Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Confianza y Desarrollo, solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) por supuestas irregularidades en la administración de fondos y por la prestación inadecuada de servicios de salud a sus afiliados.

De acuerdo con una nota dirigida al superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, la legisladora fundamentó el pedido en lo dispuesto por el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que otorga a la autoridad sanitaria nacional la facultad de intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.

Ocaña sostiene en su presentación que la OSCHOCA arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias en la atención a sus 190 mil afiliados.

“El gremio de Camioneros maneja cifras siderales, lo mismo que su obra social -dice nota dirigida a la SSS-. La realidad es que OSCHOCA debería ser un modelo de prestaciones para la Argentina, sin embargo: obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de “caja chica” que de chica no tienen nada para Hugo Moyano, que distribuye los bienes entre sociedades vinculadas a su esposa Liliana Zulet y que nada tienen que ver con las prestaciones que debería brindar un agente de servicios de salud".

En su presentación, la legisladora documenta denuncias formales previas, iniciadas en el año 2006, y repasa actuaciones judiciales como la causa 18304/2006, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. En ese expediente se investigó el presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas familiarmente al líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y su entorno, principalmente a través de la sociedad IARAI S.A., que gerenciaba la obra social bajo el nombre “Conducir Salud”.

Según Ocaña, el balance de IARAI del 31 de agosto de 2005 mostró una pérdida de $223.640,48, atribuible a baja facturación. Al año siguiente, tras comenzar a gestionar la obra social, la ganancia reportada ascendió a $2.000.660,31 con una facturación que pasó a $22.787.897,45. El informe describe una suba equivalente a 373 veces respecto del período previo.

Ocaña añade que en 2013 la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y diversas firmas, incluyendo IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., controladas por allegados a Moyano. La UIF vinculó esas operaciones a la supuesta sustracción de más de $570 millones.

En una ampliación de denuncia presentada en 2018, la diputada porteña menciona la utilización repetida del mecanismo por el cual OSCHOCA funcionaba, según los documentos citados, como prestamista y proveedora de créditos hacia firmas del mismo grupo familiar, mientras la situación económico-financiera de la obra social mostraba deterioro. Subraya un capital de trabajo negativo, baja liquidez e índices patrimoniales debajo de los valores aceptados para el sector.

El texto señala que los subsidios del sistema de salud que recibía OSCHOCA aumentaron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016. Pese a la mayor asistencia estatal, la situación financiera no habría mejorado. En abril de 2026, remite a una crónica del diario La Nación sobre transferencias por $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, desde cuentas del sindicato y la obra social en el Banco Provincia. Ocaña cita también que la deuda de OSCHOCA en las seccionales del interior, a febrero de 2026, sería de $32.400 millones, y podría llegar a $60.000 millones computando la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mitad de los afiliados.

Entre los indicadores presentados con datos de balances entre 2017 y 2022, la obra social registra cifras negativas en capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo. Por ejemplo, el balance último menciona un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultado operativo de -$8.778.715, además de endeudamiento y baja liquidez. Durante ese período, la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.

La legisladora contextualiza su reclamo invocando la normativa que obliga a las obras sociales a destinar al menos el 80% de sus recursos a prestaciones de salud y a gestionar los fondos bajo supervisión del Estado nacional y organismos de control financiero y contable. Según la presentación, el incumplimiento reiterado de estos preceptos justifica la intervención estatal.

Ocaña concluye que existen tanto fundamentos fácticos como jurídicos que obligan a la Superintendencia de Servicios de Salud a actuar respecto de OSCHOCA ante “la falta de administración adecuada de recursos y la persistencia de deficiencias en la atención sanitaria”.

El Gobierno no sólo quiere que los aumentos salariales se pacten por debajo de la inflación, incluso pese a la suba que hubo en marzo del 3,4% del costo de vida, sino que también está decidido a no homologar las cláusulas de los convenios que considera inviables, como las contribuciones empresariales para las obras sociales que acuerdan algunos sindicatos con las cámaras.

Pero, en este contexto de presión de las bases por recomponer los sueldos, la actitud oficial, que materializará la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, podría desatar varias guerras simultáneas.

Uno de los casos que se perfila como más conflictivo es el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri.

Al Gobierno no le preocupa el aumento porcentual que firmaron el sindicato y las cámaras, que consistió en un 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio) y el pago de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al trimestre abril-junio. Pero en Trabajo analizan una homologación parcial porque se objetan dos puntos: el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y la contribución empresarial para OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8 mil pesos mensuales por trabajador a $28 mil, un aumento que el Gobierno considera desmesurado.

“Son beneficios que meten por la ventana en el convenio, sin avisar antes, pero que no irán en forma directa al bolsillo de los trabajadores”, se quejó ante Infobae un encumbrado funcionario.

La ayuda para la obra social de Comercio, la más importante del país, es de un enorme impacto económico: en un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato recibirá cada mes 33.600.000.000 de pesos.

Aún resuena en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologarlo y abrió un fuerte conflicto.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 en el que quedaron incluidos aquellos montos. Ahora, la pelea con el Gobierno no será por el aumento salarial ni por el bono extraordinario sino por dos rubros que van en forma directa a “la caja” sindical.

Cerca de Cavalieri aseguran que no saben nada sobre la homologación parcial que se analiza, pero en Trabajo juran que el sindicato ya conoce la decisión del Gobierno.

Hugo Moyano pasó por algo similar. Cerró un acuerdo para el Sindicato de Camioneros que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación. Pero, aun así, Trabajo decidió homologarlo en forma parcial: avaló el aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto en 6 tramos (2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5%) más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo, pero no convalidó la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador, y tampoco el nuevo adicional por presentismo ni una cláusula que ratifica el convenio colectivo de trabajo vigente hasta el momento.

La homologación parcial fue admitida a Infobae en Trabajo y en una de las cámaras del sector, pero en otra de las entidades empresariales fue desmentida.

De todas formas, a Cavalieri le resultará más sencillo que las cámaras se comprometan a pagar igual lo pactado pese a no tener su correspondiente homologación porque hay una sintonía total entre ambos sectores (con la única excepción de los supermercados mayoristas, muy críticos de la paritaria firmada).

En el caso de Moyano, en cambio, las pymes de la actividad, sobre todo las del interior, se han juramentado en no pagar los puntos del convenio sin homologación porque atraviesan una fuerte crisis e incluso en ese sector hay una cámara que interpreta que este cuadro permitiría a los trabajadores dejar de pagar al sindicato el seguro de sepelio y las cuotas solidarias del 2%.

¿Comenzará una guerra por la renuencia de Trabajo en homologar el 100% de las cláusulas de las paritarias? Es la pregunta que todos se hacen, empezando por el Gobierno. Y de la respuesta que se alcance dependerá gran parte de la paz social que Javier Milei necesita para que no haya turbulencias en el camino hacia 2027.

La Asociación Bancaria firmó con las cámaras empresariales su nuevo aumento salarial para marzo en sintonía con la inflación: se trata de un 3,4%, lo que llevará el salario inicial de la actividad a $2.259.305,03.

Además, el gremio que encabeza Sergio Palazzo pactó que el Día del Bancario tendrá un monto mínimo de $2.014.092,28, que se corregirá en futuras actualizaciones de los salarios.

El incremento del 3,4% será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los tres primeros meses del año un 9,4% sobre los salarios de diciembre 2025.

Las partes acordaron además, continuar durante abril y mayo con el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo se comprometieron a continuar con la negociación paritaria en la segunda quincena de junio.

En las últimas semanas, otros sindicatos importantes llegaron a acuerdos salariales, en su mayoría alineados con la pauta del Gobierno. Uno de ellos fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento del 7,7% acumulativo para el trimestre marzo-mayo 2026, más la actualización de los bonos no remunerativos que se pagarán cada uno de los meses que rige el acuerdo.

De esta forma, el líder del sindicato, Gerardo Martínez, firmó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un incremento que nuevamente está en sintonía con la política del Ministerio de Economía de pactar paritarias por debajo de la inflación.

De todas formas, la UOCRA consiguió que el bono que se pagará en mayo sea absorbido por los salarios de ese mes, por lo que pasa a ser remunerativo un tercio del importe que corresponde a cada categoría.

Además, se acordó crear una comisión especial que revisará los aportes empresariales y cuotas solidarias sindicales de la actividad, aunque se fijó en ambos casos que tendrán una vigencia de 2 meses.

Según se informó, el aumento regirá hasta el 31 de mayo próximo y ambas partes se comprometieron a reunirse el 20 de abril para definir una mejora desde junio.

Hace casi tres semanas, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó con las cámaras un acuerdo para el trimestre abril-junio de 2026 que contempla una suba escalonada del 5% y el pago de un bono extraordinario de $120.000, también en sintonía con la pauta salarial del Gobierno.

Este acuerdo, firmado por Armando Cavalieri, titular de la FAECYS, y las cámaras empresariales del sector, establece un aumento del 2% para abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, fija un sistema de revisión permanente para ajustar los ingresos frente a variaciones de precios y preservar el poder adquisitivo en el primer semestre del año, según informó el sindicato.

La aplicación de la pauta oficial ya se replicó, por ejemplo, en el Sindicato de Camioneros, dirigido por Hugo Moyano, que cerró un acuerdo semestral que establece un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, dividido en 6 aumentos mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%, más una suma no remunerativa de $53.000 en marzo. Se fijó, además, un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad para la rama de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas y una suba en la contribución empresarial para la obra social, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.

Dentro de las negociaciones salariales que superaron la inflación, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), liderado por Sergio Escalante, obtuvo un aumento desde abril equivalente al 9,67% sobre los sueldos de diciembre de 2025 y un pago único no remunerativo de $100.000 para la categoría inicial, con topes de $150.000 en categorías superiores. Esta paritaria, vigente por 4 meses, implicó un incremento mensual del 2,4% y encendió señales de alerta ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo de la Nación no homologue el entendimiento por exceder los márgenes impuestos por Economía.

Mientras, el Gobierno validó, de forma excepcional, un aumento del 9,9% a los empleados estatales por el período enero-mayo de 2026, desagregado en incrementos sucesivos de 2,5%, 2,2%, 2%, 1,7% y 1,5%, más un bono no remunerativo de $40.000 en mayo. Este incremento, rubricado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, fue justificado por el atraso acumulado respecto a la inflación, pero fue rechazado por el otro gremio del sector público, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), dirigida por Carlos Bonjour, también enfrenta el riesgo de no homologación de su paritaria del 9,5% a pagarse en tres tramos entre febrero y abril.

El sector sanitario, por su parte, consiguió un acuerdo ajustado al límite: la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) de Héctor Daer obtuvo un incremento del 5,1% para el trimestre febrero-abril, repartido en tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $80 mil, $85 mil y $90 mil.

La respuesta sindical frente a la política salarial del Gobierno es dispar. Algunos gremios aceptan una renegociación de las cifras para adaptarse a los límites y garantizar la homologación; otros, con menor margen de maniobra, insisten en superar la pauta oficial e insisten para que las empresas abonen las mejoras aunque no se convaliden formalmente, generando incertidumbre en sectores con alta presencia de pymes.

El dato que suma presión de los sindicatos para lograr mejores aumentos fue que la inflación mayorista se aceleró a 3,4% en marzo y acumuló un 27,9% en los últimos 12 meses. El índice experimentó un salto de 2,4 puntos porcentuales respecto a febrero y se ubicó en el mismo nivel del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La investigación judicial de la paliza que una patota sindical le dio a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros en las instalaciones de la empresa de recolección de residuos Urbasur sigue avanzando: la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires identificó a 2 personas más como partícipes del violento episodio y ya llegan a 9 los imputados en la causa, que ya fueron indagados y próximamente se requerirá su elevación a juicio, acusados de los delitos de lesiones y amenazas.

La fiscal Celsa Ramírez dispuso también medidas restrictivas que consisten en la “abstención de contacto” de los 9 imputados con la víctima del ataque y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía.

La importancia de este caso no es menor: entre los imputados, que se encuentran representados por la Defensoría Oficial, se encuentra José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el 20 de enero pasado el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en Urbasur, en José A. Cortejarena 1822, en esta capital, con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video filmado tras la agresión, Ferreyra dijo: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

En diálogo con Infobae, el agredido contó que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto en noviembre pasado debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? Ferreyra admitió que tenían una mala relación: “No comparto su forma violenta de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

A otros 6 de los imputados, la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, afirmó a este medio el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hubo policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo".

En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur.

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados por las irregularidades detectadas.

Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, los Moyano se reconciliaron y la fiscal Celsa Ramírez avanza con la causa que podría derivar en penas de 1 a 6 años de prisión para “El Teta”, el dirigente de confianza del líder de Camioneros, y los otros 8 responsables de la paliza contra Ferreyra.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, citará a indagatoria a 7 personas que el 20 de enero pasado le dieron una paliza a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros- adentro de la empresa de recolección de residuos Urbasur, a quienes se les imputará los delitos de lesiones y amenazas, con una expectativa de penas de 1 a 6 años de prisión.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes judiciales, que no quisieron brindar los nombres de los imputados por la agresión porque es una causa aún en trámite, pero trascendió que uno de ellos sería José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Como anticipó este medio, Garnica lideró el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en las instalaciones de Urbasur con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video, el agredido brindó detalles sobre el episodio y puntualizó: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

A los otros 6 imputados la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, dijo a Infobae el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que 6 de sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hay policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo".

En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de 6 declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur. “En el incidente hay unas 20 personas involucradas, pero sólo hay 6 identificados“, agregaron.

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados.

Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían impreso un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, sin “El Teta” en la empresa (¿y en el sindicato?), con Pablo Moyano de regreso a la actividad en Camioneros tras una tregua pactada con su padre y ante la inminente indagatoria judicial de sus agresores, Ferreyra decidió que será candidato a delegado en las elecciones que tendrán lugar este año en Urbasur. “La gente me lo está pidiendo, aunque ellos (por sus atacantes) no quieren que yo sea delegado”, señaló.

La investigación judicial sobre una presunta estafa por USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata, propiedad del Sindicato de Camioneros, avanzó con la imputación de Claudio Balazic y Paulo Villegas, dos dirigentes del gremio que habían sido apartados de su cargo por Hugo Moyano hace seis meses.

El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, examina supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del establecimiento sindical y fuentes judiciales confirmaron que a ambos se les notificó la formación de la causa para evitar posibles planteos de nulidad dado que a principios de mes se inició la pericia contable para determinar posibles hechos ilícitos.

Todavía no se avanzó con otras medidas de prueba, aunque ya se recolectó documentación y se recibieron testimonios del personal del hotel, mientras el Sindicato de Camioneros aportó un perito a la causa.

En la justicia marplatense no se descarta que haya más imputados en el curso de la investigación, aunque nadie tiene precisiones acerca de cómo podría afectar a Moyano el avance de la causa sobre el supuesto fraude.

Cuando la denuncia judicial fue presentada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se informó que el administrador del hotel sindical fue separado de su función y denunciado, aunque su abogado defensor sostuvo que no tenía autonomía de decisión. Entre las pruebas que evalúa la justicia figuran cheques firmados por los directivos removidos.

La presentación que motivó la apertura de la causa judicial fue efectuada el 12 de septiembre de 2025 por irregularidades detectadas en las cuentas del hotel del sindicato, de 12 pisos y ubicado en Santa Fe 2373, que permanece cerrado debido a obras de remodelación. El establecimiento fue inaugurado oficialmente en 2006 por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En octubre pasado, luego de presentarse la denuncia judicial en Mar del Plata, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic.

La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balaziz y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.

Aparicio, apodado “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y considerado un hombre clave en la estructura del sindicato, con una cercanía histórica con Pablo Moyano, de la misma forma que, según trascendió en su momento, los dos dirigentes echados también habrían sido estrechos allegados al hijo mayor de Hugo Moyano: hay quienes sospechaban que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que el líder sindical se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras desplegada en favor de Pablo.

El Gobierno advirtió que no homologará los aumentos salariales que superen la inflación y los sindicatos reaccionan de manera dispar: algunos renegocian las cifras para adaptarlas a la pauta establecida por el Ministerio de Economía y otros resistirán la decisión oficial tratando de que las empresas paguen igual las mejoras pactadas aun sin convalidación oficial.

Como anticipó Infobae, la Casa Rosada busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Pero finalmente firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará así: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se fijó un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

De esta forma, la paritaria de Camioneros se convirtió en el modelo ideal de aumentos salariales que el Gobierno intentará replicar en otras actividades que en en estos días están negociando los incrementos para 2026.

La pauta oficial ya dejó al borde de la no homologación por parte de la Secretaría de Trabajo a la paritaria de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

En la última paritaria de los estatales, el Gobierno accedió a otorgar unos puntos por encima de la inflación, aunque los funcionarios aclararon que se trata de una excepción porque el sector estaba rezagado frente a la inflación: consiste en un 9,9% para el período enero-mayo 2026, que se pagará de esta forma: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, más un bono no remunerativo de $40 mil en mayo.

Como viene sucediendo ante cada aumento, la mejora fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, que señaló que el total acumulativo de la paritaria entre junio 2025 y mayo 2026 alcanza el 20,97%, sumado a un acumulado de bonos por un valor de $225.000 en ese período. El incremento fue rechazado nuevamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Rodolfo Aguiar, de postura ultraopositora contra el Gobierno.

Otro aumento que sería objetado por Economía es el que pactó la semana pasada el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que fue del 9,67% desde abril sobre los sueldos de diciembre de 2025, más una suma fija no remunerativa de $100 mil para la categoría inicial, por única vez, que ascenderá a $150 mil en las categorías más altas.

El pago, según se informó, se efectivizará antes del 24 de marzo y se incorporó una cláusula de revisión para monitorear la evolución del poder adquisitivo.

Como rige por cuatro meses, el aumento mensual será de 2,4%, pero ya se prendieron las luces de alerta en el sindicato ante la posibilidad cierta de que Trabajo cuestione el porcentaje mensual más el impacto que producirá en los sueldos la suma fija tan elevada.

El líder del STIA, Sergio Escalante, dijo: “La situación está muy dura y no hay plata que alcance con precios que suben sin parar, pero en un contexto de industricidio, cierre de fábricas, reforma laboral esclavista y ajuste, este acuerdo nos muestra que con decisión, coraje y organización los trabajadores podemos triunfar”.

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que conduce Héctor Daer, acaba de firmar la paritaria para el sector asistencial y lo hizo dentro de los parámetros aceptados por Economía: consiste en un incremento del 5,1% en los básicos para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres tramos de 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de una asignación no remunerativa de $80 mil en febrero, $85 mil en marzo y $90 mil en abril.

Otro caso conflictivo es el de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo: firmó un aumento consistente en una suma fija no remunerativa de $78 mil por mes para la rama de comedores de establecimientos fabriles, empresas y hospitales, pero fue objetado por la Secretaría de Trabajo porque su efecto en los sueldos superaría el tope impuesto por Economía.

Ahora, el gremio está renegociando el acuerdo para limitarlo al trimestre marzo-mayo y se prepara para comenzar este viernes las tratativas para las ramas más numerosas de restaurantes, confiterías y hoteles, aunque adaptándose a las cifras aceptadas por el Gobierno.

Dentro del sector público, otro sindicato que pudo firmar una paritaria que compensa la inflación es la Unión Ferroviaria, que conduce Sergio Sasia, que a fines de febrero acordó con las empresas ferroviarias del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25% a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.

Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre todos los conceptos y el pago de un bono extraordinario de $50 mil, todo a percibir en el mes de marzo, más un bono por el Día de los Trabajadores Ferroviarios de $217.962, que se abonará en dos tramos: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante con los salarios de mayo.

Este acuerdo salarial, que también firmaron los otros gremios ferroviarios, incluso La Fraternidad, parece superar la pauta con ese 8,25%, más el 13,2% por única vez y el bono de $50 mil, pero en el Gobierno aclaran que rige por cuatro meses, entre diciembre y marzo de 2026, por lo que la mejora mensual apenas supera el 2%.

Ahora, la expectativa está puesta en el inminente inicio de las negociaciones salariales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri. Además de que se trata del sindicato más importante, con 1.200.000 afiliados, sus salarios se convirtieron en un punto de referencia para otras actividades.

El desafío para el gremio será cómo compensar la inflación sin superar los límites que fijó el Gobierno, ya que la homologación es clave en este sector que tiene una gran cantidad de pymes que, sin ese trámite, no tendrán obligación legal de pagar la mejora acordada.

El sindicato de Cavalieri viene de pactar en diciembre pasado una revisión salarial a través de una suma fija no remunerativa de $60 mil, a pagarse entre diciembre y marzo, que se incorporará al básico en abril, y la extensión hasta este mes de una suma fija no remunerativa de $40.000 que había sido acordada por empresarios y gremialistas el 26 de junio de 2025.

Aún resuenan en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando el sindicato firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial que era del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologar el acuerdo.

La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 con una asignación remunerativa del 6% en forma escalonada: se aplicó un incremento del 1% mensual, entre julio y diciembre inclusive, más sumas no remunerativas mensuales de $40 mil.

En el entorno de Cavalieri aseguraron a Infobae que esta semana, cuando arranquen las tratativas salariales de 2026, tendrán en cuenta la experiencia del año pasado y buscarán una fórmula que combine la recuperación del salario con la aceptación de los topes del Gobierno.

Ya comenzó la temporada alta de las paritarias 2026, con la negociación de los aumentos salariales que regirán durante un año, pero el Gobierno afrontará una etapa desafiante en esta materia: como está elaborando el decreto reglamentario de la reforma laboral, decidió no aplicar aún la apertura de acuerdos por empresa o por regiones, como reclaman desde el sector empleador.

Según interpreta la Casa Rosada, algunos artículos de la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para cuotas solidarias, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario antes de aplicarse, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o por empresa.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Ese combo preocupaba al Gobierno y también a algunos empresarios del interior que pidieron a la Secretaría de Trabajo que, a tono con la reforma laboral, se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa para no tener que aplicar aumentos que rigen a nivel nacional en toda la actividad y pactar cifras adaptadas a las críticas realidades locales, pero la respuesta fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios que recibieron el planteo.

Algunos empresarios sospechan, sin prueba alguna, que el Gobierno demora la reglamentación de la reforma laboral porque la CGT está presionando para incidir en su redacción y lograr que se atenúen puntos que son considerados perjudiciales para el poder sindical.

Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes gremiales es que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras, como se sabe, el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

Trabajo amenaza de nuevo con no homologar los convenios que superen el tope salarial, pero la administración Milei sabe que será difícil mantener un cepo en acuerdos que se negocian luego de que la inflación de febrero llegó a 2,9%. “Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que nos preocupa, pero nos ocupa", reconoció Caputo antes de vaticinar que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.

Algunos acuerdos salariales que ya se firmaron son cuestionados por Economía, como el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, porque consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

Por eso el Gobierno puso en la mira a una paritaria que puede tener un efecto contagio como la de Camioneros: pese a que en el gremio volvió a tener protagonismo el díscolo Pablo Moyano gracias a una tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas de sindicalistas y empresarios y quedó aiiviado con el resultado final: se firmó un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, todo lo contrario de lo que reclamaba Hugo Moyano.

A su vez, para tranquilidad del líder sindical, y con la excusa de la demora en dictar el decreto reglamentario de la reforma laboral, no habrá por el momento posibilidad de esquivar el convenio por actividad y pactar cifras de aumento menores a nivel de región o de empresa. Una excelente noticia para gremios como Camioneros, que mantienen el enorme poder y los derechos exclusivos que les da la personería para negociar y firmar paritarias en nombre de todos los trabajadores de la actividad.

¿Puede convertirse el flamante acuerdo de Camioneros en la paritaria modelo que, como quiere el Gobierno, se repetirá en todas las actividades? Parece difícil, aunque es cierto que algunos sindicatos pueden moderar sus reclamos salariales ante el temor de que se multipliquen los cierres de empresas y haya una fuerte ola de despidos, en un contexto donde existen señales económicas que causan creciente inquietud.

La fuerte caída del consumo y el aumento de los locales comerciales vacíos (en enero y febrero creció un 38,5% respecto del mismo bimestre de 2025) son datos que prenden luces amarillas, aunque el Gobierno tiene suerte en algo: la CGT está hoy virtualmente congelada y el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) intensificó sus protestas, pero aún no tienen tanto peso. Y, sobre todo, un aliado no declarado como Hugo Moyano le hizo el favor de firmar, una vez más, una paritaria extremadamente moderada.

Hugo Moyano había advertido que no quería aumentos trimestrales y que exigía una compensación del 8% por el alza inflacionaria, reclamos que no estaban a tono con la pauta salarial del Gobierno. Sin embargo, este mediodía firmó con las cámaras empresariales un acuerdo que sintoniza con la política que fijó el Ministerio de Economía, ya que tendrá una vigencia semestral y las cifras pactadas están por debajo de la inflación.

El convenio incluye un aumento salarial del 10,1% en el semestre marzo-agosto, que se pagará de esta forma: incrementos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Además, se estableció un premio mensual por presentismo y puntualidad de $60 mil sólo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, a abonarse a partir de abril, absorbiendo lo que paguen las empresas, y una mejora de la contribución empresarial para la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22 mil a $25 mil mensuales por trabajador.

El acuerdo contiene una cláusula de revisión durante la primera quincena del mes de junio de 2026 y en ese momento, según firmaron ambas partes, únicamente se considerará la diferencia entre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el período paritario a revisar.

Con respecto la revisión de lo pactado hasta fines del año pasado, se detalló que “este acuerdo refleja la diferencia entre el IPC y las pautas paritarias acordadas en diciembre de 2025″ y que “para instrumentar las diferencias existentes entre diciembre 2025-Enero– Febrero 2026 se acordó aplicar sobre los salarios del mes de marzo una cifra de $53.000 que tiene el carácter de suma no remunerativa, a abonarse por única vez con los haberes del mes de marzo de 2026″.

“De esta suma -anunciaron oficialmente- se incorporará $49.471. a los salarios básicos del chofer de 1° categoría y proporcionalmente a todas las categorías del CCT 40/89 a partir del mes de abril de 2026. A las sumas antes mencionadas en los meses de marzo y abril de 2026 se les deberán añadir los porcentajes de pauta salarial del 2% y 1,8% respectivamente".

El convenio fue rubricado entre el Sindicato de Camioneros y las tres cámaras del sector, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

En una posición más dura, Camioneros había reclamado en enero a los empresarios una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implicaba dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Esa decisión complicaba la pauta de Economía, que alienta paritarias de vigencia más extensa para que los aumentos no interfieran en la inflación.

A comienzos de marzo, en la primera audiencia oficial con los empresarios para negociar las paritarias de este año, Moyano reclamó a los empresarios una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo que había sido firmado para diciembre 2025-febrero 2026.

Las tratativas de Camioneros fueron monitoreadas por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien avaló el acuerdo finalmente firmado con las cámaras y ahora lo homologaría como una “paritaria modelo” que el Gobierno aspira a que se repita en otras actividades.

La reforma laboral ya es ley y la expectativa está puesta ahora en el decreto reglamentario que dictará el Gobierno para instrumentar sus alcances. Mientras espera una respuesta favorable de la Justicia a su amparo contra la norma, la CGT tiene otro objetivo: tratar de incidir en la redacción de aquel decreto para atenuar el efecto negativo de algunos artículos sobre el poder sindical.

Uno de los puntos bajo la lupa de los dirigentes gremiales es el referido a las cuotas solidarias, que el Gobierno accedió a mantener por presión de los líderes cegetistas, aunque la flamante ley dispuso que tengan un tope del 2% de las remuneraciones de los trabajadores.

La versión final de la reforma laboral, finalmente sancionada, dejó a salvo estos aportes compulsivos vía convenio colectivo de trabajo que se aplican a todos los trabajadores de una actividad, fueran o no afiliados y, aunque fijó un tope, eliminó la exigencia de que ese límite comenzara a regir a partir del 1° de enero de 2028.

El artículo de la Ley 27.802 de Modernización Laboral quedó redactado de esta forma: “Las contribuciones y los aportes previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el dos por ciento (2%) de las remuneraciones de los trabajadores. Quedan excluidas las cuotas de afiliación sindical y las cláusulas que acuerden otros beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

En un relevamiento efectuado por Infobae quedó en claro que los principales sindicatos cuya cuota solidaria supera el 2% no están apurados en reducir el porcentaje a lo que marca la nueva ley. Dirigentes de varias organizaciones gremiales afirmaron que están a la espera del decreto reglamentario para avanzar con los cambios. En otros casos aguardan a que venza el convenio colectivo de trabajo para concretar el cambio correspondiente.

Desde el Gobierno, sin embargo, advirtieron a Infobae que “el límite del 2 por ciento para las cuotas solidarias no requiere reglamentación”, aunque, de todas formas, “se impuso el plazo de un año para modificar los convenios colectivos” porque la nueva ley elimina la ultraactividad automática de las cláusulas obligacionales (donde están comprendidos estos aportes compulsivos).

En el caso del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, es uno de los que deberá adecuar ese descuento a la Ley 27.802 de Modernización Laboral porque actualmente tiene una cuota solidaria del 3%, uno de los más altas. Sus dirigentes tienen previsto bajar ese aporte al 2% recién cuando se discuta el nuevo convenio colectivo de trabajo de la actividad.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que conduce Armando Cavalieri, todavía ni comenzó a hablar del tema, aunque deberá hacerlo: la cuota solidaria vigente es del 2,5%.

El mismo 2,5% de descuento por la cuota solidaria tienen firmado otros gremios como la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), cuyo titular es Luis Barrionuevo.

Otro de los gremios que tiene una cuota solidaria superior a lo que permite la nueva ley es el Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor (SMATA), encabezado por Ricardo Pignanelli: es del 4%.

Las cuotas solidarias son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos. Se trata de un porcentaje del sueldo que se descuenta de manera obligatoria y compulsiva a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, ya que se acuerda con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluyó en la primera versión de la reforma laboral lo mismo que ya figuraba en el DNU 70 de Javier Milei: un artículo que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que siempre rechazó la CGT porque iba a complicar el pago de ese ítem decisivo a los sindicatos.

En octubre pasado, durante el Coloquio de IDEA, mientras la reforma laboral se debatía en el Consejo de Mayo, Sturzenegger confirmó que apuntaba contra las cuotas solidarias al calificarlas de “peajes sindicales” y aseguró que afectan el salario neto que perciben los trabajadores y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y en los precios al consumidor.

Tras calificar estos aportes como “impuestos privados ilegales”, puso en números su impacto: en el caso del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, tiene una cuota solidaria equivalente al 3%del sueldo de convenio y un 4% adicional por otros conceptos, lo que representa un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador y un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.

Según un estudio de la consultora Zentrix, los 10 principales gremios manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, originado en descuentos obligatorios aplicados sobre el salario formal como las cuotas solidarias. En pesos, esa recaudación supera ampliamente el billón de pesos por año.

En el último tramo de las tratativas sobre la reforma laboral, el sector político del Gobierno (el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem, Martín y Lule, alineados con Karina Milei) logró neutralizar la posición dura de Sturzenegger y priorizó las negociaciones con los gobernadores y la CGT para facilitar la sanción de la ley.

Eso permitió quitar las fuertes restricciones a las cuotas solidarias del proyecto, pero ahora la central obrera redobla la apuesta: quiere flexibilizar ese punto tan decisivo para la “caja sindical” mediante la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. ¿Lo logrará?

El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).

Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.

El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).

Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.

En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.

El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.

Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).

En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.

Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Desde que reapareció, hace 10 días, Pablo Moyano tuvo una maratón de 14 reuniones con dirigentes y delegados, habló con tres radios y declaró un paro por tiempo indeterminado. Todo un récord para un dirigente que, desde que renunció a la CGT, el 22 de noviembre de 2024, no había vuelto a su oficina de la Secretaría Adjunta del Sindicato de Camioneros, se alejó prácticamente de la actividad político-gremial y permanecía atrincherado como presidente del Club Deportivo Camioneros.

El repentino protagonismo del polémico dirigente inquieta a Hugo Moyano, su padre y secretario general del sindicato: ambos están peleados desde fines de 2021 tras fuertes discusiones por la crisis de la obra social de Camioneros y hasta ahora las tensiones entre ambos se pudieron disimular gracias al paso al costado de Pablo.

“Ya nadie oculta la pelea, pero se va a tener que definir: o Hugo echa a Pablo, o Pablo lo echa a Hugo”, advirtió un empresario del sector, preocupado porque por culpa del enfrentamiento entre padre e hijo hay negociaciones trabadas o conflictos que no se resuelven o que están condicionados por sobreactuaciones de los dirigentes.

En su agenda súbitamente tan cargada, el hijo mayor del líder sindical se reunió entre el 28 de enero y el 6 de febrero con Abel Furlán (UOM), Alejandro Gramajo (UTEP), su hermana Karina y Emiliano Addissi (ITF), dirigentes del Partido de la Costa, trabajadores de la empresa Nittida, delegados de las ramas de Aguas Gaseosas, Lácteos y de la empresa Cliba, y el ex delegado Gustavo Ferreyra (golpeado por el hugomoyanista Garnica), además de un encuentro en el gobierno porteño para resolver un conflicto de la Rama de Residuos Patológicos. Y a la mayoría de estos encuentros, sugestivamente, los hizo en su oficina, a la que no iba desde fines de 2024.

En estos vertiginosos días, incluso, Pablo Moyano encabezó este viernes una asamblea con más de 1.500 trabajadores de la planta Mega de Coca Cola, ubicada en Tapiales, La Matanza, y logró el respaldo para iniciar un paro por tiempo indeterminado por reclamos salariales y laborales, que finalmente duró menos de un día porque el Gobierno declaró la conciliación obligatoria.

“Estamos de paro y nos quedamos en la planta hasta que aparezca una respuesta”, advirtió el dirigente, que estuvo acompañado por el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, un nombre que se hizo más conocido en los últimos meses porque los aliados de Hugo Moyano trataron de involucrarlo en la presunta estafa al hotel sindical de Mar del Plata (donde echaron a dos dirigentes cercanos a Pablo) y responsabilizarlo de que no se hayan pagado indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.

En los pasillos del sindicato nadie oculta que hay dos bandos enfrentados ferozmente: los leales a Hugo Moyano, como Octavio Argüello (cotitular de la CGT) y José “Teta” Garnica (secretario de la rama Recolección de residuos), y los alineados con Pablo Moyano, como Aparicio y Oscar “Chuky” Borda (secretario de la rama Logística). En este tablero, el líder sindical cuenta con el apoyo incondicional de su hijo menor, Jerónimo, a quien acaba de encumbrar como secretario Gremial de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Y el que está en el medio de la pelea, sin tomar partido por ninguno, es Hugo Antonio Moyano, el abogado del clan familiar y flamante diputado nacional por Fuerza Patria.

La disputa entre Hugo y Pablo comenzó cuando éste le reprochó a su papá que la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros era responsabilidad de su esposa, Liliana Zulet, dueña de una empresa que se ocupa del gerenciamiento de esas entidades sindicales de salud.

Desde que discutieron a los gritos, en 2021, el hijo de Moyano estuvo meses sin concurrir a su oficina del sindicato para no cruzarse con su padre y dejó el ejercicio de la vicepresidencia del club Independiente, que encabezaba Hugo. Pero las primeras señales del enfrentamiento se registraron durante la cuarentena obligatoria: en 2020, con el viejo líder camionero recluido por temor a los contagios, Pablo tomó las riendas del sindicato, pero tuvo problemas.

Tensó tanto el conflicto con Mercado Libre al bloquear el centro de distribución de la empresa de Marcos Galperin en La Matanza, que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo que hablar con su papá para pedirle ayuda con el fin de intentar descomprimir la situación. La solución que eligió Hugo Moyano fue desplazar a Pablo de las negociaciones y dejarlas en manos de Aparicio.

Lo mismo sucedió en abril de 2021 cuando la intransigencia de Pablo puso en peligro 10.000 fuentes de trabajo al insistir en aplicar la llamada “ley Moyano” en el cambio de manos de los supermercados Walmart: la exigencia de echar, indemnizar y volver a contratar a 500 trabajadores fue rechazada por la empresa tras considerarla ilegal. En una reunión, Hugo Moyano se mostró conciliador, pero su hijo se retiró de la mesa de manera violenta y el empresario Francisco De Narváez dio por terminadas las charlas. Se llegó a un acuerdo recién cuando Pablo fue apartado de las negociaciones.

Pero las diferencias también se manifestaron en sus disímiles adhesiones políticas. Mientras Hugo Moyano apoyó fielmente a Alberto Fernández, Pablo se mostraba como un crítico de su gobierno, entre fotos con Máximo Kirchner y reuniones con Cristina Kirchner.

Ese mismo componente hizo empeorar la relación: cuando la ex vicepresidenta fue detenida por corrupción, en junio pasado, el líder de Camioneros piloteó en la CGT la resistencia a declarar un paro general como protesta, pero Pablo fue uno de los primeros en visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. Poco después, en una reunión de mesa chica de la CGT, Hugo Moyano dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”.

En septiembre pasado volvió a hablar de su hijo mayor durante el Comité Central Confederal de la CGT, poco antes del congreso que eligió sus nuevas autoridades: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera". Así justificó haber elegido para sucederlo en el triunvirato a Octavio Argüello.

El enfrentamiento no se limitó a lo discursivo. Cuando la federación nacional eligió sus autoridades en diciembre de 2021, Hugo no ratificó a Pablo como su secretario adjunto y nombró a Jorge Taboada en ese cargo. Y tres años más tarde, cuando su hijo renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato, Hugo fue desplazando a sus leales de la estructura gremial y, a la vez, empoderó a Argüello, Garnica y Jerónimo, pero eso no pacificó la interna.

El 17 de julio pasado, la interna se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan. Dicen que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores que estaba alineado con Hugo Moyano.

El último cruce violento se dio en noviembre pasado, durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, en el que miembros de las dos facciones protagonizaron una batalla campal que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo y trompadas a granel.

Los que conocen la interna de Camioneros creen que si Pablo Moyano reapareció de esta manera es porque está dispuesto a pelearle el liderazgo a su padre. Pero en el sindicato habrá elecciones para renovar autoridades recién en el segundo semestre del año próximo ya que allí, pese a la pelea familiar, ambos fueron reelegidos en 2023. ¿Competirán Pablo y Aparicio contra Hugo Moyano?

Por ahora, sin mencionar a su padre y titular del sindicato, Pablo se muestra activo en los conflictos de Camioneros y sostiene una postura muy combativa contra la reforma laboral, mientras que Hugo, aunque cuestiona el proyecto, comparte la estrategia moderada de la CGT, que privilegia las negociaciones para hacerle cambios a la iniciativa antes de ir a una guerra frontal.

Y todavía puede haber cortocircuitos más fuertes cuando este mes comience a discutir las paritarias 2026: el líder del sindicato viene firmando acuerdos en sintonía con la pauta oficial y si mantiene esa posición seguramente chocará con la intransigencia de su reaparecido hijo.

La asamblea que definió la medida de fuerza reunió a unos 1.500 trabajadores en la planta Mega de la multinacional ubicada en el Gran Buenos Aires. El encuentro contó con la presencia del secretario adjunto Pablo Moyano y del secretario gremial Marcelo Aparicio. Allí, los empleados exigieron la efectivización de contratados, la mejora en el esquema de presentismo y la incorporación de personal adicional para el turno nocturno. Moyano declaró ante los trabajadores: “Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, ratificando la decisión de sostener la huelga hasta que la empresa atienda los reclamos. La posición del sindicato fue respaldada de manera unánime dentro de la planta, donde se reclamó de manera explícita “condiciones laborales dignas” y remuneraciones acordes al esfuerzo diario.

Horas después de la asamblea, la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que le puso un paréntesis al conflicto.

El contexto que rodea a esta huelga sectorial es especialmente complejo dadas las discusiones internas en la CGT y el impacto potencial de la reforma laboral, destinada a redefinir varias normativas del empleo formal en la Argentina. En la reunión de este viernes, la CGT optó por solo realizar una movilización ante el Congreso durante el tratamiento de la reforma, en un intento de sostener “el mayor nivel de paz social posible”. Una alta fuente oficial transmitió al medio: “Se mantiene la voluntad de lograr el mayor nivel de paz social posible y que la protesta quede reducida a la izquierda”. Esta decisión moderada fue apoyada por la mayoría, aunque sectores de mayor combatividad como los de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, referente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte - CATT) y de La Fraternidad propusieron paros de 12 y 48 horas respectivamente. El ala dura del transporte confirmó un paro sectorial de 12 horas el próximo miércoles, un día clave para la votación en el Senado.

A nivel político, la huelga amplifica la fractura dentro de la dirigencia sindical sobre el rumbo a seguir frente al gobierno y las multinacionales. Dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez mantienen la estrategia de buscar entendimientos técnicos con gobernadores y senadores para minimizar los efectos de la reforma, mientras que otras agrupaciones ya impulsan planes de lucha autónomos y acciones coordinadas.

En paralelo, persiste en la CGT una atmósfera de incertidumbre: algunos dirigentes expresan un “cauto optimismo” respecto de la posibilidad de que el Gobierno acepte cambios en el proyecto tras una ronda de conversaciones con legales y funcionarios, aunque advierten que no existen garantías plenas de que sus demandas sean incluidas en la versión final. Entre los puntos de mayor preocupación sindical se encuentran las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, la obligación de mantener niveles mínimos de prestación (del 50 % al 75 %) y la exigencia de autorización patronal para asambleas, condiciones que limitarían la capacidad de protesta futura de gremios clave.

Mientras tanto, Pablo Moyano instó públicamente a los trabajadores a movilizarse en las calles el 11 de febrero, coincidiendo con la fecha prevista para el tratamiento parlamentario de la reforma. El propio dirigente señaló: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, en un llamado que busca articular el reclamo sectorial con una resistencia gremial de mayor alcance.

“No puedo salir de mi casa. Temo por mi vida, temo por la vida de mi familia”. La voz se le quiebra a Gustavo Ferreyra cuando relata a Infobae cómo está luego del feroz ataque que recibió el 20 de enero adentro de la empresa Urbasur por parte de una patota de 10 o 12 personas liderada por José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del Sindicato de Camioneros y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

Según denunció a Infobae este ex delegado, la empresa despidió con justa causa a 5 empleados alineados con Garnica que participaron de la paliza a Ferreyra, identificados en las filmaciones de las cámaras instaladas en el establecimiento, pero pocos días después “los volvieron a tomar y sólo les aplicaron suspensiones”. Por eso dijo estar “indignado” y señaló: “Ahora tengo que volver a trabajar y convivir con la gente que me pegó”.

“Hago responsable a la empresa y al sindicato por lo que me pase” , advirtió Ferreyra, que destacó: “A mí me pega un dirigente de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros que ya tiene no sé cuántas causas adentro de Urbasur, una empresa líder internacional, pero hoy sigo siendo el más perjudicado. Me siguen golpeando. Voy a tener que ir a un psicólogo o a alguien que me ayude porque no puedo salir de mi casa”.

Mientras, Pablo Moyano recibió la semana pasada a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una inesperada muestra de cómo este episodio se convirtió en parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT está peleado con su padre y por eso, a la vez, es un enemigo de Garnica.

Acerca de este encuentro, Ferreyra afirmó que Hugo Moyano nunca lo llamó por el ataque de su dirigente de confianza y que se había reunido con su hijo Pablo porque lo citó en la sede del Club Deportivo Camioneros, que preside: “Le conté lo que pasó, nos sacamos una foto y me dijo que contara con él porque este muchacho (por Garnica) está desprestigiando a la organización. No me meto en ninguna interna. Me llamó un dirigente para escucharme y yo le conté lo que había pasado”.

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en las instalaciones de Urbasur con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video, el agredido brindó detalles sobre el episodio y puntualizó: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. El acusado se justificó ante Infobae: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó este medio. “No, no estoy admitiendo -contestó Garnica-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Además, el dirigente de Camioneros resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Tras la denuncia policial, la agresión es investigada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Celsa Ramírez, que, según fuentes judiciales, está “recabando información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos denunciados” y “por el momento se han tomado alrededor de 6 declaraciones testimoniales, Ferreyra se constituyó como querellante y están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones del episodio”.

“En el incidente hay alrededor de 20 personas involucradas, pero sólo hay 6 identificados -añadieron las fuentes-. Por eso la empresa tomó la decisión de despedir a varias de las personas involucradas, pero no tenemos los nombres ni la cantidad exacta”.

En la justicia porteña sostuvieron que la imputación es por lesiones en riña y amenazas, pero que luego de los informes médicos podría cambiar a “una calificación mayor” (se habla de tentativa de homicidio).

En Urbasur, mientras, no hablaron de despidos de los agresores de Ferreyra: “Hasta el momento las acciones llevadas a cabo son suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido del personal involucrado habida cuenta de que, en razón de lo que marca la Ley de Asociaciones Sindicales respecto de los fueros, no se pueden tomar medidas definitivas”, sostuvo Andrés Martín, abogado de la empresa.

“No obstante si la justicia resuelve sobre las responsabilidades y sobre la exclusión de tutela sindical, se procederá en consecuencia”, agregó.

El abogado aseguró que hay 6 empleados involucrados en la paliza a Ferreyra, pero no confirmó si todos tienen fueros sindicales que los protejan: “No puedo dar mayores precisiones por el momento”, dijo. Según Martín, “todo lo que estamos haciendo es para proteger a la gente, la empresa y el servicio público a nuestro cargo”.

Ferreyra tiene una versión distinta: dijo que una abogada de la empresa le “confirmó” los despidos de sus atacantes: “Me dijo que me quedara tranquilo, que la empresa me está cuidando y está haciendo todo lo que corresponde porque hizo la denuncia penal. De hecho, la abogada estaba contenta porque la dejaron actuar como se debería. Pero hoy ya no me atienden el teléfono porque saben que volvieron todo para atrás”.

“Estoy a las lágrimas y ellos (por sus agresores) están festejando en la empresa, festejan que los reincorporaron. ‘Ganamos gracias a Teta y a Hugo (Moyano)’, dicen. O sea, ahora ya no es como dice la ley que al te pega lo echan. Ellos me pegaron y están trabajando. Esto marca un precedente -advirtió-. Sólo el día en que maten a uno esto va a cambiar. Me están mandando al matadero”.

Mientras Hugo Moyano despliega una estrategia moderada contra la reforma laboral desde la CGT, su hijo Pablo acaba de abandonar su retiro político-sindical diferenciándose una vez más de su padre: anunció que se sumará al nuevo frente de gremios ultraopositores que lideran la UOM, Aceiteros y las dos CTA porque “hay que estar en la calle” para frenar el proyecto oficial.

Luego de permanecer atrincherado en su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros y mantenerse n alejado del sindicato de Camioneros que lidera su papá, Pablo Moyano ofreció este lunes una cuidada escenificación de su regreso al primer plano. Se reunió por la mañana con el líder de la UOM, Abel Furlán, que se convirtió en el máximo antagonista de la estrategia de la CGT, y al mediodía habló con un programa radial, en el que efectuó declaraciones de alto voltaje político.

“Es una reforma laboral regresiva, que te lleva a los años de la esclavitud en donde los jubilados van a tener que pagar las indemnizaciones de los trabajadores”, dijo al programa Laudatistas de Radio Gráfica, en donde también anunció: “Hay que estar en la calle. Hoy nos reunimos con el compañero Furlán, que está armando un frente con los gremios que vamos a salir a la calle en Córdoba, Rosario y el día que se trate en el Congreso“.

Furlán, la Federación de Aceiteros, las dos CTA y otros sindicatos lanzaron la semana pasada un nuevo frente gremial de perfil ultraopositor, que marcó fuertes diferencias con la estrategia de la CGT al anunciar un plan de lucha contra la reforma laboral: comenzará este jueves con una movilización en Córdoba, seguirá el 10 de febrero con otra marcha en Santa Fe y seguramente continuará con un paro y una concentración cuando el Senado trate el proyecto impulsado por Javier Milei.

En su reaparición, Pablo Moyano le apuntó duramente a varios gobernadores por su posible apoyo en el Congreso a la reforma laboral: “Todos sabemos que es un gobierno gorila que viene por los derechos laborales, pero ¿qué están dudando sobre la reforma laboral los gobernadores de Córdoba, Tucumán y Catamarca? No se la pueden llevar de arriba estos gobernadores".

Al poner un ejemplo, afirmó que “el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cerró su campaña a gobernador en el camping de Camioneros y fue el primero que le dio el voto a la Ley Bases; hacen campaña con Perón y Evita y en la primera de cambio te votan en contra”.

“Hay que darle un mensaje contundente al Gobierno, a los empresarios y al peronismo. Esto también pasa porque no hay una conducción en el peronismo -dijo. Esperemos que con la movilización se pueda suspender o posponer el tratamiento de la reforma laboral”.

Para el presidente del Club Deportivo Camioneros, “lo que preocupa es que no hay reacción: los derechos adquiridos se defienden, si no hay confrontación total en la calle nos van a llevar puestos. De un día para otro te quieren limpiar todos los derechos. Vamos a resistir para que no los saquen”.

Sobre la CGT, a la que renunció en noviembre de 2024 por diferencias con su perfil dialoguista, Pablo Moyano no fue particularmente duro, pero fue evidente que no comparte su estrategia de negociar cambios en la reforma laboral antes de declarar un plan de lucha, postura de la que Camioneros participa de manera activa porque Octavio Argüello, del sindicato, integra el triunvirato.

“Con los muchachos de la CGT no hablo desde hace mucho -reconoció-, pero los que van a salir a la calle son los compañeros de la UOM, los aceiteros. Vamos a resistir para que no saquen derechos“.

“Estoy vivo de milagro, me quisieron matar”, dijo en un segundo video que se difundió en las últimas horas, en el que brinda detalles de la agresión y los nombres de sus responsables, además de confirmar que el salvaje ataque fue denunciado en una comisaría porteña y ya es investigado por un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Ferreyra dijo que por los golpes recibidos adentro de la empresa tiene un posible desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, perdió una muela y fue herido en las piernas con el palo de un escobillón de barrendero.

Ferreyra relató a Infobae que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto hace dos meses debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? El ex delegado admitió que entre ambos existe una mala relación: “No comparto la forma violenta que tiene de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros trabajadores -explicó. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

“Voy a cumplir 52 años, hace 30 que estoy en actividad y gracias a él (por Garnica) casi no la cuento más”, señaló Ferreyra, que, hasta el martes por la tarde, había denunciado la agresión ante la Policía y la Justicia, pero no había hablado sobre el tema con la empresa ni con autoridades del sindicato. “Ya tendré tiempo para hacerlo, pero ahora sólo me preocupa mi salud -resaltó. Recién salí del (hospital de oftalmología) Santa Lucía y tengo un posible desprendimiento de retina".

Por su parte, Infobae también pudo hablar con Garnica, con quien se estableció el siguiente diálogo:

— ¿Por qué le pegaron a Ferreyra?

— Yo no le pegué a nadie. Nadie es culpable hasta que la ley demuestre lo contrario.

— Pero lo denunció en una comisaría, ya intervino la Justicia y hay videos donde se ve la agresión.

— Que él haga lo que tenga que hacer. Yo no le pegué a nadie.

— ¿No está enfrentado con Ferreyra?

— No, no tengo ningún enfrentamiento con ningún compañero. Y de mi boca no vas a escuchar hablar mal de ningún compañero. Son ellos los que provocan y hablan lo que no tienen que hablar. Yo, no. Mis compañeros son mis compañeros de trabajo. Buenos, malos o regulares, pero siguen siendo mis compañeros.

— En este caso, ¿qué es lo que dijo Ferreyra que no tendría que haber dicho?

— En diciembre, cuando murió mi compañero (se refiere a Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección) puso (en las redes): “Al mejor lugar que voy a ir el 24 de diciembre es al cementerio porque allí es donde está mi Navidad feliz”. Y a los hijos les dijo delante de todos: ‘Para el dolor tomen ibuprofeno’“.

— ¿Eso justifica que lo hayan molido a golpes?

— Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo.

— Pero entonces usted admite que le pegaron.

— No, no estoy admitiendo. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después.

— Ferreyra dice que le pegaron entre 10 y 12 personas.

— Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos.

Cuando Infobae preguntó a Urbasur sobre la grave agresión sufrida por Ferreyra, quien contestó fue el abogado Andrés Martín: “La empresa guarda silencio sobre esta cuestión porque no tiene ninguna intervención directa. Esto es aparentemente alguna interna gremial, pero nosotros hicimos las denuncias pertinentes por el hecho que ocurrió y estamos a disposición de la Justicia. No es un tema nuestro y la empresa no tiene nada que manifestar al respecto”.

Como fue un ataque adentro de la sede de la empresa, ¿Urbasur no sancionó a los agresores? “Sí, tomamos las medidas pertinentes -contestó-. Hicimos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y estamos esperando que la Justicia disponga medidas y en función de eso vamos a ver qué medidas tomamos”.

Los rastros de la interna de Camioneros

Tanto Ferreyra como Garnica destacaron que el enfrentamiento que mantienen no es debido a la interna del Sindicato de Camioneros: ambos aseguraron que responden fielmente a la figura de Hugo Moyano.

Sin embargo, el nombre de Garnica apareció con frecuencia en los medios en 2025 porque, según fuentes sindicales, está tan alineado con el líder de Camioneros como alejado de Marcelo “Feúcho” Aparicio, secretario Gremial del sindicato y cercano a Pablo Moyano, quien, a la vez, sigue enfrentado con su padre, Hugo.

La feroz interna entre los Moyano se instaló en la rama de recolección de residuos, donde, por un lado, está Garnica y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que promovieron asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados.

La manifestación más clara de esa interna contra “Feúcho” fue cuando frente a la sede del gremio fueron arrojados volantes con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”.

Luego de que Hugo Moyano reflotó el año pasado el reclamo al gobierno porteño de indemnizaciones para los empleados de recolección de residuos, dicen que Garnica aludió a Aparicio al hablar con trabajadores ante del sindicato: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo sobre el dirigente al que el “hugomoyanismo” tiene en la mira.

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero respondió en forma contundente contra los nuevos reclamos salariales del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que anticipó su rechazo al esquema actual de las paritarias en la actividad, con acuerdos pactados por 6 meses con cláusulas de revisión y al otorgamiento de sumas no remunerativas.

La entidad empresarial, que agrupa a pymes y es liderada por Federico Lo Bruno, hizo hincapié en la gravedad del contexto actual y advirtió que la crítica situación financiera del sector amenaza la sustentabilidad de las fuentes laborales y la continuidad de cientos de empresas de transporte automotor de cargas.

En un comunicado, destacó que el sector enfrenta un escenario donde “los costos operativos superan en muchos casos los ingresos, producto de tarifas que se encuentran muy por debajo de los valores reales que requiere la actividad para ser sustentable”.

Alertó que esta situación ha provocado cierre de empresas, reducción de flotas y la pérdida diaria de empleo en la provincia y en todo el país. Pese a reconocer la importancia de los análisis técnicos sobre el salario real, la cámara santiagueña sostuvo la necesidad de que tales planteos “deben ser canalizados y debatidos en la mesa de negociación paritaria, ámbito natural donde las partes —trabajadores y empresas— participamos activamente y asumimos compromisos concretos, con pleno conocimiento del contexto macroeconómico, sectorial y regional en el que se desarrolla la actividad”. Además, remarcó que no se generan “ahorros” ni “beneficios extraordinarios” derivados de los acuerdos salariales actuales, tal como señaló Camioneros.

Acerca de las recurrentes críticas a la rentabilidad empresarial, la cámara del interior fue enfática: “Sin rentabilidad no hay empresas, sin empresas no hay empleo, sin empresas no hay salarios, ni aportes ni contribuciones abonados en tiempo y forma”.

Resaltó que “demonizar” la ganancia de las empresas implica desconocer que sólo mediante resultados positivos se pueden mantener los compromisos asumidos con trabajadores, proveedores y el fisco.

La entidad también cuestionó la continuidad de los bonos extraordinarios pedidos por el sindicato para la obra social cuando estos se exigen incluso para trabajadores no afiliados, especialmente considerando que “la calidad de las prestaciones se ha deteriorado gravemente, con servicios deficientes o inexistentes en amplias zonas del país, incluida nuestra provincia”.

“La situación de la obra social resulta crítica, sin que ello se traduzca en mejoras concretas ni para los trabajadores ni para las empresas que realizan los aportes”, agregó el comunicado empresarial.

Respecto del tema salarial, insistió en que “todo acuerdo salarial vigente ha sido previamente consensuado y firmado por las partes”, subrayando la existencia de un compromiso mutuo y bilateral de respeto a lo acordado, “tanto en sus alcances como en sus limitaciones”.

En su mensaje final, la cámara de Santiago del Estero reiteró que la prioridad indeclinable debe ser “la continuidad del sector y la preservación de las fuentes de trabajo”. Sin embargo, consideró que “el transporte de cargas atraviesa una crisis profunda, con cierre de empresas, reducción de flotas y pérdida diaria de empleo” y advirtió: “Esta realidad exige responsabilidad, diálogo y esfuerzos compartidos, no la confrontación ni la estigmatización de quienes sostienen la actividad”.

La firme postura del líder del Sindicato de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación de lo pactado por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En una postura que incomodará al Gobierno, Hugo Moyano pateó el tablero en materia salarial: reclamó a los empresarios una revisión "urgente y más frecuente" de los sueldos de la actividad (sin acuerdos con vigencia más extensa, como hoy) y un tratamiento más adecuado de las sumas no remunerativas para evitar el continuo deterioro del salario real y el consecuente perjuicio de la vida de los trabajadores y el funcionamiento del gremio.

En una nota dirigida a las cámaras empresariales del sector, el líder del Sindicato de Camioneros planteó una demanda “urgente de revisión técnica, económica y paritaria de los mecanismos salariales” vigentes debido a “los efectos regresivos comprobables que generan sobre los ingresos reales de los trabajadores”.

Moyano cuestiona el esquema actual de revisión y aumentos salariales al destacar que consolida “una licuación salarial estructural, producto de la brecha temporal existente entre la dinámica inflacionaria y la actualización efectiva de los salarios”.

La firme postura del líder de Camioneros adquiere más relevancia porque en los primeros días de febrero comenzarán las negociaciones con los empresarios para acordar la paritaria 2026. Y, en los hechos, desafiará la pauta salarial fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que ahora busca acuerdos anuales y por debajo de la inflación prevista, y podría trabar la homologación por parte del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

En la nota a las cámaras, el sindicalista afirmó que, aunque existe una cláusula de revisión salarial que introduce una corrección posterior, “resulta insuficiente y técnicamente distorsiva, dado que se aplica con un desfasaje aproximado de 4 meses, período durante el cual se materializa una pérdida real sostenida del poder adquisitivo”.

El esquema actual de aumentos, según Moyano, “genera un beneficio económico directo para el sector empresario, a partir del ahorro en contribuciones patronales derivado del atraso salarial, el pago de sumas no remunerativas y el acatamiento a la pauta salarial fijada por el Gobierno, pero sin duda impacta negativamente en los ingresos de los trabajadores y en el funcionamiento de la organización sindical”.

Para el titular de Camioneros, esta situación “afecta el financiamiento, la estructura administrativa y la capacidad operativa” del sindicato que dirige.

Por otra parte, destacó que la asignación extraordinaria no remunerativa de $840.000 en cuatro cuotas, que se acordó en la última paritaria, constituye “un incremento salarial no remunerativo, transitorio y no consolidable”, que sólo incrementa los ingresos “entre un 5% y 10% según rama de actividad y categoría“.

Incluso este incremento, sostuvo, “se pierde de manera exponencial al culminar el pago (en abril), generando una caída inmediata del salario real que no es recompuesta por el nuevo acuerdo salarial, en tanto este último se limita a corregir parcialmente el salario previamente pisado por la pauta oficial y la inflación de meses anteriores, sin incorporar la pérdida producida por la finalización del bono".

En la nota, además, el líder de Camioneros consideró que los índices de inflación oficiales “no reflejan las necesidades de los trabajadores, toda vez que para su medición se suman objetos suntuarios que lejos están de la verdadera canasta de los trabajadores, compuesta en su mayor parte por alimentos, servicios y transporte que han sufrido incrementos que están muy por arriba del promedio mensual de inflación”.

Por esto, agregó, “resulta evidente que el esquema vigente no garantiza la preservación del salario real, ni cumple con el objetivo de recomposición integral frente a la inflación, consolidando un modelo de actualización tardía que naturaliza la pérdida salarial, que estimamos en un 6 o 7 por ciento, y debilita el equilibrio propio de la negociación colectiva".

Por eso Moyano advirtió que “será muy difícil llevar adelante una vez más un acuerdo por el plazo de 6 meses”, recomendando en cambio “acotar los plazos de revisión lo máximo previsto a fin de evitar la preservación (SIC) del salario real”.

Para finalizar, el titular del Sindicato de Camioneros juzgó “imprescindible prever los análisis expuestos para la próxima discusión salarial de marzo y enfocar la revisión de los mecanismos de actualización salarial y del tratamiento del bono extraordinario a fin de restablecer criterios de equidad, previsibilidad y sostenibilidad, evitando que continúe profundizándose el deterioro de los ingresos del sector”.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros hace cinco meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras empresariales acordaron una suma fija de 35 mil pesos, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

En un duro fallo, una jueza de Monte Caseros, Corrientes, amplió la medida cautelar que había suspendido las elecciones en el Sindicato de Camioneros correntino, que se hicieron igual el domingo pasado desobedeciendo una sentencia anterior, y le prohibió al moyanista Angel “Wallas” Díaz la proclamación y la toma de posesión de la conducción del gremio.

Al mismo tiempo, le pidió a la Secretaría de Trabajo de la Nación que se abstenga de darle a Díaz el reconocimiento oficial hasta hasta tanto exista decisión judicial firme en la causa que frenó los comicios porque se impidió la participación de una lista opositora.

La resolución fue adoptada este jueves por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, Amelia Itatí Olivieri, luego de que, en abierto desafío a la suspensión de la votación, el Sindicato de Camioneros de Corrientes realizó las elecciones de autoridades sin la participación de la lista opositora y dio como ganador a Díaz, su titular interino y aliado de Hugo Moyano, con sólo 458 votos de los 3000 afiliados que tiene la organización.

El viernes pasado, la jueza suspendió los comicios previstos para el 11 de enero tras hacer lugar a una acción de amparo de la lista encabezada por los disidentes Alejandro Benítez y Alberto Blanco, que denunciaron presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

Ahora, en su nuevo fallo, la magistrada correntina dio “por comprobado un incumplimiento deliberado de la primera medida cautelar que suspendía el acto electoral” en Camioneros ya que, pese a la orden de no efectuar los comicios, el sindicato que lidera Díaz realizó igual el acto eleccionario, modificó el lugar y el horario, controló el acceso y cerró anticipadamente la votación.

“Las acciones del presidente de la junta electoral y del apoderado del sindicato demostraron una voluntad anticipada de desoír la orden judicial y se detectaron maniobras para consolidar un resultado irregular y buscar su convalidación administrativa posterior”, consideró Olivieri en el fallo.

Además, señaló que el riesgo de hechos consumados exige proteger la eficacia de la futura sentencia: “Permitir la proclamación y toma de posesión implicaría diluir la eficacia de la sentencia principal por la dificultad de revertir acciones ya consolidadas y formalizadas”, dijo.

El otorgamiento del certificado de autoridades por la Secretaría de Trabajo de la Nación, además, podría blindar institucionalmente a los elegidos y legitimar de facto la representación, según el procedimiento previsto en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

En el fallo, la jueza considera que existe peligro real, actual e inminente de que se tornen irreversibles los efectos del acto electoral impugnado.

Por eso Olivieri decidió ampliar la medida cautelar para detener todos los avances posteriores a la elección, con las siguientes decisiones: prohibir expresamente la proclamación de la lista vencedora y suspender cualquier acto de ejecución vinculado; prohibir la toma de posesión de los cargos y cualquier acto de gestión o representación en calidad de autoridades electas, y ordenar a la Secretaría de Trabajo de la Nación abstenerse de emitir o registrar certificaciones de autoridades sindicales hasta que haya sentencia firme.

La decisión judicial se fundamenta en pruebas documentales y video, que acreditan el desacato por parte de Díaz, y la jueza de Monte Caseros resaltó que busca salvaguardar el status quo jurídico y la tutela judicial, impidiendo que la desobediencia derive en una cadena de hechos irreversibles.

En realidad, Díaz también había incumplido otra sentencia judicial cuando el 3 de octubre pasado se negó a reinstalar en su cargo al titular del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, como ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al considerar que su apartamiento obedeció a decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas”.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la jefatura del sindicato por Díaz y por el secretario Gremial, Mario Alberto Blanco, luego de que aquel los involucró en una denuncia ante la Justicia por malversación de fondos de la organización.

“Wallas” Díaz no sólo no hizo efectiva la reinstalación de Rotela sino que fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato formalmente se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran Díaz como acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También denunció a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Alberto Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, dijo a Infobae que Blanco señaló quelas acusaciones de Rotela derivaron en tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

En abierto desafío a la Justicia, el Sindicato de Camioneros de Corrientes realizó las elecciones de autoridades sin la participación de la lista opositora y dio como ganador a Ángel “Wallas” Díaz, su titular interino y aliado provincial de Hugo Moyano.

De esta forma, el dirigente gremial desoyó el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, que el viernes pasado suspendió los comicios previstos para el 11 de enero tras hacer lugar a una acción de amparo de la lista encabezada por los disidentes Alejandro Benítez y Alberto Blanco, que denunciaron presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

En las redes sociales, el sindicato correntino difundió la realización de las elecciones sin mencionar el fallo judicial y destacó que Díaz fue elegido como secretario general por “458 compañeros y compañeras de todas las ramas del gremio, demostrando una vez más el compromiso y la unidad del movimiento camionero”. De todas formas, en la oposición aseguraron a Infobae que el total de afiliados llega a unos 3000, por lo que habría participado de la votación apenas el 15% del padrón de afiliados.

Ahora, los abogados de la nómina opositora impugnaron la elección que se hizo igual pese a la suspensión judicial y se abrió así una instancia compleja para la pretensión de Díaz de quedarse al frente del gremio hasta 2029.

Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.

En realidad, Díaz también había incumplido otra sentencia judicial cuando el 3 de octubre pasado se negó a reinstalar en su cargo al titular del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, como ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al considerar que su apartamiento obedeció a decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas”.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la jefatura del sindicato por Díaz y por el secretario Gremial, Mario Alberto Blanco, luego de que aquel los involucró en una denuncia ante la Justicia por malversación de fondos de la organización.

“Wallas” Díaz no sólo no hizo efectiva la reinstalación de Rotela sino que fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato formalmente se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran Díaz como acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También denunció a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Alberto Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, dijo a Infobae que Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

Según el dirigente opositor, la vida institucional del gremio se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.

Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.

La Justicia suspendió las elecciones convocadas para el 11 de enero en el Sindicato de Camioneros de Corrientes, cuya conducción está alineada a nivel nacional con Hugo Moyano, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por una lista opositora, que denunció presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, pone en suspenso la votación y agrega un elemento de incertidumbre en el gremio que conduce Angel “Wallas” Díaz, que, además, está en el centro de una serie de denuncias por malversación de fondos y una escalada de tensiones internas que ya había llevado en octubre al desplazamiento de su titular, Emilio Rotela.

En el fondo, el fallo judicial también se convirtió en un traspié para Moyano, ya que Díaz, que conduce el sindicato correntino de manera interina, está identificado con el líder nacional de Camioneros y quedó en la mira por tratar de impedir la participación en los comicios de una lista opositora, liderada por Alejandro Benítez, candidato a secretario general, y Alberto Blanco, a secretario adjunto, que pertenecen a la Agrupación Oficial 11 de Junio.

Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.

Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, describió ante Infobae un escenario plagado de controversias, acusaciones cruzadas y maniobras que, según los denunciantes, buscarían obstaculizar cualquier intento de normalización institucional y brindó detalles de las causas judiciales por desvíos de fondos que apuntan a Díaz; al secretario Gremial del sindicato, Mario Alberto Blanco, a dos empleados administrativos de la organización y la esposa de uno de ellos.

Según Blanco, las investigaciones de la Justicia, iniciadas a partir de denuncias presentadas por Rotela, el entonces secretario general, alcanzaron a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros de Corrientes, con tres imputados confirmados y sumas involucradas que ascienden a 218 millones de pesos.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la secretaría general del sindicato por Díaz y Blanco, pero, el 3 de octubre pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes dispuso su reinstalación en Camioneros por considerar que fue objeto de decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas” y, además, la suspensión de todo tipo de acto eleccionario o asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria.

A pesar del fallo, Díaz no hizo efectiva la reinstalación de Rotela, convocó a una asamblea para el 5 de octubre y fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran el actual secretario interino, Díaz, acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También se acusó a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en producido tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras centrales del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.

Según el dirigente opositor, en el sindicato correntino, de unos 3000 afiliados, la vida institucional se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.

Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.

Los bloqueos sindicales contra las empresas bajaron en el trimestre octubre-diciembre de 2025 a uno de sus menores índices de los últimos años, pero el Sindicato de Camioneros inauguró una forma de extorsión sindical virtual que afecta a los dueños de las pymes.

“El año 2025 fue mucho más tranquilo que años anteriores”, dijo a Infobae el presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), Juan Méndez, quien detalló que “hubo muchos amagues de bloqueos que fueron disueltos prontamente, ya que en la medida en que se aplica un protocolo oficial que incluye la presencia de una fuerza de seguridad funciona como un fuerte elemento disuasivo para el sindicalismo".

“Afortunadamente, entre el MEAB y el Ministerio de Seguridad de la Nación hemos logrado disuadir a muchísimos dirigentes y activistas que amagaron con bloqueos y después no los llevaron adelante”, señaló el titular de la entidad, a quien sus pares acaban de reelegir en el cargo por otro período de dos años.

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el último trimestre de 2025 hubo un total de 26 bloqueos denunciados por los canales oficiales habilitados por esa cartera, a través de la línea telefónica 134, WhatsApp correo electrónico (6 en octubre, 6 en noviembre y 14 en diciembre), mientras que en el último trimestre de 2024 se registraron 29 denuncias (13 en octubre, 11 en noviembre y 5 en diciembre).

De todas formas, pueden haberse producido bloqueos sindicales que no fueron denunciados ante el Ministerio de Seguridad o ante el MEAB, que trabaja en conjunto con las autoridades nacionales para liberar a las empresas afectadas por estas protestas, que tuvieron un récord en 2021, cuando hubo unas 75 acciones de ese tipo en todo el país que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento gremial.

En los últimos años, se acumularon diversos factores que explican la caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña con su familia de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

La contraofensiva del MEAB al denunciar los bloqueos ante la Justicia fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma: gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 se registraron 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iba a ir a juicio en unas 30 protestas. Algunos fallos involucraron a gremialistas como el ex cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, dirigente de confianza de Hugo Moyano.

En la baja de los casos de bloqueos fue determinante el artículo de la Ley Bases que los considera como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes. A la vez, también fue clave el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

Méndez atribuyó la menor cantidad de bloqueos de los últimos tiempos a la tarea desarrollada por el MEAB (“los empresarios nos cansamos, perdimos el miedo y nos unimos”) y a la decisión de “proteger el libre funcionamiento de las empresas por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich y ahora con Alejandra Monteoliva, respaldada por el jefe de Operaciones, Martín Culatto, que hace un trabajo enorme en favor de las pymes”.

“Pero los propios trabajadores están hartos de estas prácticas y no quieren ser parte de estas extorsiones, por las que pueden perder el empleo y los ingresos que necesitan para sostener a sus familias”, afirmó el titular del MEAB, para quien “muchos de los que bloquean son presionados y lo hacen por miedo a las represalias”.

Méndez advirtió que, pese a la disminución en el número de los bloqueos, sigue habiendo casos de hostigamiento sindical contra las empresas: “Me preocupa mucho la presión de la UOCRA porque donde hay una construcción aparece enseguida gente del sindicato presionando al empresario para meter gente propia y, si no lo hacen, empiezan a extorsionar y a bloquear”, aseguró.

El titular del MEAB detalló “un caso muy reciente de una automotriz que está terminando la ampliación de un depósito en la zona de Campana, a la que la UOCRA presionó para meter a sus propios trabajadores y terminaron siendo un dolor de cabeza para esta empresa porque eran una máquina de impedir”.

Según Méndez, a estos casos hay que sumar situaciones similares en el interior del país, como, por ejemplo, en Santa Cruz: “Si las empresas quieren hacer algo, tienen que poner el personal puesto por el sindicato; si no, no trabajan. Más allá de la UOCRA, sucede con el Sindicato de Seguridad, que condiciona la actividad minera, o con el transporte de personal, que tiene que hacerse con los choferes puestos por un gremio”.

Admitió, por otra parte, que hay muchos menos bloqueos ejecutados por el Sindicato de Camioneros, que durante años protagonizó la mayoría de esas protestas, aunque advirtió que la organización liderada por Hugo Moyano “utiliza otras prácticas nuevas para hostigar a las empresas, como bloquear el sitio web para poder imprimir la boleta del pago de los aportes sindicales”.

Para Méndez, esa situación, que expone a los empresarios que no pagan a tiempo los aportes a tener que abonar multas, apunta directamente contra las pymes que no les giran a Camioneros la contribución extraordinaria para la obra social, que fue pactada en el convenio, pero no homologada por la Secretaría de Trabajo.

El propio titular del MEAB sufrió esa suerte de bloqueo virtual: “Ya me pasó el mes pasado, me bloquearon las dos empresas. Hice un reclamo a la Secretaría de Trabajo y a los pocos días nos habilitaron la página, pero tuve que pagar intereses porque los aplica automáticamente. Para no tener conflicto, terminé pagando intereses que no correspondían. Pero este mes me encontré que una de mis dos empresas está bloqueada otra vez. Mandé una carta documento al sindicato haciéndolos responsables de impedirme el pago de los aportes sindicales que debo hacer, según marca la ley. Si ellos no lo quieren cobrar porque bloquean el sitio, judicializaré la situación".

Méndez destacó que “casi ninguna empresa de transporte está pagando” la contribución para la obra social de Camioneros. “Son muy pocas los que lo han pagado; si lo han hecho es porque las apretaron”, dijo.

Al hacer un balance de sus dos primeros años al frente del MEAB, Méndez aseguró: “Siento orgullo porque hemos dado batallas muy importantes. No hay nada mejor que ver una empresa liberada y que su dueño nos diga: ‘Gracias, tenía miedo. Ahora estoy dispuesto a enfrentar lo que sea porque descubrí que se puede’”.

Finalmente, opinó que el futuro de la Argentina está marcado por el desafío de lograr un país “libre para todos los empresarios argentinos, inclusive para los trabajadores, porque ellos mismos son oprimidos por el sindicalismo y eso se tiene que terminar”. “La gente tiene que perder el miedo, no solo los empresarios, sino los propios trabajadores; si no, serán rehenes de estas mafias”, concluyó el presidente del MEAB.

No fue el mejor año para Hugo Moyano, pero antes de que termine 2025 el líder sindical enfrenta otra acusación que puede poner en jaque su liderazgo en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde fue reelegido en un congreso realizado el 28 de noviembre pasado: opositores internos denunciaron que ese encuentro se hizo en medio de irregularidades legales y estatutarias que ponen en duda su validez.

Se trata de otro contratiempo que se suma a una sucesión de hechos que indican un declive de su poder: desde las paritarias a la baja que viene firmando hasta la denuncia judicial por un presunto fraude en un hotel de Camioneros en Mar del Plata, por el que tuvo que desplazar a dos dirigentes, pasando por la aguda crisis de la obra social, que derivó en protestas de trabajadores de sus sanatorios por falta de pago de los salarios, donde se exhibieron carteles responsabilizando por el conflicto a Liliana Zulet, la esposa del líder sindical, y ahora con la decisión de poner en venta el Sanatorio Antártida.

No fue todo: la denuncia judicial en Mar del Plata desató una pelea con Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros y allegado a Pablo Moyano, a quienes los fieles de Hugo presionaron de distinta forma para echarlo de su cargo u obligarlo a renunciar.

En las últimas semanas, sugestivamente, Aparicio se mostró activo en el club Deportivo Camioneros, que preside Pablo Moyano, quien desde hace 4 años mantiene un fuerte enfrentamiento con su padre, que lo llevaron a fines de 2024 a alejarse de la CGT y del sindicato.

Otro dato negativo: el jefe de Camioneros tampoco logró hasta el momento que empresarios de recolección de residuos de CABA y el gobierno porteño anticipen a los trabajadores plata de las indemnizaciones que cobrarían en 2028, en que se vencen los contratos de la actividad. En realidad, había desistido de ese reclamo en noviembre de 2024, pero hace un mes reflotó su exigencia de que se aplique la llamada “Ley Moyano” para atenuar el malestar interno entre los recolectores de residuos y debilitar la postura de Aparicio y sus delegados afines.

Ahora, en medio de un tenso clima, se conoció la acusación de los opositores en el Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, donde la Justicia suspendió las elecciones previstas para el 12 de octubre pasado, por la denuncia de “proscripción” por parte del oficialismo.

En esos comicios se iba a presentar para su reelección Juan Chulich, alineado con Hugo Moyano, pero surgió una lista opositora liderada por Oscar Galarza, a quien la junta electoral, dominada por el oficialismo moyanista, no habilitó para participar de la votación, lo que dio lugar a una denuncia judicial por “maniobras proscriptivas”.

Sin embargo, Chulich desobedeció la orden de la Justicia con la excusa de que el fallo no estaba en firme y realizó igual las elecciones, donde ganó sin competencia alguna, aunque con una legitimidad jurídica cuestionable.

Ahora surgió la acusación de los opositores conducidos por Galarza de que los congresales de Chulich participaron luego del congreso de la Federación de Trabajadores Camioneros que reeligió a Hugo Moyano, pero no estaban en condiciones de hacerlo porque esos delegados ya no contaban con mandato vigente (dan por sentado que los comicios realizados no fueron legítimos debido a la suspensión dictada por la Justicia).

Según el estatuto de la Federación, como advirtieron los opositores, sólo pueden integrar el congreso quienes tengan “representación válida y actual” en sus sindicatos de base. “Esa condición no es decorativa: es la que legitima la conformación del órgano, la emisión del voto y, en consecuencia, la validez de las autoridades electas -señalaron-. Aun así, los congresales de Santa Fe (alineados con Chulich) participaron del encuentro, votaron y uno de ellos fue incluso designado en el Consejo Directivo de la Federación”.

Además, este mismo sector opositor en Santa Fe denunció ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el oficialismo de Chulich y la junta electoral iniciaron acciones en distintas jurisdicciones en procura de encontrar un “foro judicial amigable”, seleccionando tribunales potencialmente favorables a sus intereses (lo que se conoce como “forum shopping”).

Según consta en esa presentación, luego de intervenir durante meses en los tribunales laborales de Rosario —sin objetar la competencia— los mismos actores intentaron trasladar el conflicto a otra jurisdicción tras recibir decisiones adversas. El planteo sostiene que se trató de una búsqueda deliberada de un “foro más favorable”, una práctica considerada abusiva por la doctrina judicial.

El escrito también señala que se intentó avanzar con el proceso electoral que había sido expresamente suspendido por orden judicial, generando “seudo-mandatos” que luego fueron utilizados para justificar representaciones que, al momento del Congreso de la Federación, ya se encontraban vencidas.

Esta polémica contamina obviamente el congreso en el que se reeligió a Hugo Moyano, junto con Jorge Taboada como secretario adjunto y Jerónimo Moyano -hijo menor del líder sindical- como nuevo secretario Gremial.

De esta forma, la provincia de Santa Fe se consolidó como uno de los principales focos rebeldes hacia el liderazgo de Moyano. Además de la lista opositora de Chulich, en esa provincia pesa fuerte la figura de Sergio Aladio, el principal opositor al líder nacional, que en 2015 desafilió al Sindicato de Camioneros de Santa Fe de la estructura moyanista y logró ser avalado por la Corte Suprema, mientras reivindica su autonomía y la necesidad de que la dirigencia porteña, centralista, respete la independencia de los gremialistas del interior.

Aladio sumó disidentes de Camioneros en todo el país con la idea de armar una federación paralela y tomó decisiones que lo diferenciaron más de Hugo Moyano: tiene su convenio colectivo de trabajo, que se aplica en la mayoría de las empresas de la provincia, y cuenta con su obra social propia, sin el déficit de las dos entidades que regentea el líder nacional de Camioneros a través de una empresa presidida por Liliana Zulet, su esposa.

¿Salpicará el conflicto santafesino de Camioneros el nuevo mandato de Hugo Moyano en la Federación? Será, en todo caso, un problema más que se sumará a una larga lista de episodios que se acumulan y dejan a la luz las grietas de un liderazgo que no es el mismo de antes.

El Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales acordaron este lunes el pago de una suma fija de 35 mil pesos en concepto de revisión de la paritaria vigente, que será cobrada con los sueldos de enero de 2026.

Ambas partes mantuvieron la primera audiencia en la Secretaría de Trabajo, aunque ya negociaban una mejora a partir del reclamo de Hugo Moyano, que exigía un aumento debido a que la inflación del trimestre septiembre-noviembre “superó ampliamente las previsiones, lo que deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores”, según advirtió en una nota a las cámaras.

El incremento acordado representa en términos porcentuales un 3,5%, aunque también firmaron que desde enero se incorporarán a los sueldos 31 mil pesos, decisión que elevará el impacto de la recomposición.

Sindicalistas y empresarios se comprometieron a reunirse nuevamente en enero de 2026 para negociar un aumento salarial que regirá a partir de marzo.

Sin embargo, hay un reclamo de Moyano sobre el que no hubo acuerdo y pactaron analizarlo más adelante: un incremento mínimo del 20 por ciento en los adicionales de especialidad para las ramas de Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado, que están postergadas.

Por iniciativa de una cámara empresarial se discutió la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador para aquellas tres ramas, pero se trabó porque las empresas de Expreso y Mudanzas se negaron a esa idea para no incrementar los costos del sector.

La negativa responde a que existen pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo ya estaba prevista para este mes, hay muchas empresas pequeñas y medianas afectadas por la crisis de la actividad.

En todos los casos, los empresarios todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

El viernes pasado, por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

Un sindicato poderoso irá a la carga este lunes por un aumento salarial que compense el alza de la inflación, mientras que otra organización gremial importante ya firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida.

Por un lado, el Sindicato de Camioneros tendrá este lunes su primera audiencia con los empresarios ante la Secretaría de Trabajo para discutir el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

El reclamo, como anticipó Infobae, lo hizo mediante una nota a las cámaras empresariales en la que también exigió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado.

Según trascendió, hay predisposición de ambas partes para acordar el pago de una suma fija de 35 mil pesos y, además, la creación de un “premio presentismo”, de 40 mil pesos por trabajador, para las ramas Logística y Correo Privado, pero no para Expreso y Mudanzas, donde hay resistencia de las empresas del sector.

Hay pymes en problemas para afrontar los compromisos salariales, ya que si bien la revisión del último acuerdo salarial estaba prevista para este mes, hay muchas afectadas por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante lo firmado en la paritaria anterior: un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026; el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

Por otra parte, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron este viernes un incremento del 2,5% para noviembre de 2025, lo que elevará el salario inicial de la actividad a $2.008.641,07.

Esta mejora, que representa un aumento acumulado en estos once meses del año de un 27,9% sobre los salarios de diciembre de 2024, “busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios en un contexto de inflación persistente”, según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo.

El convenio, sellado entre la Asociación Bancaria y las cámaras representativas de bancos públicos (ABAPPRA), privados nacionales (ADEBA) y extranjeros (ABA), junto al Banco Central, mantiene un régimen de actualización automática. Esta modalidad permite que las mejoras salariales se apliquen de manera directa, sin depender de la homologación administrativa, lo que diferencia a la actividad bancaria de otros sectores donde las paritarias suelen experimentar mayores demoras.

En el comunicado oficial, la Asociación Bancaria detalló que la actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. El alcance incluye todos los conceptos convencionales y no convencionales, abarcando adicionales por función específica, horas extras y premios por presentismo o productividad. De este modo, el esquema acordado se consolida como una referencia en la puja salarial del mercado formal argentino.

Las partes también acordaron que para los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 se mantendrá el mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales de este año.

Además, se comprometieron a continuar la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, según lo informado por la Asociación Bancaria.

El Gobierno confirmó algunas concesiones a la CGT en la versión final de la reforma laboral, pero hubo un agregado de último momento en el texto que pondrá en aprietos a Hugo Moyano: se añadió el servicio de recolección de residuos entre las actividades consideradas esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga.

Se trata de una novedad que, en caso de que se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley, condicionará drásticamente las medidas de fuerza en un sector estratégico del Sindicato de Camioneros.

El proyecto oficial rescata el artículo incluido en el DNU 70, luego replicado en el decreto 340 (en ambos casos, frenados por la Justicia), que reglamenta el derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades, y que es uno de los principales puntos que rechaza la CGT.

El artículo en cuestión modifica lo que fija la Ley 25.877 al establecer: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

El listado de servicios considerados esenciales que figura en el proyecto ahora incluye los siguientes:

a) Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b) La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;

c) Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d) La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e) Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f) El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;

g) El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y

h) El servicio de recolección de residuos.

Curiosamente, hasta ahora una actividad tan importante como la recolección de residuos había quedado afuera de este listado y del de servicios trascendentales, que deben garantizar entre 50% y el 75% de servicios mínimos, pese a que resulta obvio lo que sucede, incluso en términos sanitarios, cuando una protesta de Camioneros lleva a que se acumule la basura en la calle o los containers.

De todas formas, el agregado de último momento no es el único que complicará a Hugo Moyano: hay artículos que, como ya sucedió en la Ley Bases, penalizan los bloqueos sindicales contra las empresas, una modalidad de protesta extorsiva que Camioneros puso de moda, sobre todo, cuando Pablo Moyano tenía influencia en el sindicato.

El artículo más preocupante para el gremialismo en general es el que considera infracción muy grave a “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”, lo que permitirá que en casos de bloqueos contra las empresas se responsabilice y se pueda sancionar directamente a las cúpulas sindicales, no sólo a los ejecutores.

Como la ley actual sólo habla de “provocar” el bloqueo o toma de un establecimiento, el cambio que figura en la reforma laboral amplía el espectro de responsables de los bloqueos contra las empresas, que desalentará aún más ese tipo de protestas, que ya están en jaque luego de que la Ley Bases las calificó como una “injuria grave” y, por lo tanto, se convirtieron en causal de despido justificado.

El Sindicato de Camioneros volvió a la carga con su reclamo de reanudar las negociaciones salariales: en una nota enviada a las cámaras empresariales, el gremio que lidera Hugo Moyano exigió el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

Además, pidió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado, algo que pondría en jaque a las pymes del sector que, según advirtieron a Infobae, no podrían afrontar ese incremento.

Si bien la revisión del último acuerdo salarial que rige desde septiembre y hasta febrero de 2026 estaba prevista para este mes, los empresarios están afectados por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante, además de los aumentos pactados, el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos mensuales por trabajador de diciembre a febrero de 2026.

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

También es cierto que el Sindicato de Camioneros presiona a todas las empresas para que abonen los ítems acordados, aunque no estén homologados.

La última paritaria firmada por Moyano hace tres meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

Los aumentos del convenio de Camioneros “reflejan el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Ahora, en la nota enviada a las cámaras del sector, Moyano reclamó “reiniciar las negociaciones paritarias dado que conforme está contemplado en la cláusula tercera del Acuerdo Paritario celebrado el 11 de septiembre de 2025 que establece que: ‘Las partes se comprometen a realizar una revisión del presente acuerdo durante la primera quincena de diciembre de 2025 ( ...)’ y toda vez que los porcentuales del lNDEC indican una inflación muy superior a la prevista que, ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre/noviembre de 2025, se deberá acordar el pago de una suma no remunerativa en el mes de diciembre de 2025 que compense el referido deterioro que posteriormente deberá incorporarse en la escala salarial correspondiente al mes de enero de 2026″.

“Asimismo -añade la nota-, a la grave situación referida se suma el desequilibrio que se mantiene en el tiempo a pesar de los numerosos reclamos que hemos realizado entre los salarios de las diversas ramas de la actividades encuadradas en el CCT 40/89 ante la disparidad de adicionales convencionales. Si bien en los últimos años se ha registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las Ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado”. “Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad de dichas ramas”, señala.

Hugo Moyano fue reelegido hasta 2029 como titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde seguirá secundado por Jorge Taboada, de Chubut, pero el dato relevante para la feroz interna del sindicato es que borraron de la cúpula a Marcelo “Feúcho” Aparicio, el dirigente enfrentado con el líder del gremio y a quien se lo vincula más estrechamente con Pablo Moyano.

Así se decidió esta tarde en el congreso ordinario de la Federación, que tuvo lugar en el predio del Club Camioneros ubicado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, donde también se concretó el ascenso de Jerónimo Moyano, de 26 años: pasó de la Secretaría de la Juventud a ser designado al frente de la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 del sindicato, en lugar del histórico dirigente Pedro Mariani.

Además, fueron ratificados en sus puestos otros hijos de Moyano en el secretariado: Hugo Antonio, diputado electo de Fuerza Patria, mantendrá la Secretaría de Coordinación de Asuntos Jurídicos, mientras que Karina continuará como titular de la Secretaría de la Mujer.

También se incorporó a la Federación el cotitular de la CGT Octavio Argüello, dirigente de confianza de Hugo Moyano, en la Secretaría de Coordinación Política, que fue creada ahora.

En el anterior congreso, realizado en diciembre de 2021, Moyano había desplazado a su hijo Pablo de la Secretaría Adjunta debido la fuerte pelea que tuvieron por la crisis de la obra social, mientras que Aparicio, con quien por entonces tenía una buena relación, quedó como primer vocal titular de la Federación.

Conocido por su apodo de “Feúcho”, este dirigente tiene un rol estratégico en el Sindicato de Camioneros de CABA y Provincia de Buenos Aires: es su secretario Gremial y hasta no hace tanto tiempo el jefe del sindicato le tenía tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo Pablo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

De todas formas, el primer vocal de la Federación será ahora Andrés Miño, delegado representante de la delegación de Zona Norte de Camioneros, a quien se lo considera alineado con “Feúcho” Aparicio.

La figura de Aparicio quedó en medio de la interna de Camioneros desde que estrechos allegados a Hugo Moyano trataron de involucrarlo con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por el jefe sindical.

Luego de ese episodio, fueron arrojados volantes frente a la sede del sindicato con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”. La intención de esa volanteada era desgastarlo y forzarlo a que renuncie, según deslizaron en Camioneros.

Sin embargo, Aparicio no sólo permaneció en su cargo sino que sus allegados promovieron asambleas en empresas de recolección de residuos de CABA con expresiones de apoyo a ese dirigente y amenazas contra los que tratan de desplazarlo: “Los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, advirtió un delegado, tal como apareció en un video que circuló en las redes sociales.

Esta semana, el conflicto interno se consolidó en la rama de recolección de residuos cuando José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del Sindicato, le echó la culpa a Aparicio -sin nombrarlo- porque los trabajadores no cobraron indemnizaciones: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo a un grupo luego de una reunión con los empresarios de la actividad.

Ahora, de todas formas, la atención del mundo Camionero está puesta en el vertiginoso ascenso de Jerónimo Moyano, el menor de la familia, a quien su papá hace años que lleva a todas las reuniones políticas y sindicales para que empiece a foguearse y pueda tener más protagonismo.

“Jero” es hijo de Hugo y Liliana Zulet, la tercera esposa del jefe de Camioneros. Estudió Derecho, pero abandonó la carrera. Su vínculo es muy bueno con sus hermanastros Facundo, Hugo Antonio y Karina, pero Pablo, el mayor de todos, casi no le habla: de alguna forma, según quienes conocen la interna familiar, Jerónimo termina pagando el costo por la mala relación que tienen su mamá y el ex cotitular de la CGT, hoy alejado del sindicato.

Su rostro se hizo conocido a raíz del polémico encuentro de Hugo Moyano y Alberto Fernández, en agosto de 2020 en la Quinta de Olivos, cuando al líder de Camioneros, su esposa y Jerónimo fueron a comer un asado, del que participó Fabiola Yáñez, desafiando las estrictas restricciones de la cuarentena obligatoria.

La foto de los 5 posando sonrientes y sin barbijo, a diferencia de lo que sufría el resto de los argentinos, dejó al descubierto algunos de los privilegios de los que gozaban el Presidente y sus amigos.

Ahora, luego de acompañar a su papá en la presidencia del Club Independiente y de ocupar las secretarías de la Juventud del sindicato y de la Federación, Jerónimo Moyano tendrá un cargo clave desde el que deberá recomponer un armado nacional de Camioneros que muestra disidencias en muchas provincias.

Ganó Liliana Zulet. La esposa de Hugo Moyano no participó del congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros que se hizo este viernes para elegir sus nuevas autoridades hasta 2029, pero su opinión se hizo sentir: Jerónimo, el hijo de ambos, de 26 años, fue designado como número 3 de la organización desde la estratégica Secretaría Gremial e Interior.

El menor del clan Moyano reemplazará a un histórico como Pedro Mariani, con problemas de salud que lo llevaron a dar un paso al costado y abrir una vacante clave.

El menor del clan Moyano venía impulsado por su mamá, que desde hace meses le pedía a su esposo que le diera a Jerónimo la oportunidad de crecer en el sindicato y dejar la Secretaría de la Juventud que ocupaba desde 2021.

Los malpensados creen que, más allá de la actitud maternal, Zulet buscaría garantizarse que, en caso de ausencia de Hugo, haya un Moyano fiel a ella que bloquee el posible ascenso de Pablo y mantenga el vínculo con su holding de empresas que brinda servicios al gremio.

Sospechas al margen, fue curioso el ascenso porque hace pocas semanas Hugo Moyano le bajó el pulgar a su hijo menor cuando se negociaba la nueva CGT: primero promovió a Jerónimo como secretario de la Juventud, pero luego, cuando vio la oportunidad de mantener a Octavio Argüello en el triunvirato, desistió de su plan inicial con el argumento de que “Jero está crudito” como para ocupar un cargo en el secretariado cegetista.

Obviamente es mucho más complejo y desafiante para un novel dirigente de 26 años ocupar la Secretaría Gremial e Interior, desde donde se encargará de lidiar con los conflictos de la actividad y de la relación con los sindicatos de Camioneros del interior, donde avanza una fuerte corriente de disidentes hacia su propio padre.

Es un secreto a voces que Jerónimo hizo varios viajes a las provincias para tomar contacto con los principales líderes locales de Camioneros y que en algunos casos fue marginado de las reuniones entre los “mayores”.

Dicen que fue una forma de hacerle saber a “papá Moyano” que cae mal que él no viaje como antes al interior para hablar con la dirigencia y delegue esa tarea en su adjunto en la Federación, Jorge Taboada, o en su hijo tan novato.

Por eso también se generó un distanciamiento entre Hugo y Taboada: el dirigente chubutense tuvo encuentros en los cuales surgieron críticas al jefe máximo por acuerdos salariales “a la baja” y su propensión a favorecer a sus hijos en desmedro de dirigentes de más experiencia.

Finalmente, ambos líderes sellaron una tregua, que les permitió ir de nuevo a la reelección en la Federación, pero Hugo impuso a Jerónimo casi como una forma de darle poder a ese hijo al que ningunearon en el interior.

Pero, al mismo tiempo, fue una señal hacia el futuro: Hugo cumplirá 82 años el próximo 9 de enero y con el encumbramiento de Jerónimo pareció también brindar pistas acerca de quién quiere que sea su heredero. Al mismo tiempo, le dio un cargo en la Federación a Argüello, su dirigente de máxima confianza, y borró de la cúpula de Camioneros a Marcelo “Feúcho” Aparicio, el influyente número 3 del sindicato de CABA y Provincia con el que hoy mantiene una guerra no declarada, donde el protagonista que no sale a la luz es el mismísimo Pablo Moyano.

Los fieles a Hugo están cerca de acusar a Aparicio de ser el artífice del acuerdo con Jorge Macri que les quitó a los recolectores de residuos de Capital la posibilidad de cobrar indemnizaciones millonarias por la “Ley Moyano”.

Quedó en evidencia el martes pasado, cuando Hugo y sus leales se reunieron por segunda vez con empresarios del sector para convencerlos de que les anticipen plata de las indemnizaciones que cobrarían en 2028, en que se vencen los contratos de recolección de residuos en CABA.

Tras la reunión, donde las empresas dijeron que no, el “huguista” José Garnica (alias “Teta), secretario de la rama de recolección, les dijo a un grupo de trabajadores: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”. Y advirtió que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”. Fue una clara alusión a Aparicio, que preanuncia que lo responsabilizarán de ser el “villano” que dejó sin indemnizaciones a “los muchachos”.

Pero “Feúcho” no se rinde. Esta semana, luego de aquellas acusaciones, grabó un audio en el grupo de WhatsApp de dirigentes de Camioneros -al que accedió Infobae- en el que explicó que “el acuerdo que él (por Garnica) busca tanto se firmó, se hizo un acuerdo con las empresas, con la ciudad, porque se hizo la opción de la extensión del contrato como corresponde, como está marcado por ley, que lo dice en el pliego de bases y condiciones"

Enseguida hizo hincapié en que, al contrario de lo que dejó entrever Garnica, quien firmó el acuerdo con el gobierno porteño fue el propio Hugo Moyano: “Lo que se buscó con el secretario general es garantizar que se siga respetando la Ley Moyano. Y lo que se acordó es que en el 2028, cuando llegue el momento, se tienen que empezar a hablar del pago de las indemnizaciones como se hizo siempre en la historia de nuestro gremio”.

Además, Aparicio anunció que eliminará de ese grupo a Garnica porque “está poniendo en riesgo la fuente de trabajo de todos, no sólo de la rama de la recolección sino de todo el Sindicato de Camioneros”. Y agregó: “Lo saqué porque es un irresponsable que no sólo mancha a nuestra institución sino también el nombre del legado de nuestro secretario general y de todos los compañeros que pertenecemos al gremio camionero”.

Luego admitió que seguramente lo llamará Hugo Moyano para pedirle explicaciones por esa decisión contra Garnica y admitió que “después la decisión final siempre la tiene el secretario general de lo que quiera hacer”.

En el audio, Aparicio hizo un pedido a los representantes de Camioneros: “Al gremio hay que cuidarlo porque estamos viviendo momentos difíciles, donde nos van a pegar para querer debilitarnos constantemente, donde las cosas por ahí no nos están yendo bien y yo creo que necesitamos del apoyo de todos para seguir sosteniendo con responsabilidad la organización gremial”.

“En el tema de la rama (de recolección de residuos), que es el grupo que uno maneja, con la responsabilidad que me caracteriza -agregó-, yo voy a cuidar a la institución y voy a cuidar el nombre de nuestros dirigentes, que se llaman Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano. Después somos todos componentes, podemos estar o no estar”.

En efecto, desde hace 24 horas, Aparicio ya no está en la Federación de Camioneros (aunque aseguran que su reemplazante, Andrés Miño, es muy cercano a él) y el que está mejor que nunca es Jerónimo, la nueva estrella del clan Moyano. Por lo menos para su papá y su mamá.

Un grupo de ladrones se robó dos cajas fuertes de la sede del Sindicato de Camioneros en un operativo cuya precisión generó sospechas sobre un golpe planificado en la ciudad de La Plata. La maniobra quedó al descubierto en la mañana del martes, aunque habría sucedido a lo largo del fin de semana largo anterior. Quienes ingresaron dañaron el sistema de alarmas y accedieron directamente al sector donde estaban guardados los cofres, para luego retirarse sin dejar rastros visibles de violencia en puertas ni ventanas.

De acuerdo con las primeras declaraciones recogidas en la investigación, al menos siete trabajadores del Sindicato de Camioneros tenían acceso autorizado con llaves a esa parte del edificio, ubicado sobre la calle 40, entre 4 y 5, en pleno casco urbano platense. El medio local 0221 informó que los análisis técnicos llevados a cabo en el inmueble no revelaron que se hayan forzado los accesos ni signos de ingreso por vías alternativas, lo que hace incrementar la hipótesis de una acción ejecutada por personas con información sobre las rutinas internas y el sistema de seguridad.

Las cajas sustraídas eran de hierro y estaban colocadas dentro de una oficina, según la reconstrucción policial publicada por El editor Platense. En el interior, había documentación relevante del sindicato, entre ellas acuerdos ministeriales, pagarés y cheques. Empleados que presentaron la denuncia ante la comisaría local no lograron precisar cuán comprometedora era la información resguardada, ni confirmar si existía dinero en efectivo junto con los papeles administrativos, aunque fuentes citadas por medios platenses mencionaron la posibilidad de cheques y actas de acuerdos firmados ante organismos estatales.

Uno de los elementos robados presenta un peso aproximado de 80 kilogramos, lo que convierte su traslado y eventual ocultamiento en una tarea particularmente complicada sin ayuda o recursos logísticos. El faltante fue detectado alrededor de las 6:30 del martes tras los feriados del fin de semana extra largo.

Las cámaras de seguridad distribuidas en el entorno de la sede sindical se encuentran bajo análisis, ya que se investiga si resulta posible identificar movimientos sospechosos o la peripecia de los asaltantes al movilizar los voluminosos cofres por la vía pública. Según lo consignado por El Editor Platense, la principal sospecha es que los delincuentes conocían con detalle el espacio y el contenido que robaron.

El episodio motivó una investigación impulsada por la UFI N°3 de La Plata, que solicitó a peritos revisar grabaciones y recolectar testimonios entre posibles testigos, vecinos y el círculo laboral del sindicato. La Fiscalía mantiene bajo estudio la lista de personas con acceso a llaves y evalúa las rutinas del inmueble. La información colectada hasta el momento sugiere que los ladrones actuaron mientras el lugar permanecía vacío debido al feriado, maximizando las posibilidades de operar sin interrupciones ni detección temprana.

El caso es similar a otro robo reportado el año pasado contra la misma institución sindical pero en su sede de General Rodríguez. Allí también un grupo de personas violentó instalaciones para llevarse una caja fuerte con 20 millones de pesos, otra con 15 mil dólares, dinero suelto, dispositivos electrónicos, cheques, equipos de prensa y libros de actas.

En esa oportunidad, los autores del golpe cortaron la electricidad para neutralizar alarmas y sistemas de seguridad, y su accionar fue detectado al día siguiente por personal de limpieza. Pablo Osuna, secretario general regional, señaló en diálogo con medios locales que la falta de detección temprana resultó llamativa por la ubicación céntrica del depósito y la presencia nocturna de movimiento en la zona. En esa causa, investiga la UFI N° 9 de Luján y se analizaron cámaras de seguridad municipales para ampliar los registros de la escena.

Los investigadores de La Plata procuran establecer si existen vínculos o patrones de organización comunes entre ambos robos, ya que ambos muestran coincidencias en el tipo de botín, la sofisticación del acceso a las instalaciones y la aparente ausencia de violencia física en puertas o ventanas. También evalúan si se trató de hechos protagonizados por personas con conocimiento de los movimientos internos de los respectivos sindicatos, dado el perfil acotado de quienes poseen llaves.

La decisión de las 6 empresas se concretó durante una segunda reunión a la que convocó este martes el líder sindical para intentar que el sector empleador flexibilizara su postura y ahora en Camioneros intentarán que el gobierno porteño se haga cargo de ese resarcimiento que se basa en la aplicación de la famosa “Ley Moyano”, cuyo total asciende a unos 200 millones de dólares.

Pero, en una confirmación de que el reclamo está fogoneado por la interna de Camioneros, José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, le pidió “paciencia” a un grupo de trabajadores ante la sede del sindicato, aunque prometió que “vamos a discutir y a pelear” y aseguró: “Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”.

Dicen que fue una alusión a Marcelo “Feúcho” Aparicio, número 3 del sindicato y a quien se considera más alineado con Pablo Moyano, dirigente al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por Hugo Moyano.

En su improvisado discurso, Garnica, fiel soldado “hugomoyanista”, también advirtió: “Yo no me voy a ser cómplice de quien firmó porque el que firmó sólo hace una escondidita por atrás de las cosas. Yo voy a morir de pie, nunca arrodillado. Vamos a esperar esta semana los pasos legales. Si no, tomaremos la decisión que nos diga el secretario general (por Hugo Moyano)”.

Enseguida, el dirigente insistió en “alguien, entre gallos y medianoche, hizo lo que no tenía que haber hecho y supuestamente dice que defiende a los trabajadores”. Y agregó: “Los que estamos poniendo la cara acá son ustedes, los secretarios generales y los delegados que acompañan a Hugo Antonio Moyano en la rama. Porque hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor, a nuestra organización. No voy a hablar mal de nadie, pero hay que decir lo que corresponde”.

Garnica sostuvo luego que los abogados de Camioneros analizarán “los pasos legales” y “después veremos qué es lo que haremos”: “No se olviden que el trabajador sin el gremio no es nada y el gremio sin los dirigentes y los trabajadores no somos nada”, puntualizó.

Al igual que las empresas, la administración de Jorge Macri también se negó a pagar las indemnizaciones, tal como sucedió en noviembre pasado, cuando Pablo Moyano amenazó con “llenar de basura” la ciudad de Buenos Aires si no resarcían a los trabajadores de recolección de residuos porteños al considerar que en octubre se vencían los contratos y había que aplicar la “Ley Moyano”.

Se llama de esa manera a esa norma no escrita y de nula legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998 que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

Para el gobierno de CABA esa demanda no correspondía porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028, por lo que no hubo indemnizaciones para los 6.000 trabajadores, pero se llegó a un acuerdo con Hugo Moyano que incluyó beneficios al personal que se jubilaba y una serie de adicionales para mejorar los sueldos.

Sin embargo, como anticipó Infobae, Moyano reflotó sorpresivamente hace 20 días el reclamo de indemnizaciones ante la feroz interna que existe en Camioneros y que se instaló con más fuerza en la decisiva rama de recolección de residuos del sindicato, donde, por un lado, está “Teta” Garnica y, por el otro, los delegados que responden a “Feúcho” Aparicio.

En las últimas semanas se realizaron asambleas en las empresas de recolección de residuos de CABA donde hubo expresiones de respaldo a Aparicio.

Fuentes sindicales afirmaron que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano a las empresas.

Hubo una primera reunión con representantes de las 6 concesionarias, en la que se negaron al reclamo sindical, y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, en que Moyano volvió a citarlos para presionar con su pedido, aunque las empresas insistieron en su negativa.

En el gobierno de CABA también se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

Mientras, el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) intentará que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe este jueves un proyecto para prohibir que se les pague indemnizaciones a los 6.000 trabajadores de recolección de residuos.

“Echarlos, pagarles y volverlos a contratar manteniendo la antigüedad. Ni a Perón se le hubiera ocurrido -afirmó Del Gaiso en X-. Este disparate, que le saldría 200 millones de dólares a los porteños, hay que frenarlo con una ley. El jueves en la Legislatura impulsaré el tratamiento de mi proyecto de Ley Anti Moyano”.

En realidad, el legislador del partido de Elisa Carrió insistirá en un proyecto de su autoría que ya había presentado en septiembre pasado, luego de que Pablo Moyano exigió el pago de unos 200 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores de recolección de residuos de CABA.

El proyecto de Del Gaiso incluye, por un lado, una modificación en la Ley 4003 de CABA por la cual se aprobaron las indemnizaciones a los trabajadores del acarreo en la ciudad, para que no se conviertan en un precedente para otros casos similares y, por otro, la exigencia de que esos resarcimientos sean pagados por las empresas y “no con el dinero de los contribuyentes”; en caso contrario, esas firmas no podrán contratar más en el distrito porteño. Incluso se contemplan sanciones para los funcionarios que aprueben indemnizaciones como las que reclama Camioneros y que están fuera de la ley.

Del Gaiso volverá a la carga con su proyecto en la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, aunque de sus 40 integrantes se descuenta que votarán en contra de la “Ley Anti Moyano” los 18 legisladores del peronismo y los 3 de la izquierda. Aun así, si la iniciativa se presenta sobre tablas, donde puede ser aprobada por los dos tercios de los presentes, no hay garantías sobre la votación.

Mientras Hugo Moyano presionará de nuevo este martes a los empresarios de recolección de residuos de CABA, el legislador porteño Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) intentará que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires apruebe un proyecto para prohibir que se les pague indemnizaciones a los 6.000 trabajadores del sector por una concesión que vence dentro de 3 años.

“Echarlos, pagarles y volverlos a contratar manteniendo la antigüedad. Ni a Perón se le hubiera ocurrido -afirmó Del Gaiso en X-. Este disparate, que le saldría 200 millones de dólares a los porteños, hay que frenarlo con una ley. El jueves en la Legislatura impulsaré el tratamiento de mi proyecto de Ley Anti Moyano”.

En realidad, el legislador del partido de Elisa Carrió insistirá en un proyecto de su autoría que ya había presentado en septiembre pasado, luego de que Pablo Moyano amenazó al gobierno porteño con “llenar la ciudad de basura” si en octubre de 2024 no accedía a pagar unos 200 millones de dólares para indemnizar a 6.000 trabajadores de recolección de residuos, al considerar que el 1° de ese mes vencerían los contratos con las 6 empresas que brindan ese servicio en CABA.

El proyecto de Del Gaiso incluye, por un lado, una modificación en la Ley 4003 de CABA por la cual se aprobaron las indemnizaciones a los trabajadores del acarreo en la ciudad, para que no se conviertan en un precedente para otros casos similares y, por otro, la exigencia de que esos resarcimientos sean pagados por las empresas y “no con el dinero de los contribuyentes”; en caso contrario, esas firmas no podrán contratar más en el distrito porteño. Incluso se contemplan sanciones para los funcionarios que aprueben indemnizaciones como las que reclama Camioneros y que están fuera de la legislación actual.

En el caso de la exigencia a las empresas, la iniciativa del legislador de la Coalición Cívica apunta a reforzar los alcances de un artículo de la Ley 2095 de la ciudad, sobre Compras y Contrataciones en CABA, en la que obliga a los concesionarios de servicios a “satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión”.

Del Gaiso volverá a la carga con su proyecto en la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, aunque de sus 40 integrantes se descuenta que votarán en contra de la “Ley Anti Moyano” los 18 legisladores del peronismo y los 3 de la izquierda. Aun así, si la iniciativa se presenta sobre tablas, donde puede ser aprobada por los dos tercios de los presentes, no hay garantías sobre la votación.

En octubre pasado, el líder de Camioneros firmó un acuerdo con la administración de Jorge Macri por el cual desistió de que se aplique la llamada “Ley Moyano”, una “norma” de ninguna legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998, gracias a su poder de fuego, que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

En el gobierno porteño rechazaron el reclamo porque la prórroga de los contratos vencía recién en 2028 y hasta entonces regía el mismo contrato existente, con la misma cantidad de empleados, con las mismas empresas y en las mismas condiciones de trabajo.

Ante la firmeza del gobierno de Jorge Macri, se pactó no pagar indemnizaciones, pero sí otorgar beneficios al personal que se jubilaba y una serie de adicionales para mejorar los sueldos de los trabajadores.

Todos ganaron: hubo paz social, Moyano exhibió las compensaciones para los trabajadores y Jorge Macri se mostró como el jefe de Gobierno que le dijo que no a Camioneros y rompió esa tradición fuera de la ley que inició Mauricio Macri y siguió Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, como anticipó Infobae, Moyano reflotó sorpresivamente hace 20 días el reclamo de indemnizaciones ante la feroz interna que existe en Camioneros y que se instaló con más fuerza en la decisiva rama de recolección de residuos del sindicato.

En ese sector, por un lado, está el “hugomoyanista” José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Marcelo “Feúcho” Aparicio, número 3 del sindicato y a quien se considera más alineado con Pablo Moyano.

En las últimas semanas se realizaron asambleas en las empresas de recolección de residuos de CABA donde hubo expresiones de respaldo a Aparicio, quien desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que los dirigentes Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, fueron desplazados de sus cargos por Hugo Moyano.

Fuentes sindicales afirmaron que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano a las empresas.

Hubo una primera reunión con representantes de las 6 concesionarias, en la que se negaron al reclamo sindical, y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes, en que Moyano volvió a citarlos para presionar con su pedido, aunque las empresas insistirán en su negativa.

En el gobierno de CABA también se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

No se descarta que, si no obtiene una respuesta satisfactoria, Camioneros comience esta misma semana con medidas de fuerza que afectarían la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras, Del Gaiso presentará su proyecto “anti Moyano” este jueves durante una sesión clave de la Legislatura porteña. ¿Tendrá el apoyo suficiente para que se apruebe y frenar así el clásico reclamo de Camioneros? Es una de las grandes incógnitas que servirá también para medir la fortaleza del viejo imperio sindical de Hugo Moyano.

¿Qué le deparará el destino a Hugo Moyano la decisiva semana que viene? Nacido el 9 de enero de 1944, bajo el signo de Capricornio, si el líder del Sindicato de Camioneros revisa el horóscopo podrá encontrar pistas zodiacales que pueden ayudarlo: “Es una semana para desmantelar pensamientos y patrones que te impiden avanzar. Revisa tus objetivos y enfócate en lo que te impulsa. La estabilidad económica es clave. Evita cortes y asienta las bases de tu situación financiera actual“.

Quizás en los próximos días Moyano necesite mucha más ayuda que la que predicen los astros. El martes próximo convocó a los empresarios de recolección de residuos de CABA a una nueva reunión en la que exigirá una respuesta al reclamo que reflotó sorpresivamente de indemnizaciones para los trabajadores del sector. Y el viernes 28 encabezará el congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde será reelegido, pero la clave es cómo repartirá el poder con dirigentes provinciales en estado de ebullición.

En ambos casos, serán instancias cruciales para la agitada interna de Camioneros, tanto con su hijo Pablo como con líderes del interior, en un escenario para su sindicato que muestra inéditos indicios de desgaste de su liderazgo.

En principio, Moyano presionará a fondo en la reunión del martes por la mañana a los representantes de las 6 empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires: les exige un anticipo a cuenta de la cifra multimillonaria que los 6.000 trabajadores del sector cobrarían en 2028, cuando se venzan los contratos actuales. El reclamo original alcanzaba un total de 200 millones de dólares.

En noviembre pasado, el líder sindical había acordado con el gobierno de Jorge Macri desistir de la aplicación la llamada “Ley Moyano” y, a cambio, aceptó beneficios para los empleados que se jubilan y el pago de adicionales.

El problema es que ahora, pese a lo que se había firmado, desempolvó el reclamo de indemnizaciones. ¿Por qué? Para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura, que están en efervescencia desde que no se aplicó la “Ley Moyano”, aunque Pablo Moyano les había prometido públicamente que se iba a cumplir. Ahora, para colmo, el malestar se comenzó a intensificar al calor de la pelea interna: cerca de Hugo Moyano acusan al secretario Gremial de Camioneros, Marcelo “Feúcho” Aparicio, de instigar la bronca de la gente en asambleas luego de este dirigente quedó involucrado en las sospechas del caso de fraude con fondos del hotel sindical en Mar del Plata.

De esta forma, la estratégica rama de recolección de residuos se convirtió en el campo de batalla entre Hugo Moyano y su hijo Pablo, a quien la atribuyen una estrecha cercanía con Aparicio. Por un lado, está el fiel “hugomoyanista”José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que vienen promoviendo asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, que hace algunas semanas parecía estar más cerca de irse del gremio.

A principios de octubre, una denuncia judicial de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, dio lugar a una investigación que lleva adelante el fiscal marplatense Carlos David Bruna por una supuesta estafa por 10 millones de dólares en el hotel 15 de diciembre.

Por eso el líder de Camioneros desplazó a Paulo Villegas, secretario Tesorero del sindicato, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, ambos considerados cercanos a Pablo Moyano, y ahora, según el diario Clarín, también se alejó el abogado Rodrigo Condori, que ocupaba dos cargos en la estructura del gremio, tras haber quedado marginado a partir de la denuncia marplatense.

Después de los 2 despidos, se produjo otro episodio que reveló la tensión interna: se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Aparicio, otro dirigente en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, decía en los papeles arrojados desde una moto y en alusión a la denuncia por estafa.

Así se acrecentó el enfrentamiento interno, con las asambleas en respaldo de Aparicio y en contra de “los traidores”, la aparición de pintadas en el oeste del conurbano bonaerense que pedían el regreso de Pablo Moyano, la batalla campal entre las facciones que responden a ambos líderes de Camioneros durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos y, además, con las protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio en Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito por la falta de pago de salarios, con carteles que apuntaron contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, como dueña de Iarai, la empresa que se encarga del gerenciamiento de la entidad de salud.

En medio de este clima denso, Hugo Moyano accedió a la propuesta de Garnica de reflotar la exigencia de indemnizaciones para calmar a los recolectores de residuos en CABA. En una primera reunión con los empresarios les dijeron que no. Tampoco accedió el gobierno porteño, que había vetado la “Ley Moyano”.

El jefe de Camioneros citó por escrito a los empresarios para verse de nuevo este martes. Si se mantiene la negativa, podrían comenzar las medidas de fuerza, aunque sea de manera encubierta, para forzar al pago.

Tres días después, de todas formas, Hugo Moyano tiene asegurada su reelección al frente de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que realizará el congreso de renovación de autoridades. Luego de los fuertes cortocircuitos internos, el líder sindical volverá a ser secundado por Jorge Taboada, de Chubut, quien asumió a fines de 2021 en reemplazo de Pablo Moyano, marginado por su padre tras la pelea que tuvieron por el agudo déficit financiero de las obras sociales.

Los problemas entre los líderes de la Federación comenzaron el 9 de diciembre pasado, cuando Moyano no lo eligió a Taboada para suceder a Pablo en el triunvirato de la CGT, como se especulaba hasta en el propio sector moyanista, y nombró a Octavio Argüello, uno de sus dirigentes de máxima confianza.

Ese episodio generó un clima de desconfianza mutua, que se acrecentó luego de que Taboada, en reuniones en nombre de la Federación realizadas con colegas del interior, recogió críticas hacia Moyano por los “bajos aumentos salariales” acordados y por la tendencia del líder camionero a priorizar a sus hijos en la estructura sindical, en detrimento de otros dirigentes.

Pero cuando las tensiones se difundieron en los medios, los dos sindicalistas sellaron una tregua, en donde se acordó que, para atenuar el malestar de dirigentes de distintas provincias, en la nueva comisión directiva de la Federación se otorgará más representación a los sindicatos de todo el país mediante la creación de subsecretarías en las 28 secretarías existentes.

¿Alcanzará para pacificar la interna a nivel nacional? Moyano arrastra dos recientes traspiés para sus aliados de los sindicatos de Camioneros en Santa Fe, Juan Chulich, y en San Luis, José Farías, a quienes la justicia laboral de ambas provincias suspendió los comicios en los que iban a buscar su reelección tras los amparos presentados por listas opositoras por “maniobras proscriptivas” del oficialismo que las marginaron de la votación.

Esos casilleros en blanco que dejan en el mapa moyanista dos gremios importantes del interior agravan el cuadro de disidencias internas, cuyo adalid es el máximo opositor, Sergio Aladio, titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien se desafilió en 2015 de la federación nacional y fundó un gremio autónomo con 24.000 afiliados, avalado por un fallo de la Corte.

Ahora, Aladio difundió un texto en el que critica que “mientras algunos se entretienen en peleas de cúpula, los choferes quedan a la intemperie”, en alusión al feroz conflicto interno de Camioneros, y asegura que “en nuestra provincia hicimos lo que había que hacer: negociamos salarios superiores a los acuerdos nacionales; firmamos un convenio moderno, superador, adaptado a la realidad actual del transporte; mejoramos condiciones laborales reales, no declamadas y garantizamos atención médica y funcionamiento pleno de las instituciones”.

“Lamentamos lo que pasa en Buenos Aires, pero no nos sorprende -afirma Aladio-. Cuando las estructuras se vuelven cerradas, verticalistas y sólo responden a intereses personales pasa exactamente lo que estamos viendo: gremios enfrentados consigo mismos; obras sociales que no brindan prestaciones; dirigentes que confunden sindicatos con reinos y trabajadores rehenes de decisiones que no tomaron”. Y, finalmente, hace un llamado a la rebelión: “Es ahora o nunca. Desde Santa Fe ya empezamos. Falta que el país se anime”.

Inesperadamente, la pelea interna en el Sindicato de Camioneros está repercutiendo en el gobierno porteño y en las empresas de recolección de residuos de CABA: Hugo Moyano reflotó el reclamo de indemnizaciones para los empleados del sector para tratar de incidir en el enfrentamiento con Marcelo “Feúcho” Aparicio, el número 3 del gremio, más cercano a Pablo Moyano.

El líder de Camioneros firmó en octubre pasado un acuerdo con la administración de Jorge Macri por el cual desistió de que se aplique la llamada “Ley Moyano”, una “norma” de ninguna legalidad por la cual el sindicato venía logrando desde 1998, gracias a su poder de fuego, que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

En este caso, tal como advirtió públicamente su hijo Pablo, Hugo Moyano interpretaba que en octubre de 2024 vencían los contratos de recolección de residuos de CABA y que a los 6.000 trabajadores del sector afiliados a Camioneros les correspondía una indemnización que alcanzaba un total de 200 millones de dólares.

En el gobierno de porteño rechazaron el reclamo porque la prórroga de los contratos vencía recién en 2028 y hasta entonces regía el mismo contrato existente, con la misma cantidad de empleados, con las mismas empresas y en las mismas condiciones de trabajo.

Ante la firmeza de Jorge Macri, se pactó no pagar indemnizaciones, pero sí otorgar beneficios al personal que se jubilaba y dar una serie de adicionales para mejorar los sueldos de los trabajadores.

Todos ganaron: hubo paz social, Moyano exhibió las compensaciones para los trabajadores y Jorge Macri se mostró como el jefe de Gobierno que le dijo que no a Camioneros y rompió esa tradición fuera de la ley que inició Mauricio Macri y siguió Horacio Rodríguez Larreta.

Pero no salió todo como se esperaba: un mes después de firmado el acuerdo, los trabajadores de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires hicieron asambleas durante dos días en algunas empresas, sin el aval de los delegados, para protestar a los gritos y entre insultos porque lo que se pactó no incluía las indemnizaciones.

Incluso circularon videos de asambleas en la empresa Cliba con ataques verbales contra Pablo Moyano (”Pablito traidor”, decía un trabajador mirando a la cámara) y agitadas discusiones entre delegados y empleados: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, afirmó uno de ellos en referencia al reclamo de que se paguen indemnizaciones.

Ahora, la feroz interna entre Hugo y Pablo se instaló en la decisiva rama de recolección de residuos, donde, por un lado, está el fiel “hugomoyanista” José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, y, por el otro, los delegados que responden a Aparicio, que vienen promoviendo asambleas para que surjan expresiones de respaldo a ese dirigente, al que desde el oficialismo moyanista vincularon con el presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes bajo sospecha.

Por eso, a principios de octubre, Hugo Moyano desplazó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y a Claudio Balazic, secretario Administrativo, tras una denuncia judicial de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, que dio lugar a una investigación que lleva adelante el fiscal marplatense Carlos David Bruna.

Después de esos despidos, se produjo otro episodio que reveló la tensión interna: se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Aparicio, otro dirigente en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, decía en los papeles arrojados desde una moto y en alusión a la denuncia presentada en Mar del Plata.

Lo que sucedió ahora, deslizan en el sindicato, fue que Garnica desempolvó la “Ley Moyano” para ponerse de su lado a los trabajadores de recolección de basura y, a la vez, debilitar a quienes responden a Aparicio. Por eso fue quien habría convencido al líder de Camioneros de que debía reflotar la exigencia de las indemnizaciones: “Queremos que le den a la gente un anticipo de lo que pagarán en 2028”, fue el insólito pedido de Moyano.

Hugo Moyano se lo planteó al gobierno porteño, pero le dijeron que no y por eso decidió hablar con las empresas. A comienzos de esta semana, el jefe de Camioneros se reunió con representantes de las 6 concesionarias del servicio de recolección de residuos, que le advirtieron que de ninguna manera podían pagar lo que exigía.

Aun así, se abrió un cuarto intermedio en el que hay negociaciones extraoficiales con Moyano, sobre todo luego de que mostró voluntad de llegar a un acuerdo que no implique el pago del 100% de las indemnizaciones.

¿Qué es lo que está en juego en este escenario tan complejo? “Están tensionando entre ellos e intimidando a los demás para ver quién tiene el poder”, interpretó a Infobae alguien que conoce de cerca este conflicto.

En el gobierno de CABA se mantienen firmes. Jorge Macri fue el primero que empezó a poner orden en la relación de la administración porteña con el gremio. Por ejemplo, en el tema de las grúas y en un mayor control del servicio de recolección de residuos, aplicando multas.

Se teme que en las próximas semanas comiencen algunas medidas de fuerza que afectarán la recolección de residuos y que se harán con otra excusa, pero con la clara intención de presionar por el pago del anticipo de lo que Moyano imagina que se cobrará en 2028.

Mientras, se mantiene la batalla declarada en las asambleas de la rama de recolección de residuos: así como los aliados de Aparicio alentaron los apoyos a su líder interno y quedó filmado alguien que amenazaba con que “los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, “Teta” Garnica encabezó reuniones de trabajadores para afianzar las lealtades moyanistas y, de paso, salir al cruce de las acusaciones en contra de él: “Dicen que soy traidor, pero si ser traidor es defender a Hugo Moyano, voy a ser traidor toda la vida”, señaló, como se pudo ver en un video que circula en las redes.

La interna camionera está al rojo no sólo por este insóiito reclamo de que se aplique la “Ley Moyano” -ya “derogada” hace un año- para ayudar a que se defina el enfrentamiento entre “huguistas” y “pablistas”.

En estos últimos días aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense. Y el propio Pablo Moyano reapareció el martes pasado con un video en el que se involucra de nuevo en reclamos gremiales concretos. Junto con representantes de la rama de Aguas Gaseosas del gremio, dijo que “no permitirá atropellos contra los trabajadores” y advirtió: “Desde la Secretaría Adjunta nos vamos a poner al frente para recuperar todos los puestos de trabajo que se perdieron este año”.

El fin de semana pasado hubo una batalla campal entre las facciones que responden a ambos líderes durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos, con una pelea que incluyó patadas en la cabeza y golpes de puño.

No fue el primer episodio de violencia: manifestantes que responden a Hugo Moyano y su hijo Pablo se enfrentaron en la calle durante la marcha por el Hospital Garrahan del 17 de julio pasado, donde trascendió que hubo un apuñalado y que luego dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores de Camioneros.

Para colmo, la crisis financiera que sufre la obra social de Camioneros escaló esta semana con protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio en Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y Caballito por la falta de pago de salarios, con carteles que apuntaron contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, en su condición de dueña de Iarai, la empresa que se encarga del gerenciamiento de la entidad de salud.

El hilo conductor de todos estos episodios es la disputa que se produjo a fines de 2021 cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa en la profunda crisis financiera de la obra social camionera.

Luego vino la renuncia de Pablo a la CGT por la falta de apoyo de su padre, su alejamiento del sindicato, al que directamente dejó de ir, y la dedicación casi exclusiva a la presidencia del Club Deportivo Camioneros. Mientras, Hugo designó en la CGT a un dirigente de extrema confianza como Octavio Argüello, privilegió a otros de sus hijos (“Huguito”, el abogado y diputado electo, y Jerónimo, el menor de la familia) y se alió al sector sindical dialoguista mientras firmó acuerdos salariales alineados con la pauta que fija el Gobierno.

¿Cuál será el próximo capítulo de esta crisis del Sindicato de Camioneros que parece interminable? Nadie sabe cuál será, pero hay algo seguro: habrá muchísimos más.

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Por la forma en que habló, da la sensación de que no habla en nombre de todo el Sindicato de Camioneros, que lidera su papá, Hugo Moyano, sino sólo como titular de la Secretaría Adjunta, que mantiene aunque ya no se ocupa de la actividad gremial y únicamente viaja al exterior para participar de congresos internacionales.

No parece casual que en estos últimos días aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense, que no llevan firma, pero volvieron a poner al desnudo la pelea interna y preanunciaron el regreso del hijo del líder gremial.

El alejamiento de Pablo Moyano de la tarea cotidiana sindical fue tanto que el propio dirigente publicó el 26 de julio en las redes un video en el que adhirió a la marcha de San Cayetano organizada por los movimientos sociales, pero debió aclarar: “No sólo me dedico al deporte”.

Ahora, con su nuevo mensaje, se interpreta que el gremialista busca sacar rédito de la crisis que atraviesa el liderazgo de su padre, con el que está peleado desde hace 4 años, que en estas últimas semanas se agravó por las reacciones adversas que generó el despido de dos dirigentes de Camioneros por su presunta vinculación con un fraude multimillonario en el hotel de Mar del Plata.

Esa decisión drástica desencadenó un episodio de hostigamiento contra el secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, a quien consideran más cercano a Pablo Moyano, mediante volantes arrojados desde una moto en la sede del sindicato con un mensaje en el que lo vinculan con la estafa marplatense.

A ese episodio se sumó la batalla campal que se produjo el fin de semana pasado: dos facciones que responden a Hugo y Pablo Moyano protagonizaron una violenta pelea durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos. El enfrentamiento incluyó patadas en la cabeza y golpes de puño, se extendió por varios minutos y fue atribuido a la feroz interna entre los líderes sindicales.

Además, la crisis financiera que sufre la obra social de Camioneros escaló en las últimas jornadas con protestas de trabajadores de los sanatorios del gremio por la falta de pago de salarios, con carteles contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, en su condición de dueña de la empresa que gerencia la entidad de salud.

En las clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y el Sanatorio Antártida de Caballito, los empleados iniciaron medidas de fuerza ante los reiterados retrasos en el cobro de sus sueldos, que no es la primera vez que sucede porque el año pasado ocurrió algo similar.

Pero, por primera vez, los reclamos de los trabajadores apuntaron directamente a Zulet como propietaria de la empresa IARAI, responsable del gerenciamiento de OSCHOCA, la obra social de Camioneros.

La situación financiera de la entidad médica sindical se está deteriorando cada vez más al punto de interrumpir servicios y prestaciones, generando un enorme malestar entre los afiliados. De acuerdo con datos publicados por La Nación, la deuda de OSCHOCA en las 23 seccionales del interior del país asciende a casi $26.617 millones, cifra que no incluye la provincia de Buenos Aires, donde reside la mitad de los 190.000 afiliados. Si se considera la deuda en función de la cantidad total de afiliados, el déficit financiero rondaría los $50.000 millones.

La protesta en las prestadoras médicas de Camioneros se visibilizó en las redes sociales, donde circula un video de los empleados del sanatorio de Villa Martelli, donde, con ritmo de cumbia, la letra expresa: “En plan de lucha, otra vez al sol/trabajadores del 15 de diciembre alzando la voz/sanatorio vacío, silencio y dolor/familias desamparadas pidiendo lo que es de Dios/tres años de reclamos sin escuchar, cuentas que aprietan, no se puede más/queremos respuesta, queremos cobrar, que se respete el derecho del trabajador/Villa Martelli en lucha, nadie nos va a parar/y ahora da la cara, dejá de especular, abonen urgente las cargas sociales ya, las familias no pueden esperar/¡Queremos cobrar!”.

La crisis de OSCHOCA se arrastra desde hace al menos cuatro años y fue el detonante de la ruptura entre Hugo Moyano y su hijo Pablo. Ambos mantuvieron una discusión acalorada cuando Pablo Moyano reprochó a su padre el grave déficit financiero de la obra social, mientras IARAI, encargada de su administración, exhibía una situación económica favorable.

Mientras, avanza en Mar del Plata la denuncia judicial de Héctor Maldonado, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, por el presunto fraude por USD 10 millones en el hotel 15 de diciembre que posee el sindicato en Mar del Plata y que es investigado por la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna.

Hace algunas semanas, Hugo Moyano desplazó a Claudio Balazic y Paulo Villegas, como sospechosos de haber participado en esos hechos irregulares, y luego hubo versiones sobre el alejamiento de Aparicio, que hasta ahora no se produjo. Por el contrario, el 23 de octubre hubo asambleas en empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires con mensajes en respaldo de ese dirigente, el número 3 del gremio, y amenazas contra los que tratan de desplazarlo: “Los traidores se tendrán que hacer cargo y pagarán su culpa”, advirtió un delegado, tal como aparece en un video.

Es que Zulet es la dueña de la empresa IARAI, que se encarga del gerenciamiento de OSCHOCA, la obra social de Camioneros, que no pudo superar los graves problemas financieros que atraviesa la entidad médica sindical, donde los afiliados se quejan desde hace años de la interrupción de servicios y prestaciones de salud.

Las protestas de los empleados de los sanatorios no son nuevas y ya se registraron el año pasado en las clínicas que Camioneros tiene en Avellaneda, San Justo y Villa Martelli y el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito, donde no pudieron pagarles el sueldo.

En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, partido de Vicente López, los empleados llevarían un largo retraso en el cobro de los salarios, aunque en las otras clínicas sindicales se les habría pagado la mitad del sueldo en las últimas horas.

En las redes circula un video de los trabajadores en conflicto del sanatorio de Villa Martelli en el que, con ritmo de cumbia, la letra es muy sugestiva: “En plan de lucha, otra vez al sol/trabajadores del 15 de diciembre alzando la voz/sanatorio vacío, silencio y dolor/familias desamparadas pidiendo lo que es de Dios/tres años de reclamos sin escuchar, cuentas que aprietan, no se puede más/queremos respuesta, queremos cobrar, que se respete el derecho del trabajador/Villa Martelli en lucha, nadie nos va a parar/y ahora da la cara, dejá de especular, abonen urgente las cargas sociales ya, las familias no pueden esperar/¡Queremos cobrar!!“.

La crisis de la obra social de Camioneros ya lleva por lo menos 4 años y fue el origen de la pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo: ambos discutieron en duros términos luego de que éste le recriminó que la entidad que brinda servicios médicos atravesara un agudo déficit financiero mientras que la empresa que la gerencia, Iarai, pasaba por una buena situación económica.

Según publicó el diario La Nación, la deuda de Oschoca sólo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones y ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero rondaría los $50.000 millones de pesos, según consignó ese medio.

El llamativo conflicto por falta de pago de los sueldos en un gremio poderoso como Camioneros no es el único dato que refleja la crisis de la organización que lidera Hugo Moyano. Este lunes se conoció que dos facciones del sindicato se cruzaron este fin de semana durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos y la escena terminó en una salvaje pelea que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo, trompadas y una gresca que se extendió por varios minutos.

Si bien en las imágenes se observa sólo el violento desenlace del enfrentamiento, los motivos son atribuidos a la feroz interna que existe en el sindicato a raíz de las profundas diferencias entre Hugo y Pablo Moyano, quien permanece fuera del gremio, pero ejerce una fuerte influencia entre dirigentes que le responden.

En ese marco de puja interna, los último movimientos de Moyano padre habrían extremado las tensiones: semanas atrás fueron echados del gremio dos dirigentes, Claudio Balazic y Paulo Villegas, apuntados en una estafa al hotel que administra camioneros en Mar del Plata.

Balazic y Villegas son cercanos a Marcelo “Feucho” Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, alguien que mantiene una fluida relación con Pablo Moyano y a quien sus rivales involucraron en el caso del hotel marplatense, en donde la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, que encabeza el fiscal David Bruna, investiga un supuesto fraude por USD 10 millones.

La tensión interna se agravó a mediados de octubre cuando, como anticipó Infobae, se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un fuerte mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M.,vos también participaste”, era lo que figuraba en los papeles arrojados desde una moto en dos oportunidades.

El torneo en donde ocurrió la batalla campal es organizado por Jerónimo Moyano, el hijo menor de Hugo, quien sí se mantiene fiel a las órdenes de su padre y está distanciado de su hermano Pablo. Uno de los bandos que protagonizó la pelea salvaje en Argentino de Merlos respondería al jefe del gremio, mientras que el otro estaría alineado con “Feúcho” Aparicio y Pablo Moyano. Además, trascendió que los violentos integrarían las barras bravas de Argentino de Merlo y el sector oeste de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

Pablo Moyano se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros. Adentro del gremio sospechan que, más allá de la denuncia judicial en Mar del Plata, los despidos de Balazic y Villegas podrían responder a una estrategia de Hugo Moyano para neutralizar una supuesta maniobra en favor de su hijo.

En estos últimos días, para colmo, aparecieron pintadas con la leyenda “Pablo Moyano volvé, los trabajadores te necesitan” en paredes del oeste del conurbano bonaerense, que no llevan firma, pero volvieron a poner al desnudo el enfrentamiento interno de Camioneros.

La filmación, publicada en el sitio Infogremiales, ratifica el clima de enfrentamiento interno que atraviesa el sindicato que lidera Hugo Moyano, en el que hoy se mezclan su pelea con Pablo Moyano, la jugada para desgastar a Aparicio y la causa judicial por una supuesta estafa por US$ 10 millones en el hotel sindical de Mar del Plata, que derivó en el despido de varios dirigentes.

“A esta gente que está haciendo daño, que está intentando boicotear desde adentro, tanto como a la recolección como al sindicato entero, quiero dejar un mensaje de parte del cuerpo de delegados de Ashira: que no nos olvidamos y que no esperen que si de la otra vereda no están tirando piedras, no siempre vamos a poner la otra mejilla; identificados están los traidores y, tarde o temprano, los traidores se tendrán que hacer cargo y los traidores pagarán su culpa, muchachos”, dijo el representante sindical de una de las empresas de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires.

Hubo otra mención que resultó sugestiva: “Que quede claro, muchachos: un dirigente sin su gente no es nada. Cuando tenés que renunciar a ir a las marchas porque no te quiere nadie, la gente te está diciendo que ya tu momento pasó”, afirmó. ¿A qué sindicalista se estaba refiriendo exactamente este delegado de Ashira?

La rebelión interna parece haberse instalado en Camioneros luego de que hace una semana, como anticipó Infobae, frente a la sede del sindicato fueron arrojados volantes con un mensaje: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”.

Esa acción es atribuida a la feroz pelea desatada en el sindicato de Moyano a partir de la denuncia judicial por una presunta estafa de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre que posee Camioneros en Mar del Plata.

La presentación ante la Justicia la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y el caso es investigado actualmente por la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna, y se centra en supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

Esa fue el motivo por el cual Hugo Moyano echó a principios de mes a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic, y se mencionaban también dos despidos más, pero uno de los apuntados en las versiones, Alejandro Vanati, era el segundo de Balazic y ahora quedó en su reemplazo.

En medio de los rumores de desplazamientos también quedaron involucrados Aparicio, conocido por su apodo de “Feúcho”, y Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes, aunque ninguno de los dos finalmente fue despedido. “Por ahora”, dijo una alta fuente de Camioneros hace dos semanas y luego comenzó la volanteada contra Aparicio con el aparente fin de desgastarlo involucrándolo en la supuesta estafa que se investiga en Mar del Plata.

Aparicio es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe del sindicato le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

Ahora, a las asambleas en donde surgieron discursos de delegados en su favor también se sumaron publicaciones en las redes sociales de trabajadores de la rama de recolección de residuos (la más importante del gremio) para defender al dirigente que está en la mira.

En la interna de Camioneros, le atribuyen la campaña contra Aparicio a José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección del sindicato, aunque otros dirigentes lo desmintieron y aseguraron que “hay que buscar al responsable mucho más arriba”.

El malestar interno se agravó además porque algunos dirigentes de Camioneros se sintieron “desprotegidos” por el líder de la organización ante la denuncia judicial presentada en Mar del Plata por una supuesta estafa.

Los dirigentes echados del sindicato serían estrechos allegados a Pablo Moyano: hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor de su hijo mayor, que hoy está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

Algunos sindicalistas, en cambio, afirmaron que la persona que estaría detrás de estos despidos en Camioneros sería la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien, enemistada con Pablo Moyano, tendría cada vez más poder en la interna del gremio, además de mantener su fuerte influencia porque controla Iarai una empresa que se ocupa del gerenciamiento de las dos obras sociales del sindicato, con una fuerte crisis financiera que jaquea la atención médica.

La dura interna del Sindicato de Camioneros se incrementó en las últimas horas: a la volanteada contra Marcelo “Feúcho” Aparicio, el número 3 del gremio, se sumaron reproches de algunos dirigentes que se sintieron “desprotegidos” por el líder de la organización ante la denuncia judicial presentada en Mar del Plata por una supuesta estafa por unos 10 millones de dólares.

El creciente clima de desconfianza y de temor por los coletazos de la presentación ante la Justicia de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se multiplica porque hay quienes relacionan este caso con la pelea del jefe sindical con su hijo Pablo.

A principios de mes, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic. Luego, según trascendió, habría apartado al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente del que nunca pudo confirmarse su nombre, pero las versiones pusieron en la mira a Aparicio y Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes.

Los dirigentes echados del sindicato serían estrechos allegados a Pablo Moyano: hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor de su hijo mayor, que hoy está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

En medio de los despidos en el gremio, las sospechas y las acusaciones cruzadas, de todas formas, avanza la investigación judicial que expone una presunta estafa de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre que posee el Sindicato de Camioneros en Mar del Plata.

La investigación, actualmente en manos de la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal David Bruna, se centra en supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

“La causa está en pleno trámite, se ha recolectado prueba, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y lo próximo sería la pericia contable”, dijo a Infobae una fuente judicial.

Aunque trascendió que el Sindicato de Camioneros estaba por designar un perito de parte en la causa, en el ámbito judicial aún no tienen noticias al respecto: “Pueden ponerlo, pero todavía no hay ningún contador que se haya presentado en el expediente", aseguraron.

En el sindicato afirmaron que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figurarían cheques firmados por los directivos desplazados.

El hotel 15 de Diciembre, un edificio de 12 pisos ubicado en Santa Fe 2373, fue inaugurado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero actualmente está cerrado para hacer reformas, según se informó de manera oficial.

La tensión en Camioneros por la interna y la causa judicial se hizo visible hace una semana, como anticipó Infobae, cuando volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” fueron arrojados desde una moto frente a la sede sindical.

Aparicio, apodado “Feúcho”, es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y, pese a su cercanía histórica con Pablo Moyano, cuenta con la confianza de Hugo Moyano, quien lo designó para resolver conflictos complejos como los de Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque mantiene su cargo en el sindicato, la presencia de Aparicio en su oficina se ha reducido por problemas de salud. Su última aparición pública fue el 11 de septiembre, cuando Camioneros firmó una paritaria con un aumento del 3,3% en tres tramos para un período de seis meses, desde septiembre hasta febrero de 2026.

En esa ocasión, testigos en la Secretaría de Trabajo observaron cómo Aparicio manifestaba a viva voz su descontento por el acuerdo salarial, que consideraba insuficiente y que fue impulsado por Hugo Moyano, quien supervisó las negociaciones a distancia.

La feroz interna en el Sindicato de Camioneros sigue acumulando capítulos que confirman un conflicto que se va profundizando cada vez más, con la pelea entre Hugo y Pablo Moyano como telón de fondo.

A principios de mes, el líder sindical echó a 3 o 4 dirigentes por supuestas irregularidades en el manejo de fondos gremiales y ahora se produjo otro episodio que revela la tensión interna: este lunes se lanzaron volantes ante la sede del sindicato con un mensaje contra Marcelo Aparicio, secretario Gremial de la organización y uno de los dirigentes que estaría en la mira de Hugo Moyano. “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”, era lo que figuraba en los papeles arrojados desde una moto en dos oportunidades.

Aparicio, conocido por su apodo de “Feúcho”, es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe del sindicato le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

El mensaje contra Aparicio parece aludir a una denuncia judicial sobre un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata, que derivó en el despido de 3 o 4 dirigentes allegados a Pablo: Paulo Villegas, secretario Tesorero; Claudio Balazic, secretario Administrativo; Alejandro Vanati, prosecretario Administrativo, y otro dirigente del que nunca pudo confirmarse su nombre, aunque en su momento trascendió que podría tratarse de Aparicio o de Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística y uno de los soldados más fieles de Pablo Moyano.

La imagen de Borda se hizo célebre en enero de 2023 cuando, como fuerza de choque de Pablo Moyano, entró con actitud intimidatoria al centro de distribución de un supermercado para “fiscalizar” el cumplimiento del plan Precios Justos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y en 2021 estuvo piloteando junto al hijo de Moyano el bloqueo al centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, en La Matanza, para reclamar por el encuadramiento de 1.200 trabajadores afiliados a la Unión de Carga y Descarga que lidera el barrionuevista Daniel Vila.

Sin embargo, pese a las versiones insistentes, Aparicio y Borda no fueron separados de sus cargos, según confirmaron hace 10 días tres fuentes distintas, aunque una de ellas hizo una aclaración: “Por ahora”.

La denuncia judicial, que abrió una investigación liderada por el fiscal marplatense Carlos David Bruna, la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y apuntaría a dirigentes y al gerente del hotel por una supuesta estafa que superaría los 10 millones de dólares, según consignó el diario La Nación.

Hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a algunos “soldados” de Pablo como Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor del díscolo hijo, que actualmente está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

¿Se enteró Hugo de que los “pablistas” estaban planificando (y financiando) el “operativo retorno” al gremio del Moyano más duro? Es una versión incomprobable que circuló de manera veloz en esas horas en que la “razzia camionera” estaba a pleno.

Algunos aliados de Hugo Moyano deslizaron que la furia del líder sindical fue alentada por su esposa, Liliana Zulet, ante algunas señales “preocupantes” que siguieron al éxito futbolístico que logró Pablo: que Deportivo Camioneros ascendiera a la Primera B Metropolitana. Que se trató, en realidad, del segundo ascenso de categoría conseguido en 8 meses.

Para los malpensados del mundo sindical, un factor clave para los repentinos logros del club fue el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reconciliado con Pablo Moyano tras la pelea político-sindical-familiar de la que participó también el líder de Camioneros, su ex suegro, con el que aún sigue peleado.

¿Sospecha Zulet que “Chiqui” inclinó la cancha en favor de Deportivo Camioneros para tratar de perjudicarlo a su esposo? Lo cierto es que la mujer de Hugo Moyano, según aliados del líder sindical, imagina que Pablo quiere mostrar una “gestión exitosa” en el fútbol para jaquear el liderazgo de su padre en el gremio. Otra versión incomprobable que también circuló profusamente en las últimas horas.

Hasta el momento, Aparicio y Borda se mantienen en sus puestos. “Feúcho” tiene un papel clave en la estructura y logró surfear la pelea entre Hugo y Pablo sin tomar partido por ninguno, aunque aseguran que va menos a su oficina porque tiene problemas de salud.

Su última aparición fue el 11 de septiembre pasado, cuando Camioneros firmó la paritaria más alineada con el Gobierno (3,3% en tres tramos que rige durante 6 meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026). En los pasillos de la Secretaría de Trabajo hay quienes vieron cómo Aparicio, molesto, no disimulaba sus quejas contra el aumento salarial “a la baja” impulsado por su jefe máximo, que monitoreaba todo a distancia. Nunca había sucedido algo semejante.

Para algunos de sus colegas, Hugo Moyano está encaminado a promover a Octavio Argüello como su eventual heredero en Camioneros. Quiere que siga en el triunvirato de la CGT y dio claras señales hacia adentro del gremio de que tiene toda su confianza. ¿Los desplazamientos de dirigentes responden al objetivo de allanar el terreno para la sucesión?

Por ahora, Pablo se mantiene recluido en el fútbol y Hugo, además de encumbrar a Argüello, privilegia a otros de sus hijos como “Huguito”, el abogado, a quien le consiguió una candidatura a diputado nacional por Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre, y a Jerónimo, el menor de la familia, a quien prepara para que pueda ascender en el escalafón sindical.

Este favoritismo debe enfurecer a Pablo, que todavía dialoga con “Huguito”, pero tiene bloqueado en su teléfono a Jerónimo (no le habla porque se lleva mal con Zulet, su mamá) y a Facundo, el otro hermano que también fue un protegido de Hugo y se animó a criticar su cercanía con el kirchnerismo.

Aunque en el sindicato hay miedo de hablar, la interna no se apaga y, peor aún, se incrementa con los despidos y la sensación de que comenzó una “caza de brujas” contra allegados a Pablo. Para los conocedores de la “patria camionera”, son signos del declive del liderazgo todopoderoso de Hugo Moyano, de 81 años, que nunca necesitó disciplinar de esta forma a su tropa.

Mientras, la guerra en el sindicato se canalizó en volantes con duras acusaciones. Nadie sabe cómo seguirá, pero sí se sabe algo: no se detendrá.

Hugo Moyano estuvo presente esta mañana en el congreso de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) para renovar sus autoridades, en un gesto que grafica el poder interno que logró extender: Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, será secretario adjunto y su hijo Hugo Antonio fue designado secretario de Relaciones Institucionales.

Al frente de la CATT fue reelegido una vez más Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quien había amagado con no continuar en el puesto, pero finalmente accedió a partir de un acuerdo entre los máximos dirigentes del transporte, que le pidieron que siguiera al frente de una conducción remozada, que profundizará su perfil opositor al Gobierno.

La nueva comisión directiva, anticipada por Infobae, fue elegida en el congreso de la CATT, que deliberó durante unas tres horas en su sede de la avenida Jujuy 1074, con la presencia de 78 congresales que representan a 25 de sus 30 sindicatos.

Schmid y la nueva comisión directiva asumirán formalmente en un acto que se realizará este jueves en el salón Felipe Vallese de la CGT, en Azopardo 802, donde el discurso del reelegido líder de la CATT anticipará la estrategia de la confederación.

En la Secretaría Gremial de la CATT, el tercer puesto en importancia, fue elegido Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Es un lugar estratégico que los gremios del transporte negocian también para que este dirigente ocupe en la CGT que se elegirá el 5 de noviembre próximo.

Además, en la comisión directiva de la CATT se incorporaron gremios kirchneristas para reforzar la ofensiva contra la administración de Javier Milei: la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza Edgardo Llano, y los Metrodelegados, dirigidos por Beto Pianelli y Néstor Segovia.

Estos sindicatos están en una mayor sintonía política con Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien continuará otro mandato como secretario del Interior de la CATT.

La mayor incidencia de Hugo Moyano en la estructura de la CATT tiene varias lecturas de importancia política y sindical. De esta forma reemplaza con un papel protagónico el rol que antes desempeñaba su hijo Pablo, quien en noviembre pasado renunció a la CGT y también se alejó de la entidad del transporte.

El líder de Camioneros logró ahora que Omar Pérez, uno de sus alfiles, secunde a Schmid al frente de la CATT y que su hijo Hugo Antonio, abogado laboralista y candidato a diputado nacional, sea el nuevo secretario de Relaciones Institucionales, cargo que antes tenía Raúl Durdos (SOMU), y que ahora, según se espera, tendrá un mayor nivel de exposición.

Para no quedaran dudas de su fuerte compromiso con la flamante estructura de la CATT, Moyano se sentó en la mesa que presidió el congreso junto con Pérez y con su hijo Jerónimo, dirigente de Camioneros.

La nueva cúpula de la confederación del transporte, sin embargo, no sumó finalmente a un adversario interno como Omar Maturano (La Fraternidad), posibilidad sobre la que se había avanzado en algunas charlas, pero que se frustró porque el dirigente ferroviario declinó la propuesta y seguirá liderando la entidad rival de la CATT, la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Los líderes sindicales del transporte forman parte del ala dura de la CGT y no comparten la postura del sector mayoritario de mantener una tregua sin medidas de fuerza para priorizar el diálogo.

Se espera que con la incorporación de gremios más intransigentes ahora se consolide y se profundice la posición ultraopositora contra Milei que viene desarrollando la CATT.

Dentro de 30 días será consagrada la nueva CGT, pero este lunes tendrá lugar la otra gran elección de una entidad sindical poderosa: la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) renovará sus autoridades con la ratificación de su líder actual y la incorporación de gremios kirchneristas para reforzar la ofensiva contra el Gobierno.

En el congreso de la CATT, que se realizará desde las 9 en la sede de la avenida Jujuy 1074, no habrá cambios en la jefatura: aunque había amagado con no seguir en el cargo, será reelegido Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) como su titular.

La principal novedad se producirá en el resto de la grilla de autoridades, definida mediante un acuerdo entre los máximos dirigentes: la Secretaría Adjunta quedará en manos de Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, en un ascenso que le dará más protagonismo al gremio conducido por Hugo Moyano.

El otro cambio clave que habrá en la CATT es que al frente de la estratégica Secretaría Gremial (que hasta ahora fue de Camioneros) será designado el ascendente Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Lo que está definido, además, es la incorporación en la estructura de la confederación del transporte de sindicatos de impronta kirchnerista como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza Edgardo Llano, y los Metrodelegados, dirigidos por Beto Pianelli y Néstor Segovia.

Estos gremios están en una mayor sintonía política con Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien este lunes retendrá el puesto de secretario del Interior de la CATT.

La nueva cúpula de la confederación del transporte, sin embargo, no sumará finalmente a un adversario interno como Omar Maturano (La Fraternidad), posibilidad sobre la que se había avanzado en algunas charlas, pero que se frustró porque el dirigente ferroviario declinó la propuesta y seguirá liderando la entidad rival de la CATT, la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Está previsto que Schmid y la nueva comisión directiva asuman formalmente en un acto que se realizará este jueves en el salón Felipe Vallese de la CGT, en Azopardo 802, donde el discurso del reelegido líder de la CATT anticipará la estrategia de la confederación.

Los líderes sindicales del transporte forman parte del ala dura de la CGT y no comparten la postura del sector mayoritario de mantener una tregua sin medidas de fuerza para priorizar el diálogo.

Por eso se espera que, con la incorporación de gremios más intransigentes como APA y los Metrodelegados, se consolide y se profundice la posición ultraopositora contra Milei que viene desarrollando la CATT.

En la confederación del transporte ya no está el dialoguista Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), quien renunció en noviembre de 2024 cuando una veintena de gremios de la CATT, encabezados por Schmid, Brey, Biró y Pablo Moyano (Camioneros), entre otros, convocaron por su cuenta a una reunión de la CATT para definir una actitud más dura hacia el Gobierno.

Esos mismos dirigentes, dos meses antes, se habían apartado de la CATT para lanzar la Mesa Nacional del Transporte, de sesgo combativo, con sindicalistas de la UGATT como Maturano y Mario Calegari (UTA).

Desde allí, lanzaron un paro de 24 horas que se iba a hacer el 17 de octubre y luego pasó al 30 de ese mes. La medida de fuerza marcó una radicalización de esos gremios, pero, aunque sumaron a otros sectores como piqueteros y estatales, no lograron que se convirtiera en un paro general. En mucho incluyó que no hayan adherido los colectiveros de la UTA, que convocaron a un paro propio de 24 horas que finalmente fue levantado porque alcanzaron un acuerdo salarial.

Sin embargo, la Mesa del Transporte se desarticuló a mediados de noviembre luego de que trascendió el discurso que dio Maturano en un plenario de La Fraternidad, en Santiago del Estero, en el que anticipó que esa estructura sindical “se va a desarmar, no por nosotros, sino por otros sindicatos que no tienen historia ni tienen lucha, son pilotos de avión, aeronavegantes, que no conocen el verdadero sindicalismo ni la verdadera pobreza”.

Por eso los dirigentes del transporte que habían creado la Mesa se reagruparon en la CATT y desde allí intensificaron una línea más dura contra el Gobierno. Incluso Schmid, Brey y Omar Pérez, entre otros, se unieron a las dos CTA y a los movimientos sociales para crear el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, una expresión multisectorial radicalizada que marchó contra el ministro Federico Sturzenegger, instaló 30 ollas populares en Plaza Constitución y se movilizó en favor de la paz en Gaza y contra “el alineamiento de Milei con Israel y Estados Unidos”.

Ahora, con la CATT renovada y con refuerzos provenientes del kirchnerismo, los gremios del transporte buscarán frenar los planes desregulatorios y privatizadores del Gobierno en el sector y, en paralelo, negocian para tener cargos más importantes en la futura CGT: Brey, por ejemplo, podría ser secretario Gremial de la central obrera.

Hace una semana, Hugo Moyano y su hijo Pablo hablaron dos horas a solas en un lugar que no era el mejor para ese encuentro cara a cara (que no tenían desde el 9 de julio), pero fue el único posible: una sala de sepelios de la calle Tacuarí al 400 donde velaron a Olga Beatriz Mariani, ex esposa del líder de Camioneros y madre de Pablo, Karina, Paola y Emiliano Moyano.

¿Le habrá anticipado el papá a su hijo mayor lo que iba a hacer en las siguientes horas? Lo que hizo ya es público y causó conmoción en el ámbito sindical, político y empresarial: Hugo Moyano echó del gremio a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic. Luego, según trascendió, habría apartado al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente, aunque nunca pudo confirmarse su nombre.

Las versiones eran inquietantes: adentro de Camioneros hablaban del despido del número 3 de la estructura gremial, Marcelo “Feúcho” Aparicio, o de Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes del sindicato.

El rumor era explosivo: Aparicio es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe sindical le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

La imagen de Borda, por su parte, se hizo célebre en enero de 2023 cuando, como fuerza de choque de Pablo Moyano, entró con actitud intimidatoria al centro de distribución de un supermercado para “fiscalizar” el cumplimiento del plan Precios Justos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Es el mismo que quedó en el centro de la atención el 21 de septiembre de 2023 tras liderar el ingreso violento de 45 integrantes del sindicato a la empresa Milo, ubicada en Avellaneda, donde agredieron al propietario y dejaron heridas a 6 personas.

El ataque fue captado por las cámaras de seguridad y la jueza de garantías de Avellaneda Estela Carmen Mollo solicitó su detención, pero la investigación judicial se estancó después de que no fue encontrado en el allanamiento a su domicilio ya que había salido poco antes a una supuesta reunión sindical en Tandil. Pese a las pruebas, la causa no registró avances y la magistrada dejó de impulsar el expediente.

Además, en 2021, “Chucky” Borda estuvo piloteando junto a Pablo Moyano el bloqueo al centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, en La Matanza, para reclamar por el encuadramiento de 1.200 trabajadores afiliados a la Unión de Carga y Descarga que lidera el barrionuevista Daniel Vila.

Sin embargo, pese a las versiones insistentes, Aparicio y Borda no fueron separados de sus cargos, según confirmaron a Infobae tres fuentes distintas, aunque una de ellas hizo una aclaración: “Por ahora”.

En medio del hermetismo y de la incertidumbre, trascendió que los desplazamientos que sí se concretaron estuvieron vinculados con una denuncia judicial sobre un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

La denuncia la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y apuntaría a dirigentes propios y al gerente del hotel por una supuesta estafa que podría superar los 10 millones de dólares, según consignó el diario La Nación.

“Es muy rara esa causa porque el hotel trabajaba a pérdida y era imposible desviar fondos sin que estallara el escándalo mucho antes”, dijo un allegado al mundo camionero que no cuenta todo lo que sabe.

“Además -continuó-, ¿por qué expulsar de sus cargos a dirigentes si aún está en desarrollo la investigación judicial y no se sabe si son culpables".

Hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a algunos “soldados” de Pablo como Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor del díscolo hijo, que actualmente está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

¿Se enteró Hugo de que los “pablistas” estaban planificando (y financiando) el “operativo retorno” al gremio del Moyano más duro? Es una versión incomprobable que circuló de manera veloz en esas horas en que la “razzia camionera” estaba a pleno.

Algunos aliados de Hugo Moyano deslizaron que la furia del líder sindical fue alentada por su esposa, Liliana Zulet, ante algunas señales “preocupantes” que siguieron al éxito futbolístico que logró Pablo: que Deportivo Camioneros ascendiera a la Primera B Metropolitana. Que se trató, en realidad, del segundo ascenso de categoría conseguido en 8 meses.

Para los malpensados del mundo sindical, un factor clave para los repentinos logros del club fue el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reconciliado con Pablo Moyano tras la pelea político-sindical-familiar de la que participó también el líder de Camioneros, su ex suegro, con el que aún sigue peleado.

¿Sospecha Zulet que “Chiqui” inclinó la cancha en favor de Deportivo Camioneros para tratar de perjudicarlo a su esposo? Lo cierto es que la mujer de Hugo Moyano, según aliados del líder sindical, imagina que Pablo quiere mostrar una “gestión exitosa” en el fútbol para jaquear el liderazgo de su padre en el gremio. Otra versión incomprobable que también circuló profusamente en las últimas horas.

Hasta el momento, Aparicio y Borda se mantienen en sus puestos. “Feúcho” tiene un papel clave y logró surfear la pelea entre Hugo y Pablo sin tomar partido por ninguno, aunque aseguran que va menos a su oficina porque tiene problemas de salud.

Su última aparición fue el 11 de septiembre pasado, cuando Camioneros firmó la paritaria más alineada con el Gobierno (3,3% en tres tramos que rige durante 6 meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026). En los pasillos de la Secretaría de Trabajo hay quienes vieron cómo Aparicio, molesto, no disimulaba sus quejas contra el aumento salarial “a la baja” impulsado por su jefe máximo, que monitoreaba todo a distancia. Nunca había sucedido algo semejante.

Para algunos de sus colegas, Hugo Moyano está encaminado a promover a Octavio Argüello como su eventual heredero en Camioneros. Quiere que siga en el triunvirato de la CGT y dio claras señales hacia adentro del gremio de que tiene toda su confianza. ¿Los desplazamientos de dirigentes responden al objetivo de allanar el terreno para la sucesión?

Por ahora, Pablo se mantiene recluido en el fútbol y Hugo, además de encumbrar a Argüello, privilegia a otros de sus hijos como “Huguito”, el abogado, a quien le consiguió una candidatura a diputado nacional por Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre, y a Jerónimo, el menor de la familia, a quien prepara para que pueda ascender en el escalafón sindical.

Este favoritismo debe enfurecer a Pablo, que todavía dialoga con “Huguito”, pero tiene bloqueado en su teléfono a Jerónimo (no le habla porque se lleva mal con Zulet, su mamá) y a Facundo, el otro hermano que también fue un protegido de Hugo y se animó a criticar su cercanía con el kirchnerismo.

Aunque en el sindicato hay miedo de hablar, la interna no se apaga y, peor aún, se incrementa con los despidos y la sensación de que comenzó una “caza de brujas” contra allegados a Pablo. Para los conocedores de la “patria camionera”, son signos del declive del liderazgo todopoderoso de Moyano, que nunca necesitó disciplinar de esta forma a su tropa.

Hay un dato de la intimidad que simboliza lo que pasa entre papá e hijo en Camioneros. Cuando todos los días se mira en el espejo, Pablo ve invariablemente el rostro de Hugo: tiene su imagen tatuada en el pecho. Imposible de borrar. Como la feroz pelea familiar.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) firmó un aumento salarial del 2,5% para el bimestre septiembre-octubre, en otro gesto de alineamiento con la pauta del Gobierno.

El acuerdo, rubricado por el sindicato que lidera Gerardo Martínez y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), consiste en una mejora del 1,3% para septiembre y del 1,2% para octubre, además de un incremento en los bonos.

Ese aumento llevará ese rubro a estos montos: el ayudante pasará de 40.000 pesos a 61.800 pesos; el medio oficial, de 42.000 pesos a 64.900 pesos; el oficial, de 46.000 pesos a 71.000 pesos y el oficial especializado, de 48.000 pesos a 74.200 pesos.

La paritaria de la UOCRA se firmó después de otro aumento salarial que tranquilizó al Gobierno: el Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, acordó un incremento del 3,3% en tres tramos para el período septiembre-febrero.

El convenio, anunciado mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, prevé un aumento del 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez en septiembre, que se incorporará al salario básico como $22.000 a partir de octubre.

En palabras de la cartera dirigida por Pettovello, “este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Algunas negociaciones recientes, como la del Sindicato de Sanidad, superaron el techo oficial sin que ello impidiera su homologación. A principios de septiembre, el gremio liderado a nivel nacional por Héctor Daer y en la filial Buenos Aires por Javier Pokoik acordó un aumento del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, distribuido en tres tramos de 1,9%, 1,7% y 1,6%, junto con sumas no remunerativas de $60.000 para cada mes.

La confianza en la aprobación oficial se basó en antecedentes como la paritaria anterior, firmada el 25 de junio, que incluyó un alza del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos del 1,5%, más sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 para cada mes. Aunque en un principio se preveía que el acuerdo no sería homologado por exceder la pauta oficial, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, firmó la convalidación el 15 de julio pasado, tras constatar que las empresas del sector salud no trasladaron el aumento a las cuotas de los usuarios.

Como anticipó Infobae, algunas de las últimas negociaciones salariales cerradas se apartan de la pauta oficial de aumentos del 1% mensual fijada por el Ministerio de Economía, aunque el Gobierno se muestra más flexible respecto del acatamiento del tope oficial y evalúa los acuerdos a la luz de algunos ítems que habilitan o no su homologación.

La actual disposición del Gobierno a convalidar acuerdos salariales por encima del 1% mensual responde, según los dirigentes sindicales, a la coyuntura electoral y a la necesidad de acompañar la recuperación del poder adquisitivo en determinados sectores, en un contexto de inflación descendente.

No obstante, cada convenio salarial es sometido a un análisis minucioso por parte de los funcionarios de Economía y Trabajo, quienes evalúan si los incrementos guardan relación con mejoras en la productividad y si no generarán presiones adicionales sobre los precios, condiciones consideradas indispensables para la homologación de las paritarias.

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sigue tomando medidas drásticas: ya echó a dos dirigentes de su comisión directiva y ahora desplazó a otros dos, en medio de inquietantes versiones sobre supuestos manejos irregulares de fondos del gremio.

A comienzos de esta semana, el jefe sindical alejó de sus puestos al secretario Administrativo de Camioneros, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego apartó al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente.

No están claros los motivos de esta decisión porque hay mucho hermetismo, pero trascendió que los despidos estarían vinculados con una denuncia judicial que investiga un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

La investigación judicial, según el diario La Nación, se inició el 12 de septiembre a partir de una denuncia presentada en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna.

Dicen que el administrador del hotel fue expulsado del sindicato y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados.

Simultáneamente, Camioneros comunicó el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”.

Inicialmente circularon rumores de que los traumáticos cambios obedecían al encumbramiento de Octavio Argüello en el sindicato (¿se encamina a ser el heredero elegido por el líder de 81 años?), para lo cual había que apartar a algunos integrantes del secretariado más cercanos a Pablo Moyano o sospechados de proveerle de fondos del gremio para su gestión en el club Deportivo Camioneros.

Incluso se comentaba que la verdadera inspiradora de los despidos fue la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien, enemistada a muerte con el hijo mayor de su marido, quería borrar de la grilla sindical a quienes habrían permitido que el club presidido por Pablo se convirtiera en “una vidriera de una buena gestión”: el sábado pasado, Deportivo Camioneros obtuvo el campeonato de fútbol en la Primera C y de esa forma ascendió a la Primera B Metropolitana.

Las versiones en danza responden a la feroz interna que desató en Camioneros desde fines de 2021, cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, que se encarga de su gerenciamiento.

Por eso Hugo Moyano desplazó a Pablo de la secretaría adjunta de la Federación de Trabajadores Camioneros en diciembre de 2021 y designó en su lugar a Jorge Taboada, de Chubut. El díscolo hijo retuvo la secretaría adjunta del sindicato de Capital y Buenos Aires, pero el enfrentamiento con su papá hizo que dejara de ir a su oficina y se dedicara a pleno a la presidencia del club Deportivo Camioneros.

El líder del sindicato, por su parte, reemplazó a su hijo en la CGT con un dirigente de confianza como Argüello y él mismo se sumó a la mesa chica cegetista, mientras fue apartando en Camioneros a dirigentes de distintas ramas que respondían a su hijo.

En el Comité Central Confederal de la CGT, realizado el 18 de septiembre pasado, Hugo Moyano le dedicó una áspera frase a Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en alusión a Argüello).

A algunos les pareció un mensaje hacia la interna del sindicato, donde el jefe gremial promovió a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

Hoy, Hugo Moyano afronta el duro desafío de recomponer su liderazgo, desarticular a los sectores que pugnan por el regreso de Pablo y, ahora, dejar a salvo su propia figura del eventual escándalo que desataría la causa judicial en Mar del Plata.

Hugo Moyano está más activo que nunca. A los 81 años, el líder del Sindicato de Camioneros desafía a los que quieren jubilarlo anticipadamente con fuertes jugadas que está haciendo en varios frentes decisivos.

Por un lado, presiona a sus colegas de la CGT para mantener en el futuro triunvirato a Octavio Argüello o ubicar a su hijo Jerónimo, como secretario de Juventud de la central obrera que se elegirá el 5 de noviembre, mientras, por otro, desplazó a dos dirigentes de Camioneros por motivos que estarían vinculados con la feroz interna de su gremio.

Lo “peor” que le pasó en los últimos días, sin embargo, es haber tenido que festejar un resonante triunfo de su hijo Pablo, con quien sigue peleado desde que se enfrentaron en 2021 por el papel de una empresa de su esposa Liliana Zulet en el gerenciamiento de la obra social. Es que el sábado pasado salió campeón el club Deportivo Camioneros en la Primera C y de esa forma ascendió a la Primera B Metropolitana. Esa entidad deportiva está presidida por Pablo Moyano, actividad a la que se dedica a tiempo completo desde que renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato.

El equipo de fútbol Pablo le ganó por 3 a 1 a Ituzaingó en el estadio Hugo Moyano y en su formación jugaron dos de sus hijos, Facundo y Nicolás. Logró de esta manera ascender dos categorías en once meses. Y le está yendo mucho mejor en este club que cuando con su papá presidieron Independiente, al que dejaron con millonarias deudas y pésimos resultados deportivos.

En las redes sociales, el hijo mayor del líder de Camioneros celebró el campeonato ganado desde un video en el que incluyó también un mensaje político. “Esto nos da más fuerza en la parte deportiva en año que viene y nos da más fuerza para seguir confrontando a un gobierno gorila que tanto daño está haciendo al país, a los trabajadores, a los jubilados y a los discapacitados”, afirmó.

Propuso a continuación “seguir peleando, luchando y militando para que el peronismo vuelva a ganar el 26 de octubre y que en 2027 tengamos un compañero o compañera al frente del país para empezar a darle soluciones a todos los argentinos”.

Mientras Pablo Moyano celebraba, su papá llevaba adelante sus jugadas en la CGT y en Camioneros para no ceder posiciones y reforzar su poder.

En las negociaciones para la futura central obrera, que se elegirá el 5 de noviembre, Hugo Moyano apuesta a que Argüello, uno de sus dirigentes de confianza, siga en el próximo triunvirato, aunque esta posición choca con la que mantienen sus aliados en la CGT (“Gordos” e independientes), que promueven a sindicalistas más jóvenes como Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (seguros) para integrar el esquema de 3 cotitulares.

El indicio más claro lo dio el propio líder de Camioneros cuando habló el 18 de este mes ante el Comité Central Confederal de la CGT y elogió en sugestivos términos a su representante en el triunvirato: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero (por Argüello), pero quiero decir algo que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Los conocedores de la interna gremial dicen que Hugo Moyano decidió el respaldo a Argüello luego de haber desistido de impulsar a su hijo menor, Jerónimo, para que sea secretario de la Juventud de la CGT, cargo que hoy ocupa Sebastián Maturano (La Fraternidad).

Sus aliados de la alianza “Gordos”-independientes no están de acuerdo y advierten: “A Hugo ya le pagamos bien apoyando a su hijo Huguito para que sea candidato a diputado nacional en estas elecciones, así que debería conformarse con otro puesto en la CGT”.

Algunos dirigentes interpretan, en cambio, que Moyano presiona ahora por Argüello en el nuevo triunvirato sólo para lograr la Secretaría de la Juventud para Jerónimo, que está muy disputada: el hijo de Omar Maturano aspira a seguir en ese lugar y desde el barrionuevismo postularían a Gustavo Vila, el hijo de Daniel Vila, líder del gremio de Carga y Descarga.

En estos días se intensificarán las tratativas entre los sectores sindicales para diseñar la nueva CGT, pero todo indica que Moyano dará pelea para mantener a Argüello o bien para nombrar a su hijo menor.

Mientras, el jefe de Camioneros hizo una maniobra en los últimos días que se asocia con su interna: desplazó a dos dirigentes de la comisión directiva del sindicato: el secretario Administrativo, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas.

No está tan claro el porqué de la decisión, aunque fuentes que conocen la “patria camionera” deslizan que podría estar relacionada con maniobras en favor del club Deportivo Camioneros.

Según esta versión, que circula con insistencia, el detonante habría sido la supuesta crítica de Zulet hacia los dirigentes que habrían permitido que el club presidido por Pablo Moyano se convierta “en una vidriera de lo que es una buena gestión”.

No son los únicos movimientos en Camioneros. También aseguran que estaría pasando un mal momento un dirigente clave dentro de la estructura moyanista que en su momento estuvo alineado con Pablo: se trata del secretario de la Rama de Recolección del sindicato, José “Teta” Garnica.

Ya en noviembre pasado, Garnica estuvo en la mira porque lo acusaron de no haber contenido a los trabajadores de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires que promovieron asambleas en algunas empresas, sin el aval de los delegados, para protestar a los gritos y entre insultos por el acuerdo alcanzado entre Hugo Moyano y el gobierno de Jorge Macri por el cual no se pagaron indemnizaciones a los 6.000 empleados de la actividad.

Ese entendimiento marcó el final de la llamada “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros lograba desde 1998 que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

El problema comenzó cuando Pablo Moyano, fiel a su estilo confrontativo, había advertido meses antes del acuerdo que “cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la Ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”, pero eso no sucedió por el entendimiento entre el gremio y el Gobierno porteño y, llamativamente, nadie se los anunció a tiempo a los trabajadores del sector, muchos de los cuales ya habían gastado a cuenta pensando en el resarcimiento económico que les correspondía.

Por eso los gritos de “Pablito traidor” en boca de trabajadores de una empresa de CABA abrieron un conflicto inédito en donde Garnica finalmente encontró protección en Hugo Moyano. Pero ahora habría perdido posiciones en la interna de Camioneros y el número 3 del sindicato, Marcelo Aparicio, lo estaría marginando para favorecer al ascendente Ariel Cimino, delegado de Recolección de Residuos.

Por ahora, ya desentendido de este complejo juego de poder e intrigas, el único que festeja algo en la periferia de Camioneros es un exiliado del sindicato como Pablo, alguien que terminó encontrando en el fútbol el reconocimiento que su papá le negó en el sindicalismo. O que él mismo, con su carácter explosivo y desafiante, se encargó de dilapidar.

Hugo Moyano tuvo una intervención destacada en el Comité Central Confederal de la CGT que este jueves confirmó el 5 de noviembre como fecha del congreso que elegirá nuevas autoridades cegetistas. Pero sus palabras fueron el comentario obligado de muchos de sus colegas, sobre todo, porque le dedicó una áspera frase a su hijo Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera.

Se registró a poco de comenzar su discurso, de pie y micrófono en mano, cuando el líder del Sindicato de Camioneros afirmó: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en expresa alusión a Octavio Argüello, dirigente de su sindicato que integra el triunvirato de la CGT).

La referencia a su díscolo hijo, que renunció a la central obrera el 22 de noviembre del año pasado, sonó a otro pase de facturas vinculado con la pelea entre ambos que se inició a fines de 2021 por sus diferencias sobre la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros.

A algunos gremialistas, como anticipó Infobae, les pareció también un mensaje hacia la interna del sindicato, donde Hugo Moyano fue apartando a allegados a Pablo para ubicar a gente de su confianza y promover a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación, según deslizaron a Infobae fuentes sindicales: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

“Hugo se arrepintió de proponer el ascenso de Jero. Cree que al pibe todavía le falta más rodaje antes de ir a la CGT y no quiere quemarlo”, explicó un dirigente que habla muy seguido con el líder de Camioneros.

¿Argüello podría continuar entonces en un futuro triunvirato de la CGT? Los operadores sindicales que diseñan la nueva conducción aseguraron que no será así y que el dirigente de confianza de Moyano será designado en otro cargo importante en el secretariado.

De todas formas, hubo otro tramo del discurso del jefe de Camioneros que también resultó sugestivo. Tras destacar que habló con sus colegas de la mesa chica de la CGT cómo negociar aumentos salariales que “no sean sólo el promedio que da el Gobierno sino un poquito más altos, algo que se hace con la experiencia”, dijo: “Se han dicho muchas realidades, muchas verdades, pero hay otra realidad en la que vive la sociedad. No se puede actuar de la misma forma. Perón lo decía claramente. El movimiento obrero tiene que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder porque ya el instrumento de presión no alcanza. Y esto es lo que ha logrado la CGT”.

A continuación, Moyano se pronunció en favor de que siga un triunvirato en la CGT (“creo que funcionó bien y tiene que seguir siendo así”, resaltó) y reforzó su idea de que haya unidad sindical: “Tenemos que fortalecer más a la CGT para que pueda lograr los objetivos que todos buscamos. Que el trabajo pueda ir cada día mejor. Que el trabajador tenga la dignidad que merece tener. Con ese objetivo que tenemos que mantener esta unidad, hacer un esfuerzo todos, aunque digamos las cosas que tengamos que decir, pero tratar de estar todos juntos porque un pueblo unido jamás será vencido, decía el General (por Perón). Y si lo logramos, estoy convencido de que vamos a conseguir una buena elección en el 2027″.

Su referencia crítica a Pablo Moyano hizo recordar una frase que dijo ante la mesa chica de la CGT en junio pasado, cuando el líder de Camioneros se puso al frente de la resistencia cegetista a sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner apenas fue condenada a prisión y sus dirigentes cercanos presionaban por un paro general.

Ante una decena de dirigentes, primero criticó en duros términos a la ex presidenta y a su hijo Máximo por el “destrato” al que sometieron durante años a toda la dirigencia sindical no kirchnerista. Y luego apuntó contra Cristina Kirchner por haberse apropiado del PJ y haber digitado las listas de candidatos. Destacó incluso que cuando el macrismo le allanó “25 veces” el sindicato, nadie de los K lo llamó “para ver si necesitaba algo”.

Pero lo más llamativo se produjo cuando ventiló un dato sugestivo de su interna familiar, con una frase filosa contra su hijo Pablo, quien hacía pocos días había estado reunido con la ex vicepresidenta en su departamento poco después de confirmarse su prisión domiciliaria: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”, dijo.

La lapidaria alusión a Pablo confirmó una vez más que la disputa entre padre e hijo era irreversible y que el titular de Camioneros estaba enojado por su decisión de ir a visitar a la ex presidenta y, para colmo, haberle transmitido el apoyo del gremio en forma inconsulta.

En medio de ese clima, como anticipó Infobae, la pelea familiar se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo Moyano y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan, el 17 de julio.

Los hechos no trascendieron porque había un pacto de silencio entre ambas partes que se rompió e incluso se mencionó que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores internos del Sindicato de Camioneros.

El día que marcharon por el Garrahan, ni Hugo Moyano ni Pablo estuvieron presentes, algo que podría haber propiciado el descontrol de sus simpatizantes. La violencia incluyó la persecución de un delegado fiel a Hugo por parte de manifestantes alineados con Pablo, que estuvieron a punto de pegarle. Lo salvó un alto jefe sindical que tuvo que intervenir para impedirlo.

Sin Pablo en la CGT y en su oficina en el sindicato, ya que se concentró en la presidencia del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, que juega en Primera C, Hugo Moyano reforzó su alianza con el sector dialoguista de la CGT y cultivó un perfil moderado, hasta tal punto que viene firmando acuerdos salariales que respetan los topes del 1% mensual del Gobierno. Seguramente podrá justificar su postura en el hecho de que, a diferencia de su hijo, él sí entendió que “había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”.

Una vez más, Hugo Moyano cerró un acuerdo salarial para el Sindicato de Camioneros que será un modelo del Gobierno para el resto de las paritarias: consiste en un aumento del 3,3% en tres tramos que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

Es tanta la importancia que le da la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

El convenio contempla un incremento salarial del 1,2% para septiembre, del 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, “reflejando el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre.

El gremio y los empresarios, se informó, acordaron reunirse otra vez en diciembre próximo para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.

“Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, destacó la cartera encabezada por Pettovello, de quien depende la Secretaría de Trabajo de la Nación.

A fines de agosto, el gremio de Hugo Moyano había exigido a los empresarios la reapertura de las negociaciones salariales para lograr una mejora que rija desde septiembre porque, según advirtió, la inflación de junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”, algo que confirmó el 1,9% registrado por el INDEC.

Además de solicitar un aumento salarial para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano explicitó su desconfianza en la medición oficial de la inflación, al destacar su ”preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos".

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros (en un universo de 100.000 afiliados, equivalió a un total de $1.850.000.000.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupa a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que negoció con el líder de Camioneros un “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo.

Ahora, con la nueva paritaria del 3,3% que se pagará en 3 tramos pero regirá durante 6 meses, Moyano se convirtió en el modelo que buscará replicar el Gobierno en otras negociaciones salariales que amenazan con recalentarse.

El mal estado de las rutas y la antigüedad del parque automotor de cargas en Argentina impactan de manera directa en los precios de los productos, la seguridad vial y la competitividad de la economía nacional. Así lo señala un análisis elaborado por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, opositor a Hugo Moyano, en el que se detalla cómo estos factores incrementan los costos logísticos y repercuten en toda la sociedad.

En el estudio se destaca que el 90% de las cargas en nuestro país se transportan en camión, lo que convierte a la red vial en un elemento clave para la economía. Sin embargo, advierte, los costos logísticos representan entre el 16% y el 17% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra superior a la de México (13%) y apenas por debajo de Brasil (18,4%), según datos del Banco Mundial. Si el país lograra reducir estos costos al nivel mexicano, de acuerdo con el sindicato, el ahorro anual podría ubicarse entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.

El informe destaca que el precio del combustible es similar al de los países vecinos: en junio de 2025, el litro de gasoil costaba 1,19 dólares en Argentina, frente a 1,10 en Brasil y 1,20 en México, según la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, la relación entre el costo del combustible y los salarios de los choferes es menos favorable en Argentina. Un camionero argentino percibe en promedio 8.500 dólares anuales, mientras que en Brasil la cifra asciende a 13.000 dólares y en México a 8.300. Llenar un tanque de 600 litros implica un gasto de 714 dólares, equivalente al 8,4% del salario anual en Argentina, frente al 5,1% en Brasil.

El deterioro de la red vial agrava la situación. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el 40% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado y el 65% de los caminos rurales no son aptos para el tránsito pesado. Esta situación provoca un sobreconsumo de combustible de entre el 5% y el 15%. Por ejemplo, un viaje que debería requerir 100 litros de gasoil puede demandar hasta 115 litros, lo que se traduce en un costo adicional que se multiplica por la cantidad de viajes realizados anualmente.

La antigüedad de la flota de camiones es otro factor que incrementa los costos. En Argentina, la edad promedio de los vehículos de carga es de 15 años, frente a 11 en Brasil. Más del 66% de los camiones argentinos supera la década de antigüedad. Cada año adicional implica un 1% más de consumo de combustible y un 20% más de gastos de mantenimiento una vez superados los 10 años. En consecuencia, un camión argentino promedio consume un 4% más de gasoil que uno brasileño y enfrenta costos de mantenimiento al menos un 15% superiores. Operar un camión en Argentina resulta aproximadamente un 10% más caro que en Brasil, únicamente por la antigüedad de la flota.

Estos sobrecostos logísticos repercuten en toda la cadena productiva y comercial, destaca el informe. Los alimentos y productos básicos llegan a los supermercados con precios más altos debido a los fletes costosos, las exportaciones pierden competitividad y las pequeñas y medianas empresas deben afrontar tarifas elevadas. Además, los choferes trabajan en unidades más inseguras y desgastadas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, Argentina ocupa el puesto 86 en calidad de infraestructura vial, con un puntaje de 3,6 sobre 7, por debajo del promedio internacional de 4,07.

La inseguridad vial es otro aspecto crítico que menciona el estudio de Camioneros de Santa Fe. En 2023, se registraron 4.369 muertes en accidentes de tránsito en el país, lo que equivale a un promedio de 12 personas fallecidas por día. El costo económico de la siniestralidad vial, que incluye atención médica, seguros, reparaciones, juicios y pérdida de productividad, se estima en 15.000 millones de dólares anuales.

El precio de los seguros también refleja esta situación: un seguro medio de auto cuesta 55 dólares mensuales en Argentina, mientras que en Noruega, país con rutas más seguras, el mismo seguro ajustado por poder adquisitivo costaría 17 dólares. Para los camiones, la diferencia es aún mayor: 130 dólares en Argentina contra 48 en Noruega.

El informe elaborado por Aladio subraya que invertir en infraestructura vial y en la renovación del parque automotor no sólo reduciría los costos logísticos, sino que también salvaría vidas y mejoraría la competitividad del país. Mientras Brasil y México avanzan con corredores modernos y programas de financiamiento para renovar rutas y camiones, puntualiza, Argentina enfrenta el desafío de revertir el deterioro de su infraestructura y modernizar su sistema de transporte de cargas.

Para concluir, el informe sostiene: “Invertir en rutas modernas y en la renovación del parque automotor no es un lujo: es una política que requiere una urgente decisión, que clama con la fuerza de lo impostergable. Lo que no gastamos en asfalto, lo derrochamos en gasoil. Cada peso que no invertimos en asfalto y en camiones, lo pagamos multiplicado en combustible, seguros, tiempos, accidentes y vidas perdidas”.

“En un solo año en la Argentina murieron casi tantas personas en accidentes de tránsito (4.369 en 2023) como las que perdió Estados Unidos en 8 años de guerra en Irak -resalta el estudio sindical-. Se trata de una tragedia silenciosa que mata en nuestras calles a un promedio de 12 personas por día”.

Al ser consultado sobre quién tiene la responsabilidad del cuadro que describe el estudio, Aladio aseguró a Infobae que, “hubo una deficiencia de todas las partes para llegar a esta situación, y esto no es sólo por este gobierno sino que venimos acumulando precariedad en todas las inversiones que se puedan hacer en este rubro”.

“Por eso creo que hay que buscar alternativas para resolver cómo salir de esto -agregó-. Tenemos que tratar de buscar acuerdos y consensos, donde también tiene que jugar un papel muy fuerte el sector privado, acompañando con inversiones, y para eso los sindicatos también tienen que estar vinculados activamente”.

¿Por qué un sindicalista hace propuestas sobre este tema? “Lo que pasa es que primero soy camionero antes que dirigente sindical porque defiendo esta actividad por ser chofer de larga distancia -dijo Aladio-. Como andaba arriba de un camión conduciéndolo, puedo preguntarme si seguiremos siendo parte de un país con baches eternos o podremos animarnos a introducir cambios reales, que es el beneficio que buscamos todos. Pero para generar esos cambios necesitamos gente que se anime a decir lo que sucede y que se junte a dialogar. No sirve con que un sindicalista sólo le diga al empresario ‘pagame el mejor sueldo’. Tenemos que empezar a marcar una diferencia, vincularnos para buscar soluciones”.

“Lo que yo sentí fue una alegría enorme porque, después del bloqueo que sufrimos, al final la Justicia está haciendo lo que corresponde”. Aliviado, Ignacio Dos Reis habló con Infobae poco después del fallo de la Corte Suprema que ordenó avanzar contra el Sindicato de Camioneros en el juicio por un bloqueo a su pyme familiar, Química Oeste, en mayo de 2021, en reclamo del encuadramiento sindical de sus empleados.

Dos Reis y su hermana encabezan la empresa de más de 68 años fundada por su padre, que provee insumos químicos a la industria, y que fue bloqueada hace cuatro años por el gremio de Hugo Moyano para que pasaran a sus filas 3 de los 60 empleados que estaban afiliados al Sindicato de Comercio, actividad principal de la firma, que opera en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Ante la denuncia judicial de Dos Reis, patrocinado por la abogada Florencia Arietto, fueron imputados Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande del Sindicato de Camioneros, y 7 empleados de la pyme por el delito de turbación de la posesión. En octubre de 2022, la causa se elevó a juicio, pero la defensa apeló y en marzo de 2023 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la elevación a juicio y decidió sobreseer a los imputados por entender que no se había demostrado la existencia de conductas violentas y amenazantes tendientes a turbar la posesión.

La querella apeló, pero el planteo fue rechazado por la Sala II del Tribunal de Casación Penal. La Suprema Corte de Justicia bonaerense también desestimó el recurso y así fue que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dio un fuerte viraje a la causa y ahora el bloqueo a Química Oeste debería avanzar hacia el juicio oral.

“El primer bloqueo fue el 10 de mayo de 2021 y ese mismo día hacemos la denuncia en la fiscalía. Ahora volvemos a lo que pasó hace 3 años y medio, cuando se decidió elevar a juicio la causa”, afirmó el empresario, quien durante la cuarentena analizó incluso bajar las persianas de la pyme ante la hostilidad del sindicato. “Pensamos en cerrar la empresa. Si todo te juega en contra, si no podés trabajar, no podés ejercer el derecho a trabajar, ¿para qué tanto lío?”, admitió.

¿Por qué no lo hicieron? “Porque lo que sabemos hacer es trabajar -dijo Dos Reis-, porque nos gusta dar empleo a la gente, porque es lo que nos enseñó nuestro padre, que es el fundador de la empresa. Uno también tiene un fin social. No es cierto eso que dicen algunos que podés vender todo y vivir de lo que quieras. Porque esto es lo que sabemos hacer, es lo que queremos hacer y la función que tenemos nosotros acá es dar trabajo”.

El empresario recordó el origen del conflicto: “Nos habían empezado a apretar los camioneros por este desconocimiento que uno tiene como empresario pyme, como que los choferes y los que manejaban los autoelevadores tenían que estar afiliados al Sindicato de Camioneros, y después nos fueron haciendo nuevos reclamos con empleados que hacían tareas de logística”

Las presiones sindicales se acrecentaron en 2021. “En ese momento nos empiezan a apretar fuerte. Teníamos 8 empleados cumpliendo esas tareas y y nos decían: ‘Tienen que pasar por lo menos tres más’. Pero estos tipos pedían mucho más: ‘También nos tienen que dar plata, nos tienen que dar otro sueldo más’”.

Según Dos Reis, fue allí cuando con Silvia, su hermana y “socia de toda la vida”, tomaron una decisión drástica: “Les dijimos que no y decidimos soportar lo que viniera -dijo-. Al principio se pudo manejar y después los tipos empezaron a tratarnos mal y a insultarnos hasta que un día se cortó toda la comunicación porque lo llamaron a nuestro abogado y le advirtieron: ‘Pablo Moyano nos dio autorización para que vayamos por todo, para que nos llevemos puesta la empresa’. En ese momento ya sabíamos que el bloqueo era inminente”.

Así, el día tan temido llegó el 10 de mayo: “Ese lunes me bloquean. Aparecen los muchachos a las 7 de la mañana, porque nosotros a las 7 y cuarto salíamos con los camiones. Cruzaron los autos adelante, se bajaron y les dijeron a los camioneros: ‘Bajate del camión, cerralo si querés, pero andate porque acá no trabaja nadie, hoy no entra ni sale ningún camión de esta empresa’”.

Horas después, Dos Reis le pidió ayuda a Verónica Razzini, presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), y de esa forma, con la ayuda de Arietto, el empresario hizo su primera denuncia en la fiscalía de Lomas de Zamora. “A partir de ahí bajó un poco la agresividad, pero si querías sacar un camión se ponían violentos -señaló-. Pero cuando se enteraron que habíamos hecho la denuncia, empezaron las inspecciones del Ministerio de Trabajo, nos inventaron reclamos y empezaron otro bloqueo el 17 y 18 de mayo”.

Ante el pedido de Química Oeste, intervino la policía bonaerense, que dispuso cordones para que los camiones pudieran entrar y salir. Sin embargo, como resaltó Dos Reis, “en esos días no pudimos mover importaciones ni entregar nada a los clientes, y los choferes podían pasar gracias el cordón policial, pero los activistas del sindicato los filmaban y los insultaban". En ese grupo se pudo identificar a Arévalo y a empleados de la pyme.

El conflicto no sólo afectó las operaciones de Química Oeste, con la pérdida de varios millones de pesos por día y al sector petrolero, con un promedio de 2 millones de dólares por la falta de insumos, sino que puso en jaque la vida de Dos Reis y su familia y del resto de los empleados de la pyme, rehenes del bloqueo de Camioneros.

Esa situación derivó en una carta que unos 30 empleados de Química Oeste presentaron ante los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires en la que pidieron ser recibidos en busca de garantías para poder trabajar con normalidad. “Queremos hacer valer nuestros derechos: preservar nuestra fuente de trabajo, ser oídos y decir basta a los atropellos de las patotas sindicales. Somos trabajadores y queremos ejercer nuestro derecho con total libertad y sin miedo. Estamos a merced de sindicalistas inescrupulosos”, dijeron. Pero, destacó Dos Reis, los empleados “nunca fueron recibidos”.

¿Qué recuerda hoy Dos Reis de esos días? “Son momentos de mierda, la pasás muy mal -se sinceró-. Tenés dudas sobre si la decisión es la correcta, si hiciste bien en oponerte a estos mafiosos. Tenés que tener apoyo familiar y de tu equipo porque hay muchísima tensión. Tenés miedo, no sabés qué te puede pasar. Hay una incertidumbre total. No sabíamos si los bloqueos iban a durar 15 días o más. Le generás temor a tu familia, amigos, todos ven que estás metido en un lío terrible”.

Tras años de litigios y presiones, la resolución de la Corte Suprema y la actividad del MEAB (que Dos Reis terminó integrando) abren un nuevo panorama para las pymes.

— ¿Qué es lo más importante que deberían saber los empresarios frente a la amenaza de un bloqueo?

— Que no hay que dejarse extorsionar. Como empresarios tenemos que conocer a fondo nuestros derechos y nuestras obligaciones, y nunca aceptar presiones ni arreglos que no correspondan.

— ¿Qué le diría a un empresario que hoy teme denunciar o hacer frente a esas prácticas?

— Le diría que no están solos. Está el MEAB y hay un montón de gente dispuesta a acompañarlo y a salir a dar la pelea. Es importante contar lo que te pasó: sólo así se puede cambiar todo esto, sólo así la sociedad toma conciencia y también la Justicia puede intervenir.

— ¿El Poder Judicial está cambiando respecto de cómo tratar los casos de bloqueos sindicales?

— Sí, la Justicia está avanzando, aunque cueste y tarde. Este fallo de la Corte lo demuestra. Hay que confiar y aportar todas las pruebas posibles y estar firmes como empresarios. Siempre con la verdad y la ley de tu lado.

— ¿Qué espera después de este fallo?

— Espero que podamos trabajar tranquilos, dar empleo, crecer y aportar al país como queremos. Eso es lo que sabemos hacer y lo que queremos para Argentina. Todavía hay por cambiar bastante. Todavía hay gente que cede a pequeñas extorsiones, pero los que trabajamos activamente en el MEAB todavía no terminamos de darnos cuenta de la dimensión de los cambios. Tenemos que trabajar mucho para que las grandes empresas tampoco cedan a estas extorsiones, porque a veces las incluyen dentro del costo y así sigue el problema.

— ¿Qué mensaje les daría a las pymes que sufren bloqueos por parte de los sindicatos?

— No hay que dejarse extorsionar. Siempre la justicia va a terminar resolviendo estos casos, con más o menos dificultad, pero se puede seguir trabajando tranquilo si uno se enfrenta a estos mafiosos. El país tiene que terminar de cambiar de una vez por todas. Tenemos que ir por la senda del bien. No podemos seguir con esos grisecitos en los que a veces mordemos la banquina.

Algunas de las últimas negociaciones salariales cerradas se apartan de la pauta oficial de aumentos del 1% mensual, aunque el Gobierno está menos dispuesto a exigir el acatamiento del tope y evalúa los acuerdos a la luz de algunos ítems que habilitan o no su homologación.

Es el caso, por ejemplo, de la flamante paritaria del Sindicato de Sanidad, que acaba de firmar un aumento salarial del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, en tres tramos del 1,9%, 1,7% y 1,6%, más sumas no remunerativas de $60.000 para cada uno de esos meses.

En el gremio, que nivel nacional conduce Héctor Daer y cuya filial Buenos Aires lidera ahora Javier Pokoik, están convencidos de que la Secretaría de Trabajo homologará el convenio pese a que las cifras superan el techo oficial.

La confianza en la convalidación de Julio Cordero se basa en lo que sucedió en la anterior paritaria, que amagaba con trabarse sin convalidar en los despachos oficiales: firmada el 25 de junio, incluyó un incremento del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos del 1,5%, más tres sumas fijas de $25.000, $40.000 y $60.000 para cada uno de esos meses. Es decir, por encima de la pauta oficial y con un claro destino de no homologación.

Sin embargo, el secretario de Trabajo puso su firma el 15 de julio en la resolución que homologó el aumento. La demora se debió a la evaluación que hicieron los funcionarios acerca del impacto de las cifras acordadas: finalmente, se avaló cuando se produjo la constatación de que las empresas del sector de salud no trasladaron el aumento del 4,5% a las cuotas que pagan los usuarios.

La misma fórmula se aplicaría ahora, aunque los sindicalistas de Sanidad advirtieron que de todas formas en las cámaras hay predisposición a pagar la mejora salarial aunque no esté homologada por Trabajo.

En la mirada más tolerante del Gobierno en materia salarial, según descuentan los dirigentes gremiales, influye el “modo electoral” en el que entró el Gobierno, donde, pese a algunas variables inestables, la baja inflación está encarrilada y se impone la necesidad de “acompañar” la recuperación salarial de algunos sectores para que ayude a sumar votos en los comicios.

Aun así, cada acuerdo salarial es mirado con lupa por los funcionarios de Economía y de Trabajo: analizan si los aumentos se corresponden con un incremento de la productividad o si no impactarán en los precios, por ejemplo, como requisitos para ser homologados.

La postura supuestamente más flexible del Gobierno en este rubro tendrá una prueba de fuego cuando el Sindicato de Camioneros firme otro aumento salarial luego de su reciente reclamo a los empresarios de que se reabran las paritarias desde el 1° de septiembre.

Como anticipó Infobae, el gremio que lidera Hugo Moyano envió una nota a las cámaras del sector en la que exige una mejora salarial a partir de este mes porque la inflación registrada en junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”.

Si finalmente se alcanza un acuerdo satisfactorio para Camioneros, ¿ayudará nuevamente el Gobierno aportando una sugerencia que contribuya a su homologación?

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupan a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, que negoció con el líder de Camioneros una suerte de “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo. ¿Sucederá lo mismo con su próximo aumento salarial?

Hugo Moyano se endureció ante el Gobierno. Al menos, es lo que surge del pedido de reapertura de las paritarias del Sindicato de Camioneros que hizo a los empresarios: en la nota, reclama una mejora que rija desde el 1° de septiembre porque la inflación registrada en junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”.

Además de solicitar un aumento para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano puso por escrito su desconfianza en la medición oficial de la inflación, al destacar su ”preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos". “La compra de productos esenciales se ha vuelto cada vez más difícil para los trabajadores, lo que agrava la situación social y económica de sus familias”, afirma el líder de Camioneros en la nota.

En el texto, además, Moyano sostiene que “a la grave situación descripta se suma el desequilibrio existente entre los salarios de las distintas ramas de la actividad encuadradas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, producto de la disparidad en los adicionales convencionales”. “Si bien en los últimos años se han registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas -resalta-, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las ramas Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado. Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad para dichas ramas”.

El líder de Camioneros también reiteró su pedido de que los conceptos de viático y comida “adquieran carácter remunerativo, ya que su actual tratamiento perjudica a los trabajadores en el cálculo de licencias, aguinaldo, jubilación y otros beneficios”.

“Resulta inadmisible que dichos montos sean computados para el Impuesto a las Ganancias y, al mismo tiempo, no se consideren para la determinación de los haberes que corresponden legítimamente al trabajador”, señaló.

Moyano incluyó en su nota otro punto sensible: “Insistimos en la necesidad de mantener la contribución extraordinaria patronal para las obras sociales del sector, dado que los costos en salud aumentan de manera sostenida, comprometiendo la calidad y el acceso a la cobertura médica de los trabajadores y sus familias”.

Finalmente, el líder sindical pidió a los empresarios que “trabajemos en conjunto para garantizar la plena aplicación de la normativa vigente en materia de Licencias Profesionales de Conducción de vehículos de carga en todas las provincias, exigiendo los exámenes psicofísicos y los cursos de capacitación obligatorios para los choferes”. “Estas instancias no sólo resultan imprescindibles para la seguridad vial, sino también para resguardar la salud de los trabajadores que pasan gran parte de su vida en la ruta”, puntualizó.

Este último tema se vincula con el decreto dictado por Javier Milei en marzo último, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que eliminó la obligatoriedad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), una revisación de salud e idoneidad que originalmente era monopolizada por el sindicato.

Se trata de un trámite que en sus inicios fue apodado como “registro Moyano” porque los controles de salud se realizaban en clínicas de la obra social de Camioneros.

La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros (en un universo de 100.000 afiliados, equivalió a un total de $1.850.000.000.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupan a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que negoció con el líder de Camioneros un “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo.

Luego de los fuertes cortocircuitos que mantuvieron, Hugo Moyano y Jorge Taboada llegaron a una tregua y volverán a presentarse para mantener el liderazgo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros en el congreso que se realizará el 28 de noviembre próximo.

Los dos dirigentes se mostraron juntos este lunes en la asamblea en la que se convocó al congreso ordinario de la Federación, donde se someterá a votación la memoria y balance del año pasado y se definirá la designación de las nuevas autoridades de la organización hasta 2029.

Como anticipó Infobae, Hugo Moyano atravesó una etapa de tensiones con Taboada, su secretario adjunto en la Federación, elegido en diciembre de 2021 en reemplazo de su hijo Pablo, con quien se peleó por fuertes diferencias en el manejo de la obra social de Camioneros.

Los problemas entre los líderes de la Federación comenzaron el 9 de diciembre pasado, cuando Moyano no lo eligió a Taboada para suceder a Pablo en el triunvirato de la CGT, como se especulaba hasta en el propio sector moyanista, y nombró a Octavio Argüello, uno de sus dirigentes de máxima confianza.

Ese episodio generó un clima de desconfianza mutua, que se acrecentó luego de que Taboada, en reuniones en nombre de la Federación realizadas con colegas de Córdoba y Corrientes, recogió críticas hacia Moyano por los “bajos aumentos salariales” acordados y por la tendencia del líder camionero a priorizar a sus hijos en la estructura sindical, en detrimento de otros dirigentes.

Moyano, al enterarse de estos cuestionamientos, mantuvo una discusión con Taboada cargada de reproches cruzados. Por eso se especulaba que el actual secretario adjunto no iba a seguir en el cargo durante el próximo mandato. Sin embargo, fuentes sindicales aseguraron que la difusión de la pelea en Infobae hizo que ambos dirigentes se reunieran para bajar los decibeles del conflicto y evitar una eventual ruptura interna.

Taboada lidera el Sindicato de Camioneros de Chubut y fue diputado nacional entre 2015 y 2019 por el partido Chubut Somos Todos, fundado por Mario Das Neves. Hoy, es vicepresidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), creado por Hugo Moyano en 2013, y encabeza la agrupación en Chubut, donde se alió con sectores gremiales provinciales para lanzar Fuerza del Trabajo Chubutense, que postulará a dos sindicalistas para diputado nacional en las elecciones de octubre.

Como el enfrentamiento con Taboada se suma a un complejo mapa de disidentes de Camioneros en el interior, Moyano intentará apaciguar el malestar otorgando más representación a los sindicatos de todo el país en el Consejo Directivo de la Federación mediante la creación de subsecretarías en las 28 secretarías existentes.

Esta reforma estatutaria, que se someterá a votación en el congreso de noviembre, busca contener las demandas de los sindicalistas más críticos hacia Moyano.

El conflicto con Taboada se suma a otros focos de disidencia que enfrenta Moyano. Tras haber desplazado a su hijo Pablo Moyano de la secretaría adjunta y forzado su renuncia a la CGT, el líder sindical debió enfrentar una rebelión inédita a fines de noviembre: los trabajadores de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires rechazaron un acuerdo con el gobierno porteño que, a diferencia de lo sostenido por Pablo Moyano, no contempló indemnizaciones como las obtenidas desde 1998 con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

En paralelo, la fragmentación interna se profundizó con la aparición de un bloque opositor en el interior. Hace casi un año, dirigentes de 6 provincias se reunieron en Santa Fe para delinear una estrategia conjunta que contempla la creación de una federación paralela. Al frente de esta iniciativa se encuentra Sergio Aladio, titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien se desafilió en 2015 de la federación nacional y fundó un gremio autónomo con 24.000 afiliados, avalado por un fallo de la Corte.

El sindicato de Aladio cuenta con su propia obra social y un convenio colectivo que introduce un 10% de aumento salarial por presentismo y un fondo de cese laboral que, según el dirigente, mejora el esquema propuesto por Javier Milei en la Ley Bases, ya que ajusta las indemnizaciones al ritmo de las paritarias. Esta innovación, ausente en el convenio nacional de Moyano, representa un desafío directo desde Santa Fe.

El 23 de agosto de 2024, en el camping de Camioneros de Pérez, Santa Fe, Aladio reunió a otros opositores como Daniel Urrutia (Jujuy), Mauricio Saillén y Juan Saillén (Córdoba), Juan Carlos Pasarella (Entre Ríos), Omar Gatica (San Luis) y Pedro Mamaní (Tucumán).

En un manifiesto conjunto, los siete sindicalistas declararon: “Nos hemos convocado para visibilizar la vocación de generar un nuevo espacio de entendimiento entre los trabajadores de las distintas regiones con un verdadero espíritu federal”.

El texto subraya la necesidad de un sindicalismo “nuevo, moderno, sin personalismos, que nos permita estar junto al trabajador real de carne y hueso, buscando las soluciones cotidianas de cercanía, sin condicionamientos ni decisiones burocráticas que se toman a miles de kilómetros de distancia y que muchas veces no se condicen con la problemática real de los trabajadores de cada una de las regiones”.

El liderazgo de Moyano, que durante años resultó incuestionable, muestra signos de desgaste. En el interior, los reclamos apuntan a la falta de presencia del líder en las provincias, una tendencia que se acentuó tras la pandemia, y al “centralismo” en la toma de decisiones, así como a las paritarias consideradas insuficientes y al predominio del clan Moyano en la estructura sindical.

Ahora, el jefe de Camioneros pacificó su relación con Taboada y procura extender la tregua a otros sindicatos del interior, mientras avanza con la promoción de dos de sus hijos a cargos importantes: con el apoyo cegetista, logró que Hugo Antonio, abogado y dirigente de la Federación, sea el noveno candidato a diputado nacional de la lista bonaerense de Fuerza Patria, y busca que Jerónimo, su hijo menor, ocupe la Secretaría de la Juventud en la CGT que se elegirá en noviembre.

Manifestantes que responden a Hugo Moyano y su hijo Pablo se enfrentaron en la calle durante la marcha por el Hospital Garrahan. Aunque los hechos se produjeron el 17 de julio pasado, recién ahora pudieron confirmarse porque había un pacto de silencio que se rompió e incluso se menciona que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores internos del Sindicato de Camioneros.

Fuentes de la Policía de la Ciudad aseguraron a Infobae que no existe ningún registro oficial de heridos por alguna pelea que se produjera el día de la marcha ni tampoco una denuncia por el atentado contra el dirigente.

Pero en el ambiente camionero es un secreto a voces que la pelea entre Hugo y Pablo escaló tanto que finalmente se tradujo en un episodio de violencia entre activistas de ambos bandos. Incluso fuentes sindicales confirmaron a Infobae que hubo disparos en una casa contigua a la de un dirigente alineado con Hugo Moyano, ubicada en el conurbano bonaerense, pero aclararon que se trató de “una confusión” porque los agresores, en realidad, querían “hacerle una advertencia a un vecino”.

El día que marcharon por el Garrahan, ni Hugo Moyano ni Pablo estuvieron presentes, algo que podría haber propiciado el descontrol de sus simpatizantes. La violencia incluyó la persecución de un delegado que es fiel a Hugo por parte de varios manifestantes alineados con Pablo, que estuvieron a punto de pegarle. Lo salvó un alto jefe sindical que tuvo que intervenir para impedirlo.

En materia de enfrentamientos callejeros entre los dos bandos, existió un antecedente que pasó inadvertido: también hubo piñas y palazos entre “huguistas” y “pablistas” el 19 de septiembre de 2023, durante la movilización hacia el Congreso en favor del proyecto para eliminar el Impuesto a las Ganancias que impulsó el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en el gobierno de Alberto Fernández.

En ese momento, Pablo Moyano integraba el triunvirato de la CGT y cada vez que podía se diferenciaba de Hugo, líder de Camioneros, con guiños hacia el kirchnerismo y críticas contra Alberto Fernández, que era amigo de su papá.

Ahora, la batalla campal entre los dos bandos se dio en un contexto distinto del sindicato. Pablo Moyano renunció a la CGT, dejó de ir a sus oficinas de secretario adjunto de Camioneros y se dedica casi exclusivamente a la actividad futbolística como presidente del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, que juega en Primera C. Hugo, por su parte, reemplazó a su hijo en la CGT con un dirigente de confianza como Octavio Argüello y él mismo se sumó a la mesa chica cegetista, mientras fue apartando a dirigentes de distintas ramas que respondían a su hijo.

La decisión de Pablo Moyano de apartarse de la tarea cotidiana en el sindicato hizo que la abrumadora mayoría de los dirigentes de Camioneros se alineara fielmente con Hugo, aunque hay todavía un núcleo de resistencia de quienes responden de manera disciplinada a su hijo.

Donde hubo fisuras profundas fue en la rama de Recolección de residuos de Camioneros, uno de los enclaves del poder moyanista en el sindicato, donde todavía no se superaron los graves hechos de noviembre pasado, cuando trabajadores de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires hicieron asambleas en algunas empresas, sin el aval de los delegados, para protestar a los gritos y entre insultos (como “Pablito traidor”) por el acuerdo alcanzado entre Hugo Moyano y el gobierno porteño por el cual no se pagaron indemnizaciones a los 6.000 empleados del sector.

Mientras algunos fieles “pablistas” deslizaron que ese episodio fue “promovido” por Hugo para dejarlo mal parado a su hijo en la interna del gremio, cerca del líder de Camioneros se quejaron de que los problemas comenzaron cuando Pablo aseguró en junio de 2024, sin el aval de su padre, que “en octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”.

Luego de la rebelión de los camioneros porteños, nada casualmente, Hugo Moyano se abrazó al ala dialoguista de la CGT y desautorizó a su hijo, por entonces cotitular cegetista, que promovía una movilización contra el Gobierno que impulsaba el sindicalismo kirchnerista.

La renuncia de Pablo a la CGT amortiguó la interna de Camioneros, pero no la resolvió. Sobre todo porque el díscolo hijo no se privó de desafiar a su padre, por ejemplo cuando visitó a Cristina Kirchner en su departamento apenas se conoció su condena por hechos de corrupción. Tres días después, ante sus colegas de la mesa chica de la CGT, Hugo Moyano despotricó contra Cristina Kirchner y La Cámpora y dejó una frase punzante que dejó al desnudo una vez más la pelea familiar: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y a mí ni me llamó por el Día del Padre”.

Ninguno dijo nada sobre este nuevo capítulo de su pelea, pero Pablo publicó un sugestivo video en las redes el 1° de junio, luego de que su equipo venció a Victoriano Arenas: “Sigo en el gremio, como siempre, defendiendo a los trabajadores. Algunos dijeron que me iba a dedicar solo al fútbol, pero la lucha no se abandona”.

Desde entonces, la guerra entre padre e hijo se mantuvo por debajo del radar e incluso entregó una imagen que dio pie a especulaciones sobre una reconciliación el 9 de julio pasado, cuando Hugo y Pablo se mostraron juntos en Plaza Constitución durante las ollas populares organizadas por el ala dura del sindicalismo, liderada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), como expresión de protesta contra el Gobierno.

Sin embargo, lo cierto es que ambos coincidieron poco después del mediodía donde estaban otros representantes de Camioneros y se abrazaron sonrientes, pero no compartieron juntos la actividad. Tras saludarse con cierta frialdad para las fotos, cada uno se fue rápidamente para encontrarse con sus dirigentes más cercanos.

El último desencuentro de padre e hijo fue durante la marcha de San Cayetano del 7 de agosto pasado. Primero Pablo convocó a movilizarse desde un video, dando toda la sensación de que iba a salir a la calle, pero ese día sólo estuvo Hugo al frente de la columna de Camioneros.

Pablo Moyano había estado el 5 y 6 de este mes en Brasil para participar de un encuentro regional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), por lo que podría haber llegado a tiempo para sumarse a la movilización. ¿No quiso cruzarse con su padre?

El líder de Camioneros está obsesionado ahora con lograr el ascenso de otros de sus hijos: con el aval de la CGT, logró que Hugo Antonio Moyano, abogado laboralista y secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación de Trabajadores Camioneros, sea noveno candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre, propuesto por Axel Kicillof, y busca que en la futura conducción cegetista, que se elegirá el 6 de noviembre, Jerónimo Moyano, el menor del clan, sea elegido secretario de la Juventud.

Mientras, como anticipó Infobae, debe lidiar con otra dura interna en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros con su secretario adjunto, Jorge Taboada, quien, según fuentes gremiales, quedó herido porque su jefe sindical no lo eligió a él sino a Argüello para ir al triunvirato de la CGT en reemplazo de Pablo.

Taboada, titular del Sindicato de Camioneros de Chubut, viajó semanas después en nombre de la federación a reuniones con colegas en Córdoba y Corrientes, donde surgieron algunas críticas a Moyano por los “bajos aumentos salariales” firmados y porque siempre prioriza a sus hijos en el armado político y sindical en desmedro de otros dirigentes de su organización.

Pero Hugo Moyano, quien no fue a esos encuentros, se habría enterado de lo que hablaron y tuvo una fuerte discusión con Taboada, cargada de reproches cruzados.

La grieta entre los dos adquiere mucha más importancia porque en diciembre deberá hacerse el congreso nacional para renovar las autoridades de la federación hasta 2029. Taboada fue el elegido por Moyano para reemplazarlo allí a Pablo en diciembre de 2021, en el comienzo de la disputa familiar. ¿Hugo le ratificará la confianza para seguir secundándolo? Lo único cierto es que el imperio moyanista sigue mostrando grietas, con enfrentamientos entre sus líderes y, mucho peor, con hechos de violencia que pueden terminar muy mal.

Luego de la pelea con su hijo Pablo, Hugo Moyano atraviesa una etapa de tensiones con su secretario adjunto en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada, que adquieren una importancia extrema porque en diciembre próximo se elegirán las nuevas autoridades de esa organización.

Las fricciones entre los dos líderes nacionales de Camioneros se convirtieron en los últimos días en el tema recurrente en los corrillos sindicales: según las versiones, los problemas comenzaron el 9 de diciembre pasado, cuando Moyano no lo eligió a Taboada para reemplazar a Pablo en el triunvirato de la CGT, como se especulaba hasta en el propio moyanismo, y nombró a Octavio Argüello, uno de sus dirigentes de máxima confianza.

Hay dirigentes que aseguran que Taboada quedó herido por la decisión del jefe de Camioneros ya que en esos días era considerado el principal candidato para ir a la CGT. Uno de los indicios de que se perfilaba para ese cargo fue que elevó al máximo su perfil por la falta de acuerdo en las paritarias y le apuntó duramente al Gobierno.

“¿Qué carajo hace (el Gobierno) entrometiéndose en una discusión paritaria entre dos sectores privados como las cámaras empresarias y el sector sindical? Son cosas que no se entienden. ¿Entonces para qué nos citan o para qué discutimos el paritaria? ¿Por qué no dicen el 1% por decreto y buenas tardes, mucho gusto”, dijo Taboaba antes de un congreso ordinario de la federación.

Este dirigente lidera el Sindicato de Camioneros de Chubut y fue diputado nacional entre 2015 y 2019 por el partido Chubut Somos Todos, fundado por Mario Das Neves. Hoy, es vicepresidente a nivel nacional del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), creado por Hugo Moyano en 2013, y encabeza la agrupación en Chubut, desde donde a alió con sectores gremiales provinciales para lanzar Fuerza del Trabajo Chubutense, que presentará dos sindicalistas como candidatos a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre.

En los pasillos sindicales deslizan que algo se rompió entre Taboada y Moyano desde la designación de Argüello en la CGT, donde el propio jefe de Camioneros se incorporó a la mesa chica, y que a partir de entonces se fue creando un escenario de desconfianzas mutuas.

Cuentan, por ejemplo, que el dirigente chubutense viajó en nombre de la federación a reuniones con colegas en Córdoba y Corrientes, donde surgieron algunas críticas a Moyano por los “bajos aumentos salariales” firmados y por el hecho de que el líder de Camioneros siempre prioriza a sus hijos en el armado político y sindical en desmedro de otros dirigentes de su organización.

Pero Hugo Moyano, quien obviamente no fue a esos encuentros, se habría enterado de lo que hablaron y por eso, según revelaron fuentes gremiales, tuvo una fuerte discusión con Taboada, cargada de reproches cruzados.

Para calmar los ánimos caldeados en algunos sindicatos del interior, Moyano tendría decidido darle más presencia en el Consejo Directivo de la Federación a través de la creación de subsecretarías en las 28 secretarías que existen actualmente. Para eso se trabaja en la reforma del estatuto de la organización, que deberá ser aprobada en el congreso que debe realizarse en diciembre.

Las tensiones con Taboada, más las críticas surgidas en el interior, se suman a un cuadro complejo que afronta Moyano en Camioneros, donde pudo encarrilar la rebeldía de su hijo Pablo, al que primero desplazó de la secretaría adjunta de la Federación y luego desautorizó para forzar su renuncia a la CGT, pero a fines de noviembre se produjo algo inédito: los trabajadores de recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires se rebelaron contra sus líderes por un acuerdo con el gobierno porteño que, contrariamente a lo vociferado por Pablo Moyano, no incluyó indemnizaciones como se habían logrado desde 1998 con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

En medio de ese clima interno, Hugo Moyano no pudo contener los múltiples focos de disidencia que aparecieron en algunos sindicatos del interior.

Hace casi un año, dirigentes de 6 provincias se reunieron por primera vez en Santa Fe para analizar una estrategia conjunta, a espaldas de Moyano, que incluye la posibilidad de crear una federación paralela para disputarle el poder al líder sindical en todo el país.

Al frente de esa iniciativa está Sergio Aladio, titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quien se desafilió en 2015 de la federación nacional que encabeza Moyano por profundas diferencias con sus decisiones y fundó un gremio paralelo, que tiene 24 mil afiliados y cuya autonomía fue avalada por un fallo de la Corte Suprema.

El sindicalista disidente logró tener su propia obra social y un convenio colectivo que rige para los trabajadores en Santa Fe, con la inclusión de un 10% de aumento salarial por presentismo y una innovación importante: un fondo de cese laboral que mejora, según Aladio, el esquema que promueve Javier Milei a través de la Ley Bases porque fija aumentos de las indemnizaciones al ritmo de lo que se pacta en las paritarias. Es una innovación que no figura en el convenio nacional que firma Moyano y que, más allá de sus beneficios, es otra señal desafiante de Santa Fe.

El 23 de agosto de 2024, en el camping de Camioneros de la localidad santafesina de Pérez, Aladio se reunió por primera vez con otros opositores a Moyano como Daniel Urrutia, a quien la Secretaría de Trabajo le dio la inscripción a su gremio nuevo en Jujuy; Mauricio Saillén, titular del Sindicato Único de Recolectores y Barrido de Córdoba, junto con su adjunto, Juan Saillén; Juan Carlos Pasarella, de Entre Ríos; Omar Gatica, de San Luis, y Pedro Mamaní, de Tucumán.

“Nos hemos convocado para visibilizar la vocación de generar un nuevo espacio de entendimiento entre los trabajadores de las distintas regiones con un verdadero espíritu federal”, afirmaron en un “manifiesto” firmado por los 7 sindicalistas. “Sabemos que el federalismo que pregonamos es el sentimiento común que hoy nos convoca y el que nos desafía a trabajar mancomunadamente por un sindicalismo nuevo, moderno, sin personalismos, que nos permita estar junto al trabajador real de carne y hueso, buscando las soluciones cotidianas de cercanía, sin condicionamientos ni decisiones burocráticas que se toman a miles de kilómetros de distancia y que muchas veces no se condicen con la problemática real de los trabajadores de cada una de las regiones”, agregan.

Desde entonces, el mapa disidente de Camioneros se fue consolidando al calor de un liderazgo de Moyano que fue indiscutible y que hoy muestra síntomas de desgaste. En el interior se quejan de que el líder sindical no viaja a enterarse personalmente de la situación provincial, algo que se agudizó a partir de la pandemia. Pero también hay molestia por el “centralismo” en sus decisiones, las paritarias “a la baja” que viene firmando en sintonía con la pauta del Gobierno y el absoluto predominio del clan Moyano en el esquema de poder del sindicato.

Este año se están realizando elecciones en los distintos gremios de Camioneros en todo el país (con algunas denuncias de opositores porque les impiden participar, como en Entre Ríos) y de allí surgirán los dirigentes que participarán del congreso para elegir las nuevas autoridades de la federación hasta 2019.

¿Habrá una tregua entre Hugo Moyano y Taboada como para que el dirigente de Chubut lo siga secundando a nivel nacional? ¿Servirá la duplicación de cargos en la federación para contener a los dirigentes del interior? ¿Podrán los disidentes de las provincias armar una estructura paralela para disputarle el poder al líder sindical? Son algunas de las preguntas que se responderán antes de finalizar 2025, el año en que la patria camionera de Moyano dejó de ser lo que era.

La pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo se mantiene, pese a que posaron juntos para las fotos el 9 de julio pasado. La mejor demostración de que no hubo una reconciliación se dio en las últimas horas: cada uno convocó por separado a la marcha del jueves próximo contra el Gobierno por el día de San Cayetano.

Mientras Pablo publicó el 26 de julio un video en la cuenta de Infocamioneros para llamar a movilizarse el 7 de agosto, Hugo utilizó el mismo medio para difundir que había presidido una reunión informativa del Sindicato de Camioneros para participar de la marcha y allí se aclara que liderará la columna del gremio.

Hay detalles sugestivos que confirman el distanciamiento entre padre e hijo. Hugo encabezó la reunión en el sindicato del que Pablo sigue siendo secretario adjunto, aunque no aparece en el lugar y sí su hermano Jerónimo, el menor de la familia, sentado al lado de su papá, además de Octavio Argüello, el dirigente de Camioneros que reemplazó a Pablo en el triunvirato de la CGT.

Pablo, por su parte, convocó a marchar desde una filmación con ruido ambiente de una cancha de fútbol y vestido con una campera que lleva el escudo del club de fútbol Camioneros, del que es presidente. Y comienza a hablar con una aclaración que es casi una confesión de que está dedicado a lo futbolístico: “Para que después no digan que yo solamente me dedico al deporte”.

Parecen apenas sutilezas, pero son datos que ratifican la enorme distancia que separa a los dos dirigentes desde hace desde hace 3 años, luego de que Pablo le reprochó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la crisis financiera de la obra social camionera como dueña de la empresa IARAI, a cargo de su gerenciamiento.

La discusión por este tema terminó a los gritos y la brecha familiar se agrandó por los gestos de Pablo en favor del kirchnerismo cuando integró el triunvirato de la CGT mientras Hugo daba señales en sentido contrario.

El conflicto derivó finalmente en la renuncia de Pablo Moyano a la CGT en noviembre pasado porque su padre no avaló su reclamo de que se hiciera un paro o una marcha contra Javier Milei. Luego, el líder de Camioneros fue apartando a dirigentes de distintas ramas que respondían a su díscolo hijo, como una forma de frenar una eventual rebelión de los “pablomoyanistas”.

Desde que renunció a la CGT, el hijo mayor de Hugo Moyano dejó de ir a sus oficinas del Sindicato de Camioneros, donde ejerce la Secretaría Adjunta secundando a su papá, y se dedicó sólo a presidir el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros.

Su aislamiento se rompió el 13 de junio, cuando Pablo Moyano visitó a Cristina Kirchner en su departamento del barrio de Constitución pocas horas después de que se confirmara su condena judicial por corrupción.

En ese encuentro, el dirigente de Camioneros dijo haberle llevado a la ex presidenta el apoyo de su sindicato, aunque esa decisión no había existido e incluso el líder, Hugo Moyano, en esos días se puso al frente en la CGT de la resistencia a los sectores kirchneristas que presionaban por un paro en favor de Cristina Kirchner.

La nueva escalada de tensiones entre padre e hijo quedó graficada en un ácido comentario de Hugo Moyano ante sus colegas cegetistas en una reunión realizada en Sanidad, días después del encuentro entre Pablo y Cristina Kirchner. Tras criticar a la ex presidenta por el destrato al que sometió a los sindicalistas no K y cuestionar que nunca les dio lugares en las listas de candidatos, el jefe de Camioneros dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y a mí ni me llamó por el Día del Padre”.

Sin embargo, el 9 de julio pasado se produjo un gesto que se pareció a una reconciliación: ambos se reencontraron en Plaza Constitución durante las ollas populares “solidarias” que organizó el ala dura del sindicalismo, liderada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), como protesta contra el Gobierno.

De todas formas, testigos del reencuentro familiar afirmaron que Hugo y Pablo coincidieron poco después de la 12 donde estaban otros representantes de Camioneros y se abrazaron sonrientes, pero no compartieron juntos la actividad. Tras saludarse, inmediatamente cada uno partió con sus dirigentes más cercanos. Hugo se mostró junto con los líderes de la CATT, donde el Sindicato de Camioneros está presente a través de Omar Pérez, y Pablo posó con Graciela Aleñá (viales) y la dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia (metrodelegados).

¿Habrá una nueva foto de los dos este jueves en la Plaza de Mayo? Por lo pronto, Hugo convocó a los manifestantes de su sindicato a concentrarse en avenida Belgrano y Piedras bajo la consigna “Sin trabajo no hay futuro. San Cayetano nos une”. Y Pablo, que, curiosamente, no llamó a movilizarse en nombre de Camioneros, podría mostrarse cuando arranque la marcha ante la Iglesia de San Cayetano, en Liniers.

Carlos Acuña, cotitular de la CGT, fue beneficiado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal con la suspensión del juicio en el que estaba procesado y embargado por el bloqueo contra una estación de servicio en la ciudad de Buenos Aires: se le concedió una probation que consiste en 4 horas mensuales de trabajos comunitarios, además del pago de una indemnización de $8 millones a la empresa que sufrió la protesta el 21 de diciembre de 2021.

Así, el líder del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (SOESGyPE) se convirtió en el sexto sindicalista que pudo zafar de ser enjuiciado por un bloqueo: como anticipó Infobae, una resolución similar benefició la semana pasada a 5 miembros del Sindicato de Camioneros, entre quienes está Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, procesados por extorsionar a una pyme de Trenque Lauquen.

En el caso de Acuña, estaba procesado y embargado por 8 millones de pesos desde noviembre pasado por un bloqueo realizado en octubre de 2021 a una estación de servicio ubicada en la avenida Jujuy y México.

La decisión fue adoptada hace ocho meses por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó el sobreseimiento judicial que lo había beneficiado en septiembre de 2024. Pero el 19 de junio pasado el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital le concedió a Acuña la probation, como pidieron sus abogados, aunque el sindicalista tendrá que pagar el daño a la estación de servicio y, en la práctica, reconoció que bloquear es un delito.

El dirigente estaba procesado y embargado porque la Justicia lo consideró responsable del delito de coacción en calidad de autor por el bloqueo contra la estación de servicio realizado el 21 de diciembre de 2021: ese día, al frente de activistas de su gremio, Acuña “bloqueó los accesos a la playa e impidió trabajar a los empleados, retirándose recién a las 16.30″, según el fallo.

En realidad, el sindicalista fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto, por una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 activistas de su sindicato durante dos días, en forma simultánea, en la estación de servicio de Capital y otras tres en Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro.

Según la denuncia de la empresa, las protestas extorsivas fueron realizadas por reclamos que estaban fuera de lo estipulado en el convenio y se centraron en estaciones de servicio enroladas en la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) mientras se desarrollaban las negociaciones salariales de 2021, por lo cual “el accionar delictual estaba perfectamente planificado al solo efecto de generar daño y condicionar la discusión paritaria”.

En su fallo que revocó el sobreseimiento de Acuña, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señaló que “ningún derecho podía ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara el exceso por sobre lo que en justicia corresponde al prójimo” y recordó que la Corte Suprema afirmó que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importe extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.

Los jueces apuntaron contra la responsabilidad directa de Acuña en los bloqueos: “No modifica en lo sustancial que no hubiera estado presente en la estación de servicio al momento del episodio, en tanto se le ha enrostrado en su carácter de secretario general del sindicato la planificación y organización de esas acciones y el envío al lugar del grupo de personas que se ocuparon de ejecutarlas bajo su constante dirección”.

Sin embargo, en una audiencia realizada el 24 de junio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de Capital consideró procedente la suspensión del juicio contra Acuña, decisión que habilita la probation porque el delito del que se lo acusa al sindicalista (amenazas coactivas) es “de acción pública y la pena prevista puede dar lugar a una eventual condena en suspenso” ya que Acuña no tiene antecedentes y “se ajustó a derecho” durante todo el proceso judicial.

En la audiencia, presidida por el titular del tribunal, Domingo Luis Altieri, la abogada del líder cegetista, Ana María García, ratificó el pedido de suspensión del juicio y, respecto a las reglas de conducta, propuso que, además de someterse al cuidado del Patronato de Liberados y fijar residencia, Acuña sustituya la realización de tareas comunitarias por una donación de $2 millones a la Parroquia San Cayetano.

Además, la abogada ofreció $8 millones como reparación del daño a la estación de servicio, que es la misma cifra del embargo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, mientras que Arietto pidió un resarcimiento de $20 millones ya que, además de esta causa, “existen tres expedientes en la jurisdicción de Lomas de Zamora, San Pedro y Vicente López por cuanto la orden del imputado fue bloquear, siendo esta la impronta y la responsabilidad penal ya que emitió una orden que se cumplió a 200 kilómetros de distancia”.

Rizzo, el dueño de la estación de servicio, explicó que “el perjuicio económico no fue sólo el día puntual del bloqueo sino que los tres días posteriores los usuarios no se dirigían a la estación de servicio por temor a que le rompan el auto o haya un maltrato” y remarcó que “esto tuvo lugar en tres estaciones de servicio”.

Aun así, Arietto aceptó lo que dispusiera el tribunal respecto de la cifra en concepto de reparación de daños.

Finalmente, el juez Altieri suspendió el juicio, fijó los trabajos comunitarios y consideró razonable el ofrecimiento de $8 millones a la empresa. Además, estimó como adecuado el término de 18 meses en los que el acusado deberá mantener informado el domicilio en el que vive e informar si egresa del país, mientras que deberá presentarse trimestralmente ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

En cuanto a la sustitución de las tareas comunitarias por una donación, el magistrado rechazó el planteo y dispuso que Acuña que deberá realizar 4 horas mensuales de trabajo comunitario en un lugar por definirse.

El juez tampoco aceptó el pedido de Arietto de que se exija que el sindicalista se abstenga de realizar actos de hostigamiento a los socios de la estación de servicio y de de impedir su actividad comercial: según Altieri, “la ley impone extrema cautela en cuanto a las condiciones para el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba por cuanto adoptar reglas que no fueron contempladas en ningún aspecto por el legislador podría violentar el principio de legalidad”, aunque aclaró que “cualquier acto de hostigamiento que se realice constituye, al menos, una infracción al código contravencional”.

“En definitiva -destacó-, resulta evidente que en este plazo de un año y seis meses no deben ocurrir actos de hostigamiento. Sin embargo, el imputado cumple una función de carácter gremial que se encuentra contemplada en la Constitución Nacional, por lo que el acto de hostigamiento no puede ser un acto de la labor propia que desempeña. Por lo tanto, será otro magistrado quien determine si incurrió en un delito y, en ese marco, se expedirá respecto de la continuación o no de la suspensión del juicio a prueba”.

El otro caso similar al de Acuña se registró la semana pasada cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal suspendió el juicio por extorsión en grado de tentativa contra Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros y les concedió una probation que consiste en tareas comunitarias en Cáritas durante 18 meses.

Además, los sindicalistas tuvieron que pagar una indemnización de $1.500.00 cada uno, en 5 cuotas de $300.000, a Alejandro Castell, el dueño de Andar Transportadora, al que le bloquearon la empresa en 2020 para exigirle el pago de una deuda que no existía.

Pérez es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). Los otros procesados son Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

Arietto dijo que se trató de “una medida positiva" y lo explicó así: “Estuvimos dos años y medio para que nos fijen la fecha del juicio, el tribunal propuso la probation, no era una opción, y nos pareció que si nos oponíamos iban a avanzar igual e íbamos a quedar sin posibilidad de reparación del daño económico”.

“Nos pareció importante sentar un precedente -dijo a Infobae-. Primero, que lo que hicieron no es gratis y segundo, que se pagó el daño al reconocer el delito. Eso es un delito económico porque si bien extorsionan, estaban pidiéndole plata (a Castell) para dejarlo trabajar. Entonces, ante la adversidad de la jurisprudencia penal respecto de estos delitos, y como es muy complejo porque nos tuvieron dos años para citar a juicio, fue importante sentar un antecedente que protege a Andar y deja jurisprudencia para otras empresas. Nosotros ahora tenemos la jurisprudencia de que, como mínimo, cualquier bloqueo termina en probation. Ya no es gratis".

La abogada mencionó un riesgo si se oponía a la probation: “Si apelaba la decisión, el paso del tiempo podría haber llevado a la prescripción de la causa. Al aceptar la probation, les quedó una causa abierta y están a prueba durante un año y medio. Pérez tiene que pedir permiso para salir del país, acreditarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, hacer tareas comunitarias y pagar 1 millón y medio de pesos".

Lo mismo sucederá con Acuña tras la probation concedida por la Justicia en una audiencia con un dato curioso: además de Ana María García, el sindicalista tuvo como abogado defensor al ex presidente Eduardo Duhalde.

Omar Pérez, dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros cuatro representantes del Sindicato de Camioneros zafaron la semana pasada del juicio oral por haber extorsionado en 2020 al dueño de una pyme de Trenque Lauquen, al que le bloquearon la empresa para exigirle el pago de una deuda que no existía.

En rigor, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal suspendió la audiencia y les concedió una probation que consiste en tareas comunitarias en Cáritas durante 18 meses, pero los sindicalistas tuvieron que pagar una indemnización a Alejandro Castell, el dueño de Andar Transportadora, admitiendo el daño económico al bloquear su empresa mediante la extorsión.

No es el final que esperaba Castell ni tampoco su abogada, Florencia Arietto, para este caso. Se trató de una resolución firmada por el presidente del tribunal, Gustavo Rofrano, que suspendió el juicio oral, cuya primera audiencia estaba citada para el 6 de junio, y, pese a la evidencia reunida en la causa, accedió al pedido de Javier Moral, abogado de Camioneros, de otorgarles la probation a Omar Pérez, Omar Dutrá (secretario de Logística del gremio), Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

Esta causa es importante porque Pérez es de extrema confianza de Hugo Moyano desde su condición de secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

El tribunal aceptó los argumentos utilizados por el abogado del sindicato: “Los imputados contaban con arraigo, eran padres de familia, contaban con trabajo y no tenían antecedentes penales, a lo que se sumaba la calificación legal del delito que se les imputaba” (extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años).

En la resolución judicial se destaca que los imputados, “como reparación del daño causado”, pagarán a Castell $1.500.00 cada uno, en 5 cuotas mensuales y consecutivas de $300.000, y, además, deberán “realizar trabajos no remunerados” en la sede de Cáritas y “abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto” con el empresario o cualquier otro miembro de la pyme.

En diálogo con Infobae, Castell señaló: “No me importa la plata. Ellos se declararon culpables en todo y no van a juicio. Quería que fueran juzgados como tiene que ser, pero la que no se animó a jugarse fue la Justicia”.

Arietto cree que se trató de “una medida positiva" y lo explicó así: “Estuvimos dos años y medio para que nos fijen la fecha del juicio, el tribunal propuso la probation, no era una opción, y nos pareció que si nos oponíamos iban a avanzar igual e íbamos a quedar sin posibilidad de reparación del daño económico”.

“Nos pareció importante sentar un precedente -dijo a Infobae-. Primero, que lo que hicieron no es gratis y segundo, que se pagó el daño al reconocer el delito. Eso es un delito económico porque si bien extorsionan, estaban pidiéndole plata (a Castell) para dejarlo trabajar. Entonces, ante la adversidad de la jurisprudencia penal respecto de estos delitos, y como es muy complejo porque nos tuvieron dos años para citar a juicio, fue importante sentar un antecedente que protege a Andar y deja jurisprudencia para otras empresas. Nosotros ahora tenemos la jurisprudencia de que, como mínimo, cualquier bloqueo termina en probation. Ya no es gratis".

La abogada mencionó un riesgo si se oponía a la probation: “Si apelaba la decisión, el paso del tiempo podría haber llevado a la prescripción de la causa. Al aceptar la probation, les quedó una causa abierta y están a prueba durante un año y medio. Pérez tiene que pedir permiso para salir del país, acreditarse una vez por mes en el Patronato de Liberados, hacer tareas comunitarias y pagar 1 millón y medio de pesos".

En la audiencia en la que se concedió la probation, según Arietto, el abogado de Pérez pidió que el sindicalista fuera sobreseído, pero el juez advirtió que no se discutía ese punto y destacó que por la falta de antecedentes de los imputados iba a disponer la suspensión del juicio.

Pérez y los otros dirigentes imputados fueron acusados por el bloqueo contra el depósito de Villa Soldati de Andar Transportadora, pyme de 16 empleados y 6 camiones, realizado el 31 de julio de 2020 por unos 15 activistas gremiales para reclamar una deuda con Camioneros de la que, según la Justicia, “no surgieron elementos que permitan justificar la legitimidad”.

Los cinco dirigentes estaban procesados por coacción, en un fallo de noviembre de 2021 confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pero el juez Fernando Caunedo decidió en agosto de 2022 elevar a juicio a los acusados por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.

El pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación por el bloqueo contra Andar fue efectuado en 2022 por el fiscal Ignacio Mahiques, en cuya presentación ante el juez consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”. Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Alejandro Castell (el dueño de la empresa) la entrega del dinero”.

Para Mahiques, al considerar ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no hay constancia en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los imputados fueron coautores del delito de extorsión en grado de tentativa. “Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, dijo el fiscal.

Recordó, en ese sentido, que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que“ ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

En este sentido, dijo que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”, advierte que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y que tal se considera al que “contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.

Castell contó a Infobae que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado Andar Transportadora, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero por una diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes, ante lo cual, para evitar un conflicto, entregó 10 cheques a la orden del gremio y de su mutual.

Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que les sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

Según el dueño de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la envió por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas 15 personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.

Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó :“¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar el sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Arietto.

Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.

En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.

En un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores.

Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.

El fiscal Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.

De esa forma, el 16 de noviembre de 2021, el juez Caunedo procesó a los 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros y embargó sus bienes por 300 mil pesos cada uno por considerarlos coautores del delito de coacción contra la empresa Andar. Un mes después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena dispuesta por el magistrado y advirtió que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente”. Y en agosto de 2022 Caunedo decidió elevar a juicio a los acusados por un delito más grave, extorsión en grado de tentativa.

A principios de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital fijó la audiencia del juicio para el 6 de junio. Y ahora, aunque no hubo condenas, hay una conclusión considerada clave por Castell y Arietto: los sindicalistas imputados no lograron ser sobreseídos y tuvieron que pagar el daño a la pyme reconociendo, en la práctica, que bloquear es delito.

Tres semanas después de haber sido firmado, el acuerdo salarial de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) finalmente fue homologado el martes pasado por la Secretaría de Trabajo. Era una de las paritarias que el Gobierno rechazaba convalidar porque superaba la pauta salarial del 1% mensual. Ahora, el principal aumento sin homologación es el pactado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el 4 de junio pasado.

Los sindicalistas se siguen quejando de los topes salariales impuestos por el Ministerio de Economía como parte de su plan antiinflacionario, aunque la mayoría firma sus acuerdos en sintonía con la pauta oficial. Sin embargo, algunos dirigentes acordaron sus paritarias con los empresarios por encima del tope del 1% y por eso el Ministerio de Economía se resiste a homologarlos, trámite a cargo de la Secretaría de Trabajo que le da fuerza de ley a lo firmado y habilita a que rija para todos los trabajadores comprendidos en el convenio.

Este tema tan sensible estará presente en la reunión ampliada de la mesa chica de la CGT, el lunes próximo en la sede de la UOCRA, donde podría surgir una dura declaración contra el “cepo salarial” del Gobierno que, según advierten, atenta contra la recuperación de los sueldos frente a la inflación.

La primera paritaria “castigada” por Economía por haber superado el tope del 1% mensual es la que firmó Armando Cavalieri, el líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys): sigue sin homologarse el acuerdo firmado a fines de abril, que consiste en un aumento salarial acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), más sumas fijas no remunerativas que totalizan $115.000, divididas en tres cuotas de $35.000, $40.000 y $40.000, respectivamente.

La decisión de no homologar el acuerdo de Comercio derivó en críticas de un dialoguista a ultranza como Cavalieri: “¿Tener salarios que aumentan 1,5% o 1,7% es realmente un peligro para la estabilidad que busca Milei? Si es así, estamos en una situación muy delicada", dijo en una entrevista con Infobae. Y agregó: “Si creemos que esto va a hacer peligrar la inflación de la Argentina, estamos perdidos. No hay salida".

No se trata de una paritaria cualquiera. Involucra al sindicato con mayor cantidad de trabajadores (1.200.000) y cuyos salarios sirven de referencia para otras actividades. El 6 de mayo, ante el laberinto en el que quedó su convenio, Cordero llamó a una audiencia a Cavalieri y a las tres cámaras empresariales para tratar de que reformularan las cifras. El sindicalista no fue.

Aun así, en el sector estiman que el aumento salarial fue pagado por la mayoría de las empresas: entre el 75% y el 80% abonaron la mejora del 5,4% para el período abril-junio pese a no estar homologado y a la resistencia de las cámaras que agrupan a los supermercados.

Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron el 28 de junio pasado una nueva mejora salarial que consistió en un 6% sobre las escalas básicas vigentes a junio pasado, que se aplicará de forma no acumulativa y distribuida a razón de un 1% mensual entre julio y diciembre, más el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000, que se abonarán de julio a diciembre.

Pese a que las cifras respetan el techo del 1% mensual, Economía tampoco quiere que se homologue e incluso presiona para que el sindicato acepte bajar los aportes extraordinarios y así moderar el aumento.

El líder de FAECYS no quiere saber nada. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que sólo se homologarán las últimas dos paritarias si Cavalieri adapta algunas cifras pactadas al tope salarial.

La paritaria de Sanidad también amagaba con empantanarse. Firmada el 25 de junio, incluyó un incremento salarial del 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos mensuales del 1,5%, más tres sumas fijas de 25.000, 40.000 y 60.000 pesos para cada uno de esos meses. Es decir, por encima de la pauta oficial y con un claro destino de no homologación.

Sin embargo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, terminó firmando el martes pasado la homologación y sin que las cifras hayan sido reformuladas. Algunas paritarias reciben objeciones de algunos empresarios porque para desafiar el techo del 1% se pactan porcentajes bajos, pero se agregan sumas fijas que elevan la mejora en el bolsillo de los trabajadores. En este caso, las cámaras no sólo avalaron el aumento sino que prometieron pagarlo aun sin homologación.

¿Cuál es fórmula que utilizó el titular de FATSA, Héctor Daer, para lograr la convalidación oficial? Hay quienes creen que se apeló a un recurso que permitió destrabar la paritaria del Sindicato de Camioneros: el compromiso verbal del gremio de que aceptará que algunas empresas en problemas paguen desdobladas las sumas fijas.

El 17 de junio pasado, el gremio que dirige Hugo Moyano firmó con las cámaras un aumento de 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000 en junio y el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a la obra social.

A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial de Economía, pero surgieron inesperados cuestionamientos de cámaras que agrupan a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado establece que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.

Un empresario del sector dijo a Infobae: “Con los 45 mil recomponen lo perdido y luego el porcentaje que corresponde es entendible, pero si ponen eso que piden en el básico, 39 mil, se nos va al 6,4 % en julio. Si uno ve cómo sigue el convenio, sería 1% en junio, 6,4 % en julio por esa suma que va al básico y 1% en agosto. En total alcanzaría al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.

Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue Cordero, que negoció con el líder de Camioneros un “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo.

Por ahora, el acuerdo salarial que se mantiene sin homologación es el de la UOM, que conduce Abel Furlán. A principios de junio firmo un incremento del 7,6% en cinco tramos del 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto, además de cinco sumas fijas no remunerativas de $30 mil para abril y de $25 mil para cada uno de los meses restantes.

En este caso también hay objeciones empresariales. El convenio no fue firmado por las pymes del sector agrupadas en la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) porque consideró que el aumento salarial “hace peligrar en forma real y cierta la economía de las pymes ante la recesión que afecta al sector, poniendo además en situación de peligro las fuentes de trabajo”.

¿Se aplicará aquí el “acuerdo de caballeros” que permitió habilitar la paritaria de Camioneros? Hoy, los acuerdos salariales son casi el fruto de una tarea artesanal para mostrar una fachada del 1% y disimular el impacto de las sumas fijas, ideadas para subir la mejora, pero que ponen en riesgo a algunas empresas.

Donde no existe acuerdo posible hasta ahora es con los salarios de los maestros. El Gobierno Nacional se apartó de la paritaria nacional docente, mientras el sueldo inicial del sector se mantiene congelado en 500 mil pesos, y ahora los sindicatos educativos de la CGT, piloteados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, acaban de presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que denuncian que el Estado Nacional incurrió en “una grave vulneración de derechos laborales” al “desmantelar el sistema de negociación colectiva a nivel nacional para el sector docente”.

“Exigimos una convocatoria urgente a la paritaria, en un marco adecuado y de respeto a las negociaciones colectivas, para evitar que miles de docentes sigan por debajo de la línea de pobreza”, reclamaron, muy lejos del “pacto de caballeros” al que llegaron otros gremios con el Gobierno para destrabar la ansiada homologación.

¿Reconciliación o pose para las fotos? Hugo Moyano y su hijo Pablo se mostraron juntos este miércoles en Plaza Constitución, donde el ala dura del sindicalismo, liderada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), organizó ollas populares “solidarias” como una expresión de protesta contra el Gobierno.

La presencia de los dos líderes del Sindicato de Camioneros, anticipada por Infobae, fue la nota distintiva de otra actividad en la que los sindicatos del transporte agrupados en la CATT, más sus aliados del Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, tomaron distancia de la CGT, que volvió a una actitud dialoguista al haber aceptado formar parte del Consejo de Mayo con el Gobierno, los gobernadores, diputados, senadores y el sector empresarial.

Distintos testigos del reencuentro familiar afirmaron que Hugo y Pablo coincidieron poco después de la 12 donde estaban otros representantes de Camioneros y se abrazaron sonrientes, pero no compartieron juntos la actividad. Tras saludarse, inmediatamente cada uno se encontró con sus dirigentes más cercanos. Hugo se mostró junto con los líderes de la CATT, donde Camioneros está presente a través de Omar Pérez, y Pablo posó con Graciela Aleñá (viales) y la dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia (metrodelegados).

Como suele hacer, Hugo Moyano apareció en el lugar acompañado por Jerónimo, su hijo menor, secretario de Juventud de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, de una pésima relación con Pablo.

Ese fugaz saludo le permitió interpretar a algunos sindicalistas que no representó una reconciliación sino un gesto inevitable por el hecho de que ambos coincidieron en las ollas populares de la CATT. Un dirigente que conoce el mundo moyanista ya había anticipado a Infobae: “Hugo quiere marcarle la cancha a Pablo y no dejarle que recupere la iniciativa que perdió cuando renunció a la CGT”.

Cuando la CATT, liderada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), decidió realizar unas 30 ollas populares en Plaza Constitución, el primero que anunció que iría fue Pablo Moyano desde un video publicado en la cuenta Infocamioneros, que pertenece al sindicato.

El ex cotitular de la CGT no llamó a ninguno de los organizadores para confirmarles su presencia, aunque en el video difundido en las redes se mostró muy tajante: sostuvo que “el Gobierno está atacando permanentemente a los más débiles, a los humildes, a los jubilados, a los trabajadores" y que “por eso hay que enfrentarlo y vamos a participar masivamente" de las ollas populares promovidas por la CATT.

Su padre, quien lo reemplazó tras su renuncia en la mesa chica de la CGT junto con Octavio Argüello en el triunvirato, se mostró en las últimas semanas más duro contra el kirchnerismo que contra el Gobierno. Pero luego de que su hijo mayor dijo que asistiría a Plaza Constitución, Hugo Moyano habló con los líderes de la CATT para avisarles que participaría de la jornada.

Padre e hijo están peleados desde hace 3 años, luego de que Pablo le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, a cargo de su gerenciamiento.

El enfrentamiento fue creciendo y derivó finalmente en la renuncia de Pablo Moyano a la CGT en noviembre pasado porque su padre no avaló su reclamo de que se hiciera un paro o una marcha contra el gobierno de Javier Milei. Luego, el líder de Camioneros fue apartando a dirigentes de distintas ramas que respondían a su díscolo hijo, como una forma de frenar una eventual rebelión de los “pablomoyanistas” en la interna del gremio.

Desde que renunció a la CGT, el hijo mayor de Hugo Moyano dejó de ir a sus oficinas del Sindicato de Camioneros, donde ejerce la Secretaría Adjunta secundando a su papá, y se dedicó sólo a presidir el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros.

Su aislamiento se rompió el 13 de junio, cuando Pablo Moyano visitó a Cristina Kirchner en su departamento del barrio de Constitución pocas horas después de que se confirmara su condena judicial por corrupción.

En ese encuentro, el dirigente de Camioneros dijo haberle llevado a la ex presidenta el apoyo de su sindicato, aunque esa decisión no había existido e incluso el líder, Hugo Moyano, en esos días se puso al frente en la CGT de la resistencia a los sectores kirchneristas que presionaban por un paro en favor de Cristina Kirchner.

La nueva escalada de tensiones entre padre e hijo quedó graficada en un ácido comentario de Hugo Moyano ante sus colegas cegetistas en una reunión realizada en Sanidad, días después del encuentro entre Pablo y Cristina Kirchner. Tras criticar a la ex presidenta por el destrato al que sometió a los sindicalistas no K y cuestionar que nunca les dio lugares en las listas de candidatos, el jefe de Camioneros dijo: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y a mí ni me llamó por el Día del Padre”.

Por eso la especulación abierta tras el reencuentro familiar es: ¿Hugo Moyano no quiso regalarle a Pablo la postal de su imagen al frente de la dirigencia de Camioneros en una actividad de sesgo opositor como las ollas populares? ¿O fue a Plaza Constitución y se mostró con su hijo porque quiere embestir contra el Gobierno?

Son las incógnitas obvias que deja el abrazo del que habla todo el sindicalismo y del que tomó nota también la administración libertaria, donde, gracias a su postura antikirchnerista y a su gesto de acordar paritarias a tono con la pauta oficial, es visto como alguien confiable.

¿Quién es Hugo Moyano? ¿El que firma paritarias por el 1% mensual en una muestra de alineamiento con la pauta salarial del Gobierno? ¿El que ordena a su sindicato marchar contra la administración de Javier Milei junto al Frente Sindical, con la presencia de sus dirigentes más cercanos y de su hija Karina?

En realidad, se trata del mismo líder del Sindicato de Camioneros, que emite algunas señales que a priori parecen contradictorias, pero que están cargadas del más puro pragmatismo y que responden a una clara consigna: sobrevivir de la mejor forma posible en una época adversa para el gremialismo.

El balance de las últimas semanas puso nuevamente a Hugo Moyano en un primer plano, algo que había perdido cuando su hijo Pablo era cotitular de la CGT y acaparaba la atención mediática con un perfil alto, opuesto al de sus colegas cegetistas y al de su papá.

Ahora, el titular de Camioneros recuperó protagonismo con una serie de definiciones drásticas. La más notoria se produjo la semana pasada, cuando lideró la resistencia contra Cristina Kirchner en la CGT: fue quien tuvo la postura más enérgica en contra del paro general y la adhesión a la marcha en favor de la ex mandataria condenada por corrupción, tal como pretendían el PJ y el sindicalismo kirchnerista.

En una reunión con sus pares de la CGT, ante el silencio de algunos que no quisieron meterse en problemas, Hugo Moyano se quejó del “destrato” al que Cristina Kirchner y su hijo Máximo sometieron durante años a la dirigencia sindical que no mostraba un nivel absoluto de incondicionalidad.

“Hace mucho yo dije que el partido era una cáscara, pero ahora no es ni siquiera una cáscara”, dijo, tras lo cual apuntó contra los kirchneristas por haberse apropiado del PJ y por haber digitado a su antojo las listas de candidatos. Destacó que cuando el macrismo le allanó “25 veces” el sindicato, nadie de los K lo llamó “para ver si necesitaba algo”.

Como reveló Infobae, lo más llamativo fue cuando ventiló un dato sugestivo de su interna familiar, con una frase punzante contra su hijo mayor, con el que está enfrentado desde hace años: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”, dijo.

Finalmente, los 10 dirigentes que estaban en el encuentro en Sanidad decidieron dejar en libertad de acción a los sindicatos ante la movilización kirchnerista, que terminó siendo un acto en la Plaza de Mayo, sin un llamado formal de la CGT a asistir.

Incluso se resolvió no concurrir a la reunión citada por el PJ para ese día con el fin de organizar la marcha en favor de Cristina Kirchner: entre los motivos, se habló de “desprolijidades” en la convocatoria y, además, del temor de que el kirchnerismo alentara una agresión en contra de los líderes cegetistas cuando llegaran a la sede partidaria de la calle Matheu 130.

La firme postura del jefe de Camioneros desbarató una jugada kirchnerista para aprovecharse de su pelea familiar: cuando Pablo Moyano visitó a la ex presidenta en su departamento, en las usinas K dejaron trascender que ese gesto significaba que el líder del sindicato apoyaba la marcha en defensa de CFK.

¿Habrá represalias del kirchnerismo contra Hugo Moyano cuando se armen las listas de candidatos? Dicen que Cristina Kirchner, que sistemáticamente marginó al moyanismo de las nóminas legislativas, podría impulsar a Pablo para competir por una banca de diputado en la provincia de Buenos Aires. Pero en la CGT aseguran que Axel Kicillof promovería que el mejor lugar en la lista bonaerense para los comicios nacionales del 26 de octubre será para alguien elegido por la central obrera (¿será Héctor Daer, que no seguirá como cotitular cegetista?).

La señal que había dado Hugo Moyano dos días antes fue a favor del Gobierno: en medio del rechazo gremial al tope de las paritarias que pone el Ministerio de Economía, firmó un nuevo aumento salarial alineado con los parámetros oficiales, que consistió en un 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000.

Fue otro logro del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien mantiene una fluida relación con los Moyano e incidió en anteriores paritarias “amigables” de Camioneros para el Gobierno.

La última, correspondiente al período marzo-abril, había quedado más desfasada frente al costo de vida: fue del 3,2% en tres cuotas cuando solamente la inflación de marzo alcanzó el 3,7%. Y por eso el 22 de abril Hugo Moyano pidió reabrir las paritarias y exigió una fuerte recomposición salarial.

Sin embargo, terminó esperando a junio, cuando vencía el anterior acuerdo, y firmó por el 3% trimestral. Aun así, el “truco” de la paritaria de Camioneros es que la suma fija no remunerativa de $45 mil, que se pagará este mes, potenciará el impacto de la mejora en el bolsillo de los trabajadores.

Quizás para compensar ese gesto que tranquilizó a los funcionarios libertarios, Camioneros tuvo una fuerte presencia este miércoles en la marcha convocada por el flamante Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, con eje en los sindicatos del transporte y un perfil ultraopositor.

A la movilización hasta avenida Roque Sáenz Peña 788, donde funciona el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger, apuntado por las medidas desregulatorias en el transporte y las privatizaciones, el sindicato de Moyano se hizo presente con dirigentes de su máxima confianza como Octavio Argüello (cotitular cegetista), Omar Pérez (que integra la CATT) y Karina Moyano (hija del líder gremial y secretaria de la Mujer de la Federación). También tuvo un rol importante Marcelo Aparicio, secretario Gremial del sindicato, a quien en la interna camionera veían más cercano a Pablo Moyano, pero hoy nadie duda de su lealtad hacia Hugo.

Luego de que Pablo renunció a la CGT y dejó de ir al sindicato, del que es secretario adjunto, el líder de Camioneros fue apartando a dirigentes de distintas ramas que respondían a su díscolo hijo. Fue la forma en que Hugo Moyano frenó una eventual rebelión de los “pablomoyanistas” en la interna del gremio.

Aun así, llamó la atención que, en la marcha de este miércoles, Karina Moyano se mostró al lado de Oscar Borda, hombre de confianza de Pablo Moyano y referente de la Rama Logística del sindicato, cuyo rostro se hizo conocido cuando, en enero de 2023, lideró una patota que irrumpió en los supermercados para verificar el cumplimiento del programa Precios Justos del gobierno de Alberto Fernández.

Los Moyano nunca pudieron recomponer la relación que se dañó, a los gritos, cuando hace 3 años Pablo le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, que se encarga de su gerenciamiento.

A ese motivo se agregaron razones políticas, como los permanentes gestos de Pablo en favor del kirchnerismo, sin el aval del líder de Camioneros, que estallaron cuando, en noviembre pasado, el entonces cotitular de la CGT promovió una movilización contra el Gobierno que impulsaba el sindicalismo K y su papá lo desautorizó, en sintonía con el ala dialoguista.

Esa actitud de Hugo Moyano derivó en la renuncia de Pablo a la CGT, en noviembre pasado, momento a partir del cual dejó de ir a su oficina en el gremio y se recluyó en la presidencia del club de fútbol Camioneros.

Aun así, los que conocen la trama oculta del sindicato deslizan que el imperio de Moyano muestra hoy muchas grietas. Afirman que en una porción significativa de las bases de Camioneros hay malestar por el aumento salarial apenas el 1% por mes y, como es casi tradicional, por los cortes de prestaciones en la obra social, cuyas multimillonarias deudas con los proveedores habrían derivado en embargos judiciales.

La obra social de Camioneros (en rigor, son dos, una para Buenos Aires y otra para el interior) sigue con los números en rojo. Sólo hasta febrero pasado, la deuda con los prestadores ascendía a $26.439.422.724 y el incremento neto de lo que debía en el trimestre diciembre 2024-febrero 2025 fue del 20,34%.

Semejantes problemas financieros hicieron que esté en la mira de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero, pese al rigor de este organismo con otras obras sociales deficitarias y mal administradas, las de Camioneros vienen zafando de una auditoría de sus cuentas e incluso de una posible intervención.

Un líder de la CGT que mantiene una excelente relación con el Gobierno habría logrado frenar el año pasado un intento de la Superintendencia de enviar auditores a las obras sociales piloteadas por Moyano. Obviamente, se trata de una decisión política de alto voltaje y hacerlo equivale a jaquear la “patria camionera”.

¿La Casa Rosada no lo hace porque el jefe de Camioneros es un aliado en materia salarial y su paritaria del 1% puede servir de caso testigo para otros sindicatos? Es muy arriesgado afirmarlo, pero es muy difícil desmentirlo de manera tajante y así se explicaría ese doble juego por el que Hugo Moyano alterna guiños de apoyo y críticas al Gobierno.

Cuando nadie lo esperaba, Hugo Moyano se puso al frente esta semana de la resistencia en la CGT a sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner e incluso lo hizo con una filosa frase contra su hijo Pablo que, sin su aval, se reunió con la ex presidenta para darle el “apoyo” del Sindicato de Camioneros y de “los trabajadores”.

La contundente postura del líder gremial contra el paro general y la adhesión a la marcha en favor de la ex mandataria condenada, tal como pretendía el PJ y sindicalismo K, fue consensuada con los máximos jefes cegetistas y actualizó un añejo enfrentamiento político que tendrá consecuencias en el diseño de la futura CGT, cuyas nuevas autoridades serán elegidas en octubre.

Como anticipó Infobae, la CGT debía reunirse el martes, a las 15, con el Consejo Nacional del PJ para organizar el acto en defensa de Cristina Kirchner, pero previamente deliberó en la Federación de Trabajadores de Sanidad (FATSA), donde una decena de dirigentes criticó en duros términos a la ex presidenta y a su hijo Máximo por el “destrato” al que sometieron durante años a toda la dirigencia sindical no kirchnerista.

Mientras algunos de los presentes prefirió no hablar, Moyano pidió la palabra para cuestionar al PJ: “Hace mucho yo dije que el partido era una cáscara, pero ahora no es ni siquiera una cáscara”. Luego, apuntó contra los kirchneristas por haberse apropiado del PJ y haber digitado a su antojo las listas de candidatos. Destacó que cuando el macrismo le allanó “25 veces” el sindicato, nadie de los K lo llamó “para ver si necesitaba algo”.

Lo más llamativo vino cuando ventiló un dato sugestivo de su interna familiar, con una frase filosa contra su hijo mayor, con el que está enfrentado desde hace años: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”, dijo.

La lapidaria alusión a Pablo confirmó una vez más que la disputa entre padre e hijo es irreversible y que el titular de Camioneros está enojado por su decisión de ir a visitar a la ex presidenta en su departamento, donde, para colmo, llevó el apoyo del sindicato en forma inconsulta.

En la CGT creen que la visita de Pablo Moyano a Cristina Kirchner fue gestionada por Sergio Palazzo (bancarios), uno de los referentes del sindicalismo K, y que fue parte de una jugada para que pareciera que Camioneros se había alineado con la estrategia de los kirchneristas.

De por sí, a partir del gesto de Pablo Moyano, cerca de Cristina Kirchner dejaron trascender el fin de semana que el sindicato de Moyano apoyaba la idea de hacer un paro general de la CGT para apuntalar la concurrencia a la caravana de la ex mandataria a los tribunales de Comodoro Py (que terminó en un acto en la Plaza de Mayo cuando se formalizó la detención en su casa).

En el encuentro de la CGT en Sanidad no hubo gritos ni discusiones, aunque había dirigentes cercanos al kirchnerismo como Víctor Santa María (encargados de edificios) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), a quienes CFK nombró en el Consejo Nacional del PJ que preside.

La misma postura de Hugo Moyano fue compartida allí por los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), aunque llamó la atención la sugestiva ausencia del tercer miembro del triunvirato, el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio).

Entre los presentes estuvieron José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Julio Piumato (judiciales), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Jorge Sola (seguros), Omar Plaini (canillitas) y Miguel Paniagua (espectáculos públicos).

Entre los que asumieron una fuerte postura en contra de adherir al acto kirchnerista estuvieron Piumato e incluso Plaini, quien habría dicho ante sus colegas que “la CGT no es la Gendarmería de Cristina Kirchner”, aunque dos días antes le había dicho a Radio El Destape: “Estoy convencido de que la CGT va a convocar a movilizar”.

Finalmente, como expresión de malestar, los dirigentes de la CGT decidieron no concurrir a la reunión citada por el PJ para analizar la marcha por Cristina Kirchner debido a las “desprolijidades” en la convocatoria y, además, por el temor de que el kirchnerismo alentara una agresión en contra de ellos cuando llegaran a la sede partidaria.

Sólo hubo un comunicado de prensa en el que la CGT anunció la “libertad de acción” de los sindicatos "para dar testimonio de acompañamiento" al acto de la Plaza de Mayo. Sin paro general ni presencia orgánica en la concentración, la central obrera destacó: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”.

Además de haber piloteado la resistencia ante los K, el otro gesto clave de Hugo Moyano en las últimas horas fue haber firmado esta semana su nueva paritaria respetando el tope del Gobierno del 1% mensual.

El convenio, anticipado por Infobae, incluye un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, 1% para julio y 1% para agosto, más una suma fija de $45.000 y el pago de $18.500 por trabajador como “contribución” de los empresarios a la obra social del gremio.

Moyano venía cerrando paritarias a la baja, pero la anterior, del período marzo-abril, había quedado más desfasada: fue del 3,2% en tres cuotas cuando sólo la inflación de marzo alcanzó el 3,7%.

Por eso, el 22 de abril, el líder sindical pidió reabrir las paritarias y exigió una fuerte recomposición salarial. Sin embargo, terminó esperando a junio, cuando vencía el anterior acuerdo, y firmó por el 3% trimestral. Aun así, el “truco” de la paritaria moyanista es que contempla el pago de una suma fija no remunerativa de $45 mil que se pagará este mes y que potenciará el impacto de la mejora en el bolsillo de los trabajadores.

Se descuenta que la Secretaría de Trabajo homologará la paritaria de Camioneros por haber respetado el tope del 1% mensual, mientras sigue sin convalidar, entre otros, el reciente aumento salarial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que firmó una mejora del 7,6% en cinco tramos (3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto), además de sumas fijas no remunerativas de $30 mil y de $25 mil.

El 3,3% de abril, obviamente, es el argumento de fondo para que el Gobierno no le dé luz verde a la homologación, mientras en los círculos libertarios descartan que existan motivaciones políticas: Abel Furlán, el titular de la UOM, es uno de los líderes del sindicalismo kirchnerista y ahora encabeza una rebelión contra la CGT al exigirle un plan de lucha contra el ajuste y la “proscripción” de CFK.

Aun así, en la Casa Rosada sonríen ante la sucesión de hechos de esta semana que hicieron recobrar el protagonismo a Hugo Moyano en coincidencia con las necesidades oficialistas: en contra de Cristina Kirchner y en sintonía con la política salarial del Gobierno.

En medio del rechazo gremial al tope de las paritarias que pone el Gobierno, el Sindicato de Camioneros firmó un nuevo aumento salarial alineado con los parámetros oficiales: consiste en un 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000.

De esta forma, la organización que lidera Hugo Moyano volvió a firmar un incremento que se encamina a ser homologado por la Secretaría de Trabajo, mientras otras paritarias, como las de Comercio o la UOM, siguen sin ser convalidadas porque superaron el techo del 1% mensual.

El convenio contempla el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a la obra social de Camioneros, cifra que, en un universo de 100.000 afiliados, equivale a un total de $1.850.000.000.

El gremio de Moyano estaba reclamando la “urgente” reapertura de las paritarias" luego del alza inflacionaria de marzo, que fue del 3,7%, al destacar su “profunda preocupación ante el acelerado deterioro del poder adquisitivo del salario” de los trabajadores.

Sin embargo, el Sindicato de Camioneros terminó aceptando esperar hasta este mes, en que se había pactado la revisión del último aumento, otorgado el 21 de marzo, que consistió en un 3,2% en tres cuotas (1,2% para marzo, 1% para abril y 1% para mayo), que en ese momento el Gobierno elogió por “el compromiso del sector con la estabilidad económica”.

Ese aumento del 3% quedó superado por la inflación del trimestre marzo-abril, que fue del 8% en total, y ahora la recuperación del salario estaría centrada en el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $45.000 en junio, que es la fórmula que están utilizando otros sindicatos para recomponer los sueldos sin que los porcentajes pactados superen el tope del 1% mensual.

Como anticipó Infobae, mientras el Gobierno presiona a los sindicalistas y empresarios para respetar el techo del 1% mensual en los aumentos de sueldos, la CGT tomó la batalla contra “el cepo salarial” como un estandarte, pero hay un escollo: algunos gremios están firmando en sintonía con la pauta a la baja de Economía.

Antes del acuerdo de Camioneros, en el entorno del secretario de Trabajo, Julio Cordero, había entusiasmo por el acuerdo firmado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que dirige Marcelo Rucci: consistió, por un lado, en el cierre de la paritaria del período abril 2024-marzo 2025, con un incremento total del 4,3%, aplicable sobre los salarios de enero, febrero y marzo de 2025, que representa una pauta inferior a la inflación estimada para ese trimestre, ya que se distribuye en aumentos del 1,8% para enero, un 1,5% para febrero y un 1% para marzo.

Además, incluye un aumento del 12% que rige para todo un año (abril 2025-marzo 2026), distribuido en cuotas del 3% cada tres meses. “Este aumento se calculará íntegramente sobre la base salarial del mes de abril de 2025, lo que implica que, en términos acumulados, el incremento mensual promedio será inferior al 1%”, destacó el Ministerio de Capital Humano en un inusual comunicado de prensa para informar sobre la paritaria de los petroleros.

Parece muy difícil que se generalice ese tipo de acuerdos. Para los dirigentes que ya venían aceptando el techo salarial del Gobierno desde principios de año, el salto inflacionario del 3,7% del mes de marzo los dejó descolocados ante sus bases.

Para consolidar el descenso del costo de vida que comenzó a insinuarse en abril, con el 2,8%, y se confirmó en mayo, con el 1,5%, el Ministerio de Economía quiere que no se recupere lo perdido y se negocie por la inflación futura, es decir, que se firmen paritarias que no superen el 1% mensual.

El primer rebelde fue un dialoguista de pura cepa como Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), quien pateó el tablero tras largos meses de rubricar aumentos alineados con la pauta oficial, con un acuerdo del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que Economía objetó y sigue sin homologarse.

Pero, aunque el Gobierno se niega a convalidar la paritaria, el líder de Comercio sacó a relucir una cláusula que “garantiza la validez y aplicación del convenio, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata”.

Otro acuerdo sin homologación hasta el momento es el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que firmó con las cámaras un 7,6% de aumento para el período abril-agosto en cinco tramos: 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto, más cinco sumas fijas de $30 mil para abril y $25 mil para cada uno de los meses restantes.

El gremio que salió airoso del desafío paritario es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento acumulativo del 3,2% para el bimestre mayo-junio en dos cuotas del 1,2% para mayo, con un retroactivo del 1% (que cubriría abril), y del 1% para junio, más dos sumas fijas no remunerativas de entre 35 y 40 mil pesos.

El impacto de las sumas fijas, que potencia el efecto de los porcentajes y crean la expectativa real de que serán incorporadas a los sueldos, también podría haber provocado el cuestionamiento de Economía, aunque la muñeca negociadora de Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, logró disipar los temores: la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el convenio a través de la disposición 1273, que fue oficializada el martes 3 de este mes.

La empresa postal privada más grande de Argentina, OCA Log, ha declarado la apertura del concurso preventivo de acreedores por parte de un juzgado para reestructurar una deuda de 100.000 millones de dólares (87.400 millones de euros) y preservar más de 8.500 empleos, según informó la propia compañía.

Del total del pasivo, el 80% es con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el 20% restante corresponde a deudas con los proveedores.

OCA Log sustenta su decisión en el impacto del contexto macroeconómico de los últimos años en su actividad, con un incremento importante de costes operativos y una alta presión impositiva, "lo que ha dificultado el equilibrio financiero a pesar de los esfuerzos realizados".

Pese al proceso recién iniciado, la compañía asegura que es rentable. "La firma no tiene una falencia operativa. Se hizo una reestructuración desde el año 2023 que saneó las cuentas y la volvió una empresa rentable, pero el cambio no alcanzó para cubrir la deuda que OCA adquirió con el Estado", ha explicado.

HISTORIA DE POLÉMICAS

Desde su nacimiento en 1957 como Organizadora Coordinadora ARGENTINA (OCA), la trayectoria de OCA Log está plagada de crisis de polémicas que han salpicado a su actividad. En la actualidad, la empresa pertenece a NMBV Group, liderado por el empresario Claudio Espinoza, que también es dueño de Flecha Log y del negocio de repartir la correspondencia y paquetería de Correo Argentino.

Durante los años 70 se convirtió en empresa pública, pero volvió a privatizarse en la siguiente década. El empresario Alfredo Yabrán, a través de un grupo de testaferros, se hizo con la empresa postal hasta que la vendió al fondo de inversión The Exxel Group, que desapareció cuando estalló la crisis de 2001.

OCA estuvo durante años en manos de los bancos acreedores hasta que el empresario Patricio Farcuh, que contaba con el respaldo del Sindicato de Camioneros, compró la empresa en 2013. El gremio tomó el control de la compañía tres años más tarde hasta que fue adquirido por el Grupo Clear. OCA inició un concurso de acreedores en 2017 y se declaró en quiebra dos años más tarde, con una consecuente reestructuración finalizada en 2023.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros exigió este martes a las cámaras empresariales del sector la “urgente” reapertura de las paritarias al advertir que a partir del alza inflacionaria de marzo y las estimaciones para abril dejarán ”una brecha alarmante entre la evolución de los precios y la actualización salarial".

“De mantenerse esta tendencia -consideró la entidad que lidera Hugo Moyano-, el deterioro salarial acumulado entre marzo y mayo podría alcanzar niveles inaceptables, sin posibilidad de corrección hasta la revisión programada para junio”.

La solicitud del sindicato figura en una nota enviada a las entidades patronales del transporte automotor de cargas, en la que manifiesta su “profunda preocupación ante el acelerado deterioro del poder adquisitivo del salario” de los trabajadores.

“Tal como consta en el acuerdo paritario firmado en marzo -se afirmó en la nota-, se pactó una revisión del 1,9% correspondiente a los meses de diciembre, enero y febrero, la cual fue aplicada como suma no remunerativa en marzo e incorporada a los básicos desde abril. A su vez, se definieron incrementos escalonados del 1,2% en marzo, 1% en abril y 1% en mayo, y la inclusión de una nueva cláusula de revisión para el mes de junio”.

“Sin embargo, los datos de inflación oficial difundidos recientemente por el INDEC reflejan una variación del 3,7% en marzo, la más alta de los últimos siete meses, lo cual supera ampliamente las previsiones con las que se confeccionó el acuerdo”, alertó Camioneros.

Añadió que esa suba inflacionaria “implica que en el mes de marzo ya se ha registrado una pérdida real del 2,5% y las estimaciones de inflación para el mes de abril anticipan un incremento que podría superar el 5%, lo que, de concretarse, significaría una nueva pérdida estimada del 4%, dejando una brecha alarmante entre la evolución de los precios y la actualización salarial”.

“De mantenerse esta tendencia -consideró el sindicato-, el deterioro salarial acumulado entre marzo y mayo podría alcanzar niveles inaceptables, sin posibilidad de corrección hasta la revisión programada para junio”.

Para la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, “ante esta situación, resulta indispensable cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes día a día sostienen la actividad del sector” y, “por lo tanto, solicitamos formalmente la urgente reapertura de las negociaciones paritarias a fin de revisar y adecuar los porcentajes acordados a través de un nuevo un acuerdo que permita a los trabajadores que representamos afrontar la delicada situación económica que atravesamos, garantizando un ingreso acorde a la realidad económica y protegiendo las condiciones de vida y dignidad del trabajador y su familia”.

El convenio salarial firmado por Moyano el 21 de marzo pasado consistió en un poco más del 3% en tres cuotas y, una vez más, estuvo alineado con la pauta que maneja el Ministerio de Economía, hasta tal punto que desde el Gobierno destacaron que “acuerdo refleja el compromiso del sector con la estabilidad económica y el acompañamiento del gremio al proceso de baja inflacionaria, garantizando la protección del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Como anticipó Infobae, en medio del alza de la inflación en marzo y de algunas señales de que podría seguir subiendo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue el primer sindicato que el miércoles pasado solicitó formalmente al Gobierno “la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias”, que en su caso había firmado con el Gobierno apenas cinco días antes, pocas horas a antes de se conociera el 3,7% del costo de vida del mes pasado.

UPCN aceptó la propuesta del Gobierno de otorgar 3 incrementos salariales consecutivos de 1,3% acumulativos para marzo, abril y mayo, más un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro sindicato fuerte del sector público, rechazó esa cifra en duros términos: “Es una vergüenza, hoy no alcanza ni para un tanque de nafta ni media factura de luz y recién se va a cobrar en junio”, dijo el titular de la entidad gremial, Rodolfo Aguiar.

De las 23 paritarias firmadas por los principales sindicatos para el período enero-marzo 2025, la mayoría estuvieron alineadas con la pauta que definió el Ministerio de Economía, pero sólo 2 tuvieron aumentos por encima de la inflación trimestral. Las estadísticas corresponden a la Secretaría de Trabajo, que hizo un relevamiento de los acuerdos salariales en el sector privado, en donde, sobre todo a partir del 3,7% de inflación de marzo, queda en evidencia la caída en el poder adquisitivo de los sueldos.

Camioneros abrió el fuego de los reclamos de reapertura de las paritarias en el sector privado, que pondrá otro elemento de tensión en el vínculo entre el Gobierno, que quiere frenar nuevos aumentos, y el sindicalismo.

El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, tiene varios dilemas en estas horas. El más acuciante es el reclamo de reapertura de las paritarias (su último aumento fue del 3,2% para el trimestre marzo-mayo), teniendo en cuenta la situación económica de su actividad y procurando no romper -por ahora- relaciones con el Gobierno.

Pero no es el único. Todavía no logra recuperar su época de esplendor sindical en medio de las dificultades que impone un gobierno como de el de Javier Milei, que no alcanza a decodificar, es uno de ellos, mientras se suman la pérdida de influencia de su liderazgo en el gremialismo y, consecuentemente, en la política, además de la ausencia de una figura fuerte en el Sindicato de Camioneros en condiciones de ponerse al frente de la CGT o, al menos, de incidir en su estrategia.

Ya sin el lastre de tratar de controlar a un dirigente díscolo como su hijo Pablo, ahora dedicado a presidir el club de fútbol Camioneros, el líder sindical no puede resolver la aguda crisis financiera de su obra social, siempre amenazada por la posibilidad de una auditoría del Gobierno (algo que vendría frenando un dirigente de la CGT de excelente vínculo con los libertarios). Y sospecha que, pese a no quiere una pelea frontal con Javier Milei, hay funcionarios nacionales que fogonean conflictos como el que atraviesa hoy Corredores Viales sólo porque su hijo Facundo es el secretario adjunto del Sindicato de Peajes.

Pero lo que desvela en este momento a Moyano es el tema salarial. Aún no pidió a las cámaras empresariales la reapertura de las paritarias, pero lo analiza porque su último acuerdo, firmado el 21 del mes pasado, estuvo una vez más alineado con la pauta del Gobierno y representó una mejora de poco más del 1% mensual, cifra que, como sucede en convenios de otros sindicatos, quedó desfasada ante una inflación de marzo que subió al 3,7% respecto al 2,4% registrado en febrero.

El Gobierno monitorea de cerca cualquier reclamo salarial y luego del levantamiento del cepo está tratando de contener los aumentos para evitar que impacten en la inflación. Por eso en la Secretaría de Trabajo ya tendieron nuevos puentes hacia Moyano para sondear si irá a la pelea por otro aumento. Desde las bases de Camioneros comienza a sentirse la presión para recomponer los sueldos. Y los empresarios están alertas: “El gremio debería esperar. Tenemos cláusula de revisión en el tramo final del acuerdo, que es en los primeros días de junio; es decir, en menos de 60 días”.

En su momento de mayor poder, Moyano pactaba aumentos importantes que servían de referencia para el resto de los sindicatos. Desde hace unos 6 años, en otra demostración de su fuerza en declive, Camioneros viene firmando incrementos por debajo de la inflación. Según un estudio de la consultora Analytica, entre marzo de 2018 y julio de 2023 el gremio registró una caída salarial del 26% y fue el que lideró el ranking de los retrocesos de ingresos reales frente a la inflación.

Desde octubre pasado se produjo una sucesión de hechos sorpresivos que estuvieron unidos por un hilo conductor: el retroceso del poder hegemónico de Moyano. Primero, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Camioneros en el fuerte conflicto que se perfilaba en la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo del sindicato de indemnizaciones para los 6.000 trabajadores de recolección de residuos, que implicaban el pago de 200 millones de dólares. La moderada decisión del líder sindical tuvo secuelas inesperadas: hubo cuestionamientos de empleados del sector (con gritos de “Pablito traidor” incluidos) a un acuerdo rubricado sin pagar indemnizaciones y poniendo fin a la famosa “Ley Moyano”.

Luego, los contratiempos para Moyano incluyeron desde el armado de una federación paralela que impulsa el titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, con dirigentes de Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos y Tucumán, para disputarle el poder en las elecciones gremiales de 2025, hasta la creación del primer sindicato de empleados jerárquicos de recolección de residuos (APJERR), que lidera Jorge Silva, ya instalado como un referente de la actividad. Y no se puede dejar de mencionar que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos sindicalistas de la estructura moyanista, siguen presos por extorsionar y bloquear a una empresa en San Pedro.

A fines del mes pasado, como otro signo de estos tiempos esquivos, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio un duro golpe a Moyano al rechazar la apelación para declarar nulo el convenio colectivo por empresa firmado entre Mercado Libre y el Sindicato de Carga y Descarga, que lidera Daniel Vila. Así se puso fin a un largo litigio por el encuadramiento sindical del personal de logística que se desempeña en los centros de distribución de la compañía de Marcos Galperin.

En el moyanismo, por otra parte, creen que hay motivaciones políticas y personales en el conflicto que originó el Gobierno cuando se terminó la concesión de Caminos del Río Uruguay (Crusa), a cargo de las rutas nacionales 12 y 14, y quedaron en la calle unos 500 trabajadores. Cuando el Sindicato de Peajes, que encabeza Florencia Cañabate, secundada por Facundo Moyano, inició paros en solidaridad con los empleados de Crusa que afectaron la autopista Ricchieri, el Gobierno despidió a 117 trabajadores por considerar “ilegales e ilegítimas” las protestas y se profundizó el conflicto. “Pelearse con alguien que se llama Moyano les reditúa políticamente”, dicen cerca del líder de Camioneros.

Facundo Moyano, paradójicamente, tenía una mirada más tolerante hacia las políticas del Gobierno apenas asumió (“No es momento de poner palos en la rueda, dijo por entonces), e incluso luego afirmó que “todos los ajustes que se están haciendo en el gasto público en muchas cosas que estaban de más no son discutibles”, aunque su postura contra Milei se fue tornando cada vez más crítica. ¿La postura irreductible del Gobierno en el conflicto de Corredores Viales es una señal de advertencia a Hugo Moyano, que pactó salarios dentro de la pauta oficial pero apoyó el paro general de la CGT?

¿Qué hará Hugo Moyano? En sus charlas privadas no oculta sus fuertes cuestionamientos a las medidas de la Casa Rosada, pero en público parece haber delegado la exteriorización de las quejas en Octavio Argüello, el representante de Camioneros en el triunvirato de la CGT tras la renuncia de Pablo Moyano, quien hace pocos días opinó sobre el levantamiento del cepo: “Es una gran mentira. La inflación va a ser superior el mes que viene. El plan de gobierno honestamente fracasó”.

Los dilemas de Moyano son muy difíciles de resolver. No son los que tenía antes de que Néstor Kirchner le diera un poder político y económico que hizo posible “la patria camionera”. Pero son similares a los que tienen muchos de sus pares en esta época inclemente para el poder sindical.

El Gobierno empezó a seguir de cerca las nuevas negociaciones salariales entre el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales: deberán pactar un aumento para el período marzo-mayo y el gremio que conduce Hugo Moyano ya anticipó que recuperar lo perdido frente a la inflación, lo que perfila un escenario de confrontación por el techo impuesto por el Ministerio de Economía.

Hasta ahora sólo hubo conversaciones informales entre sindicalistas y empresarios, pero ya saben que la primera audiencia oficial será el jueves 13 de marzo en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114, en la inauguración de un diálogo que amaga con complicarse.

En Economía buscan que los incrementos salariales se mantengan en una franja del 0,5%-1% mensual, pero el problema será para los gremios como Camioneros que firmaron acuerdos que quedaron por debajo de la inflación en el trimestre anterior. En este caso, el aumento para diciembre-febrero fue del 5,5% en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%), mientras que la inflación de ese período superaría el 6% (en diciembre fue del 2,7%; en enero, 2,2% y en febrero se prevé que rondaría el 2%, aunque hay consultoras privadas que estiman que, por el alza de la carne, se ubicaría entre el 2,4% y el 2,7%).

Los representantes de Camioneros adelantaron a los empresarios que pretenden recuperar un 1,5% o 2% por la inflación del trimestre anterior y sumarle un 7% u 8% para marzo, abril y mayo. Aunque ambas partes se reunirán el jueves próximo, la expectativa estará puesta en el día siguiente, cuando el INDEC anuncie el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero. Con esa cifra, suponen en las cámaras, podrían empezar a negociar con números concretos sobre la mesa.

En la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, esperan esas definiciones para volver a ayudar a ambas partes a alcanzar un acuerdo que no vulnere el cerrojo salarial de Economía. Si el Sindicato de Camioneros confirma que reclamará un 9% o 10% trimestral, las luces de alarma se prenderán en el tablero de Economía y amenazarán otra vez con no homologar el aumento.

El Gobierno, en el fondo, confía en que Hugo Moyano terminará aceptando la pauta salarial del ministro Luis Caputo, como sucedió en enero pasado, cuando el líder de Camioneros firmó por el 5,5% pese a que había arrancado las negociaciones con un reclamo del 15% de aumento (5% por mes) y luego estaba dispuesto a firmar por un 8% trimestral que habían contraofertado los empresarios.

Aun así, Trabajo se negó a homologar ese 8% porque superaba las estimaciones inflacionarias del 1% por mes previstas para 2025. Y fue clave la intervención de Cordero, que procuró que Economía convalidara el aumento del 5,5% y, al mismo tiempo, la buena voluntad de Moyano, que accedió a bajar sus pretensiones iniciales de 15% de aumento para acompañar la política salarial del Gobierno.

La paritaria de Camioneros es una negociación decisiva porque involucra a un sindicato poderoso y para la Casa Rosada es importante que se termine alineando con la política salarial oficial. Por eso, Cordero volvió a monitorear las tratativas para tratar de que no superen el tope de Economía.

Nueva audiencia de la Federación de Trabajadores de la Alimentación

Mientras, otra negociación salarial de un gremio clave sigue trabada y amaga con terminar en medidas de fuerza: se trata de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), que, tras el fracaso de las tratativas de este miércoles, tendrá otra audiencia con las cámaras empresariales este viernes, a las 11, en la Secretaría de Trabajo para definir el aumento del período enero–abril.

Ante este escenario, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) Filial Buenos Aires, liderado por Rodolfo Daer, realizó este jueves un plenario de delegados en el que se facultó a la conducción gremial a realizar una movilización si no se alcanza un acuerdo salarial. En ese caso, la FTIA, que dirige Héctor Morcillo, convocará a un plenario de secretarios generales para el lunes próximo con el fin de decidir un plan de lucha que incluiría paros y marchas callejeras.

Los sindicalistas reclaman un incremento salarial que equipare la inflación, mientras que los empresarios ofrecieron primero un 3% para el cuatrimestre (1% para febrero, 1% para marzo y 1% para abril, sin aumento en enero) y luego un 2%, con mejoras sólo en marzo y abril.

Es una paritaria de un sector clave y esta mañana se definirá si se llega a un acuerdo o si comienza un plan de lucha. Se trata de las negociaciones salariales de la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), que este miércoles, a las 11, tendrá una audiencia con las cámaras empresariales en la Secretaría de Trabajo para definir el aumento del período enero–abril.

La organización gremial, liderada por Héctor Morcillo, reclama un incremento que equipare la inflación mientras que en la última reunión, el miércoles pasado, los empresarios ofrecieron un 3% para el cuatrimestre (1% para febrero, 1% para marzo y 1% para abril, sin aumento en enero).

En caso de que fracasen las negociaciones, la FTIA tiene previsto realizar este jueves un plenario de delegados en el que se aprobará un plan de lucha que contemplaría paros y movilizaciones.

Esta paritaria de un gremio importante como el de Alimentación permitirá comprobar si se sigue respetando la pauta salarial impuesta por el Ministerio de Economía, que exige que los aumentos no superen el 1% mensual, en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes de este año.

El último acuerdo salarial de la FTIA se firmó en septiembre pasado y consistió en incrementos acumulativos del 4% en septiembre, 3,4% en octubre, 3,1% en noviembre y 2,9% en diciembre.

Hasta ahora, en general, los sindicatos se alinearon con los topes oficiales. El último que firmó un convenio dentro de esos parámetros fue la Federación Nacional de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), encabezada por Héctor Daer, que la semana pasada cerró su paritaria para el trimestre febrero-abril con un 5,2% de aumento en tres tramos (1,9%, 1,7% y 1,6%), aunque la fórmula para que sea homologado por la Secretaría de Trabajo es que no incluye ninguna mejora en enero.

El anterior acuerdo salarial de FATSA no fue convalidado porque superaba los porcentajes aceptados por Economía, pero ahora Daer, cotitular de la CGT, llegó a un acuerdo avalado por Trabajo y se convirtió en un fuerte gesto de apoyo a la pauta salarial del Gobierno, luego de resistir las presiones oficiales para que reformulara el acuerdo anterior, que fue del 11,4% para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre). Debido a esas cifras, por encima del techo salarial del 1%, Trabajo se negó a homologarlo, aunque las empresas lo pagaron igual.

A diferencia del Sindicato de Gastronómicos, que finalmente aceptó replantear su paritaria del 16% por cuatro meses a una mejora del 7,6% que regirá por un semestre, Daer no quiso tocar el acuerdo del 11,4% firmado en noviembre pasado y que abarcaba de octubre a diciembre, aunque hizo una concesión: el acuerdo salarial firmado ahora no contempla una mejora en enero, con lo cual, en la práctica, esos puntos que superaban la pauta oficial quedan compensados en el total de 7 meses.

De todas formas, en el sector empresarial negaron a Infobae que la ausencia de aumento en enero haya sido un gesto hacia el Gobierno: “Es tradicional en nuestra actividad que ese mes no se otorgue un incremento porque se trata de un período de mayores costos y menores ingresos”.

El que comenzó la serie de paritarias “amigables” fue Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que accedió a bajar sus pretensiones salariales: arrancó reclamando un 15% para el período diciembre-febrero (5% para cada mes), iba a aceptar la última oferta empresarial del 8% y el 2 de enero terminó firmando por un módico 5,5% en tres tramos (2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero).

A los pocos días se sumó el incremento salarial moderado que consiguió la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), liderada por Víctor Santa María: consistió en una mejora del 3,3% en dos tramos del 1,8% y 1,5% para el bimestre enero y febrero, con números que no desentonaban con la pauta del Ministerio de Economía (el último aumento de sueldos firmado por este sindicato había sido un 3,5% en noviembre pasado).

A tono con esas paritarias, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los principales sindicatos industriales, cerró su acuerdo dentro de los límites que pretende el Gobierno: un aumento salarial del 12,3% en cinco tramos para el período noviembre-marzo, con revisión este último mes.

Los incrementos pactados con las cámaras del sector serán escalonados: en noviembre, 5,5%; en diciembre, 2%; en enero, 1,8%; en febrero, 1,5%, y en marzo, 1%. Así, el gremio que conduce Abel Furlán, identificado con el kirchnerismo, también se alineó con la pauta de Economía.

A principios de febrero, Luis Barrionuevo también dio una clara señal de alineamiento con la política salarial del Gobierno al aceptar la reformulación de la paritaria firmada por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) en diciembre pasado: era del 16% con vigencia de cuatro meses y se redujo a un aumento del 7,6% que regirá por un semestre. De esta forma, los incrementos que habían sido pactados por un 5% y 6% mensual bajarán del 2% en diciembre hasta llegar al 0,5% en mayo, cifras que se adaptan a las pautas fijadas por Economía para acompañar los niveles inflacionarios a la baja.

El último sindicato importante que se sumó a esta tendencia de las paritarias fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez, que el viernes pasado firmó un incremento del 4,3% para el período enero-marzo en tres tramos del 1,8%, 1,5% y 1%, más dos sumas fijas no remunerativas de $20.000 para febrero y marzo.

La CGT finaliza sus vacaciones de verano y prepara su primera reunión de 2025 para la semana próxima con una agenda concreta: rechazar “la paritaria del 0%” que supuestamente impulsa el Gobierno, oponerse a la firma de convenios por empresa y empezar a hablar de un plan de lucha en caso de que el Gobierno no flexibilice su política salarial, que incluye la no homologación de los aumentos que superen la pauta del 1% mensual.

Lo anticipó el cotitular cegetista Octavio Argüello, del Sindicato de Camioneros, al defender las negociaciones salariales libres, sin los topes que pretende el Ministerio de Economía: “En otro momento ya han hecho eso de congelar los salarios y eso no es bueno porque después tenemos los resultados finales, que son un desastre, pero nosotros vamos a seguir discutiendo paritarias. Si el Gobierno se opone -afirmó-, seguramente irá creciendo la conflictividad social”.

“Va a haber un plan de lucha, seguro. La semana que viene tenemos una reunión y ahí vamos a empezar a hablar”, aseguró el dirigente de Camioneros a Radio El Destape.

“La inflación no va a ser cero, así que la discusión salarial nunca puede ser cero”, destacó, luego de lo cual se quejó de que la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, no homologa los aumentos por encima de la pauta oficial: “Si los acuerdos no se homologan, no hay ley y las empresas no quieren pagar lo que se acuerda y si eso sucede va a ir creciendo la conflictividad social, ya hay gremios que están en conflicto porque no les homologan el acuerdo”, dijo.

En ese sentido, opinó: “Creo que hay que hacer un plan de lucha. Hasta ahora hay luchas en las negociaciones salariales, pero esto en el corto plazo termina con luchas en conjunto y para eso hay que hacer un plan de lucha. El conflicto por sí mismo no tiene mucho sentido, tiene que tener un objetivo. La última herramienta que tenemos es el conflicto”, planteó.

También cuestionó la decisión del Gobierno de incentivar los convenios por empresa y no por actividad, como quiere la CGT para que los sindicatos no pierdan poder con la negociación descentralizada. “Hasta ahora las discusiones paritarias eran libres, por gremios, y si el Gobierno toma otra determinación, tendremos que tomar otra determinación para discutir nuestros salarios. Si no tenemos respuesta -sostuvo-, tenemos que terminar en un conflicto, es la única forma que nos queda”.

Para Argüello, “venimos desde el año pasado discutiendo paritarias que ya no eran tan libres, sino que el Gobierno se entrometía, llevando a las partes a un acuerdo que después no homologaba, pero hasta ahora hemos logrado aumentos salariales razonables con la inflación”, ante lo cual advirtió: “No vamos a aceptar que se pierda poder adquisitivo, que ya bastante hemos perdido”.

La CGT mantiene una tregua con el Gobierno y espera ser convocada en febrero al diálogo tripartito junto con los empresarios del Grupo de los Seis, aunque algunos de sus líderes están molestos por la no homologación de sus últimos acuerdos salariales, como es el caso de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), que dirige Héctor Daer, cotitular de la CGT, que rubricó con las cámaras un 11,4% de aumento para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6%), que ya pagó en la mayoría de las clínicas, sanatorios, geriátricos, institutos médicos, servicios de internación domiciliaria y hospitales de colectividades, pero Cordero se niega a convalidar.

Lo mismo sucede con el incremento pactado entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA): firmado a fines de noviembre, contempla un aumento del 16% para el período noviembre-febrero en tres tramos (5%, 5% y 6%), números que superan el tope puesto por el Ministerio de Economía para acompañar la baja inflacionaria de este año.

El gremio de Barrionuevo estaría dispuesto a un gesto de buena voluntad convalidando que la revisión salarial, pactada para marzo, pase para mayo, con lo cual la vigencia del 16% de aumento se extendería de 4 a 5 meses, pero Trabajo insiste en que se reformulen los números pactados para adaptarlos a los topes definidos por el ministro Luis Caputo.

Hasta ahora, hay dirigentes de poderosos gremios como Hugo Moyano (Camioneros) y Abel Furlán (UOM) que terminaron cediendo sus reclamos salariales originales para alinearse con la pauta de Economía.

Por un lado, el Sindicato de Camioneros bajó sus pretensiones de un aumento del 15% para el trimestre diciembre-febrero a un 5,5% en tres tramos del 2,2%, 1,8% y 1,5%, mientras que algo similar sucedió con el gremio metalúrgico, que reclamaba una recomposición del 18,71% para el período noviembre-marzo y terminó firmando un incremento del 12,3% en cinco tramos del 5,5%, 2%,1,8%, 1,5, y 1%.

Ahora, de todas formas, Argüello, el reemplazante de Pablo Moyano en el triunvirato cegetista, acaba de confirmar el creciente malestar de los sindicalistas por la no homologación de los aumentos que superan el 1% mensual. En pocos días, cuando la central obrera concrete su primera reunión del año, quedará en claro hasta dónde llevará la CGT su rechazo a los ejes centrales de la política salarial del Gobierno.

¿Cómo convertir una paritaria que incluye un 16% de aumento en una que tenga un porcentaje menor? En todo caso, ¿cómo convencer al sindicato de rebajar la mejora salarial? Es el desafío del momento para el Gobierno, que no sólo trata de encarrilar los incrementos dentro de la pauta del 1% fijada por el Ministerio de Economía, sino que también presiona a gremialistas y empresarios para reformular convenios firmados bajo la amenaza de no homologarlos y así quitarles la obligatoriedad del pago a todos los trabajadores de una actividad.

El ejemplo que puede convertirse en un caso testigo es el acuerdo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que lidera Luis Barrionuevo, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA): firmado a fines de noviembre, contempla un aumento del 16% para el trimestre diciembre-febrero en tres tramos (5%, 5% y 6%), números que superan el tope puesto por Economía para acompañar la baja inflacionaria.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fortalecido luego de haber conseguido que el jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, accediera a bajar sus pretensiones salariales de un 15% a un 5,5% trimestral, apunta en estas horas a lograr que otros sindicalistas acepten renegociar acuerdos rubricados por porcentajes mayores al 1%.

En el caso de Gastronómicos, el gremio de Barrionuevo estaría dispuesto a un gesto de buena voluntad hacia Javier Milei convalidando que la revisión de la paritaria, pactada para marzo, pase para mayo, con lo cual la vigencia del 16% de aumento se extendería de 3 a 5 meses.

Para el Gobierno, sin embargo, no alcanza: también quiere que se renegocie a la baja la recomposición salarial, del 5% en diciembre, 5% en enero y 6% en febrero. Desde Mar del Plata, donde descansa tras haberse recuperado de un un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, Barrionuevo supervisa las tratativas de sus dirigentes con los funcionarios de Trabajo. Si no acepta, ya le advirtieron que el aumento no será homologado. Y si bien muchos establecimientos de la actividad hotelera y gastronómica lo pagarán igual, algunos podrían negarse a abonarlo.

Otra paritaria ya firmada y sin homologar es la de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), que encabeza Héctor Daer, cotitular de la CGT: pactó con las cámaras del sector un 11,4% de aumento salarial para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre), sobre los sueldos básicos vigentes a septiembre, que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero Trabajo se niega a convalidarlo porque no está en sintonía con la baja inflacionaria.

“Estamos viendo si se puede reformular”, admitió a Infobae una fuente oficial sobre el aumento de Sanidad, aunque Daer no quiere ninguna modificación para adaptar los números al esquema diseñado por Economía. En febrero, este sindicalista y los empresarios del sector deberán sentarse a negociar la revisión del aumento del 11,4%, pero con el condicionante del tope del 1% que fijó Economía.

Luego de la paritaria de Camioneros, el Gobierno celebró el martes pasado el aumento salarial logrado por la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), liderada por Víctor Santa María: consistió en una mejora del 3,3% en dos tramos del 1,8% y 1,5% para enero y febrero, con números a tono con la pauta de Economía.

El último incremento de los encargados de edificios había sido del 3,5% en noviembre pasado, por lo que la mejora de diciembre quedó en el aire ya que el 3,3% rige para enero y febrero, para tranquilidad de la Casa Rosada que buscaba evitar el impacto de esas cifras en las expensas. Según el sindicato, ahora se negoció un 20% más en concepto de aguinaldo.

Por otra parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lleva adelante la paritaria más complicada de este comienzo de 2025: el sindicato que encabeza Abel Furlán aún negocia con los empresarios un aumento para el bimestre noviembre-diciembre y el primer trimestre del año. El reclamo original fue de una mejora del 18,71% para el período noviembre-marzo, más un bono de 300 mil pesos. Cuando ambas partes parecían acercar posiciones, Trabajo frenó el acuerdo porque no se ajustaba al tope oficial.

Sin embargo, la pauta salarial del ministro Luis Caputo expondrá a los sindicalistas a un dilema aún más complejo: Economía toleró pequeñas “desviaciones” del tope, como sucedió con Camioneros, pero desde marzo no se convalidará ningún aumento por encima del 1% mensual.

Pero el Gobierno incluso imagina que en 2025, con una inflación consolidada alrededor del 1% por mes, las negociaciones salariales deberán tener un perfil distinto. Más que una recomposición por el costo de vida, que perdería peso específico por su baja, la Secretaría de Trabajo estimulará a sindicalistas y empresarios a discutir eventuales mejoras en función del aumento de la productividad.

Eso significa, en realidad, aceptar la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo e incluso, como prevén en el entorno de Cordero, incentivar la firma de convenios por empresa y no por actividad, como es lo más común. “La normativa de hoy dice que los convenios de empresa son aplicables y serán vigentes en la medida que mejoren las condiciones de los convenios”, destacó un funcionario de la Secretaría de Trabajo al referirse a lo contemplado en la Ley 14.250.

Para el sindicalismo, los convenios de empresa son mala palabra porque, en la práctica, la descentralización les quita poder de negociación y le da más fuerza a los delegados, aunque la ley obliga a que “la representación esté a cargo del sindicato cuya personería gremial los comprenda”.

En la visión de Trabajo, en la medida en que se mantenga la baja inflación se necesitará descentralizar las paritarias para adaptar las negociaciones a las necesidades y posibilidades de cada empresa, e incluso regionalizar la discusión, ya que no todo el país tiene la misma realidad económica.

“Si alguien pretende un aumento en una economía estable habría que revisar el convenio para discutir la forma de trabajo -sostuvo el funcionario laboral-. No se puede aspirar a un incremento general si en toda la actividad algunos no lo pueden pagar y se pone en riesgo la subsistencia de la empresa. Eso sucedió en los años 90, cuando los gremios siguieron apretando por los salarios, afectó las fuentes de trabajo y empezaron a cerrar empresas. Eso es lo que no queremos que pase. Todos los argentinos aprendimos de esta etapa y los gremios también”.

Así como la Secretaría de Trabajo homologa rápidamente las paritarias que se adaptan a la pauta salarial del Ministerio de Economía, se resiste a convalidar las que no están a tono con la consigna oficial de “cuidar el salario acompañando la baja inflacionaria” y propone reformular los aumentos acordados. Traducido a números, el lema del Gobierno es claro: “En marzo, ningún aumento por encima del 1%”.

El modelo ideal de acuerdo salarial para la Casa Rosada es el que se ajusta al 1% como tope o se pasa de esa cifra por pocos puntos y que contempla el compromiso empresarial de no trasladar el porcentaje acordado a los precios. Pero, más que nunca, cada negociación de sindicalistas y empresarios termina siendo una tarea casi artesanal de los funcionarios conducidos por Julio Cordero para acomodar los números a la expectativa del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por eso el Gobierno celebró el final feliz de la paritaria del Sindicato de Camioneros, que arrancó reclamando un 15% para el período diciembre-febrero (5% para cada mes), estaba dispuesto a aceptar la última oferta empresarial del 8% y terminó firmando por un módico 5,5% en tres tramos (2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero).

Fue todo un gesto de buena voluntad de Hugo Moyano hacia la política salarial de la administración libertaria, pero también hubo un guiño a las pymes del sector para no asfixiarlas económicamente: Camioneros aceptó “evaluar” los pedidos de las empresas que no puedan pagar el bono de $600 mil en cuatro cuotas que incluye el acuerdo y “requieran de una adecuación de la modalidad de pago”.

Lo que no resigna el sindicato de Moyano es el aporte extraordinario para la obra social de $16 mil por trabajador, otro ítem acordado con los empresarios para tratar de cubrir los constantes números en rojo de la entidad que brinda prestaciones médicas a los trabajadores y sus familias.

A la paritaria de Camioneros, como anticipó Infobae, se sumó este martes el aumento salarial logrado por la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), liderada por Víctor Santa María: consistió en una mejora del 3,3% en dos tramos del 1,8% y 1,5% para el bimestre enero y febrero, con números que no desentonan con la pauta del Ministerio de Economía (el último incremento de sueldos firmado por este sindicato había sido un 3,5% en noviembre pasado).

La propia FATERyH destacó que se llegó a un acuerdo que “procura recuperar el salario de los trabajadores y trabajadoras de edificio en un complejo momento del país, mientras se acompaña la baja de la inflación y la estabilidad de los ingresos”. Otro guiño sindical al Gobierno.

Pero, más allá de estos casos, hay sindicatos con paritarias firmadas que la Secretaría de Trabajo no quiere homologar y otros que están negociando sus aumentos salariales, pero tienen sus tratativas empantanadas, en ambos casos por la negativa gubernamental a avalar incrementos superiores al 1%.

Entre los acuerdos cerrados sin homologar se encuentra el de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), que encabeza Héctor Daer, cotitular de la CGT: firmó con las cámaras un 11,4% de aumento salarial para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre), sobre los sueldos básicos vigentes a septiembre, que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero Trabajo se niega a convalidarlo porque no está en sintonía con la baja inflacionaria.

“Estamos viendo si se puede reformular”, admitió a Infobae una fuente oficial sobre el aumento de Sanidad, aunque Daer no quiere ninguna modificación para adaptar los números al esquema diseñado por Economía. En febrero, este sindicalista y los empresarios del sector deberán sentarse a negociar la revisión del aumento del 11,4%, pero con el condicionante del tope del 1% que fijó Economía.

De la misma forma, la Secretaría de Trabajo puso en la mira la paritaria de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que dirige Luis Barrionuevo, porque firmó con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) un aumento del 16% para el trimestre diciembre-febrero en tres tramos (5%, 5% y 6%), con cifras que superan los límites del techo salarial impuesto por el Ministerio de Economía.

Otro convenio de Gastronómicos tampoco conforma al Gobierno: es el que alcanza a los comedores públicos y privados, negociado con las cámaras CACYR y CAECSAL, que consiste en un aumento del 16% en cuatro tramos: 4% en noviembre, 4% en diciembre, 4% en enero y 4% en febrero.

Por otra parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lleva adelante la paritaria más complicada de este comienzo de 2025: el sindicato que encabeza Abel Furlán aún negocia con los empresarios un aumento para el bimestre noviembre-diciembre y el primer trimestre del año. El reclamo original fue de una mejora del 18,71% para el período noviembre-marzo, más un bono de 300 mil pesos. Cuando ambas partes parecían acercar posiciones, Trabajo frenó el acuerdo porque no se ajustaba al tope oficial.

Por eso el secretario de Prensa del sindicato, Rubén Urbano, acusó a la Secretaría de Trabajo por levantar “la bandera de una falsa libertad” y “no permitir la libre discusión salarial”, mientras Furlán responsabilizó al Gobierno de haber instalado “un claro proceso de desindustrialización” en el que “uno de cada 5 puestos de trabajo que se perdieron en 2024 fueron metalúrgicos”.

Mientras, la UOM tendrá ese jueves una audiencia con los empresarios del sector siderúrgico para discutir una recomposición salarial que viene postergada desde septiembre pasado. El gremio pidió hasta ahora un aumento del 4% para julio y agosto y el 3% para septiembre y octubre, mientras que el sector empleador se mantuvo firme en una propuesta de un incremento del 2% mensual.

Para el Gobierno, esta paritaria se trabó “más por un tema político que netamente salarial”, en alusión al hecho de que Furlán está alineado con el kirchnerismo y es un ultraopositor de Javier Milei. Es otro sindicato cuya paritaria será decisiva para medir la vigencia del tope salarial del 1%.

Pero este mes, además, habrá otras negociaciones salariales que también pueden complicarse por los límites impuestos por Economía. Una será la que mantendrá la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), que lidera Héctor Morcillo, que se reunirá con los empresarios para una revisión del aumento del 14,08% para el período septiembre-diciembre de 2024, con una mejora escalonada: 4% en septiembre, 3,4% en octubre, 3,1% en noviembre y 2,9% en diciembre.

Otra paritaria firmada en los primeros días de 2025 es celebrada en estas horas como un triunfo por el Gobierno. Es que la Federación de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), liderada por Víctor Santa María, cerró un acuerdo salarial para el bimestre enero y febrero del 3,3% en dos tramos del 1,8% y 1,5%, que está en sintonía con la pauta del Ministerio de Economía.

“Con este nuevo incremento, la FATERyH procura recuperar el salario de los trabajadores y trabajadoras de edificio en un complejo momento del país, mientras se acompaña la baja de la inflación y la estabilidad de los ingresos”, destacó el sindicato en un comunicado.

En la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, también enfatizaron que este acuerdo “cuida el salario acompañando la baja inflacionaria” y “sigue la tendencia estabilizadora” que marcó el Sindicato de Camioneros con su paritaria, firmada la semana pasada, que consistió en un incremento 5,5% para el trimestre diciembre-febrero en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%).

El convenio que pactó Hugo Moyano con las cámaras estuvo por debajo del 8% trimestral (3%, 2,5% y 2,5%) que habían propuesto los empresarios como última oferta y que el Gobierno se resistía a homologar porque superaba las estimaciones inflacionarias del 1% por mes previstas para 2025. Y finalmente también fue mucho menor al 15% trimestral que reclamó el sindicato inicialmente.

Ahora, el gremio que dirige Santa María alcanzó un acuerdo considerado razonable por los funcionarios libertarios para enero y febrero, en una señal de apoyo a la política salarial que impulsa el Ministerio de Economía. El último aumento de FATERyH fue del 3,5% en noviembre.

Para el Gobierno, se trata de una paritaria clave porque el porcentaje de aumento tendrá una incidencia baja en el valor de las expensas y por eso hubo negociaciones para que la cifra final no estuviera muy por encima de la pauta del 1% mensual. “De esta forma se marca una tendencia de estabilización que suma mucho en este momento”, resaltaron en el entorno de Cordero.

En el sindicato de encargados de edificios informaron que el incremento impactará en las expensas en aproximadamente un 0,63 por el sueldo en enero y un 0,52 en febrero, pero aclararon que dependerá de cuánto aumenten los servicios, los honorarios del administrador o los seguros.

El acuerdo de Santa María y las cámaras del sector establece un incremento salarial en dos tramos según el siguiente detalle: 1,8% para el mes de enero 2025, calculado sobre el básico de diciembre, y 1,5% para el mes de febrero 2025, calculado sobre el básico de enero. Además, según trascendió, el convenio firmado por ambas partes fija un 20% más en concepto de aguinaldo.

Santa María, alineado con el sindicalismo kirchnerista, firmó en abril pasado un aumento salarial del 45% que no se homologaba porque estaba por encima del techo que imponía el ministro de Economía, Luis Caputo, pero el dirigente accedió a pactar incrementos menores, del 10% para marzo y 4% para abril que estaban en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes.

La cifra acordada ahora por la FATERyH se suma a otras mejoras aceptadas por el Gobierno, como sucedió con el Sindicato de Camioneros y, a fines de noviembre pasado, con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, que cerró con las cámaras un incremento del 5% para noviembre y diciembre, en dos tramos no acumulativos del 2,5% a partir de noviembre 2024 y 2,5% a partir de diciembre 2024.

En el caso de Camioneros, fue crucial la intervención de Cordero, que procuró que Economía convalidara el acuerdo del 5,5% y también la buena voluntad de Moyano, que accedió a bajar sus pretensiones iniciales del 15% de aumento para acompañar la política salarial del Gobierno.

El secretario de Trabajo también habló con Santa María y los empresarios del sector para encarrilar las paritarias de los encargados de edificios dentro de la pauta establecida por Economía.

La intransigencia de Economía en avalar aumentos superiores al 1% para que acompañen la baja inflacionaria complica algunas paritarias que se están negociando e incluso otras que ya se firmaron, como el caso de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

El sindicato que encabeza Héctor Daer, cotitular de la CGT, firmó con las cámaras un 11,4% de aumento salarial para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre), sobre los sueldos básicos vigentes a septiembre. que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero Trabajo se niega a homologarlo porque no está en sintonía con la baja inflacionaria.

¿Dónde está Pablo Moyano? ¿Qué está haciendo luego de su renuncia a la CGT? Ni algunos de sus dirigentes más cercanos tienen las respuestas: “Hace rato que no hablo con él y no me contesta los mensajes”, confesó a Infobae un sindicalista que hasta hace poco era uno de sus aliados.

Desde el 22 de noviembre, cuando anunció que dejaba la CGT en desacuerdo con la decisión de los dialoguistas de negociar con el Gobierno y no hacer nuevas protestas, el hijo mayor de Hugo Moyano tuvo un par de apariciones públicas en las que criticó con dureza a sus rivales cegetistas: “No se dan cuenta de que cumplieron un ciclo”, señaló.

“Por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal”, dijo Pablo Moyano en un video que se publicó en las redes sociales de Camioneros.

Fueron sus últimas declaraciones, efectuadas poco después de las tumultuosas asambleas en algunas empresas de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires en las que los trabajadores protestaron, entre gritos e insultos, por el acuerdo entre el sindicato y el gobierno de Jorge Macri por el cual no se pagarán indemnizaciones a los 6.000 empleados de la actividad.

En los videos de esas asambleas, que corresponden a lo sucedido en la empresa Cliba, hubo ataques verbales contra Pablo Moyano (“Pablito traidor”, dice un trabajador mirando a la cámara) por haber prometido públicamente, cinco meses atrás, que “en octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”.

Tras su última aparición, el ex cotitular de la CGT decidió aislarse. No llamó a sus allegados ni respondió sus mensajes. Incluso dejó de ir a la sede del sindicato, manejado por su papá Hugo, que no avaló su postura de impulsar un paro general o una movilización contra el gobierno de Javier Milei. En su entorno, acostumbrado a esas desconexiones totales cuando atraviesa alguna crisis, sólo destacan que en estos días Pablo Moyano está ocupado casi exclusivamente a su tarea de presidente del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, que este año jugará en Primera C y en donde figuran sus hijos Facundo (25 años, delantero y capitán del equipo) y Nicolás (21 años, mediocampista).

En la cuenta de X del club hay una publicación del 4 de enero en la que el dirigente posa para la foto con Thiago Almada, jugador de la Selección Argentina que ganó el último Mundial y que hoy juega en Botafogo, de Brasil: “El Presidente de Camioneros, Pablo Moyano recibió al volante Thiago Almada (campeón del mundo) en una charla informal abarcando distintos temas futboleros. Una linda oportunidad para que el ex Vélez y Botafogo conozca el rol social de la institución”.

Unos días antes, el 31 de diciembre, Pablo Moyano publicó dos videos con saludos de fin de año para deportistas y directivos del club, y uno de ellos termina con un vaticinio: “El año que viene vamos a ser protagonistas en todas las actividades”. No hablaba de sindicalismo ni de política, sino de las actividades de las que participa el Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Se lo nota tan compenetrado en su papel de presidente de la institución que aparece con un look futbolero: ya no usa su remera negra con la foto de Eva Perón sino otra con la cara de Diego Maradona.

¿El fútbol le dará el reconocimiento que no tuvo en su tarea sindical? Por lo pronto, en la CGT terminó haciendo una jugada individual, sin concepto de equipo. Quizá por eso su alejamiento de la central obrera no ocasionó una ola de alejamientos de sus dirigentes más cercanos. Algunos tenían escrita su renuncia en solidaridad con su decisión extrema, pero finalmente no se fueron. Sobre todo por la decisión de Hugo Moyano de que el Sindicato de Camioneros ratificara su lugar en la CGT. Por lo visto, nadie quiso enemistarse con el líder sindical y finalmente Pablo Moyano se quedó solo.

El propio Hugo Moyano decidió volver a la CGT como miembro de la mesa chica, mientras designó a uno de sus dirigentes de confianza, Octavio Argüello, como integrante del triunvirato de conducción. Pablo, atrincherado en el club Camioneros, está cada vez más distanciado de su padre, que cerró en octubre el acuerdo con Jorge Macri, en el que resignó el reclamo de indemnizaciones previsto en la famosa “Ley Moyano”, y hace cinco días firmó una paritaria en sintonía con los topes salariales del Gobierno. Dos decisiones del líder del sindicato que su hijo mayor seguramente no comparte.

De todas formas, siguen circulando fuertes versiones que lo dan a Pablo Moyano como posible candidato a diputado nacional del PJ por la provincia de Buenos Aires, impulsado por la presidenta del partido, Cristina Kirchner, y su hijo Máximo. Una de las señales que dio el propio dirigente surgieron de una entrevista que le dio a fines de noviembre al programa “Conciencia Negra”, en el canal de streaming peronista Eva TV. Allí, dijo que “cada vez que hay elecciones, el movimiento obrero pone todo (...) y después dos o tres cráneos son los que arman la lista de dirigentes”.

“Fijate lo que pasó en el Congreso -enfatizó-. Los que terminaron traicionando a los trabajadores fueron diputados del peronismo: diputados de Córdoba, de Catamarca, de Salta, de Misiones. Y eso pasa porque no se aseguraron que más dirigentes gremiales, compañeros y compañeras, estén en el Congreso. Más allá de las diferencias que puedan tener, los dirigentes no van a traicionar a los laburantes. Esa es la bronca que hay en gran parte del movimiento obrero. También tenemos dentro de la grieta distintas versiones de la CTA, la CGT partida, el quilombo del peronismo, que ahora parece se está arreglando, con una interna que fue al pedo. Pero bueno, creo que la próxima etapa es que haya más dirigentes, trabajadores y trabajadoras en el Congreso para que no pase esto”.

¿Se estaba incluyendo como protagonista de esa etapa de más dirigentes gremiales como legisladores? Es una posibilidad. Mientras tanto, probablemente espere que se rompa la tregua de la CGT con el Gobierno para que se reivindique su postura ultraopositora y se dedica al fútbol, una actividad en la que no le fue nada bien cuando presidió con su padre el club Independiente. “Vamos a armar un equipo para pelear arriba”, aseguró el 2 de enero al diario del club que preside. Obviamente, no se refería al equipo para conducir la CGT ni al Sindicato de Camioneros.

Los bloqueos sindicales contra las empresas cayeron en picada desde 2021. Ese año se alcanzó el récord de unas 75 protestas de ese tipo en todo el país, que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento de los gremialistas. En 2023 los bloqueos se redujeron a 12 y en 2024 sólo se produjeron 8, aunque en un año aumentaron de 35 a 54 las consultas de empresarios con conflictos laborales que pidieron ayuda para saber cómo debían actuar ante esas medidas.

Los números, que surgen de las estadísticas del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), son muy impactantes porque hace poco más de 3 años el Sindicato de Camioneros, en particular, y otras organizaciones gremiales habían puesto de moda la modalidad de bloquear a las pymes para efectuar distintos reclamos impidiendo el acceso y la salida de vehículos y personas de los depósitos y establecimientos, muchas veces con violencia, insultos, intimidaciones y agresiones físicas y, para colmo, en medio de la pasividad, la tolerancia e incluso la complicidad de funcionarios gubernamentales, efectivos policiales, fiscales y jueces.

¿Qué fue lo que pasó? Se acumularon diversos factores que explican esta caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

Secundada por la abogada penalista Florencia Arietto, que diseñó la estrategia jurídica, Razzini (actual diputada nacional del PRO) logró agrupar a dueños de pymes que eran víctimas de los bloqueos para asesorar a otros colegas a los que les pasaba lo mismo. El MEAB surgió con 18 pymes y en un año ya llegaban a 122 y a los dos años, a 259. Hoy, presidido por Juan Méndez, sumó a distintas cámaras para representar a unas 1900 empresas y su tarea fue determinante para los últimos cambios legislativos sobre el tema y medidas oficiales como el protocolo antibloqueos del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.

La contraofensiva del MEAB al denunciar sistemáticamente los bloqueos ante la Justicia, además, fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma. Luego del pico de bloqueos que se registró en 2021, los casos se redujeron de manera drástica en 2022: pasaron de 75 a 53 los bloqueos realizados por 18 gremios que se desempeñaban en 24 actividades distintas en 11 provincias. Pero el dato novedoso es que en ese año aumentó la cantidad de empresas que se animaron a presentar una denuncia penal contra los responsables de los bloqueos, algo que, sumado a la acción rápida de algunos jueces y fiscales en todo el país, llevó a que muchos sindicatos no concretaran o no mantuvieran este tipo de protestas.

De los 53 bloqueos registrados por el MEAB hace tres años, 19 fueron protagonizados por el Sindicato de Camioneros. Y gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 ya había 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iría a juicio en unas 30 protestas extorsivas.

De ese grupo de sindicalistas que quedó en la mira de la Justicia, los dos principales que siguen detenidos con prisión domiciliaria son el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola, que esperan el juicio oral y público por estar procesados en la causa por un bloqueo contra Distribuidora Rey, en 2021.

Pero las presentaciones judiciales de Arietto, con el sello del MEAB, también lograron otros fallos que involucraron a importantes jefes sindicales. Por un lado, en noviembre pasado, el cotitular de la CGT Carlos Acuña fue procesado y embargado por 8 millones de pesos por un bloqueo realizado en octubre de 2021 a una estación de servicio ubicada en la avenida Jujuy y México. Por otro, en diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó para el 5 y 12 de junio de este año las audiencias en el juicio contra Omar Pérez, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros 4 representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020, acusados de extorsión en grado de tentativa.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por ejemplo, criticó en duros términos el bloqueo del sindicato de estaciones de servicio, liderado por Acuña: “Ningún derecho (por el de huelga) puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara su uso excesivo”. La Cámara recordó que la Corte Suprema había considerado que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importen extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.

La sucesión de fallos judiciales que equipararon a los bloqueos con un delito contribuyó de manera decisiva para que los sindicalistas terminaran replanteando su forma de protestar contra las empresas para que los trabajadores y los activistas no fueran castigados por la Justicia.

Luego de la asunción presidencial de Javier Milei, la lucha contra los bloqueos tuvo respaldo oficial. Mientras Razzini se constituyó en la voz del MEAB en la Cámara de Diputados, con proyectos de ley que proponían agravar las penas a quienes bloquean empresas, el DNU 70 contemplaba que esa modalidad de protestas será reprimida con 3 a 6 años de prisión y las consideraba una “grave injuria laboral” que habilitaba a despedir con causa a quienes las llevaran adelante.

Con el decreto de necesidad y urgencia frenado en la Justicia por una presentación de la CGT, y para poder sancionar la Ley Bases en el Congreso, el Gobierno aceptó aliviar las penas contra los responsables de los bloqueos porque en el DNU 70 decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y luego, en el último borrador de la reforma laboral, se redujo de 6 meses a 3 años de prisión, e incluso desapareció otro artículo que consideraba “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.

Sin embargo, luego de que los senadores de la UCR lo incluyeron, quedó en la ley el artículo que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones de protesta.

En rechazo a ese punto, la CGT le dio un portazo al Gobierno en su primera convocatoria al diálogo tripartito. Tras anunciar que no irían a una reunión citada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el cotitular cegetista Héctor Daer criticó el artículo anti-bloqueos al calificarlo de “limitante absoluta, muy mal escrito, muy mal hecho, aparte de lo nocivo que es”.

A partir de ese momento de virtual ruptura, el clima entre el Gobierno y la CGT fue mejorando, sobre todo, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, les prometió a los sindicalistas que iban a participar de la reglamentación de la reforma laboral, incluido el artículo sobre los bloqueos. Pero el decreto reglamentario al final se dictó sin abordar ese punto, como una forma de no irritar al sindicalismo, y Cordero ofreció consensuar la reglamentación del polémico artículo en una comisión técnica tripartita, que nunca se constituyó.

En medio de los tironeos entre la Casa Rosada y la CGT, en noviembre se vencieron los plazos legales para reglamentar el artículo, en una derrota tajante para una dirigencia gremial que había tomado ese punto como ariete de su ofensiva contra el oficialismo. Así, quedó en firme lo que no quería la CGT: que los bloqueos sindicales habilitaran la posibilidad del despido con causa de sus promotores.

Estas marchas y contramarchas terminaron siendo cruciales para frenar la realización de los bloqueos: los sindicalistas, que ya sufrían la ola de fallos judiciales contrarios, fueron renuentes a utilizar una acción de protesta que deja a trabajadores y activistas al borde del despido.

Con su reducción de 75 a 8 casos entre 2021 y 2024, los bloqueos no son lo que eran en su triste apogeo también porque dio un paso al costado uno de sus principales promotores, Pablo Moyano, que renunció a la CGT y fue desactivado por Hugo Moyano, su papá y líder de Camioneros. ¿Empezará una nueva era sindical en materia de protestas? La respuesta es difícil de contestar. Pero es mucho más fácil concluir que la resistencia organizada de las pymes, los fallos de los jueces y los límites legislativos están permitiendo que los bloqueos contra las empresas hayan quedado, por fin, más cerca de su extinción definitiva.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal fijó para el 5 y 12 de junio de este año las audiencias en el juicio contra Omar Pérez, un dirigente de confianza de Hugo Moyano, y otros 4 representantes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020, acusados del delito de extorsión en grado de tentativa.

De esta forma, este nuevo año tendrá una instancia decisiva para el enjuiciamiento de sindicalistas importantes de la estructura moyanista por bloquear empresas, cuya eventual condena podría sumarse a la de dos dirigentes de Camioneros de la Seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que siguen detenidos con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral y público por estar procesados en la causa por un bloqueo contra la pyme Distribuidora Rey, en 2021.

Omar Pérez es secretario de Políticas de Transporte del Sindicato de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), e incluso su nombre sonó como uno de los candidatos a ir al triunvirato de la CGT en reemplazo de Pablo Moyano, mientras que otro dirigente que irá a juicio en esta causa es Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, junto con Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

Los cinco están acusados por el bloqueo contra el depósito de Villa Soldati de aquella empresa de Trenque Lauquen, llevado adelante por unos 15 representantes gremiales para reclamar una supuesta deuda con el Sindicato de Camioneros de la que, según la Justicia, “no surgieron elementos que permitan justificar la legitimidad”. Todos estaban procesados por coacción, en un fallo de noviembre de 2021 confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, pero el juez Fernando Caunedo decidió en agosto de 2022 elevar a juicio a los acusados por un delito más grave: extorsión en grado de tentativa.

Florencia Arietto, abogada de la empresa, dijo a Infobae que es “muy importante que nos hayan notificado la fecha de juicio porque desde hace dos años que estamos solicitando al tribunal que defina la audiencia y suponemos que el sindicato debe haber presionado a un montón de funcionarios que le deben favores para que no se lleve adelante”.

Arietto pidió al tribunal que las audiencias sean públicas y se transmitan en vivo y en directo “para que el pueblo argentino conozca lo que vive una pyme argentina con la mafia sindical enfrente y para que los propios trabajadores, que son extorsionados y apretados por los sindicatos, se den cuenta lo que los sindicatos hacen en su nombre, que no es cuidarle ni los derechos ni la fuente de trabajo, sino sacarle plata a una pyme o mantenerla bloqueada para su propio beneficio”.

La abogada incluyó a Hugo Moyano como autor mediato de los delitos denunciados y pidió su indagatoria por considerar que existe una estructura de poder en la cual hay una sola cabeza que emite las órdenes, pero el juez no avanzó en ese punto y sí en el resto de las imputaciones.

Sin embargo, Arietto advirtió que, después del juicio por el bloqueo contra Andar Transportadora, buscará “iniciar una segunda etapa contra Hugo Moyano, responsabilizándolo como autor mediato”, de la misma forma que lo hizo en la causa contra Carlos Acuña, titular del sindicato de estaciones de servicio y cotitular de la CGT, que en noviembre pasado fue procesado y embargado por 8 millones de pesos por un bloqueo realizado a una estación de servicio en octubre de 2021.

El pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación por el bloqueo contra Andar Transportadora fue efectuado en 2022 por el fiscal Ignacio Mahiques, en cuya presentación ante el juez consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”. Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Alejandro Castell (el dueño de la empresa) la entrega del dinero”.

Castell es el propietario de Andar Transportadora, una pyme familiar dedicada desde 2001 al transporte de cargas y cuya abogada es Florencia Arietto, una experta en combatir los bloqueos sindicales. Ambos forman parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que presidía Verónica Razzini, actual diputada nacional, y que hoy lidera Juan Méndez.

Para Mahiques, al considerar ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no hay constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los imputados fueron coautores del delito de extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años. “Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.

Recordó, en ese sentido, que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”. En este sentido, dijo que el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que “el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”, advierte que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y que tal se considera al que “contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”.

El fiscal consideró que “los imputados carecían de toda autoridad para reclamar directamente a la empresa del denunciante que incumplía la normativa legal en perjuicio del sindicato”, ya que, como había afirmado el juez Caunedo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad para determinar si no se cumplía el convenio laboral. “Es decir -sostiene Mahiques-, el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.

Castell contó a Infobae que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado Andar Transportadora, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes, ante lo cual, para evitar un conflicto, entregó 10 cheques a la orden del gremio y de su mutual.

Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que les sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

Según el dueño de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la envió por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas 10 personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.

Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar el sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar por allí el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Arietto

Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.

En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.

En un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores.

Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.

El fiscal Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y que llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, el fiscal pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.

De esa forma, el 16 de noviembre de 2021, el juez Fernando Caunedo procesó a los 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros y embargó sus bienes por 300 mil pesos cada uno por considerarlos coautores del delito de coacción contra la empresa Andar. Un mes después, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena dispuesta por el magistrado y advirtió que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente”. Y en agosto de 2022 Caunedo decidió elevar a juicio a los acusados por un delito más grave, extorsión en grado de tentativa.

En su pedido de elevación a juicio, Mahiques aseguró que “la prueba reunida permite sostener, con el grado de probabilidad que exige el ordenamiento procesal para que la causa pase a la próxima etapa, que el “relevamiento” que los imputados dijeron haber llevado a cabo en el depósito del denunciante “pacíficamente” se trató verdaderamente de un violento bloqueo que no poseía otra finalidad que forzar a la empresa a que saldara la presunta deuda”.

Sobre el papel desempeñado por Pérez, el fiscal sostuvo que “la reunión que Castell mantuvo con él en sede del sindicato configura un supuesto concertado de la continuidad de la coacción desplegada por sus coimputados en la puerta del depósito, máxime cuando, de manera que no puede más que interpretarse como intimidatoria, le hizo saber que contaba con la posibilidad de cruzar información con los organismos públicos de recaudación fiscal”.

La paritaria del Sindicato de Camioneros está encaminada y podría firmarse la semana próxima. “Hay avances”, admitió a Infobae una de las partes que está negociando de manera extraoficial en los últimos días. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se involucró en las tratativas para garantizar que pueda alcanzarse un acuerdo satisfactorio para todos, aunque por ahora no hay nada cerrado.

Las tratativas se empantanaron ante la negativa del Gobierno a homologar la última oferta salarial efectuada por las cámaras empresariales para el trimestre diciembre-febrero, del 8% en tres tramos mensuales (3%, 2,5% y 2,5%), más un bono de $600 mil y un aporte extraordinario para la obra social. En el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, no avalan incrementos superiores al 1% mensual para los primeros meses de 2025 y esa exigencia está trabando otros acuerdos.

Se trata de una negociación salarial decisiva porque involucra a un sindicato poderoso, pero, sobre todo, porque de su resultado final dependerá también el acuerdo del Gobierno y la CGT, cuyos líderes dialoguistas operaron de manera reservada entre los funcionarios libertarios para que se flexibilice la pauta del Ministerio de Economía.

La última audiencia de sindicalistas y empresarios en la Secretaría de Trabajo se realizó el 19 de diciembre pasado. Fue tensa y breve ante la insistencia de los funcionarios laborales en convalidar un aumento superior al 1% mensual para los primeros meses de 2025.

Por eso el gremio que lidera Hugo Moyano dispuso comenzar “medidas de acción directa” que, en realidad, sólo consistieron en asambleas informativas en los lugares de trabajo. A la mañana siguiente, Trabajo declaró la conciliación obligatoria y desde entonces no hubo audiencias oficiales, pero sí negociaciones reservadas.

Ambas partes deben negociar durante 15 días desde que se dictó esa medida, el 20 de diciembre. Es decir, tienen tiempo hasta el 3 de enero, y el plazo puede prorrogarse 5 días más. Luego, si no se llega a un acuerdo, puede estallar un conflicto impredecible.

Para el Gobierno, no sólo es importante que las paritarias de comienzos de 2025 no estén por encima de las previsiones inflacionarias sino que las cifras pactadas no sean trasladadas a precios. Ese sería el problema que traba el acuerdo en el caso de Camioneros y por eso los funcionarios, con Cordero a la cabeza, están concentrando sus esfuerzos en que las cámaras se comprometan a ese objetivo.

En estas horas, la principal ayuda del Gobierno al líder de Camioneros proviene de Julio Cordero, que ya lo había auxiliado en abril pasado cuando la homologación de su aumento del 45% para marzo y abril estaba frenada porque superaba la pauta oficial y le aconsejó reacomodar los números de una forma que pudieran ser aprobados por Economía. Al final, al bolsillo de los trabajadores fue el mismo 45% pactado inicialmente gracias a dos sumas fijas que dieron las cámaras y Luis Caputo quedó contento porque la vigencia del convenio se extendió dos meses más, hasta junio, pero en mayo no hubo ningún incremento.

La intransigencia de Economía en avalar aumentos superiores al 1% para que acompañen la baja inflacionaria complica algunas paritarias que se están negociando e incluso otras que ya se firmaron, como el caso de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

El sindicato que encabeza Héctor Daer, cotitular de la CGT, firmó con las cámaras un 11,4% de aumento salarial para el período octubre-diciembre en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6% diciembre), sobre los sueldos básicos vigentes a septiembre. que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero Trabajo se niega a homologar porque no está en sintonía con la baja inflacionaria de los últimos meses del año.

Desde el Gobierno intentan que se reformule el acuerdo para que esté a tono con los números que quiere Economía, mientras sindicalistas y empresarios comenzarán el año 2025 con las primeras reuniones para analizar una mejora en concepto de revisión salarial por inflación. Será otro desafío en medio de la pauta descendente que busca implantar Luis Caputo en las paritarias que vienen.

El Gobierno redobló sus esfuerzos para tratar de que los aumentos salariales del primer bimestre de 2025 acompañen la baja inflacionaria prevista. “Nada por encima del 1%” es la consigna del Ministerio de Economía, con el fantasma de la no homologación de los acuerdos como telón de fondo. La pauta salarial de Luis Caputo mantiene trabadas las negociaciones del Sindicato de Camioneros para el trimestre diciembre-febrero y dejó sin homologar el incremento del 11,4% firmado por la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) para el período octubre-diciembre, que se pagó igual en la mayoría de las empresas, pero ahora buscan reformular.

De todas formas, la pauta oficial se cruza con otra directiva que respeta a rajatabla el secretario de Trabajo, Julio Cordero: que los aumentos pactados en las paritarias no se trasladen a los precios. “Con Camioneros el tema es que las cámaras tienen que tomar conciencia de que se deben cuidar los precios y por eso se pide tanta responsabilidad”, dijo a Infobae una fuente gubernamental.

La última oferta empresarial al gremio de Hugo Moyano consistió en un aumento del 8% para el trimestre diciembre-febrero en tres tramos (3%, 2,5% y 2,5%), más un bono de $600 mil y un aporte extraordinario para la obra social. Ahora, bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, Trabajo mantiene conversaciones informales con las cámaras para adaptar la propuesta a la pauta oficial.

El otro caso que preocupa a la CGT es el de FATSA, que lidera Héctor Daer. En octubre firmó con los empresarios un aumento del 11,4% en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6%) sobre los sueldos básicos vigentes a septiembre y los trabajadores ya comenzaron a cobrarlo en la mayoría de las empresas del sector, pero Trabajo no homologó el acuerdo: “Estamos viendo si se puede reformular”, admitió la fuente oficial. “Hay que analizar las negociaciones una por una, por el cuidado del orden público y el interés general -agregó el funcionario consultado-. Lo más importante es romper la inercia de aumento y traslado a precios porque no le sirve a los trabajadores”.

Otros aumentos recientes fueron, entre otros, los de Comercio (un 5% en dos tramos de 2,5% para noviembre y diciembre), SMATA (12,88% para el período octubre-diciembre), Alimentación (14,08% para octubre-diciembre en tres cuotas de 3,4%, 3,1% y 2,9%), UOCRA (12,48% para octubre–diciembre en tres cuotas de 4%) y Gastronómicos (16% para diciembre-febrero 2025 en tres tramos de 5%, 5% y 6%).

De todas formas, los últimos acuerdos salariales muestran un disímil rango de porcentajes de mejora. “La dispersión se transformó en los últimos años en la regla general y se llevó al extremo en 2024″, sostuvo Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en un artículo en el que evalúa las paritarias de este año.

Según datos del Ministerio de Trabajo, la variación real del salario conformado de convenio en el período noviembre 2023-octubre 2024 delineó un ranking de sindicatos que pudieron hacerle frente a la inflación: lo encabeza Gastronómicos, de Luis Barrionuevo, con el 23%, y le siguen Aceiteros y Seguridad, con el 18%; Calzado y Gráficos, 15%; Entidades deportivas y civiles, 14%; Maestranza, 5%; Carne y Madera, 4%; Plásticos, Camioneros, Farmacia y Metalúrgicos, 3%, y Químicos, 1%.

En el informe de la Secretaría que conduce Cordero se hace hincapié en que “en octubre de 2024, tanto el salario medio del empleo registrado en empresas privadas como el promedio de los salarios de los principales convenios colectivos de trabajo del sector privado crecieron en términos reales con respecto al mes anterior” y resalta: “Un aspecto particularmente relevante es que en octubre el salario medio real del empleo registrado consiguió superar el nivel verificado previo a la devaluación de diciembre de 2024, convirtiendo al período comprendido entre enero y octubre de 2024 en el proceso de recuperación más rápida del salario real de las últimas cuatro devaluaciones verificadas en la Argentina”.

De acuerdo con Trabajo, “del conjunto de convenios colectivos evaluados, la mayoría acordó aumentos salariales que permitieron compensar o superar la inflación observada durante los primeros 10 meses del presente año”. “En efecto -resalta-, entre enero y octubre, 25 de los 27 convenios colectivos de trabajo analizados definieron incrementos salariales que lograron compensar o superar la variación del nivel de precios verificada durante el período, aunque no todos lograron superar el nivel de noviembre de 2023″.

Por su parte, sobre la base de datos propios y oficiales, Campos elaboró un cuadro de la variación nominal y real del salario de convenio entre noviembre 2023 y noviembre 2024, que lo encabeza el gremio de entidades civiles y deportivas (UTEDYC), con el 16,6% de mejora real; le sigue Estaciones de servicio y Químicos, con el 16,2%; Gráficos, 16,1%; Aceiteros, 15,6%; Carga y descarga, 8,6%; Maestranza, 6,1%; Alimentación, 3,5%; Camioneros, 3,4%; Mecánica, 1,2%; Cuero, 0,9% y Metalúrgica, 0,4% (con discusiones salariales pendientes de octubre y/o noviembre).

El investigador de la CTA Autónoma destacó que al principio del gobierno de Javier Milei “la devaluación de diciembre y el salto inflacionario de ese mes provocaron una fuerte caída del salario real”, aunque en el sector privado hubo, “en su mayoría, una reacción relativamente rápida frente al retroceso salarial, mientras que quienes trabajaban en el sector público experimentaron un retroceso mucho mayor: entre diciembre de 2023 y enero de 2024 el salario real promedio en el sector privado registrado cayó un 12%, mientras que en el sector público lo hizo un 22%”.

A continuación, indicó Campos, “el salario en el primer trimestre fue acompañando a la inflación, aunque en niveles mucho más bajos, y la historia volvió a ser distinta a partir del segundo trimestre, cuando el salario promedio en el sector privado comenzó a recuperar posiciones hasta casi equiparar en septiembre la situación previa a la devaluación, mientras que en el sector público ese crecimiento fue mucho más leve, perceptible únicamente en la frialdad de una planilla de cálculos”.

Aseguró que en el sector público “no parece haber habido muchas diferencias” ya que “distintas jurisdicciones y ámbitos del Estado tuvieron resultados similares: la caída salarial fue la regla en todos los casos, que se sumó al retroceso que ya venían experimentando en los años anteriores”.

Por el contrario, añadió el investigador de la CTA Autónoma, dentro del sector privado registrado la apertura por actividades muestra resultados muy divergentes” que confirman el escenario de dispersión: “Mientras algunos sectores tuvieron incrementos importantes en términos reales en sus salarios de convenio, otros se mantuvieron en línea con la inflación y algunos (entre ellos los más importantes por la cantidad de trabajadores comprendidos) experimentaron caídas relativamente importantes (aunque no tan profundas como las del sector público)”.

Campos consideró que “este fenómeno no es nuevo, pero posiblemente estemos frente al año de mayor disparidad sectorial dentro de las paritarias del sector privado registrado” y concluyó: “Tanto en su frecuencia como en su magnitud, la inexistencia de una pauta o de patrones relativamente homogéneos fue la regla durante el año 2024″.

Para 2025, finalizó este experto, “el escenario genera desafíos muy importantes” ya que “posiblemente esta gran dispersión de los acuerdos salariales haya sido posible por un escenario macroeconómico muy particular” y “si el futuro nos depara niveles inflacionarios más bajos, con cierta estabilidad de precios sostenida en el tiempo, las sutilezas de la negociación volverán a ser la clave”. “Ello no quiere decir que vayamos a dar por terminada la etapa de las diferencias sectoriales -enfatizó-, pero posiblemente ellas se redirijan a las discusiones sobre el impacto en la actividad y el empleo de la nueva normalidad”.

La paritaria del Sindicato de Camioneros entró en una cuenta regresiva para resolverse, pero aún no se definió la primera reunión de gremialistas y empresarios dentro la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo. Ambas partes deben negociar durante 15 días desde que se dictó esa medida, el 20 de diciembre. Es decir, tienen tiempo hasta el 3 de enero, y el plazo puede prorrogarse 5 días más. Luego, si no se llega a un acuerdo, puede estallar un conflicto impredecible.

Las tratativas se empantanaron ante la negativa del Gobierno a homologar la última oferta salarial efectuada por las cámaras empresariales para el trimestre diciembre-febrero, que fue del 8% en tres tramos mensuales (3%, 2,5% y 2,5%), más un bono de $600 mil y un aporte extraordinario para la obra social. En el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, no avalan incrementos superiores al 1% mensual para los primeros meses de 2025 y esa exigencia está trabando otras negociaciones salariales.

En el caso de Camioneros, además, se sumó otra complicación: la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), una de las cámaras que negocia los convenios con el sindicato de Hugo Moyano, fue intervenida por el Ministerio de Justicia y así se limitó la representación a las otras dos entidades del sector, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).

Hasta el momento, el Gobierno mantiene en firme su techo salarial para que no afecte las previsiones inflacionarias a la baja, mientras la CGT reforzó sus contactos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo para tratar de que flexibilice su postura.

Sin reuniones previstas entre sindicalistas y empresarios, la paritaria de Camioneros se encamina a transformarse en un dolor de cabeza para todos, empezando por el Gobierno. Quedó en evidencia con las últimas declaraciones de Octavio Argüello, el reemplazante de Pablo Moyano en el triunvirato de la CGT: “Si el Gobierno piensa terminar con las paritarias libres vamos a terminar en un gran plan de lucha”, advirtió. “Habíamos cerrado un 8,5% y un bono de 580 mil pesos. Ellos no quieren firmar más que los 2 puntos que dice la inflación”, dijo el dirigente de confianza de Hugo Moyano.

“Si no nos pusimos de acuerdo es porque los empresarios no regalan nada y nosotros pedimos lo que corresponde -agregó en declaraciones a C5N-. Ahora estamos en una conciliación y después quedamos liberados a tomar las acciones que nos parezcan pertinentes”.

Tras considerar que “para este gobierno que es tan liberal es todo libre menos los sueldos”, Argüello admitió que no hay clima para realizar más paros: “El movimiento obrero fue el primero que se paró en la calle contra este Gobierno. Hicimos varias medidas y no hemos tenido la repercusión que uno esperaba. La sociedad está creyendo en este gobierno”.

La paritaria de Camioneros se convirtió en test para la relación de la Casa Rosada y el sindicalismo, aunque los funcionarios libertarios hasta ahora se niegan a romper el techo del 1%: “El aumento (de Camioneros) está un poco alto y después la cifra se pasa a los precios; para nosotros no puede superar la inflación”, advirtió una alta fuente gubernamental.

Hugo Moyano está ante un dilema complejo. Debe cerrar un aumento satisfactorio para no darle espacio en Camioneros a un combativo como Pablo Moyano, su hijo mayor, y para superar el efecto demoledor de las críticas de los recolectores de residuos de Capital al acuerdo con el gobierno porteño en el que cedió por primera vez en su reclamo de indemnizaciones para los trabajadores de las empresas a las se les vencían los contratos (la “ley Moyano”), aunque se habían prorrogado.

Hoy, la principal ayuda del Gobierno al líder de Camioneros proviene del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que ya lo auxilió en abril pasado cuando la homologación de su aumento del 45% para marzo y abril estaba frenada y lo aconsejó reacomodar los números de una forma que pudieran ser aprobados por Economía. Al final, al bolsillo de los trabajadores fue el mismo 45% pactado inicialmente gracias a dos sumas fijas que dieron las cámaras y Luis Caputo quedó contento porque la vigencia del convenio se extendió dos meses más, hasta junio, pero en mayo no hubo ningún incremento.

Ahora, Cordero no tiene margen político para apartarse de la rígida pauta salarial del 1% que fijó el ministro de Economía, pero la conciliación obligatoria en el conflicto de Moyano se pareció demasiado a un salvavidas luego de la tensa audiencia del jueves pasado entre sindicalistas y empresarios, donde Trabajo insistió en que no podía homologar un aumento del 8%, con cifras superiores a la inflación prevista y el riesgo de que se trasladaran a precios.

Por eso a Moyano no le quedó otra opción que cumplir la amenaza de comenzar las protestas, una opción que le resultaba incómoda: nunca habló de hacer un paro ni una movilización, sino de aplicar “medidas de acción directa”. Lo único que hubo, en realidad, fueron asambleas informativas realizadas en distintas empresas del sector. Una reacción más inofensiva de la que se esperaba, hasta tal punto que una de las cámaras, la FADEEAC le pidió por escrito a Cordero que declarara la conciliación obligatoria, pero esa decisión se demoró casi un día porque no había certeza de las protestas.

Aún así, para Moyano fue un alivio que este viernes por la mañana se aplicara la conciliación obligatoria. Le sacó de encima la presión de tener que aumentar la intensidad de las medidas de acción directa en una época del año que es difícil para que haya un masivo acatamiento a un paro: muchos trabajadores ya cobraron el aguinaldo o tienen la cabeza puesta en las vacaciones. “Hugo zafó porque iba a quedar en evidencia que la gente no tenía ganas de parar”, señaló un empresario.

¿La próxima tanda de negociaciones de Camioneros se hará contrarreloj y bajo la amenaza de que efectivamente se concreten las medidas de fuerza? Esa, hasta ahora, es la opción más probable.

Hasta ahora, la buena relación del Gobierno y el sindicalismo dependía en gran parte del asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los mejores interlocutores de la administración libertaria con la CGT, pero ahora la suerte de ese vínculo depende de su tío Luis Caputo, ministro de Economía y responsable del tope salarial del 1% que está poniendo en jaque algunas paritarias clave como la del Sindicato de Camioneros.

Aunque ningún dirigente gremial tiene relación directa con “Toto” Caputo, los líderes dialoguistas de la CGT están extremando sus esfuerzos en estas horas para hacerles entender a Santiago Caputo y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si no se flexibiliza el techo de las negociaciones salariales puede ponerse en marcha nuevamente la gimnasia de los paros generales, que ya afectó al gobierno de Javier Milei en dos oportunidades a sólo 4 meses y 28 días de su asunción.

Hugo Moyano está ante un dilema complejo. Debe cerrar un aumento satisfactorio para no darle espacio en Camioneros a un combativo como Pablo Moyano, su hijo mayor, y para superar el efecto demoledor de las críticas de los recolectores de residuos de Capital al acuerdo con el gobierno porteño en el que cedió por primera vez en su reclamo de indemnizaciones para los trabajadores de las empresas a las se les vencían los contratos (la “ley Moyano”), aunque se habían prorrogado.

Hoy, la principal ayuda del Gobierno al líder de Camioneros proviene del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que ya lo auxilió en abril pasado cuando la homologación de su aumento del 45% para marzo y abril estaba frenada y lo aconsejó reacomodar los números de una forma que pudieran ser aprobados por Economía. Al final, al bolsillo de los trabajadores fue el mismo 45% pactado inicialmente gracias a dos sumas fijas que dieron las cámaras y Luis Caputo quedó contento porque la vigencia del convenio se extendió dos meses más, hasta junio, pero en mayo no hubo ningún incremento.

Ahora, Cordero no tiene margen político para apartarse de la rígida pauta salarial del 1% que fijó el ministro de Economía, pero la conciliación obligatoria en el conflicto de Moyano se pareció demasiado a un salvavidas. Luego de la tensa audiencia de este jueves entre sindicalistas y empresarios, donde Trabajo insistió en que no podía homologar un aumento del 8% para el trimestre diciembre-febrero (en tres cuotas del 3%, 2,5% y 2,5%), con cifras superiores a la inflación prevista para principios de 2025 y el riesgo de que se trasladaran a precios.

Por eso a Moyano no le quedó otra opción que cumplir la amenaza de comenzar las protestas, una opción que le resultaba incómoda: nunca habló de hacer un paro ni una movilización, sino de llevar adelante “medidas de acción directa”. Lo único que hubo, en realidad, fueron asambleas informativas realizadas en distintas empresas del sector. Una reacción más inofensiva de la que se esperaba, hasta tal punto que una de las cámaras, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) le pidió por escrito a Cordero que declarara la conciliación obligatoria, pero esa decisión se demoró casi un día porque no había certeza de las protestas.

Aún así, para Moyano fue un alivio que este viernes por la mañana se aplicara la conciliación obligatoria. Le sacó de encima la presión de tener que aumentar la intensidad de las medidas de acción directa en una época del año que es difícil para que haya un masivo acatamiento a un paro: muchos trabajadores ya cobraron el aguinaldo o tienen la cabeza puesta en las vacaciones. “Hugo zafó porque iba a quedar en evidencia que la gente no tenía ganas de parar”, señaló un empresario.

Pero también zafó de otro peligro. Cuando comenzaron las asambleas informativas de Camioneros, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), conducido por Juan Méndez, advirtió: “Las asambleas son el derecho del trabajador a reunirse, pero de ninguna manera constituyen medidas de acción directa para entorpecer el funcionamiento de la empresa. La mafia sindical utiliza herramientas legales de manera ilegal, impulsando a sus afiliados a cometer delitos. Las asambleas usadas como medidas de acción directa pueden interpretarse como bloqueos encubiertos y ser causal de despido”.

De esa forma aludió al artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales contra las empresas al considerarlos una injuria laboral grave, y, por lo tanto, causal de despido justificado.

Por eso la conciliación obligatoria permitió que las asambleas se extendieran durante menos de un día y así se limitó el riesgo de que algunas asambleas terminaran con despidos, algo que hubiera agravado el conflicto del Sindicato de Camioneros a un punto máximo.

Se abren así 15 días de conciliación obligatoria, prorrogables por otros 5, en el que Camioneros y los empresarios estarán obligados a negociar sin tomar ninguna medida que interfiera las tratativas. En el sector dialoguista de la CGT creen que ahora habrá más tiempo para convencer al ministro de Economía de aflojar la pauta salarial del 1%. ¿Y si mantiene su intransigencia? “Nos van a obligar a hacer lo que no queremos”, afirmó con resignación un moderado de la cúpula cegetista. Lo que no quieren, obviamente, es pintarse la cara para ir a la guerra contra Javier Milei.

Por más que quiera continuar bajando la inflación, el Gobierno también necesita que el sector dialoguista de la CGT y su aliado Hugo Moyano sigan apostando a negociar y se mantengan alejados de la postura ultraopositora de Pablo Moyano y el sindicalismo K.

¿Cómo se saldrá de este laberinto en las últimas semanas del año? Cada parte cuida su postura, pero la Casa Rosada ya se dio cuenta de que los sindicalistas casi no reaccionan ante las provocaciones libertarias, así que avanzan con decisiones que van a contramano de la paz con la CGT.

Además de las paritarias con techo del 1%, los dialoguistas de la CGT se quejan de que Milei anunció “una verdadera reforma laboral” y que La Libertad Avanza presentó el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que rescata una parte del DNU 70 que plantea cambios en la Ley de Contrato de Trabajo.

Pero el tema clave en estas horas son las paritarias, que pueden arruinar la tregua sindical y lograr que Hugo Moyano termine al lado de su hijo Pablo en contra del Gobierno. La llave para destrabar este escenario de enfrentamiento está en manos de una sola persona: Luis Caputo.

Hubo clima de pelea, nada de acuerdo y promesas de una nueva reunión, pero sin fecha. La audiencia oficial de esta mañana por la paritaria del Sindicato de Camioneros finalizó mal y con el anuncio de que la organización que lidera Hugo Moyano comenzará medidas de fuerza.

“No hay acuerdo y entonces se tomarán las medidas que correspondan”, dijo Jorge Taboada, secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, tras la reunión. Y la confirmación llegó poco después en un comunicado de prensa: “A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas del convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del gobierno nacional”.

Desde el sector empresarial esperaban las medidas de fuerza luego de que finalizó la breve audiencia de este jueves por la mañana en la Secretaría de Trabajo, donde se volvió a frenar la oferta del sector empleador de un aumento del 8,5% (que finalmente quedó en 8%) para el trimestre diciembre-febrero ante la negativa del Gobierno a homologar cualquier incremento que supere la pauta oficial del 1% mensual para comienzos de 2025.

Durante el encuentro, la delegación sindical, presidida por Taboada, tuvo fuertes cruces en tono agresivo con los representantes de las cámaras, pero la brevedad de la audiencia (duró menos de una hora) tuvo que ver con la insistencia de los funcionarios de Trabajo en negarse a avalar la última contraoferta empresarial, que fue del 8% (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero).

Por eso se decidió pasar a un cuarto intermedio, aunque no se definió una nueva fecha para seguir las negociaciones y el sindicato ya comenzó el plan de lucha. Quedó en claro que todo depende de una decisión política del Gobierno de flexibilizar o no la pauta salarial definida por el Ministerio de Economía, que quiere aumentos en sintonía con la inflación a la baja.

La paritaria de Camioneros se convirtió en test para la relación de la Casa Rosada y el sindicalismo, hasta tal punto que, como anticipó Infobae, un jefe del sector dialoguista de la CGT habló en las últimas horas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para intentar que se acepte la propuesta de aumento del 8%. De todas formas, en la Casa Rosada se muestran intransigentes ante los reclamos en las paritarias: “El aumento (de Camioneros) está un poco alto y después la cifra se pasa a los precios; para nosotros no puede superar la inflación”, advirtió una alta fuente gubernamental.

En la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, admitieron que tras la audiencia oficial de Camioneros que se hizo este martes se abrió una etapa de análisis y consultas entre las distintas áreas del Gobierno: “Lo estamos viendo todos en conjunto porque lo que hay que evitar es el traslado (del aumento) a precios. Si no, nunca se termina la rueda”, afirmaron a Infobae. Sin embargo, el fracaso de la reunión de este jueves confirmó que el Gobierno no flexibilizó su postura.

El sindicato de Hugo Moyano reclama el 15% trimestral, con un 5% para cada uno de esos meses, más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social. El martes pasado, los empresarios elevaron su oferta inicial de aumento, que pasó del 3% trimestral a un 8% e incluso accedieron a pagar un bono de $600 mil (el gremio exige $650 mil) para llegar a un acuerdo.

El escenario actual de las negociaciones salariales se convirtió en todo un desafío para el Gobierno y la CGT, ya que el techo salarial que impuso Economía amaga con romper la tregua entre los dos sectores y debilitar al sector dialoguista, que impuso por mayoría la decisión de no hacer nuevos paros y comenzar las negociaciones con los funcionarios libertarios. Esa resolución derivó en la renuncia de Pablo Moyano a la CGT y su reemplazo por Hugo Moyano y Octavio Argüello.

Como anticipó Infobae, el Gobierno suspendió a principios de semana la convocatoria a una mesa tripartita de diálogo, prevista para este miércoles, de la que iba a participar el sector empresarial, ante las presiones de la CGT para negociar sin límites los aumentos salariales.

El tope oficial en las paritarias afecta a sindicatos poderosos como Camioneros y la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), liderado por el cotitular cegetista Héctor Daer, que negocia la revisión salarial para enero y febrero de la rama de clínicas y sanatorios, con la misma exigencia del Ministerio de Economía de no superar el 1% mensual y no trasladar la mejora a los precios.

La decisión del Gobierno de no aceptar un aumento salarial para el Sindicato de Camioneros que supere el 1% de la inflación prevista para inicios de 2025 dejó al gremio de Hugo Moyano al borde de un paro y, a la vez, tensó al máximo la relación con los dialoguistas de la CGT.

Aunque las negociaciones entre dirigentes gremiales y empresarios del transporte automotor de cargas seguirán este jueves, a partir de las 10, para explorar una solución, en la Casa Rosada se mostraron inflexibles en este tema: “El aumento está un poco alto y después la cifra se pasa a los precios; para nosotros no puede superar la inflación”, advirtió a Infobae una alta fuente gubernamental.

En la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, admitieron que tras la audiencia oficial de este martes entre las partes se abrió una etapa de análisis y consultas entre las distintas áreas del Gobierno: “Lo estamos viendo todos en conjunto porque lo que hay que evitar es el traslado (del aumento) a precios. Si no, nunca se termina la rueda”, afirmaron a este medio.

De todas formas, admitieron que el problema “es más con los empresarios que con el gremio”. En la reunión que se hizo en Trabajo, las cámaras del sector mejoraron su oferta de aumento salarial al llevarla al 8,5% de aumento para el período diciembre-febrero (hasta ahora proponían un 1% mensual, mientras Camioneros reclama el 15% trimestral con un 5% para cada uno de esos meses).

La propuesta empresarial, que incluye un bono de $600 mil y un aporte extraordinario para la obra social, no fue rechazada por Camioneros, pero enseguida fue frenada por los funcionarios, que insistieron en que, como quiere el Ministerio de Economía, los aumentos no pasen del 1% mensual.

La audiencia de este martes en Trabajo pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves, con la expectativa de que se acuerde alguna salida a la cuestión salarial que impida el conflicto. Tras la reunión, a la que no asistió Hugo Moyano, el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada, dijo que “el ofrecimiento (de los empresarios) sigue siendo irrisorio” y resaltó: “No se llegó a ningún tipo de acuerdo; ahora vamos a tener una reunión en la Federación de Camioneros y se van a tomar las medidas que se tengan que tomar”.

La probabilidad de que fracase la paritaria de Camioneros puso en alerta a la CGT, como anticipó Infobae, y la intervención del Gobierno para ponerle un techo a los aumentos amaga con complicar la relación entre los dos sectores, ya que la pauta salarial también traba las negociaciones en otros gremios como la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), liderada por Héctor Daer, que negocia contrarreloj con los empresarios la revisión salarial para enero y febrero.

También se empantanaron las tratativas salariales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán, ya que en la audiencia de este martes no pudieron llegar a un acuerdo con los empresarios para recomponer los salarios del período noviembre-marzo. El sindicato reclama un incremento del 18,71% en cinco tramos, pero los empresarios están lejos de ofrecer esa cifra. Las partes acordaron un cuarto intermedio en las negociaciones hasta el jueves 26, aunque podría presentarse una encerrona parecida a la de Camioneros, ya que el Gobierno no avalaría ese aumento.

La postura del Ministerio de Economía busca evitar que los incrementos salariales influyan en una eventual alza de la inflación justo cuando las previsiones se mantienen a la baja, pero están dejando al Gobierno a las puertas de un enfrentamiento con la CGT, que rechaza el tope en las paritarias.

De por sí, como anticipó Infobae, el Gobierno suspendió este lunes la convocatoria a una mesa tripartita de diálogo, prevista para este miércoles, de la que iba a participar el sector empresarial, ante las presiones por parte de la CGT para negociar sin techo alguno los aumentos salariales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el dirigente Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y una de las figuras del ala dialoguista de la CGT, hablaron el sábado y el funcionario le anticipó su idea de convocarlos a este encuentro. Pero el sindicalista le advirtió que la cúpula cegetista no irá al diálogo si antes no se firman paritarias clave que están frenadas, como Camioneros y Sanidad.

La Casa Rosada tenía como objetivo convocar a la mesa de diálogo a debatir un proyecto de una nueva reforma laboral, “más profunda” de la que se aprobó con la Ley Bases. Pero la renuencia cegetista a aceptar esa invitación puso en crisis la nueva etapa de negociaciones que iba a comenzar entre el Gobierno y la central obrera, cuya estrategia dialoguista se reforzó con la renuncia de Pablo Moyano y su reemplazo por Hugo Moyano en la mesa chica y Octavio Argüello en el triunvirato.

Luego de la suspensión de la convocatoria al diálogo tripartito, una alta fuente de la CGT descartó a Infobae que haya reuniones con la Casa Rosada y los empresarios antes de que termine este 2024: “Todo eso pasará para el año que viene -dijo-. Ahora no hay clima para sentarse a hablar”.

Es que la central obrera está molesta porque el Gobierno les transmitió a sindicalistas y empresarios un estricto pedido del Ministerio de Economía: que cierren aumentos salariales para comienzos de 2025 que estén por debajo de las previsiones inflacionarias (que se ubican en el orden del 1% mensual) y que el sector empleador se comprometa a no trasladar esa mejora a los precios.

La CGT también se irritó con la Casa Rosada luego de que Javier Milei, en el discurso por su año de gestión, anunció que impulsa “una verdadera reforma laboral”. Otra señal contraria a la paz con el sindicalismo es el aval libertario al proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que rescata una parte del DNU 70 que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.

El proyecto fue presentado en la Cámara Baja por la diputada de La Libertad Avanza, Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada, por lo que no cabe duda del apoyo del oficialismo.

Ahora, la relación Gobierno-CGT pasó imprevistamente de su mejor momento por la salida del ultraopositor Pablo Moyano a una etapa de incertidumbre, en la que los dialoguistas comenzaron a pintarse la cara para una batalla en varios frentes contra la administración de Javier Milei.

Las negociaciones salariales del Sindicato de Camioneros se empantanaron y pasaron a cuarto intermedio hasta este jueves: los empresarios mejoraron su oferta de aumento salarial en la audiencia que se realizó en la Secretaría de Trabajo, pero el Gobierno no acepta la propuesta de un 8,5% de aumento para el trimestre diciembre-febrero porque supera la pauta del Ministerio de Economía.

El último tramo de la reunión, que comenzó a las 14, se hizo entre los representantes del gremio y las autoridades de Trabajo, pero seguirán conversando para encontrar una fórmula que destrabe el acuerdo y evite que la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, comience en las próximas horas un plan de lucha con medidas de fuerza, tal como anunció.

El sindicato reclama un 15% trimestral (5% para cada mes), más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social (que ascendería a $15 mil por trabajador), pero los empresarios aseguran que no están en condiciones de pagarlo. Esta mañana, las cámaras decidieron elevar su oferta inicial, de un 3% trimestral, a un 8,5% (3% para diciembre, 2,5% para enero y 3% para febrero), e incluso accedieron a pagar un bono de $600 mil, en un intento por alcanzar un acuerdo.

Los dirigentes de Camioneros no rechazaron la propuesta, pero la negativa llegó por el lado de la Secretaría de Trabajo porque la cifra no está en sintonía con la pauta salarial del Ministerio de Economía, que busca que los aumentos para 2025 no superen el 1% mensual y, además, que haya un compromiso empresarial de que los montos acordados no se trasladarán a precios.

A la audiencia, que tuvo lugar en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114, fueron los representantes sindicales (sin Hugo Moyano) y miembros de las tres cámaras del transporte automotor de cargas: la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor Cargas (CATAC).

El desarrollo de esta paritaria es clave no solamente porque involucra a un sindicato poderoso como Camioneros. Como anticipó Infobae, el Gobierno suspendió hace 24 horas la convocatoria a una mesa tripartita de diálogo, prevista para este miércoles, de la que iba a participar el sector empresarial, ante las presiones por parte de la CGT para negociar sin topes los aumentos salariales.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el dirigente Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y una de las figuras del ala dialoguista de la CGT, hablaron el sábado y el funcionario le anticipó su idea de convocarlos a este encuentro. Pero el sindicalista le advirtió que la cúpula cegetista no irá al diálogo si antes no se firman paritarias clave que están frenadas, como Camioneros y Sanidad.

Por eso, una alta fuente de la CGT descartó a Infobae que haya reuniones con la Casa Rosada y los empresarios antes de que termine este 2024: “Todo eso pasará para el año que viene -dijo-. Ahora no hay clima para sentarse a hablar”.

Es que la central obrera está molesta porque el Gobierno les transmitió a sindicalistas y empresarios un pedido del Ministerio de Economía: que cierren aumentos salariales para 2025 que estén por debajo de las previsiones inflacionarias (que se ubican en el orden del 1% mensual) y que el sector empleador se comprometa a no trasladar esa mejora a los precios.

Además de la paritaria de Camioneros, una situación similar se presenta con la Federación de Trabajadores de Sanidad (FATSA), encabezada por Héctor Daer, que negocia contrarreloj con los empresarios la revisión salarial para enero y febrero, con un problema complejo: cualquier cifra que se pacte, como es tradicional, se traslada a los precios que pagan los afiliados de las prepagas.

Daer hizo duras declaraciones este lunes contra los topes del Gobierno a los aumentos salariales: “Hay una reprobación absoluta de pretender limitar las paritarias, producto de la no homologación. Es un absurdo, es absolutamente repudiable y hasta se siente como una provocación que un ministro de Economía que se jacta de que acomoda la macroeconomía, que los que tienen bono obtienen ganancias y se está fijando en el 0,5% de aumento de los trabajadores que ganan sueldos bajísimos”.

La CGT comenzó una nueva etapa sin Pablo Moyano, con su papá Hugo en la mesa chica que toma las principales decisiones y otro dirigente de Camioneros, Octavio Argüello, en el triunvirato. ¿Qué cambiará en la cúpula cegetista? Se reforzó el sector dialoguista con la incorporación de un peso pesado del sindicalismo como Hugo Moyano, pero aún no está claro si esa vocación negociadora que eligió la CGT tendrá algún gesto de reciprocidad por parte del gobierno de Javier Milei. Más bien, parece todo lo contrario a la luz de algunas señales que dan desde el poder libertario.

El propio Presidente encendió una luz amarilla en el tablero cegetista cuando la semana pasada, en su discurso por cadena nacional a raíz de su año de gestión, anunció: “Vamos a poner sobre la mesa una agenda de reformas profundas para que la sociedad elija legalmente qué país quiere”. Y mencionó específicamente: “Una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral, una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política y otras tantas reformas que el país se debe desde hace décadas”.

¿Es el mismo Presidente que el 30 de septiembre habilitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al secretario de Trabajo, Julio Cordero, y a su asesor Santiago Caputo a recibir a la CGT en la Casa Rosada para prometerle que aceptaría consensuar el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases, llamar al diálogo tripartito y frenar en el Congreso la llamada “Ley Tetaz”, que pone fuertes límites y controles al poder sindical?

Los dirigentes gremiales están desconcertados. A esas promesas siguieron la prolongada demora en llamar al diálogo a la CGT y a los empresarios del Grupo de los Seis, el viraje de los diputados libertarios que firmaron en comisión la “Ley Tetaz” luego de que le habían quitado el apoyo por pedido de los líderes sindicales dialoguistas y, finalmente, la frustrada reglamentación del artículo que penaliza los bloqueos porque hace un mes venció el plazo legal para hacerlo (120 días corridos desde la promulgación de la Ley Bases, que se produjo el 8 de julio).

Otra señal contraria a la paz con la CGT es el entusiasmo de la Casa Rosada por el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que rescata una parte del capítulo laboral del DNU 70 que plantea modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo.

Es decir, el mismo gobierno que cerró un acuerdo con la CGT promueve una iniciativa legislativa que implica más reforma laboral y, por lo tanto, más enfrentamientos con los gremialistas.

El proyecto fue presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, titular de esa bancada, por lo que no cabe duda del aval libertario.

Incluso fue anunciado el 27 de noviembre pasado en la 30° Conferencia Industrial de la UIA por el entonces secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, mano derecha de Luis Caputo que una semana después asumió como titular de ARCA, la ex AFIP. Desde fuentes oficiales se informó que “el objetivo es facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente pymes), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.

La iniciativa de La Libertad Avanza incluye, por ejemplo, cambios en el principio de irrenunciabilidad que protege al trabajador, tal como figuraban en el DNU 70 que quedó trabado en la Justicia: según el abogado Marcelo Aquino, “permitiría que todas aquellas condiciones acordadas por encima de la ley o los convenios colectivos de trabajo, es decir las convenidas entre las partes o por usos y costumbres, pueden ser renunciables por el trabajador, como el pago de una suma mensual por encima del salario de la categoría de convenio”.

Pero también incluye otras propuestas que no estaban en el DNU de Milei y serán aún más revulsivas para el sindicalismo, como el artículo 2°, que plantea la modificación del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para darle amplia potestad a los empresarios para cambiar las formas y modalidades del trabajo: “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”.

No son los únicos de los 17 artículos del proyecto libertario que tienen destino de pelea frontal con la CGT, que también contemplan la “modernización” del Régimen de Trabajo Agrario y otros que prevén la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.

En la CGT, por ahora, dudan sobre el avance de este proyecto, aunque no tienen garantías de que quede neutralizado. Uno de sus principales jefes dijo a Infobae: “Los números en Diputados siguen siendo ajustados. Hay que ver si pasa o no. Dependerá mucho del nivel de diálogo que tenga la CGT con el Gobierno. Salvo que Milei quiera romper la relación con la CGT, al menos no debería tener avances legislativos, quizá sí más cerca de las elecciones para usarlo electoralmente”.

Es obvio que este tema, como tantos otros, deberán formar parte de la agenda del diálogo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios, pero el problema es que esa convocatoria, a cargo de Francos, sigue congelada. Y en el gremialismo admitieron que se mantendrá así por un motivo contundente: las paritarias del Sindicato de Camioneros y de otras organizaciones están trabadas ante la decisión de Economía de que los aumentos salariales para principios de 2025 no superen el 1% mensual.

Lo denunció públicamente este viernes el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada: “¿Qué carajo hace (el Gobierno) entrometiéndose en una discusión paritaria entre dos sectores privados como las cámaras empresarias y el sector sindical? ¿Entonces para qué nos citan o para qué discutimos la paritaria? ¿Por qué no dicen el 1% por decreto y buenas tardes, mucho gusto?”.

Lo dijo poco antes de un congreso de Camioneros que se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo salarial con los empresarios, y Hugo Moyano advirtió que si fracasa nuevamente la audiencia del martes próximo en la Secretaría de Trabajo, el miércoles comenzarán un plan de lucha.

Moyano reclama un 15% trimestral (5% para cada mes), más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social (que ascendería a $20 mil por trabajador). Los empresarios aseguran que no están en condiciones de pagarlo y contraofertaron un 1% mensual, que es la cifra que el Ministerio de Economía quiere poner como tope para las negociaciones salariales de 2025.

¿Qué podrá hacer Cordero para ayudar a que se cierre pacíficamente esta paritaria clave? Porque del final feliz de este acuerdo salarial y de otros que se están negociando depende también que siga o no la tregua entre el Gobierno y la CGT y, obviamente, la convocatoria al diálogo tripartito.

Estas instancias cruciales se desarrollan justo cuando Hugo Moyano se involucró de nuevo en la CGT tras haber sido el inspirador del portazo de su hijo Pablo, de impronta ultraopositora, y garantizar así el diálogo con el Gobierno. Por esas paradojas de la política, si no hay soluciones para la encerrona salarial, quizá el líder de Camioneros termine en la calle junto a su hijo mayor para darle pelea a Milei. En el fondo, depende de este gobierno que no deja de dar señales contradictorias a los sindicalistas.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, está al borde de la guerra con los empresarios por la falta de acuerdo salarial para el trimestre diciembre-febrero, pero también con el Gobierno, al que acusó de “meterse en la discusión paritaria” entre privados y amenazar con no homologar un aumento superior al 1%.

“¿Qué carajo hace entrometiéndose en una discusión paritaria entre dos sectores privados como las cámaras empresarias y el sector sindical? Son cosas que no se entienden. ¿Entonces para qué nos citan o para qué discutimos el paritaria? ¿Por qué no dicen el 1% por decreto y buenas tardes, mucho gusto”, dijo este viernes el secretario adjunto de la federación, Jorge Taboada, antes de un congreso ordinario de la organización gremial, realizado en un hotel porteño, en donde se declaró el estado de alerta y movilización.

El congreso de Camioneros se hizo en forma previa a otra audiencia en la Secretaría de Trabajo para tratar de firmar un aumento salarial, que finalizó sin acuerdo. Las conversaciones seguirán el martes, pero al día siguiente comenzará un plan de lucha si persisten las diferencias sobre el incremento.

Moyano reclama un 15% trimestral (5% para cada mes), más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social (que ascendería a $20 mil por trabajador). Los empresarios aseguran que no están en condiciones de pagarlo y contraofertaron un 1% mensual, que es la cifra que el Ministerio de Economía quiere poner como tope para las negociaciones salariales de 2025.

Antes del congreso de Camioneros, en declaraciones a un sitio web del sindicato, Taboada fijó una posición muy dura particularmente contra la Casa Rosada: “¿Qué carajo hace el Gobierno metiéndose en una discusión paritaria? Esto lo dijo nuestro secretario general (por Moyano). ¿Qué carajo le importa el Gobierno a los que negocian libremente empresarios y sectores del trabajo? Nosotros sabemos perfectamente lo que le corresponde al trabajador en términos de paritarias para que no pierda poder adquisitivo en su salario. Entonces nos ponemos de acuerdo en cierta cifra, cierto porcentual y resulta que el Gobierno dice no, yo no te voy a homologar más que el 1%”.

“Entonces, ¿de qué libertad nos están hablando? ¿Qué otra mentira nos quieren vender? -añadió el dirigente de Camioneros, que secunda a Moyano-. La pregunta es: ¿Qué carajo hace entrometiéndose en una discusión paritaria entre dos sectores privados como las cámaras empresarias y el sector sindical? Son cosas que no se entienden. ¿Entonces para qué nos citan o para qué discutimos el paritaria? ¿Por qué no dicen el 1% por decreto y buenas tardes, mucho gusto”.

El sindicalista afirmó que esperaba que “el sector empresario recapacite y mejore la propuesta para no llegar a una medida de fuerza”. Y aseguró: “La pelotita la tienen ellos y el Gobierno”.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, se comprometió de nuevo ante Moyano a mediar para llegar un final feliz, como sucedió en las traumáticas negociaciones de abril pasado. El ex abogado de Techint sabe que el Gobierno debería ayudar como sea al líder de Camioneros luego de su gesto de haber empujado a Pablo a renunciar a la CGT cuando desautorizó su propuesta de otro paro general.

Hugo Moyano regresó esta semana a la CGT para participar de las reuniones de mesa chica, en una ratificación de su alianza con el sector dialoguista, que apuesta a iniciar negociaciones con el Gobierno. En reemplazo de su hijo mayor, el líder de Camioneros designó en el triunvirato de la CGT a Octavio Argüello, dirigente de confianza, que confirmó su postura distinta a la de Pablo Moyano: “En este momento del año tenemos que dialogar. Después del diálogo, si no hay una respuesta, habrá más medidas de fuerza, pero se necesita del acompañamiento de toda la sociedad”, dijo el sindicalista poco después de que le dieron la bienvenida en el cargo, el martes pasado.

Hugo Moyano ya volvió a la CGT en reemplazo de su hijo mayor para dar señales de buena voluntad al Gobierno, pero en los próximos días, paradójicamente, podría adoptar el mismo perfil combativo de Pablo: este viernes reunirá a dirigentes de Camioneros de todo el país para decidir un plan de lucha ante la perspectiva de que fracasen las negociaciones salariales con los empresarios.

El líder sindical se los anticipó este miércoles a las cámaras en otra audiencia oficial que finalizó sin acuerdo, realizada en la Secretaría de Trabajo, para tratar de cerrar un aumento salarial para el período diciembre-febrero. Moyano reclama un 15% trimestral (5% para cada mes), más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social (que ascendería a $20 mil por trabajador).

Formalmente, las partes aceptaron la propuesta de Trabajo de pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 13. Poco antes, el mismo día, Moyano juntará a su tropa en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros para presionar a los empresarios con amenazas de medidas de fuerza.

En las cámaras del transporte automotor de cargas advierten que están muy lejos de la cifra reclamada y contraofertaron un 1% mensual, que está por debajo del 3% de la pauta del Ministerio de Economía para que las paritarias acompañen la inflación a la baja prevista para los próximos meses.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, se comprometió de nuevo ante Moyano a mediar para llegar un final feliz, como sucedió en las traumáticas negociaciones de abril pasado. El ex abogado de Techint sabe que el Gobierno debería ayudar como sea al líder de Camioneros luego de su gesto de haber empujado a Pablo a la renuncia a la CGT cuando desautorizó su propuesta de otro paro general.

Hace quince días, Cordero recibió a Hugo Moyano y su hijo menor, Jerónimo, en Trabajo, en una reunión secreta para hablar del recambio en la CGT y, sobre todo, de las paritarias: al Gobierno le preocupa el reclamo de Camioneros de lograr una mejora del 5% mensual por un trimestre.

Moyano padre construyó una relación con Cordero desde que el funcionario destrabó en abril pasado la paritaria de Camioneros, que Trabajo no homologaba porque consistía en un aumento del 45% para marzo y abril (en dos tramos del 25% y del 20%), que superaba la pauta salarial del Ministerio de Economía y que, además, había sido impugnado por cuatro cámaras del interior.

Gracias a la gestión de Cordero, el líder sindical aceptó renegociar el convenio salarial con cifras acordes a la pauta oficial y así pudo ser homologado. A partir de entonces, Hugo Moyano tuvo gestos significativos hacia el secretario de Trabajo. En junio, por ejemplo, ordenó a su hijo Hugo Antonio, alias “Huguito”, abogado laboralista y secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos del sindicato, que participara de un acto con Cordero en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, mientras Pablo Moyano impulsaba una movilización contra el Gobierno ante el Congreso.

Algo similar sucedió el 21 de noviembre pasado, cuando “Huguito” apareció de manera inesperada como parte de una delegación de la CGT en una reunión tripartita con Cordero, luego de que Pablo había justificado su idea de un paro contra Milei y la mesa chica de la CGT desestimó una nueva protesta. Esa presencia de un Moyano en un encuentro con el Gobierno fue una forma del titular de Camioneros de diferenciarse de Pablo y ratificar que, antes que un paro general, prefiere negociar.

Este martes, Hugo Moyano volvió a la CGT para afianzar la estrategia dialoguista mediante un esquema original (él irá a la mesa chica y un dirigente de su confianza, Octavio Argüello, al triunvirato), pero el jefe de Camioneros necesita que la Casa Rosada le dé alguna señal que justifique su giro negociador y mantenga neutralizado a su díscolo hijo mayor, de una postura ultraopositora.

La versión ampliada de la mesa chica de la CGT (con 45 dirigentes) recibió a Moyano padre y a Argüello en una curiosa reunión en la que casi nadie mencionó a Pablo, empezando por su propio padre. Recién cuando Verónica Espósito, de Aeronavegantes, habló de él para agradecerle su apoyo en el conflicto de Aerolíneas, Hugo pidió hablar de nuevo para enmendar su “olvido” y referirse a Pablo: “Quiero agradecerte la mención a mi hijo. El es así de loco. Va por todo”, resaltó Hugo Moyano. Además, aseguró que Pablo “va a colaborar” con la CGT y señaló: “Camioneros es uno solo”.

En una versión ampliada de 45 dirigentes, la mesa chica de la CGT les dio esta tarde la bienvenida a Hugo Moyano y Octavio Agüello, los dirigentes del Sindicato de Camioneros que reemplazan a Pablo Moyano, y ratificó su decisión de no hacer nuevos paros y de dialogar con el Gobierno.

En el encuentro, realizado en la sede de la UOCRA, se formalizó el recambio de Camioneros anunciado hace 24 horas (Hugo Moyano irá a la mesa chica y Argüello, al triunvirato de conducción) y se abrió una extensa ronda de discursos en los que, curiosamente, nadie mencionó a Pablo Moyano ni reconoció su tarea en la CGT. Ni siquiera su propio padre cuando le tocó hablar.

La primera mención fue efectuada por la secretaria adjunta de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Verónica Espósito, quien, aprovechando que el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) hablaba del conflicto en Aerolíneas, dijo que “no podía dejar de agradecer el apoyo contundente de un compañero que hoy no está en el triunvirato de la CGT, Pablo Moyano”.

Inmediatamente, Hugo Moyano se sintió obligado a pedir hablar de nuevo: “Quiero agradecerte la mención a mi hijo. El es así de loco. Va por todo”, le dijo a Espósito. Aseguró que Pablo “va a colaborar” con la CGT y descartó fisuras internas de su gremio al señalar que “Camioneros es uno solo”. Otro dirigente que mencionó a Pablo Moyano fue Pablo Flores (empleados de AFIP), uno de sus fieles.

Un dato saliente, además, es que sólo hubo tibias críticas contra el Gobierno y coincidencias de varios dirigentes de que debe la CGT deberá apelar a “la prudencia y la inteligencia” para eventuales escenarios de confrontación con la administración libertaria.

Uno de los presentes admitió su “sorpresa” por la tolerancia de los sectores más humildes al ajuste del Gobierno y que “no se ve reacción de la ciudadanía oponiendo resistencia a las medidas de Milei”. Después de otras intervenciones similares, se le dio un respaldo a la estrategia del sector dialoguista de la CGT de comenzar negociaciones con el Gobierno sin realizar nuevas medidas de fuerza.

Abrió la reunión Gerardo Martínez (UOCRA), el anfitrión, que recibió oficialmente a Moyano y Argüello entre apelaciones a la unidad de la CGT, mientras que Héctor Daer hizo un resumen de las batallas contra el gobierno de Javier Milei y llamó a “no perder lo ganado históricamente”.

Luego fue el turno del líder de Camioneros, que presentó a Argüello como representante de su sindicato en el triunvirato de la CGT y luego hizo una sugestiva referencia al senador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar: “Parece que volvimos a la Banelco”, afirmó al aludir al caso de los sobornos en el Senado durante el gobierno de la Alianza.

Si bien era una reunión de la mesa chica, a la que no van más de 10 dirigentes, en este caso se concretó una versión ampliada de la que participaron unos 45 sindicalistas. Además de Moyano, Argüello, Daer y Martínez, asistieron el otro cotitular de la CGT, Carlos Acuña (estaciones de servicios); Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Abel Furlán (UOM), Jorge Sola (Seguros), Roberto Fernández (UTA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Rodolfo Daer (alimentación), Daniel Vila (carga y descarga), Julio Piumato (judiciales), Carlos Frigerio (cerveceros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Argentino Geneiro (gastronómicos), entre otros.

Además, llamó la atención que cuando algunos sindicalistas pidieron que sean más frecuentes las reuniones de la CGT, Héctor Daer advirtió que prefieren la mesa chica y no convocar al Consejo Directivo porque “termina entrando cualquiera”. Se refería a la decisión de algunos gremios de enviar a dirigentes de segunda o tercera línea a los encuentros.

Finalmente, Hugo Moyano decidió ir a la mesa chica de la CGT en nombre del Sindicato de Camioneros y otro dirigente de su gremio, Octavio Argüello, será su representante en el triunvirato cegetista hasta el final del mandato de las autoridades de la central obrera, en noviembre de 2025.

La decisión fue anunciada por el líder sindical ante una delegación del sector dialoguista que lo visitó en la sede de Camioneros y representa un punto intermedio que soluciona, sobre todo, un tema familiar: la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, era partidaria de que no asumiera una actividad de semejante exposición pública y nivel de stress en la CGT que podría complicar su estado de salud.

Argüello estaba al margen de las versiones sobre el reemplazante de Pablo Moyano en la CGT. Es secretario Regional de Camioneros en Tres de Febrero y San Martín e integra la conducción de la la CGT regional San Martín. Fue, además, presidente del Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), agrupación política que fundó Hugo Moyano en 2013 y de la que hoy es tesorero.

Según la biografía publicada en el sitio La Noticia 1, Argüello nació el 21 de febrero de 1962 en la localidad de Loma Hermosa y en 1979 comenzó a trabajar en la empresa de recolección Venturino, en San Martín. Desde 1984 es elegido delegado donde comienza su vida gremial y conoce a Hugo Moyano, a partir de lo cual se convierte en dirigente del rubro de recolección de residuos.

Fue diputado provincial electo en 2003 por el Frente Popular Bonaerense, en la lista encabezada por Aldo Rico como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue diputado nacional del Frente para la Victoria entre 2007 y 2011. Creó el Frente Político Social y Sindical a nivel distrital y en las PASO de 2019 fue precandidato a intendente de Tres de Febrero por el Frente de Todos.

Su ascenso representa una nueva etapa para Camioneros, sin Pablo Moyano en un primer plano, y todo un desafío para Hugo Moyano, que volverá a la CGT desde una estructura informal de la CGT como la mesa chica, integrada por unos 10 dirigentes, pero con una gran capacidad de decisión.

La decisión de Moyano fue comunicada durante una reunión que tuvo este lunes al mediodía con una delegación cegetista integrada por sus cotitulares Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), a quienes se sumaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Cristian Jerónimo (vidrio).

La mayoría de esos dirigentes lideran el sector dialoguista de la CGT, que mantiene el control de la central obrera y decidió hace tres semanas, sin Pablo Moyano, no concretar nuevas medidas de fuerza y apostar al diálogo con el Gobierno. Esa resolución precipitó la renuncia del dirigente de Camioneros a la CGT mediante una nota de apenas tres líneas en la que afirmó que su alejamiento se basaba en que “no coincide con las decisiones de la llamada mesa chica”.

La reunión de este mediodía en la sede de Camioneros, donde se anunció la fórmula del sindicato para seguir en la CGT, fue la antesala del encuentro ampliado de la mesa chica de la CGT, que se realizará este martes, a las 16, en la sede de la UOCRA, donde se les dará la bienvenida Hugo Moyano y a Argüello para pondrá en marcha otra etapa cegetista con una impronta negociadora más fuerte.

Argüello es un dirigente de confianza del líder de Camioneros y tiene una excelente relación con toda la dirigencia dialoguista de la CGT, que ahora, sin la postura ultraopositora de Pablo Moyano. Por eso su ascenso de convierte en una buena noticia para el gobierno de Javier Milei, que ahora se apresta a convocar a la dirigencia cegetista integrar la mesa de diálogo con los empresarios. El nuevo triunvirato de la CGT podría debutar el 19 de este mes cuando delibere el Consejo del Salario.

El regreso de Hugo Moyano al primer plano del sindicalismo dejará descolocados a quienes desde hace años mencionan sus problemas de salud como indicios de una jubilación anticipada.

Así como en la pandemia se atrincheró en su casa y delegó el mando en su díscolo hijo mayor, ahora, a los 80 años, recorrió el camino inverso: le quitó legitimidad al planteo ultraopositor de Pablo Moyano contra el gobierno de Javier Milei y se convirtió en el detonante de su renuncia a la CGT para retomar el 100% del poder en el Sindicato de Camioneros y consolidar su alianza con el sector dialoguista para volver a una central obrera en la que ya estuvo durante tres mandatos entre 2004 y 2016.

El lunes, el líder de Camioneros tendrá una reunión con dirigentes de la fracción moderada de la CGT. El martes, se sumará al encuentro ampliado de la mesa chica cegetista que analizará la situación generada por la renuncia de su hijo al triunvirato de conducción. Y el miércoles, representantes de su gremio tendrán una audiencia clave con los empresarios del sector en la Secretaría de Trabajo para intentar que no fracasen las paritarias del trimestre diciembre-febrero 2025.

Son todos datos que confirman la perenne centralidad de un dirigente que nunca termina de ceder el protagonismo, aunque hizo algunos tibios intentos que no prosperaron (como la fallida apuesta por su hijo Pablo) y a pesar de las señales de declive del imperio que construyó hace décadas.

Su regreso es una excelente noticia para los dialoguistas de la CGT (piloteados por Héctor Daer, de Sanidad; Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), que ahora podrán afianzar su estrategia negociadora con el gobierno de Javier Milei sin que Pablo Moyano interfiera o trate de boicotearla. Y es, obviamente, una inmejorable noticia para la administración libertaria, que celebra el ascenso del jefe del Sindicato de Camioneros, con el que tiene buen diálogo, y el alejamiento de la cúpula de la CGT de su hijo políticamente asociado a Cristina Kirchner.

“El reemplazante de Pablo tendrá el apellido Moyano”, es la respuesta que repiten los dialoguistas cuando se les pregunta qué hará Camioneros con la vacante en la CGT. Nadie cree que Hugo Moyano deje un cargo tan decisivo en manos de cualquiera. Es lógico, dicen los moderados de la CGT, que tampoco quiera exponer a sus hijos: ni a “Huguito”, el abogado de perfil técnico, ni a Jéronimo, el benjamín de 25 años que recién comienza, ni a Karina, sin el rodaje para semejante desafío. El líder sindical tampoco quiere cederle tanto poder a un dirigente de su riñón como Omar “Manguera” Pérez, su delegado en la confederación del transporte (CATT), ni a un aliado como Jorge Taboada, el chubutense que lo secunda en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

En el entorno más cercano al jefe de Camioneros interpretan su vuelta a la CGT como una forma de neutralizar una ofensiva de Pablo Moyano y Cristina Kirchner contra la estrategia negociadora del sector dialoguista. “Hugo ya se juntó con (Héctor) Daer para hablar del tema. Él es el único que garantiza que Pablo no le tire piedras desde afuera con la inspiración de La Cámpora”, dijeron.

Los dialoguistas de la CGT esperan a Hugo Moyano para blindarse ante las críticas del ala dura y darle más espesor a la etapa conciliadora que se abrirá antes de fin de año con los funcionarios libertarios. El “nuevo” triunvirato cegetista podría debutar el 19 de este mes cuando delibere el Consejo del Salario, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ajusta la agenda para convocar a la CGT y a los empresarios del Grupo de los Seis (G6) al primer encuentro de la mesa de diálogo tripartita.

Quedó en una suerte de nebulosa la convocatoria del secretario de Trabajo, Julio Cordero, a crear una comisión técnica con abogados de la CGT y del G6 para consensuar la reglamentación del artículo de la Ley Bases que penaliza los bloqueos sindicales: venció hace un mes el plazo legal para hacerlo (120 días corridos desde su promulgación, que se produjo el 8 de julio). Ese punto era uno de los principales reclamos de la CGT, sobre todo para congraciarse con Pablo Moyano, el abanderado de los bloqueos, pero, para alivio del empresariado, quedará tal como figura en la ley: ese tipo de protestas son consideradas una “grave injuria laboral” y, por lo tanto, causal de despido justificado.

Como anticipó Infobae, Hugo Moyano reforzó su alianza con los dialoguistas de la CGT luego de que se distanció de las declaraciones de su hijo Pablo en favor de un nuevo paro general. Hoy, papá Moyano busca tender mejores relaciones con el Gobierno ante un combo de realidades adversas. Desde la rebeldía infinita de Pablo hasta la trabada paritaria de diciembre-febrero pasando por los cuestionamientos de los trabajadores de recolección de residuos de CABA al acuerdo con el gobierno de Jorge Macri sin pagar indemnizaciones y poniendo fin a la “Ley Moyano”.

El renovado papel protagónico de Hugo Moyano a sus 80 años (cumplirá 81 el 9 de enero) es una confirmación de un poder sindical anquilosado, plagado de dirigentes formateados para otra época del país, que acumulan mandatos eternos en sus gremios y pontifican sobre la renovación sin practicarla. Paradójicamente, el que mejor describe la crisis del sindicalismo actual dentro sus propias filas es otro miembro de la familia Moyano, Facundo, quien desempolvó su proyecto de democratización sindical, que había presentado cuando fue diputado y en su momento inclusive contó con el apoyo por su padre.

Además de la mala relación con Pablo, el líder de Camioneros se da cuenta de que su poder no es el mismo (como quedó demostrado al resignar la “Ley Moyano” con el gobierno porteño) y tampoco tiene la misma capacidad de presión de los años de esplendor de la “patria camionera”, algo evidente en paritarias que se cierran en porcentajes que no equiparan a la inflación. Entre marzo de 2018 y julio de 2023, por ejemplo, el sindicato de Moyano registró una caída salarial del 26%, según un estudio de la consultora Analytica. Fue el que encabezó el ranking de los retrocesos de ingresos reales frente a la inflación. Los salarios del sector no mejoraron desde entonces.

Otros frente de tormenta para el poder de Moyano tienen que ver con las disidencias internas, que se multiplican: desde el armado de una federación paralela que impulsa el titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, con dirigentes de Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos y Tucumán, para disputarle el poder en las elecciones gremiales de 2025, hasta la creación del primer sindicato de empleados jerárquicos de recolección de residuos (APJERR), que encabeza Jorge Silva, fortalecido al triunfar en los primeros comicios de la organización, el 19 de octubre.

La rebeldía de los recolectores de residuos contra sus líderes sindicales es inédita y riesgosa: estalló sorpresivamente en una actividad que es todo un emblema del andamiaje moyanista. Y genera pánico no sólo entre los dirigentes de Camioneros: se convirtió en un espejo que refleja lo que está pasando también en otros gremios, pero en el que prefieren no mirarse los sindicalistas.

El poder sindical ya no es lo que era y, para colmo, gobierna un presidente no peronista que desconcierta a la dirigencia y que, por ahora, avanza a rajatabla sin reconocerle su antigua (¿y ya extinguida?) capacidad de regular el conflicto social. A Javier Milei eso no le interesa. Rompió el molde de la relación entre gobiernos y sindicalistas (donde regía el toma y daca desde hace largas décadas) luego de haberle ganado al gremialismo los votos entre sus propios representados.

El regreso de Hugo Moyano es el símbolo de estos tiempos hostiles para un sindicalismo sin reflejos. Quizá la mejor demostración de la crisis sea cuál es el máximo tema de preocupación que desvela en estas horas a los dirigentes de Camioneros: la participación de una empleada administrativa del sindicato, Jenifer Lauría, en la nueva edición de Gran Hermano, el programa televisivo de Telefé. “Soy de llevarme el mundo por delante”, declaró la joven de 31 años, que lleva una década trabajando con los moyanistas. ¿Contará secretos del clan familiar? Si dice algo inconveniente, el efecto puede ser mucho más explosivo que los calificativos de “Pablito traidor” de los recolectores de residuos.

Hugo Moyano decidió asumir el lugar de Pablo en la CGT. Hugo Moyano decidió no asumir en el lugar de Pablo en la CGT. Podría decirse “táchese lo que no corresponda” porque en estas horas cruciales el líder del Sindicato de Camioneros dio señales en ambos sentidos ante sus más íntimos. Lo único seguro es que el martes próximo, a las 16, Hugo Moyano estará en la UOCRA para la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que analizará la vacante generada por su díscolo hijo.

Hace apenas 24 horas, el titular de Camioneros le dijo a un miembro de su familia que no ocupará ningún lugar en la CGT. Lo mismo aseguraron otros candidatos para el puesto: Omar “Manguera” Pérez y Jorge Taboada, quienes desmintieron ante colegas de peso que sean candidatos a la cúpula cegetista. El elegido tampoco sería “Huguito” Moyano, el abogado y secretario de Coordinación Jurídica de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que sonaba también para el puesto.

¿Quién irá entonces en nombre de Camioneros? “Quiere sorprender y por eso el elegido será un dirigente que nadie tiene en el radar”, vaticinó a Infobae alguien que habla seguido con el líder sindical. Y agregó: “No se jueguen por ningún nombre porque se pueden equivocar feo”.

En la familia Moyano, sin embargo, hay quienes sospechan que finalmente Hugo terminará asumiendo en la CGT, pese a las versiones contradictorias que circulan. “Ya se juntó con (Héctor) Daer para hablar del tema. El es el único que garantiza que Pablo no le tire piedras desde afuera con la inspiración de La Cámpora”, afirmaron en el entorno más cercano al jefe de Camioneros.

Según esta interpretación, Hugo Moyano iría a la CGT para preservar el equilibrio en la cúpula de la central obrera y evitar que, inspirado por Cristina Kirchner, cualquier otro candidato de su sindicato sea hostigado por Pablo, quien ya advirtió que estará “en la calle al lado de los trabajadores”.

Hugo Moyano reforzó su alianza con los dialoguistas de la CGT luego de que se distanció de las declaraciones de su hijo mayor en favor de un nuevo paro general. Hoy, papá Moyano busca tener las mejores relaciones con el Gobierno ante un combo de noticias desfavorables que lo acosan. Desde la rebeldía infinita de Pablo hasta la trabada paritaria del nuevo trimestre, pasando por los cuestionamientos de los trabajadores de recolección de residuos de CABA al acuerdo alcanzado con el gobierno de Jorge Macri sin pagar indemnizaciones y cancelando así la célebre “Ley Moyano”.

Tiene la ayuda del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que ya lo recibió en secreto hace una semana para hablar sobre la negociación salarial, en la que el sindicato reclama un 15% para el período diciembre-febrero (5% para cada mes) y el Ministerio de Economía no quiere que supere el 3% mensual, como lo prevén las estimaciones inflacionarias del último bimestre de 2024.

Asumir en la CGT, además, sería una forma de Hugo Moyano de obligar a la Casa Rosada a ayudarlo para que no siga los pasos opositores de Pablo. Es que necesita imperiosamente un buen acuerdo salarial para acallar la inédita rebeldía en las bases y neutralizar la ofensiva contra Javier Milei que prepara su hijo mayor con sigilo y en sociedad con Cristina Kirchner y sus aliados más radicalizados.

Por ahora, los datos de la realidad no lo ayudan. La última audiencia oficial de las paritarias de Camioneros fracasó y seguirá el miércoles próximo, pero las posiciones están muy lejos. Además del 15% trimestral, Moyano exige un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social.

Y si asume en la CGT como miembro del triunvirato, con Héctor Daer y el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio), podrá garantizar que Camioneros no dará un volantazo hacia las filas ultraopositoras, como pretendía Pablo Moyano, pero se expondrá a un eventual desgaste que tendría su sociedad con los dialoguistas en una defensa cerrada de la estrategia de negociar con el Gobierno. Después de todo, la inflación por ahora se mantiene baja y el dólar está quieto, pero se sabe que la economía en la Argentina puede dar sorpresas aun en los momentos menos previsibles.

Sea como fuere, el propio Hugo Moyano es el único de Camioneros que podría respetar una línea política moderada sin temor a las críticas de los sindicalistas antimileístas, como su hijo mayor. Hay un detalle que puede hacer que desista de ir a la CGT: su esposa, Liliana Zulet, quiere que el dirigente, que en enero cumplirá 81 años, priorice su salud sin exponerse a más situaciones de stress. Ese es el problema: el gobierno de Milei es garantía de un sindicalismo al borde de un ataque de nervios.

Fracasó otra audiencia de las negociaciones salariales del Sindicato de Camioneros y crece la tensión porque las posiciones entre gremialistas y empresarios siguen sin acercarse, en una paritaria monitoreada de cerca por el Gobierno para que no acuerden una mejora que supere la pauta oficial.

“Es muy difícil, estamos lejos y pasamos a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo”, reconoció a Infobae, en un tono pesimista, uno de los protagonistas de las tratativas, que se realizaron en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114.

El Sindicato de Camioneros reclamó a los empresarios un aumento del 5% en el trimestre diciembre, enero y febrero para cada uno de esos meses, mientras el Gobierno ya le hizo saber que el Ministerio de Economía no acepta que la cifra supere el 3% mensual, a tono con la inflación prevista.

Ante las dificultades para cerrar un acuerdo, Hugo Moyano visitó el 26 de noviembre pasado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para interiorizarlo sobre el desarrollo de las negociaciones.

El ex abogado de Techint ya tuvo un gesto de buena voluntad en la traumática paritaria de abril pasado cuando aceptó que el jefe de Camioneros reformulara el aumento salarial del 45% en dos tramos para que quede en un 24% bimestral, salteándose la mejora de junio, y así los libertarios homologaran el convenio que estaba trabado porque superaba el tope puesto por Economía.

Pero fue un cambio puramente cosmético: se reacomodaron los porcentajes para exhibir una recomposición más baja (era del 25% para marzo y 20% para abril y luego quedó en 15% y 9%, respectivamente), pero se agregaron dos sumas fijas, del 10% y del 7% sobre los sueldos de marzo, que igual dejaron la mejora total en los bolsillos en casi un 45%.

Hoy, el dilema del jefe de Camioneros es que si no logra un buen acuerdo salarial se le puede complicar su relación con las bases, que ya están en estado efervescente, como lo demostraron las críticas e insultos contra Pablo Moyano y otros dirigentes que estallaron entre los recolectores de residuos de Capital. La realidad del transporte automotor de cargas tampoco lo ayuda. La actividad pasa por un momento de contracción y por eso las pymes advirtieron que no pueden pagar el 15% de aumento trimestral, más el bono de $650 mil y el aporte extraordinario para la obra social.

Hace una semana, el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada, confirmó que buscan “cerrar una paritaria para diciembre, enero y febrero de 5 puntos por mes y un bono de $650.000 a pagar en tres veces”, mientras amenazó: “A la hora de discutir los salarios les vamos a tirar con todo lo que tenemos porque con eso no se jode; es el plato de comida de un millón de personas y no estamos dispuestos a resignar nada”.

En declaraciones a Radio de Camioneros, el dirigente que secunda Hugo Moyano en la federación insistió en que “estamos dispuestos a llevar la pelea salarial a la instancia que sea necesaria” y dijo que “los empresarios tienen que entender que los gobiernos pasan y los sindicatos quedan”.

Además, criticó a la Casa Rosada: “El Gobierno te dibuja una inflación que no es real, los elementos básicos de la canasta de los trabajadores aumentan todos los días y no tiene nada que ver con los índices inflacionarios que dice Nación, todos sabemos que el sueldo cada vez alcanza menos”.

Algunos interpretaron que Taboada decidió elevar el perfil con sus declaraciones sobre las paritarias porque podría ser el elegido de Hugo Moyano para reemplazar a su hijo Pablo en la CGT. Sin embargo, según el diario La Opinión Austral, de Santa Cruz, el titular del Sindicato de Camioneros de Chubut desmintió rotundamente los rumores sobre su designación en el triunvirato cegetista y afirmó que no está en sus planes ocupar ese puesto, luego de lo cual señaló que las prioridades deben enfocarse en la defensa del empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.

En los pasillos de la CGT, en realidad, aseguraron a Infobae que Taboada “nunca fue un candidato serio” a ir a la CGT y que ahora lo bajó definitivamente el líder de Camioneros. ¿Quién será finalmente el elegido? Algunos jefes cegetistas siguen intuyendo que el puesto recaerá en Jerónimo, el menor del clan Moyano. Su papá lo lleva a todas las reuniones públicas y secretas para prepararlo en la carrera sindical, pero tiene apenas 25 años y escasa experiencia en la gestión.

Las miradas volvieron a posarse en el propio Hugo Moyano, quien medita la posibilidad de suceder a su hijo mayor hasta el final del mandato de las actuales autoridades de la CGT, en noviembre de 2025. Pero tendría una fuerte resistencia de su esposa, Liliana Zulet, que prefiere que el dirigente, que en enero cumplirá 81 años, priorice su salud sin exponerse a más situaciones de stress.

Los próximos días serán decisivos para definir al sucesor de Pablo Moyano en la CGT. Como anticipó Infobae, dialoguistas de la CGT se reunirán con Hugo Moyano para apoyarlo en medio de los gestos desafiantes a su liderazgo por parte de su hijo Pablo y de la rebeldía de los recolectores de residuos porteños. Allí también se hablarán del dirigente de Camioneros que irá al triunvirato cegetista.

La idea sería que el elegido por Camioneros sea presentado el martes próximo en una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT, en la sede de la UOCRA, en la avenida Belgrano 1870. Será el reencuentro de la dirigencia dialoguista y sus aliados luego del contacto del 19 de noviembre en UPCN, en donde descartaron nuevas medidas de fuerza y ratificaron el diálogo con el Gobierno. Ese día, Hugo Moyano dará una señal clave para alinearse con la estrategia moderada de la CGT, mientras Pablo no se quedará quieto, como advirtió en un video que difundió el sábado pasado: “Por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal”.

La CGT le ratificará su respaldo a Hugo Moyano en medio de los gestos desafiantes a su liderazgo por parte de su hijo Pablo y de la rebeldía de los recolectores de residuos porteños. Será durante un encuentro que el titular del Sindicato de Camioneros tendrá esta semana con un jefe del sector dialoguista de la central obrera, donde hablarán del dirigente que irá al triunvirato cegetista.

“Hasta ahora, será el propio Hugo o Jorge Taboada; no hay otros candidatos”, aseguró a Infobae una fuente de la CGT acerca del reemplazante de Pablo Moyano en la central obrera. Taboada es el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y lidera el sindicato en Chubut. Hugo Moyano medita la posibilidad de suceder a su hijo mayor hasta el final del mandato de las actuales autoridades de la CGT, en noviembre de 2025, aunque tendría resistencia de su esposa, Liliana Zulet, que prefiere que el dirigente priorice su salud sin exponerse a más situaciones de stress.

La idea sería que el elegido por Camioneros sea presentado el martes próximo en una reunión de la mesa chica de la CGT que tendrá lugar en la sede de la UOCRA, en la avenida Belgrano 1870. Será el reencuentro de la dirigencia dialoguista y sus aliados luego del encuentro del 19 de noviembre en UPCN, en donde descartaron nuevas medidas de fuerza y ratificaron el diálogo con el Gobierno.

Esa postura derivó en renuncia de Pablo Moyano a la CGT debido a que “no coincide con las decisiones de la llamada mesa chica”, como explicó en una carta enviada a la cúpula cegetista.

En realidad, lo que irritó al dirigente de Camioneros es que su padre, Hugo Moyano, lo desautorizó porque se comunicó con los dialoguistas de la CGT para aclararles que no compartía la postura de su hijo mayor de impulsar una nueva medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei.

Pablo Moyano, en cambio, había declarado que era partidario de un paro general o una movilización contra la administración libertaria, en sintonía con la postura de los gremios del transporte y del kirchnerismo, que impulsaban una medida de fuerza con otros sectores para el 5 de diciembre.

Sin embargo, como anticipó Infobae, las dos CTA, los movimientos sociales y otras organizaciones políticas confirmaron la realización para este jueves 5 de la “Jornada Federal de Lucha” contra el gobierno de Javier Milei, que finalizará, a las 13, con un acto “multitudinario” en la Plaza de Mayo, pero lo anunciaron sin la presencia de los sindicatos del transporte ni de Pablo Moyano.

Pese a que habían insinuado que se sumarían a la protesta, los gremios del ala dura que integran la Mesa Nacional del Transporte y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) no se reunieron en los últimos días ni tienen un encuentro previsto para definir su asistencia.

Este sábado, Pablo Moyano reapareció mediante un video en las redes sociales de Camioneros: “Por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT -sostuvo-, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal”. Sin embargo, hasta ahora no confirmó si irá al acto del jueves.

En la conferencia de prensa en la que ratificaron la protesta del jueves, sólo hubo dirigentes de segunda línea de sindicatos kirchneristas que integran la CGT como bancarios y SMATA, pero trascendió que no quisieron aparecer en la foto, donde sí estuvieron en primera fila los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy; el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, y representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Territorios en Lucha, del sector de las pymes y de otras agrupaciones políticas y sociales.

Las ausencias sindicales de peso en la movilización del jueves 5 debilitan la estrategia del ala dura del gremialismo contra el Gobierno y refuerzan la posición del sector dialoguista, que ahora se prepara para consolidar su alianza con Hugo Moyano y recibir al sucesor de su hijo Pablo con la seguridad de que estará alineado con una postura moderada como la que sostiene el líder de Camioneros.

En los últimos días, Hugo Moyano fue desafiado como nunca por su hijo Pablo, que renunció a la CGT en un gesto desafiante ante la actitud negociadora de su padre, mientras los trabajadores de recolección de residuos se rebelaron el lunes y martes pasados contra sus líderes por un acuerdo con el gobierno porteño que, contrariamente a lo vociferado por Pablo Moyano, no incluyó indemnizaciones como se habían logrado desde 1998 con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Por eso, los dialoguistas de la CGT pactaron reunirse en las próximas horas con el jefe de Camioneros, con una doble intención: darle su apoyo antes los conflictos internos que atraviesa y procurar que el reemplazante de Pablo Moyano en la central obrera sea un dirigente de perfil moderado. A su vez, el contacto inminente servirá como una forma de Hugo Moyano de despegarse otra vez de su hijo mayor, que este sábado, cuando rompió el silencio, atacó de manera feroz a dos líderes cegetistas moderados como Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN) que lo habían criticado.

“Hace 60 años que están en la CGT y no se dan cuenta de que han cumplido un ciclo, hermano. Retírense y dejen el lugar a los trabajadores y a aquellos dirigentes que venimos peleando desde hace mucho tiempo por una Argentina mejor”, dijo Pablo Moyano. ¿Se lo decía a sus rivales internos o a su propio padre, con el que se profundizó la grieta que los separa?

Los videos con los gritos de “Pablito traidor” trastornan a los Moyano. Fueron dirigidos a Pablo, pero en cualquier momento pueden llegar a Hugo, ese veterano líder sindical cuyo poder parecía inoxidable, pero que ya está empezando a mostrar evidentes signos de herrumbre que amenazan a todo el Sindicato de Camioneros.

De manera inédita, el imperio sindical de los Moyano se empezó a complicar desde las bases, con cuestionamientos inesperados para quienes durante dos décadas estuvieron asociados con una capacidad de presión que derivaba en muy buenos sueldos y condiciones de trabajo. Pero el origen de esa fortaleza fue la alianza con el gobierno de Néstor Kirchner, que desde 2003 le concedió privilegios que le permitieron a Camioneros crecer no sólo en cantidad de afiliados (muchos de ellos “robados” de otros gremios) sino también en la recaudación de una “caja” sindical que pasó a ser multimillonaria gracias a ese padrinazgo político.

En los últimos días, los símbolos de que la “patria camionera” no es la misma quedaron a la vista. Hugo Moyano fue desafiado como nunca por su hijo Pablo, que renunció a la CGT luego de que fue desautorizado por él al no avalar una nueva protesta contra Javier Milei sin el apoyo orgánico del resto de la central obrera. El líder de Camioneros debió visitar de urgencia al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para intentar destrabar una paritaria en la que pide aumentos por encima de la pauta oficial. Y, finalmente, los trabajadores de recolección de residuos se rebelaron el lunes y martes pasados contra sus líderes por un acuerdo con el gobierno porteño que, contrariamente a lo vociferado por Pablo Moyano, no incluyó indemnizaciones como se habían logrado desde 1998 con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, más allá de las amenazas verbales de su hijo mayor para presionar al gobierno de Jorge Macri, Hugo Moyano sabe que los gritos de “Pablito traidor” pueden caerle a él en cualquier momento. Después de todo, fue quien terminó firmando a principios de octubre el acuerdo sobre los recolectores de residuos de CABA con la vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, en donde, por primera vez en 26 años, cedió en la aplicación de la “Ley Moyano”, como le dicen coloquialmente a esa norma no escrita por la cual Camioneros logró que cada vez una empresa ganaba una concesión de servicios o cambiaba de accionistas, despidiera al personal, lo indemnizara y lo volviera a contratar.

Es raro que los trabajadores se hayan enterado recién el lunes pasado que no iban a recibir ninguna indemnización cuando el acuerdo ya había trascendido (Infobae lo anticipó el 5 de octubre) sin desmentida alguna del sindicato. Por eso algunos dirigentes malpensados sospechan que detrás de las asambleas agitadas y los ataques contra Pablo Moyano está la mano del titular del gremio, que habría alentado esa rebelión para debilitar a su hijo rebelde. Eso sería más raro aún: un dirigente experimentado como Hugo Moyano sabe que, una vez que se desata, la ebullición de las bases puede resultar incontrolable.

Los cuestionamientos aparecieron el lunes pasado en la empresa Cliba, en la Base Operativa Salguero, luego de que un delegado confirmó los términos del acuerdo con el gobierno de Jorge Macri, que contempla beneficios para el personal próximo a jubilarse y con problemas de salud, pero ninguna indemnización como esperaban los trabajadores, confiados en la que, hasta ese momento, era la única voz oficial del sindicato, Pablo Moyano: “En octubre, cuando se termine el contrato de la recolección, las empresas de la ciudad de Buenos Aires van a tener que pagar la indemnización”. Eso fue en junio. Por eso algunos le apuntaban al secretario de la Rama de Recolección del sindicato, José “Teta” Garnica, quien debía haber hecho a tiempo la rectificación ante la gente.

La primera reacción de Camioneros fue destacar que el malestar se produjo en una sola empresa y en un único turno de trabajo, pero si hubiera sido así no se entendió por qué se desplegaron tantos esfuerzos para contener reclamos aislados. El número 3 de Camioneros, Marcelo “Feúcho” Aparicio, difundió un video en el que dio explicaciones, admitió que la “Ley Moyano” era un “privilegio” sin basamento legal y descalificó a los críticos (”un grupito”). Y advirtió: “Siempre trabajamos por y para los derechos de los trabajadores”. ¿Hacía falta aclarar algo tan obvio?

Al día siguiente, apareció otro video en las redes sociales de Camioneros, esta vez con una suerte de entrevista arreglada para que se explayaron Garnica y su adjunto, Marcelo Cardozo. El primero advirtió que no podía tolerarse la “falta de respeto” a los dirigentes y señaló que los disconformes fueron sólo “15 sobre 9000 trabajadores” del sector. Inclusive le restó importancia al reclamo cuando aseguró que “tienen que estar contentos porque tienen trabajo hasta 2028″.

Llamó la atención cuando en un momento les hizo un pedido a los rebeldes: “Hay que recapacitar. La clase humana tiene algo desfavorable, que es que movemos la lengua más rápido que la mente. Hay que mover la mente primero antes que la lengua porque después hay consecuencias” (aludió de esa forma a los trabajadores críticos, aunque la frase le cabe perfectamente a Pablo Moyano).

Cardozo, en tanto, dijo que el problema es que algunos trabajadores “gastaron antes (la indemnización), la gastaron a cuenta” y prometió que ese dinero “va a venir en el momento en el que tenga que venir” ya que “hoy tenemos que respetar todo lo que se ha firmado”.

Signo de los tiempos adversos: así como Macri sentó un precedente complicado con la aceptación de la “Ley Moyano”, el líder de Camioneros ahora debió ceder ante el gobierno porteño y sus dirigentes terminaron aceptando que el reclamo se hizo por fuera de la ley. El mismo sindicato sentó un precedente distinto que se convirtió en un signo de debilidad. Incluso porque le jugará en contra en las difíciles negociaciones salariales de Moyano para el trimestre diciembre, enero y febrero. Está exigiendo un 5% de aumento para cada uno de esos meses, mientras el Gobierno ya le hizo saber que el Ministerio de Economía no acepta que la cifra supere el 3%, a tono con la inflación prevista.