La captura de Jhersson Contreras, alias Bam Bam, en el aeropuerto El Dorado en Bogotá cuando intentaba huir a Lima con un pasaporte falso aparece como una pieza central para esclarecer el asesinato del empresario Gustavo Aponte, ejecutado el 11 de febrero de 2026, y al menos otros tres homicidios vinculados a la misma red criminal.

Los investigadores judiciales consideran que su detención golpea la estructura de “Los Gladiadores” y puede abrir nuevas órdenes de captura contra familiares y allegados que conocían detalles del plan, según informó El Tiempo.

La línea indagatoria no se limita al crimen de Aponte. El expediente indica que, un día después del asesinato, las celdas del teléfono usado por “Bam Bam” lo ubicaron cerca de Santa María, en Boyacá, el mismo sector donde fue asesinado uno de los sicarios señalados de la banda.

Ese dato adquirió valor porque, de acuerdo con la investigación, los cabecillas de la red concluyeron después del ataque que Aponte y su escolta habían sido asesinados por equivocación y que el verdadero objetivo seguía con vida, pese a tres intentos para asesinarlo. La publicación señaló que esa secuencia llevó a examinar si empezaron luego una operación para eliminar a sus propios integrantes.

Un investigador le dijo al diario que ya está probado que alias Bam Bam se conectaba a una red Wi-Fi para dar instrucciones a los sicarios y enviar fotos de los seguimientos al objetivo sin dejar rastro en el operador de telefonía móvil. La misma fuente sostuvo que se verifica si participó en otro crimen junto con el ciudadano venezolano Onoris José Javier Mendoza Viña, ya capturado.

Alias Bam Bam creó el chat “Los Gladiadores” con el que se coordinaban los seguimientos

Para las autoridades, uno de los elementos más comprometedores fue el grupo de WhatsApp “Los Gladiadores”, creado por alias Bam Bam para coordinar los movimientos de la banda contra un empresario del sector del oro. Desde allí se habrían articulado los seguimientos previos al crimen.

La investigación también lo conecta con el carro Spark gris en el que un sicario dejó sus pertenencias antes de ejecutar el asesinato del empresario. Conforme a las declaraciones que dieron la fuentes a El Tiempo, el hecho de que su celular apareciera en Boyacá al día siguiente del hecho lo ubica cerca del lugar donde fue asesinado el conductor de ese vehículo.

La misma hipótesis apunta a que Jhersson Contreras pudo haber tenido la misión de exterminar a integrantes de “Los Gladiadores” por el error cometido en el ataque contra Aponte. Esa posibilidad es una de las razones por las que los investigadores creen que su captura puede ayudar a esclarecer al menos 3 homicidios adicionales.

El diario también estableció que el detenido es familiar del principal cabecilla de la banda sicarial, un hombre conocido con los alias de “El Viejo” o “El Abuelo”. Fuentes enteradas del caso señalaron que ese jefe pertenecería a una estructura armada que opera desde las selvas de Colombia.

La investigación evalúa si la orden del crimen salió de una estructura armada ilegal

Dentro de las comunicaciones bajo análisis aparece un mensaje en el que le dicen a “El Viejo” o “El Abuelo” que “se le van a llevar como castigo para el monte”. Esa conversación reforzó la suposición de que la orden del asesinato pudo provenir de disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo.

Esa línea, según la investigación, coincide con otro dato del caso: el empresario del oro al que realmente querían matar había denunciado a miembros del ELN y de las disidencias de las Farc por explotación ilegal de oro. Los investigadores evalúan si ese antecedente explica el origen intelectual del plan criminal.

La captura en el aeropuerto El Dorado también incluyó un elemento adicional. El Tiempo estableció que alias Bam Bam iba a salir del país con una mujer identificada como Dayana Silena Rodríguez Ricaurte, que al parecer conocía el plan de “Los Gladiadores”.

Por esa razón, las autoridades no descartan nuevas órdenes de captura contra familiares y personas cercanas a miembros de la banda que habrían tenido información sobre el crimen. En los chats del grupo también quedó registrado que una mujer identificada como “Espasa”, pareja sentimental de alias Moncayo, el sicario que disparó contra Aponte, conocía movimientos de la red e incluso seguimientos realizados en Medellín, Antioquia, contra el objetivo.

La propietaria aseguró que nunca recibió amenazas antes del atentado. En declaraciones a Latina Noticias, sostuvo que nadie le envió mensajes ni le advirtió sobre un posible ataque. “Espero que sea una confusión”, afirmó.

El atentado ocurrió pocos días después de otro episodio de intimidación registrado en el Callao, donde una granada y una nota amenazante fueron encontradas frente a la sede del Poder Judicial. Hasta el momento, las autoridades no han informado de un vínculo entre ambos casos. Por el ataque en Mi Perú, dos personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad.

Dos sujetos llegaron de madrugada y dispararon contra una vivienda en Mi Perú

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, los hechos ocurrieron durante la madrugada en el sector N de Mi Perú. Testigos señalaron que dos sujetos bajaron en la zona conocida como pasaje Juanita y, tras ubicarse frente al inmueble, comenzaron a disparar.

Los atacantes efectuaron más de una veintena de disparos contra la vivienda y huyeron rápidamente hacia la parte alta de Perú 2000. La balacera sorprendió a los residentes, quienes salieron de sus viviendas luego de escuchar la ráfaga y encontraron evidencias del ataque en el inmueble.

Una de las viviendas afectadas presenta al menos cinco impactos de bala. La cantidad de disparos elevó el riesgo para quienes se encontraban dentro del domicilio y para los vecinos de los alrededores. Pese a ello, el ataque no dejó personas heridas, según el reporte periodístico.

Los residentes aseguran que un hecho de estas características resulta inusual en el sector. Consultado por Latina Noticias sobre lo ocurrido y las necesidades de la comunidad, un vecino expresó un pedido concreto a las autoridades: “Que haya un poquito más de seguridad, nada más queremos nosotros acá”.

La dirigente vecinal afirma que nunca recibió amenazas

Después de la balacera, una de las principales interrogantes gira en torno al motivo del ataque. La propietaria de la vivienda afirmó que nunca recibió amenazas antes de que los sujetos llegaran al lugar y dispararan contra su domicilio.

“Pero que me hayan mandado un mensaje, algo así, no he recibido”, contó la agraviada a Latina Noticias. La mujer insistió en que tampoco tenía conocimiento de alguna advertencia relacionada con su vivienda o con su actividad como dirigente vecinal.

Ante la posibilidad de que el atentado tuviera un objetivo distinto, la propietaria manifestó su esperanza de que se trate de una equivocación. “Espero que sea una confusión”, dijo durante la entrevista. La declaración deja abierta la incógnita sobre si los atacantes buscaban amedrentarla directamente o si el inmueble fue confundido con otro.

La Policía Nacional deberá determinar ahora qué motivó el ataque y cuál fue la participación de los dos detenidos. Entre ellos se encuentra un menor de edad, cuya identidad no fue difundida. La comisaría de Mi Perú inició las diligencias para recoger testimonios y reunir elementos que permitan esclarecer el atentado.

Granada y nota amenazante fueron encontradas frente al Poder Judicial

El ataque contra la vivienda ocurrió pocos días después de otro hecho que generó alarma en el Callao. El lunes 31 de agosto, una granada fue encontrada dentro de una bolsa blanca colocada sobre el cerco perimétrico de la sede del Poder Judicial ubicada en la avenida Dos de Mayo.

Junto al artefacto también había una prenda azul y una nota con contenido amenazante. La Policía no reveló el mensaje ni precisó quién habría sido su destinatario. Tampoco informó sobre alguna exigencia económica vinculada con el hallazgo, por lo que el móvil permanecía bajo investigación.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar, aislaron el sector y realizaron la intervención correspondiente. Como medida preventiva, la Policía cerró uno de los carriles de la avenida Dos de Mayo mientras los especialistas evaluaban el objeto. La Corte Superior de Justicia del Callao informó que no hubo heridos ni daños materiales.

La institución judicial calificó el episodio como un acto de “amedrentamiento o intimidación” y puso a disposición de la Policía y el Ministerio Público el material necesario para las investigaciones. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad y las pericias sobre el artefacto, la bolsa, la prenda y la nota. Hasta ahora, las autoridades no han establecido una conexión entre este caso y el ataque contra la vivienda de Mi Perú.

Autoridades federales detuvieron a ocho presuntos infractores de la ley y aseguraron 33 armas largas, 11 vehículos y seis artefactos explosivos en distintos operativos realizados en Sinaloa, acciones que incluyeron la localización de un campamento presuntamente ligado a la delincuencia organizada y la puesta a disposición de detenidos, armamento, droga e inmuebles ante las autoridades competentes.

El despliegue formó parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y se apoyó en trabajos de investigación y patrullajes aéreos y terrestres. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Defensa, Guardia Nacional, FGR y SSPC.

Uno de los datos centrales del operativo fue el aseguramiento total de 11 vehículos, de los cuales cinco fueron localizados en un campamento en las inmediaciones de Palo Blanco y fueron inhabilitados en el sitio. También se decomisaron diversas dosis y bolsas con sustancias con características similares a la cocaína y la marihuana.

En Agua Verde aseguraron 29 armas largas y dos máquinas contadoras de dinero

El primer evento ocurrió durante un patrullaje aéreo y terrestre en el poblado de Agua Verde. Ahí fueron asegurados dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con placas, tres placas balísticas sueltas, fornituras porta cargadores y dos cascos tácticos.

En esa misma acción, el personal también aseguró dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas de polvo blanco con características similares a la cocaína y cuatro bolsas de hierba seca con características similares a la marihuana. El informe no precisó personas detenidas en este primer punto.

A partir de ese hallazgo se desarrolló un segundo evento durante el patrullaje terrestre. En esa fase, personal naval detuvo a un presunto infractor de la ley y aseguró cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.

Ese tramo del operativo concentró parte del armamento y de los indicios de posible actividad criminal que fueron encontrados en la zona. Entre el primer y segundo evento quedaron bajo resguardo seis vehículos, 31 armas largas y más de 250 cartuchos.

En Palo Blanco localizaron un campamento y desactivaron explosivos en el sitio

El tercer evento ocurrió en las inmediaciones de Palo Blanco, donde fuerzas federales localizaron un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada. En ese punto aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, 1,000 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas de hierba con características similares a la marihuana.

Debido al riesgo que representaba mover los explosivos para la población civil, personal especializado los inhabilitó en el lugar. La misma medida se aplicó a los vehículos localizados en ese campamento, que también fueron inutilizados en sitio.

La localización de ese espacio amplió el alcance del operativo más allá de las detenciones, porque permitió intervenir una base presuntamente usada por grupos criminales para resguardo de equipo, movilidad y abastecimiento. El reporte oficial identificó este punto como uno de los hallazgos principales del despliegue.

En Escuinapa detuvieron a siete personas más con apoyo de Guardia Nacional y Policía Estatal

El cuarto evento se registró en inmediaciones de Escuinapa durante otro recorrido aéreo y terrestre. En esa acción, personal naval brindó seguridad perimetral para la detención de siete presuntos infractores de la ley, en coordinación con Guardia Nacional y Policía Estatal.

Además de las capturas, en ese punto también fue asegurado armamento y cargadores. El informe no detalló cuántas armas o municiones correspondieron específicamente a esa intervención, pero esas detenciones elevaron el saldo total a ocho presuntos infractores arrestados en la jornada.

Las autoridades informaron que a las personas detenidas les leyeron sus derechos y que el procedimiento se realizó con apego a los Derechos Humanos. Tanto los detenidos como todo lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que determinarían su situación jurídica.

El saldo general de los cuatro eventos incluyó 33 armas largas, 11 vehículos, seis artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y un campamento presuntamente vinculado con la delincuencia organizada. También se aseguró un inmueble dentro de las acciones realizadas en el estado.

• Detuvieron a 8 personas en cuatro eventos operativos realizados en Agua Verde, Palo Blanco y Escuinapa.
• Aseguraron 33 armas largas, 11 vehículos, droga, equipo táctico y un campamento presuntamente ligado a la delincuencia organizada.
• Personal especializado inhabilitó 6 artefactos explosivos en el sitio por el riesgo que representaba trasladarlos.

Dairon Daniel Sánchez Zárate, de 20 años y alias “El Lápiz”, salió del Hospital General Doctor Rubén Leñero con dos balazos en las piernas y sin haber concluido su recuperación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo detuvo el 24 de agosto de 2026 en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, junto a dos acompañantes que lo habían retirado del nosocomio, en posesión de aproximadamente un kilogramo de marihuana y un arma de fuego corta.

El operativo que derivó en la captura comenzó como un patrullaje preventivo en la colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. Los policías detectaron un automóvil color vino estacionado con las ventanas abiertas, del que emanaba un olor característico a marihuana.

El ataque del 22 de agosto: la trampa que dejó a “El Lápiz” hospitalizado

Todo comenzó la madrugada del sábado 22 de agosto, cuando presuntos integrantes de La Unión Tepito tendieron una trampa a “El Lápiz”. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, del programa C4 en Alerta, una mujer identificada como Nailea González lo contactó y lo invitó a consumir bebidas alcohólicas.

La pareja abordó un vehículo juntos, pero González abandonó la unidad poco después, dejando a Dairon Daniel encerrado en el interior. Momentos después, integrantes de La Unión Tepito llegaron al lugar, lo golpearon y le dispararon al menos dos veces en las piernas.

“El Lápiz” logró repeler la agresión y escapar del lugar. Fue trasladado al Hospital General Doctor Rubén Leñero, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, donde recibió atención médica por las heridas de bala.

Días después del internamiento, Laura Dalila Ceballos Zárate, de 30 años, y José Eduardo Álvarez Lozano, de 25 años, llegaron al hospital y retiraron a Dairon Daniel antes de que concluyera su recuperación. Los tres abordaron el automóvil color vino con el que circularon por la zona.

Los oficiales de la SSC del Sector Morelos identificaron la unidad, le dieron alcance y detuvieron a sus tres ocupantes en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Según el periodista Carlos Jiménez, los detenidos iban armados al momento de la intercepción.

Al acercarse al vehículo, los policías observaron que la conductora y el copiloto fumaban cigarrillos elaborados artesanalmente. Dairon Daniel permanecía en los asientos traseros con férulas en ambas piernas.

Los efectivos informaron a los tres ocupantes que realizarían una revisión preventiva ante el posible hecho delictivo. La revisión arrojó 15 bolsitas con alrededor de un kilogramo de un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, un arma de fuego corta y un teléfono celular.

Los tres detenidos recibieron la lectura de sus derechos de ley. Posteriormente, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Fuerza Anti-Unión Tepito: narcomenudeo, extorsión y sicariato en la CDMX

La Fuerza Anti-Unión Tepito es una organización criminal originaria del barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México, que mantiene una disputa territorial con La Unión Tepito. Ambos grupos operan en varias alcaldías capitalinas y se dedican al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el sicariato.

La SSC identificó a la Anti-Unión como uno de los cinco grupos delictivos que también incurren en el despojo de inmuebles en la capital. Entre julio y los primeros días de agosto de 2026, la dependencia detuvo a 54 presuntos integrantes de ambas organizaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió una investigación por el ataque armado del 22 de agosto. Las autoridades buscan a Nailea González y a los integrantes de La Unión Tepito que participaron en la agresión.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades capitalinas no habían emitido un comunicado oficial sobre la detención ni sobre los delitos específicos imputados a Dairon Daniel Sánchez Zárate. La FGJ tampoco confirmó si hay más personas detenidas en relación con la balacera.

El crimen generó alarma en la provincia: la víctima se encontraba en un establecimiento cuando fue atacada a balazos en el centro poblado de San Martín de Porres. Pese a ser trasladada para recibir atención médica, falleció antes de llegar a un centro asistencial.

Operación de inteligencia y captura en Ciudad de Dios

La detención fue resultado de un trabajo coordinado entre la División de Investigación Criminal (DIVREI) de La Libertad, a través de su equipo Delta Siete, y la DIVINCRI de Pacasmayo. De acuerdo con Exitosa, los agentes recurrieron al análisis de fuentes humanas para rastrear al sospechoso y lograron ubicarlo en Ciudad de Dios, en el distrito de Guadalupe, antes de que pudiera abandonar la zona.

Dávalos Vásquez es señalado por la policía como presunto integrante activo de La Mafia del Valle, estructura delictiva con presencia en la región norteña del país. Su captura se produjo en el marco de las investigaciones abiertas tras el homicidio de la abogada Silva Padilla.

Droga, municiones y una fotografía de la víctima

Durante la intervención, los efectivos incautaron sustancias identificadas como tusi, cloro y marihuana, tres municiones de calibre .380 y .38, un teléfono celular y una motocicleta. Sin embargo, el hallazgo que la policía considera de mayor peso para la investigación fue una fotografía de la víctima encontrada en la casa del detenido.

Según detalló Exitosa, ese elemento será incorporado a las diligencias para establecer qué tipo de relación existía entre el sospechoso y la víctima, y si constituye evidencia directa de su participación en el ataque. Además del homicidio, el detenido enfrenta investigaciones por presunto tráfico de drogas y fabricación ilegal de municiones.

Proceso judicial en curso

La captura y la totalidad de las evidencias incautadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Mixta Corporativa de Pacasmayo. Será el Ministerio Público, y posteriormente el Poder Judicial, quienes determinen el grado de responsabilidad del detenido en cada uno de los delitos investigados.

Stewart David Dávalos Vásquez permanece detenido mientras las autoridades continúan con las diligencias. La policía precisó que el trabajo de inteligencia fue determinante para localizarlo antes de que tuviera oportunidad de huir de la región.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas en el inmueble ubicado sobre la avenida Febronio López. En videos del ataque se escucharon al menos 12 disparos, mientras los asistentes se dispersaron de la pista de baile para intentar resguardarse.

Las autoridades localizaron en el sitio los cuerpos de tres personas identificadas de manera preliminar con las iniciales FGC, VMA y JCMA. Una cuarta víctima resultó lesionada por impactos de bala y recibió atención médica; de acuerdo con los primeros reportes, su vida no corrió peligro.

La Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación por el triple homicidio

Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos especializados en diversas materias para realizar las diligencias de ley. Los trabajos incluyeron el levantamiento de indicios y el análisis de las circunstancias en que ocurrió el ataque dentro del salón de fiestas.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la indagatoria buscó determinar la mecánica de la agresión y establecer las posibles líneas de investigación. Hasta el momento referido en los reportes, no hubo personas detenidas por estos hechos.

La respuesta central del caso fue esta: un grupo armado irrumpió en una fiesta dentro del salón Baby O y asesinó a tres hombres, además de herir a otra persona. El ataque ocurrió en un municipio del oriente del Istmo de Tehuantepec y movilizó a corporaciones de investigación estatales.

Testigos relataron que los agresores llegaron en una camioneta

De acuerdo con testimonios recabados tras la agresión, varias personas armadas descendieron de una camioneta e ingresaron al salón de eventos. El ataque ocurrió cuando la mayoría de los asistentes se encontraba en la pista de baile.

En una de las grabaciones difundidas después de los hechos, un asistente describió el momento de la agresión: “Estábamos en la fiesta y hubo un atentado, balazos, y no sabemos qué pasó, creo que mataron a dos, tres personas”.

Reportes extraoficiales señalaron que las víctimas mortales habrían sido Basilio M. A., de aproximadamente 60 años; Felipe G. C., de unos 65 años, y Julio M. A., de alrededor de 56 años. Esa información coincidió parcialmente con las iniciales difundidas de manera preliminar por la autoridad ministerial.

También se informó que la persona lesionada sería integrante de un grupo musical que se encontraba en el evento al momento de la balacera. Esa persona fue trasladada para recibir atención médica después del ataque.

El ataque ocurrió en un salón de fiestas del centro de la población

El salón de eventos fue identificado en distintos reportes como Baby O o “Baby Oh”. El inmueble se localizó en el centro de Santo Domingo Zanatepec, sobre la avenida Febronio López, en una zona de tránsito local de esa población del Istmo.

La agresión se registró durante una fiesta, lo que explicó la presencia de numerosos asistentes dentro del lugar al momento de los disparos. Los videos conocidos después de los hechos mostraron escenas de pánico y la salida apresurada de personas que buscaron ponerse a salvo.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la investigación para esclarecer quiénes participaron en el ataque y cuál habría sido el móvil. Los reportes disponibles hasta ese momento no señalaron capturas ni avances públicos adicionales sobre los responsables.

• El ataque armado ocurrió el viernes 14 de agosto de 2026 alrededor de las 17:00 horas en el salón Baby O de Santo Domingo Zanatepec.
• Tres personas fueron asesinadas, identificadas preliminarmente con las iniciales FGC, VMA y JCMA, y una más resultó herida.
• La Fiscalía de Oaxaca inició diligencias con la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos; hasta ese momento no hubo detenidos.

Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el atentado contra la regidora de Morena en Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada Maldonado, ataque en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz. La continuación de la audiencia quedó programada para este viernes 14 de agosto, fecha en la que se resolvería si los imputados serían vinculados a proceso por homicidio calificado.

Los acusados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, identificado como líder de la célula; Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”; y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”. Los tres ya estaban detenidos desde la semana previa por delitos contra la salud y posesión de armas.

La Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión por homicidio calificado y las cumplimentó mientras los tres permanecían bajo custodia. Después los presentó ante una jueza por el ataque cometido el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda, en Tecate.

La tarde del miércoles 12 de agosto, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por el homicidio calificado de Jesús Pereida Ruiz. La audiencia estuvo a cargo de la jueza de control Gabriela García Hernández.

Los imputados, por conducto de su defensora, se acogieron al plazo constitucional de 72 horas para que se resolviera su situación jurídica. Por esa razón, la audiencia continuaría el viernes 14 de agosto, cuando la jueza decidiría si los vinculaba a proceso.

El ataque ocurrió cuando la familia salía a una graduación

La agresión ocurrió cuando Pereida Ruiz, Quijada Maldonado y la hija adolescente de ambos salieron de su domicilio para acudir a la ceremonia de graduación de la menor. En ese momento fueron atacados a balazos.

De acuerdo con la investigación, el atentado ocurrió el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda. Versiones preliminares ubicaron la emboscada en la calle Coyuca, donde hombres armados interceptaron el automóvil KIA negro en el que viajaba la pareja.

El vehículo llevaba placas 9TWY116. En ese ataque, Pereida Ruiz murió frente a su familia y la regidora resultó herida.

Datos extraoficiales señalaron que el esposo de la regidora falleció en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego. María de Jesús Quijada también recibió varios disparos, entre ellos uno en la cabeza.

La información difundida en esas horas indicó que la regidora fue trasladada a un hospital de Estados Unidos para recibir atención médica. Antes circularon versiones diversas por la falta de información oficial sobre su estado de salud.

En redes sociales, la cuenta oficial de Facebook de Pereida informó primero: “Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de Jesús Pereida y de su esposa, María Quijada”. Horas después, la misma cuenta fijó un comentario para precisar que ella seguía con vida, aunque se encontraba muy grave.

Ya había otro vinculado a proceso por el mismo caso

Por este mismo expediente ya había sido vinculado a proceso Raymundo “N”, señalado en la investigación por haber proporcionado el automóvil utilizado por los agresores. La indagatoria sostuvo que entregó el vehículo el 10 de julio, cuatro días antes del atentado, y que sabía para qué sería usado.

Ese dato colocó a Raymundo “N” como una pieza previa en la preparación del ataque. La causa penal, por tanto, ya incluía a un cuarto presunto implicado antes de que fueran presentados los tres presuntos integrantes de la célula criminal.

Jesús Pereida Ruiz era abogado y ocupó diversos cargos durante la administración estatal de Jaime Bonilla. Fue titular de la Mesa de Seguridad y Paz en Tecate, encargado de despacho de Bienestar Social y delegado del Registro Público de la Propiedad.

María de Jesús Quijada se desempeñaba como regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate. Tenía 40 años y llevaba menos de dos años en el cargo; además cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

La decisión inmediata de la jueza consistió en imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los tres acusados mientras avanzaba el proceso. La siguiente definición judicial quedaría en manos del juzgado el viernes 14 de agosto, con la resolución sobre su posible vinculación a proceso.

• Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del CJNG por el atentado contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado, en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz.

• Los imputados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”, y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”; ya estaban detenidos por delitos contra la salud y posesión de armas.

• El ataque ocurrió cuando la familia salió de su casa para ir a la graduación de su hija, y el caso ya incluía a Raymundo “N”, vinculado a proceso por presuntamente facilitar el automóvil usado por los agresores.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el chofer advirtió que un sujeto armado se acercaba al vehículo y reaccionó de inmediato: se lanzó hacia atrás antes de que el atacante efectuara los disparos. Las balas no alcanzaron al trabajador, quien resultó ileso.

El ataque ocurrió en medio del despliegue del Plan Escudo, estrategia anunciada por el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad de los transportistas frente a las extorsiones y ataques armados. En el lugar también había otros buses estacionados y los trabajadores cuestionaron la ausencia de patrullaje en una zona que, según denunciaron, ya registra antecedentes de violencia contra empresas de transporte.

Sicario atacó a chofer de la línea 41 mientras descansaba en un bus

El conductor de la línea 41 había terminado su jornada y se encontraba descansando dentro del bus, como suele ocurrir con trabajadores que pernoctan en las inmediaciones de los puntos donde quedan estacionadas las unidades. El vehículo estaba ubicado en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Merino, en Villa El Salvador.

El trabajador permanecía en el primer asiento, cerca de la puerta, cuando detectó la presencia de un sujeto armado. Al percatarse de la amenaza, se lanzó hacia la parte posterior del vehículo. Esa reacción permitió que los cuatro disparos realizados contra la unidad no impactaran en su cuerpo.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. y, según el reporte periodístico, en ese momento había al menos cuatro buses estacionados en el mismo punto. Los transportistas consideraron que cualquiera de las unidades pudo convertirse en blanco de los delincuentes.

La zona también registra antecedentes de ataques contra empresas de transporte. Según el reporte de Latina, otro atentado ocurrió contra la empresa Real Star, cuando un bus fue incendiado con el conductor en el interior. El hecho también ocurrió en la misma calle de Villa El Salvador.

Extorsionadores dejaron una carta con amenazas en el bus

Después del ataque, los delincuentes dejaron una carta extorsiva manuscrita en la puerta del vehículo. El mensaje advertía a los trabajadores que ya no contaban con seguridad y los amenazaba si salían a trabajar sin comunicarse previamente con el número telefónico consignado.

“Buen día, compañeros. Para informarles que la empresa no tiene seguridad y hace meses ha dejado de comunicarse con nosotros. Mañana, chofer que sale, chofer que se va”, dice el mensaje, acompañado de un número de WhatsApp con prefijo de Colombia.

La amenaza refleja el mecanismo utilizado por las organizaciones criminales para presionar a empresas y trabajadores del transporte público. Los extorsionadores buscan imponer condiciones sobre la continuidad del servicio mediante mensajes intimidatorios y ataques contra las unidades o sus conductores.

El caso de la línea 41 se suma a las denuncias formuladas por representantes del sector. Julio Bretonoche, dirigente de transporte y vocero de empresas afectadas, sostuvo en declaraciones a Latina que alrededor de 40 compañías recibieron mensajes extorsivos y que la presión criminal contra el transporte podría haberse duplicado.

Plan Escudo: ¿en qué consiste y qué cuestionan los transportistas?

El ataque contra la línea 41 ocurrió mientras el Plan Escudo comenzaba a desplegarse en Lima. La estrategia del Ministerio del Interior busca reforzar la protección de los transportistas mediante la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de inteligencia y las Fuerzas Armadas.

El esquema contempla que los policías pasen de una vigilancia concentrada en los patios de maniobras a un mayor acompañamiento durante las rutas. Los militares, en tanto, asumirían labores de seguridad en determinados terminales. El operativo alcanza cerca de 14 patios de empresas de transporte, principalmente en Lima Sur.

El ministro del Interior, César Astudillo, explicó que el despliegue incluye policías uniformados y agentes de inteligencia dentro de los buses, además del trabajo de las comisarías y la presencia de las Fuerzas Armadas en otros puntos. La estrategia también contempla cámaras de videovigilancia integradas a las unidades y sistemas de comunicación vinculados con la central 105.

Sin embargo, los transportistas reclaman que la protección cubra todo el recorrido. Su principal preocupación está en los momentos en que los buses abandonan los terminales y circulan por zonas donde pueden ser interceptados. El ataque registrado en Villa El Salvador volvió a poner esa demanda en el centro del debate, mientras los trabajadores esperan que el nuevo despliegue permita reducir las amenazas contra conductores y pasajeros.

Uno estaba al frente de los hombres armados; la otra, detrás del dinero. Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y Griselda Margarita Arredondo Pinzón son medios hermanos y forman una de las duplas más peligrosas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ahora busca Estados Unidos: él, señalado como uno de los principales operadores del brazo armado de la organización y vinculado al ataque contra Omar García Harfuch; ella, identificada como una pieza de la estructura financiera que convirtió el fraude de tiempos compartidos en un negocio millonario para el cártel.

Ambos nacieron en Puerto Vallarta y, aunque sus funciones dentro de la organización eran distintas, terminaron conectados en la misma operación criminal. Él habría dirigido el Grupo Elite, uno de los brazos armados más violentos del CJNG; ella habría supervisado desde la estructura financiera la recepción y el lavado del dinero obtenido de miles de víctimas, principalmente en Estados Unidos.

El pasado 5 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por Montero Pinzón y 2 millones por Arredondo Pinzón. Los dos permanecen prófugos y enfrentan cargos en el mismo expediente ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, presentado en septiembre de 2025.

La acusación los vincula con conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Montero Pinzón enfrenta además un cargo por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, el CJNG, designado como tal por Estados Unidos el 20 de febrero de 2025. De ser hallados culpables, cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo.

¿Quién es El Tarjetas?

Julio César Montero Pinzón tiene 44 años y lleva más de una década en el radar de las autoridades estadounidenses. Fue sancionado por primera vez por la OFAC en junio de 2022 —lo que significa que acumula cuatro años en listas de sanciones estadounidenses sin haber sido detenido—, redesignado en agosto de 2025 y acusado formalmente en septiembre de ese mismo año.

El organigrama que la OFAC publicó el 23 de julio de 2026 —como parte de la mayor ofensiva financiera lanzada contra el CJNG en un solo día, con sanciones contra más de 50 personas y entidades— lo ubica en el tercer nivel de mando de la organización, junto a Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”.

Según documentos judiciales estadounidenses, Montero Pinzón cofundó y encabezó el Grupo Élite, el brazo armado del CJNG creado por orden de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El Grupo Elite es un cuerpo de sicarios entrenados en el uso de lanzacohetes, ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas por cohete.

Montero Pinzón y su cofundador Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, habrían tenido más de 1,000 personas bajo su mando y controlado la plaza de Guadalajara, una de las más estratégicas del cártel.

Antes de que Estados Unidos pusiera los ojos en sus operaciones financieras, las autoridades mexicanas ya tenían su nombre en una carpeta de investigación. El 26 de junio de 2020, una célula del CJNG emboscó en Lomas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma, al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. La balacera duró poco más de cuatro minutos. Dos escoltas y una mujer que transitaba por el lugar murieron. García Harfuch recibió impactos en el brazo, el hombro y la rodilla con armas de grueso calibre —Barrett .50, AK-47 y R-15— y fue operado quirúrgicamente en dos ocasiones.

Uno de los primeros detenidos fue José Armando “N”, alias “El Vaca”, quien señaló en sus declaraciones que había sido enviado por Montero Pinzón. Las autoridades de la Ciudad de México lo identificaron como el presunto autor intelectual de la emboscada y como operador de confianza de “El Mencho” en Puerto Vallarta. En ese entonces, comandaba la célula conocida como los Deltas, creada para operaciones específicas. Una de las razones para planear el ataque contra García Harfuch fue que la policía capitalina frenaba a operadores del cártel que buscaban alianzas con el Cártel de Tláhuac y la Antiunión Tepito.

Montero Pinzón también fue señalado como presunto autor intelectual del ataque en la Plaza Artz Pedregal en julio de 2019, donde fueron asesinados dos ciudadanos extranjeros.

¿Quién es Griselda Margarita Arredondo Pinzón?

Mientras su medio hermano acumulaba señalamientos por violencia, Griselda Margarita Arredondo Pinzón construía desde Puerto Vallarta una operación de otra naturaleza. Mexicana, nacida el 1 de junio de 1990 en Puerto Vallarta, contadora de profesión y con 36 años al momento del anuncio de recompensa, trabajaba en la oficina central del CJNG que coordinaba y supervisaba las operaciones de los call centers, y desde ahí supervisaba la recepción y el lavado de los fondos obtenidos de las víctimas.

Según documentos judiciales, participó en el esquema desde aproximadamente 2012, el mismo año en que el cártel tomó control del negocio de tiempos compartidos que le había enseñado el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán, ya fallecido.

Las víctimas más frecuentes del esquema eran adultos mayores, jubilados con tiempos compartidos de lujo o alta gama que ya no usaban o usaban con poca frecuencia. Muchos llegaron a agotar por completo sus cuentas de retiro y sus líneas de crédito antes de reconocer la estafa.

Quienes caían en el esquema inicial tampoco quedaban a salvo: el CJNG volvía a contactarlos meses o años después, haciéndose pasar por abogados estadounidenses o funcionarios de gobierno que ofrecían recuperar el dinero perdido, siempre a cambio de nuevos pagos por adelantado. Los estafadores llegaban a suplantar la identidad de la propia OFAC y de autoridades internacionales como Interpol para presionar a las víctimas con amenazas de arresto.

El dinero que llegaba de las víctimas estadounidenses se transfería mediante depósitos electrónicos a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos o casas de bolsa. Desde ahí se movía a otros fideicomisos y empresas controlados por el cártel para financiar operaciones de tráfico de drogas, pagar a miembros del cártel o adquirir bienes raíces de lujo en ciudades turísticas. La OFAC identificó una empresa registrada a nombre de Arredondo Pinzón —Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V., presentada como dedicada al comercio mayorista— como fachada para mover y ocultar esos fondos.

El 16 de julio de 2024, la OFAC la sancionó bajo la Orden Ejecutiva 14059, bloqueando todos sus bienes e intereses en territorio estadounidense. No era la primera vez que su nombre aparecía en registros oficiales estadounidenses: la OFAC ya la había identificado previamente en el marco de las investigaciones sobre la red financiera del fraude de tiempos compartidos del CJNG en Puerto Vallarta. Tampoco sería la última.

El mismo expediente, dos roles, una sola acusación en Brooklyn

En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York la acusación que unió formalmente a los dos medios hermanos en un mismo expediente.

Los cargos compartidos son conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Montero Pinzón enfrenta además el cargo de conspiración para proveer y proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera, por haber continuado operando el fraude de tiempos compartidos después de la designación del CJNG como organización terrorista, con pleno conocimiento de esa designación.

“Montero Pinzón y Arredondo Pinzón llenaron las arcas de una organización terrorista extranjera y de tráfico de narcóticos a través de un sofisticado esquema de fraude que victimizó a miles de propietarios de tiempos compartidos”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr. al anunciar los cargos en septiembre de 2025.

Entre 2019 y 2024, aproximadamente 6,000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas de alrededor de 350 millones de dólares atribuibles al fraude de tiempos compartidos del CJNG. Según el FBI, el 80% de las víctimas nunca reporta la estafa por vergüenza u otras razones, lo que significa que las pérdidas reales superan con amplitud esa cifra.

Una balacera registrada en Alto Salaverry, Trujillo, dejó al menos dos personas fallecidas y tres heridas, según información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP) a RPP. El ataque ocurrió frente a un polideportivo, donde un grupo de hombres permanecía reunido en la vía pública.

Las primeras versiones difundidas tras el crimen manejaron una cifra mayor de víctimas mortales. Medios locales como Sol TV y Exitosa reportaron de manera preliminar tres fallecidos y dos heridos. La diferencia en los reportes mantiene pendiente la confirmación oficial sobre el número exacto de víctimas.

El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran la llegada de dos sujetos que dispararon contra el grupo antes de escapar del lugar. La Policía inició las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Cámaras captaron el ataque de dos sicarios en Alto Salaverry

De acuerdo con la información difundida por RPP, las víctimas se encontraban conversando y consumiendo bebidas en el exterior de una licorería, frente a un polideportivo de Alto Salaverry. Los hombres permanecían sentados en sillas de plástico cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

Las cámaras de seguridad captaron la llegada de un primer sujeto, quien se acercó al grupo y comenzó a disparar. Según las imágenes difundidas por el medio, el hombre llevaba short y gorra negra y cubría parcialmente su rostro con la prenda que vestía. Tras efectuar los disparos, permaneció unos instantes en el lugar.

Segundos después apareció un segundo atacante, también con el rostro parcialmente cubierto. Este sujeto realizó más disparos contra el grupo antes de escapar junto al primer implicado. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad, material que ahora forma parte de las diligencias policiales.

Ataque dejó al menos dos fallecidos y tres heridos

La PNP informó a RPP que el ataque dejó dos personas fallecidas y tres heridas. Los afectados recibieron atención luego de la balacera, mientras agentes policiales llegaron hasta la zona para asegurar el lugar y comenzar con las primeras diligencias.

Sin embargo, las primeras informaciones difundidas por medios de comunicación de La Libertad reportaron tres fallecidos. Sol TV señaló que tres personas murieron y otras dos resultaron heridas, mientras que Exitosa también manejó inicialmente esa cifra de víctimas.

Ante esta diferencia, la cifra de fallecidos permanece sujeta a confirmación oficial. La identidad de las víctimas y la situación de los heridos también deberán ser precisadas por las autoridades conforme avancen las diligencias. Por el momento, el reporte policial recogido por RPP establece dos muertos y tres heridos.

Policía busca identificar a los responsables del crimen

Después del ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a Alto Salaverry para recoger evidencias y reconstruir la secuencia de los hechos. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán uno de los elementos utilizados para intentar identificar a los dos sujetos que participaron en la balacera.

RPP informó que la Policía puso en marcha un plan cerco para tratar de ubicar y capturar a los responsables. Los investigadores también deberán determinar cómo llegaron los atacantes hasta el lugar, por dónde escaparon y si contaron con apoyo de otras personas.

El móvil del ataque en Trujillo todavía permanece bajo investigación. El crimen vuelve a generar preocupación entre los vecinos de Alto Salaverry y se suma a la ola de violencia registrada en La Libertad. Según cifras citadas por RPP, en lo que va del año se contabilizan al menos 140 homicidios en la región, frente a los 160 registrados durante el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales difundidas, el atacante realizó más de 20 disparos contra el automóvil que conducía ‘Careca’. En el vehículo también se encontraba una mujer que sería pareja de Zegarra Cuadros, quien resultó ilesa tras el ataque.

Balacera a plena luz del día en La Perla

El crimen se registró alrededor de las 3:00 p. m., en el cruce de la avenida José Gálvez con Alfonso Ugarte. El intercambio de disparos entre ‘Careca’ y sus atacantes se produjo en una zona transitada y muy cerca del Óvalo Canadá, donde se encuentra la Región Policial Callao, según informó el citado medio.

La violenta escena generó pánico entre conductores y transeúntes de la zona, ante el temor de ser alcanzados por una bala perdida. Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Presunto ajuste de cuentas

De acuerdo con Exitosa, durante el ataque también resultó herido un adolescente de 17 años que se encontraba a bordo de la motocicleta desde la que habrían disparado contra ‘Careca’. Según información preliminar, el joven sería conocido con el alias de ‘Dominic’ y estaría vinculado a la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Asimismo, ‘Dominic’ sería señalado como presunto líder de esta banda y estaría encargado de brindar o repartir armas de fuego. Además, estaría involucrado con el asalto a un vehículo que transportaba lingotes de oro, registrado en el distrito de San Miguel, en la Costa Verde.

La PNP investiga las circunstancias del asesinato y el móvil del crimen. Entre las primeras hipótesis se encuentra un presunto ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato. Peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias, mientras que el cuerpo de Zegarra Cuadros y el vehículo en el que se desplazaba fueron retirados para continuar con las diligencias.

‘Careca’ era buscado por la Policía Nacional

Giancarlo Zegarra Cuadros ‘Careca’ era considerado por la Policía Nacional como un peligroso delincuente y se encontraba en condición de fugitivo de la justicia. Según Exitosa, el hombre fue implicado en el asesinato del fotoperiodista Luis Choy, ocurrido en 2013, crimen en el que se descartó inicialmente que el móvil haya sido el robo.

Tras permanecer varios años en la clandestinidad, Zegarra Cuadros fue capturado por la Policía en 2015 y trasladado a un establecimiento penitenciario. Sin embargo, posteriormente logró escapar del penal junto con otro interno y volvió a ser buscado por las autoridades.

Fingido su muerte para evadir a la justicia

Uno de los aspectos que llamó la atención dentro de los antecedentes de ‘Careca’ es que fingió su muerte ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante el periodo en que permanecía prófugo.

Según la información difundida por Exitosa, una partida de defunción fechada el 12 de octubre de 2015 señalaba que Zegarra Cuadros había muerto a consecuencia de una bronconeumonía pulmonar. Sin embargo, posteriormente se descubrió que dicho documento era falso, por lo que su supuesto fallecimiento habría sido utilizado para intentar evadir a las autoridades.

Según informó Latina Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varios disparos en las inmediaciones del óvalo Previ. La rápida intervención policial permitió ubicar al joven herido y trasladarlo a un centro médico para recibir atención especializada.

De acuerdo con información difundida por Exitosa, el agraviado fue identificado como Yareth Alexander Crisóstomo Ferrel, quien permanece internado en el hospital Negreiros con diagnóstico reservado. La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que el móvil del ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas debido a la forma en que fue ejecutado el atentado.

Joven recibió cuatro impactos de bala tras ataque en la urbanización Previ

De acuerdo con la información policial recogida por el medio radial, el joven recibió cuatro disparos durante el ataque armado. Dos proyectiles impactaron en la zona del pecho, uno en el brazo izquierdo y otro en la mano derecha.

Tras escuchar las detonaciones, los vecinos dieron aviso a las autoridades, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores. Los agentes realizaron un plan cerco y encontraron al joven herido en la calle Las Avellanas, donde fue auxiliado antes de ser trasladado en un patrullero de la comisaría de Bocanegra.

La víctima fue llevada de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, donde los médicos evalúan su estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de los responsables ni sobre la identidad de los atacantes.

El hecho generó preocupación entre los vecinos debido a que ocurrió en una zona con presencia de instituciones educativas. El ataque se registró cerca del colegio Carlos Phillips, ubicado en la urbanización Previ, en el primer puerto.

Cámaras de videovigilancia ayudarán a identificar a los sicarios

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán una pieza clave para la investigación del ataque contra el joven. Estos registros permitirán conocer con mayor precisión cómo ocurrió el atentado, identificar el punto exacto donde inició y establecer la ruta que siguieron los responsables.

Los investigadores buscan determinar si los atacantes llegaron directamente hasta la zona para disparar contra la víctima o si previamente realizaron algún seguimiento. Las imágenes también podrían ayudar a identificar la motocicleta utilizada durante la fuga.

El caso quedó en manos de la Depincri Bellavista, unidad policial que continuará con las diligencias correspondientes. Entre las acciones previstas figuran la recopilación de testimonios de vecinos, revisión de cámaras y búsqueda de información que permita establecer el móvil del ataque.

Policía evalúa presunto ajuste de cuentas tras ataque armado

La Policía Nacional mantiene como una de las hipótesis principales un posible ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque. Los agentes analizan si el joven tenía algún antecedente o vínculo que pueda explicar el atentado; sin embargo, esta versión todavía permanece en investigación.

El ataque se suma a la preocupación por el aumento de hechos violentos registrados en la provincia constitucional del Callao. Este caso forma parte de los más de 50 homicidios reportados en la jurisdicción de acuerdo con estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en un contexto marcado por el estado de emergencia.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del ataque ocurrido en la urbanización Previ. La revisión de las cámaras de seguridad y los testimonios recogidos en la zona serán determinantes para esclarecer el caso y conocer qué motivó el atentado contra el joven de 18 años.

El deporte peruano está de luto. Brian Roque Caycho, medallista bolivariano de bádminton de 24 años, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo 26 de julio en el distrito de La Victoria. El joven se encontraba conversando con un grupo de amigos en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra él.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 4:45 de la madrugada. De acuerdo con la información preliminar recogida en la zona, los atacantes habrían disparado directamente contra el deportista y luego escapado rápidamente del lugar. Peritos de Criminalística hallaron ocho casquillos de bala en la escena, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer qué motivó el ataque contra el reconocido representante del bádminton peruano.

Brian Roque Caycho ganó tres medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

La muerte de Brian Roque Caycho generó consternación entre sus familiares, amigos y la comunidad deportiva. El joven había logrado destacar en el bádminton peruano y formaba parte de la nueva generación de deportistas que representaban al país en competencias internacionales, entre ellos el Mundial Junior de Rusia 2019 y el Sudamericano Juvenil de Brasil 2015.

Durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, Roque Caycho consiguió dos medallas en la modalidad de dobles masculino, junto a su compañero Sharon Durand. Además, obtuvo una presea adicional en la misma competencia, consolidándose como uno de los medallistas internacionales más destacados del bádminton peruano.

Su desempeño en el torneo multideportivo lo posicionó como una de las promesas de esta disciplina y como uno de los deportistas que proyectaban continuar representando al país en futuras competencias internacionales. Según el portal gob.pe, las meta principal de Roque era subir al podio en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias por el fallecimiento del joven. La institución recordó que Brian Roque Caycho fue medallista bolivariano, exalumno del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Deportivo (CEDE) y representante del bádminton nacional.

El Comité Olímpico Peruano también lamentó la muerte del deportista y destacó su trayectoria en las competencias internacionales. La organización expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad del bádminton peruano.

Canales de ayuda

El Gobierno de transición prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao, una medida que permanece vigente desde septiembre de 2024, cuando fue implementada tras una ola de ataques contra transportistas y comerciantes vinculados a casos de extorsión.

La nueva ampliación fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, luego de que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitara mantener el régimen de excepción debido a la continuidad de delitos como homicidio, sicariato y extorsión.

Debido al aumento de criminalidad, se ha puesto a la disposici

• El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a emergencias médicas que se presentan en la vía pública, en domicilios o durante el traslado de pacientes. Marcando el número 106, cualquier persona puede solicitar asistencia médica inmediata.
• El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, accidentes de tránsito, rescates y desastres naturales. El número 116 está disponible las 24 horas para reportar incidentes que pongan en riesgo vidas humanas o bienes materiales, permitiendo la intervención rápida de brigadas especializadas en salvamento y control de siniestros.
• La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la seguridad ciudadana y la atención de hechos delictivos, violencia doméstica o cualquier situación que comprometa el orden público. Comunicándose al número 105, los ciudadanos pueden denunciar delitos, solicitar patrullaje o pedir apoyo ante amenazas, garantizando la presencia policial y la protección de las personas involucradas.

Habitantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula del municipio de Aquila, en Michoacán, denunciaron una nueva incursión de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la localidad, así como el ataque armado contra un policía comunal que resultó gravemente lesionado.

Fue el Congreso Nacional Indígena (CNI) quien informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del sábado 4 de julio, específicamente en la Encargatura de la Mina de la Providencia, la cual fue atacada por sujetos armados, presuntamente integrantes del cártel.

Además, señalaron que los sujetos agredieron a balazos a un comunero que también se desempeña como empleado del Ayuntamiento de Aquila como encargado de los trabajos de fontanería y que se encontraba en su jornada de trabajo al momento del ataque.

Aunque la agresión fue repelida por la Guardia Comunal, el hombre fue lesionado de gravedad.

Presencia del cartel en la región desde 2020

De acuerdo con la denuncia, los presuntos miembros del CJNG operan desde la comunidad de Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, y desde diversos puntos del municipio de Coalcomán. Asimismo, continuarían con el abastecimiento de armamento y de integrantes del grupo criminal desde el estado de Colima.

El ataque del 4 de julio se produce semanas después de que, a finales de mayo, el mismo cártel ejecutara bombardeos y ataques contra la comunidad, de acuerdo con lo señalado por los habitantes.

El CNI acusó que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en la región costa-sierra de Michoacán al menos desde el año 2020, y que ha ocupado progresivamente poblaciones y cabeceras municipales. Como consecuencia, numerosas familias se han visto obligadas a desplazarse ante asesinatos y desapariciones atribuidos al grupo criminal.

La comunidad señaló que esta expansión de este grupo criminal se produjo “en medio de una insuficiente actuación por parte de las instituciones encargadas de la seguridad para desarticular a los criminales y proteger a la población civil”.

Desmantelar al CJNG y sus redes de protección: las exigencias de los habitantes

Ante los hechos de violencia, la comunidad exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tanto garantías para que su guardia comunal pueda operar, como el desmantelamiento del CJNG.

Una de ellas fue el establecimiento de una base de operaciones interinstitucional —integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil— en la localidad de Los Parejos, municipio de Chinicuila, petición que, según el CNI, lleva más de dos años sin respuesta.

La comunidad también exigió el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que, a su juicio, funcionarios y mandos policiales corruptos otorgan al grupo criminal.

Demandan además, la presentación con vida de comuneros desaparecidos y el castigo a los responsables de 42 asesinatos de integrantes de Santa María Ostula.

Finalmente, solicitaron respeto a la Guardia Comunal, la garantía del ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad, así como el cese de lo que los habitantes denominan “la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México”.

Alcalde de Aquila aseguró que el CJNG lleva 10 años intentando ingresar al municipio

El alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, declaró en el año 2024 que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha intentado durante 10 años ingresar a ese municipio, pero sus intentos han sido repelidos por las guardias comunales.

Ante medios de comunicación, el funcionario dijo que las incursiones del también llamado cártel de las cuatro letras se concentraban en los límites con la comunidad indígena de Ostula.

“Las zonas complicadas, la verdad, es la zona que colindamos con Chinicuila y con Coalcomán. Ahorita en estos momentos hay grupos que vienen a incursionar a nuestro municipio, en las fronteras de la comunidad indígena de Ostula, pero todo el tiempo se ha estado repeliendo. Tenemos 10 años con ese pleito, no es algo nuevo”, declaró.

Valencia Guillén atribuyó la contención de esos intentos al trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la policía comunal, instancias que, según el alcalde, lograron repeler de forma sostenida las incursiones del cartel a la región.

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en la colonia Agrícola Pantitlán dejó dos muertos, entre ellos un niño de 10 años, y un hombre lesionado en calles de la alcaldía Iztacalco; horas después, la SSC detuvo a dos hombres por su probable participación en la agresión.

La agresión ocurrió sobre Calle 2, a la altura del número 169, entre Avenida Norte. Vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y llamaron al número de emergencias para pedir apoyo de las autoridades.

El saldo fue la muerte de Brandon, de 18 años, y Diego, de 10. Un hombre de 21 años recibió múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La agresión fue directa contra un hombre que viajaba en motoneta

Las primeras indagatorias de la SSC señalaron que dos sujetos que viajaban en una motocicleta negra dispararon de forma directa contra un hombre que se desplazaba en una motoneta. Después del ataque, escaparon a alta velocidad por calles aledañas.

En el lugar quedaron los cuerpos de las dos víctimas mortales, ambos con impactos de bala. Paramédicos del CRUM llegaron para brindar auxilio, pero confirmaron que el joven de 18 años y el menor ya no contaban con signos vitales.

Familiares y habitantes de la zona declararon a las autoridades que una de las víctimas había recibido amenazas previas de presuntos narcomenudistas que operaban en ese sector de la alcaldía. Otra versión recogida en torno al caso apuntó a conflictos previos con un grupo criminal.

La agresión provocó una movilización policiaca en la zona. Elementos de seguridad desplegaron un operativo para ubicar a los responsables poco después del ataque.

La SSC capturó a dos hombres tras un operativo con Base Cóndores

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, con apoyo de personal de Base Cóndores, logró la detención de dos hombres identificados como Jesús N, de 37 años, y Carlos Enrique N, de 28 años. Ambos serían investigados por su probable participación en el doble homicidio y las lesiones causadas al sobreviviente.

De acuerdo con los reportes del caso, los detenidos habrían huido en una motocicleta negra después de abrir fuego en la Agrícola Pantitlán. La captura se realizó tras el despliegue de un operativo para seguir su ruta de escape.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada de este martes 30 de junio. En una parte del registro del caso se indicó que el ataque dejó dos personas asesinadas en la vía pública y una tercera lesionada, todas alcanzadas por disparos durante la misma agresión.

El crimen ocurrió en una zona de Iztacalco donde vecinos ya habían advertido problemas ligados al narcomenudeo. Esa línea fue mencionada por familiares y habitantes del sector al momento de rendir sus declaraciones ante las autoridades.

La mecánica descrita en los primeros reportes apuntó a una agresión breve y directa: los atacantes llegaron en motocicleta, dispararon contra su objetivo y escaparon del sitio. La investigación quedó abierta para determinar el móvil preciso y la participación de los dos detenidos.

• Un joven de 18 años y un niño de 10 fueron asesinados a balazos en Calle 2, colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco.

• Un hombre de 21 años resultó herido y fue trasladado a un hospital por paramédicos del CRUM.

• La SSC detuvo a Jesús N, de 37 años, y Carlos Enrique N, de 28, tras un operativo con apoyo de Base Cóndores.

La violencia volvió a sacudir a Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del miércoles, cuando un grupo de sicarios perpetró dos ataques armados en distintos puntos de la zona poniente de la ciudad, dejando un saldo de tres personas asesinadas y dos hombres lesionados.

Las agresiones ocurrieron con apenas unos minutos de diferencia en las colonias Libertad e Independencia II, lo que ha llevado a las autoridades a investigar una posible relación entre ambos hechos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), el primer ataque fue reportado a las 23:05 horas en el cruce de las calles Coral y Tepoztlán, en la colonia Libertad.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado entre cuatro y cinco detonaciones de arma de fuego. Tras los disparos, varias personas corrieron por la zona mientras pedían ayuda, generando momentos de pánico entre los habitantes del área.

Cuando elementos de la unidad 303 de la Policía Municipal arribaron al lugar encontraron una escena marcada por la violencia: dos mujeres se encontraban sin vida sobre la vía pública y dos hombres presentaban heridas provocadas por impactos de bala.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

De manera preliminar, autoridades señalaron que cerca de los cuerpos de las dos mujeres fueron localizadas varias dosis de cristal, indicio que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Dos ataques en menos de diez minutos

Mientras policías y personal de emergencia atendían la primera agresión, un segundo reporte movilizó a las corporaciones de seguridad.

A las 23:12 horas se informó sobre una nueva balacera en la colonia Independencia II, ubicada también en el sector poniente de Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miguel Quilonez y América Latina, donde inicialmente acudió la patrulla 310 del sector Poniente.

Al ingresar a una vivienda señalada por los vecinos, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en la cabeza.

La víctima se encontraba dentro de una habitación, tendida sobre un charco de sangre, y ya no presentaba signos vitales cuando fue revisada por los primeros respondientes.

El área fue asegurada de inmediato para evitar la contaminación de evidencias y permitir el trabajo de los especialistas forenses.

Autoridades investigan posible vínculo criminal

Debido a la cercanía entre ambos ataques y al corto lapso en que ocurrieron, investigadores analizan si las agresiones fueron cometidas por el mismo grupo armado.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron ambas escenas mientras peritos y agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaban el levantamiento de evidencias, la fijación fotográfica y la recolección de indicios balísticos.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con los ataques.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil de las agresiones y determinar si están relacionadas con actividades del crimen organizado o disputas entre grupos delictivos que operan en la frontera.

Ciudad Juárez acumula 41 homicidios durante junio

Con estos tres asesinatos, la cifra de homicidios dolosos registrados durante junio en Ciudad Juárez ascendió a 41 víctimas, de acuerdo con la estadística oficial de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La cifra refleja que la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades en esta ciudad fronteriza, donde los ataques armados y las ejecuciones siguen registrándose en distintos sectores.

Los hechos ocurridos la noche del miércoles generaron preocupación entre vecinos de las colonias afectadas, quienes denunciaron que las detonaciones sembraron miedo entre familias y comerciantes de la zona.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía estatal busca determinar la identidad de los responsables y establecer si ambos ataques forman parte de una misma ofensiva criminal que dejó una nueva jornada sangrienta en Ciudad Juárez.

La declaración se conoció luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva contra la concejal y contra William Tesén Gonza, alias “Pochola”, ambos investigados como presuntos coautores del delito de sicariato agravado. El testimonio se suma a otras versiones recogidas por la Fiscalía, entre ellas la del propio alias “Pochola”, quien aseguró haber escuchado una comunicación entre la regidora y el alcalde poco antes del atentado.

El testimonio que involucra a Patricia Niño: “Me dio 2.500 dólares”

Durante la audiencia, un detenido respondió a las preguntas de las autoridades y señaló directamente a Patricia Niño como la persona que le habría entregado dinero para seguir los movimientos del entonces alcalde de Veintiséis de Octubre.

Según el registro de la diligencia, el interrogatorio se desarrolló de la siguiente manera:

“Me dio dos mil soles y después me dio quinientos dólares”.

Al ser consultado sobre quién le entregó ese dinero, respondió:

“Era Patricia Niño”.

Posteriormente, el fiscal insistió en conocer el motivo del pago.

“¿Y para qué te dio ese dinero?”

El detenido respondió:

“Hacer seguimiento” (...) “Al alcalde... del distrito 26 de Octubre”.

Estas manifestaciones fueron expuestas durante la audiencia en la que se evaluó la situación jurídica de la regidora y forman parte de los elementos que el Ministerio Público continúa investigando para determinar la presunta responsabilidad de los involucrados.

Otro de los testimonios presentados corresponde a William Tesén Gonza, alias “Pochola”, quien también es investigado por el caso. Durante la diligencia aseguró que la regidora mantenía comunicación con el alcalde antes del ataque y, al ser consultado sobre la responsabilidad de los hechos, afirmó: “Ella es la que tiene todo lo culpable, yo no tengo nada”.

Prisión preventiva e investigación por el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre

El Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura declaró fundado el pedido del Ministerio Público y ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Patricia Orela Niño Febres y William Hernández Sengonza, investigados como presuntos coautores del delito de sicariato agravado en agravio de Víctor Hugo Febre Calle.

La resolución judicial se sustenta en la existencia de graves elementos de convicción, así como en el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculización de las investigaciones. Tras la decisión, la regidora fue trasladada al penal de mujeres de Sullana, mientras que alias “Pochola” fue internado en el establecimiento penitenciario de varones de Piura.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió el 21 de mayo de 2026, cuando sicarios interceptaron la camioneta del alcalde en las inmediaciones de la UPIS Ricardo Palma. El ataque armado provocó la muerte de Víctor Hugo Febre, de 44 años, mientras que su chofer resultó gravemente herido.

La Fiscalía sostiene que detrás del atentado habría existido una organización integrada por varios investigados, entre ellos Patricia Niño, William Tesén Gonza y otros presuntos implicados identificados con los alias de “La Muerte”, “La Pájara” y “El Hueso”.

Según la investigación preliminar, uno de los presuntos sicarios habría sido Fabricio Fiestas Susanívar, de 18 años, señalado como el autor de los disparos contra el vehículo del entonces burgomaestre.

Durante la audiencia, Patricia Niño reiteró que es inocente y sostuvo que las acusaciones en su contra estarían relacionadas con las denuncias que presentó anteriormente contra la gestión municipal. Sin embargo, el juzgado consideró que los testimonios y demás elementos expuestos por la Fiscalía justifican la medida coercitiva mientras continúan las diligencias.

Las investigaciones seguirán desarrollándose durante los próximos meses con el objetivo de establecer cómo se habrían realizado las coordinaciones previas al atentado, verificar los testimonios incorporados al expediente y determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los investigados por el asesinato del exalcalde de Veintiséis de Octubre, uno de los casos de sicariato que más impacto ha generado en la región Piura durante este año.

El ataque ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 9 p. m., en una zona urbana que vecinos describen como altamente expuesta a la violencia y a los robos. De acuerdo con la información reunida por los primeros investigadores, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta lineal, uno de ellos descendió con un revólver y abrió fuego contra el organizador de espectáculos. Las cámaras de seguridad instaladas en el sector habrían registrado la ruta de escape de los atacantes, material que ya viene siendo analizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú.

El ataque frente a una licorería en la avenida Perú

Según los relatos recogidos en la zona, Orlandini Cahuas se encontraba compartiendo con sus familiares y conocidos en las inmediaciones del jirón Riobamba y el pasaje El Carmen, cuando fue sorprendido por los agresores. El escenario del crimen fue un punto conocido por los vecinos, quienes aseguraron que no se trata de un lugar ajeno a los hechos delictivos. Allí, cerca de su casa y en medio de la rutina nocturna del barrio, el hombre fue interceptado sin oportunidad de reaccionar.

Los testimonios coinciden en que los atacantes actuaron con rapidez. La motocicleta se detuvo por unos segundos, el ocupante que iba en la parte posterior descendió y, sin mediar palabra, disparó directamente contra la víctima. Algunas versiones señalan que se efectuaron dos disparos, mientras que otras informaciones recogidas en las primeras horas posteriores al ataque hablan de hasta seis detonaciones. Lo cierto es que los proyectiles impactaron a Jan Carlo Orlandini Cahuas de manera crítica y lo dejaron tendido en la vereda.

Los familiares y allegados intentaron auxiliarlo de inmediato. Entre gritos y desesperación, lo trasladaron a una clínica cercana en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, la atención médica no fue suficiente para revertir la gravedad de las lesiones. Fuentes policiales y periodísticas coincidieron en que el hombre falleció pocas horas después del atentado. La escena fue acordonada mientras los peritos recogían cartuchos de bala y otras evidencias clave para reconstruir el crimen.

Depincri investiga si el crimen estuvo ligado a extorsión

La investigación fue asumida por el Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres (Depincri), unidad que ya trabaja sobre varias líneas para determinar el móvil del asesinato. Entre las hipótesis que manejan los agentes figura la posibilidad de que el ataque esté vinculado al cobro de cupos o a una posible red de extorsionadores que opera en la zona norte de Lima. Hasta el momento, no se ha descartado esa opción, aunque las autoridades todavía no han confirmado el motivo exacto del atentado.

Como parte de las diligencias, los efectivos policiales recogieron el testimonio de quienes acompañaban a la víctima en el momento del ataque. También revisan la información contenida en las redes sociales de Orlandini Cahuas, con el objetivo de identificar si había recibido amenazas previas, mensajes intimidatorios o alguna advertencia relacionada con su actividad como promotor de eventos. El análisis digital se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación, especialmente cuando los casos de homicidio presentan indicios de violencia organizada.

Las cámaras de seguridad instaladas en el barrio también están siendo examinadas con detalle. Las imágenes habrían captado la huida de los criminales en motocicleta, un elemento que podría ayudar a establecer la dirección tomada por los atacantes después del crimen. Ese registro visual resulta clave para los investigadores, ya que permitiría cruzar rutas, tiempos y posibles puntos de apoyo utilizados por los responsables.

Mientras tanto, peritos de criminalística se trasladaron hasta el lugar para levantar huellas, recoger casquillos y fijar la escena del delito. En paralelo, el Ministerio Público dispuso el traslado del cuerpo a la morgue central para la necropsia de ley, procedimiento que ayudará a precisar la trayectoria de los disparos y la distancia desde la que fue ejecutada la agresión. Ese informe será incorporado al expediente fiscal, que busca establecer no solo cómo se produjo el ataque, sino también si la víctima estaba siendo seguida o vigilada antes de que aparecieran los sicarios.

Elementos de la Policía Municipal capturaron en Puebla a Juan Carlos “N”, de 27 años, señalado como presunto jefe de sicarios de La Familia Michoacana y relacionado con hechos violentos, entre ellos un ataque armado en el Mercado Morelos ocurrido en abril. La detención se realizó en inmediaciones del Parque Industrial 2000, después de que el hombre fue ubicado a bordo de un vehículo con reporte de robo.

La investigación lo vinculó con la balacera registrada el 19 de abril, en la que tres personas resultaron heridas en las inmediaciones del Mercado Morelos. En ese episodio, el ataque habría sido cometido por José Carlos “N” y otros dos sujetos que presuntamente se hicieron pasar por mariachis.

En uno de estos episodios resultó herido Tadeo, de nueve años, quien acompañaba a su madre y abuela, quien también resultaron heridas de bala, sías después el niño murió en el hospital.

Los reportes preliminares señalaron que los uniformados detectaron el vehículo y le marcaron el alto. Tras una inspección, el hombre fue asegurado y posteriormente revisaron su identidad, antecedentes y pertenencias en plataformas de seguridad, lo que llevó a las autoridades a ubicarlo como presunto integrante del grupo criminal.

Como parte de las indagatorias por el ataque del Mercado Morelos, se estableció que los agresores llegaron a bordo de una camioneta tipo van con rótulos de “Mariachi Xonaca”. Desde ese vehículo, accionaron armas de fuego contra tres personas, quienes quedaron con heridas graves por impactos de bala.

Después de la agresión, una de las víctimas fue privada de la libertad durante varios minutos. Más tarde fue abandonada y, pese a las lesiones, logró trasladarse por sus propios medios para pedir apoyo ante las autoridades y recibir atención médica.

Tras la captura, Juan Carlos “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes. En esa etapa, se buscaría confirmar su posible participación en el ataque del 19 de abril y en otros hechos violentos atribuidos al mismo entorno delictivo.

Los reportes también lo relacionaron con actividades de extorsión, en particular el cobro de “derecho de piso”, además de presunta participación en delincuencia organizada, homicidios y narcomenudeo. Esas líneas de investigación lo ubicaron, además, con posibles operaciones en estados como Tamaulipas e Hidalgo.

En el mismo expediente, se indicó que la corporación contaba con imágenes de cámaras de seguridad vinculadas con su presunta participación en ataques armados. Ese material se integró como parte de las pesquisas que buscaban sostener la probable relación del detenido con eventos de violencia registrados en Puebla.

La captura se originó por la detección del automóvil con reporte de robo en la zona del Parque Industrial 2000, lo que derivó en la intervención policial. A partir de la verificación de datos en sistemas de seguridad, se abrió la ruta para asociarlo con la estructura criminal y remitirlo ante la autoridad competente.

• Capturaron en Puebla a Juan Carlos “N”, señalado como presunto jefe de sicarios de La Familia Michoacana
• Fue investigado por su presunta relación con la balacera del 19 de abril en el Mercado Morelos, donde tres personas resultaron heridas
• También fue vinculado con posibles actividades de extorsión, homicidios y narcomenudeo, con líneas de investigación en Tamaulipas e Hidalgo

Capturaron a “El Tripa” del Comando Tlahuica

La captura de Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, el pasado 6 de junio en San Pedro Cholula, Puebla, acusado de estar tras el asesinato del activista Samir Fores, volvió a traer a la memoria una fotografía tomada en Yautepec, Morelos, en 2018, cuando tres líderes criminales posaron junto al entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Hoy, ocho años después, uno a uno han ido cayendo. Uno murió asesinado en prisión, otro purga una condena de 28 años y el tercero acaba de ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La imagen no salió a la luz pública sino hasta enero de 2022. En ella aparecen cuatro hombres posando juntos en lo que parece el interior de un recinto en Yautepec. De izquierda a derecha: Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”; Figueroa Meza, “La Tripa”; Blanco; y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”. Para ese momento, dos de los tres ya habían caído. Solo “La Tripa” seguía libre.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la Mara 18 en el barrio Chichimecas, zona 2 de Villa Canales, en un operativo coordinado por la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público. Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con ataques armados recientes en la localidad.

Durante el allanamiento realizado en la madrugada, la DEIC detuvo a Yostin Estiven Carín del Cid, de 21 años, conocido como “Colocho”; Erick Alexander Arango Lima, de 26 años, alias “Fantasma”, quien posee antecedentes por tenencia de equipos de terminal móvil en centros de privación de libertad en 2022; Elsa “N”, de 21 años, y un menor de 17 años. Según la información oficial, todos pertenecerían a la estructura de motosicarios de la Mara 18.

En el inmueble fueron incautados dos chalecos antibalas, una escopeta, una pistola reportada como robada el 12 de noviembre de 2024 en la zona 4 de Villa Nueva, un fusil AK-47, 339 municiones de diversos calibres, siete teléfonos celulares, varios cascos para motorista y marihuana. Además, las autoridades consignaron una motocicleta M-897JPF, sustraída el 17 de marzo de 2026 en la zona 1 de Villa Canales, junto a otras dos motocicletas y un vehículo.

Las investigaciones preliminares indican que los arrestados podrían estar vinculados con varios ataques armados perpetrados en Villa Canales. En el lugar también se localizó un altar dedicado a la denominada “Santa Muerte”, elemento que suele estar presente en espacios asociados a grupos criminales, de acuerdo con la DEIC.

La operación es parte de una estrategia conjunta para combatir la criminalidad organizada en el municipio, según reiteraron portavoces de la policía y del Ministerio Público. Las pesquisas continúan para determinar la posible implicación de los detenidos en otros hechos violentos registrados en la región.

Moto sicarios y moto ladrones: la amenaza que desafía la seguridad en Ciudad de Guatemala

El área metropolitana de Ciudad de Guatemala enfrenta una ola persistente de ataques y asaltos perpetrados por moto sicarios y moto ladrones, fenómeno que ha transformado la dinámica de la criminalidad urbana y mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Según informó Prensa Libre, estos grupos delictivos, asociados a pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, aprovechan la agilidad de las motocicletas para ejecutar robos, asesinatos selectivos y asaltos armados en las principales arterias viales de la capital.

De acuerdo con un reporte del Ministerio Público (MP), las bandas organizan su logística en talleres mecánicos, donde definen rutas, puntos de ataque y mecanismos de evasión. Los delincuentes suelen cambiarse de ropa antes y después de los atracos, dificultando la identificación por parte de las cámaras de seguridad privadas y municipales. Además, el MP documentó que los asaltantes suelen operar en parejas; el conductor maniobra la motocicleta, mientras el acompañante intimida a las víctimas con armas de fuego o blancas.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que estas células criminales emplean motocicletas robadas a mano armada, a las que colocan placas falsas para sortear los controles policiales. Las zonas con mayor incidencia se concentran en calzadas principales como el Anillo Periférico, Calzada Roosevelt, Calzada San Juan, Calzada Doroteo Guamuch, Avenida Petapa, Calzada Atanasio Tzul y Bulevar Los Próceres. Además, las zonas 5, 7 (colonia Bethania), 11, 12 (colonia La Reformita), 14 y 21 han sido catalogadas como puntos críticos por la PNC.

La expansión de estos delitos alcanza municipios colindantes como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, donde los reportes judiciales indican un patrón similar de operación. Según datos de la PNC citados por El Periódico, los moto sicarios han perpetrado ataques en horarios de alto tráfico, aprovechando la congestión para interceptar vehículos y perpetrar asaltos o agresiones selectivas.

En respuesta, las autoridades han desplegado el Plan Semáforo Seguro, con operativos en semáforos y puntos de alta congestión. La PNC intercepta a motociclistas para inspecciones físicas y verificación de armas, en un esfuerzo por reducir la incidencia de asaltos y homicidios. Además, se han coordinado allanamientos masivos en talleres y zonas residenciales de la periferia, donde se han incautado armas de fuego, motocicletas robadas y placas alteradas.

El uso de cámaras de seguridad municipales y vecinales ha permitido una vigilancia más integrada. Según informó Prensa Libre, esta tecnología ha facilitado capturas en flagrancia y persecuciones policiales en tiempo real, lo que ha derivado en intercambios de disparos y detenciones inmediatas cuando los sospechosos intentan huir.

“Las bandas criminales se han adaptado a los operativos policiales mediante el cambio constante de rutas y el uso de talleres como centros logísticos para planificar y ocultar pruebas”, señaló un portavoz de la Policía Nacional Civil en declaraciones recogidas por El Periódico.

El fenómeno de los moto sicarios y moto ladrones representa uno de los retos más complejos para la seguridad pública en Guatemala, con un impacto directo en la percepción de inseguridad y en la movilidad cotidiana de miles de ciudadanos, mientras las autoridades buscan nuevas estrategias para contener estos delitos y restablecer la tranquilidad en el área metropolitana.

Uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en Medellín a alias Zarco, señalado como presunto cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial suministrada por voceros del Ejército, la operación se realizó tras diez meses de investigación intensiva, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con la participación de tropas del Batallón de Selva N.° 57 y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín).

De acuerdo con el Ejército Nacional, la detención se produjo gracias a labores de inteligencia militar y recolección de información que llevó a las autoridades a ubicar al individuo en la capital antioqueña, donde “se había desplazado hasta la capital antioqueña con la presunta intención de evadir a la justicia”, detallaron voceros de la institución.

Las investigaciones oficiales señalan que el capturado integraba la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y acumulaba una trayectoria de ocho años dentro de la organización. Su papel habría abarcado desde tareas de inteligencia delictiva y logística hasta la coordinación y dirección de sicarios en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Posteriormente, habría asumido funciones como cabecilla de zona, liderando acciones de homicidio selectivo, intimidación y fortalecimiento del control armado y financiero en la región.

Luego de ascender dentro de la organización criminal, “Zarco” habría asumido un papel fundamental en la planificación y ejecución de homicidios con actos terroristas en contra la población civil, así como otros hechos violentos — que siguen siendo materia de indagación—en aras de ganar control territorial, armado y financiero para el Clan del Golfo.

Tras su captura, los uniformados hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Alias Zarco fue trasladado a El Bagre, Antioquia, y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Desde el Ejército Nacional se mantendrá el despliegue de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de combatir los factores de inestabilidad, proteger a la población y reforzar la presencia institucional en el territorio en el que operó delictivamente “Zarco”.

Siguen los operativos contra grupos armados y delincuenciales en Medellín

Desde principios de junio de 2026, las autoridades de Medellín realizaron 36 allanamientos y capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo, según informaron fuentes oficiales.

La megaoperación, dirigida contra una de las estructuras responsables de homicidios y extorsión en el nororiente de la ciudad, permitió también la incautación de dinero, drogas y tecnología empleada para actividades ilícitas.

Entre los capturados figuran varios presuntos coordinadores de la organización, como Luis Albeiro Mazo (alias La Mica), señalado de operar en Carpinelo y Carambolas; Edison Arbey Castañeda (alias Bedoya), con presencia en el sector de La Esperanza; William Fernando Zapata Vera (alias El Ciego), vinculado a los sectores de Tablones y Carpinelo; y John Fernando Vera Mazo (alias Pirulo), quien habría coordinado actividades en La Aldea y El Compromiso.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que “esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad”.

La investigación, que se extendió durante ocho meses y se basó en denuncias de más de diez víctimas, permitió recolectar pruebas suficientes para imputar cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

Según las autoridades, el grupo San Pablo estaría exigiendo pagos extorsivos a cerca de 1.000 comerciantes, con rentas mensuales superiores a 600 millones de pesos. Durante lo que va de 2026, han sido detenidos más de 80 presuntos extorsionistas de esta organización, incluidos seis cabecillas, y se han incautado armas de fuego y otros elementos usados para la comisión de delitos.

La escena se desarrolló en una de las principales vías del distrito, donde decenas de personas presenciaron las consecuencias del atentado. La rápida llegada de agentes policiales y personal de serenazgo permitió aislar el área para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Según los reportes preliminares, la víctima viajaba en un bus de la empresa Santo Cristo, conocida como la ruta 91, que cubre el trayecto entre Ate y Chorrillos. Testigos indicaron que los atacantes actuaron con rapidez y escaparon pocos segundos después de ejecutar el crimen.

Ataque armado dentro de una unidad de transporte público

El homicidio ocurrió en la intersección de las avenidas Guardia Civil y El Sol, en Chorrillos. De acuerdo con la información recogida en el lugar, al menos dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta e interceptaron el vehículo de transporte público.

Las primeras versiones apuntaron a un posible ataque contra el conductor por motivos vinculados a extorsiones que afectan al sector transporte. Sin embargo, testimonios obtenidos posteriormente descartaron esa hipótesis inicial y señalaron que el objetivo era uno de los pasajeros que se encontraba dentro de la unidad.

Según los testigos, los atacantes identificaron a la víctima antes de efectuar los disparos. Tras concretar el ataque, abandonaron el bus y escaparon en motocicleta con dirección al mercado Santa Rosa.

La persona atacada murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Ninguno de los demás pasajeros resultó lesionado.

El relato del conductor sobre los hechos

El conductor del bus ofreció declaraciones a Exitosa y describió los momentos previos al crimen. Según explicó, la víctima abordó la unidad como cualquier otro usuario del servicio.

“Subió un muchacho al carro, yo paré como, como, como cualquiera. Yo pensé que era un pasajero. Subió y en eso atrás apareció una moto al lado de la puerta y se bajó un muchacho de atrás que tenía pistola y adentro del carro le empezó a disparar”, relató.

El chofer indicó que, tras escuchar los disparos, optó por protegerse y perdió de vista parte de la secuencia. “Empezó a disparar, disparar. Ya, bueno, yo me agaché la cabeza, ya no vi y a la hora de que bajaron, levanté la cabeza y se fueron con la moto en sentido contrario para, al mercado acá abajo”, declaró.

También confirmó que el resto de pasajeros salió ileso. “Gracias a Dios, este, los pasajeros no les pasó nada, solamente al muchacho que le seguían”, manifestó.

Investigación policial y evidencias halladas

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la cuadra seis de la avenida Guardia Civil para asegurar la zona y ejecutar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, los agentes encontraron más de diez casquillos de bala distribuidos entre la pista y la vereda. Este material forma parte de las evidencias que serán analizadas durante la investigación.

Asimismo, la Policía busca determinar la identidad de los responsables y establecer el móvil del crimen. Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de un ajuste de cuentas, aunque las autoridades todavía no informaron resultados definitivos.

Otro elemento considerado relevante para el caso corresponde a las cámaras de vigilancia ubicadas cerca del punto donde ocurrió el ataque. Los agentes intentan acceder a esos registros para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos y obtener imágenes que permitan identificarlos.

Reclamos vecinales por la inseguridad

El crimen también generó preocupación entre residentes de la zona, quienes expresaron su inquietud por los hechos de violencia que afectan distintos sectores de la capital.

Una vecina manifestó su malestar por la situación de seguridad ciudadana. “Estamos realmente conmocionados, preocupados y realmente con mucho resentimiento porque estamos cansados de que exista inseguridad en toda la ciudad de Lima”, señaló.

Durante su intervención, también solicitó acciones más efectivas contra la criminalidad. “Necesitamos operaciones estratégicas que realmente eliminen esta inseguridad en el país. Sean estratégicos, por favor, para poder eliminar la inseguridad en el Perú”, expresó.

Consultada sobre antecedentes similares en el sector, indicó que en ese punto específico no recordaba casos recientes, aunque mencionó que en otras zonas de Chorrillos sí se registraron crímenes relacionados con sicarios y ataques contra buses de transporte público.

Mientras continúan las diligencias policiales, la escena del crimen permaneció bajo resguardo de las autoridades para la recolección de pruebas y el avance de las investigaciones destinadas a esclarecer el asesinato ocurrido dentro de la unidad de la empresa Santo Cristo.

Alejandro Guadalupe Chagoya Torres, "Winnie", de nueve años, murió en Irapuato tras quedar en medio de un ataque armado en la colonia Las Huertas, donde dos hombres en motocicleta dispararon contra un joven de 26 años y también hirieron a otros menores; el caso desató exigencias de justicia de su familia y se suma a otros asesinatos de niñas y niños registrados en el municipio durante el último mes.

La agresión ocurrió a las 12:30 horas del sábado en la cuarta sección de Las Huertas, en la esquina de Fresa y Ciruelo. La Secretaría de Seguridad de Irapuato informó que el blanco directo habría sido un hombre de 26 años que resultó lesionado y que dos menores también fueron alcanzados por los disparos: una niña de la misma edad fue llevada a un hospital y el niño murió en el lugar.

La propia corporación municipal señaló que familiares del herido refirieron que la agresión fue cometida por un sujeto plenamente identificado que iba acompañado de otro en motocicleta. En esa línea de investigación, las autoridades mantienen las indagatorias para localizar a los responsables del ataque.

Winnie estaba de visita con su abuela y quería llevarse unos pollitos a casa

Alejandro Guadalupe estaba jugando con su bicicleta en la calle, cerca de la casa de su abuela, cuando ocurrió la balacera. Su familia contó que ese día estaba ilusionado porque le habían regalado unos pollitos y quería llevárselos a su casa para cuidarlos junto con su hermano menor.

“Mi niño era bien alegre y andaba bien contento porque le acababan de dar dos pollitos, por eso estaba allá con su abuelita. Al día siguiente me lo iban a traer, pero lamentablemente sucedió esto. Recuerdo que llevaba su cajita para traerse sus pollitos”, platicó su mamá.

Mientras su tía relató que murió en sus brazos ya que acudió en cuanto escuchó los disparos, aún estaba con vida pero instantes después el ataque fue fatal: “murió en mis brazos, sólo me agarró la mano y fue desviando sus ojitos”, detalló.

El niño estaba por cumplir 10 años en diciembre. Era el segundo de tres hermanos: tenía una hermana de 15 años y un hermano de cinco.

Sus familiares lo describieron como un niño tranquilo, cariñoso y alegre. Su madre, Sandra Elizabeth Torres, recordó que le gustaba andar en bicicleta, jugar y pasar tiempo con su familia.

También se preparaba para una nueva etapa escolar. En agosto entraría a cuarto año de primaria.

Ese dato responde a la pregunta central sobre quién era Winnie: un niño de nueve años, integrante de una familia de tres hermanos, aficionado a la bicicleta y emocionado por llevar a casa unos pollitos que acababan de regalarle cuando fue alcanzado por los disparos.

La familia relata que aún estaba con vida cuando lo encontraron

María Verónica Chagoya Cuéllar, tía del menor, salió a buscarlo después de escuchar las detonaciones. Lo encontró todavía con vida e intentó auxiliarlo en los primeros momentos posteriores al ataque.

“Solo me agarró la mano”, recordó la tía sobre los últimos instantes del niño. Pese a los esfuerzos de sus familiares, las heridas por arma de fuego le causaron la muerte.

Durante el velorio y el entierro en la colonia Los Fresnos, sus seres queridos insistieron en la exigencia de justicia. Su madre resumió el recuerdo familiar con una frase breve: “Mi niño era un amor”.

La muerte de Winnie provocó indignación entre habitantes de Irapuato porque no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con la información disponible en el propio caso, ya son tres menores asesinados en un lapso de un mes en ese municipio.

El 30 de abril, una niña de tres años fue asesinada y un hombre resultó herido cuando un motociclista disparó contra una casa en la misma colonia Las Huertas. El 26 de mayo, Valentina, de siete años, fue asesinada a balazos; además, una menor de cuatro años sufrió una herida en un glúteo y un adolescente de 14 años resultó lesionado en un brazo.

En ese expediente previo, la policía de Irapuato arrestó a Josué Alejandro, quien ya fue vinculado a proceso por el asesinato de Valentina y por la tentativa de homicidio contra dos menores lesionados. Fuentes de seguridad y de la Fiscalía General del Estado señalaron que el sicario conocido como El Coreano sería integrante del cártel Santa Rosa de Lima.

La familia advirtió sobre engaños con supuestas colectas

Además del duelo, los familiares de Alejandro alertaron sobre publicaciones falsas en redes sociales en las que se solicita dinero a nombre del niño. La familia aclaró que no realiza ninguna colecta y pidió a la población no caer en engaños.

Su exigencia se mantiene en dos frentes: que las autoridades localicen a quienes dispararon en Las Huertas y que el nombre de Winnie no sea usado para obtener dinero de manera fraudulenta. Hasta ahora, el caso permanece bajo investigación.

• Alejandro Guadalupe Chagoya Torres, “Winnie”, de nueve años, murió tras quedar en medio de un ataque armado ocurrido a las 12:30 horas del sábado en la colonia Las Huertas de Irapuato.

• La Secretaría de Seguridad de Irapuato informó que el ataque iba dirigido contra un hombre de 26 años; una niña de la misma edad también resultó herida y fue llevada a un hospital.

• La familia contó que el niño estaba feliz porque le habían regalado unos pollitos, pidió justicia por su muerte y advirtió que son falsas las publicaciones que solicitan dinero a su nombre.

La investigación por el asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, dio un nuevo paso luego de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra cinco personas señaladas como presuntas implicadas en el crimen ocurrido el pasado 21 de mayo.

La medida cautelar fue impuesta mientras continúan las pesquisas fiscales para determinar las responsabilidades en el atentado que acabó con la vida de la autoridad municipal. El caso es considerado uno de los más graves registrados recientemente en la región debido a la condición de la víctima y a los delitos que son materia de investigación.

Los investigados comprendidos en la resolución son Deyvis Omar Gallo Lozada, John Darwin Ponce Torres, Derian Omar Gallo Lozada, Stefanie Selene Criollo Aguirre y Miriam Elizabeth Rosales Torres, quienes permanecerán privados de su libertad durante el plazo establecido por el juzgado mientras avanzan las diligencias.

Acusados de sicariato y organización criminal

De acuerdo con la investigación preliminar, los cinco procesados son vinculados a una serie de delitos que habrían estado relacionados con el atentado contra el alcalde. Entre las imputaciones figuran presuntos actos de sicariato agravado, conspiración para el sicariato, lesiones graves, tenencia ilegal de armas y explosivos, además de pertenencia a una banda criminal.

La decisión judicial se produjo luego de evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público, que solicitó la medida restrictiva para asegurar el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles riesgos para el proceso.

El caso continúa en una etapa clave, ya que las autoridades buscan reconstruir los hechos ocurridos durante el ataque y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los investigados en la planificación o ejecución del crimen.

Juzgado evaluó peligro de fuga

Uno de los principales argumentos considerados por el magistrado fue la posibilidad de que los imputados evadan la acción de la justicia. Para ello se analizó la existencia de arraigo domiciliario, familiar y laboral que permitiera garantizar su permanencia durante el proceso.

Tras la evaluación, el juzgado concluyó que no existían suficientes elementos para descartar un eventual riesgo de fuga. Bajo ese criterio, consideró necesario imponer la prisión preventiva como una medida destinada a asegurar la continuidad de las investigaciones fiscales y judiciales.

La resolución también señala que la gravedad de los delitos atribuidos y las posibles sanciones que podrían derivarse del proceso constituyen factores relevantes al momento de determinar la necesidad de la medida cautelar.

Defensas apelarán la medida

Luego de conocerse la decisión, las defensas legales de los cinco investigados adelantaron que recurrirán a los mecanismos legales correspondientes para solicitar la revisión de la prisión preventiva ante una instancia superior.

Mientras se resuelven esos recursos, los procesados serán trasladados a establecimientos penitenciarios de la región Piura, donde permanecerán a disposición de las autoridades judiciales. Paralelamente, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas y desarrollando diligencias para esclarecer el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre y determinar las responsabilidades penales que correspondan en este caso.

¿Quién fue Víctor Hugo Febre?

Víctor Hugo Febre Calle nació en Ayabaca, Piura, el 9 de junio de 1981. Se formó como abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y desarrolló su carrera política en distintos movimientos, iniciando en Acción Popular y luego en Unión Democrática del Norte, donde fue elegido regidor distrital de Veintiséis de Octubre en 2014. Tras un intento fallido en 2018, logró la alcaldía en 2022 representando al movimiento regional Contigo Región, asumiendo funciones en enero de 2023. Durante su gestión priorizó proyectos de infraestructura urbana y transitabilidad, además de la mejora de espacios públicos.

Su administración estuvo marcada por investigaciones y controversias, incluyendo procesos por presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos municipales. La mañana del 21 de mayo de 2026, Febre fue asesinado a balazos en un ataque atribuido a sicarios, mientras se encontraba dentro de su camioneta en el asentamiento humano San Sebastián. Su muerte generó conmoción en Piura y reactivó el debate sobre la violencia criminal en el norte del país.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres señalados por su probable participación en el homicidio de un adolescente ocurrido en Cancún, un caso que derivó previamente en la detención de otras dos personas.

Los imputados fueron identificados como Ian Oliver “N”, José “N” y Roger Saúl “N”, quienes enfrentarán el proceso penal por el delito de homicidio calificado. Además, un juez de Control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años o hasta que concluya el procedimiento judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2025. La Fiscalía sostuvo que los ahora procesados, junto con otras personas, presuntamente contactaron al adolescente y lo citaron en la colonia irregular conocida como Terrenos, en Cancún.

Las indagatorias refieren que posteriormente la víctima fue trasladada a una brecha, donde habría sido golpeada en cabeza, piernas y abdomen y privada de la vida por asfixia. Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de los tres acusados.

Durante la audiencia correspondiente, el juez valoró los elementos presentados por la representación social y determinó que existían indicios suficientes para que los imputados continúen sujetos a investigación penal por estos hechos.

La Fiscalía recordó que este mismo caso ya había derivado en la vinculación a proceso de Anthony de Jesús “N” y José Alexander “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición de persona cometida por particulares.

Con las resoluciones judiciales emitidas hasta el momento, suman cinco personas procesadas por un crimen que generó atención en Cancún debido a las circunstancias en que ocurrió y a la edad de la víctima.

Se mantiene el levantamiento de pruebas

Las autoridades estatales también señalaron que los detenidos son investigados por su presunta pertenencia a una célula delictiva relacionada con la venta y distribución de narcóticos en el municipio. No obstante, esa línea de investigación se mantiene en desarrollo y deberá ser acreditada mediante las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Quintana Roo indicó que continuará reuniendo pruebas para fortalecer la acusación durante las siguientes etapas del proceso penal. Mientras tanto, los tres imputados permanecerán bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

El hecho ocurrió en el pueblo joven 2 de Junio, un populoso sector de la ciudad costera, cuando decenas de personas participaban y observaban un encuentro deportivo. Lo que hasta ese momento era una tarde de recreación se transformó repentinamente en una escena de pánico tras una ráfaga de disparos que obligó a los asistentes a correr en busca de refugio.

Las imágenes difundidas por el noticiero de Latina muestran la magnitud del caos. Uno de los heridos fue evacuado por varios hombres que lo cargaron entre sus brazos debido a la gravedad de sus lesiones, mientras otra víctima permanecía tendida sobre el pavimento a la espera de asistencia médica.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos llegaron al complejo deportivo a bordo de un automóvil negro. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

“Han bajado del carro y justamente la persona que ha disparado comenzó a abrir fuego”, declaró José Sánchez, dirigente vecinal del pueblo joven 2 de Junio, al describir lo ocurrido ante los medios locales.

El ataque generó momentos de desesperación entre jugadores, espectadores y comerciantes que operaban en los alrededores del campo deportivo. Algunos testigos señalaron que varias familias se encontraban presenciando el campeonato cuando comenzaron las detonaciones.

Las diligencias preliminares apuntan a que el objetivo principal habría sido Bryan Casahuamán Zapata, conocido con el alias de “Chucky”. Según fuentes policiales citadas por la prensa peruana, el hombre recuperó recientemente su libertad tras cumplir una condena por robo agravado.

Casahuamán también resultó herido durante la balacera y abandonó el lugar para recibir atención médica. Este antecedente ha llevado a los investigadores a considerar como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, aunque las autoridades aún no han descartado otras líneas de investigación.

Los diez heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de Chimbote para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado fallecidos como consecuencia del ataque.

El caso ha reavivado la preocupación por los episodios de violencia vinculados al crimen organizado que afectan a diversas ciudades del Perú. Vecinos del pueblo joven Dos de Junio exigieron un mayor despliegue policial y la pronta captura de los responsables, quienes lograron escapar tras el atentado y continúan siendo buscados por las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque y determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la balacera en pleno evento deportivo.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

La Meseta Purépecha de Michoacán ha registrado hechos violentos en los últimos días que provocaron alarma entre los habitantes, donde fueron asesinados dos policías comunales de Nahuatzen, además de que se reportaron bloqueos con quema de vehículos y un enfrentamiento en Charapan.

El segundo evento implicó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un ataque armado ocurrido en la carretera que conecta las comunidades de Corucho y Ocumicho, que dejó como saldo tres sicarios de origen colombiano abatidos.

Tras los hechos, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de gobierno, detalló que entre las prendas de los hombres se localizaron parches con banderas de Colombia, así como siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gobernador apunta a una presencia “significativa” de colombianos en la región

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó en conferencia de prensa de este lunes que la Meseta Purépecha se encuentra cercada por grupos delictivos que cuentan con sicarios colombianos en sus filas.

“Es de nuestro interés toda esta zona de la Meseta Purépecha, que ha sido asediada por grupos de la delincuencia organizada identificados en una presencia significativa por extranjeros colombianos”, detalló.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México detallaron que estos colombianos están siendo reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, dos organizaciones rivales que cuentan con presencia en la región purépecha.

Esta meseta se conforma de once municipios donde habitan gran parte de población indígena y se concentra más del 50% de la producción de aguacate del estado.

Los municipios que se encuentran en la región son: Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro.

Cárteles Unidos y CJNG cuentan con la mayor presencia en la Meseta Purépecha

De acuerdo con un análisis realizado por Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, en Michoacán operan 17 organizaciones criminales.

Del total, los dos grupos que cuentan con mayor presencia en la Meseta Purépecha son el CJNG y Cárteles Unidos, este último confirmado por una alianza inestable que entre los Viagras, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Cártel de Sinaloa, Cártel de los Reyes y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El CJNG tiene operaciones en los once municipios de la región, mientras que Cárteles Unidos cuenta con presencia en los municipios de Uruapan, Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Taretan, Charapan y Chilchota.

La violencia en la región no es aislada, ya que el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que en los dos últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la zona purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, ataques con drones y explosivos en contra de la población civil, instalaciones, autoridades y sus cuerpos de seguridad tradicionales.

Sin embargo, la incursión de extranjeros originarios de ese país no es nueva. En mayo de 2025 fueron detenidas 17 personas en Michoacán por el fallecimiento de ocho militares a causa de la explosión de una mina terrestre en la zona limítrofe con Jalisco, de los cuales 12 eran colombianos.

Días después, el presidente Gustavo Petro confirmó que la mayoría de los detenidos eran ex militares de ese país y algunos se encontraban activos. Además, dijo que fue el Cártel de Los Reyes la organización que los contrató, en un contexto en el que mantienen su rivalidad con el CJNG en la entidad.

La víctima fue identificada como Jorge Cárdenas, de 51 años, quien manejaba un colectivo de la conocida ruta de los amarillos, que cubre el trayecto desde Jicamarca hasta Puente Nuevo. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lomas y Cajamarquilla, cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, esperaban el paso del vehículo. Uno de ellos descendió, se acercó al colectivo y disparó más de siete veces contra el conductor. Luego, el sicario huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Producto de los disparos, Jorge Cárdenas quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Hipólito Unanue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

En el atentado también resultó herido un pasajero que iba sentado en el asiento del copiloto. Según familiares, recibió dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en el rostro. Su estado es crítico y será sometido a cirugía en las próximas horas.

Testigos relataron que tras los disparos se vivieron momentos de pánico dentro de la unidad, repleta de pasajeros. Algunos conductores y transeúntes intentaron auxiliar a las víctimas, mientras otros grababan la escena ocurrida en plena vía pública.

De acuerdo con las primeras investigaciones, agentes de la Dirincri manejan como principal hipótesis un nuevo caso de extorsión contra empresas de transporte que operan en la zona. Aunque familiares del conductor afirmaron que no tenían conocimiento de amenazas previas o mensajes extorsivos, la forma en que se ejecutó el ataque hace sospechar que el crimen habría estado dirigido específicamente contra este tipo de vehículos.

Las imágenes de seguridad muestran que el atacante parecía esperar el paso de una unidad amarilla para cometer el atentado, aprovechando el tráfico vehicular en el cruce de ambas avenidas.

La Policía continúa revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, mientras la ola de violencia y ataques contra transportistas sigue generando temor entre conductores y pasajeros en distintos puntos de Lima.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

• 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
• 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
• 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
• 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
• 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

La muerte de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, ha provocado conmoción en la región Piura y reavivado la preocupación por el avance de la violencia criminal en el norte del país. El burgomaestre fue asesinado a balazos la tarde del jueves 21 de mayo, en un ataque atribuido a sicarios cuando se encontraba dentro de su camioneta en el asentamiento humano San Sebastián. Su chofer y su agente de seguridad resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud.

El crimen ocurrió mientras el distrito se encontraba bajo estado de emergencia y apenas un día después de que la autoridad encabezara actividades públicas vinculadas a obras municipales y operativos de fiscalización. Tras conocerse el asesinato, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre expresó sus condolencias y exigió que las autoridades esclarezcan el caso. La noticia también puso nuevamente en agenda la trayectoria política de Víctor Hugo Febre Calle, un abogado ayabaquino que pasó por distintos movimientos políticos hasta convertirse en alcalde del populoso distrito piurano.

De Ayabaca a la alcaldía de Veintiséis de Octubre: la carrera política de Víctor Hugo Febre

Víctor Hugo Febre Calle nació el 9 de junio de 1981 en la provincia de Ayabaca, en la sierra de Piura. Realizó sus estudios escolares en su ciudad natal y posteriormente se trasladó para estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su formación como abogado marcaría el inicio de una carrera vinculada a la gestión pública y la política regional.

Su primera experiencia partidaria registrada fue en Acción Popular, agrupación en la que militó entre los años 2006 y 2010. Posteriormente integró el movimiento Unión Democrática del Norte, con el que logró ser elegido regidor distrital de Veintiséis de Octubre en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014. Durante el periodo 2015-2018 ocupó dicho cargo en la comuna distrital.

En las elecciones municipales de 2018 intentó llegar a la alcaldía de Veintiséis de Octubre como candidato de Unión por el Perú, aunque no consiguió los votos necesarios para imponerse en los comicios. Pese a ello, continuó ligado a la actividad política y volvió a postular en 2022, esta vez representando al movimiento regional Contigo Región.

Aquella campaña terminó siendo decisiva para su carrera. Con una diferencia ajustada, Febre logró imponerse en las urnas y asumió oficialmente la alcaldía el 1 de enero de 2023, convirtiéndose en el tercer alcalde electo del distrito. Desde entonces, su gestión estuvo enfocada en proyectos de infraestructura urbana, transitabilidad y mejoramiento de espacios públicos en diversos sectores de Veintiséis de Octubre.

Entre sus últimas actividades públicas destacó la inauguración de obras de transitabilidad en el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer, valorizadas en más de 14 millones de soles. También participó recientemente en la inauguración de un parque en Los Ficus II Etapa y en operativos municipales que terminaron con la clausura de establecimientos informales.

Las investigaciones, controversias y el atentado que acabó con su vida

La gestión de Víctor Hugo Febre también estuvo marcada por investigaciones y controversias políticas. En febrero de 2023 acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder sobre el respaldo que brindó a grupos de ronderos que se movilizaron hacia la ciudad de Piura durante las protestas sociales de ese año.

Ese mismo año, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios inició investigaciones preliminares relacionadas con presuntos actos de corrupción en procesos vinculados al Programa del Vaso de Leche. Además, el Concejo Municipal aprobó suspenderlo temporalmente de sus funciones por presunto uso indebido de recursos municipales con fines políticos personales, acusación que él rechazó públicamente.

En mayo de 2025, otra investigación fiscal alcanzó a Febre y a varios regidores por presunta omisión de funciones, abuso de autoridad y colusión. El caso estaba relacionado con una denuncia sobre la supuesta entrega de terrenos a inmobiliarias mediante convenios cuestionados.

Sin embargo, el hecho que terminó conmocionando a Piura ocurrió la tarde del jueves 21 de mayo de 2026. Según versiones preliminares y testimonios recogidos en la zona, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que se desplazaba el alcalde y dispararon varias veces directamente contra el lado del copiloto, donde se encontraba la autoridad edil.

Tras el ataque, el burgomaestre fue llevado de emergencia al centro de salud de San Sebastián, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. En paralelo, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició diligencias junto a peritos y efectivos especializados de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

El asesinato de Víctor Hugo Febre Calle, de 44 años, ha generado reacciones de dirigentes vecinales, autoridades locales y ciudadanos del distrito de Veintiséis de Octubre, quienes exigen que el crimen sea esclarecido y que se identifique a los responsables del ataque armado que acabó con la vida del alcalde piurano.

El caso más reciente ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde un conductor de miniván fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual por la avenida Las Lomas, en la zona de Zárate. El ataque dejó además a un pasajero gravemente herido y desató nuevamente las alarmas sobre la creciente inseguridad que golpea al sector transporte. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la frialdad con la que actuaron los atacantes, quienes dispararon contra la unidad en plena vía pública antes de escapar.

Sicarios atacaron miniván en SJL y dejaron un muerto

La víctima mortal fue identificada como Jorge Cárdenas Gavilán, de 51 años, quien conducía una de las unidades conocidas popularmente como “los amarillos”, minivanes que cubren la ruta entre Puente Nuevo y Jicamarca. El atentado ocurrió durante la madrugada a la altura del paradero informal de Puente Las Lomas.

De acuerdo con las imágenes de seguridad, dos sujetos esperaban en la berma central de la avenida. Uno permanecía junto a una motocicleta con el casco puesto, mientras el otro caminó hacia la unidad como si fuera un pasajero más. Segundos después abrió fuego directamente contra el conductor y los ocupantes de la miniván. Tras los disparos, ambos escaparon rumbo a El Agustino.

El conductor y un pasajero identificado como Jesús Manuel Rojas Castro, de 44 años, fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Sin embargo, los médicos confirmaron la muerte de Cárdenas minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El pasajero permanece internado en estado crítico tras recibir dos impactos de bala, uno en el tórax y otro cerca del oído. Familiares contaron que el hombre viajaba en el asiento del copiloto cuando ocurrió el ataque.

Poco después del atentado, efectivos policiales intervinieron a un sujeto sospechoso en los alrededores de Zárate. Según las primeras informaciones, el hombre llevaba un arma de fuego escondida entre sus prendas y permanece detenido mientras continúan las diligencias para determinar si participó en el ataque.

Familiares del conductor asesinado también revelaron que días antes Jorge Cárdenas había tenido una discusión con un pasajero que lo amenazó de muerte. Por ello, pidieron a las autoridades identificar a esa persona para esclarecer si existe relación con el crimen.

Extorsiones y asesinatos golpean al transporte público en Lima

El asesinato ocurrido en SJL se suma a una serie de ataques armados registrados en las últimas horas contra choferes de transporte público y colectiveros en distintos distritos de Lima y Callao.

Uno de los casos ocurrió en Ate, donde el conductor de una combi de la línea 505 fue asesinado por sicarios en el cruce de las avenidas Los Virreyes y Las Nueces. La víctima, conocida entre sus compañeros como “Chiquito”, trabajaba desde hacía más de dos décadas en el transporte público.

Según testigos, dos sujetos en motocicleta interceptaron la unidad cuando recogía pasajeros. Uno de ellos descendió y disparó varias veces contra el chofer antes de escapar. Horas después se confirmó su fallecimiento en el hospital de Ate Vitarte.

Compañeros de la empresa denunciaron que desde hace aproximadamente tres años vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones. Incluso aseguraron que al menos seis conductores de esa línea han sido asesinados en los últimos meses por negarse a pagar cupos exigidos por organizaciones criminales.

Los trabajadores indicaron que inicialmente los delincuentes pedían pagos diarios de 10 soles, pero actualmente las exigencias económicas llegan hasta los 500 soles para permitirles continuar operando. También denunciaron que reciben mensajes de WhatsApp con amenazas de muerte.

Otro atentado ocurrió en Comas, donde Franklin Fernando Sánchez Watanabe, conductor de la empresa informal El Líder, fue asesinado tras recibir más de diez disparos mientras manejaba su combi en la avenida Revolución, en Collique.

El ataque provocó escenas de desesperación entre los pasajeros, quienes intentaron escapar de la unidad mientras el vehículo retrocedía fuera de control. Dos personas resultaron heridas durante el atentado.

Horas después, en el Callao, otro conductor identificado como Alan Rojas Villacorta murió tras ser atacado desde un automóvil blanco mientras manejaba una combi en la avenida Miguel Grau.

A estos casos se suma el asesinato de Diego Eduardo Quispe Castro, un joven colectivero de 25 años que fue baleado dentro de su automóvil en Huaycán, Ate. Testigos señalaron que un sujeto descendió de un vehículo y disparó varias veces antes de huir.

Los recientes crímenes han incrementado el temor entre choferes y cobradores, quienes denuncian que continúan trabajando bajo amenazas constantes de mafias dedicadas a la extorsión. En varios distritos, conductores aseguran que muchos trabajadores evalúan abandonar las rutas por miedo a convertirse en nuevas víctimas de ataques armados.

Un ataque armado registrado la mañana del miércoles en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, dejó como saldo un hombre muerto luego de ser interceptado por sujetos armados que viajaban en motocicleta.

La víctima fue identificada como Brayan Huerta, quien circulaba a bordo de un vehículo Audi gris sobre el cruce de las calles Indiana y Alabama cuando fue atacado de manera directa por dos agresores.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por el periodista Carlos Jiménez, el automóvil avanzaba por el carril derecho cuando una motocicleta con dos sujetos se aproximó por el lado izquierdo.

En cuestión de segundos, los atacantes abrieron fuego contra el conductor en repetidas ocasiones.

Video captó el momento exacto del ataque

Las grabaciones muestran cómo los agresores dispararon al menos ocho veces contra el conductor del Audi, provocando que perdiera el control del vehículo y terminara impactándose contra un automóvil estacionado.

Tras la agresión, una mujer identificada como Ana, presuntamente esposa de la víctima, corrió hacia el automóvil para intentar auxiliarlo mientras pedía ayuda a vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

El ataque generó momentos de pánico entre personas que transitaban por la zona, una de las áreas con mayor actividad comercial y habitacional de la alcaldía Benito Juárez.

A pesar de las heridas de bala, Brayan Huerta logró llegar con vida a una clínica cercana para solicitar atención médica.

Sin embargo, minutos después de ingresar al centro médico, personal de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades investigan posibles vínculos criminales

Tras el homicidio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y agentes ministeriales acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

Peritos localizaron diversos casquillos percutidos sobre la calle Indiana, lo que provocó restricciones viales y afectaciones al tránsito peatonal en el sector.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades capitalinas, Brayan Huerta era investigado por presuntos vínculos con grupos dedicados a la extorsión y al tráfico de drogas.

Fuentes policiales también señalaron que la víctima podría estar relacionada con al menos otros dos tiroteos ocurridos previamente en la Ciudad de México.

Aunque residía originalmente en la alcaldía Álvaro Obregón, el ataque ocurrió en territorio de la Benito Juárez.

Sin detenidos tras el ataque

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha reportado personas detenidas por este homicidio.

Las autoridades analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificar la ruta de escape de los agresores y determinar si el crimen estuvo relacionado con ajustes de cuentas o actividades delictivas previas.

El uso de motocicletas en ataques directos se ha convertido en una modalidad frecuente en hechos violentos registrados en distintas zonas de la capital del país, debido a la facilidad con la que los agresores pueden escapar entre el tráfico.

Este miércoles fue detenido José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales en Colima, a quien relacionan con diversos delitos de alto impacto.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad del estado detalló que su captura se realizó como parte de la operación conjunta ‘Goya’, en la que participaron personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) de Colima.

Su arresto se efectuó luego de trabajos de inteligencia y de campo que permitieron ubicar a “Billyboy”, un objetivo prioritario de la entidad. Luego de corroborar su identidad, las autoridades le notificaron sobre el mandato judicial existente en su contra por el delito de homicidio, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

“Billyboy” es identificado como pregunto jefe de sicarios de Los Mezcales, también conocidos como Cártel Independiente de Colima, a quien se le relaciona con diversos delitos de alto impacto registrados en la entidad.

En noviembre de 2025 fueron detenidos 45 integrantes de Los Mezcales en Colima

Un operativo coordinado por la Secretaría de Marina, desplegado entre el 18 y el 23 de noviembre de 2025 culminó en la detención de 45 integrantes de Los Mezcales y en el decomiso de armas, drogas y vehículos en cuatro zonas prioritarias de Colima.

La acción forma parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025″, cuyo objetivo es reducir los índices de violencia y fortalecer la presencia institucional en puntos con alta incidencia delictiva.

Los operativos se llevaron a cabo en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y la ciudad de Colima.

Como resultado, las autoridades aseguraron dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos útiles. En materia de drogas, los elementos federales decomisaron 268 dosis de metanfetamina, así como 5 envoltorios y 2 bolsas con hierba seca de aparente marihuana.

También se aseguraron 5 inmuebles, una estructura tipo antena, 2 computadoras, 9 celulares, 2 radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y 8 motocicletas.

Todos los detenidos y objetos confiscados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Los Mezcales formaban parte del CJNG

Los Mezcales aparecieron bajo el mando de José Bernabé Brizuela Meraz, conocido como “La Vaca” o “La Bestia”, detenido en 2022. A pesar de la aprehensión de su líder, la célula mantiene su presencia en varias zonas del estado y protagoniza episodios de violencia extrema y disputas territoriales.

Autoridades federales identifican que Los Mezcales concentran sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y enfrentamientos, lo que ha detonado nuevos brotes de violencia en municipios costeros y conurbados.

Originalmente, este grupo formaba parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una operación de alto impacto que se ha extendido por más de 10 días en las zonas montañosas de Honduras, la Policía Nacional ha logrado propinar golpes contundentes a la estructura criminal autodenominada “Cartel del Diablo”.

El día de ayer 7 de abril, agentes policiales interceptaron en una zona montañosa a Harold Alexander Hernández, apodado “El Descuartizador”.

Su alias no es casual; se le señala por su presunta participación en la muerte y decapitación de una mujer, un acto que ilustra el nivel de ferocidad del cartel. Junto a él fue capturado Selvin Nani Cerón Murillo, alias “Serrucho”, vinculado supuestamente al secuestro previo al homicidio del pastor Núñez.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que las autoridades les decomisaron droga, indumentaria policial, municiones y armas de grueso calibre, ambos detenidos negaron su participación ante los medios locales.

Con rostros serios y tono de voz bajo, Hernández aseguró ser un simple trabajador de hacienda en Sulaco, mientras que Cerón Murillo afirmó vivir en la zona desde niño tras ser abandonado por su madre. Sin embargo, al ser consultado sobre su pertenencia al cartel, “Serrucho” respondió con un ambiguo: “Así dicen”.

A estas capturas se suma la de un tercer integrante fundamental: alias “Calolo”. Identificado por la Policía Nacional como uno de los sicarios más peligrosos de Honduras, “Calolo” habría estado directamente involucrado en la etapa del secuestro del pastor Núñez.

Su arresto en el municipio de Marale representa un avance sustancial, ya que se le considera un ejecutor clave dentro del engranaje de muerte de la organización. Por lo que, estas detenciones marcan un punto de inflexión en la lucha contra una banda que ha sembrado el terror en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Investigaciones preliminares de inteligencia policial sugieren que el “Cartel del Diablo” podría estar vinculado a más de 15 asesinatos recientes en el corredor entre Sulaco y Marale. Aunque el número oficial de víctimas bajo investigación continúa en ascenso, las autoridades presumen que la banda ha ejecutado sistemáticamente a residentes de la zona, pequeños agricultores y personas con influencia social para consolidar su control territorial.

Entre sus víctimas más recientes se encuentran:

• El pastor y cafetalero Óscar Núñez: Secuestrado y posteriormente ejecutado tras una exigencia de rescate de 5 millones de lempiras que su familia no pudo reunir.
• Una mujer (identidad protegida): Cuyo cuerpo fue hallado decapitado, un crimen atribuido directamente a la saña de alias “El Descuartizador”.
• Colaboradores y opositores locales: Se investiga la desaparición de al menos tres personas más en las últimas semanas que habrían tenido conflictos con la banda por tierras o actividades comerciales.

¿Qué es el Cartel del Diablo?

El “Cartel del Diablo” es una estructura criminal que ha mantenido bajo zozobra a los habitantes de Sulaco, Yoro, y municipios aledaños. Bajo el liderazgo de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, el grupo ha sido identificado como una red compacta de al menos 12 integrantes fijos y una red de colaboradores.

Su control territorial se basa en el sicariato y el terror. Según las investigaciones, la organización no solo se dedica al narcotráfico a escala local, sino que mantiene una “guerra sin tregua” contra las autoridades. El líder, “El Diablo”, resultó herido en un enfrentamiento reciente pero logró huir, presumiéndose que se oculta en la espesura de Marale, Francisco Morazán.

La saña con la que opera el Cartel del Diablo no es un caso aislado en el panorama nacional. Mientras las autoridades cercan a estos criminales, organizaciones internacionales como ACNUR han alzado la voz pidiendo apoyo urgente para los más de 400,000 desplazados internos en Honduras.

Muchas de estas familias huyen precisamente de zonas controladas por estructuras como esta, donde la negativa a colaborar o el simple hecho de poseer tierras productivas puede costar la vida. Las operaciones continúan activas para dar con el paradero del líder máximo de la estructura.

La violencia volvió a irrumpir en espacios destinados a la salud. Un grupo armado ingresó a una clínica privada en la región de la Costa Chica de Guerrero y asesinó a balazos al médico y propietario del establecimiento, un hecho que ha generado conmoción entre la población local y encendió alertas sobre la seguridad del personal sanitario.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió la mañana del martes dentro de la clínica “La Familia”, ubicada en el municipio de Marquelia. Sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon directamente contra el doctor Alberto Álvarez, quien se encontraba en su consultorio.

Tras la agresión, los atacantes huyeron del lugar, mientras que personal del establecimiento intentó auxiliar al médico y solicitó apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, la víctima falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Ataque directo dentro del consultorio

Los primeros informes indican que el crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando hombres armados ingresaron directamente al establecimiento y abrieron fuego contra el médico, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

El doctor era considerado un profesional reconocido en Marquelia y municipios cercanos, donde atendía a pacientes de manera constante, lo que hizo que su asesinato causara consternación entre la comunidad.

Investigación en curso y contexto de violencia

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región de la Costa Chica, donde ataques armados y enfrentamientos han dejado víctimas en distintos municipios en los últimos días.

La Fiscalía de Guerrero mantiene abierta la investigación para determinar si el asesinato del médico fue un ataque directo, una represalia o está relacionado con la atención brindada a personas heridas en otros eventos violentos.

El caso también reabre el debate sobre la vulnerabilidad del personal médico en zonas con presencia del crimen organizado, donde clínicas y hospitales han dejado de ser espacios seguros.

De acuerdo con medios locales, Álvarez fue esposo de la doctora Paulina Ramos Gutiérrez, actual regidora de salud por Morena, y era presidente del Colegio Médico de Marquelia, con su organización Valle de las Tortugas también se dedicaba a la preservación de la especie.

Cabe destacar que ni Javier Tacuba Salas, presidente municipal de Marquelia, municipio en el que ocurrieron los hechos; ni Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado; ni Zipacná Jesús Torres Ojeda, fiscal general del estado, se pronunciaron ni emitieron ningún mensaje por los hechos registrados en los que perdió la vida el médico.

De acuerdo con versiones extraoficiales, difundida por medios locales, el médico habría sido sometido, torturado y degollado, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

El incidente, registrado a las 13:43 horas, transforma el festejo por el Día del Niño en una emergencia médica crítica, según relatan sus padres, quienes identifican como agresor a un cliente molesto que previamente habría amenazado a la familia tras un desacuerdo con el servicio para su vehículo.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia, se observa que dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan al establecimiento. El copiloto, quien portaba una playera de la Selección Mexicana con el apellido “Zavala” y pasamontañas, desciende, lanza la amenaza: “ahora sí ya valieron” y dispara entre 6 y 8 veces contra el negocio. Zahid es alcanzado por una bala en la nuca, mientras que Lidia, familiar presente, recibe un disparo en el brazo. Vecinos identifican al conductor de la motocicleta como Osiel, presuntamente involucrado en robo de transporte y habitante de la zona.

La madre de Zahid, Verónica L, dirige un llamado público a través de Facebook al gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva para solicitar atención médica inmediata y apoyo institucional. Informa que su hijo permanece en terapia intensiva, pero que no se ha logrado localizar a un intensivista pediátrico, necesario para su rehabilitación. Reconoce que el hospital público ha agotado los recursos disponibles por su parte, pero recalca que la falta de personal especializado compromete la posibilidad de recuperación del niño.

La familia descarta que el ataque esté vinculado a cobro de piso y asocia la agresión con la reacción de un cliente que manifestó inconformidad tras la devolución de su vehículo y dinero, luego de que tardó varios días en confirmar el servicio. Días después de recibir amenazas verbales y de un intermediario que aseguró que ellos “no sabían con quién se estaban metiendo”, la familia fue víctima del ataque armado.

Christian L, padre de Zahid, narra que “se está debatiendo entre la vida y la muerte”, y explica la urgencia de encontrar atención médica adecuada: “el diagnóstico es que ahorita está cuadrapléjico”. Sostiene que hasta el momento no se ha localizado un médico intensivista pediátrico que atienda el caso.

En la secuencia capturada por cámaras, se aprecia el momento en que los agresores llegan al taller, uno de ellos desciende, ajusta su pasamontañas, entra al establecimiento lanzando la amenaza y efectúa los disparos antes de escapar. Varios familiares intentan interceptar a los atacantes, pero logran huir. Las características del principal sospechoso, especialmente la playera con el apellido “Zavala”, así como su acompañante identificado como Osiel, ya son del conocimiento de las autoridades.

La madre y el padre de Zahid mantienen la exigencia de atención institucional, ante la gravedad de la lesión medular diagnosticada, que mantiene al menor hospitalizado y sin certezas sobre su evolución. El llamado dirigido tanto a las autoridades estatales como a la comunidad busca agilizar la llegada de un especialista para que Zahid tenga acceso a cuidados médicos avanzados que permitan mejorar su pronóstico.

Entre los datos recabados destacan la identidad indeterminada del cliente originalmente inconforme y la falta de esclarecimiento total sobre el móvil del ataque, pero los parientes señalan que no hay antecedentes de extorsión ni denuncias por amenazas previas a este hecho.

• Zahid, menor de 12 años, resulta cuadrapléjico tras recibir un disparo en la nuca en un taller mecánico familiar en San Luis Potosí el 29 de abril.
• La familia atribuye el ataque armado a un cliente insatisfecho y denuncia amenazas previas, descartando vínculo con cobro de piso.
• Autoridades no han localizado al médico intensivista pediátrico necesario para la atención especializada solicitada por los padres.

Una ráfaga de balas terminó con la vida de Alexander Edilberto Vinces Paiva, campeón de artes marciales mixtas y referente en el Callao, cuando salía de la academia que dirigía.

El ataque ocurrió el lunes 27 de abril, poco después de las 10:30 de la noche, en la cuadra 2 de la avenida Comandante Pérez Salmón. Dos sujetos armados emboscaron a Vinces y a un alumno de 25 años, identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Sebastián Estefano Padilla Herrera, cuando ambos abandonaban el local tras una jornada de entrenamiento.

La escena del crimen fue descrita por testigos como un ataque coordinado. Los agresores, a bordo de un automóvil rojo con lunas polarizadas, esperaron el momento preciso para interceptar a las víctimas, ejecutando al menos dieciséis disparos antes de escapar.

El impacto del suceso se reflejó en la rápida movilización de vecinos y servicios de emergencia, que trasladaron a Vinces y a su alumno al hospital Daniel Alcides Carrión. El instructor, de 44 años, falleció poco después de su ingreso, mientras que Padilla Herrera permanece internado en estado crítico, bajo observación médica.

La Policía Nacional inició diligencias en la zona, recolectando casquillos de bala y revisando grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Las autoridades consideran que las imágenes captadas podrían resultar determinantes para identificar la ruta de huida y la placa del vehículo utilizado por los sicarios. Además, la avenida donde ocurrió el crimen permanece parcialmente cerrada en sus intersecciones principales, lo que podría aportar pistas relevantes sobre la fuga.

Legado y dolo

El velatorio de Alexander Vinces se convirtió en un punto de encuentro para familiares, colegas y estudiantes. La vivienda donde se realiza la ceremonia, ubicada en el primer puerto, permanece rodeada por coronas de flores y mensajes de despedida enviados por academias de artes marciales y por la comunidad.

“Descansa en paz, Vinces, siempre serás parte de nuestra familia. Tu fuerza, tu pasión y tu espíritu de lucha dejaron una huella imborrable. Tu legado vivirá siempre”, se lee en una de las dedicatorias enviadas por la academia Course of Fight.

Vinces era conocido en el ambiente deportivo como “Gallo Negro”, y durante más de una década formó a varias generaciones en disciplinas como artes marciales mixtas, lucha libre, boxeo y Muay Thai.

Recientemente, había alcanzado un título en el Torneo Perú Grappling. A través de sus redes sociales, compartía sus logros y animaba a jóvenes del Callao a elegir el deporte como camino de superación. Su figura se asocia con el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento personal a atletas de todas las edades.

El crimen ha dejado en la orfandad a dos menores de edad. La academia Vinces Fight, en un comunicado público, anunció el cese temporal de sus actividades y agradeció las muestras de solidaridad.

Las autoridades no han precisado el móvil del ataque, aunque manejan distintas hipótesis, incluida la posibilidad de un ajuste de cuentas ligado a hechos previos no especificados.

El proceso de investigación sigue abierto y la familia de Vinces ha solicitado privacidad y ha restringido el acceso de la prensa al velatorio, priorizando la seguridad y el recogimiento tras el hecho violento.

Una balacera ocurrida durante un velorio en el sector de Manzanilla, en el Cercado de Lima, dejó como saldo una mujer fallecida y más de diez personas heridas, en medio de la creciente ola de criminalidad en el país.

El ataque se registró durante la madrugada en las inmediaciones del jirón García Naranjo, cerca de la avenida Aviación. De acuerdo con información difundida por Exitosa, sujetos armados ingresaron al lugar donde se realizaba el velorio y efectuaron varios disparos contra los asistentes, generando escenas de pánico entre las personas presentes.

Disparo en la garganta

Según la información difundida, la víctima mortal recibió un impacto de bala a la altura de la garganta. Aunque fue trasladada de emergencia a un centro de salud, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Tras el ataque, varios de los asistentes resultaron heridos y salieron del lugar en busca de ayuda. Parte de las víctimas fue trasladada al hospital Dos de Mayo, ubicado a pocas cuadras de la zona del ataque, mientras que otros heridos fueron llevados al hospital Hipólito Unanue para recibir atención médica.

Cámaras registraron huida de atacantes

Las autoridades informaron que cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron el momento en que los presuntos atacantes escapaban de la zona luego de realizar los disparos. De acuerdo con las imágenes revisadas preliminarmente, los sujetos se encontraban encapuchados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del atentado e identificar a los responsables. Agentes de la comisaría de San Cayetano acudieron al lugar para acordonar la escena y recoger evidencias.

Antecedentes y testimonios

Según informó el citado medio, algunas de las personas involucradas en el caso registrarían antecedentes por tráfico ilícito de drogas y robo agravado. No obstante, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el móvil del ataque.

El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana en una zona considerada altamente comercial y cercana al emporio de Gamarra. Debido a la gran cantidad de negocios y viviendas con cámaras de vigilancia en el sector, la Policía espera obtener más imágenes que permitan reconstruir la ruta de escape de los atacantes y avanzar en las investigaciones.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en el inmueble y desataron una balacera que generó pánico entre los asistentes. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos, que habrían superado las veinte detonaciones, alcanzaron a varias personas que se encontraban en el lugar, dejando escenas de desesperación y heridos tendidos en el suelo mientras los atacantes escapaban.

Ataque en Florencia de Mora quedó registrado en video y apunta a ajuste de cuentas

El violento episodio fue captado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes ya se encuentran en manos de las autoridades. En el registro se escucha claramente la ráfaga de disparos y se observa el ingreso de los atacantes al inmueble. Además, se evidencia que un quinto implicado permanecía al volante de un automóvil negro, esperando a los sicarios para facilitar la huida.

Tras perpetrar el ataque, los sujetos salieron rápidamente del lugar y abordaron el vehículo. Testigos indicaron que incluso realizaron disparos al aire antes de retirarse, incrementando el temor en la zona. Los seis heridos fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, donde algunos permanecen con pronóstico reservado.

Las primeras diligencias de la PNP incluyen el análisis de las grabaciones, la recolección de casquillos y la toma de declaraciones a testigos. De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

En paralelo, versiones extraoficiales señalan que el ataque podría estar vinculado a disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Incluso, en redes sociales, presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pulpos” se habrían atribuido el atentado, lo que viene siendo verificado por los investigadores.

El atentado ocurre en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana en Trujillo, donde los enfrentamientos entre bandas y los ataques armados en espacios públicos y privados se han vuelto cada vez más frecuentes. La escena del crimen fue acordonada por peritos de criminalística, quienes continúan recogiendo evidencias clave para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre.

PNP reestructura mando en La Libertad en medio de crisis por extorsión y violencia criminal

En medio del avance del crimen organizado en La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un cambio clave en su estructura de mando en la región. El general Franco Moreno Panta dejó la jefatura de la Macrorregión Policial y fue reasignado al Estado Mayor General, considerado el segundo nivel en la línea de comando institucional. En su reemplazo, asumió el general Ricardo Espinoza, quien hasta entonces se desempeñaba como jefe policial del Callao. La decisión fue anunciada por el comandante general Óscar Arriola durante una ceremonia oficial realizada en Trujillo.

El relevo se produce en un contexto marcado por el incremento de extorsiones, homicidios y actividades ilegales que afectan a la región. Durante el acto, también se informó sobre el despliegue de 500 nuevos efectivos policiales en zonas consideradas críticas, con el objetivo de reforzar la seguridad y contener los delitos de mayor impacto. A nivel nacional, la institución reportó 810 homicidios en lo que va del año, cifra que representa una reducción de 178 casos respecto al mismo periodo anterior, aunque este descenso no refleja la situación específica que atraviesa La Libertad.

Antes de su salida, Moreno Panta participó en un operativo en Trujillo que permitió identificar parte de la logística utilizada por redes criminales. La intervención, realizada en el sector Pesquera, derivó en la incautación de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, materiales presuntamente destinados a actividades de extorsión. Según las investigaciones preliminares, estos recursos estarían vinculados a organizaciones como Los Pulpos, en una región donde también persiste la presión de la minería ilegal, especialmente en zonas como Pataz, que continúa bajo estado de emergencia.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los sicarios no dudaron en disparar pese a que el automóvil seguía en marcha. La ráfaga, que superó las 40 detonaciones según vecinos, se produjo desde otra camioneta en movimiento, lo que incrementó el riesgo para transeúntes y residentes. El ataque puso en alerta a los vecinos, pues evidencia el nivel de violencia que atraviesa el distrito.

Las cámaras de seguridad captaron el momento posterior al atentado, incluyendo la fuga de los atacantes. También registraron la intervención de una patrulla policial que intentó perseguir el vehículo implicado, sin éxito. Según la consulta vehicular, la unidad utilizada por los agresores tenía una placa reportada como robada.

Gravemente herido, el conductor fue trasladado a un centro médico; sin embargo, no sobrevivió a los impactos de bala. Durante las diligencias, la Policía halló en el interior del vehículo de la víctima un arma de fuego con cacerina abastecida. El hecho es materia de investigación.

Tras el crimen, los vecinos exigieron medidas urgentes frente a la creciente inseguridad. El nivel de violencia del ataque —en plena vía pública y con un alto número de disparos— ha reavivado el temor en una zona donde los episodios de sicariato se han vuelto recurrentes.

Operativo a búnker con ciudadanos extranjeros

El asesinato ocurre en un contexto marcado por operativos recientes contra organizaciones criminales con presencia extranjera en San Juan de Lurigancho. A inicios de 2026, la Policía ejecutó una intervención en un inmueble que funcionaba como búnker y centro de operaciones de una banda vinculada al Tren de Aragua.

Durante el operativo, más de 50 personas fueron intervenidas en una fiesta clandestina que se desarrollaba en el lugar, un restaurante ubicado en la intersección de la avenida Los Jardines Oeste con el jirón Las Grosellas. En la diligencia se incautó un arma de fuego y diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, tusi y pasta básica de cocaína.

Como resultado de las investigaciones, 29 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la División de Extranjería para evaluar su situación migratoria, mientras que 13 permanecieron detenidos por su presunta vinculación con organizaciones criminales. Según información policial, algunos de los intervenidos serían reincidentes o tendrían nexos con facciones del Tren de Aragua.

Alcalde de SJL cuestiona eficacia de estados de emergencia

Meses antes de estos hechos, en octubre de 2025, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ya había advertido sobre las limitaciones de las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad. En una entrevista, cuestionó directamente la efectividad de los estados de emergencia.

“Los estados de emergencia no han funcionado”, afirmó, al señalar que su aplicación reiterada no ha generado resultados sostenibles. En esa línea, sostuvo que la medida ha perdido credibilidad por la falta de planificación y ejecución adecuada. “El estado de emergencia llega algo manoseado y maltratado a la mesa de trabajo”, expresó.

El burgomaestre también puso énfasis en las carencias operativas de las fuerzas del orden. “Necesitamos de manera urgente generar más recursos tanto a la Policía Nacional como a las distintas unidades que hoy lamentablemente no tienen inteligencia ni logística”, advirtió.

Asimismo, remarcó la importancia del control territorial y la voluntad política para enfrentar el crimen organizado. “Antes había voluntad política y liderazgo; hoy no lo vemos”, señaló, recordando que durante la pandemia el despliegue policial y militar tenía un efecto disuasivo.

Números de emergencia en Perú

Frente a escenarios de violencia o emergencias, la ciudadanía cuenta con diversos canales de atención a nivel nacional. La central policial (105) permite reportar delitos en curso, mientras que el Cuerpo General de Bomberos (116) atiende incendios y rescates.

En casos de emergencias médicas, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (106) opera en varias regiones del país, incluida Lima. También se puede acceder a Infosalud (113) para orientación sanitaria y a EsSalud (107) para información general.

Para situaciones de violencia familiar o sexual, la línea 100 brinda atención especializada, y Defensa Civil responde a emergencias vinculadas a desastres a través del 115.

En Lima, existen además servicios de ambulancias como Alerta Médica y Clave Médica, así como el servicio de EsSalud (117), que complementan la atención ante urgencias.

El acceso oportuno a estos números puede marcar la diferencia en contextos críticos, especialmente en distritos donde la violencia y la criminalidad representan un riesgo constante.

Se trata de Jasith Sangama, madre de dos menores, quien logró sobrevivir a dos atentados en menos de dos semanas. Desde entonces, asegura que no tiene una vida estable, cambia constantemente de ubicación y teme que pueda ocurrir un tercer ataque. Su testimonio se conoce en medio de las investigaciones policiales que ya lograron la captura del presunto sicario involucrado en el caso.

“Vivo asustada”: el testimonio de la sobreviviente del ataque de sicario en Lima

Con la voz entrecortada, Jasith Sangama relató cómo cambió su vida tras convertirse en víctima de un caso de sicariato en Lima. La mujer aseguró que vive en alerta permanente y que ha tenido que alejarse de su entorno habitual para protegerse.

“Terrible, horrible. Todo esto ha cambiado mi vida. Vivo asustada. Estoy en diferentes lugares porque temo, temo por mi vida, por lo mis, por mis hijos también”, expresó al recordar los momentos de terror que vivió durante el ataque.

Según detalló, ha sobrevivido a dos atentados. El primero ocurrió en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, donde un sujeto le disparó en reiteradas ocasiones. Días después, el segundo ataque se produjo en la entrada del condominio donde vivía, en Jesús María, cuando un sicario la interceptó y le disparó al menos cinco veces mientras intentaba refugiarse.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo la víctima corre hacia el interior del edificio, intenta esconderse detrás de la caseta de vigilancia, pero es alcanzada por el atacante, quien abre fuego sin detenerse. Pese a la gravedad del hecho, logró sobrevivir y fue trasladada a un centro de salud.

En su declaración, también responsabilizó directamente a su expareja como el presunto autor intelectual del crimen. “Cien por ciento segura que es él. Lo dijo el sicario también, que fue enviado, que fue enviado por mi esposo, mi aún esposo”, afirmó.

Inicialmente, pensó que el motivo estaba relacionado con la demanda de pensión de alimentos para sus hijos, pero luego sostuvo que el trasfondo sería una disputa por bienes económicos. “A un principio pensé que era por la denuncia de la pensión de alimentos… pero me llego a enterar por medio del sicario que son por los bienes que me está... que me quiere matar”, señaló.

Además, alertó sobre el impacto emocional en sus hijos. “Ellos están viviendo un trauma psicológico horrible que jamás olvidarán y justamente porque viene de parte de su padre”, indicó, al tiempo que pidió protección y justicia para su familia.

Captura del sicario y claves del caso que investiga la Policía

En paralelo al testimonio de la víctima, la Policía Nacional del Perú logró capturar a Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera, quien confesó ser el autor material del ataque armado ocurrido el pasado 24 de marzo en Jesús María. Su identificación fue posible gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se observa parte de su rostro mientras huía en una bicicleta tras disparar contra la mujer.

De acuerdo con las investigaciones del Depincri Jesús María, ya existían indicios que vinculaban a Pizarro Cabrera con la tentativa de homicidio, lo que permitió su intervención. Además, se conoció que el detenido contaba con antecedentes y una requisitoria vigente por el delito de pornografía infantil.

El caso también involucra a la expareja de la víctima, José Luis Amasifuen Samasi, quien fue detenido como presunto autor intelectual del crimen. Sin embargo, fue liberado pese a existir un pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva, lo que ha generado preocupación en el entorno de la agraviada.

Durante las diligencias, el sicario habría revelado detalles sobre cómo se negoció el ataque, lo que podría ser clave para determinar las responsabilidades detrás del crimen por encargo. Mientras tanto, la investigación busca establecer si hubo más personas involucradas en la planificación y ejecución del atentado.

Familiares de Jasith Sangama exigieron que se aplique la máxima sanción contra el sicario confeso y que se profundicen las indagaciones para identificar a todos los responsables. Asimismo, solicitaron que se agilice la intervención quirúrgica que aún necesita la víctima como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El caso continúa en desarrollo, mientras la mujer permanece en resguardo y evita cualquier rutina que pueda exponer su ubicación.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó este 11 de abril la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva.

Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial.

De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

Operativo conjunto en Colinas de la Cruz

El despliegue inició a las diecinueve horas, cuando elementos de la FESC detectaron a los presuntos responsables. Según la dependencia estatal, los sujetos mostraron nerviosismo y trataron de alejarse al notar la presencia policial, por lo que fueron revisados.

Tras la inspección, se localizó un arma calibre 9mm fajada a la cintura de Jaime “N”, mientras que Julio César “N” portaba una bolsa de nylon con dosis de metanfetamina y otra con marihuana. A Miguel Eduardo “N” también se le aseguró un arma de fuego del mismo calibre. Cabe señalar que ese tipo de armamento está prohibido para civiles según la ley.

El operativo fue realizado en coordinación con instancias federales. Las autoridades destacaron la coordinación entre instituciones para enfrentar a grupos delictivos con presencia en la entidad.

En total estos fueron los indicios asegurados:

• 2 armas cortas
• 2 cargadores
• 15 cartuchos útiles
• Mil 50 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 610 gramos
• Una bolsa con marihuana con un peso cercano a los mil 994 gramos

Investigación a cargo de la FGR

Tras la detención, los tres hombres recibieron información sobre sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con las drogas y armas aseguradas.

La FGR será la encargada de determinar la posible relación de los detenidos con actividades de sicariato y su pertenencia a una célula criminal que opera en la región.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó que los operativos continuarán en diferentes zonas de Tijuana para identificar y detener a integrantes de células dedicadas a delitos de alto impacto.

Hasta el momento no ha sido revelado cuál sería el presunto grupo delincuencial al que pertenecerían.

Este viernes 10 de abril un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N” presuntos autores materiales del crimen donde perdió la vida el estilista Miguel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

Según reportes de medios nacionales, durante la audiencia inicial la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que el grupo criminal encargado de asesinar al joven recibió ochenta mil pesos por ejecutar el crimen, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, en la audiencia se expusieron detalles de la planeación, ejecución y captura de los responsables, según reportes emitidos por el medio La Jornada.

Las autoridades señalaron en reportes previos que la investigación para detenerlos contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las indagatorias iniciales señalan que los asesinos habrían ejecutado su plan y huida trasladándose en una motocicleta. Hay un detenido más por el caso, quien presuntamente utilizó un vehículo muro para facilitar la fuga.

Los autores materiales recibieron ochenta mil pesos por el crimen

La Fiscalía capitalina presentó ante el juez investigaciones en las que se presume que los agresores habrían recibido ochenta mil pesos por asesinar a Micky Hair exterior de su negocio, ubicado sobre avenida Moliere de Polanco.

De acuerdo con la investigación, Ángel Jorel N, de 19 años, fue quien disparó contra el estilista. Fuentes ligadas al caso, expuestas en un reporte de La Jornada, señalaron que la planeación ocurrió en calles de la colonia Tlatelolco, donde el joven se reunió con otros participantes antes del ataque.

En la audiencia de este 10 de abril, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y será el 14 de abril cuando se determine si los vinculan formalmente a proceso. Además, juez de control impuso prisión preventiva justificada a Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y evitar impunidad en el homicidio de Micky Hair.

Así fueron detenidos los dos presuntos autores materiales

Según reportes de autoridades, el seguimiento de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas permitieron a las autoridades ubicar a los responsables en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

El 6 de marzo de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ángel Jorel “N” -presunto tirador- en la avenida Ricardo Flores Magón, donde portaba 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles. La orden de aprehensión por homicidio calificado fue cumplimentada el 8 de abril, ya en reclusión.

El segundo implicado, Kevin Anthony “N”, de 24 años, fue detenido en la avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un operativo conjunto de autoridades estatales y capitalinas.

Este fue el primer detenido por el asesinato del estilista

El primer detenido relacionado con el asesinato de Miguel de la Mora Larios fue José Eduardo “N”, capturado en diciembre de 2025 en la colonia San Álvaro, alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los reportes oficiales, agentes de la SSC y la FGJCDMX lograron la detención mediante trabajos de investigación de gabinete y campo, así como con el cumplimiento de una orden de aprehensión.

José Eduardo “N” se habría ocultado en un domicilio de Azcapotzalco luego de haber facilitado la huida de los agresores materiales, utilizando un vehículo para bloquear el paso y permitir su escape tras el ataque armado.

De acuerdo con las autoridades, el caso ha tomado un giro clave en las últimas horas. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han logrado identificar a varios implicados, detener a tres personas y avanzar en la reconstrucción del crimen, que quedó registrado por cámaras de seguridad. Mientras tanto, la hipótesis principal apunta a una disputa dentro de una organización criminal que operaría en el rubro del comercio sexual.

Avances en la investigación y detenciones clave en Cusco

Las diligencias realizadas tras el crimen han permitido intervenir a tres personas presuntamente vinculadas al caso. Según información fiscal, se trata de la propietaria del hospedaje, la administradora del establecimiento y una tercera mujer de nacionalidad colombiana, quien sería pareja del conductor que participó en la fuga del presunto sicario.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, José Manuel Mayorga Zárate, confirmó que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la convalidación de las detenciones, con el objetivo de continuar con las investigaciones. No obstante, precisó que estas personas no serían las autoras materiales del homicidio, sino parte de un entorno que habría facilitado actividades ilícitas dentro del local.

Por su parte, el jefe de la región policial de Cusco, Gral. Virgilio Velásquez, detalló que ya se tiene identificado al conductor que trasladó al atacante, así como avances en la identificación del autor de los disparos. Según información preliminar, el presunto sicario sería un ciudadano de nacionalidad venezolana.

“Ya lo tenemos identificado, inclusive al conductor que participó en el hecho y estamos en plena identificación del autor del disparo. Tenemos información preliminar de que es un ciudadano de nacionalidad venezolana el que ha gatillado”, declaró la autoridad policial.

Las imágenes de videovigilancia han sido determinantes. En ellas se observa al agresor ingresar al hospedaje, perpetrar el ataque a balazos y luego huir rápidamente del lugar. Incluso, se le ve intentando abordar un vehículo antes de continuar su escape a pie, lo que permitió reconstruir parte de su ruta de fuga.

Hipótesis de mafia de trata, prostitución y extorsión

Uno de los aspectos que ha generado mayor impacto es el posible vínculo del crimen con redes de explotación sexual. Aunque en un inicio se manejó la versión de que la víctima se encontraba en Cusco por turismo, las investigaciones han descartado esta hipótesis.

“No, eso está descartado porque hay evidencias suficientes de que el trabajo que realizaban era de connotación sexual. El móvil que tenemos frente a esta situación es extorsión a las trabajadoras sexuales que trabajan en la ciudad”, sostuvo el general Velásquez.

En la misma línea, el Ministerio Público confirmó que se investiga la existencia de una organización criminal dedicada a la trata de personas y otros delitos conexos. Según el fiscal Mayorga Zárate, ya se ha identificado a más personas que estarían involucradas y que actualmente se encuentran no habidas.

“Existe un autor material, pero se está manejando la hipótesis de que se trata de una organización vinculada a trata de personas, extorsión y otros delitos”, indicó el magistrado.

El caso se mantiene en reserva mientras continúan las diligencias. Sin embargo, las autoridades no descartan que la víctima haya estado vinculada a esta red, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas o represalia dentro de este circuito ilegal.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche en un hospedaje ubicado en la avenida Costanera, a pocos metros del terminal terrestre de Cusco. Tras recibir varios impactos de bala, la mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En paralelo, la Policía ha intensificado los operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero del presunto autor material. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso que ha puesto en alerta a la región.

El asfalto de Villa Juana aún guarda las huellas de una madrugada que pretendía ser una estadística más de la delincuencia común, pero que terminó convirtiéndose en una afrenta directa al Estado dominicano.

El asesinato del mayor Silo Miguel Popoters Polanco no fue solo un robo fallido; fue el detonante de una cacería que dejó claro un mensaje contundente en los códigos del bajo mundo: en la República Dominicana, atacar a un oficial de la ley tiene un precio que se paga con la libertad o con la vida.

La madrugada del domingo 5 de abril, la banda denominada “El Circuito del Bloque”, que se creía dueña de las sombras en los sectores populares del Distrito Nacional, cometió su error más costoso. En una intersección solitaria de Villa Juana, interceptaron al mayor Popoters Polanco.

La frialdad del ataque, captada por cámaras de seguridad, mostró a un grupo coordinado, letal y sin escrúpulos.

Los disparos que acabaron con la vida del oficial superior no solo silenciaron a un servidor público; encendieron una maquinaria de respuesta inmediata en toda la geografía nacional.

El sector, conocido por su historia y su activa vida comercial, se transformó en cuestión de horas en el epicentro de operativos tácticos del DICRIM. La orden desde la Dirección General de la Policía Nacional fue tajante: desmantelar la estructura completa.

El plomo: El final de “Mandrake”

La inteligencia policial no tardó en rastrear el ADN criminal del ataque hasta el Ensanche Luperón. Allí, escondido entre el laberinto de viviendas de uno de los sectores más densos de la capital, se encontraba el presunto cabecilla: Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”.

El domingo por la tarde, el destino de “Mandrake” se selló con el estruendo de los fusiles. Al verse rodeado por agentes élite, el líder de la banda eligió el enfrentamiento sobre la entrega. En el intercambio de disparos, la ley se impuso con plomo.

El cabecilla cayó abatido, y con su muerte, el mito de invencibilidad de su organización se desmoronó. En el lugar, una pistola ilegal quedó como mudo testigo de su resistencia final contra el Estado.

La rendición: El miedo a la respuesta estatal

Con el cuerpo de su líder aún en el Instituto Nacional de Patología Forense, el resto de los integrantes de la banda entendieron que en la República Dominicana no hay rincón lo suficientemente oscuro para esconderse de la justicia.

El lunes 6 de abril, la soberbia de los delincuentes fue reemplazada por un pánico visible.

José Miguel Guillermo de Jesús (“Nota Alta”) y Aneury Amaury Espino Tejeda (“El Montro”) no esperaron a ser encontrados en un callejón. En un movimiento calculado para preservar sus vidas, buscaron el refugio de los Derechos Humanos. Escoltados por familiares y mediadores civiles, caminaron hacia la sede central del Palacio de la Policía Nacional con la cabeza baja.

Fue una rendición cargada de simbolismo. Ante el vocero policial, el coronel Diego Pesqueira, los jóvenes que antes desafiaban el orden en el barrio ahora se entregaban bajo la garantía de que se respetaría su integridad física. Sabían que, tras la muerte de un oficial de alto rango, la única forma de sobrevivir era bajo la custodia del sistema penitenciario dominicano.

Con Dalgwig David Valdez Marte ya bajo custodia y las autoridades tras el rastro de los prófugos Yeimy Felipe García Heredia y “Yoel el Malo”, el caso se encamina hacia los tribunales del país.

El asesinato del mayor Popoters Polanco ha servido para reafirmar que las instituciones responden con contundencia cuando sus cimientos son atacados. Para los sicarios de Villa Juana, el camino del crimen terminó en un callejón lleno de casquillos y en una celda fría, demostrando que, al final del día, nadie está por encima de la ley dominicana.

Adrián LeBarón denunció en su cuenta oficial de X la irrupción de dos camionetas con sicarios en la vivienda de su sobrino ubicada en Alamillo, Chihuahua. Según su testimonio, los atacantes intentaron cumplir amenazas que previamente habían dirigido contra su familia.

En el mensaje publicado este viernes 3 de abril, el activista y miembro de la comunidad mormona reportó que más de doce personas armadas ingresaron a la fuerza al domicilio, sembrando temor y buscando intimidar tanto a sus familiares como a la comunidad.

Así fue la irrupción de los presuntos sicarios

En su declaración, LeBarón describió que los agresores irrumpieron en la casa de su sobrino e insistió en que la presencia de estos grupos armados obedece a un intento por manipular y someter por la vía del miedo a la población de la región.

“Más de 12 criminales entraron para amenazar y seguir sembrando el miedo, quieren manipular a la comunidad y a una región entera a través del terror”, escribió el activista en su perfil de X.

En el mensaje, Adrián subrayó que, aunque su familiar y su familia resultaron ilesos, muchas otras familias de la sierra viven en condiciones de desplazamiento, bajo amenazas, extorsión y enfrentando el dolor de la violencia. “

No se puede vivir así, quieren doblegar a un pueblo que se resiste a verse de rodillas a los intereses de unos cuantos criminales”, expresó.

El activista afirmó que las amenazas contra su entorno han ido en aumento únicamente por buscar “hacer bien las cosas”.

En su publicación, reiteró el compromiso de su familia con la defensa del derecho de vivir con libertad y justicia: “No vamos a perder nuestro derecho de vivir con libertad, en paz y dando el lugar que merece la justicia entre las mujeres y hombres de buena voluntad”.

Reacción y aviso a autoridades

Adrián LeBarón informó que ya notificaron a las autoridades sobre el ataque y las amenazas recientes.

El mensaje, difundido desde su cuenta oficial, puso nuevamente en evidencia la situación de inseguridad y hostigamiento que enfrentan las familias de la región y la comunidad LeBarón, quienes fueron victimas de una masacre realizada por integrantes del grupo criminal La Línea hace más de seis años.

Atentado contra la familia LeBarón

El 4 de noviembre de 2019, un comando armado emboscó a tres mujeres y catorce niños de la familia LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora, dejando un saldo de nueve víctimas: tres mujeres y seis niños, todos integrantes de la comunidad de ciudadanos norteamericanos asentados en la región.

Entre las víctimas se encuentran Christina Marie Langford Johnson, Dawna Ray Langford y Rhonita Maria Miller, hija de Adrián LeBarón. Los niños fallecidos fueron: Howard Jacob, Krystal Bellaine, Titus Alvin, Tiana Gricel, Trevor Harvey y Rogan Jay.

Siete niños más sobrevivieron, algunos con heridas graves. Según reportes previos de este medio, Kevin, de 13 años, logró ocultar a sus hermanos entre los arbustos y caminar varios kilómetros para pedir ayuda.

De acuerdo con información preliminar, el ataque estaría relacionado con el cobro de cupos diarios por parte de presuntos extorsionadores. Los conductores afectados habrían sido blanco de los criminales tras negarse a pagar una suma de 15 soles diarios, exigencia que, según testimonios recogidos en el lugar, sería una práctica recurrente contra trabajadores del sector.

Ataque y heridos

Según reportó el citado medio, el atentado se produjo en horas de la noche, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el paradero. Uno de ellos descendió del vehículo y comenzó a disparar directamente contra los mototaxistas que se encontraban en el lugar esperando pasajeros.

Ante la agresión, uno de los conductores se arrojó de su unidad hacia la pista para evitar ser alcanzado por los disparos y luego corrió hacia la vía principal. Otro mototaxista también intentó huir al percatarse de que era perseguido por el atacante, quien continuó disparando en su dirección hasta que, aparentemente, se retiró debido a la presencia de personas en la zona.

Estado de las víctimas

Tras el ataque, ambos conductores fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio Bernales, donde recibieron atención médica. Uno de ellos presenta una herida de bala en la pierna, mientras que el segundo sufrió una rozadura en la cabeza, sin que el proyectil llegara a penetrar el cráneo.

Según reportes, ambos se encuentran fuera de peligro; sin embargo, el hecho ha generado conmoción entre sus compañeros y familiares. Testigos indicaron que la escena fue caótica, debido a que los disparos se realizaron en un espacio público con tránsito de peatones y presencia de comercios cercanos.

Inseguridad y temor en el transporte

El ataque ha puesto nuevamente en evidencia la situación de inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte, especialmente los mototaxistas, quienes denuncian constantes amenazas por parte de bandas dedicadas a la extorsión. En este caso, los delincuentes habrían actuado pese a la existencia de cámaras de seguridad en la zona.

Trabajadores y comerciantes del sector evitaron dar declaraciones a cámara por temor a represalias, lo que refleja el clima de inseguridad que se vive en el distrito. Asimismo, se alertó sobre el riesgo que enfrentan los pasajeros, quienes también podrían resultar afectados en este tipo de atentados.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identificación o captura de los responsables. Mientras tanto, el gremio de transporte exige mayores medidas de seguridad ante el incremento de hechos violentos vinculados al cobro de cupos en distintas zonas de Lima.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que a Navarro le endilgan que el 7 de julio de 2024, en el cruce de Santa Brígida y Palacios, de Villa Curita de José León Suárez, protagonizó junto a otros dos sospechosos, K.C. y A.V., una balacera donde un hombre resultó herido y Leandro Nicolás Meza fue asesinado.

No pudieron encontrarlo y siguió haciendo de las suyas. Así, el 12 de diciembre de 2025, un adolescente de 18 años denunció que, en calles Artigas y Santiago del Estero de San Martín, cuatro ladrones armados le sustrajeron su motocicleta Motomel Blitz 110 y se fueron a los tiros: uno era Navarro.

Ocho días después, al Hospital Bocalandro ingresó Damián Guzmán, un chico de 16 años de José León Suárez. Lo llevó su novia a ese centro de salud, herido de gravedad, y murió cuando lo operaban.

La chica contó a los policías que ambos se encontraban el cruce de Las Petunias y Las Hortensias, del Barrio El Libertador de Billinghurst, cuando una camioneta color gris pasó por el lugar: desde el interior disparaban. Uno de esos tiros dio en la espalda de Damián y lo mató.

Un día después de ese crimen, en el cruce de Santa Brígida y Palacios de Villa Curita, balearon y mataron a Eduardo Maximiliano Godoy, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el Hospital Fleming. El principal sospechoso del ataque siempre fue Navarro, quien hoy está en pareja con quien fuera la novia de la víctima.

Pero ese no fue su último crimen. El 28 de enero pasado, en Avenida Central y 9 de Julio, de Villa 9 de Julio, Gabriela Maciel, una Policía Federal de 36 años, circulaba en motocicleta Honda GLH 150 cuando fue interceptada por dos motochorros que la mataron de un disparo en el tórax y no le robaron nada.

“Del análisis de cámaras y tareas investigativas se estableció como autores a Navarro y a ‘El gordo Martín’”, explicaron las fuentes del caso. Para ese entonces, el sospechoso acumulaba pedidos de captura activos por tres homicidios en los que intervenía el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y N°5 de San Martín y un homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma del Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito.

Así, de tareas investigativas, la DDI San Martín estableció que Navarro se dedicaba al sicariato y que este martes celebraría su cumpleaños en el domicilio de su novia, ex pareja de una de sus víctimas: Eduardo Godoy.

Ante este dato, se ordenaron tres allanamientos en Villa Curita y así se efectivizó la detención de Navarro, que aceptó sonriendo las esposas y posar para la foto de la Policía Bonaerense.

Ocultas en la habitación donde dormía, le secuestraron una pistola Glock modelo 22 calibre .40, con 15 municiones, una Bersa calibre .22 con tres cargadores, otra Bersa pero TPR9 calibre 9 milímetros, con dos cargadores, y una pistola Taurus modelo G3C calibre 9 mm, con tres cargadores.

La difusión de un video en redes sociales que muestra a estudiantes del Colegio de Bachilleres en Michoacán realizando una coreografía en la que simulan ser sicarios provocó una fuerte reacción de las autoridades estatales, que derivó en el cese inmediato de la directora del plantel y del docente responsable del evento.

La medida fue ordenada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien calificó la actividad como “inapropiada” y constitutiva de apología del delito, al considerar que promueve una narrativa vinculada a la violencia.

“Hubo un cese fulminante… esto no puede suceder en Michoacán”, afirmó el mandatario al referirse a la decisión administrativa.

Video viral desata controversia

El material que originó la polémica corresponde a un evento denominado “Baile de Sectoriales”, realizado en el municipio de Contepec, donde alumnos participaron en una presentación coreográfica con elementos asociados a grupos delictivos.

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa a los estudiantes portando vestimenta táctica, como pasamontañas y chalecos antibalas, así como réplicas de armas de fuego, mientras bailan música urbana.

Uno de los momentos que más controversia generó fue la proyección, durante la coreografía, de imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados, lo que intensificó el debate público sobre los límites de la expresión artística dentro de espacios educativos.

Gobierno rechaza “anticultura delictiva”

Ramírez Bedolla subrayó que en Michoacán está prohibida cualquier manifestación que promueva la violencia o la delincuencia, y aseguró que su administración mantiene un compromiso firme con la pacificación del estado.

Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a proteger a niñas, niños y jóvenes de lo que denominó “anticultura delictiva”, enfatizando la necesidad de fomentar valores alejados de la violencia.

Postura institucional del Cobaem

Por su parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán expresó, mediante un comunicado, que como institución desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pueda interpretarse como apología del delito.

No obstante, el organismo también reconoció la creatividad y libertad de expresión de las y los estudiantes, al tiempo que exhortó a la comunidad educativa a orientar sus actividades hacia contenidos que promuevan valores positivos.

El Colegio destacó la importancia de actuar con sensibilidad y responsabilidad en el contexto actual, en el que la violencia sigue siendo un tema sensible en distintas regiones del país.

Debate abierto en redes y sociedad

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han cuestionado tanto la decisión de las autoridades como el contenido del evento escolar.

Mientras algunos sectores respaldan las sanciones por considerar que se trata de una normalización de la violencia, otros defienden la actividad como una forma de expresión artística que refleja la realidad social.

Finalmente, el Cobaem reiteró su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, basada en el respeto, la paz y la sana convivencia, en medio de una polémica que pone sobre la mesa el papel de la educación frente a fenómenos sociales complejos.

Un ciudadano dominicano buscado por homicidio e integrante de una organización internacional de sicarios fue detenido esta semana en el aeropuerto de Ezeiza cuando intentaba ingresar a la Argentina. El acusado, conocido como “Emerson”, tenía una alerta roja de Interpol y era considerado uno de los prófugos más peligrosos de la región.

La detención se produjo a partir de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina (PFA), con apoyo de agencias internacionales y la división local de Interpol. El arresto de Cristian López, de 32 años, ocurrió apenas descendió del avión procedente de Europa, antes de que el resto de los pasajeros abandonara la aeronave en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini.

El motivo de la captura fue una orden de arresto internacional por el asesinato de Nilcio Muñoz Cordero, apodado “La Pollona”, de 46 años, ocurrido en el primer semestre de 2024 en el barrio Villa Consuelo de Santo Domingo, República Dominicana. La víctima estaba en una peluquería en la calle Guardia cuando recibió disparos mortales.

Según un reporte de la Policía Nacional de República Dominicana, el ataque formó parte de una ola de homicidios con sello sicario, en un contexto de enfrentamientos entre bandas rivales por el control de puntos de venta de drogas.

A López, además, se le endilga otro ataque sucedido en diciembre de 2024, en el que un adolescente resultó gravemente herido.

La policía dominicana identificó a “Emerson” como presunto líder de la estructura criminal conocida como “BLOKE 14 50-0” -también llamada simplemente "50-0″-, dedicada al sicariato, microtráfico, cobros compulsivos y robos, con operaciones en ciudades como Barcelona, Madrid y Santo Domingo.

La investigación estableció que López había salido de República Dominicana y se encontraba en Francia, desde donde tomó un vuelo hacia la Argentina usando un pasaporte español.

La Notificación Roja de Interpol contra el detenido (emitida el 22 de noviembre de 2024) se sustentaba en una orden judicial del 18 de mayo de 2024, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana.

La captura finalmente se concretó tras un seguimiento internacional, en el marco del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACCTO 2.0) y tras la cooperación entre la OCN-Interpol Buenos Aires y la OCN-Interpol Santo Domingo.

El operativo contó con la participación de la División Asuntos Internacionales y la División Prevención Delictiva Internacional de la PFA, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en sus redes sociales: “Este es Cristian López, alias ‘Emerson’, miembro de la banda criminal 50-0; un sicario dominicano buscado por todo centroamérica. Pretendía ingresar a Argentina, pero no lo logró. Lo atrapamos antes de que pisara el país. Con el trabajo conjunto y coordinado entre Policía Federal Argentina, Interpol y agencias internacionales, seguimos sus rastros desde Europa. Sabíamos quién era, en qué vuelo venía y qué día llegaba. Policía de Seguridad lo detuvo en Ezeiza, en la manga. Y lo vamos a expulsar: Argentina no es refugio de delincuentes”.

Ahora, el detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, con intervención de la Secretaría N°12 de Cecilia Dibur, a la espera del proceso de extradición solicitado por la justicia dominicana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó públicamente las acusaciones previas que vincularon a su gobierno con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Petro utilizó sus redes sociales para señalar: “¿Dónde está la rectificación?” de quienes señalaron a su Ejecutivo por el crimen, “ahora que hay una persona confesa”. Así, el mandatario reaccionó tras conocerse la condena impuesta a Simeón Pérez Marroquín, conocido como “El Viejo”, por su participación en el asesinato del senador y candidato presidencial conservador cometido en agosto de 2025.

Según detalló el medio Europa Press, la justicia colombiana dictó el viernes una sentencia de 22 años y cuatro meses de prisión a Pérez Marroquín. El fallo se dio como resultado de la investigación de la Fiscalía, que sostuvo que “El Viejo” planificó el ataque, proveyó el arma utilizada y lideró la logística del delito que terminó con la vida del exsenador del Centro Democrático durante un acto público en Bogotá.

El comunicado de la Fiscalía incluyó los cargos por los cuales Pérez Marroquín fue hallado culpable: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores en actos delictivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones. Según Europa Press, la acusación sostiene que el imputado actuó como coordinador logístico y facilitador directo del homicidio, desempeñando un papel central en la conexión entre los autores materiales y los autores intelectuales.

El abogado de la familia del dirigente fallecido, Víctor Mosquera, calificó la condena como “un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”. Mosquera sostuvo también en un comunicado difundido por Europa Press que su representado “asumió un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”. A la vez, advirtió que “la verdad judicial aún no está completa”, señalando la existencia de “una organización criminal con niveles de dirección, coordinación y financiación que trascienden a los ejecutores ya judicializados”, lo que, a su vez, implica la participación de un grupo armado ilegal detrás de los hechos.

La sentencia contra Pérez Marroquín se suma a las que, a principios del mismo mes, recibieron Carlos Mora González y Katherine Martínez. Ambos fueron condenados a 21 años de prisión por su involucramiento en el homicidio del político conservador. Europa Press informó que hasta el momento nueve personas han sido arrestadas por el caso, cifra que da cuenta de la extensión del entramado criminal bajo investigación.

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025, tuvo como ejecutor material a un adolescente de 15 años, hecho que provocó conmoción nacional. El episodio reavivó recuerdos de situaciones similares en décadas pasadas, especialmente en los años 80 y 90, cuando la violencia y los asesinatos de dirigentes políticos alteraron gravemente la vida institucional del país. La Fiscalía, según consignó Europa Press, identificó la operación como obra de una red de sicarios organizados, aunque hasta ahora los motivos que llevaron a planificar y ejecutar el ataque siguen sin un esclarecimiento definitivo.

El proceso judicial en torno al asesinato del excandidato presidencial continúa en curso, con investigaciones abiertas respecto a los posibles autores intelectuales y a los mecanismos de financiación y coordinación del crimen. Aunque varias sentencias ya se han dictado contra miembros de la red involucrada, tanto autoridades como voceros de la familia de Uribe Turbay subrayan la importancia de esclarecer el trasfondo completo de los hechos. Europa Press reportó que, en este contexto, los operativos policiales y las pesquisas de los organismos de justicia avanzan en la identificación de las cabezas que articularon la operación y de los recursos que permitieron su realización.

Miguel Uribe Turbay desempeñó un papel relevante en el escenario político del país y su asesinato detuvo abruptamente su campaña rumbo a la presidencia. Los hechos han tenido, según Europa Press, impacto amplio tanto en la sociedad como en el debate público colombiano, que volvió a poner en la agenda la discusión sobre la seguridad de los líderes políticos y la vigencia de estructuras criminales dedicadas a perpetrar asesinatos por encargo.

El caso ha generado pronunciamientos de distintas esferas políticas y sociales. El presidente Petro, en su reacción luego de la condena, destacó el hecho de que la persona sentenciada admitió su responsabilidad y reiteró su pregunta respecto a quienes acusaron a su administración sin pruebas concluyentes. La familia de Uribe, a través de su abogado, insiste en que el esclarecimiento total de los hechos solo llegará cuando se conozcan y enfrenten judicialmente todos los niveles de la organización criminal implicada.

La cobertura de Europa Press recoge que, pese a las acciones judiciales en curso, subsiste la expectativa pública sobre los resultados finales de la investigación, así como sobre la capacidad de las instituciones para desarticular estructuras delictivas capaces de atentar contra figuras políticas de alto perfil. El caso de Uribe Turbay se perfila como un ejemplo de los desafíos que aún enfrentan las autoridades encargadas de garantizar justicia y seguridad en el país.

Durante la indagatoria, confirmó que el hijo de la víctima, Matías (27), mantenía una deuda con él relacionada con la venta de un auto BMW, pero agregó que la misma también abarcaba a otros negocios en los que, según su versión, ambos habían estado involucrados en los últimos meses.

En esa línea, detalló que intentó cobrar esa deuda, que sería mayor a los 10.000 dólares, cifra que surgió del reporte policial. Arroyo no consiguió que le pagaran.

El imputado sostuvo que conocía a Matías desde hacía algunos meses y que la relación se había dado en el marco de distintas inversiones y acuerdos comerciales.

Por el momento, en la investigación judicial, a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, se trabaja para obtener elementos objetivos que confirmen la versión del acusado.

Mientras tanto, Arroyo -que en principio no cuenta con antecedentes, ya que si bien la fiscalía todavía espera informes para constatarlo, hasta ahora no surgieron registros en ese sentido- permanece bajo arresto.

En la causa también ya declaró el hijo de la víctima, que la semana pasada viajó a Costa Rica, razón por la cual no se encontraba en el domicilio de Béccar al momento del crimen. Lo hizo de manera virtual.

El caso

El crimen se produjo en la tarde del lunes, minutos antes de las 18, cuando una motocicleta se detuvo frente a la casa de la víctima, en la calle Luis de Flores al 2200. El conductor, con el casco puesto, disparó siete veces contra el frente: cuatro balas atravesaron la puerta y tres impactaron en una persiana. Iraola fue alcanzada por los disparos y murió casi en el acto.

Luego de los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda a través de una propiedad lindera. Encontraron a Iraola tendida en el living, sin signos vitales.

De las primeras averiguaciones surgió la hipótesis de un ajuste de cuentas por la venta de un auto BMW que no resultó exitosa porque el comprador reclamó que el coche tenía fallas y exigió recuperar el dinero.

A partir de ese momento, supuestamente comenzaron las amenazas contra Matías, algo que también está bajo investigación, ya que no existen denuncias previas al respecto.

Luego del ataque, el sicario escapó por la avenida General Guido y tomó el Acceso Tigre en dirección a Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales captaron parte de la huida, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación tras detectar la patente.

Esa información llevó a la Policía Bonaerense a allanar un domicilio en la localidad de José León Suárez, donde buscaron a Pablo Guillermo Ragni (53), el hombre que figura como dueño de la moto utilizada en el hecho.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, Ragni tenía una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas, se la quitó y escapó por el fondo de la casa al advertir la llegada de los agentes.

Hasta este miércoles continuaba prófugo, mientras se investiga si fue el autor material de los disparos o si solo facilitó el vehículo.

El otro allanamiento tuvo lugar en un country de Escobar, donde justamente fue detenido Arroyo.

Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el avance del sicariato en el Callao y su expansión hacia otras zonas del país. De acuerdo con las primeras diligencias, los intervenidos estarían implicados no solo en crímenes ocurridos en Lima, sino también en coordinaciones para atentados en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), lo que evidencia el alcance de esta red criminal.

Golpe a “Los Malditos del Centenario”: así operaba la red de sicarios

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta organización criminal operaba principalmente en sectores como Centenario, Puerto Nuevo y avenidas clave como Argentina y Venezuela, donde se habrían registrado varios ataques contra empresas de transporte y carga pesada. La hipótesis de los investigadores apunta incluso a una modalidad más sofisticada: la infiltración de trabajadores en compañías para recopilar información que luego era utilizada para ejecutar atentados o extorsiones.

Durante el operativo, ejecutado con orden judicial y presencia del Ministerio Público, se allanaron al menos nueve viviendas. En estos inmuebles fueron detenidos sujetos identificados como presuntos brazos operativos de la red, entre ellos quienes habrían participado directamente en asesinatos y labores de reglaje. La organización estaría liderada por un sujeto conocido como alias “Ñaja”, sindicado como el encargado de planificar los crímenes y coordinar las acciones del grupo.

Entre los elementos incautados figuran drogas, celulares, prendas de vestir y calzado que serían clave para vincular a los detenidos con hechos registrados por cámaras de seguridad. Precisamente, uno de los hallazgos más reveladores fue una conversación de WhatsApp en la que se coordinaba un presunto asesinato por encargo en la zona de Pichari, en el VRAEM, por un pago de 4 mil soles. El mensaje detalla incluso ofrecimientos de hospedaje y pasajes para concretar el crimen, lo que evidenciaría el alcance de esta red fuera de Lima.

Las autoridades también investigan la posible participación de los detenidos en diversos homicidios ocurridos en el Callao durante los últimos meses. Entre estos casos figuran ataques en Puerto Nuevo y Ciudadela Chalaca, donde las víctimas fueron interceptadas y asesinadas en la vía pública, presuntamente como parte de ajustes de cuentas o cobros extorsivos.

Callao en emergencia: asesinatos rozan un promedio diario y golpean al transporte público

El Callao atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de violencia criminal, incluso bajo el estado de emergencia decretado por el gobierno de José María Balcázar. En lo que va del 2026, las cifras reflejan una escalada sostenida: entre el 1 de enero y el 15 de marzo se registraron 46 homicidios, mientras que en apenas 16 días —del 28 de febrero al 15 de marzo— se reportaron 14 asesinatos, lo que equivale a un promedio cercano a una víctima por día.

Este escenario no solo supera registros anteriores, sino que evidencia una tendencia más agresiva que la vivida durante el último estado de emergencia. En ese periodo previo, se contabilizaron 53 homicidios en 121 días, una cifra considerablemente menor en comparación con la actual frecuencia de crímenes. Los distritos del Cercado del Callao y Bellavista concentran la mayor cantidad de casos, consolidándose como focos de alta incidencia delictiva.

El impacto de esta ola de asesinatos recae principalmente sobre trabajadores del transporte urbano, quienes se han convertido en blanco constante de extorsiones y ataques armados. En distritos como Ventanilla, se han registrado atentados consecutivos contra conductores en cuestión de días, incluyendo balaceras contra unidades con pasajeros y asesinatos a plena luz del día. Detrás de estos hechos estarían bandas que exigen pagos diarios por vehículo, en un contexto donde el control territorial, el narcotráfico y la débil respuesta institucional siguen alimentando el avance del crimen organizado.

Las detonaciones alertaron a los vecinos. Tras los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 5ª de San Isidro llegaron al lugar. Ingresaron al domicilio a través de una propiedad lindera. Allí encontraron a la víctima sin signos vitales. Fue identificada como Cecilia Andrea Iraola.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo apunta a un conflicto vinculado a la venta de un auto BMW. La información recabada por los investigadores indica que el hijo de la fallecida había vendido ese coche por unos 10.000 dólares, pero tras la operación, el comprador reclamó que el vehículo tenía fallas y exigió que le devolvieran el dinero.

Desde entonces, comenzaron las amenazas de muerte contra el joven. El vendedor, llamado Matías, decidió viajar a Costa Rica el pasado fin de semana y hasta este martes seguía allí. Por eso, al momento del ataque, solo su madre estaba en la vivienda ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200.

De acuerdo a la reconstrucción de los detectives, el sicario, tras el ataque, se dio a la fuga por la avenida General Guido, para luego tomar el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Las cámaras municipales registraron parte de su ruta de escape.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro, a cargo de la fiscal Carolina Asprella. Los registros de cámaras de seguridad y el análisis de antenas de telefonía fueron claves para avanzar con celeridad. Las investigaciones desembocaron en dos allanamientos.

Uno fue en un country de Escobar, donde la Policía Bonaerense arrestó a Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del ataque. Se trataría de la persona con la que Matías tuvo el conflicto por la venta del coche. En su vivienda, los agentes secuestraron teléfonos y otros elementos que serán analizados.

Hay un dato que compromete a Arroyo: las fuentes indicaron que estuvo en las inmediaciones del domicilio poco antes del asesinato. Será indagado en las próximas horas.

En paralelo a ese operativo, siguió la búsqueda del autor material de los disparos.

Tras detectar la patente en las filmaciones, se supo que la moto que usó el tirador está registrada a nombre de un hombre llamado Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, con domicilio en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín. Entonces, fueron a allanarlo.

Cuando la Policía Bonaerense llegó a esa casa, advirtieron que el sospechoso tenía una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas, la cual se quitó de inmediato, para luego escapar por los fondos. En el lugar, se secuestraron más elementos de interés para la causa.

Mientras se intenta determinar si se trata del autor material del homicidio o si solo facilitó el vehículo, Ragni continúa prófugo.

Un ataque sicarial se registró en horas de la tarde del miércoles 11 de marzo en el sur de Bogotá, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras se encontraba al interior de su vehículo detenido en un semáforo del barrio Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, el hecho ocurrió hacia la 1:20 de la tarde en la calle 47B sur con carrera 24-25, en inmediaciones del centro comercial Tunal.

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Según las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el automóvil cuando este se encontraba detenido en un semáforo en rojo y dispararon contra el conductor.

Las primeras indagaciones señalan que los atacantes habrían estado siguiendo a la víctima minutos antes del hecho y aprovecharon el momento en que el vehículo se detuvo para ejecutar el ataque.

De acuerdo con el reporte conocido por Citytv, uno de los hombres descendió de la motocicleta y accionó un arma de fuego contra el conductor, quien permanecía al interior del automóvil.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego.

El mayor Ibrián Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, confirmó que la alerta fue recibida a través de la línea de emergencias 123.

“En cercanías del centro comercial Tunal se presenta un hecho lamentable. Recibimos la llamada a la línea 123 reportando una persona lesionada por arma de fuego”, indicó el oficial.

El uniformado agregó que, según la información preliminar, los responsables realizaron un retorno en la vía antes de acercarse al vehículo y cometer el ataque.

“Las personas que estaban en la motocicleta hacen el retorno; al parecer venían haciéndole seguimiento. Con el semáforo en rojo, uno desciende de la motocicleta y es donde lamentablemente lo impacta”, señaló Cuero.

La víctima tenía aproximadamente 46 años

Después del atentado, unidades de la Policía y personal de emergencia trasladaron al hombre al Hospital El Tunal, donde recibió atención médica.

No obstante, minutos después de su ingreso al centro médico se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era un hombre de aproximadamente 46 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad oficialmente.

Las autoridades también señalaron que no se tiene registro de amenazas previas en contra del ciudadano, aunque el caso continúa en investigación.

“Nos manifiestan que el ciudadano no presentaba amenazas. Estamos realizando las pesquisas y verificando las cámaras de seguridad del sector para establecer qué motivó este hecho”, agregó el comandante de la estación de Policía.

Autoridades revisan cámaras de seguridad para esclarecer el crimen

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un proceso de recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.

Investigadores también buscan determinar la ruta de escape de los agresores, quienes huyeron del lugar después de cometer el ataque.

El caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que adelanta las labores judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando información que permita establecer los móviles del crimen y la identidad de los responsables.

Guarda de seguridad resultó herido tras intentar evitar un hurto

En otro hecho registrado el mismo día en la ciudad, un guarda de seguridad resultó herido con arma de fuego en el barrio Ricaurte, en el centro de Bogotá.

Según información de El Espectador, el incidente ocurrió cuando un delincuente le arrebató la maleta a una persona y emprendió la huida en motocicleta.

El guarda de seguridad, al percatarse de la situación, intentó intervenir para evitar el hurto. En medio del hecho, el agresor accionó un arma de fuego y lo dejó lesionado.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde permanece recibiendo atención médica.

Las autoridades indicaron que el responsable logró huir del lugar, por lo que continúan las labores investigativas para identificarlo.

En medio de la investigación que la Justicia de Entre Ríos lleva adelante contra el capo narco Leonardo Airaldi, acusado de mandar a matar a tres funcionarios judiciales, inició una serie de peritajes sobre el círculo íntimo para descubrir cómo fue la organización del plan.

Las pesquisas que realiza el Juzgado Federal de Gualeguaychú para ratificar la veracidad del complot que fue revelado días atrás entraron en una etapa decisiva. Los testimonios de tres internos de la Unidad Penal de Gualeguaychú indicaron que Airaldi habría planificado los asesinatos. Las víctimas serían el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia; el fiscal federal de Paraná, Ignacio Candioti y el juez federal Leandro Ríos.

Según informaron a Infobae fuentes judiciales con acceso directo a la causa, las pericias a los teléfonos secuestrados en el penal de Gualeguaychú serán claves. En el operativo realizado en los albores del caos, se encontraron al menos tres celulares. Los halló el Escuadrón 56 de Gendarmería en el pabellón “E”, donde permanecía alojado el capo narco. Ahora se lo declaró preso “de alta peligrosidad” y fue trasladado a Ezeiza.

La defensa de Airaldi, encabezada por Mariana Barbitta, señaló que ninguno de los aparatos se encontró en la celda del principal sospechoso; sin embargo, aclaró que eso no es un dato determinante porque lo relevante es el uso de los dispositivos, no su ubicación. En el pabellón hay 16 internos vinculados al narcotráfico, todos remitidos por la Justicia Federal.

Las tareas sobre los teléfonos estuvieron a cargo de Gendarmería. En distintas etapas del proceso intervinieron las delegaciones de Paraná y Gualeguaychú. La fuerza federal está colaborando ahora con la evaluación del material. La defensa de Airaldi ya nombró a un perito de parte para controlar el análisis.

“Smoking gun”

La pericia arrojará muchos datos: el primero será qué hay y qué se borró. La clave está en las comunicaciones. Los narcos suelen utilizar aplicaciones comunes como Whatsapp o Telegram para intercambiar información con el exterior y enviar órdenes, pero también emplean otras de alta seguridad. Algunas no guardan el contenido en servidores y otras permiten una sola visualización antes de que el mensaje desaparezca.

La investigación se centra en los textos, imágenes y audios que esos tres celulares recibieron y enviaron. No se espera hallar mensajes donde el capo narco haya dado instrucciones precisas para cometer el crimen. El objetivo es encontrar lo que en el ámbito judicial se llama una prueba concluyente (smoking gun): un elemento incontrovertible que sostenga la hipótesis del caso de manera definitiva.

La posibilidad de que surja evidencia de este tipo es alta. Ex vecinos de Airaldi en la localidad entrerriana de Diamante indicaron a este medio que el capo narco tiene la costumbre de jactarse abiertamente en conversaciones, algo que fue clave para que Daniel “Tavi” Celis se enterara del plan para matar a los funcionarios judiciales y al ministro Roncaglia. Lo mismo ocurrió con los otros dos testigos, quienes también convivieron con Airaldi en el pabellón y escucharon el contenido de las amenazas.

La agenda de contactos y los números de teléfono con los que hubo intercambio también serán un factor clave para la investigación.

En qué etapa está la causa

El caso estalló el viernes 20 de febrero de 2026. Celis presentó un habeas corpus para denunciar el control que ejercía Airaldi sobre el pabellón que compartían. El juez federal Hernán Viri rechazó el planteo, pero remitió los testimonios al fiscal Pedro Rebollo.

La tarde en la previa a un fin de semana se alteró por completo. El funcionario judicial escuchó los detalles de cómo se producirían los crímenes y decidió actuar de inmediato. Solicitó a Viri la orden de allanamiento y activó el despliegue de Gendarmería en El Potrero, la granja penal ubicada en las afueras de la ciudad que sería el epicentro del plan criminal.

El juez derivó la investigación en Rebollo, quien actualmente se aboca a reunir elementos materiales que respalden los dichos de Celis. De encontrarlos, podrá imputar a Airaldi y llamarlo a indagatoria. Ese paso aún no se ha concretado, lo que representa una de las objeciones frecuentes de la defensa del acusado. En paralelo, se prevé el inicio de nuevas declaraciones testimoniales.

El caso, por el momento, mantiene la carátula original: “N.N. s/ A determinar”. A medida que se sumen pruebas materiales, podrá definirse el delito a imputar, con alternativas que van desde amenazas hasta tentativa de homicidio calificado.

Roncaglia, que antes de ser ministro en Entre Ríos fue jefe de la Policía Federal y antes de eso titular de Drogas Peligrosas de la fuerza, dijo a Infobae que no designará un abogado particular: “Confío en el juez y en el fiscal. Rebollo no es un tibio”. Candioti, otro de los funcionarios amenazados, seguiría el mismo camino.

La defensa de Airaldi se ha enfocado en plantear nulidades, uno de los recursos que más utilizó Barbitta hasta el momento. Consultada por este medio, aclaró que aún no conoce las actuaciones en su totalidad. Desde los tribunales federales de Gualeguaychú sostienen que toda la información está volcada en el Lex 100, el sistema informático judicial federal al que solo pueden acceder las partes.

Reincidente y condenado. Estaba libre.

Se llama Alberto Dionisio Yauri Quicaño, le dicen “Chino”, también “Beto”, y ahora tiene 32 años, pero desde antes de 2019 está señalado por matar sin piedad. De nacionalidad peruana, fue condenado por haber asesinado al hermano del capo narco “El Loco César” Moran De La Cruz, y así y todo siguió involucrado en causas por homicidios: tenía un pedido de captura por un crimen sicario en Avellaneda de junio pasado. Y lo encontraron manejando un auto tranquilo por el conurbano bonaerense.

A Yuri Quicaño lo venían investigando en la DDI de Quilmes por una serie de ataques sanguinarios vinculados a la venta de drogas en la zona de Bernal y Quilmes Oeste. Solía trabajar con su hermano Waldir Yauri Quicaño, preso por un homicidio en el marco de un ajuste de cuentas narco ocurrido el pasado 16 de agosto.

Fuentes del caso aseguran a Infobae que ambos tenían un búnker con custodia armada las 24 horas, en el que se resguardaban cuando iban a la zona sur del conurbano a comercializar drogas.

Aunque ese búnker sería el dato de color, lo que los muestra sanguinarios es que los investigadores aseguran que, en su afán de controlar el comercio de estupefacientes en distintos puntos del conurbano y CABA, atacaban a tiros para amedrentar a sus competidores y subalternos, no solo a los que les querían copar el territorio, sino también a los que se atrasaban en sus pagos.

A modo de muestra del caso, en la casa en la que vive actualmente la pareja de Waldir, los investigadores encontraron un misterioso esqueleto humano en el marco de los allanamientos que se ordenaron tras la captura de Alberto Dionisio. Investigan de dónde provienen.

En un auto por la ruta de cobro

El fin de la vida fuera de todos los límites llegó el 5 de marzo para Alberto Dionisio. Lo capturó la Policía Bonaerense a instancias de las fiscalías N°3 de Quilmes y la UFI N°1 de Avellaneda. Sabían que se movía en un Chevrolet Prisma gris y que usaba un recorrido fijo para cruzarse con sus “clientes” del negocio narco. Una rutina que es casi un pecado para los profesionales del rubro o, quizá para él, un acto de impunidad.

Por eso, lo esperaron y lo atraparon a bordo del Chevrolet Prisma gris: tenía encima dosis de cocaína y pasta base, dos celulares y una pistola Tanfoglio calibre .40 robada el 8 de enero de 2024 en Avellaneda.

Cuando le hicieron tocar el pianito saltó que tenía un pedido de captura del 6 de junio de 2025, por el crimen del peruano George Edrihs Limna Flores (22) y el ataque a tiros a una mujer de 21 años que iba con él en el marco de un ajuste de cuentas que investiga la UFI N°1 de Avellaneda.

Según la causa, las víctimas se movilizaban en Fiat Cronos y, al llegar al cruce de las calles Irala y Madrid, en Dock Sud, fueron interceptados y atacados a disparos desde otro auto gris.

La chica sobrevivió y llevó a Lima Flores hasta la Comisaría Avellaneda 1ª para pedir ayuda: Gerge Edrihs tenía dos tiros en el cuello y el tórax y dijo cuatro palabras: “Alberto Dionisio Yauri Quicaño”. Ambos fueron trasladados al Hospital Fiorito, donde posteriormente el joven falleció.

El crimen de “El 28″

Pero las huellas de Alberto Dionisio en la sede de la DDI de Quilmes mostraron más. Había sido condenado por tres cargos de homicidio, uno en grado de tentativa, ocurridos durante un ataque en la Villa 31 el 12 de mayo de 2019.

Yauri Quicaño mató ese día de seis disparos a Hector Morán de La Cruz, alias “El 28″, el hermano del capo narco peruano “El Loco César”, preso desde 2011 en la cárcel de Devoto.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 13 de Capital Federal el 4 de mayo de 2021 lo condenó como “autor penalmente responsable del delito de doble homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa, todos los cuales se encuentran agravados por el uso de arma de fuego, los que concurren en forma real entre sí, en concurso material con el delito de portación de arma sin la debida autorización legal, a cumplir la pena de 14 años de prisión”.

Pero el TOC N°13 además le unificó la pena con una del Tribunal Oral Federal Nº5 de 2015 de cuatro años y dos meses de prisión, por lo que debía cumplir 16 años de cárcel. Así, Alberto Dionisio, domiciliado en la Villa 31, pasó a vivir en el Complejo Penitenciario II del penal de Ezeiza.

Según los cálculos, podía salir el 22 de agosto de 2032. “El registro de la sentencia condenatoria caducará a todos sus efectos el día 22 de agosto de 2042″, según información a la que accedió Infobae.

¿Qué hacía en la calle Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4?

Huesos en la casa

Lo cierto es que para los investigadores que lo atraparon el 5 de marzo, Alberto Dionisio -y su hermano Waldir preso también- se dedicaba al narcotráfico junto a otros sospechosos de nacionalidad peruana: controlando el comercio de estupefacientes en distintos puntos del conurbano y CABA y utilizando violencia armada.

Ante el arresto cuando iba tranquilo en su coche haciendo la ruta de clientes, la justicia de garantías dispuso que se allanen tres domicilios vinculados a Alberto Dionisio: dos en CABA, que se hicieron junto a la Policía de la Ciudad, y uno en Quilmes:

• En Einstein al 500 del barrio porteño de Pompeya no encontraron nada.
• En la Manzana 118, de la Villa 31, donde vivía Waldir con su pareja, se secuestraron restos humanos: un cráneo, tibias, fémures y un húmero se distinguen entre los huesos hallados.
• En la Calle 167 bis, casi esquina del arroyo Las Piedras de Bernal Oeste, dieron con el famoso búnker y ahí había una pistola calibre 9 milímetros, municiones, un silenciador, chaleco antibalas de portación oculta, una caja de arma tipo pistola con la inscripción “Made in Israel” y logo militar, celulares, documentación y anotaciones.

Durante el proceso judicial, Carlos Mora González, conocido como 'El Veneco', reconoció ante la Fiscalía su papel en la logística y en la entrega del vehículo utilizado para transportar el arma con la que se cometió el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Según consignó la prensa colombiana, el tribunal de Bogotá fijó una condena de 21 años de prisión para Mora González por su participación en el crimen perpetrado el 11 de agosto de 2025 en la capital colombiana. En la sentencia, Mora González aceptó cargos agravados de homicidio, concierto para delinquir y la fabricación y posesión ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las fuentes citadas por la prensa nacional, Mora González llegó a un acuerdo con la Fiscalía admitiendo su responsabilidad en la organización del homicidio. El tribunal determinó que el sentenciado coordinó la selección del lugar en el que se realizó el ataque y facilitó el desplazamiento de quienes intervinieron, al proveer el vehículo empleado para llevar el arma homicida. El autor material del asesinato fue un adolescente de 15 años, según detalló la prensa colombiana.

La Justicia colombiana dictó la condena contra Mora González pocos días después de que otra de las procesadas por el crimen, Katherine Martínez, también recibiera una pena de 21 años de prisión. Según recopiló la prensa local, la decisión judicial se enmarca en un proceso más amplio, en el que hay al menos nueve personas detenidas y vinculadas a esta causa.

El asesinato del senador Uribe Turbay, integrante del partido Centro Democrático, ocurrió mientras participaba en un acto público en Bogotá, causando conmoción por el uso de sicarios menores de edad y por el impacto político del crimen. La prensa colombiana recordó que este asesinato trajo al debate público recuerdos de los episodios más violentos de las décadas de los ochenta y noventa, cuando los atentados contra líderes políticos eran recurrentes en el país.

Las investigaciones han señalado a una red de sicarios como la agrupación que habría planeado y ejecutado el homicidio del legislador. Sin embargo, el móvil detrás del asesinato aún no ha sido esclarecido completamente, según informó la prensa colombiana. El proceso judicial continúa su curso con otros implicados, mientras se busca determinar la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la presunta red criminal.

El tribunal subrayó, según publica la prensa local, que Mora González tuvo un papel determinante al ofrecer tanto su conocimiento logístico como los recursos necesarios para la comisión del delito, detalles que resultaron fundamentales durante la investigación para sustentar la acusación y derivar en la condena impuesta.

La Fiscalía vinculó el caso con una estructura delictiva que opera principalmente a través de sicarios y que estaría detrás de otros hechos violentos en Bogotá, aunque no se han esclarecido todas las conexiones. Los informes judiciales revelados por la prensa nacional indican que la participación de menores en crímenes graves sigue representando un reto para las autoridades en Colombia.

La condena a Mora González se suma a las acciones judiciales adoptadas frente a los demás capturados por su presunta vinculación con la muerte del senador Uribe Turbay. Según relató la prensa colombiana, la investigación sigue abierta para identificar el alcance y la magnitud de la red delictiva asociada al crimen.

El caso ha impulsado renovados llamados desde diferentes sectores políticos y sociales para el fortalecimiento de los mecanismos de protección a funcionarios públicos y la prevención del uso de menores de edad por parte de organizaciones delictivas. La atención pública sobre el proceso judicial contra Mora González y el resto de los implicados se ha mantenido alta, dada la relevancia política y el impacto social de los hechos, reportó la prensa nacional.

Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley figuraron entre los nombres incluidos en un plan criminal que involucró la entrega de dinero a supuestos intermediarios bajo vigilancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La trama, revelada en un tribunal de Nueva York, tiene como acusado principal a Asif Merchant, ciudadano paquistaní señalado por su vínculo con un agente de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este plan, vinculado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, quedó al descubierto tras la entrega de USD 5.000 a supuestos sicarios, quienes resultaron ser agentes encubiertos del FBI.

Merchant declaró ante los jurados que actuó por temor a represalias sobre sus familiares en Irán y afirmó que deseaba ser arrestado antes de que cualquier atentado pudiera materializarse, según informó la cadena de noticias NBC News.

El arresto de Merchant se produjo el 12 de julio de 2024, después de mantener reuniones voluntarias con el FBI que concluyeron sin acuerdo de colaboración, y un día antes del intento de asesinato, no relacionado, contra Trump en Butler, Pensilvania.

Durante el proceso judicial, los fiscales argumentaron que Merchant, de 47 años, viajó a Estados Unidos en 2024 con la finalidad de contratar criminales para perpetrar el asesinato de un político estadounidense, extremo que Merchant reconoció parcialmente bajo juramento, aunque alega haber actuado bajo presión.

El señalamiento directo de la Guardia Revolucionaria y los presuntos objetivos

De acuerdo con la acusación presentada en Brooklyn, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —formalmente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera— instruyó a Merchant para ubicar residentes en Estados Unidos dispuestos a trabajar para Irán e identificar elementos criminales capaces de ejecutar distintas labores, entre las que se incluían la organización de protestas, robos, lavado de dinero y asesinatos.

Merchant declaró que el agente iraní le comunicó explícitamente los nombres de tres figuras políticas estadounidenses: Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley. El acusado narró que sus encuentros con el contacto iraní comenzaron a finales de 2022 como parte de un acercamiento inicial sobre un sistema informal de transferencias de dinero, conocido como hawala. La relación evolucionó hasta incluir la capacitación en técnicas de contravigilancia y asignación de tareas concretas.

Merchant describió que sus viajes periódicos a Estados Unidos, vinculados a actividades en el sector de confecciones, llamaron la atención del representante de la Guardia Revolucionaria, quien le propuso reclutar colaboradores en territorio estadounidense.

En abril de 2024, agentes migratorios en el aeropuerto de Houston interrogaron a Merchant acerca de sus desplazamientos a Irán, lo que le llevó a suponer que se encontraba bajo intensa vigilancia.

A pesar de ello, continuó investigando ubicaciones de actos de campaña de Trump, diseñando un esquema para un atentado armado y contratando a supuestos sicarios —en realidad, agentes encubiertos del FBI— a quienes pagó USD 5.000, suma que, según sostuvo, le proporcionó un primo.

La defensa de Merchant: presión, miedo y simulaciones

Ante los jueces, Merchant sostuvo que sus acciones representaban un último recurso: “Mi familia estaba bajo amenaza y tuve que hacerlo. No era algo que quisiera hacer de manera voluntaria”. Insistió en que siguió las instrucciones del agente iraní únicamente porque este conocía la identidad y domicilio de sus parientes en Irán y, según sus palabras, ya era objeto de vigilancia. Merchant explicó que envió información falsa sobre movimientos dentro de Estados Unidos, comunicándola a Irán mediante intermediarios y ocultando los detalles en un libro.

Aseguró que nunca acudió a las autoridades estadounidenses por el temor a represalias. “No tenía otra opción que seguirle el juego porque mi contacto me lo exigía”, mencionó Merchant en corte, según la cadena de noticias NBC News.

Expresó que su pretensión era terminar detenido antes de que ocurriera un daño, para luego colaborar con las autoridades de Estados Unidos y aspirar a la residencia permanente. No obstante, los fiscales remarcaron que Merchant nunca recurrió a la policía antes de su arresto y que, durante los interrogatorios con el FBI, omitió mencionar hechos que probaran que era víctima de coacción.

En la audiencia, la fiscal del caso Nina Gupta preguntó: “Viajó a Estados Unidos con el propósito de contratar miembros de la mafia para asesinar a un político, ¿correcto?“, Merchant respondió: “Así es”.

A consulta de su abogado defensor, Avraham Moskowitz, sobre si era un “superespía”, Merchant replicó: “En absoluto. No lo soy”.

El gobierno de la República Islámica de Irán negó oficialmente haber conspirado para matar a Trump u otros dirigentes estadounidenses, según documentó la cadena de noticias NBC News.

Una vida de negocios transnacionales y contexto familiar

Merchant acumuló alrededor de 20 años de experiencia en el sector bancario en Pakistán antes de diversificarse en los sectores textil, compraventa de automóviles y exportación de bananos, además de la importación de materiales aislantes. Sostiene que mantiene dos núcleos familiares: uno en Pakistán y otro en Irán.

Contexto del caso y cobertura mediática

El caso se está juzgando en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán, pocos días después del inicio de un conflicto armado en el que falleció el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

En ese marco, Donald Trump declaró: “Lo atrapé antes de que me atrapara a mí”, según citó la cadena de noticias NBC News.

El jurado recibió la instrucción estricta de ignorar cualquier cobertura periodística relacionada con el conflicto.

En estos días, medios como NBC News, infoman sobre la declaración de los agentes encubiertos del FBI y de Nadeem Ali (intermediario con un seudónimo que colaboró con las autoridades, según amNewYork), la exhibición de videos y audios grabados durante la operación encubierta y la estrategia de la defensa. Mientras tanto, Merchant permanece a la espera del veredicto que definirá su futuro legal en territorio estadounidense.

El arresto se produjo luego de que las autoridades chilenas formalizaran cargos en ausencia contra los sospechosos, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional. Ambos imputados figuraban con notificación roja de Interpol, lo que facultaba a cualquier país miembro a detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia.

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La participación de la Oficina Central Nacional de Interpol fue determinante para la localización de los fugitivos. El comisario Enrique Gutiérrez explicó que, tras la captura, se inició un proceso de extradición activa con la colaboración de los tribunales chilenos. La Fiscalía General de Colombia asumió la custodia de los detenidos mientras avanza el trámite judicial.

La Policía Nacional de Colombia destacó el papel de su Bloque de Búsqueda, en conjunto con la Interpol, para ejecutar la retención. Las autoridades recalcaron que el país no brinda amparo a quienes buscan eludir procesos judiciales en el extranjero. Según declaraciones institucionales, este caso reafirma el compromiso en la lucha contra el crimen transnacional.

La víctima, un hombre chileno de 42 años identificado como Cristian Moya, falleció en la comuna de Quilicura, región Metropolitana de Santiago, en julio de 2024. Según el Ministerio Público y la BIPE Antisecuestros, el homicidio ocurrió luego de una discusión que culminó con un ataque de arma blanca. Los agresores ocultaron el cuerpo en bolsas y lo transportaron en una camioneta hasta un vertedero clandestino en la calle Totoral.

La investigación se inició como una denuncia por presunto secuestro, informó el subprefecto Hassel Barrientos. La desaparición de la víctima activó una serie de diligencias y peritajes que, finalmente, permitieron establecer la existencia del crimen. El levantamiento de pruebas y la reconstrucción de los hechos aportaron elementos esenciales para la formalización de los cargos.

Según las autoridades chilenas, los implicados —una mujer y su sobrino— escaparon del país por un paso no habilitado. Esta salida irregular activó los canales de cooperación policial internacional, lo que permitió su posterior localización en Colombia.

La detención se llevó a cabo en el departamento de Risaralda. La mujer fue aprehendida en el municipio de Dosquebradas, mientras que su sobrino fue capturado en un sector de Pereira. Ambos quedaron bajo custodia de la autoridad competente, a la espera de la resolución de la extradición solicitada por Chile.

El fiscal Christian Toledo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh), señaló que la formalización en ausencia permitió fortalecer la colaboración entre países y avanzar con la búsqueda de los sospechosos. Esta estrategia, sumada a la notificación roja de Interpol, posibilitó la rápida reacción de las fuerzas de seguridad en Colombia.

La extradición podría extenderse durante varios meses, ya que requiere el cumplimiento de procedimientos legales en ambos países. Durante este periodo, los detenidos permanecerán en Colombia bajo la tutela de la Fiscalía General, mientras las autoridades chilenas gestionan su traslado para que enfrenten la justicia.

El caso pone en evidencia la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional frente a delitos de carácter transnacional. Tanto la Policía de Investigaciones de Chile como sus contrapartes colombianas subrayaron la importancia de la colaboración policial y judicial para impedir la impunidad. La articulación entre organismos permitió que los responsables fueran ubicados y detenidos fuera del territorio chileno.

Las autoridades reiteraron que la utilización de pasos no habilitados para escapar de la justicia no garantiza la impunidad. El despliegue de recursos y la coordinación entre países resultaron determinantes para la resolución del caso y el avance del proceso judicial internacional.

Voceros oficiales de Migración Colombia confirmaron la expulsión de Miguel David Núñez Machado, conocido como “Colín”, también señalado como presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua, junto a seis ciudadanos venezolanos que habrían estado envueltos en un episodio de alteración al orden público en Bucaramanga, Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones fueron realizadas en la frontera con Venezuela, luego de los hechos, en los que se encuentran acciones contrarias a la convivencia y fraude a resolución administrativa, todos considerados graves para el orden público local.

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Núñez Machado, también de nacionalidad venezolana, cuenta con una trayectoria delictiva que, según las autoridades, ya supera los 16 años y tiene órdenes de captura vigentes en Venezuela por homicidio y porte ilegal de armas. Además, se le atribuye participación en al menos 40 homicidios.

Tras su expulsión, fue entregado de inmediato a las autoridades venezolanas para responder por los cargos en su país.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, afirmó que más allá de que los resultados corresponden “trabajo articulado y constante de nuestros oficiales de Migración Colombia en Bucaramanga, que diariamente aportan a los logros en materia de seguridad”, los procedimientos se realizaron con estricta coherencia con la ley, “garantizando los derechos humanos y el debido proceso de las personas migrantes”.

La institución continuará con operativos de verificación migratoria en coordinación con autoridades nacionales y locales, reafirmando su misión de fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el país.

Cayó alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua, en Colombia

El 24 de febrero del año en curso, las autoridades colombianas también reportaron la detención de una de las fichas clave del Tren de Aragua, alias Cucaracho, que se refugiaba en Colombia.

“Cucaracho” había sido tachado con notificación roja de la Interpol desde Venezuela, señalado por los delitos de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y financiamiento al terrorismo.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, afirmó que “con la captura de alias Cucaracho, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región del Caribe.

El resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Ciudadano norteamericano causó indignación por afirmar que venía a “tener sexo con colombianas” tras detención

Rabia y tristeza causó un viajero norteamericano tras ser inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín, luego de ser sorprendido con un equipaje compuesto únicamente por preservativos, potenciadores y juguetes sexuales.

Durante la inspección, adoptó una actitud desafiante y realizó la “v” de victoria al ser fotografiado por funcionarios de Migración Colombia.

Pero no solo eso, de acuerdo con el reporte oficial de Migración Colombia, el hombre confesó abiertamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”. La entidad determinó su retorno inmediato en el mismo vuelo, como parte de una política más estricta para combatir el turismo sexual.

El endurecimiento de los controles incluye entrevistas exhaustivas, inspección detallada de equipaje y cotejo de antecedentes mediante cooperación internacional.

En 2025, 110 personas fueron inadmitidas en el país bajo sospechas de explotación sexual, de las cuales 45 eran ofensores sexuales y 65 tenían antecedentes por delitos contra menores, según la plataforma Angel Watch.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, advirtió que la inadmisión de extranjeros por motivos relacionados con explotación sexual se ha incrementado en 2026. En lo que va de 2026, ya se han negado 11 ingresos en Antioquia por relación directa con turismo sexual, una cifra que resalta la preocupación de las autoridades frente al auge de esta modalidad en Medellín y su área metropolitana.

En el barrio Las Américas de Barranquilla, la familia de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, de 17 años, llora su partida, sin conocer las razones que llevaron a dos sujetos armados entraron a su casa para asesinar a la joven con cuatro disparos, el 25 de febrero de 2026, a plena luz del día.

Guerrero Corro era estudiante de programa de Diseño Gráfico del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en la capital del Atlántico, y era una aficionada a la música. Le gustaba cantar vallenatos para que sus vecinos la oyeran.

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Tras ser atacada, murió de manera inmediata en el inmueble, aproximadamente a la 1:00 p. m., minutos después de que la joven llegara a su domicilio. Luego de atacar a la joven, los agresores huyeron y hasta ahora no han sido identificados.

Luzdaris Maickell no estaba sola en su casa. El relato de Jair Orozco, tío de la menor, en diálogo con el diario barranquillero El Heraldo, indicó que “ella estaba en la casa con el papá, el hermano y el novio, ya que estaban haciendo una cerca en el patio. En un momento salieron a buscar unos listones de madera y ella quedó sola, fue ahí cuando estas personas ingresaron a la vivienda, violentaron la puerta y le hicieron lo que le hicieron a mi sobrina”.

Aseguró que la menor “no se metía con nadie. Le cortaron sus sueños (...) y Era una niña que al cantar alegraba los corazones de su padre y de toda nuestra familia. Hoy unos cobardes le han quitado la vida sin darnos siquiera una explicación, sin decirnos el porqué”.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla avanza con las investigaciones, para esclarecer el caso para determinar las causas del crimen, en especial, si existen grupos armados detrás del asesinato.

Tan solo unas horas antes, ocurrió otro homicidio cerca. Glenis Patricia Rodríguez Ariza, de 18 años, falleció en la madrugada de ese mismo día, luego de permanecer hospitalizada por heridas de arma de fuego tras un atentado ocurrido la noche anterior en el barrio Villa Paraíso, en el municipio de Soledad.

La madre de Rodríguez Ariza declaró ante el medio barranquillero que el núcleo familiar habría sido amenazado por la organización Los Costeños, declaración que es objeto de investigación. De hecho, vecinos de la zona señalaron presuntos vínculos de la joven y su familia con el grupo delictivo Los Pepes, información que es también evaluada por los investigadores.

Mataron a menor de 17 años que salía del colegio, en Palmira

Un adolescente de 17 años identificado como Juan Pablo Salazar fue asesinado a plena luz del día al salir de su colegio en Palmira, Valle del Cauca, al parecer, a manos de integrantes de estructuras criminales que disputan el control de actividades ilegales. Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió el 24 de febrero de 2026.

La Policía Nacional del Valle del Cauca informó que, tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

El ataque sucedió en la comuna 2 del barrio Campestre, exactamente cuando el joven abandonaba la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso. De acuerdo con los datos policiales, los responsables, dos sicarios, se movilizaban en motocicleta, actuaron de manera directa y dispararon varias veces ante la presencia de otros dos jóvenes.

La investigación iniciada por la Policía Nacional busca esclarecer el motivo detrás del asesinato y capturar a los responsables. De acuerdo con el coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, el menor, identificado como el menor de cuatro hermanos, cursaba séptimo y octavo grado en ciclo acelerado, modalidad que había elegido para avanzar en su formación.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, contó detalles estremecedores sobre un presunto plan narco para asesinarlo a él, al juez federal Leandro Ríos y al fiscal Ignacio Candioti que intervinieron en causas contra el capo narcotraficante Leonardo Airaldi. La investigación, que quedó caratulada como “amenazas y plan de atentado”, se tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y tiene como principales impulsores al juez Hernán Viri y al fiscal Pedro Rebollo.

Según confirmó el propio Roncaglia, la información surgió a partir de los testimonios de tres internos alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Entre ellos se encuentra Gustavo “Tavi” Celis, otro detenido con antecedentes por narcotráfico, quien pidió audiencia con la Justicia y declaró sin reserva de identidad.

“Dieron la cara, dieron su nombre y contaron lo que se estaba planificando dentro de la Unidad 9”, destacó el ministro al ser entrevistado en Radio Mitre.

La denuncia encendió todas las alarmas en el Gobierno provincial. “Cuando asumimos en 2024, trajimos como objetivo combatir el narcotráfico. Estas son las consecuencias de pisar callos”, sostuvo Roncaglia, quien remarcó que el trabajo conjunto con la Justicia Federal permitió avanzar en investigaciones que hasta entonces parecían intocables.

El plan de venganza

De acuerdo a los testimonios recogidos, el autor intelectual del plan sería Airaldi, detenido y próximo a enfrentar un nuevo juicio oral. El narcotraficante habría manifestado su intención de vengarse del juez federal Leandro Ríos, quien instruyó una de las causas en su contra, y del fiscal federal Ignacio Candioti, responsable de sostener la acusación en el debate oral.

El esquema incluía la contratación de sicarios uruguayos para ejecutar los crímenes en Punta del Este. Sin embargo, los funcionarios judiciales nunca viajaron al país vecino, lo que frustró esa parte del plan.

El ministro contó que, de acuerdo con los testimonios recogidos en la Unidad Penal 9, los organizadores del atentado habrían avanzado en contactos con personas en Uruguay y que incluso “se hablaba de un pago de alrededor de 40 mil dólares por los crímenes”. En ese marco, mencionó una frase que le atribuyen a uno de los detenidos: “Asesinarlos acá salía más caro”.

Roncaglia lo relató con una mezcla de asombro e ironía, pero subrayando la gravedad del trasfondo: la naturalidad con la que se hablaba de precios, logística y contratación internacional para ejecutar a funcionarios públicos. Según explicó, no habría aún identificación concreta de los supuestos sicarios, pero sí indicios de contactos y de un anticipo de dinero.

Pero la amenaza no terminaba allí. Roncaglia también figuraba entre los objetivos. “Habían hecho inteligencia sobre mí. Este año salí en moto, solo, a una quinta a diez kilómetros de Paraná. Eso lo sabían. Cuando escuché ese dato dije: ‘Esto es real’”, relató el ministro. Según explicó, el atentado en su contra contemplaba un operativo con dos vehículos: en uno irían los sicarios y en otro transportarían un recipiente con cal para eliminar cualquier rastro biológico tras el crimen.

La minuciosidad de los detalles —incluidos movimientos habituales del funcionario— otorgó credibilidad a los dichos de los internos. “No es que uno diga que son gajes del oficio. No tendría que pasar. Da bronca, porque lo único que estamos haciendo es enfrentar actividades ilícitas que tanto daño producen”, expresó.

Un narco que se creía intocable

Roncaglia repasó además el origen de la causa contra Airaldi. El acusado, empresario ganadero y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, operaba en la zona comprendida entre Paraná, Victoria y Diamante. Según el ministro, mantenía vínculos con organizaciones criminales de peso, entre ellas la banda rosarina conocida como Los Monos.

“Se creía intocable. Cuando fue detenido dijo que era un trámite y que en pocos días salía”, recordó. Sin embargo, la acumulación de pruebas y la conexidad con otros secuestros de droga —entre ellos un cargamento de 30 kilos de cocaína incautado en Santa Fe— complicaron su situación procesal.

En 2024 se realizaron 40 allanamientos simultáneos y fueron detenidas más de una docena de personas. Desde entonces, Airaldi permanece alojado en la UP9, en un pabellón destinado a internos federales. La convivencia con otros capos narco generó tensiones internas que, según las fuentes, habrían precipitado las revelaciones.

“Mañana se inicia el juicio contra Airaldi y compañía”, indicó Roncaglia. El traslado a un penal federal de máxima seguridad, posiblemente en Ezeiza, fue solicitado, aunque la decisión final dependerá del tribunal oral que intervenga.

Custodias reforzadas y cooperación internacional

Tras conocerse la amenaza, se dispuso el refuerzo inmediato de las custodias del ministro y de los funcionarios judiciales. La Policía Federal asumió la protección directa del juez y el fiscal, mientras que la Policía de Entre Ríos actúa en apoyo. Los internos que declararon también fueron aislados para resguardar su integridad.

Consultado sobre la posible conexión con organizaciones extranjeras, Roncaglia recordó antecedentes de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Durante su etapa como jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, participó en el operativo “Bovinas Blancas”, que permitió incautar más de dos toneladas de cocaína en Bahía Blanca y desarticular una red vinculada al cartel mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Los tentáculos del narcotráfico están en todo el mundo. Es un negocio criminal que mueve muchísimo dinero y hay que estar atentos”, afirmó.

La causa por amenazas y plan de atentado continúa en plena etapa investigativa. Mientras tanto, el Gobierno provincial exhibe el caso como una muestra de que el avance sobre las estructuras narco genera reacciones violentas, pero también resultados concretos. “Seguimos trabajando. No nos van a amedrentar”, concluyó Roncaglia.

El distrito limeño de Santa Anita quedó marcado por la violencia la mañana del viernes, cuando un joven fue asesinado a balazos en plena vía pública. El ataque, perpetrado en la cuadra cinco de la avenida Los Chancas, expuso una vez más la creciente inseguridad que afecta a los ciudadanos y sembró temor entre los vecinos y transeúntes de la zona.

La víctima, identificada por la Policía Nacional del Perú como Ever Andrés Romero Salvatierra, de 25 años, se encontraba en la cuadra cinco de la avenida Los Chancas, cuando fue sorprendido por un hombre que se le acercó por la espalda. El atacante fue directo: tras identificar al joven, extrajo un arma y efectuó hasta cinco disparos a corta distancia, ocasionándole la muerte de forma inmediata, según RPP Noticias.

El temor en los vecinos creció al conocerse que este acto de violencia no era un hecho aislado. Horas antes, otra vivienda en el distrito de San Martín de Porres fue blanco de un ataque armado que, aunque no dejó víctimas mortales, sembró el pánico en la comunidad. En ambos casos, la modalidad metódica y la contundencia de los hechos refuerzan la preocupación por la escalada del crimen organizado y el vacío de protección que sienten los limeños.

Joven fue ejecutado por sicarios a plena luz del día

La ejecución de Ever Andrés Romero Salvatierra se produjo cerca del mediodía, a las afueras de un local comercial de la transitada avenida Los Chancas, una vía que conecta Santa Anita con distritos aledaños como Ate. Según testigos recogidos por RPP Noticias, el atacante no actuó al azar: se aproximó de manera sigilosa por la espalda, verificó la identidad de la víctima y solo entonces efectuó los cinco disparos que le causaron la muerte.

Al llegar al sitio, la Policía Nacional encontró el cuerpo del joven y recolectó cinco casquillos de bala como principales pruebas materiales. Los peritajes balísticos serán clave para determinar si el arma se relaciona con otros crímenes ocurridos en la zona y para trazar el perfil del atacante, que hasta el momento sigue prófugo.

El cierre preventivo de la avenida Los Chancas provocó un importante desvío del tránsito y alteró la rutina de los vecinos, que se congregaron alarmados ante el despliegue policial y la gravedad del suceso. Peritos de Criminalística levantaron las primeras evidencias mientras los investigadores analizan imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector.

La presencia inmediata de la Policía Nacional y la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias y los posibles móviles detrás de este homicidio, que podría estar vinculado a ajustes de cuentas, extorsión o conflictos previos, aunque ninguna hipótesis se descarta en las labores iniciales.

El segundo asesinato a manos de sicarios en cuestión de horas

Pocas horas antes del crimen de Santa Anita, la urbanización Señor de los Milagros en San Martín de Porres fue escenario de un ataque a balazos contra la fachada de una vivienda de dos pisos. El jueves 19 de febrero alrededor de las 20:30 horas, un sujeto disfrazado de repartidor se aproximó al inmueble y aguardó a que dos mujeres con un coche de bebé se alejaran, antes de disparar hasta 16 veces contra la puerta y las ventanas, de acuerdo con información de Latina Noticias.

El atacante, que utilizaba una mochila de reparto para camuflarse, actuó con precisión: tras la ráfaga de disparos, corrió a reunirse con un cómplice que lo aguardaba en una motocicleta y ambos huyeron de la escena sin dejar rastro. Peritos de Criminalística contabilizaron dieciséis impactos en la vivienda, cuyos vidrios estallaron, generando terror entre los vecinos y el riesgo de una tragedia mayor si alguien hubiera estado dentro.

En el momento del atentado, la casa se encontraba vacía. Sus propietarios relataron que no habían recibido amenazas previas y desconocen los motivos del ataque, aunque no descartaron la posibilidad de una confusión vinculada con anteriores inquilinos. Otros residentes señalaron que la vivienda funciona como un taller de productos ortopédicos de plástico desde hace unos seis años, por lo que sospechan de una posible extorsión vinculada a la actividad comercial.

Vecinos consultados por Latina Noticias contaron que el hecho se produjo mientras regresaban del trabajo y manifestaron su inquietud, analizando incluso instalar tranqueras para restringir el acceso al pasaje ante el aumento de la criminalidad. Pese a la existencia de cámaras de seguridad y vigilancia particular, consideran que estas medidas resultan insuficientes frente a la audacia de los delincuentes.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California informó este 12 de febrero que un gran jurado federal acusó formalmente a Poly Antunez, Antonio Quinones y Jovanny Enriquez, presuntos asociados del Cártel de Sinaloa, por su presunta participación en un complot para asesinar a un individuo en Chula Vista, California. Los fiscales señalaron que el plan incluía utilizar a dos adolescentes de apenas 15 años como ejecutores del homicidio.

Según los documentos judiciales presentados, los tres adultos enfrentan una serie de cargos federales que incluyen conspiración para cometer asesinato en apoyo de una empresa de delincuencia organizada, intento de asesinato en apoyo de empresa de delincuencia organizada, agresión con arma peligrosa en apoyo de empresa de delincuencia organizada, conspiración para asesinato por encargo, así como uso de medios de comunicación interestatales para cometer asesinato por encargo.

Antunez ya estaba bajo custodia por otro caso federal en San Diego al momento del anuncio, mientras que Quinones y Enriquez fueron detenidos por agentes del FBI y comparecieron ante una corte federal en San Diego.

Crimen, menores y estrategia criminal

De acuerdo con el memorándum de detención, los acusados adultos habrían coordinado todos los aspectos del complot: desde el alojamiento de los adolescentes en una vivienda tipo Airbnb en La Mesa, hasta la vigilancia de la víctima y su familia en zonas como San Ysidro y Chula Vista. Se les acusa de fungir como enlace entre los jóvenes sicarios, el Cártel de Sinaloa y la Mafia Mexicana —una pandilla con presencia en el sur de California— para ejecutar los dos intentos de homicidio registrados en marzo de 2024.

Los adolescentes implicados, Andrew Nunez y Johncarlo Quintero, ambos integrantes de la pandilla Westside Wilmas, se declararon culpables en diciembre pasado de cargos de asesinato y tentativa de asesinato en el ámbito federal tras admitir que actuaron como sicarios contratados para el cártel. Se reconoce en el expediente que realizaron dos ataques en un intervalo de cinco horas contra la misma víctima, hiriéndola primero en un estacionamiento y posteriormente atacando otra ubicación residencial.

Las autoridades federales detallaron que el origen del caso se enmarca en una disputa entre organizaciones criminales en Tijuana, Baja California, donde presuntos robos de cargamentos de drogas desencadenaron una serie de represalias violentas. La víctima principal de este complot habría sido ubicada primero en México por estos conflictos y luego en territorio estadounidense.

El caso, registrado bajo el número 26cr0402-TWR en una corte federal de San Diego, expone que los delitos imputados —si se acredita su culpabilidad— conllevan decenas de años de cárcel por cada cargo, incluidos potenciales 20 años de prisión por conspiración para asesinato por encargo y uso de medios interestatales para planearlo.

Las investigaciones son parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, que identifica y procesa casos de crimen organizado transnacional, con especial atención a delitos que involucran a menores de edad y violencia armada.

La Fiscalía de Ecuador reveló que una facción de las disidencias de las Farc habría participado en el el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

La información fue revelada por el ente acusatorio del vecino país durante la audiencia celebrada contra Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder máximo de la organización criminal ecuatoriana Los Lobos, y señalado como responsable directo del ataque contra el político ecuatoriano.

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Según la investigación realizada por la entidad, hubo una cooperación entre miembros de Los Lobos y las disidencias de las Farc para la planificación y ejecución del magnicidio, motivada por el pago de grandes sumas de dinero a instancias de cuatro presuntos autores intelectuales.

Un testigo protegido, identificado como M.N.L.S., declaró al proceso que alias Gordo Luis, segundo al mando de Los Lobos “se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a las disidencias de las Farc, con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio”.

Según la Fiscalía ecuatoriana, los sicarios responsables de la ejecución eran en su mayoría colombianos y formaban parte de redes articuladas por estos grupos criminales.

Otros detalles de la investigación

De otro lado, la Fiscalía de Ecuador detalló que, tras la muerte de Luis Antonio Norero Tigua, conocido como Leandro Norero o ‘El Patrón’, quien fue considerado como uno de los principales narcotraficantes de ese país, los organizadores del crimen acudieron directamente a ‘Pipo’ para que su estructura coordinara el asesinato de Villavicencio.

La investigación estableció que, una vez recibido el pago acordado, alias Pipo activó la organización y delegó a distintos integrantes tareas de comunicación, seguimiento y supervisión del operativo.

Además, la acusación menciona que Pipo accedió a información confidencial sobre supuestos contactos policiales encargados de la seguridad de Villavicencio, información que “presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen”, según indicó la Fiscalía ecuatoriana.

Por este proceso, un total de cinco personas han sido condenadas a prisión como autores materiales hasta la fecha, incluyendo a alias El Invisible, identificado como uno de los ejecutores principales, así como alias Pipo, en la que la justicia ecuatoriana ordenó su prisión preventiva. Otros ocho involucrados han muerto antes de llegar a juicio, entre ellos siete sicarios colombianos que participaron directamente en el ataque.

Dentro de la causa también figuran como procesados el exministro José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como el exasambleísta Ronny Aleaga. Todos ellos enfrentan cargos como presuntos autores mediatos del delito de asesinato.

Presencia de las disidencias en Ecuador

La escalada de las disidencias de las Farc en Ecuador ha transformado a estos grupos armados en una pieza central del crimen transnacional y la violencia interna.

Según estimaciones de las autroridades del vecino país, estas organizaciones han logrado avanzar hasta 160 kilómetros desde la frontera, patrullando zonas y distribuyendo panfletos en diversas poblaciones civiles.

Durante 2024 y 2025, la minería ilegal experimentó una expansión sin precedentes en el Alto Punino, impulsada por el control territorial de estas facciones. El dominio de rutas de narcotráfico y el crecimiento de las economías ilícitas han ido acompañados de altos niveles de deforestación minera, según mencionaron la fuerza pública ecuatoriana.

A comienzo de 2026, el Gobierno de Ecuador tipificó a las disidencias de las Farc como Grupos Armados Organizados (GAO) y las identificó abiertamente como objetivos militares.

Entre las estructuras con actividad destacada se encuentran el Frente Iván Ríos, con capturas recientes de líderes como Ángel Polibio Q., y los Comandos de la Frontera (CDF), que operan en la Amazonía, teniendo en cuenta que esta estructura armada fue responsables del asesinato de 11 militares ecuatorianos en Sucumbíos y Orellana (Ecuador), ocurrido en mayo de 2025.

Otras facciones, como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), emplean el territorio de Ecuador como base logística y corredor para el transporte de cocaína hacia los puertos del Pacífico.

Por esta razón, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a Colombia por la supuesta falta de cooperación en seguridad en la lucha contra el narcotráfico, lo que provocó una crisis diplomática entre ambas naciones.

Según información de Canal N, el vehículo sospechoso se estacionó a escasos metros del bus de la línea 129, que en ese momento dejaba pasajeros en la avenida Bolívar. La presencia del auto y la posterior detonación de los disparos alarmaron a quienes se encontraban en las inmediaciones, obligando a los pasajeros del bus a descender rápidamente, visiblemente asustados. Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos casquillos de bala en la escena y descartaron, por ahora, que el ataque haya estado dirigido directamente contra la unidad de transporte; los disparos se realizaron al aire y el responsable huyó de inmediato.

El incidente generó un impacto inmediato en la movilidad de la zona. Parte de la avenida Bolívar fue cerrada para permitir el trabajo de los peritos de criminalística y la recolección de pruebas. Esto provocó desvíos importantes en el tránsito, que fue redirigido hacia las avenidas Universitaria y Brasil, afectando a conductores y peatones en una hora de intenso movimiento. El bus involucrado fue trasladado a la comisaría de Pueblo Libre, donde el chófer rindió su declaración ante la policía mientras se revisaban las cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo sucedido.

Desconocidos disparan al aire cerca a bus de empresa Pesquero en Pueblo Libre

La rápida actuación de la policía y los peritos de criminalística permitió asegurar la escena en cuestión de minutos. Agentes acordonaron el área para recoger los indicios balísticos y tomar declaración a testigos, mientras el flujo vehicular en la avenida Bolívar quedaba semiparalizado. El cierre parcial de la vía obligó a los conductores a buscar rutas alternativas, lo que congestionó aún más las avenidas Universitaria y Brasil, dos de las arterias principales de Pueblo Libre.

Vecinos señalaron que, aunque los disparos no se dirigieron al bus, la coincidencia de la presencia del auto negro con la unidad de la empresa Pesquero resultó inquietante. El temor se extendió rápidamente entre los pasajeros, quienes descendieron del vehículo apenas percibieron la situación. El testimonio de residentes del sector permitió identificar la ruta de escape del atacante, mientras los agentes solicitaban el acceso a grabaciones de cámaras de comercios y de la municipalidad para obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

La policía subrayó que, hasta el momento, no existen pruebas de que se tratara de un acto de extorsión o un ataque directo contra el bus. Sin embargo, la investigación sigue abierta y se espera que las imágenes de videovigilancia aporten claridad sobre las motivaciones y la identidad del autor de los disparos. Las labores de peritaje y la presencia policial en la zona se mantuvieron durante varias horas, mientras los peritos recogían pruebas y aseguraban la integridad de los testigos y el conductor involucrado.

Conductores de Pesquero bajo amenaza por extorsionadores

El episodio registrado en la avenida Bolívar no es un hecho aislado en la historia reciente de la empresa Pesquero. Apenas días antes, uno de los conductores de la línea 129 fue víctima de un atentado mortal en Santa Anita. El sábado 7 de febrero, Bonet Miraval Camones, de 40 años, recibió tres disparos mientras conducía un bus de la misma empresa. El ataque se produjo en pleno recorrido y a plena luz del día, sumiendo en el pánico a los pasajeros y vecinos que presenciaron la escena.

Tras el atentado, la víctima fue trasladada de emergencia al hospital Hipólito Unanue, donde lamentablemente falleció horas después. Compañeros de trabajo y familiares denunciaron entonces que la empresa venía recibiendo amenazas y siendo blanco de extorsiones desde hacía varios meses. Las primeras hipótesis de la Policía Nacional apuntaron a que el crimen estaría vinculado a estos cobros ilegales, una modalidad delictiva que afecta de manera reiterada a transportistas de Lima y el Callao.

Las amenazas no solo se han limitado a mensajes intimidatorios. En noviembre de 2025, la empresa Pesquero paralizó sus labores como medida de protesta y para proteger la vida de sus trabajadores, luego de que delincuentes armados exigieran pagos ilegales a conductores y cobradores. El temor se intensificó tras sucesivos atentados en los que incluso una cobradora resultó herida en el Callao, provocando movilizaciones y bloqueos de rutas por parte de los trabajadores del sector.

Estos antecedentes refuerzan el clima de inseguridad que enfrenta el transporte público en la capital peruana. Los trabajadores de la empresa Pesquero han entregado pruebas a las autoridades sobre los métodos de extorsión, como números de cuentas usados para cobros ilegales, pero hasta el momento no se han logrado respuestas concretas. La reiteración de estos hechos violentos mantiene en vilo a conductores, pasajeros y vecinos, que reclaman medidas urgentes para frenar la escalada delictiva y restablecer la tranquilidad en las rutas de Lima.

El asesinato de Bryan Joshiney Ramírez, un joven de 28 años, ha intensificado el debate sobre la violencia armada y la impunidad en zonas urbanas de alta concurrencia en Honduras.

El hecho, cometido el fin de semana frente a un bar en la colonia Castaños Sur, no solo dejó al descubierto la brutalidad del crimen, sino que expuso el grado de organización y audacia con el que operan los grupos criminales. La ejecución incluyó el robo del teléfono de la víctima y una llamada posterior en la que uno de los sicarios respondió a los familiares con burla, diciendo: “Allá te lo dejamos tirado”.

El impacto social se refleja en la reacción tanto de vecinos como de comerciantes de la colonia Castaños Sur, quienes temen que episodios similares continúen ocurriendo y pongan en riesgo a quienes frecuentan espacios públicos para socializar. Organizaciones civiles han remarcado la necesidad imperiosa de reforzar la seguridad y controlar la circulación de armas de fuego en la capital.

Expertos en criminología urbana advierten que el tipo de ataque ejecutado con múltiples disparos, la utilización de indumentaria policial falsa y la intimidación directa a familiares, pone en evidencia la consolidación de mafias o pandillas capaces de operar con logística avanzada y un alto grado de impunidad en entornos concurridos.

La escena del crimen reveló la magnitud del ataque: las autoridades registraron al menos 27 casquillos de bala en el lugar y confirmaron que los autores vestían pasamontañas y ropa similar a la policial para simular un operativo, acercándose a Ramírez sin levantar sospechas.

Tras dispararle en repetidas ocasiones en la entrada del establecimiento, los agresores huyeron con su teléfono, incrementando la sensación de inseguridad entre clientes y transeúntes del bulevar Morazán. Este método recuerda otros homicidios recientes en Tegucigalpa, donde la usurpación de la imagen policial ha sido utilizada para perpetrar asesinatos de manera sigilosa y efectiva.

En este contexto de violencia sistemática, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que Bryan Joshiney Ramírez, presuntamente, tenía antecedentes por tráfico de drogas en 2025, dato que incorpora una línea adicional a la investigación.

Por el momento, las autoridades no han determinado si el crimen obedece a disputas personales o a la acción de redes criminales articuladas. Lo cierto es que la combinación de la planificación, el robo del celular y la llamada en tono de burla ha sido interpretada como una muestra de la deshumanización que preocupa a la sociedad hondureña.

La Policía Nacional y la DPI han incrementado los operativos preventivos y patrullajes en la zona y otras áreas de vida nocturna, buscando no solo dar con los responsables del asesinato, sino también restablecer la percepción de control entre la población.

El proceso judicial se sustenta en la recopilación de pruebas materiales y testimoniales, incluyendo el análisis de grabaciones de videocámaras y la investigación del dispositivo robado. La Fiscalía hondureña ha enfatizado la relevancia de estas pruebas para identificar y procesar a los autores materiales, a fin de frenar la escalada de homicidios en la ciudad.

La crisis de seguridad en Honduras persiste, con elevadas cifras de asesinatos cometidos en urbes densamente pobladas como Tegucigalpa. Casos recientes han replicado el patrón de agresores que logran escapar rápidamente tras sus ataques, lo que dificulta la respuesta policial y mantiene altos los niveles de temor entre los residentes.

La difusión de imágenes y videos en redes sociales, que suelen documentar la crudeza de estos hechos, refuerza la percepción de vulnerabilidad y afecta también la actividad comercial en zonas céntricas.

La respuesta pública y oficial a este crimen evidencia la tensión entre la necesidad de medidas de control inmediatas y el desafío estructural que representa el combate al crimen organizado. La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el asesinato y detener a los autores materiales, mientras la sociedad demanda resultados tangibles y protección efectiva ante el avance de la delincuencia en los espacios comunes de la capital.

Según información policial brindada horas después, los sicarios habrían llegado con un objetivo específico. Sin embargo, las balas alcanzaron a personas que no tenían relación con presuntas rencillas criminales. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elvis Flores Bellido y Jean Macharé Farfán, quienes participaban del encuentro deportivo cuando se desató la ráfaga de disparos.

¿Qué se sabe del ataque en el complejo deportivo San Pedro?

De acuerdo con las primeras diligencias, un grupo de sujetos armados llegó hasta el sector a bordo de una motocicleta y una mototaxi. En cuestión de segundos, descendieron y abrieron fuego en las inmediaciones de la losa deportiva, generando caos entre quienes se encontraban dentro y fuera del recinto.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el presunto blanco del atentado sería un hombre conocido con el alias de “Piraña”, quien logró escapar del lugar. No obstante, el ataque dejó consecuencias fatales para personas que se encontraban jugando fútbol y compartiendo con sus familias.

Producto de la balacera, siete personas resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados inicialmente a la clínica Teresa, en Talara, y posteriormente derivados a hospitales de Piura y Sullana. De acuerdo con los reportes médicos, al menos dos de ellos permanecen en estado crítico y luchan por su vida.

En la escena del crimen, agentes de la PNP recogieron casquillos de bala e iniciaron un operativo para dar con los responsables. Horas más tarde, se confirmó la detención de un sujeto que sería el conductor de la motocicleta utilizada en el atentado. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y esclarecer el móvil exacto del crimen.

Testigos señalaron que los disparos fueron numerosos y que muchos asistentes se lanzaron al suelo para protegerse. Niños, adultos mayores y vecinos del barrio San Pedro se encontraban en el lugar cuando comenzó la balacera, lo que incrementó el temor en la población.

Ola de violencia en Piura genera preocupación en la población

El ataque en Talara no fue un hecho aislado. Esa misma tarde y noche se reportaron otros homicidios en Paita y Sullana, elevando a cuatro el número de personas asesinadas en la región Piura en pocas horas. La situación ha encendido las alertas entre los ciudadanos, quienes denuncian un incremento sostenido de la criminalidad en el norte del país.

Vecinos de Talara han manifestado su preocupación ante lo que consideran una falta de acciones de inteligencia frente al avance de las bandas criminales. En los últimos días, incluso circularon en redes sociales videos donde presuntos integrantes de organizaciones delictivas, como “Los Chuquis del Norte”, aparecen exhibiendo armas de fuego y cubriendo sus rostros con pasamontañas.

La población cuestiona cómo estos grupos logran movilizarse y grabar contenido sin ser identificados, mientras continúan registrándose ataques armados en distintos puntos de la región. En Talara, los vecinos del sector San Pedro han advertido que, de no frenarse la ola delincuencial, evaluarán realizar medidas de protesta para exigir cambios en la jefatura policial.

El actual comisario de la jurisdicción estaría siendo investigado por presuntos actos de corrupción, situación que —según los pobladores— genera desconfianza en medio de un contexto marcado por la inseguridad. Patrulleros y motocicletas policiales circulan en la zona, pero los ataques se siguen produciendo a cualquier hora del día.

La balacera en Talara, ocurrida en pleno campeonato de fútbol, ha dejado imágenes de dolor entre familiares y amigos de las víctimas. Mientras continúan las investigaciones, el complejo deportivo San Pedro permanece bajo resguardo policial y la comunidad intenta retomar la calma tras uno de los episodios más violentos registrados en las últimas semanas en la región Piura.

La indignación se impuso entre los compañeros del chofer asesinado en Santa Anita. Transportistas de la empresa El Pesquero señalaron que la tragedia pudo evitarse si se hubiese cumplido el resguardo policial prometido para sus unidades. El reclamo, dirigido a las autoridades, se produjo horas después de un nuevo acto de violencia que sacudió a Lima Este y reavivó la sensación de desprotección en el sector.

El ataque ocurrió a plena luz del día, mientras el bus de la Línea 129 avanzaba por una de las vías más transitadas del distrito. Un sicario, que fingió ser pasajero, abordó la unidad y descargó varios disparos contra el conductor, provocando el pánico entre los presentes. La víctima, identificada como Bonet Miraval Camones, de 40 años, fue trasladada de urgencia al hospital Hipólito Unanue. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Este crimen se suma a una jornada marcada por la violencia contra los trabajadores del transporte público. Solo unas horas antes, una cobradora fue herida de bala en el Callao por un falso pasajero, lo que desató protestas en la avenida Gambeta. El temor y la indignación se multiplicaron entre conductores y cobradores, quienes denuncian extorsiones y amenazas constantes por parte de organizaciones criminales. En muchos casos, los delincuentes exigen pagos diarios a cambio de dejar operar las rutas, bajo amenazas directas contra la vida de los trabajadores.

Conductores denuncian abandono policial pese a promesas

Para los operadores del transporte, la muerte de su colega representa una consecuencia directa de la falta de acción policial. Compañeros de El Pesquero afirmaron que en repetidas ocasiones solicitaron mayor presencia de agentes en puntos críticos del recorrido, especialmente tras los numerosos ataques y denuncias de extorsión que ya venía sufriendo la empresa. “Nos dio su palabra de que nos iba a apoyar, pero ¿quién va contra esto? ¿Quién va?”, expresó uno de los compañeros, visiblemente afectado por la pérdida de su amigo, a Exitosa.

La sensación de abandono fue evidente durante las declaraciones brindadas a medios locales. Los transportistas relataron que la víctima había dejado de trabajar por precaución, pero la necesidad económica lo obligó a retomar sus labores. “Se había retirado, estaba una semana afuera ya, sino que volvió. Necesidad de trabajo”, comentó otro de los colegas, destacando el clima de inseguridad que obliga a muchos a exponerse pese a los riesgos.

El pedido al general de la Policía que se reunió previamente con los transportistas fue directo: “Jefe, póngase la mano al pecho. Usted tiene familia de transportistas y siente lo que nosotros sentimos”. El grupo de trabajadores insistió en que el despliegue policial comprometido tras anteriores atentados nunca se concretó, dejando a las unidades y sus ocupantes a merced de los delincuentes.

Las exigencias de protección no son nuevas. Desde hace meses, la empresa El Pesquero y otras líneas de Lima Este vienen denunciando extorsiones y amenazas, incluso con la entrega de cuentas bancarias destinadas a recibir los pagos ilegales. En noviembre de 2025, la empresa paralizó sus labores como medida de protesta y para proteger a su personal, sin lograr respuestas efectivas por parte de las autoridades.

PNP justifica la falta de resguardo por escasez de personal

La reacción de la Policía Nacional del Perú ante el reclamo de los transportistas no tardó en llegar. El general Manuel Lozada, uno de los altos mandos de la institución, lamentó el crimen y reconoció la imposibilidad de garantizar el resguardo en todas las líneas por falta de personal. “No hay un policía para cada cuadra. No tenemos policías para tantísimo recorrido y tantísimas líneas”, afirmó Lozada en diálogo con RPP Noticias. El alto mando policial también condenó la brutalidad de los atacantes y advirtió sobre la creciente amenaza que enfrentan los trabajadores del sector.

El general subrayó que el caso ya está en investigación y que tres equipos de homicidios trabajan para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Según Lozada, las cámaras de seguridad del bus y los testimonios recogidos serán claves en el proceso. Sin embargo, el oficial reiteró que las limitaciones de recursos impiden un despliegue policial suficiente para cubrir la totalidad de las rutas y paraderos críticos.

La respuesta contrasta con lo anunciado meses atrás por el Ministerio del Interior, que había asegurado la continuidad del patrullaje policial en los corredores viales donde operan las principales empresas de transporte. Según un comunicado oficial, agentes de la Unidad de Emergencia Los Halcones y otras divisiones acompañarían los trayectos y realizarían controles de identidad en puntos estratégicos. No obstante, los trabajadores del sector aseguran que el despliegue nunca se ejecutó plenamente ni alcanzó a todas las áreas de riesgo.

Mientras tanto, la población y los transportistas continúan exigiendo transparencia sobre la cantidad de efectivos asignados y la frecuencia de los patrullajes. El temor persiste, alimentado por la falta de resultados tangibles y por la sensación de que las promesas de protección quedan en palabras.

Falso pasajero asesinó a chofer de El Pesquero

El asesinato de Bonet Miraval Camones se produjo alrededor de las 15:30 del sábado 7 de febrero en plena vía pública, cerca del Parque N.º 6 y la Vía de Evitamiento, en Santa Anita. El bus cubría la ruta entre Ate y el Callao cuando fue interceptado de forma violenta. De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto se acercó corriendo a la unidad, subió y disparó directamente contra el conductor en presencia de pasajeros y transeúntes.

El ataque generó pánico dentro del bus: los pasajeros gritaron, intentaron auxiliar a la víctima y buscaron refugio por miedo a nuevos disparos. Minutos después, una ambulancia del SAMU trasladó al conductor al hospital, donde finalmente falleció.

Las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú apuntan a un ajuste de cuentas vinculado a extorsiones, una modalidad delictiva que afecta de manera recurrente al sector. El cobrador de la unidad relató que el atacante actuó de manera rápida y sin mediar palabra, siguiendo un patrón ya conocido en otros episodios similares ocurridos en la capital.

En el lugar de los hechos, peritos de criminalística levantaron los indicios balísticos y se tomaron testimonios de testigos. La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del vehículo, mientras la comunidad de Santa Anita permanece en estado de alerta ante la persistencia de la violencia en la zona.

El atentado se produjo a las 9:36 a. m. en la cuadra uno del jirón Apo Maita. La víctima, un joven de 35 años, se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por un hombre con chaleco azul, que se acercó directamente al asiento del conductor y disparó a quemarropa. Pese a las graves heridas, el conductor logró conducir hasta la avenida Gran Chimú en busca de ayuda antes de ser trasladado a una clínica local, donde permanece bajo observación.

Vecinos y testigos relataron que el ataque fue ejecutado con precisión y que una motocicleta esperaba al agresor para facilitar su huida. Las primeras versiones apuntan a que la víctima estaría vinculada a una empresa familiar dedicada a la fabricación de galletas, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido y no al azar.

Sicario utilizó un chaleco de obrero para camuflarse y disparar contra joven

El atacante vestía un chaleco azul de obrero, lo que le permitió pasar inadvertido en la zona sin despertar sospechas previas entre los transeúntes. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el sujeto avanzó a paso firme hacia la unidad estacionada, apuntó directamente contra su objetivo y efectuó al menos tres disparos antes de retirarse a pie hasta donde lo aguardaba un cómplice en motocicleta.

Testigos aseguraron que la maniobra fue tan rápida como calculada. “El tipo apareció de la nada, disparó y se fue directo a la moto. Todo fue cuestión de segundos”, relató un vecino. El atuendo utilizado habría sido clave para camuflarse entre los trabajadores que circulan habitualmente por la zona en horario matutino, dificultando la identificación inmediata de los responsables.

Las autoridades de San Juan de Lurigancho han iniciado un operativo en conjunto con la policía especializada, revisando las grabaciones de video e interrogando a residentes y comerciantes. Al cierre de este reporte, los agentes analizaban la ruta de escape de la motocicleta y buscaban rastros que permitieran identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

Víctima sigue bajo observación mientras inician las investigaciones

El conductor herido fue trasladado de emergencia a una clínica cercana tras recibir tres impactos de bala. Según información recogida por el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, su estado es reservado pero estable, y los médicos evalúan la evolución de sus lesiones. Familiares y allegados evitaron hacer declaraciones. En tanto, un vecino afirmó que el joven atacado sería hijo de la dueña de la reconocida empresa de galletas Chaplin, dato que deberá ser confirmado por las autoridades.

“él es hijo de la dueña, a él le han disparado”, afirmó un testigo en diálogo con el equipo periodístico, reconociendo que el negocioya habría sido blanco de amenazas y hostilidades en años anteriores. La policía investiga si el móvil estaría vinculado a extorsiones o ajustes de cuentas relacionados con el negocio familiar.

Durante la recolección de testimonios, un vehículo pasó por el lugar y grabó de manera sospechosa la fachada donde ocurrió el atentado, lo que llamó la atención de los presentes y añade un elemento más a la investigación. Las autoridades mantienen el caso bajo estricta reserva y continúan con las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables, mientras la comunidad de San Juan de Lurigancho permanece en alerta.

Números de emergencia para denunciar extorsión en Perú

Si eres víctima o testigo de extorsión en Perú, puedes comunicarte de forma confidencial y gratuita a los siguientes números de emergencia:

• Central 111: Línea exclusiva para denuncias de extorsión, disponible las 24 horas.
• Central de emergencias 105: Para todo tipo de emergencias policiales, incluyendo extorsión.
• WhatsApp PNP: 964 605 570 / 942 479 506 (envío de mensajes, fotos o videos).

Las autoridades recomiendan no realizar ningún pago y reportar de inmediato cualquier amenaza.

El hecho, registrado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con jirón San Justiniano, en la entrada de Collique, se convierte en el segundo atentado contra la misma empresa en lo que va de 2026. Tras la ráfaga de disparos, los agresores dejaron una nota extorsiva con un número telefónico y una munición, evidenciando la presión criminal sobre el sector transporte.

Los disparos pusieron en alerta a los vecinos y generaron temor entre los conductores de la empresa, aunque, según confirmaron tanto La República como Exitosa, no se reportaron heridos ni víctimas mortales en este segundo atentado. Al lugar acudieron rápidamente agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Comas para recabar evidencias y testimonios.

La nota encontrada junto al vehículo atacado contenía el mensaje “Comunícate. Llamen” y un número telefónico, acompañado de una munición, elemento que refuerza la hipótesis de un intento de extorsión. Los operadores de la línea de colectivos manifestaron su preocupación por la escalada de violencia y la aparente impunidad con la que actúan los agresores. La empresa El Mandarino se encuentra bajo el asedio de bandas criminales que buscan someterla a pagos ilegales, situación que se ha repetido en distintas partes de Lima durante los últimos meses.

Llegaron en motocicletas, dispararon y dejaron una nota extorsiva

El patrón observado en el ataque de Comas replica prácticas propias de la extorsión y el sicariato en el transporte público. Los responsables utilizaron una mototaxi para pasar desapercibidos y sortear la vigilancia policial, aprovechando la facilidad de movimiento que ofrece este vehículo. Esta estrategia les permitió acercarse sin levantar sospechas, disparar contra el colectivo y escapar rápidamente del lugar sin ser identificados.

En ambos atentados, el uso de la motocicleta ha sido clave para la movilidad de los atacantes. Además, la colocación de un mensaje con un número telefónico y una munición junto al vehículo atacado constituye un claro acto de intimidación y una invitación a establecer contacto bajo amenaza. Esta práctica busca forzar a los empresarios a ceder a las exigencias económicas de los extorsionadores y se ha convertido en un elemento recurrente en la ola de violencia que afecta al sector transporte en Lima.

Tras el ataque, las autoridades intensificaron los operativos en las zonas consideradas de alto riesgo, aunque la población mantiene la percepción de que las medidas adoptadas resultan insuficientes ante la capacidad de adaptación de las bandas delictivas. El coronel Jorge Ramiro Barrantes, de la Policía Nacional, explicó que se han dispuesto patrullajes adicionales y que las investigaciones avanzan con la recopilación de pruebas balísticas y declaraciones de testigos.

Dos trabajadores de El Mandarino resultaron heridos en la primera agresión

El atentado de Comas se produce pocos días después del primer ataque registrado en San Juan de Lurigancho, donde dos conductores de El Mandarino, identificados como Eliazer González Silva y Winder Amaro Vicente, resultaron gravemente heridos. El hecho ocurrió en la terminal de la empresa, alrededor de las 9:00, cuando los choferes se preparaban para iniciar sus rutas. Un hombre en motocicleta irrumpió en el recinto, disparó al menos cinco veces y huyó del lugar.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que el atacante vigiló previamente la zona y aguardó el momento propicio para ejecutar la agresión, lo que refuerza la hipótesis de un atentado premeditado y dirigido. Uno de los conductores recibió un impacto de bala en el abdomen y el otro en una pierna. Ambos fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo, donde uno permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de la lesión abdominal. Tras recibir atención médica, los trabajadores formalizaron la denuncia en la comisaría de Canto Rey.

El coronel Barrantes afirmó que los conductores se encuentran fuera de peligro y que la Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar al autor material del atentado. A pesar de la gravedad de estos hechos, los representantes de El Mandarino aseguraron no haber recibido amenazas previas ni haber sido víctimas de extorsión antes de los ataques.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Alberto Bringas.

El expediente unifica dos homicidios: es que, además del crimen de Fabián Sturm Jardón, acribillado a balazos en diciembre de 2024 en el mencionado barrio porteño, Caraballo Escobar también es investigado por el asesinato de Marcelo Nicolás González Algerini, ocurrido el 12 de octubre de 2024 en la localidad de La Lonja, partido de Pilar.

En ambos hechos, Caraballo Escobar aparece como principal sospechoso. La investigación judicial sostiene que en el caso de González Algerini, la víctima recibió entre seis y nueve disparos cuando se encontraba en su camioneta Chevrolet Tracker, frente a un kiosco de la calle San Cayetano. El atacante, que se desplazaba en una Jeep Renegade color oscuro con patente trucha, disparó desde ese vehículo con una pistola Glock 9 mm con numeración erradicada.

Dos meses después, la madrugada del 12 de diciembre, Fabián Sturm Jardón -quien tenía pedido de captura activo por otro caso- fue atacado en la vereda de un kiosco en la calle Paraguay al 2900. El asesino lo esperó oculto en un Volkswagen Suran y, al verlo pasar, se acercó por detrás y le disparó siete veces a corta distancia, también con una Glock 9 mm y supresor de sonido. Después, escapó hacia un Fiat Cronos rojo con patente robada, que lo esperaba como auto de apoyo a unos metros de la escena.

Horas más tarde, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad encontró ese vehículo en la calle Agüero al 700, a casi ocho cuadras del lugar del crimen. Dentro del vehículo se hallaron la pistola con silenciador, un par de guantes y una peluca: justamente, las imágenes de cámaras de seguridad mostraban que el sicario había usado una para intentar no ser reconocido.

Otro dato que surgió en el expediente indica que Sturm Jardón venía siendo amenazado por Caraballo Escobar.

La pistola encontrada en el auto sirvió para confirmar una sospecha: era la misma arma que se había usado para asesinar en octubre a Marcelo González Algerini en Pilar. En esa causa intervenía la fiscal Marcela Semería, que venía siguiendo los pasos de Sturm Jardón. La fiscal entendía que ambos, tanto la víctima como quien lo había mandado a matar, tenían vínculos con una organización narco.

El homicidio en Pilar estaba relacionado con un operativo de gran escala ocurrido a mediados de 2024. En julio, Gendarmería secuestró 782 kilos de cocaína en un complejo de cabañas en Caviahue, Neuquén, uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. En ese expediente, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se detuvo a diez personas. La banda planeaba cruzar la droga a Chile usando un convoy de camionetas. González Algerini, según la investigación, iba a manejar una de ellas.

Tras el crimen de Sturm Jardón, el caso pasó a manos del juez federal González Charvay, que convocó a la PFA.

Los detectives de la fuerza policial comenzaron a reunir información sobre el presunto sicario. Así descubrieron que era uruguayo, que había estado preso por otro asesinato y que se había fugado de una cárcel de Montevideo en agosto de 2022. La Policía uruguaya confirmó que estaba condenado por haber matado en 2021 a una mujer cuidacoches en un caso relacionado con el narcotráfico.

La búsqueda de Caraballo Escobar se orientó hacia Brasil luego de que los investigadores llegaran a un dato: el prófugo le había pagado a un hombre brasileño para que lo ayudara a esconderse. Finalmente, el 29 de mayo de 2025, Interpol notificó sobre la detención del acusado en Florianópolis, estado de Santa Catarina. Allí, según informaron fuentes policiales, fue encontrado con dos kilos de marihuana, 40 mil dólares, 41 mil reales, un auto y una moto.

La extradición fue solicitada formalmente el 2 de junio de 2025 y el 26 de diciembre de ese año, el gobierno brasileño comunicó que concedía la entrega del sospechoso.

Una vez en el país, Caraballo Escobar será alojado en una dependencia federal y aguardará la citación para prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

Alejandro Martínez Leal, un ciudadano venezolano y miembro de la comunidad Lgbtiq+, fue asesinado la tarde del 15 de enero de 2026 en el barrio La Nevada de Valledupar.

Los momentos posteriores al crimen, que constituye el quinto homicidio registrado en la ciudad en lo que va de 2026, fue registrado por personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

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De acuerdo con información oficial de la Policía Metropolitana de Valledupar, Martínez Leal, de 31 años, fue interceptado en la vía pública alrededor de las 5:15 p. m. del jueves por un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta, que le disparó sin pronunciar palabra.

El ataque, fue perpetrado frente al negocio Los Paisas. Allí se evidenció un momento de alto grado de conmoción, pues Martínez Leal recibió dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en el rostro, lesiones que, según el informe forense citada por el diario valduparense El Pilón, le comprometieron órganos vitales de manera inmediata.

Aunque los testigos intentaron auxiliarlo y fue trasladado de urgencia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, la víctima ingresó al centro asistencial sin signos vitales, explicaron los médicos al diario de la capital del Cesar.

Tras el crimen, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y del modelo de vigilancia por cuadrantes acudieron tanto al hospital como al sitio de los hechos para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar pruebas.

El homicida, de acuerdo con el reporte de las personas presentes huyó con rumbo desconocido, lo que ha motivado a las autoridades locales a intensificar las labores de búsqueda y análisis de testimonios en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, la Policía Nacional instó a la comunidad a aportar información confidencial que facilite la identificación y captura del responsable.

En menos de 24 horas balearon a otra mujer en el mismo sector

De acuerdo con un reporte detallado que publicó el medio barranquillero El Heraldo, una mujer con el nombre de Fermina Esther Pupo Benavides, de 49 años. fue baleada de la misma exacta manera, aunque el ataque en su contra ocurrió un día antes, en el 14 de enero en el mismo exacto sector.

Con dos casos de la misma manera, se han generado nuevas líneas de investigación. Pupo Benavides recibió un disparo en la cabeza en la misma calle del barrio La Nevada y, tras ser auxiliada por la comunidad, fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo y remitida a la Clínica Cesar, donde falleció horas después.

La Policía Metropolitana de Valledupar indicó que un hombre que llegó al lugar y le disparó, lo hizo sin mediar palabra antes de huir.

Las autoridades investigan si el asesinato de Pupo Benavides está vinculado con el crimen de alias Samper, hijo de la víctima, que fue ultimado en noviembre de 2025 en el barrio Brisas de la Popa.

Según información policial, Jean Carlos Castro Pupo, conocido como “Samper”, habría estado relacionado con el tráfico de estupefacientes, lo que apunta a la posibilidad de una retaliación entre estructuras criminales.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, teniente coronel Ricardo Iván Baquero Beltrán, informó que la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y el CTI de la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas y revisión de cámaras de seguridad para determinar posibles conexiones entre ambos homicidios.

La comunidad del barrio La Nevada permanece atenta ante la escalada de violencia, mientras las autoridades insisten en no descartar ninguna hipótesis y reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que conduzca a la identificación de los responsables.

El hecho se registró en la calle Las Fresas, mientras el empresario realizaba una actividad cotidiana: lavar su vehículo estacionado frente a su casa. En cuestión de segundos, la tranquilidad del barrio se rompió por una ráfaga de disparos. Junto a él también perdió la vida “Doki”, un perro del vecindario que intentó auxiliarlo al advertir el ataque, convirtiéndose en otra víctima de este episodio de sicariato en Comas, pese al estado de emergencia vigente en la capital.

Ataque armado frente a su vivienda y bajo la mirada de su hijo

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Maraví Ávalos, de 46 años, empresario dedicado a la comercialización de ropa y zapatillas. De acuerdo con información policial, una pareja a bordo de una motocicleta lineal negra llegó hasta el frontis de su domicilio y, sin mediar palabra, abrió fuego contra él mientras se encontraba lavando su automóvil.

En un intento desesperado por salvar su vida, Maraví Ávalos corrió aproximadamente 100 metros por la vía pública. Sin embargo, los atacantes lo persiguieron y lo remataron a balazos en plena calle. Durante la persecución, el perro conocido por los vecinos como “Doki” comenzó a ladrar y a acercarse a los agresores, presuntamente intentando distraerlos o defender al empresario. El animal fue ejecutado de un disparo, quedando tendido en el lugar.

Tras el crimen, los sicarios regresaron al vehículo de la víctima y sustrajeron su teléfono celular y un arma de defensa personal que se encontraba dentro del auto. Este detalle fue confirmado por la esposa del empresario, quien, pese al violento desenlace, descartó que la familia haya recibido amenazas o mensajes extorsivos previos, una situación frecuente en casos vinculados al comercio informal o formal en Lima.

El testimonio más duro llegó desde el interior de la vivienda. Fue el hijo menor de la víctima quien relató a su madre lo que había visto.“Mamá, desde la ventana vi a un chico y una chica en moto negra que le dispararon a papá”, contó el niño, según narró la viuda ante las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística hallaron al menos diez casquillos de bala en la escena, evidencia que da cuenta de la violencia del ataque. Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri, que ya solicitó las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la ruta de escape de la motocicleta y determinar la identidad de los responsables.

Más de 50 homicidios en los primeros días de 2026: Lima y el norte concentran la violencia

El inicio del 2026 en Perú estuvo marcado por un fuerte repunte de la violencia homicida, con 55 asesinatos registrados en apenas los primeros 10 días del año, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud.

El volumen de casos convierte a este periodo en el arranque de año más violento desde 2017, cuando el Minsa comenzó a sistematizar este tipo de muertes, manteniendo además la tendencia observada en 2025, con un promedio cercano a cinco homicidios diarios a nivel nacional.

Las estadísticas muestran que la región Lima encabeza el número de víctimas, con 25 asesinatos reportados hasta el 10 de enero, seguida por el Callao, que acumula siete casos, y Lambayeque, con cuatro. Otras regiones que superan más de una víctima en este periodo son Ica (4), Piura (3), Áncash (3) y La Libertad (2). En contraste, departamentos como Ucayali, Tumbes, Tacna, Loreto, Junín, Cajamarca y Ayacucho registran un homicidio cada uno, mientras que regiones como Cusco, Arequipa, Puno y San Martín no reportaban casos al cierre de ese corte estadístico.

El análisis de la data revela además picos críticos de violencia: en tres días específicos (1, 3 y 4 de enero) se registraron nueve asesinatos diarios, acumulando 27 homicidios en solo 72 horas, lo que representa casi la mitad del total contabilizado en los primeros diez días del año.

El blanco fue el restaurante Pollos y Parrillas Alexander, un negocio con cuatro años de funcionamiento que, según su encargado, ya había recibido mensajes intimidatorios semanas atrás. El atentado ocurrió alrededor de las 9:08 p. m., en pleno horario de atención, cuando dos sujetos arrojaron un artefacto explosivo directamente hacia una de las mesas ocupadas por comensales.

Ataque con explosivos a pollería en Puente Piedra tras amenazas de extorsión

Las imágenes posteriores al atentado muestran mayólicas hundidas y partidas, mesas destruidas y sillas esparcidas por el suelo, producto de la onda expansiva. El encargado del local, cuya identidad fue resguardada por seguridad, relató en entrevista con Latina que las amenazas comenzaron el 27 de diciembre, cuando recibió mensajes al número de delivery del negocio exigiendo el pago de 10 mil soles.

El mismo día del atentado, volvieron a exigirle dinero: “Ayer, justo al mediodía, empezaron nuevamente a hablarnos al número del delivery”, contó. En uno de los mensajes, según precisó, se leía: “Te alineas con los diez mil soles o plomo”. Al no responder ni acceder a la exigencia, horas más tarde se produjo el ataque con explosivos.

De acuerdo con el testimonio, las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos jóvenes, de aproximadamente 15 o 16 años, llegaron caminando hasta el frontis del local. Uno de los trabajadores se percató de su presencia, pero en cuestión de segundos lanzaron el explosivo hacia una mesa donde había clientes comiendo pollo a la brasa. Tras detonar el artefacto, los atacantes se retiraron caminando con normalidad por la misma zona.

El comerciante aseguró que en los cuatro años de funcionamiento del negocio nunca habían sido víctimas de amenazas, aunque reconoció que otros locales del barrio sí han sufrido ataques similares. Por el momento, el restaurante permanecerá cerrado algunos días mientras evalúan la situación. “Por el momento no se va a trabajar”, dijo, señalando también el temor del personal. “Los trabajadores ya no quieren, tienen miedo”.

Finalmente, el encargado hizo un llamado directo a las autoridades. “Que pongan la mano dura”, expresó, remarcando la preocupación de los emprendedores que intentan seguir adelante en zonas donde la criminalidad y la extorsión se han convertido en parte del día a día.

Violencia criminal en cifras: extorsiones, sicariato y homicidios marcaron el 2025 en el Perú

Durante el 2025, la inseguridad ciudadana alcanzó niveles sin precedentes en el país. Las extorsiones superaron las 25.196 denuncias hasta el 27 de diciembre, lo que significó un incremento cercano al 20% frente al año anterior. Registros del Ministerio Público incluso elevaron el número por encima de las 27.000 denuncias, confirmando una expansión sostenida de este delito en distintas regiones. En paralelo, los homicidios llegaron a 2.451 casos, una cifra que se tradujo en un promedio de siete asesinatos diarios, evidenciando un escenario crítico de violencia.

El impacto fue particularmente fuerte en Lima Metropolitana, que concentró 10.562 denuncias por extorsión, convirtiéndose en el principal foco del problema. El sicariato mantuvo una presencia constante: solo en el primer trimestre del año se reportaron 364 asesinatos bajo esta modalidad, con una alta incidencia de víctimas vinculadas a entornos delictivos. A pesar de que los robos y hurtos mostraron una reducción —pasando de 347.911 casos en 2023 a 218.808 en 2025—, la percepción de inseguridad no disminuyó debido al aumento de crímenes violentos y al mayor nivel de organización de las bandas criminales.

El sonido de los disparos alteró la rutina de la avenida y provocó que quienes presenciaron el hecho buscaran refugio. Los criminales, decididos y sin ocultar su objetivo, ejecutaron el ataque a plena luz del día, mientras las cámaras de seguridad registraban cada movimiento. Los pasajeros, sorprendidos y aterrados, solo pudieron agacharse mientras la unidad frenaba bruscamente. Los impactos de bala en la cabina y la sangre del conductor evidenciaron la brutalidad del ataque.

En las últimas semanas, la presión de las bandas extorsivas ha crecido. Las empresas de transporte reportan llamadas amenazantes, exigencias de pagos diarios y una sensación de inseguridad que ha obligado a suspender rutas enteras. El temor se ha apoderado del sector, donde la impunidad de los sicarios refuerza la sensación de desamparo.

Ataque a balazos contra bus de la línea R28 en Lurín

El ataque ocurrió en las primeras horas de la tarde, mientras el bus de la empresa Transportes Huáscar S.A.C. —conocida como R28— cubría su ruta habitual entre Lurín y San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una moto lineal se aproximaron a la unidad y dispararon al menos ocho veces contra la cabina, justo cuando el vehículo desaceleraba frente a un rompemuelles.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto: el bus se detuvo a metros de su paradero final y los sicarios, a escasos centímetros del conductor, abrieron fuego antes de escapar a toda velocidad. La Policía Nacional del Perú recogió las grabaciones como prueba clave para la investigación.

El ataque dejó la cabina perforada y casquillos regados en el asfalto. La unidad fue retirada y puesta a disposición de peritos de criminalística para los exámenes correspondientes. El hecho se suma a una serie de atentados similares registrados en rutas de Lima Sur y Este.

Chofer logra sobrevivir a ataque de sicarios

A pesar de la violencia del ataque, el conductor, identificado como Jonathan Trujillo, sobrevivió al lanzarse del asiento apenas empezaron los disparos. El hombre sufrió heridas en el cuello y fue atendido por paramédicos que llegaron al lugar.

La empresa retiró la unidad de circulación y la puso a disposición de los investigadores, mientras el conductor permanece recuperándose. El hecho de que el bus estuviera cerca de su destino y con pocos pasajeros evitó consecuencias mayores.

La vulnerabilidad del sector, la exposición diaria de los trabajadores y la falta de garantías mínimas de seguridad refuerzan el temor entre quienes dependen del transporte público para subsistir.

Gremio de transporte advierte paro ante ola criminal

El ataque en Lurín se suma a una cadena de atentados que han marcado el inicio del año en Lima. En los últimos días, conductores han sido asesinados en San Martín de Porres y Chaclacayo, mientras que otros atentados han dejado heridos entre pasajeros y trabajadores en distintas rutas.

El gremio de transportistas denuncia que los pagos diarios de cupos se han triplicado y que rechazar estas exigencias suele derivar en ataques armados. El ochenta por ciento del transporte formal fue extorsionado en 2025, según cifras del sector, y las amenazas persisten en 2026.

La expectativa ahora recae en el plan de seguridad prometido por el gobierno, mientras el gremio evalua una paralización general del servicio ante la falta de respuestas efectivas. La decisión sobre una posible paralización dependerá de las acciones concretas que adopten las autoridades en los próximos días.

El miedo se ha instalado en cada ruta, los trabajadores sienten que la inseguridad es total y los usuarios viajan cada día con la incertidumbre de llegar sanos a su destino. El transporte público en Lima enfrenta una de sus crisis más graves, mientras la violencia sigue marcando el pulso de la ciudad.

El hecho involucró a dos sujetos a bordo de una motocicleta que se acercaron a una pareja a la salida de un local comercial, mientras el hombre sostenía al niño en brazos.

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La escena, que transcurrió ante la mirada de transeúntes y habitantes del sector, mostró cómo uno de los agresores, identificado por vestir chaqueta negra, jean y casco negro, descendió de la moto empuñando un arma de fuego y se dirigió hacia la víctima.

Testigos del episodio, citados por medios como Vanguardia, relataron que el atacante exigía que el hombre “bajara” al niño. “El bandido le decía ‘bájelo, bájelo’, mientras forcejeaba para intentar apartar al niño”, narraron los que presenciaron los hechos.

Las imágenes captadas muestran el momento en que el presunto sicario trata de apartar al menor para ejecutar el ataque, mientras la mujer que acompañaba a la pareja entra en pánico. Durante el forcejeo, el hombre logró zafarse y huir del lugar con el bebé en brazos, evitando que el ataque se consumara.

Frente a la imposibilidad de efectuar el disparo y ante la tensión del momento, el pistolero y su cómplice decidieron abandonar la escena. Un habitante del sector describió el momento como angustiante y aseguró que “ese niño prácticamente le salvó la vida”.

La Policía del Magdalena Medio fue alertada tras el impactante caso e inició una investigación para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este intento de ataque armado.

Por su parte, en redes sociales diferentes usuarios comentaron la escena asegurando que se trató de una nueva oportunidad de vida, mientras que otros cuestionaron la actitud de los adultos involucrados en el hecho.

“Santo Dios el sicario también debe tener hijitos ojalá esas cosas hicieran que las personas cambiarán el vivir y piensen mejor”; “Yo diría un bebé le salvo la vida” ; “Sospechosa la señora ...... Yo no sería capaz de colocar a mi bebé así ...yo lo suelto ,.. no creo q sea capaz de hacerlo” ; “Mucho maldito, el que se busca problemas y pone como escudo a sus hijos, no se cual sea el detonante , pero así lo veo yo” ; “Almenos le preocupo la vida del bebé ya muy pocos respetan eso (sic)”, fueron las reacciones de algunos cibernautas.

Menor de edad murió luego de recibir un disparo en la cabeza en Barrancabermeja

El martes 6 de enero se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años que permaneció dos días en la Clínica La Magdalena tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Con este deceso, el número de muertes violentas en el Puerto Petrolero asciende a tres víctimas en lo que va de 2026, lo que marca un comienzo de año crítico para la seguridad ciudadana en el Magdalena Medio.

El ataque que terminó con la vida del menor ocurrió el sábado, 3 de enero, cerca del barrio Belén. Según versiones preliminares, desconocidos interceptaron al adolescente y le dispararon a corta distancia.

Las autoridades investigan si el arma utilizada fue traumática, aunque la gravedad del impacto ocasionó daños irreversibles que los equipos médicos no lograron revertir tras varios procedimientos quirúrgicos y de cuidados intensivos.

La muerte del joven generó consternación en la comunidad. Familiares y amigos, que se mantuvieron en cadenas de oración desde que ingresó al centro asistencial, lamentaron el desenlace y resaltaron la vulnerabilidad de los menores frente a la criminalidad en la zona.

La Policía del Magdalena Medio desplegó una unidad investigativa para esclarecer los móviles del asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento, el comando de Policía no ha reportado capturas ni ha determinado si el ataque fue una retaliación o un hecho fortuito.

Un nuevo atentado criminal en Comas se registró la tarde de este domingo. Un motociclista extranjero fue asesinado a balazos en plena vía pública en la intersección de la avenida Universitaria con Sangarará, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, cercana a una estación del Metropolitano. El hecho generó la intervención inmediata de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

En el lugar del crimen se hallaron numerosos casquillos de bala y una motocicleta, elementos que evidencian un ataque directo. La víctima fue identificada como John Jairo Loor Contreras, de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana - colombiana, conocido con el alias de “Rata”. Según información policial, el hombre contaba con antecedentes penales y había sido intervenido el año pasado por su presunta vinculación a una red de trata de personas que operaba en Lima Norte.

Ataque armado en avenida Universitaria

De acuerdo con información policial y testimonios recogidos en la escena, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían estado esperando la llegada de su objetivo. Cuando Loor Contreras se desplazaba por la avenida Universitaria, los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra. Tras recibir los primeros disparos, el hombre perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada en la vía.

Herido, el motociclista descendió del vehículo e intentó huir a pie con la intención de ponerse a salvo. Sin embargo, los agresores lo persiguieron en la misma motocicleta y continuaron disparándole hasta rematarlo a pocos metros del impacto inicial. El ataque, según los peritos, fue ejecutado con extrema violencia: en la escena se contabilizaron 27 casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

La zona fue inmediatamente cercada por la PNP, mientras personal de criminalística realizaba el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaba imágenes de cámaras de seguridad cercanas. El tránsito vehicular fue restringido durante varias horas, generando congestión en uno de los ejes principales de Comas.

Fuentes policiales confirmaron que John Jairo Loor Contreras registraba antecedentes penales. En marzo del año pasado, había sido detenido por su presunta vinculación a una red de trata de personas, dedicada a la captación de ciudadanas ecuatorianas, caso que fue investigado por las autoridades en Lima Norte. Esta información es considerada clave dentro de las líneas de investigación que maneja la Policía.

Agosto concentró el mayor número de homicidios en 2025 según Sinadef

Los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran que durante 2025 se mantuvo un nivel elevado de homicidios en el país, con un promedio nacional que supera los siete asesinatos por día. Dentro de ese escenario, agosto se posicionó como el mes con mayor cantidad de muertes violentas, al contabilizar 221 homicidios a nivel nacional, la cifra más alta del año hasta el último corte disponible.

De acuerdo con la data oficial, el comportamiento mensual evidenció picos recurrentes. Enero cerró con 207 homicidios, abril alcanzó los 204 casos, mientras que marzo sumó 193 y julio 188. En contraste, meses como febrero y mayo registraron cifras ligeramente menores, con 169 y 168 asesinatos, respectivamente. Pese a estas variaciones, el promedio anual se mantuvo en 6,7 homicidios diarios, reflejando una persistencia de la violencia letal sin descensos sostenidos a lo largo del año.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, la tendencia fue similar. Agosto también marcó el punto más alto, con 90 homicidios registrados, superando ampliamente los valores de enero (82), marzo (81) y julio (73). El promedio diario en ese mes alcanzó 2,9 asesinatos, mientras que en otros periodos críticos del año se mantuvo por encima de 2,6 muertes diarias.

Continúan las investigaciones en el municipio de Río de Oro, departamento del Cesar, tras el asesinato de una pareja y una menor de 12 años, que sucedió el sábado 20 de diciembre de 2025, en la vía al mar, en las horas de la noche.

Con armas y contra una familia entera, el ataque aparentemente sicarial hecho sigue bajo análisis, y las teorías apuntan a la violencia ligada a disputas criminales, que ha cobrado fuerza en los últimos meses.

Pero el pasado judicial del padre de familia sería una de las principales líneas de estudio.

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Por su parte, las autoridades confirmaron que la familia fue asesinada por sicarios en motocicleta. Solo una pequeña de 5 años sobrevivió, y se encuentra bajo asistencia médica y profesional.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, de 43 años, Nelly Geraldinne García Mejía y una niña llamada Melissa, de 12 años.

Ese sábado, la familia regresaba de una novena en el corregimiento de Morrison y se dirigía hacia su vivienda en la zona conocida como ‘Los Ángeles’, cuando fueron interceptados por dos hombres armados cerca de las 9:46 p. m.

Las hipótesis sobre el triple homicidio

La investigación avanza con dos líneas principales. Por un lado, la Policía Nacional y las autoridades judiciales indagan si el triple homicidio está relacionado con disputas territoriales entre grupos armados presentes en la frontera entre Cesar y Norte de Santander.

Por otro, según un reporte que publicó El Tiempo, también se explora el pasado judicial de Anderson Rocha Núñez, que cumplió una condena de 13 años y cinco meses por porte ilegal de armas y hurto calificado en la cárcel de alta seguridad Tramacúa, en Valledupar.

Un investigador explicó al diario que “se indagan llamadas, mensajes y contactos del celular de Rocha Núñez, así como su paso por Tramacúa”.

El hombre, oriundo de Aguachica, recibió libertad condicional en marzo de 2021, tras cumplir la mayor parte de su condena dictada en 2014.

De hecho, el medio conoció que personas cercanas a la familia aseguran que el ataque habría estado dirigido contra Rocha, por lo que la línea de investigación sobre posibles retaliaciones derivadas de su estadía en prisión cobra relevancia.

Padre de la menor de 12 años fallecida habló

A su vez, el medio nacional entrevistó a Jhon Julio López, padre de la menor asesinada y expareja de Geraldinne García, que relató que habló con su hija una hora antes del ataque.

“Ellos estaban en una novena en la casa de un familiar. Yo hablé con mi hija una hora antes, ella estaba muy contenta”, recordó López. Afirmó también que su excompañera sentimental nunca recibió amenazas y que residía en Los Ángeles (vereda de Río de Oreo) desde hace ocho años, dedicada al hogar tras haber trabajado en el área de tránsito.

De acuerdo con testigos y familiares, la última comunicación de la menor fue por teléfono, poco antes del crimen. López señaló que la relación entre García y Rocha tenía dos años y que este último trabajaba como conductor en una empresa de transporte.

La percepción en el entorno cercano es que la agresión tenía como objetivo principal a Rocha Núñez. “Lo que la gente comenta es que el ataque iba en contra de Anderson. Solo sé que ahora él era conductor en una empresa de transportes y que son pareja desde hace dos años”, fueron las palabras textuales de López en el diálogo.

La pequeña de 5 años que sobrevivió recibe atención psicológica: alcalde de Río de Oro, Cesar

El hecho causó un fuerte impacto en la comunidad local, además, porque en la motocicleta atacada con fuego iban 4 personas. Los dos padres fueron asesinados, la menor de 12 años murió en un centro asistencial y otra pequeñas, de cinco años, también hija de la pareja, resultó ilesa tras caer accidentalmente de la moto durante el ataque.

La menor sobreviviente fue encontrada en una canaleta, donde cayó al momento del atentado. El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, relató que la niña se encuentra bajo atención psicológica, ya que presenció el asesinato de sus familiares.

Osorio lamentó la situación y afirmó que el crimen “deja un vacío irreparable” en la comunidad y en la vida de la menor cuya identidad no fue revelada.

Según las primeras diligencias, Lizama Campos caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos. Uno de ellos descendió de una motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el ataque, los agresores huyeron con dirección a la ex carretera Latina, mientras vecinos alertaban a las autoridades. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde llegó sin vida, mientras que su pareja fue atendida por el personal médico debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

El ataque ocurrió cuando Lizama Campos retornaba a su vivienda junto a su pareja y su menor hijo. El niño no resultó herido, pero fue testigo del violento episodio. La pareja del obrero recibió dos impactos de bala y permanece bajo observación médica, mientras continúan las diligencias para determinar su evolución.

Captura de presuntos sicarios tras operativo policial en Bellavista

La rápida reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de tres presuntos implicados en el asesinato de Segundo Lizama Campos, minutos después del ataque. Efectivos de la Unidad de Emergencia PNP desplegaron un operativo en la ex carretera Latina, donde lograron intervenir a los sospechosos que se movilizaban en motocicletas, presuntamente usadas para perpetrar el crimen.

Los detenidos fueron identificados como Jhon Tejada Quiroga (24), señalado como quien habría disparado contra la víctima; Luis Jorge Rivera Campos (47), conductor del vehículo menor; y Jesús López Neyra, quien también fue puesto a disposición de las autoridades. Durante la intervención, la Policía incautó una pistola, una dinamita y dos motocicletas, una de ellas oculta, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

De acuerdo con información policial, durante el interrogatorio uno de los detenidos confesó haber participado en el ataque. En registros audiovisuales difundidos por las autoridades, se escucha al presunto autor del disparo reconocer su implicancia en el crimen. La Divincri Sullana, a través de su jefe, el coronel Alberto Cueva, indicó que los involucrados habrían llegado a la ciudad con el objetivo específico de ejecutar el asesinato y que el pago por el ataque habría sido de diez mil soles.

Otro de los detenidos, Luis Jorge Rivera Campos, ya había sido intervenido días antes por el presunto delito de extorsión, según fuentes policiales, y se encontraba nuevamente en libertad al momento de su captura por este caso. Las investigaciones buscan esclarecer el móvil del crimen, establecer responsabilidades individuales y determinar si existen más personas involucradas en el sicariato ocurrido en Bellavista.

Ola de violencia sacude Piura

Este crimen en Bellavista se registró apenas días después de otro asesinato que conmocionó a la región Piura. El pasado viernes 19 de diciembre, el profesor Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido frente al colegio Parcemón Saldarriaga, un hecho que generó escenas de pánico entre vecinos, escolares y padres de familia que se encontraban en los alrededores del plantel educativo.

De acuerdo con los reportes policiales y medios locales, el docente fue interceptado dentro de su camioneta por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego sin darle oportunidad de reaccionar. El ataque se produjo minutos después de una chocolatada navideña, cuando Otero Sandoval se retiraba para celebrar el cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval.

El profesor de Educación Física, con más de 30 años de servicio en el sector público, dictaba clases a estudiantes de primaria y secundaria en el Parcemón Saldarriaga y en la institución educativa San Gabriel de Castilla, lo que profundizó el impacto de su muerte en la comunidad educativa y volvió a encender las alertas por los asesinatos a mano armada en Piura.

El recluso René “Brujo” Ungaro (38), quien purga condenas por narcotráfico, balaceras, asociación ilícita y un crimen, sumó este lunes una sentencia a prisión perpetua. Un tribunal santafesino lo consideró instigador de un ataque a tiros ocurrido en la zona sur de Rosario con el objeto de “infundir terror” en el barrio: fueron asesinadas Claudia Deldebbio (58) y su hija, Virginia Ferreyra (32).

Las dos mujeres que fueron víctimas de la violencia de Ungaro estaban en la parada de colectivos del cruce de Ísola y Maestros Santafesinos, en el barrio Parque del Mercado, ese el 23 de julio de 2022.

Este lunes, el veredicto fue dado a conocer por el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana. También fueron condenados a perpetua el recluso Nicolás “Cara de Burro” Martínez, acusado de haber organizado la balacera desde el penal Coronda tras el pedido de Ungaro; Fernando David Cortez (47) y su hijo, Lautaro José Cortez (22), ubicados como ocupantes del Peugeot 308 desde el que partieron los disparos que mataron a las dos mujeres.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone, el ataque a tiros estuvo dirigido a la torre 11 del complejo Fonavi, zona a la que “Brujo” Ungaro quería hacer llegar el mensaje de que en la venta minorista de droga mandaba él en el barrio.

Las balas impactaron en un adolescente que estaba sentado en un banco de cemento, en Claudia y en Virginia. Se supone que otro vehículo sirvió de apoyo, aunque no se conocieron mayores precisiones.

Claudia falleció en el acto, mientras que Virginia estuvo internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta el 24 de septiembre, cuando murió a causa de las múltiples heridas. Ambas estaban en la parada de colectivos, porque Deldebbio había decidido acompañar a su hija esperar el transporte por motivos de seguridad.

Por los datos brindados públicamente por el fiscal Saldutti, Fernando Cortez iba al volante del Peugeot 308. Uno de sus ocupantes era su hijo Lautaro. Se presume que ambos recibieron la orden de “Cara de Burro” Martínez, en ese momento, preso en Coronda por dos homicidios de 2021 y por los que purga una pena de 30 años de cárcel. Seguía instrucciones de Ungaro, por entonces alojado en el penal federal de Ezeiza.

“La teoría del caso es que el móvil del hecho era la promesa remuneratoria con el fin de causar temor, terror, en la zona y herir o matar a cualquier persona ajena al conflicto. Por lo que el ataque no estaba dirigido hacia quienes resultaron víctimas”, expresó Saldutti.

Fernando Cortez también fue condenado por haber cometido una balacera el 4 de septiembre de 2022 contra el Centro Municipal de Distrito Sur, donde se constataron varios orificios de arma de fuego y se encontró una nota dirigida a Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de la banda narco Los Monos y condenado a 139 años de cárcel. En ese hecho, el delincuente quedó filmado mientras disparaba desde una bicicleta.

Fernando y su hijo Lautaro cayeron el 8 de septiembre de 2022 en un operativo de rutina de la Policía santafesina en Sánchez de Thompson y Grandoli, donde los agentes incautaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros.

Según los fiscales, Ungaro ofreció pagar 30 mil pesos por cada persona que falleciera en esa balacera que tuvo lugar en Parque del Mercado.

Desde el Estado santafesino sigue vigente el ofrecimiento de una recompensa de 16 millones de pesos por información que conduzca a la detención de otros partícipes en el mortal ataque a tiros.

Según explicó, los agresores conocían su trabajo, sus movimientos y aspectos de su vida personal. Sin embargo, lejos de motivarla a dar un paso al costado, el atentado y las amenazas reforzaron su decisión de continuar ejerciendo su función dentro del Ministerio Público.

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, afirmó. En su intervención, también dejó en claro que no permitirá atropellos ni en su contra ni contra los miembros de su familia.

Un trabajo que incomoda al crimen

La fiscal explicó que su labor cotidiana consiste en enfrentar delitos de alta complejidad y gravedad. Recordó que, cuando estuvo a cargo de un despacho en Lima Este, condujo investigaciones por homicidio calificado, disputas por el control territorial de la venta de drogas, robo agravado cometido por bandas, tenencia ilegal de armas, usurpación y hurto, entre otros ilícitos.

Desde que fue promovida como fiscal provincial de violencia contra la mujer en Lima Norte, ha tenido a su cargo casos de feminicidio y violencia sexual, en los que solicitó medidas como detención preliminar y prisión preventiva. Son, precisamente, este tipo de investigaciones las que —según remarcó— generan resistencia y represalias desde organizaciones criminales.

“Hoy en día logrado diversas condenas tanto en Lima Este como Lima Norte. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos. Y hacen mención de que los deje tranquilos, me están advirtiendo. No obstante, yo les hago una mención a ellos de que mi función va a continuar”, advirtió.

El respaldo institucional

Durante su pronunciamiento, Parra Sudario agradeció el respaldo de las autoridades presentes, entre ellas el fiscal de la Nación interino, representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sus superiores dentro del Ministerio Público. Destacó que ese acompañamiento resulta clave para que los fiscales puedan seguir desempeñando sus funciones en un contexto marcado por el avance de la criminalidad organizada.

La magistrada enfatizó que el Ministerio Público cumple un rol esencial en el sistema de justicia: conducir las investigaciones, obtener las pruebas necesarias y llevar la verdad ante los jueces. A su juicio, renunciar a esa tarea o ceder ante el miedo solo abriría espacio a la impunidad, un escenario que consideró inaceptable. Por ello, reiteró que la institución seguirá cumpliendo su papel, incluso frente a escenarios de alto riesgo.

Temor por su vida y de su familia

Parra Sudario reconoció que el ataque le generó temor, no solo por su integridad, sino también por la seguridad de su familia. No obstante, dejó en claro que ese sentimiento no se traducirá en una renuncia a sus responsabilidades. “Voy a seguir cumpliendo mi rol”, sostuvo, al recalcar que cuenta con el respaldo de las autoridades y de la institución.

Con más de quince años de trayectoria como abogada, recordó que también formó parte del Poder Judicial y que, a lo largo de su carrera, ha mantenido una conducta profesional intachable. Ese historial, aseguró, seguirá guiando su trabajo como fiscal, incluso frente a las amenazas y riesgos que hoy enfrenta.

Parra Sudario se encontraba acompañada por un efectivo policial asignado a su resguardo, quien, al percatarse de las intenciones de los delincuentes, desenfundó su arma de reglamento y logró ahuyentarlos. Los atacantes no concretaron el atentado, pero el episodio dejó en evidencia un mensaje intimidatorio claro.

La fiscal Parra tiene a su cargo investigaciones vinculadas a delitos de alta gravedad, como feminicidio y violencia sexual contra menores de edad. De hecho, cuenta con protección policial desde el año 2021, luego de haber recibido amenazas en el pasado.

Durante la conferencia de prensa, Parra Sudario recibió el respaldo institucional del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez; de la fiscal superior Azucena Solari; y del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, Miguel Ángel Gonzales Barbadillo. Asimismo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

Primera respuesta

El atentado ocurrió el pasado 11 de diciembre. Desde entonces, la fiscal Parra solicitó que se refuerce la seguridad, tanto para ella como para los integrantes de su familia. Al respecto, el ministro Tiburcio informó que una de las medidas previstas es fortalecer el resguardo policial que recibe actualmente la magistrada.

No obstante, durante la conferencia de prensa, la fiscal indicó que dicho pedido aún se encuentra en evaluación y expresó su expectativa de que pueda concretarse en el más breve plazo.

Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, reiteró el respaldo de la institución a la magistrada y destacó su labor. “Pero la voluntad criminal, la voluntad asesina de este sicario quedó evidenciada.

“Por eso que ahora estamos, como decía una vez más, con el señor ministro del Interior, que representa al Gobierno, con el señor comandante de la Policía Nacional, para condenar esos hechos y sobre todo para expresar nuestra solidaridad a todos nuestros fiscales y en este caso a la señora fiscal Maribel Parra Sudario. Que sepan ellos que no están solos, que estamos todos como un solo puño y que estos criminales no se van a salir con la suya”, expresó.

Fiscal Parra se pronuncia

La fiscal Maribel Parra se pronunció tras el intento de asesinato y aseguró que continuará con su labor. Tras hacer pública la situación, sostuvo que los mensajes intimidatorios que ha recibido evidencian el nivel de seguimiento del que es objeto y el riesgo al que está expuesta.

“El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos”, afirmó, al detallar que en el contenido de la amenaza se le exige que abandone su trabajo.

Pese a ello, dejó en claro que no cederá ante la presión. “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, remarcó.

Durante su intervención, Gálvez subrayó que los ataques contra fiscales no son episodios aislados. Por el contrario, los describió como parte de una dinámica criminal orientada a intimidar y neutralizar a quienes investigan organizaciones criminales. En ese contexto, anunció que el Ministerio Público se encuentra evaluando la posibilidad de crear una subespecialidad fiscal orientada específicamente a combatir el sicariato y la extorsión, con equipos capacitados, protocolos diferenciados y una coordinación permanente con las unidades especializadas de la Policía Nacional.

La propuesta se plantea en un escenario particularmente complejo para los operadores de justicia. El propio fiscal de la Nación interino informó que, actualmente, más de 68 fiscales a nivel nacional cuentan con resguardo policial debido a amenazas vinculadas directamente con las investigaciones que conducen. Este dato, según explicó, refleja la magnitud del problema y pone en evidencia que el modelo tradicional de persecución penal enfrenta serias limitaciones frente a organizaciones criminales que operan con estructuras cada vez más sofisticadas.

Respaldo institucional y medidas inmediatas de seguridad

La conferencia de prensa congregó a diversas autoridades del sistema de justicia y del Poder Ejecutivo, entre ellas el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas; y el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte. Todas las autoridades coincidieron en condenar el atentado y expresar un respaldo institucional expreso a la fiscal afectada, así como a los demás magistrados que enfrentan riesgos similares.

Desde el ámbito policial, Arriola anunció que se tomarán las medidas inmediatas para reforzar la seguridad de la víctima. El resguardo policial, que ya existía y que permitió disuadir al atacante durante el reciente intento de sicariato, será fortalecido. Además, se desplegará un equipo especializado de inteligencia con el objetivo de proteger tanto el entorno familiar como el laboral de la fiscal, mientras se profundizan las investigaciones destinadas a identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

El ministro del Interior, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo asumirá la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los fiscales que enfrenten amenazas en el ejercicio de sus funciones. Indicó que en Lima Norte existen investigaciones avanzadas relacionadas con casos de intimidación y violencia contra operadores de justicia, algunas de las cuales se encuentran próximas a culminar con detenciones.

Investigación en curso y mensaje del Estado

Las autoridades confirmaron que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la comisaría de Independencia y que existe una coordinación permanente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer el atentado. El presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte reiteró que la institución no retrocederá frente a la violencia y que se impulsarán todas las acciones necesarias para sancionar a los responsables.

En este contexto, la eventual creación de una subespecialidad fiscal enfocada en el sicariato y la extorsión aparece como una de las principales apuestas del Ministerio Público para enfrentar una amenaza que ha evolucionado. La propuesta, aún en evaluación, se presenta como una respuesta institucional frente a un crimen organizado que desafía de manera directa la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad.

El Cártel de Sinaloa ha extendido sus métodos de reclutamiento y violencia más allá de México, utilizando jóvenes de apenas 15 años para cometer asesinatos en Estados Unidos, particularmente en el estado de California. Así lo evidencian los recientes casos de Andrew Núñez, alias “Shooter”, y Johncarlo Quintero, conocido como “Dumper”, quienes se declararon culpables por asesinato e intento de asesinato el jueves 18 de diciembre.

Ambos adolescentes, de acuerdo con información judicial y reportes periodísticos, operaban como sicarios de la pandilla Westside Wilmas, un grupo criminal con base en Wilmington, California, que realiza trabajos violentos para el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses consideran que esta pandilla funciona como un brazo operativo del grupo delictivo mexicano en territorio norteamericano.

Un asesinato por encargo y 50 mil dólares de pago

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrew Núñez y Johncarlo Quintero fueron contratados para asesinar a un objetivo del Cártel de Sinaloa a cambio de 50 mil dólares para cada uno. El ataque ocurrió el 26 de marzo del año pasado, cuando ambos viajaron desde Wilmington, California, hasta Chula Vista de Rosales.

De acuerdo con el semanario ZETA Tijuana, los jóvenes ingresaron al estacionamiento de un restaurante, donde esperaron a la llamada “víctima 1”, a quien dispararon en las piernas. Sin embargo, el intento de asesinato no se consumó, ya que el arma utilizada se encasquilló.

Tras fallar en su primer objetivo, los sicarios intentaron atropellar a la víctima con el vehículo en el que viajaban, pero nuevamente no lograron cumplir la misión asignada por el cártel.

Segundo ataque y muerte de un cómplice

Horas después, durante la madrugada del 27 de marzo, Andrew y Johncarlo regresaron al ataque acompañados de un tercer sujeto identificado como Ricardo Sánchez. El grupo acudió al domicilio de la “víctima 1”, donde se encontraban tres familiares y un amigo, identificado por las autoridades como la “víctima 4”.

Al llegar a la vivienda, los presuntos operadores del Cártel de Sinaloa y de Westside Wilmas abrieron fuego, hiriendo a la “víctima 4” en la mano, el brazo y el rostro. No obstante, esta persona respondió a los disparos y logró repeler el ataque, además de matar a Ricardo Sánchez.

Por este hecho, Núñez y Quintero se declararon culpables de asesinato bajo la figura legal de “acto provocador”, una modalidad jurídica reconocida en Estados Unidos, según detalló ZETA Tijuana. Los jóvenes admitieron haber participado en los ataques con el objetivo de ascender dentro de la estructura criminal de Westside Wilmas.

Uso de menores para evadir la ley

De acuerdo con analistas y autoridades, el uso de adolescentes como sicarios responde a una estrategia deliberada del Cártel de Sinaloa para burlar las leyes de California, que dificultan el procesamiento penal de personas que tengan menos de 16 años al momento de cometer los delitos.

Esta táctica cobra relevancia en un contexto político en el que el entonces presidente Donald Trump declaró al Cártel de Sinaloa como organización terrorista internacional, en enero, endureciendo el discurso y la persecución contra estas estructuras criminales.

Aunque las leyes estatales complican el castigo inmediato, se prevé que Andrew Núñez y Johncarlo Quintero reciban sentencia en marzo de 2026, casi dos años después del ataque armado, tras haberse declarado culpables por asesinato e intento de asesinato.

El caso generó especial alarma porque se trató del segundo homicidio en menos de cuatro horas registrado en la ciudad, un hecho que volvió a colocar a Trujillo en el centro de la atención por la creciente inseguridad ciudadana. La víctima fue identificada como Sebastián Cabeza Castañeda, quien estaba acompañado de su pareja al momento del ataque. La escena del crimen fue rápidamente acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ataque armado frente a la UNT quedó registrado por cámaras de seguridad

Según la información preliminar recogida por la Policía, Sebastián Cabeza Castañeda acababa de culminar su rutina de ejercicios y se retiraba del gimnasio junto a su novia. Ambos se dirigían hacia una camioneta estacionada en la vía pública cuando un sujeto armado se acercó y le disparó un solo balazo, que resultó mortal. El ataque se ejecutó de manera rápida y directa, sin que mediara intercambio de palabras, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron parte de la secuencia. En las imágenes se observa al presunto agresor esperando en la berma opuesta, aparentemente vigilando los movimientos de la víctima. Segundos después, cruza la avenida, ejecuta el disparo y huye con rapidez del lugar, lo que provocó pánico entre conductores y peatones que circulaban por la zona en ese momento.

Tras el ataque, el joven fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo. No obstante, según confirmaron personas cercanas y fuentes policiales, llegó sin vida al establecimiento de salud debido a la gravedad de la herida. Personal médico certificó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas y recopilaron registros de video que permitan identificar al autor del disparo. Las diligencias iniciales se enfocan en esclarecer el móvil del crimen, sin descartar que se trate de un ataque dirigido.

La Libertad, entre las regiones con menor gasto en seguridad en un año récord de homicidios

La región La Libertad, donde se ubica Trujillo, figura entre las que menos ejecutaron su presupuesto en seguridad ciudadana a pocas semanas de culminar el 2025. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno regional solo logró utilizar alrededor del 30 % de los recursos asignados a la categoría de seguridad vecinal y comunal, ubicándose entre los peores niveles de ejecución a escala nacional, junto con Ucayali. Este bajo gasto implica que una parte significativa del dinero deberá ser devuelta al Ejecutivo al cierre del año fiscal.

El caso resulta aún más llamativo si se considera que La Libertad fue la región con el mayor presupuesto destinado a este rubro en todo el país, con un monto que alcanzó los S/ 54,4 millones durante el 2025. Sin embargo, ese volumen de recursos no estuvo disponible desde el inicio del año. Según el MEF, la región comenzó con poco más de S/ 220 mil, cifra que fue ampliada de manera considerable en el transcurso de los meses, sin que ello se tradujera en una ejecución eficiente antes de diciembre.

Este bajo nivel de gasto contrasta con la violencia registrada en la región. Hasta el 14 de diciembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó 230 homicidios en La Libertad, convirtiéndola en la segunda región con más asesinatos a nivel nacional, solo por detrás de Lima. A escala país, el 2025 ya se perfila como el año con más homicidios registrados, con más de 2.100 muertes violentas, y un patrón marcado por el uso de armas de fuego, que concentran más de tres cuartas partes de los casos reportados oficialmente.

Las autoridades ya iniciaron investigaciones para dar con los responsables del atentado. Este episodio, reportado inicialmente por Canal N, evidencia la creciente vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en Ucayali, en especial aquellos que visibilizan cuestionamientos contra el poder local y denuncian irregularidades.

La sociedad civil y el gremio periodístico mantienen su vigilancia y reclaman mayor protección para los comunicadores en regiones donde informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La magnitud del peligro obliga a demandar acciones concretas para asegurar el respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información.

Sicarios atacan a Mitzar Castillejos en la puerta de su casa

El atentado contra Mitzar Bato Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias, se produjo aproximadamente al mediodía del viernes, cuando el comunicador se dirigía a su centro de trabajo y fue interceptado por dos sicarios que dispararon en repetidas ocasiones contra él en una zona concurrida de Aguaytía.

La brutalidad del ataque, sumada a la cercanía con testigos y transeúntes, generó una ola inmediata de conmoción y temor en la ciudad. Los agresores aprovecharon la oportunidad para escapar rápidamente del lugar tras perpetrar el atentado.

El periodista quedó herido por impactos de bala y fue asistido de inmediato por vecinos y personal de emergencia, quienes gestionaron su traslado urgente a Tingo María, en la región Huánuco, para recibir atención especializada.

Mitzar Bato Castillejos Tenazoa es conocido por conducir un programa de televisión donde abordaba casos de presunta corrupción y cuestionaba el accionar de autoridades y candidatos locales. Estas denuncias frecuentes lo colocaron en el centro de la controversia política de la zona, lo que incrementó los riesgos asociados a su trabajo periodístico.

Las primeras diligencias de investigación se concentran en identificar el móvil del ataque y rastrear a los autores materiales e intelectuales del crimen, en un caso que ha puesto nuevamente de manifiesto la desprotección estatal ante los atentados que sufren reporteros en el país.

Castillejos Tenazoa fue atendido en Hospital de Tingo María

Tras la agresión, el Gobierno Regional de Ucayali confirmó a través de sus redes sociales que Mitzar Castillejos Tenazoa recibió atención médica inmediata en el Hospital de Tingo María. El centro hospitalario brindó cuidados oportunos y especializados, cobijando al periodista bajo estricta vigilancia tras haber sido alcanzado por varios disparos.

De acuerdo con Canal N, el director del hospital indicó que Castillejos sufrió múltiples fracturas por los proyectiles, pero los disparos no comprometieron órganos vitales y actualmente el periodista se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El director del hospital, presente durante todo el proceso, supervisó de manera permanente las labores del equipo médico responsable de la intervención quirúrgica y la posterior recuperación. Se establecieron protocolos para garantizar la integridad del paciente y atender posibles complicaciones derivadas del ataque.

Según el reporte oficial del hospital y autoridades regionales, Castillejos Tenazoa permanece estable y responde al tratamiento, aunque continúa siendo monitoreado de forma constante. La rápida reacción de los servicios médicos y la inmediata evacuación fueron factores clave para preservar su vida ante el impacto de las heridas sufridas durante el intento de homicidio.

El gremio de la prensa y diversas organizaciones de la sociedad civil han celebrado que el periodista se encuentre finalmente fuera de peligro inminente. Sin embargo, insisten en la necesidad de fortalecer la seguridad para reporteros y comunicadores en zonas donde ejercer la labor informativa implica un riesgo sostenido. El caso de Castillejos Tenazoa ha evidenciado las carencias del sistema de protección y la importancia de reforzar los mecanismos de respuesta, tanto en materia de prevención como de atención médica de emergencia.

ANP condena el atentado contra Mitzar Castillejos y exige garantías para la prensa

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó enérgicamente el atentado contra Mitzar Castillejos Tenazoa, quien fue víctima de un intento de asesinato a manos de sicarios en Aguaytía. “Exigimos a las autoridades competentes adoptar de manera inmediata medidas eficaces para salvaguardar la vida e integridad del periodista Mitzar Castillejos”, señaló la ANP, enfatizando que “es obligación del Estado peruano garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad”.

“Recordamos que demandamos que se le otorguen sin dilación las garantías personales correspondientes, en su condición de sobreviviente de un atentado criminal”, puntualizó la ANP.

El pronunciamiento respaldó la exigencia de la filial ANP Aguaytía–Padre Abad y remarcó que lo ocurrido “constituye un grave precedente para quienes ejercen el periodismo”, por lo que reclamó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público “una investigación seria, diligente y transparente que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del atentado”.

Además, la asociación resaltó que este nuevo ataque sucede apenas una semana después del asesinato de Fernando Núñez Guevara y recordó que ya suman tres periodistas asesinados en el país en lo que va del año: “Esta escalada de violencia contra la prensa exige respuestas urgentes y acciones concretas del Estado para frenar la impunidad y proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar”.

Aumentan los ataques a periodistas en Perú

El atentado contra Castillejos Tenazoa no es un hecho aislado. El país asiste a una preocupante tendencia de ataques y asesinatos contra periodistas. El reciente caso de Fernando Núñez Guevara, director del portal Kamila Noticias, asesinado en Pacasmayo el pasado 6 de diciembre, expuso nuevamente la indefensión de la prensa nacional. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Núñez, en motocicleta con su hermano, fue interceptado y ejecutado a quemarropa por presuntos sicarios, mientras los agresores huían tras consumar el crimen.

En lo que va del 2025, la ANP ha registrado tres casos de periodistas asesinados en circunstancias violentas y aún no esclarecidas: Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y el reciente homicidio de Fernando Núñez Guevara. Todos compartían patrones similares: críticas abiertas a autoridades locales, denuncias de corrupción y ejecuciones perpetradas con violencia extrema y fuga de los atacantes.

Según relatos recogidos el noticiero 24 Horas de Panamericana, los hermanos habían salido de su vivienda y apenas a unos metros, fueron interceptados por dos sicarios que se movilizaban en una moto lineal. Testigos afirman que los atacantes efectuaron al menos 30 disparos, generando pánico entre estudiantes y trabajadores que transitaban por la zona a esa hora.

Ambos hermanos se dedicaban a la instalación y fabricación de drywall. Según sus familiares, iban uniformados y portaban prendas identificativas de obreros. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la huida de los sicarios tras el ataque, imágenes que ya están en poder de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Víctimas habían recibido amenazas

La madre de los jóvenes, visiblemente afectada, brindó declaraciones que arrojan posibles hipótesis sobre el móvil del crimen. Según su testimonio, Henry había recibido amenazas en octubre tras un altercado en una fiesta local, en la que fue agredido con una botella rota por parte de una mujer instigada por un tercero. “Desde esa fecha ya empezaron los problemas,” explicó la madre, quien también sospecha que ambos hermanos estaban siendo vigilados desde tiempo atrás.

La madre descartó que las amenazas provinieran de su entorno laboral inmediato en drywall, pero consideró que podrían estar relacionadas con una supuesta intención de postular a un trabajo vinculado a la construcción del tren eléctrico, donde existen antecedentes de disputas y conflictos internos por acceso a puestos. “Ellos no tienen trabajo estable, iban a entrar, pero aún no lo habían hecho,” indicó.

Entre las hipótesis que manejan los familiares, destaca la posibilidad de un ajuste de cuentas ligado a ese incidente previo, aunque no se descarta un móvil relacionado con la construcción civil. Lo cierto es que Henry fue el único que había mencionado amenazas directas en el pasado; sin embargo, ambos hermanos resultaron víctimas fatales del ataque.

La intervención fue rápida. Personal policial y peritos de criminalística llegaron al lugar horas después para efectuar el levantamiento de los cuerpos y recolectar pruebas que permitan esclarecer los hechos. El operativo sigue en curso, y la familia exige una investigación profunda para identificar a los responsables.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
• Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Tras la ráfaga de disparos, los sicarios huyeron a toda velocidad, dejando a varias víctimas tendidas en el suelo. Los propios residentes fueron los primeros en auxiliar a los heridos, trasladándolos en vehículos particulares y mototaxis hasta el Hospital La Caleta. El saldo del feroz ataque fue: dos jóvenes fallecidos y ocho personas gravemente heridas.

En medio de la confusión inicial, se confirmó que una de las víctimas mortales era Jefferson Sernaqué Jara (23), nieto del exalcalde de Santa, Eugenio Jara Acosta. La otra persona fallecida fue identificada como Gian Carlos Meléndez Ortega (20).

La muerte del nieto del exalcalde

El asesinato de Jefferson Sernaqué ha generado indignación y dolor entre sus familiares. Su madre, Olga Jara Viaras, quien presenció parte del ataque, pidió a las autoridades esclarecer el caso sin demora. Con la voz quebrada, expresó su profundo sufrimiento: “Mi hijo no merecía morir así... solo quiero que paguen los que hicieron esto”.

La madre relató que Jefferson solo la acompañaba al complejo deportivo y que no tenía ningún vínculo con hechos delictivos. Insiste en que los sicarios no lo tenían como objetivo, sino que buscaban atacar a otra persona dentro del grupo. La familia sostiene que el joven fue una víctima colateral de un ajuste de cuentas y recuerda que estaba postulando a la Policía Nacional, una aspiración que quedó truncada por la violencia.

Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía Mixta de Santa continúan con las diligencias preliminares. No obstante, los familiares reclaman que se actúe con firmeza para evitar que este crimen quede impune, como ha ocurrido en otros casos recientes en la región.

La muerte de la segunda víctima, Gian Carlos Meléndez Ortega, también fue confirmada en el hospital. De acuerdo con información policial registrada en el sistema SIDPOL, el joven tenía antecedentes relacionados con delitos contra la seguridad pública y el tráfico ilícito de drogas. En 2023, incluso fue detenido en el distrito de Santa con 350 gramos de PBC, una balanza y material para dosificar estupefacientes. Pese a ello, su familia aún no ha brindado declaraciones sobre su fallecimiento.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Santa

La magnitud del ataque ha generado preocupación en todo el distrito de Santa. La Municipalidad emitió un comunicado horas después, lamentando lo ocurrido y expresando sus condolencias a las familias afectadas. Además, informaron que se pondrán a disposición de los heridos y sus seres queridos para facilitar los trámites que requieran durante su recuperación.

El municipio también adelantó que buscará plantear la declaratoria de estado de emergencia en el distrito, debido al incremento de hechos violentos en la zona. Para ello, solicitarán la intervención del presidente José Jerí y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad.

Mientras tanto, ocho heridos continúan en observación en el Hospital La Caleta. Entre ellos figuran Omar Sebastián Salazar Castillo (20), Carlos Alberto Villanueva Contreras, Luis Argenes Pastor Herbias (41), Wilmer Orlando Alva Rodríguez (25), Carlos Javier Pumachay Luján (50), Jeferson Isla Castillo (20), Aron Luján Ramírez (18) y Alexandro Velásquez Pereda (19).

A la espera de avances oficiales, la población permanece en alerta y exige acciones concretas contra la criminalidad. La balacera no solo dejó víctimas, sino una comunidad marcada por el miedo y la incertidumbre.

Según las primeras investigaciones, la víctima llegó hasta el malecón de la Reserva y estacionó su vehículo frente a la sede del Colegio Médico. Luego descendió del auto y caminó hacia la zona de la ciclovía.

Testigos del ataque indicaron que, alrededor de las 10 de la noche, escucharon hasta seis disparos. Al atacante —o atacantes— poco les importó que fuera una zona concurrida, turística y con múltiples cámaras de seguridad. Aun así, abrieron fuego sin dudar.

Hasta el lugar llegó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Manuel Lozada Morales, quien brindó algunos detalles sobre el crimen.

“En el cuerpo del occiso se ha encontrado documentos, eh, que señalan un nombre: Denis Jesús. Pero no sabemos si ese nombre le corresponde al occiso. Eso va a ser parte de la investigación para hacer una identificación plena”, declaró.

El general adelantó que solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores, así como de los hoteles y negocios de la zona, para avanzar con las diligencias.

Las primeras pistas del asesinato

Uno de los detalles revelados por Lozada fue que, durante la inspección inicial, los peritos hallaron la llave de un vehículo que luego identificaron como un auto gris estacionado frente al malecón. El general aclaró que el ataque no ocurrió dentro del carro, sino que, presuntamente, la víctima caminaba cuando fue sorprendida por su agresor.

Dentro del vehículo se encontraron un letrero de “taxi”, algunos objetos de mujer y un peluche de oso panda. Todo el material fue recogido para las pericias correspondientes.

La violenta muerte ha generado alarma entre los vecinos y residentes de la zona, donde no se tenía registro de un hecho similar, menos aún frente a un conocido hotel.

Conforme avanzaron las horas, los vecinos y residentes que suelen recorrer la zona para hacer deporte —ya sea corriendo o en bicicleta— se mostraron sorprendidos al ver la presencia de las cámaras de televisión.

Muchos no entendían cómo un lugar conocido por ser un espacio de esparcimiento, frecuentado por familias enteras, pudo convertirse en el escenario de un asesinato tan violento. Para ellos, este hecho es una prueba más de que la inseguridad en Lima se ha desbordado.

Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado para expresar su preocupación y rechazo frente al crimen, que dejó como saldo la muerte de una persona. La comuna señaló que coordina con la Policía Nacional y que ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para la investigación, incluyendo registros de videovigilancia, información territorial y apoyo logístico.

El municipio remarcó que la seguridad ciudadana es una prioridad y que no permitirá que un hecho de esta gravedad quede sin respuesta. También informó que reforzará la prevención y vigilancia en las zonas críticas del distrito.

“La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. No permitiremos que hechos como este queden impunes. Seguiremos trabajando con firmeza para reforzar la prevención, la vigilancia y la presencia municipal en las zonas críticas del distrito”, señala una parte del comunicado.

A pocos meses de las elecciones generales de 2026, Rafael Belaunde Llosa, precandidato de Libertad Popular, fue víctima de sicarios, quienes lo atacaron a balazos mientras se desplazaba en su camioneta por el distrito de Cerro Azul, al sur de Lima. Dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron y dispararon directamente contra el vehículo.

Afortunadamente, Belaunde Llosa resultó ileso, pese a que el parabrisas de la camioneta terminó con al menos tres impactos de bala. Imágenes difundidas por las redes sociales de su partido mostraron al precandidato con sangre en la cabeza y en la camisa que vestía, aunque sin heridas graves, según los primeros reportes.

Rafael Belaunde se defendió a balazos

Según la versión policial, Rafael Belaúnde se encontraba solo en su camioneta cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes efectuaron entre ocho y nueve disparos en su contra mientras transitaba por una trocha de salida hacia la Panamericana Sur. Ante la agresión directa, el candidato presidencial recurrió a su arma de fuego personal para repeler el ataque y evitar ser alcanzado por los proyectiles.

En conversación con Perú 21, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, Belaúnde realizó al menos 12 disparos en respuesta, acción que le permitió ponerse a salvo y salir ileso del atentado. Tras el incidente, fue puesto bajo resguardo por personal de la División de Investigación Criminal, mientras equipos especializados de homicidios y criminalística se desplazaron a la zona para iniciar las diligencias y determinar las circunstancias del ataque.

“Mal inicio de campaña”

El hecho fue denunciado por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien expresó su preocupación por el contexto en el que ocurre el atentado. “Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos sabemos lo que es la violencia. Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaunde”, señaló el expremier en conversación con RPP.

Tras el ataque, Belaunde Llosa fue trasladado a la comisaría del sector para interponer la denuncia correspondiente. “Está cumpliendo con trámites de ley ante la Policía. Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, precisó Cateriano. Asimismo, exhortó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para todos los aspirantes que participarán en las Elecciones Generales de 2026.

A su vez, el excongresista Gino Costa rechazó el “grave atentado” y conminó al Gobierno de José Jerí a garantizar la seguridad de los postulantes a la Presidencia. “La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, enfatizó Cateriano.

¿Cúal es el estado de Rafael Belaunde?

El alcalde de Cerro Azul, José Pain, fue una de las primeras autoridades en llegar a la vivienda de Rafael Belaunde tras conocerse el ataque. Según informó a la prensa, el parabrisas del vehículo del precandidato presentaba tres orificios de bala, cuyos impactos generaron esquirlas que le causaron cortes en la nariz y la frente. Pain precisó que Belaunde se encontraba fuera de peligro y que no había personas heridas de gravedad.

El alcalde explicó que, tras visitarlo, constató que el exministro había recibido muestras de solidaridad y apoyo, y que el caso quedó de inmediato en manos de la Policía. Añadió que toda la información vinculada al número de atacantes y otros detalles operativos está siendo manejada por las unidades policiales que acudieron al lugar, entre ellas los mandos a cargo de la investigación.

Pain indicó además que, según el testimonio inicial de Belaunde, el ataque habría sido perpetrado desde una moto lineal, una modalidad delictiva recurrente en la zona. Anunció que la municipalidad colaborará plenamente con las autoridades y pondrá a disposición todas las cámaras de seguridad del distrito, cuya revisión se enfocará en el horario en el que ocurrió el atentado.

Afortunadamente, Belaunde Llosa consiguió salir ileso, salvo algunas cortadas en el rostro, producto de los vidrios que estallaron tras los impactos de bala. Según informó Latina Noticias, el auto en el que iba el empresario tenía lunas blindadas, es por eso que el ataque no tuvo consecuencias fatales.

El vehículo atacado está a nombre de la inmobiliaria de Belaunde Llosa, vinculada a negocios de terrenos en Cañete. En las primeras imágenes difundidas, por los propios militantes de Libertad Popular, se ve al parabrisas del auto con tres impactos de bala en la zona del conductor.

Alrededor de los orificios, se ve el resto de la luna rajada y algunas astillas de vidrio en la consola del auto. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, señaló que Belaunde Llosa se defendió y disparó contra los delincuentes que lo atacaron.

Una de las acciones inmediatas de las autoridades fue implementar el plan cerco en la zona, para lograr detener a quienes participaron en el ataque.

¿Cuáles son las primeras hipótesis sobre el atentado?

El atentado contra Rafael Belaunde Llosa en Cerro Azul ha abierto múltiples líneas de investigación, pero una de las primeras hipótesis señaladas proviene del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo.

Para él, el ataque responde a un patrón típico del crimen organizado: primero se busca inmovilizar al conductor para tener control total del vehículo y, luego, avanzar hacia el objetivo principal. Según la información policial preliminar, Belaunde y su chófer fueron interceptados por una moto cuyos ocupantes dispararon directamente contra el parabrisas. El propio Liendo explicó que este modus operandi es común en secuestros o atentados dirigidos.

“En las fotos que yo he visto es un impacto de frente. Sobre a la altura del conductor. Normalmente, en un secuestro, en un ataque sobre una personalidad de relevancia a su vehículo, al primero que se neutraliza es al conductor, ya sea para secuestrarlo o posteriormente atentar contra la vida del real objetivo. En este caso, no hay más información”, afirmó.

Un atentado en campaña electoral

El atentado ocurre en pleno proceso electoral, lo que incrementa su gravedad. Para Liendo, el ataque refleja un contexto de criminalidad desbordada que ya ha comenzado a mezclarse con la política.

“Más allá del móvil, los hechos violentos se relacionan de alguna manera con la campaña electoral y nos muestra el alto nivel de violencia que el Estado y las fuerzas de seguridad del país no pueden enfrentar y no pueden hacer que disminuya”, advirtió.

El exfuncionario recordó, además, que este no es un hecho aislado. Días antes, en Piura, se perpetró un ataque contra Percy Ipanaqué, candidato a la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú, episodio que terminó con un hombre asesinado.

“En concreto, lo que estamos viendo es un hecho de violencia sobre una persona que está postulando a la presidencia de la República. Esto no es una cosa menor”, añadió.

El 2 de diciembre de 1993, cuando las balas todavía humeaban en el caserío de Medellín y un helicóptero vibraba sobre los techos como un presagio inevitable, el mito de Pablo Emilio Escobar Gaviria llegaba a su final. No era ya el patrón todopoderoso, el que había ordenado decenas de bombas y miles de asesinatos, el que manejó a Colombia como si fuera una finca privada. Era un hombre perturbado, aterrado, enloquecido, disfrazado con peluca y gorrita, viviendo a saltos, prófugo de todos, totalmente alterado y traicionado por su propia mente.

Después de la fuga de La Catedral en julio del 92, aquella cárcel diseñada a medida donde había mandado construir hasta una cancha de fútbol y supo jugar con ídolos de la talla de Francisco Pancho Maturana, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo, Víctor Aristízabal y el arquero René Higuita, Escobar se deshilachó como un animal acorralado. Sus enemigos de siempre —el Estado, los cárteles rivales, los paramilitares de Los Pepes— y hasta los que antes se le arrodillaban, lo buscaban para borrarlo del mapa. Él lo sabía. Pero lo que más lo atormentaba no era la muerte: como buen bandido mafioso, era la posibilidad de que masacraran a su esposa, a sus hijos, a cualquiera que llevara su sangre.

Al huir, atrás quedó de un plumazo su calabozo vip en suite, cómodo, de varios metros cuadrados y con vista a la ciudad, donde su mujer, Victoria Eugenia Henao, y sus hijos podían visitarlo y quedarse con él el tiempo que quisiera sin ningún tipo de restricciones. Allí todo estaba inspirado y ambientado por su esposa, para quien el arte se había vuelto una pasión irrefrenable a través de los años, lo que la llevó a convertirse en una experta que llegó a contar con obras de autores excelsos como Claudio Bravo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero, Olga de Amaral, Rodrigo Arenas Betancourt, Édgar Negret, Darío Morales, Enrique Grau, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Igor Mitoraj y Auguste Rodin.

Curiosamente, junto a una especie de despacho que Pablo tenía en la cárcel, adonde también llegaban lo que él llamaba “visitas especiales” —mujeres contratadas para satisfacer sus deseos sexuales y los de sus secuaces— aparecía imponente hasta un retrato de Ernesto Che Guevara. Pero al decidir y concretar su fuga, ya fuera de la prisión, Pablo Escobar se había convertido en un hombre perdido, sin rumbo y él lo sabía.

Las noches en las que el capo narco pedía ayuda

Aunque cuesta imaginarlo, hubo noches en las que el hombre que manejó un ejército de sicarios debió tocar una puerta como un niño asustado. Fue en octubre de 1992 cuando llegó, disfrazado y tembloroso, a la casa de su prima Luz, en el barrio La Paz de Envigado, donde él mismo se había formado como mafioso.

Luz quedó paralizada al verlo: ya no era el familiar ostentoso que llegaba rodeado de guardaespaldas, sino una sombra con una peluca desteñida, lentes espejados y una voz que apenas salía del cuerpo. “Necesito que me cuides, prima”, le dijo, casi suplicando. Y Luz aceptó sin dudar, aunque sabía que alojarlo era como firmar su sentencia de muerte.

Los Pepes —“Perseguidos por Pablo Escobar”— ya recorrían la zona como depredadores. Reventaban puertas, señalaban casas, interrogaban vecinos. Pablo entraba y salía de allí con la certeza de que cada movimiento podía delatarlo. Pero no tenía más opciones. Había perdido sicarios, socios, escondites, casi todo. Solo le quedaba la familia, y justamente por eso no podía acercarse a ella.

La casa que iba a salvarlo… y lo enterró

Por pedido suyo, Luz compró meses después una casa en el barrio Los Olivos de Medellín: dos plantas, living grande, tres dormitorios, cocina sencilla, dos baños, garage y un techo de salida fácil, detalle que a Escobar le pareció casi un signo de destino. Esa vivienda sería su último refugio.

Juan Pablo Escobar reconstruyó todo con precisión quirúrgica en su libro Pablo Escobar In Fraganti de Editorial Planeta: su padre y Luz se habían visto durante un año entero planeando ese escondite. Pero el lugar que había sido pensado para devolverle seguridad los albergó apenas diez días.

Pablo llegó allí ya desquiciado. Caminaba sin descanso, murmuraba estrategias, se angustiaba por la suerte de su esposa Victoria Eugenia y de sus hijos, Manuela y Juan Pablo, quienes estaban intentando exiliarse mientras él perdía la cordura.

Cuando supo que Alemania los había rechazado y devuelto en el mismo avión, algo en su cabeza hizo un ruido irreversible. “Si a mí no me encuentran, van por ellos”, repetía. Todo se le venía encima.

El capo que intentó volver al delito para no morir

La desesperación lo empujó a un plan absurdo: volver a generar dinero secuestrando millonarios en diciembre, aprovechando la relajación navideña de las fiestas de fin de año. Aseguraba que tenía un ejército listo para acompañarlo, “decenas de jóvenes armados hasta los dientes”, aunque la mayoría ya estaba muerto, preso o había desertado. Era una fantasía, una manera torpe de no admitir que estaba acabado.

El 1 de diciembre cumplió 44 años. Luz le llevó una torta de chocolate y una botella de champagne. Brindaron, pero el ambiente estaba cargado de un silencio espeso. Pablo comió poco, habló menos y se fue a recostar. La fiesta era una parodia: él ya no vivía en la realidad, conectado, sino en un estado perpetuo de alarma.

El teléfono que nunca debió sonar

El mediodía siguiente se despertó tarde, como siempre, y volvió a hacer llamadas. Su prima lo había advertido mil veces: “No llame, que lo rastrean”. Pero él insistió. Hizo contacto con “El Gordo”, con personajes irrelevantes, llamó incluso a un celular que le había hecho llegar a su suegra, Nora, un número que solo debía usarse en emergencias extremas.

Cuando Nora descolgó, alguien más atendió. En ese mismo instante un helicóptero retumbó sobre el techo de Los Olivos. Nora cortó. Pablo comprendió, pero era demasiado tarde. Luz, que debía regresar temprano con almuerzo, no logró llegar a tiempo. Auxilió a alguien en la calle, se retrasó unos minutos y cuando se aproximó al barrio percibió algo que no olvidó jamás: patrullas, gritos, puertas violadas, soldados trepando techos. Supo que no debía seguir. Dio media vuelta y huyó. Minutos después, la noticia sacudió Medellín: “Cayó Pablo Escobar”.

¿Suicidio o ejecución?

La versión del hijo fue tajante: su padre se quitó la vida. “Tuvo que elegir entre su vida o la nuestra”, escribió Juan Pablo. “Y eligió permitirnos seguir viviendo”. Era la idea que siempre los había protegido de la brutalidad exterior. Su esposa también creyó en esa posibilidad durante un tiempo.

Pero cuando el clima político lo permitió, ella buscó a Carlos Castaño, líder de Los Pepes, y quiso saber la verdad. Castaño no demoró en responderle. Le contó que aquel 2 de diciembre estuvieron a punto de abortar toda la operación para atraparlo: habían neutralizado a casi toda la red de Escobar, pero él seguía escabulléndose. A los jefes policiales les advirtieron que si no aparecía de inmediato, todo quedaba cancelado y debían abandonar la búsqueda.

Todo cambió cuando alguien lo vio asomarse por una ventana del segundo piso. Entonces no dudaron y entraron. A mazazos derribaron la puerta de la vivienda. Escobar, descalzo y desorientado, corrió hacia la planta alta mientras disparaba su Sig Sauer a ciegas. Entretanto, los hombres de Castaño aprovecharon para liquidar a Limón, su último ladero. Pablo alcanzó a saltar hacia el techo de la casa contigua. Pero no llegó lejos. Castaño aseguró que recibió dos disparos: uno detrás del hombro, otro en la pierna. Suficientes para derribarlo y acabar con el mito.

El hombre que sembró terror, llorado por su familia

La paradoja final surge en la voz de su propio hijo, quien en su investigación acepta la contradicción: “Mi padre fue un bandido. Pero para nosotros fue un padre amoroso que se perdió los mejores momentos de su vida: vernos crecer, conocer a sus nietos, envejecer con mi madre”, definió.

Pablo Escobar murió acorralado, delirante, disfrazado, sin ejército, sin fortuna, sin país. Y sin más testigos que un puñado de enemigos que habían jurado destruirlo. Fue un final crudo y feroz para un hombre que durante años había decidido el destino de miles con la misma frialdad con que otros eligen una camisa. Un desenlace inevitable para quien construyó su propio laberinto de muerte.

Los trabajadores de la empresa San Genaro lo explicaron con claridad tras el atentado ocurrido recientemente: la combi involucrada —en la que falleció un pasajero— no era una unidad formal, sino una combi pirata que utilizaba los colores y el nombre de la empresa sin pertenecer a ella.

Según el personal de San Genaro, los transportistas informales utilizan dos tipos de stickers impuestos por los extorsionadores: uno con la imagen de Pablo Escobar y otro con la figura de un león. Estas calcomanías se colocan en la parte delantera y trasera para que los delincuentes puedan reconocer qué unidades ya pagaron el cupo diario. Las empresas formales recalcan que ellos no son víctimas de extorsión, pues cuentan con registros legales; sin embargo, sí se ven afectadas por la presencia de vehículos piratas que circulan con su imagen comercial falsificada.

“Los piratas llevan los mismos colores, la misma franja y algunos hasta saben la ruta”, comentó un representante a las cámaras de 24 horas. “La empresa no paga cupo ni recibe amenazas, pero igual existe temor entre los conductores porque estas unidades informales se mezclan con las nuestras”.

Las bandas que controlan los stickers

Las extorsiones en SJM funcionan así: los delincuentes controlan las rutas donde circulan las combis informales y exigen pagos diarios que suelen oscilar entre cinco y siete soles por unidad. Los stickers no son simples adornos, sino señales visibles de que el vehículo ya pagó. Una combi sin sticker es una combi que no ha cumplido con el cobro del día, y por lo tanto, queda expuesta a amenazas, agresiones o ataques.

En esta zona de Lima y en diversas ciudades del norte del país, estas bandas han convertido el transporte informal en un flujo permanente de dinero. “Acá todo… ya ha empezado demasiado la extorsión”, relató un conductor de la zona.

Las empresas formales, como San Genaro, han mostrado preocupación por el crecimiento de estas mafias, especialmente porque las combis piratas suelen operar usando nombres comerciales legalmente registrados, lo que genera confusión entre pasajeros y autoridades. “Ese conductor no tiene licencia. ¿Dónde están las autoridades para dar apoyo?”, cuestionó uno de los trabajadores.

El atentado en Pamplona Alta

La violencia asociada al cobro de cupos quedó evidenciada el sábado pasado en Pamplona Alta, cuando un joven de 25 años murió tras un ataque dentro de una combi de la línea A2. La Policía y los trabajadores consultados coinciden en el punto más importante: la unidad atacada era una combi pirata, no una formal.

Según los testimonios, el agresor fingió ser pasajero, pidió detener el vehículo y, apenas se abrió la puerta, disparó hacia el interior. El objetivo habría sido el conductor, pero el proyectil alcanzó al pasajero identificado como Luis Caja Salcedo, quien falleció camino al hospital.

El ataque ocurrió cerca de una posta médica, a las 19:30, en una zona con alta circulación de personas. El agresor huyó por pasajes estrechos y logró escabullirse entre los vecinos. La Policía activó el plan Cerco, bloqueó accesos y reforzó los puntos de control, pero no logró detenerlo.

El evento tomó por sorpresa a quienes pasaban frente al paradero, donde el vehículo de transporte público quedó inmóvil tras los impactos. Testigos cercanos afirmaron que el conductor se encontraba dentro del bus y salió ileso. La situación generó desconcierto entre comerciantes y vecinos que escucharon la serie de detonaciones.

El ataque se produjo durante el periodo de estado de emergencia que rige en Lima y Callao desde la medianoche del 22 de octubre, una medida establecida por 30 días calendario. A pesar de ese contexto, la intersección retomó por instantes una escena de tensión provocada por los disparos.

En las imágenes difundidas por los propios delincuentes se observa que eran dos los sujetos involucrados. En el video, compartido por uno de ellos, se aprecia una gran cantidad de disparos y, tras el ataque, uno de los implicados sube a la moto para emprender la fuga. El sujeto difundió el video con la intención de sembrar terror y presionar su extorsión. Según los primeros relatos, el conductor permanece con vida. Mientras que los testigos señalan que al menos se realizaron 10 disparos.

Desde la declaratoria de emergencia: más de 29 homicidios en Lima y Callao

El estado de emergencia, vigente desde el 22 de octubre, tampoco ha logrado contener la violencia. Desde esa fecha se reportan:

• 24 homicidios en Lima
• 5 en el Callao
• 7 muertes violentas adicionales, todas con evidencia de arma de fuego

Aunque algunas autoridades locales, como el alcalde de San Juan de Lurigancho, reportan descensos en delitos comunes dentro de sus jurisdicciones, la estadística nacional sigue marcada por la letalidad.

¿Cómo denunciar un caso de extorsión en el Perú? Estas son las líneas y canales habilitados

Ante el aumento de delitos como la extorsión, el Gobierno ha reforzado sus canales de atención a la ciudadanía. Uno de los principales es la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, una línea gratuita y confidencial, operativa las 24 horas, que permite reportar amenazas y pedir ayuda inmediata. Este número está conectado directamente con la Central de Emergencias 105, y los usuarios pueden enviar pruebas en formato de audio o video para facilitar la intervención policial.

Además, existen otros medios para realizar denuncias de manera rápida y segura:

• Línea 1818: exclusiva para casos de extorsión.
• Número celular 942 841 978: canal directo para reportar situaciones urgentes.
• Comisarías distritales: disponibles en todo el país para atención presencial.
• Depincri: unidades policiales especializadas en investigar delitos de esta naturaleza.

Aparte de estas vías, es útil tener a la mano otros contactos de emergencia:

• Bomberos: 116
• Centro de Emergencia Mujer (CEM): 100
• SAMU (Atención Médica de Urgencia): 106

El asesinato de Edwin Adid Sandoval Figueroa, un minero de Anorí, tiene en alerta a los habitantes del norte del Valle de Aburrá, pues el ciudadano cayó en medio de un ataque que fue perpetrado por sicarios en moto en la vía que conduce hacia el corregimiento de San Félix, ubicado en el municipio de Bello (Antioquia).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la víctima de este brutal ataque tenía 44 años y fue interceptado mientras se desplazaba junto a su pareja sentimental, que presenció el fatal ataque.

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El informe difundido por los medios locales como Alerta Paisa, indica que el hecho se desarrolló con extrema violencia, teniendo en cuenta que los agresores obligaron a Sandoval a descender del vehículo, le retiraron el casco y le dispararon.

Aunque el objetivo intentó escapar a pie, fue perseguido y finalmente ejecutado en el lugar. Ante la brutalidad del caso, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para determinar si la víctima había recibido amenazas previas por parte de actores armados que operan en el nordeste de Antioquia.

Cabe mencionar que la hipótesis se maneja debido a que la región de Anorí se caracteriza por la intensa actividad minera, en muchos casos de carácter ilegal, lo que ha desatado una disputa territorial entre organizaciones armadas como el ELN y disidencias de las Farc.

Esta pelea por el control de las rentas criminales provenientes de la minería incrementó la violencia en la zona, dejando a los trabajadores del sector en una posición de alta vulnerabilidad, por lo que no se descarta que este fuera el motivo del ataque.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando lo sucedido y recolectando información para esclarecer los hechos. Con este fin, se realizó un llamado a la comunidad para que brinden cualquier tipo de información que pueda ayudar a ubicar a los responsables de este hecho que desató indignación en la región.

El caso de Sandoval se suma a una serie de hechos violentos que reflejan la compleja situación de seguridad en el departamento, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa representando una amenaza constante para la población civil y, en particular, para aquellos que se dedican a la minería en áreas disputadas.

Violencia en Bello

El ataque en contra del minero no es el único que se ha presentado recientemente, pues las autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida en plena vía pública de Bello, lo que causó preocupación entre los habitantes del barrio París durante la madrugada del miércoles 29 de octubre de 2025.

La víctima fue identificada como Dayan Stive Acevedo Sepúlveda, de 36 años, que fue asesinado mientras dormía sobre una acera, según confirmaron las autoridades. El crimen se registró a las 12:31 a. m. en la carrera 77 con calle 20D, donde varios residentes, alarmados por el sonido de varias detonaciones, alertaron a la línea de emergencias 123 para reportar lo sucedido.

Minutos después del reporte, una patrulla de la Policía llegó al lugar y los agentes de la Policía confirmaron que encontraron el cuerpo de Acevedo Sepúlveda tendido en la calle, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Las primeras indagaciones permitieron establecer que la víctima, que vivía en condición de habitante de calle, solía transitar por ese sector.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar el móvil del homicidio ni identificar a los responsables. Por esta razón, la Sijín de la Policía Nacional continúa con la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en zonas cercanas para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General de la Nación indicó que Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, actuaría como intermediario entre quienes planificaron el asesinato y los integrantes del grupo armado que ejecutó el ataque en el oeste de Bogotá el 7 de junio. Este magnicidio, en el que perdió la vida el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ya suma nueve personas detenidas. Según detalló el organismo en un comunicado reseñado por el diario El Tiempo, la investigación permitió identificar y ubicar al detenido en el departamento de Meta.

La detención se produjo este lunes, según informó la Fiscalía General de la Nación, durante un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, ubicada en el municipio de Puerto Lleras, Meta. De acuerdo con lo consignado por El Tiempo, al momento de la captura, Pérez Marroquín tenía en su poder cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.

Las autoridades presentarán cargos en su contra que incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, utilización de menores de edad en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía explicó que estos cargos reflejan las diversas acciones y roles atribuidos a Pérez Marroquín en el marco del homicidio de Uribe Turbay, así como en otros hechos relacionados que investiga el ente acusador.

El perfil de Pérez Marroquín incorpora antecedentes vinculados con casos de alto impacto en la historia reciente del país. El Tiempo explicó que en 1994 fue condenado por el asesinato de varios sicarios relacionados con el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. Galán resultaba favorito en las elecciones presidenciales de 1990 tras haberse enfrentado a las redes del crimen organizado, contexto que marcó las investigaciones y procesos posteriores en los que estuvo implicado Pérez Marroquín.

La captura de ‘El Viejo’ se suma a las detenciones de otras ocho personas por su presunta participación en la planificación y ejecución del asesinato de Uribe Turbay. Según reportó la Fiscalía General, la coordinación entre distintos órganos judiciales y policiales ha permitido avanzar en la desarticulación del entramado detrás del crimen, que involucra a varios actores y distintas instancias logísticas.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien encabezaba la precandidatura presidencial y ocupaba una curul en el Senado, conmocionó al país y reactivó los debates sobre seguridad ciudadana y violencia política en Colombia. La Fiscalía detalló que la investigación permanece abierta y que las diligencias continúan para esclarecer la totalidad de los hechos, identificar a la totalidad de los determinadores e impedir la reincidencia de estas estructuras criminales.

El operativo desarrollado en Brisas del Guejar responde, de acuerdo con la información publicada por El Tiempo, a un despliegue de inteligencia orientado a combatir el accionar de organizaciones delincuenciales en la región del Meta, así como sus vínculos con grupos armados que operan en distintas zonas del país. Los objetos hallados al momento de la captura serán incluidos en el proceso como elementos materiales probatorios para fortalecer el expediente judicial contra Pérez Marroquín.

La Fiscalía reiteró que la imputación por uso de menores refiere a la presunta instrumentalización de jóvenes para actividades relacionadas con el crimen que se investiga. Esta circunstancia constituye un agravante dentro del proceso penal y es objeto de atención particular por parte de las autoridades judiciales.

El crimen de Uribe Turbay, ejecutado por sicarios, representó un golpe para la carrera política de un dirigente que, según recoge El Tiempo, mantenía una agenda de exposición pública en distintas regiones del país y actividades regulares en Bogotá al momento de su asesinato. El proceso judicial y las recientes capturas buscan esclarecer la autoría intelectual y material del hecho, así como los móviles detrás del ataque.

La Fiscalía General de la Nación insistió en que este nuevo avance corresponde a una fase clave del proceso investigativo, que mantiene activa la búsqueda de otros posibles implicados y la revisión de posibles conexiones con casos previos de violencia contra líderes políticos en Colombia. El órgano acusador dejó constancia, en sus declaraciones publicadas por El Tiempo, de su decisión de seguir profundizando en la identificación de la red detrás del atentado, subrayando la relevancia de desmantelar los dispositivos logísticos y operativos que hicieron posible el crimen.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de otra moto lineal. Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego en su contra, provocando su muerte inmediata. Vecinos del lugar alertaron al Serenazgo de Irrigación Santa Rosa, que al llegar confirmaron que no se trataba de un accidente, sino de un ataque armado. En la escena del crimen se hallaron al menos siete casquillos de bala, evidencia de la brutalidad con la que actuaron los responsables.

Policía investiga nuevo caso de sicariato en Huacho

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), peritos de la DEPINCRI Huacho, la fiscal provincial Emma Soriano y personal de Medicina Legal, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y el recojo de evidencias. La escena estuvo marcada por el dolor de los familiares de la víctima, quienes protagonizaron momentos desgarradores al reconocer el cuerpo de Giancarlos Tarazona, natural de la zona y conocido entre los vecinos.

Según información difundida por medios locales, el joven fue hallado tendido en la pista sin signos vitales, junto a su motocicleta. Los testigos indicaron que los atacantes huyeron rápidamente con rumbo desconocido, mientras los vecinos pedían ayuda a gritos. La policía ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas detrás de este crimen.

La familia del joven exige justicia y pide a las autoridades mayor presencia policial en la zona, pues los casos de violencia armada y sicariato se han incrementado en los últimos meses en distintos sectores de la provincia. Los moradores del centro poblado de Santa Rosa de Sayán han reiterado su preocupación por la falta de patrullaje y seguridad, advirtiendo que los ataques por encargo se han vuelto una constante que mantiene en zozobra a toda la comunidad. Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este nuevo asesinato que enluta a Huacho.

Jóvenes conductores, las principales víctimas del sicariato ligado a la extorsión

El sicariato vinculado a los cobros extorsivos ha golpeado con mayor fuerza a los trabajadores del transporte público en Lima y Callao, especialmente a los choferes, cobradores y mototaxistas. Según el Observatorio de Crimen y Violencia del Banco de Crédito del Perú, cerca del 70% de las víctimas asesinadas en este contexto tenían menos de 40 años, lo que evidencia que la violencia recae principalmente sobre jóvenes económicamente activos. El informe revela que un 38% de los casos corresponde a personas entre 18 y 30 años, mientras que un 27% se ubica entre los 30 y 40, grupos que suelen sostener hogares y representar el principal sustento familiar.

Esta realidad se ve reflejada en los recientes ataques ocurridos en avenidas de alta circulación, donde unidades de combis, micros y mototaxis se han convertido en objetivos directos de las bandas criminales. El caso más reciente fue el asesinato de un cobrador del Consorcio Vía Colonial, ocurrido en plena avenida Colonial, cuando fue acribillado frente a pasajeros. Meses antes, los propios trabajadores de la misma empresa denunciaron que eran obligados a entregar hasta nueve soles diarios a extorsionadores para poder seguir operando en su ruta.

El impacto de esta violencia trasciende lo estadístico. Las familias de las víctimas quedan en situación de orfandad y vulnerabilidad económica, al perder a su principal proveedor en medio de la jornada laboral. Además, los pasajeros que presencian los ataques arrastran las secuelas psicológicas de vivir de cerca estos crímenes.

Las redes digitales más usadas por los jóvenes para socializar se han convertido en el principal terreno de caza de redes criminales que buscan desde sicarios hasta operadores de fraude.

A través de contenidos atractivos y estrategias de manipulación emocional, los grupos delictivos están transformando el reclutamiento en un proceso digital, silencioso y de gran alcance.

“Los reclutadores no se esconden: usan influencers, retos virales, ofertas de trabajo y mensajes privados para normalizar la vida delictiva y atraer a quien busca dinero, estatus o pertenencia”, advierte Norberto Maldonado, presidente de la Fundación Kooltivo y especialista en tecnología y prevención digital.

De acuerdo con el experto, la estrategia criminal funciona como una maquinaria industrial: primero seducen, luego aíslan y finalmente incorporan a la víctima a la cadena operativa, ya sea para participar en delitos violentos o en esquemas de fraude y extorsión digital.

Esto permite a las organizaciones ampliar su base sin exponerse directamente y con un alcance nacional.

Entidades con mayores casos

Informes oficiales y coberturas periodísticas señalan que Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos reportados de reclutamiento digital de menores y jóvenes.

Los expertos lo atribuyen a la presencia de grupos criminales, altos índices de violencia y carencias económicas que hacen atractivas las ofertas fraudulentas en línea.

El fenómeno forma parte de un panorama global: según el Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) del FBI, solo en 2024 se recibieron 859 mil 532 denuncias con pérdidas económicas superiores a 16.6 mil millones de dólares, reflejo del crecimiento y sofisticación del cibercrimen.

En México, el vínculo entre propaganda digital y violencia física ya ha dejado huella. En 2025, la Fiscalía General de la República descubrió un rancho en Teuchitlán, Jalisco, utilizado como centro de adiestramiento tras captar jóvenes mediante redes sociales, un caso que evidenció cómo el contacto virtual puede escalar hasta la violencia tangible.

Mecanismos de captación

Maldonado explica que los mecanismos de captación operan como ingeniería social en varias fases: glamurización del delito mediante fotos y videos ostentosos, uso de microinfluencers locales para ganar credibilidad, retos virales como filtros de selección y ofertas laborales falsas.

También destaca el grooming, es decir, la manipulación emocional para ganarse la confianza de las víctimas y conducirlas gradualmente a la complicidad.

Ante este panorama, el especialista propone una respuesta en tres niveles: individual, empresarial y gubernamental. A nivel personal recomienda activar la verificación en dos pasos, limitar la exposición de datos, desconfiar de ofertas sospechosas y denunciar perfiles falsos. En el ámbito corporativo pide a las plataformas detectar patrones de captación y colaborar con autoridades.

Finalmente, exige al Estado crear una fiscalía especializada en ciberdelitos, un registro nacional de denuncias electrónicas, capacitación obligatoria en alfabetización digital y unidades de atención psicológica para jóvenes rescatados.

“Si no actuamos juntos —advierte Maldonado— la respuesta será fragmentaria y los jóvenes seguirán encontrando puertas abiertas hacia la delincuencia con solo un clic”.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 a. m. en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi, donde la orquesta animaba un quinceañero presuntamente organizado por la hija del propietario del establecimiento. La celebración, que debía ser una noche de alegría, se convirtió en escenario de horror tras el ataque. Los asistentes entraron en pánico, mientras que las autoridades llegaron al lugar minutos después para iniciar las diligencias correspondientes.

Ataque mortal en Sarita Colonia: lo que se sabe del crimen

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), una de las principales hipótesis apunta a que el atentado podría estar vinculado a un caso de extorsión, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Los peritos de criminalística llegaron al punto para recolectar casquillos de bala y revisar cámaras de seguridad de la zona, en busca de identificar a los responsables.

El fallecido cantante fue identificado como Johan Sebastián Mora Castro, de 28 años, y la bailarina como Ariana Alexa Cañola Barriga, de 19. Ambos eran parte activa de La Timbera Orquesta, agrupación salsera que hace solo unos días celebró su tercer aniversario con un mensaje de agradecimiento “por la salud y la unión de la familia”. La noticia de su muerte ha conmocionado a colegas y seguidores de la escena salsera limeña.

En redes sociales, artistas y agrupaciones locales expresaron su pesar. La Máquina Timbera, orquesta colega, escribió en su cuenta de Facebook: “Descansa en paz, Johan, una de las nuevas generaciones de la música. Dios te tenga en la gloria. Solo hacemos música, y eso no le hace daño a nadie”.

La hermana del cantante también redactó en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida: “Aún no puedo creer que te hayas ido, hermano. Todo se siente vacío sin ti. Tu partida deja un silencio inmenso, pero también un amor que nunca se apagará. Gracias por haber sido parte de mi vida, por tus risas, tus consejos y tu cariño. Te llevo conmigo siempre”.

Usuarios también difundieron videos recientes de la pareja artística interpretando temas populares como “Y tú te vas”, destacando el talento y carisma del cantante. Mientras tanto, agentes de la Depincri Callao y representantes del Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del ataque armado que enluta nuevamente al mundo de la salsa peruana.

En la industria musical peruana, el miedo a perder la vida es “parte del trabajo”

Los ataques contra agrupaciones musicales se han convertido en una preocupante constante dentro del panorama artístico nacional. En los últimos meses, bandas reconocidas como Agua Marina, Armonía 10 y Hermanos Guerrero han sido blanco de atentados armados y amenazas vinculadas a redes de extorsión, que buscan intimidar o exigir pagos a cambio de protección.

Uno de los casos más recientes ocurrió durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, donde una balacera interrumpió la presentación del grupo y dejó cinco personas heridas. El ataque, que generó pánico entre cientos de asistentes, habría sido ejecutado por extorsionadores tras la negativa de la orquesta a pagar un monto exigido.

Situaciones similares han afectado a otras agrupaciones: en marzo de este año, Paul Flores, cantante de Armonía 10, fue asesinado por sicarios, mientras que la vocalista Thalía Manrique Castillo, de los Hermanos Guerrero, perdió la vida en circunstancias similares a fines de 2024.

El clima de inseguridad ha obligado a varias bandas a reducir sus presentaciones públicas o a reforzar la seguridad en sus eventos, con algunos artistas llegando a usar chalecos antibalas en el escenario. Representantes del sector han pedido la intervención del Estado ante el aumento de la violencia, advirtiendo que los ataques ya no distinguen fechas ni lugares.