras la agresión, Ferreyra dijo: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

En diálogo con Infobae, el agredido contó que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto en noviembre pasado debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? Ferreyra admitió que tenían una mala relación: “No comparto su forma violenta de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

A otros 6 de los imputados, la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, afirmó a este medio el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hubo policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo".

En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur.

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados por las irregularidades detectadas.

Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, los Moyano se reconciliaron y la fiscal Celsa Ramírez avanza con la causa que podría derivar en penas de 1 a 6 años de prisión para “El Teta”, el dirigente de confianza del líder de Camioneros, y los otros 8 responsables de la paliza contra Ferreyra.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, citará a indagatoria a 7 personas que el 20 de enero pasado le dieron una paliza a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros- adentro de la empresa de recolección de residuos Urbasur, a quienes se les imputará los delitos de lesiones y amenazas, con una expectativa de penas de 1 a 6 años de prisión.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes judiciales, que no quisieron brindar los nombres de los imputados por la agresión porque es una causa aún en trámite, pero trascendió que uno de ellos sería José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Como anticipó este medio, Garnica lideró el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en las instalaciones de Urbasur con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video, el agredido brindó detalles sobre el episodio y puntualizó: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

A los otros 6 imputados la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, dijo a Infobae el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que 6 de sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hay policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo".

En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de 6 declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur. “En el incidente hay unas 20 personas involucradas, pero sólo hay 6 identificados“, agregaron.

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados.

Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían impreso un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, sin “El Teta” en la empresa (¿y en el sindicato?), con Pablo Moyano de regreso a la actividad en Camioneros tras una tregua pactada con su padre y ante la inminente indagatoria judicial de sus agresores, Ferreyra decidió que será candidato a delegado en las elecciones que tendrán lugar este año en Urbasur. “La gente me lo está pidiendo, aunque ellos (por sus atacantes) no quieren que yo sea delegado”, señaló.

La investigación judicial sobre una presunta estafa por USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata, propiedad del Sindicato de Camioneros, avanzó con la imputación de Claudio Balazic y Paulo Villegas, dos dirigentes del gremio que habían sido apartados de su cargo por Hugo Moyano hace seis meses.

El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, examina supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del establecimiento sindical y fuentes judiciales confirmaron que a ambos se les notificó la formación de la causa para evitar posibles planteos de nulidad dado que a principios de mes se inició la pericia contable para determinar posibles hechos ilícitos.

Todavía no se avanzó con otras medidas de prueba, aunque ya se recolectó documentación y se recibieron testimonios del personal del hotel, mientras el Sindicato de Camioneros aportó un perito a la causa.

En la justicia marplatense no se descarta que haya más imputados en el curso de la investigación, aunque nadie tiene precisiones acerca de cómo podría afectar a Moyano el avance de la causa sobre el supuesto fraude.

Cuando la denuncia judicial fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se informó que el administrador del hotel sindical fue separado de su función y denunciado, aunque su abogado defensor sostuvo que no tenía autonomía de decisión. Entre las pruebas que evalúa la justicia figuran cheques firmados por los directivos removidos.

La presentación que motivó la apertura de la causa judicial fue efectuada el 12 de septiembre de 2025 por irregularidades detectadas en las cuentas del hotel del sindicato, de 12 pisos y ubicado en Santa Fe 2373, que permanece cerrado debido a obras de remodelación. El establecimiento fue inaugurado oficialmente en 2006 por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En octubre pasado, luego de presentarse la denuncia judicial en Mar del Plata, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic.

La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balaziz y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.

Aparicio, apodado “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y considerado un hombre clave en la estructura del sindicato, con una cercanía histórica con Pablo Moyano, de la misma forma que, según trascendió en su momento, los dos dirigentes echados también habrían sido estrechos allegados al hijo mayor de Hugo Moyano: hay quienes sospechaban que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que el líder sindical se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras desplegada en favor de Pablo.

El Gobierno advirtió que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación y los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.

Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

De esta forma, la paritaria de Camioneros se convirtió en el modelo ideal de aumentos salariales que el Gobierno intentará replicar en otras actividades que en en estos días están negociando los incrementos para 2026.

La pauta oficial ya dejó al borde de la no homologación por parte de la Secretaría de Trabajo a la paritaria de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

En la última paritaria de los estatales, el Gobierno accedió a otorgar unos puntos por encima de la inflación, aunque los funcionarios aclararon que se trata de una excepción porque el sector estaba rezagado frente a la inflación: consiste en un 9,9% para el período enero-mayo 2026, que se pagará de esta forma: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, más un bono no remunerativo de $40 mil en mayo.

Como viene sucediendo ante cada aumento, la mejora fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, que señaló que el total acumulativo de la paritaria entre junio 2025 y mayo 2026 alcanza el 20,97%, sumado a un acumulado de bonos por un valor de $225.000 en ese período. El incremento fue rechazado nuevamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar, de postura ultraopositora contra el Gobierno.

Otro aumento que sería objetado por Economía es el que pactó la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que fue del 9,67% desde abril sobre los sueldos de diciembre de 2025, más una suma fija no remunerativa de $100 mil para la categoría inicial, por única vez, que ascenderá a $150 mil en las categorías más altas.

El pago, según se informó, se efectivizará antes del 24 de marzo y se incorporó una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.

Como rige por cuatro meses, el aumento mensual será de 2,4%, pero ya se prendieron las luces de alerta en el sindicato ante la posibilidad cierta de que Trabajo cuestione el porcentaje mensual más el impacto que producirá en los sueldos la suma fija tan elevada.

El líder del STIA, Sergio Escalante, dijo: “La situación está muy dura y no hay plata que alcance con precios que suben sin parar, pero en un contexto de industricidio, cierre de fábricas, reforma laboral esclavista y ajuste, este acuerdo nos muestra que con decisión, coraje y organización los trabajadores podemos triunfar”.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, acaba de firmar la paritaria para el sector asistencial y lo hizo dentro de los parámetros aceptados por Economía: consiste en un incremento del 5,1% en los básicos para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de una asignación no remunerativa de $80 mil en febrero, $85 mil en marzo y $90 mil en abril.

Otro caso conflictivo es el de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo: firmó un aumento consistente en una suma fija no remunerativa de $78 mil por mes para la rama de comedores de establecimientos fabriles, empresas y hospitales, pero fue objetado por la Secretaría de Trabajo porque su efecto en los sueldos superaría el tope impuesto por Economía.

Ahora, el gremio está renegociando el acuerdo para limitarlo al trimestre marzo-mayo y se prepara para comenzar este viernes las tratativas para las ramas más numerosas de restaurantes, confiterías y hoteles, aunque adaptándose a las cifras aceptadas por el Gobierno.

Dentro del sector público, otro sindicato que pudo firmar una paritaria que compensa la inflación es la Unión Ferroviaria, que conduce Sergio Sasia, que a fines de febrero acordó con las empresas ferroviarias del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25% a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.

Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre todos los conceptos y el pago de un bono extraordinario de $50 mil, todo a percibir en el mes de marzo, más un bono por el Día de los Trabajadores Ferroviarios de $217.962, que se abonará en dos tramos: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante con los salarios de mayo.

Este acuerdo salarial, que también firmaron los otros gremios ferroviarios, incluso La Fraternidad, parece superar la pauta con ese 8,25%, más el 13,2% por única vez y el bono de $50 mil, pero en el Gobierno aclaran que rige por cuatro meses, entre diciembre y marzo de 2026, por lo que la mejora mensual apenas supera el 2%.

Ahora, la expectativa está puesta en el inminente inicio de las negociaciones salariales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri. Además de que se trata del sindicato más importante, con 1.200.000 afiliados, sus salarios se convirtieron en un punto de referencia para otras actividades.

El desafío para el gremio será cómo compensar la inflación sin superar los límites que fijó el Gobierno, ya que la homologación es clave en este sector que tiene una gran cantidad de pymes que, sin ese trámite, no tendrán obligación legal de pagar la mejora acordada.

El sindicato de Cavalieri viene de pactar en diciembre pasado una revisión salarial a través de una suma fija no remunerativa de $60 mil, a pagarse entre diciembre y marzo, que se incorporará al básico en abril, y la extensión hasta este mes de una suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada por empresarios y gremialistas el 26 de junio de 2025.

Aún resuenan en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando el sindicato firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial que era del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologar el acuerdo.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 con una asignación remunerativa del 6% en forma escalonada: se aplicó un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive, más sumas no remunerativas mensuales de $40 mil.

En el entorno de Cavalieri aseguraron a Infobae que esta semana, cuando arranquen las tratativas salariales de 2026, tendrán en cuenta la experiencia del año pasado y buscarán una fórmula que combine la recuperación del salario con la aceptación de los topes del Gobierno.

Ya comenzó la temporada alta de las paritarias 2026, con la negociación de los aumentos salariales que regirán durante un año, pero el Gobierno afrontará una etapa desafiante en esta materia: como está elaborando el decreto reglamentario de la reforma laboral, decidió no aplicar aún la apertura de acuerdos por empresa o por regiones, como reclaman desde el sector empleador.

Según interpreta la Casa Rosada, algunos artículos de la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para cuotas solidarias, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario antes de aplicarse, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o por empresa.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Ese combo preocupaba al Gobierno y también a algunos empresarios del interior que pidieron a la Secretaría de Trabajo que, a tono con la reforma laboral, se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa para no tener que aplicar aumentos que rigen a nivel nacional en toda la actividad y pactar cifras adaptadas a las críticas realidades locales, pero la respuesta fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios que recibieron el planteo.

Algunos empresarios sospechan, sin prueba alguna, que el Gobierno demora la reglamentación de la reforma laboral porque la CGT está presionando para incidir en su redacción y lograr que se atenúen puntos que son considerados perjudiciales para el poder sindical.

Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes gremiales es que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras, como se sabe, el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

Trabajo amenaza de nuevo con no homologar los convenios que superen el tope salarial, pero la administración Milei sabe que será difícil mantener un cepo en acuerdos que se negocian luego de que la inflación de febrero llegó a 2,9%. “Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que nos preocupa, pero nos ocupa", reconoció Caputo antes de vaticinar que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.

Algunos acuerdos salariales que ya se firmaron son cuestionados por Economía, como el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, porque consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

Por eso el Gobierno puso en la mira a una paritaria que puede tener un efecto contagio como la de Camioneros: pese a que en el gremio volvió a tener protagonismo el díscolo Pablo Moyano gracias a una tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas de sindicalistas y empresarios y quedó aiiviado con el resultado final: se firmó un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, todo lo contrario de lo que reclamaba Hugo Moyano.

A su vez, para tranquilidad del líder sindical, y con la excusa de la demora en dictar el decreto reglamentario de la reforma laboral, no habrá por el momento posibilidad de esquivar el convenio por actividad y pactar cifras de aumento menores a nivel de región o de empresa. Una excelente noticia para gremios como Camioneros, que mantienen el enorme poder y los derechos exclusivos que les da la personería para negociar y firmar paritarias en nombre de todos los trabajadores de la actividad.

¿Puede convertirse el flamante acuerdo de Camioneros en la paritaria modelo que, como quiere el Gobierno, se repetirá en todas las actividades? Parece difícil, aunque es cierto que algunos sindicatos pueden moderar sus reclamos salariales ante el temor de que se multipliquen los cierres de empresas y haya una fuerte ola de despidos, en un contexto donde existen señales económicas que causan creciente inquietud.

La fuerte caída del consumo y el aumento de los locales comerciales vacíos (en enero y febrero creció un 38,5% respecto del mismo bimestre de 2025) son datos que prenden luces amarillas, aunque el Gobierno tiene suerte en algo: la CGT está hoy virtualmente congelada y el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) intensificó sus protestas, pero aún no tienen tanto peso. Y, sobre todo, un aliado no declarado como Hugo Moyano le hizo el favor de firmar, una vez más, una paritaria extremadamente moderada.

Hugo Moyano había advertido que no quería aumentos trimestrales y que exigía una compensación del 8% por el alza inflacionaria, reclamos que no estaban a tono con la pauta salarial del Gobierno. Sin embargo, este mediodía firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento salarial del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará de esta forma: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se estableció un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

El acuerdo contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio de 2026 y en ese momento, según firmaron ambas partes, únicamente se considerará la diferencia entre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el período paritario a revisar.

Con respecto la revisión de lo pactado hasta fines del año pasado, se detalló que “este acuerdo refleja la diferencia entre el IPC y las pautas paritarias acordadas en diciembre de 2025″ y que “para instrumentar las diferencias existentes entre diciembre 2025-Enero– Febrero 2026 se acordó aplicar sobre los salarios del mes de marzo una cifra de $53.000 que tiene el carácter de suma no remunerativa, a abonarse por única vez con los haberes del mes de marzo de 2026″.

“De esta suma -anunciaron oficialmente- se incorporará $49.471. a los salarios básicos del chofer de 1° categoría y proporcionalmente a todas las categorías del CCT 40/89 a partir del mes de abril de 2026. A las sumas antes mencionadas en los meses de marzo y abril de 2026 se les deberán añadir los porcentajes de pauta salarial del 2% y 1,8% respectivamente".

El convenio fue rubricado entre el Sindicato de Camioneros y las tres cámaras del sector, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

En una posición más dura, Camioneros había reclamado en enero a los empresarios una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implicaba dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Esa decisión complicaba la pauta de Economía, que alienta paritarias de vigencia más extensa para que los aumentos no interfieran en la inflación.

A comienzos de marzo, en la primera audiencia oficial con los empresarios para negociar las paritarias de este año, Moyano reclamó a los empresarios una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo que había sido firmado para diciembre 2025-febrero 2026.

Las tratativas de Camioneros fueron monitoreadas por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el acuerdo finalmente firmado con las cámaras y ahora lo homologaría como una “paritaria modelo” que el Gobierno aspira a que se repita en otras actividades.

La reforma laboral ya es ley y la expectativa está puesta ahora en el decreto reglamentario que dictará el Gobierno para instrumentar sus alcances. Mientras espera una respuesta favorable de la Justicia a su amparo contra la norma, la CGT tiene otro objetivo: tratar de incidir en la redacción de aquel decreto para atenuar el efecto negativo de algunos artículos sobre el poder sindical.

Uno de los puntos bajo la lupa de los dirigentes gremiales es el referido a las cuotas solidarias, que el Gobierno accedió a mantener por presión de los líderes cegetistas, aunque la flamante ley dispuso que tengan un tope del 2% de las remuneraciones de los trabajadores.

La versión final de la reforma laboral, finalmente sancionada, dejó a salvo estos aportes compulsivos vía convenio colectivo de trabajo que se aplican a todos los trabajadores de una actividad, fueran o no afiliados y, aunque fijó un tope, eliminó la exigencia de que ese límite comenzara a regir a partir del 1° de enero de 2028.

El artículo de la Ley 27.802 de Modernización Laboral quedó redactado de esta forma: “Las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores. Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

En un relevamiento efectuado por Infobae quedó en claro que los principales sindicatos cuya cuota solidaria supera el 2% no están apurados en reducir el porcentaje a lo que marca la nueva ley. Dirigentes de varias organizaciones gremiales afirmaron que están a la espera del decreto reglamentario para avanzar con los cambios. En otros casos aguardan a que venza el convenio colectivo de trabajo para concretar el cambio correspondiente.

Desde el Gobierno, sin embargo, advirtieron a Infobae que “el límite del 2 por ciento para las cuotas solidarias no requiere reglamentación”, aunque, de todas formas, “se impuso el plazo de un año para modificar los convenios colectivos” porque la nueva ley elimina la ultraactividad automática de las cláusulas obligacionales (donde están comprendidos estos aportes compulsivos).

En el caso del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, es uno de los que deberá adecuar ese descuento a la Ley 27.802 de Modernización Laboral porque actualmente tiene una cuota solidaria del 3%, uno de los más altas. Sus dirigentes tienen previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discuta el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que conduce Armando Cavalieri, todavía ni comenzó a hablar del tema, aunque deberá hacerlo: la cuota solidaria vigente es del 2,5%.

El mismo 2,5% de descuento por la cuota solidaria tienen firmado otros gremios como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), cuyo titular es Luis Barrionuevo.

Otro de los gremios que tiene una cuota solidaria superior a lo que permite la nueva ley es el Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor (SMATA), encabezado por Ricardo Pignanelli: es del 4%.

Las cuotas solidarias son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos. Se trata de un porcentaje del sueldo que se descuenta de manera obligatoria y compulsiva a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, ya que se acuerda con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en la primera versión de la reforma laboral lo mismo que ya figuraba en el DNU 70 de Javier Milei: un artículo que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que siempre rechazó la CGT porque iba a complicar el pago de ese ítem decisivo a los sindicatos.

En octubre pasado, durante el Coloquio de IDEA, mientras la reforma laboral se debatía en el Consejo de Mayo, Sturzenegger confirmó que apuntaba contra las cuotas solidarias al calificarlas de “peajes sindicales” y aseguró que afectan el salario neto que perciben los trabajadores y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y en los precios al consumidor.

Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, puso en números su impacto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, tiene una cuota solidaria equivalente al 3%del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.

Según un estudio de la consultora Zentrix, los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal como las cuotas solidarias. En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.

En el último tramo de las tratativas sobre la reforma laboral, el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) logró neutralizar la posición dura de Sturzenegger y priorizó las negociaciones con los gobernadores y la CGT para facilitar la sanción de la ley.

Eso permitió quitar las fuertes restricciones a las cuotas solidarias del proyecto, pero ahora la central obrera redobla la apuesta: quiere flexibilizar ese punto tan decisivo para la “caja sindical” mediante la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. ¿Lo logrará?

El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).

Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.

El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).

Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.

En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.

El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.

Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).

En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.

Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Desde que reapareció, hace 10 días, Pablo Moyano tuvo una maratón de 14 reuniones con dirigentes y delegados, habló con tres radios y declaró un paro por tiempo indeterminado. Todo un récord para un dirigente que, desde que renunció a la CGT, el 22 de noviembre de 2024, no había vuelto a su oficina de la Secretaría Adjunta del Sindicato de Camioneros, se alejó prácticamente de la actividad político-gremial y permanecía atrincherado como presidente del Club Deportivo Camioneros.

El repentino protagonismo del polémico dirigente inquieta a Hugo Moyano, su padre y secretario general del sindicato: ambos están peleados desde fines de 2021 tras fuertes discusiones por la crisis de la obra social de Camioneros y hasta ahora las tensiones entre ambos se pudieron disimular gracias al paso al costado de Pablo.

“Ya nadie oculta la pelea, pero se va a tener que definir: o Hugo echa a Pablo, o Pablo lo echa a Hugo”, advirtió un empresario del sector, preocupado porque por culpa del enfrentamiento entre padre e hijo hay negociaciones trabadas o conflictos que no se resuelven o que están condicionados por sobreactuaciones de los dirigentes.

En su agenda súbitamente tan cargada, el hijo mayor del líder sindical se reunió entre el 28 de enero y el 6 de febrero con Abel Furlán (UOM), Alejandro Gramajo (UTEP), su hermana Karina y Emiliano Addissi (ITF), dirigentes del Partido de la Costa, trabajadores de la empresa Nittida, delegados de las ramas de Aguas Gaseosas, Lácteos y de la empresa Cliba, y el ex delegado Gustavo Ferreyra (golpeado por el hugomoyanista Garnica), además de un encuentro en el gobierno porteño para resolver un conflicto de la Rama de Residuos Patológicos. Y a la mayoría de estos encuentros, sugestivamente, los hizo en su oficina, a la que no iba desde fines de 2024.

En estos vertiginosos días, incluso, Pablo Moyano encabezó este viernes una asamblea con más de 1.500 trabajadores de la planta Mega de Coca Cola, ubicada en Tapiales, La Matanza, y logró el respaldo para iniciar un paro por tiempo indeterminado por reclamos salariales y laborales, que finalmente duró menos de un día porque el Gobierno declaró la conciliación obligatoria.

“Estamos de paro y nos quedamos en la planta hasta que aparezca una respuesta”, advirtió el dirigente, que estuvo acompañado por el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, un nombre que se hizo más conocido en los últimos meses porque los aliados de Hugo Moyano trataron de involucrarlo en la presunta estafa al hotel sindical de Mar del Plata (donde echaron a dos dirigentes cercanos a Pablo) y responsabilizarlo de que no se hayan pagado indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.

En los pasillos del sindicato nadie oculta que hay dos bandos enfrentados ferozmente: los leales a Hugo Moyano, como Octavio Argüello (cotitular de la CGT) y José “Teta” Garnica (secretario de la rama Recolección de residuos), y los alineados con Pablo Moyano, como Aparicio y Oscar “Chuky” Borda (secretario de la rama Logística). En este tablero, el líder sindical cuenta con el apoyo incondicional de su hijo menor, Jerónimo, a quien acaba de encumbrar como secretario Gremial de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Y el que está en el medio de la pelea, sin tomar partido por ninguno, es Hugo Antonio Moyano, el abogado del clan familiar y flamante diputado nacional por Fuerza Patria.

La disputa entre Hugo y Pablo comenzó cuando éste le reprochó a su papá que la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros era responsabilidad de su esposa, Liliana Zulet, dueña de una empresa que se ocupa del gerenciamiento de esas entidades sindicales de salud.

Desde que discutieron a los gritos, en 2021, el hijo de Moyano estuvo meses sin concurrir a su oficina del sindicato para no cruzarse con su padre y dejó el ejercicio de la vicepresidencia del club Independiente, que encabezaba Hugo. Pero las primeras señales del enfrentamiento se registraron durante la cuarentena obligatoria: en 2020, con el viejo líder camionero recluido por temor a los contagios, Pablo tomó las riendas del sindicato, pero tuvo problemas.

Tensó tanto el conflicto con Mercado Libre al bloquear el centro de distribución de la empresa de Marcos Galperin en La Matanza, que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo que hablar con su papá para pedirle ayuda con el fin de intentar descomprimir la situación. La solución que eligió Hugo Moyano fue desplazar a Pablo de las negociaciones y dejarlas en manos de Aparicio.

Lo mismo sucedió en abril de 2021 cuando la intransigencia de Pablo puso en peligro 10.000 fuentes de trabajo al insistir en aplicar la llamada “ley Moyano” en el cambio de manos de los supermercados Walmart: la exigencia de echar, indemnizar y volver a contratar a 500 trabajadores fue rechazada por la empresa tras considerarla ilegal. En una reunión, Hugo Moyano se mostró conciliador, pero su hijo se retiró de la mesa de manera violenta y el empresario Francisco De Narváez dio por terminadas las charlas. Se llegó a un acuerdo recién cuando Pablo fue apartado de las negociaciones.

Pero las diferencias también se manifestaron en sus disímiles adhesiones políticas. Mientras Hugo Moyano apoyó fielmente a Alberto Fernández, Pablo se mostraba como un crítico de su gobierno, entre fotos con Máximo Kirchner y reuniones con Cristina Kirchner.

Ese mismo componente hizo empeorar la relación: cuando la ex vicepresidenta fue detenida por corrupción, en junio pasado, el líder de Camioneros piloteó en la CGT la resistencia a declarar un paro general como protesta, pero Pablo fue uno de los primeros en visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. Poco después, en una reunión de mesa chica de la CGT, Hugo Moyano dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”.

En septiembre pasado volvió a hablar de su hijo mayor durante el Comité Central Confederal de la CGT, poco antes del congreso que eligió sus nuevas autoridades: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera". Así justificó haber elegido para sucederlo en el triunvirato a Octavio Argüello.

El enfrentamiento no se limitó a lo discursivo. Cuando la federación nacional eligió sus autoridades en diciembre de 2021, Hugo no ratificó a Pablo como su secretario adjunto y nombró a Jorge Taboada en ese cargo. Y tres años más tarde, cuando su hijo renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato, Hugo fue desplazando a sus leales de la estructura gremial y, a la vez, empoderó a Argüello, Garnica y Jerónimo, pero eso no pacificó la interna.

El 17 de julio pasado, la interna se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan. Dicen que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores que estaba alineado con Hugo Moyano.

El último cruce violento se dio en noviembre pasado, durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, en el que miembros de las dos facciones protagonizaron una batalla campal que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo y trompadas a granel.

Los que conocen la interna de Camioneros creen que si Pablo Moyano reapareció de esta manera es porque está dispuesto a pelearle el liderazgo a su padre. Pero en el sindicato habrá elecciones para renovar autoridades recién en el segundo semestre del año próximo ya que allí, pese a la pelea familiar, ambos fueron reelegidos en 2023. ¿Competirán Pablo y Aparicio contra Hugo Moyano?

Por ahora, sin mencionar a su padre y titular del sindicato, Pablo se muestra activo en los conflictos de Camioneros y sostiene una postura muy combativa contra la reforma laboral, mientras que Hugo, aunque cuestiona el proyecto, comparte la estrategia moderada de la CGT, que privilegia las negociaciones para hacerle cambios a la iniciativa antes de ir a una guerra frontal.

Y todavía puede haber cortocircuitos más fuertes cuando este mes comience a discutir las paritarias 2026: el líder del sindicato viene firmando acuerdos en sintonía con la pauta oficial y si mantiene esa posición seguramente chocará con la intransigencia de su reaparecido hijo.

La asamblea que definió la medida de fuerza reunió a unos 1.500 trabajadores en la planta Mega de la multinacional ubicada en el Gran Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia del secretario adjunto Pablo Moyano y del secretario gremial Marcelo Aparicio. Allí, los empleados exigieron la efectivización de contratados, la mejora en el esquema de presentismo y la incorporación de personal adicional para el turno nocturno. Moyano declaró ante los trabajadores: “Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, ratificando la decisión de sostener la huelga hasta que la empresa atienda los reclamos. La posición del sindicato fue respaldada de manera unánime dentro de la planta, donde se reclamó de manera explícita “condiciones laborales dignas” y remuneraciones acordes al esfuerzo diario.

Horas después de la asamblea, la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que le puso un paréntesis al conflicto.

El contexto que rodea a esta huelga sectorial es especialmente complejo dadas las discusiones internas en la CGT y el impacto potencial de la reforma laboral, destinada a redefinir varias normativas del empleo formal en la Argentina. En la reunión de este viernes, la CGT optó por solo realizar una movilización ante el Congreso durante el tratamiento de la reforma, en un intento de sostener “el mayor nivel de paz social posible”. Una alta fuente oficial transmitió al medio: “Se mantiene la voluntad de lograr el mayor nivel de paz social posible y que la protesta quede reducida a la izquierda”. Esta decisión moderada fue apoyada por la mayoría, aunque sectores de mayor combatividad como los de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, referente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte - CATT) y de La Fraternidad propusieron paros de 12 y 48 horas respectivamente. El ala dura del transporte confirmó un paro sectorial de 12 horas el próximo miércoles, un día clave para la votación en el Senado.

A nivel político, la huelga amplifica la fractura dentro de la dirigencia sindical sobre el rumbo a seguir frente al gobierno y las multinacionales. Dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez mantienen la estrategia de buscar entendimientos técnicos con gobernadores y senadores para minimizar los efectos de la reforma, mientras que otras agrupaciones ya impulsan planes de lucha autónomos y acciones coordinadas.

En paralelo, persiste en la CGT una atmósfera de incertidumbre: algunos dirigentes expresan un “cauto optimismo” respecto de la posibilidad de que el Gobierno acepte cambios en el proyecto tras una ronda de conversaciones con legales y funcionarios, aunque advierten que no existen garantías plenas de que sus demandas sean incluidas en la versión final. Entre los puntos de mayor preocupación sindical se encuentran las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, la obligación de mantener niveles mínimos de prestación (del 50 % al 75 %) y la exigencia de autorización patronal para asambleas, condiciones que limitarían la capacidad de protesta futura de gremios clave.

Mientras tanto, Pablo Moyano instó públicamente a los trabajadores a movilizarse en las calles el 11 de febrero, coincidiendo con la fecha prevista para el tratamiento parlamentario de la reforma. El propio dirigente señaló: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, en un llamado que busca articular el reclamo sectorial con una resistencia gremial de mayor alcance.

“No puedo salir de mi casa. Temo por mi vida, temo por la vida de mi familia”. La voz se le quiebra a Gustavo Ferreyra cuando relata a Infobae cómo está luego del feroz ataque que recibió el 20 de enero adentro de la empresa Urbasur por parte de una patota de 10 o 12 personas liderada por José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del Sindicato de Camioneros y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Según denunció a Infobae este ex delegado, la empresa despidió con justa causa a 5 empleados alineados con Garnica que participaron de la paliza a Ferreyra, identificados en las filmaciones de las cámaras instaladas en el establecimiento, pero pocos días después “los volvieron a tomar y sólo les aplicaron suspensiones”. Por eso dijo estar “indignado” y señaló: “Ahora tengo que volver a trabajar y convivir con la gente que me pegó”.

“Hago responsable a la empresa y al sindicato por lo que me pase” , advirtió Ferreyra, que destacó: “A mí me pega un dirigente de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros que ya tiene no sé cuántas causas adentro de Urbasur, una empresa líder internacional, pero hoy sigo siendo el más perjudicado. Me siguen golpeando. Voy a tener que ir a un psicólogo o a alguien que me ayude porque no puedo salir de mi casa”.

Mientras, Pablo Moyano recibió la semana pasada a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una inesperada muestra de cómo este episodio se convirtió en parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT está peleado con su padre y por eso, a la vez, es un enemigo de Garnica.

Acerca de este encuentro, Ferreyra afirmó que Hugo Moyano nunca lo llamó por el ataque de su dirigente de confianza y que se había reunido con su hijo Pablo porque lo citó en la sede del Club Deportivo Camioneros, que preside: “Le conté lo que pasó, nos sacamos una foto y me dijo que contara con él porque este muchacho (por Garnica) está desprestigiando a la organización. No me meto en ninguna interna. Me llamó un dirigente para escucharme y yo le conté lo que había pasado”.

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en las instalaciones de Urbasur con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video, el agredido brindó detalles sobre el episodio y puntualizó: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. El acusado se justificó ante Infobae: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó este medio. “No, no estoy admitiendo -contestó Garnica-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, el dirigente de Camioneros resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Tras la denuncia policial, la agresión es investigada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, que, según fuentes judiciales, está “recabando información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos denunciados” y “por el momento se han tomado alrededor de 6 declaraciones testimoniales, Ferreyra se constituyó como querellante y están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones del episodio”.

“En el incidente hay alrededor de 20 personas involucradas, pero sólo hay 6 identificados -añadieron las fuentes-. Por eso la empresa tomó la decisión de despedir a varias de las personas involucradas, pero no tenemos los nombres ni la cantidad exacta”.

En la justicia porteña sostuvieron que la imputación es por lesiones en riña y amenazas, pero que luego de los informes médicos podría cambiar a “una calificación mayor” (se habla de tentativa de homicidio).

En Urbasur, mientras, no hablaron de despidos de los agresores de Ferreyra: “Hasta el momento las acciones llevadas a cabo son suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido del personal involucrado habida cuenta de que, en razón de lo que marca la Ley de Asociaciones Sindicales respecto de los fueros, no se pueden tomar medidas definitivas”, sostuvo Andrés Martín, abogado de la empresa.

“No obstante si la justicia resuelve sobre las responsabilidades y sobre la exclusión de tutela sindical, se procederá en consecuencia”, agregó.

El abogado aseguró que hay 6 empleados involucrados en la paliza a Ferreyra, pero no confirmó si todos tienen fueros sindicales que los protejan: “No puedo dar mayores precisiones por el momento”, dijo. Según Martín, “todo lo que estamos haciendo es para proteger a la gente, la empresa y el servicio público a nuestro cargo”.

Ferreyra tiene una versión distinta: dijo que una abogada de la empresa le “confirmó” los despidos de sus atacantes: “Me dijo que me quedara tranquilo, que la empresa me está cuidando y está haciendo todo lo que corresponde porque hizo la denuncia penal. De hecho, la abogada estaba contenta porque la dejaron actuar como se debería. Pero hoy ya no me atienden el teléfono porque saben que volvieron todo para atrás”.

“Estoy a las lágrimas y ellos (por sus agresores) están festejando en la empresa, festejan que los reincorporaron. ‘Ganamos gracias a Teta y a Hugo (Moyano)’, dicen. O sea, ahora ya no es como dice la ley que al te pega lo echan. Ellos me pegaron y están trabajando. Esto marca un precedente -advirtió-. Sólo el día en que maten a uno esto va a cambiar. Me están mandando al matadero”.

Mientras Hugo Moyano despliega una estrategia moderada contra la reforma laboral desde la CGT, su hijo Pablo acaba de abandonar su retiro político-sindical diferenciándose una vez más de su padre: anunció que se sumará al nuevo frente de gremios ultraopositores que lideran la UOM, Aceiteros y las dos CTA porque “hay que estar en la calle” para frenar el proyecto oficial.

Luego de permanecer atrincherado en su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros y mantenerse n alejado del sindicato de Camioneros que lidera su papá, Pablo Moyano ofreció este lunes una cuidada escenificación de su regreso al primer plano. Se reunió por la mañana con el líder de la UOM, Abel Furlán, que se convirtió en el máximo antagonista de la estrategia de la CGT, y al mediodía habló con un programa radial, en el que efectuó declaraciones de alto voltaje político.

“Es una reforma laboral regresiva, que te lleva a los años de la esclavitud en donde los jubilados van a tener que pagar las indemnizaciones de los trabajadores”, dijo al programa Laudatistas de Radio Gráfica, en donde también anunció: “Hay que estar en la calle. Hoy nos reunimos con el compañero Furlán, que está armando un frente con los gremios que vamos a salir a la calle en Córdoba, Rosario y el día que se trate en el Congreso“.

Furlán, la Federación de Aceiteros, las dos CTA y otros sindicatos lanzaron la semana pasada un nuevo frente gremial de perfil ultraopositor, que marcó fuertes diferencias con la estrategia de la CGT al anunciar un plan de lucha contra la reforma laboral: comenzará este jueves con una movilización en Córdoba, seguirá el 10 de febrero con otra marcha en Santa Fe y seguramente continuará con un paro y una concentración cuando el Senado trate el proyecto impulsado por Javier Milei.

En su reaparición, Pablo Moyano le apuntó duramente a varios gobernadores por su posible apoyo en el Congreso a la reforma laboral: “Todos sabemos que es un gobierno gorila que viene por los derechos laborales, pero ¿qué están dudando sobre la reforma laboral los gobernadores de Córdoba, Tucumán y Catamarca? No se la pueden llevar de arriba estos gobernadores".

Al poner un ejemplo, afirmó que “el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cerró su campaña a gobernador en el camping de Camioneros y fue el primero que le dio el voto a la Ley Bases; hacen campaña con Perón y Evita y en la primera de cambio te votan en contra”.

“Hay que darle un mensaje contundente al Gobierno, a los empresarios y al peronismo. Esto también pasa porque no hay una conducción en el peronismo -dijo. Esperemos que con la movilización se pueda suspender o posponer el tratamiento de la reforma laboral”.

Para el presidente del Club Deportivo Camioneros, “lo que preocupa es que no hay reacción: los derechos adquiridos se defienden, si no hay confrontación total en la calle nos van a llevar puestos. De un día para otro te quieren limpiar todos los derechos. Vamos a resistir para que no los saquen”.

Sobre la CGT, a la que renunció en noviembre de 2024 por diferencias con su perfil dialoguista, Pablo Moyano no fue particularmente duro, pero fue evidente que no comparte su estrategia de negociar cambios en la reforma laboral antes de declarar un plan de lucha, postura de la que Camioneros participa de manera activa porque Octavio Argüello, del sindicato, integra el triunvirato.

“Con los muchachos de la CGT no hablo desde hace mucho -reconoció-, pero los que van a salir a la calle son los compañeros de la UOM, los aceiteros. Vamos a resistir para que no saquen derechos“.

“Estoy vivo de milagro, me quisieron matar”, dijo en un segundo video que se difundió en las últimas horas, en el que brinda detalles de la agresión y los nombres de sus responsables, además de confirmar que el salvaje ataque fue denunciado en una comisaría porteña y ya es investigado por un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Ferreyra dijo que por los golpes recibidos adentro de la empresa tiene un posible desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, perdió una muela y fue herido en las piernas con el palo de un escobillón de barrendero.

Ferreyra relató a Infobae que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto hace dos meses debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? El ex delegado admitió que entre ambos existe una mala relación: “No comparto la forma violenta que tiene de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros trabajadores -explicó. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

“Voy a cumplir 52 años, hace 30 que estoy en actividad y gracias a él (por Garnica) casi no la cuento más”, señaló Ferreyra, que, hasta el martes por la tarde, había denunciado la agresión ante la Policía y la Justicia, pero no había hablado sobre el tema con la empresa ni con autoridades del sindicato. “Ya tendré tiempo para hacerlo, pero ahora sólo me preocupa mi salud -resaltó. Recién salí del (hospital de oftalmología) Santa Lucía y tengo un posible desprendimiento de retina".

Por su parte, Infobae también pudo hablar con Garnica, con quien se estableció el siguiente diálogo:

— ¿Por qué le pegaron a Ferreyra?

— Yo no le pegué a nadie. Nadie es culpable hasta que la ley demuestre lo contrario.

— Pero lo denunció en una comisaría, ya intervino la Justicia y hay videos donde se ve la agresión.

— Que él haga lo que tenga que hacer. Yo no le pegué a nadie.

— ¿No está enfrentado con Ferreyra?

— No, no tengo ningún enfrentamiento con ningún compañero. Y de mi boca no vas a escuchar hablar mal de ningún compañero. Son ellos los que provocan y hablan lo que no tienen que hablar. Yo, no. Mis compañeros son mis compañeros de trabajo. Buenos, malos o regulares, pero siguen siendo mis compañeros.

— En este caso, ¿qué es lo que dijo Ferreyra que no tendría que haber dicho?

— En diciembre, cuando murió mi compañero (se refiere a Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección) puso (en las redes): “Al mejor lugar que voy a ir el 24 de diciembre es al cementerio porque allí es donde está mi Navidad feliz”. Y a los hijos les dijo delante de todos: ‘Para el dolor tomen ibuprofeno’“.

— ¿Eso justifica que lo hayan molido a golpes?

— Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo.

— Pero entonces usted admite que le pegaron.

— No, no estoy admitiendo. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después.

— Ferreyra dice que le pegaron entre 10 y 12 personas.

— Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos.

Cuando Infobae preguntó a Urbasur sobre la grave agresión sufrida por Ferreyra, quien contestó fue el abogado Andrés Martín: “La empresa guarda silencio sobre esta cuestión porque no tiene ninguna intervención directa. Esto es aparentemente alguna interna gremial, pero nosotros hicimos las denuncias pertinentes por el hecho que ocurrió y estamos a disposición de la Justicia. No es un tema nuestro y la empresa no tiene nada que manifestar al respecto”.

Como fue un ataque adentro de la sede de la empresa, ¿Urbasur no sancionó a los agresores? “Sí, tomamos las medidas pertinentes -contestó-. Hicimos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y estamos esperando que la Justicia disponga medidas y en función de eso vamos a ver qué medidas tomamos”.

Los rastros de la interna de Camioneros

Tanto Ferreyra como Garnica destacaron que el enfrentamiento que mantienen no es debido a la interna del Sindicato de Camioneros: ambos aseguraron que responden fielmente a la figura de Hugo Moyano.

Sin embargo, el nombre de Garnica apareció con frecuencia en los medios en 2025 porque, según fuentes sindicales, está tan alineado con el líder de Camioneros como alejado de Marcelo “Feúcho” Aparicio, secretario Gremial del sindicato y cercano a Pablo Moyano, quien, a la vez, sigue enfrentado con su padre, Hugo.

La feroz interna entre los Moyano se instaló en la rama de recolección de residuos, donde, por un lado, está Garnica y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que promovieron asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados.

La manifestación más clara de esa interna contra “Feúcho” fue cuando frente a la sede del gremio fueron arrojados volantes con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”.

Luego de que Hugo Moyano reflotó el año pasado el reclamo al gobierno porteño de indemnizaciones para los empleados de recolección de residuos, dicen que Garnica aludió a Aparicio al hablar con trabajadores ante del sindicato: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo sobre el dirigente al que el “hugomoyanismo” tiene en la mira.

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero respondió en forma contundente contra los nuevos reclamos salariales del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que anticipó su rechazo al esquema actual de las paritarias en la actividad, con acuerdos pactados por 6 meses con cláusulas de revisión y al otorgamiento de sumas no remunerativas.

La entidad empresarial, que agrupa a pymes y es liderada por Federico Lo Bruno, hizo hincapié en la gravedad del contexto actual y advirtió que la crítica situación financiera del sector amenaza la sustentabilidad de las fuentes laborales y la continuidad de cientos de empresas de transporte automotor de cargas.

En un comunicado, destacó que el sector enfrenta un escenario donde “los costos operativos superan en muchos casos los ingresos, producto de tarifas que se encuentran muy por debajo de los valores reales que requiere la actividad para ser sustentable”.

Alertó que esta situación ha provocado cierre de empresas, reducción de flotas y la pérdida diaria de empleo en la provincia y en todo el país. Pese a reconocer la importancia de los análisis técnicos sobre el salario real, la cámara santiagueña sostuvo la necesidad de que tales planteos “deben ser canalizados y debatidos en la mesa de negociación paritaria, ámbito natural donde las partes —trabajadores y empresas— participamos activamente y asumimos compromisos concretos, con pleno conocimiento del contexto macroeconómico, sectorial y regional en el que se desarrolla la actividad”. Además, remarcó que no se generan “ahorros” ni “beneficios extraordinarios” derivados de los acuerdos salariales actuales, tal como señaló Camioneros.

Acerca de las recurrentes críticas a la rentabilidad empresarial, la cámara del interior fue enfática: “Sin rentabilidad no hay empresas, sin empresas no hay empleo, sin empresas no hay salarios, ni aportes ni contribuciones abonados en tiempo y forma”.

Resaltó que “demonizar” la ganancia de las empresas implica desconocer que sólo mediante resultados positivos se pueden mantener los compromisos asumidos con trabajadores, proveedores y el fisco.

La entidad también cuestionó la continuidad de los bonos extraordinarios pedidos por el sindicato para la obra social cuando estos se exigen incluso para trabajadores no afiliados, especialmente considerando que “la calidad de las prestaciones se ha deteriorado gravemente, con servicios deficientes o inexistentes en amplias zonas del país, incluida nuestra provincia”.

“La situación de la obra social resulta crítica, sin que ello se traduzca en mejoras concretas ni para los trabajadores ni para las empresas que realizan los aportes”, agregó el comunicado empresarial.

Respecto del tema salarial, insistió en que “todo acuerdo salarial vigente ha sido previamente consensuado y firmado por las partes”, subrayando la existencia de un compromiso mutuo y bilateral de respeto a lo acordado, “tanto en sus alcances como en sus limitaciones”.

En su mensaje final, la cámara de Santiago del Estero reiteró que la prioridad indeclinable debe ser “la continuidad del sector y la preservación de las fuentes de trabajo”. Sin embargo, consideró que “el transporte de cargas atraviesa una crisis profunda, con cierre de empresas, reducción de flotas y pérdida diaria de empleo” y advirtió: “Esta realidad exige responsabilidad, diálogo y esfuerzos compartidos, no la confrontación ni la estigmatización de quienes sostienen la actividad”.

La firme postura del líder del Sindicato de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación de lo pactado por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En una postura que incomodará al Gobierno, Hugo Moyano pateó el tablero en materia salarial: reclamó a los empresarios una revisión "urgente y más frecuente" de los sueldos de la actividad (sin acuerdos con vigencia más extensa, como hoy) y un tratamiento más adecuado de las sumas no remunerativas para evitar el continuo deterioro del salario real y el consecuente perjuicio de la vida de los trabajadores y el funcionamiento del gremio.

En una nota dirigida a las cámaras empresariales del sector, el líder del Sindicato de Camioneros planteó una demanda “urgente de revisión técnica, económica y paritaria de los mecanismos salariales” vigentes debido a “los efectos regresivos comprobables que generan sobre los ingresos reales de los trabajadores”.

Moyano cuestiona el esquema actual de revisión y aumentos salariales al destacar que consolida “una licuación salarial estructural, producto de la brecha temporal existente entre la dinámica inflacionaria y la actualización efectiva de los salarios”.

La firme postura del líder de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En la nota a las cámaras, el sindicalista afirmó que, aunque existe una cláusula de revisión salarial que introduce una corrección posterior, “resulta insuficiente y técnicamente distorsiva, dado que se aplica con un desfasaje aproximado de 4 meses, período durante el cual se materializa una pérdida real sostenida del poder adquisitivo”.

El esquema actual de aumentos, según Moyano, “genera un beneficio económico directo para el sector empresario, a partir del ahorro en contribuciones patronales derivado del atraso salarial, el pago de sumas no remunerativas y el acatamiento a la pauta salarial fijada por el Gobierno, pero sin duda impacta negativamente en los ingresos de los trabajadores y en el funcionamiento de la organización sindical”.

Para el titular de Camioneros, esta situación “afecta el financiamiento, la estructura administrativa y la capacidad operativa” del sindicato que dirige.

Por otra parte, destacó que la asignación extraordinaria no remunerativa de $840.000 en cuatro cuotas, que se acordó en la última paritaria, constituye “un incremento salarial no remunerativo, transitorio y no consolidable”, que sólo incrementa los ingresos “entre un 5% y 10% según rama de actividad y categoría“.

Incluso este incremento, sostuvo, “se pierde de manera exponencial al culminar el pago (en abril), generando una caída inmediata del salario real que no es recompuesta por el nuevo acuerdo salarial, en tanto este último se limita a corregir parcialmente el salario previamente pisado por la pauta oficial y la inflación de meses anteriores, sin incorporar la pérdida producida por la finalización del bono".

En la nota, además, el líder de Camioneros consideró que los índices de inflación oficiales “no reflejan las necesidades de los trabajadores, toda vez que para su medición se suman objetos suntuarios que lejos están de la verdadera canasta de los trabajadores, compuesta en su mayor parte por alimentos, servicios y transporte que han sufrido incrementos que están muy por arriba del promedio mensual de inflación”.

Por esto, agregó, “resulta evidente que el esquema vigente no garantiza la preservación del salario real, ni cumple con el objetivo de recomposición integral frente a la inflación, consolidando un modelo de actualización tardía que naturaliza la pérdida salarial, que estimamos en un 6 o 7 por ciento, y debilita el equilibrio propio de la negociación colectiva".

Por eso Moyano advirtió que “será muy difícil llevar adelante una vez más un acuerdo por el plazo de 6 meses”, recomendando en cambio “acotar los plazos de revisión lo máximo previsto a fin de evitar la preservación (SIC) del salario real”.

Para finalizar, el titular del Sindicato de Camioneros juzgó “imprescindible prever los análisis expuestos para la próxima discusión salarial de marzo y enfocar la revisión de los mecanismos de actualización salarial y del tratamiento del bono extraordinario a fin de restablecer criterios de equidad, previsibilidad y sostenibilidad, evitando que continúe profundizándose el deterioro de los ingresos del sector”.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros hace cinco meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras empresariales acordaron una suma fija de 35 mil pesos, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

En un duro fallo, una jueza de Monte Caseros, Corrientes, amplió la medida cautelar que había suspendido las elecciones en el Sindicato de Camioneros correntino, que se hicieron igual el domingo pasado desobedeciendo una sentencia anterior, y le prohibió al moyanista Angel “Wallas” Díaz la proclamación y la toma de posesión de la conducción del gremio.

Al mismo tiempo, le pidió a la Secretaría de Trabajo de la Nación que se abstenga de darle a Díaz el reconocimiento oficial hasta hasta tanto exista decisión judicial firme en la causa que frenó los comicios porque se impidió la participación de una lista opositora.

La resolución fue adoptada este jueves por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, Amelia Itatí Olivieri, luego de que, en abierto desafío a la suspensión de la votación, el Sindicato de Camioneros de Corrientes realizó las elecciones de autoridades sin la participación de la lista opositora y dio como ganador a Díaz, su titular interino y aliado de Hugo Moyano, con sólo 458 votos de los 3000 afiliados que tiene la organización.

El viernes pasado, la jueza suspendió los comicios previstos para el 11 de enero tras hacer lugar a una acción de amparo de la lista encabezada por los disidentes Alejandro Benítez y Alberto Blanco, que denunciaron presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

Ahora, en su nuevo fallo, la magistrada correntina dio “por comprobado un incumplimiento deliberado de la primera medida cautelar que suspendía el acto electoral” en Camioneros ya que, pese a la orden de no efectuar los comicios, el sindicato que lidera Díaz realizó igual el acto eleccionario, modificó el lugar y el horario, controló el acceso y cerró anticipadamente la votación.

“Las acciones del presidente de la junta electoral y del apoderado del sindicato demostraron una voluntad anticipada de desoír la orden judicial y se detectaron maniobras para consolidar un resultado irregular y buscar su convalidación administrativa posterior”, consideró Olivieri en el fallo.

Además, señaló que el riesgo de hechos consumados exige proteger la eficacia de la futura sentencia: “Permitir la proclamación y toma de posesión implicaría diluir la eficacia de la sentencia principal por la dificultad de revertir acciones ya consolidadas y formalizadas”, dijo.

El otorgamiento del certificado de autoridades por la Secretaría de Trabajo de la Nación, además, podría blindar institucionalmente a los elegidos y legitimar de facto la representación, según el procedimiento previsto en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

En el fallo, la jueza considera que existe peligro real, actual e inminente de que se tornen irreversibles los efectos del acto electoral impugnado.

Por eso Olivieri decidió ampliar la medida cautelar para detener todos los avances posteriores a la elección, con las siguientes decisiones: prohibir expresamente la proclamación de la lista vencedora y suspender cualquier acto de ejecución vinculado; prohibir la toma de posesión de los cargos y cualquier acto de gestión o representación en calidad de autoridades electas, y ordenar a la Secretaría de Trabajo de la Nación abstenerse de emitir o registrar certificaciones de autoridades sindicales hasta que haya sentencia firme.

La decisión judicial se fundamenta en pruebas documentales y video, que acreditan el desacato por parte de Díaz, y la jueza de Monte Caseros resaltó que busca salvaguardar el status quo jurídico y la tutela judicial, impidiendo que la desobediencia derive en una cadena de hechos irreversibles.

En realidad, Díaz también había incumplido otra sentencia judicial cuando el 3 de octubre pasado se negó a reinstalar en su cargo al titular del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, como ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al considerar que su apartamiento obedeció a decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas”.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la jefatura del sindicato por Díaz y por el secretario Gremial, Mario Alberto Blanco, luego de que aquel los involucró en una denuncia ante la Justicia por malversación de fondos de la organización.

“Wallas” Díaz no sólo no hizo efectiva la reinstalación de Rotela sino que fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato formalmente se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran Díaz como acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También denunció a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Alberto Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, dijo a Infobae que Blanco señaló quelas acusaciones de Rotela derivaron en tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

En abierto desafío a la Justicia, el Sindicato de Camioneros de Corrientes realizó las elecciones de autoridades sin la participación de la lista opositora y dio como ganador a Ángel “Wallas” Díaz, su titular interino y aliado provincial de Hugo Moyano.

De esta forma, el dirigente gremial desoyó el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, que el viernes pasado suspendió los comicios previstos para el 11 de enero tras hacer lugar a una acción de amparo de la lista encabezada por los disidentes Alejandro Benítez y Alberto Blanco, que denunciaron presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

En las redes sociales, el sindicato correntino difundió la realización de las elecciones sin mencionar el fallo judicial y destacó que Díaz fue elegido como secretario general por “458 compañeros y compañeras de todas las ramas del gremio, demostrando una vez más el compromiso y la unidad del movimiento camionero”. De todas formas, en la oposición aseguraron a Infobae que el total de afiliados llega a unos 3000, por lo que habría participado de la votación apenas el 15% del padrón de afiliados.

Ahora, los abogados de la nómina opositora impugnaron la elección que se hizo igual pese a la suspensión judicial y se abrió así una instancia compleja para la pretensión de Díaz de quedarse al frente del gremio hasta 2029.

Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.

En realidad, Díaz también había incumplido otra sentencia judicial cuando el 3 de octubre pasado se negó a reinstalar en su cargo al titular del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, como ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al considerar que su apartamiento obedeció a decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas”.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la jefatura del sindicato por Díaz y por el secretario Gremial, Mario Alberto Blanco, luego de que aquel los involucró en una denuncia ante la Justicia por malversación de fondos de la organización.

“Wallas” Díaz no sólo no hizo efectiva la reinstalación de Rotela sino que fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato formalmente se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran Díaz como acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También denunció a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Alberto Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, dijo a Infobae que Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

Según el dirigente opositor, la vida institucional del gremio se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.

Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.

La Justicia suspendió las elecciones convocadas para el 11 de enero en el Sindicato de Camioneros de Corrientes, cuya conducción está alineada a nivel nacional con Hugo Moyano, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por una lista opositora, que denunció presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, pone en suspenso la votación y agrega un elemento de incertidumbre en el gremio que conduce Angel “Wallas” Díaz, que, además, está en el centro de una serie de denuncias por malversación de fondos y una escalada de tensiones internas que ya había llevado en octubre al desplazamiento de su titular, Emilio Rotela.

En el fondo, el fallo judicial también se convirtió en un traspié para Moyano, ya que Díaz, que conduce el sindicato correntino de manera interina, está identificado con el líder nacional de Camioneros y quedó en la mira por tratar de impedir la participación en los comicios de una lista opositora, liderada por Alejandro Benítez, candidato a secretario general, y Alberto Blanco, a secretario adjunto, que pertenecen a la Agrupación Oficial 11 de Junio.

Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.

Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, describió ante Infobae un escenario plagado de controversias, acusaciones cruzadas y maniobras que, según los denunciantes, buscarían obstaculizar cualquier intento de normalización institucional y brindó detalles de las causas judiciales por desvíos de fondos que apuntan a Díaz; al secretario Gremial del sindicato, Mario Alberto Blanco, a dos empleados administrativos de la organización y la esposa de uno de ellos.

Según Blanco, las investigaciones de la Justicia, iniciadas a partir de denuncias presentadas por Rotela, el entonces secretario general, alcanzaron a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros de Corrientes, con tres imputados confirmados y sumas involucradas que ascienden a 218 millones de pesos.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la secretaría general del sindicato por Díaz y Blanco, pero, el 3 de octubre pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes dispuso su reinstalación en Camioneros por considerar que fue objeto de decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas” y, además, la suspensión de todo tipo de acto eleccionario o asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria.

A pesar del fallo, Díaz no hizo efectiva la reinstalación de Rotela, convocó a una asamblea para el 5 de octubre y fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran el actual secretario interino, Díaz, acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También se acusó a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en producido tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras centrales del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

Según el dirigente opositor, en el sindicato correntino, de unos 3000 afiliados, la vida institucional se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.

Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.

Los bloqueos sindicales contra las empresas bajaron en el trimestre octubre-diciembre de 2025 a uno de sus menores índices de los últimos años, pero el Sindicato de Camioneros inauguró una forma de extorsión sindical virtual que afecta a los dueños de las pymes.

“El año 2025 fue mucho más tranquilo que años anteriores”, dijo a Infobae el presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), Juan Méndez, quien detalló que “hubo muchos amagues de bloqueos que fueron disueltos prontamente, ya que en la medida en que se aplica un protocolo oficial que incluye la presencia de una fuerza de seguridad funciona como un fuerte elemento disuasivo para el sindicalismo".

“Afortunadamente, entre el MEAB y el Ministerio de Seguridad de la Nación hemos logrado disuadir a muchísimos dirigentes y activistas que amagaron con bloqueos y después no los llevaron adelante”, señaló el titular de la entidad, a quien sus pares acaban de reelegir en el cargo por otro período de dos años.

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último trimestre de 2025 hubo un total de 26 bloqueos denunciados por los canales oficiales habilitados por esa cartera, a través de la línea telefónica 134, WhatsApp correo electrónico (6 en octubre, 6 en noviembre y 14 en diciembre), mientras que en el último trimestre de 2024 se registraron 29 denuncias (13 en octubre, 11 en noviembre y 5 en diciembre).

De todas formas, pueden haberse producido bloqueos sindicales que no fueron denunciados ante el Ministerio de Seguridad o ante el MEAB, que trabaja en conjunto con las autoridades nacionales para liberar a las empresas afectadas por estas protestas, que tuvieron un récord en 2021, cuando hubo unas 75 acciones de ese tipo en todo el país que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento gremial.

En los últimos años, se acumularon diversos factores que explican la caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña con su familia de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

La contraofensiva del MEAB al denunciar los bloqueos ante la Justicia fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma: gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 se registraron 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iba a ir a juicio en unas 30 protestas. Algunos fallos involucraron a gremialistas como el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, dirigente de confianza de Hugo Moyano.

En la baja de los casos de bloqueos fue determinante el artículo de la Ley Bases que los considera como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes. A la vez, también fue clave el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

Méndez atribuyó la menor cantidad de bloqueos de los últimos tiempos a la tarea desarrollada por el MEAB (“los empresarios nos cansamos, perdimos el miedo y nos unimos”) y a la decisión de “proteger el libre funcionamiento de las empresas por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich y ahora con Alejandra Monteoliva, respaldada por el jefe de Operaciones, Martín Culatto, que hace un trabajo enorme en favor de las pymes”.

“Pero los propios trabajadores están hartos de estas prácticas y no quieren ser parte de estas extorsiones, por las que pueden perder el empleo y los ingresos que necesitan para sostener a sus familias”, afirmó el titular del MEAB, para quien “muchos de los que bloquean son presionados y lo hacen por miedo a las represalias”.

Méndez advirtió que, pese a la disminución en el número de los bloqueos, sigue habiendo casos de hostigamiento sindical contra las empresas: “Me preocupa mucho la presión de la UOCRA porque donde hay una construcción aparece enseguida gente del sindicato presionando al empresario para meter gente propia y, si no lo hacen, empiezan a extorsionar y a bloquear”, aseguró.

El titular del MEAB detalló “un caso muy reciente de una automotriz que está terminando la ampliación de un depósito en la zona de Campana, a la que la UOCRA presionó para meter a sus propios trabajadores y terminaron siendo un dolor de cabeza para esta empresa porque eran una máquina de impedir”.

Según Méndez, a estos casos hay que sumar situaciones similares en el interior del país, como, por ejemplo, en Santa Cruz: “Si las empresas quieren hacer algo, tienen que poner el personal puesto por el sindicato; si no, no trabajan. Más allá de la UOCRA, sucede con el Sindicato de Seguridad, que condiciona la actividad minera, o con el transporte de personal, que tiene que hacerse con los choferes puestos por un gremio”.

Admitió, por otra parte, que hay muchos menos bloqueos ejecutados por el Sindicato de Camioneros, que durante años protagonizó la mayoría de esas protestas, aunque advirtió que la organización liderada por Hugo Moyano “utiliza otras prácticas nuevas para hostigar a las empresas, como bloquear el sitio web para poder imprimir la boleta del pago de los aportes sindicales”.

Para Méndez, esa situación, que expone a los empresarios que no pagan a tiempo los aportes a tener que abonar multas, apunta directamente contra las pymes que no les giran a Camioneros la contribución extraordinaria para la obra social, que fue pactada en el convenio, pero no homologada por la Secretaría de Trabajo.

El propio titular del MEAB sufrió esa suerte de bloqueo virtual: “Ya me pasó el mes pasado, me bloquearon las dos empresas. Hice un reclamo a la Secretaría de Trabajo y a los pocos días nos habilitaron la página, pero tuve que pagar intereses porque los aplica automáticamente. Para no tener conflicto, terminé pagando intereses que no correspondían. Pero este mes me encontré que una de mis dos empresas está bloqueada otra vez. Mandé una carta documento al sindicato haciéndolos responsables de impedirme el pago de los aportes sindicales que debo hacer, según marca la ley. Si ellos no lo quieren cobrar porque bloquean el sitio, judicializaré la situación".

Méndez destacó que “casi ninguna empresa de transporte está pagando” la contribución para la obra social de Camioneros. “Son muy pocas los que lo han pagado; si lo han hecho es porque las apretaron”, dijo.

Al hacer un balance de sus dos primeros años al frente del MEAB, Méndez aseguró: “Siento orgullo porque hemos dado batallas muy importantes. No hay nada mejor que ver una empresa liberada y que su dueño nos diga: ‘Gracias, tenía miedo. Ahora estoy dispuesto a enfrentar lo que sea porque descubrí que se puede’”.

Finalmente, opinó que el futuro de la Argentina está marcado por el desafío de lograr un país “libre para todos los empresarios argentinos, inclusive para los trabajadores, porque ellos mismos son oprimidos por el sindicalismo y eso se tiene que terminar”. “La gente tiene que perder el miedo, no solo los empresarios, sino los propios trabajadores; si no, serán rehenes de estas mafias”, concluyó el presidente del MEAB.

No fue el mejor año para Hugo Moyano, pero antes de que termine 2025 el líder sindical enfrenta otra acusación que puede poner en jaque su liderazgo en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde fue reelegido en un congreso realizado el 28 de noviembre pasado: opositores internos denunciaron que ese encuentro se hizo en medio de irregularidades legales y estatutarias que ponen en duda su validez.

Se trata de otro contratiempo que se suma a una sucesión de hechos que indican un declive de su poder: desde las paritarias a la baja que viene firmando hasta la denuncia judicial por un presunto fraude en un hotel de Camioneros en Mar del Plata, por el que tuvo que desplazar a dos dirigentes, pasando por la aguda crisis de la obra social, que derivó en protestas de trabajadores de sus sanatorios por falta de pago de los salarios, donde se exhibieron carteles responsabilizando por el conflicto a Liliana Zulet, la esposa del líder sindical, y ahora con la decisión de poner en venta el Sanatorio Antártida.

No fue todo: la denuncia judicial en Mar del Plata desató una pelea con Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros y allegado a Pablo Moyano, a quienes los fieles de Hugo presionaron de distinta forma para echarlo de su cargo u obligarlo a renunciar.

En las últimas semanas, sugestivamente, Aparicio se mostró activo en el club Deportivo Camioneros, que preside Pablo Moyano, quien desde hace 4 años mantiene un fuerte enfrentamiento con su padre, que lo llevaron a fines de 2024 a alejarse de la CGT y del sindicato.

Otro dato negativo: el jefe de Camioneros tampoco logró hasta el momento que empresarios de recolección de residuos de CABA y el gobierno porteño anticipen a los trabajadores plata de las indemnizaciones que cobrarían en 2028, en que se vencen los contratos de la actividad. En realidad, había desistido de ese reclamo en noviembre de 2024, pero hace un mes reflotó su exigencia de que se aplique la llamada “Ley Moyano” para atenuar el malestar interno entre los recolectores de residuos y debilitar la postura de Aparicio y sus delegados afines.

Ahora, en medio de un tenso clima, se conoció la acusación de los opositores en el Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, donde la Justicia suspendió las elecciones previstas para el 12 de octubre pasado, por la denuncia de “proscripción” por parte del oficialismo.

En esos comicios se iba a presentar para su reelección Juan Chulich, alineado con Hugo Moyano, pero surgió una lista opositora liderada por Oscar Galarza, a quien la junta electoral, dominada por el oficialismo moyanista, no habilitó para participar de la votación, lo que dio lugar a una denuncia judicial por “maniobras proscriptivas”.

Sin embargo, Chulich desobedeció la orden de la Justicia con la excusa de que el fallo no estaba en firme y realizó igual las elecciones, donde ganó sin competencia alguna, aunque con una legitimidad jurídica cuestionable.

Ahora surgió la acusación de los opositores conducidos por Galarza de que los congresales de Chulich participaron luego del congreso de la Federación de Trabajadores Camioneros que reeligió a Hugo Moyano, pero no estaban en condiciones de hacerlo porque esos delegados ya no contaban con mandato vigente (dan por sentado que los comicios realizados no fueron legítimos debido a la suspensión dictada por la Justicia).

Según el estatuto de la Federación, como advirtieron los opositores, sólo pueden integrar el congreso quienes tengan “representación válida y actual” en sus sindicatos de base. “Esa condición no es decorativa: es la que legitima la conformación del órgano, la emisión del voto y, en consecuencia, la validez de las autoridades electas -señalaron-. Aun así, los congresales de Santa Fe (alineados con Chulich) participaron del encuentro, votaron y uno de ellos fue incluso designado en el Consejo Directivo de la Federación”.

Además, este mismo sector opositor en Santa Fe denunció ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el oficialismo de Chulich y la junta electoral iniciaron acciones en distintas jurisdicciones en procura de encontrar un “foro judicial amigable”, seleccionando tribunales potencialmente favorables a sus intereses (lo que se conoce como “forum shopping”).

Según consta en esa presentación, luego de intervenir durante meses en los tribunales laborales de Rosario —sin objetar la competencia— los mismos actores intentaron trasladar el conflicto a otra jurisdicción tras recibir decisiones adversas. El planteo sostiene que se trató de una búsqueda deliberada de un “foro más favorable”, una práctica considerada abusiva por la doctrina judicial.

El escrito también señala que se intentó avanzar con el proceso electoral que había sido expresamente suspendido por orden judicial, generando “seudo-mandatos” que luego fueron utilizados para justificar representaciones que, al momento del Congreso de la Federación, ya se encontraban vencidas.

Esta polémica contamina obviamente el congreso en el que se reeligió a Hugo Moyano, junto con Jorge Taboada como secretario adjunto y Jerónimo Moyano -hijo menor del líder sindical- como nuevo secretario Gremial.

De esta forma, la provincia de Santa Fe se consolidó como uno de los principales focos rebeldes hacia el liderazgo de Moyano. Además de la lista opositora de Chulich, en esa provincia pesa fuerte la figura de Sergio Aladio, el principal opositor al líder nacional, que en 2015 desafilió al Sindicato de Camioneros de Santa Fe de la estructura moyanista y logró ser avalado por la Corte Suprema, mientras reivindica su autonomía y la necesidad de que la dirigencia porteña, centralista, respete la independencia de los gremialistas del interior.

Aladio sumó disidentes de Camioneros en todo el país con la idea de armar una federación paralela y tomó decisiones que lo diferenciaron más de Hugo Moyano: tiene su convenio colectivo de trabajo, que se aplica en la mayoría de las empresas de la provincia, y cuenta con su obra social propia, sin el déficit de las dos entidades que regentea el líder nacional de Camioneros a través de una empresa presidida por Liliana Zulet, su esposa.

¿Salpicará el conflicto santafesino de Camioneros el nuevo mandato de Hugo Moyano en la Federación? Será, en todo caso, un problema más que se sumará a una larga lista de episodios que se acumulan y dejan a la luz las grietas de un liderazgo que no es el mismo de antes.

El Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales acordaron este lunes el pago de una suma fija de 35 mil pesos en concepto de revisión de la paritaria vigente, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Ambas partes mantuvieron la primera audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque ya negociaban una mejora a partir del reclamo de Hugo Moyano, que exigía un aumento debido a que la inflación del trimestre septiembre-noviembre “superó ampliamente las previsiones, lo que deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores”, según advirtió en una nota a las cámaras.

El incremento acordado representa en términos porcentuales un 3,5%, aunque también firmaron que desde enero se incorporarán a los sueldos 31 mil pesos, decisión que elevará el impacto de la recomposición.

Sindicalistas y empresarios se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2026 para negociar un aumento salarial que regirá a partir de marzo.

Sin embargo, hay un reclamo de Moyano sobre el que no hubo acuerdo y pactaron analizarlo más adelante: un incremento mínimo del 20 por ciento en los adicionales de especialidad para las ramas de Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado, que están postergadas.

Por iniciativa de una cámara empresarial se discutió la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador para aquellas tres ramas, pero se trabó porque las empresas de Expreso y Mudanzas se negaron a esa idea para no incrementar los costos del sector.

La negativa responde a que existen pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo ya estaba prevista para este mes, hay muchas empresas pequeñas y medianas afectadas por la crisis de la actividad.

En todos los casos, los empresarios todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

El viernes pasado, por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

Un sindicato poderoso irá a la carga este lunes por un aumento salarial que compense el alza de la inflación, mientras que otra organización gremial importante ya firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida.

Por un lado, el Sindicato de Camioneros tendrá este lunes su primera audiencia con los empresarios ante la Secretaría de Trabajo para discutir el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

El reclamo, como anticipó Infobae, lo hizo mediante una nota a las cámaras empresariales en la que también exigió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado.

Según trascendió, hay predisposición de ambas partes para acordar el pago de una suma fija de 35 mil pesos y, además, la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador, para las ramas Logística y Correo Privado, pero no para Expreso y Mudanzas, donde hay resistencia de las empresas del sector.

Hay pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo salarial estaba prevista para este mes, hay muchas afectadas por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron este viernes un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

En el comunicado oficial, la Asociación Bancaria detalló que la actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. El alcance incluye todos los conceptos convencionales y no convencionales, abarcando adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad. De este modo, el esquema acordado se consolida como una referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.

Las partes también acordaron que para los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 se mantendrá el mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales de este año.

Además, se comprometieron a continuar la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, según lo informado por la Asociación Bancaria.

El Gobierno confirmó algunas concesiones a la CGT en la versión final de la reforma laboral, pero hubo un agregado de último momento en el texto que pondrá en aprietos a Hugo Moyano: se añadió el servicio de recolección de residuos entre las actividades consideradas esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga.

Se trata de una novedad que, en caso de que se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley, condicionará drásticamente las medidas de fuerza en un sector estratégico del Sindicato de Camioneros.

El proyecto oficial rescata el artículo incluido en el DNU 70, luego replicado en el decreto 340 (en ambos casos, frenados por la Justicia), que reglamenta el derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades, y que es uno de los principales puntos que rechaza la CGT.

El artículo en cuestión modifica lo que fija la Ley 25.877 al establecer: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

El listado de servicios considerados esenciales que figura en el proyecto ahora incluye los siguientes:

a) Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b) La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;

c) Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d) La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e) Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f) El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;

g) El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y

h) El servicio de recolección de residuos.

Curiosamente, hasta ahora una actividad tan importante como la recolección de residuos había quedado afuera de este listado y del de servicios trascendentales, que deben garantizar entre 50% y el 75% de servicios mínimos, pese a que resulta obvio lo que sucede, incluso en términos sanitarios, cuando una protesta de Camioneros lleva a que se acumule la basura en la calle o los containers.

De todas formas, el agregado de último momento no es el único que complicará a Hugo Moyano: hay artículos que, como ya sucedió en la Ley Bases, penalizan los bloqueos sindicales contra las empresas, una modalidad de protesta extorsiva que Camioneros puso de moda, sobre todo, cuando Pablo Moyano tenía influencia en el sindicato.

El artículo más preocupante para el gremialismo en general es el que considera infracción muy grave a “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”, lo que permitirá que en casos de bloqueos contra las empresas se responsabilice y se pueda sancionar directamente a las cúpulas sindicales, no sólo a los ejecutores.

Como la ley actual sólo habla de “provocar” el bloqueo o toma de un establecimiento, el cambio que figura en la reforma laboral amplía el espectro de responsables de los bloqueos contra las empresas, que desalentará aún más ese tipo de protestas, que ya están en jaque luego de que la Ley Bases las calificó como una “injuria grave” y, por lo tanto, se convirtieron en causal de despido justificado.

El Sindicato de Camioneros volvió a la carga con su reclamo de reanudar las negociaciones salariales: en una nota enviada a las cámaras empresariales, el gremio que lidera Hugo Moyano exigió el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

Además, pidió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado, algo que pondría en jaque a las pymes del sector que, según advirtieron a Infobae, no podrían afrontar ese incremento.

Si bien la revisión del último acuerdo salarial que rige desde septiembre y hasta febrero de 2026 estaba prevista para este mes, los empresarios están afectados por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante, además de los aumentos pactados, el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos mensuales por trabajador de diciembre a febrero de 2026.

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

También es cierto que el Sindicato de Camioneros presiona a todas las empresas para que abonen los ítems acordados, aunque no estén homologados.

La última paritaria firmada por Moyano hace tres meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

Los aumentos del convenio de Camioneros “reflejan el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Ahora, en la nota enviada a las cámaras del sector, Moyano reclamó “reiniciar las negociaciones paritarias dado que conforme está contemplado en la cláusula tercera del Acuerdo Paritario celebrado el 11 de septiembre de 2025 que establece que: ‘Las partes se comprometen a realizar una revisión del presente acuerdo durante la primera quincena de diciembre de 2025 ( ...)’ y toda vez que los porcentuales del lNDEC indican una inflación muy superior a la prevista que, ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre/noviembre de 2025, se deberá acordar el pago de una suma no remunerativa en el mes de diciembre de 2025 que compense el referido deterioro que posteriormente deberá incorporarse en la escala salarial correspondiente al mes de enero de 2026″.

“Asimismo -añade la nota-, a la grave situación referida se suma el desequilibrio que se mantiene en el tiempo a pesar de los numerosos reclamos que hemos realizado entre los salarios de las diversas ramas de la actividades encuadradas en el CCT 40/89 ante la disparidad de adicionales convencionales. Si bien en los últimos años se ha registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las Ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado”. “Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad de dichas ramas”, señala.

Hugo Moyano fue reelegido hasta 2029 como titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde seguirá secundado por Jorge Taboada, de Chubut, pero el dato relevante para la feroz interna del sindicato es que borraron de la cúpula a Marcelo “Feúcho” Aparicio, el dirigente enfrentado con el líder del gremio y a quien se lo vincula más estrechamente con Pablo Moyano.

Así se decidió esta tarde en el congreso ordinario de la Federación, que tuvo lugar en el predio del Club Camioneros ubicado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, donde también se concretó el ascenso de Jerónimo Moyano, de 26 años: pasó de la Secretaría de la Juventud a ser designado al frente de la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 del sindicato, en lugar del histórico dirigente Pedro Mariani.

Además, fueron ratificados en sus puestos otros hijos de Moyano en el secretariado: Hugo Antonio, diputado electo de Fuerza Patria, mantendrá la Secretaría de Coordinación de Asuntos Jurídicos, mientras que Karina continuará como titular de la Secretaría de la Mujer.

También se incorporó a la Federación el cotitular de la CGT Octavio Argüello, dirigente de confianza de Hugo Moyano, en la Secretaría de Coordinación Política, que fue creada ahora.

En el anterior congreso, realizado en diciembre de 2021, Moyano había desplazado a su hijo Pablo de la Secretaría Adjunta debido la fuerte pelea que tuvieron por la crisis de la obra social, mientras que Aparicio, con quien por entonces tenía una buena relación, quedó como primer vocal titular de la Federación.

Conocido por su apodo de “Feúcho”, este dirigente tiene un rol estratégico en el Sindicato de Camioneros de CABA y Provincia de Buenos Aires: es su secretario Gremial y hasta no hace tanto tiempo el jefe del sindicato le tenía tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo Pablo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

De todas formas, el primer vocal de la Federación será ahora Andrés Miño, delegado representante de la delegación de Zona Norte de Camioneros, a quien se lo considera alineado con “Feúcho” Aparicio.

La figura de Aparicio quedó en medio de la interna de Camioneros desde que estrechos allegados a Hugo Moyano trataron de involucrarlo con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por el jefe sindical.

Luego de ese episodio, fueron arrojados volantes frente a la sede del sindicato con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”. La intención de esa volanteada era desgastarlo y forzarlo a que renuncie, según deslizaron en Camioneros.

Sin embargo, Aparicio no sólo permaneció en su cargo sino que sus allegados promovieron asambleas en empresas de recolección de residuos de CABA con expresiones de apoyo a ese dirigente y amenazas contra los que tratan de desplazarlo: “Los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, advirtió un delegado, tal como apareció en un video que circuló en las redes sociales.

Esta semana, el conflicto interno se consolidó en la rama de recolección de residuos cuando José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del Sindicato, le echó la culpa a Aparicio -sin nombrarlo- porque los trabajadores no cobraron indemnizaciones: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo a un grupo luego de una reunión con los empresarios de la actividad.

Ahora, de todas formas, la atención del mundo Camionero está puesta en el vertiginoso ascenso de Jerónimo Moyano, el menor de la familia, a quien su papá hace años que lleva a todas las reuniones políticas y sindicales para que empiece a foguearse y pueda tener más protagonismo.

“Jero” es hijo de Hugo y Liliana Zulet, la tercera esposa del jefe de Camioneros. Estudió Derecho, pero abandonó la carrera. Su vínculo es muy bueno con sus hermanastros Facundo, Hugo Antonio y Karina, pero Pablo, el mayor de todos, casi no le habla: de alguna forma, según quienes conocen la interna familiar, Jerónimo termina pagando el costo por la mala relación que tienen su mamá y el ex cotitular de la CGT, hoy alejado del sindicato.

Su rostro se hizo conocido a raíz del polémico encuentro de Hugo Moyano y Alberto Fernández, en agosto de 2020 en la Quinta de Olivos, cuando al líder de Camioneros, su esposa y Jerónimo fueron a comer un asado, del que participó Fabiola Yáñez, desafiando las estrictas restricciones de la cuarentena obligatoria.

La foto de los 5 posando sonrientes y sin barbijo, a diferencia de lo que sufría el resto de los argentinos, dejó al descubierto algunos de los privilegios de los que gozaban el Presidente y sus amigos.

Ahora, luego de acompañar a su papá en la presidencia del Club Independiente y de ocupar las secretarías de la Juventud del sindicato y de la Federación, Jerónimo Moyano tendrá un cargo clave desde el que deberá recomponer un armado nacional de Camioneros que muestra disidencias en muchas provincias.

Ganó Liliana Zulet. La esposa de Hugo Moyano no participó del congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que se hizo este viernes para elegir sus nuevas autoridades hasta 2029, pero su opinión se hizo sentir: Jerónimo, el hijo de ambos, de 26 años, fue designado como número 3 de la organización desde la estratégica Secretaría Gremial e Interior.

El menor del clan Moyano reemplazará a un histórico como Pedro Mariani, con problemas de salud que lo llevaron a dar un paso al costado y abrir una vacante clave.

El menor del clan Moyano venía impulsado por su mamá, que desde hace meses le pedía a su esposo que le diera a Jerónimo la oportunidad de crecer en el sindicato y dejar la Secretaría de la Juventud que ocupaba desde 2021.

Los malpensados creen que, más allá de la actitud maternal, Zulet buscaría garantizarse que, en caso de ausencia de Hugo, haya un Moyano fiel a ella que bloquee el posible ascenso de Pablo y mantenga el vínculo con su holding de empresas que brinda servicios al gremio.

Sospechas al margen, fue curioso el ascenso porque hace pocas semanas Hugo Moyano le bajó el pulgar a su hijo menor cuando se negociaba la nueva CGT: primero promovió a Jerónimo como secretario de la Juventud, pero luego, cuando vio la oportunidad de mantener a Octavio Argüello en el triunvirato, desistió de su plan inicial con el argumento de que “Jero está crudito” como para ocupar un cargo en el secretariado cegetista.

Obviamente es mucho más complejo y desafiante para un novel dirigente de 26 años ocupar la Secretaría Gremial e Interior, desde donde se encargará de lidiar con los conflictos de la actividad y de la relación con los sindicatos de Camioneros del interior, donde avanza una fuerte corriente de disidentes hacia su propio padre.

Es un secreto a voces que Jerónimo hizo varios viajes a las provincias para tomar contacto con los principales líderes locales de Camioneros y que en algunos casos fue marginado de las reuniones entre los “mayores”.

Dicen que fue una forma de hacerle saber a “papá Moyano” que cae mal que él no viaje como antes al interior para hablar con la dirigencia y delegue esa tarea en su adjunto en la Federación, Jorge Taboada, o en su hijo tan novato.

Por eso también se generó un distanciamiento entre Hugo y Taboada: el dirigente chubutense tuvo encuentros en los cuales surgieron críticas al jefe máximo por acuerdos salariales “a la baja” y su propensión a favorecer a sus hijos en desmedro de dirigentes de más experiencia.

Finalmente, ambos líderes sellaron una tregua, que les permitió ir de nuevo a la reelección en la Federación, pero Hugo impuso a Jerónimo casi como una forma de darle poder a ese hijo al que ningunearon en el interior.

Pero, al mismo tiempo, fue una señal hacia el futuro: Hugo cumplirá 82 años el próximo 9 de enero y con el encumbramiento de Jerónimo pareció también brindar pistas acerca de quién quiere que sea su heredero. Al mismo tiempo, le dio un cargo en la Federación a Argüello, su dirigente de máxima confianza, y borró de la cúpula de Camioneros a Marcelo “Feúcho” Aparicio, el influyente número 3 del sindicato de CABA y Provincia con el que hoy mantiene una guerra no declarada, donde el protagonista que no sale a la luz es el mismísimo Pablo Moyano.

Los fieles a Hugo están cerca de acusar a Aparicio de ser el artífice del acuerdo con Jorge Macri que les quitó a los recolectores de residuos de Capital la posibilidad de cobrar indemnizaciones millonarias por la “Ley Moyano”.

Quedó en evidencia el martes pasado, cuando Hugo y sus leales se reunieron por segunda vez con empresarios del sector para convencerlos de que les anticipen plata de las indemnizaciones que cobrarían en 2028, en que se vencen los contratos de recolección de residuos en CABA.

Tras la reunión, donde las empresas dijeron que no, el “huguista” José Garnica (alias “Teta), secretario de la rama de recolección, les dijo a un grupo de trabajadores: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”. Y advirtió que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”. Fue una clara alusión a Aparicio, que preanuncia que lo responsabilizarán de ser el “villano” que dejó sin indemnizaciones a “los muchachos”.

Pero “Feúcho” no se rinde. Esta semana, luego de aquellas acusaciones, grabó un audio en el grupo de WhatsApp de dirigentes de Camioneros -al que accedió Infobae- en el que explicó que “el acuerdo que él (por Garnica) busca tanto se firmó, se hizo un acuerdo con las empresas, con la ciudad, porque se hizo la opción de la extensión del contrato como corresponde, como está marcado por ley, que lo dice en el pliego de bases y condiciones"

Enseguida hizo hincapié en que, al contrario de lo que dejó entrever Garnica, quien firmó el acuerdo con el gobierno porteño fue el propio Hugo Moyano: “Lo que se buscó con el secretario general es garantizar que se siga respetando la Ley Moyano. Y lo que se acordó es que en el 2028, cuando llegue el momento, se tienen que empezar a hablar del pago de las indemnizaciones como se hizo siempre en la historia de nuestro gremio”.

Además, Aparicio anunció que eliminará de ese grupo a Garnica porque “está poniendo en riesgo la fuente de trabajo de todos, no sólo de la rama de la recolección sino de todo el Sindicato de Camioneros”. Y agregó: “Lo saqué porque es un irresponsable que no sólo mancha a nuestra institución sino también el nombre del legado de nuestro secretario general y de todos los compañeros que pertenecemos al gremio camionero”.

Luego admitió que seguramente lo llamará Hugo Moyano para pedirle explicaciones por esa decisión contra Garnica y admitió que “después la decisión final siempre la tiene el secretario general de lo que quiera hacer”.

En el audio, Aparicio hizo un pedido a los representantes de Camioneros: “Al gremio hay que cuidarlo porque estamos viviendo momentos difíciles, donde nos van a pegar para querer debilitarnos constantemente, donde las cosas por ahí no nos están yendo bien y yo creo que necesitamos del apoyo de todos para seguir sosteniendo con responsabilidad la organización gremial”.

“En el tema de la rama (de recolección de residuos), que es el grupo que uno maneja, con la responsabilidad que me caracteriza -agregó-, yo voy a cuidar a la institución y voy a cuidar el nombre de nuestros dirigentes, que se llaman Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano. Después somos todos componentes, podemos estar o no estar”.

En efecto, desde hace 24 horas, Aparicio ya no está en la Federación de Camioneros (aunque aseguran que su reemplazante, Andrés Miño, es muy cercano a él) y el que está mejor que nunca es Jerónimo, la nueva estrella del clan Moyano. Por lo menos para su papá y su mamá.

Un grupo de ladrones se robó dos cajas fuertes de la sede del Sindicato de Camioneros en un operativo cuya precisión generó sospechas sobre un golpe planificado en la ciudad de La Plata. La maniobra quedó al descubierto en la mañana del martes, aunque habría sucedido a lo largo del fin de semana largo anterior. Quienes ingresaron dañaron el sistema de alarmas y accedieron directamente al sector donde estaban guardados los cofres, para luego retirarse sin dejar rastros visibles de violencia en puertas ni ventanas.

De acuerdo con las primeras declaraciones recogidas en la investigación, al menos siete trabajadores del Sindicato de Camioneros tenían acceso autorizado con llaves a esa parte del edificio, ubicado sobre la calle 40, entre 4 y 5, en pleno casco urbano platense. El medio local 0221 informó que los análisis técnicos llevados a cabo en el inmueble no revelaron que se hayan forzado los accesos ni signos de ingreso por vías alternativas, lo que hace incrementar la hipótesis de una acción ejecutada por personas con información sobre las rutinas internas y el sistema de seguridad.

Las cajas sustraídas eran de hierro y estaban colocadas dentro de una oficina, según la reconstrucción policial publicada por El editor Platense. En el interior, había documentación relevante del sindicato, entre ellas acuerdos ministeriales, pagarés y cheques. Empleados que presentaron la denuncia ante la comisaría local no lograron precisar cuán comprometedora era la información resguardada, ni confirmar si existía dinero en efectivo junto con los papeles administrativos, aunque fuentes citadas por medios platenses mencionaron la posibilidad de cheques y actas de acuerdos firmados ante organismos estatales.

Uno de los elementos robados presenta un peso aproximado de 80 kilogramos, lo que convierte su traslado y eventual ocultamiento en una tarea particularmente complicada sin ayuda o recursos logísticos. El faltante fue detectado alrededor de las 6:30 del martes tras los feriados del fin de semana extra largo.

Las cámaras de seguridad distribuidas en el entorno de la sede sindical se encuentran bajo análisis, ya que se investiga si resulta posible identificar movimientos sospechosos o la peripecia de los asaltantes al movilizar los voluminosos cofres por la vía pública. Según lo consignado por El Editor Platense, la principal sospecha es que los delincuentes conocían con detalle el espacio y el contenido que robaron.

El episodio motivó una investigación impulsada por la UFI N°3 de La Plata, que solicitó a peritos revisar grabaciones y recolectar testimonios entre posibles testigos, vecinos y el círculo laboral del sindicato. La Fiscalía mantiene bajo estudio la lista de personas con acceso a llaves y evalúa las rutinas del inmueble. La información colectada hasta el momento sugiere que los ladrones actuaron mientras el lugar permanecía vacío debido al feriado, maximizando las posibilidades de operar sin interrupciones ni detección temprana.

El caso es similar a otro robo reportado el año pasado contra la misma institución sindical pero en su sede de General Rodríguez. Allí también un grupo de personas violentó instalaciones para llevarse una caja fuerte con 20 millones de pesos, otra con 15 mil dólares, dinero suelto, dispositivos electrónicos, cheques, equipos de prensa y libros de actas.

En esa oportunidad, los autores del golpe cortaron la electricidad para neutralizar alarmas y sistemas de seguridad, y su accionar fue detectado al día siguiente por personal de limpieza. Pablo Osuna, secretario general regional, señaló en diálogo con medios locales que la falta de detección temprana resultó llamativa por la ubicación céntrica del depósito y la presencia nocturna de movimiento en la zona. En esa causa, investiga la UFI N° 9 de Luján y se analizaron cámaras de seguridad municipales para ampliar los registros de la escena.

Los investigadores de La Plata procuran establecer si existen vínculos o patrones de organización comunes entre ambos robos, ya que ambos muestran coincidencias en el tipo de botín, la sofisticación del acceso a las instalaciones y la aparente ausencia de violencia física en puertas o ventanas. También evalúan si se trató de hechos protagonizados por personas con conocimiento de los movimientos internos de los respectivos sindicatos, dado el perfil acotado de quienes poseen llaves.

La decisión de las 6 empresas se concretó durante una segunda reunión a la que convocó este martes el líder sindical para intentar que el sector empleador flexibilizara su postura y ahora en Camioneros intentarán que el gobierno porteño se haga cargo de ese resarcimiento que se basa en la aplicación de la famosa “Ley Moyano”, cuyo total asciende a unos 200 millones de dólares.

Pero, en una confirmación de que el reclamo está fogoneado por la interna de Camioneros, José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, le pidió “paciencia” a un grupo de trabajadores ante la sede del sindicato, aunque prometió que “vamos a discutir y a pelear” y aseguró: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”.

Dicen que fue una alusión a Marcelo “Feúcho” Aparicio, número 3 del sindicato y a quien se considera más alineado con Pablo Moyano, dirigente al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por Hugo Moyano.

En su improvisado discurso, Garnica, fiel soldado “hugomoyanista”, también advirtió: “Yo no me voy a ser cómplice de quien firmó porque el que firmó sólo hace una escondidita por atrás de las cosas. Yo voy a morir de pie, nunca arrodillado. Vamos a esperar esta semana los pasos legales. Si no, tomaremos la decisión que nos diga el secretario general (por Hugo Moyano)”.

Enseguida, el dirigente insistió en “alguien, entre gallos y medianoche, hizo lo que no tenía que haber hecho y supuestamente dice que defiende a los trabajadores”. Y agregó: “Los que estamos poniendo la cara acá son ustedes, los secretarios generales y los delegados que acompañan a Hugo Antonio Moyano en la rama. Porque hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor, a nuestra organización. No voy a hablar mal de nadie, pero hay que decir lo que corresponde”.

Garnica sostuvo luego que los abogados de Camioneros analizarán “los pasos legales” y “después veremos qué es lo que haremos”: “No se olviden que el trabajador sin el gremio no es nada y el gremio sin los dirigentes y los trabajadores no somos nada”, puntualizó.

Al igual que las empresas, la administración de Jorge Macri también se negó a pagar las indemnizaciones, tal como sucedió en noviembre pasado, cuando Pablo Moyano amenazó con “llenar de basura” la ciudad de Buenos Aires si no resarcían a los trabajadores de recolección de residuos porteños al considerar que en octubre se vencían los contratos y había que aplicar la “Ley Moyano”.

Se llama de esa manera a esa norma no escrita y de nula legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998 que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

Para el gobierno de CABA esa demanda no correspondía porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028, por lo que no hubo indemnizaciones para los 6.000 trabajadores, pero se llegó a un acuerdo con Hugo Moyano que incluyó beneficios al personal que se jubilaba y una serie de adicionales para mejorar los sueldos.

Sin embargo, como anticipó Infobae, Moyano reflotó sorpresivamente hace 20 días el reclamo de indemnizaciones ante la feroz interna que existe en Camioneros y que se instaló con más fuerza en la decisiva rama de recolección de residuos del sindicato, donde, por un lado, está “Teta” Garnica y, por el otro, los delegados que responden a “Feúcho” Aparicio.

En las últimas semanas se realizaron asambleas en las empresas de recolección de residuos de CABA donde hubo expresiones de respaldo a Aparicio.

Fuentes sindicales afirmaron que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano a las empresas.

Hubo una primera reunión con representantes de las 6 concesionarias, en la que se negaron al reclamo sindical, y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, en que Moyano volvió a citarlos para presionar con su pedido, aunque las empresas insistieron en su negativa.

En el gobierno de CABA también se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

Mientras, el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) intentará que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe este jueves un proyecto para prohibir que se les pague indemnizaciones a los 6.000 trabajadores de recolección de residuos.

“Echarlos, pagarles y volverlos a contratar manteniendo la antigüedad. Ni a Perón se le hubiera ocurrido -afirmó Del Gaiso en X-. Este disparate, que le saldría 200 millones de dólares a los porteños, hay que frenarlo con una ley. El jueves en la Legislatura impulsaré el tratamiento de mi proyecto de Ley Anti Moyano”.

En realidad, el legislador del partido de Elisa Carrió insistirá en un proyecto de su autoría que ya había presentado en septiembre pasado, luego de que Pablo Moyano exigió el pago de unos 200 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.

El proyecto de Del Gaiso incluye, por un lado, una modificación en la Ley 4003 de CABA por la cual se aprobaron las indemnizaciones a los trabajadores del acarreo en la ciudad, para que no se conviertan en un precedente para otros casos similares y, por otro, la exigencia de que esos resarcimientos sean pagados por las empresas y “no con el dinero de los contribuyentes”; en caso contrario, esas firmas no podrán contratar más en el distrito porteño. Incluso se contemplan sanciones para los funcionarios que aprueben indemnizaciones como las que reclama Camioneros y que están fuera de la ley.

Del Gaiso volverá a la carga con su proyecto en la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, aunque de sus 40 integrantes se descuenta que votarán en contra de la “Ley Anti Moyano” los 18 legisladores del peronismo y los 3 de la izquierda. Aun así, si la iniciativa se presenta sobre tablas, donde puede ser aprobada por los dos tercios de los presentes, no hay garantías sobre la votación.

Mientras Hugo Moyano presionará de nuevo este martes a los empresarios de recolección de residuos de CABA, el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) intentará que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe un proyecto para prohibir que se les pague indemnizaciones a los 6.000 trabajadores del sector por una concesión que vence dentro de 3 años.

“Echarlos, pagarles y volverlos a contratar manteniendo la antigüedad. Ni a Perón se le hubiera ocurrido -afirmó Del Gaiso en X-. Este disparate, que le saldría 200 millones de dólares a los porteños, hay que frenarlo con una ley. El jueves en la Legislatura impulsaré el tratamiento de mi proyecto de Ley Anti Moyano”.

En realidad, el legislador del partido de Elisa Carrió insistirá en un proyecto de su autoría que ya había presentado en septiembre pasado, luego de que Pablo Moyano amenazó al gobierno porteño con “llenar la ciudad de basura” si en octubre de 2024 no accedía a pagar unos 200 millones de dólares para indemnizar a 6.000 trabajadores de recolección de residuos, al considerar que el 1° de ese mes vencerían los contratos con las 6 empresas que brindan ese servicio en CABA.

El proyecto de Del Gaiso incluye, por un lado, una modificación en la Ley 4003 de CABA por la cual se aprobaron las indemnizaciones a los trabajadores del acarreo en la ciudad, para que no se conviertan en un precedente para otros casos similares y, por otro, la exigencia de que esos resarcimientos sean pagados por las empresas y “no con el dinero de los contribuyentes”; en caso contrario, esas firmas no podrán contratar más en el distrito porteño. Incluso se contemplan sanciones para los funcionarios que aprueben indemnizaciones como las que reclama Camioneros y que están fuera de la legislación actual.

En el caso de la exigencia a las empresas, la iniciativa del legislador de la Coalición Cívica apunta a reforzar los alcances de un artículo de la Ley 2095 de la ciudad, sobre Compras y Contrataciones en CABA, en la que obliga a los concesionarios de servicios a “satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión”.

Del Gaiso volverá a la carga con su proyecto en la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, aunque de sus 40 integrantes se descuenta que votarán en contra de la “Ley Anti Moyano” los 18 legisladores del peronismo y los 3 de la izquierda. Aun así, si la iniciativa se presenta sobre tablas, donde puede ser aprobada por los dos tercios de los presentes, no hay garantías sobre la votación.

En octubre pasado, el líder de Camioneros firmó un acuerdo con la administración de Jorge Macri por el cual desistió de que se aplique la llamada “Ley Moyano”, una “norma” de ninguna legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998, gracias a su poder de fuego, que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

En el gobierno porteño rechazaron el reclamo porque la prórroga de los contratos vencía recién en 2028 y hasta entonces regía el mismo contrato existente, con la misma cantidad de empleados, con las mismas empresas y en las mismas condiciones de trabajo.

Ante la firmeza del gobierno de Jorge Macri, se pactó no pagar indemnizaciones, pero sí otorgar beneficios al personal que se jubilaba y una serie de adicionales para mejorar los sueldos de los trabajadores.

Todos ganaron: hubo paz social, Moyano exhibió las compensaciones para los trabajadores y Jorge Macri se mostró como el jefe de Gobierno que le dijo que no a Camioneros y rompió esa tradición fuera de la ley que inició Mauricio Macri y siguió Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, como anticipó Infobae, Moyano reflotó sorpresivamente hace 20 días el reclamo de indemnizaciones ante la feroz interna que existe en Camioneros y que se instaló con más fuerza en la decisiva rama de recolección de residuos del sindicato.

En ese sector, por un lado, está el “hugomoyanista” José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Marcelo “Feúcho” Aparicio, número 3 del sindicato y a quien se considera más alineado con Pablo Moyano.

En las últimas semanas se realizaron asambleas en las empresas de recolección de residuos de CABA donde hubo expresiones de respaldo a Aparicio, quien desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por Hugo Moyano.

Fuentes sindicales afirmaron que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano a las empresas.

Hubo una primera reunión con representantes de las 6 concesionarias, en la que se negaron al reclamo sindical, y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, en que Moyano volvió a citarlos para presionar con su pedido, aunque las empresas insistirán en su negativa.

En el gobierno de CABA también se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

No se descarta que, si no obtiene una respuesta satisfactoria, Camioneros comience esta misma semana con medidas de fuerza que afectarían la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras, Del Gaiso presentará su proyecto “anti Moyano” este jueves durante una sesión clave de la Legislatura porteña. ¿Tendrá el apoyo suficiente para que se apruebe y frenar así el clásico reclamo de Camioneros? Es una de las grandes incógnitas que servirá también para medir la fortaleza del viejo imperio sindical de Hugo Moyano.

¿Qué le deparará el destino a Hugo Moyano la decisiva semana que viene? Nacido el 9 de enero de 1944, bajo el signo de Capricornio, si el líder del Sindicato de Camioneros revisa el horóscopo podrá encontrar pistas zodiacales que pueden ayudarlo: “Es una semana para desmantelar pensamientos y patrones que te impiden avanzar. Revisa tus objetivos y enfócate en lo que te impulsa. La estabilidad económica es clave. Evita cortes y asienta las bases de tu situación financiera actual“.

Quizás en los próximos días Moyano necesite mucha más ayuda que la que predicen los astros. El martes próximo convocó a los empresarios de recolección de residuos de CABA a una nueva reunión en la que exigirá una respuesta al reclamo que reflotó sorpresivamente de indemnizaciones para los trabajadores del sector. Y el viernes 28 encabezará el congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde será reelegido, pero la clave es cómo repartirá el poder con dirigentes provinciales en estado de ebullición.

En ambos casos, serán instancias cruciales para la agitada interna de Camioneros, tanto con su hijo Pablo como con líderes del interior, en un escenario para su sindicato que muestra inéditos indicios de desgaste de su liderazgo.

En principio, Moyano presionará a fondo en la reunión del martes por la mañana a los representantes de las 6 empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires: les exige un anticipo a cuenta de la cifra multimillonaria que los 6.000 trabajadores del sector cobrarían en 2028, cuando se venzan los contratos actuales. El reclamo original alcanzaba un total de 200 millones de dólares.

En noviembre pasado, el líder sindical había acordado con el gobierno de Jorge Macri desistir de la aplicación la llamada “Ley Moyano” y, a cambio, aceptó beneficios para los empleados que se jubilan y el pago de adicionales.

El problema es que ahora, pese a lo que se había firmado, desempolvó el reclamo de indemnizaciones. ¿Por qué? Para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura, que están en efervescencia desde que no se aplicó la “Ley Moyano”, aunque Pablo Moyano les había prometido públicamente que se iba a cumplir. Ahora, para colmo, el malestar se comenzó a intensificar al calor de la pelea interna: cerca de Hugo Moyano acusan al secretario Gremial de Camioneros, Marcelo “Feúcho” Aparicio, de instigar la bronca de la gente en asambleas luego de este dirigente quedó involucrado en las sospechas del caso de fraude con fondos del hotel sindical en Mar del Plata.

De esta forma, la estratégica rama de recolección de residuos se convirtió en el campo de batalla entre Hugo Moyano y su hijo Pablo, a quien la atribuyen una estrecha cercanía con Aparicio. Por un lado, está el fiel “hugomoyanista”José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que vienen promoviendo asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, que hace algunas semanas parecía estar más cerca de irse del gremio.

A principios de octubre, una denuncia judicial de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, dio lugar a una investigación que lleva adelante el fiscal marplatense Carlos David Bruna por una supuesta estafa por 10 millones de dólares en el hotel 15 de diciembre.

Por eso el líder de Camioneros desplazó a Paulo Villegas, secretario Tesorero del sindicato, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, ambos considerados cercanos a Pablo Moyano, y ahora, según el diario Clarín, también se alejó el abogado Rodrigo Condori, que ocupaba dos cargos en la estructura del gremio, tras haber quedado marginado a partir de la denuncia marplatense.

Después de los 2 despidos, se produjo otro episodio que reveló la tensión interna: se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Aparicio, otro dirigente en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, decía en los papeles arrojados desde una moto y en alusión a la denuncia por estafa.

Así se acrecentó el enfrentamiento interno, con las asambleas en respaldo de Aparicio y en contra de “los traidores”, la aparición de pintadas en el oeste del conurbano bonaerense que pedían el regreso de Pablo Moyano, la batalla campal entre las facciones que responden a ambos líderes de Camioneros durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos y, además, con las protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio en Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito por la falta de pago de salarios, con carteles que apuntaron contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, como dueña de Iarai, la empresa que se encarga del gerenciamiento de la entidad de salud.

En medio de este clima denso, Hugo Moyano accedió a la propuesta de Garnica de reflotar la exigencia de indemnizaciones para calmar a los recolectores de residuos en CABA. En una primera reunión con los empresarios les dijeron que no. Tampoco accedió el gobierno porteño, que había vetado la “Ley Moyano”.

El jefe de Camioneros citó por escrito a los empresarios para verse de nuevo este martes. Si se mantiene la negativa, podrían comenzar las medidas de fuerza, aunque sea de manera encubierta, para forzar al pago.

Tres días después, de todas formas, Hugo Moyano tiene asegurada su reelección al frente de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que realizará el congreso de renovación de autoridades. Luego de los fuertes cortocircuitos internos, el líder sindical volverá a ser secundado por Jorge Taboada, de Chubut, quien asumió a fines de 2021 en reemplazo de Pablo Moyano, marginado por su padre tras la pelea que tuvieron por el agudo déficit financiero de las obras sociales.

Los problemas entre los líderes de la Federación comenzaron el 9 de diciembre pasado, cuando Moyano no lo eligió a Taboada para suceder a Pablo en el triunvirato de la CGT, como se especulaba hasta en el propio sector moyanista, y nombró a Octavio Argüello, uno de sus dirigentes de máxima confianza.

Ese episodio generó un clima de desconfianza mutua, que se acrecentó luego de que Taboada, en reuniones en nombre de la Federación realizadas con colegas del interior, recogió críticas hacia Moyano por los “bajos aumentos salariales” acordados y por la tendencia del líder camionero a priorizar a sus hijos en la estructura sindical, en detrimento de otros dirigentes.

Pero cuando las tensiones se difundieron en los medios, los dos sindicalistas sellaron una tregua, en donde se acordó que, para atenuar el malestar de dirigentes de distintas provincias, en la nueva comisión directiva de la Federación se otorgará más representación a los sindicatos de todo el país mediante la creación de subsecretarías en las 28 secretarías existentes.

¿Alcanzará para pacificar la interna a nivel nacional? Moyano arrastra dos recientes traspiés para sus aliados de los sindicatos de Camioneros en Santa Fe, Juan Chulich, y en San Luis, José Farías, a quienes la justicia laboral de ambas provincias suspendió los comicios en los que iban a buscar su reelección tras los amparos presentados por listas opositoras por “maniobras proscriptivas” del oficialismo que las marginaron de la votación.

Esos casilleros en blanco que dejan en el mapa moyanista dos gremios importantes del interior agravan el cuadro de disidencias internas, cuyo adalid es el máximo opositor, Sergio Aladio, titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien se desafilió en 2015 de la federación nacional y fundó un gremio autónomo con 24.000 afiliados, avalado por un fallo de la Corte.

Ahora, Aladio difundió un texto en el que critica que “mientras algunos se entretienen en peleas de cúpula, los choferes quedan a la intemperie”, en alusión al feroz conflicto interno de Camioneros, y asegura que “en nuestra provincia hicimos lo que había que hacer: negociamos salarios superiores a los acuerdos nacionales; firmamos un convenio moderno, superador, adaptado a la realidad actual del transporte; mejoramos condiciones laborales reales, no declamadas y garantizamos atención médica y funcionamiento pleno de las instituciones”.

“Lamentamos lo que pasa en Buenos Aires, pero no nos sorprende -afirma Aladio-. Cuando las estructuras se vuelven cerradas, verticalistas y sólo responden a intereses personales pasa exactamente lo que estamos viendo: gremios enfrentados consigo mismos; obras sociales que no brindan prestaciones; dirigentes que confunden sindicatos con reinos y trabajadores rehenes de decisiones que no tomaron”. Y, finalmente, hace un llamado a la rebelión: “Es ahora o nunca. Desde Santa Fe ya empezamos. Falta que el país se anime”.

Inesperadamente, la pelea interna en el Sindicato de Camioneros está repercutiendo en el gobierno porteño y en las empresas de recolección de residuos de CABA: Hugo Moyano reflotó el reclamo de indemnizaciones para los empleados del sector para tratar de incidir en el enfrentamiento con Marcelo “Feúcho” Aparicio, el número 3 del gremio, más cercano a Pablo Moyano.

El líder de Camioneros firmó en octubre pasado un acuerdo con la administración de Jorge Macri por el cual desistió de que se aplique la llamada “Ley Moyano”, una “norma” de ninguna legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998, gracias a su poder de fuego, que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

En este caso, tal como advirtió públicamente su hijo Pablo, Hugo Moyano interpretaba que en octubre de 2024 vencían los contratos de recolección de residuos de CABA y que a los 6.000 trabajadores del sector afiliados a Camioneros les correspondía una indemnización que alcanzaba un total de 200 millones de dólares.

En el gobierno de porteño rechazaron el reclamo porque la prórroga de los contratos vencía recién en 2028 y hasta entonces regía el mismo contrato existente, con la misma cantidad de empleados, con las mismas empresas y en las mismas condiciones de trabajo.

Ante la firmeza de Jorge Macri, se pactó no pagar indemnizaciones, pero sí otorgar beneficios al personal que se jubilaba y dar una serie de adicionales para mejorar los sueldos de los trabajadores.

Todos ganaron: hubo paz social, Moyano exhibió las compensaciones para los trabajadores y Jorge Macri se mostró como el jefe de Gobierno que le dijo que no a Camioneros y rompió esa tradición fuera de la ley que inició Mauricio Macri y siguió Horacio Rodríguez Larreta.

Pero no salió todo como se esperaba: un mes después de firmado el acuerdo, los trabajadores de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires hicieron asambleas durante dos días en algunas empresas, sin el aval de los delegados, para protestar a los gritos y entre insultos porque lo que se pactó no incluía las indemnizaciones.

Incluso circularon videos de asambleas en la empresa Cliba con ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, decía un trabajador mirando a la cámara) y agitadas discusiones entre delegados y empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, afirmó uno de ellos en referencia al reclamo de que se paguen indemnizaciones.

Ahora, la feroz interna entre Hugo y Pablo se instaló en la decisiva rama de recolección de residuos, donde, por un lado, está el fiel “hugomoyanista” José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que vienen promoviendo asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes bajo sospecha.

Por eso, a principios de octubre, Hugo Moyano desplazó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, tras una denuncia judicial de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, que dio lugar a una investigación que lleva adelante el fiscal marplatense Carlos David Bruna.

Después de esos despidos, se produjo otro episodio que reveló la tensión interna: se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Aparicio, otro dirigente en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, decía en los papeles arrojados desde una moto y en alusión a la denuncia presentada en Mar del Plata.

Lo que sucedió ahora, deslizan en el sindicato, fue que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano.

Hugo Moyano se lo planteó al gobierno porteño, pero le dijeron que no y por eso decidió hablar con las empresas. A comienzos de esta semana, el jefe de Camioneros se reunió con representantes de las 6 concesionarias del servicio de recolección de residuos, que le advirtieron que de ninguna manera podían pagar lo que exigía.

Aun así, se abrió un cuarto intermedio en el que hay negociaciones extraoficiales con Moyano, sobre todo luego de que mostró voluntad de llegar a un acuerdo que no implique el pago del 100% de las indemnizaciones.

¿Qué es lo que está en juego en este escenario tan complejo? “Están tensionando entre ellos e intimidando a los demás para ver quién tiene el poder”, interpretó a Infobae alguien que conoce de cerca este conflicto.

En el gobierno de CABA se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

Se teme que en las próximas semanas comiencen algunas medidas de fuerza que afectarán la recolección de residuos y que se harán con otra excusa, pero con la clara intención de presionar por el pago del anticipo de lo que Moyano imagina que se cobrará en 2028.

Mientras, se mantiene la batalla declarada en las asambleas de la rama de recolección de residuos: así como los aliados de Aparicio alentaron los apoyos a su líder interno y quedó filmado alguien que amenazaba con que “los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, “Teta” Garnica encabezó reuniones de trabajadores para afianzar las lealtades moyanistas y, de paso, salir al cruce de las acusaciones en contra de él: “Dicen que soy traidor, pero si ser traidor es defender a Hugo Moyano, voy a ser traidor toda la vida”, señaló, como se pudo ver en un video que circula en las redes.

La interna camionera está al rojo no sólo por este insóiito reclamo de que se aplique la “Ley Moyano” -ya “derogada” hace un año- para ayudar a que se defina el enfrentamiento entre “huguistas” y “pablistas”.

En estos últimos días aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense. Y el propio Pablo Moyano reapareció el martes pasado con un video en el que se involucra de nuevo en reclamos gremiales concretos. Junto con representantes de la rama de Aguas Gaseosas del gremio, dijo que “no permitirá atropellos contra los trabajadores” y advirtió: “Desde la Secretaría Adjunta nos vamos a poner al frente para recuperar todos los puestos de trabajo que se perdieron este año”.

El fin de semana pasado hubo una batalla campal entre las facciones que responden a ambos líderes durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, con una pelea que incluyó patadas en la cabeza y golpes de puño.

No fue el primer episodio de violencia: manifestantes que responden a Hugo Moyano y su hijo Pablo se enfrentaron en la calle durante la marcha por el Hospital Garrahan del 17 de julio pasado, donde trascendió que hubo un apuñalado y que luego dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores de Camioneros.

Para colmo, la crisis financiera que sufre la obra social de Camioneros escaló esta semana con protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio en Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito por la falta de pago de salarios, con carteles que apuntaron contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, en su condición de dueña de Iarai, la empresa que se encarga del gerenciamiento de la entidad de salud.

El hilo conductor de todos estos episodios es la disputa que se produjo a fines de 2021 cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa en la profunda crisis financiera de la obra social camionera.

Luego vino la renuncia de Pablo a la CGT por la falta de apoyo de su padre, su alejamiento del sindicato, al que directamente dejó de ir, y la dedicación casi exclusiva a la presidencia del Club Deportivo Camioneros. Mientras, Hugo designó en la CGT a un dirigente de extrema confianza como Octavio Argüello, privilegió a otros de sus hijos (“Huguito”, el abogado y diputado electo, y Jerónimo, el menor de la familia) y se alió al sector sindical dialoguista mientras firmó acuerdos salariales alineados con la pauta que fija el Gobierno.

¿Cuál será el próximo capítulo de esta crisis del Sindicato de Camioneros que parece interminable? Nadie sabe cuál será, pero hay algo seguro: habrá muchísimos más.

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Por la forma en que habló, da la sensación de que no habla en nombre de todo el Sindicato de Camioneros, que lidera su papá, Hugo Moyano, sino sólo como titular de la Secretaría Adjunta, que mantiene aunque ya no se ocupa de la actividad gremial y únicamente viaja al exterior para participar de congresos internacionales.

No parece casual que en estos últimos días aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense, que no llevan firma, pero volvieron a poner al desnudo la pelea interna y preanunciaron el regreso del hijo del líder gremial.

El alejamiento de Pablo Moyano de la tarea cotidiana sindical fue tanto que el propio dirigente publicó el 26 de julio en las redes un video en el que adhirió a la marcha de San Cayetano organizada por los movimientos sociales, pero debió aclarar: “No sólo me dedico al deporte”.

Ahora, con su nuevo mensaje, se interpreta que el gremialista busca sacar rédito de la crisis que atraviesa el liderazgo de su padre, con el que está peleado desde hace 4 años, que en estas últimas semanas se agravó por las reacciones adversas que generó el despido de dos dirigentes de Camioneros por su presunta vinculación con un fraude multimillonario en el hotel de Mar del Plata.

Esa decisión drástica desencadenó un episodio de hostigamiento contra el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, a quien consideran más cercano a Pablo Moyano, mediante volantes arrojados desde una moto en la sede del sindicato con un mensaje en el que lo vinculan con la estafa marplatense.

A ese episodio se sumó la batalla campal que se produjo el fin de semana pasado: dos facciones que responden a Hugo y Pablo Moyano protagonizaron una violenta pelea durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos. El enfrentamiento incluyó patadas en la cabeza y golpes de puño, se extendió por varios minutos y fue atribuido a la feroz interna entre los líderes sindicales.

Además, la crisis financiera que sufre la obra social de Camioneros escaló en las últimas jornadas con protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio por la falta de pago de salarios, con carteles contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, en su condición de dueña de la empresa que gerencia la entidad de salud.

En las clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y el Sanatorio Antártida de Caballito, los empleados iniciaron medidas de fuerza ante los reiterados retrasos en el cobro de sus sueldos, que no es la primera vez que sucede porque el año pasado ocurrió algo similar.

Pero, por primera vez, los reclamos de los trabajadores apuntaron directamente a Zulet como propietaria de la empresa IARAI, responsable del gerenciamiento de OSCHOCA, la obra social de Camioneros.

La situación financiera de la entidad médica sindical se está deteriorando cada vez más al punto de interrumpir servicios y prestaciones, generando un enorme malestar entre los afiliados. De acuerdo con datos publicados por La Nación, la deuda de OSCHOCA en las 23 seccionales del interior del país asciende a casi $26.617 millones, cifra que no incluye la provincia de Buenos Aires, donde reside la mitad de los 190.000 afiliados. Si se considera la deuda en función de la cantidad total de afiliados, el déficit financiero rondaría los $50.000 millones.

La protesta en las prestadoras médicas de Camioneros se visibilizó en las redes sociales, donde circula un video de los empleados del sanatorio de Villa Martelli, donde, con ritmo de cumbia, la letra expresa: “En plan de lucha, otra vez al sol/trabajadores del 15 de diciembre alzando la voz/sanatorio vacío, silencio y dolor/familias desamparadas pidiendo lo que es de Dios/tres años de reclamos sin escuchar, cuentas que aprietan, no se puede más/queremos respuesta, queremos cobrar, que se respete el derecho del trabajador/Villa Martelli en lucha, nadie nos va a parar/y ahora da la cara, dejá de especular, abonen urgente las cargas sociales ya, las familias no pueden esperar/¡Queremos cobrar!”.

La crisis de OSCHOCA se arrastra desde hace al menos cuatro años y fue el detonante de la ruptura entre Hugo Moyano y su hijo Pablo. Ambos mantuvieron una discusión acalorada cuando Pablo Moyano reprochó a su padre el grave déficit financiero de la obra social, mientras IARAI, encargada de su administración, exhibía una situación económica favorable.

Mientras, avanza en Mar del Plata la denuncia judicial de Héctor Maldonado, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, por el presunto fraude por USD 10 millones en el hotel 15 de diciembre que posee el sindicato en Mar del Plata y que es investigado por la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna.

Hace algunas semanas, Hugo Moyano desplazó a Claudio Balazic y Paulo Villegas, como sospechosos de haber participado en esos hechos irregulares, y luego hubo versiones sobre el alejamiento de Aparicio, que hasta ahora no se produjo. Por el contrario, el 23 de octubre hubo asambleas en empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires con mensajes en respaldo de ese dirigente, el número 3 del gremio, y amenazas contra los que tratan de desplazarlo: “Los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, advirtió un delegado, tal como aparece en un video.

Es que Zulet es la dueña de la empresa IARAI, que se encarga del gerenciamiento de OSCHOCA, la obra social de Camioneros, que no pudo superar los graves problemas financieros que atraviesa la entidad médica sindical, donde los afiliados se quejan desde hace años de la interrupción de servicios y prestaciones de salud.

Las protestas de los empleados de los sanatorios no son nuevas y ya se registraron el año pasado en las clínicas que Camioneros tiene en Avellaneda, San Justo y Villa Martelli y el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito, donde no pudieron pagarles el sueldo.

En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, partido de Vicente López, los empleados llevarían un largo retraso en el cobro de los salarios, aunque en las otras clínicas sindicales se les habría pagado la mitad del sueldo en las últimas horas.

En las redes circula un video de los trabajadores en conflicto del sanatorio de Villa Martelli en el que, con ritmo de cumbia, la letra es muy sugestiva: “En plan de lucha, otra vez al sol/trabajadores del 15 de diciembre alzando la voz/sanatorio vacío, silencio y dolor/familias desamparadas pidiendo lo que es de Dios/tres años de reclamos sin escuchar, cuentas que aprietan, no se puede más/queremos respuesta, queremos cobrar, que se respete el derecho del trabajador/Villa Martelli en lucha, nadie nos va a parar/y ahora da la cara, dejá de especular, abonen urgente las cargas sociales ya, las familias no pueden esperar/¡Queremos cobrar!!“.

La crisis de la obra social de Camioneros ya lleva por lo menos 4 años y fue el origen de la pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo: ambos discutieron en duros términos luego de que éste le recriminó que la entidad que brinda servicios médicos atravesara un agudo déficit financiero mientras que la empresa que la gerencia, Iarai, pasaba por una buena situación económica.

Según publicó el diario La Nación, la deuda de Oschoca sólo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones y ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero rondaría los $50.000 millones de pesos, según consignó ese medio.

El llamativo conflicto por falta de pago de los sueldos en un gremio poderoso como Camioneros no es el único dato que refleja la crisis de la organización que lidera Hugo Moyano. Este lunes se conoció que dos facciones del sindicato se cruzaron este fin de semana durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos y la escena terminó en una salvaje pelea que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo, trompadas y una gresca que se extendió por varios minutos.

Si bien en las imágenes se observa sólo el violento desenlace del enfrentamiento, los motivos son atribuidos a la feroz interna que existe en el sindicato a raíz de las profundas diferencias entre Hugo y Pablo Moyano, quien permanece fuera del gremio, pero ejerce una fuerte influencia entre dirigentes que le responden.

En ese marco de puja interna, los último movimientos de Moyano padre habrían extremado las tensiones: semanas atrás fueron echados del gremio dos dirigentes, Claudio Balazic y Paulo Villegas, apuntados en una estafa al hotel que administra camioneros en Mar del Plata.

Balazic y Villegas son cercanos a Marcelo “Feucho” Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, alguien que mantiene una fluida relación con Pablo Moyano y a quien sus rivales involucraron en el caso del hotel marplatense, en donde la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, que encabeza el fiscal David Bruna, investiga un supuesto fraude por USD 10 millones.

La tensión interna se agravó a mediados de octubre cuando, como anticipó Infobae, se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un fuerte mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M.,vos también participaste”, era lo que figuraba en los papeles arrojados desde una moto en dos oportunidades.

El torneo en donde ocurrió la batalla campal es organizado por Jerónimo Moyano, el hijo menor de Hugo, quien sí se mantiene fiel a las órdenes de su padre y está distanciado de su hermano Pablo. Uno de los bandos que protagonizó la pelea salvaje en Argentino de Merlos respondería al jefe del gremio, mientras que el otro estaría alineado con “Feúcho” Aparicio y Pablo Moyano. Además, trascendió que los violentos integrarían las barras bravas de Argentino de Merlo y el sector oeste de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

Pablo Moyano se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros. Adentro del gremio sospechan que, más allá de la denuncia judicial en Mar del Plata, los despidos de Balazic y Villegas podrían responder a una estrategia de Hugo Moyano para neutralizar una supuesta maniobra en favor de su hijo.

En estos últimos días, para colmo, aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense, que no llevan firma, pero volvieron a poner al desnudo el enfrentamiento interno de Camioneros.

La filmación, publicada en el sitio Infogremiales, ratifica el clima de enfrentamiento interno que atraviesa el sindicato que lidera Hugo Moyano, en el que hoy se mezclan su pelea con Pablo Moyano, la jugada para desgastar a Aparicio y la causa judicial por una supuesta estafa por US$ 10 millones en el hotel sindical de Mar del Plata, que derivó en el despido de varios dirigentes.

“A esta gente que está haciendo daño, que está intentando boicotear desde adentro, tanto como a la recolección como al sindicato entero, quiero dejar un mensaje de parte del cuerpo de delegados de Ashira: que no nos olvidamos y que no esperen que si de la otra vereda no están tirando piedras, no siempre vamos a poner la otra mejilla; identificados están los traidores y, tarde o temprano, los traidores se tendrán que hacer cargo y los traidores pagarán su culpa, muchachos”, dijo el representante sindical de una de las empresas de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires.

Hubo otra mención que resultó sugestiva: “Que quede claro, muchachos: un dirigente sin su gente no es nada. Cuando tenés que renunciar a ir a las marchas porque no te quiere nadie, la gente te está diciendo que ya tu momento pasó”, afirmó. ¿A qué sindicalista se estaba refiriendo exactamente este delegado de Ashira?

La rebelión interna parece haberse instalado en Camioneros luego de que hace una semana, como anticipó Infobae, frente a la sede del sindicato fueron arrojados volantes con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”.

Esa acción es atribuida a la feroz pelea desatada en el sindicato de Moyano a partir de la denuncia judicial por una presunta estafa de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre que posee Camioneros en Mar del Plata.

La presentación ante la Justicia la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y el caso es investigado actualmente por la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna, y se centra en supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

Esa fue el motivo por el cual Hugo Moyano echó a principios de mes a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic, y se mencionaban también dos despidos más, pero uno de los apuntados en las versiones, Alejandro Vanati, era el segundo de Balazic y ahora quedó en su reemplazo.

En medio de los rumores de desplazamientos también quedaron involucrados Aparicio, conocido por su apodo de “Feúcho”, y Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes, aunque ninguno de los dos finalmente fue despedido. “Por ahora”, dijo una alta fuente de Camioneros hace dos semanas y luego comenzó la volanteada contra Aparicio con el aparente fin de desgastarlo involucrándolo en la supuesta estafa que se investiga en Mar del Plata.

Aparicio es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe del sindicato le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

Ahora, a las asambleas en donde surgieron discursos de delegados en su favor también se sumaron publicaciones en las redes sociales de trabajadores de la rama de recolección de residuos (la más importante del gremio) para defender al dirigente que está en la mira.

En la interna de Camioneros, le atribuyen la campaña contra Aparicio a José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, aunque otros dirigentes lo desmintieron y aseguraron que “hay que buscar al responsable mucho más arriba”.

El malestar interno se agravó además porque algunos dirigentes de Camioneros se sintieron “desprotegidos” por el líder de la organización ante la denuncia judicial presentada en Mar del Plata por una supuesta estafa.

Los dirigentes echados del sindicato serían estrechos allegados a Pablo Moyano: hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor de su hijo mayor, que hoy está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

Algunos sindicalistas, en cambio, afirmaron que la persona que estaría detrás de estos despidos en Camioneros sería la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien, enemistada con Pablo Moyano, tendría cada vez más poder en la interna del gremio, además de mantener su fuerte influencia porque controla Iarai una empresa que se ocupa del gerenciamiento de las dos obras sociales del sindicato, con una fuerte crisis financiera que jaquea la atención médica.

La dura interna del Sindicato de Camioneros se incrementó en las últimas horas: a la volanteada contra Marcelo “Feúcho” Aparicio, el número 3 del gremio, se sumaron reproches de algunos dirigentes que se sintieron “desprotegidos” por el líder de la organización ante la denuncia judicial presentada en Mar del Plata por una supuesta estafa por unos 10 millones de dólares.

El creciente clima de desconfianza y de temor por los coletazos de la presentación ante la Justicia de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se multiplica porque hay quienes relacionan este caso con la pelea del jefe sindical con su hijo Pablo.

A principios de mes, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic. Luego, según trascendió, habría apartado al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente del que nunca pudo confirmarse su nombre, pero las versiones pusieron en la mira a Aparicio y Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes.

Los dirigentes echados del sindicato serían estrechos allegados a Pablo Moyano: hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor de su hijo mayor, que hoy está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

En medio de los despidos en el gremio, las sospechas y las acusaciones cruzadas, de todas formas, avanza la investigación judicial que expone una presunta estafa de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre que posee el Sindicato de Camioneros en Mar del Plata.

La investigación, actualmente en manos de la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal David Bruna, se centra en supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

“La causa está en pleno trámite, se ha recolectado prueba, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y lo próximo sería la pericia contable”, dijo a Infobae una fuente judicial.

Aunque trascendió que el Sindicato de Camioneros estaba por designar un perito de parte en la causa, en el ámbito judicial aún no tienen noticias al respecto: “Pueden ponerlo, pero todavía no hay ningún contador que se haya presentado en el expediente", aseguraron.

En el sindicato afirmaron que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figurarían cheques firmados por los directivos desplazados.

El hotel 15 de Diciembre, un edificio de 12 pisos ubicado en Santa Fe 2373, fue inaugurado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero actualmente está cerrado para hacer reformas, según se informó de manera oficial.

La tensión en Camioneros por la interna y la causa judicial se hizo visible hace una semana, como anticipó Infobae, cuando volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” fueron arrojados desde una moto frente a la sede sindical.

Aparicio, apodado “Feúcho”, es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y, pese a su cercanía histórica con Pablo Moyano, cuenta con la confianza de Hugo Moyano, quien lo designó para resolver conflictos complejos como los de Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque mantiene su cargo en el sindicato, la presencia de Aparicio en su oficina se ha reducido por problemas de salud. Su última aparición pública fue el 11 de septiembre, cuando Camioneros firmó una paritaria con un aumento del 3,3% en tres tramos para un período de seis meses, desde septiembre hasta febrero de 2026.

En esa ocasión, testigos en la Secretaría de Trabajo observaron cómo Aparicio manifestaba a viva voz su descontento por el acuerdo salarial, que consideraba insuficiente y que fue impulsado por Hugo Moyano, quien supervisó las negociaciones a distancia.

La feroz interna en el Sindicato de Camioneros sigue acumulando capítulos que confirman un conflicto que se va profundizando cada vez más, con la pelea entre Hugo y Pablo Moyano como telón de fondo.

A principios de mes, el líder sindical echó a 3 o 4 dirigentes por supuestas irregularidades en el manejo de fondos gremiales y ahora se produjo otro episodio que revela la tensión interna: este lunes se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Marcelo Aparicio, secretario Gremial de la organización y uno de los dirigentes que estaría en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, era lo que figuraba en los papeles arrojados desde una moto en dos oportunidades.

Aparicio, conocido por su apodo de “Feúcho”, es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe del sindicato le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

El mensaje contra Aparicio parece aludir a una denuncia judicial sobre un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata, que derivó en el despido de 3 o 4 dirigentes allegados a Pablo: Paulo Villegas, secretario Tesorero; Claudio Balazic, secretario Administrativo; Alejandro Vanati, prosecretario Administrativo, y otro dirigente del que nunca pudo confirmarse su nombre, aunque en su momento trascendió que podría tratarse de Aparicio o de Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística y uno de los soldados más fieles de Pablo Moyano.

La imagen de Borda se hizo célebre en enero de 2023 cuando, como fuerza de choque de Pablo Moyano, entró con actitud intimidatoria al centro de distribución de un supermercado para “fiscalizar” el cumplimiento del plan Precios Justos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y en 2021 estuvo piloteando junto al hijo de Moyano el bloqueo al centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, en La Matanza, para reclamar por el encuadramiento de 1.200 trabajadores afiliados a la Unión de Carga y Descarga que lidera el barrionuevista Daniel Vila.

Sin embargo, pese a las versiones insistentes, Aparicio y Borda no fueron separados de sus cargos, según confirmaron hace 10 días tres fuentes distintas, aunque una de ellas hizo una aclaración: “Por ahora”.

La denuncia judicial, que abrió una investigación liderada por el fiscal marplatense Carlos David Bruna, la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y apuntaría a dirigentes y al gerente del hotel por una supuesta estafa que superaría los 10 millones de dólares, según consignó el diario La Nación.

Hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a algunos “soldados” de Pablo como Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor del díscolo hijo, que actualmente está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

¿Se enteró Hugo de que los “pablistas” estaban planificando (y financiando) el “operativo retorno” al gremio del Moyano más duro? Es una versión incomprobable que circuló de manera veloz en esas horas en que la “razzia camionera” estaba a pleno.

Algunos aliados de Hugo Moyano deslizaron que la furia del líder sindical fue alentada por su esposa, Liliana Zulet, ante algunas señales “preocupantes” que siguieron al éxito futbolístico que logró Pablo: que Deportivo Camioneros ascendiera a la Primera B Metropolitana. Que se trató, en realidad, del segundo ascenso de categoría conseguido en 8 meses.

Para los malpensados del mundo sindical, un factor clave para los repentinos logros del club fue el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reconciliado con Pablo Moyano tras la pelea político-sindical-familiar de la que participó también el líder de Camioneros, su ex suegro, con el que aún sigue peleado.

¿Sospecha Zulet que “Chiqui” inclinó la cancha en favor de Deportivo Camioneros para tratar de perjudicarlo a su esposo? Lo cierto es que la mujer de Hugo Moyano, según aliados del líder sindical, imagina que Pablo quiere mostrar una “gestión exitosa” en el fútbol para jaquear el liderazgo de su padre en el gremio. Otra versión incomprobable que también circuló profusamente en las últimas horas.

Hasta el momento, Aparicio y Borda se mantienen en sus puestos. “Feúcho” tiene un papel clave en la estructura y logró surfear la pelea entre Hugo y Pablo sin tomar partido por ninguno, aunque aseguran que va menos a su oficina porque tiene problemas de salud.

Su última aparición fue el 11 de septiembre pasado, cuando Camioneros firmó la paritaria más alineada con el Gobierno (3,3% en tres tramos que rige durante 6 meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026). En los pasillos de la Secretaría de Trabajo hay quienes vieron cómo Aparicio, molesto, no disimulaba sus quejas contra el aumento salarial “a la baja” impulsado por su jefe máximo, que monitoreaba todo a distancia. Nunca había sucedido algo semejante.

Para algunos de sus colegas, Hugo Moyano está encaminado a promover a Octavio Argüello como su eventual heredero en Camioneros. Quiere que siga en el triunvirato de la CGT y dio claras señales hacia adentro del gremio de que tiene toda su confianza. ¿Los desplazamientos de dirigentes responden al objetivo de allanar el terreno para la sucesión?

Por ahora, Pablo se mantiene recluido en el fútbol y Hugo, además de encumbrar a Argüello, privilegia a otros de sus hijos como “Huguito”, el abogado, a quien le consiguió una candidatura a diputado nacional por Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre, y a Jerónimo, el menor de la familia, a quien prepara para que pueda ascender en el escalafón sindical.

Este favoritismo debe enfurecer a Pablo, que todavía dialoga con “Huguito”, pero tiene bloqueado en su teléfono a Jerónimo (no le habla porque se lleva mal con Zulet, su mamá) y a Facundo, el otro hermano que también fue un protegido de Hugo y se animó a criticar su cercanía con el kirchnerismo.

Aunque en el sindicato hay miedo de hablar, la interna no se apaga y, peor aún, se incrementa con los despidos y la sensación de que comenzó una “caza de brujas” contra allegados a Pablo. Para los conocedores de la “patria camionera”, son signos del declive del liderazgo todopoderoso de Hugo Moyano, de 81 años, que nunca necesitó disciplinar de esta forma a su tropa.

Mientras, la guerra en el sindicato se canalizó en volantes con duras acusaciones. Nadie sabe cómo seguirá, pero sí se sabe algo: no se detendrá.

Hugo Moyano estuvo presente esta mañana en el congreso de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) para renovar sus autoridades, en un gesto que grafica el poder interno que logró extender: Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, será secretario adjunto y su hijo Hugo Antonio fue designado secretario de Relaciones Institucionales.

Al frente de la CATT fue reelegido una vez más Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quien había amagado con no continuar en el puesto, pero finalmente accedió a partir de un acuerdo entre los máximos dirigentes del transporte, que le pidieron que siguiera al frente de una conducción remozada, que profundizará su perfil opositor al Gobierno.

La nueva comisión directiva, anticipada por Infobae, fue elegida en el congreso de la CATT, que deliberó durante unas tres horas en su sede de la avenida Jujuy 1074, con la presencia de 78 congresales que representan a 25 de sus 30 sindicatos.

Schmid y la nueva comisión directiva asumirán formalmente en un acto que se realizará este jueves en el salón Felipe Vallese de la CGT, en Azopardo 802, donde el discurso del reelegido líder de la CATT anticipará la estrategia de la confederación.

En la Secretaría Gremial de la CATT, el tercer puesto en importancia, fue elegido Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Es un lugar estratégico que los gremios del transporte negocian también para que este dirigente ocupe en la CGT que se elegirá el 5 de noviembre próximo.

Además, en la comisión directiva de la CATT se incorporaron gremios kirchneristas para reforzar la ofensiva contra la administración de Javier Milei: la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza Edgardo Llano, y los Metrodelegados, dirigidos por Beto Pianelli y Néstor Segovia.

Estos sindicatos están en una mayor sintonía política con Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien continuará otro mandato como secretario del Interior de la CATT.

La mayor incidencia de Hugo Moyano en la estructura de la CATT tiene varias lecturas de importancia política y sindical. De esta forma reemplaza con un papel protagónico el rol que antes desempeñaba su hijo Pablo, quien en noviembre pasado renunció a la CGT y también se alejó de la entidad del transporte.

El líder de Camioneros logró ahora que Omar Pérez, uno de sus alfiles, secunde a Schmid al frente de la CATT y que su hijo Hugo Antonio, abogado laboralista y candidato a diputado nacional, sea el nuevo secretario de Relaciones Institucionales, cargo que antes tenía Raúl Durdos (SOMU), y que ahora, según se espera, tendrá un mayor nivel de exposición.

Para no quedaran dudas de su fuerte compromiso con la flamante estructura de la CATT, Moyano se sentó en la mesa que presidió el congreso junto con Pérez y con su hijo Jerónimo, dirigente de Camioneros.

La nueva cúpula de la confederación del transporte, sin embargo, no sumó finalmente a un adversario interno como Omar Maturano (La Fraternidad), posibilidad sobre la que se había avanzado en algunas charlas, pero que se frustró porque el dirigente ferroviario declinó la propuesta y seguirá liderando la entidad rival de la CATT, la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Los líderes sindicales del transporte forman parte del ala dura de la CGT y no comparten la postura del sector mayoritario de mantener una tregua sin medidas de fuerza para priorizar el diálogo.

Se espera que con la incorporación de gremios más intransigentes ahora se consolide y se profundice la posición ultraopositora contra Milei que viene desarrollando la CATT.

Dentro de 30 días será consagrada la nueva CGT, pero este lunes tendrá lugar la otra gran elección de una entidad sindical poderosa: la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) renovará sus autoridades con la ratificación de su líder actual y la incorporación de gremios kirchneristas para reforzar la ofensiva contra el Gobierno.

En el congreso de la CATT, que se realizará desde las 9 en la sede de la avenida Jujuy 1074, no habrá cambios en la jefatura: aunque había amagado con no seguir en el cargo, será reelegido Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) como su titular.

La principal novedad se producirá en el resto de la grilla de autoridades, definida mediante un acuerdo entre los máximos dirigentes: la Secretaría Adjunta quedará en manos de Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, en un ascenso que le dará más protagonismo al gremio conducido por Hugo Moyano.

El otro cambio clave que habrá en la CATT es que al frente de la estratégica Secretaría Gremial (que hasta ahora fue de Camioneros) será designado el ascendente Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Lo que está definido, además, es la incorporación en la estructura de la confederación del transporte de sindicatos de impronta kirchnerista como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza Edgardo Llano, y los Metrodelegados, dirigidos por Beto Pianelli y Néstor Segovia.

Estos gremios están en una mayor sintonía política con Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien este lunes retendrá el puesto de secretario del Interior de la CATT.

La nueva cúpula de la confederación del transporte, sin embargo, no sumará finalmente a un adversario interno como Omar Maturano (La Fraternidad), posibilidad sobre la que se había avanzado en algunas charlas, pero que se frustró porque el dirigente ferroviario declinó la propuesta y seguirá liderando la entidad rival de la CATT, la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Está previsto que Schmid y la nueva comisión directiva asuman formalmente en un acto que se realizará este jueves en el salón Felipe Vallese de la CGT, en Azopardo 802, donde el discurso del reelegido líder de la CATT anticipará la estrategia de la confederación.

Los líderes sindicales del transporte forman parte del ala dura de la CGT y no comparten la postura del sector mayoritario de mantener una tregua sin medidas de fuerza para priorizar el diálogo.

Por eso se espera que, con la incorporación de gremios más intransigentes como APA y los Metrodelegados, se consolide y se profundice la posición ultraopositora contra Milei que viene desarrollando la CATT.

En la confederación del transporte ya no está el dialoguista Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quien renunció en noviembre de 2024 cuando una veintena de gremios de la CATT, encabezados por Schmid, Brey, Biró y Pablo Moyano (Camioneros), entre otros, convocaron por su cuenta a una reunión de la CATT para definir una actitud más dura hacia el Gobierno.

Esos mismos dirigentes, dos meses antes, se habían apartado de la CATT para lanzar la Mesa Nacional del Transporte, de sesgo combativo, con sindicalistas de la UGATT como Maturano y Mario Calegari (UTA).

Desde allí, lanzaron un paro de 24 horas que se iba a hacer el 17 de octubre y luego pasó al 30 de ese mes. La medida de fuerza marcó una radicalización de esos gremios, pero, aunque sumaron a otros sectores como piqueteros y estatales, no lograron que se convirtiera en un paro general. En mucho incluyó que no hayan adherido los colectiveros de la UTA, que convocaron a un paro propio de 24 horas que finalmente fue levantado porque alcanzaron un acuerdo salarial.

Sin embargo, la Mesa del Transporte se desarticuló a mediados de noviembre luego de que trascendió el discurso que dio Maturano en un plenario de La Fraternidad, en Santiago del Estero, en el que anticipó que esa estructura sindical “se va a desarmar, no por nosotros, sino por otros sindicatos que no tienen historia ni tienen lucha, son pilotos de avión, aeronavegantes, que no conocen el verdadero sindicalismo ni la verdadera pobreza”.

Por eso los dirigentes del transporte que habían creado la Mesa se reagruparon en la CATT y desde allí intensificaron una línea más dura contra el Gobierno. Incluso Schmid, Brey y Omar Pérez, entre otros, se unieron a las dos CTA y a los movimientos sociales para crear el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, una expresión multisectorial radicalizada que marchó contra el ministro Federico Sturzenegger, instaló 30 ollas populares en Plaza Constitución y se movilizó en favor de la paz en Gaza y contra “el alineamiento de Milei con Israel y Estados Unidos”.

Ahora, con la CATT renovada y con refuerzos provenientes del kirchnerismo, los gremios del transporte buscarán frenar los planes desregulatorios y privatizadores del Gobierno en el sector y, en paralelo, negocian para tener cargos más importantes en la futura CGT: Brey, por ejemplo, podría ser secretario Gremial de la central obrera.

Hace una semana, Hugo Moyano y su hijo Pablo hablaron dos horas a solas en un lugar que no era el mejor para ese encuentro cara a cara (que no tenían desde el 9 de julio), pero fue el único posible: una sala de sepelios de la calle Tacuarí al 400 donde velaron a Olga Beatriz Mariani, ex esposa del líder de Camioneros y madre de Pablo, Karina, Paola y Emiliano Moyano.

¿Le habrá anticipado el papá a su hijo mayor lo que iba a hacer en las siguientes horas? Lo que hizo ya es público y causó conmoción en el ámbito sindical, político y empresarial: Hugo Moyano echó del gremio a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic. Luego, según trascendió, habría apartado al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente, aunque nunca pudo confirmarse su nombre.

Las versiones eran inquietantes: adentro de Camioneros hablaban del despido del número 3 de la estructura gremial, Marcelo “Feúcho” Aparicio, o de Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes del sindicato.

El rumor era explosivo: Aparicio es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe sindical le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

La imagen de Borda, por su parte, se hizo célebre en enero de 2023 cuando, como fuerza de choque de Pablo Moyano, entró con actitud intimidatoria al centro de distribución de un supermercado para “fiscalizar” el cumplimiento del plan Precios Justos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Es el mismo que quedó en el centro de la atención el 21 de septiembre de 2023 tras liderar el ingreso violento de 45 integrantes del sindicato a la empresa Milo, ubicada en Avellaneda, donde agredieron al propietario y dejaron heridas a 6 personas.

El ataque fue captado por las cámaras de seguridad y la jueza de garantías de Avellaneda Estela Carmen Mollo solicitó su detención, pero la investigación judicial se estancó después de que no fue encontrado en el allanamiento a su domicilio ya que había salido poco antes a una supuesta reunión sindical en Tandil. Pese a las pruebas, la causa no registró avances y la magistrada dejó de impulsar el expediente.

Además, en 2021, “Chucky” Borda estuvo piloteando junto a Pablo Moyano el bloqueo al centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, en La Matanza, para reclamar por el encuadramiento de 1.200 trabajadores afiliados a la Unión de Carga y Descarga que lidera el barrionuevista Daniel Vila.

Sin embargo, pese a las versiones insistentes, Aparicio y Borda no fueron separados de sus cargos, según confirmaron a Infobae tres fuentes distintas, aunque una de ellas hizo una aclaración: “Por ahora”.

En medio del hermetismo y de la incertidumbre, trascendió que los desplazamientos que sí se concretaron estuvieron vinculados con una denuncia judicial sobre un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

La denuncia la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y apuntaría a dirigentes propios y al gerente del hotel por una supuesta estafa que podría superar los 10 millones de dólares, según consignó el diario La Nación.

“Es muy rara esa causa porque el hotel trabajaba a pérdida y era imposible desviar fondos sin que estallara el escándalo mucho antes”, dijo un allegado al mundo camionero que no cuenta todo lo que sabe.

“Además -continuó-, ¿por qué expulsar de sus cargos a dirigentes si aún está en desarrollo la investigación judicial y no se sabe si son culpables".

Hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a algunos “soldados” de Pablo como Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor del díscolo hijo, que actualmente está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

¿Se enteró Hugo de que los “pablistas” estaban planificando (y financiando) el “operativo retorno” al gremio del Moyano más duro? Es una versión incomprobable que circuló de manera veloz en esas horas en que la “razzia camionera” estaba a pleno.

Algunos aliados de Hugo Moyano deslizaron que la furia del líder sindical fue alentada por su esposa, Liliana Zulet, ante algunas señales “preocupantes” que siguieron al éxito futbolístico que logró Pablo: que Deportivo Camioneros ascendiera a la Primera B Metropolitana. Que se trató, en realidad, del segundo ascenso de categoría conseguido en 8 meses.

Para los malpensados del mundo sindical, un factor clave para los repentinos logros del club fue el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reconciliado con Pablo Moyano tras la pelea político-sindical-familiar de la que participó también el líder de Camioneros, su ex suegro, con el que aún sigue peleado.

¿Sospecha Zulet que “Chiqui” inclinó la cancha en favor de Deportivo Camioneros para tratar de perjudicarlo a su esposo? Lo cierto es que la mujer de Hugo Moyano, según aliados del líder sindical, imagina que Pablo quiere mostrar una “gestión exitosa” en el fútbol para jaquear el liderazgo de su padre en el gremio. Otra versión incomprobable que también circuló profusamente en las últimas horas.

Hasta el momento, Aparicio y Borda se mantienen en sus puestos. “Feúcho” tiene un papel clave y logró surfear la pelea entre Hugo y Pablo sin tomar partido por ninguno, aunque aseguran que va menos a su oficina porque tiene problemas de salud.

Su última aparición fue el 11 de septiembre pasado, cuando Camioneros firmó la paritaria más alineada con el Gobierno (3,3% en tres tramos que rige durante 6 meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026). En los pasillos de la Secretaría de Trabajo hay quienes vieron cómo Aparicio, molesto, no disimulaba sus quejas contra el aumento salarial “a la baja” impulsado por su jefe máximo, que monitoreaba todo a distancia. Nunca había sucedido algo semejante.

Para algunos de sus colegas, Hugo Moyano está encaminado a promover a Octavio Argüello como su eventual heredero en Camioneros. Quiere que siga en el triunvirato de la CGT y dio claras señales hacia adentro del gremio de que tiene toda su confianza. ¿Los desplazamientos de dirigentes responden al objetivo de allanar el terreno para la sucesión?

Por ahora, Pablo se mantiene recluido en el fútbol y Hugo, además de encumbrar a Argüello, privilegia a otros de sus hijos como “Huguito”, el abogado, a quien le consiguió una candidatura a diputado nacional por Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre, y a Jerónimo, el menor de la familia, a quien prepara para que pueda ascender en el escalafón sindical.

Este favoritismo debe enfurecer a Pablo, que todavía dialoga con “Huguito”, pero tiene bloqueado en su teléfono a Jerónimo (no le habla porque se lleva mal con Zulet, su mamá) y a Facundo, el otro hermano que también fue un protegido de Hugo y se animó a criticar su cercanía con el kirchnerismo.

Aunque en el sindicato hay miedo de hablar, la interna no se apaga y, peor aún, se incrementa con los despidos y la sensación de que comenzó una “caza de brujas” contra allegados a Pablo. Para los conocedores de la “patria camionera”, son signos del declive del liderazgo todopoderoso de Moyano, que nunca necesitó disciplinar de esta forma a su tropa.

Hay un dato de la intimidad que simboliza lo que pasa entre papá e hijo en Camioneros. Cuando todos los días se mira en el espejo, Pablo ve invariablemente el rostro de Hugo: tiene su imagen tatuada en el pecho. Imposible de borrar. Como la feroz pelea familiar.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial del 2,5% para el bimestre septiembre-octubre, en otro gesto de alineamiento con la pauta del Gobierno.

El acuerdo, rubricado por el sindicato que lidera Gerardo Martínez y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), consiste en una mejora del 1,3% para septiembre y del 1,2% para octubre, además de un incremento en los bonos.

Ese aumento llevará ese rubro a estos montos: el ayudante pasará de 40.000 pesos a 61.800 pesos; el medio oficial, de 42.000 pesos a 64.900 pesos; el oficial, de 46.000 pesos a 71.000 pesos y el oficial especializado, de 48.000 pesos a 74.200 pesos.

La paritaria de la UOCRA se firmó después de otro aumento salarial que tranquilizó al Gobierno: el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, acordó un incremento del 3,3% en tres tramos para el período septiembre-febrero.

El convenio, anunciado mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, prevé un aumento del 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez en septiembre, que se incorporará al salario básico como $22.000 a partir de octubre.

En palabras de la cartera dirigida por Pettovello, “este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Algunas negociaciones recientes, como la del Sindicato de Sanidad, superaron el techo oficial sin que ello impidiera su homologación. A principios de septiembre, el gremio liderado a nivel nacional por Héctor Daer y en la filial Buenos Aires por Javier Pokoik acordó un aumento del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, distribuido en tres tramos de 1,9%, 1,7% y 1,6%, junto con sumas no remunerativas de $60.000 para cada mes.

La confianza en la aprobación oficial se basó en antecedentes como la paritaria anterior, firmada el 25 de junio, que incluyó un alza del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos del 1,5%, más sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 para cada mes. Aunque en un principio se preveía que el acuerdo no sería homologado por exceder la pauta oficial, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, firmó la convalidación el 15 de julio pasado, tras constatar que las empresas del sector salud no trasladaron el aumento a las cuotas de los usuarios.

Como anticipó Infobae, algunas de las últimas negociaciones salariales cerradas se apartan de la pauta oficial de aumentos del 1% mensual fijada por el Ministerio de Economía, aunque el Gobierno se muestra más flexible respecto del acatamiento del tope oficial y evalúa los acuerdos a la luz de algunos ítems que habilitan o no su homologación.

La actual disposición del Gobierno a convalidar acuerdos salariales por encima del 1% mensual responde, según los dirigentes sindicales, a la coyuntura electoral y a la necesidad de acompañar la recuperación del poder adquisitivo en determinados sectores, en un contexto de inflación descendente.

No obstante, cada convenio salarial es sometido a un análisis minucioso por parte de los funcionarios de Economía y Trabajo, quienes evalúan si los incrementos guardan relación con mejoras en la productividad y si no generarán presiones adicionales sobre los precios, condiciones consideradas indispensables para la homologación de las paritarias.

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sigue tomando medidas drásticas: ya echó a dos dirigentes de su comisión directiva y ahora desplazó a otros dos, en medio de inquietantes versiones sobre supuestos manejos irregulares de fondos del gremio.

A comienzos de esta semana, el jefe sindical alejó de sus puestos al secretario Administrativo de Camioneros, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego apartó al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente.

No están claros los motivos de esta decisión porque hay mucho hermetismo, pero trascendió que los despidos estarían vinculados con una denuncia judicial que investiga un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

La investigación judicial, según el diario La Nación, se inició el 12 de septiembre a partir de una denuncia presentada en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna.

Dicen que el administrador del hotel fue expulsado del sindicato y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados.

Simultáneamente, Camioneros comunicó el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”.

Inicialmente circularon rumores de que los traumáticos cambios obedecían al encumbramiento de Octavio Argüello en el sindicato (¿se encamina a ser el heredero elegido por el líder de 81 años?), para lo cual había que apartar a algunos integrantes del secretariado más cercanos a Pablo Moyano o sospechados de proveerle de fondos del gremio para su gestión en el club Deportivo Camioneros.

Incluso se comentaba que la verdadera inspiradora de los despidos fue la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien, enemistada a muerte con el hijo mayor de su marido, quería borrar de la grilla sindical a quienes habrían permitido que el club presidido por Pablo se convirtiera en “una vidriera de una buena gestión”: el sábado pasado, Deportivo Camioneros obtuvo el campeonato de fútbol en la Primera C y de esa forma ascendió a la Primera B Metropolitana.

Las versiones en danza responden a la feroz interna que desató en Camioneros desde fines de 2021, cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, que se encarga de su gerenciamiento.

Por eso Hugo Moyano desplazó a Pablo de la secretaría adjunta de la Federación de Trabajadores Camioneros en diciembre de 2021 y designó en su lugar a Jorge Taboada, de Chubut. El díscolo hijo retuvo la secretaría adjunta del sindicato de Capital y Buenos Aires, pero el enfrentamiento con su papá hizo que dejara de ir a su oficina y se dedicara a pleno a la presidencia del club Deportivo Camioneros.

El líder del sindicato, por su parte, reemplazó a su hijo en la CGT con un dirigente de confianza como Argüello y él mismo se sumó a la mesa chica cegetista, mientras fue apartando en Camioneros a dirigentes de distintas ramas que respondían a su hijo.

En el Comité Central Confederal de la CGT, realizado el 18 de septiembre pasado, Hugo Moyano le dedicó una áspera frase a Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en alusión a Argüello).

A algunos les pareció un mensaje hacia la interna del sindicato, donde el jefe gremial promovió a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

Hoy, Hugo Moyano afronta el duro desafío de recomponer su liderazgo, desarticular a los sectores que pugnan por el regreso de Pablo y, ahora, dejar a salvo su propia figura del eventual escándalo que desataría la causa judicial en Mar del Plata.

Hugo Moyano está más activo que nunca. A los 81 años, el líder del Sindicato de Camioneros desafía a los que quieren jubilarlo anticipadamente con fuertes jugadas que está haciendo en varios frentes decisivos.

Por un lado, presiona a sus colegas de la CGT para mantener en el futuro triunvirato a Octavio Argüello o ubicar a su hijo Jerónimo, como secretario de Juventud de la central obrera que se elegirá el 5 de noviembre, mientras, por otro, desplazó a dos dirigentes de Camioneros por motivos que estarían vinculados con la feroz interna de su gremio.

Lo “peor” que le pasó en los últimos días, sin embargo, es haber tenido que festejar un resonante triunfo de su hijo Pablo, con quien sigue peleado desde que se enfrentaron en 2021 por el papel de una empresa de su esposa Liliana Zulet en el gerenciamiento de la obra social. Es que el sábado pasado salió campeón el club Deportivo Camioneros en la Primera C y de esa forma ascendió a la Primera B Metropolitana. Esa entidad deportiva está presidida por Pablo Moyano, actividad a la que se dedica a tiempo completo desde que renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato.

El equipo de fútbol Pablo le ganó por 3 a 1 a Ituzaingó en el estadio Hugo Moyano y en su formación jugaron dos de sus hijos, Facundo y Nicolás. Logró de esta manera ascender dos categorías en once meses. Y le está yendo mucho mejor en este club que cuando con su papá presidieron Independiente, al que dejaron con millonarias deudas y pésimos resultados deportivos.

En las redes sociales, el hijo mayor del líder de Camioneros celebró el campeonato ganado desde un video en el que incluyó también un mensaje político. “Esto nos da más fuerza en la parte deportiva en año que viene y nos da más fuerza para seguir confrontando a un gobierno gorila que tanto daño está haciendo al país, a los trabajadores, a los jubilados y a los discapacitados”, afirmó.

Propuso a continuación “seguir peleando, luchando y militando para que el peronismo vuelva a ganar el 26 de octubre y que en 2027 tengamos un compañero o compañera al frente del país para empezar a darle soluciones a todos los argentinos”.

Mientras Pablo Moyano celebraba, su papá llevaba adelante sus jugadas en la CGT y en Camioneros para no ceder posiciones y reforzar su poder.

En las negociaciones para la futura central obrera, que se elegirá el 5 de noviembre, Hugo Moyano apuesta a que Argüello, uno de sus dirigentes de confianza, siga en el próximo triunvirato, aunque esta posición choca con la que mantienen sus aliados en la CGT (“Gordos” e independientes), que promueven a sindicalistas más jóvenes como Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (seguros) para integrar el esquema de 3 cotitulares.

El indicio más claro lo dio el propio líder de Camioneros cuando habló el 18 de este mes ante el Comité Central Confederal de la CGT y elogió en sugestivos términos a su representante en el triunvirato: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero (por Argüello), pero quiero decir algo que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Los conocedores de la interna gremial dicen que Hugo Moyano decidió el respaldo a Argüello luego de haber desistido de impulsar a su hijo menor, Jerónimo, para que sea secretario de la Juventud de la CGT, cargo que hoy ocupa Sebastián Maturano (La Fraternidad).

Sus aliados de la alianza “Gordos”-independientes no están de acuerdo y advierten: “A Hugo ya le pagamos bien apoyando a su hijo Huguito para que sea candidato a diputado nacional en estas elecciones, así que debería conformarse con otro puesto en la CGT”.

Algunos dirigentes interpretan, en cambio, que Moyano presiona ahora por Argüello en el nuevo triunvirato sólo para lograr la Secretaría de la Juventud para Jerónimo, que está muy disputada: el hijo de Omar Maturano aspira a seguir en ese lugar y desde el barrionuevismo postularían a Gustavo Vila, el hijo de Daniel Vila, líder del gremio de Carga y Descarga.

En estos días se intensificarán las tratativas entre los sectores sindicales para diseñar la nueva CGT, pero todo indica que Moyano dará pelea para mantener a Argüello o bien para nombrar a su hijo menor.

Mientras, el jefe de Camioneros hizo una maniobra en los últimos días que se asocia con su interna: desplazó a dos dirigentes de la comisión directiva del sindicato: el secretario Administrativo, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas.

No está tan claro el porqué de la decisión, aunque fuentes que conocen la “patria camionera” deslizan que podría estar relacionada con maniobras en favor del club Deportivo Camioneros.

Según esta versión, que circula con insistencia, el detonante habría sido la supuesta crítica de Zulet hacia los dirigentes que habrían permitido que el club presidido por Pablo Moyano se convierta “en una vidriera de lo que es una buena gestión”.

No son los únicos movimientos en Camioneros. También aseguran que estaría pasando un mal momento un dirigente clave dentro de la estructura moyanista que en su momento estuvo alineado con Pablo: se trata del secretario de la Rama de Recolección del sindicato, José “Teta” Garnica.

Ya en noviembre pasado, Garnica estuvo en la mira porque lo acusaron de no haber contenido a los trabajadores de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires que promovieron asambleas en algunas empresas, sin el aval de los delegados, para protestar a los gritos y entre insultos por el acuerdo alcanzado entre Hugo Moyano y el gobierno de Jorge Macri por el cual no se pagaron indemnizaciones a los 6.000 empleados de la actividad.

Ese entendimiento marcó el final de la llamada “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros lograba desde 1998 que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

El problema comenzó cuando Pablo Moyano, fiel a su estilo confrontativo, había advertido meses antes del acuerdo que “cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la Ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”, pero eso no sucedió por el entendimiento entre el gremio y el Gobierno porteño y, llamativamente, nadie se los anunció a tiempo a los trabajadores del sector, muchos de los cuales ya habían gastado a cuenta pensando en el resarcimiento económico que les correspondía.

Por eso los gritos de “Pablito traidor” en boca de trabajadores de una empresa de CABA abrieron un conflicto inédito en donde Garnica finalmente encontró protección en Hugo Moyano. Pero ahora habría perdido posiciones en la interna de Camioneros y el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, lo estaría marginando para favorecer al ascendente Ariel Cimino, delegado de Recolección de Residuos.

Por ahora, ya desentendido de este complejo juego de poder e intrigas, el único que festeja algo en la periferia de Camioneros es un exiliado del sindicato como Pablo, alguien que terminó encontrando en el fútbol el reconocimiento que su papá le negó en el sindicalismo. O que él mismo, con su carácter explosivo y desafiante, se encargó de dilapidar.

Hugo Moyano tuvo una intervención destacada en el Comité Central Confederal de la CGT que este jueves confirmó el 5 de noviembre como fecha del congreso que elegirá nuevas autoridades cegetistas. Pero sus palabras fueron el comentario obligado de muchos de sus colegas, sobre todo, porque le dedicó una áspera frase a su hijo Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera.

Se registró a poco de comenzar su discurso, de pie y micrófono en mano, cuando el líder del Sindicato de Camioneros afirmó: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en expresa alusión a Octavio Argüello, dirigente de su sindicato que integra el triunvirato de la CGT).

La referencia a su díscolo hijo, que renunció a la central obrera el 22 de noviembre del año pasado, sonó a otro pase de facturas vinculado con la pelea entre ambos que se inició a fines de 2021 por sus diferencias sobre la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros.

A algunos gremialistas, como anticipó Infobae, les pareció también un mensaje hacia la interna del sindicato, donde Hugo Moyano fue apartando a allegados a Pablo para ubicar a gente de su confianza y promover a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación, según deslizaron a Infobae fuentes sindicales: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

“Hugo se arrepintió de proponer el ascenso de Jero. Cree que al pibe todavía le falta más rodaje antes de ir a la CGT y no quiere quemarlo”, explicó un dirigente que habla muy seguido con el líder de Camioneros.

¿Argüello podría continuar entonces en un futuro triunvirato de la CGT? Los operadores sindicales que diseñan la nueva conducción aseguraron que no será así y que el dirigente de confianza de Moyano será designado en otro cargo importante en el secretariado.

De todas formas, hubo otro tramo del discurso del jefe de Camioneros que también resultó sugestivo. Tras destacar que habló con sus colegas de la mesa chica de la CGT cómo negociar aumentos salariales que “no sean sólo el promedio que da el Gobierno sino un poquito más altos, algo que se hace con la experiencia”, dijo: “Se han dicho muchas realidades, muchas verdades, pero hay otra realidad en la que vive la sociedad. No se puede actuar de la misma forma. Perón lo decía claramente. El movimiento obrero tiene que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder porque ya el instrumento de presión no alcanza. Y esto es lo que ha logrado la CGT”.

A continuación, Moyano se pronunció en favor de que siga un triunvirato en la CGT (“creo que funcionó bien y tiene que seguir siendo así”, resaltó) y reforzó su idea de que haya unidad sindical: “Tenemos que fortalecer más a la CGT para que pueda lograr los objetivos que todos buscamos. Que el trabajo pueda ir cada día mejor. Que el trabajador tenga la dignidad que merece tener. Con ese objetivo que tenemos que mantener esta unidad, hacer un esfuerzo todos, aunque digamos las cosas que tengamos que decir, pero tratar de estar todos juntos porque un pueblo unido jamás será vencido, decía el General (por Perón). Y si lo logramos, estoy convencido de que vamos a conseguir una buena elección en el 2027″.

Su referencia crítica a Pablo Moyano hizo recordar una frase que dijo ante la mesa chica de la CGT en junio pasado, cuando el líder de Camioneros se puso al frente de la resistencia cegetista a sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner apenas fue condenada a prisión y sus dirigentes cercanos presionaban por un paro general.

Ante una decena de dirigentes, primero criticó en duros términos a la ex presidenta y a su hijo Máximo por el “destrato” al que sometieron durante años a toda la dirigencia sindical no kirchnerista. Y luego apuntó contra Cristina Kirchner por haberse apropiado del PJ y haber digitado las listas de candidatos. Destacó incluso que cuando el macrismo le allanó “25 veces” el sindicato, nadie de los K lo llamó “para ver si necesitaba algo”.

Pero lo más llamativo se produjo cuando ventiló un dato sugestivo de su interna familiar, con una frase filosa contra su hijo Pablo, quien hacía pocos días había estado reunido con la ex vicepresidenta en su departamento poco después de confirmarse su prisión domiciliaria: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”, dijo.

La lapidaria alusión a Pablo confirmó una vez más que la disputa entre padre e hijo era irreversible y que el titular de Camioneros estaba enojado por su decisión de ir a visitar a la ex presidenta y, para colmo, haberle transmitido el apoyo del gremio en forma inconsulta.

En medio de ese clima, como anticipó Infobae, la pelea familiar se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo Moyano y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan, el 17 de julio.

Los hechos no trascendieron porque había un pacto de silencio entre ambas partes que se rompió e incluso se mencionó que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores internos del Sindicato de Camioneros.

El día que marcharon por el Garrahan, ni Hugo Moyano ni Pablo estuvieron presentes, algo que podría haber propiciado el descontrol de sus simpatizantes. La violencia incluyó la persecución de un delegado fiel a Hugo por parte de manifestantes alineados con Pablo, que estuvieron a punto de pegarle. Lo salvó un alto jefe sindical que tuvo que intervenir para impedirlo.

Sin Pablo en la CGT y en su oficina en el sindicato, ya que se concentró en la presidencia del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, que juega en Primera C, Hugo Moyano reforzó su alianza con el sector dialoguista de la CGT y cultivó un perfil moderado, hasta tal punto que viene firmando acuerdos salariales que respetan los topes del 1% mensual del Gobierno. Seguramente podrá justificar su postura en el hecho de que, a diferencia de su hijo, él sí entendió que “había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”.

Una vez más, Hugo Moyano cerró un acuerdo salarial para el Sindicato de Camioneros que será un modelo del Gobierno para el resto de las paritarias: consiste en un aumento del 3,3% en tres tramos que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

Es tanta la importancia que le da la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, “reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre.

El gremio y los empresarios, se informó, acordaron reunirse otra vez en diciembre próximo para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.

“Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, destacó la cartera encabezada por Pettovello, de quien depende la Secretaría de Trabajo de la Nación.

A fines de agosto, el gremio de Hugo Moyano había exigido a los empresarios la reapertura de las negociaciones salariales para lograr una mejora que rija desde septiembre porque, según advirtió, la inflación de junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”, algo que confirmó el 1,9% registrado por el INDEC.

Además de solicitar un aumento salarial para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano explicitó su desconfianza en la medición oficial de la inflación, al destacar su ”preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos".

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros (en un universo de 100.000 afiliados, equivalió a un total de $1.850.000.000.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupa a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que negoció con el líder de Camioneros un “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo.

Ahora, con la nueva paritaria del 3,3% que se pagará en 3 tramos pero regirá durante 6 meses, Moyano se convirtió en el modelo que buscará replicar el Gobierno en otras negociaciones salariales que amenazan con recalentarse.

El mal estado de las rutas y la antigüedad del parque automotor de cargas en Argentina impactan de manera directa en los precios de los productos, la seguridad vial y la competitividad de la economía nacional. Así lo señala un análisis elaborado por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, opositor a Hugo Moyano, en el que se detalla cómo estos factores incrementan los costos logísticos y repercuten en toda la sociedad.

En el estudio se destaca que el 90% de las cargas en nuestro país se transportan en camión, lo que convierte a la red vial en un elemento clave para la economía. Sin embargo, advierte, los costos logísticos representan entre el 16% y el 17% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra superior a la de México (13%) y apenas por debajo de Brasil (18,4%), según datos del Banco Mundial. Si el país lograra reducir estos costos al nivel mexicano, de acuerdo con el sindicato, el ahorro anual podría ubicarse entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.

El informe destaca que el precio del combustible es similar al de los países vecinos: en junio de 2025, el litro de gasoil costaba 1,19 dólares en Argentina, frente a 1,10 en Brasil y 1,20 en México, según la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, la relación entre el costo del combustible y los salarios de los choferes es menos favorable en Argentina. Un camionero argentino percibe en promedio 8.500 dólares anuales, mientras que en Brasil la cifra asciende a 13.000 dólares y en México a 8.300. Llenar un tanque de 600 litros implica un gasto de 714 dólares, equivalente al 8,4% del salario anual en Argentina, frente al 5,1% en Brasil.

El deterioro de la red vial agrava la situación. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 40% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado y el 65% de los caminos rurales no son aptos para el tránsito pesado. Esta situación provoca un sobreconsumo de combustible de entre el 5% y el 15%. Por ejemplo, un viaje que debería requerir 100 litros de gasoil puede demandar hasta 115 litros, lo que se traduce en un costo adicional que se multiplica por la cantidad de viajes realizados anualmente.

La antigüedad de la flota de camiones es otro factor que incrementa los costos. En Argentina, la edad promedio de los vehículos de carga es de 15 años, frente a 11 en Brasil. Más del 66% de los camiones argentinos supera la década de antigüedad. Cada año adicional implica un 1% más de consumo de combustible y un 20% más de gastos de mantenimiento una vez superados los 10 años. En consecuencia, un camión argentino promedio consume un 4% más de gasoil que uno brasileño y enfrenta costos de mantenimiento al menos un 15% superiores. Operar un camión en Argentina resulta aproximadamente un 10% más caro que en Brasil, únicamente por la antigüedad de la flota.

Estos sobrecostos logísticos repercuten en toda la cadena productiva y comercial, destaca el informe. Los alimentos y productos básicos llegan a los supermercados con precios más altos debido a los fletes costosos, las exportaciones pierden competitividad y las pequeñas y medianas empresas deben afrontar tarifas elevadas. Además, los choferes trabajan en unidades más inseguras y desgastadas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Argentina ocupa el puesto 86 en calidad de infraestructura vial, con un puntaje de 3,6 sobre 7, por debajo del promedio internacional de 4,07.

La inseguridad vial es otro aspecto crítico que menciona el estudio de Camioneros de Santa Fe. En 2023, se registraron 4.369 muertes en accidentes de tránsito en el país, lo que equivale a un promedio de 12 personas fallecidas por día. El costo económico de la siniestralidad vial, que incluye atención médica, seguros, reparaciones, juicios y pérdida de productividad, se estima en 15.000 millones de dólares anuales.

El precio de los seguros también refleja esta situación: un seguro medio de auto cuesta 55 dólares mensuales en Argentina, mientras que en Noruega, país con rutas más seguras, el mismo seguro ajustado por poder adquisitivo costaría 17 dólares. Para los camiones, la diferencia es aún mayor: 130 dólares en Argentina contra 48 en Noruega.

El informe elaborado por Aladio subraya que invertir en infraestructura vial y en la renovación del parque automotor no sólo reduciría los costos logísticos, sino que también salvaría vidas y mejoraría la competitividad del país. Mientras Brasil y México avanzan con corredores modernos y programas de financiamiento para renovar rutas y camiones, puntualiza, Argentina enfrenta el desafío de revertir el deterioro de su infraestructura y modernizar su sistema de transporte de cargas.

Para concluir, el informe sostiene: “Invertir en rutas modernas y en la renovación del parque automotor no es un lujo: es una política que requiere una urgente decisión, que clama con la fuerza de lo impostergable. Lo que no gastamos en asfalto, lo derrochamos en gasoil. Cada peso que no invertimos en asfalto y en camiones, lo pagamos multiplicado en combustible, seguros, tiempos, accidentes y vidas perdidas”.

“En un solo año en la Argentina murieron casi tantas personas en accidentes de tránsito (4.369 en 2023) como las que perdió Estados Unidos en 8 años de guerra en Irak -resalta el estudio sindical-. Se trata de una tragedia silenciosa que mata en nuestras calles a un promedio de 12 personas por día”.

Al ser consultado sobre quién tiene la responsabilidad del cuadro que describe el estudio, Aladio aseguró a Infobae que, “hubo una deficiencia de todas las partes para llegar a esta situación, y esto no es sólo por este gobierno sino que venimos acumulando precariedad en todas las inversiones que se puedan hacer en este rubro”.

“Por eso creo que hay que buscar alternativas para resolver cómo salir de esto -agregó-. Tenemos que tratar de buscar acuerdos y consensos, donde también tiene que jugar un papel muy fuerte el sector privado, acompañando con inversiones, y para eso los sindicatos también tienen que estar vinculados activamente”.

¿Por qué un sindicalista hace propuestas sobre este tema? “Lo que pasa es que primero soy camionero antes que dirigente sindical porque defiendo esta actividad por ser chofer de larga distancia -dijo Aladio-. Como andaba arriba de un camión conduciéndolo, puedo preguntarme si seguiremos siendo parte de un país con baches eternos o podremos animarnos a introducir cambios reales, que es el beneficio que buscamos todos. Pero para generar esos cambios necesitamos gente que se anime a decir lo que sucede y que se junte a dialogar. No sirve con que un sindicalista sólo le diga al empresario ‘pagame el mejor sueldo’. Tenemos que empezar a marcar una diferencia, vincularnos para buscar soluciones”.

“Lo que yo sentí fue una alegría enorme porque, después del bloqueo que sufrimos, al final la Justicia está haciendo lo que corresponde”. Aliviado, Ignacio Dos Reis habló con Infobae poco después del fallo de la Corte Suprema que ordenó avanzar contra el Sindicato de Camioneros en el juicio por un bloqueo a su pyme familiar, Química Oeste, en mayo de 2021, en reclamo del encuadramiento sindical de sus empleados.

Dos Reis y su hermana encabezan la empresa de más de 68 años fundada por su padre, que provee insumos químicos a la industria, y que fue bloqueada hace cuatro años por el gremio de Hugo Moyano para que pasaran a sus filas 3 de los 60 empleados que estaban afiliados al Sindicato de Comercio, actividad principal de la firma, que opera en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Ante la denuncia judicial de Dos Reis, patrocinado por la abogada Florencia Arietto, fueron imputados Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande del Sindicato de Camioneros, y 7 empleados de la pyme por el delito de turbación de la posesión. En octubre de 2022, la causa se elevó a juicio, pero la defensa apeló y en marzo de 2023 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la elevación a juicio y decidió sobreseer a los imputados por entender que no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes tendientes a turbar la posesión.

La querella apeló, pero el planteo fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal. La Suprema Corte de Justicia bonaerense también desestimó el recurso y así fue que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dio un fuerte viraje a la causa y ahora el bloqueo a Química Oeste debería avanzar hacia el juicio oral.

“El primer bloqueo fue el 10 de mayo de 2021 y ese mismo día hacemos la denuncia en la fiscalía. Ahora volvemos a lo que pasó hace 3 años y medio, cuando se decidió elevar a juicio la causa”, afirmó el empresario, quien durante la cuarentena analizó incluso bajar las persianas de la pyme ante la hostilidad del sindicato. “Pensamos en cerrar la empresa. Si todo te juega en contra, si no podés trabajar, no podés ejercer el derecho a trabajar, ¿para qué tanto lío?”, admitió.

¿Por qué no lo hicieron? “Porque lo que sabemos hacer es trabajar -dijo Dos Reis-, porque nos gusta dar empleo a la gente, porque es lo que nos enseñó nuestro padre, que es el fundador de la empresa. Uno también tiene un fin social. No es cierto eso que dicen algunos que podés vender todo y vivir de lo que quieras. Porque esto es lo que sabemos hacer, es lo que queremos hacer y la función que tenemos nosotros acá es dar trabajo”.

El empresario recordó el origen del conflicto: “Nos habían empezado a apretar los camioneros por este desconocimiento que uno tiene como empresario pyme, como que los choferes y los que manejaban los autoelevadores tenían que estar afiliados al Sindicato de Camioneros, y después nos fueron haciendo nuevos reclamos con empleados que hacían tareas de logística”

Las presiones sindicales se acrecentaron en 2021. “En ese momento nos empiezan a apretar fuerte. Teníamos 8 empleados cumpliendo esas tareas y y nos decían: ‘Tienen que pasar por lo menos tres más’. Pero estos tipos pedían mucho más: ‘También nos tienen que dar plata, nos tienen que dar otro sueldo más’”.

Según Dos Reis, fue allí cuando con Silvia, su hermana y “socia de toda la vida”, tomaron una decisión drástica: “Les dijimos que no y decidimos soportar lo que viniera -dijo-. Al principio se pudo manejar y después los tipos empezaron a tratarnos mal y a insultarnos hasta que un día se cortó toda la comunicación porque lo llamaron a nuestro abogado y le advirtieron: ‘Pablo Moyano nos dio autorización para que vayamos por todo, para que nos llevemos puesta la empresa’. En ese momento ya sabíamos que el bloqueo era inminente”.

Así, el día tan temido llegó el 10 de mayo: “Ese lunes me bloquean. Aparecen los muchachos a las 7 de la mañana, porque nosotros a las 7 y cuarto salíamos con los camiones. Cruzaron los autos adelante, se bajaron y les dijeron a los camioneros: ‘Bajate del camión, cerralo si querés, pero andate porque acá no trabaja nadie, hoy no entra ni sale ningún camión de esta empresa’”.

Horas después, Dos Reis le pidió ayuda a Verónica Razzini, presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), y de esa forma, con la ayuda de Arietto, el empresario hizo su primera denuncia en la fiscalía de Lomas de Zamora. “A partir de ahí bajó un poco la agresividad, pero si querías sacar un camión se ponían violentos -señaló-. Pero cuando se enteraron que habíamos hecho la denuncia, empezaron las inspecciones del Ministerio de Trabajo, nos inventaron reclamos y empezaron otro bloqueo el 17 y 18 de mayo”.

Ante el pedido de Química Oeste, intervino la policía bonaerense, que dispuso cordones para que los camiones pudieran entrar y salir. Sin embargo, como resaltó Dos Reis, “en esos días no pudimos mover importaciones ni entregar nada a los clientes, y los choferes podían pasar gracias el cordón policial, pero los activistas del sindicato los filmaban y los insultaban". En ese grupo se pudo identificar a Arévalo y a empleados de la pyme.

El conflicto no sólo afectó las operaciones de Química Oeste, con la pérdida de varios millones de pesos por día y al sector petrolero, con un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos, sino que puso en jaque la vida de Dos Reis y su familia y del resto de los empleados de la pyme, rehenes del bloqueo de Camioneros.

Esa situación derivó en una carta que unos 30 empleados de Química Oeste presentaron ante los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en la que pidieron ser recibidos en busca de garantías para poder trabajar con normalidad. “Queremos hacer valer nuestros derechos: preservar nuestra fuente de trabajo, ser oídos y decir basta a los atropellos de las patotas sindicales. Somos trabajadores y queremos ejercer nuestro derecho con total libertad y sin miedo. Estamos a merced de sindicalistas inescrupulosos”, dijeron. Pero, destacó Dos Reis, los empleados “nunca fueron recibidos”.

¿Qué recuerda hoy Dos Reis de esos días? “Son momentos de mierda, la pasás muy mal -se sinceró-. Tenés dudas sobre si la decisión es la correcta, si hiciste bien en oponerte a estos mafiosos. Tenés que tener apoyo familiar y de tu equipo porque hay muchísima tensión. Tenés miedo, no sabés qué te puede pasar. Hay una incertidumbre total. No sabíamos si los bloqueos iban a durar 15 días o más. Le generás temor a tu familia, amigos, todos ven que estás metido en un lío terrible”.

Tras años de litigios y presiones, la resolución de la Corte Suprema y la actividad del MEAB (que Dos Reis terminó integrando) abren un nuevo panorama para las pymes.

— ¿Qué es lo más importante que deberían saber los empresarios frente a la amenaza de un bloqueo?

— Que no hay que dejarse extorsionar. Como empresarios tenemos que conocer a fondo nuestros derechos y nuestras obligaciones, y nunca aceptar presiones ni arreglos que no correspondan.

— ¿Qué le diría a un empresario que hoy teme denunciar o hacer frente a esas prácticas?

— Le diría que no están solos. Está el MEAB y hay un montón de gente dispuesta a acompañarlo y a salir a dar la pelea. Es importante contar lo que te pasó: sólo así se puede cambiar todo esto, sólo así la sociedad toma conciencia y también la Justicia puede intervenir.

— ¿El Poder Judicial está cambiando respecto de cómo tratar los casos de bloqueos sindicales?

— Sí, la Justicia está avanzando, aunque cueste y tarde. Este fallo de la Corte lo demuestra. Hay que confiar y aportar todas las pruebas posibles y estar firmes como empresarios. Siempre con la verdad y la ley de tu lado.

— ¿Qué espera después de este fallo?

— Espero que podamos trabajar tranquilos, dar empleo, crecer y aportar al país como queremos. Eso es lo que sabemos hacer y lo que queremos para Argentina. Todavía hay por cambiar bastante. Todavía hay gente que cede a pequeñas extorsiones, pero los que trabajamos activamente en el MEAB todavía no terminamos de darnos cuenta de la dimensión de los cambios. Tenemos que trabajar mucho para que las grandes empresas tampoco cedan a estas extorsiones, porque a veces las incluyen dentro del costo y así sigue el problema.

— ¿Qué mensaje les daría a las pymes que sufren bloqueos por parte de los sindicatos?

— No hay que dejarse extorsionar. Siempre la justicia va a terminar resolviendo estos casos, con más o menos dificultad, pero se puede seguir trabajando tranquilo si uno se enfrenta a estos mafiosos. El país tiene que terminar de cambiar de una vez por todas. Tenemos que ir por la senda del bien. No podemos seguir con esos grisecitos en los que a veces mordemos la banquina.

Algunas de las últimas negociaciones salariales cerradas se apartan de la pauta oficial de aumentos del 1% mensual, aunque el Gobierno está menos dispuesto a exigir el acatamiento del tope y evalúa los acuerdos a la luz de algunos ítems que habilitan o no su homologación.

Es el caso, por ejemplo, de la flamante paritaria del Sindicato de Sanidad, que acaba de firmar un aumento salarial del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, en tres tramos del 1,9%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $60.000 para cada uno de esos meses.

En el gremio, que nivel nacional conduce Héctor Daer y cuya filial Buenos Aires lidera ahora Javier Pokoik, están convencidos de que la Secretaría de Trabajo homologará el convenio pese a que las cifras superan el techo oficial.

La confianza en la convalidación de Julio Cordero se basa en lo que sucedió en la anterior paritaria, que amagaba con trabarse sin convalidar en los despachos oficiales: firmada el 25 de junio, incluyó un incremento del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos del 1,5%, más tres sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 para cada uno de esos meses. Es decir, por encima de la pauta oficial y con un claro destino de no homologación.

Sin embargo, el secretario de Trabajo puso su firma el 15 de julio en la resolución que homologó el aumento. La demora se debió a la evaluación que hicieron los funcionarios acerca del impacto de las cifras acordadas: finalmente, se avaló cuando se produjo la constatación de que las empresas del sector de salud no trasladaron el aumento del 4,5% a las cuotas que pagan los usuarios.

La misma fórmula se aplicaría ahora, aunque los sindicalistas de Sanidad advirtieron que de todas formas en las cámaras hay predisposición a pagar la mejora salarial aunque no esté homologada por Trabajo.

En la mirada más tolerante del Gobierno en materia salarial, según descuentan los dirigentes gremiales, influye el “modo electoral” en el que entró el Gobierno, donde, pese a algunas variables inestables, la baja inflación está encarrilada y se impone la necesidad de “acompañar” la recuperación salarial de algunos sectores para que ayude a sumar votos en los comicios.

Aun así, cada acuerdo salarial es mirado con lupa por los funcionarios de Economía y de Trabajo: analizan si los aumentos se corresponden con un incremento de la productividad o si no impactarán en los precios, por ejemplo, como requisitos para ser homologados.

La postura supuestamente más flexible del Gobierno en este rubro tendrá una prueba de fuego cuando el Sindicato de Camioneros firme otro aumento salarial luego de su reciente reclamo a los empresarios de que se reabran las paritarias desde el 1° de septiembre.

Como anticipó Infobae, el gremio que lidera Hugo Moyano envió una nota a las cámaras del sector en la que exige una mejora salarial a partir de este mes porque la inflación registrada en junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”.

Si finalmente se alcanza un acuerdo satisfactorio para Camioneros, ¿ayudará nuevamente el Gobierno aportando una sugerencia que contribuya a su homologación?

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupan a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, que negoció con el líder de Camioneros una suerte de “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo. ¿Sucederá lo mismo con su próximo aumento salarial?

Hugo Moyano se endureció ante el Gobierno. Al menos, es lo que surge del pedido de reapertura de las paritarias del Sindicato de Camioneros que hizo a los empresarios: en la nota, reclama una mejora que rija desde el 1° de septiembre porque la inflación registrada en junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”.

Además de solicitar un aumento para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano puso por escrito su desconfianza en la medición oficial de la inflación, al destacar su ”preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos". “La compra de productos esenciales se ha vuelto cada vez más difícil para los trabajadores, lo que agrava la situación social y económica de sus familias”, afirma el líder de Camioneros en la nota.

En el texto, además, Moyano sostiene que “a la grave situación descripta se suma el desequilibrio existente entre los salarios de las distintas ramas de la actividad encuadradas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, producto de la disparidad en los adicionales convencionales”. “Si bien en los últimos años se han registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas -resalta-, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las ramas Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado. Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad para dichas ramas”.

El líder de Camioneros también reiteró su pedido de que los conceptos de viático y comida “adquieran carácter remunerativo, ya que su actual tratamiento perjudica a los trabajadores en el cálculo de licencias, aguinaldo, jubilación y otros beneficios”.

“Resulta inadmisible que dichos montos sean computados para el Impuesto a las Ganancias y, al mismo tiempo, no se consideren para la determinación de los haberes que corresponden legítimamente al trabajador”, señaló.

Moyano incluyó en su nota otro punto sensible: “Insistimos en la necesidad de mantener la contribución extraordinaria patronal para las obras sociales del sector, dado que los costos en salud aumentan de manera sostenida, comprometiendo la calidad y el acceso a la cobertura médica de los trabajadores y sus familias”.

Finalmente, el líder sindical pidió a los empresarios que “trabajemos en conjunto para garantizar la plena aplicación de la normativa vigente en materia de Licencias Profesionales de Conducción de vehículos de carga en todas las provincias, exigiendo los exámenes psicofísicos y los cursos de capacitación obligatorios para los choferes”. “Estas instancias no sólo resultan imprescindibles para la seguridad vial, sino también para resguardar la salud de los trabajadores que pasan gran parte de su vida en la ruta”, puntualizó.

Este último tema se vincula con el decreto dictado por Javier Milei en marzo último, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que eliminó la obligatoriedad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), una revisación de salud e idoneidad que originalmente era monopolizada por el sindicato.

Se trata de un trámite que en sus inicios fue apodado como “registro Moyano” porque los controles de salud se realizaban en clínicas de la obra social de Camioneros.

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros (en un universo de 100.000 afiliados, equivalió a un total de $1.850.000.000.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupan a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que negoció con el líder de Camioneros un “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo.

Luego de los fuertes cortocircuitos que mantuvieron, Hugo Moyano y Jorge Taboada llegaron a una tregua y volverán a presentarse para mantener el liderazgo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en el congreso que se realizará el 28 de noviembre próximo.

Los dos dirigentes se mostraron juntos este lunes en la asamblea en la que se convocó al congreso ordinario de la Federación, donde se someterá a votación la memoria y balance del año pasado y se definirá la designación de las nuevas autoridades de la organización hasta 2029.

Como anticipó Infobae, Hugo Moyano atravesó una etapa de tensiones con Taboada, su secretario adjunto en la Federación, elegido en diciembre de 2021 en reemplazo de su hijo Pablo, con quien se peleó por fuertes diferencias en el manejo de la obra social de Camioneros.

Los problemas entre los líderes de la Federación comenzaron el 9 de diciembre pasado, cuando Moyano no lo eligió a Taboada para suceder a Pablo en el triunvirato de la CGT, como se especulaba hasta en el propio sector moyanista, y nombró a Octavio Argüello, uno de sus dirigentes de máxima confianza.

Ese episodio generó un clima de desconfianza mutua, que se acrecentó luego de que Taboada, en reuniones en nombre de la Federación realizadas con colegas de Córdoba y Corrientes, recogió críticas hacia Moyano por los “bajos aumentos salariales” acordados y por la tendencia del líder camionero a priorizar a sus hijos en la estructura sindical, en detrimento de otros dirigentes.

Moyano, al enterarse de estos cuestionamientos, mantuvo una discusión con Taboada cargada de reproches cruzados. Por eso se especulaba que el actual secretario adjunto no iba a seguir en el cargo durante el próximo mandato. Sin embargo, fuentes sindicales aseguraron que la difusión de la pelea en Infobae hizo que ambos dirigentes se reunieran para bajar los decibeles del conflicto y evitar una eventual ruptura interna.

Taboada lidera el Sindicato de Camioneros de Chubut y fue diputado nacional entre 2015 y 2019 por el partido Chubut Somos Todos, fundado por Mario Das Neves. Hoy, es vicepresidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), creado por Hugo Moyano en 2013, y encabeza la agrupación en Chubut, donde se alió con sectores gremiales provinciales para lanzar Fuerza del Trabajo Chubutense, que postulará a dos sindicalistas para diputado nacional en las elecciones de octubre.

Como el enfrentamiento con Taboada se suma a un complejo mapa de disidentes de Camioneros en el interior, Moyano intentará apaciguar el malestar otorgando más representación a los sindicatos de todo el país en el Consejo Directivo de la Federación mediante la creación de subsecretarías en las 28 secretarías existentes.

Esta reforma estatutaria, que se someterá a votación en el congreso de noviembre, busca contener las demandas de los sindicalistas más críticos hacia Moyano.