Se trata de Jasith Sangama, madre de dos menores, quien logró sobrevivir a dos atentados en menos de dos semanas. Desde entonces, asegura que no tiene una vida estable, cambia constantemente de ubicación y teme que pueda ocurrir un tercer ataque. Su testimonio se conoce en medio de las investigaciones policiales que ya lograron la captura del presunto sicario involucrado en el caso.

“Vivo asustada”: el testimonio de la sobreviviente del ataque de sicario en Lima

Con la voz entrecortada, Jasith Sangama relató cómo cambió su vida tras convertirse en víctima de un caso de sicariato en Lima. La mujer aseguró que vive en alerta permanente y que ha tenido que alejarse de su entorno habitual para protegerse.

“Terrible, horrible. Todo esto ha cambiado mi vida. Vivo asustada. Estoy en diferentes lugares porque temo, temo por mi vida, por lo mis, por mis hijos también”, expresó al recordar los momentos de terror que vivió durante el ataque.

Según detalló, ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, donde un sujeto le disparó en reiteradas ocasiones. Días después, el segundo ataque se produjo en la entrada del condominio donde vivía, en Jesús María, cuando un sicario la interceptó y le disparó al menos cinco veces mientras intentaba refugiarse.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima corre hacia el interior del edificio, intenta esconderse detrás de la caseta de vigilancia, pero es alcanzada por el atacante, quien abre fuego sin detenerse. Pese a la gravedad del hecho, logró sobrevivir y fue trasladada a un centro de salud.

En su declaración, también responsabilizó directamente a su expareja como el presunto autor intelectual del crimen. “Cien por ciento segura que es él. Lo dijo el sicario también, que fue enviado, que fue enviado por mi esposo, mi aún esposo”, afirmó.

Inicialmente, pensó que el motivo estaba relacionado con la demanda de pensión de alimentos para sus hijos, pero luego sostuvo que el trasfondo sería una disputa por bienes económicos. “A un principio pensé que era por la denuncia de la pensión de alimentos… pero me llego a enterar por medio del sicario que son por los bienes que me está... que me quiere matar”, señaló.

Además, alertó sobre el impacto emocional en sus hijos. “Ellos están viviendo un trauma psicológico horrible que jamás olvidarán y justamente porque viene de parte de su padre”, indicó, al tiempo que pidió protección y justicia para su familia.

Captura del sicario y claves del caso que investiga la Policía

En paralelo al testimonio de la víctima, la Policía Nacional del Perú logró capturar a Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, quien confesó ser el autor material del ataque armado ocurrido el pasado 24 de marzo en Jesús María. Su identificación fue posible gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa parte de su rostro mientras huía en una bicicleta tras disparar contra la mujer.

De acuerdo con las investigaciones del Depincri Jesús María, ya existían indicios que vinculaban a Pizarro Cabrera con la tentativa de homicidio, lo que permitió su intervención. Además, se conoció que el detenido contaba con antecedentes y una requisitoria vigente por el delito de pornografía infantil.

El caso también involucra a la expareja de la víctima, José Luis Amasifuen Samasi, quien fue detenido como presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, fue liberado pese a existir un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, lo que ha generado preocupación en el entorno de la agraviada.

Durante las diligencias, el sicario habría revelado detalles sobre cómo se negoció el ataque, lo que podría ser clave para determinar las responsabilidades detrás del crimen por encargo. Mientras tanto, la investigación busca establecer si hubo más personas involucradas en la planificación y ejecución del atentado.

Familiares de Jasith Sangama exigieron que se aplique la máxima sanción contra el sicario confeso y que se profundicen las indagaciones para identificar a todos los responsables. Asimismo, solicitaron que se agilice la intervención quirúrgica que aún necesita la víctima como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El caso continúa en desarrollo, mientras la mujer permanece en resguardo y evita cualquier rutina que pueda exponer su ubicación.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó este 11 de abril la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva.

Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial.

De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

Operativo conjunto en Colinas de la Cruz

El despliegue inició a las diecinueve horas, cuando elementos de la FESC detectaron a los presuntos responsables. Según la dependencia estatal, los sujetos mostraron nerviosismo y trataron de alejarse al notar la presencia policial, por lo que fueron revisados.

Tras la inspección, se localizó un arma calibre 9mm fajada a la cintura de Jaime “N”, mientras que Julio César “N” portaba una bolsa de nylon con dosis de metanfetamina y otra con marihuana. A Miguel Eduardo “N” también se le aseguró un arma de fuego del mismo calibre. Cabe señalar que ese tipo de armamento está prohibido para civiles según la ley.

El operativo fue realizado en coordinación con instancias federales. Las autoridades destacaron la coordinación entre instituciones para enfrentar a grupos delictivos con presencia en la entidad.

En total estos fueron los indicios asegurados:

• 2 armas cortas
• 2 cargadores
• 15 cartuchos útiles
• Mil 50 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 610 gramos
• Una bolsa con marihuana con un peso cercano a los mil 994 gramos

Investigación a cargo de la FGR

Tras la detención, los tres hombres recibieron información sobre sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con las drogas y armas aseguradas.

La FGR será la encargada de determinar la posible relación de los detenidos con actividades de sicariato y su pertenencia a una célula criminal que opera en la región.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó que los operativos continuarán en diferentes zonas de Tijuana para identificar y detener a integrantes de células dedicadas a delitos de alto impacto.

Hasta el momento no ha sido revelado cuál sería el presunto grupo delincuencial al que pertenecerían.

Este viernes 10 de abril un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N” presuntos autores materiales del crimen donde perdió la vida el estilista Miguel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

Según reportes de medios nacionales, durante la audiencia inicial la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que el grupo criminal encargado de asesinar al joven recibió ochenta mil pesos por ejecutar el crimen, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, en la audiencia se expusieron detalles de la planeación, ejecución y captura de los responsables, según reportes emitidos por el medio La Jornada.

Las autoridades señalaron en reportes previos que la investigación para detenerlos contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las indagatorias iniciales señalan que los asesinos habrían ejecutado su plan y huida trasladándose en una motocicleta. Hay un detenido más por el caso, quien presuntamente utilizó un vehículo muro para facilitar la fuga.

Los autores materiales recibieron ochenta mil pesos por el crimen

La Fiscalía capitalina presentó ante el juez investigaciones en las que se presume que los agresores habrían recibido ochenta mil pesos por asesinar a Micky Hair exterior de su negocio, ubicado sobre avenida Moliere de Polanco.

De acuerdo con la investigación, Ángel Jorel N, de 19 años, fue quien disparó contra el estilista. Fuentes ligadas al caso, expuestas en un reporte de La Jornada, señalaron que la planeación ocurrió en calles de la colonia Tlatelolco, donde el joven se reunió con otros participantes antes del ataque.

En la audiencia de este 10 de abril, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y será el 14 de abril cuando se determine si los vinculan formalmente a proceso. Además, juez de control impuso prisión preventiva justificada a Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y evitar impunidad en el homicidio de Micky Hair.

Así fueron detenidos los dos presuntos autores materiales

Según reportes de autoridades, el seguimiento de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas permitieron a las autoridades ubicar a los responsables en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

El 6 de marzo de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ángel Jorel “N” -presunto tirador- en la avenida Ricardo Flores Magón, donde portaba 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles. La orden de aprehensión por homicidio calificado fue cumplimentada el 8 de abril, ya en reclusión.

El segundo implicado, Kevin Anthony “N”, de 24 años, fue detenido en la avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un operativo conjunto de autoridades estatales y capitalinas.

Este fue el primer detenido por el asesinato del estilista

El primer detenido relacionado con el asesinato de Miguel de la Mora Larios fue José Eduardo “N”, capturado en diciembre de 2025 en la colonia San Álvaro, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los reportes oficiales, agentes de la SSC y la FGJCDMX lograron la detención mediante trabajos de investigación de gabinete y campo, así como con el cumplimiento de una orden de aprehensión.

José Eduardo “N” se habría ocultado en un domicilio de Azcapotzalco luego de haber facilitado la huida de los agresores materiales, utilizando un vehículo para bloquear el paso y permitir su escape tras el ataque armado.

De acuerdo con las autoridades, el caso ha tomado un giro clave en las últimas horas. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han logrado identificar a varios implicados, detener a tres personas y avanzar en la reconstrucción del crimen, que quedó registrado por cámaras de seguridad. Mientras tanto, la hipótesis principal apunta a una disputa dentro de una organización criminal que operaría en el rubro del comercio sexual.

Avances en la investigación y detenciones clave en Cusco

Las diligencias realizadas tras el crimen han permitido intervenir a tres personas presuntamente vinculadas al caso. Según información fiscal, se trata de la propietaria del hospedaje, la administradora del establecimiento y una tercera mujer de nacionalidad colombiana, quien sería pareja del conductor que participó en la fuga del presunto sicario.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, José Manuel Mayorga Zárate, confirmó que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la convalidación de las detenciones, con el objetivo de continuar con las investigaciones. No obstante, precisó que estas personas no serían las autoras materiales del homicidio, sino parte de un entorno que habría facilitado actividades ilícitas dentro del local.

Por su parte, el jefe de la región policial de Cusco, Gral. Virgilio Velásquez, detalló que ya se tiene identificado al conductor que trasladó al atacante, así como avances en la identificación del autor de los disparos. Según información preliminar, el presunto sicario sería un ciudadano de nacionalidad venezolana.

“Ya lo tenemos identificado, inclusive al conductor que participó en el hecho y estamos en plena identificación del autor del disparo. Tenemos información preliminar de que es un ciudadano de nacionalidad venezolana el que ha gatillado”, declaró la autoridad policial.

Las imágenes de videovigilancia han sido determinantes. En ellas se observa al agresor ingresar al hospedaje, perpetrar el ataque a balazos y luego huir rápidamente del lugar. Incluso, se le ve intentando abordar un vehículo antes de continuar su escape a pie, lo que permitió reconstruir parte de su ruta de fuga.

Hipótesis de mafia de trata, prostitución y extorsión

Uno de los aspectos que ha generado mayor impacto es el posible vínculo del crimen con redes de explotación sexual. Aunque en un inicio se manejó la versión de que la víctima se encontraba en Cusco por turismo, las investigaciones han descartado esta hipótesis.

“No, eso está descartado porque hay evidencias suficientes de que el trabajo que realizaban era de connotación sexual. El móvil que tenemos frente a esta situación es extorsión a las trabajadoras sexuales que trabajan en la ciudad”, sostuvo el general Velásquez.

En la misma línea, el Ministerio Público confirmó que se investiga la existencia de una organización criminal dedicada a la trata de personas y otros delitos conexos. Según el fiscal Mayorga Zárate, ya se ha identificado a más personas que estarían involucradas y que actualmente se encuentran no habidas.

“Existe un autor material, pero se está manejando la hipótesis de que se trata de una organización vinculada a trata de personas, extorsión y otros delitos”, indicó el magistrado.

El caso se mantiene en reserva mientras continúan las diligencias. Sin embargo, las autoridades no descartan que la víctima haya estado vinculada a esta red, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas o represalia dentro de este circuito ilegal.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en un hospedaje ubicado en la avenida Costanera, a pocos metros del terminal terrestre de Cusco. Tras recibir varios impactos de bala, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En paralelo, la Policía ha intensificado los operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero del presunto autor material. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso que ha puesto en alerta a la región.

El asfalto de Villa Juana aún guarda las huellas de una madrugada que pretendía ser una estadística más de la delincuencia común, pero que terminó convirtiéndose en una afrenta directa al Estado dominicano.

El asesinato del mayor Silo Miguel Popoters Polanco no fue solo un robo fallido; fue el detonante de una cacería que dejó claro un mensaje contundente en los códigos del bajo mundo: en la República Dominicana, atacar a un oficial de la ley tiene un precio que se paga con la libertad o con la vida.

La madrugada del domingo 5 de abril, la banda denominada “El Circuito del Bloque”, que se creía dueña de las sombras en los sectores populares del Distrito Nacional, cometió su error más costoso. En una intersección solitaria de Villa Juana, interceptaron al mayor Popoters Polanco.

La frialdad del ataque, captada por cámaras de seguridad, mostró a un grupo coordinado, letal y sin escrúpulos.

Los disparos que acabaron con la vida del oficial superior no solo silenciaron a un servidor público; encendieron una maquinaria de respuesta inmediata en toda la geografía nacional.

El sector, conocido por su historia y su activa vida comercial, se transformó en cuestión de horas en el epicentro de operativos tácticos del DICRIM. La orden desde la Dirección General de la Policía Nacional fue tajante: desmantelar la estructura completa.

El plomo: El final de “Mandrake”

La inteligencia policial no tardó en rastrear el ADN criminal del ataque hasta el Ensanche Luperón. Allí, escondido entre el laberinto de viviendas de uno de los sectores más densos de la capital, se encontraba el presunto cabecilla: Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”.

El domingo por la tarde, el destino de “Mandrake” se selló con el estruendo de los fusiles. Al verse rodeado por agentes élite, el líder de la banda eligió el enfrentamiento sobre la entrega. En el intercambio de disparos, la ley se impuso con plomo.

El cabecilla cayó abatido, y con su muerte, el mito de invencibilidad de su organización se desmoronó. En el lugar, una pistola ilegal quedó como mudo testigo de su resistencia final contra el Estado.

La rendición: El miedo a la respuesta estatal

Con el cuerpo de su líder aún en el Instituto Nacional de Patología Forense, el resto de los integrantes de la banda entendieron que en la República Dominicana no hay rincón lo suficientemente oscuro para esconderse de la justicia.

El lunes 6 de abril, la soberbia de los delincuentes fue reemplazada por un pánico visible.

José Miguel Guillermo de Jesús (“Nota Alta”) y Aneury Amaury Espino Tejeda (“El Montro”) no esperaron a ser encontrados en un callejón. En un movimiento calculado para preservar sus vidas, buscaron el refugio de los Derechos Humanos. Escoltados por familiares y mediadores civiles, caminaron hacia la sede central del Palacio de la Policía Nacional con la cabeza baja.

Fue una rendición cargada de simbolismo. Ante el vocero policial, el coronel Diego Pesqueira, los jóvenes que antes desafiaban el orden en el barrio ahora se entregaban bajo la garantía de que se respetaría su integridad física. Sabían que, tras la muerte de un oficial de alto rango, la única forma de sobrevivir era bajo la custodia del sistema penitenciario dominicano.

Con Dalgwig David Valdez Marte ya bajo custodia y las autoridades tras el rastro de los prófugos Yeimy Felipe García Heredia y “Yoel el Malo”, el caso se encamina hacia los tribunales del país.

El asesinato del mayor Popoters Polanco ha servido para reafirmar que las instituciones responden con contundencia cuando sus cimientos son atacados. Para los sicarios de Villa Juana, el camino del crimen terminó en un callejón lleno de casquillos y en una celda fría, demostrando que, al final del día, nadie está por encima de la ley dominicana.

Adrián LeBarón denunció en su cuenta oficial de X la irrupción de dos camionetas con sicarios en la vivienda de su sobrino ubicada en Alamillo, Chihuahua. Según su testimonio, los atacantes intentaron cumplir amenazas que previamente habían dirigido contra su familia.

En el mensaje publicado este viernes 3 de abril, el activista y miembro de la comunidad mormona reportó que más de doce personas armadas ingresaron a la fuerza al domicilio, sembrando temor y buscando intimidar tanto a sus familiares como a la comunidad.

Así fue la irrupción de los presuntos sicarios

En su declaración, LeBarón describió que los agresores irrumpieron en la casa de su sobrino e insistió en que la presencia de estos grupos armados obedece a un intento por manipular y someter por la vía del miedo a la población de la región.

“Más de 12 criminales entraron para amenazar y seguir sembrando el miedo, quieren manipular a la comunidad y a una región entera a través del terror”, escribió el activista en su perfil de X.

En el mensaje, Adrián subrayó que, aunque su familiar y su familia resultaron ilesos, muchas otras familias de la sierra viven en condiciones de desplazamiento, bajo amenazas, extorsión y enfrentando el dolor de la violencia. “

No se puede vivir así, quieren doblegar a un pueblo que se resiste a verse de rodillas a los intereses de unos cuantos criminales”, expresó.

El activista afirmó que las amenazas contra su entorno han ido en aumento únicamente por buscar “hacer bien las cosas”.

En su publicación, reiteró el compromiso de su familia con la defensa del derecho de vivir con libertad y justicia: “No vamos a perder nuestro derecho de vivir con libertad, en paz y dando el lugar que merece la justicia entre las mujeres y hombres de buena voluntad”.

Reacción y aviso a autoridades

Adrián LeBarón informó que ya notificaron a las autoridades sobre el ataque y las amenazas recientes.

El mensaje, difundido desde su cuenta oficial, puso nuevamente en evidencia la situación de inseguridad y hostigamiento que enfrentan las familias de la región y la comunidad LeBarón, quienes fueron victimas de una masacre realizada por integrantes del grupo criminal La Línea hace más de seis años.

Atentado contra la familia LeBarón

El 4 de noviembre de 2019, un comando armado emboscó a tres mujeres y catorce niños de la familia LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora, dejando un saldo de nueve víctimas: tres mujeres y seis niños, todos integrantes de la comunidad de ciudadanos norteamericanos asentados en la región.

Entre las víctimas se encuentran Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y Rhonita Maria Miller, hija de Adrián LeBarón. Los niños fallecidos fueron: Howard Jacob, Krystal Bellaine, Titus Alvin, Tiana Gricel, Trevor Harvey y Rogan Jay.

Siete niños más sobrevivieron, algunos con heridas graves. Según reportes previos de este medio, Kevin, de 13 años, logró ocultar a sus hermanos entre los arbustos y caminar varios kilómetros para pedir ayuda.

De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con el cobro de cupos diarios por parte de presuntos extorsionadores. Los conductores afectados habrían sido blanco de los criminales tras negarse a pagar una suma de 15 soles diarios, exigencia que, según testimonios recogidos en el lugar, sería una práctica recurrente contra trabajadores del sector.

Ataque y heridos

Según reportó el citado medio, el atentado se produjo en horas de la noche, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el paradero. Uno de ellos descendió del vehículo y comenzó a disparar directamente contra los mototaxistas que se encontraban en el lugar esperando pasajeros.

Ante la agresión, uno de los conductores se arrojó de su unidad hacia la pista para evitar ser alcanzado por los disparos y luego corrió hacia la vía principal. Otro mototaxista también intentó huir al percatarse de que era perseguido por el atacante, quien continuó disparando en su dirección hasta que, aparentemente, se retiró debido a la presencia de personas en la zona.

Estado de las víctimas

Tras el ataque, ambos conductores fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde recibieron atención médica. Uno de ellos presenta una herida de bala en la pierna, mientras que el segundo sufrió una rozadura en la cabeza, sin que el proyectil llegara a penetrar el cráneo.

Según reportes, ambos se encuentran fuera de peligro; sin embargo, el hecho ha generado conmoción entre sus compañeros y familiares. Testigos indicaron que la escena fue caótica, debido a que los disparos se realizaron en un espacio público con tránsito de peatones y presencia de comercios cercanos.

Inseguridad y temor en el transporte

El ataque ha puesto nuevamente en evidencia la situación de inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte, especialmente los mototaxistas, quienes denuncian constantes amenazas por parte de bandas dedicadas a la extorsión. En este caso, los delincuentes habrían actuado pese a la existencia de cámaras de seguridad en la zona.

Trabajadores y comerciantes del sector evitaron dar declaraciones a cámara por temor a represalias, lo que refleja el clima de inseguridad que se vive en el distrito. Asimismo, se alertó sobre el riesgo que enfrentan los pasajeros, quienes también podrían resultar afectados en este tipo de atentados.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identificación o captura de los responsables. Mientras tanto, el gremio de transporte exige mayores medidas de seguridad ante el incremento de hechos violentos vinculados al cobro de cupos en distintas zonas de Lima.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que a Navarro le endilgan que el 7 de julio de 2024, en el cruce de Santa Brígida y Palacios, de Villa Curita de José León Suárez, protagonizó junto a otros dos sospechosos, K.C. y A.V., una balacera donde un hombre resultó herido y Leandro Nicolás Meza fue asesinado.

No pudieron encontrarlo y siguió haciendo de las suyas. Así, el 12 de diciembre de 2025, un adolescente de 18 años denunció que, en calles Artigas y Santiago del Estero de San Martín, cuatro ladrones armados le sustrajeron su motocicleta Motomel Blitz 110 y se fueron a los tiros: uno era Navarro.

Ocho días después, al Hospital Bocalandro ingresó Damián Guzmán, un chico de 16 años de José León Suárez. Lo llevó su novia a ese centro de salud, herido de gravedad, y murió cuando lo operaban.

La chica contó a los policías que ambos se encontraban el cruce de Las Petunias y Las Hortensias, del Barrio El Libertador de Billinghurst, cuando una camioneta color gris pasó por el lugar: desde el interior disparaban. Uno de esos tiros dio en la espalda de Damián y lo mató.

Un día después de ese crimen, en el cruce de Santa Brígida y Palacios de Villa Curita, balearon y mataron a Eduardo Maximiliano Godoy, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el Hospital Fleming. El principal sospechoso del ataque siempre fue Navarro, quien hoy está en pareja con quien fuera la novia de la víctima.

Pero ese no fue su último crimen. El 28 de enero pasado, en Avenida Central y 9 de Julio, de Villa 9 de Julio, Gabriela Maciel, una Policía Federal de 36 años, circulaba en motocicleta Honda GLH 150 cuando fue interceptada por dos motochorros que la mataron de un disparo en el tórax y no le robaron nada.

“Del análisis de cámaras y tareas investigativas se estableció como autores a Navarro y a ‘El gordo Martín’”, explicaron las fuentes del caso. Para ese entonces, el sospechoso acumulaba pedidos de captura activos por tres homicidios en los que intervenía el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y N°5 de San Martín y un homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma del Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito.

Así, de tareas investigativas, la DDI San Martín estableció que Navarro se dedicaba al sicariato y que este martes celebraría su cumpleaños en el domicilio de su novia, ex pareja de una de sus víctimas: Eduardo Godoy.

Ante este dato, se ordenaron tres allanamientos en Villa Curita y así se efectivizó la detención de Navarro, que aceptó sonriendo las esposas y posar para la foto de la Policía Bonaerense.

Ocultas en la habitación donde dormía, le secuestraron una pistola Glock modelo 22 calibre .40, con 15 municiones, una Bersa calibre .22 con tres cargadores, otra Bersa pero TPR9 calibre 9 milímetros, con dos cargadores, y una pistola Taurus modelo G3C calibre 9 mm, con tres cargadores.

La difusión de un video en redes sociales que muestra a estudiantes del Colegio de Bachilleres en Michoacán realizando una coreografía en la que simulan ser sicarios provocó una fuerte reacción de las autoridades estatales, que derivó en el cese inmediato de la directora del plantel y del docente responsable del evento.

La medida fue ordenada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien calificó la actividad como “inapropiada” y constitutiva de apología del delito, al considerar que promueve una narrativa vinculada a la violencia.

“Hubo un cese fulminante… esto no puede suceder en Michoacán”, afirmó el mandatario al referirse a la decisión administrativa.

Video viral desata controversia

El material que originó la polémica corresponde a un evento denominado “Baile de Sectoriales”, realizado en el municipio de Contepec, donde alumnos participaron en una presentación coreográfica con elementos asociados a grupos delictivos.

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa a los estudiantes portando vestimenta táctica, como pasamontañas y chalecos antibalas, así como réplicas de armas de fuego, mientras bailan música urbana.

Uno de los momentos que más controversia generó fue la proyección, durante la coreografía, de imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados, lo que intensificó el debate público sobre los límites de la expresión artística dentro de espacios educativos.

Gobierno rechaza “anticultura delictiva”

Ramírez Bedolla subrayó que en Michoacán está prohibida cualquier manifestación que promueva la violencia o la delincuencia, y aseguró que su administración mantiene un compromiso firme con la pacificación del estado.

Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a proteger a niñas, niños y jóvenes de lo que denominó “anticultura delictiva”, enfatizando la necesidad de fomentar valores alejados de la violencia.

Postura institucional del Cobaem

Por su parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán expresó, mediante un comunicado, que como institución desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pueda interpretarse como apología del delito.

No obstante, el organismo también reconoció la creatividad y libertad de expresión de las y los estudiantes, al tiempo que exhortó a la comunidad educativa a orientar sus actividades hacia contenidos que promuevan valores positivos.

El Colegio destacó la importancia de actuar con sensibilidad y responsabilidad en el contexto actual, en el que la violencia sigue siendo un tema sensible en distintas regiones del país.

Debate abierto en redes y sociedad

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han cuestionado tanto la decisión de las autoridades como el contenido del evento escolar.

Mientras algunos sectores respaldan las sanciones por considerar que se trata de una normalización de la violencia, otros defienden la actividad como una forma de expresión artística que refleja la realidad social.

Finalmente, el Cobaem reiteró su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, basada en el respeto, la paz y la sana convivencia, en medio de una polémica que pone sobre la mesa el papel de la educación frente a fenómenos sociales complejos.

Un ciudadano dominicano buscado por homicidio e integrante de una organización internacional de sicarios fue detenido esta semana en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba ingresar a la Argentina. El acusado, conocido como “Emerson”, tenía una alerta roja de Interpol y era considerado uno de los prófugos más peligrosos de la región.

La detención se produjo a partir de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA), con apoyo de agencias internacionales y la división local de Interpol. El arresto de Cristian López, de 32 años, ocurrió apenas descendió del avión procedente de Europa, antes de que el resto de los pasajeros abandonara la aeronave en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini.

El motivo de la captura fue una orden de arresto internacional por el asesinato de Nilcio Muñoz Cordero, apodado “La Pollona”, de 46 años, ocurrido en el primer semestre de 2024 en el barrio Villa Consuelo de Santo Domingo, República Dominicana. La víctima estaba en una peluquería en la calle Guardia cuando recibió disparos mortales.

Según un reporte de la Policía Nacional de República Dominicana, el ataque formó parte de una ola de homicidios con sello sicario, en un contexto de enfrentamientos entre bandas rivales por el control de puntos de venta de drogas.

A López, además, se le endilga otro ataque sucedido en diciembre de 2024, en el que un adolescente resultó gravemente herido.

La policía dominicana identificó a “Emerson” como presunto líder de la estructura criminal conocida como “BLOKE 14 50-0” -también llamada simplemente "50-0″-, dedicada al sicariato, microtráfico, cobros compulsivos y robos, con operaciones en ciudades como Barcelona, Madrid y Santo Domingo.

La investigación estableció que López había salido de República Dominicana y se encontraba en Francia, desde donde tomó un vuelo hacia la Argentina usando un pasaporte español.

La Notificación Roja de Interpol contra el detenido (emitida el 22 de noviembre de 2024) se sustentaba en una orden judicial del 18 de mayo de 2024, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana.

La captura finalmente se concretó tras un seguimiento internacional, en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACCTO 2.0) y tras la cooperación entre la OCN-Interpol Buenos Aires y la OCN-Interpol Santo Domingo.

El operativo contó con la participación de la División Asuntos Internacionales y la División Prevención Delictiva Internacional de la PFA, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en sus redes sociales: “Este es Cristian López, alias ‘Emerson’, miembro de la banda criminal 50-0; un sicario dominicano buscado por todo centroamérica. Pretendía ingresar a Argentina, pero no lo logró. Lo atrapamos antes de que pisara el país. Con el trabajo conjunto y coordinado entre Policía Federal Argentina, Interpol y agencias internacionales, seguimos sus rastros desde Europa. Sabíamos quién era, en qué vuelo venía y qué día llegaba. Policía de Seguridad lo detuvo en Ezeiza, en la manga. Y lo vamos a expulsar: Argentina no es refugio de delincuentes”.

Ahora, el detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaría N°12 de Cecilia Dibur, a la espera del proceso de extradición solicitado por la justicia dominicana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente las acusaciones previas que vincularon a su gobierno con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Petro utilizó sus redes sociales para señalar: “¿Dónde está la rectificación?” de quienes señalaron a su Ejecutivo por el crimen, “ahora que hay una persona confesa”. Así, el mandatario reaccionó tras conocerse la condena impuesta a Simeón Pérez Marroquín, conocido como “El Viejo”, por su participación en el asesinato del senador y candidato presidencial conservador cometido en agosto de 2025.

Según detalló el medio Europa Press, la justicia colombiana dictó el viernes una sentencia de 22 años y cuatro meses de prisión a Pérez Marroquín. El fallo se dio como resultado de la investigación de la Fiscalía, que sostuvo que “El Viejo” planificó el ataque, proveyó el arma utilizada y lideró la logística del delito que terminó con la vida del exsenador del Centro Democrático durante un acto público en Bogotá.

El comunicado de la Fiscalía incluyó los cargos por los cuales Pérez Marroquín fue hallado culpable: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores en actos delictivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Según Europa Press, la acusación sostiene que el imputado actuó como coordinador logístico y facilitador directo del homicidio, desempeñando un papel central en la conexión entre los autores materiales y los autores intelectuales.

El abogado de la familia del dirigente fallecido, Víctor Mosquera, calificó la condena como “un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”. Mosquera sostuvo también en un comunicado difundido por Europa Press que su representado “asumió un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”. A la vez, advirtió que “la verdad judicial aún no está completa”, señalando la existencia de “una organización criminal con niveles de dirección, coordinación y financiación que trascienden a los ejecutores ya judicializados”, lo que, a su vez, implica la participación de un grupo armado ilegal detrás de los hechos.

La sentencia contra Pérez Marroquín se suma a las que, a principios del mismo mes, recibieron Carlos Mora González y Katherine Martínez. Ambos fueron condenados a 21 años de prisión por su involucramiento en el homicidio del político conservador. Europa Press informó que hasta el momento nueve personas han sido arrestadas por el caso, cifra que da cuenta de la extensión del entramado criminal bajo investigación.

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025, tuvo como ejecutor material a un adolescente de 15 años, hecho que provocó conmoción nacional. El episodio reavivó recuerdos de situaciones similares en décadas pasadas, especialmente en los años 80 y 90, cuando la violencia y los asesinatos de dirigentes políticos alteraron gravemente la vida institucional del país. La Fiscalía, según consignó Europa Press, identificó la operación como obra de una red de sicarios organizados, aunque hasta ahora los motivos que llevaron a planificar y ejecutar el ataque siguen sin un esclarecimiento definitivo.

El proceso judicial en torno al asesinato del excandidato presidencial continúa en curso, con investigaciones abiertas respecto a los posibles autores intelectuales y a los mecanismos de financiación y coordinación del crimen. Aunque varias sentencias ya se han dictado contra miembros de la red involucrada, tanto autoridades como voceros de la familia de Uribe Turbay subrayan la importancia de esclarecer el trasfondo completo de los hechos. Europa Press reportó que, en este contexto, los operativos policiales y las pesquisas de los organismos de justicia avanzan en la identificación de las cabezas que articularon la operación y de los recursos que permitieron su realización.

Miguel Uribe Turbay desempeñó un papel relevante en el escenario político del país y su asesinato detuvo abruptamente su campaña rumbo a la presidencia. Los hechos han tenido, según Europa Press, impacto amplio tanto en la sociedad como en el debate público colombiano, que volvió a poner en la agenda la discusión sobre la seguridad de los líderes políticos y la vigencia de estructuras criminales dedicadas a perpetrar asesinatos por encargo.

El caso ha generado pronunciamientos de distintas esferas políticas y sociales. El presidente Petro, en su reacción luego de la condena, destacó el hecho de que la persona sentenciada admitió su responsabilidad y reiteró su pregunta respecto a quienes acusaron a su administración sin pruebas concluyentes. La familia de Uribe, a través de su abogado, insiste en que el esclarecimiento total de los hechos solo llegará cuando se conozcan y enfrenten judicialmente todos los niveles de la organización criminal implicada.

La cobertura de Europa Press recoge que, pese a las acciones judiciales en curso, subsiste la expectativa pública sobre los resultados finales de la investigación, así como sobre la capacidad de las instituciones para desarticular estructuras delictivas capaces de atentar contra figuras políticas de alto perfil. El caso de Uribe Turbay se perfila como un ejemplo de los desafíos que aún enfrentan las autoridades encargadas de garantizar justicia y seguridad en el país.

Durante la indagatoria, confirmó que el hijo de la víctima, Matías (27), mantenía una deuda con él relacionada con la venta de un auto BMW, pero agregó que la misma también abarcaba a otros negocios en los que, según su versión, ambos habían estado involucrados en los últimos meses.

En esa línea, detalló que intentó cobrar esa deuda, que sería mayor a los 10.000 dólares, cifra que surgió del reporte policial. Arroyo no consiguió que le pagaran.

El imputado sostuvo que conocía a Matías desde hacía algunos meses y que la relación se había dado en el marco de distintas inversiones y acuerdos comerciales.

Por el momento, en la investigación judicial, a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, se trabaja para obtener elementos objetivos que confirmen la versión del acusado.

Mientras tanto, Arroyo -que en principio no cuenta con antecedentes, ya que si bien la fiscalía todavía espera informes para constatarlo, hasta ahora no surgieron registros en ese sentido- permanece bajo arresto.

En la causa también ya declaró el hijo de la víctima, que la semana pasada viajó a Costa Rica, razón por la cual no se encontraba en el domicilio de Béccar al momento del crimen. Lo hizo de manera virtual.

El caso

El crimen se produjo en la tarde del lunes, minutos antes de las 18, cuando una motocicleta se detuvo frente a la casa de la víctima, en la calle Luis de Flores al 2200. El conductor, con el casco puesto, disparó siete veces contra el frente: cuatro balas atravesaron la puerta y tres impactaron en una persiana. Iraola fue alcanzada por los disparos y murió casi en el acto.

Luego de los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda a través de una propiedad lindera. Encontraron a Iraola tendida en el living, sin signos vitales.

De las primeras averiguaciones surgió la hipótesis de un ajuste de cuentas por la venta de un auto BMW que no resultó exitosa porque el comprador reclamó que el coche tenía fallas y exigió recuperar el dinero.

A partir de ese momento, supuestamente comenzaron las amenazas contra Matías, algo que también está bajo investigación, ya que no existen denuncias previas al respecto.

Luego del ataque, el sicario escapó por la avenida General Guido y tomó el Acceso Tigre en dirección a Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales captaron parte de la huida, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación tras detectar la patente.

Esa información llevó a la Policía Bonaerense a allanar un domicilio en la localidad de José León Suárez, donde buscaron a Pablo Guillermo Ragni (53), el hombre que figura como dueño de la moto utilizada en el hecho.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, Ragni tenía una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas, se la quitó y escapó por el fondo de la casa al advertir la llegada de los agentes.

Hasta este miércoles continuaba prófugo, mientras se investiga si fue el autor material de los disparos o si solo facilitó el vehículo.

El otro allanamiento tuvo lugar en un country de Escobar, donde justamente fue detenido Arroyo.

Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el avance del sicariato en el Callao y su expansión hacia otras zonas del país. De acuerdo con las primeras diligencias, los intervenidos estarían implicados no solo en crímenes ocurridos en Lima, sino también en coordinaciones para atentados en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), lo que evidencia el alcance de esta red criminal.

Golpe a “Los Malditos del Centenario”: así operaba la red de sicarios

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta organización criminal operaba principalmente en sectores como Centenario, Puerto Nuevo y avenidas clave como Argentina y Venezuela, donde se habrían registrado varios ataques contra empresas de transporte y carga pesada. La hipótesis de los investigadores apunta incluso a una modalidad más sofisticada: la infiltración de trabajadores en compañías para recopilar información que luego era utilizada para ejecutar atentados o extorsiones.

Durante el operativo, ejecutado con orden judicial y presencia del Ministerio Público, se allanaron al menos nueve viviendas. En estos inmuebles fueron detenidos sujetos identificados como presuntos brazos operativos de la red, entre ellos quienes habrían participado directamente en asesinatos y labores de reglaje. La organización estaría liderada por un sujeto conocido como alias “Ñaja”, sindicado como el encargado de planificar los crímenes y coordinar las acciones del grupo.

Entre los elementos incautados figuran drogas, celulares, prendas de vestir y calzado que serían clave para vincular a los detenidos con hechos registrados por cámaras de seguridad. Precisamente, uno de los hallazgos más reveladores fue una conversación de WhatsApp en la que se coordinaba un presunto asesinato por encargo en la zona de Pichari, en el VRAEM, por un pago de 4 mil soles. El mensaje detalla incluso ofrecimientos de hospedaje y pasajes para concretar el crimen, lo que evidenciaría el alcance de esta red fuera de Lima.

Las autoridades también investigan la posible participación de los detenidos en diversos homicidios ocurridos en el Callao durante los últimos meses. Entre estos casos figuran ataques en Puerto Nuevo y Ciudadela Chalaca, donde las víctimas fueron interceptadas y asesinadas en la vía pública, presuntamente como parte de ajustes de cuentas o cobros extorsivos.

Callao en emergencia: asesinatos rozan un promedio diario y golpean al transporte público

El Callao atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de violencia criminal, incluso bajo el estado de emergencia decretado por el gobierno de José María Balcázar. En lo que va del 2026, las cifras reflejan una escalada sostenida: entre el 1 de enero y el 15 de marzo se registraron 46 homicidios, mientras que en apenas 16 días —del 28 de febrero al 15 de marzo— se reportaron 14 asesinatos, lo que equivale a un promedio cercano a una víctima por día.

Este escenario no solo supera registros anteriores, sino que evidencia una tendencia más agresiva que la vivida durante el último estado de emergencia. En ese periodo previo, se contabilizaron 53 homicidios en 121 días, una cifra considerablemente menor en comparación con la actual frecuencia de crímenes. Los distritos del Cercado del Callao y Bellavista concentran la mayor cantidad de casos, consolidándose como focos de alta incidencia delictiva.

El impacto de esta ola de asesinatos recae principalmente sobre trabajadores del transporte urbano, quienes se han convertido en blanco constante de extorsiones y ataques armados. En distritos como Ventanilla, se han registrado atentados consecutivos contra conductores en cuestión de días, incluyendo balaceras contra unidades con pasajeros y asesinatos a plena luz del día. Detrás de estos hechos estarían bandas que exigen pagos diarios por vehículo, en un contexto donde el control territorial, el narcotráfico y la débil respuesta institucional siguen alimentando el avance del crimen organizado.

Las detonaciones alertaron a los vecinos. Tras los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro llegaron al lugar. Ingresaron al domicilio a través de una propiedad lindera. Allí encontraron a la víctima sin signos vitales. Fue identificada como Cecilia Andrea Iraola.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo apunta a un conflicto vinculado a la venta de un auto BMW. La información recabada por los investigadores indica que el hijo de la fallecida había vendido ese coche por unos 10.000 dólares, pero tras la operación, el comprador reclamó que el vehículo tenía fallas y exigió que le devolvieran el dinero.

Desde entonces, comenzaron las amenazas de muerte contra el joven. El vendedor, llamado Matías, decidió viajar a Costa Rica el pasado fin de semana y hasta este martes seguía allí. Por eso, al momento del ataque, solo su madre estaba en la vivienda ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200.

De acuerdo a la reconstrucción de los detectives, el sicario, tras el ataque, se dio a la fuga por la avenida General Guido, para luego tomar el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales registraron parte de su ruta de escape.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella. Los registros de cámaras de seguridad y el análisis de antenas de telefonía fueron claves para avanzar con celeridad. Las investigaciones desembocaron en dos allanamientos.

Uno fue en un country de Escobar, donde la Policía Bonaerense arrestó a Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del ataque. Se trataría de la persona con la que Matías tuvo el conflicto por la venta del coche. En su vivienda, los agentes secuestraron teléfonos y otros elementos que serán analizados.

Hay un dato que compromete a Arroyo: las fuentes indicaron que estuvo en las inmediaciones del domicilio poco antes del asesinato. Será indagado en las próximas horas.

En paralelo a ese operativo, siguió la búsqueda del autor material de los disparos.

Tras detectar la patente en las filmaciones, se supo que la moto que usó el tirador está registrada a nombre de un hombre llamado Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, con domicilio en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. Entonces, fueron a allanarlo.

Cuando la Policía Bonaerense llegó a esa casa, advirtieron que el sospechoso tenía una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas, la cual se quitó de inmediato, para luego escapar por los fondos. En el lugar, se secuestraron más elementos de interés para la causa.

Mientras se intenta determinar si se trata del autor material del homicidio o si solo facilitó el vehículo, Ragni continúa prófugo.

Un ataque sicarial se registró en horas de la tarde del miércoles 11 de marzo en el sur de Bogotá, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras se encontraba al interior de su vehículo detenido en un semáforo del barrio Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió hacia la 1:20 de la tarde en la calle 47B sur con carrera 24-25, en inmediaciones del centro comercial Tunal.

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Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el automóvil cuando este se encontraba detenido en un semáforo en rojo y dispararon contra el conductor.

Las primeras indagaciones señalan que los atacantes habrían estado siguiendo a la víctima minutos antes del hecho y aprovecharon el momento en que el vehículo se detuvo para ejecutar el ataque.

De acuerdo con el reporte conocido por Citytv, uno de los hombres descendió de la motocicleta y accionó un arma de fuego contra el conductor, quien permanecía al interior del automóvil.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego.

El mayor Ibrián Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, confirmó que la alerta fue recibida a través de la línea de emergencias 123.

“En cercanías del centro comercial Tunal se presenta un hecho lamentable. Recibimos la llamada a la línea 123 reportando una persona lesionada por arma de fuego”, indicó el oficial.

El uniformado agregó que, según la información preliminar, los responsables realizaron un retorno en la vía antes de acercarse al vehículo y cometer el ataque.

“Las personas que estaban en la motocicleta hacen el retorno; al parecer venían haciéndole seguimiento. Con el semáforo en rojo, uno desciende de la motocicleta y es donde lamentablemente lo impacta”, señaló Cuero.

La víctima tenía aproximadamente 46 años

Después del atentado, unidades de la Policía y personal de emergencia trasladaron al hombre al Hospital El Tunal, donde recibió atención médica.

No obstante, minutos después de su ingreso al centro médico se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era un hombre de aproximadamente 46 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad oficialmente.

Las autoridades también señalaron que no se tiene registro de amenazas previas en contra del ciudadano, aunque el caso continúa en investigación.

“Nos manifiestan que el ciudadano no presentaba amenazas. Estamos realizando las pesquisas y verificando las cámaras de seguridad del sector para establecer qué motivó este hecho”, agregó el comandante de la estación de Policía.

Autoridades revisan cámaras de seguridad para esclarecer el crimen

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un proceso de recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.

Investigadores también buscan determinar la ruta de escape de los agresores, quienes huyeron del lugar después de cometer el ataque.

El caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las labores judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información que permita establecer los móviles del crimen y la identidad de los responsables.

Guarda de seguridad resultó herido tras intentar evitar un hurto

En otro hecho registrado el mismo día en la ciudad, un guarda de seguridad resultó herido con arma de fuego en el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá.

Según información de El Espectador, el incidente ocurrió cuando un delincuente le arrebató la maleta a una persona y emprendió la huida en motocicleta.

El guarda de seguridad, al percatarse de la situación, intentó intervenir para evitar el hurto. En medio del hecho, el agresor accionó un arma de fuego y lo dejó lesionado.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde permanece recibiendo atención médica.

Las autoridades indicaron que el responsable logró huir del lugar, por lo que continúan las labores investigativas para identificarlo.

En medio de la investigación que la Justicia de Entre Ríos lleva adelante contra el capo narco Leonardo Airaldi, acusado de mandar a matar a tres funcionarios judiciales, inició una serie de peritajes sobre el círculo íntimo para descubrir cómo fue la organización del plan.

Las pesquisas que realiza el Juzgado Federal de Gualeguaychú para ratificar la veracidad del complot que fue revelado días atrás entraron en una etapa decisiva. Los testimonios de tres internos de la Unidad Penal de Gualeguaychú indicaron que Airaldi habría planificado los asesinatos. Las víctimas serían el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia; el fiscal federal de Paraná, Ignacio Candioti y el juez federal Leandro Ríos.

Según informaron a Infobae fuentes judiciales con acceso directo a la causa, las pericias a los teléfonos secuestrados en el penal de Gualeguaychú serán claves. En el operativo realizado en los albores del caos, se encontraron al menos tres celulares. Los halló el Escuadrón 56 de Gendarmería en el pabellón “E”, donde permanecía alojado el capo narco. Ahora se lo declaró preso “de alta peligrosidad” y fue trasladado a Ezeiza.

La defensa de Airaldi, encabezada por Mariana Barbitta, señaló que ninguno de los aparatos se encontró en la celda del principal sospechoso; sin embargo, aclaró que eso no es un dato determinante porque lo relevante es el uso de los dispositivos, no su ubicación. En el pabellón hay 16 internos vinculados al narcotráfico, todos remitidos por la Justicia Federal.

Las tareas sobre los teléfonos estuvieron a cargo de Gendarmería. En distintas etapas del proceso intervinieron las delegaciones de Paraná y Gualeguaychú. La fuerza federal está colaborando ahora con la evaluación del material. La defensa de Airaldi ya nombró a un perito de parte para controlar el análisis.

“Smoking gun”

La pericia arrojará muchos datos: el primero será qué hay y qué se borró. La clave está en las comunicaciones. Los narcos suelen utilizar aplicaciones comunes como Whatsapp o Telegram para intercambiar información con el exterior y enviar órdenes, pero también emplean otras de alta seguridad. Algunas no guardan el contenido en servidores y otras permiten una sola visualización antes de que el mensaje desaparezca.

La investigación se centra en los textos, imágenes y audios que esos tres celulares recibieron y enviaron. No se espera hallar mensajes donde el capo narco haya dado instrucciones precisas para cometer el crimen. El objetivo es encontrar lo que en el ámbito judicial se llama una prueba concluyente (smoking gun): un elemento incontrovertible que sostenga la hipótesis del caso de manera definitiva.

La posibilidad de que surja evidencia de este tipo es alta. Ex vecinos de Airaldi en la localidad entrerriana de Diamante indicaron a este medio que el capo narco tiene la costumbre de jactarse abiertamente en conversaciones, algo que fue clave para que Daniel “Tavi” Celis se enterara del plan para matar a los funcionarios judiciales y al ministro Roncaglia. Lo mismo ocurrió con los otros dos testigos, quienes también convivieron con Airaldi en el pabellón y escucharon el contenido de las amenazas.

La agenda de contactos y los números de teléfono con los que hubo intercambio también serán un factor clave para la investigación.

En qué etapa está la causa

El caso estalló el viernes 20 de febrero de 2026. Celis presentó un habeas corpus para denunciar el control que ejercía Airaldi sobre el pabellón que compartían. El juez federal Hernán Viri rechazó el planteo, pero remitió los testimonios al fiscal Pedro Rebollo.

La tarde en la previa a un fin de semana se alteró por completo. El funcionario judicial escuchó los detalles de cómo se producirían los crímenes y decidió actuar de inmediato. Solicitó a Viri la orden de allanamiento y activó el despliegue de Gendarmería en El Potrero, la granja penal ubicada en las afueras de la ciudad que sería el epicentro del plan criminal.

El juez derivó la investigación en Rebollo, quien actualmente se aboca a reunir elementos materiales que respalden los dichos de Celis. De encontrarlos, podrá imputar a Airaldi y llamarlo a indagatoria. Ese paso aún no se ha concretado, lo que representa una de las objeciones frecuentes de la defensa del acusado. En paralelo, se prevé el inicio de nuevas declaraciones testimoniales.

El caso, por el momento, mantiene la carátula original: “N.N. s/ A determinar”. A medida que se sumen pruebas materiales, podrá definirse el delito a imputar, con alternativas que van desde amenazas hasta tentativa de homicidio calificado.

Roncaglia, que antes de ser ministro en Entre Ríos fue jefe de la Policía Federal y antes de eso titular de Drogas Peligrosas de la fuerza, dijo a Infobae que no designará un abogado particular: “Confío en el juez y en el fiscal. Rebollo no es un tibio”. Candioti, otro de los funcionarios amenazados, seguiría el mismo camino.

La defensa de Airaldi se ha enfocado en plantear nulidades, uno de los recursos que más utilizó Barbitta hasta el momento. Consultada por este medio, aclaró que aún no conoce las actuaciones en su totalidad. Desde los tribunales federales de Gualeguaychú sostienen que toda la información está volcada en el Lex 100, el sistema informático judicial federal al que solo pueden acceder las partes.

Reincidente y condenado. Estaba libre.

Se llama Alberto Dionisio Yauri Quicaño, le dicen “Chino”, también “Beto”, y ahora tiene 32 años, pero desde antes de 2019 está señalado por matar sin piedad. De nacionalidad peruana, fue condenado por haber asesinado al hermano del capo narco “El Loco César” Moran De La Cruz, y así y todo siguió involucrado en causas por homicidios: tenía un pedido de captura por un crimen sicario en Avellaneda de junio pasado. Y lo encontraron manejando un auto tranquilo por el conurbano bonaerense.

A Yuri Quicaño lo venían investigando en la DDI de Quilmes por una serie de ataques sanguinarios vinculados a la venta de drogas en la zona de Bernal y Quilmes Oeste. Solía trabajar con su hermano Waldir Yauri Quicaño, preso por un homicidio en el marco de un ajuste de cuentas narco ocurrido el pasado 16 de agosto.

Fuentes del caso aseguran a Infobae que ambos tenían un búnker con custodia armada las 24 horas, en el que se resguardaban cuando iban a la zona sur del conurbano a comercializar drogas.

Aunque ese búnker sería el dato de color, lo que los muestra sanguinarios es que los investigadores aseguran que, en su afán de controlar el comercio de estupefacientes en distintos puntos del conurbano y CABA, atacaban a tiros para amedrentar a sus competidores y subalternos, no solo a los que les querían copar el territorio, sino también a los que se atrasaban en sus pagos.

A modo de muestra del caso, en la casa en la que vive actualmente la pareja de Waldir, los investigadores encontraron un misterioso esqueleto humano en el marco de los allanamientos que se ordenaron tras la captura de Alberto Dionisio. Investigan de dónde provienen.

En un auto por la ruta de cobro

El fin de la vida fuera de todos los límites llegó el 5 de marzo para Alberto Dionisio. Lo capturó la Policía Bonaerense a instancias de las fiscalías N°3 de Quilmes y la UFI N°1 de Avellaneda. Sabían que se movía en un Chevrolet Prisma gris y que usaba un recorrido fijo para cruzarse con sus “clientes” del negocio narco. Una rutina que es casi un pecado para los profesionales del rubro o, quizá para él, un acto de impunidad.

Por eso, lo esperaron y lo atraparon a bordo del Chevrolet Prisma gris: tenía encima dosis de cocaína y pasta base, dos celulares y una pistola Tanfoglio calibre .40 robada el 8 de enero de 2024 en Avellaneda.

Cuando le hicieron tocar el pianito saltó que tenía un pedido de captura del 6 de junio de 2025, por el crimen del peruano George Edrihs Limna Flores (22) y el ataque a tiros a una mujer de 21 años que iba con él en el marco de un ajuste de cuentas que investiga la UFI N°1 de Avellaneda.

Según la causa, las víctimas se movilizaban en Fiat Cronos y, al llegar al cruce de las calles Irala y Madrid, en Dock Sud, fueron interceptados y atacados a disparos desde otro auto gris.

La chica sobrevivió y llevó a Lima Flores hasta la Comisaría Avellaneda 1ª para pedir ayuda: Gerge Edrihs tenía dos tiros en el cuello y el tórax y dijo cuatro palabras: “Alberto Dionisio Yauri Quicaño”. Ambos fueron trasladados al Hospital Fiorito, donde posteriormente el joven falleció.

El crimen de “El 28″

Pero las huellas de Alberto Dionisio en la sede de la DDI de Quilmes mostraron más. Había sido condenado por tres cargos de homicidio, uno en grado de tentativa, ocurridos durante un ataque en la Villa 31 el 12 de mayo de 2019.

Yauri Quicaño mató ese día de seis disparos a Hector Morán de La Cruz, alias “El 28″, el hermano del capo narco peruano “El Loco César”, preso desde 2011 en la cárcel de Devoto.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 13 de Capital Federal el 4 de mayo de 2021 lo condenó como “autor penalmente responsable del delito de doble homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa, todos los cuales se encuentran agravados por el uso de arma de fuego, los que concurren en forma real entre sí, en concurso material con el delito de portación de arma sin la debida autorización legal, a cumplir la pena de 14 años de prisión”.

Pero el TOC N°13 además le unificó la pena con una del Tribunal Oral Federal Nº5 de 2015 de cuatro años y dos meses de prisión, por lo que debía cumplir 16 años de cárcel. Así, Alberto Dionisio, domiciliado en la Villa 31, pasó a vivir en el Complejo Penitenciario II del penal de Ezeiza.

Según los cálculos, podía salir el 22 de agosto de 2032. “El registro de la sentencia condenatoria caducará a todos sus efectos el día 22 de agosto de 2042″, según información a la que accedió Infobae.

¿Qué hacía en la calle Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4?

Huesos en la casa

Lo cierto es que para los investigadores que lo atraparon el 5 de marzo, Alberto Dionisio -y su hermano Waldir preso también- se dedicaba al narcotráfico junto a otros sospechosos de nacionalidad peruana: controlando el comercio de estupefacientes en distintos puntos del conurbano y CABA y utilizando violencia armada.

Ante el arresto cuando iba tranquilo en su coche haciendo la ruta de clientes, la justicia de garantías dispuso que se allanen tres domicilios vinculados a Alberto Dionisio: dos en CABA, que se hicieron junto a la Policía de la Ciudad, y uno en Quilmes:

• En Einstein al 500 del barrio porteño de Pompeya no encontraron nada.
• En la Manzana 118, de la Villa 31, donde vivía Waldir con su pareja, se secuestraron restos humanos: un cráneo, tibias, fémures y un húmero se distinguen entre los huesos hallados.
• En la Calle 167 bis, casi esquina del arroyo Las Piedras de Bernal Oeste, dieron con el famoso búnker y ahí había una pistola calibre 9 milímetros, municiones, un silenciador, chaleco antibalas de portación oculta, una caja de arma tipo pistola con la inscripción “Made in Israel” y logo militar, celulares, documentación y anotaciones.

Durante el proceso judicial, Carlos Mora González, conocido como 'El Veneco', reconoció ante la Fiscalía su papel en la logística y en la entrega del vehículo utilizado para transportar el arma con la que se cometió el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Según consignó la prensa colombiana, el tribunal de Bogotá fijó una condena de 21 años de prisión para Mora González por su participación en el crimen perpetrado el 11 de agosto de 2025 en la capital colombiana. En la sentencia, Mora González aceptó cargos agravados de homicidio, concierto para delinquir y la fabricación y posesión ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las fuentes citadas por la prensa nacional, Mora González llegó a un acuerdo con la Fiscalía admitiendo su responsabilidad en la organización del homicidio. El tribunal determinó que el sentenciado coordinó la selección del lugar en el que se realizó el ataque y facilitó el desplazamiento de quienes intervinieron, al proveer el vehículo empleado para llevar el arma homicida. El autor material del asesinato fue un adolescente de 15 años, según detalló la prensa colombiana.

La Justicia colombiana dictó la condena contra Mora González pocos días después de que otra de las procesadas por el crimen, Katherine Martínez, también recibiera una pena de 21 años de prisión. Según recopiló la prensa local, la decisión judicial se enmarca en un proceso más amplio, en el que hay al menos nueve personas detenidas y vinculadas a esta causa.

El asesinato del senador Uribe Turbay, integrante del partido Centro Democrático, ocurrió mientras participaba en un acto público en Bogotá, causando conmoción por el uso de sicarios menores de edad y por el impacto político del crimen. La prensa colombiana recordó que este asesinato trajo al debate público recuerdos de los episodios más violentos de las décadas de los ochenta y noventa, cuando los atentados contra líderes políticos eran recurrentes en el país.

Las investigaciones han señalado a una red de sicarios como la agrupación que habría planeado y ejecutado el homicidio del legislador. Sin embargo, el móvil detrás del asesinato aún no ha sido esclarecido completamente, según informó la prensa colombiana. El proceso judicial continúa su curso con otros implicados, mientras se busca determinar la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la presunta red criminal.

El tribunal subrayó, según publica la prensa local, que Mora González tuvo un papel determinante al ofrecer tanto su conocimiento logístico como los recursos necesarios para la comisión del delito, detalles que resultaron fundamentales durante la investigación para sustentar la acusación y derivar en la condena impuesta.

La Fiscalía vinculó el caso con una estructura delictiva que opera principalmente a través de sicarios y que estaría detrás de otros hechos violentos en Bogotá, aunque no se han esclarecido todas las conexiones. Los informes judiciales revelados por la prensa nacional indican que la participación de menores en crímenes graves sigue representando un reto para las autoridades en Colombia.

La condena a Mora González se suma a las acciones judiciales adoptadas frente a los demás capturados por su presunta vinculación con la muerte del senador Uribe Turbay. Según relató la prensa colombiana, la investigación sigue abierta para identificar el alcance y la magnitud de la red delictiva asociada al crimen.

El caso ha impulsado renovados llamados desde diferentes sectores políticos y sociales para el fortalecimiento de los mecanismos de protección a funcionarios públicos y la prevención del uso de menores de edad por parte de organizaciones delictivas. La atención pública sobre el proceso judicial contra Mora González y el resto de los implicados se ha mantenido alta, dada la relevancia política y el impacto social de los hechos, reportó la prensa nacional.

Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley figuraron entre los nombres incluidos en un plan criminal que involucró la entrega de dinero a supuestos intermediarios bajo vigilancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La trama, revelada en un tribunal de Nueva York, tiene como acusado principal a Asif Merchant, ciudadano paquistaní señalado por su vínculo con un agente de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este plan, vinculado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, quedó al descubierto tras la entrega de USD 5.000 a supuestos sicarios, quienes resultaron ser agentes encubiertos del FBI.

Merchant declaró ante los jurados que actuó por temor a represalias sobre sus familiares en Irán y afirmó que deseaba ser arrestado antes de que cualquier atentado pudiera materializarse, según informó la cadena de noticias NBC News.

El arresto de Merchant se produjo el 12 de julio de 2024, después de mantener reuniones voluntarias con el FBI que concluyeron sin acuerdo de colaboración, y un día antes del intento de asesinato, no relacionado, contra Trump en Butler, Pensilvania.

Durante el proceso judicial, los fiscales argumentaron que Merchant, de 47 años, viajó a Estados Unidos en 2024 con la finalidad de contratar criminales para perpetrar el asesinato de un político estadounidense, extremo que Merchant reconoció parcialmente bajo juramento, aunque alega haber actuado bajo presión.

El señalamiento directo de la Guardia Revolucionaria y los presuntos objetivos

De acuerdo con la acusación presentada en Brooklyn, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —formalmente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera— instruyó a Merchant para ubicar residentes en Estados Unidos dispuestos a trabajar para Irán e identificar elementos criminales capaces de ejecutar distintas labores, entre las que se incluían la organización de protestas, robos, lavado de dinero y asesinatos.

Merchant declaró que el agente iraní le comunicó explícitamente los nombres de tres figuras políticas estadounidenses: Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley. El acusado narró que sus encuentros con el contacto iraní comenzaron a finales de 2022 como parte de un acercamiento inicial sobre un sistema informal de transferencias de dinero, conocido como hawala. La relación evolucionó hasta incluir la capacitación en técnicas de contravigilancia y asignación de tareas concretas.

Merchant describió que sus viajes periódicos a Estados Unidos, vinculados a actividades en el sector de confecciones, llamaron la atención del representante de la Guardia Revolucionaria, quien le propuso reclutar colaboradores en territorio estadounidense.

En abril de 2024, agentes migratorios en el aeropuerto de Houston interrogaron a Merchant acerca de sus desplazamientos a Irán, lo que le llevó a suponer que se encontraba bajo intensa vigilancia.

A pesar de ello, continuó investigando ubicaciones de actos de campaña de Trump, diseñando un esquema para un atentado armado y contratando a supuestos sicarios —en realidad, agentes encubiertos del FBI— a quienes pagó USD 5.000, suma que, según sostuvo, le proporcionó un primo.

La defensa de Merchant: presión, miedo y simulaciones

Ante los jueces, Merchant sostuvo que sus acciones representaban un último recurso: “Mi familia estaba bajo amenaza y tuve que hacerlo. No era algo que quisiera hacer de manera voluntaria”. Insistió en que siguió las instrucciones del agente iraní únicamente porque este conocía la identidad y domicilio de sus parientes en Irán y, según sus palabras, ya era objeto de vigilancia. Merchant explicó que envió información falsa sobre movimientos dentro de Estados Unidos, comunicándola a Irán mediante intermediarios y ocultando los detalles en un libro.

Aseguró que nunca acudió a las autoridades estadounidenses por el temor a represalias. “No tenía otra opción que seguirle el juego porque mi contacto me lo exigía”, mencionó Merchant en corte, según la cadena de noticias NBC News.

Expresó que su pretensión era terminar detenido antes de que ocurriera un daño, para luego colaborar con las autoridades de Estados Unidos y aspirar a la residencia permanente. No obstante, los fiscales remarcaron que Merchant nunca recurrió a la policía antes de su arresto y que, durante los interrogatorios con el FBI, omitió mencionar hechos que probaran que era víctima de coacción.

En la audiencia, la fiscal del caso Nina Gupta preguntó: “Viajó a Estados Unidos con el propósito de contratar miembros de la mafia para asesinar a un político, ¿correcto?“, Merchant respondió: “Así es”.

A consulta de su abogado defensor, Avraham Moskowitz, sobre si era un “superespía”, Merchant replicó: “En absoluto. No lo soy”.

El gobierno de la República Islámica de Irán negó oficialmente haber conspirado para matar a Trump u otros dirigentes estadounidenses, según documentó la cadena de noticias NBC News.

Una vida de negocios transnacionales y contexto familiar

Merchant acumuló alrededor de 20 años de experiencia en el sector bancario en Pakistán antes de diversificarse en los sectores textil, compraventa de automóviles y exportación de bananos, además de la importación de materiales aislantes. Sostiene que mantiene dos núcleos familiares: uno en Pakistán y otro en Irán.

Contexto del caso y cobertura mediática

El caso se está juzgando en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán, pocos días después del inicio de un conflicto armado en el que falleció el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

En ese marco, Donald Trump declaró: “Lo atrapé antes de que me atrapara a mí”, según citó la cadena de noticias NBC News.

El jurado recibió la instrucción estricta de ignorar cualquier cobertura periodística relacionada con el conflicto.

En estos días, medios como NBC News, infoman sobre la declaración de los agentes encubiertos del FBI y de Nadeem Ali (intermediario con un seudónimo que colaboró con las autoridades, según amNewYork), la exhibición de videos y audios grabados durante la operación encubierta y la estrategia de la defensa. Mientras tanto, Merchant permanece a la espera del veredicto que definirá su futuro legal en territorio estadounidense.

El arresto se produjo luego de que las autoridades chilenas formalizaran cargos en ausencia contra los sospechosos, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional. Ambos imputados figuraban con notificación roja de Interpol, lo que facultaba a cualquier país miembro a detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia.

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La participación de la Oficina Central Nacional de Interpol fue determinante para la localización de los fugitivos. El comisario Enrique Gutiérrez explicó que, tras la captura, se inició un proceso de extradición activa con la colaboración de los tribunales chilenos. La Fiscalía General de Colombia asumió la custodia de los detenidos mientras avanza el trámite judicial.

La Policía Nacional de Colombia destacó el papel de su Bloque de Búsqueda, en conjunto con la Interpol, para ejecutar la retención. Las autoridades recalcaron que el país no brinda amparo a quienes buscan eludir procesos judiciales en el extranjero. Según declaraciones institucionales, este caso reafirma el compromiso en la lucha contra el crimen transnacional.

La víctima, un hombre chileno de 42 años identificado como Cristian Moya, falleció en la comuna de Quilicura, región Metropolitana de Santiago, en julio de 2024. Según el Ministerio Público y la BIPE Antisecuestros, el homicidio ocurrió luego de una discusión que culminó con un ataque de arma blanca. Los agresores ocultaron el cuerpo en bolsas y lo transportaron en una camioneta hasta un vertedero clandestino en la calle Totoral.

La investigación se inició como una denuncia por presunto secuestro, informó el subprefecto Hassel Barrientos. La desaparición de la víctima activó una serie de diligencias y peritajes que, finalmente, permitieron establecer la existencia del crimen. El levantamiento de pruebas y la reconstrucción de los hechos aportaron elementos esenciales para la formalización de los cargos.

Según las autoridades chilenas, los implicados —una mujer y su sobrino— escaparon del país por un paso no habilitado. Esta salida irregular activó los canales de cooperación policial internacional, lo que permitió su posterior localización en Colombia.

La detención se llevó a cabo en el departamento de Risaralda. La mujer fue aprehendida en el municipio de Dosquebradas, mientras que su sobrino fue capturado en un sector de Pereira. Ambos quedaron bajo custodia de la autoridad competente, a la espera de la resolución de la extradición solicitada por Chile.

El fiscal Christian Toledo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh), señaló que la formalización en ausencia permitió fortalecer la colaboración entre países y avanzar con la búsqueda de los sospechosos. Esta estrategia, sumada a la notificación roja de Interpol, posibilitó la rápida reacción de las fuerzas de seguridad en Colombia.

La extradición podría extenderse durante varios meses, ya que requiere el cumplimiento de procedimientos legales en ambos países. Durante este periodo, los detenidos permanecerán en Colombia bajo la tutela de la Fiscalía General, mientras las autoridades chilenas gestionan su traslado para que enfrenten la justicia.

El caso pone en evidencia la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional frente a delitos de carácter transnacional. Tanto la Policía de Investigaciones de Chile como sus contrapartes colombianas subrayaron la importancia de la colaboración policial y judicial para impedir la impunidad. La articulación entre organismos permitió que los responsables fueran ubicados y detenidos fuera del territorio chileno.

Las autoridades reiteraron que la utilización de pasos no habilitados para escapar de la justicia no garantiza la impunidad. El despliegue de recursos y la coordinación entre países resultaron determinantes para la resolución del caso y el avance del proceso judicial internacional.

Voceros oficiales de Migración Colombia confirmaron la expulsión de Miguel David Núñez Machado, conocido como “Colín”, también señalado como presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua, junto a seis ciudadanos venezolanos que habrían estado envueltos en un episodio de alteración al orden público en Bucaramanga, Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones fueron realizadas en la frontera con Venezuela, luego de los hechos, en los que se encuentran acciones contrarias a la convivencia y fraude a resolución administrativa, todos considerados graves para el orden público local.

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Núñez Machado, también de nacionalidad venezolana, cuenta con una trayectoria delictiva que, según las autoridades, ya supera los 16 años y tiene órdenes de captura vigentes en Venezuela por homicidio y porte ilegal de armas. Además, se le atribuye participación en al menos 40 homicidios.

Tras su expulsión, fue entregado de inmediato a las autoridades venezolanas para responder por los cargos en su país.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que más allá de que los resultados corresponden “trabajo articulado y constante de nuestros oficiales de Migración Colombia en Bucaramanga, que diariamente aportan a los logros en materia de seguridad”, los procedimientos se realizaron con estricta coherencia con la ley, “garantizando los derechos humanos y el debido proceso de las personas migrantes”.

La institución continuará con operativos de verificación migratoria en coordinación con autoridades nacionales y locales, reafirmando su misión de fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el país.

Cayó alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua, en Colombia

El 24 de febrero del año en curso, las autoridades colombianas también reportaron la detención de una de las fichas clave del Tren de Aragua, alias Cucaracho, que se refugiaba en Colombia.

“Cucaracho” había sido tachado con notificación roja de la Interpol desde Venezuela, señalado por los delitos de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que “con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe.

El resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Ciudadano norteamericano causó indignación por afirmar que venía a “tener sexo con colombianas” tras detención

Rabia y tristeza causó un viajero norteamericano tras ser inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín, luego de ser sorprendido con un equipaje compuesto únicamente por preservativos, potenciadores y juguetes sexuales.

Durante la inspección, adoptó una actitud desafiante y realizó la “v” de victoria al ser fotografiado por funcionarios de Migración Colombia.

Pero no solo eso, de acuerdo con el reporte oficial de Migración Colombia, el hombre confesó abiertamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”. La entidad determinó su retorno inmediato en el mismo vuelo, como parte de una política más estricta para combatir el turismo sexual.

El endurecimiento de los controles incluye entrevistas exhaustivas, inspección detallada de equipaje y cotejo de antecedentes mediante cooperación internacional.

En 2025, 110 personas fueron inadmitidas en el país bajo sospechas de explotación sexual, de las cuales 45 eran ofensores sexuales y 65 tenían antecedentes por delitos contra menores, según la plataforma Angel Watch.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, advirtió que la inadmisión de extranjeros por motivos relacionados con explotación sexual se ha incrementado en 2026. En lo que va de 2026, ya se han negado 11 ingresos en Antioquia por relación directa con turismo sexual, una cifra que resalta la preocupación de las autoridades frente al auge de esta modalidad en Medellín y su área metropolitana.

En el barrio Las Américas de Barranquilla, la familia de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, de 17 años, llora su partida, sin conocer las razones que llevaron a dos sujetos armados entraron a su casa para asesinar a la joven con cuatro disparos, el 25 de febrero de 2026, a plena luz del día.

Guerrero Corro era estudiante de programa de Diseño Gráfico del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la capital del Atlántico, y era una aficionada a la música. Le gustaba cantar vallenatos para que sus vecinos la oyeran.

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Tras ser atacada, murió de manera inmediata en el inmueble, aproximadamente a la 1:00 p. m., minutos después de que la joven llegara a su domicilio. Luego de atacar a la joven, los agresores huyeron y hasta ahora no han sido identificados.

Luzdaris Maickell no estaba sola en su casa. El relato de Jair Orozco, tío de la menor, en diálogo con el diario barranquillero El Heraldo, indicó que “ella estaba en la casa con el papá, el hermano y el novio, ya que estaban haciendo una cerca en el patio. En un momento salieron a buscar unos listones de madera y ella quedó sola, fue ahí cuando estas personas ingresaron a la vivienda, violentaron la puerta y le hicieron lo que le hicieron a mi sobrina”.

Aseguró que la menor “no se metía con nadie. Le cortaron sus sueños (...) y Era una niña que al cantar alegraba los corazones de su padre y de toda nuestra familia. Hoy unos cobardes le han quitado la vida sin darnos siquiera una explicación, sin decirnos el porqué”.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla avanza con las investigaciones, para esclarecer el caso para determinar las causas del crimen, en especial, si existen grupos armados detrás del asesinato.

Tan solo unas horas antes, ocurrió otro homicidio cerca. Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, falleció en la madrugada de ese mismo día, luego de permanecer hospitalizada por heridas de arma de fuego tras un atentado ocurrido la noche anterior en el barrio Villa Paraíso, en el municipio de Soledad.

La madre de Rodríguez Ariza declaró ante el medio barranquillero que el núcleo familiar habría sido amenazado por la organización Los Costeños, declaración que es objeto de investigación. De hecho, vecinos de la zona señalaron presuntos vínculos de la joven y su familia con el grupo delictivo Los Pepes, información que es también evaluada por los investigadores.

Mataron a menor de 17 años que salía del colegio, en Palmira

Un adolescente de 17 años identificado como Juan Pablo Salazar fue asesinado a plena luz del día al salir de su colegio en Palmira, Valle del Cauca, al parecer, a manos de integrantes de estructuras criminales que disputan el control de actividades ilegales. Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió el 24 de febrero de 2026.

La Policía Nacional del Valle del Cauca informó que, tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

El ataque sucedió en la comuna 2 del barrio Campestre, exactamente cuando el joven abandonaba la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso. De acuerdo con los datos policiales, los responsables, dos sicarios, se movilizaban en motocicleta, actuaron de manera directa y dispararon varias veces ante la presencia de otros dos jóvenes.

La investigación iniciada por la Policía Nacional busca esclarecer el motivo detrás del asesinato y capturar a los responsables. De acuerdo con el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, el menor, identificado como el menor de cuatro hermanos, cursaba séptimo y octavo grado en ciclo acelerado, modalidad que había elegido para avanzar en su formación.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, contó detalles estremecedores sobre un presunto plan narco para asesinarlo a él, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti que intervinieron en causas contra el capo narcotraficante Leonardo Airaldi. La investigación, que quedó caratulada como “amenazas y plan de atentado”, se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y tiene como principales impulsores al juez Hernán Viri y al fiscal Pedro Rebollo.

Según confirmó el propio Roncaglia, la información surgió a partir de los testimonios de tres internos alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Entre ellos se encuentra Gustavo “Tavi” Celis, otro detenido con antecedentes por narcotráfico, quien pidió audiencia con la Justicia y declaró sin reserva de identidad.

“Dieron la cara, dieron su nombre y contaron lo que se estaba planificando dentro de la Unidad 9”, destacó el ministro al ser entrevistado en Radio Mitre.

La denuncia encendió todas las alarmas en el Gobierno provincial. “Cuando asumimos en 2024, trajimos como objetivo combatir el narcotráfico. Estas son las consecuencias de pisar callos”, sostuvo Roncaglia, quien remarcó que el trabajo conjunto con la Justicia Federal permitió avanzar en investigaciones que hasta entonces parecían intocables.

El plan de venganza

De acuerdo a los testimonios recogidos, el autor intelectual del plan sería Airaldi, detenido y próximo a enfrentar un nuevo juicio oral. El narcotraficante habría manifestado su intención de vengarse del juez federal Leandro Ríos, quien instruyó una de las causas en su contra, y del fiscal federal Ignacio Candioti, responsable de sostener la acusación en el debate oral.

El esquema incluía la contratación de sicarios uruguayos para ejecutar los crímenes en Punta del Este. Sin embargo, los funcionarios judiciales nunca viajaron al país vecino, lo que frustró esa parte del plan.

El ministro contó que, de acuerdo con los testimonios recogidos en la Unidad Penal 9, los organizadores del atentado habrían avanzado en contactos con personas en Uruguay y que incluso “se hablaba de un pago de alrededor de 40 mil dólares por los crímenes”. En ese marco, mencionó una frase que le atribuyen a uno de los detenidos: “Asesinarlos acá salía más caro”.

Roncaglia lo relató con una mezcla de asombro e ironía, pero subrayando la gravedad del trasfondo: la naturalidad con la que se hablaba de precios, logística y contratación internacional para ejecutar a funcionarios públicos. Según explicó, no habría aún identificación concreta de los supuestos sicarios, pero sí indicios de contactos y de un anticipo de dinero.

Pero la amenaza no terminaba allí. Roncaglia también figuraba entre los objetivos. “Habían hecho inteligencia sobre mí. Este año salí en moto, solo, a una quinta a diez kilómetros de Paraná. Eso lo sabían. Cuando escuché ese dato dije: ‘Esto es real’”, relató el ministro. Según explicó, el atentado en su contra contemplaba un operativo con dos vehículos: en uno irían los sicarios y en otro transportarían un recipiente con cal para eliminar cualquier rastro biológico tras el crimen.

La minuciosidad de los detalles —incluidos movimientos habituales del funcionario— otorgó credibilidad a los dichos de los internos. “No es que uno diga que son gajes del oficio. No tendría que pasar. Da bronca, porque lo único que estamos haciendo es enfrentar actividades ilícitas que tanto daño producen”, expresó.

Un narco que se creía intocable

Roncaglia repasó además el origen de la causa contra Airaldi. El acusado, empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, operaba en la zona comprendida entre Paraná, Victoria y Diamante. Según el ministro, mantenía vínculos con organizaciones criminales de peso, entre ellas la banda rosarina conocida como Los Monos.

“Se creía intocable. Cuando fue detenido dijo que era un trámite y que en pocos días salía”, recordó. Sin embargo, la acumulación de pruebas y la conexidad con otros secuestros de droga —entre ellos un cargamento de 30 kilos de cocaína incautado en Santa Fe— complicaron su situación procesal.

En 2024 se realizaron 40 allanamientos simultáneos y fueron detenidas más de una docena de personas. Desde entonces, Airaldi permanece alojado en la UP9, en un pabellón destinado a internos federales. La convivencia con otros capos narco generó tensiones internas que, según las fuentes, habrían precipitado las revelaciones.

“Mañana se inicia el juicio contra Airaldi y compañía”, indicó Roncaglia. El traslado a un penal federal de máxima seguridad, posiblemente en Ezeiza, fue solicitado, aunque la decisión final dependerá del tribunal oral que intervenga.

Custodias reforzadas y cooperación internacional

Tras conocerse la amenaza, se dispuso el refuerzo inmediato de las custodias del ministro y de los funcionarios judiciales. La Policía Federal asumió la protección directa del juez y el fiscal, mientras que la Policía de Entre Ríos actúa en apoyo. Los internos que declararon también fueron aislados para resguardar su integridad.

Consultado sobre la posible conexión con organizaciones extranjeras, Roncaglia recordó antecedentes de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Durante su etapa como jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, participó en el operativo “Bovinas Blancas”, que permitió incautar más de dos toneladas de cocaína en Bahía Blanca y desarticular una red vinculada al cartel mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Los tentáculos del narcotráfico están en todo el mundo. Es un negocio criminal que mueve muchísimo dinero y hay que estar atentos”, afirmó.

La causa por amenazas y plan de atentado continúa en plena etapa investigativa. Mientras tanto, el Gobierno provincial exhibe el caso como una muestra de que el avance sobre las estructuras narco genera reacciones violentas, pero también resultados concretos. “Seguimos trabajando. No nos van a amedrentar”, concluyó Roncaglia.

El distrito limeño de Santa Anita quedó marcado por la violencia la mañana del viernes, cuando un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública. El ataque, perpetrado en la cuadra cinco de la avenida Los Chancas, expuso una vez más la creciente inseguridad que afecta a los ciudadanos y sembró temor entre los vecinos y transeúntes de la zona.

La víctima, identificada por la Policía Nacional del Perú como Ever Andrés Romero Salvatierra, de 25 años, se encontraba en la cuadra cinco de la avenida Los Chancas, cuando fue sorprendido por un hombre que se le acercó por la espalda. El atacante fue directo: tras identificar al joven, extrajo un arma y efectuó hasta cinco disparos a corta distancia, ocasionándole la muerte de forma inmediata, según RPP Noticias.

El temor en los vecinos creció al conocerse que este acto de violencia no era un hecho aislado. Horas antes, otra vivienda en el distrito de San Martín de Porres fue blanco de un ataque armado que, aunque no dejó víctimas mortales, sembró el pánico en la comunidad. En ambos casos, la modalidad metódica y la contundencia de los hechos refuerzan la preocupación por la escalada del crimen organizado y el vacío de protección que sienten los limeños.

Joven fue ejecutado por sicarios a plena luz del día

La ejecución de Ever Andrés Romero Salvatierra se produjo cerca del mediodía, a las afueras de un local comercial de la transitada avenida Los Chancas, una vía que conecta Santa Anita con distritos aledaños como Ate. Según testigos recogidos por RPP Noticias, el atacante no actuó al azar: se aproximó de manera sigilosa por la espalda, verificó la identidad de la víctima y solo entonces efectuó los cinco disparos que le causaron la muerte.

Al llegar al sitio, la Policía Nacional encontró el cuerpo del joven y recolectó cinco casquillos de bala como principales pruebas materiales. Los peritajes balísticos serán clave para determinar si el arma se relaciona con otros crímenes ocurridos en la zona y para trazar el perfil del atacante, que hasta el momento sigue prófugo.

El cierre preventivo de la avenida Los Chancas provocó un importante desvío del tránsito y alteró la rutina de los vecinos, que se congregaron alarmados ante el despliegue policial y la gravedad del suceso. Peritos de Criminalística levantaron las primeras evidencias mientras los investigadores analizan imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector.

La presencia inmediata de la Policía Nacional y la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias y los posibles móviles detrás de este homicidio, que podría estar vinculado a ajustes de cuentas, extorsión o conflictos previos, aunque ninguna hipótesis se descarta en las labores iniciales.

El segundo asesinato a manos de sicarios en cuestión de horas

Pocas horas antes del crimen de Santa Anita, la urbanización Señor de los Milagros en San Martín de Porres fue escenario de un ataque a balazos contra la fachada de una vivienda de dos pisos. El jueves 19 de febrero alrededor de las 20:30 horas, un sujeto disfrazado de repartidor se aproximó al inmueble y aguardó a que dos mujeres con un coche de bebé se alejaran, antes de disparar hasta 16 veces contra la puerta y las ventanas, de acuerdo con información de Latina Noticias.

El atacante, que utilizaba una mochila de reparto para camuflarse, actuó con precisión: tras la ráfaga de disparos, corrió a reunirse con un cómplice que lo aguardaba en una motocicleta y ambos huyeron de la escena sin dejar rastro. Peritos de Criminalística contabilizaron dieciséis impactos en la vivienda, cuyos vidrios estallaron, generando terror entre los vecinos y el riesgo de una tragedia mayor si alguien hubiera estado dentro.

En el momento del atentado, la casa se encontraba vacía. Sus propietarios relataron que no habían recibido amenazas previas y desconocen los motivos del ataque, aunque no descartaron la posibilidad de una confusión vinculada con anteriores inquilinos. Otros residentes señalaron que la vivienda funciona como un taller de productos ortopédicos de plástico desde hace unos seis años, por lo que sospechan de una posible extorsión vinculada a la actividad comercial.

Vecinos consultados por Latina Noticias contaron que el hecho se produjo mientras regresaban del trabajo y manifestaron su inquietud, analizando incluso instalar tranqueras para restringir el acceso al pasaje ante el aumento de la criminalidad. Pese a la existencia de cámaras de seguridad y vigilancia particular, consideran que estas medidas resultan insuficientes frente a la audacia de los delincuentes.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó este 12 de febrero que un gran jurado federal acusó formalmente a Poly Antunez, Antonio Quinones y Jovanny Enriquez, presuntos asociados del Cártel de Sinaloa, por su presunta participación en un complot para asesinar a un individuo en Chula Vista, California. Los fiscales señalaron que el plan incluía utilizar a dos adolescentes de apenas 15 años como ejecutores del homicidio.

Según los documentos judiciales presentados, los tres adultos enfrentan una serie de cargos federales que incluyen conspiración para cometer asesinato en apoyo de una empresa de delincuencia organizada, intento de asesinato en apoyo de empresa de delincuencia organizada, agresión con arma peligrosa en apoyo de empresa de delincuencia organizada, conspiración para asesinato por encargo, así como uso de medios de comunicación interestatales para cometer asesinato por encargo.

Antunez ya estaba bajo custodia por otro caso federal en San Diego al momento del anuncio, mientras que Quinones y Enriquez fueron detenidos por agentes del FBI y comparecieron ante una corte federal en San Diego.

Crimen, menores y estrategia criminal

De acuerdo con el memorándum de detención, los acusados adultos habrían coordinado todos los aspectos del complot: desde el alojamiento de los adolescentes en una vivienda tipo Airbnb en La Mesa, hasta la vigilancia de la víctima y su familia en zonas como San Ysidro y Chula Vista. Se les acusa de fungir como enlace entre los jóvenes sicarios, el Cártel de Sinaloa y la Mafia Mexicana —una pandilla con presencia en el sur de California— para ejecutar los dos intentos de homicidio registrados en marzo de 2024.

Los adolescentes implicados, Andrew Nunez y Johncarlo Quintero, ambos integrantes de la pandilla Westside Wilmas, se declararon culpables en diciembre pasado de cargos de asesinato y tentativa de asesinato en el ámbito federal tras admitir que actuaron como sicarios contratados para el cártel. Se reconoce en el expediente que realizaron dos ataques en un intervalo de cinco horas contra la misma víctima, hiriéndola primero en un estacionamiento y posteriormente atacando otra ubicación residencial.

Las autoridades federales detallaron que el origen del caso se enmarca en una disputa entre organizaciones criminales en Tijuana, Baja California, donde presuntos robos de cargamentos de drogas desencadenaron una serie de represalias violentas. La víctima principal de este complot habría sido ubicada primero en México por estos conflictos y luego en territorio estadounidense.

El caso, registrado bajo el número 26cr0402-TWR en una corte federal de San Diego, expone que los delitos imputados —si se acredita su culpabilidad— conllevan decenas de años de cárcel por cada cargo, incluidos potenciales 20 años de prisión por conspiración para asesinato por encargo y uso de medios interestatales para planearlo.

Las investigaciones son parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, que identifica y procesa casos de crimen organizado transnacional, con especial atención a delitos que involucran a menores de edad y violencia armada.

La Fiscalía de Ecuador reveló que una facción de las disidencias de las Farc habría participado en el el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

La información fue revelada por el ente acusatorio del vecino país durante la audiencia celebrada contra Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder máximo de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos, y señalado como responsable directo del ataque contra el político ecuatoriano.

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Según la investigación realizada por la entidad, hubo una cooperación entre miembros de Los Lobos y las disidencias de las Farc para la planificación y ejecución del magnicidio, motivada por el pago de grandes sumas de dinero a instancias de cuatro presuntos autores intelectuales.

Un testigo protegido, identificado como M.N.L.S., declaró al proceso que alias Gordo Luis, segundo al mando de Los Lobos “se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a las disidencias de las Farc, con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio”.

Según la Fiscalía ecuatoriana, los sicarios responsables de la ejecución eran en su mayoría colombianos y formaban parte de redes articuladas por estos grupos criminales.

Otros detalles de la investigación

De otro lado, la Fiscalía de Ecuador detalló que, tras la muerte de Luis Antonio Norero Tigua, conocido como Leandro Norero o ‘El Patrón’, quien fue considerado como uno de los principales narcotraficantes de ese país, los organizadores del crimen acudieron directamente a ‘Pipo’ para que su estructura coordinara el asesinato de Villavicencio.

La investigación estableció que, una vez recibido el pago acordado, alias Pipo activó la organización y delegó a distintos integrantes tareas de comunicación, seguimiento y supervisión del operativo.

Además, la acusación menciona que Pipo accedió a información confidencial sobre supuestos contactos policiales encargados de la seguridad de Villavicencio, información que “presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen”, según indicó la Fiscalía ecuatoriana.

Por este proceso, un total de cinco personas han sido condenadas a prisión como autores materiales hasta la fecha, incluyendo a alias El Invisible, identificado como uno de los ejecutores principales, así como alias Pipo, en la que la justicia ecuatoriana ordenó su prisión preventiva. Otros ocho involucrados han muerto antes de llegar a juicio, entre ellos siete sicarios colombianos que participaron directamente en el ataque.

Dentro de la causa también figuran como procesados el exministro José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como el exasambleísta Ronny Aleaga. Todos ellos enfrentan cargos como presuntos autores mediatos del delito de asesinato.

Presencia de las disidencias en Ecuador

La escalada de las disidencias de las Farc en Ecuador ha transformado a estos grupos armados en una pieza central del crimen transnacional y la violencia interna.

Según estimaciones de las autroridades del vecino país, estas organizaciones han logrado avanzar hasta 160 kilómetros desde la frontera, patrullando zonas y distribuyendo panfletos en diversas poblaciones civiles.

Durante 2024 y 2025, la minería ilegal experimentó una expansión sin precedentes en el Alto Punino, impulsada por el control territorial de estas facciones. El dominio de rutas de narcotráfico y el crecimiento de las economías ilícitas han ido acompañados de altos niveles de deforestación minera, según mencionaron la fuerza pública ecuatoriana.

A comienzo de 2026, el Gobierno de Ecuador tipificó a las disidencias de las Farc como Grupos Armados Organizados (GAO) y las identificó abiertamente como objetivos militares.

Entre las estructuras con actividad destacada se encuentran el Frente Iván Ríos, con capturas recientes de líderes como Ángel Polibio Q., y los Comandos de la Frontera (CDF), que operan en la Amazonía, teniendo en cuenta que esta estructura armada fue responsables del asesinato de 11 militares ecuatorianos en Sucumbíos y Orellana (Ecuador), ocurrido en mayo de 2025.

Otras facciones, como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), emplean el territorio de Ecuador como base logística y corredor para el transporte de cocaína hacia los puertos del Pacífico.

Por esta razón, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a Colombia por la supuesta falta de cooperación en seguridad en la lucha contra el narcotráfico, lo que provocó una crisis diplomática entre ambas naciones.

Según información de Canal N, el vehículo sospechoso se estacionó a escasos metros del bus de la línea 129, que en ese momento dejaba pasajeros en la avenida Bolívar. La presencia del auto y la posterior detonación de los disparos alarmaron a quienes se encontraban en las inmediaciones, obligando a los pasajeros del bus a descender rápidamente, visiblemente asustados. Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos casquillos de bala en la escena y descartaron, por ahora, que el ataque haya estado dirigido directamente contra la unidad de transporte; los disparos se realizaron al aire y el responsable huyó de inmediato.

El incidente generó un impacto inmediato en la movilidad de la zona. Parte de la avenida Bolívar fue cerrada para permitir el trabajo de los peritos de criminalística y la recolección de pruebas. Esto provocó desvíos importantes en el tránsito, que fue redirigido hacia las avenidas Universitaria y Brasil, afectando a conductores y peatones en una hora de intenso movimiento. El bus involucrado fue trasladado a la comisaría de Pueblo Libre, donde el chófer rindió su declaración ante la policía mientras se revisaban las cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo sucedido.

Desconocidos disparan al aire cerca a bus de empresa Pesquero en Pueblo Libre

La rápida actuación de la policía y los peritos de criminalística permitió asegurar la escena en cuestión de minutos. Agentes acordonaron el área para recoger los indicios balísticos y tomar declaración a testigos, mientras el flujo vehicular en la avenida Bolívar quedaba semiparalizado. El cierre parcial de la vía obligó a los conductores a buscar rutas alternativas, lo que congestionó aún más las avenidas Universitaria y Brasil, dos de las arterias principales de Pueblo Libre.

Vecinos señalaron que, aunque los disparos no se dirigieron al bus, la coincidencia de la presencia del auto negro con la unidad de la empresa Pesquero resultó inquietante. El temor se extendió rápidamente entre los pasajeros, quienes descendieron del vehículo apenas percibieron la situación. El testimonio de residentes del sector permitió identificar la ruta de escape del atacante, mientras los agentes solicitaban el acceso a grabaciones de cámaras de comercios y de la municipalidad para obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

La policía subrayó que, hasta el momento, no existen pruebas de que se tratara de un acto de extorsión o un ataque directo contra el bus. Sin embargo, la investigación sigue abierta y se espera que las imágenes de videovigilancia aporten claridad sobre las motivaciones y la identidad del autor de los disparos. Las labores de peritaje y la presencia policial en la zona se mantuvieron durante varias horas, mientras los peritos recogían pruebas y aseguraban la integridad de los testigos y el conductor involucrado.

Conductores de Pesquero bajo amenaza por extorsionadores

El episodio registrado en la avenida Bolívar no es un hecho aislado en la historia reciente de la empresa Pesquero. Apenas días antes, uno de los conductores de la línea 129 fue víctima de un atentado mortal en Santa Anita. El sábado 7 de febrero, Bonet Miraval Camones, de 40 años, recibió tres disparos mientras conducía un bus de la misma empresa. El ataque se produjo en pleno recorrido y a plena luz del día, sumiendo en el pánico a los pasajeros y vecinos que presenciaron la escena.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital Hipólito Unanue, donde lamentablemente falleció horas después. Compañeros de trabajo y familiares denunciaron entonces que la empresa venía recibiendo amenazas y siendo blanco de extorsiones desde hacía varios meses. Las primeras hipótesis de la Policía Nacional apuntaron a que el crimen estaría vinculado a estos cobros ilegales, una modalidad delictiva que afecta de manera reiterada a transportistas de Lima y el Callao.

Las amenazas no solo se han limitado a mensajes intimidatorios. En noviembre de 2025, la empresa Pesquero paralizó sus labores como medida de protesta y para proteger la vida de sus trabajadores, luego de que delincuentes armados exigieran pagos ilegales a conductores y cobradores. El temor se intensificó tras sucesivos atentados en los que incluso una cobradora resultó herida en el Callao, provocando movilizaciones y bloqueos de rutas por parte de los trabajadores del sector.

Estos antecedentes refuerzan el clima de inseguridad que enfrenta el transporte público en la capital peruana. Los trabajadores de la empresa Pesquero han entregado pruebas a las autoridades sobre los métodos de extorsión, como números de cuentas usados para cobros ilegales, pero hasta el momento no se han logrado respuestas concretas. La reiteración de estos hechos violentos mantiene en vilo a conductores, pasajeros y vecinos, que reclaman medidas urgentes para frenar la escalada delictiva y restablecer la tranquilidad en las rutas de Lima.

El asesinato de Bryan Joshiney Ramírez, un joven de 28 años, ha intensificado el debate sobre la violencia armada y la impunidad en zonas urbanas de alta concurrencia en Honduras.

El hecho, cometido el fin de semana frente a un bar en la colonia Castaños Sur, no solo dejó al descubierto la brutalidad del crimen, sino que expuso el grado de organización y audacia con el que operan los grupos criminales. La ejecución incluyó el robo del teléfono de la víctima y una llamada posterior en la que uno de los sicarios respondió a los familiares con burla, diciendo: “Allá te lo dejamos tirado”.

El impacto social se refleja en la reacción tanto de vecinos como de comerciantes de la colonia Castaños Sur, quienes temen que episodios similares continúen ocurriendo y pongan en riesgo a quienes frecuentan espacios públicos para socializar. Organizaciones civiles han remarcado la necesidad imperiosa de reforzar la seguridad y controlar la circulación de armas de fuego en la capital.

Expertos en criminología urbana advierten que el tipo de ataque ejecutado con múltiples disparos, la utilización de indumentaria policial falsa y la intimidación directa a familiares, pone en evidencia la consolidación de mafias o pandillas capaces de operar con logística avanzada y un alto grado de impunidad en entornos concurridos.

La escena del crimen reveló la magnitud del ataque: las autoridades registraron al menos 27 casquillos de bala en el lugar y confirmaron que los autores vestían pasamontañas y ropa similar a la policial para simular un operativo, acercándose a Ramírez sin levantar sospechas.

Tras dispararle en repetidas ocasiones en la entrada del establecimiento, los agresores huyeron con su teléfono, incrementando la sensación de inseguridad entre clientes y transeúntes del bulevar Morazán. Este método recuerda otros homicidios recientes en Tegucigalpa, donde la usurpación de la imagen policial ha sido utilizada para perpetrar asesinatos de manera sigilosa y efectiva.

En este contexto de violencia sistemática, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que Bryan Joshiney Ramírez, presuntamente, tenía antecedentes por tráfico de drogas en 2025, dato que incorpora una línea adicional a la investigación.

Por el momento, las autoridades no han determinado si el crimen obedece a disputas personales o a la acción de redes criminales articuladas. Lo cierto es que la combinación de la planificación, el robo del celular y la llamada en tono de burla ha sido interpretada como una muestra de la deshumanización que preocupa a la sociedad hondureña.

La Policía Nacional y la DPI han incrementado los operativos preventivos y patrullajes en la zona y otras áreas de vida nocturna, buscando no solo dar con los responsables del asesinato, sino también restablecer la percepción de control entre la población.

El proceso judicial se sustenta en la recopilación de pruebas materiales y testimoniales, incluyendo el análisis de grabaciones de videocámaras y la investigación del dispositivo robado. La Fiscalía hondureña ha enfatizado la relevancia de estas pruebas para identificar y procesar a los autores materiales, a fin de frenar la escalada de homicidios en la ciudad.

La crisis de seguridad en Honduras persiste, con elevadas cifras de asesinatos cometidos en urbes densamente pobladas como Tegucigalpa. Casos recientes han replicado el patrón de agresores que logran escapar rápidamente tras sus ataques, lo que dificulta la respuesta policial y mantiene altos los niveles de temor entre los residentes.

La difusión de imágenes y videos en redes sociales, que suelen documentar la crudeza de estos hechos, refuerza la percepción de vulnerabilidad y afecta también la actividad comercial en zonas céntricas.

La respuesta pública y oficial a este crimen evidencia la tensión entre la necesidad de medidas de control inmediatas y el desafío estructural que representa el combate al crimen organizado. La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el asesinato y detener a los autores materiales, mientras la sociedad demanda resultados tangibles y protección efectiva ante el avance de la delincuencia en los espacios comunes de la capital.

Según información policial brindada horas después, los sicarios habrían llegado con un objetivo específico. Sin embargo, las balas alcanzaron a personas que no tenían relación con presuntas rencillas criminales. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Flores Bellido y Jean Macharé Farfán, quienes participaban del encuentro deportivo cuando se desató la ráfaga de disparos.

¿Qué se sabe del ataque en el complejo deportivo San Pedro?

De acuerdo con las primeras diligencias, un grupo de sujetos armados llegó hasta el sector a bordo de una motocicleta y una mototaxi. En cuestión de segundos, descendieron y abrieron fuego en las inmediaciones de la losa deportiva, generando caos entre quienes se encontraban dentro y fuera del recinto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el presunto blanco del atentado sería un hombre conocido con el alias de “Piraña”, quien logró escapar del lugar. No obstante, el ataque dejó consecuencias fatales para personas que se encontraban jugando fútbol y compartiendo con sus familias.

Producto de la balacera, siete personas resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados inicialmente a la clínica Teresa, en Talara, y posteriormente derivados a hospitales de Piura y Sullana. De acuerdo con los reportes médicos, al menos dos de ellos permanecen en estado crítico y luchan por su vida.

En la escena del crimen, agentes de la PNP recogieron casquillos de bala e iniciaron un operativo para dar con los responsables. Horas más tarde, se confirmó la detención de un sujeto que sería el conductor de la motocicleta utilizada en el atentado. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer el móvil exacto del crimen.

Testigos señalaron que los disparos fueron numerosos y que muchos asistentes se lanzaron al suelo para protegerse. Niños, adultos mayores y vecinos del barrio San Pedro se encontraban en el lugar cuando comenzó la balacera, lo que incrementó el temor en la población.

Ola de violencia en Piura genera preocupación en la población

El ataque en Talara no fue un hecho aislado. Esa misma tarde y noche se reportaron otros homicidios en Paita y Sullana, elevando a cuatro el número de personas asesinadas en la región Piura en pocas horas. La situación ha encendido las alertas entre los ciudadanos, quienes denuncian un incremento sostenido de la criminalidad en el norte del país.

Vecinos de Talara han manifestado su preocupación ante lo que consideran una falta de acciones de inteligencia frente al avance de las bandas criminales. En los últimos días, incluso circularon en redes sociales videos donde presuntos integrantes de organizaciones delictivas, como “Los Chuquis del Norte”, aparecen exhibiendo armas de fuego y cubriendo sus rostros con pasamontañas.

La población cuestiona cómo estos grupos logran movilizarse y grabar contenido sin ser identificados, mientras continúan registrándose ataques armados en distintos puntos de la región. En Talara, los vecinos del sector San Pedro han advertido que, de no frenarse la ola delincuencial, evaluarán realizar medidas de protesta para exigir cambios en la jefatura policial.

El actual comisario de la jurisdicción estaría siendo investigado por presuntos actos de corrupción, situación que —según los pobladores— genera desconfianza en medio de un contexto marcado por la inseguridad. Patrulleros y motocicletas policiales circulan en la zona, pero los ataques se siguen produciendo a cualquier hora del día.

La balacera en Talara, ocurrida en pleno campeonato de fútbol, ha dejado imágenes de dolor entre familiares y amigos de las víctimas. Mientras continúan las investigaciones, el complejo deportivo San Pedro permanece bajo resguardo policial y la comunidad intenta retomar la calma tras uno de los episodios más violentos registrados en las últimas semanas en la región Piura.

La indignación se impuso entre los compañeros del chofer asesinado en Santa Anita. Transportistas de la empresa El Pesquero señalaron que la tragedia pudo evitarse si se hubiese cumplido el resguardo policial prometido para sus unidades. El reclamo, dirigido a las autoridades, se produjo horas después de un nuevo acto de violencia que sacudió a Lima Este y reavivó la sensación de desprotección en el sector.

El ataque ocurrió a plena luz del día, mientras el bus de la Línea 129 avanzaba por una de las vías más transitadas del distrito. Un sicario, que fingió ser pasajero, abordó la unidad y descargó varios disparos contra el conductor, provocando el pánico entre los presentes. La víctima, identificada como Bonet Miraval Camones, de 40 años, fue trasladada de urgencia al hospital Hipólito Unanue. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Este crimen se suma a una jornada marcada por la violencia contra los trabajadores del transporte público. Solo unas horas antes, una cobradora fue herida de bala en el Callao por un falso pasajero, lo que desató protestas en la avenida Gambeta. El temor y la indignación se multiplicaron entre conductores y cobradores, quienes denuncian extorsiones y amenazas constantes por parte de organizaciones criminales. En muchos casos, los delincuentes exigen pagos diarios a cambio de dejar operar las rutas, bajo amenazas directas contra la vida de los trabajadores.

Conductores denuncian abandono policial pese a promesas

Para los operadores del transporte, la muerte de su colega representa una consecuencia directa de la falta de acción policial. Compañeros de El Pesquero afirmaron que en repetidas ocasiones solicitaron mayor presencia de agentes en puntos críticos del recorrido, especialmente tras los numerosos ataques y denuncias de extorsión que ya venía sufriendo la empresa. “Nos dio su palabra de que nos iba a apoyar, pero ¿quién va contra esto? ¿Quién va?”, expresó uno de los compañeros, visiblemente afectado por la pérdida de su amigo, a Exitosa.

La sensación de abandono fue evidente durante las declaraciones brindadas a medios locales. Los transportistas relataron que la víctima había dejado de trabajar por precaución, pero la necesidad económica lo obligó a retomar sus labores. “Se había retirado, estaba una semana afuera ya, sino que volvió. Necesidad de trabajo”, comentó otro de los colegas, destacando el clima de inseguridad que obliga a muchos a exponerse pese a los riesgos.

El pedido al general de la Policía que se reunió previamente con los transportistas fue directo: “Jefe, póngase la mano al pecho. Usted tiene familia de transportistas y siente lo que nosotros sentimos”. El grupo de trabajadores insistió en que el despliegue policial comprometido tras anteriores atentados nunca se concretó, dejando a las unidades y sus ocupantes a merced de los delincuentes.

Las exigencias de protección no son nuevas. Desde hace meses, la empresa El Pesquero y otras líneas de Lima Este vienen denunciando extorsiones y amenazas, incluso con la entrega de cuentas bancarias destinadas a recibir los pagos ilegales. En noviembre de 2025, la empresa paralizó sus labores como medida de protesta y para proteger a su personal, sin lograr respuestas efectivas por parte de las autoridades.

PNP justifica la falta de resguardo por escasez de personal

La reacción de la Policía Nacional del Perú ante el reclamo de los transportistas no tardó en llegar. El general Manuel Lozada, uno de los altos mandos de la institución, lamentó el crimen y reconoció la imposibilidad de garantizar el resguardo en todas las líneas por falta de personal. “No hay un policía para cada cuadra. No tenemos policías para tantísimo recorrido y tantísimas líneas”, afirmó Lozada en diálogo con RPP Noticias. El alto mando policial también condenó la brutalidad de los atacantes y advirtió sobre la creciente amenaza que enfrentan los trabajadores del sector.

El general subrayó que el caso ya está en investigación y que tres equipos de homicidios trabajan para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Según Lozada, las cámaras de seguridad del bus y los testimonios recogidos serán claves en el proceso. Sin embargo, el oficial reiteró que las limitaciones de recursos impiden un despliegue policial suficiente para cubrir la totalidad de las rutas y paraderos críticos.

La respuesta contrasta con lo anunciado meses atrás por el Ministerio del Interior, que había asegurado la continuidad del patrullaje policial en los corredores viales donde operan las principales empresas de transporte. Según un comunicado oficial, agentes de la Unidad de Emergencia Los Halcones y otras divisiones acompañarían los trayectos y realizarían controles de identidad en puntos estratégicos. No obstante, los trabajadores del sector aseguran que el despliegue nunca se ejecutó plenamente ni alcanzó a todas las áreas de riesgo.

Mientras tanto, la población y los transportistas continúan exigiendo transparencia sobre la cantidad de efectivos asignados y la frecuencia de los patrullajes. El temor persiste, alimentado por la falta de resultados tangibles y por la sensación de que las promesas de protección quedan en palabras.

Falso pasajero asesinó a chofer de El Pesquero

El asesinato de Bonet Miraval Camones se produjo alrededor de las 15:30 del sábado 7 de febrero en plena vía pública, cerca del Parque N.º 6 y la Vía de Evitamiento, en Santa Anita. El bus cubría la ruta entre Ate y el Callao cuando fue interceptado de forma violenta. De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto se acercó corriendo a la unidad, subió y disparó directamente contra el conductor en presencia de pasajeros y transeúntes.

El ataque generó pánico dentro del bus: los pasajeros gritaron, intentaron auxiliar a la víctima y buscaron refugio por miedo a nuevos disparos. Minutos después, una ambulancia del SAMU trasladó al conductor al hospital, donde finalmente falleció.

Las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú apuntan a un ajuste de cuentas vinculado a extorsiones, una modalidad delictiva que afecta de manera recurrente al sector. El cobrador de la unidad relató que el atacante actuó de manera rápida y sin mediar palabra, siguiendo un patrón ya conocido en otros episodios similares ocurridos en la capital.

En el lugar de los hechos, peritos de criminalística levantaron los indicios balísticos y se tomaron testimonios de testigos. La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del vehículo, mientras la comunidad de Santa Anita permanece en estado de alerta ante la persistencia de la violencia en la zona.

El atentado se produjo a las 9:36 a. m. en la cuadra uno del jirón Apo Maita. La víctima, un joven de 35 años, se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por un hombre con chaleco azul, que se acercó directamente al asiento del conductor y disparó a quemarropa. Pese a las graves heridas, el conductor logró conducir hasta la avenida Gran Chimú en busca de ayuda antes de ser trasladado a una clínica local, donde permanece bajo observación.

Vecinos y testigos relataron que el ataque fue ejecutado con precisión y que una motocicleta esperaba al agresor para facilitar su huida. Las primeras versiones apuntan a que la víctima estaría vinculada a una empresa familiar dedicada a la fabricación de galletas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido y no al azar.

Sicario utilizó un chaleco de obrero para camuflarse y disparar contra joven

El atacante vestía un chaleco azul de obrero, lo que le permitió pasar inadvertido en la zona sin despertar sospechas previas entre los transeúntes. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sujeto avanzó a paso firme hacia la unidad estacionada, apuntó directamente contra su objetivo y efectuó al menos tres disparos antes de retirarse a pie hasta donde lo aguardaba un cómplice en motocicleta.

Testigos aseguraron que la maniobra fue tan rápida como calculada. “El tipo apareció de la nada, disparó y se fue directo a la moto. Todo fue cuestión de segundos”, relató un vecino. El atuendo utilizado habría sido clave para camuflarse entre los trabajadores que circulan habitualmente por la zona en horario matutino, dificultando la identificación inmediata de los responsables.

Las autoridades de San Juan de Lurigancho han iniciado un operativo en conjunto con la policía especializada, revisando las grabaciones de video e interrogando a residentes y comerciantes. Al cierre de este reporte, los agentes analizaban la ruta de escape de la motocicleta y buscaban rastros que permitieran identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

Víctima sigue bajo observación mientras inician las investigaciones

El conductor herido fue trasladado de emergencia a una clínica cercana tras recibir tres impactos de bala. Según información recogida por el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, su estado es reservado pero estable, y los médicos evalúan la evolución de sus lesiones. Familiares y allegados evitaron hacer declaraciones. En tanto, un vecino afirmó que el joven atacado sería hijo de la dueña de la reconocida empresa de galletas Chaplin, dato que deberá ser confirmado por las autoridades.

“él es hijo de la dueña, a él le han disparado”, afirmó un testigo en diálogo con el equipo periodístico, reconociendo que el negocioya habría sido blanco de amenazas y hostilidades en años anteriores. La policía investiga si el móvil estaría vinculado a extorsiones o ajustes de cuentas relacionados con el negocio familiar.

Durante la recolección de testimonios, un vehículo pasó por el lugar y grabó de manera sospechosa la fachada donde ocurrió el atentado, lo que llamó la atención de los presentes y añade un elemento más a la investigación. Las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva y continúan con las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables, mientras la comunidad de San Juan de Lurigancho permanece en alerta.

Números de emergencia para denunciar extorsión en Perú

Si eres víctima o testigo de extorsión en Perú, puedes comunicarte de forma confidencial y gratuita a los siguientes números de emergencia:

• Central 111: Línea exclusiva para denuncias de extorsión, disponible las 24 horas.
• Central de emergencias 105: Para todo tipo de emergencias policiales, incluyendo extorsión.
• WhatsApp PNP: 964 605 570 / 942 479 506 (envío de mensajes, fotos o videos).

Las autoridades recomiendan no realizar ningún pago y reportar de inmediato cualquier amenaza.

El hecho, registrado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con jirón San Justiniano, en la entrada de Collique, se convierte en el segundo atentado contra la misma empresa en lo que va de 2026. Tras la ráfaga de disparos, los agresores dejaron una nota extorsiva con un número telefónico y una munición, evidenciando la presión criminal sobre el sector transporte.

Los disparos pusieron en alerta a los vecinos y generaron temor entre los conductores de la empresa, aunque, según confirmaron tanto La República como Exitosa, no se reportaron heridos ni víctimas mortales en este segundo atentado. Al lugar acudieron rápidamente agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Comas para recabar evidencias y testimonios.

La nota encontrada junto al vehículo atacado contenía el mensaje “Comunícate. Llamen” y un número telefónico, acompañado de una munición, elemento que refuerza la hipótesis de un intento de extorsión. Los operadores de la línea de colectivos manifestaron su preocupación por la escalada de violencia y la aparente impunidad con la que actúan los agresores. La empresa El Mandarino se encuentra bajo el asedio de bandas criminales que buscan someterla a pagos ilegales, situación que se ha repetido en distintas partes de Lima durante los últimos meses.

Llegaron en motocicletas, dispararon y dejaron una nota extorsiva

El patrón observado en el ataque de Comas replica prácticas propias de la extorsión y el sicariato en el transporte público. Los responsables utilizaron una mototaxi para pasar desapercibidos y sortear la vigilancia policial, aprovechando la facilidad de movimiento que ofrece este vehículo. Esta estrategia les permitió acercarse sin levantar sospechas, disparar contra el colectivo y escapar rápidamente del lugar sin ser identificados.

En ambos atentados, el uso de la motocicleta ha sido clave para la movilidad de los atacantes. Además, la colocación de un mensaje con un número telefónico y una munición junto al vehículo atacado constituye un claro acto de intimidación y una invitación a establecer contacto bajo amenaza. Esta práctica busca forzar a los empresarios a ceder a las exigencias económicas de los extorsionadores y se ha convertido en un elemento recurrente en la ola de violencia que afecta al sector transporte en Lima.

Tras el ataque, las autoridades intensificaron los operativos en las zonas consideradas de alto riesgo, aunque la población mantiene la percepción de que las medidas adoptadas resultan insuficientes ante la capacidad de adaptación de las bandas delictivas. El coronel Jorge Ramiro Barrantes, de la Policía Nacional, explicó que se han dispuesto patrullajes adicionales y que las investigaciones avanzan con la recopilación de pruebas balísticas y declaraciones de testigos.

Dos trabajadores de El Mandarino resultaron heridos en la primera agresión

El atentado de Comas se produce pocos días después del primer ataque registrado en San Juan de Lurigancho, donde dos conductores de El Mandarino, identificados como Eliazer González Silva y Winder Amaro Vicente, resultaron gravemente heridos. El hecho ocurrió en la terminal de la empresa, alrededor de las 9:00, cuando los choferes se preparaban para iniciar sus rutas. Un hombre en motocicleta irrumpió en el recinto, disparó al menos cinco veces y huyó del lugar.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que el atacante vigiló previamente la zona y aguardó el momento propicio para ejecutar la agresión, lo que refuerza la hipótesis de un atentado premeditado y dirigido. Uno de los conductores recibió un impacto de bala en el abdomen y el otro en una pierna. Ambos fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo, donde uno permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de la lesión abdominal. Tras recibir atención médica, los trabajadores formalizaron la denuncia en la comisaría de Canto Rey.

El coronel Barrantes afirmó que los conductores se encuentran fuera de peligro y que la Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar al autor material del atentado. A pesar de la gravedad de estos hechos, los representantes de El Mandarino aseguraron no haber recibido amenazas previas ni haber sido víctimas de extorsión antes de los ataques.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Alberto Bringas.

El expediente unifica dos homicidios: es que, además del crimen de Fabián Sturm Jardón, acribillado a balazos en diciembre de 2024 en el mencionado barrio porteño, Caraballo Escobar también es investigado por el asesinato de Marcelo Nicolás González Algerini, ocurrido el 12 de octubre de 2024 en la localidad de La Lonja, partido de Pilar.

En ambos hechos, Caraballo Escobar aparece como principal sospechoso. La investigación judicial sostiene que en el caso de González Algerini, la víctima recibió entre seis y nueve disparos cuando se encontraba en su camioneta Chevrolet Tracker, frente a un kiosco de la calle San Cayetano. El atacante, que se desplazaba en una Jeep Renegade color oscuro con patente trucha, disparó desde ese vehículo con una pistola Glock 9 mm con numeración erradicada.

Dos meses después, la madrugada del 12 de diciembre, Fabián Sturm Jardón -quien tenía pedido de captura activo por otro caso- fue atacado en la vereda de un kiosco en la calle Paraguay al 2900. El asesino lo esperó oculto en un Volkswagen Suran y, al verlo pasar, se acercó por detrás y le disparó siete veces a corta distancia, también con una Glock 9 mm y supresor de sonido. Después, escapó hacia un Fiat Cronos rojo con patente robada, que lo esperaba como auto de apoyo a unos metros de la escena.

Horas más tarde, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad encontró ese vehículo en la calle Agüero al 700, a casi ocho cuadras del lugar del crimen. Dentro del vehículo se hallaron la pistola con silenciador, un par de guantes y una peluca: justamente, las imágenes de cámaras de seguridad mostraban que el sicario había usado una para intentar no ser reconocido.

Otro dato que surgió en el expediente indica que Sturm Jardón venía siendo amenazado por Caraballo Escobar.

La pistola encontrada en el auto sirvió para confirmar una sospecha: era la misma arma que se había usado para asesinar en octubre a Marcelo González Algerini en Pilar. En esa causa intervenía la fiscal Marcela Semería, que venía siguiendo los pasos de Sturm Jardón. La fiscal entendía que ambos, tanto la víctima como quien lo había mandado a matar, tenían vínculos con una organización narco.

El homicidio en Pilar estaba relacionado con un operativo de gran escala ocurrido a mediados de 2024. En julio, Gendarmería secuestró 782 kilos de cocaína en un complejo de cabañas en Caviahue, Neuquén, uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. En ese expediente, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se detuvo a diez personas. La banda planeaba cruzar la droga a Chile usando un convoy de camionetas. González Algerini, según la investigación, iba a manejar una de ellas.

Tras el crimen de Sturm Jardón, el caso pasó a manos del juez federal González Charvay, que convocó a la PFA.

Los detectives de la fuerza policial comenzaron a reunir información sobre el presunto sicario. Así descubrieron que era uruguayo, que había estado preso por otro asesinato y que se había fugado de una cárcel de Montevideo en agosto de 2022. La Policía uruguaya confirmó que estaba condenado por haber matado en 2021 a una mujer cuidacoches en un caso relacionado con el narcotráfico.

La búsqueda de Caraballo Escobar se orientó hacia Brasil luego de que los investigadores llegaran a un dato: el prófugo le había pagado a un hombre brasileño para que lo ayudara a esconderse. Finalmente, el 29 de mayo de 2025, Interpol notificó sobre la detención del acusado en Florianópolis, estado de Santa Catarina. Allí, según informaron fuentes policiales, fue encontrado con dos kilos de marihuana, 40 mil dólares, 41 mil reales, un auto y una moto.

La extradición fue solicitada formalmente el 2 de junio de 2025 y el 26 de diciembre de ese año, el gobierno brasileño comunicó que concedía la entrega del sospechoso.

Una vez en el país, Caraballo Escobar será alojado en una dependencia federal y aguardará la citación para prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

Alejandro Martínez Leal, un ciudadano venezolano y miembro de la comunidad Lgbtiq+, fue asesinado la tarde del 15 de enero de 2026 en el barrio La Nevada de Valledupar.

Los momentos posteriores al crimen, que constituye el quinto homicidio registrado en la ciudad en lo que va de 2026, fue registrado por personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

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De acuerdo con información oficial de la Policía Metropolitana de Valledupar, Martínez Leal, de 31 años, fue interceptado en la vía pública alrededor de las 5:15 p. m. del jueves por un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta, que le disparó sin pronunciar palabra.

El ataque, fue perpetrado frente al negocio Los Paisas. Allí se evidenció un momento de alto grado de conmoción, pues Martínez Leal recibió dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en el rostro, lesiones que, según el informe forense citada por el diario valduparense El Pilón, le comprometieron órganos vitales de manera inmediata.

Aunque los testigos intentaron auxiliarlo y fue trasladado de urgencia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, la víctima ingresó al centro asistencial sin signos vitales, explicaron los médicos al diario de la capital del Cesar.

Tras el crimen, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y del modelo de vigilancia por cuadrantes acudieron tanto al hospital como al sitio de los hechos para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar pruebas.

El homicida, de acuerdo con el reporte de las personas presentes huyó con rumbo desconocido, lo que ha motivado a las autoridades locales a intensificar las labores de búsqueda y análisis de testimonios en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, la Policía Nacional instó a la comunidad a aportar información confidencial que facilite la identificación y captura del responsable.

En menos de 24 horas balearon a otra mujer en el mismo sector

De acuerdo con un reporte detallado que publicó el medio barranquillero El Heraldo, una mujer con el nombre de Fermina Esther Pupo Benavides, de 49 años. fue baleada de la misma exacta manera, aunque el ataque en su contra ocurrió un día antes, en el 14 de enero en el mismo exacto sector.

Con dos casos de la misma manera, se han generado nuevas líneas de investigación. Pupo Benavides recibió un disparo en la cabeza en la misma calle del barrio La Nevada y, tras ser auxiliada por la comunidad, fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo y remitida a la Clínica Cesar, donde falleció horas después.

La Policía Metropolitana de Valledupar indicó que un hombre que llegó al lugar y le disparó, lo hizo sin mediar palabra antes de huir.

Las autoridades investigan si el asesinato de Pupo Benavides está vinculado con el crimen de alias Samper, hijo de la víctima, que fue ultimado en noviembre de 2025 en el barrio Brisas de la Popa.

Según información policial, Jean Carlos Castro Pupo, conocido como “Samper”, habría estado relacionado con el tráfico de estupefacientes, lo que apunta a la posibilidad de una retaliación entre estructuras criminales.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, teniente coronel Ricardo Iván Baquero Beltrán, informó que la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y el CTI de la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas y revisión de cámaras de seguridad para determinar posibles conexiones entre ambos homicidios.

La comunidad del barrio La Nevada permanece atenta ante la escalada de violencia, mientras las autoridades insisten en no descartar ninguna hipótesis y reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que conduzca a la identificación de los responsables.

El hecho se registró en la calle Las Fresas, mientras el empresario realizaba una actividad cotidiana: lavar su vehículo estacionado frente a su casa. En cuestión de segundos, la tranquilidad del barrio se rompió por una ráfaga de disparos. Junto a él también perdió la vida “Doki”, un perro del vecindario que intentó auxiliarlo al advertir el ataque, convirtiéndose en otra víctima de este episodio de sicariato en Comas, pese al estado de emergencia vigente en la capital.

Ataque armado frente a su vivienda y bajo la mirada de su hijo

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Maraví Ávalos, de 46 años, empresario dedicado a la comercialización de ropa y zapatillas. De acuerdo con información policial, una pareja a bordo de una motocicleta lineal negra llegó hasta el frontis de su domicilio y, sin mediar palabra, abrió fuego contra él mientras se encontraba lavando su automóvil.

En un intento desesperado por salvar su vida, Maraví Ávalos corrió aproximadamente 100 metros por la vía pública. Sin embargo, los atacantes lo persiguieron y lo remataron a balazos en plena calle. Durante la persecución, el perro conocido por los vecinos como “Doki” comenzó a ladrar y a acercarse a los agresores, presuntamente intentando distraerlos o defender al empresario. El animal fue ejecutado de un disparo, quedando tendido en el lugar.

Tras el crimen, los sicarios regresaron al vehículo de la víctima y sustrajeron su teléfono celular y un arma de defensa personal que se encontraba dentro del auto. Este detalle fue confirmado por la esposa del empresario, quien, pese al violento desenlace, descartó que la familia haya recibido amenazas o mensajes extorsivos previos, una situación frecuente en casos vinculados al comercio informal o formal en Lima.

El testimonio más duro llegó desde el interior de la vivienda. Fue el hijo menor de la víctima quien relató a su madre lo que había visto.“Mamá, desde la ventana vi a un chico y una chica en moto negra que le dispararon a papá”, contó el niño, según narró la viuda ante las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística hallaron al menos diez casquillos de bala en la escena, evidencia que da cuenta de la violencia del ataque. Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri, que ya solicitó las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la ruta de escape de la motocicleta y determinar la identidad de los responsables.

Más de 50 homicidios en los primeros días de 2026: Lima y el norte concentran la violencia

El inicio del 2026 en Perú estuvo marcado por un fuerte repunte de la violencia homicida, con 55 asesinatos registrados en apenas los primeros 10 días del año, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud.

El volumen de casos convierte a este periodo en el arranque de año más violento desde 2017, cuando el Minsa comenzó a sistematizar este tipo de muertes, manteniendo además la tendencia observada en 2025, con un promedio cercano a cinco homicidios diarios a nivel nacional.

Las estadísticas muestran que la región Lima encabeza el número de víctimas, con 25 asesinatos reportados hasta el 10 de enero, seguida por el Callao, que acumula siete casos, y Lambayeque, con cuatro. Otras regiones que superan más de una víctima en este periodo son Ica (4), Piura (3), Áncash (3) y La Libertad (2). En contraste, departamentos como Ucayali, Tumbes, Tacna, Loreto, Junín, Cajamarca y Ayacucho registran un homicidio cada uno, mientras que regiones como Cusco, Arequipa, Puno y San Martín no reportaban casos al cierre de ese corte estadístico.

El análisis de la data revela además picos críticos de violencia: en tres días específicos (1, 3 y 4 de enero) se registraron nueve asesinatos diarios, acumulando 27 homicidios en solo 72 horas, lo que representa casi la mitad del total contabilizado en los primeros diez días del año.

El blanco fue el restaurante Pollos y Parrillas Alexander, un negocio con cuatro años de funcionamiento que, según su encargado, ya había recibido mensajes intimidatorios semanas atrás. El atentado ocurrió alrededor de las 9:08 p. m., en pleno horario de atención, cuando dos sujetos arrojaron un artefacto explosivo directamente hacia una de las mesas ocupadas por comensales.

Ataque con explosivos a pollería en Puente Piedra tras amenazas de extorsión

Las imágenes posteriores al atentado muestran mayólicas hundidas y partidas, mesas destruidas y sillas esparcidas por el suelo, producto de la onda expansiva. El encargado del local, cuya identidad fue resguardada por seguridad, relató en entrevista con Latina que las amenazas comenzaron el 27 de diciembre, cuando recibió mensajes al número de delivery del negocio exigiendo el pago de 10 mil soles.

El mismo día del atentado, volvieron a exigirle dinero: “Ayer, justo al mediodía, empezaron nuevamente a hablarnos al número del delivery”, contó. En uno de los mensajes, según precisó, se leía: “Te alineas con los diez mil soles o plomo”. Al no responder ni acceder a la exigencia, horas más tarde se produjo el ataque con explosivos.

De acuerdo con el testimonio, las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos jóvenes, de aproximadamente 15 o 16 años, llegaron caminando hasta el frontis del local. Uno de los trabajadores se percató de su presencia, pero en cuestión de segundos lanzaron el explosivo hacia una mesa donde había clientes comiendo pollo a la brasa. Tras detonar el artefacto, los atacantes se retiraron caminando con normalidad por la misma zona.

El comerciante aseguró que en los cuatro años de funcionamiento del negocio nunca habían sido víctimas de amenazas, aunque reconoció que otros locales del barrio sí han sufrido ataques similares. Por el momento, el restaurante permanecerá cerrado algunos días mientras evalúan la situación. “Por el momento no se va a trabajar”, dijo, señalando también el temor del personal. “Los trabajadores ya no quieren, tienen miedo”.

Finalmente, el encargado hizo un llamado directo a las autoridades. “Que pongan la mano dura”, expresó, remarcando la preocupación de los emprendedores que intentan seguir adelante en zonas donde la criminalidad y la extorsión se han convertido en parte del día a día.

Violencia criminal en cifras: extorsiones, sicariato y homicidios marcaron el 2025 en el Perú

Durante el 2025, la inseguridad ciudadana alcanzó niveles sin precedentes en el país. Las extorsiones superaron las 25.196 denuncias hasta el 27 de diciembre, lo que significó un incremento cercano al 20% frente al año anterior. Registros del Ministerio Público incluso elevaron el número por encima de las 27.000 denuncias, confirmando una expansión sostenida de este delito en distintas regiones. En paralelo, los homicidios llegaron a 2.451 casos, una cifra que se tradujo en un promedio de siete asesinatos diarios, evidenciando un escenario crítico de violencia.

El impacto fue particularmente fuerte en Lima Metropolitana, que concentró 10.562 denuncias por extorsión, convirtiéndose en el principal foco del problema. El sicariato mantuvo una presencia constante: solo en el primer trimestre del año se reportaron 364 asesinatos bajo esta modalidad, con una alta incidencia de víctimas vinculadas a entornos delictivos. A pesar de que los robos y hurtos mostraron una reducción —pasando de 347.911 casos en 2023 a 218.808 en 2025—, la percepción de inseguridad no disminuyó debido al aumento de crímenes violentos y al mayor nivel de organización de las bandas criminales.

El sonido de los disparos alteró la rutina de la avenida y provocó que quienes presenciaron el hecho buscaran refugio. Los criminales, decididos y sin ocultar su objetivo, ejecutaron el ataque a plena luz del día, mientras las cámaras de seguridad registraban cada movimiento. Los pasajeros, sorprendidos y aterrados, solo pudieron agacharse mientras la unidad frenaba bruscamente. Los impactos de bala en la cabina y la sangre del conductor evidenciaron la brutalidad del ataque.

En las últimas semanas, la presión de las bandas extorsivas ha crecido. Las empresas de transporte reportan llamadas amenazantes, exigencias de pagos diarios y una sensación de inseguridad que ha obligado a suspender rutas enteras. El temor se ha apoderado del sector, donde la impunidad de los sicarios refuerza la sensación de desamparo.

Ataque a balazos contra bus de la línea R28 en Lurín

El ataque ocurrió en las primeras horas de la tarde, mientras el bus de la empresa Transportes Huáscar S.A.C. —conocida como R28— cubría su ruta habitual entre Lurín y San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una moto lineal se aproximaron a la unidad y dispararon al menos ocho veces contra la cabina, justo cuando el vehículo desaceleraba frente a un rompemuelles.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto: el bus se detuvo a metros de su paradero final y los sicarios, a escasos centímetros del conductor, abrieron fuego antes de escapar a toda velocidad. La Policía Nacional del Perú recogió las grabaciones como prueba clave para la investigación.

El ataque dejó la cabina perforada y casquillos regados en el asfalto. La unidad fue retirada y puesta a disposición de peritos de criminalística para los exámenes correspondientes. El hecho se suma a una serie de atentados similares registrados en rutas de Lima Sur y Este.

Chofer logra sobrevivir a ataque de sicarios

A pesar de la violencia del ataque, el conductor, identificado como Jonathan Trujillo, sobrevivió al lanzarse del asiento apenas empezaron los disparos. El hombre sufrió heridas en el cuello y fue atendido por paramédicos que llegaron al lugar.

La empresa retiró la unidad de circulación y la puso a disposición de los investigadores, mientras el conductor permanece recuperándose. El hecho de que el bus estuviera cerca de su destino y con pocos pasajeros evitó consecuencias mayores.

La vulnerabilidad del sector, la exposición diaria de los trabajadores y la falta de garantías mínimas de seguridad refuerzan el temor entre quienes dependen del transporte público para subsistir.

Gremio de transporte advierte paro ante ola criminal

El ataque en Lurín se suma a una cadena de atentados que han marcado el inicio del año en Lima. En los últimos días, conductores han sido asesinados en San Martín de Porres y Chaclacayo, mientras que otros atentados han dejado heridos entre pasajeros y trabajadores en distintas rutas.

El gremio de transportistas denuncia que los pagos diarios de cupos se han triplicado y que rechazar estas exigencias suele derivar en ataques armados. El ochenta por ciento del transporte formal fue extorsionado en 2025, según cifras del sector, y las amenazas persisten en 2026.

La expectativa ahora recae en el plan de seguridad prometido por el gobierno, mientras el gremio evalua una paralización general del servicio ante la falta de respuestas efectivas. La decisión sobre una posible paralización dependerá de las acciones concretas que adopten las autoridades en los próximos días.

El miedo se ha instalado en cada ruta, los trabajadores sienten que la inseguridad es total y los usuarios viajan cada día con la incertidumbre de llegar sanos a su destino. El transporte público en Lima enfrenta una de sus crisis más graves, mientras la violencia sigue marcando el pulso de la ciudad.

El hecho involucró a dos sujetos a bordo de una motocicleta que se acercaron a una pareja a la salida de un local comercial, mientras el hombre sostenía al niño en brazos.

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La escena, que transcurrió ante la mirada de transeúntes y habitantes del sector, mostró cómo uno de los agresores, identificado por vestir chaqueta negra, jean y casco negro, descendió de la moto empuñando un arma de fuego y se dirigió hacia la víctima.

Testigos del episodio, citados por medios como Vanguardia, relataron que el atacante exigía que el hombre “bajara” al niño. “El bandido le decía ‘bájelo, bájelo’, mientras forcejeaba para intentar apartar al niño”, narraron los que presenciaron los hechos.

Las imágenes captadas muestran el momento en que el presunto sicario trata de apartar al menor para ejecutar el ataque, mientras la mujer que acompañaba a la pareja entra en pánico. Durante el forcejeo, el hombre logró zafarse y huir del lugar con el bebé en brazos, evitando que el ataque se consumara.

Frente a la imposibilidad de efectuar el disparo y ante la tensión del momento, el pistolero y su cómplice decidieron abandonar la escena. Un habitante del sector describió el momento como angustiante y aseguró que “ese niño prácticamente le salvó la vida”.

La Policía del Magdalena Medio fue alertada tras el impactante caso e inició una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este intento de ataque armado.

Por su parte, en redes sociales diferentes usuarios comentaron la escena asegurando que se trató de una nueva oportunidad de vida, mientras que otros cuestionaron la actitud de los adultos involucrados en el hecho.

“Santo Dios el sicario también debe tener hijitos ojalá esas cosas hicieran que las personas cambiarán el vivir y piensen mejor”; “Yo diría un bebé le salvo la vida” ; “Sospechosa la señora ...... Yo no sería capaz de colocar a mi bebé así ...yo lo suelto ,.. no creo q sea capaz de hacerlo” ; “Mucho maldito, el que se busca problemas y pone como escudo a sus hijos, no se cual sea el detonante , pero así lo veo yo” ; “Almenos le preocupo la vida del bebé ya muy pocos respetan eso (sic)”, fueron las reacciones de algunos cibernautas.

Menor de edad murió luego de recibir un disparo en la cabeza en Barrancabermeja

El martes 6 de enero se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años que permaneció dos días en la Clínica La Magdalena tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Con este deceso, el número de muertes violentas en el Puerto Petrolero asciende a tres víctimas en lo que va de 2026, lo que marca un comienzo de año crítico para la seguridad ciudadana en el Magdalena Medio.

El ataque que terminó con la vida del menor ocurrió el sábado, 3 de enero, cerca del barrio Belén. Según versiones preliminares, desconocidos interceptaron al adolescente y le dispararon a corta distancia.

Las autoridades investigan si el arma utilizada fue traumática, aunque la gravedad del impacto ocasionó daños irreversibles que los equipos médicos no lograron revertir tras varios procedimientos quirúrgicos y de cuidados intensivos.

La muerte del joven generó consternación en la comunidad. Familiares y amigos, que se mantuvieron en cadenas de oración desde que ingresó al centro asistencial, lamentaron el desenlace y resaltaron la vulnerabilidad de los menores frente a la criminalidad en la zona.

La Policía del Magdalena Medio desplegó una unidad investigativa para esclarecer los móviles del asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento, el comando de Policía no ha reportado capturas ni ha determinado si el ataque fue una retaliación o un hecho fortuito.

Un nuevo atentado criminal en Comas se registró la tarde de este domingo. Un motociclista extranjero fue asesinado a balazos en plena vía pública en la intersección de la avenida Universitaria con Sangarará, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, cercana a una estación del Metropolitano. El hecho generó la intervención inmediata de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar del crimen se hallaron numerosos casquillos de bala y una motocicleta, elementos que evidencian un ataque directo. La víctima fue identificada como John Jairo Loor Contreras, de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana - colombiana, conocido con el alias de “Rata”. Según información policial, el hombre contaba con antecedentes penales y había sido intervenido el año pasado por su presunta vinculación a una red de trata de personas que operaba en Lima Norte.

Ataque armado en avenida Universitaria

De acuerdo con información policial y testimonios recogidos en la escena, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían estado esperando la llegada de su objetivo. Cuando Loor Contreras se desplazaba por la avenida Universitaria, los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra. Tras recibir los primeros disparos, el hombre perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía.

Herido, el motociclista descendió del vehículo e intentó huir a pie con la intención de ponerse a salvo. Sin embargo, los agresores lo persiguieron en la misma motocicleta y continuaron disparándole hasta rematarlo a pocos metros del impacto inicial. El ataque, según los peritos, fue ejecutado con extrema violencia: en la escena se contabilizaron 27 casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

La zona fue inmediatamente cercada por la PNP, mientras personal de criminalística realizaba el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaba imágenes de cámaras de seguridad cercanas. El tránsito vehicular fue restringido durante varias horas, generando congestión en uno de los ejes principales de Comas.

Fuentes policiales confirmaron que John Jairo Loor Contreras registraba antecedentes penales. En marzo del año pasado, había sido detenido por su presunta vinculación a una red de trata de personas, dedicada a la captación de ciudadanas ecuatorianas, caso que fue investigado por las autoridades en Lima Norte. Esta información es considerada clave dentro de las líneas de investigación que maneja la Policía.

Agosto concentró el mayor número de homicidios en 2025 según Sinadef

Los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran que durante 2025 se mantuvo un nivel elevado de homicidios en el país, con un promedio nacional que supera los siete asesinatos por día. Dentro de ese escenario, agosto se posicionó como el mes con mayor cantidad de muertes violentas, al contabilizar 221 homicidios a nivel nacional, la cifra más alta del año hasta el último corte disponible.

De acuerdo con la data oficial, el comportamiento mensual evidenció picos recurrentes. Enero cerró con 207 homicidios, abril alcanzó los 204 casos, mientras que marzo sumó 193 y julio 188. En contraste, meses como febrero y mayo registraron cifras ligeramente menores, con 169 y 168 asesinatos, respectivamente. Pese a estas variaciones, el promedio anual se mantuvo en 6,7 homicidios diarios, reflejando una persistencia de la violencia letal sin descensos sostenidos a lo largo del año.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, la tendencia fue similar. Agosto también marcó el punto más alto, con 90 homicidios registrados, superando ampliamente los valores de enero (82), marzo (81) y julio (73). El promedio diario en ese mes alcanzó 2,9 asesinatos, mientras que en otros periodos críticos del año se mantuvo por encima de 2,6 muertes diarias.

Continúan las investigaciones en el municipio de Río de Oro, departamento del Cesar, tras el asesinato de una pareja y una menor de 12 años, que sucedió el sábado 20 de diciembre de 2025, en la vía al mar, en las horas de la noche.

Con armas y contra una familia entera, el ataque aparentemente sicarial hecho sigue bajo análisis, y las teorías apuntan a la violencia ligada a disputas criminales, que ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Pero el pasado judicial del padre de familia sería una de las principales líneas de estudio.

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Por su parte, las autoridades confirmaron que la familia fue asesinada por sicarios en motocicleta. Solo una pequeña de 5 años sobrevivió, y se encuentra bajo asistencia médica y profesional.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, de 43 años, Nelly Geraldinne García Mejía y una niña llamada Melissa, de 12 años.

Ese sábado, la familia regresaba de una novena en el corregimiento de Morrison y se dirigía hacia su vivienda en la zona conocida como ‘Los Ángeles’, cuando fueron interceptados por dos hombres armados cerca de las 9:46 p. m.

Las hipótesis sobre el triple homicidio

La investigación avanza con dos líneas principales. Por un lado, la Policía Nacional y las autoridades judiciales indagan si el triple homicidio está relacionado con disputas territoriales entre grupos armados presentes en la frontera entre Cesar y Norte de Santander.

Por otro, según un reporte que publicó El Tiempo, también se explora el pasado judicial de Anderson Rocha Núñez, que cumplió una condena de 13 años y cinco meses por porte ilegal de armas y hurto calificado en la cárcel de alta seguridad Tramacúa, en Valledupar.

Un investigador explicó al diario que “se indagan llamadas, mensajes y contactos del celular de Rocha Núñez, así como su paso por Tramacúa”.

El hombre, oriundo de Aguachica, recibió libertad condicional en marzo de 2021, tras cumplir la mayor parte de su condena dictada en 2014.

De hecho, el medio conoció que personas cercanas a la familia aseguran que el ataque habría estado dirigido contra Rocha, por lo que la línea de investigación sobre posibles retaliaciones derivadas de su estadía en prisión cobra relevancia.

Padre de la menor de 12 años fallecida habló

A su vez, el medio nacional entrevistó a Jhon Julio López, padre de la menor asesinada y expareja de Geraldinne García, que relató que habló con su hija una hora antes del ataque.

“Ellos estaban en una novena en la casa de un familiar. Yo hablé con mi hija una hora antes, ella estaba muy contenta”, recordó López. Afirmó también que su excompañera sentimental nunca recibió amenazas y que residía en Los Ángeles (vereda de Río de Oreo) desde hace ocho años, dedicada al hogar tras haber trabajado en el área de tránsito.

De acuerdo con testigos y familiares, la última comunicación de la menor fue por teléfono, poco antes del crimen. López señaló que la relación entre García y Rocha tenía dos años y que este último trabajaba como conductor en una empresa de transporte.

La percepción en el entorno cercano es que la agresión tenía como objetivo principal a Rocha Núñez. “Lo que la gente comenta es que el ataque iba en contra de Anderson. Solo sé que ahora él era conductor en una empresa de transportes y que son pareja desde hace dos años”, fueron las palabras textuales de López en el diálogo.

La pequeña de 5 años que sobrevivió recibe atención psicológica: alcalde de Río de Oro, Cesar

El hecho causó un fuerte impacto en la comunidad local, además, porque en la motocicleta atacada con fuego iban 4 personas. Los dos padres fueron asesinados, la menor de 12 años murió en un centro asistencial y otra pequeñas, de cinco años, también hija de la pareja, resultó ilesa tras caer accidentalmente de la moto durante el ataque.

La menor sobreviviente fue encontrada en una canaleta, donde cayó al momento del atentado. El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, relató que la niña se encuentra bajo atención psicológica, ya que presenció el asesinato de sus familiares.

Osorio lamentó la situación y afirmó que el crimen “deja un vacío irreparable” en la comunidad y en la vida de la menor cuya identidad no fue revelada.

Según las primeras diligencias, Lizama Campos caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos. Uno de ellos descendió de una motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el ataque, los agresores huyeron con dirección a la ex carretera Latina, mientras vecinos alertaban a las autoridades. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde llegó sin vida, mientras que su pareja fue atendida por el personal médico debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

El ataque ocurrió cuando Lizama Campos retornaba a su vivienda junto a su pareja y su menor hijo. El niño no resultó herido, pero fue testigo del violento episodio. La pareja del obrero recibió dos impactos de bala y permanece bajo observación médica, mientras continúan las diligencias para determinar su evolución.

Captura de presuntos sicarios tras operativo policial en Bellavista

La rápida reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de tres presuntos implicados en el asesinato de Segundo Lizama Campos, minutos después del ataque. Efectivos de la Unidad de Emergencia PNP desplegaron un operativo en la ex carretera Latina, donde lograron intervenir a los sospechosos que se movilizaban en motocicletas, presuntamente usadas para perpetrar el crimen.

Los detenidos fueron identificados como Jhon Tejada Quiroga (24), señalado como quien habría disparado contra la víctima; Luis Jorge Rivera Campos (47), conductor del vehículo menor; y Jesús López Neyra, quien también fue puesto a disposición de las autoridades. Durante la intervención, la Policía incautó una pistola, una dinamita y dos motocicletas, una de ellas oculta, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

De acuerdo con información policial, durante el interrogatorio uno de los detenidos confesó haber participado en el ataque. En registros audiovisuales difundidos por las autoridades, se escucha al presunto autor del disparo reconocer su implicancia en el crimen. La Divincri Sullana, a través de su jefe, el coronel Alberto Cueva, indicó que los involucrados habrían llegado a la ciudad con el objetivo específico de ejecutar el asesinato y que el pago por el ataque habría sido de diez mil soles.

Otro de los detenidos, Luis Jorge Rivera Campos, ya había sido intervenido días antes por el presunto delito de extorsión, según fuentes policiales, y se encontraba nuevamente en libertad al momento de su captura por este caso. Las investigaciones buscan esclarecer el móvil del crimen, establecer responsabilidades individuales y determinar si existen más personas involucradas en el sicariato ocurrido en Bellavista.

Ola de violencia sacude Piura

Este crimen en Bellavista se registró apenas días después de otro asesinato que conmocionó a la región Piura. El pasado viernes 19 de diciembre, el profesor Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido frente al colegio Parcemón Saldarriaga, un hecho que generó escenas de pánico entre vecinos, escolares y padres de familia que se encontraban en los alrededores del plantel educativo.

De acuerdo con los reportes policiales y medios locales, el docente fue interceptado dentro de su camioneta por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego sin darle oportunidad de reaccionar. El ataque se produjo minutos después de una chocolatada navideña, cuando Otero Sandoval se retiraba para celebrar el cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval.

El profesor de Educación Física, con más de 30 años de servicio en el sector público, dictaba clases a estudiantes de primaria y secundaria en el Parcemón Saldarriaga y en la institución educativa San Gabriel de Castilla, lo que profundizó el impacto de su muerte en la comunidad educativa y volvió a encender las alertas por los asesinatos a mano armada en Piura.

El recluso René “Brujo” Ungaro (38), quien purga condenas por narcotráfico, balaceras, asociación ilícita y un crimen, sumó este lunes una sentencia a prisión perpetua. Un tribunal santafesino lo consideró instigador de un ataque a tiros ocurrido en la zona sur de Rosario con el objeto de “infundir terror” en el barrio: fueron asesinadas Claudia Deldebbio (58) y su hija, Virginia Ferreyra (32).

Las dos mujeres que fueron víctimas de la violencia de Ungaro estaban en la parada de colectivos del cruce de Ísola y Maestros Santafesinos, en el barrio Parque del Mercado, ese el 23 de julio de 2022.

Este lunes, el veredicto fue dado a conocer por el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana. También fueron condenados a perpetua el recluso Nicolás “Cara de Burro” Martínez, acusado de haber organizado la balacera desde el penal Coronda tras el pedido de Ungaro; Fernando David Cortez (47) y su hijo, Lautaro José Cortez (22), ubicados como ocupantes del Peugeot 308 desde el que partieron los disparos que mataron a las dos mujeres.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone, el ataque a tiros estuvo dirigido a la torre 11 del complejo Fonavi, zona a la que “Brujo” Ungaro quería hacer llegar el mensaje de que en la venta minorista de droga mandaba él en el barrio.

Las balas impactaron en un adolescente que estaba sentado en un banco de cemento, en Claudia y en Virginia. Se supone que otro vehículo sirvió de apoyo, aunque no se conocieron mayores precisiones.

Claudia falleció en el acto, mientras que Virginia estuvo internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta el 24 de septiembre, cuando murió a causa de las múltiples heridas. Ambas estaban en la parada de colectivos, porque Deldebbio había decidido acompañar a su hija esperar el transporte por motivos de seguridad.

Por los datos brindados públicamente por el fiscal Saldutti, Fernando Cortez iba al volante del Peugeot 308. Uno de sus ocupantes era su hijo Lautaro. Se presume que ambos recibieron la orden de “Cara de Burro” Martínez, en ese momento, preso en Coronda por dos homicidios de 2021 y por los que purga una pena de 30 años de cárcel. Seguía instrucciones de Ungaro, por entonces alojado en el penal federal de Ezeiza.

“La teoría del caso es que el móvil del hecho era la promesa remuneratoria con el fin de causar temor, terror, en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto. Por lo que el ataque no estaba dirigido hacia quienes resultaron víctimas”, expresó Saldutti.

Fernando Cortez también fue condenado por haber cometido una balacera el 4 de septiembre de 2022 contra el Centro Municipal de Distrito Sur, donde se constataron varios orificios de arma de fuego y se encontró una nota dirigida a Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de la banda narco Los Monos y condenado a 139 años de cárcel. En ese hecho, el delincuente quedó filmado mientras disparaba desde una bicicleta.

Fernando y su hijo Lautaro cayeron el 8 de septiembre de 2022 en un operativo de rutina de la Policía santafesina en Sánchez de Thompson y Grandoli, donde los agentes incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Según los fiscales, Ungaro ofreció pagar 30 mil pesos por cada persona que falleciera en esa balacera que tuvo lugar en Parque del Mercado.

Desde el Estado santafesino sigue vigente el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos por información que conduzca a la detención de otros partícipes en el mortal ataque a tiros.

Según explicó, los agresores conocían su trabajo, sus movimientos y aspectos de su vida personal. Sin embargo, lejos de motivarla a dar un paso al costado, el atentado y las amenazas reforzaron su decisión de continuar ejerciendo su función dentro del Ministerio Público.

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, afirmó. En su intervención, también dejó en claro que no permitirá atropellos ni en su contra ni contra los miembros de su familia.

Un trabajo que incomoda al crimen

La fiscal explicó que su labor cotidiana consiste en enfrentar delitos de alta complejidad y gravedad. Recordó que, cuando estuvo a cargo de un despacho en Lima Este, condujo investigaciones por homicidio calificado, disputas por el control territorial de la venta de drogas, robo agravado cometido por bandas, tenencia ilegal de armas, usurpación y hurto, entre otros ilícitos.

Desde que fue promovida como fiscal provincial de violencia contra la mujer en Lima Norte, ha tenido a su cargo casos de feminicidio y violencia sexual, en los que solicitó medidas como detención preliminar y prisión preventiva. Son, precisamente, este tipo de investigaciones las que —según remarcó— generan resistencia y represalias desde organizaciones criminales.

“Hoy en día logrado diversas condenas tanto en Lima Este como Lima Norte. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos. Y hacen mención de que los deje tranquilos, me están advirtiendo. No obstante, yo les hago una mención a ellos de que mi función va a continuar”, advirtió.

El respaldo institucional

Durante su pronunciamiento, Parra Sudario agradeció el respaldo de las autoridades presentes, entre ellas el fiscal de la Nación interino, representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sus superiores dentro del Ministerio Público. Destacó que ese acompañamiento resulta clave para que los fiscales puedan seguir desempeñando sus funciones en un contexto marcado por el avance de la criminalidad organizada.

La magistrada enfatizó que el Ministerio Público cumple un rol esencial en el sistema de justicia: conducir las investigaciones, obtener las pruebas necesarias y llevar la verdad ante los jueces. A su juicio, renunciar a esa tarea o ceder ante el miedo solo abriría espacio a la impunidad, un escenario que consideró inaceptable. Por ello, reiteró que la institución seguirá cumpliendo su papel, incluso frente a escenarios de alto riesgo.

Temor por su vida y de su familia

Parra Sudario reconoció que el ataque le generó temor, no solo por su integridad, sino también por la seguridad de su familia. No obstante, dejó en claro que ese sentimiento no se traducirá en una renuncia a sus responsabilidades. “Voy a seguir cumpliendo mi rol”, sostuvo, al recalcar que cuenta con el respaldo de las autoridades y de la institución.

Con más de quince años de trayectoria como abogada, recordó que también formó parte del Poder Judicial y que, a lo largo de su carrera, ha mantenido una conducta profesional intachable. Ese historial, aseguró, seguirá guiando su trabajo como fiscal, incluso frente a las amenazas y riesgos que hoy enfrenta.

Parra Sudario se encontraba acompañada por un efectivo policial asignado a su resguardo, quien, al percatarse de las intenciones de los delincuentes, desenfundó su arma de reglamento y logró ahuyentarlos. Los atacantes no concretaron el atentado, pero el episodio dejó en evidencia un mensaje intimidatorio claro.

La fiscal Parra tiene a su cargo investigaciones vinculadas a delitos de alta gravedad, como feminicidio y violencia sexual contra menores de edad. De hecho, cuenta con protección policial desde el año 2021, luego de haber recibido amenazas en el pasado.

Durante la conferencia de prensa, Parra Sudario recibió el respaldo institucional del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez; de la fiscal superior Azucena Solari; y del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Ángel Gonzales Barbadillo. Asimismo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

Primera respuesta

El atentado ocurrió el pasado 11 de diciembre. Desde entonces, la fiscal Parra solicitó que se refuerce la seguridad, tanto para ella como para los integrantes de su familia. Al respecto, el ministro Tiburcio informó que una de las medidas previstas es fortalecer el resguardo policial que recibe actualmente la magistrada.

No obstante, durante la conferencia de prensa, la fiscal indicó que dicho pedido aún se encuentra en evaluación y expresó su expectativa de que pueda concretarse en el más breve plazo.

Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, reiteró el respaldo de la institución a la magistrada y destacó su labor. “Pero la voluntad criminal, la voluntad asesina de este sicario quedó evidenciada.

“Por eso que ahora estamos, como decía una vez más, con el señor ministro del Interior, que representa al Gobierno, con el señor comandante de la Policía Nacional, para condenar esos hechos y sobre todo para expresar nuestra solidaridad a todos nuestros fiscales y en este caso a la señora fiscal Maribel Parra Sudario. Que sepan ellos que no están solos, que estamos todos como un solo puño y que estos criminales no se van a salir con la suya”, expresó.

Fiscal Parra se pronuncia

La fiscal Maribel Parra se pronunció tras el intento de asesinato y aseguró que continuará con su labor. Tras hacer pública la situación, sostuvo que los mensajes intimidatorios que ha recibido evidencian el nivel de seguimiento del que es objeto y el riesgo al que está expuesta.

“El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos”, afirmó, al detallar que en el contenido de la amenaza se le exige que abandone su trabajo.

Pese a ello, dejó en claro que no cederá ante la presión. “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, remarcó.

Durante su intervención, Gálvez subrayó que los ataques contra fiscales no son episodios aislados. Por el contrario, los describió como parte de una dinámica criminal orientada a intimidar y neutralizar a quienes investigan organizaciones criminales. En ese contexto, anunció que el Ministerio Público se encuentra evaluando la posibilidad de crear una subespecialidad fiscal orientada específicamente a combatir el sicariato y la extorsión, con equipos capacitados, protocolos diferenciados y una coordinación permanente con las unidades especializadas de la Policía Nacional.

La propuesta se plantea en un escenario particularmente complejo para los operadores de justicia. El propio fiscal de la Nación interino informó que, actualmente, más de 68 fiscales a nivel nacional cuentan con resguardo policial debido a amenazas vinculadas directamente con las investigaciones que conducen. Este dato, según explicó, refleja la magnitud del problema y pone en evidencia que el modelo tradicional de persecución penal enfrenta serias limitaciones frente a organizaciones criminales que operan con estructuras cada vez más sofisticadas.

Respaldo institucional y medidas inmediatas de seguridad

La conferencia de prensa congregó a diversas autoridades del sistema de justicia y del Poder Ejecutivo, entre ellas el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas; y el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte. Todas las autoridades coincidieron en condenar el atentado y expresar un respaldo institucional expreso a la fiscal afectada, así como a los demás magistrados que enfrentan riesgos similares.

Desde el ámbito policial, Arriola anunció que se tomarán las medidas inmediatas para reforzar la seguridad de la víctima. El resguardo policial, que ya existía y que permitió disuadir al atacante durante el reciente intento de sicariato, será fortalecido. Además, se desplegará un equipo especializado de inteligencia con el objetivo de proteger tanto el entorno familiar como el laboral de la fiscal, mientras se profundizan las investigaciones destinadas a identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

El ministro del Interior, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo asumirá la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los fiscales que enfrenten amenazas en el ejercicio de sus funciones. Indicó que en Lima Norte existen investigaciones avanzadas relacionadas con casos de intimidación y violencia contra operadores de justicia, algunas de las cuales se encuentran próximas a culminar con detenciones.

Investigación en curso y mensaje del Estado

Las autoridades confirmaron que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la comisaría de Independencia y que existe una coordinación permanente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer el atentado. El presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte reiteró que la institución no retrocederá frente a la violencia y que se impulsarán todas las acciones necesarias para sancionar a los responsables.

En este contexto, la eventual creación de una subespecialidad fiscal enfocada en el sicariato y la extorsión aparece como una de las principales apuestas del Ministerio Público para enfrentar una amenaza que ha evolucionado. La propuesta, aún en evaluación, se presenta como una respuesta institucional frente a un crimen organizado que desafía de manera directa la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad.

El Cártel de Sinaloa ha extendido sus métodos de reclutamiento y violencia más allá de México, utilizando jóvenes de apenas 15 años para cometer asesinatos en Estados Unidos, particularmente en el estado de California. Así lo evidencian los recientes casos de Andrew Núñez, alias “Shooter”, y Johncarlo Quintero, conocido como “Dumper”, quienes se declararon culpables por asesinato e intento de asesinato el jueves 18 de diciembre.

Ambos adolescentes, de acuerdo con información judicial y reportes periodísticos, operaban como sicarios de la pandilla Westside Wilmas, un grupo criminal con base en Wilmington, California, que realiza trabajos violentos para el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses consideran que esta pandilla funciona como un brazo operativo del grupo delictivo mexicano en territorio norteamericano.

Un asesinato por encargo y 50 mil dólares de pago

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrew Núñez y Johncarlo Quintero fueron contratados para asesinar a un objetivo del Cártel de Sinaloa a cambio de 50 mil dólares para cada uno. El ataque ocurrió el 26 de marzo del año pasado, cuando ambos viajaron desde Wilmington, California, hasta Chula Vista de Rosales.

De acuerdo con el semanario ZETA Tijuana, los jóvenes ingresaron al estacionamiento de un restaurante, donde esperaron a la llamada “víctima 1”, a quien dispararon en las piernas. Sin embargo, el intento de asesinato no se consumó, ya que el arma utilizada se encasquilló.

Tras fallar en su primer objetivo, los sicarios intentaron atropellar a la víctima con el vehículo en el que viajaban, pero nuevamente no lograron cumplir la misión asignada por el cártel.

Segundo ataque y muerte de un cómplice

Horas después, durante la madrugada del 27 de marzo, Andrew y Johncarlo regresaron al ataque acompañados de un tercer sujeto identificado como Ricardo Sánchez. El grupo acudió al domicilio de la “víctima 1”, donde se encontraban tres familiares y un amigo, identificado por las autoridades como la “víctima 4”.

Al llegar a la vivienda, los presuntos operadores del Cártel de Sinaloa y de Westside Wilmas abrieron fuego, hiriendo a la “víctima 4” en la mano, el brazo y el rostro. No obstante, esta persona respondió a los disparos y logró repeler el ataque, además de matar a Ricardo Sánchez.

Por este hecho, Núñez y Quintero se declararon culpables de asesinato bajo la figura legal de “acto provocador”, una modalidad jurídica reconocida en Estados Unidos, según detalló ZETA Tijuana. Los jóvenes admitieron haber participado en los ataques con el objetivo de ascender dentro de la estructura criminal de Westside Wilmas.

Uso de menores para evadir la ley

De acuerdo con analistas y autoridades, el uso de adolescentes como sicarios responde a una estrategia deliberada del Cártel de Sinaloa para burlar las leyes de California, que dificultan el procesamiento penal de personas que tengan menos de 16 años al momento de cometer los delitos.

Esta táctica cobra relevancia en un contexto político en el que el entonces presidente Donald Trump declaró al Cártel de Sinaloa como organización terrorista internacional, en enero, endureciendo el discurso y la persecución contra estas estructuras criminales.

Aunque las leyes estatales complican el castigo inmediato, se prevé que Andrew Núñez y Johncarlo Quintero reciban sentencia en marzo de 2026, casi dos años después del ataque armado, tras haberse declarado culpables por asesinato e intento de asesinato.

El caso generó especial alarma porque se trató del segundo homicidio en menos de cuatro horas registrado en la ciudad, un hecho que volvió a colocar a Trujillo en el centro de la atención por la creciente inseguridad ciudadana. La víctima fue identificada como Sebastián Cabeza Castañeda, quien estaba acompañado de su pareja al momento del ataque. La escena del crimen fue rápidamente acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ataque armado frente a la UNT quedó registrado por cámaras de seguridad

Según la información preliminar recogida por la Policía, Sebastián Cabeza Castañeda acababa de culminar su rutina de ejercicios y se retiraba del gimnasio junto a su novia. Ambos se dirigían hacia una camioneta estacionada en la vía pública cuando un sujeto armado se acercó y le disparó un solo balazo, que resultó mortal. El ataque se ejecutó de manera rápida y directa, sin que mediara intercambio de palabras, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron parte de la secuencia. En las imágenes se observa al presunto agresor esperando en la berma opuesta, aparentemente vigilando los movimientos de la víctima. Segundos después, cruza la avenida, ejecuta el disparo y huye con rapidez del lugar, lo que provocó pánico entre conductores y peatones que circulaban por la zona en ese momento.

Tras el ataque, el joven fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo. No obstante, según confirmaron personas cercanas y fuentes policiales, llegó sin vida al establecimiento de salud debido a la gravedad de la herida. Personal médico certificó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaron registros de video que permitan identificar al autor del disparo. Las diligencias iniciales se enfocan en esclarecer el móvil del crimen, sin descartar que se trate de un ataque dirigido.

La Libertad, entre las regiones con menor gasto en seguridad en un año récord de homicidios

La región La Libertad, donde se ubica Trujillo, figura entre las que menos ejecutaron su presupuesto en seguridad ciudadana a pocas semanas de culminar el 2025. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno regional solo logró utilizar alrededor del 30 % de los recursos asignados a la categoría de seguridad vecinal y comunal, ubicándose entre los peores niveles de ejecución a escala nacional, junto con Ucayali. Este bajo gasto implica que una parte significativa del dinero deberá ser devuelta al Ejecutivo al cierre del año fiscal.

El caso resulta aún más llamativo si se considera que La Libertad fue la región con el mayor presupuesto destinado a este rubro en todo el país, con un monto que alcanzó los S/ 54,4 millones durante el 2025. Sin embargo, ese volumen de recursos no estuvo disponible desde el inicio del año. Según el MEF, la región comenzó con poco más de S/ 220 mil, cifra que fue ampliada de manera considerable en el transcurso de los meses, sin que ello se tradujera en una ejecución eficiente antes de diciembre.

Este bajo nivel de gasto contrasta con la violencia registrada en la región. Hasta el 14 de diciembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó 230 homicidios en La Libertad, convirtiéndola en la segunda región con más asesinatos a nivel nacional, solo por detrás de Lima. A escala país, el 2025 ya se perfila como el año con más homicidios registrados, con más de 2.100 muertes violentas, y un patrón marcado por el uso de armas de fuego, que concentran más de tres cuartas partes de los casos reportados oficialmente.

Las autoridades ya iniciaron investigaciones para dar con los responsables del atentado. Este episodio, reportado inicialmente por Canal N, evidencia la creciente vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en Ucayali, en especial aquellos que visibilizan cuestionamientos contra el poder local y denuncian irregularidades.

La sociedad civil y el gremio periodístico mantienen su vigilancia y reclaman mayor protección para los comunicadores en regiones donde informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La magnitud del peligro obliga a demandar acciones concretas para asegurar el respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información.

Sicarios atacan a Mitzar Castillejos en la puerta de su casa

El atentado contra Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias, se produjo aproximadamente al mediodía del viernes, cuando el comunicador se dirigía a su centro de trabajo y fue interceptado por dos sicarios que dispararon en repetidas ocasiones contra él en una zona concurrida de Aguaytía.

La brutalidad del ataque, sumada a la cercanía con testigos y transeúntes, generó una ola inmediata de conmoción y temor en la ciudad. Los agresores aprovecharon la oportunidad para escapar rápidamente del lugar tras perpetrar el atentado.

El periodista quedó herido por impactos de bala y fue asistido de inmediato por vecinos y personal de emergencia, quienes gestionaron su traslado urgente a Tingo María, en la región Huánuco, para recibir atención especializada.

Mitzar Bato Castillejos Tenazoa es conocido por conducir un programa de televisión donde abordaba casos de presunta corrupción y cuestionaba el accionar de autoridades y candidatos locales. Estas denuncias frecuentes lo colocaron en el centro de la controversia política de la zona, lo que incrementó los riesgos asociados a su trabajo periodístico.

Las primeras diligencias de investigación se concentran en identificar el móvil del ataque y rastrear a los autores materiales e intelectuales del crimen, en un caso que ha puesto nuevamente de manifiesto la desprotección estatal ante los atentados que sufren reporteros en el país.

Castillejos Tenazoa fue atendido en Hospital de Tingo María

Tras la agresión, el Gobierno Regional de Ucayali confirmó a través de sus redes sociales que Mitzar Castillejos Tenazoa recibió atención médica inmediata en el Hospital de Tingo María. El centro hospitalario brindó cuidados oportunos y especializados, cobijando al periodista bajo estricta vigilancia tras haber sido alcanzado por varios disparos.

De acuerdo con Canal N, el director del hospital indicó que Castillejos sufrió múltiples fracturas por los proyectiles, pero los disparos no comprometieron órganos vitales y actualmente el periodista se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El director del hospital, presente durante todo el proceso, supervisó de manera permanente las labores del equipo médico responsable de la intervención quirúrgica y la posterior recuperación. Se establecieron protocolos para garantizar la integridad del paciente y atender posibles complicaciones derivadas del ataque.

Según el reporte oficial del hospital y autoridades regionales, Castillejos Tenazoa permanece estable y responde al tratamiento, aunque continúa siendo monitoreado de forma constante. La rápida reacción de los servicios médicos y la inmediata evacuación fueron factores clave para preservar su vida ante el impacto de las heridas sufridas durante el intento de homicidio.

El gremio de la prensa y diversas organizaciones de la sociedad civil han celebrado que el periodista se encuentre finalmente fuera de peligro inminente. Sin embargo, insisten en la necesidad de fortalecer la seguridad para reporteros y comunicadores en zonas donde ejercer la labor informativa implica un riesgo sostenido. El caso de Castillejos Tenazoa ha evidenciado las carencias del sistema de protección y la importancia de reforzar los mecanismos de respuesta, tanto en materia de prevención como de atención médica de emergencia.

ANP condena el atentado contra Mitzar Castillejos y exige garantías para la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó enérgicamente el atentado contra Mitzar Castillejos Tenazoa, quien fue víctima de un intento de asesinato a manos de sicarios en Aguaytía. “Exigimos a las autoridades competentes adoptar de manera inmediata medidas eficaces para salvaguardar la vida e integridad del periodista Mitzar Castillejos”, señaló la ANP, enfatizando que “es obligación del Estado peruano garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad”.

“Recordamos que demandamos que se le otorguen sin dilación las garantías personales correspondientes, en su condición de sobreviviente de un atentado criminal”, puntualizó la ANP.

El pronunciamiento respaldó la exigencia de la filial ANP Aguaytía–Padre Abad y remarcó que lo ocurrido “constituye un grave precedente para quienes ejercen el periodismo”, por lo que reclamó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público “una investigación seria, diligente y transparente que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del atentado”.

Además, la asociación resaltó que este nuevo ataque sucede apenas una semana después del asesinato de Fernando Núñez Guevara y recordó que ya suman tres periodistas asesinados en el país en lo que va del año: “Esta escalada de violencia contra la prensa exige respuestas urgentes y acciones concretas del Estado para frenar la impunidad y proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar”.

Aumentan los ataques a periodistas en Perú

El atentado contra Castillejos Tenazoa no es un hecho aislado. El país asiste a una preocupante tendencia de ataques y asesinatos contra periodistas. El reciente caso de Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila Noticias, asesinado en Pacasmayo el pasado 6 de diciembre, expuso nuevamente la indefensión de la prensa nacional. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Núñez, en motocicleta con su hermano, fue interceptado y ejecutado a quemarropa por presuntos sicarios, mientras los agresores huían tras consumar el crimen.

En lo que va del 2025, la ANP ha registrado tres casos de periodistas asesinados en circunstancias violentas y aún no esclarecidas: Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y el reciente homicidio de Fernando Núñez Guevara. Todos compartían patrones similares: críticas abiertas a autoridades locales, denuncias de corrupción y ejecuciones perpetradas con violencia extrema y fuga de los atacantes.

Según relatos recogidos el noticiero 24 Horas de Panamericana, los hermanos habían salido de su vivienda y apenas a unos metros, fueron interceptados por dos sicarios que se movilizaban en una moto lineal. Testigos afirman que los atacantes efectuaron al menos 30 disparos, generando pánico entre estudiantes y trabajadores que transitaban por la zona a esa hora.

Ambos hermanos se dedicaban a la instalación y fabricación de drywall. Según sus familiares, iban uniformados y portaban prendas identificativas de obreros. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la huida de los sicarios tras el ataque, imágenes que ya están en poder de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Víctimas habían recibido amenazas

La madre de los jóvenes, visiblemente afectada, brindó declaraciones que arrojan posibles hipótesis sobre el móvil del crimen. Según su testimonio, Henry había recibido amenazas en octubre tras un altercado en una fiesta local, en la que fue agredido con una botella rota por parte de una mujer instigada por un tercero. “Desde esa fecha ya empezaron los problemas,” explicó la madre, quien también sospecha que ambos hermanos estaban siendo vigilados desde tiempo atrás.

La madre descartó que las amenazas provinieran de su entorno laboral inmediato en drywall, pero consideró que podrían estar relacionadas con una supuesta intención de postular a un trabajo vinculado a la construcción del tren eléctrico, donde existen antecedentes de disputas y conflictos internos por acceso a puestos. “Ellos no tienen trabajo estable, iban a entrar, pero aún no lo habían hecho,” indicó.

Entre las hipótesis que manejan los familiares, destaca la posibilidad de un ajuste de cuentas ligado a ese incidente previo, aunque no se descarta un móvil relacionado con la construcción civil. Lo cierto es que Henry fue el único que había mencionado amenazas directas en el pasado; sin embargo, ambos hermanos resultaron víctimas fatales del ataque.

La intervención fue rápida. Personal policial y peritos de criminalística llegaron al lugar horas después para efectuar el levantamiento de los cuerpos y recolectar pruebas que permitan esclarecer los hechos. El operativo sigue en curso, y la familia exige una investigación profunda para identificar a los responsables.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
• Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Tras la ráfaga de disparos, los sicarios huyeron a toda velocidad, dejando a varias víctimas tendidas en el suelo. Los propios residentes fueron los primeros en auxiliar a los heridos, trasladándolos en vehículos particulares y mototaxis hasta el Hospital La Caleta. El saldo del feroz ataque fue: dos jóvenes fallecidos y ocho personas gravemente heridas.

En medio de la confusión inicial, se confirmó que una de las víctimas mortales era Jefferson Sernaqué Jara (23), nieto del exalcalde de Santa, Eugenio Jara Acosta. La otra persona fallecida fue identificada como Gian Carlos Meléndez Ortega (20).

La muerte del nieto del exalcalde

El asesinato de Jefferson Sernaqué ha generado indignación y dolor entre sus familiares. Su madre, Olga Jara Viaras, quien presenció parte del ataque, pidió a las autoridades esclarecer el caso sin demora. Con la voz quebrada, expresó su profundo sufrimiento: “Mi hijo no merecía morir así... solo quiero que paguen los que hicieron esto”.

La madre relató que Jefferson solo la acompañaba al complejo deportivo y que no tenía ningún vínculo con hechos delictivos. Insiste en que los sicarios no lo tenían como objetivo, sino que buscaban atacar a otra persona dentro del grupo. La familia sostiene que el joven fue una víctima colateral de un ajuste de cuentas y recuerda que estaba postulando a la Policía Nacional, una aspiración que quedó truncada por la violencia.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía Mixta de Santa continúan con las diligencias preliminares. No obstante, los familiares reclaman que se actúe con firmeza para evitar que este crimen quede impune, como ha ocurrido en otros casos recientes en la región.

La muerte de la segunda víctima, Gian Carlos Meléndez Ortega, también fue confirmada en el hospital. De acuerdo con información policial registrada en el sistema SIDPOL, el joven tenía antecedentes relacionados con delitos contra la seguridad pública y el tráfico ilícito de drogas. En 2023, incluso fue detenido en el distrito de Santa con 350 gramos de PBC, una balanza y material para dosificar estupefacientes. Pese a ello, su familia aún no ha brindado declaraciones sobre su fallecimiento.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Santa

La magnitud del ataque ha generado preocupación en todo el distrito de Santa. La Municipalidad emitió un comunicado horas después, lamentando lo ocurrido y expresando sus condolencias a las familias afectadas. Además, informaron que se pondrán a disposición de los heridos y sus seres queridos para facilitar los trámites que requieran durante su recuperación.

El municipio también adelantó que buscará plantear la declaratoria de estado de emergencia en el distrito, debido al incremento de hechos violentos en la zona. Para ello, solicitarán la intervención del presidente José Jerí y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad.

Mientras tanto, ocho heridos continúan en observación en el Hospital La Caleta. Entre ellos figuran Omar Sebastián Salazar Castillo (20), Carlos Alberto Villanueva Contreras, Luis Argenes Pastor Herbias (41), Wilmer Orlando Alva Rodríguez (25), Carlos Javier Pumachay Luján (50), Jeferson Isla Castillo (20), Aron Luján Ramírez (18) y Alexandro Velásquez Pereda (19).

A la espera de avances oficiales, la población permanece en alerta y exige acciones concretas contra la criminalidad. La balacera no solo dejó víctimas, sino una comunidad marcada por el miedo y la incertidumbre.

Según las primeras investigaciones, la víctima llegó hasta el malecón de la Reserva y estacionó su vehículo frente a la sede del Colegio Médico. Luego descendió del auto y caminó hacia la zona de la ciclovía.

Testigos del ataque indicaron que, alrededor de las 10 de la noche, escucharon hasta seis disparos. Al atacante —o atacantes— poco les importó que fuera una zona concurrida, turística y con múltiples cámaras de seguridad. Aun así, abrieron fuego sin dudar.

Hasta el lugar llegó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Manuel Lozada Morales, quien brindó algunos detalles sobre el crimen.

“En el cuerpo del occiso se ha encontrado documentos, eh, que señalan un nombre: Denis Jesús. Pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso va a ser parte de la investigación para hacer una identificación plena”, declaró.

El general adelantó que solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, así como de los hoteles y negocios de la zona, para avanzar con las diligencias.

Las primeras pistas del asesinato

Uno de los detalles revelados por Lozada fue que, durante la inspección inicial, los peritos hallaron la llave de un vehículo que luego identificaron como un auto gris estacionado frente al malecón. El general aclaró que el ataque no ocurrió dentro del carro, sino que, presuntamente, la víctima caminaba cuando fue sorprendida por su agresor.

Dentro del vehículo se encontraron un letrero de “taxi”, algunos objetos de mujer y un peluche de oso panda. Todo el material fue recogido para las pericias correspondientes.

La violenta muerte ha generado alarma entre los vecinos y residentes de la zona, donde no se tenía registro de un hecho similar, menos aún frente a un conocido hotel.

Conforme avanzaron las horas, los vecinos y residentes que suelen recorrer la zona para hacer deporte —ya sea corriendo o en bicicleta— se mostraron sorprendidos al ver la presencia de las cámaras de televisión.

Muchos no entendían cómo un lugar conocido por ser un espacio de esparcimiento, frecuentado por familias enteras, pudo convertirse en el escenario de un asesinato tan violento. Para ellos, este hecho es una prueba más de que la inseguridad en Lima se ha desbordado.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado para expresar su preocupación y rechazo frente al crimen, que dejó como saldo la muerte de una persona. La comuna señaló que coordina con la Policía Nacional y que ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para la investigación, incluyendo registros de videovigilancia, información territorial y apoyo logístico.

El municipio remarcó que la seguridad ciudadana es una prioridad y que no permitirá que un hecho de esta gravedad quede sin respuesta. También informó que reforzará la prevención y vigilancia en las zonas críticas del distrito.

“La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. No permitiremos que hechos como este queden impunes. Seguiremos trabajando con firmeza para reforzar la prevención, la vigilancia y la presencia municipal en las zonas críticas del distrito”, señala una parte del comunicado.

A pocos meses de las elecciones generales de 2026, Rafael Belaunde Llosa, precandidato de Libertad Popular, fue víctima de sicarios, quienes lo atacaron a balazos mientras se desplazaba en su camioneta por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima. Dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron y dispararon directamente contra el vehículo.

Afortunadamente, Belaunde Llosa resultó ileso, pese a que el parabrisas de la camioneta terminó con al menos tres impactos de bala. Imágenes difundidas por las redes sociales de su partido mostraron al precandidato con sangre en la cabeza y en la camisa que vestía, aunque sin heridas graves, según los primeros reportes.

Rafael Belaunde se defendió a balazos

Según la versión policial, Rafael Belaúnde se encontraba solo en su camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes efectuaron entre ocho y nueve disparos en su contra mientras transitaba por una trocha de salida hacia la Panamericana Sur. Ante la agresión directa, el candidato presidencial recurrió a su arma de fuego personal para repeler el ataque y evitar ser alcanzado por los proyectiles.

En conversación con Perú 21, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, Belaúnde realizó al menos 12 disparos en respuesta, acción que le permitió ponerse a salvo y salir ileso del atentado. Tras el incidente, fue puesto bajo resguardo por personal de la División de Investigación Criminal, mientras equipos especializados de homicidios y criminalística se desplazaron a la zona para iniciar las diligencias y determinar las circunstancias del ataque.

“Mal inicio de campaña”

El hecho fue denunciado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien expresó su preocupación por el contexto en el que ocurre el atentado. “Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos sabemos lo que es la violencia. Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaunde”, señaló el expremier en conversación con RPP.

Tras el ataque, Belaunde Llosa fue trasladado a la comisaría del sector para interponer la denuncia correspondiente. “Está cumpliendo con trámites de ley ante la Policía. Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, precisó Cateriano. Asimismo, exhortó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para todos los aspirantes que participarán en las Elecciones Generales de 2026.

A su vez, el excongresista Gino Costa rechazó el “grave atentado” y conminó al Gobierno de José Jerí a garantizar la seguridad de los postulantes a la Presidencia. “La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, enfatizó Cateriano.

¿Cúal es el estado de Rafael Belaunde?

El alcalde de Cerro Azul, José Pain, fue una de las primeras autoridades en llegar a la vivienda de Rafael Belaunde tras conocerse el ataque. Según informó a la prensa, el parabrisas del vehículo del precandidato presentaba tres orificios de bala, cuyos impactos generaron esquirlas que le causaron cortes en la nariz y la frente. Pain precisó que Belaunde se encontraba fuera de peligro y que no había personas heridas de gravedad.

El alcalde explicó que, tras visitarlo, constató que el exministro había recibido muestras de solidaridad y apoyo, y que el caso quedó de inmediato en manos de la Policía. Añadió que toda la información vinculada al número de atacantes y otros detalles operativos está siendo manejada por las unidades policiales que acudieron al lugar, entre ellas los mandos a cargo de la investigación.

Pain indicó además que, según el testimonio inicial de Belaunde, el ataque habría sido perpetrado desde una moto lineal, una modalidad delictiva recurrente en la zona. Anunció que la municipalidad colaborará plenamente con las autoridades y pondrá a disposición todas las cámaras de seguridad del distrito, cuya revisión se enfocará en el horario en el que ocurrió el atentado.

Afortunadamente, Belaunde Llosa consiguió salir ileso, salvo algunas cortadas en el rostro, producto de los vidrios que estallaron tras los impactos de bala. Según informó Latina Noticias, el auto en el que iba el empresario tenía lunas blindadas, es por eso que el ataque no tuvo consecuencias fatales.

El vehículo atacado está a nombre de la inmobiliaria de Belaunde Llosa, vinculada a negocios de terrenos en Cañete. En las primeras imágenes difundidas, por los propios militantes de Libertad Popular, se ve al parabrisas del auto con tres impactos de bala en la zona del conductor.

Alrededor de los orificios, se ve el resto de la luna rajada y algunas astillas de vidrio en la consola del auto. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, señaló que Belaunde Llosa se defendió y disparó contra los delincuentes que lo atacaron.

Una de las acciones inmediatas de las autoridades fue implementar el plan cerco en la zona, para lograr detener a quienes participaron en el ataque.

¿Cuáles son las primeras hipótesis sobre el atentado?

El atentado contra Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul ha abierto múltiples líneas de investigación, pero una de las primeras hipótesis señaladas proviene del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo.

Para él, el ataque responde a un patrón típico del crimen organizado: primero se busca inmovilizar al conductor para tener control total del vehículo y, luego, avanzar hacia el objetivo principal. Según la información policial preliminar, Belaunde y su chófer fueron interceptados por una moto cuyos ocupantes dispararon directamente contra el parabrisas. El propio Liendo explicó que este modus operandi es común en secuestros o atentados dirigidos.

“En las fotos que yo he visto es un impacto de frente. Sobre a la altura del conductor. Normalmente, en un secuestro, en un ataque sobre una personalidad de relevancia a su vehículo, al primero que se neutraliza es al conductor, ya sea para secuestrarlo o posteriormente atentar contra la vida del real objetivo. En este caso, no hay más información”, afirmó.

Un atentado en campaña electoral

El atentado ocurre en pleno proceso electoral, lo que incrementa su gravedad. Para Liendo, el ataque refleja un contexto de criminalidad desbordada que ya ha comenzado a mezclarse con la política.

“Más allá del móvil, los hechos violentos se relacionan de alguna manera con la campaña electoral y nos muestra el alto nivel de violencia que el Estado y las fuerzas de seguridad del país no pueden enfrentar y no pueden hacer que disminuya”, advirtió.

El exfuncionario recordó, además, que este no es un hecho aislado. Días antes, en Piura, se perpetró un ataque contra Percy Ipanaqué, candidato a la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú, episodio que terminó con un hombre asesinado.

“En concreto, lo que estamos viendo es un hecho de violencia sobre una persona que está postulando a la presidencia de la República. Esto no es una cosa menor”, añadió.

El 2 de diciembre de 1993, cuando las balas todavía humeaban en el caserío de Medellín y un helicóptero vibraba sobre los techos como un presagio inevitable, el mito de Pablo Emilio Escobar Gaviria llegaba a su final. No era ya el patrón todopoderoso, el que había ordenado decenas de bombas y miles de asesinatos, el que manejó a Colombia como si fuera una finca privada. Era un hombre perturbado, aterrado, enloquecido, disfrazado con peluca y gorrita, viviendo a saltos, prófugo de todos, totalmente alterado y traicionado por su propia mente.

Después de la fuga de La Catedral en julio del 92, aquella cárcel diseñada a medida donde había mandado construir hasta una cancha de fútbol y supo jugar con ídolos de la talla de Francisco Pancho Maturana, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo, Víctor Aristízabal y el arquero René Higuita, Escobar se deshilachó como un animal acorralado. Sus enemigos de siempre —el Estado, los cárteles rivales, los paramilitares de Los Pepes— y hasta los que antes se le arrodillaban, lo buscaban para borrarlo del mapa. Él lo sabía. Pero lo que más lo atormentaba no era la muerte: como buen bandido mafioso, era la posibilidad de que masacraran a su esposa, a sus hijos, a cualquiera que llevara su sangre.

Al huir, atrás quedó de un plumazo su calabozo vip en suite, cómodo, de varios metros cuadrados y con vista a la ciudad, donde su mujer, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos podían visitarlo y quedarse con él el tiempo que quisiera sin ningún tipo de restricciones. Allí todo estaba inspirado y ambientado por su esposa, para quien el arte se había vuelto una pasión irrefrenable a través de los años, lo que la llevó a convertirse en una experta que llegó a contar con obras de autores excelsos como Claudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero, Olga de Amaral, Rodrigo Arenas Betancourt, Édgar Negret, Darío Morales, Enrique Grau, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Igor Mitoraj y Auguste Rodin.

Curiosamente, junto a una especie de despacho que Pablo tenía en la cárcel, adonde también llegaban lo que él llamaba “visitas especiales” —mujeres contratadas para satisfacer sus deseos sexuales y los de sus secuaces— aparecía imponente hasta un retrato de Ernesto Che Guevara. Pero al decidir y concretar su fuga, ya fuera de la prisión, Pablo Escobar se había convertido en un hombre perdido, sin rumbo y él lo sabía.

Las noches en las que el capo narco pedía ayuda

Aunque cuesta imaginarlo, hubo noches en las que el hombre que manejó un ejército de sicarios debió tocar una puerta como un niño asustado. Fue en octubre de 1992 cuando llegó, disfrazado y tembloroso, a la casa de su prima Luz, en el barrio La Paz de Envigado, donde él mismo se había formado como mafioso.

Luz quedó paralizada al verlo: ya no era el familiar ostentoso que llegaba rodeado de guardaespaldas, sino una sombra con una peluca desteñida, lentes espejados y una voz que apenas salía del cuerpo. “Necesito que me cuides, prima”, le dijo, casi suplicando. Y Luz aceptó sin dudar, aunque sabía que alojarlo era como firmar su sentencia de muerte.

Los Pepes —“Perseguidos por Pablo Escobar”— ya recorrían la zona como depredadores. Reventaban puertas, señalaban casas, interrogaban vecinos. Pablo entraba y salía de allí con la certeza de que cada movimiento podía delatarlo. Pero no tenía más opciones. Había perdido sicarios, socios, escondites, casi todo. Solo le quedaba la familia, y justamente por eso no podía acercarse a ella.

La casa que iba a salvarlo… y lo enterró

Por pedido suyo, Luz compró meses después una casa en el barrio Los Olivos de Medellín: dos plantas, living grande, tres dormitorios, cocina sencilla, dos baños, garage y un techo de salida fácil, detalle que a Escobar le pareció casi un signo de destino. Esa vivienda sería su último refugio.

Juan Pablo Escobar reconstruyó todo con precisión quirúrgica en su libro Pablo Escobar In Fraganti de Editorial Planeta: su padre y Luz se habían visto durante un año entero planeando ese escondite. Pero el lugar que había sido pensado para devolverle seguridad los albergó apenas diez días.

Pablo llegó allí ya desquiciado. Caminaba sin descanso, murmuraba estrategias, se angustiaba por la suerte de su esposa Victoria Eugenia y de sus hijos, Manuela y Juan Pablo, quienes estaban intentando exiliarse mientras él perdía la cordura.

Cuando supo que Alemania los había rechazado y devuelto en el mismo avión, algo en su cabeza hizo un ruido irreversible. “Si a mí no me encuentran, van por ellos”, repetía. Todo se le venía encima.

El capo que intentó volver al delito para no morir

La desesperación lo empujó a un plan absurdo: volver a generar dinero secuestrando millonarios en diciembre, aprovechando la relajación navideña de las fiestas de fin de año. Aseguraba que tenía un ejército listo para acompañarlo, “decenas de jóvenes armados hasta los dientes”, aunque la mayoría ya estaba muerto, preso o había desertado. Era una fantasía, una manera torpe de no admitir que estaba acabado.

El 1 de diciembre cumplió 44 años. Luz le llevó una torta de chocolate y una botella de champagne. Brindaron, pero el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Pablo comió poco, habló menos y se fue a recostar. La fiesta era una parodia: él ya no vivía en la realidad, conectado, sino en un estado perpetuo de alarma.

El teléfono que nunca debió sonar

El mediodía siguiente se despertó tarde, como siempre, y volvió a hacer llamadas. Su prima lo había advertido mil veces: “No llame, que lo rastrean”. Pero él insistió. Hizo contacto con “El Gordo”, con personajes irrelevantes, llamó incluso a un celular que le había hecho llegar a su suegra, Nora, un número que solo debía usarse en emergencias extremas.

Cuando Nora descolgó, alguien más atendió. En ese mismo instante un helicóptero retumbó sobre el techo de Los Olivos. Nora cortó. Pablo comprendió, pero era demasiado tarde. Luz, que debía regresar temprano con almuerzo, no logró llegar a tiempo. Auxilió a alguien en la calle, se retrasó unos minutos y cuando se aproximó al barrio percibió algo que no olvidó jamás: patrullas, gritos, puertas violadas, soldados trepando techos. Supo que no debía seguir. Dio media vuelta y huyó. Minutos después, la noticia sacudió Medellín: “Cayó Pablo Escobar”.

¿Suicidio o ejecución?

La versión del hijo fue tajante: su padre se quitó la vida. “Tuvo que elegir entre su vida o la nuestra”, escribió Juan Pablo. “Y eligió permitirnos seguir viviendo”. Era la idea que siempre los había protegido de la brutalidad exterior. Su esposa también creyó en esa posibilidad durante un tiempo.

Pero cuando el clima político lo permitió, ella buscó a Carlos Castaño, líder de Los Pepes, y quiso saber la verdad. Castaño no demoró en responderle. Le contó que aquel 2 de diciembre estuvieron a punto de abortar toda la operación para atraparlo: habían neutralizado a casi toda la red de Escobar, pero él seguía escabulléndose. A los jefes policiales les advirtieron que si no aparecía de inmediato, todo quedaba cancelado y debían abandonar la búsqueda.

Todo cambió cuando alguien lo vio asomarse por una ventana del segundo piso. Entonces no dudaron y entraron. A mazazos derribaron la puerta de la vivienda. Escobar, descalzo y desorientado, corrió hacia la planta alta mientras disparaba su Sig Sauer a ciegas. Entretanto, los hombres de Castaño aprovecharon para liquidar a Limón, su último ladero. Pablo alcanzó a saltar hacia el techo de la casa contigua. Pero no llegó lejos. Castaño aseguró que recibió dos disparos: uno detrás del hombro, otro en la pierna. Suficientes para derribarlo y acabar con el mito.

El hombre que sembró terror, llorado por su familia

La paradoja final surge en la voz de su propio hijo, quien en su investigación acepta la contradicción: “Mi padre fue un bandido. Pero para nosotros fue un padre amoroso que se perdió los mejores momentos de su vida: vernos crecer, conocer a sus nietos, envejecer con mi madre”, definió.

Pablo Escobar murió acorralado, delirante, disfrazado, sin ejército, sin fortuna, sin país. Y sin más testigos que un puñado de enemigos que habían jurado destruirlo. Fue un final crudo y feroz para un hombre que durante años había decidido el destino de miles con la misma frialdad con que otros eligen una camisa. Un desenlace inevitable para quien construyó su propio laberinto de muerte.

Los trabajadores de la empresa San Genaro lo explicaron con claridad tras el atentado ocurrido recientemente: la combi involucrada —en la que falleció un pasajero— no era una unidad formal, sino una combi pirata que utilizaba los colores y el nombre de la empresa sin pertenecer a ella.

Según el personal de San Genaro, los transportistas informales utilizan dos tipos de stickers impuestos por los extorsionadores: uno con la imagen de Pablo Escobar y otro con la figura de un león. Estas calcomanías se colocan en la parte delantera y trasera para que los delincuentes puedan reconocer qué unidades ya pagaron el cupo diario. Las empresas formales recalcan que ellos no son víctimas de extorsión, pues cuentan con registros legales; sin embargo, sí se ven afectadas por la presencia de vehículos piratas que circulan con su imagen comercial falsificada.

“Los piratas llevan los mismos colores, la misma franja y algunos hasta saben la ruta”, comentó un representante a las cámaras de 24 horas. “La empresa no paga cupo ni recibe amenazas, pero igual existe temor entre los conductores porque estas unidades informales se mezclan con las nuestras”.

Las bandas que controlan los stickers

Las extorsiones en SJM funcionan así: los delincuentes controlan las rutas donde circulan las combis informales y exigen pagos diarios que suelen oscilar entre cinco y siete soles por unidad. Los stickers no son simples adornos, sino señales visibles de que el vehículo ya pagó. Una combi sin sticker es una combi que no ha cumplido con el cobro del día, y por lo tanto, queda expuesta a amenazas, agresiones o ataques.

En esta zona de Lima y en diversas ciudades del norte del país, estas bandas han convertido el transporte informal en un flujo permanente de dinero. “Acá todo… ya ha empezado demasiado la extorsión”, relató un conductor de la zona.

Las empresas formales, como San Genaro, han mostrado preocupación por el crecimiento de estas mafias, especialmente porque las combis piratas suelen operar usando nombres comerciales legalmente registrados, lo que genera confusión entre pasajeros y autoridades. “Ese conductor no tiene licencia. ¿Dónde están las autoridades para dar apoyo?”, cuestionó uno de los trabajadores.

El atentado en Pamplona Alta

La violencia asociada al cobro de cupos quedó evidenciada el sábado pasado en Pamplona Alta, cuando un joven de 25 años murió tras un ataque dentro de una combi de la línea A2. La Policía y los trabajadores consultados coinciden en el punto más importante: la unidad atacada era una combi pirata, no una formal.

Según los testimonios, el agresor fingió ser pasajero, pidió detener el vehículo y, apenas se abrió la puerta, disparó hacia el interior. El objetivo habría sido el conductor, pero el proyectil alcanzó al pasajero identificado como Luis Caja Salcedo, quien falleció camino al hospital.

El ataque ocurrió cerca de una posta médica, a las 19:30, en una zona con alta circulación de personas. El agresor huyó por pasajes estrechos y logró escabullirse entre los vecinos. La Policía activó el plan Cerco, bloqueó accesos y reforzó los puntos de control, pero no logró detenerlo.

El evento tomó por sorpresa a quienes pasaban frente al paradero, donde el vehículo de transporte público quedó inmóvil tras los impactos. Testigos cercanos afirmaron que el conductor se encontraba dentro del bus y salió ileso. La situación generó desconcierto entre comerciantes y vecinos que escucharon la serie de detonaciones.

El ataque se produjo durante el periodo de estado de emergencia que rige en Lima y Callao desde la medianoche del 22 de octubre, una medida establecida por 30 días calendario. A pesar de ese contexto, la intersección retomó por instantes una escena de tensión provocada por los disparos.

En las imágenes difundidas por los propios delincuentes se observa que eran dos los sujetos involucrados. En el video, compartido por uno de ellos, se aprecia una gran cantidad de disparos y, tras el ataque, uno de los implicados sube a la moto para emprender la fuga. El sujeto difundió el video con la intención de sembrar terror y presionar su extorsión. Según los primeros relatos, el conductor permanece con vida. Mientras que los testigos señalan que al menos se realizaron 10 disparos.

Desde la declaratoria de emergencia: más de 29 homicidios en Lima y Callao

El estado de emergencia, vigente desde el 22 de octubre, tampoco ha logrado contener la violencia. Desde esa fecha se reportan:

• 24 homicidios en Lima
• 5 en el Callao
• 7 muertes violentas adicionales, todas con evidencia de arma de fuego

Aunque algunas autoridades locales, como el alcalde de San Juan de Lurigancho, reportan descensos en delitos comunes dentro de sus jurisdicciones, la estadística nacional sigue marcada por la letalidad.

¿Cómo denunciar un caso de extorsión en el Perú? Estas son las líneas y canales habilitados

Ante el aumento de delitos como la extorsión, el Gobierno ha reforzado sus canales de atención a la ciudadanía. Uno de los principales es la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea gratuita y confidencial, operativa las 24 horas, que permite reportar amenazas y pedir ayuda inmediata. Este número está conectado directamente con la Central de Emergencias 105, y los usuarios pueden enviar pruebas en formato de audio o video para facilitar la intervención policial.

Además, existen otros medios para realizar denuncias de manera rápida y segura:

• Línea 1818: exclusiva para casos de extorsión.
• Número celular 942 841 978: canal directo para reportar situaciones urgentes.
• Comisarías distritales: disponibles en todo el país para atención presencial.
• Depincri: unidades policiales especializadas en investigar delitos de esta naturaleza.

Aparte de estas vías, es útil tener a la mano otros contactos de emergencia:

• Bomberos: 116
• Centro de Emergencia Mujer (CEM): 100
• SAMU (Atención Médica de Urgencia): 106

El asesinato de Edwin Adid Sandoval Figueroa, un minero de Anorí, tiene en alerta a los habitantes del norte del Valle de Aburrá, pues el ciudadano cayó en medio de un ataque que fue perpetrado por sicarios en moto en la vía que conduce hacia el corregimiento de San Félix, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la víctima de este brutal ataque tenía 44 años y fue interceptado mientras se desplazaba junto a su pareja sentimental, que presenció el fatal ataque.

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El informe difundido por los medios locales como Alerta Paisa, indica que el hecho se desarrolló con extrema violencia, teniendo en cuenta que los agresores obligaron a Sandoval a descender del vehículo, le retiraron el casco y le dispararon.

Aunque el objetivo intentó escapar a pie, fue perseguido y finalmente ejecutado en el lugar. Ante la brutalidad del caso, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para determinar si la víctima había recibido amenazas previas por parte de actores armados que operan en el nordeste de Antioquia.

Cabe mencionar que la hipótesis se maneja debido a que la región de Anorí se caracteriza por la intensa actividad minera, en muchos casos de carácter ilegal, lo que ha desatado una disputa territorial entre organizaciones armadas como el ELN y disidencias de las Farc.

Esta pelea por el control de las rentas criminales provenientes de la minería incrementó la violencia en la zona, dejando a los trabajadores del sector en una posición de alta vulnerabilidad, por lo que no se descarta que este fuera el motivo del ataque.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando lo sucedido y recolectando información para esclarecer los hechos. Con este fin, se realizó un llamado a la comunidad para que brinden cualquier tipo de información que pueda ayudar a ubicar a los responsables de este hecho que desató indignación en la región.

El caso de Sandoval se suma a una serie de hechos violentos que reflejan la compleja situación de seguridad en el departamento, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa representando una amenaza constante para la población civil y, en particular, para aquellos que se dedican a la minería en áreas disputadas.

Violencia en Bello

El ataque en contra del minero no es el único que se ha presentado recientemente, pues las autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida en plena vía pública de Bello, lo que causó preocupación entre los habitantes del barrio París durante la madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025.

La víctima fue identificada como Dayan Stive Acevedo Sepúlveda, de 36 años, que fue asesinado mientras dormía sobre una acera, según confirmaron las autoridades. El crimen se registró a las 12:31 a. m. en la carrera 77 con calle 20D, donde varios residentes, alarmados por el sonido de varias detonaciones, alertaron a la línea de emergencias 123 para reportar lo sucedido.

Minutos después del reporte, una patrulla de la Policía llegó al lugar y los agentes de la Policía confirmaron que encontraron el cuerpo de Acevedo Sepúlveda tendido en la calle, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Las primeras indagaciones permitieron establecer que la víctima, que vivía en condición de habitante de calle, solía transitar por ese sector.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar el móvil del homicidio ni identificar a los responsables. Por esta razón, la Sijín de la Policía Nacional continúa con la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en zonas cercanas para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General de la Nación indicó que Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, actuaría como intermediario entre quienes planificaron el asesinato y los integrantes del grupo armado que ejecutó el ataque en el oeste de Bogotá el 7 de junio. Este magnicidio, en el que perdió la vida el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ya suma nueve personas detenidas. Según detalló el organismo en un comunicado reseñado por el diario El Tiempo, la investigación permitió identificar y ubicar al detenido en el departamento de Meta.

La detención se produjo este lunes, según informó la Fiscalía General de la Nación, durante un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, ubicada en el municipio de Puerto Lleras, Meta. De acuerdo con lo consignado por El Tiempo, al momento de la captura, Pérez Marroquín tenía en su poder cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.

Las autoridades presentarán cargos en su contra que incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, utilización de menores de edad en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía explicó que estos cargos reflejan las diversas acciones y roles atribuidos a Pérez Marroquín en el marco del homicidio de Uribe Turbay, así como en otros hechos relacionados que investiga el ente acusador.

El perfil de Pérez Marroquín incorpora antecedentes vinculados con casos de alto impacto en la historia reciente del país. El Tiempo explicó que en 1994 fue condenado por el asesinato de varios sicarios relacionados con el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. Galán resultaba favorito en las elecciones presidenciales de 1990 tras haberse enfrentado a las redes del crimen organizado, contexto que marcó las investigaciones y procesos posteriores en los que estuvo implicado Pérez Marroquín.

La captura de ‘El Viejo’ se suma a las detenciones de otras ocho personas por su presunta participación en la planificación y ejecución del asesinato de Uribe Turbay. Según reportó la Fiscalía General, la coordinación entre distintos órganos judiciales y policiales ha permitido avanzar en la desarticulación del entramado detrás del crimen, que involucra a varios actores y distintas instancias logísticas.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien encabezaba la precandidatura presidencial y ocupaba una curul en el Senado, conmocionó al país y reactivó los debates sobre seguridad ciudadana y violencia política en Colombia. La Fiscalía detalló que la investigación permanece abierta y que las diligencias continúan para esclarecer la totalidad de los hechos, identificar a la totalidad de los determinadores e impedir la reincidencia de estas estructuras criminales.

El operativo desarrollado en Brisas del Guejar responde, de acuerdo con la información publicada por El Tiempo, a un despliegue de inteligencia orientado a combatir el accionar de organizaciones delincuenciales en la región del Meta, así como sus vínculos con grupos armados que operan en distintas zonas del país. Los objetos hallados al momento de la captura serán incluidos en el proceso como elementos materiales probatorios para fortalecer el expediente judicial contra Pérez Marroquín.

La Fiscalía reiteró que la imputación por uso de menores refiere a la presunta instrumentalización de jóvenes para actividades relacionadas con el crimen que se investiga. Esta circunstancia constituye un agravante dentro del proceso penal y es objeto de atención particular por parte de las autoridades judiciales.

El crimen de Uribe Turbay, ejecutado por sicarios, representó un golpe para la carrera política de un dirigente que, según recoge El Tiempo, mantenía una agenda de exposición pública en distintas regiones del país y actividades regulares en Bogotá al momento de su asesinato. El proceso judicial y las recientes capturas buscan esclarecer la autoría intelectual y material del hecho, así como los móviles detrás del ataque.

La Fiscalía General de la Nación insistió en que este nuevo avance corresponde a una fase clave del proceso investigativo, que mantiene activa la búsqueda de otros posibles implicados y la revisión de posibles conexiones con casos previos de violencia contra líderes políticos en Colombia. El órgano acusador dejó constancia, en sus declaraciones publicadas por El Tiempo, de su decisión de seguir profundizando en la identificación de la red detrás del atentado, subrayando la relevancia de desmantelar los dispositivos logísticos y operativos que hicieron posible el crimen.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de otra moto lineal. Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego en su contra, provocando su muerte inmediata. Vecinos del lugar alertaron al Serenazgo de Irrigación Santa Rosa, que al llegar confirmaron que no se trataba de un accidente, sino de un ataque armado. En la escena del crimen se hallaron al menos siete casquillos de bala, evidencia de la brutalidad con la que actuaron los responsables.

Policía investiga nuevo caso de sicariato en Huacho

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de la DEPINCRI Huacho, la fiscal provincial Emma Soriano y personal de Medicina Legal, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y el recojo de evidencias. La escena estuvo marcada por el dolor de los familiares de la víctima, quienes protagonizaron momentos desgarradores al reconocer el cuerpo de Giancarlos Tarazona, natural de la zona y conocido entre los vecinos.

Según información difundida por medios locales, el joven fue hallado tendido en la pista sin signos vitales, junto a su motocicleta. Los testigos indicaron que los atacantes huyeron rápidamente con rumbo desconocido, mientras los vecinos pedían ayuda a gritos. La policía ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas detrás de este crimen.

La familia del joven exige justicia y pide a las autoridades mayor presencia policial en la zona, pues los casos de violencia armada y sicariato se han incrementado en los últimos meses en distintos sectores de la provincia. Los moradores del centro poblado de Santa Rosa de Sayán han reiterado su preocupación por la falta de patrullaje y seguridad, advirtiendo que los ataques por encargo se han vuelto una constante que mantiene en zozobra a toda la comunidad. Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo asesinato que enluta a Huacho.

Jóvenes conductores, las principales víctimas del sicariato ligado a la extorsión

El sicariato vinculado a los cobros extorsivos ha golpeado con mayor fuerza a los trabajadores del transporte público en Lima y Callao, especialmente a los choferes, cobradores y mototaxistas. Según el Observatorio de Crimen y Violencia del Banco de Crédito del Perú, cerca del 70% de las víctimas asesinadas en este contexto tenían menos de 40 años, lo que evidencia que la violencia recae principalmente sobre jóvenes económicamente activos. El informe revela que un 38% de los casos corresponde a personas entre 18 y 30 años, mientras que un 27% se ubica entre los 30 y 40, grupos que suelen sostener hogares y representar el principal sustento familiar.

Esta realidad se ve reflejada en los recientes ataques ocurridos en avenidas de alta circulación, donde unidades de combis, micros y mototaxis se han convertido en objetivos directos de las bandas criminales. El caso más reciente fue el asesinato de un cobrador del Consorcio Vía Colonial, ocurrido en plena avenida Colonial, cuando fue acribillado frente a pasajeros. Meses antes, los propios trabajadores de la misma empresa denunciaron que eran obligados a entregar hasta nueve soles diarios a extorsionadores para poder seguir operando en su ruta.

El impacto de esta violencia trasciende lo estadístico. Las familias de las víctimas quedan en situación de orfandad y vulnerabilidad económica, al perder a su principal proveedor en medio de la jornada laboral. Además, los pasajeros que presencian los ataques arrastran las secuelas psicológicas de vivir de cerca estos crímenes.

Las redes digitales más usadas por los jóvenes para socializar se han convertido en el principal terreno de caza de redes criminales que buscan desde sicarios hasta operadores de fraude.

A través de contenidos atractivos y estrategias de manipulación emocional, los grupos delictivos están transformando el reclutamiento en un proceso digital, silencioso y de gran alcance.

“Los reclutadores no se esconden: usan influencers, retos virales, ofertas de trabajo y mensajes privados para normalizar la vida delictiva y atraer a quien busca dinero, estatus o pertenencia”, advierte Norberto Maldonado, presidente de la Fundación Kooltivo y especialista en tecnología y prevención digital.

De acuerdo con el experto, la estrategia criminal funciona como una maquinaria industrial: primero seducen, luego aíslan y finalmente incorporan a la víctima a la cadena operativa, ya sea para participar en delitos violentos o en esquemas de fraude y extorsión digital.

Esto permite a las organizaciones ampliar su base sin exponerse directamente y con un alcance nacional.

Entidades con mayores casos

Informes oficiales y coberturas periodísticas señalan que Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos reportados de reclutamiento digital de menores y jóvenes.

Los expertos lo atribuyen a la presencia de grupos criminales, altos índices de violencia y carencias económicas que hacen atractivas las ofertas fraudulentas en línea.

El fenómeno forma parte de un panorama global: según el Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) del FBI, solo en 2024 se recibieron 859 mil 532 denuncias con pérdidas económicas superiores a 16.6 mil millones de dólares, reflejo del crecimiento y sofisticación del cibercrimen.

En México, el vínculo entre propaganda digital y violencia física ya ha dejado huella. En 2025, la Fiscalía General de la República descubrió un rancho en Teuchitlán, Jalisco, utilizado como centro de adiestramiento tras captar jóvenes mediante redes sociales, un caso que evidenció cómo el contacto virtual puede escalar hasta la violencia tangible.

Mecanismos de captación

Maldonado explica que los mecanismos de captación operan como ingeniería social en varias fases: glamurización del delito mediante fotos y videos ostentosos, uso de microinfluencers locales para ganar credibilidad, retos virales como filtros de selección y ofertas laborales falsas.

También destaca el grooming, es decir, la manipulación emocional para ganarse la confianza de las víctimas y conducirlas gradualmente a la complicidad.

Ante este panorama, el especialista propone una respuesta en tres niveles: individual, empresarial y gubernamental. A nivel personal recomienda activar la verificación en dos pasos, limitar la exposición de datos, desconfiar de ofertas sospechosas y denunciar perfiles falsos. En el ámbito corporativo pide a las plataformas detectar patrones de captación y colaborar con autoridades.

Finalmente, exige al Estado crear una fiscalía especializada en ciberdelitos, un registro nacional de denuncias electrónicas, capacitación obligatoria en alfabetización digital y unidades de atención psicológica para jóvenes rescatados.

“Si no actuamos juntos —advierte Maldonado— la respuesta será fragmentaria y los jóvenes seguirán encontrando puertas abiertas hacia la delincuencia con solo un clic”.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 a. m. en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi, donde la orquesta animaba un quinceañero presuntamente organizado por la hija del propietario del establecimiento. La celebración, que debía ser una noche de alegría, se convirtió en escenario de horror tras el ataque. Los asistentes entraron en pánico, mientras que las autoridades llegaron al lugar minutos después para iniciar las diligencias correspondientes.

Ataque mortal en Sarita Colonia: lo que se sabe del crimen

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), una de las principales hipótesis apunta a que el atentado podría estar vinculado a un caso de extorsión, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Los peritos de criminalística llegaron al punto para recolectar casquillos de bala y revisar cámaras de seguridad de la zona, en busca de identificar a los responsables.

El fallecido cantante fue identificado como Johan Sebastián Mora Castro, de 28 años, y la bailarina como Ariana Alexa Cañola Barriga, de 19. Ambos eran parte activa de La Timbera Orquesta, agrupación salsera que hace solo unos días celebró su tercer aniversario con un mensaje de agradecimiento “por la salud y la unión de la familia”. La noticia de su muerte ha conmocionado a colegas y seguidores de la escena salsera limeña.

En redes sociales, artistas y agrupaciones locales expresaron su pesar. La Máquina Timbera, orquesta colega, escribió en su cuenta de Facebook: “Descansa en paz, Johan, una de las nuevas generaciones de la música. Dios te tenga en la gloria. Solo hacemos música, y eso no le hace daño a nadie”.

La hermana del cantante también redactó en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida: “Aún no puedo creer que te hayas ido, hermano. Todo se siente vacío sin ti. Tu partida deja un silencio inmenso, pero también un amor que nunca se apagará. Gracias por haber sido parte de mi vida, por tus risas, tus consejos y tu cariño. Te llevo conmigo siempre”.

Usuarios también difundieron videos recientes de la pareja artística interpretando temas populares como “Y tú te vas”, destacando el talento y carisma del cantante. Mientras tanto, agentes de la Depincri Callao y representantes del Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del ataque armado que enluta nuevamente al mundo de la salsa peruana.

En la industria musical peruana, el miedo a perder la vida es “parte del trabajo”

Los ataques contra agrupaciones musicales se han convertido en una preocupante constante dentro del panorama artístico nacional. En los últimos meses, bandas reconocidas como Agua Marina, Armonía 10 y Hermanos Guerrero han sido blanco de atentados armados y amenazas vinculadas a redes de extorsión, que buscan intimidar o exigir pagos a cambio de protección.

Uno de los casos más recientes ocurrió durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, donde una balacera interrumpió la presentación del grupo y dejó cinco personas heridas. El ataque, que generó pánico entre cientos de asistentes, habría sido ejecutado por extorsionadores tras la negativa de la orquesta a pagar un monto exigido.

Situaciones similares han afectado a otras agrupaciones: en marzo de este año, Paul Flores, cantante de Armonía 10, fue asesinado por sicarios, mientras que la vocalista Thalía Manrique Castillo, de los Hermanos Guerrero, perdió la vida en circunstancias similares a fines de 2024.

El clima de inseguridad ha obligado a varias bandas a reducir sus presentaciones públicas o a reforzar la seguridad en sus eventos, con algunos artistas llegando a usar chalecos antibalas en el escenario. Representantes del sector han pedido la intervención del Estado ante el aumento de la violencia, advirtiendo que los ataques ya no distinguen fechas ni lugares.

Según testigos, la víctima llegó como copiloto en una motocicleta lineal hasta el lugar, donde dos hombres la esperaban en una mototaxi de color amarillo. Poco después de su arribo, se produjo una acalorada discusión. En cuestión de segundos, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó más de quince veces contra la joven, quien, lamentablemente, murió en el acto.

Vecinos de la zona relataron que, tras el tiroteo, los criminales arrojaron una rosa sobre la víctima antes de escapar con rumbo desconocido.

“La moto se paró ahí, bajaron, la tiraron a la chica y fue donde le comenzaron a disparar. Cuando terminaron, se fueron para Cocharcas”, contó un testigo a las cámaras de Buenos Días Perú.

Otro residente señaló que la joven fue obligada a bajar de la mototaxi y que detrás del vehículo había otras dos motocicletas desde donde los atacantes también dispararon.

PNP no descarta ajuste de cuentas

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística llegaron al lugar y hallaron más de veinte casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la brutalidad del crimen. Los peritos contabilizaron hasta veinticinco impactos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Los vecinos manifestaron no conocer a la víctima ni haberla visto antes por la zona, lo que sugiere que el ataque fue planificado y ejecutado con precisión. Además, indicaron que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían haber captado la fuga de los sicarios, información que ya está siendo analizada por las autoridades.

Horas después del crimen, familiares de Valeria Suárez llegaron a la escena, visiblemente consternados, pero prefirieron no brindar declaraciones a la prensa. Solo exigieron justicia y la captura de los responsables.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes y no descarta ninguna hipótesis. Sin embargo, por la cantidad de disparos, la modalidad del ataque y la presencia simbólica de la rosa, los investigadores sospechan que se trató de un ajuste de cuentas ligado a bandas delictivas.

En las próximas horas, el cuerpo de la víctima sería trasladado a la morgue para las pericias forenses que permitan avanzar en la investigación. Mientras tanto, la División de Homicidios de la Dirincri continúa recabando testimonios y videos de seguridad para identificar a los responsables de este nuevo crimen en San Juan de Miraflores.

Mafias de explotación sexual en San Juan de Miraflores

En los últimos años, San Juan de Miraflores se ha convertido en un punto crítico de la trata de personas y la explotación sexual en Lima. En distintas zonas del distrito operan mafias que se disputan el control de locales y hostales, donde muchas veces se ocultan casos de abuso y cobro de cupos. La reciente intervención de la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Centro, junto a la Policía Nacional, reveló la magnitud del problema: una red dedicada a captar adolescentes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El principal investigado, Gerardo Saúl Chunga Zárate, exsuboficial de la FAP, habría contactado a menores mediante perfiles falsos para luego explotarlas sexualmente en diversos puntos de la capital. Durante el operativo, realizado en un hostal de San Juan de Miraflores, fueron rescatadas cuatro adolescentes, una de ellas embarazada, lo que expuso la crueldad y alcance de este delito.

Si bien, en un principio, las autoridades no proporcionaron la identidad de la víctima, información recolectada por El Tiempo señala que respondía al nombre de Claudia Marcela Segura Portillo y que tenía 47 años al momento de ser asesinada por un sicario, quien le propinó cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo.

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De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró a las 16:40 del miércoles 15 de octubre, cuando el taxi salió de un parqueadero ubicado en la calle 128 con carrera 104C. En ese lugar, un hombre, que se encontraría al interior del vehículo, abrió fuego contra la mujer y huyó del lugar.

Luego de escapar a pie de la escena del crimen, el sicario se encontró con una persona que lo esperaba a varias cuadras. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer quedó en el asiento del conductor y sus pertenencias permanecían en el asiento del pasajero, lo que llevó a los investigadores a descartar inicialmente la hipótesis de un hurto.

Según el medio de comunicación citado, Segura Portillo era oriunda de la capital del país y era propietaria de un registro mercantil correspondiente a un local de confección de prendas de vestir, cuya dirección principal se ubica a tan solo cinco kilómetros del lugar donde fue acribillada por el sicario, al interior del vehículo que conducía.

Otro de los hechos que llama la atención de los investigadores, y que fue recolectado por el medio mencionado, es que el taxi Hyundai New Grand, modelo 2026, de placas NWW 430, con el que Segura Portilla laboraba en la capital del país, pertenece legalmente a un capitán que hizo parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, pero que fue trasladado al Grupo de Acción Unificada de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en febrero de 2025.

Adicionalmente, se señala que la víctima del homicidio llevaba apenas dos meses conduciendo el vehículo en el que fue asesinada, el cual, además, se encuentra vinculado a la Operadora de Transporte de Colombia Taxi Cupos S.A.S.

Dicha empresa confirmó que el taxi no era de propiedad de la víctima, pero que el verdadero dueño del automotor sí había referenciado a Segura Portilla para que asumiera su conducción en las calles de la capital del país. Los directivos de la compañía también precisaron que el vehículo había sido matriculado apenas en junio de 2025.

“El taxi es propiedad de un tercero y el dueño del vehículo es quien administra y quien propone a los conductores, nosotros los autorizamos y les expedimos el tarjetón”, indicó Carlos Julián Ramírez, del equipo jurídico de la compañía al medio citado.

Por parte de las autoridades no se ha entregado un pronunciamiento oficial sobre los detalles de la investigación que adelantan sobre el caso. Sin embargo, llama la atención la línea de hechos sospechosos que vinculan a un miembro activo de la fuerza pública.

En paralelo, en la escena del crimen, la Fiscalía y la Policía realizaron el acordonamiento del área, solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y procedieron al levantamiento del cuerpo. Las primeras investigaciones buscan determinar si el homicida solicitó el servicio de transporte a través de una plataforma digital o si la conductora fue citada previamente en ese punto para ser asesinada.

El fallecimiento de Dayana Díaz Carrillo en la Clínica Reina Catalina de Barranquilla generó preocupación entre la comunidad de Sabanalarga, en el departamento de Atlántico, tras un ataque armado que, según las autoridades, estuvo motivado por una deuda pendiente de la suegra de la víctima.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado 11 de octubre de 2025, en el momento en el que los médicos confirmaron la muerte de Díaz Carrillo, que resultó herida de gravedad al interponerse entre un sicario y su familiar para evitar que esta última fuera ultimada a balazos en su hogar.

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De acuerdo con el reporte oficial del caso, el ataque ocurrió el viernes 10 de octubre de 2025, alrededor de las 9:20 p. m. al interior de una vivienda situada en la carrera 25A con calle 70, en el barrio Las Quintas de Sabanalarga.

De acuerdo con el reporte policial, un hombre armado llegó caminando hasta el frente de la casa y allí se ubicó para verificar que el objetivo se encontraba en el lugar; luego disparó varias veces hacia el interior del inmueble, donde estaba Dayana Díaz Carrillo junto a otros familiares.

La mujer, de 40 años y oriunda del corregimiento Concepción, en el municipio de Cerro de San Antonio (Magdalena), no dudó en interponerse entre el agresor y su suegra, por lo que recibió tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo, uno de estos se alojó en el cuello y causó que perdiera una gran cantidad de sangre.

Según fuentes judiciales citadas por el diario local El Heraldo, el agresor, al identificar a su objetivo, desenfundó el arma y disparó, pese a la intervención de Díaz Carrillo.

En medio de la confusión, los familiares de la víctima decidieron trasladarla de inmediato al Hospital Departamental de Sabanalarga. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue remitida a la Clínica Reina Catalina en Barranquilla, donde permaneció internada hasta la noche siguiente bajo la estricta vigilancia de los médicos de la institución, que informaron a las autoridades que falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Razones del ataque

Las primeras indagaciones realizadas por la Sijín y Sipol, unidades encargadas de la investigación, indican que el ataque sicarial habría estado motivado por una deuda o una extorsión no pagada que tenía como objetivo a la suegra de la víctima.

La Policía del Atlántico, en coordinación con las unidades de los agentes especializados, ya iniciaron con las respectivas labores investigativas para identificar y capturar al responsable del ataque, así como para esclarecer los móviles del crimen en medio de los rumores surgidos.

El caso desató preocupación en la región, donde la víctima era reconocida por su origen en el corregimiento Concepción. Así, la ciudadanía pide una investigación exhaustiva para que los actores materiales e intelectuales de este hecho sean presentados ante la justicia y les impongan una condena por este fatal acto.

Soldado murió trágicamente tras mentir para salir del batallón

Una tragedia sorprendió a los asistentes a las fiestas de corralejas que se celebran durante la segunda semana de octubre de 2025 en Sabanalarga (Atlántico), pues un joven soldado murió tras ignorar las advertencias de su madre sobre los riesgos de participar en este tipo de celebraciones.

La víctima, identificada como Breiner José Marrugo Castro y que se encontraba prestando servicio militar, había solicitado un permiso en el Batallón alegando problemas de salud. Sin embargo, el testimonio de una familiar recogido por portales del departamento, indica que el joven viajó a la casa de su madre en Bolívar, pero decidió acudir a las fiestas de corralejas en Sabanalarga.

El director territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, relató con detalles el momento en que su vida estuvo en peligro, cuando fue atacado a tiros mientras se desplazaba de Córdoba a Barranquilla. Logró salir ileso gracias a la intervención de un vehículo de acompañamiento y a la proximidad de una estación de policía en Galapa.

El funcionario explicó en una entrevista con La FM que el ataque ocurrió cuando ingresaban a Galapa para dejar a una compañera. En ese momento, dos personas descendieron de una motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo en el área donde él se encontraba.

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“Entrábamos a Galapa porque íbamos a dejar a una compañera. Tomamos un camino y, de repente, sentimos el primer tiro... Comienzan a disparar hacia toda el área donde yo me encontraba”, relató Avendaño durante la conversación con esa emisora, subrayando que la rápida reacción de su equipo permitió buscar refugio cerca de la estación de policía.

A pesar de la gravedad del atentado, Avendaño aseguró que no ha recibido amenazas directas en el último año, atribuyendo esta situación a su política de evitar cualquier contacto que pueda poner en riesgo su seguridad o la de su equipo.

“Yo particularmente en el año no la he recibido porque básicamente yo evito cualquier escenario que amenacen y yo solamente contesto llamadas de personas que conozco”, explicó el director territorial de la SAE.

“No hay ningún caso sencillo”, dice Avendaño sobre bienes recuperados

En cuanto a la gestión de bienes recuperados, Avendaño destacó la complejidad de los casos que enfrenta semanalmente, muchos de ellos relacionados con narcotráfico, microtráfico y estafas inmobiliarias.

“Cada semana tengo un caso particular, cada semana es un caso complejo, no hay ningún caso sencillo”, afirmó en diálogo con La FM.

Entre los inmuebles de mayor valor bajo su administración, mencionó el caso de Félix Chitiva y la estructura conocida como Los Mellizos, con un contrato de un inmueble valorado en 20.000 millones de pesos que permanecía sin uso. También citó las propiedades La Bella y Casa de Piedra, que han requerido procesos de identificación y recuperación.

El director territorial señaló que algunos de estos inmuebles estratégicos son utilizados para generar renta económica o como rutas para el transporte de drogas, especialmente en el sector del Cesar, en la frontera con Venezuela. Además, mencionó la recuperación de predios rurales como La Ternera en Turbaco, donde la SAE ha logrado desarticular bandas dedicadas a la apropiación y comercialización ilegal de bienes.

En el contexto de amenazas recientes, Avendaño relató el caso de dos líderes, Midre y Vanessa, que sobrevivieron a un plan de asesinato. Según su testimonio, el sicario contratado para ejecutar el crimen decidió advertirles: “Hey, salgan de acá, yo las conozco”, lo que les permitió salvar la vida.

La labor de la SAE, según explicó Avendaño a La FM, se centra en actuar sobre bienes ilícitos vinculados a la mafia y otros delitos, con el objetivo de transferirlos a la comunidad o generar recursos para causas sociales.

El funcionario enfatizó que la única forma de proteger a su equipo y a sí mismo es dar visibilidad pública a los casos y a la labor institucional. “La única forma que tengo yo de saludarme a mí y salvaguardar a los míos y a mi equipo es haciéndolo público”, concluyó, agradeciendo la oportunidad de exponer la importancia de los procesos de recuperación de bienes y la necesidad de protección institucional.

Oriundo de Santa Marta, Avendaño ha consolidado una extensa experiencia en la administración pública. A lo largo de su trayectoria, Avendaño ha liderado instituciones clave como el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (Ogricc) y la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento del Magdalena.

En cada uno de estos cargos, su gestión se ha orientado a fortalecer la sostenibilidad y la integridad en la función pública, destacándose por su compromiso con la recuperación de los entornos naturales y la promoción de la transparencia en los procesos administrativos.

En horas de la tarde del 4 de octubre de 2025, en Armenia, Quindío, un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue atacado por sicarios que atentaron contra el vehículo en el que se desplazaba.

Los hechos ocurrieron justo después de que el dragoneante, cuyo nombre no ha sido revelado, saliera del centro penitenciario donde cumplía sus labores. Mientras manejaba la camioneta recibió cuatro disparos. Según información preliminar de las autoridades, no hubo heridos y el unifomado salió ileso.

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Luego del incidente, El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Quindío, reveló que el ataque fue ejecutado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra y que vestían chaquetas grises y prendas oscuras.

“Afortunadamente, el funcionario resultó ileso, aunque su vehículo personal fue impactado en varias oportunidades. Desde el momento del hecho estamos en coordinación con la Fiscalía, revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables”, explicó el oficial.

Con este acto delictivo ya son tres ataques a guardianes del Inpec en menos de 48 horas, puesto que el 3 de octubre se registraron dos eventos similares en Bogotá y en Palmira, Valle del Cauca, que dejó un saldo de dos muertos y cuatro heridos.

Frente a esto, el Gobierno nacional decidió suspender las visitas a reclusos hasta el 5 de octubre en los centros penitenciarios en Valle del Cauca y Bogotá.

“Se suspende la visita de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad los días 4 y 5 de octubre de 2025 en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) ubicados en Valle del Cauca y Bogotá, además de otras medidas de “máxima seguridad”.

Esta disposición afecta tanto a familiares como a amigos de las personas privadas de la libertad, así como el personal administrativo y a los equipos encargados de la custodia de los presos. El objetivo central es proteger la vida y la seguridad de funcionarios y reclusos en un contexto de alto riesgo, tras los ataques sistemáticos contra funcionarios penitenciarios.

La decisión del Inpec por atentados a funcionarios

La dirección del Inpec notificó a los comandantes regionales sobre la aplicación inmediata de estas restricciones, instruyendo a los directores de cada establecimiento a coordinar con los grupos de reacción inmediata y los departamentos de seguridad. Además, se ordenó garantizar la publicación del anuncio para internos y visitantes, y comunicar de inmediato a las autoridades de policía y organismos de control, con el fin de mantener la coordinación interinstitucional frente a la coyuntura de seguridad.

Durante una rueda de prensa, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas confirmó la decisión de cancelar las visitas en el Valle del Cauca y en Bogotá, aunque reconoció el impacto negativo que esta medida puede tener en las familias de los internos.

“Pensamos en cancelar visitas en el Valle del Cauca, en Bogotá, pero también entendemos el impacto tan negativo que puede generar en las familias de las personas privadas de la libertad”, afirmó Gutiérrez Rojas ante los medios.

El oficial subrayó la necesidad de solidaridad y compromiso por parte de las familias, señalando que los atentados violentos provienen de las mismas cárceles y de los propios privados de la libertad.

“Es importante aquí el llamado frente a la solidaridad y frente al compromiso, porque estos atentados terroristas y violentos vienen de las mismas cárceles, vienen de los mismos privados de la libertad. Entonces, necesitamos también que las familias nos ayuden a generar esa presión, esa contención social, porque las visitas se cancelan no por represión, sino por seguridad de los familiares, teniendo en cuenta lo que pasó ayer en la Modelo, que si llega algún delincuente a atentar contra un funcionario, pues también puede haber un daño colateral para las familias”, declaró Gutiérrez Rojas en la misma comparecencia.

El Inpec enfatizó que la suspensión de visitas forma parte de un protocolo preventivo para salvaguardar la integridad en los centros de reclusión y reiteró la urgencia de cumplir con la medida. “El propósito primordial es prevenir nuevos incidentes o acciones violentas dentro del sistema penitenciario”, según el comunicado oficial.

El teniente coronel del Ejército paraguayo, Guillermo Moral, de 44 años, fue asesinado a tiros este jueves en Asunción. El oficial había sido director de la cárcel militar Viñas Cué, donde permanecen recluidos narcotraficantes de alto perfil, incluida la esposa del uruguayo Sebastián Marset, prófugo por delitos vinculados al narcotráfico.

Según informó la Policía, Moral acababa de subir a su camioneta Toyota Hilux Surf cuando dos sicarios en motocicleta le dispararon tres veces, provocándole la muerte en el acto.

“Es preocupante que esto suceda en la capital. Vamos a hacer lo posible para llegar hasta los responsables”, declaró el comisario César Silguero.

El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó el asesinato y expresó su conmoción en declaraciones a Radio Ñandutí.

“Me siento tremendamente impactado por esta terrible noticia. Era un oficial ejemplar, que perdió la vida a manos de un asesino”, afirmó. González agregó que el militar fue atacado momentos antes de ingresar a rendir un examen académico.

Moral fue asesinado en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Trinidad. Los fiscales Hermenegilda Cubilla y José Martín Morínigo tienen a cargo la investigación y ya comenzaron con las primeras diligencias en el caso.

Víctor Moral, hermano de la víctima, sostuvo: “Fue un trabajo de la mafia” y criticó la falta de custodia: “Es gravísimo lo que pasó y no se le protegió. Mi hermano fue un oficial intachable. Por querer ser un buen personal le quitaron la vida”.

Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay, condenó el asesinato y pidió la rápida captura de los sicarios.

“Condeno firmemente el brutal acto de sicariato que ha cobrado la vida del teniente coronel Guillermo Moral. Este cobarde crimen constituye un ataque directo de la delincuencia organizada contra el Estado paraguayo”, escribió en su cuenta personal de X.

En ese sentido, ordenó a las fuerzas de seguridad “la respuesta más contundente e inmediata” contra los perpetradores del “alevoso” atentado, así como el definitivo esclarecimiento de los hechos.

“No descansaremos hasta capturar y someter a la Justicia a los autores intelectuales y materiales de este crimen. El sacrificio del Teniente Coronel Moral, valiente miembro de la lucha contra el narcotráfico, no será olvidado ni permitiremos que su sangre sea vertida en vano”, agregó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Varios testigos reportaron tres disparos de arma de fuego cerca de las 16:20, horario en el que Moral debía ingresar al establecimiento. Dos proyectiles quedaron incrustados en la camioneta de la víctima, quien estaba dentro del vehículo al momento del ataque.

Entre otros trabajos, el teniente coronel se desempeñaba como asistente en la Suprema Corte de Justicia Militar paraguaya. En su historial laboral, también figura su titularidad al frente del penal militar donde permanecen presos varios implicados en narcotráfico, incluida Gianina García Troche, esposa del uruguayo Sebastián Marset acusado de delitos relacionados con drogas y actualmente prófugo. Troche enfrenta cargos por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional.

En la misma prisión estuvo alojado Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, extraditado de Brasil en 2023 y procesado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la región.

El militar asesinado había participado como testigo en un juicio por intento de soborno, que culminó hace un mes con la condena de un superior y su esposa. Según el expediente, le ofrecieron 1.500 dólares a cambio de ingresar un teléfono móvil para “Tío Rico”.

(Con información de EFE y AFP)

William Toca Silva fue retenido por las rondas campesinas, quienes, tras descubrirlo, lo obligaron a caminar por las calles con un cartel donde reconocía su participación en el crimen. Frente a familiares y comuneros, confesó que tanto la presión como el dinero lo llevaron a traicionar a quien consideraba su amigo.

El acusado afirmó que actuó bajo amenazas. Sostuvo que los delincuentes lo presionaron y le ofrecieron la suma de 30.000 soles para entregar a Vázquez Romero. Sus palabras evidenciaron el miedo y la tensión previos a la tragedia.

Confesó la entrega de su amigo a sicarios por dinero

Durante la intervención de las rondas campesinas, William Toca Silva relató haber sido abordado dos veces por los delincuentes. “Han venido por segunda vez a verme a mí y ya no… me ofrecieron directamente: ‘Nos vas a dejar entrar pronto y de ahí te vamos a dar la suma de 30 mil soles’”, manifestó frente a los comuneros y la familia del joven.

Además, relató que los delincuentes lo amenazaron directamente antes de ofrecerle el dinero. Le advirtieron que, si no cumplía, atacarían tanto a él como a su familia

El acusado admitió que sacó a su amigo de la casa y lo condujo hasta donde lo esperaban los delincuentes. “Él se bajó porque sabía en qué estaba metido y les conocía”, agregó Toca Silva sobre la víctima, quien aparentemente conocía los riesgos que enfrentaba.

Tras la confesión, las rondas castigaron públicamente a Toca Silva, haciéndolo portar un cartel con la frase: “Vendí a mi mejor amigo por treinta mil soles”. Posteriormente, pidió perdón a la familia: “Mil disculpas a la familia, porque fui presionado para yo poder entregar a mi amigo”, aseguró.

Víctima tendría con conflictos mineros y amenazas previas

De acuerdo con la versión del propio Toca Silva, Junior Vázquez Romero presuntamente mantenía conflictos con terceros por asuntos relacionados con una mina. Estas disputas habrían derivado en amenazas que desembocaron en su asesinato. El testimonio del acusado ofrece indicios de que la víctima estaba envuelta en problemas con personas vinculadas a actividades ilícitas en la zona.

Aunque la investigación continúa, los relatos de testigos y la confesión de Toca Silva aportan información clave para comprender el contexto del crimen. Los conflictos mineros y la presencia de grupos criminales generan un entorno de riesgo para los jóvenes y la población local.

Este caso expone de manera clara cómo las disputas por recursos naturales pueden desatar episodios de violencia y poner en peligro la vida de quienes se relacionan, directa o indirectamente, con estas actividades.

Madre exige justicia y la comunidad clama por seguridad

La madre de Junior Vázquez expresó su dolor y exigió justicia para el responsable. “No puedo explicar la condición en que yo he encontrado a mi hijo. Una desgracia que lo ha hecho este hombre malo en mi hijo. Mire cómo se negaba que él no lo había hecho. Y en la ronda ha declarado todo lo que él ha hecho con mi hijo”, declaró al noticiero de Panamericana Televisión.

Familiares y amigos se concentraron frente a la comisaría donde fue trasladado William Toca Silva, solicitando que no quede en libertad mientras dure la investigación. Además, pidieron reforzar la seguridad en la zona ante el temor de represalias o nuevos hechos violentos.

Las autoridades locales recopilan pruebas y testimonios para que el caso avance conforme a la ley. La comunidad de Huamachuco permanece conmocionada, marcada por una traición que se cobró la vida de un joven y alimenta un reclamo de justicia aún pendiente de respuesta.

El municipio de Uribia, en La Guajira, fue escenario de una dramática escena en la que fueron ultimados un comerciante y su acompañante en la mañana del domingo 28 de septiembre.

De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, una de las víctimas fue identificada como Danilo Queipo, un ciudadano venezolano que administraba una tienda llamada Inversiones Santiago, y residía en el barrio Aeropuerto 1 junto a sus tres hijas y su pareja, Sandra Paz Uriana. Esta persona fue interceptada en el barrio Villa Fausta por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta.

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Según datos suministrados por las autoridades al citado medio, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra Queipo y un amigo que lo acompañaba, identificado Ernesto Barraza, cuando ambos intentaban huir en una motocicleta.

El ataque provocó que perdieran el control del vehículo y colisionaran contra la base de una cerca de alambres. En ese momento, uno de los agresores descendió de la camioneta y disparó nuevamente contra Queipo, causándole la muerte en el lugar. Tras consumar el crimen, el sicario y sus cómplices se dieron a la fuga. Barraza, por su parte, fue auxiliado y trasladado inicialmente a un centro asistencial local. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido a una clínica en el municipio de Maicao, donde finalmente falleció.

La Policía Departamental informó que los motivos detrás del ataque permanecen bajo investigación. Personal de la Sijín e Inteligencia Policial realiza labores de policía judicial para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables”, comunicaron las autoridades.

Durante de las pesquisas, se conoció una versión que está siendo verificada: la víctima habría solicitado a su allegado, Ernesto Barraza, que lo ayudara a salir del lugar porque se había involucrado en problemas.

Asesinan al dueño de un restaurante mexicano en Puente Aranda

En la noche del 5 de agosto de 2025 fue asesinado William Nova, un empresario de 56 años y propietario de un restaurante de comida mexicana en la localidad de Puente Aranda: Nova perdió la vida durante un asalto perpetrado en su propio establecimiento, según testimonios recogidos por Blu Radio.

El ataque ocurrió cuando el restaurante, situado en la calle tercera con carrera 30, se preparaba para cerrar sus puertas: en ese momento, un grupo de delincuentes irrumpieron en el local y sometieron a los trabajadores, hombres y mujeres, a amenazas y agresiones físicas utilizando armas de fuego y armas blancas.

Uno de los empleados, que presenció el asalto, relató a Blu Radio que los criminales exigieron el dinero de las ventas del día, obligando a William Nova a dirigirse al baño del restaurante para entregarlo.

“Han cegado la vida y todo por no tener lo del producido, no tener la plata, por no tener en ese momento suficiente producido, porque se había pagado bastante por Nequi”, expresó el testigo, que manifestó su indignación ante la violencia desatada por la falta de efectivo.

La mayoría de los pagos del día se habían realizado de forma digital, a través de la plataforma Nequi, lo que dejó a los asaltantes con un botín mínimo en efectivo. Esta circunstancia no impidió que la situación escalara hasta un desenlace fatal.

“Afectan muchas familias, como está sucediendo en Colombia, que muchas familias y muchos comerciantes están viviendo momentos de horror por esta delincuencia tan grande que hay en este país. Afectaron mi familia, me afectaron a mí, afectaron a mi esposo, y afectaron aún más a un niño menor de edad, una excelente persona”, expuso otro trabajador del restaurante en diálogo con Blu Radio.

El crimen ha conmocionado a los vecinos de la zona, quienes aseguraron haber escuchado varias detonaciones en medio de la llovizna nocturna. Pese a la violencia del ataque, los agresores no se llevaron ninguna de las pertenencias de la víctima. Tanto su billetera como su celular fueron hallados junto al cuerpo, lo que ha reforzado la hipótesis policial de un asesinato al estilo sicariato y no de un intento de robo.

Asesinato de minero en San Juan de Miraflores: lo que se sabe del caso

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), Solari recibió al menos ocho impactos de bala. Los testigos relataron que todo ocurrió de manera rápida y silenciosa. “Se escucharon muchos balazos, pero fue muy rápido. Pensamos que eran luces encendiéndose, no se escucharon gritos. Algunos dicen que había una moto, otros que dos personas salieron corriendo”, relató una vecina del barrio. Tras los disparos, fueron los propios residentes quienes encontraron al minero tendido en la vereda y dieron aviso a sus familiares.

La División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores se encuentra a cargo de las pesquisas en coordinación con la Fiscalía. Los agentes han acordonado la zona y concentran sus esfuerzos en la revisión de las cámaras de seguridad, con la expectativa de que estas imágenes permitan identificar los movimientos de los atacantes antes y después del crimen. Parte de la ráfaga incluso impactó en una pared cercana, lo que demuestra la intensidad de la balacera.

Los familiares de la víctima aseguraron que Solari no tenía enemigos ni había recibido amenazas, y que su único propósito era compartir con sus seres queridos tras seis meses de ausencia. “Venía a visitar a la familia después de seis meses. Solo pedimos que se investigue para esclarecer el tema”, declaró un pariente en medio del dolor. El trabajador se dedicaba a proyectos mineros en Moquegua y solía descansar por periodos de siete días, antes de retomar sus actividades en campamento.

Crisis de homicidios en Perú

Al cumplirse 1.000 días de gestión de Dina Boluarte, las cifras oficiales muestran un panorama crítico en materia de seguridad. Según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), desde diciembre de 2022 hasta agosto de 2025 se han reportado 5.174 víctimas de homicidio en todo el país, un récord negativo en comparación con administraciones anteriores en periodos equivalentes. Solo en agosto pasado se contabilizaron 205 asesinatos, igualando la cifra más alta de meses previos.

El registro mensual revela que la violencia no ha descendido en lo que va del mandato. Desde enero de 2023, cuando se alcanzaron 124 homicidios en medio de las protestas nacionales, el número de muertes violentas no ha bajado de 100 por mes, con la única excepción de junio de 2023 (99 casos). El año más crítico fue el 2024, cuando noviembre cerró con 209 asesinatos, seguido por agosto del mismo año y enero de 2025, ambos con 205 víctimas.

Especialistas advierten que estas estadísticas confirman un deterioro sostenido del control estatal frente al crimen organizado, sicariato y economías ilegales. A pesar de los anuncios de mayor presencia policial y sistemas de videovigilancia, ciudades como Lima y Callao registran de forma constante hechos de violencia fatal en espacios públicos, reforzando la percepción ciudadana de que no existe una estrategia efectiva contra la inseguridad.

Hugo Obando, concejal del municipio de Durán, ubicado en la zona costera de Ecuador, falleció este sábado, tras haber resultado herido en un atentado en el que su escolta también fue asesinado. La noticia fue confirmada por la Prefectura de la provincia del Guayas y el alcalde de Durán, Luis Chonillo.

Obando participó en la mañana en un evento realizado en un centro de convenciones y retornaba a su domicilio cuando, acompañado por policías, fue interceptado. Sujetos armados lo atacaron, lo que dejó herido al edil junto a dos agentes y provocó la muerte de un tercer policía que lo custodiaba. Cerca de las 17:00, hora local, la Prefectura de Guayas confirmó el deceso del concejal.

La Prefectura expresó en sus redes sociales: “Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Hugo Obando, concejal de Durán. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor”.

Por su parte, Chonillo señaló: “Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo, Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad”.

Añadió que se ha apagado la vida de un servidor público íntegro y luchador, comprometido con la comunidad, cuya vocación de servicio permanecerá grabada en la memoria de los ciudadanos.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación sobre el atentado, ocurrido en el sector del Polideportivo La Ferroviaria. Se dispuso el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios balísticos, además de la realización de entrevistas preliminares y la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona.

La Policía Nacional informó que el agente Rubén Chávez perdió la vida en el ataque armado en Durán y aseguró que el crimen “no quedará impune”. Las unidades especializadas se han movilizado para capturar a los autores de este asesinato, cometido en una de las provincias más afectadas por la violencia.

El pasado lunes, Javier Bolaños, director financiero de la Alcaldía de Durán, también fue asesinado. El municipio, ubicado junto a Guayaquil, se ha consolidado desde hace dos años como el más violento del país.

En 2024, Durán registró una tasa de 145,98 homicidios por cada 100.000 habitantes, situándose a la cabeza de las ciudades más violentas de Ecuador; en el primer semestre de este año, la tasa se mantuvo en 103,31 homicidios. Estas cifras, reportadas por el Ministerio del Interior y sistematizadas por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reflejan la gravedad de la situación.

Ecuador vive una escalada de violencia inédita, atribuida al crecimiento de bandas criminales organizadas. Esta situación llevó al presidente, Daniel Noboa, a decretar en enero de 2024 el llamado ‘conflicto armado interno’ contra estos grupos, ahora considerados organizaciones terroristas.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, el país registra el semestre más violento desde que existen datos oficiales. La violencia y la inseguridad han marcado a la comunidad de Durán, que sigue siendo golpeada por ataques armados y crímenes contra figuras públicas.

La Policía Nacional ha esclarecido el asesinato de un ciudadano neerlandés cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024, tras la detención en Bélgica de un menor de 17 años, de nacionalidad belga y origen magrebí, contratado por la Mocro Maffia para ejecutar el crimen.

7 de diciembre de 2024: la emboscada

La madrugada del 7 de diciembre, sobre las dos de la madrugada, un joven vestido de negro, con capucha y el rostro cubierto, esperaba oculto en la calle Asturias, frente a un club cannábico donde trabajaba la víctima, un neerlandés de 25 años nacido en Zwolle (noroeste de Bélgica).

Cuando salió del local, el menor disparó con una pistola Tokarev de fabricación soviética. Realizó hasta 18 disparos, uno de ellos en la cabeza, provocando la muerte inmediata del joven.

Los agentes hallaron el cuerpo en la puerta del club, junto a numerosas vainas percutidas y el arma homicida, que el sicario abandonó bajo un coche antes de alejarse en bicicleta. Al día siguiente, tomó un avión y huyó de España.

11 de diciembre: primer detenido

La operación, bautizada como ‘Smoke’, se puso en marcha de inmediato. Apenas cuatro días después del asesinato, la Policía Nacional detuvo en Torremolinos a uno de los cooperadores directos, un ciudadano neerlandés, en un despliegue con apoyo del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Otro cómplice huyó a Países Bajos. Allí fue relacionado con otro asesinato cometido semanas después en Ámsterdam. Durante el intento de arresto abrió fuego contra la policía, hiriendo gravemente a un agente y a una transeúnte, y murió abatido en el tiroteo.

Enero de 2025: el instigador en prisión

Las pesquisas, coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola y con el apoyo de Eurojust, acreditaron que los crímenes de Fuengirola y Ámsterdam habían sido organizados por un miembro neerlandés de la Mocro Maffia.

El 3 de enero de 2025 fue arrestado en los Países Bajos y permanece en prisión preventiva como presunto instigador de ambos asesinatos.

Junio de 2025: la logística desmantelada

El 17 de junio, tres mujeres neerlandesas fueron detenidas en Ámsterdam acusadas de trasladar el fusil de asalto empleado en Fuengirola desde París hasta la Costa del Sol.

“Hemos detenido en Holanda a la persona que se encargaba de traer las armas y trasladarlas a la Costa del Sol. Se trata de una mujer y obviamente estamos hablando del entorno Mocro Maffia”, confirmó entonces el comisario Pedro Agudo, jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.

20 de junio de 2025: el sicario en Gante

El menor de 17 años fue finalmente localizado en Gante (Bélgica) el 20 de junio de 2025 y arrestado en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega. El 11 de julio fue entregado a España e ingresó en un centro de menores en régimen cerrado.

Según fuentes policiales, había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el asesinato en el marco de un ajuste de cuentas, aunque la motivación concreta no se ha podido esclarecer. Ni el sicario ni su cómplice han querido declarar.

Sicarios menores en la Costa del Sol

“Adolescentes pagados para apretar el gatillo: así es como luce el crimen organizado en 2025”, alertó Andy Kraag, director del Centro Europeo de Crimen Grave y Organizado de Europol.

En primavera de 2024, un joven sueco de 17 años fue detenido en Benalmádena cuando planeaba matar a un miembro de una banda motera, lo que permitió desmantelar una red que reclutaba adolescentes para asesinar en Europa, liderada por un menor de 14 años.

En junio de 2025, otro adolescente sueco de 16 años y un cómplice de 19 fueron sorprendidos en Fuengirola con dos armas cargadas, listos para un nuevo encargo.

Luego del hallazgo de los cuerpos sin vida de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido en el mundo artístico como B-King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clownn, fue identificado un mensaje firmado por la organización criminal La Familia Michoacana.

Según informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, este cartel mexicano mantiene actividades delictivas en Guerrero y Michoacán, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero, secuestros y actos violentos.

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Del mismo modo, este grupo criminal es una de las organizaciones ilegales que contrata exmilitares colombianos para entrenar a los sicarios mexicanos en temas como el manejo de drones, uso de explosivos y la instalación de minas antipersonas.

De acuerdo con un informe publicado por El País América, el proceso de reclutamiento se realiza principalmente a través de servicios de mensajería como WhatsApp, donde se ofrecen empleos bien remunerados, pasajes aéreos cubiertos y condiciones atractivas para quienes deciden sumarse a las filas de los cárteles.

Además, el medio citado detalló que algunas agencias de viaje en Colombia colaboran con los interesados, proporcionándoles instrucciones sobre la vestimenta adecuada y las respuestas que deben dar durante los controles migratorios.

La mayoría de los reclutados ingresa a México como turistas, aprovechando que no se requiere visa para ciudadanos colombianos.

Se estima que entre dos mil y tres mil colombianos han sido contratados por diferentes organizaciones criminales mexicanas para desempeñarse como mercenarios, según la investigación de El País.

En localidades como La Ruana, en Michoacán, habitantes han reportado la presencia nocturna de estos exmilitares, quienes patrullan la zona y han afectado a familias locales debido a la colocación de minas antipersonas. Testigos consultados por el medio internacional describieron a la mayoría de estos individuos como “sanguinarios”.

De igual manera, la investigación del medio revela además la existencia de chats en los que se detallan los mecanismos de conexión entre los cárteles y los exmilitares colombianos.

En estos mensajes, se ofrecen 10 millones de pesos colombianos mensuales por trabajos de al menos cuatro meses, con tareas que incluyen “cuidar la plaza, que nadie se meta y limpiar a los que se quieran meter”. El reclutamiento se dirige principalmente a colombianos de entre 22 y 42 años, especialmente enfocados en soldados colombianos quienes optan por abandonar el servicio tras 20 años de carrera militar.

Operaciones contra mercenarios colombianos en México

Las autoridades mexicanas han intensificado las medidas de control migratorio. Desde octubre de 2024, el Gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha denegado la entrada a más de 1.700 colombianos en aeropuertos del país, aunque la cooperación de las autoridades colombianas ha sido limitada, según la investigación de El País.

En una inspección reciente en un sembradío de Uruapan, Michoacán, las fuerzas de seguridad mexicanas encontraron armamento pesado, uniformes del CJNG y restos de un campamento. Adicional a ello, material audiovisual hallado en el teléfono de un implicado mostró prácticas de adiestramiento dirigidas por ciudadanos colombianos.

Además de la Familia Michoacana, otras organizaciones ilegales que han reclutado a exmilitares colombianos son Los Viagras, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa y Carteles Unidos.

Qué ha dicho el Gobierno Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el fenómeno a través de una publicación en X, donde afirmó que “el mercenarismo debe ser castigado en nuestra legislación nacional. Es un robo de recursos públicos que se invierten para la defensa nacional. Y terminan en manos de los narcotraficantes más bárbaros del mundo y en guerras en que no estamos”.

Además, sostuvo que estas prácticas representan una pérdida para el país, ya que los fondos públicos destinados al entrenamiento militar acaban fortaleciendo intereses ajenos a la soberanía nacional.

La alta preparación y el extenso recorrido militar de los soldados retirados de Colombia los convierten en candidatos preferentes para ser contratados clandestinamente, no solo en México, sino también en otros escenarios de conflicto internacional, como la guerra en Ucrania, operaciones paramilitares en Sudán o el reciente magnicidio de Jovenel Moïse en Haití.

La mirada internacional volvió a posarse sobre el megapuerto de Chancay, una de las obras más ambiciosas de la región que promete reconfigurar el comercio entre Latinoamérica y Asia. El prestigioso medio Bloomberg publicó un amplio reportaje en el que destaca que, junto con el desarrollo económico que debería traer esta inversión millonaria, también está emergiendo una ola de inseguridad y violencia que preocupa a empresarios, vecinos y especialistas.

De acuerdo con el informe, lo que debía ser un símbolo de progreso se ha convertido también en terreno fértil para bandas criminales que ven en la zona nuevas oportunidades. Extorsiones, tiroteos, amenazas con explosivos y un repunte de homicidios marcan el día a día de una ciudad que, hasta hace poco, era conocida por su tranquilidad y por la pesca artesanal.

“El papel del puerto en el futuro económico del Perú preocupa a expertos que temen que se convierta en un foco criminal tan notorio como el Callao, el principal terminal de contenedores del país”, advierte el reportaje, que narra cómo la sombra del crimen se superpone a las grúas y contenedores que reconfiguraron el horizonte de Chancay.

Extorsiones, tiroteos y un repunte criminal en Chancay

El reportaje de Bloomberg arranca con la historia de Vladimir Cantoral, un ingeniero eléctrico que recibió llamadas de la temida banda Los Pulpos de Trujillo. Los delincuentes le exigieron “apoyo logístico”, un eufemismo para pedir dinero bajo amenaza. Minutos después, le enviaron fotos de su DNI y videos con armas, dejándole claro que estaban vigilando cada uno de sus pasos. No fue el único: cuando acudió a denunciar a la comisaría, le dijeron que era la quinta extorsión registrada en un solo día.

Las cifras confirman el problema. Entre enero y agosto de este año se registraron 966 denuncias de extorsión en la región Lima Provincias, donde se encuentra Chancay. Esto representa un incremento del 25% respecto al mismo periodo del 2024. Además, la provincia de Huaral, que alberga al megapuerto, figura entre las cinco con mayor tasa de homicidios en el país, cuando hasta hace pocos años no aparecía en los rankings de violencia.

Los ataques armados se han vuelto recurrentes. Bloomberg recuerda que en una sola semana sicarios abrieron fuego en un garaje, dejando dos muertos y siete heridos, y días después balearon a un grupo en un complejo deportivo, con un saldo de otras dos víctimas mortales. Las autoridades reconocen que la extorsión digital y presencial es el delito que más crece en la zona, alimentado por pandillas como Los Monos de Quepepampa y Puros Hermanos Sicarios, además de facciones vinculadas al Tren de Aragua.

Los expertos citados en el informe advierten que los puertos son puntos estratégicos para el narcotráfico y la delincuencia organizada. Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, recordó que estas infraestructuras siempre generan un atractivo para mafias que buscan rutas de salida al exterior. Y aunque la empresa Cosco Shipping, administradora del terminal, asegura que opera con los más altos estándares internacionales y tecnología de control, la violencia se concentra en los alrededores, donde la población se siente cada vez más vulnerable.

Impacto social y económico del megapuerto: “Prácticamente no tenemos negocio”

El megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre pasado por Dina Boluarte y Xi Jinping, es una obra de US$ 1.300 millones que busca triplicar las exportaciones agrícolas del país y proyecta que, hacia 2034, la ciudad pase de 70 mil a más de 210 mil habitantes. Según el plan oficial, se crearían 58 mil nuevos empleos y se consolidaría un “crecimiento ordenado y sostenible”. Sin embargo, en paralelo a la promesa de progreso, los testimonios recogidos en Bloomberg muestran una comunidad que siente que los beneficios aún no llegan.

Los pescadores artesanales son uno de los sectores más golpeados. La construcción del puerto modificó las corrientes marinas y redujo drásticamente la pesca de especies como el bonito o el pejerrey. “Quince años atrás llenaba 15 cajones en un solo día, ahora apenas dos”, relató Julio César López, un pescador de 61 años que tuvo que reinventarse ofreciendo paseos turísticos en bote. Pero ni siquiera esa alternativa se sostiene: un accidente en altamar en febrero, donde murieron una madre y su hija, frenó el turismo y dejó a decenas de familias sin ingresos.

El comercio local también resiente los cambios. Dueños de restaurantes en la bahía aseguran que el agua está contaminada y que la afluencia de visitantes cayó en picada. “Prácticamente no tenemos negocio”, contó Socorro Rosa Trujillo, dueña de un conocido local de cevichería. Frente a esa crisis, muchos vecinos piensan en migrar, pero otros se resisten a dejar atrás años de esfuerzo invertido en sus negocios.

La presión sobre la infraestructura también ha quedado en evidencia. Uno de los carriles del puente de Chancay colapsó en febrero, causando un accidente con tres muertos. Para especialistas, este hecho refleja cómo las obras locales no se prepararon para soportar el tránsito masivo que traerá el puerto, un escenario que se repite en el terreno de la seguridad: sin un plan de contingencia claro, temen que la violencia continúe escalando.

El más reciente de estos atentados ocurrió en la mañana de este miércoles, en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, donde un conductor y su hija resultaron heridos de bala mientras el bus circulaba en presencia de escolares y frente a una institución educativa.

El ataque se produjo a plena luz del día, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta siguieron al bus de la empresa Impulso Progreso, que cubre la ruta Carabayllo–Ate. Los agresores abrieron fuego contra la unidad en la que viajaban el conductor, su esposa y su hija, quien se dirigía a clases. Tanto el padre como la menor sufrieron heridas de bala y fueron trasladados al Hospital de Emergencias Sergio Bernales de Collique, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

La modalidad de los ataques muestra un patrón repetido. El pasado viernes por la noche, otro conductor de la empresa Impulsa Express —que también opera la ruta Carabayllo–Ate— fue víctima de un atentado con características similares.

Chofer queda grave tras atentado en Comas

Dos delincuentes en motocicleta dispararon contra el bus en marcha cerca del paradero Chifa, en el distrito de Carabayllo. En esa ocasión, el conductor logró protegerse y evitó lesiones graves, aunque el vehículo resultó dañado, según reportó Exitosa.

En el ataque más reciente, los disparos alcanzaron tanto al conductor como a su hija, mientras que en el incidente anterior, el chofer Raúl Laurente Herrera fue impactado por dos balas en el cuello y el rostro, según el testimonio de un usuario recogido por Exitosa.

“La moto estaba siguiendo al custer cuando frena para llegar al paradero, la moto se para y el delincuente le dispara dos veces al señor”, relató el testigo. Tras el ataque, los propios pasajeros organizaron el traslado del herido al hospital, con la ayuda de un voluntario que se ofreció a conducir el vehículo hasta el centro médico.

Hija del conductor también resultó herida

Uno de los aspectos más alarmantes de este atentado es que la hija del conductor resultó herida durante el ataque. La adolescente viajaba junto a su padre y su madre cuando los disparos impactaron contra la unidad en plena vía pública, alcanzando tanto al chofer como a la menor, según informaron RPP y Diario Correo.

De acuerdo con los primeros reportes médicos, padre e hija permanecen en condición reservada en el Hospital de Emergencias Sergio Bernales. El hecho de que la violencia contra el transporte público haya dejado como víctima a una escolar que se dirigía a clases evidencia la gravedad del problema y genera un fuerte reclamo de vecinos y pasajeros, quienes exigen mayores garantías de seguridad en las rutas que utilizan a diario.

Dos ataques en menos de cinco días contra empresa de transporte

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones y no descarta que los responsables de ambos atentados pertenezcan a las mismas organizaciones criminales que, según información policial citada por Exitosa, extorsionan a las empresas de transporte exigiendo pagos diarios bajo amenaza de violencia. La comisaría de Santa Isabel está a cargo de las pesquisas.

Trabajadores de la empresa Impulso Progreso denunciaron que este no es un hecho aislado. Según declaraciones de uno de los conductores recogidas por RPP, los choferes pagan diariamente una cuota a la empresa bajo el concepto de seguridad.

“Se pagan nueve soles diarios. Desde el año pasado pagábamos, cuando a un compañero lo balearon así. El día 3 se paga”, afirmó el conductor a RPP Noticias, evidenciando la existencia de un sistema de cobro regular que, según los testimonios, se habría instaurado tras un ataque similar ocurrido el año anterior.

En menos de cinco días, la empresa Impulso Progreso ha sufrido dos atentados contra sus conductores, lo que refuerza la preocupación de los trabajadores y usuarios ante la persistencia de estos hechos violentos y la aparente impunidad con la que operan los extorsionadores en el sector del transporte público de Lima norte.

La cronología empieza en 2015, cuando la PNP entregó la pistola a un miembro de la división de los Halcones. Apenas un año después, el rastro oficial desaparece. El suboficial no presentó una denuncia de robo ni extravío, lo que generó un vacío que permitió que el arma saliera del control estatal.

En 2019, la misma pistola apareció vinculada a un asesinato en la ciudad de Pisco, en Ica. Según las pericias balísticas, los casquillos encontrados coincidían con el arma asignada al policía. El crimen pasó casi inadvertido en la prensa nacional, pero ahora se integra en un rompecabezas que muestra la peligrosidad de que una pistola oficial circule libremente en el mercado ilegal.

El 1 de septiembre de 2025, el arma volvió a disparar, esta vez en Lince, contra el funcionario indonesio. Horas después, fue usada en San Juan de Miraflores para atacar a dos trabajadoras sexuales en un contexto vinculado a mafias de trata de personas y cobro de cupos. Una de las víctimas identificó a alias “Malaco”, presunto integrante de la organización criminal detrás de los ataques.

La policía halló el arma en un hostal de San Martín de Porres, junto con dinamita y cartuchos presuntamente destinados a extorsiones. Este hallazgo no solo confirmó la peligrosidad de la banda, sino que también dejó en evidencia la facilidad con la que las armas “extraviadas” terminan siendo piezas clave de organizaciones criminales.

El problema de fondo va más allá de un arma: expone un patrón en el que armamento registrado a nombre de policías reaparece en manos de delincuentes. Expertos en seguridad señalan que estos casos no son excepcionales, sino parte de un fenómeno más amplio en el que las armas oficiales se “pierden” sin seguimiento real.

Hipótesis del asesinato del funcionario indonesio

El asesinato de Zetro Leonardo Purba, diplomático de Indonesia, ocurrido en el distrito limeño de Lince, llevó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a establecer la hipótesis principal de que el crimen estaría vinculado con mafias dedicadas a la trata de personas. La policía investiga la relación del homicidio con el entorno de la zona comercial de Risso, conocida por la presencia de organizaciones criminales que administran redes de prostitución informal y proxenetismo.

Los agentes han enfocado su investigación en la influencia de grupos que controlan el territorio en Lince, un lugar con antecedentes de violencia asociada a la explotación sexual y la actividad delictiva. En ese contexto, la hipótesis policial sugiere que el crimen de Purba podría tratarse de una venganza de las mafias que dominan el área y que suelen enfrentarse para conservar sus espacios de operación.

Entre las organizaciones señaladas sobresale la banda denominada One Family, liderada por Dany Zapata, conocido como ‘El chino’. Esta estructura criminal habría consolidado su control sobre actividades ilícitas en Lince y zonas aledañas. La policía señala a Zapata como principal sospechoso, debido a sus antecedentes violentos y disputas internas por el control del distrito.

Durante la inspección al teléfono móvil de Purba, los investigadores hallaron contactos de mujeres venezolanas y colombianas. La hipótesis policial considera que estas conexiones podrían ofrecer pistas sobre el contexto personal y profesional del diplomático en los días previos al ataque, además de revelar posibles vínculos directos, indirectos o circunstanciales con el entorno dominado por mafias de trata.

El asesinato del funcionario de la embajada de Indonesia Zetro Leonardo Purba, a la puerta de su casa en Lince, ha puesto en evidencia un problema que compromete directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP). La pistola que acabó con su vida, una Taurus de 9 mm, estaba registrada a nombre de un suboficial de la división de los Halcones, quien la recibió en 2015 como parte de su equipamiento oficial.

Lo más preocupante es que, según los registros de Sucamec, el rastro del arma se perdió en 2016 sin que el efectivo reportara su desaparición. Tres años después, en 2019, la misma pistola fue utilizada en un asesinato en Pisco. Este año volvió a aparecer en Lima, vinculada directamente al crimen del diplomático.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha citado al suboficial responsable para que explique en qué circunstancias “perdió” su arma y por qué nunca reportó el hecho. Un equipo de Latina Noticias intentó contactarlo telefónicamente, pero no obtuvo respuesta.

La falta de un registro formal permitió que la pistola pasara de la institución policial a redes criminales sin control alguno. Y no se trata de un hecho aislado. Investigaciones periodísticas ya habían advertido que armas incautadas o declaradas perdidas terminaban de nuevo en el mercado ilegal, incluso en manos de sicarios y extorsionadores, como la organización Los Injertos del Cono Norte.

Este caso reaviva el debate sobre el poder de las organizaciones criminales dentro de la propia PNP. También evidencia deficiencias estructurales en el sistema de control de armas, que en lugar de garantizar la seguridad ciudadana, permite que estas terminen siendo utilizadas contra la misma población a la que deberían proteger.

Los otros ataques de los sicarios

El 1 de septiembre, a las 7:30 de la noche, Zetro Leonardo Purba fue interceptado por dos sujetos cuando llegaba a su vivienda en Lince. El funcionario de la embajada de Indonesia murió tras recibir disparos con la pistola policial.

Pero el crimen no terminó allí. Apenas cuatro horas después, a las 11:30 de la noche, la misma arma fue utilizada en San Juan de Miraflores, donde dos trabajadoras sexuales fueron atacadas. Una de ellas logró identificar a uno de los agresores, alias “Malaco”, hoy detenido y vinculado a redes de trata de personas. Según su testimonio, el ataque habría estado relacionado con un cobro de cupos.

Lo que más indignó a los investigadores es la frialdad de los sicarios: tras disparar, se dieron el tiempo de realizar una videollamada para confirmar que sus víctimas eran las correctas. Horas más tarde, la policía descubrió que estos sujetos se escondían en un hostal de San Martín de Porres, donde además del arma se encontraron cartuchos de dinamita, material presuntamente destinado a extorsiones.

Este doble ataque, ocurrido en un mismo día y con una misma pistola oficial, no solo ha dejado en evidencia la crueldad de las mafias que operan en Lima, sino también la fragilidad del sistema de control de armamento policial, que permitió que un arma de la PNP terminara alimentando la violencia en las calles.

El Congreso de la República aprobó por unanimidad un dictamen que endurece las sanciones contra el sicariato en el Perú y la conspiración para cometer este delito. La reforma, que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, eleva la pena mínima a 30 años de prisión y contempla cadena perpetua en casos agravados.

Con 106 votos a favor y sin ningún voto en contra, el Pleno avaló la propuesta impulsada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual fue exonerada de segunda votación para agilizar su envío al Poder Ejecutivo. Según los legisladores, la medida responde a la grave crisis de seguridad ciudadana y al crecimiento del crimen organizado en el país.

Durante el debate, congresistas de distintas bancadas coincidieron en que el sicariato se ha convertido en una de las modalidades delictivas más violentas y frecuentes, afectando directamente a transportistas, comerciantes y trabajadores de servicios públicos. Algunos incluso plantearon medidas más drásticas, como la pena de muerte, aunque la propuesta no prosperó.

Congreso aprueba penas más severas contra el sicariato

El dictamen aprobado establece que no solo serán sancionados los autores materiales de los asesinatos por encargo, sino también quienes ordenan, coordinan o actúan como intermediarios. En todos los casos, la sanción será de al menos 30 años de cárcel, un incremento frente a la legislación anterior que fijaba un mínimo de 25.

La reforma también amplía los supuestos para aplicar cadena perpetua. Esta sanción alcanzará a quienes utilicen a menores de edad o personas inimputables para ejecutar crímenes, así como cuando las víctimas sean transportistas, bodegueros, empresarios o trabajadores vinculados a servicios públicos. Con ello se busca frenar el reclutamiento de adolescentes y castigar con mayor severidad a las organizaciones que convierten la vida humana en mercancía.

Uno de los puntos más debatidos fue la incorporación de un agravante cuando el asesinato es ordenado desde un centro penitenciario, una práctica identificada por las autoridades como parte de la estrategia de las bandas criminales que operan desde las cárceles. “El dictamen endurece penas por sicariato incluso si las órdenes provienen desde la cárcel. Ataca una realidad crítica y refuerza el Estado de Derecho”, señaló el congresista Flavio Cruz.

La aprobación, considerada una respuesta unánime frente a la ola de violencia, ahora deberá pasar a evaluación del Poder Ejecutivo. En los próximos días, la Presidencia decidirá si promulga la reforma que endurece las penas contra el sicariato y busca contener el avance del crimen organizado.

Homicidios en 2025 ya superan las 1.200 víctimas y Lima concentra casi la mitad de los casos

El avance de la violencia se refleja en las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Hasta el 4 de agosto de 2025 se habían contabilizado 1.293 homicidios en todo el país, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la falta de capacidad de respuesta frente a la criminalidad. Solo en un día, entre el 2 y 3 de agosto, se reportaron 12 asesinatos, confirmando que la tendencia al alza no da tregua.

Las estadísticas muestran que la mayor carga de violencia se concentra en Lima región, donde ya se registran 462 muertes violentas en lo que va del año. Le siguen La Libertad con 141 casos, el Callao con 121 y Piura con 82, territorios que se han convertido en focos críticos del crimen organizado. Estas cifras consolidan un escenario donde el sicariato, la extorsión y los ajustes de cuentas son cada vez más frecuentes.

La magnitud de los homicidios también se evidencia en la brutalidad de los casos recientes. Entre las víctimas figuran civiles, comerciantes, empresarios y hasta miembros de la Policía Nacional, que enfrentan al crimen organizado muchas veces sin el equipamiento necesario para su propia protección. El impacto en la ciudadanía es inmediato: comunidades enteras viven con temor ante la posibilidad de nuevos ataques y la sensación de desamparo se expande en todo el país.

El ataque ocurrió en el cruce del jirón Huarochirí con la avenida Colonial, a pocos metros de la concurrida Plaza Dos de Mayo, donde a diario circulan miles de personas. Testigos relataron que la víctima se encontraba comiendo un caldo de gallina, cuando un sujeto se aproximó y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el impacto, el trabajador del transporte intentó huir malherido, logrando avanzar cerca de 40 metros antes de desplomarse sobre el pavimento.

Brutal ataque armado en plena vía pública

De acuerdo con los primeros reportes, el proyectil ingresó por el lado derecho del rostro de la víctima, aunque también se maneja la versión de que otro disparo alcanzó la zona del cuello. Pese a la gravedad de las heridas, el hombre buscó ayuda desesperadamente hasta caer sobre la intersección de la avenida Colonial con el jirón Huarochirí, donde fue auxiliado por transeúntes y trabajadores de los alrededores.

Personal del Serenazgo de Lima llegó rápidamente al lugar y trasladó al herido al Hospital Ramón Castilla, donde permanece en observación médica. Familiares y allegados llegaron al establecimiento en medio de la conmoción por lo ocurrido, mientras que efectivos de la Comisaría de Monserrat asumieron las diligencias para identificar al atacante y esclarecer el móvil del crimen.

Según los testigos, el agresor emprendió la fuga con dirección a la Plaza Dos de Mayo, utilizando como ruta de escape los alrededores de un grifo cercano. La zona quedó acordonada para las pericias correspondientes, mientras los vecinos denunciaron el aumento de hechos violentos en esta parte de la ciudad.

Este ataque se suma a la ola de balaceras y atentados que en las últimas semanas han generado zozobra entre los ciudadanos, en especial en zonas de alto tránsito y comercio como Cercado. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el hecho esté vinculado con ajustes de cuentas o disputas relacionadas al transporte informal, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna hipótesis oficial.

Lima cada vez más insegura: Extorsiones y homicidios en aumento

Las estadísticas revelan un escenario cada vez más alarmante en la capital. Entre 2017 y 2023, los homicidios en Lima prácticamente se triplicaron: pasaron de 240 casos a 695, una tendencia que continuó al alza en 2024, cuando en solo tres meses se contabilizaron 544 asesinatos y tentativas de homicidio, superando los registros de los dos años anteriores. En la actualidad, la frecuencia de crímenes muestra que cada semana se reportan muertes violentas en distintos distritos, sin importar la zona.

El delito de extorsión se ha convertido en el de mayor crecimiento en la ciudad. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 15.000 denuncias, y las proyecciones indican que al cierre del año podrían alcanzarse las 30.000 denuncias. Esto representa un cambio radical respecto a 2019, cuando el problema era considerado marginal. Hoy, el 32% de limeños asegura haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien cercano que lo ha sido, con un promedio de 69 casos denunciados al día.

La crisis también alcanza al sector transporte. Según reportes de gremios de choferes y cobradores, cerca de 50 trabajadores del rubro han perdido la vida en ataques vinculados al cobro de cupos durante los últimos meses. Ante esta situación, voceros advierten que el servicio público está en riesgo y no descartan un nuevo paro general si las autoridades no actúan frente al avance de estas mafias.

Según el relato de testigos, la víctima caminaba por la calle cuando fue interceptada por dos sujetos, uno a pie y otro en motocicleta. La ejecución ocurrió pasadas las 11:30 de la noche del domingo, cuando el extranjero fumaba un cigarro y no advirtió que era seguido. Lo que vino después fue una ráfaga de disparos que terminó por dejarlo tendido en el suelo, mientras los atacantes escapaban sin cubrir sus rostros.

Pese a la magnitud del ataque, no se registró ningún intento de robo. El joven aún tenía consigo sus pertenencias, como un morral y su celular, e incluso el cigarro que fumaba continuaba encendido cuando los vecinos intentaron auxiliarlo.

Brutal ataque en San Martín de Porres

Los testimonios recogidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) señalan que el primer atacante abrió fuego desde corta distancia, impactando a la víctima en las piernas y la cintura. Cuando el joven cayó al pavimento, el cómplice que esperaba en la moto descendió y descargó otra tanda de disparos, esta vez en la parte superior del cuerpo, hasta rematarlo.

“Primero le disparó por la espalda, luego, cuando ya estaba en el suelo, lo remató en el pecho. Fueron demasiados disparos”, relató un vecino que presenció la escena. Otro testigo aseguró haber escuchado al menos 15 detonaciones en una sola ráfaga, seguidas de varios tiros adicionales.

La PNP maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas. La forma en que fue perpetrado el crimen, el número de disparos y la ausencia de sustracción de objetos personales refuerzan la teoría de un asesinato por encargo. El coronel Carlos Céspedes, jefe de la División de Investigación de Homicidios, informó que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar a los responsables.

El hecho mantiene en alerta a los habitantes de San Martín de Porres, quienes afirman que el distrito se ha convertido en escenario frecuente de enfrentamientos entre bandas criminales, muchas integradas por extranjeros involucrados en extorsión, sicariato y tráfico de drogas. La víctima, que hasta ahora permanece como NN en los registros oficiales, no era reconocida como residente del barrio, lo que generó mayor desconcierto entre quienes presenciaron la violenta escena.

Violencia en Lima Norte: extorsiones, ataques armados y bandas en expansión

La ola de violencia en Lima Norte no se limita a un solo distrito ni a un tipo de delito. En las últimas semanas se han reportado extorsiones contra empresarios en Los Olivos, atentados contra orquestas musicales y asesinatos selectivos vinculados a la disputa territorial de bandas peruanas y extranjeras. Según la PNP, muchas de estas organizaciones utilizan herramientas digitales para rastrear a sus víctimas, exigir pagos a través de billeteras electrónicas y mantener el control sobre zonas estratégicas.

Uno de los casos más recientes fue el ataque contra el bus de la orquesta Son del Duke en San Martín de Porres. El vehículo, estacionado frente a un hotel, recibió cuatro disparos ejecutados por un sicario en moto, generando pánico entre los músicos y obligando a la agrupación a suspender todas sus presentaciones por motivos de seguridad. El atentado, que no dejó heridos, ocurrió a pocos metros del bus de la cantante Marisol, lo que evidenció el nivel de riesgo que enfrentan incluso figuras del espectáculo.

En Puente Piedra, la situación alcanzó un nivel de mayor gravedad con el atentado de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, vinculada a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo. Los delincuentes colocaron un explosivo en un minimarket y difundieron videos en los que se mostraban fuertemente armados, exigiendo pagos a los comerciantes bajo amenaza de nuevos ataques. Investigaciones de la PNP revelan que esta organización criminal funcionaba como una red empresarial familiar que movió más de cinco millones de soles mediante extorsiones, tráfico de armas y transferencias ilícitas, consolidando su poder en varios distritos de Lima y el Callao.

El canciller Elmer Schialer se comprometió con su homólogo indonesio a dar celeridad a las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. Esto es lo que las autoridades han informado hasta el momento.

Zetro Leonardo Purba estaba llegando a su domicilio, ubicado en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo, en Lince, cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al menos tres veces. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y pudo haber sido el disparo que le causó la muerte.

Aún con vida, el funcionario indonesio fue trasladado a la Clínica Javier Prado, donde, debido a la gravedad de sus heridas, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. El comandante Guivar, de la comisaría de Lince, declaró que se desconocen las causas del crimen, pero no descartó que se trate de un ajuste de cuentas.

La División de Homicidios y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Jesús María realizaron las primeras diligencias y quedaron a cargo del caso.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, los dos atacantes serían de nacionalidad extranjera y habrían hecho un cuidadoso seguimiento previo. Cuando el funcionario llegó a su vivienda desde la avenida Arequipa en bicicleta, uno de los delincuentes descendió de la moto y le disparó.

“Al parecer, por lo que vimos en las cámaras de videovigilancia, son ciudadanos extranjeros. (...) La motocicleta lo ha ido reglando y lo estaba esperando”, declaró el comandante PNP.

Zetro Leonardo Purba había llegado hace cinco meses al Perú y vivía con su esposa y sus tres hijos menores, quienes se encontraban dentro del inmueble cuando ocurrió el ataque.

Exitosa conversó con uno de sus allegados, quien llegó hasta el lugar y aseguró que Zetro no estaba recibiendo amenazas y que ni siquiera hablaba español. Además, pidió a las autoridades que den pronto con los responsables, advirtiendo que el Perú quedaría con una mala imagen internacional.

Acciones de la Cancillería y el Ministerio Público

El asesinato de Zetro Leonardo Purba provocó una reacción inmediata tanto de la Cancillería como del Ministerio Público, que activaron sus protocolos para esclarecer el crimen y brindar apoyo a la representación diplomática indonesia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó profundamente el crimen y expresó sus condolencias a los familiares y al Gobierno de Indonesia. De acuerdo con el comunicado oficial, “apenas conocido el atentado, dispuso que se tomarán las medidas correspondientes para asistir al embajador de Indonesia en el Perú en todas las diligencias de este caso”.

El canciller Elmer Schialer informó a la presidenta Dina Boluarte sobre lo ocurrido y, posteriormente, se comunicó con su homólogo indonesio, Sugiono, a quien transmitió las condolencias a nombre del Gobierno peruano. Durante ese diálogo, Schialer aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido y anunció que se reforzará la seguridad policial tanto del personal como de las instalaciones de la Embajada de Indonesia en Lima.

Paralelamente, la Fiscalía dispuso una investigación preliminar para determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado. El caso está a cargo del fiscal provincial Pedro Nicho Suyón, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Primer Despacho).

El magistrado confirmó que se realizaron el levantamiento del cadáver en la clínica local y la inspección técnico criminalística en la escena del crimen. También ordenó a la División de Homicidios de la Policía Nacional recabar la declaración de la esposa del funcionario asesinado, además de disponer otras diligencias urgentes consideradas inaplazables para avanzar en el esclarecimiento del caso.

¿Una banda criminal involucrada?

Con el transcurso de las horas, han surgido nuevos elementos sobre el asesinato de Zetro Leonardo Purba. El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que se trató de un crimen meticulosamente planificado.

Según las primeras diligencias, los atacantes conocían con detalle la rutina del funcionario y tenían identificado el horario en que llegaba a su domicilio. Una de las cámaras de seguridad captó el momento en que los sicarios aguardaron cerca de media hora para concretar el ataque.

La Policía Nacional del Perú (PNP) maneja como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con la organización criminal One Family, dedicada al proxenetismo.

Consciente de la repercusión y la gravedad del atentado, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se comprometió con su homólogo indonesio a dar seguimiento exhaustivo a las investigaciones para identificar a los responsables. El canciller aseguró que el Perú saldrá a explicar lo ocurrido, siempre con “la frente en alto”.

“Esto es algo que va a repercutir en los medios internacionales y que, por supuesto, nosotros tendremos a que salir a dar las explicaciones del caso. (...) Y vamos a tener que explicar todo esto. Por supuesto. Y esto lo vamos a hacer con la frente en alto y con la verdad en la mano”, declaró.

Schialer remarcó que el asesinato de Zetro Leonardo Purba es un llamado de atención para que todos los peruanos, tanto autoridades como ciudadanos, trabajen unidos en la lucha contra la inseguridad.

“Este es un campanazo más, una llamada más de atención que el principal problema que tiene nuestra querida patria es la inseguridad”, señaló, al subrayar que la violencia y el crimen organizado han sobrepasado hace tiempo los límites y la capacidad del Estado.

La magnitud del hecho se agrava porque la víctima representaba a un país con el que el Perú mantiene una relación bilateral en expansión, marcada recientemente por la visita de la presidenta Dina Boluarte a Yakarta, capital de Indonesia.

La reacción inmediata de la Cancillería

Tras conocerse el asesinato, la Cancillería activó de inmediato los protocolos previstos para estos casos. El director del Ceremonial del Estado se trasladó a la clínica donde Purba fue atendido tras el ataque, en cumplimiento de las normas diplomáticas. En el lugar ya se encontraban representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quienes iniciaron las primeras diligencias para esclarecer el crimen.

“Inmediatamente se le auxilió. Lamentablemente, no pudo ser salvada su vida. Y por supuesto que la Cancillería, apenas conocido el hecho, minutos más tarde se apersonó (…) para ver todos los detalles en una clínica local donde estaba internado el ya fallecido señor Purba”, relató Schialer.

El canciller explicó que informó de inmediato a la presidenta Dina Boluarte y, posteriormente, se comunicó con su homólogo indonesio, a quien transmitió las condolencias oficiales, solicitando que estas fueran trasladadas al presidente de Indonesia. “Le expresé las condolencias de la señora presidenta de la República para que se las tramitara también al presidente (…) Lo mismo hice yo con el canciller indonesio, mi homólogo, y le garanticé que vamos a ir hasta el fondo”, subrayó.

Asimismo, recalcó que el Gobierno peruano brinda asistencia directa al embajador de Indonesia en Lima con el fin de facilitar las gestiones diplomáticas y logísticas necesarias tras la tragedia. “Estamos apoyando al máximo posible al embajador (…) para que pueda tener todo el apoyo necesario en las gestiones que ahora toca realizar”, precisó.

La Cancillería, concluyó Schialer, asume la responsabilidad de acompañar tanto a la familia de la víctima como a la misión diplomática en un momento crítico que no solo enluta a Indonesia, sino que también impacta en la imagen del Perú ante la comunidad internacional.

La historia de Marta Achim ha sacudido la opinión pública en Rumanía. Abogada de profesión, pero actualmente suspendida, decidió en 2024 vender un apartamento de su propiedad para reunir 40.000 euros. Con ese dinero contrató a un exmiembro de una red de narcotráfico con el objetivo de asesinar a tres jóvenes.

El detonante fue la muerte de Denis Petre, hijo de Marta Achim, de 25 años. El joven falleció el 25 de octubre de 2023 en un hospital de Grimsby, en Reino Unido, tras ser arrollado por un tren en un paso a nivel. La policía británica determinó que se trataba de un accidente, pero su madre nunca aceptó esa conclusión.

Convencida de que detrás había un complot, la abogada señaló directamente a la novia de su hijo, Patricia D., y a dos amigos cercanos, Florin V. y Augustin G. En su versión, los tres habían tramado el asesinato para apropiarse de criptomonedas que supuestamente pertenecían al fallecido.

Con esa idea en mente, Achim contactó con Bogdan Emanuel Paraschiv, un hombre con antecedentes por narcotráfico, y le ofreció 40.000 euros para “liquidar” a los tres jóvenes.

El sicario se echó atrás

Los tres jóvenes que iban a ser objetivo de la operación han relatado que la ejecución no se llevó a cabo únicamente porque Paraschiv experimentó un cambio de conciencia. Según su versión, no fue Marta Achim quien rectificó, sino el sicario quien decidió no dar el paso definitivo, pese a haber comenzado a vigilar los movimientos de al menos una de las víctimas.

Lejos de retractarse, Achim incluso llegó a lanzar amenazas explícitas contra Patricia D., a la que, a través de una tercera persona, advirtió de que acabaría “junto a Denis” y que debía temer incluso un ataque con ácido.

Cambio de calificación y petición de pena suspendida

En un inicio, la Fiscalía General rumana imputó a Achim un delito de instigación al asesinato, con penas que superaban los 10 años de prisión. Sin embargo, en noviembre de 2024, la acusación se modificó: ahora afronta cargos por intento de determinación de la comisión de un delito y por amenazas. Esto ha reducido el marco penal a entre 1 y 5 años de cárcel en el primer caso, y de 3 meses a 1 año en el segundo.

Gracias a esta recalificación, y al procedimiento simplificado que permite una reducción de un tercio de la condena si se reconocen los hechos, la abogada podría enfrentarse a una pena inferior a tres años, lo que abriría la puerta a una suspensión de la misma y, por tanto, a evitar la prisión.

El debate judicial sobre el control y el arrepentimiento

En la vista celebrada el 25 de junio de 2025, el abogado de Achim solicitó la retirada de la medida de control judicial, alegando que su clienta ha cambiado de actitud: reconoce los hechos, los lamenta, sigue terapia psicológica y además padece graves problemas de salud tras una operación de prótesis de cadera.

El tribunal, sin embargo, rechazó la petición. Si bien flexibilizó algunas condiciones para que pueda continuar con su tratamiento médico, la Corte de Apelación de Bucarest decidió mantener la medida cautelar para garantizar el buen desarrollo del juicio y evitar que la acusada pudiera influir en testigos o reiterar conductas delictivas.

Un proceso con fuertes críticas

El cambio de calificación ha sido duramente criticado por la acusación particular, que representa a los jóvenes señalados como víctimas. Su abogado insiste en que el plan de asesinato estaba ya en marcha, con labores de vigilancia incluidas, y que el desistimiento del sicario fue ajeno a la voluntad de Achim.

La Fiscalía, por su parte, insiste en que la operación se encontraba en fase de “intento”, ya que no se había efectuado el pago ni comenzado la ejecución de los asesinatos.

Los detenidos, identificados como Antonio José Guevara Sarmiento (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), ambos de nacionalidad venezolana, son investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. La decisión fue adoptada por la Segunda Fiscalía Penal de El Agustino (Segundo Despacho), que ya dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Diligencias dispuestas por la Fiscalía

De acuerdo con el Ministerio Público, tras la captura en flagrancia de los sospechosos, se ordenó la intervención de la División de Homicidios de la PNP para realizar el levantamiento del cadáver, la inspección del vehículo siniestrado y la recolección de pruebas en el lugar del crimen. Estas acciones buscan asegurar los primeros indicios que permitan reconstruir el ataque.

Entre las diligencias fiscales se encuentran las pericias de absorción atómica a los implicados, con el fin de verificar si realizaron disparos, así como el análisis balístico forense de las armas incautadas para establecer si corresponden a los proyectiles encontrados en la escena. Además, se dispuso la pericia dactiloscópica sobre las huellas recogidas en los bienes intervenidos durante la captura.

La Fiscalía también ordenó recabar las declaraciones de los acusados y de los policías que participaron en la persecución, así como la visualización del contenido de los teléfonos celulares de los detenidos. Esta medida resulta clave para confirmar la hipótesis de que el ataque habría sido un asesinato por encargo. Según fuentes policiales, uno de los intervenidos confesó que recibió 2.000 soles para ejecutar el crimen contra Humberto Yépez.

El despacho fiscal enfatizó que el caso se encuentra en etapa preliminar, pero que cada diligencia será determinante para establecer la ruta de los hechos, los responsables materiales y la posible participación de terceros.

Persecución a balazos y temor en el transporte público

El crimen contra Humberto Yépez ocurrió en cuestión de segundos. Los pasajeros de la cúster relataron que no hubo amenaza ni intento de robo: el disparo fue directo contra el chofer, lo que reforzó la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con cobros extorsivos. La violencia del ataque desató el pánico dentro de la unidad, obligando a los ocupantes a lanzarse al suelo en busca de protección.

La persecución policial se extendió por varias calles de El Agustino hasta llegar a la Vía de Evitamiento, donde finalmente los sospechosos fueron reducidos. Vecinos y transeúntes escucharon detonaciones en medio del tránsito, lo que generó momentos de caos. Tras la intervención, las autoridades confirmaron que los detenidos portaban armas de fuego que habrían sido usadas en el ataque.

Mientras tanto, el gremio de transportistas expresó su preocupación por el incremento de hechos violentos en las rutas urbanas. En los últimos meses se han denunciado múltiples casos de choferes amenazados por mafias que exigen pagos a cambio de permitirles trabajar sin represalias.

Familiares de Humberto Yépez llegaron hasta la zona del crimen entre lágrimas y pedidos de justicia. El cuerpo del conductor fue retirado del vehículo en presencia de sus seres queridos y vecinos que lo conocían como un hombre dedicado al trabajo diario en la ruta Callao–Santa Anita. La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar la procedencia de las armas incautadas y la posible conexión de los detenidos con organizaciones criminales.

Una decena de detenidos en 19 allanamientos realizados por la Policía Federal fue el punto crucial de la causa que investiga la disputa entre la organización narcocriminal liderada por G.A.M., alias “Carita” y que fue apresado en las últimas horas, y la de K.H.V.A., conocido como “El Peruano Marvin”, que marcó un período de extrema violencia en el sur del conurbano bonaerense.

Entre febrero de 2024 y enero de este año, ambas facciones se enfrentaron por el control territorial de la venta de drogas en localidades de Malvinas Argentinas, Burzaco, Adrogué, Longchamps, Glew y Llavallol.

En ese lapso, los ataques armados dejaron un saldo de 11 homicidios y dos ataques a tiros que dejaron gravemente a dos heridos, en un contexto de ajuste de cuentas y sicariatos.

La investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo de Leonardo Esteban Kaszewski, tuvo su punto de partida en el asesinato de Jorge Adrián Olivera, ocurrido en febrero de 2024 en el partido de Almirante Brown.

A partir de ese hecho, se confirmaron otros crímenes con características similares, lo que llevó a los investigadores a establecer la existencia de una disputa directa entre las dos bandas.

Con el avance de la pesquisa, se detectaron patrones comunes en los ataques: la modalidad de ejecución, los nombres de los involucrados y la motivación por el negocio de la droga.

El listado de víctimas refleja la magnitud del enfrentamiento. En mayo de 2024 fueron asesinados Facundo Lasalle y Daniel Alejandro Aníbal Ríos, mientras que Diego Cubillas resultó herido de gravedad. En junio mataron a David Man; en agosto, a Carlos Alberto Rodríguez; y en octubre, a Ángel Iván Lizarro. En noviembre se dieron los crímenes de Sergio Hernán Cáceres y Primo Florencio Gauto Morinigo.

Ya en enero de este año, los ataques alcanzaron a Leandro Joaquín Marra, herido gravemente, y a Javier David Selis, Johan Valentín Gudiño Lagache y Estefanía Milagros Gómez, todos asesinados.

Con este escenario, el fiscal Kaszewski dispuso una serie de medidas y, en base a las pruebas reunidas, este viernes se llevaron a cabo 19 allanamientos simultáneos en domicilios de Longchamps, Glew, Malvinas Argentinas, Llavallol y Burzaco.

Los operativos contaron con un despliegue de más de cincuenta policías de la Federal, apoyados por 54 móviles no identificables, grupos de irrupción, seis unidades de contención, un dron con operador, sistemas de control y una ambulancia.

El procedimiento concluyó con la detención de 10 sospechosos, entre ellos el propio “Carita”, líder de la banda, y su lugarteniente V.J.M., alias “El viejo Melli”.

La lista de arrestados se completó con otros nueves sospechosos apresados, siete hombres y dos mujeres. Todos quedaron acusados de distintos delitos: asociación ilícita agravada, homicidio, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de municiones, encubrimiento e infracción a la ley de desarmaderos.

Durante los allanamientos se secuestraron 3,5 kilos de marihuana, 100 municiones calibre 9 milímetros, .40 Smith & Wesson y .38; 20 teléfonos celulares y una gran cantidad de autopartes de diferentes marcas y modelos sin numeración registral y valuadas en aproximadamente 10 millones de pesos.

¿Les avisaron?

El propio fiscal Kaszewski estuvo presente en algunos de los domicilios y registró testimonios de vecinos que aseguraron haber visto, la tarde anterior, móviles de comisarías locales en las mismas direcciones allanadas.

Según los relatos de fuentes del caso, personal policial habría advertido a vendedores de drogas “que se vayan”. Esa situación quedó asentada en las actas de procedimiento y motivó que el fiscal señalara la posibilidad de una filtración de información desde el Poder Judicial, motivo por el cual decidió no solicitar nuevos allanamientos de urgencia.

Tras las detenciones, los imputados fueron alojados en la División Alcaidías y puestos a disposición del magistrado interventor.

La mañana del jueves 28 de agosto fue escenario de un nuevo homicidio en el centro de Medellín. Juan José Marín Saldarriaga, un reconocido ganadero de Antioquia y Caldas de 62 años, fue atacado a tiros en un parqueadero del sector de Carabobo, cerca del Centro Administrativo La Alpujarra.

El crimen ocurrió a las 11:40 a. m., cuando la víctima se disponía a recoger su vehículo, tras haber realizado trámites tributarios en una oficina de la Dian y haberse reunido con un amigo, según la información obtenida por El Colombiano.

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De acuerdo con la información judicial, dos hombres en motocicleta llegaron al establecimiento y uno de ellos se acercó a Marín Saldarriaga, disparándole en la espalda y la cabeza. Los impactos le causaron la muerte en la entrada del parqueadero. En el lugar, agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial y hallaron junto al cuerpo varios papeles que serán analizados para determinar si guardan relación con el crimen.

Las primeras versiones que circularon en la zona señalaban erróneamente que la víctima era un abogado o un fiscal, pero posteriormente se confirmó su identidad y su actividad como ganadero, estableció el citado medio.

Además, la información judicial recogida por El Colombiano indica que Marín Saldarriaga tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y daño de los recursos naturales, así como una presunta vinculación en un antiguo proceso por narcotráfico, aunque nunca se le comprobó responsabilidad en este último.

Las autoridades avanzan en la investigación utilizando las cámaras de seguridad LPR, que captaron la presencia de una motocicleta y un automóvil particular presuntamente implicados en el hecho. Con este asesinato serían 228 los homicidios registrados este año en Medellín, consolidando la tendencia al alza en los casos de violencia letal en la ciudad.

El lazo de la víctima con ‘El Papero’ y su condena en Estados Unidos

Una investigación publicada por El Colombiano recogió que el ganadero Marín Saldarriaga cumplió una condena de dos años de cárcel en Nueva York, durante la época de la pandemia del Covid-19, por un proceso administrativo vinculado a impagos de una fianza.

La trayectoria judicial de Marín Saldarriaga se remonta a 2020, cuando fue capturado en un país centroamericano a petición de las autoridades de Estados Unidos. La detención se produjo por el incumplimiento de un acuerdo legal que había suscrito tras colaborar con la justicia estadounidense en un proceso de narcotráfico contra Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero.

De acuerdo con la información de las fuentes obtenidas por El Colombiano, Marín Saldarriaga fue mencionado por algunos procesados en ese caso, lo que llevó a las autoridades colombianas a iniciar un proceso de extinción de dominio sobre sus bienes a mediados de la década pasada.

Para evitar cargos relacionados con delitos como lavado de activos o testaferrato, el ganadero habría negociado con funcionarios judiciales estadounidenses, entregando información relevante a cambio de que no se le imputaran delitos de narcotráfico. Como parte de ese acuerdo, las autoridades de Estados Unidos le exigieron el pago de una fianza, cuyo monto no fue revelado, pero el occiso nunca cumplió con ese pago, lo que motivó la apertura de un expediente en su contra y su posterior detención. Durante su reclusión en Nueva York, al ganadero no se le procesó por narcotráfico.

Al recuperar la libertad, Marín Saldarriaga regresó a Colombia y retomó sus actividades ganaderas en Antioquia, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. Las investigaciones actuales exploran si en los últimos años realizó diversas transacciones inmobiliarias, especialmente en la venta de predios, aunque en varias de ellas no habría recibido el pago acordado. Entre sus propiedades figuraba una finca lechera con varias cabezas de ganado en el municipio de Donmatías, en el norte antioqueño.

La razón de la huida era que, minutos antes, los dos sujetos a bordo de la moto habían asesinado a Humberto Antonio Yépez Álvarez, conductor de una combi de la línea 505. De inmediato, un equipo de serenos del distrito inició la persecución para evitar que los delincuentes escaparan.

La persecución se extendió por la Vía de Evitamiento, en la Panamericana, donde los delincuentes abrieron fuego en plena autopista, sin importar la presencia de decenas de vehículos alrededor. Al operativo se sumaron agentes de la PNP de la comisaría de Salamanca, perteneciente a la División Policial Lima Este 2.

Las cámaras instaladas en los chalecos de los serenos registraron las arriesgadas maniobras de los sicarios en su intento desesperado por escapar: esquivaban vehículos pesados, circulaban en contra del tránsito y avanzaban a excesiva velocidad, poniendo en riesgo la vida de otros conductores.

Pese a la peligrosa fuga, la Policía Nacional activó el plan cerco. Finalmente, a la altura de El Derby, en Santiago de Surco, los dos sujetos fueron interceptados, reducidos y capturados.

Incautan arma y municiones

Los detenidos fueron identificados como Antonio Guevara Sarmiento (28) y Luis López Guerrero (27), ambos de nacionalidad venezolana. Lo llamativo es que ya habían sido arrestados anteriormente por robo al paso el 2024. Ahora serán procesados por sicariato y extorsión.

El jefe de la División Policial Lima Este 2, coronel PNP Henry Chingay, informó que los delincuentes pertenecerían al brazo armado de “Los D.E.S.A. Antitren”, una facción separada del Tren de Aragua.

Al momento de la detención, los policías incautaron el arma usada en el asesinato del chofer, así como municiones.

“Los reducen inmediatamente y encuentran en su poder esta pistola semiautomática marca Glock de nueve milímetros, dos cacerinas con capacidad para quince municiones, una cacerina con capacidad para treinta municiones y veinte municiones”, informó el coronel.

También se incautaron teléfonos celulares en los que los agentes hallaron mensajes vinculados a extorsiones. Estas pruebas, junto con las imágenes de la persecución, serán presentadas ante las autoridades como evidencia del accionar criminal de los detenidos. Se espera que, con estos elementos, los implicados no vuelvan a las calles.

Sicario cobró S/2000 por asesinato

Uno de los delincuentes confesó que recibieron instrucciones para asesinar a Humberto Antonio Yépez y que, por el trabajo, iba a cobrar la suma de S/ 2 mil. Según relató, Antonio Guevara abordó el vehículo haciéndose pasar por pasajero, identificó a su víctima y disparó al menos seis veces.

Guevara señaló a un delincuente conocido como “El Peruano” como la persona que le entregó el arma y le indicó quién sería el objetivo del ataque.

Sin embargo, el crimen no tuvo la recompensa que esperaba, pues no llegó a cobrar ni un sol. El pago lo recibiría únicamente una vez finalizado el encargo.

“Fue un encargo para asesinar, me ofrecieron dos mil soles”, confesó el delincuente.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un joven es ejecutado por sicarios que se transportan en una motocicleta, en calles de la alcaldía Iztapalapa, entidad gobernada por Aleida Alavez Ruiz, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El video fue compartido en redes sociales por el periodista de nota roja Carlos Jiménez.

En el video se puede observar al joven caminando al lado de una mujer por la calle, de noche, cuando dos sujetos que viajan en una motocicleta se acercan a ellos, y sin mediar palabra, uno de ellos saca un arma y dispara contra el joven, quien trata de huir, pero debido a las heridas provocadas por el arma de fuego, cae al suelo.

La mujer que lo acompaña corre en dirección a una calle y se pierde de la imagen.

Tras esto, uno de los sicarios baja de la motocicleta y se dirige al joven herido, para dispararle en repetidas ocasiones, hasta que muere.

Tras esto, el hombre que dispara corre en dirección a donde se fue la mujer que acompañaba al joven asesinado, mientras que el que maneja la motocicleta huye del lugar.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, el joven asesinado respondía al nombre de Irving León, y la joven que lo acompañaba es Frida Lobato.

El periodista señaló que la joven engañó a Irving invitándolo a salir, pues eran vecinos, sin embargo, se trató de una trampa, pues “lo puso” para que los sicarios lo asesinaran.

Ella lo habría citado de noche en calles de la alcaldía Iztapalapa para que llegaran los asesinos y terminaran con su vida.

La joven fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

“Engaña a un vecino, lo invita a salir… y lo pone para que lo maten. Así caminaban Irving León y Frida Lobato.Ella lo citó de noche en calles de la peligrosa @Alc_Iztapalapa, pero era una trampa. Cuando llegó, lo tirotearon. Agentes de @SSC_CDMX la detuvieron", señaló Jiménez.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes y ha causado gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a la familia y a las autoridades. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa de Piura, donde permanece internado a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.

Familia denuncia demora en atención médica y recuerda un atentado previo

La madre del comerciante, Consuelo Valdivieso, expresó su indignación por la atención recibida en el nosocomio piurano. Según relató a RPP Noticias, su hijo fue ingresado alrededor de las 8:00 a.m., pero varias horas después aún no había sido llevado a sala de operaciones. “Estoy pidiendo ayuda, por favor. Aquí en el hospital, a mi hijo lo trajeron desde las 8:00 de la mañana y hasta la hora que estamos todavía no es operado. Nos han dicho que esperemos 20 minutos para que empiecen con la operación. No es justo. ¿Cómo esperar desde las 8:00? ¿Qué esperan, que me den la noticia que mi hijo está muerto?”, declaró con la voz entrecortada.

La mujer también aseguró que ni ella ni su hijo habían recibido amenazas o mensajes extorsivos antes del ataque, descartando vínculos con bandas delictivas. Indicó que ambos se dedican al negocio familiar de la venta de pescado y que, al momento del atentado, ella no se encontraba en el puesto. “Yo me he demorado y no he visto cuando pasó el accidente”, agregó.

Este ataque ocurre apenas semanas después de otro hecho de violencia que golpeó a la misma familia. La señora Valdivieso recordó a RPP que el pasado 5 de julio, su tercer hijo fue asesinado a balazos en circunstancias similares. “Mataron a mi tercer hijo. Lo trajeron al hospital y también lo dejaron en una camilla. Lo dejaron y llegaron con la noticia de que ya estaba fallecido. Y esperan igualmente que me den la noticia con mi otro hijo”, relató entre lágrimas.

Cifras de miedo en el Perú: Más de 1.200 homicidios en lo que va del 2025, según cifras del Sinadef

El avance de la violencia homicida en el país continúa en aumento. De acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 4 de agosto se habían contabilizado 1.293 homicidios en todo el territorio nacional. Solo en el fin de semana del 2 y 3 de agosto, se reportaron 12 crímenes en 24 horas, lo que refleja la rapidez con la que la criminalidad sigue cobrando vidas en diferentes regiones.

Las estadísticas también detallan cómo se distribuyen los casos en las principales zonas afectadas. Lima región concentra la mayor cantidad con 462 homicidios, seguida de La Libertad con 141 víctimas, el Callao con 121 registros y Piura con 82 asesinatos. La expansión de los crímenes de tipo sicario, sumada a la carencia de recursos policiales, agrava la situación y deja a la ciudadanía cada vez más expuesta a la inseguridad.

Entre los episodios más recientes se encuentra el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), abatido en una intervención en La Victoria. El hecho desnudó la precariedad de las condiciones en las que trabajan muchos agentes, pues se conoció que el efectivo había tenido que costearse por cuenta propia un chaleco antibalas y parte de su equipamiento. A estos hechos se suman crímenes de alto impacto ocurridos en Trujillo, Pueblo Libre y el Callao, todos con características de ajustes de cuentas o ataques de sicarios en plena vía pública.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Enrique Meiggs y el jirón Iquitos, frente a la urbanización El Trapecio, cuando una camioneta Jetour X7 fue interceptada por otro vehículo. Desde allí, los sicarios dispararon más de 25 veces contra los ocupantes, sin darles oportunidad de defenderse. En la escena, la PNP encontró 55 casquillos de bala esparcidos en el pavimento, lo que evidencia la violencia del ataque.

Las víctimas fueron identificadas como William Sevillano Esquivel (59), capitán en retiro de la PNP, su hijo Willy Alexis Sevillano Pillaca (32) y Efraín Eyder Huaccho Ponce (37), alias “Efraín”, señalado por las autoridades como el nuevo líder de la banda ‘Los Patecos’. Según el reporte policial, Huaccho conducía la camioneta en el momento del ataque y fue el primero en morir tras recibir múltiples impactos de bala.

Sangriento ajuste de cuentas

De acuerdo con testigos, uno de los ocupantes intentó huir corriendo de la escena, pero los atacantes lo persiguieron y lo ultimaron a pocos metros del vehículo. Los otros dos cuerpos quedaron sin vida dentro de la moderna camioneta, que terminó con los vidrios destrozados y múltiples perforaciones en la carrocería.

La PNP informó que las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas pertenecerían a la banda ‘Los Lobos’, brazo armado de ‘Los Patecos’. Este grupo sería responsable de delitos como extorsión, tráfico de terrenos, homicidios y narcotráfico en Áncash. La hipótesis más fuerte que manejan los agentes es que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales que buscan el control del territorio.

Cabe señalar que Huaccho Ponce había sido detenido el pasado 9 de julio en Nuevo Chimbote, acusado de delitos de extorsión y tráfico de drogas, pero fue liberado días después. Su asesinato ocurre poco más de un mes tras esa intervención policial.

Con este triple crimen, ya son siete asesinatos registrados en la provincia del Santa en solo una semana, lo que refleja la escalada de violencia en la zona. Peritos de criminalística levantaron los cuerpos y trasladaron la camioneta a la comisaría de Chimbote como parte de las diligencias.

Sicariato en Perú: más de mil asesinatos en lo que va del 2025

El fenómeno del sicariato en Perú ha alcanzado niveles alarmantes en lo que va del año. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), hasta el 11 de julio ya se han registrado 1.148 homicidios a nivel nacional, una cifra que refleja la magnitud de la crisis de seguridad. Lima encabeza la estadística con 405 asesinatos, seguida de La Libertad (127) y el Callao (109), territorios que se han convertido en escenarios frecuentes de crímenes por encargo.

Los casos recientes estremecen por su brutalidad y la frialdad con la que actúan las organizaciones criminales. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un ciudadano venezolano fue asesinado dentro de un billar por un sicario que se hizo pasar por repartidor de delivery. La ejecución, grabada en video por el propio atacante, se suma a una lista de crímenes que incluyen el asesinato de una niña de apenas tres años en el Callao y el de un adolescente de 15 años en Ventanilla, víctimas colaterales de ajustes de cuentas entre bandas rivales.

Según fuentes policiales, al menos seis personas son asesinadas cada día en el país, la mayoría en disputas ligadas a la extorsión, el tráfico de drogas y el cobro de cupos. La proliferación de armas ilegales y la ausencia de políticas efectivas de seguridad agravan la situación. Expertos como el exjefe de la Dircote, José Baella, advierten que el 2025 podría convertirse en el año más violento de los últimos tiempos, con un panorama dominado por el miedo ciudadano y la expansión de bandas que operan con total impunidad.

El asesinato de Juan Pablo Estrada Builes, conocido en el mundo criminal como “Mono Rolex”, elevó 19 los homicidios en la comuna 3 (Manrique) de Medellín en lo que va de 2025, una cifra que representa 12 muertes más que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Este incremento posiciona a la zona, fuera del centro de la ciudad, como la más afectada por la violencia letal en el año, según datos policiales citados por la revista Semana.

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Aunque se presentaba como comerciante de ropa, las autoridades de Bogotá y Medellín lo identificaban como uno de los líderes de una organización dedicada al robo de relojes de lujo, entre los que destacaban los de las marcas Rolex, Cartier, Hublot, TAG Heuer y Audemars Piguet, piezas cuyo valor en el mercado colombiano puede superar los 10 millones de pesos.

La estructura criminal a la que pertenecía Estrada Builes operaba bajo un método de observación: seleccionaban a sus víctimas en sectores exclusivos como El Poblado, Laureles, La Candelaria y Belén, y transmitían la información a otros miembros de la banda mediante comunicación directa. Posteriormente, ejecutaban los asaltos en lugares estratégicos, aprovechando la movilidad y el factor sorpresa.

El Tiempo estableció que, a pesar de haber estado preso en la cárcel de Bellavista y de enfrentar varios procesos judiciales, Estrada Builes se desplazaba con libertad entre Bogotá, Medellín y Bello (Antioquia). El 2 de agosto de 2025, recibió una multa por circular sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo, un Nissan March de placas IOQ724.

Ocho días después, en el mismo punto donde fue sancionado, dos sicarios en una motocicleta de alta cilindrada lo interceptaron mientras transitaba por la carrera 41 con calle 71. Los atacantes le dispararon en la cabeza y el tórax, provocando que perdiera el control del automóvil y chocara contra un taxi. Estrada fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, donde falleció poco después, de acuerdo con el citado periódico.

La muerte de Estrada Builes, que tenía 27 años, no solo impacta las estadísticas de homicidios, sino que también expone la trayectoria de uno de los principales cabecillas de la banda criminal conocida como Los Rolex.

El modus operandi de “Los Rolex”

El historial delictivo de Estrada Builes, documentado en expedientes judiciales desde 2016, incluye cargos por hurto calificado y agravado (2016, 2018, 2024 y 2025), lesiones personales (2018 y 2020) y fuga de presos (2021 y 2022), entre otros delitos.

Según recopiló Semana, “Mono Rolex” ya había sido capturado en febrero de 2019 durante un operativo en el barrio Campo Valdés, acusado de participar en robos millonarios. En ese entonces, cumplía el rol de “marcador”, encargado de identificar a las potenciales víctimas para que otros integrantes cometieran el robo.

Las investigaciones no descartan que, en los últimos años, “Mono Rolex hubiera ascendido dentro de la organización. Uno de los episodios más notorios ocurrió el 22 de julio de 2018, cuando una pareja fue despojada de un reloj y una pulsera valorados en 59 millones de pesos de la época (equivalentes a 87 millones actuales), mencionó el citado medio.

Un mes después, las autoridades detuvieron a tres implicados, incluido Estrada Builes, gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad en restaurantes y centros comerciales. Durante esos procedimientos, la Policía recuperó joyas, relojes de alta gama y celulares de alto valor, todos sustraídos principalmente en los sectores mencionados.

La muerte de Estrada Builes, apodado “Mono Rolex”, se produce en un contexto de recrudecimiento de la violencia en Medellín y pone de relieve la persistencia de estructuras criminales especializadas en el robo de bienes de lujo, así como la dificultad de las autoridades para desarticular completamente estas redes, a pesar de los antecedentes judiciales y las detenciones previas de sus cabecillas.

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emitió una alerta por Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano de 18 años y con vinculaciones con la peligrosa organización criminal Tres de Aragua, quien se encuentra prófugo y con alerta roja de Interpol tras haber sido liberado por error en Chile.

El flyer destaca que Mejía Hernández mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de la mano derecha que representa el rostro del dios mitológico Zeus. “Las autoridades solicitan que cualquier información sea comunicada al 911″, explicaron.

Sin embargo, en Perú aseguran que el sicario más buscado de Chile llegó en taxi a ese país. Lo cierto es que es un escándalo en Chile la liberación del criminal venezolano. ¿Qué pasó?

El pasado 19 de junio, en la comuna de Ñuñoa el empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey del barrio Meiggs”, fue asesinado a tiros. Las investigaciones iniciales apuntaron a tres presuntos sospechosos, uno de los cuales se presentó bajo la identidad de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, aunque más tarde se descubriría que se trataba de Mejía.

El 9 de julio, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a los tres detenidos por el delito de homicidio. Durante la audiencia, la jueza Irene Rodríguez ordenó la prisión preventiva de los imputados, argumentando que representaban un peligro para la sociedad y que existía riesgo de fuga.

El 10 de julio, menos de 24 horas después de que se dictara su prisión preventiva, el mismo tribunal emitió una resolución firmada electrónicamente por la jueza Rodríguez que ordenaba la excarcelación de Ferrer (Mejía). La medida contrastaba de forma directa con lo dispuesto el día anterior y habilitó su salida del centro de detención del joven venezolano, según publicó el diario El País.

Los peruanos aseguran que se tomó un taxi rumbo a ese país. “El trayecto que él hace es desde el penal ‘Santiago 1’ hasta una comuna del Gran Santiago, Estación Central en específico, donde él toma un taxi de aplicación por 2 millones y medio de pesos chilenos hasta la ciudad de Iquique. Son, para que tengan una consideración de horas, al menos 20 horas de trayecto”, afirmó la periodista chilena Marcela Rojas.

Mientras tanto, el escándalo sacude a Chile. La Fiscalía investiga si esta orden de libertad de la jueza fue falsificada. No se descarta la hipótesis de una manipulación en los sistemas informáticos del Poder Judicial o un uso indebido de la firma digital de la magistrada.

Este punto es central en la causa paralela que se lleva adelante para determinar si se trató de un error administrativo grave o de una acción deliberada para facilitar la fuga.

Pasarían cinco semanas hasta que, a través de un análisis de huellas dactilares enviado a Interpol, se confirmara que ese “Osmar Ferrer” que se había ido en libertad era en realidad Alberto Carlos Mejía Hernández, con vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

Ante la revelación, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) intensificó las labores para ubicarlo mientras en Perú alegan que luego de llegar a Iquique, el criminal tomó otro taxi que lo trasladó hacia Arica, en un trayecto de un par de horas, seguido por un nuevo vehículo, que lo llevaba a él y a otras tres personas hacia la frontera con el Perú.

En Argentina, por las dudas, el Gobierno de Santa Cruz lanzó una alerta. Hoy, Mejía continúa prófugo y las autoridades mantienen activa la búsqueda a nivel nacional e internacional.

El martes 5 de agosto, en horas de la tarde, Luis Carlos Caro Sánchez, un taxista de 49 años, fue asesinado a plena luz del día en un hecho que, según relataron testigos a medios locales, ocurrió a solo tres cuadras del CAI Candelaria, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Este crimen se produjo apenas 20 días después de que otro hombre fuera ultimado en el mismo punto, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad y la desconfianza hacia la capacidad de respuesta de las autoridades.

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Según documentó Q’hubo, Luis Carlos se encontraba estacionado dentro de su taxi, un Hyundai Atos, cerca de la avenida Villavicencio y en una fila de vehículos que esperaban pasajeros para transportar hacia los barrios altos de la localidad. En ese momento, una motocicleta blanca con negro se acercó y, sin previo aviso, los ocupantes abrieron fuego contra el taxi. Tres disparos impactaron en el cuerpo de la víctima, quien era conocido en la zona como ‘Pingüino’.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Uno de ellos subió al taxi y trasladó a Luis Carlos al Hospital de El Tunal, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero todo fue en vano: Caro Sánchez murió mientras era operado debido a la gravedad de las heridas, según información extraoficial citada por el mencionado medio.

El impacto de este asesinato ha sido profundo: las calles, antes llenas de música y risas, ahora lucen desoladas, muchos comercios han optado por no abrir, y quienes permanecen en la zona evitan hablar sobre lo ocurrido, describe el periódico.

Un comerciante de la carrera 45 con calle 68 sur, lugar donde se desató la tragedia, relató con nerviosismo: “Eso fue como a las 5:30 p. m. Al que mataron se veía por esos lados, se sabe que era taxista, pero hasta ahí, no se sabe más”, expresó.

La violencia parece haberse instalado en el sector, desplazando la vida cotidiana y generando un clima de temor que se refleja en la actitud de los vecinos. La muerte de Luis Carlos Caro Sánchez ha dejado una huella imborrable en Candelaria La Nueva, donde la presencia de las autoridades no ha logrado disipar la sensación de vulnerabilidad que ahora domina el ambiente.

“Cuando pasó eso, yo ya me había ido, el negocio estaba cerrado”, repetían varios comerciantes del sector de Candelaria La Nueva, citados por Q’hubo.

Dos taxistas asesinados en Bogotá en menos de 12 horas

El 8 de marzo de 2025 fue una jornada de zozobra para el “gremio de los amarillos”: en menos de 12 horas, dos conductores fueron asesinados en el sur de la ciudad, lo que ha provocado una fuerte reacción en el sector y ha intensificado los llamados a las autoridades para que refuercen la seguridad.

El primer ataque se produjo a las 3:00 p. m. del viernes 7 de marzo en el sector de Mochuelo, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la información publicada por Q’hubo, la víctima fue Jonathan David Arias Vargas, de 20 años, que conducía su taxi de placas SWT062 cuando fue interceptado y atacado con arma de fuego. Este hecho conmocionó a la comunidad local y puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte público individual.

Horas después, hacia las 8:00 p. m., un segundo asesinato sacudió el parque Centenario, en Fontibón: en este caso, la víctima fue Dylan Alexis Garzón Perdomo, quien también se desplazaba en su taxi, identificado con las placas NWV539, y fue atacado bajo la misma modalidad. La cercanía temporal y la similitud en el modus operandi de ambos crímenes han generado inquietud entre los conductores y han motivado la intervención de las autoridades.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá lamentó públicamente los hechos y detalló las acciones emprendidas para esclarecerlos. Explicó que, para el caso de Ciudad Bolívar, se ha conformado un grupo especializado de investigadores con capacidades técnicas y humanas, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los acontecimientos. En cuanto al asesinato en Fontibón, destacó que la captura del presunto autor material representa un avance en la investigación y subrayó que el proceso de judicialización ya está en marcha.

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio porteño de Parque Patricios a un sicario de 36 años, de nacionalidad peruana, sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol por un homicidio en su país. La detención se concretó en las últimas horas durante un control vehicular rutinario sobre la intersección de avenida Jujuy y Caseros, el cual era llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Vecinal 4A.

Según indicaron fuentes policiales, el sospechoso era buscado desde 2012 por la Justicia de Perú. Estaba acusado de matar a un hombre de cuatro disparos dentro de un bar de la localidad de Carabayllo y darse a la fuga. Aunque los investigadores locales llevaban tiempo buscándolo, aún no habían logrado dar con su paradero. Y, ante la sospecha de que había abandonado el país, se había activado una orden de captura internacional.

La detención finalmente se concretó en la Ciudad de Buenos Aires, donde se sospecha que estaba radicado hace un tiempo. Fue durante un control vehicular rutinario realizado en el cruce de ambas avenidas porteñas.

Según detallaron las fuentes, su aprehensión se logró a partir del nuevo sistema de consulta en tiempo real que permite a los agentes porteños revisar, desde sus propios celulares, la base de datos de la policía internacional, implementado en un acuerdo con la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN).

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Vecinal 4A, que realizaban el procedimiento como una actividad rutinaria. En este contexto, detuvieron la marcha de un Renault Megane, a cuyo conductor le solicitaron la respectiva documentación personal y del vehículo.

Al recibir los papeles solicitados, los agentes cotejaron la identidad del hombre mediante la plataforma que conecta directamente con la base de datos de Interpol. De esta manera, constataron que sobre el individuo pesaba una alerta de captura internacional emanada por la Justicia Penal de Carabayllo, por el delito de “lesiones con resultado de muerte, homicidio o asesinato”.

Según el expediente judicial, el hecho ocurrió hace 13 años, el 12 de abril de 2012, cuando el detenido habría efectuado al menos cuatro disparos en el interior de un bar de la ciudad, provocando la muerte inmediata de un hombre. A raíz de ese delito, la Justicia peruana había solicitado la captura internacional del sospechoso, quien se mantenía prófugo.

Consultada la Justicia Federal argentina, se ordenó la detención inmediata del hombre y se inició el procedimiento para su extradición conforme a la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Mientras tanto, desde el Juzgado Federal interviniente comenzarán a analizar los pasos para que el acusado sea remitido a Perú y comparezca ante las autoridades judiciales de su país.

Carabayllo, el distrito donde ocurrieron los hechos y que se ubica a unos 20 kilómetros al norte de Lima, es señalado como una de las zonas más peligrosas de Perú. Según datos oficiales, solo en los primeros seis meses de 2024 se recibieron allí 3.910 denuncias por distintos delitos, ubicando a la localidad como la tercera más insegura del país. Entre los delitos más comunes se encuentran la extorsión, el robo a mano armada y el sicariato, modalidad ligada a bandas criminales organizadas.

En este sentido, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacaron que la captura del sicario fue posible gracias esta reciente implementación de un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad porteño y la Oficina Central Nacional de Interpol.

Este convenio establece que todos los agentes de la policía porteña pueden consultar las alertas internacionales desde sus teléfonos celulares, sin necesidad de recurrir a terminales fijas o pedidos adicionales, como debían hacer antes.

En las playas de Barú, Cartagena de Indias, se cometió un acto sicarial similar al que perpetraron en contra del exfiscal paraguayo Marcelo Pecci. El hecho de produjo en la tarde del 19 de julio en contra de Juan Carlos Pérez Cardales, de nacionalidad venezolana, al que sicarios en moto acuática le dispararon en la zona de Playa Puntilla.

La Policía Metropolitana de Cartagena se pronunció sobre esta situación, que una vez más pone en entredicho la seguridad de la zona, donde al parece el ciudadano venezolano trabajaba.

“El modus operandi en este atentado contra Juan Carlos Pérez Cardales es el mismo que utilizó la red criminal contratada para asesinar en la mañana del martes 10 de mayo de 2022 al fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini”, que disfrutaba de las playas cuando sujetos armados arribaron en moto acuática y dispararon contra su humanidad.

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La información que fue difundida por el Q’hubo Bucaramanga, detalla que el crimen ocurrió cerca de las 5:30 p. m., cuando dos hombres llegaron a la orilla del mar en una moto acuática. Uno de ellos se aproximó a Pérez Cardales y, sin intercambiar palabra alguna, le disparó a quemarropa provocándole la muerte de manera inmediata al recibir dos impactos de bala en la cabeza.

Según información que reveló el medio de comunicación antes citado, el hombre quedó tendido en la arena y de acuerdo con un video que circula en redes sociales, se puede ver a una mujer que sería su pareja sentimental llorando junto a su cadáver. La imagen conmovió a los visitantes como a los locales, quienes reclaman por la presencia de autoridades en la zona.

En un comunicado oficial, la Policía Metropolitana precisó que funcionarios del CTI de la Fiscalía asumió la investigación y realizaron las respectivas diligencias de levantamiento del cuerpo: “Corregimiento de Barú, sector Playa Puntilla. Este sábado 19 de julio de 2025, a las 5:30 pm, se presenta el homicidio de Juan Carlos Pérez Cardales, natural de Venezuela, quien recibió varias lesiones por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos. De acuerdo con testigos, el occiso se encontraba en la zona de playas, cuando se le acerca un sujeto y le dispara”, agrega el comunicado.

Capturado sicario que permitió esclarecer cerca de 10 asesinatos

Las primeras indagaciones revelaron que el ciudadano venezolano tenía antecedentes judiciales en el sistema penal oral acusatorio, con dos anotaciones: una por homicidio en 2020 y otra por hurto en 2025. Este dato, confirmado por la Policía Metropolitana, añade un matiz complejo al caso, pues sugiere posibles vínculos con actividades delictivas previas, aunque las autoridades no han establecido aún un móvil claro para el asesinato.

La captura de Pelufo Aguilar, de 38 años, se produjo el pasado 8 de junio de 2025 en el barrio San Pedro Mártir. Según las autoridades, su detención permitió avanzar en el esclarecimiento de asesinatos ligados a disputas por el control territorial entre bandas que buscan dominar la comercialización de estupefacientes en barrios como:

• Nelson Mandela
• Villa Carmen
• San Pedro Mártir
• Henequén
• La Gloria
• Los Olivos
• La Reina
• Luis Carlos Galán
• Navas Meissel.

“Pelufo Aguilar, al parecer, participó en 10 homicidios cometidos entre 2023 y 2024, en la modalidad de sicariato. Los hechos ocurrieron durante disputas por el control territorial por parte de bandas ilegales que buscan mantener la hegemonía de cara a la comercialización de estupefacientes”, informó la Fiscalía en su comunicado al confirmar el 15 de julio la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el investigado.

Este miércoles se llevó a cabo la formalización de los tres sicarios venezolanos ligados al Tren de Aragua detenidos por la muerte del empresario José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs” -barrio capitalino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros-, ocurrido del 19 de junio en la comuna santiaguina de Ñuñoa, cuando la víctima salía junto a un amigo desde el edificio donde residía.

Todos quedaron en prisión preventiva, y gracias a sus confesiones la Policía de Investigaciones (PDI) busca ahora al autor intelectual del crimen, cuya motivación no habría sido económica, sino sentimental.

El fiscal especializado Sergio Soto, informó que tras acreditarse “todos y cada uno de los delitos” -homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas-, la causa será investigada en los 120 días que decretó el tribunal como un homicidio por encargo.

Según el persecutor, el autor intelectual del crimen sería una persona de nacionalidad chilena, cercano a la víctima, quien debido a líos amorosos contactó a uno de los sicarios, el que luego reclutó a los otros dos. El grupo habría recibido preliminarmente $4.5 millones (USD 4,700), de un total de $30 millones (USD 31,500) prometidos.

“La persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida y era cercano finalmente a esta víctima”, agregó Soto.

El crimen

De acuerdo al fiscal, los sicarios “sabían que la víctima se trasladaría desde la Quinta Región a Ñuñoa, conocían el horario de llegada y el vehículo”, e incluso tenían en sus manos una fotografía del empresario asesinado.

Soto detalló, las cámaras de seguridad revelaron además que el grupo trató primero de secuestrar a Reyes Ossa, sin embargo al ver que se resistía lo ajusticiaron en plena vía pública.

Cabe recordar que el crimen ocurrió del 19 de junio en la calle Quirihue de la comuna de Ñuñoa, cuando la víctima salía desde el edificio donde residía junto a un amigo.

En esos momentos dos de los sicarios venezolanos -que habrían “hecho guardia” alrededor dos horas- se bajaron de un automóvil y los amenazaron con armas de fuego. Los agredidos huyeron entonces en direcciones opuestas, pero a los pocos pasos los sicarios alcanzaron a Reyes Ossa y le propinaron tres balazos, uno de los cuales le dio en el cuello, provocando su muerte instantánea.

Y aunque los asaltantes también persiguieron al amigo de la víctima fatal para robarle su billetera y teléfono celular, lo cierto es que no se llevaron los USD 3 mil en efectivo que Reyes Ossa portaba al momento de su muerte, lo que llevó a la Fiscalía a descartar el simple robo con violencia y sostener la tesis de “un homicidio selectivo”.

El grupo se desplazó entonces al día siguiente del asesinato hasta la ciudad de Osorno (930 kms al sur de Santiago), donde se “guardaron” por dos semanas y “mantuvieron constante comunicación con cercanos para ver si andaban en busca del vehículo usado”, complementó el fiscal.

Al ver que la investigación parecía calmarse, los sicarios volvieron a la capital y fueron capturados este martes en la comuna de Estación Central al tratar de volver a sus domicilios.

Finalmente, el fiscal Soto reveló que dos de los sicarios eran vecinos del mismo edificio. “Se conocían desde antes. Uno relata que se conocieron en el barrio Bellavista trabajando en un restaurant”, aseveró el persecutor, quien informó también que todos se encontraban en el país sin sus papeles migratorios al día.

Ahora, la investigación busca dar con el autor intelectual del crimen. “Las indagaciones buscan confirmar su identidad para pedir su orden de detención”, cerró el fiscal a cargo de esta caso que ha conmocionado al país.

Fuentes cercanas a Infobae México, apuntan que ambas personas son sicarios integrantes de La Unión Tepito encargados de enfrentar a células rivales en la CDMX. Los integrantes fueron identificados como Heili “N”, de 21 años, alias La Sicaria, y Donovan “N”, de 17 años.

De acuerdo con el comunicado de la SSC, la captura ocurrió como parte de trabajos de inteligencia y seguimiento en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los efectivos de la SSC desplegaron recorridos de vigilancia y lograron ubicar a los sospechosos sobre la avenida Insurgentes Norte, casi esquina con Fórum Buenavista, cuando actuaban de forma inusual y manipulaban bolsas de plástico que guardaban en una mochila.

Al realizarles una revisión preventiva, las autoridades señalaron que se les encontró 35 dosis de aparente cocaína en piedra, 93 bolsitas de marihuana, un arma de fuego corta, seis cartuchos útiles de distintos calibres y dos teléfonos celulares.

Los presuntos sicarios están ligados a tres homicidios ocurridos en CDMX

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, se les vincula con al menos tres homicidios dolosos, ocurridos el 10 de junio en la calle Donizetti, en la colonia Vallejo, en Gustavo A. Madero donde perdió la vida Jonathan Abimael “N” de 31; otro ocurrido el 01 de julio en la calle Antonio Valeriano, en la colonia San Francisco Xocotitlán, donde murió Jair Antonio “N”; y otro el 26 de junio ocurrido en la Calle 8 de la colonia Cuitláhuac, ambos en Azcapotzalco, donde perdió la vida Jonathan Sinoe “N” de 21 años.

Informes de la SSC apuntaron que todos los hechos habrían sido perpetrados con arma de fuego y están relacionados con disputas territoriales entre células delictivas.

Finalmente, las autoridades capitalinas añadieron que continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar el grado de participación de los implicados que ya se encuentran bajo disposición del Ministerio Público, asimismo, continuar con la indagación sobre más probables cómplices o mandos superiores dentro de la estructura de La Unión Tepito.

Este viernes se dictó la sentencia por el homicidio del empresario villagalvense Ricardo Capoulat, ejecutado a tiros en junio de 2022 en Rosario. El tribunal condenó a Jeremías Vallejos y Marlen Aguilera a prisión perpetua. La decisión, adoptada por los jueces Gonzalo López Quintana, Silvia Castelli y Alejandro Negroni, tras una semana de debate, respondió al pedido de la Fiscalía.

Durante el juicio, los propios imputados no negaron su participación en los hechos, aunque intentaron deslindar su responsabilidad en el desenlace fatal. De hecho, Vallejos declaró: “Únicamente yo fui a hacer un robo, nunca pensé en matar a nadie”.

Por su parte, Aguilera sostuvo: “Solamente estuve en el momento y en el lugar equivocado, nada más”, a la hora de comparecer ante el tribunal.

Según informó el medio local Rosario3, los dos fueron hallados culpables de homicidio doblemente calificado criminis causa y por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real, con robo calificado por uso de arma de fuego. Sin embargo, resultaron absueltos del delito de portación de arma por el beneficio de la duda, ya que no se pudo probar que fueran quienes dispararon.

La investigación determinó que el crimen se planificó unas 20 horas antes de su ejecución. A la 1 de la madrugada del 3 de junio, Vallejos le escribió a un contacto agendado como Wasón: “Hay para sacar una chata”.

Horas después, Aguilera, quien ejercía el trabajo sexual y conocía a Capoulat desde hacía dos años por su condición de cliente habitual, lo citó en Moreno al 6300. El empresario llegó en su Volkswagen Amarok negra y, junto a su acompañante, salió de Rosario por la autopista a Buenos Aires.

Según los alegatos de la acusación, “lo que parecía una cita o un encuentro personal era, en realidad, el inicio de un plan criminal”. Incluso, los resultados de la investigación apuntaron que el plan para asesinar a Capoulat había sido previamente acordado con Elías Vallejos y un tal Yiyo, el tercer coautor aún no identificado.

Al regresar a la ciudad, las cámaras de seguridad registraron el paso de la Amarok por Batlle y Ordóñez y Oroño. En algún punto del trayecto, Vallejos y un tercer hombre no identificado subieron a la camioneta, posiblemente con el consentimiento de Capoulat, quien no advirtió que estaba siendo entregado.

Frente a un portón de Brandoni al 1900, los sicarios desenfundaron armas, obligaron a Capoulat a descender y lo ejecutaron con diez balazos. Así, los autores huyeron con la 4x4 y algunas pertenencias, aunque no lograron llevarse la billetera de la víctima, donde se hallaron 2.900 dólares, 14.000 pesos y documentación.

Las cámaras captaron parte de la fuga: tomaron Moreno, luego Oroño, Circunvalación y finalmente Mendoza hacia el oeste. Luego de esto, el caso avanzó tras un procedimiento de rutina hasta que el 20 de junio, el Comando Radioeléctrico detuvo a Vallejos mientras conducía la Amarok de Capoulat, asesinado 17 días antes.

La detención se produjo después de que los policías recibieran información sobre ocupantes de una camioneta coincidente con la de la víctima. La banda había intentado robar un vehículo armados con una escopeta.

El análisis del celular incautado a Vallejos permitió reconstruir su implicancia no solo en este caso, sino también en el intento de ejecución del policía Gabriel Sanabria, por el que fue acusado en abril pasado.

Por otro lado, Aguilera fue detenida el 15 de agosto de 2022 en un pasillo de Moreno al 6300, en barrio La Granada. Ese mismo día, la División Inteligencia de la ex AIC allanó una vivienda de Mateo Booz al 9000, en barrio Gráfico, donde hallaron cinco autos robados, los papeles de la Amarok de Capoulat, armas de fuego —incluida la escopeta mencionada— y notas con amenazas dirigidas a jefes de bandas criminales presos. Ese aguantadero aparecería tiempo después vinculado a otros episodios de sangre ligados al crimen organizado.

Fue así que las investigaciones vincularon a Vallejos como tiratiros durante el violento primer semestre de 2022, bajo las órdenes de Matías “Pino” o “Marta” César, recluso de la cárcel de Piñero y cercano a Los Monos. Este había sido condenado a 40 años de prisión por múltiples causas, entre ellas los atentados al Poder Judicial de 2018.

La conexión se realizó a partir de que en el celular de Vallejos, los investigadores hallaron un video filmado en el aguantadero de barrio Gráfico. En el se lo escucha pidiendo “un saludo para Marta” y se observa un grupo de personas armadas.

Las pesquisas también lo relacionaron con el sicario Sebastián Coronel, acusado de haber disparado contra el policía Sanabria. Por esos días, ambos eran asociados a la banda de Los Picudos, un grupo de tiratiros villagalvenses compuesto por adolescentes, señalados como “mano de obra barata” dentro de la economía del delito.

Se trata de sospechoso de 18 años que fue detenido este lunes en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber participado como autor material en un crimen con características del sicariato, ocurrido el pasado 22 de marzo en la localidad de Ciudad Evita.

La víctima, identificada como Braian Adrián Vega, de 21 años, recibió varios disparos en la espalda cuando se encontraba sentado en un puente peatonal. La investigación apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una deuda por estupefacientes.

La detención fue llevada a cabo por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación premeditada de dos o más personas, bajo la modalidad de ejecución por encargo.

En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Homicidios, a cargo del fiscal Diego Rulli, y el Juzgado de Garantías Nº4, encabezado por el juez Horacio Pino Guevara.

El sospechoso detenido fue identificado como A.N.I., de 18 años, domiciliado en el barrio Villegas de Ciudad Evita. Según los investigadores, integra una banda dedicada a la venta de drogas en la zona y sería uno de los presuntos sicarios que participaron en el ataque a Vega.

La génesis del caso se remonta al 22 de marzo de este año, cuando personal del Comando Patrullas Centro acudió al Hospital Alberto Balestrini, tras ser notificado del ingreso de un paciente con heridas de arma de fuego.

Se trataba de Vega, quien presentaba impactos en la zona de la espalda y había sido trasladado por su hermana. Según el testimonio de la joven, mientras se encontraba en su vivienda escuchó varias detonaciones.

Al salir a la calle, encontró a su hermano herido, quien le alcanzó a decir que había sido sorprendido por varios sujetos que le dispararon sin mediar palabra, mientras estaba sentado en el puente peatonal ubicado en la intersección de Antártida Argentina y Zufriategui. Poco después de ser intervenido quirúrgicamente, Vega falleció.

Durante las primeras etapas de la investigación, la hermana de la víctima reveló que Vega se dedicaba cada noche a la venta de estupefacientes en la zona donde fue atacado. Además, indicó que consumía paco, marihuana y cocaína, y que solía tener conflictos por consumir parte de la droga destinada al comercio.

Los antecedentes penales de la víctima reforzaron el cuadro que manejaban los investigadores. Vega había sido detenido por un robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa el 6 de noviembre de 2022, en jurisdicción de la comisaría de Laferrere. También registraba una causa por robo agravado de automotor el 30 de junio de 2022, y otra por tenencia de arma y amenazas agravadas, iniciada el 2 de noviembre de 2020, ambas en la misma localidad.

La pista en video y la cita en una hamburguesería

En base al análisis de cámaras de seguridad de la zona, los detectives lograron identificar a cuatro personas como posibles autores del ataque. Se movilizaban en un auto.

En las imágenes se observa cómo los agresores descienden del coche y se dirigen hacia el lugar donde estaba Vega, aunque la ejecución se produjo fuera del campo de visión de las cámaras. Luego de que se escucharan las detonaciones y se viera pasar a un vecino corriendo por la calle, los atacantes se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el que llegaron.

Con el avance de las tareas de campo, los investigadores lograron identificar a dos de los presuntos autores: uno conocido como “Pablo” o “Yerba” y el ahora detenido A.N.I., alias “Nadir” o “Axel Nadir”. Ambos residen en el barrio Villegas y están sindicados como parte de una banda dedicada a la comercialización de drogas. De acuerdo con la hipótesis principal, el móvil del crimen estaría relacionado con una deuda pendiente por estupefacientes.

Tras reunir las pruebas respecto de la participación de A.N.I., de quien sospecha fue el autor material del homicidio, el fiscal Rulli solicitó la orden de detención correspondiente. Según se detalló en el expediente, el sospechoso no tenía domicilio fijo, lo que dificultó su localización inicial.

Finalmente, mediante tareas encubiertas, los agentes lograron determinar que tenía previsto encontrarse con una joven en un local de comidas rápidas ubicado en la esquina de Villegas y Arieta, en pleno centro de San Justo.

Con esa información, se montó un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento. Al advertir la llegada del sospechoso, los policías procedieron a su detención sin que se registraran incidentes.

La causa continúa en etapa investigativa. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de los otros tres involucrados en el crimen.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando seis motocicletas con dos ocupantes cada una ingresaron de manera coordinada al establecimiento de lavado de autos. Armados con pistolas y fusiles, los sicarios abrieron fuego contra un vehículo gris alquilado, de placa EPF 338, en cuyo interior se encontraba Suárez Millán, quien recibió múltiples impactos de bala y murió en el acto.

Las cámaras del local registraron cómo los agresores dispararon más de 30 veces en distintas direcciones, generando pánico entre los trabajadores y transeúntes de la zona. El ataque fue tan violento que varios casquillos quedaron esparcidos en el área de servicio y la vía pública.

El hombre de negro: pieza clave en el caso

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los agentes investigadores fue la aparición en el video de un hombre vestido completamente de negro, quien, en medio del tiroteo, sacó un arma y disparó contra los sicarios. Pese a estar en inferioridad numérica, logró repeler parte del ataque y sobrevivir.

Tras la retirada de los atacantes, este sujeto se acercó al vehículo impactado, bajó el cuerpo de Suárez Millán y lo revisó brevemente, aparentemente retirando objetos del cadáver antes de abandonar la escena. La hipótesis preliminar señala que esta persona sería el verdadero objetivo del ataque, y que Suárez habría sido una víctima colateral o el acompañante del blanco principal.

El hombre armado no ha sido identificado hasta el momento, y su paradero es desconocido. Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para dar con su identidad, ya que consideran que su testimonio es clave para esclarecer el crimen.

Capturan a dos presuntos gatilleros

Horas después del ataque, en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Carlos Izaguirre, en Independencia, la Policía detuvo a dos sujetos que serían parte de la célula ejecutora del atentado. Se trata de José Jordán (20), alias Cachetón, y Marcelo Franco Soto (19), alias Pablito, quienes pertenecerían a la organización criminal conocida como “La nueva generación de Carabayllo”.

Durante el interrogatorio preliminar, los detenidos confirmaron que portaban un arma de fuego y que se dirigían juntos al momento de la captura. Según fuentes policiales, los sujetos serían parte de un grupo de gatilleros conocido como “Los gatilleros del carwash”, encargados de ejecutar acciones violentas por encargo.

El caso ha sido asumido por la División de Homicidios de la Dirincri, que continúa con la recopilación de imágenes y testimonios para identificar a todos los involucrados.

Suárez Millán: antecedentes penales

La víctima mortal, Enyer José Suárez Millán, tenía antecedentes en el Perú por los delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Aunque en un inicio se pensó que el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas, las imágenes obtenidas en el lugar sugieren que su muerte pudo haber sido circunstancial.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si Suárez tenía participación directa en alguna organización criminal activa, pero fuentes cercanas a la investigación señalan que su relación con el hombre armado podría ser determinante para entender la motivación del ataque.