El propio Cabrera admitió que fue contratado por un tercero y explicó que el pago pactado inicialmente ascendía a 4.000 soles, pero que solo recibió 2.000 soles porque la víctima sobrevivió al atentado.

Según recogió Latina Noticias, el detenido indicó que, aunque se había acordado un pago, finalmente recibió solo la mitad porque el encargo no se concretó.

Sicario compara atentado con un simple mandado

Durante el interrogatorio y conforme consta en las grabaciones obtenidas por el canal peruano Latina Noticias, Mauricio Cabrera explicó ante el coronel Robert Trujillo Tarazona, jefe de la DIVIAC, las condiciones económicas y logísticas de la contratación.

Cuando se le consultó por el resultado del atentado y el pago final recibido, respondió sin vacilaciones: “Supuestamente me iban a dar cuatro mil soles, pero me dieron dos (mil) porque no se hizo. Es como que te manden a comprar pan y tú le lleves pollo”.

Cabrera afirmó que su intervención obedeció a un contacto realizado “por medio de otra persona”, presuntamente a instancias de la expareja de la víctima, reforzando el móvil vinculado a conflictos previos.

La comparación empleada por Cabrera fue interpretada por el equipo policial como un reflejo de la naturalización de encargos criminales en ciertos círculos delictivos. El monto acordado originalmente se redujo tras comprobarse que la mujer, de 47 años y madre de dos niños, logró sobrevivir aunque resultó con heridas en el rostro y en la pierna, permaneciendo internada y bajo observación médica.

Captura del sicario se dio con apoyo de videovigilancia

La detención de Cristhian Mauricio Pizarro Cabrera se produjo en el distrito limeño de San Miguel después de varios días de operaciones de inteligencia. El sujeto, de 30 años, fue identificado gracias a imágenes de videovigilancia y trasladado a la sede policial de la avenida España, donde aceptó su participación ante los agentes de la Dirección de Investigación Criminal.

La investigación, tal como informó el coronel Trujillo al canal peruano Latina Noticias, corroboró que “Bolao” cuenta con un amplio prontuario delictivo: antecedentes por tentativa de homicidio en 2018 en San Miguel, registro por microcomercialización de drogas en la comisaría de Orrantia y una condena reciente de 7 años por tenencia ilegal de armas. El jefe de la DIVIAC añadió que incluso se hallaba bajo requisitoria vigente —emitida el 8 de enero de 2026 por lesiones leves— al momento de su captura.

Durante la intervención fueron incautados cincuenta envoltorios de pasta básica de cocaína (kete, envoltorios individuales usados en la venta al menudeo), ocho bolsas de marihuana y dos teléfonos celulares. Estos elementos, de acuerdo al coronel Trujillo, serán procesados por la DIPINCRI Jesús María en coordinación con el Ministerio Público con el objetivo de dilucidar la red de responsabilidades y establecer si hay relación directa entre Cabrera y entornos allegados a la víctima o a su expareja.

Ataque a plena luz del día frente a la vivienda de la víctima en Jesús María

El ataque se registró a las 7:17 del 24 de marzo en la cuadra 13 de la avenida Brasil, cuando la víctima, acompañada de su hija, aguardaba una movilidad escolar frente al condominio donde reside. Un sujeto encapuchado, armado y con mascarilla se aproximó, aguardó oculto cerca de un árbol y, tras identificar a su objetivo, disparó a quemarropa.

Las cámaras de seguridad muestran que la mujer, que intentó refugiarse en el interior del edificio, recibió disparos en el rostro y la pierna, permaneciendo internada y bajo observación en el Hospital Santa Rosa y posteriormente en una clínica privada.

El conserje también resultó atacado, aunque logró esquivar los proyectiles, mientras que una vecina corrió y fue testigo del hecho. La familia de la víctima había reportado previamente amenazas y denuncias por violencia familiar, pero, según fuentes policiales, no se dictaron medidas cautelares ni se desplegó respuesta preventiva debido a la ausencia de lesiones previas graves y a que la víctima había retirado una denuncia semanas antes del ataque, lo cual limitó la actuación de las autoridades.

El principal sospechoso señalado por la familia fue José Luis Samasi Fuenguaman, exesposo de la víctima, quien fue detenido y liberado poco después ante la falta de pruebas.

Samanta Joana Vilchez es acusada por organizar un homicidio y desde este lunes, con el comienzo del juicio oral, la mujer afronta el pedido de prisión perpetua en la ciudad de Rosario. Fue señalada como pieza clave en el asesinato de Verónica Almada en febrero de 2022 en el barrio Ludueña, un crimen que la justicia vincula a una organización premeditada con participación directa de varias personas.

Según el medio La Capital, la fiscalía sostiene que el ataque fue iniciado desde prisión y fue concebido como parte de una disputa vinculada al narcotráfico local, dotando al proceso de especial gravedad. En el mismo hecho, además del fallecimiento de Verónica Almada, resultaron heridos un bebé de seis meses (hijo de la víctima) y una joven de 22 años por arma de fuego. Por estos agravados, se realizó una imputación adicional contra Vilchez por tentativa de homicidio en ambos casos.

La ciudad de Rosario enfrenta un nuevo proceso judicial ligado a la violencia narco tras el asesinato de Verónica Almada. La calificación de homicidio doloso, doblemente agravado por promesa remuneratoria y por la intervención concertada de varios autores, conlleva la aplicación de la máxima pena prevista en el Código Penal argentino, como solicitó la fiscal Carla Ranciari en su alegato inicial ante el tribunal conformado por los jueces Lorena Aronne, Mariano Aliau y Eleonora Verón.

Los hechos

El ataque armado se perpetró el 18 de febrero de 2022 en la vivienda de Urquiza al 6000, en jurisdicción de Ludueña, cuando varios hombres armados dispararon con el objetivo de asesinar a Jonatan “Peco” Almada, hermano de Verónica. Durante la investigación, la Justicia logró identificar a “Peco” como uno de los responsables de una banda narco del barrio y aunque en el momento de los hechos se encontraba en libertad, posteriormente fue detenido y enfrenta un proceso penal independiente. En la actualidad, sigue aprehendido y la pena podría alcanzar los 40 años de cárcel.

Según la reconstrucción de la fiscalía, el plan criminal fue ideado por Fabio Alejandro Giménez, pareja de Vilchez al momento del crimen, quien organizaba delitos desde el penal de Coronda. En este marco, se lo vinculó a una estructura delictiva considerada por la fiscalía como una “empresa de sicariato” con base en Rosario. Giménez, quien acumuló al menos cinco imputaciones previas por homicidios, extorsiones y ataques armados, coordinaba desde el penal de Coronda la logística de asesinatos por encargo.

El hombre ya fue condenado a prisión perpetua como instigador de otros homicidios coordinados desde centros penitenciarios, configurando un patrón delictivo sostenido, de acuerdo a la fiscalía citada por La Capital. En esta oportunidad, instruyó a Verónica Vilchez para que contactara a los ejecutores materiales, proporcionara los vehículos y las armas, determinara la localización exacta del objetivo y efectuara el pago a los sicarios.

Samanta Joana Vilchez está detenida desde el 27 de mayo de 2022, cuando fue arrestada durante una visita a Giménez. Para la fiscalía, esto confirma la continuidad de los vínculos y su rol activo en la organización del hecho. La investigación determinó que Samanta Joana Vilchez tuvo un rol central en la ejecución del ataque. Según el Ministerio Público, Vilchez se ocupó de verificar la ubicación de la víctima, entregar armas y vehículos a los ejecutores y coordinar los pagos, integrando la logística junto a al menos otras tres personas.

En términos judiciales, el proceso que enfrenta Vilchez constituye un caso de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por participación premeditada de varias personas, con el agravante de tentativa contra dos víctimas adicionales. El tribunal decidirá si corresponde imponerle la pena de máxima duración prevista, que en la legislación argentina equivale a prisión perpetua, tal como solicitó la fiscal Carla Ranciari al tribunal.

Un hombre fue asesinado en el barrio Villas de Bolívar, en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Ciudad Bolívar durante la tarde de este martes Santo, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. Según informó Citytv, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptada y atacada cerca de las 5:00 p.m.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Fiscalía General de la Nación acudieron para realizar la inspección técnica al cadáver y acordonaron el área con el fin de preservar la evidencia. El medio detalló que los funcionarios permanecieron en el sitio durante varias horas mientras adelantaban los actos urgentes para recolectar pruebas y material probatorio.

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La identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Según residentes entrevistados por Citytv, el ataque fue directo y la víctima no tuvo posibilidad de recibir atención médica, ya que fue hallada sin vida al arribo de los equipos de emergencia. El hecho ha puesto en foco la seguridad en Villas de Bolívar y motivó la activación de protocolos de investigación y búsqueda de información.

Investigación en curso y búsqueda de responsables

El Tiempo indicó que la Policía Metropolitana de Bogotá activó procedimientos para recolectar información clave en el caso. Se espera que las cámaras de seguridad del sector aporten elementos fundamentales para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se han divulgado hipótesis oficiales ni posibles móviles del crimen. Las autoridades mantienen reserva sobre las líneas de investigación y no han revelado si se trata de un hecho aislado o si guarda relación con otras dinámicas delictivas en la localidad.

Contexto de violencia reciente en la localidad

Este homicidio se suma al asesinato ocurrido el 28 de marzo en el barrio Madelena, también en Ciudad Bolívar, donde un hombre de 33 años fue atacado con arma de fuego en vía pública. Citytv reportó que la víctima se dirigía a un evento familiar cuando fue interceptada por un individuo que descendió de una motocicleta negra y disparó varias veces en su contra, impactándolo en la cabeza.

Tras el ataque en Madelena, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado por un taxi y retenido por habitantes del sector hasta la llegada de la Policía. Según el medio ya mencionado, se realizó la captura del presunto agresor, un hombre de 23 años, a quien se le incautó el arma de fuego utilizada. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Recolección de pruebas y procedimientos judiciales

En ambos casos, el CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones. Citytv y El Tiempo confirmaron que los agentes adelantan la recolección de testimonios y material probatorio, así como la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

El seguimiento de los procedimientos incluye la verificación de antecedentes y la toma de declaraciones a residentes y testigos del sector. Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia y han reforzado los patrullajes en sectores considerados críticos de Ciudad Bolívar, en respuesta a los recientes hechos violentos.

Reacciones y solicitud de acciones por parte de la comunidad

De acuerdo con Citytv, familiares y allegados a las víctimas demandan acciones concretas para garantizar la seguridad en la localidad y solicitan celeridad en los procesos judiciales.

La seguidilla de homicidios en Ciudad Bolívar y otras localidades como Kennedy ha llevado a que la Policía Metropolitana de Bogotá mantenga operativos especiales y refuerce la presencia de uniformados en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Sánchez Noriega, un joven de 19 años, ingresó al hospital haciéndose pasar por familiar de un paciente. Según su propia confesión, su propósito era aplicar una ampolla con una sustancia letal al hombre internado, quien previamente había sobrevivido a un atentado perpetrado por sicarios en el distrito de La Esperanza, donde su acompañante perdió la vida.

El operativo policial permitió detener a Sánchez Noriega antes de que pudiera concretar el ataque. Junto a él, fue arrestado el enfermero Nilson David Chávez Castañeda, acusado de facilitar el ingreso ilegal al hospital. Una tercera persona, identificada como la pareja de Sánchez Noriega, también fue detenida bajo sospecha de haber coordinado el acceso y la logística del intento de homicidio a través de mensajes de WhatsApp con el trabajador hospitalario.

El paciente sobrevivió a un ataque previo

La víctima, cuyo nombre permanece bajo reserva por motivos de seguridad, fue internada tras sufrir un atentado el martes 25 de marzo en La Esperanza. En ese ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos, sicarios dispararon contra el vehículo en el que se encontraba junto a un amigo. El acompañante falleció y la víctima resultó gravemente herida, lo que motivó su traslado al hospital regional.

Familiares de la víctima habían advertido previamente a las autoridades sobre amenazas contra su vida, lo que llevó a la Policía Nacional a mantener vigilancia en el centro de salud. La intervención oportuna permitió evitar una nueva tentativa de homicidio dentro de una de las instituciones médicas más importantes de la ciudad.

Investigación y pronunciamiento oficial

El gobierno regional de La Libertad emitió un comunicado tras los hechos, señalando que se ha iniciado una investigación interna para determinar la cadena de responsabilidades en la vulneración de los protocolos de ingreso y seguridad del hospital. La participación de personal sanitario en la facilitación del acceso a personas no autorizadas ha generado preocupación sobre la integridad de los pacientes y la posible existencia de vínculos con redes criminales.

De acuerdo con fuentes policiales, los tres detenidos permanecen bajo custodia y serán procesados por tentativa de homicidio y asociación ilícita. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los establecimientos de salud y la necesidad de reforzar los controles para prevenir nuevos incidentes.

Contexto: violencia criminal y riesgos en los hospitales

El distrito de La Esperanza, en Trujillo, ha sido escenario frecuente de enfrentamientos vinculados a organizaciones criminales como Los Pulpos, señaladas por la policía como responsables de múltiples atentados en la región. La tentativa de homicidio dentro del hospital regional evidencia la capacidad de estas redes para operar incluso en espacios considerados seguros, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y a la opinión pública.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería revocó la absolución de Dairo José Clemente Peñata, conocido como alias Julián, y dictó una condena de 38 años y 4 meses de prisión por una serie de asesinatos selectivos ocurridos en 2017 en Córdoba.

La decisión judicial responde a un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación, que buscaba responsabilizar a este integrante del Clan del Golfo por su participación en una estructura dedicada a la comisión de homicidios en la región.

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La condena impuesta incluye, además de la pena privativa de la libertad, una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante dos décadas.

La Fiscalía informó que Peñata integró una célula sicarial vinculada a al menos tres asesinatos perpetrados entre febrero y mayo de 2017 en Montería, cuyos objetivos fueron previamente seleccionados por la organización criminal.

De acuerdo con la información oficial, la sentencia de segunda instancia establece que los hechos atribuidos a alias Julián constituyen los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

La investigación determinó que las víctimas fueron identificadas por el grupo armado ilegal como blancos de sus ataques, lo que permitió sustentar la responsabilidad penal del condenado.

El fallo judicial revocó la decisión absolutoria emitida en primera instancia, acogiéndose a los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante la apelación.

Dairo José Clemente Peñata deberá cumplir la condena en el establecimiento penitenciario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Capturaron al jefe de sicarios de alias Marquitos Figueroa, en La Guajira

En la jornada del 13 de marzo de 2026, las autoridades reportaron la captura de Pedro Enrique Ospino Cobo, conocido como alias Balacho, líder sicarial de una de las estructuras criminales más grandes del Caribe colombiano.

Este jefe de sicarios, vinculado a los antiguos patrones del narcotráfico Kiko Gómez y Marcos de Jesús Figueroa, figuraba como cabeza operativa de una organización que, según denuncias recogidas por La Nueva Prensa, cuenta con más de 5.000 sicarios bajo su mando.

Según información obtenida por El Pulso Caribe, el operativo que resultó en la aprehensión de “Balacho” se realizó en el corregimiento de San Pedro, área que pertenece al municipio de Barrancas, tras semanas de trabajo de inteligencia y la acción de unidades especializadas de la Policía. El traslado de los capturados a dependencias judiciales fue inmediato, donde actualmente se desarrollan audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

El riesgo de que quede en libertad, como ocurrió tras su detención de 2015, mantiene en alerta a la sociedad local ante la posibilidad de nuevos intentos de soborno y reorganización criminal.

Portavoces de la Policía del departamento de La Guajira precisaron a Infobae Colombia que está pendiente la publicación de detalles adicionales sobre la operación y los delitos más recientes atribuidos a Ospino Cobo. Han confirmado, además, que otros individuos fueron detenidos junto a él; sus identidades y antecedentes continúan en proceso de verificación para determinar su grado de implicación en la red delictiva.

Denuncias de pagos irregulares para evadir la justicia en La Guajira

Los antecedentes de alias Balacho no se limitan a los delitos de homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro, tortura y trata de personas que constan en reportes policiales previos. Su largo historial se asocia también a episodios documentados de corrupción judicial.

Documentos de la Corte Suprema de Justicia citados en la sentencia que condenó al exfiscal Primer Seccional de La Guajira, Alcides Elías Pimiento Rosado, revelan que “Balacho” llegó a pagar diez millones de pesos ($10.000.000) a funcionarios judiciales para evitar su captura. En una declaración recogida por la Corte, se detalla: “El señor José Carlos García Cataño sostiene que el doctor Alcides Pimienta, fiscal 1o Seccional de Fonseca Guajira, le solicitó a Pedro Enrique Ospina Cobo, alias Balacho, la suma de diez millones de pesos para que no le llegara una orden de captura por una denuncia que le puso un policía, que además él lo borraba de allí de la Fiscalía para que no le aparecieran registros”.

Voceros de la Policía confirmaron la captura de Pedro Enrique Ospino Cobo, conocido como alias Balacho, señalado de ser el jefe de sicarios de la organización criminal que lideraron “Kiko Gómez” y Marcos de Jesús Figueroa, conocido como “Marquitos”, dos líderes del narcotráfico del departamento de La Guajira.

Información preliminar indica que la detención se llevó a cabo en el corregimiento de San Pedro, jurisdicción de Barrancas, tras un operativo de inteligencia que incluyó la participación de unidades especializadas. Las acciones policiales se extendieron por varias semanas, de acuerdo con la información que conoció el medio local El Pulso Caribe.

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Portavoces de la Policía del departamento de La Guajira confirmaron a Infobae Colombia que los detalles del operativo y la ampliación del proceso judicial, así como pormenores relacionados con la más reciente actividad ilícita del capturado, se darán a conocer próximamente.

Sin embargo, documentos de la Corte Suprema de Justicia indican que la estructura a la que ha pertenecido “Balacho” por años consolidó su presencia en municipios del sur de La Guajira, aprovechando la cercanía con la frontera venezolana y las rutas hacia el mar Caribe, históricamente utilizadas para actividades ilícitas.

Reportes policiales de capturas previas de “Balacho” lo señalan por delitos como homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro, tortura, feminicidio y trata de personas.

De hecho, reportes de prensa de 2015 informan de una captura de Ospino Cobo, conocido en ese entonces como “el capo del contrabando de la gasolina”. Tres años después, en 2018, diarios locales informaron que había quedado libre.

En el procedimiento de captura, además de Ospino Cobo, fueron detenidas otras personas cuyas identidades y antecedentes son verificados para determinar su posible vinculación con la red criminal.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias judiciales, donde se realizan audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, de acuerdo con la información preliminar.

Tras la captura, según información conocida por La Nueva Prensa, se estarían elevando denuncias que piden que “Balacho” sea trasladado a Bogotá, debido a que habitantes y líderes sociales advierten que la organización criminal, que se estima tiene más de 5.000 sicarios, intenta sobornar a miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para conseguir la liberación del detenido, como habría ocurrido en ocasiones anteriores.

Tras la caída de la red principal derivada de la captura de “Marquitos”, en 2014, las autoridades monitorean los intentos de reorganización de la red criminal y el posible surgimiento de nuevas alianzas delictivas en la región.

Mientras tanto, las autoridades indican que la captura de Ospino Cobo puede aportar información relevante sobre movimientos recientes en los municipios del sur del departamento.

Posibles transferencias de dinero que habría hecho alias Balacho para evitar su captura

Los temores sobre pagos de “Balacho” a la justicia para evadir a las autoridades están fundados en hechos probados. Un documento de la Corte Suprema de Justicia que retrata parte del proceso judicial que resultó en la condena del exfiscal Primer Seccional de La Guajira Alcides Elías Pimiento Rosado, indica los contactos de “Balacho” con las autoridades.

Pimiento Rosado fue condenado luego de que “omitió sus deberes en ocho (8) indagaciones a su cargo, toda vez que no dispuso los actos de dirección y coordinación, ni la expedición de órdenes a policía judicial para el impulso de las investigaciones, tendientes a acreditar los hechos presuntamente delictivos y la identificación de los autores y/o partícipes con el fin de establecer si había lugar o no al ejercicio de la acción penal”, de acuerdo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

En su historial delictivo se conocieron fragmentos de sus nexos con alias Balacho:

“El señor José Carlos García Cataño sostiene que el doctor Alcides Pimienta, fiscal 1o Seccional de Fonseca Guajira, le solicitó a Pedro Enrique Ospina Cobo, alias Balacho, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) para que no le llegara una orden de captura por una denuncia que le puso un policía, que además él lo borraba de allí de la Fiscalía para que no le aparecieran registros”, se lee.

En otro episodio consta que un capturado “dice que tiene conocimiento que Diego Parody llamaba a “Pirin” y a “Balacho” y a “Johan Amaya”, para suministrar información que el fiscal Alcides Pimienta tenía, así para ponerles en conocimiento la realización de allanamientos, si iban a salir órdenes de captura, y el Dr. Alcides hacía eso porque recibía dinero de ellos”.

El ataque ocurrió a la altura del Puente Llanavilla, en la Panamericana Sur, cuando el bus de la empresa 104 – Guadulfo Silva, que cubre la ruta hacia San Bartolo, avanzaba con pasajeros a bordo. Según los primeros reportes, sujetos armados se habrían hecho pasar por usuarios para acercarse al conductor. Una vez dentro de la unidad, abrieron fuego directamente contra él, desatando el pánico entre quienes viajaban en el vehículo.

Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos resonaron dentro del bus y los pasajeros buscaron refugio instintivamente. Algunos se arrojaron al piso; otros gritaron desesperados. Tras el ataque, los delincuentes descendieron y escaparon corriendo hacia el puente, perdiéndose en la oscuridad.

El conductor quedó gravemente herido en su asiento. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que llegaron al lugar lo evacuaron en una camioneta policial con dirección a la Clínica Santa Marta, ubicada en San Juan de Miraflores. Sin embargo, pese a los esfuerzos, llegó cadáver. Los médicos confirmaron que había recibido cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza, lesiones que resultaron letales.

La noticia de su muerte se propagó rápidamente entre sus compañeros y familiares. Angelo Manuel Francisco Matencio tenía apenas 25 años y trabajaba como conductor para sostener a su familia. Su asesinato se suma a la preocupante escalada de ataques armados contra el transporte público, un sector que en los últimos meses ha denunciado amenazas y presuntas extorsiones.

Tras confirmarse el fallecimiento, la empresa de transportes línea 104 emitió una decisión contundente: sus buses no circularán mañana para salvaguardar la vida de sus choferes. La medida busca proteger a los trabajadores ante el riesgo latente de nuevos atentados. La suspensión temporal del servicio afectará a cientos de usuarios que dependen de esta ruta para trasladarse entre distritos del sur de Lima.

La escena posterior al ataque fue desgarradora. La unidad quedó con impactos visibles de bala y manchas de sangre en el asiento del conductor. Pasajeros, aún en estado de shock, brindaron sus testimonios a la policía mientras la zona era acordonada para las diligencias de criminalística. Las autoridades recogieron casquillos y revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Este crimen no fue un hecho aislado en la jornada. En menos de 24 horas, el distrito registró otras dos balaceras. Una de ellas ocurrió en el Grupo 25A del Segundo Sector, donde sujetos en motocicleta realizaron cuatro disparos contra una persona antes de huir.

Horas después, otro ataque fue reportado en Las Brisas de Pachacámac, cerca de una loza deportiva, dejando a un herido grave. La sucesión de hechos violentos ha generado alarma entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y acciones inmediatas para frenar la ola criminal.

Especialistas en seguridad advierten que la modalidad empleada —hacerse pasar por pasajeros para ejecutar el ataque— demuestra un nivel de planificación que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre conductores y usuarios. El transporte público se ha convertido en blanco frecuente de organizaciones delictivas que buscan imponer pagos ilegales bajo amenazas de muerte.

Hasta el momento, la PNP no ha confirmado si el asesinato de Angelo Matencio está vinculado directamente a un caso de extorsión, pero no descarta ninguna hipótesis. Equipos de investigación trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia exacta del ataque e identificar a los autores materiales e intelectuales.

El asesinato del chófer de transporte público ocurrió en plena vía pública. Según testigos, alias ‘Cantu’ se hizo pasar como pasajero del vehículo. Al momento de descender, sacó un arma de fuego y disparó cuatro veces contra el conductor, quien, de acuerdo con las primeras indagaciones, venía siendo víctima de extorsión.

Tras perpetrar el ataque, el sicario huyó a toda velocidad por una avenida del distrito con la intención de reunirse con su cómplice, quien lo esperaba en una esquina a bordo de una motocicleta. Sin embargo, no logró su objetivo. Un efectivo policial que se encontraba de civil y fue testigo del crimen inició la persecución y abrió fuego contra el delincuente.

Las balas lo alcanzaron antes de que pudiera escapar. Alias ‘Cantu’ murió tendido sobre la pista, mientras que su cómplice también fue herido durante el enfrentamiento. Hasta el momento, su paradero no ha sido confirmado, aunque algunas fuentes señalan que habría sido trasladado al hospital de Collique.

El ataque no fue un episodio aislado. Según la información disponible, el crimen formaba parte de una estrategia impulsada por alias ‘Cachete’, brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el objetivo de recuperar el control criminal en la zona de Belaúnde, en Comas.

Un sicario al servicio de Los Injertos del Cono Norte

La relación de Ángel Enrique Paredes Ramos con la banda criminal Los Injertos del Cono Norte no era reciente. Su vinculación con esta organización quedó expuesta en marzo de 2025, cuando fue detenido por su participación directa en el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, crimen que también habría sido cometido por encargo de la misma organización.

Alias ‘Cantu’ no solo operaba como sicario. De acuerdo con la información policial, también lideraba una red de microcomercialización de droga en la zona de Belaúnde. Su rol estaba relacionado con las actividades ilícitas de la banda para reforzar el control territorial. Como se recuerda, la red de ‘El Monstruo’ fue golpeada duramente tras su captura en Paraguay.

El asesinato del suboficial PNP y su captura en Surco

Uno de los crímenes más graves vinculados a alias ‘Cantu’ ocurrió el 12 de marzo, cuando sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta una tienda en Comas y abrieron fuego contra dos amigos que ingerían bebidas en la vía pública. Una de las víctimas fue el suboficial PNP en retiro Renzo Pacherres Malpartida, de 35 años, y la otra, su amigo Ronald Adelino Florian Perfecto, un civil.

Por este hecho, Ángel Enrique Paredes Ramos fue señalado como el autor material. Las investigaciones indicaron que habría actuado por encargo de los reclutadores de la banda, conocidos como “Paquito” y “Chupete”, ambos integrantes del grupo criminal liderado por Erick Moreno Hernández.

Tras ese crimen, alias ‘Cantu’ fue capturado en el distrito de Surco, en un inmueble ubicado en el jirón Camino Real N.° 383. Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver, seis municiones y pequeñas cantidades de marihuana. La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal, con participación de la Brigada Especial Contra el Crimen de San Juan de Lurigancho y la División de Inteligencia Contra la Criminalidad.

Ese historial delictivo terminó abruptamente en Comas, donde alias ‘Cantu’ cayó abatido tras ejecutar su último crimen, cerrando el perfil de un sicario que operó bajo órdenes directas de una de las organizaciones criminales más violentas de Lima Norte.

“Ha hecho uso de su arma, con uniforme y de civil, y producto de ello ha abatido a un delincuente. En el transcurso de estos días vamos a ponerlo como modelo, bajo el reconocimiento de nuestro presidente, desde el ministro al policía, dándoles esa fortaleza para que ellos sigan interviniendo”, declaró Tiburzo para RPP durante su visita a la región Ica.

Entrega de chalecos

El presidente de la República, José Jerí, acompañó al ministro del Interior en la entrega de chalecos antibalas y fusiles a la Policía de Ica, como parte del refuerzo a la seguridad en la región. Esta entrega se realizó en la sede de la región policial, donde también participó el general Óscar Arriola y otros mandos de la institución.

El ministro destacó que estas acciones forman parte de un trabajo más amplio de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que incluye la prevención del delito, la mejora de la capacidad de investigación y la garantía de que los policías puedan actuar dentro del marco legal y con respaldo institucional.

El ministro y el presidente coincidieron en la necesidad de que la ciudadanía confíe en la Policía Nacional para mantener la seguridad y el orden público. El hecho del policía de civil que abatió al sicario refuerza, según las autoridades, la importancia de contar con agentes preparados y comprometidos con la defensa de la comunidad.

Lucha contra la corrupción en la PNP

El Gobierno destacó que los policías cuentan con facultades y herramientas legales para actuar conforme a la ley, incluyendo el uso de sus armas en situaciones justificadas. Este respaldo busca garantizar que los agentes puedan enfrentar la delincuencia cumpliendo con sus responsabilidades sin exceder los límites legales.

Al mismo tiempo, se reconoció la existencia de actos de corrupción dentro de la Policía, cometidos por algunos malos efectivos que incluso contribuyen a la criminalidad. Por ello, la institución ha iniciado intervenciones internas para sancionar a quienes transgreden las normas y asegurar que todos los policías cumplan con sus funciones de manera ética y responsable.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, se está implementando el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluye trabajo preventivo, inteligencia y refuerzo de comisarías y unidades de investigación. Estas medidas buscan garantizar investigaciones sólidas y la entrega de documentación contundente al Poder Judicial, mientras se mantiene la política de cero tolerancia a la corrupción dentro de la Policía.

Policía de civil abatió a sicario

La noche del pasado miércoles 7 de enero, un transportista fue asesinado a balazos en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, en el distrito de Comas. La víctima fue identificada como José Carlos Marín Anticona (28), quien falleció a consecuencia de los impactos de bala. Según los primeros reportes, el sicario se habría hecho pasar por un pasajero dentro de la unidad, una combi informal que cubría la ruta Los Olivos – Comas, para disparar contra el conductor.

El agresor fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos (31), quien intentó huir tras cometer el crimen. Sin embargo, un suboficial de la Policía Nacional, vestido de civil y perteneciente al Escuadrón de Emergencia de Lima Norte, presenció el ataque e inició una persecución que se prolongó por aproximadamente un minuto. Durante el seguimiento, el agente efectuó varios disparos, logrando abatir al sicario a la altura del jirón José de Sucre.

En la escena del crimen, la Policía incautó un arma de fuego utilizada por el delincuente. Este hecho refleja la rápida intervención de las autoridades y resalta la importancia de la presencia policial en labores de prevención y reacción ante delitos violentos, mientras continúan las investigaciones para determinar si el agresor tenía vínculos con otras acciones criminales en la zona.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el hallazgo se produjo a las 3:04 a. m., cuando el personal de seguridad realizaba una ronda de rutina por el área de aislamiento del establecimiento penitenciario. Durante la inspección, los agentes advirtieron que el interno se encontraba colgado del cuello, utilizando una tira de frazada de color gris con rojo, la cual estaba atada a una ventana de fierro dentro de su celda.

Tras constatar la situación, los agentes penitenciarios comunicaron de inmediato el hecho al área de salud del establecimiento. Los profesionales médicos que acudieron al lugar confirmaron el deceso del recluso. Posteriormente, las autoridades del penal notificaron al representante de la Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Cajamarca, que dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El INPE informó que brindará todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes para el desarrollo de la investigación y reiteró su compromiso de continuar desplegando esfuerzos para cumplir con las normas de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.

El crimen que lo llevó a prisión

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz fue sentenciado por su participación en el asesinato del agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Paúl Enrique Barba Dioses, ocurrido el 28 de febrero de 2020 en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. El crimen se produjo cuando la víctima se encontraba fuera de su vivienda, ubicada en la avenida Independencia, en el cercado de la ciudad.

Según la información policial, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron al agente penitenciario y le dispararon cuatro veces. Dos proyectiles impactaron en la cabeza y otros dos en el pecho, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el ataque, los autores del crimen huyeron con dirección a la zona de frontera con el Ecuador.

Barba Dioses, de 41 años, era trabajador del INPE en el establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro y contaba con más de 20 años de servicio. Al momento del ataque, se encontraba de descanso.

Captura de los sicarios y confesión del crimen

Horas después del homicidio, personal policial de la comisaría de Zarumilla logró la captura de los presuntos responsables. Los intervenidos fueron identificados como Leonardo Mariño Ortiz (18) y un menor de iniciales J. J. A. I. (17), quien habría conducido la motocicleta utilizada en el atentado.

Durante el registro preliminar, la Policía halló en poder de Mariño Ortiz un arma de fuego, un revólver calibre 38, además de una cédula venezolana. El joven confesó haber disparado contra el agente penitenciario y declaró que recibió S/3 mil a cambio de cometer el asesinato. En el lugar también se incautó una motocicleta Honda de color rojo, sin placa de rodaje.

Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal Paolo Macas Benites, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Zarumilla. Según la Policía, detrás del crimen estaría la organización criminal “Los Chivitos” o “Los Chivitos de Campo Amor”, con cuyos integrantes la víctima habría mantenido rencillas mientras cumplía sus labores en el penal de Puerto Pizarro.

La acusada por el crimen de Verónica Dessio, la abogada hallada muerta en su vivienda de Parque Sicardi, en diciembre de 2020, solicitó al Tribunal Oral Criminal II de La Plata que le concedieran el beneficio de prisión domiciliaria o la excarcelación. Se trata del segundo pedido que Ivana M. hizo a casi un año del primero.

La solicitud de la defensa fue formalizada mediante un escrito en el que la acusada expresaba su intención de recuperar la libertad mientras continúa el proceso, o residir en su domicilio bajo monitoreo. La causa, que permanece en etapa previa al debate oral, entró ahora en un punto de definición, ya que los jueces deben valorar los argumentos presentados por ambas partes y la situación procesal de la imputada.

Desde el inicio del expediente, el abogado Santiago Irisarri, representante de la familia Dessio, sostuvo su oposición ante cualquier medida que implique un beneficio para la acusada. “No se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”, advirtió Irisarri, en diálogo con 0221.

El año pasado la Justicia penal ya había rechazado un pedido similar presentado por la defensa de la imputada. En aquella ocasión, el juez Claudio Bernard, integrante del tribunal, de la capital bonaerense, resolvió mantener a la imputada en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo con lo publicado por el mismo portal, en esta oportunidad, la solicitud tuvo como principales argumentos su estado de salud, debido a una arritmia que sufre, y la necesidad de cuidar a su madre, quien también padece problemas de salud. Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las partes querellantes se opusieron tajantemente, destacando la existencia de otros familiares que podrían asistir a la madre de la acusada y subrayando el alto riesgo de fuga debido a la pena en expectativa: prisión perpetua.

El caso

El 23 de diciembre de 2020, Dessio, abogada y ex empleada de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, fue encontrada muerta en su casa de La Plata. La víctima había celebrado su cumpleaños 49 la noche anterior junto con amigos, familiares y su ex pareja, Carolina Pérez. Horas después de la reunión, Dessio recibió múltiples puñaladas por la espalda y murió a raíz de las heridas.

La investigación policial apuntó desde el inicio a un crimen por encargo. No se hallaron señales de robo ni desorden en el domicilio, y la violencia del ataque, con varias lesiones y fracturas, descartó la hipótesis de un robo común. La principal sospechosa fue Ivana M., profesora de educación física y entonces pareja de Pérez. Según la Fiscalía, la señalada habría sido la ideóloga del asesinato, motivada por celos y una relación conflictiva con su pareja.

El caso tomó una dirección aún más oscura con la detención de Jorge Antonio A., apodado “Cacho”, un ex policía bonaerense que, según la investigación, fue el autor material del crimen. Familiares y testigos indicaron que poco antes del homicidio, una mujer le ofreció una suma de dinero a cambio de “eliminar a una mujer”. Jorge aceptó la propuesta. Tras el crimen, fue captado por cámaras de seguridad cuando llegaba en su moto a la casa de Dessio y se le veía usando guantes en una tarde calurosa.

El vínculo entre los principales acusados quedó comprobado gracias a el registro de las llamadas y mensajes entre noviembre y diciembre de 2020. El teléfono fue utilizado por Ivana, bajo el nombre falso de “Rosana”, y en él se hallaron búsquedas en Google sobre métodos para matar o envenenar personas.

Según la Fiscalía, Ivana M. se ganó la confianza de la víctima, lo que le permitió acceder a detalles de su rutina. La captura de Jorge Antonio A. concluyó cuando fue identificado por su atuendo y la moto en la que huyó del lugar, así como por heridas físicas coincidentes con la fecha del homicidio. También se le incautaron objetos personales y un par de sandalias con manchas de sangre. Ambos acusados están procesados por homicidio agravado, y se estima que el juicio por el crimen de la letrada comience en 2027.

Dessio y Pérez -psicóloga- conformaron una de las primeras parejas en acceder al matrimonio igualitario en el país. Contrajeron matrimonio en 2010, un mes antes de la aprobación de la ley, tras obtener una autorización judicial mediante un recurso de amparo. Durante su relación, tuvieron un hijo y, después de nueve años, decidieron separarse. Más adelante, la psicóloga inició una relación con Ivana M., mientras que la abogada asesinada comenzó una nueva etapa junto a Patricia.

Según los testimonios aportados en la investigación, la última pareja de Pérez manifestó incomodidad ante el trato cordial que ambas mujeres mantenían tras la separación. Dessio sabía de las tensiones que provocaba su vínculo e indicó que, desde el inicio, la actitud y el carácter de la acusada la inquietaban, de acuerdo con la declaración de su psicóloga ante los investigadores.

Según la información difundida, un sicario a bordo de una motocicleta esperó durante un tiempo prudencial a la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario. No se ha especificado si la magistrada se encontraba saliendo de su domicilio o de su centro de trabajo. Lo que sí quedó registrado en imágenes es el momento en que el atacante intentó interceptarla cuando apareció en el lugar.

El primer intento fue frustrado por el cruce inesperado de tres personas, lo que obligó al sicario a desistir momentáneamente. Sin embargo, lejos de retirarse, el agresor retornó segundos después, incluso circulando en sentido contrario al tránsito, con la clara intención de consumar el atentado.

Los errores que evitaron el crimen

El segundo intento de ataque tampoco se concretó debido a la presencia de un efectivo policial que brindaba resguardo a la fiscal. El agente logró extraer su arma de fuego de manera discreta, lo que disuadió al sicario, quien finalmente abandonó el lugar sin efectuar disparos.

“Felizmente que el efectivo policial pudo sacar su arma de fuego de una manera muy sigilosa. Y eso fue lo que disuadió al sicario y siguió su camino y se fue de frente”, señaló Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino.

El magistrado subrayó que no se trató de una amenaza aislada. Recordó que, algunas semanas antes, en Lima Este, otro fiscal también fue víctima de amenazas de muerte, lo que confirma un patrón de intimidación sistemática contra quienes investigan organizaciones criminales.

Cabe señalar que el atentado ocurrió el 11 de diciembre; desde esa fecha, la fiscal solicitó que se refuerce su seguridad personal. A más de una semana del hecho, aún no se había atendido su pedido

Respuesta del Estado

Tras el atentado frustrado, el Ministerio Público expresó su respaldo institucional a la fiscal afectada y al conjunto de fiscales que enfrentan amenazas por el ejercicio de sus funciones. Actualmente, más de 68 fiscales cuentan con resguardo policial debido a riesgos acreditados contra su integridad, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Las autoridades informaron que el trabajo de protección se realiza de manera coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La prioridad, señalaron, es garantizar que los fiscales puedan continuar con sus investigaciones sin ceder ante la presión del crimen organizado.

En paralelo, desde la Fiscalía de la Nación se evalúa la creación de una subespecialidad dedicada exclusivamente a combatir delitos como la extorsión y el sicariato. La propuesta busca pasar de una respuesta reactiva a una estrategia de persecución activa, con investigaciones articuladas y acciones coordinadas con la Policía Nacional.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que los fiscales no están solos y que cualquier situación de riesgo debe ser comunicada de inmediato para activar los mecanismos de protección correspondientes. El intento de asesinato contra la fiscal Miriam Maribel Parra Sudario, aunque frustrado, encendió una nueva alerta sobre el nivel de amenaza que enfrentan quienes persiguen al crimen organizado en el país.

La Justicia de Rosario condenó a un sicario de un búnker narco a 18 años de prisión por matar a un joven cuando se acercó al lugar a comprar droga.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando la Justicia rosarina señaló como responsable a Brian Damián “Cogote” Benítez, quien recibirá una pena total de 22 años tras unificarla con una condena federal anterior.

La resolución de la causa estuvo en manos de los jueces Mariano Aliau, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy.

La víctima, Alejandro Andrés Tourn, no tenía antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado. Su muerte, causada por cinco disparos cuando apenas había llegado a comprar estupefacientes, resaltó la brutalidad y el descontrol en determinados territorios.

El homicidio ocurrió en Cerrillos al 3700, en las inmediaciones de la conocida canchita del Arco, en el asentamiento Vía Honda. Este terreno, pretendido por varias bandas dedicadas al narcomenudeo, es escenario habitual de enfrentamientos y hechos violentos.

Tourn, un joven de 28 años oriundo de Pérez, había acudido a la zona para realizar una compra en la llamada “boca de Marilú”. Tras la transacción, según reconstruyó la investigación del fiscal Alejandro Ferlazzo, “Cogote” Benítez llegó al lugar donde Tourn permanecía sentado en su automóvil, un Fiat Duna. Ante el ruego de la víctima, quien insistió en que “no estaba haciendo nada”, el agresor le disparó repetidas veces, según el testimonio de un testigo presencial citado en el expediente judicial.

La mecánica del crimen y los testimonios compilados durante la investigación permitieron identificar al autor. Testigos clave declararon que Benítez actuaba como sicarios para bandas del sector.

El lugar donde sucedió el asesinato es conocido como el “búnker de Marilú”, en la intersección de Cerrillos y Rivero. El apodo corresponde a Emanuel Alejandro Gauna, uno de los principales operadores narco de la zona oeste de Rosario. En ese entonces, Gauna permanecía prófugo, aunque finalmente fue detenido en agosto de 2025.

La Vía Honda experimentó al menos ocho homicidios en cinco meses durante ese año, caracterizados por la violencia extrema y la impunidad con la que se mueven las bandas en la zona.

La sentencia a Benítez responde a su rol como ejecutor armado en búnkeres de la zona y especialmente en el de Marilú. El tribunal resolvió una pena de 18 años por el crimen de Tourn, a la que sumó una condena federal previa de cinco años y nueve meses por delitos vinculados al narcomenudeo.

De acuerdo con el fallo, Benítez se encontraba en libertad condicional al momento del hecho, debido a que la sentencia anterior tenía vigencia hasta marzo de 2026.

La investigación dirigida por Ferlazzo, según informó el portal Rosario3, reunió testimonios que consolidaron la responsabilidad del acusado desde el inicio. Tres años después, los testigos ratificaron sus dichos durante el juicio oral y público.

El asesinato de Tourn no fue un hecho aislado. Dos días después, otro ataque sumó víctimas en la zona. Cuatro personas dispararon desde un VW Gol Trend en el pasaje Cerrillos al 3900, cerca del Arco. Miguel Ángel Leiva, vecino de 57 años, cayó muerto tras recibir múltiples disparos en la cabeza. Junto al cuerpo, los agresores dejaron un mensaje dirigido a Julio Andrés Rodríguez Granthon, un narco apodado “El Peruano”: “Peruano, plantate. La mafia no perdona, gil”. El mensaje y la brutalidad del ataque reforzaron la hipótesis de ajustes de cuentas y disputas feroces entre clanes.

Por ese crimen, dos sicarios resultaron condenados en agosto de 2025 a prisión perpetua, según registros judiciales.

La reciente captura de Alex Alejandro Rosas (32), alias ‘Monago’, y Javier Juan Agustín Toledo (29), alias ‘Chato Juan’, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), representa una nueva ofensiva contra la actividad de bandas vinculadas al sicariato y a las extorsiones en el este de Lima.

La acción, realizada por agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC), permitió identificar elementos que relacionan a los detenidos con una organización que impone pagos ilegales a comerciantes y empresas de transporte, según reportes oficiales difundidos por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al momento de la intervención, los sujetos portaban dos teléfonos móviles, una cacerina, municiones, un mototaxi y un artefacto explosivo.

También se halló una carta extorsiva firmada por la banda “La Batería del 3 de Huáscar”, que opera específicamente en zonas comerciales del distrito.

Las primeras diligencias los vinculan directamente con la red criminal encabezada por Rony Enrique Cabanillas Niño, alias ‘Chato Luis’, figura identificada como la cabeza del grupo y sindicado como el sicario más buscado de SJL.

Los investigadores atribuyen la coordinación de actos violentos y la delegación de tareas a adolescentes a este liderazgo desde la clandestinidad.

Fuentes policiales aseguraron que la organización funciona bajo una lógica de mando distante, en la que el cabecilla transmite órdenes a través de intermediarios y se especializa en distribuir responsabilidades entre adultos y menores, una práctica para reducir riesgos legales y dificultar las investigaciones.

Utilización de menores, evidencia y antecedentes del cabecilla

En procedimientos previos y paralelos al arresto de ‘Monago’ y ‘Chato Juan’, la BRECC detuvo a otros integrantes, entre ellos cuatro adolescentes cuya edad fluctúa entre 14 y 17 años.

Las pruebas recabadas – que incluyen mensajes de audio, imágenes de cámaras de seguridad y teléfonos incautados – sostienen que los jóvenes ejecutaban amenazas y manejaban armas de fuego bajo instrucción directa de adultos de la organización.

Uno de los adolescentes, documentado por cámaras como portador de arma durante salidas en moto, falleció en circunstancias ligadas a presuntos enfrentamientos entre bandas.

El uso de menores como brazo armado es uno de los factores que complejizan el desmantelamiento total de la estructura. Al menos cuatro menores fueron derivados al Centro de Rehabilitación de Menores Maranga, por decisión del juzgado de familia, que dictó una medida preventiva de cincuenta días mientras avanza el proceso.

Las inspecciones, tanto en viviendas asociadas a los detenidos como en espacios acondicionados como búnkeres, resultaron en el decomiso de cacerinas, municiones, cartuchos de dinamita y escritos extorsivos preparados para nuevas amenazas.

De acuerdo con la PNP, la evidencia reunida – teléfonos y comunicaciones interceptadas – refuerza la presunción de vínculo con Rony Enrique Cabanillas Niño.

El historial delictivo de ‘Chato Luis’ muestra cuatro detenciones previas relacionadas a robo agravado, tenencia ilícita de armas y delitos vinculados con narcóticos.

Registros policiales y conversaciones intervenidas retratan a este líder como un operador que gestiona sus actividades desde la clandestinidad, recurriendo a apodos y otros alias entre los menores y colaboradores adultos.

La investigación, ahora en etapa de cruce de comunicaciones y peritaje documental, permanece abierta bajo responsabilidad de la fiscalía.

Ataque a sangre fría bajo vigilancia de cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona permitieron reconstruir el momento del ataque. En las imágenes se aprecia a dos sujetos desplazándose en motocicleta. Uno de ellos vestía un chaleco reflectivo, lo que resalta dentro de un escenario marcado por la oscuridad. Sin emitir palabra alguna, el acompañante desciende de la moto, apunta su arma y dispara de forma repetida contra un grupo de cuatro hombres que transitaban por la calle.

A pesar de las rejas de seguridad colocadas por los vecinos como barrera, el atacante dispara de frente, intentando lesionar a sus objetivos. Los hombres lograron evadir la ráfaga y ponerse a salvo, mientras el estruendo de los disparos sembró el pánico entre los residentes.

Uno de los fragmentos de video registra el momento en que los peatones, alertados por la presencia de los desconocidos, apresuran el paso antes de producirse la agresión.

Vecinos denuncian temor e insuficiencia de patrullaje

El ataque reavivó las denuncias de los habitantes de San Juan de Lurigancho, quienes afirman que la inseguridad se ha instalado en la zona. Una vecina relató: “Uno sale a trabajar, pero ya con miedo porque siempre pasan motocicletas”. Otro residente indicó que por la noche el lugar se vuelve especialmente solitario, situación que contribuye a la vulnerabilidad de los transeúntes.

“La zona es tranquila de día, pero de noche es diferente, muy desolada”, agregó otro vecino, en declaraciones recogidas durante la mañana después del atentado.

Pese a las estrategias de autodefensa comunitaria, como la instalación de rejas en diferentes tramos de la calle, el incidente dejó expuesto que estas medidas no bastan para impedir el accionar de los criminales. La ausencia de unidades de patrullaje policial incrementa la percepción de desprotección, un sentimiento que se expande en medio del actual estado de emergencia declarado por las autoridades.

San Juan de Lurigancho: epicentro de la violencia urbana

El distrito de San Juan de Lurigancho se ha convertido en uno de los puntos críticos del avance de la violencia urbana en la capital peruana. Datos recientes alertan sobre el incremento de hechos de sangre en la región. En los primeros meses del actual gobierno, se han documentado 129 homicidios en todo el país, cifra que contrasta con la percepción ciudadana de que las medidas de excepción no han logrado frenar la ola delictiva.

El propio Ministerio del Interior ha reconocido que el país enfrenta su nivel más alto de violencia desde 2017, con un 2025 proyectado como un año que podría superar récords históricos de homicidios.

Investigación en curso y demanda de acción

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no han informado sobre las causas detrás del ataque ni la identidad de los responsables. La Policía Nacional del Perú ha recogido los registros audiovisuales e iniciado las indagaciones, mientras los afectados y los habitantes exigen respuestas y una presencia policial efectiva que devuelva la tranquilidad perdida.

Dos sujetos en motocicleta llegaron al exterior del local, dedicado al servicio de pesaje de camiones. Uno descendió con una pistola y avanzó directamente hacia la oficina del empresario. La situación desencadenó confusión y pánico entre los trabajadores presentes, quienes reconocieron el peligro y huyeron del lugar; en su escape, algunos tropezaron.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia, desde la llegada del sicario, su intento de disparo, hasta la huida de ambos delincuentes. Miembros de la Policía Nacional arribaron minutos después para iniciar las investigaciones y asegurar la zona.

Empresario quedó a salvo tras intento de asesinato

Imágenes de 24 Horas de Panamericana Televisión mostraron que la motocicleta se detuvo abruptamente frente al negocio, y uno de los ocupantes descendió con rapidez, empuñando su pistola. Avanzó decidido hacia la oficina principal, donde el empresario trabajaba frente a su computadora, sin percibir el inminente peligro.

En el momento en que vio al hombre armado, levantó las manos en señal de rendición. Los empleados presenciaron la escena con horror y, en segundos, corrieron hacia la salida, abandonando objetos y documentos con desesperación. La tensión se reflejó en la precipitada huida de uno de ellos, quien cayó al intentar escapar.

El agresor apuntó al empresario e intentó disparar, pero el arma presentó una falla mecánica. Al darse cuenta de que no podía ejecutar el ataque, retrocedió rápidamente y salió de la oficina. Corrió hacia la motocicleta, donde su cómplice lo aguardaba, y ambos se alejaron a toda velocidad, dejando tras de sí un ambiente de silencio y desconcierto.

Las cámaras grabaron cada detalle: la entrada del agresor, la reacción del empresario y la fuga de los delincuentes. La Policía Nacional acudió poco después, asegurando el lugar y recogiendo evidencia. Los peritos inspeccionaron la oficina y las puertas en busca de huellas para obtener indicios sobre los atacantes y su paradero. Vecinos alertados por los gritos se aproximaron, asegurando que el ataque fue un acto planificado que estuvo cerca de convertirse en tragedia.

Las autoridades sospechan de ajuste de cuentas o extorsión

Según la PNP y fuentes de investigación consultadas por Trome, el ataque estaría relacionado con un intento de extorsión o un ajuste de cuentas, delitos recurrentes en la región de La Libertad. La identidad del empresario permanece reservada; él es dueño de una empresa dedicada a la fabricación de balanzas para vehículos y actualmente cuenta con protección policial.

“El tipo de crímenes que se da cuando los delincuentes no logran cobrar extorsiones es frecuente en la zona. Felizmente, el arma se trabó y no hubo una tragedia”, afirmó una fuente de la investigación a Trome. Este caso se suma al aumento de robos, atentados armados y extorsiones reportados en los recientes meses en Guadalupe y áreas cercanas.

Vecinos y comerciantes manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad y exigieron mayor presencia policial y patrullaje en las calles. La División de Investigación Criminal continúa tras los responsables, mientras la comunidad permanece alerta después del atentado frustrado.

El operativo, desarrollado tras varios meses de seguimiento, permitió poner fin a la fuga del peligroso criminal, quien contaba con dos condenas de cadena perpetua y una sentencia adicional de 15 años de prisión por delitos de secuestro, asesinato y pertenencia a organización criminal. A pesar de sus antecedentes judiciales, el sujeto había logrado evadir a las autoridades mediante el uso de identidades falsas y la constante movilización entre distritos de Lima Norte y el Cercado.

De acuerdo con las investigaciones, Boby era sindicado como un cabecilla del crimen organizado y uno de los principales articuladores de redes de sicariato y extorsión en Lima Metropolitana. Su captura representa, según fuentes policiales, un duro golpe a las estructuras delictivas que operaban en el norte de la capital.

Integrante de tres organizaciones criminales

Las investigaciones de la Dirincri determinaron que alias ‘Boby’ integró tres bandas delictivas de alto perfil: ‘Los Sanguinarios del Norte’, ‘Los Diablos’ y ‘Los Michis’. Esta última, considerada una de las más violentas, operó entre fines de 2018 y 2021 en los distritos de Carabayllo, Comas, Santa Rosa y Puente Piedra, zonas donde se registraron múltiples casos de extorsión, tortura y homicidios por encargo.

Según los reportes policiales, Los Michis se dedicaban al cobro de cupos y tráfico de terrenos, delitos por los cuales se enfrentaron a otras agrupaciones criminales para controlar las ganancias ilícitas generadas en obras públicas y privadas. Las autoridades atribuyen a Boby un rol protagónico como brazo armado, encargado de ejecutar amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales y miembros de bandas rivales.

El Juzgado Penal Colegiado de Ventanilla dictó contra él dos condenas a cadena perpetua. La primera, por el secuestro y asesinato de Moisés Pacaya Herrera y Wagner Huayllahua Pacaya; la segunda, por el homicidio calificado de Víctor Castañeda Tárraga, un crimen tipificado como sicariato. Además, recibió una pena adicional por su vinculación con una organización criminal dedicada a la extorsión y al tráfico de terrenos en Lima Norte.

Allanamiento y hallazgo de armas

Tras su captura, la Policía Nacional realizó un allanamiento en el domicilio de alias ‘Boby’, ubicado en el distrito de Carabayllo, donde se halló un arma de fuego con la serie erradicada, 19 municiones y varias cacerinas. El material fue incautado y puesto a disposición de la División de Balística Forense, que busca determinar si fue utilizado en otros crímenes cometidos por las organizaciones con las que colaboraba.

El coronel PNP Juan Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, precisó que el detenido utilizaba documentos falsos para burlar los controles policiales y mantenerse en libertad pese a las sentencias en su contra. “Este sujeto tenía un DNI adulterado con otro nombre y circulaba libremente. Contaba con requisitorias vigentes por asociación ilícita para delinquir, un delito grave que lo mantenía en la clandestinidad”, indicó el oficial.

La Policía considera que la detención de alias ‘Boby’ constituye un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en Lima Norte. Además, se reforzarán las labores de inteligencia para localizar a otros integrantes de las bandas Los Michis, Los Diablos y Los Sanguinarios del Norte, muchas de ellas aún en actividad.

PNP pide denunciar actos delictivos

El Ministerio del Interior resaltó que la cooperación ciudadana fue fundamental para la ubicación de alias ‘Boby’, y recordó que cualquier persona puede denunciar delitos o hechos sospechosos a través de los canales oficiales de la PNP.

Las denuncias pueden realizarse de manera inmediata llamando a la Central de Emergencias 105, disponible las 24 horas del día, o mediante los números de WhatsApp de la Policía Nacional: 964 605 570 y 942 479 506. Asimismo, se recomienda acudir a la comisaría más cercana para presentar denuncias relacionadas con extorsiones, robos o amenazas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de intensificar los operativos contra el crimen organizado en Lima Metropolitana, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y desarticular las bandas criminales que aún operan en diferentes zonas del país.

El Gran Neuquén se vio sacudido por un violento ataque ocurrido en la madrugada del 5 de junio, cuando un sicario abrió fuego contra tres personas y les provocó heridas graves.

La investigación avanzó en las últimas semanas, permitiendo identificar y detener al presunto autor, conocido por sus iniciales como C.A.M., quien fue recientemente acusado y afronta prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

La presentación judicial se desarrolló en el marco de una audiencia llevada a cabo este jueves, en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, expuso la evidencia reunida y los motivos de la imputación.

Según informó el portal LM Neuquén, los cargos elevados contra C.A.M. responden a delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, triplicados por el número de víctimas y bajo la figura de concurso real.

El expediente fue impulsado con pruebas recabadas por el MPF y la policía provincial, cuyas actuaciones fueron detalladas durante la audiencia de imputación.

El ataque tuvo lugar en la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, localidad de Neuquén capital, entre las 0:10 y 0:30 horas del 5 de junio. La investigación determinó que C.A.M., quien viajaba como acompañante en una motocicleta junto a un segundo individuo aún no identificado, sorprendió a tres hombres reunidos en una vereda. Allí, el acusado extrajo entre sus prendas un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuó al menos diez disparos.

Gutierrez remarcó que existió una clara intención homicida, sustentada en la cantidad de balazos, la dirección de los tiros y la vulnerabilidad de las víctimas, quienes solo sobrevivieron por la rápida intervención de terceros que los trasladaron a centros médicos.

Los registros médicos indican heridas de gravedad: uno de los baleados recibió impactos en la cabeza y en el ojo derecho, otro resultó lesionado en el cuádriceps izquierdo, mientras que un tercero fue herido en el antebrazo derecho. Todos fueron derivados a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón donde recibieron atención de urgencia, según las fuentes oficiales.

Concluida la agresión, los atacantes escaparon del lugar. El caso activó protocolos de emergencia y se dispuso una orden de detención sobre C.A.M., quien permaneció prófugo hasta el pasado 6 de octubre.

La captura de C.A.M. se produjo cuando un efectivo policial lo reconoció durante un operativo de control sobre la calle Belgrano.

Según reconstruyó la representante del MPF, el acusado circulaba a bordo de un Volkswagen Vento y al recibir la voz de alto intentó huir. Finalmente fue interceptado y demorado en las inmediaciones.

El expediente judicial señala que el ataque habría sido planificado y responde a dinámicas propias de las bandas armadas con presencia en la región.

Ante la gravedad de los hechos y la evidencia acumulada, la asistente letrada Gutiérrez solicitó que C.A.M. permanezca bajo prisión domiciliaria con monitoreo a través de una tobillera electrónica durante cuatro meses, plazo fijado para la investigación penal preparatoria. La medida cautelar se fundamentó en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento de la pesquisa, elementos aceptados por la jueza de garantías Carina Álvarez.

La jueza sostuvo que la prohibición de contacto con las víctimas se dispuso como condición adicional a la prisión domiciliaria. Además, la magistrada avaló cada uno de los cargos y plazos propuestos por la fiscalía, confirmando la calificación legal de tentativa de homicidio.

La figura penal que enfrenta C.A.M. contempla severas penas en caso de recaer condena, dada la utilización de armas de fuego y la multiplicidad de damnificados. La defensa del acusado podrá presentar descargos durante el período judicial, mientras el MPF continúa recolectando pruebas, ampliando testimonios y revisando peritajes.

Un ciudadano de nacionalidad albanesa asesinado en el reconocido sector de El Poblado, en la ciudad de Medellín: lo llamativo del caso es que el ciudadano, durante la inspección de su cadáver, portaba documentos ecuatorianos.

La rápida reacción de la Policía Metropolitana permitió la captura del presunto responsable en el municipio de Bello, vecino a Medellín. Además, los agentes lograron incautar tanto la motocicleta como el arma de fuego empleadas en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

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El funcionario precisó que los investigadores continúan verificando los móviles y otros aspectos relevantes del caso en la investigación en curso.

El impacto de este crimen hace parte de un incremento de la violencia letal en la ciudad. Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), Medellín ha registrado 251 muertes violentas en lo que va del año, lo que representa 23 casos más que en el mismo periodo de 2024.

En el caso específico de la comuna de El Poblado, donde ocurrió el asesinato de Tucci, solo se habían reportado dos homicidios en 2025, una cifra considerablemente menor frente a los ocho homicidios registrados en la misma fecha del año anterior.

La investigación sobre el asesinato de Artur Tucci continúa abierta, mientras las autoridades buscan esclarecer los motivos detrás de este nuevo episodio de violencia que afecta a la población extranjera en Medellín.

El crimen también fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

“Se presentó un homicidio en la avenida de El Poblado, bajo la modalidad sicariato. La víctima es un sujeto con documentos de Ecuador pero de nacionalidad Albanés. Gracias a la reacción de la Policía y al seguimiento por cámaras, fue capturado el homicida en Bello. La moto y el arma de fuego fueron incautadas. Los móviles y detalles del caso están siendo verificados en este momento en el marco de la investigación adelantada por las autoridades.”, explicó Gutiérrez en una publicación en X.

Ciudadano español fue hallado muerto en un hotel de Medellín

El hallazgo del cuerpo de un ciudadano español en un hotel del centro de Medellín activó una investigación en el Valle de Aburrá, que se centró en las circunstancias que rodearon su muerte y en la identidad de la mujer que lo acompañó durante sus últimas horas.

Como Iván Fernández Márquez fue identificado el civil español que fue encontrado sin vida la mañana del 28 de julio de 2025 en la habitación que había reservado la noche anterior, según los reportes de la Policía Nacional.

La escena que describieron los agentes revela que el cuerpo de Fernández Márquez yacía desnudo sobre la cama, presentando un sangrado visible en la boca, pero sin señales externas de violencia física, de acuerdo con la información recabada por Blu Radio. Este dato ha orientado la investigación hacia la posibilidad de una muerte asociada al consumo de sustancias, aunque los investigadores aún no confirmaron esta hipótesis.

Durante la inspección del lugar, la Policía Judicial encontró para su análisis varias latas de cerveza, un preservativo y diferentes tipos de sustancias alucinógenas halladas en la habitación. Estos elementos se convirtieron en piezas clave para esclarecer los hechos y determinar si existió algún tipo de intoxicación o intervención de terceros.

El testimonio de la administradora del hotel, considerada testigo fundamental en el caso, aportó detalles relevantes para la reconstrucción de los hechos: según su relato recogido por Blu Radio, Fernández Márquez ingresó al establecimiento en la madrugada del 28 de julio acompañado de una mujer, cuya identidad no fue establecida.

La administradora del lugar precisó que, aproximadamente dos horas después de su llegada, la acompañante abandonó el hotel sola. Posteriormente, el personal del establecimiento subió a la habitación y encontró el cuerpo sin vida del ciudadano español. La investigación continúa enfocada en identificar a la mujer que acompañó a Fernández Márquez y en determinar si su presencia guarda relación directa con el fallecimiento.

Perfil de los autores: León y Charapa

Las autoridades identificaron a los presuntos autores como David León Mollara, de nacionalidad venezolana, y su cómplice, un menor de 17 años conocido como alias Charapa. Según la investigación, ambos formaban parte de una estructura dedicada a cometer asesinatos por encargo en el distrito limeño. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de ambos sujetos poco después del crimen, recuperando audios y videos en los que los sindicados no solo documentan sus crímenes, sino que intercambian registros y comentarios burlones sobre los atentados.

Durante una diligencia con la PNP, León Mollara relató que fue contactado para ejecutar el ataque y reconoció haber recibido “novecientos, más o menos”. Aunque en otro momento se refirió a un pago de mil quinientos soles por el encargo, la investigación mantiene como cifra central la inicial. El detenido también confesó que disparó cuatro veces contra la víctima.

El crimen en la juguería

El asesinato de Carol del Pilar Tito Cornejo, de 31 años, conmocionó a los vecinos y comerciantes. El atentado ocurrió el mes pasado, cuando la mujer acudió acompañada por su hijo pequeño y un familiar a la juguería del mercado José Carlos Mariátegui. Apenas ingresó, el sicario se dirigió directamente hacia ella y disparó a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza, provocando heridas mortales. La mujer cayó al piso delante del niño, quien escapó del local en estado de pánico.

Testigos aseguraron que se escucharon al menos tres detonaciones al interior del mercado, lo que generó una ola de pánico entre los presentes. En medio de la confusión, varios intentaron brindar auxilio y trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Investigación y temor en la comunidad

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú se hizo cargo de la investigación y no descarta que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas. Personal policial recogió evidencias y revisó las cámaras de seguridad del mercado para esclarecer los móviles del crimen.

Mientras tanto, la fiscalía iniciará procesos penales contra los implicados, entre ellos el menor de edad identificado como alias Charapa, quien según información policial ha colaborado en otros asesinatos bajo la misma modalidad.

Registros de los crímenes

Las pesquisas arrojaron que los atacantes no solo ejecutaban los homicidios, sino que se grababan cometiéndolos y compartían los archivos entre ellos mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Uno de los audios presentados durante la investigación revela la petición de un video del ataque para “tenerlo ahí guardado”. En otro registro, León canta y hace alarde de sus acciones ilegales junto a su cómplice.

Estos elementos configuran una modalidad de intimidación y burla hacia las víctimas y el entorno, atribuyendo mayor alarma a la situación de inseguridad que atraviesa el distrito de San Juan de Lurigancho.

La muerte de Carol del Pilar Tito Cornejo evidencia el alcance del sicariato y la vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes y comerciantes de una de las zonas más concurridas de Lima. Las autoridades buscan determinar con precisión el origen del encargo y los vínculos de los autores con otras organizaciones delictivas de la capital.

En una conversación con Rafael Poveda para Más allá del silencio, Molina entregó un testimonio que sorprendió al contrastar sobre la crudeza de su pasado como el arrepentimiento que lo acompaña en la actualidad.

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El inicio de la vida delictiva de Molina se remonta a los 9 años, cuando comenzó a relacionarse con adultos involucrados en actividades criminales en la región cafetera de Colombia. Según relató a Rafael Poveda, su entorno estaba marcado por la presencia de figuras peligrosas y la influencia de la guerrilla de la época, conocida por la comunidad como “la chusma”.

Desde entonces, su actividad se extendió por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia, participando en delitos como extorsión, homicidio y desplazamientos forzados. Molina explicó que el método de las bandas consistía en presentarse ante las comunidades rurales ofreciendo protección, pero aquellos que se negaban a colaborar o acudían a las autoridades eran obligados a abandonar sus tierras o a pagar bajo amenaza.

A lo largo de su vida, Centella ha estado en prisión en tres ocasiones:

• La primera vez fue en 1984, tras una pelea violenta relacionada con un conflicto por el robo de ganado.
• Al obtener la libertad ese mismo año, reincidió en 1992, cuando fue capturado por delitos que incluyeron extorsión, secuestro y desplazamiento. Durante esa condena, que se extendió por casi 10 años, recibió un permiso de 72 horas y decidió fugarse debido a la cantidad de enemigos que había acumulado, incluyendo miembros de la Policía. Tras su escape, retomó las actividades delictivas, centrándose en la extorsión y el control de territorios mediante el cobro de “impuestos” a los propietarios de fincas, bajo la promesa de seguridad.
• En 2008, Molina fue capturado nuevamente y desde entonces permanece privado de libertad.

Se vengó del hombre que mató a su hermano

Durante su reclusión, tomó la decisión de confesar varios crímenes, entre ellos la venganza por la muerte de su hermano Arnulfo de Jesús. El condenado describió a su ser querido como el pilar de la familia, un hombre dedicado a su madre y a sus hijos, y ajeno al mundo criminal.

La muerte de Arnulfo, según el testimonio de Molina, fue consecuencia de un conflicto en el que su hermana se vio involucrada con un hombre apodado Guatín, que resultó ser un sicario. Tras enterarse del asesinato, Molina organizó todo un “operativo” que lo llevó a buscar a los responsables en el municipio de Viterbo, Caldas.

La investigación personal de Molina lo condujo a identificar a Silvio Patiño, un sicario con una reputación de más de 200 homicidios, como el autor material del crimen. Así, narró cómo, tras recibir información de allegados y familiares de Patiño, localizó la finca donde este se ocultaba.

Durante varios días, se quedó en las inmediaciones del lugar, armado con una mini uzi, una pistola Beretta, una pistola 9 mm, un revólver calibre 38 y una escopeta de calibre 12, esperando el momento propicio para ejecutar su venganza.

El 29 de diciembre, vio a Silvio Patiño salir de la finca y, tras asegurarse de que estaba solo, le disparó con la escopeta. Según su relato, tras el primer disparo, Patiño intentó reaccionar, pero finalmente cayó herido, así que se acercó, lo insultó y le revisó los bolsillos para identificar a sus contactos. Este acto de venganza fue celebrado por otros miembros de la comunidad, que organizaron una fiesta de cuatro días, en la que participaron numerosas personas que consideraban a Patiño una amenaza para la región.

La cadena de violencia no terminó ahí, pues el hoy condenado también intentó ajustar cuentas con Guatín, el hombre señalado como autor intelectual del asesinato de su hermano. En el enfrentamiento, dañó el vehículo de Jorge Patiño, líder de una organización que, según Molina, comandaba a más de 4.000 hombres.

Tras el ataque, recibió amenazas contra su familia, lo que lo llevó a contactar directamente a Jorge Patiño para asumir la autoría del crimen y advertirle que no toleraría represalias contra sus seres queridos. Finalmente, decidió sacar a toda su familia del pueblo para protegerlos.

En la actualidad, Gilberto de Jesús Molina cumple condena por varios delitos, aunque la muerte de Silvio Patiño permaneció en la impunidad hasta que él mismo decidió confesarla, con el fin de buscar la paz con Dios y con la justicia, convencido de que “entre cielo y tierra no hay nada oculto”.

En su testimonio, admitió que nunca recurrió al alcohol o a las drogas para cometer sus crímenes, sino que actuó “a sangre fría”, y que la constante amenaza y el miedo terminaron por privarlo de la tranquilidad, incluso en los momentos más cotidianos junto a su familia: “No vale la pena uno llegar hasta donde llegué yo, a convertirme en un delincuente despiadado”.

Al reflexionar sobre su vida, Molina reconoció el vacío de la venganza y el costo humano de sus acciones: “Uno cree que la venganza es buena y no es buena. Solamente hay uno que tiene derecho a cobrar, que es Jesucristo”, afirmó en el pódcast.

El hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 14 de septiembre de 2025 puso en evidencia la persistente situación de violencia que afecta a la región, tanto en locaciones rurales como urbanas.

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Según los reportes iniciales de la comunidad, la confrontación se desató alrededor de las 3:00, cuando una discusión entre varios asistentes de una discoteca escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado. Testigos relataron que, tras el altercado, un hombre extrajo un arma de fuego, realizó disparos al aire y luego dirigió el arma contra quienes se encontraban a su alrededor, provocando la muerte de tres personas e hiriendo a otras tres.

Un video registrado por una cámara de seguridad del establecimiento nocturno captó la manera en como el sicario ingresó entre una multitud que allí departían: el individuo, que vestía una chaqueta blanca y negra y un pantalón negro, sacó su arma de fuego y efectuó inicialmente un disparo al aire, que sembró el pánico entre los asistentes al local. Acto seguido, el hombre se abalanzó contra las víctimas, que estaban juntas e intentaron defenderse, pero la contundencia de sus disparos acabó con sus vidas.

Al final de la secuencia, el sicario se va caminando entre los asistentes a la discoteca: algunos huyeron entre la zozobra, otros pocos se quedaron en la zona para tratar de auxiliar a las víctimas.

¿Quiénes eran las víctimas de la masacre en la discoteca?

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Felipe Zamboni, Iván Orlando Coscué y, posteriormente, Carlos Mauricio Mosquera Vernaza, este último confirmado por Indepaz tras una primera fase de incertidumbre sobre su identidad. Entre los heridos figuran Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado, que recibieron atención médica inicial en los hospitales Toribio Maya y del Norte, antes de ser remitidos a centros de mayor complejidad.

“En horas de la noche, en el barrio La Paz de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, tres personas fueron asesinadas en un hecho que, al parecer, estaría relacionado con un acto de intolerancia en un establecimiento comercial, donde un hombre dispara de manera indiscriminada contra las víctimas, identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”, detalló el director de Indepaz, Leonardo González.

Policía informó que la riña, originada en el contexto del consumo de alcohol, derivó en un acto de intolerancia que rápidamente se salió de control. Los disparos interrumpieron el descanso de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a tres personas sin signos vitales y a otras con heridas graves.

La Sijín de la Policía Judicial asumió la investigación para esclarecer las circunstancias y dar con el responsable del crimen. Un elemento relevante para los investigadores es que dos de las víctimas mortales presentaban antecedentes judiciales, aunque hasta el momento no se ha determinado si existe relación entre estos antecedentes y el ataque. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y no descartan ninguna línea de investigación.

Indepaz subrayó que la Defensoría del Pueblo había emitido previamente la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2025, advirtiendo sobre el riesgo para las comunidades rurales de Popayán y municipios cercanos. La alerta señalaba la expansión del Bloque Occidental comandante ‘Jacobo Arenas’ del ELN a través del Frente ‘Jaime Martínez’, estructura armada que, junto a bandas locales, disputa el control de corredores estratégicos en la región.

Esta pugna ha generado amenazas, homicidios y desplazamientos forzados. En el caso específico de Popayán, las autoridades no han atribuido el crimen a grupos armados, aunque no descartan que intereses de estructuras ilegales estén detrás de estos hechos.

La víctima fue identificada como Paul Antony Castañeda Saavedra, de 30 años, quien manejaba su automóvil cuando fue interceptado por un presunto sicario. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un sujeto se acercó al vehículo y disparó contra el conductor a quemarropa, sin darle opción de defenderse. Gravemente herido, Castañeda fue trasladado de emergencia a una clínica local, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Ataque a quemarropa que sembró el terror

De acuerdo con los reportes policiales, el atacante realizó al menos seis disparos que impactaron directamente en el estudiante de Derecho. Su pareja, una joven estudiante de Medicina, presenció la escena desde el interior del vehículo y relató que el sicario actuó con total frialdad al acercarse a la ventana del automóvil para rematar a su víctima.

La familia de Castañeda sostiene que no se trató de un ataque directo, sino de un intento de robo de vehículo que terminó en tragedia por la reacción del joven. Según informó diario Correo, la Policía no descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas, debido a que el fallecido presentaba antecedentes penales, según informaron fuentes de la investigación.

El hecho ha causado gran indignación entre vecinos y transeúntes, quienes manifestaron sentirse inseguros ante la creciente ola de violencia que vive la provincia de Trujillo. El distrito de Víctor Larco, considerado hasta hace unos años como una zona tranquila, se ha convertido en escenario de hechos sangrientos relacionados con el crimen organizado.

Ola de violencia en Trujillo

Este asesinato se suma a la alarmante cifra de más de 70 homicidios registrados en lo que va del 2025 en la provincia de Trujillo, una de las más golpeadas por la delincuencia y el sicariato en el norte del país. Extorsiones, atentados con explosivos y crímenes por encargo se han vuelto parte del día a día en la región, que se mantiene bajo la presión del crimen organizado.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron hasta la escena del ataque para recoger casquillos de bala y analizar los videos de las cámaras de seguridad. Mientras continúan las investigaciones, el asesinato de Paul Castañeda refuerza la preocupación de la ciudadanía ante la falta de control sobre la violencia en Trujillo, donde la vida cotidiana de miles de familias sigue marcada por el temor.

Canales de emergencia PNP

En medio de la creciente ola de inseguridad que enfrenta el país, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de conocer y tener siempre a la mano los números de emergencia. Una llamada a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que estos canales, disponibles en Lima y provincias, buscan garantizar una respuesta rápida y efectiva frente a delitos, accidentes o situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas. Entre los principales servicios se encuentran:

• Policía Nacional del Perú (PNP): línea 105 y WhatsApp 964 605 570 / 942 479 506
• Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): número 116 para incendios, rescates y fugas de gas

En casos médicos, los servicios de emergencia también disponen de recursos gratuitos y permanentes. El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece ambulancias a nivel nacional a través del 106, mientras que EsSalud, mediante su Sistema de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), atiende y traslada a sus asegurados llamando al 117. Todos estos números están activos las 24 horas del día y representan herramientas clave para salvar vidas y atender con inmediatez a la población en situaciones críticas.

El magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay a manos de un menor de edad en el noroccidente de Bogotá se ha llevado la atención de Colombia y comunidades a nivel internacional.

El proceso investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación ha dejado la captura de siete personas implicadas en el crimen del precandidato presidencial.

Uno de ellos es alias Tianz, menor de 15 años de edad, que fue el responsable de dispararle al funcionario en repetidas ocasiones, causándole la muerte dos meses después del ataque.

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En medio de la conmoción por lo ocurrido, ese mismo día el joven fue capturado, luego de que algunos policías y personal de seguridad de Miguel Uribe Turbay lo persiguieran algunas cuadras luego de activar el arma de fuego, y resultara herido en una de sus piernas en el intento de escape.

El caso ha tenido un sinfín de discusiones sobre la condena y los posibles beneficios que ‘Tianz’ pueda tener al ser menor de 18 años; sin embargo, un juez le habría cerrado la puerta a estas condiciones.

En Los secretos de Darcy, para La FM, la periodista reveló un aparte de la diligencia en la que el juez de adolescentes explicó por qué no es correcto imponer una sanción en lugar de la privación de la libertad en su totalidad, poniendo en tela de juicio la capacidad y contundencia del sistema judicial colombiano.

“Sustituir la privación de la libertad por una sanción no privativa puede llevar un mensaje equivocado, no solo al joven infractor, sino también a la sociedad; en principio, porque la levedad de las sanciones en el tiempo y su carácter pedagógico no muestran la seriedad y contundencia que debe darse como reproche por su actuar doloso y violento; y, en segundo lugar, una sensación de impunidad al considerar la respuesta del Estado inadecuada y laxa”.

De igual manera, ratificó que este hecho pone en primer plano el difícil momento de seguridad que atraviesa el país, teniendo en cuenta que se permearon esquemas de seguridad, y se afectaron figuras políticas que se estaban preparando para una disputa en las urnas, con una finalidad clara, cambiar la dirección de Colombia.

“Para el caso de estudio, tal acto ha convulsionado a todo un país, ampliando el desasosiego en toda la comunidad, porque con tal acto criminal se ha acrecentado la sensación de inseguridad y los niveles de violencia por los que lamentablemente atraviesa Colombia y, sin lugar a dudas, porque este acto en su contexto se enmarca en un atentado contra valores tan preciados para nuestra sociedad como lo son la vida y la democracia, al violentar a una persona que, siendo senador, aspiraba igualmente a mantenerse en una contienda electoral para la Presidencia de la República”, concluyó el togado.

Entre los implicados, la Fiscalía identificó a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, como el presunto autor intelectual. De acuerdo con la investigación, ofreció dinero a varios de los involucrados y coordinó reuniones para planificar el atentado, incluyendo un encuentro el 4 de junio en la localidad de Bosa.

El día anterior al ataque, inspeccionó el parque El Golfito para definir rutas de escape y, el 7 de junio, entregó personalmente el arma al menor que ejecutó el disparo mortal. Tras el atentado, huyó junto a alias Gabriela en un vehículo.

Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, participó en la logística y supervisión del ataque, además de trasladar el arma al menor. Fue detenida en Florencia (Caquetá) y enfrenta cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores en delitos, entre otros.

Carlos Eduardo Mora condujo el vehículo en el que se entregó el arma al menor y facilitó la huida de los autores materiales. La Fiscalía le imputó homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir.

William Fernando González, alias El Hermano, debía facilitar la fuga del sicario en motocicleta, pero el plan falló cuando el menor fue capturado. González, con antecedentes por tráfico de armas y hurto, se entregó voluntariamente y permanece bajo detención.

Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, habría intervenido en todas las fases de planeación y contactó al menor ejecutor. Según las autoridades, acumula más de diez años de historial criminal y antecedentes por tráfico de estupefacientes y estafa.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), los fallecidos han sido identificados como Jorge Luis Martínez Marquina y Jerónimo Martínez Marquina, ambos hermanos, y Francisco Vilela Santos, este último propietario del establecimiento donde tuvo lugar el ataque. El cuarto herido fue identificado como Pablo Sánchez, conocido como “el Viejo Pablo”, señalado por las autoridades como presunto integrante de una organización criminal activa en la región.

El coronel Javier Arana, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo (Digo Puz), declaró a medios locales que el atentado estaría relacionado con disputas entre bandas delictivas que operan en la ciudad. De acuerdo con sus declaraciones, “dentro de las personas que han sido afectadas por este atentado está una persona conocida, integrante de ‘los Pulpos’, que es el que está herido. Probablemente, se trata de una disputa con otra organización criminal de la zona”. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de un ajuste de cuentas motivado por el control territorial o actividades ilícitas en la localidad.

El oficial señaló que las investigaciones aún se encuentran en curso y que los equipos especializados buscan determinar si los recientes ataques armados registrados en Trujillo guardan relación con este hecho violento. “Estamos verificando si los últimos atentados tienen algún vínculo con este grupo en particular o si se trata de una reorganización de otras bandas en la ciudad”, sostuvo el coronel Arana, quien agregó que se están evaluando antecedentes policiales y posibles vínculos entre las víctimas y organizaciones delictivas locales.

La Policía Nacional intensificó los patrullajes en Alto Trujillo y distritos cercanos ante el temor de represalias o nuevos hechos de violencia entre grupos rivales. El sector donde ocurrió el ataque fue escenario en los últimos meses de otros incidentes armados que las autoridades atribuyen a conflictos por el control de actividades ilícitas, entre ellas extorsión, microcomercialización de drogas y cobro de “cupos”.

Residentes de la zona manifestaron preocupación y exigieron mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos que afectan la vida cotidiana y la seguridad de las familias en Trujillo. La Policía ha solicitado la colaboración de ciudadanos que puedan brindar información sobre los presuntos responsables y continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los móviles de este triple homicidio.

Las secuelas de la violencia

El ataque con explosivos ocurrido la noche del 5 de septiembre en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, dejó profundas secuelas emocionales en al menos 30 familias, según informó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad. Después de la detonación registrada en la calle Lizarzaburu, tanto niños como adultos han manifestado síntomas como ansiedad, miedo persistente, respiración agitada y temblores, indicaron especialistas que realizaron intervenciones casa por casa.

Durante la evaluación psicológica, se observó que los niños presentaban temor constante, episodios de llanto prolongado y cambios de conducta, mientras que los adultos y adultos mayores reportaron angustia, nerviosismo y temor a nuevos atentados. Además, entre personas con enfermedades preexistentes o trastornos mentales, el impacto fue especialmente crítico, requiriendo incluso atención especializada.

El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, subrayó que la atención debe comprender tanto el bienestar físico como el mental de las víctimas. Señaló también que algunas familias optaron por no recibir ayuda psicológica por miedo a represalias de los grupos criminales responsables del atentado.

El Juzgado 61 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Harold Daniel Barragán Ovalle, el séptimo implicado en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del atentado sicarial que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según el juez, la evidencia es clara de que Barragán Ovalle hizo parte de la organización criminal que se encargó de realizar seguimientos a los movimientos del congresista del Centro Democrático.

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En esta organización varios integrantes se encuentran judicializados, el joven tuvo una participación activa reclutando al menor de 15 años al que le dieron instrucciones precisas para que atentara contra la vida del precandidato presidencial que se encontraba dando un discurso político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Durante el dictamen contra alias Harold, el juez reprochó que se utilizara de esa manera a un menor de edad. “Se aprovecharon de sus vulnerabilidades y necesidades para convencerlo de ejecutar una acción criminal bajo una promesa económica”.

A la par, enfatizó la importancia de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, puesto que involucrarlos en actos delictivos es vulnerar todo su proceso de desarrollo.

“Tenemos que protegerlos. Y en vez de ponerles una pistola en la mano, deberíamos ponerles un cuaderno y un lápiz debajo del brazo o darles las oportunidades para estudiar, para crecer, para desarrollarse”.

Agregó: “Y aquí, para dar coadyuvancia por parte del representante de víctimas a la afección que se hace al conglomerado social, y no solo es una afectación a la víctima y a sus familiares, sino a la sociedad, a la democracia, a la libertad de expresión, a la participación política, a la libertad de pensamiento, lo cual hace de esta medida de aseguramiento proporcional en todo sentido. Igualmente, las víctimas y la sociedad tienen derecho a la verdad y a la justicia”.

Así las cosas, dijo que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de trabajar a favor del libre desarrollo de los menores de edad, con el fin de asegurar el futuro del país.

“Y el Estado tiene la obligación de colmar esas expectativas y aplicar estas medidas oportunas para prevenir el actuar delictivo y juzgar a las personas de las que se infiera razonablemente. Inferencia. ¿Por qué decimos que inferencia? Porque de pronto para algunos la palabra suena un poco no entendible”.

A lo largo de su intervención, el juez concluyó que el procesado —quien fue detenido en la noche del pasado viernes 29 de agosto de 2025— representa un evidente peligro para la sociedad. Igualmente, puede evadir la justicia emprendiendo la fuga al salir de la ciudad.

“La medida de aseguramiento es necesaria para salvaguardar la administración de justicia, proteger a la comunidad porque se considera que el imputado representa un peligro para la seguridad misma [...]. La imposición no resulta caprichosa”, precisó el juez.

El funcionario judicial sostuvo que “no es una venganza, no, es una forma de asegurar la administración de justicia, la verdad y proteger a la comunidad”. Insistió en “¿cómo no va ser necesario restringirle el derecho a la libertad cuando una sociedad se encuentra amenazada? Es urgente para evitar que el indiciado continúe con ese actuar".

Esto teniendo en cuenta que durante dos meses alias Harold entregó a la Fiscalía General de la Nación varios elementos probatorios que fueron manipulados, lo que representa un intento de desviar la investigación.

“Las víctimas, la sociedad y la comunidad merecen saber qué fue lo que ocurrió”, señaló el juez de control de garantías.

El 1 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la intervención en dos inmuebles en Medellín que habrían sido adquiridos con dinero del cartel de Medellín, organización criminal que fundó Pablo Escobar.

En el comunicado oficial, la entidad, indicó que los inmuebles habrían pertenecido a testaferros de Roberto de Jesús Escobar Gaviria “El Osito”, hermano de Pablo Escobar, y Sebastián Alzate Urquijo “Arete”, uno de los sicarios más temidos del cartel de Medellín.

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Sobre Alzate, informaron que adquirió las propiedades durante el tiempo en que acumuló ganancias ilícitas por tráfico de cocaína y acciones terroristas. La investigación determinó que ambos exintegrantes participaron en la consolidación financiera del cartel de Medellín y utilizaron familiares y terceros para ocultar y legitimar estos activos.

Por estos hechos, la fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los inmuebles, valorados en más de mil millones de pesos.

¿Quién es ‘Arete’, uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar?

Esta no es la primera vez que las autoridades incautan una propiedad de Roberto Escobar en los últimos años, puesto que en 2024 intervinieron una finca que habría sido ocultado por el hermano de Pablo Escobar durante varios años.

Sin embargo, es una novedad la mención sobre Alzate, que fue uno de los sicarios más conocidos del cartel de Medellín en el auge de la guerra contra el Estado en los 80.

De “Arete” hay varias fotografías que en su momento fueron expuestas por “El Chino” fotógrafo personal de Pablo Escobar, en las cuales quedo en evidencia que Alzate no solo era trabajador del narco, sino también alguien cercano a los cabecillas de la estructura criminal.

“Arete” ha sido vinculado a varios atentados terroristas registrados en los 80; precisamente, uno de estos hechos fue utilizado por el antioqueño para negociar su entrega a las autoridades.

En su momento, Alzate declaró en contra de Dandenys Muñoz “La Quica” por la bomba al vuelo 203 de Avianca, que explotó en medio de un trayecto entre Bogotá y Cali, que tenía como objetivo el asesinato del entonces candidato presidencial Cesar Gaviria.

Por este crimen, Muñoz permanece en una prisión de Estados Unidos, aunque ha declarado no haber participado del atentado; de la misma forma, ha responsabilizado a “Arete” por lo registrado el 27 de noviembre de 1989.

Además, un grupo de familiares de víctimas del atentado también ha recolectado pruebas del atentado y han pedido respuestas a la justicia colombiana, asegurando que “La Quica” no participó del atentado.

Cabe recordar que “Arete” fue uno de los sicarios de Pablo Escobar que se sometió a la justicia en la parte final de la guerra, coincidiendo en varios centros penitenciarios con otros hombres del capo, como “Popeye”.

Debido a la búsqueda de venganza que tenía otras organizaciones criminales de la época, “Arete” paso reiteradas veces de la cárcel de Itagüí a La Picota, hasta que en 2001 fue dejado en libertar.

Precisamente, cuando estaba saliendo de prisión, fue víctima de un atentado en su contra, cuando sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones; sin embargo, logro recuperarse después de estar varias semanas en cuidados intensivos.

Cabe recordar que, como parte del acuerdo al que llegó con las autoridades, solo pago ocho años de prisión por alrededor de 250 asesinatos, además de su participación en diferentes atentados terroristas, como la bomba a la sede principal del DAS.

Después de salir de un centro médico, Alzate fue incluido en un programa de protección a testigos y desapareció de Colombia; antiguos integrantes del cartel de Medellín han afirmado que se encuentra radicado en España, pero esto no ha sido confirmado en ningún momento.

El precandidato y senador de la República por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en su contra que causó su muerte el 11 de agosto de 2025.

Las autoridades lograron la captura del sicario, un menor de edad, el 7 de junio de 2025, día de los hechos; este fue detenido en la escena del crimen y llevado al búnker de la Fiscalía General de la Nación para que enfrentara la justicia y revelara detalles sobre los otros implicados en el hecho.

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Tras varios meses de indagación, el atacante fue condenado a 7 años de prisión por el asesinato del congresista, los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De acuerdo con el juez, será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La pena impuesta se dictó según lo establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, explicó el ente acusador en un comunicado.

Y agregó: “La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

Alias Tianz además de confesar su responsabilidad en el magnicidio, aceptó los delitos que le fueron imputados una semana después del fallecimiento del precandidato presidencial.

“Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Siete días después, el senador y precandidato Uribe Turbay murió. La sanción conocida es primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Este proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”.

A su vez, el menor explicó cómo lo contactaron y le entregaron el arma con la que disparó contra la humanidad de Uribe Turbay.

“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”.

Las declaraciones de imputado fueron de gran relevancia para la captura de los otros procesados: Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco; Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela; William Fernando González, Cristian Camilo González y Elder José Arteaga, reseñado con el alias el Costeño y presunto coordinador logístico del ataque sicarial.

Inteligencia estaría cerca de completar el rompecabezas del crimen

En el caso del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se manejan dos líneas de investigación, una ligada a los capturados, que es encabezada por la Fiscalía General de la Nación, y la segunda, de inteligencia, por parte de las Fuerzas Militares.

Sobre este segundo enfoque, Noticias Caracol informó que las agencias de inteligencia estarían cerca de armar el rompecabezas del crimen, en el que todo señala que los responsables serían disidentes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

La Fiscalía General de la Nación reveló que el menor de edad acusado de ser el autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue sancionado con 7 años privado de la libertad. De acuerdo con el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el joven será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, explicó el ente acusador en un comunicado.

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Y agregó: “La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

La condena fue reducida por confesar su responsabilidad en el magnicidio y aceptar los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, que le fueron imputados, una semana después del fallecimiento del precandidato presidencial. Además, la información que suministró fue clave para capturar a los otros involucrados en el hecho.

La sanción impuesta al menor generó una ola de reacciones en el sector político colombiano. Desde el Centro Democrático, partido en el que militaba Uribe Turbay, consideran la decisión laxa en comparación a la gravedad del crimen.

Para el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, la sanción es irrisoria y una vergüenza, puesto que no castiga al sicario, además de enviar un mal mensaje de cara a la eficacia de la justicia colombiana.

“Bueno, lo primero es esto nos genera un enorme dolor. Yo creo que una sociedad que, no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje, más allá de quien haya cometido el delito sea un menor de edad. Yo creo que el mensaje que le estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”, dijo en rueda de prensa.

De igual manera, sostuvo que es necesario que los órganos de control reflexionen sobre la forma en la que juzgan a la criminalidad, puesto que, a su juicio, premian a los delincuentes.

“Ojalá este país haga una reflexión profunda y replantee el sistema sancionatorio, porque creo que esta pena, la verdad, es que revictimiza no solamente a la familia, sino que revictimiza a un país entero, a nosotros como colectividad política. Yo creo que este país no puede seguir premiando o generando este tipo de situaciones a quienes cometen delitos. Muy perverso”.

Con una visión similar, Andrés Barrios, concejal de Bogotá, que estuvo junto a Miguel Uribe Turbay en el momento del atentado, cuestionó la sanción impuesta al menor.

En ese sentido, el cabildante señaló que la pena es mínima en comparación al dolor que causó. A su juicio, pese a que es menor de edad, debería ser juzgado con todo el peso de la ley.

“El asesino de Miguel Uribe Turbay fue condenado a solo siete años de prisión. Esta decisión produce vergüenza y dolor, pues aunque es un menor de edad, se trata también de un delincuente y magnicida que merece todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Barrios también considera que la sentencia deriva del enfoque con relación a la criminalidad que tiene el actual gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Indignante. Esto es consecuencia de la permisividad del señor Gustavo Petro, quien premia a los delincuentes”.

Una persecución que puso en vilo a la ciudad

La secuencia de los hechos inició en Santa Anita y se expandió por los distritos de El Agustino y Santiago de Surco. En medio del tráfico, los sujetos intentaron escapar en una motocicleta luego de disparar en varias ocasiones al conductor de la cúster, según imágenes recogidas por cámaras de seguridad. Durante la huida, abrieron fuego contra agentes de serenazgo y la Policía Nacional, exponiendo a transeúntes y conductores al intercambio de disparos.

Testimonios de agentes y personal de serenazgo de los municipios involucrados relataron que, pese al enfrentamiento armado, lograron coordinar su intervención en medio de una congestión vehicular. Ellos no portaban armas y, aun así, enfrentaron a los sospechosos.

Nueva modalidad para ejecuciones y extorsión

Las investigaciones preliminares indicaron que el ataque fue ejecutado por encargo. Uno de los perpetradores se hizo pasar por pasajero, subió a la unidad e identificó a su objetivo antes de accionar el arma en al menos seis ocasiones. “Como cinco disparos”, admitió Antony José Guevara en una confesión grabada y difundida por las autoridades peruanas.

El crimen reveló una modalidad empleada por ciertas bandas criminales conocidas en el sector por actos de extorsión contra empresas de transporte urbano. Las autoridades atribuyen la autoría intelectual a un miembro local, quien habría coordinado el ataque y proporcionado datos al sicario. De acuerdo con la declaración de Guevara, “el peruano” fue quien le indicó el objetivo y organizó la entrega del arma.

La confesión, las pruebas y la investigación en curso

Durante su interrogatorio, Guevara reconoció haber recibido una oferta de “dos mil soles” para cometer el asesinato, aunque alegó que nunca cobró el dinero pactado. También detalló que recibió el arma de fuego en el distrito de Puente Piedra mediante otro sujeto, al que identificó como compatriota y colaborador del supuesto autor intelectual peruano. “El venezolano fue que me comunicó un número colombiano y de ahí no me comuniqué más”, explicó en presencia de la Policía.

Además de la confesión, el caso suma imágenes de vigilancia, testimonios de pasajeros, análisis balísticos y pruebas forenses. Funcionarios de la DIRINCRI (División de Investigación Criminal) tienen bajo custodia a ambos acusados y evalúan otras conexiones con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión del sector transporte, según fuentes consultadas por Buenos Días Perú.

Impacto y siguiente etapa judicial

La investigación estará a cargo de la fiscalía, que determinará la vinculación de los sospechosos con otros hechos similares en Lima. Los implicados permanecen detenidos en la comisaría de Salamanca, a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las indagaciones sobre la estructura criminal detrás del atentado.

“Fue un encargo para asesinar, me ofrecieron dos mil soles”, confesó Guevara según el registro policial. Las autoridades buscan identificar si existen otros responsables y esclarecer la cadena de mando en la organización señalada por los sindicados.

Alexis Mauro Rial, identificado como reclutador de sicarios y ejecutor de ataques armados para la organización liderada por Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, fue condenado a 14 años de prisión en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La decisión judicial, homologada por el juez Mariano Aliau, responde a una serie de delitos cometidos en 2022, que incluyen atentados con armas de fuego, lesiones a varias personas y portación ilegal, en el marco de la operación de un grupo con ramificaciones en el sur santafesino y derivaciones penales a nivel nacional.

La pena se alcanzó tras un juicio abreviado, gracias a un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Rial, según informó el portal del diario La Capital.

El acusado, conocido como “Maurito” o “Rafa”, se encontraba sindicado como uno de los referentes claves de la banda encabezada por Rodríguez Granthon, condenado a perpetua y considerado uno de los principales proveedores de droga en la región.

Según planteó Socca en la audiencia del miércoles, la estructura liderada por Rodríguez Granthon consolidó su control territorial por medio de maniobras violentas entre enero y diciembre de 2022, desplazando a rivales e imponiendo sus reglas en barrios conflictivos del norte y oeste rosarino.

Además, parte de la red operaba desde establecimientos penitenciarios, donde se gestaron también órdenes para ejecutar balaceras y operaciones de narcotráfico a gran escala.

El fallo clarifica que Rial ocupó un lugar determinante en la cadena de mando. A órdenes de Brian Emanuel Villalba, considerado jefe de sicarios, y del propio “Peruano”, tenía a su cargo la selección y reclutamiento de tiratiros, la distribución de tareas, armas y vehículos, así como la logística necesaria para materializar actos delictivos.

En la sentencia, el tribunal enumeró casos de extorsión y ataques armados —apuntados a resolver deudas vinculadas al tráfico de drogas según la acusación— entre los que se destaca el registrado el 23 de enero de 2022.

Aquel día, a las 20.30, Rial y otros dos jóvenes circulaban en una motocicleta Honda Wave roja y dispararon trece veces contra una vivienda de Doctor Riva al 5600. Investigadores atribuyeron estos ataques al intento de cobrarse 150 mil dólares en concepto de deuda.

Los ataques se repitieron en febrero y abril del mismo año, bajo una modalidad de incremento de la presión y la amenaza. Tras el despliegue policial y las pesquisas, se estableció que los autores ejecutaban directivas provenientes desde el penal de Ezeiza.

Otro hecho de gravedad atribuido a Rial ocurrió el 29 de mayo de 2022 a las 14.50 en Lamadrid y Balcarce, frente a un carrito de comida del barrio Municipal. Dos motos tipo Tornado blancas arribaron al lugar y sus ocupantes efectuaron quince disparos que alcanzaron a dos hombres, provocando fracturas y heridas de consideración.

Según los antecedentes mencionados por la justicia, uno de los heridos había sido amenazado anteriormente vía Facebook y fue víctima de un nuevo ataque el 20 de julio de ese año bajo la escalera de su propia casa, donde resultó herido en abdomen, cadera y una pierna.

La condena también abarca el delito de encubrimiento por la adquisición y circulación de una moto Honda Twister de 250 cc robada y adulterada, recuperada en un control vial en julio de 2022, así como el uso de un Volkswagen Gol Trend robado y la tenencia de una pistola Bersa 9 mm sin numeración, recuperada por personal de la ex Agencia de Investigación Criminal.

El líder de la banda, el propio Rodríguez Granthon, piloto civil preso en Ezeiza y señalado como socio principal de Los Monos, fue condenado a perpetua en 2024 por liderar desde prisión el robo del auto utilizado en el asesinato del pastor y ex concejal rosarino Eduardo Trasante. En mayo de este año, ocho de sus sicarios recibieron diferentes penas por formar parte de su organización.

Un presunto sicario y un taxista fueron imputados en la tarde de este lunes en Rosario por haber participado en el asesinato de Juan Cruz Osuna, el nene de 13 años que recibió múltiples disparos mientras jugaba con TikTok junto a su primo en el living de su casa el pasado 6 de julio.

Según la acusación de la fiscal Marisol Fabbro, Alexis Cristian “Pacha” Gauna (32) fue quien jaló el gatillo contra los menores. En tanto, Sebastián Rodolfo Masciarelli (51) condujo el auto que sirvió de transporte de otro involucrado.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez penal de primera instancia Fernando Sosa, quien ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Gauna y Masciarelli.

De acuerdo a la teoría del caso, en el ataque ocurrido en Camino de los Quinteros al 2800, en el barrio Tío Rolo, participaron varias personas. Gauna iba como acompañante de una moto y Masciarelli trasladó a uno de los involucrados en su taxi, un Prisma modelo 2017.

Para la fiscal, “Pacha”, el motociclista y el pasajero que había trasladado el taxista fueron hasta el domicilio en el que estaba Osuna junto a su primo, de 8 años, y dispararon a través de una ventana que da al comedor de la propiedad, donde jugaban los menores.

Juan Cruz Osuna falleció por impactos de bala en el tórax, pierna derecha y hombro izquierdo. Su primo Thiago recibió un disparo en el rostro, estuvo varios días internado y luego fue dado de alta.

Para los investigadores policiales es difícil que el tirador no haya visto a quiénes apuntaba, ya que la ventana de la casa que da a la calle no tenía persiana y solo había una cortina transparente.

El móvil del ataque es una incógnita por el momento. “Pacha”, de momento, está sindicado como un presunto tiratiros por encargo y cuenta con varias detenciones en los últimos años.

El 20 de marzo de 2023, Gauna fue aprehendido tras una balacera en Lainez al 700. El Comando Radioeléctrico le secuestró un revólver calibre 32. En tanto, el 27 de abril del año pasado lo arrestó la Policía en Cavia y Larrechea, donde intentó robarle el arma reglamentaria a un agente. También fue víctima en 2021 de una balacera contra su propiedad de la zona sur, donde le dieron siete tiros.

El crimen del menor

El crimen sucedió el pasado 5 de julio, cuando el adolescente y su primo de 8 años jugaban dentro de una vivienda ubicada en Camino de los Quinteros al 2800, en el barrio Tío Rolo. En ese momento, un hombre disparó en dirección a la habitación donde se encontraban los niños.

En total, confirmaron que fueron siete los disparos que ingresaron en la propiedad. Mientras dos de ellos impactaron contra la pierna y la mandíbula del primo de Juan Cruz, el resto fueron hallados en el cuerpo del adolescente. Por este motivo, terminó por ser declarado muerto minutos después de que ingresara al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

En total, confirmaron que fueron siete los disparos que ingresaron en la propiedad. Mientras dos de ellos impactaron contra la pierna y la mandíbula del primo de Juan Cruz, el resto fueron hallados en el cuerpo del adolescente. Por este motivo, terminó por ser declarado muerto minutos después de que ingresara al HECA.

“El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos”, reconstruyó Ramón, padre del menor de 8 años, días después del ataque. Por este motivo, consideró que “no fue para nada por error”, ya que señaló que el tirador había apuntado directamente contra los menores de edad.

Pese a esa convicción, la familia no logra explicar las razones del ataque. “Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie”, reafirmó el padre del nene herido, tras conocerse que los nenes jugaban con TikTok al momento de ser agredidos.

Las víctimas se encontraban en el local ubicado en la primera cuadra del jirón Cusco cuando un sujeto ingresó y disparó directamente contra ellas. De acuerdo con los primeros reportes, los responsables llegaron en una motocicleta y huyeron tras la agresión. Vecinos auxiliaron a las personas heridas y las trasladaron a un hospital cercano.

Ataque en restaurante del jirón Cusco

El ataque ocurrió en un establecimiento de comida ubicado a pocos metros del mercado central del Callao y en inmediaciones de la avenida Sáenz Peña, una zona con alto tránsito peatonal y presencia de comercios. Según narraron testigos, la familia había acudido al restaurante para compartir una cena por el Día del Niño cuando fueron sorprendidos por el agresor armado.

La víctima mortal aún no ha sido identificada por las autoridades. Peritos de Criminalística ingresaron al local para levantar evidencias, recoger casquillos de bala y tomar fotografías de la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Callao para los procedimientos de ley.

Menor entre las víctimas

Entre las heridas se encuentra una niña de nueve años, hija de una de las mujeres atacadas. La menor fue alcanzada por un proyectil durante los disparos. Testigos indicaron que la niña estaba junto a su madre cuando el atacante abrió fuego contra ellas sin mediar palabra.

Vecinos y comerciantes auxiliaron a la menor, la colocaron en una patrulla policial y la trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión. Allí también fue conducida otra mujer que resultó lesionada en el mismo hecho. Ambas permanecen bajo observación médica y no se ha brindado un parte oficial sobre su estado de salud.

Reacción de la Policía Nacional

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional acordonaron el área e iniciaron un operativo en las calles cercanas para ubicar a los responsables. Agentes motorizados recorrieron la zona mientras se recogían testimonios de los vecinos que presenciaron la balacera.

La División de Homicidios de la Dirincri y la unidad de Criminalística se encargaron de las diligencias en el restaurante. También se revisarán cámaras de seguridad de los comercios y viviendas del jirón Cusco para obtener información sobre la motocicleta en la que huyeron los atacantes.

Vecinos reportaron momentos de tensión

Los residentes señalaron que se escucharon al menos cinco disparos. Algunos buscaron refugio en locales aledaños mientras otros auxiliaban a las víctimas. La situación generó pánico entre quienes transitaban por la zona, debido a que el restaurante se encontraba concurrido por familias que habían salido a cenar.

El hecho se suma a otros actos violentos reportados en el Callao en las últimas semanas, lo que ha generado preocupación en la población. Comerciantes de la zona expresaron temor por la inseguridad y pidieron mayor presencia policial en áreas con alta afluencia de público.

Tras más de un mes de intensa búsqueda internacional, las autoridades colombianas detuvieron en Barrancabermeja a Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven sicario venezolano de 18 años que había sido liberado por error en Chile, pese a estar imputado por el homicidio del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”.

La captura, confirmada este fin de semana por la Policía Nacional de Colombia, generó un fuerte impacto en la región, ya que durante semanas se desconocía el paradero del peligroso delincuente.

En un principio, las alarmas se habían encendido en la Patagonia, donde se sospechaba que podía haberse refugiado. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, incluso, pidió a la población que comunicara cualquier pista sobre su paradero.

Las fuerzas de seguridad en Bariloche y Villa La Angostura montaron operativos de control fronterizo, pero el sicario ya había logrado cruzar hacia Colombia y cambiar su apariencia: se tiñó de rubio.

Lo que terminó delatándolo fue un tatuaje del rostro de Zeus en su mano derecha, el mismo que figuraba en los registros de la PDI chilena. Esa coincidencia permitió a los investigadores confirmar su identidad y capturarlo en la ciudad petrolera de Barrancabermeja.

La detención fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con el apoyo del programa europeo de cooperación judicial y policial El Paccto.

El director de la Policía colombiana, mayor general Carlos Fernando Triana, celebró el éxito del operativo: “Seguiremos trabajando coordinados contra el crimen organizado y las estructuras criminales trasnacionales como el Tren de Aragua.

Tras su arresto, Mejía Hernández quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que ya inició los trámites de extradición hacia Chile. Allí deberá enfrentar el proceso por homicidio calificado y responder también por las irregularidades vinculadas a su liberación.

Mientras tanto, en Chile, el caso continúa sacudiendo al Poder Judicial. Se investigan responsabilidades internas y se analizan posibles vulneraciones en los sistemas informáticos.

El caso

Mejía Hernández fue detenido en Santiago de Chile el 20 de junio, acusado de ser el autor material del asesinato de Reyes Ossa, ocurrido en Ñuñoa un día antes. Según la investigación, el crimen estuvo vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Al sicario venezolano lo habría contratado un conocido de la víctima. A partir de testimonios de los propios involucrados en el hecho indicaron que el autor intelectual sería una persona de nacionalidad chilena que tendría conflictos amorosos con el hombre asesinado.

El Octavo Juzgado de Garantía había ordenado el 9 de julio su prisión preventiva, considerando que representaba un “peligro para la sociedad” y que existía un claro riesgo de fuga.

Sin embargo, al día siguiente, el 10 de julio, una resolución electrónica permitió su excarcelación. Hasta hoy no se sabe si se trató de un error administrativo o de una manipulación deliberada del sistema judicial.

El hecho desató un escándalo en Chile: la fiscalía abrió una causa paralela para investigar si se falsificó la resolución o si hubo complicidad interna. La jueza Irene Rodríguez, que había ordenado primero la prisión preventiva, quedó en el centro de la polémica.

Tras recuperar la libertad, Mejía Hernández –quien había ingresado al sistema judicial con la identidad falsa de Osmar Alexander Ferrer Ramírez– desapareció. Interpol había emitido una alerta roja y los gobiernos de Chile, Argentina y Colombia desplegaron operativos coordinados.

La violencia criminal volvió a irrumpir en una de las zonas más exclusivas de Lima. La noche del viernes, un hombre identificado como Gianfranco Carlo Navarro Chirieleison, de 43 años, fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su camioneta en la primera cuadra de la calle Bartolomé Herrera, a pocos metros del Óvalo Gutiérrez, en el distrito limeño de Miraflores.

De acuerdo con las primeras informaciones, Navarro, agente inmobiliario de profesión, fue interceptado por dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta. Los atacantes se aproximaron al vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la víctima, quien recibió dos impactos de bala a la altura del cuello. El crimen ocurrió pasada las 10:30 de la noche y generó pánico entre vecinos y transeúntes que circulaban por la concurrida avenida Santa Cruz.

Sicariato en plena zona exclusiva

Según las primeras pesquisas, el ataque presenta las características de un ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato, una práctica que se ha vuelto recurrente en diversos distritos de Lima, pero que ahora alcanzó a Miraflores, conocido por ser un área de alta vigilancia y tránsito peatonal.

Los dos atacantes huyeron rápidamente abordo de una motolineal por la avenida Santa Cruz en dirección desconocida, dejando tras de sí casquillos de bala regados en el pavimento y una camioneta con los vidrios destrozados por los disparos. La escena del crimen quedó marcada por el terror entre los residentes, que no ocultaron su preocupación por la irrupción de este tipo de violencia en un barrio considerado seguro.

Testimonios de los testigos

Varios testigos relataron con detalle lo ocurrido. “Escuché los dos balazos que sonaron, lo sacamos al herido, lo pusimos en la vereda, el doctor se puso a ver y comprobamos que tenía dos agujeros de bala en el cuello”, narró un vecino para RPP, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Otro de los residentes de la zona recordó que, pese a la gravedad de las heridas, el agente inmobiliario aún presentaba signos vitales. “Cuando nosotros lo subimos a la tolva del patrullero, todavía respiraba, pero hará una hora, la señorita que era su copiloto lloró fuerte y dijo que ya había fallecido”, señaló entre la conmoción de quienes lo auxiliaron.

Dentro de la camioneta también se encontraba la pareja de Navarro, quien iba en el asiento del copiloto. La mujer salió ilesa del ataque, pero fue testigo directo del atentado. Entre lágrimas, confirmó a los vecinos y policías que su compañero había perdido la vida tras ser trasladado de emergencia a un hospital de la zona.

Investigación policial

Luego del violento ataque, al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de Miraflores, quienes acordonaron la zona para proteger la escena del crimen. Especialistas de criminalística recogieron las primeras evidencias, incluyendo casquillos de bala y las perforaciones de proyectiles en la camioneta.

La División de Homicidios de la Dirincri asumió la investigación, mientras que la Depincri Miraflores trabaja en la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el perímetro del Óvalo Gutiérrez y en la avenida Santa Cruz, por donde los sicarios huyeron tras perpetrar el crimen. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas. No obstante, la investigación se encuentra en curso.

A punto de cumplirse el segundo mes desde que se registró el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que permanece en cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe tras recibir tres impactos de bala, dos en la cabeza, la justicia colombiana avanza para condenar a los capturados hasta el momento por este crimen.

En el último avance registrado, el menor de 15 años que le disparó al político de derecha y cuya identidad sigue siendo protegida, aceptó formalmente los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

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Retractándose de lo registrado en la primera audiencia, horas después de que se concretó su captura, el adolescente asumió su responsabilidad por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Aunque se presume que el menor tendría un acuerdo con la fiscalía, hasta el momento esto no ha sido confirmado por el ente acusador, que confirmó que en contra del joven sicario hay testimonios del esquema de seguridad de Uribe Turbay y los videos expuestos en redes sociales en los que se observa como disparo contra el precandidato.

Con este proceso concluido, el caso del menor continua con la fase de juicio, en el que se determinará la sanción que recibirá por sus acciones, pero no será juzgado como un adulto.

Para explicar esto, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Juan José Roldán analizó el caso y aclaró que el sistema penal para adolescentes es diferente al convencional.

“A pesar de lo trágico, el sistema es totalmente diferente al sistema penal que se utiliza o al que se enfrenta un adulto. Cuando hablamos de un menor entre 14 y 18 años, el procedimiento es totalmente diferente”.

En ese sentido, aclaró que el objetivo principal de la justicia en Colombia es proteger al menor de edad, sin importar la magnitud que ha tenido el caso a nivel nacional e internacional.

“Acá los derechos de los niños están por encima de todo. Acá no se podría hablar de una pena o condena, se habla de sanciones, que puede ir de dos a ocho años por homicidio agravado o intento de homicidio, y no deja antecedentes, no se habla de enjuiciar al menor, sino de restablecerle los derechos, es una obligación del Estado que el menor no esté en la calle cometiendo estos actos”.

El penalista explicó que hay aspectos que son similares a los de un juicio contra un mayor de edad, con la diferencia marcada de que el joven no terminará, en ningún caso, recluido en una cárcel tradicional.

“Se debe verificar si las condiciones del menor permiten que afronte el proceso en una medida, no en un centro de reclusión, son centros especializados en donde ellos tienen un modelo de conducta”.

En ese sentido, el penalista indicó que es erróneo hablar de penas privativas, puesto que se busca es restablecer los derechos del imputado y que después de cumplir con el tiempo dictado por el juez, este pueda volver a ser incluido en la sociedad.

“Lo primero es que no hay penas privativas, se habla de fines protectores de los derechos de niños y adolescentes, lo que dice la ley es que se debe analizar un restablecimiento de derechos, la ley colombiana toma como una conducta desviada en la que se amerita una intervención del Estado para que retome su vida en sociedad”.

Aunque el menor intento asesinar a un precandidato presidencial, Roldán explicó que esto no hace que la pena sea mayor, y tampoco prohíbe que el imputado pueda recibir beneficios como reducción de la condena si colabora con la justicia.

“Se le debe imputar o poner presente el tipo penal de porte ilegal de armas de fuego. La pena no puede ser similar a la de una persona mayor, puesto que en casos extremadamente graves habla de máximo ocho años, ese menor puede afrontar una pena de esa índole, en la que tiene derecho a una disminución”.

Cuatro días después de la captura de Fabio Rosa Carvalho -el líder de la banda criminal “Os manos” detenido el pasado viernes en el barrio porteño de Caballito durante un operativo conjunto de la policía argentina y agentes enviados desde Brasil- la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que el flamante Departamento Federal de Investigaciones (DFI) se abocará al estudio y desarticulación en Argentina de ramificaciones del PCC (Primeiro Comando da Capital), la mayor organización criminal de Sudamérica.

“La primera investigación fundamental que le vamos a dar al DFI es la investigación sobre el PCC en la Argentina”, comunicó esta mañana la ministra Bullrich, durante una conferencia de prensa que ofreció desde la sede de su cartera.

Acto seguido tomó la palabra fue el comisario general Pascual Bellizi, quien fue presentado formalmente como jefe del DFI de la Policía Federal y brindó detalles sobre esta organización criminal. “El PCC (Primer Comando Criminal) es una organización criminal violenta que nació hace aproximadamente 30 años en Brasil. Extendió su poderío en toda la República Federativa de Brasil y su interés es extenderse en un primer momento hacia América”, advirtió Bellizi.

Abogado y experto en investigaciones, Bellizi precisó que su equipo ahora trabaja “en la identificación de estas personas y el desbaratamiento de esta organización”, con el objetivo de “evitar a toda costa que se instalen en nuestro país, porque este tipo de organizaciones son muy violentas, que traen aparejados en los lugares que trabajan crímenes y otros tipos de delitos”.

“Son organizaciones mafiosas. Tienen ceremonias de iniciación, de registración y realizan convenios para su vida delictual hacia adelante, donde la misma organización, que tiene un poderío económico importante, se encarga del cuidado de sus familiares y de sus miembros, brindándole apoyo en la vida diaria delictiva”, agregó el elegido por la ministra Bullrich para conducir la nueva fuerza creada por el Gobierno nacional.

Consultado por la situación procesal de Fabio Rosa Carvalho, Bellizi confirmó que la idea es extraditarlo a Brasil, su país natal. “Allí está acusado de más de 100 homicidios”, precisó el comisario general.

Cómo fue la detención del criminal brasileño

Tras haberse fugado de una cárcel brasileña, donde cumplía una condena por cargos vinculados a homicidios y narcotráfico, Carvalho se mantuvo prófugo por casi tres años, hasta que el viernes pasado cayó en el barrio porteño de Caballito.

Su detención ocurrió en la vía pública a las 19:45 horas, sobre la avenida Pedro Goyena al 800. Del operativo participó una brigada de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, en conjunto con efectivos de Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba y una delegación de la Policía Civil brasileña.

El procedimiento se llevó adelante bajo las órdenes del juez Alejandro Adrián Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, por una causa que tramita a pedido del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, de la doctora Paula Sanz, y de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, a cargo de Juan Pablo Klinger.

Así, ahora espera los próximos pasos procesales de la causa en una celda.

La Justicia brasileña lo reconoció como jefe de la organización “Os Manos”, señalada en 2009 como responsable de al menos 150 homicidios -la mayoría ocurridos en la ciudad brasileña de Canoas- y de la comercialización de estupefacientes. Además, fue señalado por mantener vínculos con el grupo criminal “PCC”.

Su detención quedó enmarcada dentro de la operación “Cova Rosa”, en la que fueron capturados 69 integrantes de la banda, sospechados de sicariato y narcotráfico. En su caso, la primera pista de su paradero planteaba la posibilidad de que pudiera encontrarse en la provincia de Córdoba.

Para poder dar con su paradero, la Policía brasileña inició un seguimiento a través del uso de sus tarjetas de crédito y logró localizarlo en territorio cordobés, donde utilizaba una cuenta bancaria. Esto motivó el contacto con las autoridades cordobesas, pero poco después el hombre volvió a ser registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Un viaje que Carvalho solicitó a través de una aplicación sería el dato clave que permitió orquestar su futura detención. Pues no solo se lo vinculó al domicilio en el que residía en Caballito, sino que confirmó que se manejaba con una identidad falsa.

De esta manera, se conoció que el acusado de haber participado en, al menos, 150 homicidios burló a las autoridades argentinas con una cédula brasileña falsa. Según el documento apócrifo, su nombre era Gilmar Dos Santos. Para ese entonces, ya habían recolectado las pruebas necesarias, que permitieron ordenar su inmediata captura.

El arresto se concretó el viernes por la noche en el barrio porteño de Caballito, luego de que se montara un operativo para interceptarlo cuando había ido a cortarse el pelo. Por medio de un seguimiento a través de las cámaras de seguridad, los efectivos lo localizaron en la intersección de avenida Pedro Goyena y Cachimayo a las 19:45 horas.

Sin embargo, ese sería el final de una larga investigación que contó con la participación de la Policía de Rio Grande Do Sul, la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad. Luego de que se activaran las alarmas por la fuga de Carvalho en 2023, las autoridades brasileñas sospechaban que el criminal podría haberse encontrado en Córdoba.

De acuerdo a la información publicada por El Doce.tv, el líder de Os manos había sido detenido en Brasil en 2013 y recibió una condena de casi 17 años de prisión. Al momento de fugarse, había sido beneficiado con la libertad condicional y, pese a que portaba una tobillera electrónica, logró cruzar la frontera hacia el territorio argentino. Solo le faltaba un año para purgar la pena.

Para poder dar con su paradero, la Policía brasileña inició un seguimiento a través del uso de sus tarjetas de crédito y logró localizarlo en Córdoba, donde utilizaba una cuenta bancaria. Esto motivó el contacto con las autoridades cordobesas, pero poco después el hombre volvió a ser registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Un viaje que Carvalho solicitó a través de una aplicación sería el dato clave que permitió orquestar su futura detención. Pues no solo se lo vinculó al domicilio en el que residía en Caballito, sino que confirmó que se manejaba con una identidad falsa.

De esta manera, se conoció que el acusado de haber participado en, al menos, 150 homicidios burló a las autoridades argentinas con una cédula brasileña falsa. Según el documento apócrifo, su nombre era Gilmar Dos Santos. Para ese entonces, ya habían recolectado las pruebas necesarias, que permitieron ordenar su inmediata captura.

Fue así que lo interceptaron cuando ingresaba a una peluquería y se entregó a los efectivos presentes en el lugar. Según informaron este sábado desde la Policía Federal Argentina (PFA), el detenido ya fue expulsado de Argentina y se encuentra nuevamente bajo custodia de la Justicia en Brasil.

No sería la primera vez que integrantes de la banda criminal Os Manos fueron detenidos en distintas ocasiones en Argentina. A fines de julio de 2023, la Policía de Misiones arrestó en San Vicente a Víctor Eduardo C.F., de 20 años, buscado internacionalmente tras escapar de la justicia brasileña y romper una tobillera electrónica. El joven, aunque carecía de alto rango, cumplía funciones relevantes dentro de la organización y tenía contactos en Posadas que facilitaron su ingreso ilegal al país.

En enero de 2024, los efectivos de la Unidad Regional II de Oberá detuvieron en Colonia Aurora a Jonás Vieira, otro integrante de la banda. Las autoridades establecieron su entrada ilegal a Argentina y dispusieron su deportación por el paso fronterizo de Alba Posse hacia Porto Mauá. Vieira fue entregado a la Policía Militar de Santa Rosa, Brasil.

Os Manos surgió tras 2018 en la frontera entre Brasil y Uruguay. Mantiene una disputa con Bala Na Cara por el control de rutas del tráfico de drogas y armas, lo que provocó un aumento de la violencia en la región. En octubre de 2021, el líder Luan “Guí” Barcellos fue detenido en Porto Alegre. Dos años después, la Justicia brasileña condenó a 23 miembros de la organización por diferentes delitos en la frontera.

En una acción coordinada entre fuerzas estatales y federales, fue capturado en Puebla Ángel Javier Ricárdez Chapuz, alias “El Angelito” o “El Kaiser”, considerado un objetivo prioritario por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco. El presunto delincuente, de 28 años, está vinculado a al menos diez homicidios, múltiples actos de extorsión, desaparición forzada, venta de drogas, robos violentos y amenazas, que aterrorizaban a comerciantes y ciudadanos del municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco.

La captura se llevó a cabo el miércoles 30 de julio en inmediaciones de los bulevares Municipio Libre y Carlos Camacho Espíritu, en la capital poblana, tras un operativo conjunto respaldado por inteligencia previa. Su detención fue posible gracias a la colaboración entre autoridades de Puebla, Tabasco y el gobierno federal, que seguían su rastro tras meses de evasión.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “El Angelito” operaba como sicario y cobracuota al servicio del grupo criminal La Barredora, ingresando a locales comerciales de Paraíso y disparando armas de fuego para intimidar a los propietarios y obligarlos a pagar el “derecho de piso”. En algunos casos, según las autoridades, también se encargaba de ejecutar a quienes se negaban a cooperar.

Ricárdez Chapuz respondía directamente a Abel Pérez Pedraza, alias “El Patrón” o “El Inge”, uno de los líderes regionales de La Barredora. También mantenía vínculos con Efraín Darvelio Vargas Alejandro, conocido como “Franchis”, otro operador del mismo grupo delictivo en la región costera de Tabasco y responsable de buena parte de la violencia registrada en los últimos años.

En febrero de 2025, se le relaciona con un ataque armado contra el empresario Fausto Enrique Gil Cámara, quien fue blanco de extorsiones por parte del grupo. En ese mismo mes, apareció una manta amenazante con su nombre en el centro de Paraíso, en la que se le señalaba como colaborador de “El Patrón”.

Para evadir la justicia, el sujeto también utilizaba una identidad alterna como Ángel Javier Rodríguez Chapuz, y se escondía entre los municipios de Paraíso y Comalcalco, antes de huir de Tabasco ante la presión de grupos rivales y del seguimiento que le daban las autoridades locales.

Tras su detención, el imputado fue trasladado vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán hacia Tabasco, donde fue entregado a la FGE y puesto a disposición del juez de control correspondiente.

Además de su pertenencia actual a La Barredora, las autoridades lo identifican como exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que lo convierte en un elemento con historial criminal prolongado y peligrosidad elevada. Las investigaciones continúan para esclarecer el grado de su participación en otros delitos de alto impacto, así como la estructura operativa de la célula criminal que encabezaba en la región costera de Tabasco.

La detención de “El Angelito” representa un golpe significativo a la estructura de La Barredora.

Malaver señaló que no existe información que confirme que el delincuente pertenezca a dicha organización y restó gravedad al caso, indicando que la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de que no tendría intención de quedarse en el país.

“Pero toda la policía está activada y las alertas internacionales han sido dadas por el vecino país de Chile, y estamos nosotros presentes. Otra de las hipótesis es que pudiera haberse desplazado al país de Bolivia. Es una posibilidad, pero estamos atentos al respecto. Parece que los fines, o el lugar del destino de este sujeto, no sería quedarse en nuestro país”, declaró.

La liberación de Mejía Hernández generó polémica, ya que se habría producido por un error de las autoridades chilenas. Según la información disponible, habría ingresado al Perú en taxi.

El titular del Mininter también se refirió al atentado que sufrió la vivienda de la cantante Susana Alvarado, de la agrupación Corazón Serrano.

Malaver señaló que se comunicó con el representante del grupo y también le dio la indicación al jefe de la región policial Piura, General PNP Manuel Farías Zapata para que tome las acciones correspondientes y dar con los responsables del ataque.

La accidentada travesía de Carlos Mejía en taxi hacia Perú

Alberto Carlos Mejía Hernández, identificado como uno de los sicarios más peligrosos de Chile, logró fugarse a Perú tras haber sido liberado por error de una cárcel en Santiago. Su escape comenzó poco después de salir de prisión, cuando trazó una ruta minuciosa hacia el norte del país, eludiendo la vigilancia policial y utilizando una red logística coordinada. Durante el trayecto, Mejía Hernández empleó taxis para recorrer más de 1.500 kilómetros por carretera, cubriendo el costo del viaje con más de 9 mil soles.

Este monto fue distribuido entre diferentes conductores, quienes lo llevaron en viajes fragmentados para evitar sospechas y controles. El desplazamiento duró cerca de 20 horas e incluyó múltiples cambios de vehículo cerca de la frontera con Perú, una táctica que dificultó su localización por parte de las autoridades chilenas.

El ingreso al territorio peruano se produjo en una zona de baja vigilancia, aprovechando rutas secundarias y pasos no habilitados oficialmente para el cruce internacional. Fuentes policiales señalan que Mejía Hernández contaba con apoyo de contactos en ambos países, lo que facilitó su fuga y posterior ingreso a Perú pese a los controles fronterizos reforzados tras su liberación accidental. Desde su llegada, unidades policiales peruanas activaron mecanismos de inteligencia y búsqueda, en coordinación con autoridades chilenas, ante el potencial riesgo que representa su permanencia en la región.

Alerta máxima en Tacna tras el escape

La alarma se desató luego de que un informe periodístico chileno difundiera el testimonio de un conductor de taxi colectivo, identificado como Mauricio, quien aseguró haber trasladado a Mejía Hernández junto a otros pasajeros hasta la frontera con Perú el pasado 12 de julio. El conductor relató que, durante el viaje, el sujeto manifestó abiertamente sus antecedentes, admitiendo haber sido detenido y deportado desde Estados Unidos, y ocultaba un tatuaje bajo una venda, mientras llevaba una chaqueta en la mano.

Al llegar al complejo fronterizo de Santa Rosa, según el testimonio, algunos pasajeros fueron devueltos por intentar cruzar de forma irregular, pero el sicario logró sortear los controles e ingresar al territorio peruano. Esta información recién fue comunicada oficialmente a las autoridades locales de Tacna el 17 de julio, lo que generó una brecha de cinco días entre el cruce de frontera y la emisión de la primera alerta en Perú.

Redoblaje de la seguridad y acciones preventivas

En respuesta a la posible presencia de Mejía Hernández en la ciudad, el general Arturo Valverde, jefe policial de la región, informó que se ha reforzado la seguridad en todos los puntos estratégicos de Tacna. El operativo incluye la vigilancia intensificada en la carretera Panamericana, vía principal que conecta con Arica, así como en la carretera Costanera, que dirige hacia la ciudad de Ilo.

La Policía trabaja en estrecha colaboración con el Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tacna, que ha incrementado los patrullajes y el monitoreo en áreas adyacentes a las rutas citadas y en los alrededores del complejo fronterizo. La finalidad de estas acciones es identificar cualquier movimiento sospechoso y evitar que Mejía Hernández se desplace sin ser detectado.

Sobre el ambiente en la ciudad, Valverde aseguró que la situación en Tacna es estable, pero que el esfuerzo policial se mantiene en su nivel máximo. Además de verificar controles fronterizos y terminales de transporte, se efectúan revisiones de identidad y operativos de búsqueda en hoteles, centros comerciales y zonas comerciales frecuentadas.

La ruta del sicario: taxis, dinero y una travesía clandestina

Informes adicionales detallan que la huida de Mejía Hernández implicó una compleja logística. El sicario utilizó servicios de taxis colectivos soles para trasladarse desde Santiago hasta la frontera en un trayecto de más de 20 horas. Durante el viaje habría contado con la asistencia de compatriotas y, tras llegar a Arica, buscó cruzar la frontera por fuera de los controles regulares, empleando rutas peligrosas y pagando a transportistas para evadir la vigilancia de las autoridades peruanas y chilenas.

La situación ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de connivencia entre delincuentes y redes de transporte informal en la zona limítrofe, así como la urgencia de reforzar los canales de información y coordinación binacional.

El 7 de junio de 2025 se registró el atentado contra Miguel Uribe Turbay, en el que un menor de edad le propinó tres disparos al precandidato presidencial que sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe.

Tras el crimen, el menor de edad fue capturado a pocas calles del parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, lo que provocó que se conocieran detalles del plan que tenía como objetivo asesinar a Uribe Turbay.

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En los aspectos más relevantes de la información, las autoridades indicaron que en un celular que el menor tenía en su vivienda había fotografías del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; sin embargo, durante varias semanas no se conocieron nuevos detalles al respecto.

“Se me cayó el sicario”

El 22 de julio, Noticias RCN expuso audios inéditos sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde Carlos Fernando Galán, que se habrían registrado dos días después del ataque a Uribe Turbay.

El medio citado informó que los audios están en poder de las autoridades y están buscando identificar qué actores delincuenciales buscaban asesinar al mandatario distrital y si este plan estaba ligado al atentado contra el precandidato presidencial.

En la grabación, el que menciona al alcalde de Bogotá es alias Mono, que habla con un individuo que estaría en Bucaramanga, capital de Santander y menciona la participación de un menor de edad en lo planificado.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo”, es parte de la conversación expuesta.

“Estoy al lado suyo, ojo con lo que está hablando”, es la respuesta del otro sujeto, que le recuerda a su cómplice la posibilidad de que la comunicación esté siendo escuchada por las autoridades.

El medio citado indicó que las autoridades consideran que la filtración podría estar relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, porque uno de los individuos nombra la captura del menor que le disparó al senador.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado que tengan en su poder los audios mencionados; además, el alcalde Carlos Fernando Galán no se ha pronunciado al respecto.

Figuras políticas respaldan a Galán

Luego de que se conoció la conversación mencionada, varias figuras de la opinión pública enviaron mensajes de apoyo al alcalde de Bogotá, entre los más relevantes está el pronunciamiento de la precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Un dato: hasta hoy, Miguel Uribe y todos los mencionados con amenazas somos de la oposición a Petro. Y él nos dice nazis y más. En el caso del alcalde de Bogotá ha tenido que padecer a Petro. No hace parte de los afectos del presidente, claramente. Tengan todo esto en cuenta“, escribió Dávila en su cuenta de X.

Por su parte, la concejala Heidy Sánchez también se solidarizó con el alcalde de la capital, y pidió a las autoridades avanzar en la investigación para identificar a los individuos que conversaban sobre el plan para asesinarlo.

“La @FiscaliaCol ha venido actuando con celeridad en las investigaciones, y es fundamental que lo antes posible, se identifique y capture a los responsables en la cadena de mando que dieron estas órdenes. Debemos avanzar hacia un país donde la violencia sea erradicada de la política, donde los menores dejen de ser utilizados para delinquir, y se les brinden oportunidades reales de vida“.

Por su parte, el precandidato presidencial David Luna también publicó un mensaje en X, en el que pidió una reacción contundente del Estado para esclarecer lo denunciado.

"Mi total solidaridad con él. Este no es solo un ataque contra una persona: es un intento por doblegar la institucionalidad de Bogotá. El país exige respuestas inmediatas. Se necesita una reacción contundente del Estado. Que se despliegue toda la fuerza institucional ya. Hacer política no debería ser una constante amenaza“.

El 23 de julio, la Fiscalía General de la nación se pronunció para indicar que la investigación terminó al descubrir que se trataba de una conversación sarcástica en la que los individuos bromeaban sobre lo registrado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

El caso ocurrió el 2 de abril de 2025 durante una fiesta en el sector Los Ángeles, en Parcona. Según las imágenes de cámaras de seguridad, dos sujetos armados irrumpieron el local cuando los propietarios de la empresa “Sonido Huarcaya” retiraban sus equipos tras un evento. Uno de los atacantes disparó a quemarropa contra José Mariano Huarcaya Misajel, quien cayó muerto en plena vía pública. Su hijo, José Luis Huarcaya Peña, también fue asesinado minutos después dentro del local.

El sicario fue detenido tras balear a un policía fuera de servicio

La identificación del presunto gatillero se logró luego de que este fuera implicado en otro hecho violento. El pasado 1 de julio, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que transitaba por la zona del río, en Ica, fue emboscado en plena madrugada. El oficial, que se encontraba fuera de servicio, recibió nueve impactos de bala, pero logró sobrevivir y proporcionar pistas clave para la detención del atacante.

El sospechoso, Joel Silva Ramírez, de 31 años, resultó herido en la pierna durante el tiroteo con el policía. Tras el ataque, su propia familia lo llevó al Hospital Regional de Ica, donde fue ubicado por los investigadores. La Policía confirmó su participación en el atentado del 2 de abril luego de cotejar imágenes, declaraciones y otros elementos probatorios.

En el ataque a la empresa de sonido, también falleció el agente de seguridad del local, quien fue alcanzado por los disparos al intentar refugiarse en una de las habitaciones. Testigos aseguraron que, tras ejecutar el crimen, uno de los delincuentes lanzó un explosivo artesanal al interior del local antes de huir con sus cómplices.

El general Leyvi Huamán, jefe de la Región Policial de Ica, informó que todo apunta a un caso de extorsión por cobro de cupos, modalidad cada vez más frecuente contra empresas dedicadas a eventos y alquiler de equipos de sonido. La investigación continúa para dar con el resto de los implicados en este caso que ha puesto en alerta a las autoridades por la escalada de violencia en la zona.

Más de 1.100 homicidios en lo que va del año: 2025 se perfila como el año más violento en Perú

La violencia en Perú ha escalado a niveles sin precedentes en lo que va del 2025. Según cifras oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), hasta el 11 de julio se han reportado 1.148 homicidios a nivel nacional, una cifra que ya supera los registros del mismo periodo en años anteriores. Lima encabeza la lista con 405 asesinatos, seguida por La Libertad (127) y el Callao (109), consolidando a estas regiones como los epicentros de una ola criminal cada vez más frecuente y violenta.

El auge del sicariato y los ajustes de cuentas está directamente vinculado al avance del crimen organizado, especialmente en zonas urbanas donde operan bandas que se disputan territorios para el tráfico de drogas, extorsión y cobro de cupos. Casos recientes, como el asesinato de una niña de tres años y su padre en el Callao, o la ejecución de un joven en un billar de San Juan de Lurigancho, muestran un patrón: los atacantes no discriminan entre víctimas, y muchas veces actúan con total impunidad.

Esto, luego de que Ferrer Ramírez fuera liberado por Gendarmería el jueves 10 de julio debido a un error administrativo, situación que ha puesto en entredicho la credibilidad del Poder Judicial.

Según lo que se sabe hasta ahora, tras detectarse un error en el nombre de Ferrer Ramírez estampado en el fallo de la magistrada que decretó la prisión preventiva de los tres sicarios, se despachó un segundo documento que derogaba el primero, y luego se emitió un tercero con el nombre bien puesto.

Sin embargo, a pesar de un mail que advertía que el imputado debía mantenerse en prisión, Gendarmería tomó razón del segundo oficio y liberó al sicario la noche de ese jueves, quien se fue caminando en dirección al barrio Franklin como Pedro por su casa junto a dos amigos que lo esperaban afuera de la cárcel y actualmente se mantiene prófugo.

Para peor, el viernes Carabineros y la Policía de Investigaciones tuvieron que emitir dos nuevas órdenes de captura internacional, pues gracias a sus huellas dactilares fue finalmente posible dar con el nombre real del sicario: la primera bajo el nombre de Carlos Alberto Mejía Hernández, y una segunda corregida horas más tarde finalmente como Alberto Carlos, de 18 años, quien ingresó por un paso ilegal al país, se encontraba sin documento de identificación alguno y, según todo indica, ya debe estar fuera del país.

El crimen

El crimen por el cual Mejía es perseguido se produjo el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, cuando la víctima salía junto a un amigo desde el edificio donde residía.

En esos momentos, dos de los sicarios venezolanos -que habrían “hecho guardia” alrededor dos horas- se bajaron de un automóvil y los amenazaron con armas de fuego. Los agredidos huyeron entonces en direcciones opuestas, pero a los pocos pasos los atacantes alcanzaron a Reyes Ossa y le propinaron tres balazos, uno de los cuales le dio en el cuello, provocando su muerte instantánea.

Y aunque también persiguieron al amigo de la víctima fatal para robarle su billetera y teléfono celular, lo cierto es que no se llevaron los USD 3 mil en efectivo que Reyes Ossa portaba al momento de su muerte, lo que llevó a la Fiscalía a descartar el simple robo con violencia y sostener la tesis de “un homicidio selectivo”.

El grupo se desplazó entonces al día siguiente del asesinato hasta la ciudad de Osorno (930 kilómetros al sur de Santiago), donde se “guardaron” por dos semanas y “mantuvieron constante comunicación con cercanos para ver si andaban en busca del vehículo usado”, aseguró el fiscal especializado Sergio Soto.

Al ver que la investigación parecía calmarse, los sicarios volvieron a la capital y fueron capturados el martes 8 de julio en la comuna de Estación Central al tratar de volver a sus domicilios.

Tras acreditarse “todos y cada uno de los delitos” -homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas-, la causa será investigada en los 120 días que decretó el tribunal como un homicidio por encargo.

Según el fiscal Soto, el autor intelectual del crimen sería una persona de nacionalidad chilena, cercano a la víctima, quien debido a líos amorosos contactó a uno de los sicarios, el que luego reclutó a los otros dos. El grupo habría recibido preliminarmente $4.5 millones (USD 4,700), de un total de $30 millones (USD 31,500) prometidos.

“La persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida y era cercano finalmente a esta víctima”, agregó el persecutor.

De acuerdo al fiscal, los sicarios “sabían que la víctima se trasladaría desde la Quinta Región a Ñuñoa, conocían el horario de llegada y el vehículo”, e incluso tenían en sus manos una fotografía del empresario asesinado.

También detalló que las cámaras de seguridad revelaron que el grupo trató primero de secuestrar a Reyes Ossa, sin embargo al ver que se resistía lo ajusticiaron en plena vía pública.

Ahora, la investigación busca dar con el autor intelectual del crimen. “Las indagaciones buscan confirmar su identidad para pedir su orden de detención”, cerró el fiscal a cargo de este caso.

Sistema “feble y vulnerable”

Tras la liberación de Carlos Mejía, las críticas al actuar del Poder Judicial fueron transversales, y mientras desde la oposición pidieron la cabeza del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, desde la oposición defendieron la labor del Gobierno y apuntaron a que el origen del problema radica en un problema estructural del aparataje judicial.

En paralelo, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ordenó llevar a cabo una análisis del sistema de tramitación penal y la Corte de Apelaciones de Santiago también abrió un sumario.

Quizá el más duro fue el propio fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, quien en conversación con T13 aseguró “con toda responsabilidad” que el sistema “es absolutamente feble y vulnerable”.

“Decirle a la opinión pública una cosa distinta sería hasta insultante”, aseguró.

Según el persecutor, en el canal de comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería “hay una serie de procedimientos y protocolos que están establecidos para el millón de audiencias que aproximadamente tiene el Ministerio Público en un año”, pero aún persisten una serie de trámites que se hacen a mano, lo que amplifica los márgenes de error.

Debido a lo grave de todo el asunto, el fiscal Pastén detalló que “hemos dispuesto conformar una fuerza de tarea para la investigación de este hecho. Me refiero, principalmente, en nuestro caso, a la evasión del detenido”.

Pastén también explicó que el actuar de la jueza que firmó las resoluciones de prisión preventiva -Irene “Tuto” Rodríguez, bautizada así por la prensa tras dormirse en la audiencia de formalización-, habría sido correcto.

“La magistrada dice la verdad cuando señala que ella firmó las tres resoluciones. También es correcto decir que esas resoluciones le fueron comunicadas a Gendarmería de Chile”, explicó.

Finalmente, el fiscal a cargo de dilucidar este entuerto sostuvo que el caso es el resultado de un problema estructural.

“Se han ido añadiendo sistemas digitales, comunicaciones electrónicas, existe una red de gestión penal en el Poder Judicial, etc. Pero si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble”, remató.

Así las cosas, para este lunes se espera que sesione la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y el martes, la de Seguridad y Constitución en el Senado, a fin de desentrañar la cadena de errores que dejó en libertad a quien es hoy en día el prófugo más buscado del país, golpeando de paso el prestigio del añoso Poder Judicial chileno.

Un nuevo sicario ligado al Tren de Aragua fue detenido por la policía chilena, esta vez en la ciudad de Curanilahue (600 kms al sur de Santiago), acusado de participar en un homicidio frustrado el año pasado en la comuna de Calbuco (1.080 kms al sur de Santiago). El sujeto, de 23 años y nacionalidad venezolana, fue sindicado como miembro de la facción “Los Hermanos Cartier” y este jueves quedó en prisión preventiva.

Según antecedentes de la causa, varios miembros de “Los Hermanos Cartier” participaron en abril de 2024 de una balacera en el centro de Calbuco, en la que resultó gravemente herido un hombre de 33 años. Además, se investiga su posible nexo con otros delitos violentos en Santiago y Osorno.

El subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Castro, señaló que se investiga a dicha célula del Tren de Aragua desde el año pasado, tras una serie de secuestros extorsivos y homicidios por encargo perpetrados en varias ciudades del sur del país, según una nota de El Diario de Puerto Montt.

Por su parte, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, detalló que el acusado fue formalizado por homicidio frustrado y asociación ilícita, aunque aún se investigan su responsabilidad en varios otros hechos de violencia.

“Ello porque existen antecedentes que sugieren su vinculación con al menos dos homicidios, uno en Osorno y otro en la Región Metropolitana, aunque éstos aún están bajo investigación y no ha sido formalizado por ambos hechos”, complementó.

Cabe destacar que solo en la región de Los Lagos unos 60 miembros del Tren de Aragua han sido apresados y la mitad de ellos pertenecen a la célula “Los Hermanos Cartier”, cuya estructura está siendo diseccionada a fin de dar con su método para lavar el dinero obtenido en sus actividades ilícitas.

Tres sicarios detenidos

El caso se suma al de los tres sicarios venezolanos ligados al Tren de Aragua formalizados este miércoles por la muerte del empresario José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey del Meiggs” -barrio capitalino que alberga un sinfín de locales comerciales y una verdadera selva de comerciantes callejeros-, ocurrido del 19 de junio en la comuna santiaguina de Ñuñoa, cuando la víctima salía junto a un amigo desde el edificio donde residía.

Todos quedaron en prisión preventiva, y gracias a sus confesiones la Policía de Investigaciones (PDI) busca ahora al autor intelectual del crimen, cuya motivación no habría sido económica, sino sentimental.

Según el fiscal Sergio Soto, el autor intelectual del crimen sería una persona de nacionalidad chilena, cercano a la víctima, quien debido a líos amorosos contactó a uno de los sicarios, el que luego reclutó a los otros dos. El grupo habría recibido preliminarmente $4.5 millones (USD 4,700), de un total de $30 millones (USD 31,500) prometidos.

“La persona que habría realizado el encargo tendría vinculación dentro del rubro en el cual se dedicaba la persona fallecida y era cercano finalmente a esta víctima”, agregó Soto.

Ahora, la investigación busca dar con el autor intelectual del crimen. “Las indagaciones buscan confirmar su identidad para pedir su orden de detención”, cerró el fiscal a cargo de esta caso que ha conmocionado al país.

La Fiscalía General de la Nación continúa haciendo las respectivas investigaciones para poder determinar quiénes serían los autores intelectuales del intento de magnicidio en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Uno de los aspectos que ha cobrado más relevancia en los últimos días es el teléfono celular del sicario, menor de edad, en el que se han encontrado fotografías de funcionarios del país y varios nexos con organizaciones criminales.

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Noticias RCN reveló que en el más reciente informe realizado al dispositivo no se encontraron aplicaciones como WhatsApp o algunas relacionadas con entidades bancarias, sin embargo, hallaron contactos y fotografías de integrantes de Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las Farc.

En el informe revelado precisa que “se realizó la verificación del abonado telefónico en mención, en la plataforma financiera Nequi, en donde no se encuentra registrado”, especificando que carecía de varias de las aplicaciones que comúnmente se encuentran en estos dispositivos.

No obstante, los perfiles que se encontraban dentro de sus contactos fueron investigados, y el hallazgo reveló que hay una mujer, cuya identidad el medio de comunicación prefiere abstenerse de revelar por fines investigativos, que estaría relacionada con muchos de los 54 contactos encontrados.

Entre ellos, 17 corresponderían a personas que presuntamente tendrían nexos con las disidencias de las Farc y estarían identificadas con fotografías de alias Jesús Santrich y alias Alfonso Cano, dos de los más importantes cabecillas de las organizaciones, quienes fueron abatidos.

“Muchas de estas cuentas, reconocidas como “amigos” tienen relación con grupos al margen de la ley”, citó el medio de comunicación tras obtener el informe del ente investigador.

Además, se menciona a cinco personas que supuestamente tienen lazos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fotografías disidentes en las que muestran banderas y logotipos, además de camuflados haciendo apología a la estructura criminal.

Por lo anterior, Noticias RCN reveló que se dio la orden de continuar ejecutando diversas acciones, entre ellas: “Juez de control de garantías, las respectivas búsquedas selectivas en bases de datos, con el fin de obtener datos biográficos, registros de conexión, direcciones IP, datos de suscripción, sábanas de llamadas entrantes y salientes, entre otros”.

Por el momento, el proceso sigue en curso y se espera que continúen los avances positivos para poder determinar los motivos y responsables de este ataque, que mantiene al parlamentario en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luchando por su vida.

Hasta el momento, se han capturado cuatro personas, entre ellas un menor de edad que estaba encargado de asesinar al congresista del Centro Democrático; una joven de 19 años responsable de transportar y entregar el arma de fuego tipo Glock al adolescente de 14 años; el conductor del vehículo que movilizó a las personas mencionadas; y otro hombre que sería uno de los responsables de coordinar el ataque y su logística.

El funcionario, que ya completo 20 días recluido en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, ha sido intervenido en varias oportunidades y su pronóstico reviste gravedad, por lo que los comunicados oficiales sobre su estado de salud solo se dan a conocer en los momentos en los que se presenten cambios significativos en su proceso.

Desde la Policía Nacional se ha realizado el despliegue de varios de los uniformados para que complementen la seguridad en el lugar y protejan a su esposa, sus hijos y demás círculo cercano en pro de evitar otra situación de esta índole.

Testigos indicaron que los sicarios llegaron en dos motocicletas lineales. Los conductores que los trasladaban vestían chalecos con placas visibles, medida implementada con la intención de reducir los hechos delictivos.

Sobre el crimen, se manejan dos versiones. La primera señala que la víctima salió de su vivienda tras recibir una llamada, aparentemente para encontrarse con alguien, lo que hace suponer que se trató de un ataque planificado.

La segunda versión indica que el adolescente se encontraba celebrando su cumpleaños y que salió brevemente con un amigo. Fue en la esquina de las avenidas Alfonso Ugarte y La Paz donde los sicarios lo interceptaron y le dispararon sin piedad.

Peritos de criminalística llegaron a la escena para analizar los indicios. En el asfalto se hallaron al menos 19 casquillos de bala, una muestra de la ferocidad con la que actuaron los criminales. Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de La Perla y de la Depincri de Bellavista tomaron el control de las diligencias.

La víctima era conocida por los vecinos de la zona, lo que ha generado una profunda conmoción. Familiares y amigos llegaron desesperados al lugar e intentaron acercarse al cuerpo, mientras los agentes acordonaban la zona y pedían calma. Con el paso de los minutos, más policías llegaron para contener a los deudos.

El crimen, ocurrido en plena vía pública y a plena luz del día, ha vuelto a encender las alarmas sobre la grave situación de seguridad en el primer puerto. Los vecinos exigen una intervención más firme por parte del Estado, incluyendo el despliegue de las Fuerzas Armadas o de la Marina de Guerra.

Una cámara de seguridad ubicada en una esquina podría ser clave para identificar a los responsables. Según informaron medios locales, gracias a una rápida acción policial, uno de los presuntos sicarios fue capturado poco después del crimen. Se trataría, además, de otro menor de edad, quien ya se encuentra en la comisaría del sector rindiendo su declaración. Las investigaciones continúan.

Más menores involucrados en crímenes en el Callao

El hallazgo de una pistola Glock, un cartucho de dinamita y motocicletas, una de ellas reportada como robada, en una vivienda de Pachacútec, permitió a la Policía profundizar en la investigación sobre ‘Los Malditos de Ventanilla’, presunta banda criminal vinculada a un asesinato a sangre fría de un mototaxista en el Callao.

El ataque ocurrió en el sector de Pachacútec, distrito de Ventanilla, cuando Juan Félix Morales Camargo, de 44 años, se encontraba estacionado en su mototaxi en un paradero. Testigos presenciaron cómo un automóvil negro se detuvo y, sin previo aviso, los ocupantes dispararon varias veces contra Morales. El mototaxista, padre de familia, fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Nacional del Perú activó el Plan Cerco tras el atentado, logrando la captura de los presuntos responsables en la avenida Acceso. Entre los detenidos figuran Aldair Pérez Cienfuegos, alias ‘Boby’ y señalado como cabecilla, Víctor Adrianzen Alva, alias ‘Tatán’, y un adolescente de 16 años conocido como ‘Michi’.

Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver Smith & Wesson calibre 38 y dos explosivos que los sospechosos transportaban en el vehículo de placa F9L-156. Uno de los detenidos intentó argumentar que era menor de edad para evadir responsabilidad.

La Fiscalía General de la Nación continúa esclareciendo los detalles del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Según confirmó el jueves 19 de junio la entidad, el menor de 15 años que habría accionado el arma en el atentado no contaba con su teléfono móvil personal el día de los hechos.

Las investigaciones permitieron verificar que el dispositivo utilizado en esa jornada le fue prestado por uno de los presuntos cómplices, que ya se encuentra detenido por las autoridades.

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Este dato refuerza las hipótesis sobre la participación de una red más amplia en el ataque ocurrido el 7 de mayo, en Bogotá, y que dejó en la Unidad de Cuidados Intensivos al congresista del Centro Democrático.

Por ahora, la Fiscalía avanza en la trazabilidad del dispositivo móvil prestado y en las comunicaciones previas y posteriores al atentado. Se espera que estos hallazgos contribuyan a identificar el nivel de coordinación entre los implicados y las motivaciones detrás del crimen.

La familia del senador Uribe Turbay no ha emitido nuevas declaraciones tras conocerse este avance en la investigación. En días pasados, simpatizantes insistieron en que este ataque tenía motivaciones políticas.

Modificación de los proyectiles

Las pistas sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no solo están en los videos ni en las capturas. También están en las vainillas que quedaron en el suelo del parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. Allí, en Modelia, un peritaje técnico permitió a la Fiscalía descubrir que las balas usadas en el ataque habían sido alteradas, estaban recubiertas con plata y latón.

Este detalle, que en un principio podría parecer técnico, tiene un peso significativo en la investigación. La modificación de los proyectiles refuerza la hipótesis de que los responsables del atentado no improvisaron. Se trató, por el contrario, de un plan ejecutado con precisión, donde incluso la munición fue preparada para aumentar su letalidad.

Aunque no es una práctica extendida, las autoridades documentan casos anteriores en los que estructuras criminales modifican armas y munición para poder usar proyectiles distintos a los convencionales. Esto les permite acceder con más facilidad a cargamentos ilegales y, en algunos casos, lograr disparos en ráfaga o mayor poder destructivo. Las armas adaptadas con este tipo de alteraciones circulan en el mercado negro bajo el nombre de “hechizas”.

La Fiscalía considera que este hallazgo es una pieza más que confirma la preparación meticulosa detrás del atentado. Días antes del crimen, varios de los involucrados recorrieron el barrio para conocer la zona y definir el punto exacto donde se ejecutaría el plan.

Hasta ahora, las autoridades han capturado a cuatro personas relacionadas con el caso. El primero fue el menor de edad que disparó el arma. Fue arrestado a pocas cuadras del lugar minutos después del ataque. Luego comenzó a colaborar con los investigadores.

Gracias a grabaciones de cámaras de seguridad difundidas por Noticias Caracol, se identificó a Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo en el que el menor recibió el arma y dejó algunos objetos personales.

En los mismos videos aparecieron dos figuras clave, alias el Costeño, presunto autor intelectual del atentado, y Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, señalada de haber pagado el servicio de moto con el que el menor fue transportado hasta el lugar del ataque. Martínez fue capturada el 14 de junio en Caquetá. En su poder llevaba dos teléfonos, dinero en efectivo y ropa perteneciente, al parecer, al “Costeño”, que aún está prófugo.

La operación del día del atentado también involucró a William Fernando González Cruz, detenido en Bogotá, señalado de facilitar la huida de “Gabriela” y del “Costeño” tras el atentado. Según la investigación, ambos descendieron del vehículo antes de los disparos y se acercaron a pie hasta el parque para asegurarse de que el plan se ejecutara.

Pese al perfil detallado de los implicados y la manera en que se organizó el atentado, la Fiscalía no ha encontrado pruebas de vínculos con estructuras criminales internacionales ni con grupos armados organizados. Todo apunta, por ahora, a una operación planeada de forma autónoma, pero con conocimientos claros sobre armamento, logística y movimientos de inteligencia previa.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que tiene bajo su custodia el teléfono celular que había sido utilizado por el joven sicario en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ente acusador informó que el joven no utilizó su propio teléfono. En su lugar, solicitó prestado el celular de un individuo conocido como alias el Costeño, antes de llevar a cabo el ataque. Este detalle ha sido clave para las autoridades, que buscan esclarecer los posibles vínculos y motivaciones detrás del atentado.

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De acuerdo con información de Blu Radio, el dispositivo móvil del menor de edad fue incautado la misma noche del ataque, el sábado 7 de junio de 2025, durante un allanamiento en la residencia del agresor.

Las autoridades competentes avanzan en el estudio de la información que guarda el teléfono para determinar los detalles del intento de asesinato y conocer cuál es el paradero de alias el Costeño, autor intelectual del atentado, y de los otros implicados.

La Fiscalía también reveló que a lo largo del proceso investigativo no encontraron indicios de que organizaciones criminales internacionales estén relacionadas con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, lo que descartaría la hipótesis de que el ataque estuvo financiado o vinculado con mafias ecuatorianas.

A su vez, el órgano de control informó que ha realizado 43 entrevistas a testigos, el análisis de 89 cámaras, la incautación de 8 celulares y 2 análisis de cartografía para comprender a detalle los hechos que tienen al senador de la República por el Centro Democrático en estado de máxima gravedad.

Con respecto a la pistola Glock de 9 milímetros utilizada para cometer el atentado contra Uribe Turbay señaló que fue modificada para que disparara en ráfaga. Dicha alteración causó que los disparos perdieran impacto. Sin embargo, para compensar la falta de potencia, los autores del atentado contra el congresista recubrieron las balas con bronce y latón, según indicó la Fiscalía.

Cidh solicitó información sobre el atentado a Miguel Uribe

En paralelo a los hallazgos de la investigación liderada por la Fiscalía, el abogado de Uribe Turbay y su familia, Víctor Mosquera, confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitó al Gobierno nacional información sobre el atentado. Esto, según dijo, para esclarecer de manera urgente si las medidas de seguridad del precandidato presidencial son las adecuadas.

“La Cidh ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal”, señaló en rueda de prensa.

Y agregó: “Esperamos que el Estado colombiano le haga seguimiento a esta solicitud que hizo la Cidh y en el evento de que el Estado colombiano implemente las seguridades adecuadas, anunciamos que ya se ha solicitado unas medidas cautelares”.

En la petición, el organismo intencional exigió conocer en detalle los mecanismos de protección implementados, y si estos han sido concertados con las autoridades estatales. Además de solicitar información sobre si la situación de riesgo ha sido reevaluada tras el mencionado incidente, y que se adjunte la documentación que respalde dichas acciones.

Mientras se adelantan las investigaciones, la Fundación Santa Fe reveló que el senador permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo manejo clínico integral y con un pronóstico reservado.

“El paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado”, detalló el comunicado de la institución médica.

El 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay recibió tres disparos, dos en la cabeza, en un atentado que fue perpetrado por un menor de 15 años, cuya identidad está siendo protegida por las autoridades.

Mientras el político permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, la investigación sigue avanzando con el objetivo de identificar a los autores intelectuales del crimen y varias figuras públicas han pedido bajar el tono de discusión para no generar odio en el país, se ha abierto un debate sobre la responsabilidad penal en menores de edad.

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En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penal Juan José Roldán analizó el caso y explicó cómo podría ser tipificado el caso al tratarse de un joven de 14 años el responsable.

“Dentro de lo trágico que está sucediendo en el país, para eso está el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, que es totalmente diferente al sistema penal que se utiliza o al que se enfrenta un adulto. Cuando hablamos de un menor entre 14 y 18 años, el procedimiento es totalmente diferente”.

El jurista explicó que en Colombia se protege en cualquier contexto a cualquier menor de edad involucrado y este caso no sería la excepción, puesto que la condena máxima para el menor sería de ocho años, con posibilidades de recibir una reducción del castigo.

“Acá los derechos de los niños están por encima de todo. Acá no se podría hablar de una pena o condena, se habla de sanciones, que puede ir de dos a ocho años por homicidio agravado o intento de homicidio, y no deja antecedentes, no se habla de enjuiciar al menor, sino de restablecerle los derechos, es una obligación del Estado que el menor no esté en la calle cometiendo estos actos”.

La forma como se tipifica el crimen en estos casos, ha provocado que se discuta la posibilidad de que un menor pueda ser imputado como un adulto después de los 14 años, lo que para la precandidata presidencial María Fernanda Cabal sería una forma de “proteger a los niños de los criminales que los instrumentaliza para cometer crímenes”.

Ante esta situación, en diálogo con Infobae Colombia, la psicóloga y directora de la facultad de ciencias del comportamiento de la Universidad de la Sabana, Ángela Trujillo, analizó por qué en Colombia se registran tantos casos de menores que delinquen.

“Existen varias razones, se puede dividir en categorías, como la falta de oportunidades en educación, de calidad, porque hay acceso, pero no de calidad, que eso lleva a la falta de oportunidades, que llevan a que los jóvenes se involucren en cosas de recompensas más rápidas con actuaciones ilícitas. Nuestra historia ha llevado a que la influencia de los grupos delincuenciales arrastren a los jóvenes, con cosas que para ellos son difíciles de conseguir”.

Para la experta, un factor crucial que no se menciona en la mayoría de casos es la responsabilidad de la familia de los menores.

“En las familias hay muchas rupturas, dinámicas difíciles, falta de una guía, lo que vuelve a los jóvenes vulnerables, y como se sienten valorados en otros lugares, los convencen de que hay como una creencia de que estos crímenes pasan impunes, que las consecuencias no son graves”.

Para Trujillo, en Colombia no es invierte de manera adecuada en los programas de reinserción para jóvenes, lo que deja a medias la intención de querer recuperar a los menores.

“En Colombia los programas incluyen un centro de atención a menores, de rehabilitación, ofrecen educación, apoyo psicológico, buscan que los jóvenes tengan habilidades técnicas y se puedan involucrar en un mercado laboral. Hay programas comunitarios, pero las fallas están en los recursos, muchos de estos programas tienen buenas intenciones, pero no recursos con profesionales de calidad”.

En ese aspecto, la psicóloga mencionó la carencia de personal para este tipo de casos, lo que provoca que los jóvenes terminen en un círculo vicioso; además, juzgó la forma de señalar a los menores, pero no a su contexto.

“Hay una falta de personal, hacen que no existan buenas intervenciones; también hay estigmatización social, que dificulta su aceptación en la sociedad, los rechazan y eso lleva a que siga el círculo vicioso. No es suficiente la rehabilitación, los jóvenes no deben ser vistos como criminales, sino como alguien que necesita apoyo. Este niño necesita apoyo, la pregunta de verdad es ¿Por qué llega hasta ese punto? No es que él sea un criminal y ya, qué ha pasado en su vida para que termine ahí”.

La experta mencionó a Suecia, Noruega y Alemania como países en los que los programas para recuperar a adolescentes y niños han sido exitosos y los factores que han generado estos resultados.

“En Suecia se ha adoptado un proceso de rehabilitación, no de castigo, trata de garantizar servicios sociales, participan en programas comunitarios. Eso ha ayudado que la taza de reincidencia disminuya. En Noruega se centran en justicia de restauración, que el joven repare el daño y se reintegren a la sociedad, que comprendan el daño que han hecho. En Alemania el sistema juvenil incluye a la familia como una prioridad, con un trabajo en el que se fomenta el trabajo de ellos. La mayoría maneja rehabilitar, más que castigar, con programas que funcionen”.

Por último, Ángela Trujillo habló de la discusión sobre la responsabilidad penal para menores, pero explicó que el debate debería incluir un análisis personal de cada caso, para poder estudiar la gravedad del acto y la reincidencia.

“La discusión sobre la responsabilidad penal es complejo, depende de factores, las características del delito, del menor implicado. Hay ciertos casos en los que se debe determinar cuando es una responsabilidad penal. La edad de la madurez, de comprender los factores a considerar, los más grandes son más conscientes de las consecuencias de sus acciones. Esos temas determinan, pero también de sus patrones de reincidencia, si no responde las oportunidades, se debe considerar la responsabilidad penal”.

Por último, argumentó que para ella la prioridad debe estar en la financiación completa de los programas, en los que la familia de los menores asuma una responsabilidad.

“Hay que ayudar a que el adolescente salga adelante, porque eso va creciendo. Hay menores que están en contextos muy desfavorecidos, se van a beneficiar con educación, con habilidades que los ayuden a salir, darles las herramientas para que salgan adelante. Es superimportante reforzar programas específicos, porque hay jóvenes que necesitan un apoyo más continuo, se debe incluir a la familia, que asuman la responsabilidad del proceso que vive el adolescente”.

El menor implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial en Colombia, se ha convertido en una pieza clave de la investigación que busca desentrañar las responsabilidades detrás del ataque.

Según información presentada por Semana, el joven, que fue capturado el 7 de junio, relató en detalle cómo se estructuró la operación y reveló los nombres y apodos de otros implicados, lo que ya ha llevado a las autoridades a ejecutar capturas y avanzar en el caso.

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En su testimonio, relatado en dos sesiones mientras se encontraba ingresado en una unidad de cuidados intensivos tras la captura, el menor identificó como el principal responsable a quien denominó “el patrón del barrio y el jefe de la olla”, refiriéndose a la presunta cabeza de un grupo criminal local.

“A mí me iban a matar en esa vuelta”, declaró el joven, sugiriendo que el plan también incluía su asesinato tras ejecutar el atentado. El menor nunca recibió los 20 millones de pesos que le habían prometido por llevar a cabo el ataque, lo que refuerza su afirmación de que no planeaban dejarlo con vida.

El joven detalló que lo contactaron el mismo día del crimen con instrucciones precisas. A través de un servicio de transporte por aplicación, fue trasladado al lugar de los hechos, donde se le proporcionó un arma Glock 9 mm y se le indicó el procedimiento a seguir.

El adolescente, según el medio citado, ofreció un relato detallado del atentado, desde la manera en que fue reclutado hasta la ejecución del ataque. Según aseguró, tras identificar al líder político con la ayuda de una transeúnte, le disparó varias veces antes de emprender la huida.

Su versión coincide en gran medida con los registros de video y las evidencias gráficas recopiladas por los investigadores.

Según los mismos reportes obtenidos por Semana, el joven había estado en la zona por lo menos cuatro horas antes del ataque, monitoreando el lugar y esperando instrucciones. Su relato incluye detalles como el uso del pago móvil para pequeñas transacciones mientras aguardaba.

En un esfuerzo por garantizar la seguridad del menor y de su familia, las autoridades han adoptado medidas de protección extremas.

Según informó la fiscal Luz Adriana Camargo, “tenemos un primer avance, que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes”. Estas acciones han incluido su traslado temporal al búnker de la Fiscalía y la evaluación de un posible cambio de identidad y reubicación de sus familiares.

A pesar de las críticas sobre la protección al atacante, el presidente Petro expresó que estas medidas son esenciales para garantizar el esclarecimiento del caso: “He ordenado que se le cuide al máximo, porque fue capturado relativamente bien, pero durante la captura fue golpeado violentamente por civiles y llegó a UCI”.

La narración del menor también permitió identificar a otros involucrados en el ataque, incluyendo a tres personas que lo acompañaron en un vehículo antes de cometer el crimen.

Entre los identificados se encuentran alias “el Costeño”, su novia y un conductor, que ya fue judicializado. Según las declaraciones recogidas por la Fiscalía, estas personas jugaron roles clave en la logística del atentado, proporcionando instrucciones y el arma utilizada.

Semana informó que tras estos avances, las autoridades han llevado a cabo varios operativos simultáneos y audiencias judiciales para recopilar pruebas y continuar con el proceso de captura de los responsables.

El menor, que sobrevivió a pesar de resultar herido durante su intento de fuga, reveló a los investigadores que nunca recibió el pago prometido y que, según sus palabras, “nunca me iban a dar esa plata porque consideraban que de esa no salía con vida”.

Su colaboración ha sido decisiva para esclarecer detalles operativos y desmentir rumores surgidos en redes sociales sobre supuestos cómplices. Según sostuvo, “lo dejaron solo en medio de la balacera y la persecución”, confirmando que había sido utilizado sin intención alguna de cumplir los términos acordados.

Además de los detalles del crimen, el joven habló sobre las dificultades personales que lo llevaron a involucrarse en actividades criminales.

Según narró, perdió a su madre en la infancia, mientras su padre, actualmente en Polonia, tuvo un historial de violencia intrafamiliar.

Relató que su abuela fue la única persona que se ha preocupado por él y pidió reiteradamente a las autoridades protección para ella. La vida del adolescente estuvo marcada por problemas de adicción y su paso recurrente por programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), sin que estas iniciativas lograran evitar su incorporación a la estructura delictiva que finalmente lo utilizó.

Según información recogida en el lugar, el vehículo de placa B1R-708 fue interceptado por desconocidos mientras se desplazaba en dirección a la avenida Universitaria. La combi había salido de Ventanilla y recorría las avenidas principales del Callao, pasando por zonas como Márquez, Puente Nuevo y Acho.

El ataque, que se suma a otros similares registrados en la capital y el interior del país, dejó como saldo a dos personas heridas inicialmente: el chofer y su copiloto. El segundo, identificado como Joel Huamán, de 32 años, fue alcanzado por varios disparos, fue evacuado al Hospital Luis Negreiros. A su lado, el conductor Luis Paucar Barrientos, de 34, también recibió impactos de bala en la espalda, pero logró mantenerse con vida. Fue llevado de emergencia al hospital Daniel A. Carrión, donde permanece bajo observación médica.

Más tarde, a través de mensajes en redes sociales, se confirmó que el copiloto falleció debido a la gravedad de las heridas. La confirmación fue proporcionada por Naomi Eitan Aitana, quien se identificó como esposa del chofer herido.

Las autoridades continúan con las investigaciones

Las evidencias iniciales sugieren un posible nuevo acto de extorsión dirigido a compañías de transporte que operan en la provincia constitucional. La Policía ya ha comenzado las indagaciones para dar con los responsables del ataque y determinar si está relacionado con exigencias ilegales de pagos conocidos como “cupos”.

Testigos reportaron que el ataque fue directo y con intención de matar. El parabrisas de la combi presenta impactos visibles y rastros de sangre, lo que evidencia la violencia del ataque. Las autoridades aún no han proporcionado mayores detalles sobre los autores ni el móvil, pero el patrón coincide con otros casos de extorsión y sicariato contra el sector de transporte urbano.

Vecinos del lugar exigieron mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la ola de violencia que afecta al sector transporte, donde los casos de extorsión y amenazas se han vuelto cada vez más frecuentes.

La congestión vehicular en la zona también se agravó como consecuencia del incidente. Cabe mencionar que en la avenida Perú se vienen realizando trabajos de pistas y veredas, lo cual obliga a compartir carriles y ha reducido la fluidez del tránsito.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenciones. La División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao continúa recopilando testimonios y analizando cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó en una rueda de prensa sobre el avance de las investigaciones en torno al atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en Bogotá. La funcionaria aseguró que el menor de edad capturado por estos

“Tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes en las actuaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación”, precisó la fiscal.

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Asimismo, indicó que a esto se suma la protección otorgada por la Dirección de Protección de la Policía Nacional: “Desde el primer momento ha estado garantizando la seguridad del menor en compañía con nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI). Es una labor que se está realizando de manera compartida”, aclaró.

De igual manera, informó que la Fiscalía se puso en contacto con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, y con la Defensoría de Familia, para determinar qué entidad debería tener la custodia del menor implicado en el atentado.

Según detalló, el Icbf solicitó al ente investigador y acusador que asumiera la custodia del señalado atacante. Así las cosas, en medio de las investigaciones que se adelantan sobre los hechos, la Fiscalía pidió que el adolescente sea cobijado con un internamiento preventivo en el Búnker del ente investigador. Es una medida de aseguramiento distinta a la que se establece para mayores de edad involucrados en procesos penales.

“Nosotros creemos razonablemente que poner al menor en un Centro de Atención Especializada del Icbf no garantiza la seguridad que ese menor requeriría. Tiene que ser custodiado de manera muy puntual y muy completo. Por eso mismo, lo hemos coordinado es que esté en el Búnker”, precisó la fiscal.

En una audiencia de imputación de cargos, el menor de edad fue señalado como responsable de los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. No obstante, el señalado sicario no aceptó cargos. Y, según La FM, un juez avaló la petición de la Fiscalía del internamiento preventivo para el adolescente y ordenó su traslado al Búnker.

Señalado atacante hizo parte de programa del Gobierno

Dentro de las investigaciones posteriores al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro reveló que el adolescente de 14 años hizo parte del programa gubernamental ‘Jóvenes en paz’, cuya meta era ofrecer incentivos económicos para disuadir a jóvenes vulnerables de cometer delitos.

Según información compartida por la Presidencia y confirmada por el mandatario, el joven fue identificado previamente por la administración distrital debido a su conducta conflictiva.

“Lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: ‘Jóvenes en paz’. Allí, el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”, detalló el jefe de Estado.

Proceso legal y acompañamiento institucional

Sobre el avance de la investigación y el proceso legal, la directora Icbf indicó que el atacante dio a conocer su disposición para colaborar con la justicia. Asimismo, informó que el menor tiene un apoderado y reveló detalles sobre los mecanismos legales y administrativos aplicados en este caso.

“Hay que entender que dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente empiezan dos procesos, el administrativo y el jurídico como tal. Frente al jurídico, él tiene un defensor de oficio asignado por la Defensoría del Pueblo, y frente al administrativo, una defensora de familia a cargo del proceso”, explicó la funcionaria.

En la mañana del martes 10 de junio fue entrevistada en Caracol Radio la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, que dijo que, a través de sus redes sociales, está compartiendo informaciones sobre el atentado y las investigaciones, así estas no están confirmadas pues, afirma, esa es su responsabilidad.

“No tengo manera de comprobar la información que me dieron, pero mi obligación con el país es darla a conocer”, señaló Dávila.

En respuesta a la declaración de la comunicadora y política, Margarita Rosa de Francisco, presentadora y actriz, dijo que lo mejor que puede hacer Dávila es evitar difundir información o conclusiones sin pruebas ni sustento científico.

“Si no tiene manera de comprobar la información, su obligación es serenarse y esperar las pruebas en absoluto silencio”, escribió en su cuenta de X.

La línea telefónica para denunciar sobre el caso Uribe Turbay

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó que la línea anticorrupción 157 ha sido habilitada para que la ciudadanía pueda comunicarse y reportar si tiene alguna información sobre el ataque armado a Uribe, y de acciones que se vayan a realizar contra dirigentes políticos y candidatos que aspiren a cargos de elección popular.

Frente a los hechos ocurridos el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá), el ministro Sánchez señaló que “ese día habían terminado un servicio a las 3 de la mañana y en el protocolo de garantizar el descanso de la gente para que pueda brindar los demás servicios, se quedaron 4 brindando la seguridad; 2 se quedaron con la familia y los otros 2 fueron a Modelia“.

En este punto, el oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, destacó a la misma cadena radial W Radio que “algo particular es que cuando se desarrolla un esquema de seguridad se desarrolla una confianza entre el protegido y quien lo protege, lo que nos informan es que Miguel se sentía cómodo con su círculo y evitaba que llegaran personas nuevas”.

“Encontraremos la verdad y los responsables del intento de homicidio de nuestro Senador de la República @MiguelUribeT. Las instituciones del Estado son permanentes, y no pararán hasta llevar a la justicia a quienes atentaron contra la vida y la democracia”, señaló el mensaje en X por parte del ministro.

“Su información es muy valiosa. Seguimos orando por la pronta recuperación de @MiguelUribeT. Unidos más que nunca!” cierra el mensaje.

Por su parte, y para poder recopilar pistas que puedan conducir a los responsables de los 14 ataques durante la mañana del 10 de junio en Cauca y Valle del Cauca, también están dispuestas estas líneas

• Línea 107 del Ejército Nacional
• Línea 146 del Gaula Militar
• Línea 165 del Gaula de la Policía Nacional

Esposa de Miguel Uribe da parte sobre su salud y se solidariza con víctimas de atentados el 10 de junio

En declaraciones a los medios de comunicación, Tarazona agradeció a los colombianos por estar pendientes de la condición del político colombiano, y pidió que las oraciones se mantengan para que evolucione la condición de Uribe Turbay, ya que se encuentra en estado crítico, según los últimos reportes del centro médico.

“Quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo por mi familia y por mí. Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido en este plano terrenal”, dijo la mujer.

Además, la pareja del senador del Centro Democrático relató que ha intentado transmitirle a su esposo cada mensaje de aliento y cada oración hecha por los colombianos que aguardan por la mejora del precandidato presidencial.

“El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros”, indicó.

Del mismo modo, Tarazona también se refirió al impacto emocional que la situación ha tenido en su familia, especialmente en sus hijos.

“Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió. Y sé que ustedes comprenden de lo que les estoy hablando”, aseveró.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la audiencia de imputación de cargos en contra del sicario que intentó acabar con la vida de Miguel Uribe Turbay, un menor de 14 años, dio inicio en la mañana del martes 10 de junio de 2025.

De acuerdo con información suministrada por el ente investigativo, al tratarse de un menor de edad, ni siquiera sus miembros de prensa tendrán acceso a la diligencia, no obstante, se mantendrán al tanto del desarrollo de la misma.

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El menor fue acusado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

La audiencia se adelantó en las instalaciones de la Clínica Universitaria Colombia en Bogotá, lugar hasta donde fue trasladado este joven luego de ser capturado en flagrancia por uniformados de la Policía y miembros de la comunidad el pasado sábado 7 de junio de 2025. Momentos después de ese mismo día, fue intervenido quirúrgicamente debido a una herida de arma de fuego en su pierna, que recibió en medio de un intento de escape en el lugar de los hechos.

El sicario no aceptó los cargos de los que fue acusado y la Fiscalía solicitó su detención en un centro de especial para menores de edad.

Sin embargo, al momento de su captura, el sindicado tiene intenciones de colaborar con la justicia y afirmaba a las autoridades que: “Yo les digo quién fue. Yo les voy a dar los números, pero déjeme darle los números”.

Petro reveló detalles de las acciones previas del sicario que atentó contra Miguel Uribe

El joven implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay habría realizado movimientos sospechosos en las horas previas al ataque, incluyendo rondas de vigilancia durante cuatro horas, transferencias de dinero y acercamientos a una camioneta en el lugar de los hechos, según información revelada por el presidente Gustavo Petro.

Estos nuevos detalles han sido fundamentales para orientar las investigaciones sobre el caso que mantiene en estado crítico al político colombiano. El mandatario colombiano explicó que el presunto sicario llegó al parque donde ocurrió el atentado en motocicleta, permaneció en la zona durante un periodo prolongado y sostuvo contacto con los ocupantes de una camioneta.

Además, el jefe de Estado en conversación con Blu Radio señaló que el joven utilizó su teléfono móvil para solicitar una consignación por una suma menor a los $4.000 a través de la aplicación Nequi, poco antes de que se produjera el ataque. Existe la hipótesis de que el agresor pudo haber entregado su celular antes de ejecutar el atentado, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

De igual manera, Gustavo Petro detalló: “Sobre lo que pasó con el sicario ese día sabemos por video, que estuvo durante 4 horas rondando el parque, llegó en moto, habló con gente en una camioneta, efectivamente tenía un celular, en donde pidió a alguien que le consignaran por Nequí, 3.500 pesos, es posible que pudo entregar su celular antes del atentado, pero es hipótesis”, comento al medio citando anteriormente.

Las autoridades investigan si el joven recibió instrucciones desde puntos de venta de drogas, conocidos como “ollas”, donde se presume que mantiene vínculos con organizaciones criminales que operan en Bogotá. Las pesquisas preliminares han identificado que el menor reside en un sector donde existen al menos dos de estos puntos de venta de estupefacientes.

En la zona actúan bandas como Los Rule, Los Destornilladores y Los Ganzúa, grupos reconocidos por su participación en actividades de tráfico de drogas y hurtos. Las autoridades han extendido las investigaciones a barrios como Unir y Garcés Navas, con el objetivo de determinar si existe una conexión directa entre el joven detenido y estas estructuras delictivas.

El presunto atacante es un menor de 14 años que permanece hospitalizado bajo vigilancia de la Policía Nacional, luego de resultar herido por los escoltas del congresista. Las primeras indagaciones arrojan múltiples elementos que están siendo evaluados por las autoridades para determinar si se trata de un hecho aislado o de un plan premeditado con participación de terceros.

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“Tiene que ser hoy”: las comunicaciones previas al ataque

De acuerdo con versiones obtenidas por las autoridades en el momento de la captura, el menor habría mencionado que el ataque debía realizarse ese mismo día. Esa afirmación coincide con lo observado en los registros de video: el joven llegó al lugar cuando el evento ya estaba en marcha y se acercó progresivamente al senador. Esta urgencia refuerza la hipótesis de que recibió una instrucción específica y posiblemente a contrarreloj, lo cual está siendo cotejado con los elementos técnicos del caso, incluyendo el análisis de sus comunicaciones recientes.

Un arma costosa, poco común en hechos aislados

Durante el procedimiento de captura, el equipo de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) incautó un arma que, según información preliminar, no corresponde a las comúnmente utilizadas en hechos de delincuencia callejera. Se trata de un arma de alto costo –aproximadamente 5 millones de pesos– y que es usada por equipos profesionales de salud y estatales, lo cual ha llamado la atención de los investigadores. Este detalle es considerado clave, ya que podría indicar un respaldo logístico más complejo y un nivel de planeación que supera las capacidades de un menor actuando por cuenta propia.

Movimientos sospechosos durante el evento

El análisis de las grabaciones de seguridad del lugar ha permitido reconstruir los movimientos del atacante. Al inicio de la intervención pública de Uribe Turbay, el menor no se encontraba a la vista. En momentos posteriores aparece en primera fila, frente al senador, y luego se desplaza hacia su espalda. Este patrón de movimiento, en combinación con su aproximación silenciosa, es interpretado como una señal de premeditación. Los escoltas reaccionaron a tiempo, evitando que el ataque tuviera consecuencias letales.

Sin un plan de fuga definido

Otro aspecto que está siendo objeto de análisis es la aparente ausencia de un plan de escape. Según las autoridades, el menor no contaba con medios logísticos ni rutas claras para huir tras el ataque. Todo indica que pretendía escapar a pie, lo cual resultó inviable dada la rápida reacción del equipo de seguridad. Esta improvisación contrasta con otros elementos del caso, como el tipo de arma y el posible grado de coordinación con terceros, lo cual abre nuevas líneas de investigación.

Una posible cómplice: el diálogo con una mujer antes del atentado

Las cámaras también captaron al joven conversando con una mujer momentos antes del ataque. Aunque no se ha determinado si esta persona tiene alguna implicación directa, su presencia ha sido considerada relevante por los investigadores. Se trabaja en identificarla plenamente y establecer si fue testigo casual o si hacía parte de la operación. Las autoridades no descartan que haya existido algún tipo de acompañamiento o complicidad.

La situación legal y familiar del menor

El joven involucrado en el atentado vive con una tía desde la muerte de su madre. Su padre reside en el exterior y, tras el hecho, un hombre que se identificó como su tío acudió al centro médico donde fue trasladado, para actuar como acudiente legal. El menor será sometido a una cirugía por la herida causada durante su captura. Personal de trabajo social del hospital notificó a los familiares sobre su estado.

En el lugar de los hechos, tras ser reducido, el menor manifestó que podía entregar información sobre los autores intelectuales del ataque. Según testigos, ofreció proporcionar números de contacto vinculados con quienes le dieron la orden. Las autoridades evalúan el contenido de esa declaración como parte del proceso investigativo en curso.

Investigación en curso y refuerzo de seguridad

El caso ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales, en especial por el hecho de que el atacante sea un menor de edad y por las dudas sobre la posible participación de estructuras criminales en el hecho. La Fiscalía General de la Nación y la Policía adelantan las labores correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades penales.

Mientras tanto, se han reforzado los esquemas de seguridad en eventos públicos de figuras políticas, especialmente aquellas que, como Miguel Uribe, tienen visibilidad nacional y aspiraciones presidenciales.

Debido a la conmoción nacional e internacional que generó el atentado armando contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático, se conoció el testimonio de uno de los protagonistas de los dramáticos momentos que rodearon el hecho.

Se trata de Víctor Mosquera, edil de Fontibón, que estuvo al lado del congresista durante el evento político en el barrio Golfito, en Modelia, al occidente de Bogotá, y fue quien, tras el ataque, sostuvo al legislador herido mientras se intentaba trasladarlo a una unidad médica.

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El edil, que organizó y lideró la convocatoria al acto público en el que participaría el senador Uribe Turbay como precandidato presidencial, relató cómo se desarrollaron los acontecimientos previos al atentado y cómo vivió en primera persona los instantes posteriores al ataque. En diálogo con Noticias Caracol, Mosquera explicó que “escuchamos un estruendo que a todos nos dejó aturdidos y no sabíamos qué pasaba. Realmente fueron hechos muy confusos”.

La llegada de Miguel Uribe fue planeada con una semana de anticipación

El evento había sido planificado con una semana de antelación, según indicó el edil, que defendió que no se trató de una actividad improvisada. “No fue un acto esporádico, fue un acto planificado, consultado una semana con anterioridad”, aseguró Mosquera, que se encargó de presentar al senador ante los asistentes, acompañado por el concejal Andrés Barrios.

La actividad, que reunió a vecinos, líderes comunitarios y familias del sector, se llevaba a cabo en una ‘tarima’ improvisada, construida con un par de canastas de mercado, ante la expectativa de escuchar al senador Uribe Turbay, que se dirigía a los presentes como parte de su agenda pública en barrios populares de Bogotá. La intervención apenas llevaba quince minutos cuando se produjo el ataque.

En medio del caos generado por los disparos, el equipo de seguridad del senador reaccionó de inmediato junto con los líderes locales presentes. Víctor Mosquera, visiblemente afectado por lo ocurrido, recordó que “lo único que hago es tratar de socorrerlo”, mientras cargaban al legislador gravemente herido para intentar evacuarlo del lugar en uno de los vehículos de la comitiva; sin embargo, una ambulancia arribó rápidamente al sitio y asumió el traslado.

Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico

De acuerdo con los informes, Miguel Uribe Turbay recibió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Uno de los proyectiles que se alojó en su cráneo obligó a que fuera sometido a una cirugía craneoencefálica de urgencia. Hasta el momento, el parte médico indica que el senador permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Santa Fe, con pronóstico reservado y en estado crítico.

Las imágenes captadas por varios de los asistentes han circulado ampliamente, mostrando al edil Mosquera sosteniendo en brazos al senador herido, una escena que provocó impacto en la opinión pública y que fue descrita como uno de los momentos más significativos de la jornada, debido a sus lágrimas mientras lo sostenía.

En cuanto a la autoría del ataque, las autoridades lograron identificar al agresor gracias a videos grabados durante la actividad y por la presencia de la seguridad del legislador en el lugar.

Mediante los distintos registros, se observa a una persona huyendo de la escena, que fue herida por el equipo de seguridad del senador en medio de la persecución. Posteriormente, fue detenido. Se trata de un menor de edad, identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, mismo que es señalado como presunto responsable del ataque; al momento de su aprehensión, le fue incautada una pistola calibre 9 mm.

La captura del joven abrió una nueva fase de investigación, ya que las autoridades buscan establecer si el menor actuó por cuenta propia o si recibió instrucciones de terceros. Por ahora, se mantiene bajo custodia mientras la Fiscalía adelanta las diligencias correspondientes para determinar las motivaciones del atentado.

Por su parte, el edil Mosquera reiteró que el objetivo del evento era establecer un diálogo directo con la ciudadanía y brindar un espacio en el que los líderes comunitarios pudieran expresar sus inquietudes ante el senador. “Era una jornada que buscaba acercar al precandidato a la comunidad”, señaló, en medio del desconcierto por la violencia con la que terminó la actividad.

El concejal bogotano Andrés Barrios, del Centro Democrático, entregó un detallado testimonio sobre el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Barrios, que acompañaba al senador durante una actividad de campaña, presenció el momento en que un hombre armado irrumpió en medio de una multitud para disparar contra el dirigente político.

El hecho ocurrió mientras Uribe Turbay participaba en un evento público con aproximadamente 250 personas. Según relató Barrios, la actividad ya se encontraba en su fase final cuando un individuo no identificado emergió de entre los asistentes y accionó un arma de fuego en contra del precandidato. El ataque provocó confusión y alarma entre los presentes.

La reacción del equipo que acompañaba a Uribe fue inmediata. Barrios explicó que él mismo intervino para subir al herido a un vehículo de seguridad, asignado por su esquema de protección. Sin embargo, en el trayecto hacia un centro asistencial, una ambulancia llegó de manera oportuna y se encargó del traslado definitivo del paciente. El concejal describió este momento como una escena marcada por la urgencia, la incertidumbre y la esperanza de que la atención médica pudiera estabilizar la condición de Uribe.

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Durante su intervención en medios de comunicación posterior a los hechos, Barrios también compartió reflexiones sobre el contexto en que se produjo el ataque. Subrayó que, en el instante en que ocurrieron los disparos, Miguel Uribe hablaba sobre la necesidad de recuperar la seguridad en Colombia, un tema recurrente en sus intervenciones públicas y que ha sido central en su postura crítica hacia las políticas del actual gobierno, en particular frente a los resultados de la llamada “paz total”.

Para Barrios, el atentado no solo representa un ataque contra una figura política, sino un síntoma de la creciente inseguridad que, en su opinión, afecta gravemente a los ciudadanos del país. En su lectura, los hechos reflejan una situación donde la delincuencia actúa con impunidad, debido —según él— a un debilitamiento del Estado frente a los grupos ilegales. En ese sentido, expresó su preocupación por lo que considera una falta de consecuencias para quienes infringen la ley.

“Ayer en Colombia revivimos una de las peores pesadillas, que quizá no veíamos desde la década de los noventa. Unos criminales cobardes se valieron de un gatillero de 14 años con la intención de eliminar por completo la vida de mi amigo, mi mentor y precandidato presidencial Miguel Uribe, mientras estábamos en Fontibón en una actividad política con la comunidad”, escribió Barrios en un comunicado de prensa.

El concejal también hizo un llamado a la solidaridad nacional, al considerar que momentos como este exigen unidad frente a la violencia. Si bien evitó especular sobre los móviles del ataque, sí enfatizó en la necesidad de reforzar las garantías democráticas para todos los sectores políticos, especialmente en tiempos de campañas electorales.

“Quiero agradecer muy especialmente a mi esquema de seguridad que no solo me protegió a mí sino que reaccionaron oportunamente para capturar al delincuente. Se comportaron como unos héroes, unos valientes. Para ellos toda mi gratitud, reconocimiento y aprecio”, agregó Andrés Barrios.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay generó amplias reacciones en distintos sectores, y ha sido interpretado como una señal de alerta en medio del ambiente electoral que ya empieza a tomar forma con miras a los comicios presidenciales. Las autoridades, por su parte, iniciaron las investigaciones para identificar al agresor y establecer los móviles del hecho.

Mientras tanto, se espera un parte médico oficial sobre el estado de salud del precandidato. De momento, se sabe que recibió atención inmediata y que su condición es reservada. El equipo de campaña no ha emitido declaraciones públicas adicionales.

El relato del concejal Barrios aporta una reconstrucción de los hechos que pone en evidencia las vulnerabilidades de la actividad política en el país. También reafirma el clima de tensión que rodea a líderes y candidatos en un entorno donde la violencia sigue siendo una amenaza latente.

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe ha salido de cirugía después de tres horas de operación pero sigue en estado crítico tras el ataque a tiros que ha sufrido durante un mitin en Fontibón, una localidad del distrito capital de Bogotá.

Uribe ha sido operado en la Clínica Fundación Santa Fe, en el norte de la capital, donde fue trasladado de urgencia tras una primera estabilización inicial en un centro médico de Fontibón.

El congresista Christian Garcés, compañero de Uribe en el conservador Partido Centro Democrático, ha informado en su cuenta de la red social X que ha sido la propia mujer del senador quien ha informado a sus allegados del final de la operación.

"Nos informa María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Miguel salió de la cirugía, lo logró". Ahora un gran esfuerzo en su recuperación", ha indicado.

Las fuerzas de seguridad están preparando ya el interrogatorio del único detenido hasta el momento, identificado por ahora como el autor de los disparos, según ha explicado el alcalde de la capital, Carlos Galán.

El detenido es un menor de 15 años de edad, reducido por los asistentes tras efectuar los disparos, que ha recibido atención médica en la clínica Colombia antes de su traslado policial. El joven, de quien se sospecha que puede ser un sicario a sueldo, llegó al lugar del mitin en motocicleta y disparó seis veces por la espalda a Uribe.

Se siguen revelando detalles del ataque armado que resultó víctima el precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que se encontraba liderando una toma como parte de su campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

A propósito, Última hora Caracol reveló la conversación que el joven delincuente habría tenido con otra persona que habría participado en el hecho.

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“Vamos a cobrarlo pero temprano”, se lee en uno de los mensajes, al parecer, del joven sicario de 14 años, identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, residente de la localidad de Engativá. Supuestamente, vive con una tía, hermana de su mamá –que habría fallecido hace unos años–. En cuanto a su padre, este viviría en Polonia.

Su interlocutor le insiste en que la diligencia criminal se tiene que llevar a cabo de manera inmediata: “Tiene que ser hoy sí o sí (...) No mano, hoy a la hora que sea (sic)”.

“Eso de noche pa los indrivers es mero visaje”, dijo en otra parte de la conversación.

Al parecer, serían dos delincuentes los que estuvieron en la escena del crimen para ejecutar el atentado. Sin embargo, genera curiosidad que, al parecer, habrían llegado en motocicleta, pero nadie los esperaba una vez terminaran de cometer el hecho criminal.

“Cogemos un bus mejor, esos indriver están poniendo (...) Por algún lado donde nos trepemos a un bus de una”, dice uno de los presuntos implicados en el hecho.

“Chuleamos jajajaja (...) Un taxi pero lo culeamos”, contestó el presunto criminal.

Cronología del atentado

La información disponible indica que hacia las 5:00 p. m., Uribe Turbay lideraba una toma de su campaña en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana.

Hacia las 5:30 p.m., el presunto criminal aprovechó que el político estaba de espaldas para disparar en al menos seis ocasiones en medio de la multitud que acompañaba al también senador. Otros dos presentes también resultaron heridos.

En videos suministrados a Infobae Colombia, se observan los momentos posteriores al atentado criminal contra el político.

En las imágenes, se ve a uno de los presuntos atacantes corriendo por una de las cuadras del mencionado barrio con el propósito de emprender la huida.

Sin embargo, quienes serían participantes del evento público y autoridades actuaron con rápidez y dispararon en una de las piernas del atacante de 14 años.

Al capturado se le incautó un arma de fuego con la que, presuntamente, habría cometido el ataque.

Para el momento de la captura, varias personas increparon al delincuente y le preguntaron quién le habría ordenado cometer el ataque: “Yo le doy los números”, respondió el presunto criminal.

El criminal herido permanece internado en la Clínica Colombia en compañía de un tío, y le fue incautada un arma de fuego, una nueve milímetros, con la que habría perpetrado el ataque.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que hay en curso cuatro líneas de investigación por el atentado y que están revisando las cámaras de seguridad y un equipo de criminalística está en la escena de los hechos recolectando el material probatorio correspondiente para determinar los móviles y los responsables intelectuales del hecho violento.

Por su parte, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional del Centro Democrático, envió una comunicación a la fiscal General, solicitando la urgente judicialización y la custodia de los presuntos responsables del atentado al precandidato Miguel Uribe.

“Como Director Nacional del Partido Centro Democrático, me permito dirigirme a su despacho con carácter de urgencia institucional para solicitar la judicialización inmediata de los responsables del atentado criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay, integrante activo de nuestra colectividad y representante legítimo del pueblo colombiano en el Congreso de la República”, se lee en la misiva.

El detenido, identificado como Carlos Roberto Escalante Martínez, de 23 años, fue arrestado por agentes de la PNP durante una intervención policial en su domicilio.

Durante la captura, los agentes hallaron pruebas clave que vinculan a Escalante con el crimen. Entre los elementos encontrados se destacó un chaleco con el logo del Ministerio de Salud, prenda que fue registrada en las cámaras de seguridad de la estación en el momento del homicidio.

El coronel PNP Henry Chingay, jefe de la División Policial Este 2, indicó que Escalante habría recibido 4.000 soles por ejecutar el atentado contra el joven, quien falleció poco después de recibir el disparo letal.

Capturan al sospechoso del crimen en la Estación La Cultura

Carlos Roberto Escalante Martínez fue detenido durante un operativo realizado en la zona donde reside. Al intentar evadir la intervención, el joven fue interceptado por los agentes de la PNP, quienes, al realizar el registro, encontraron varios objetos que lo vinculaban directamente con el crimen.

Entre los elementos hallados se encontraban armas de fuego, munición, explosivos y prendas de vestir que coinciden con las utilizadas durante el asesinato en la estación de tren, informó el coronel Chingay.

“Durante su captura, se encontraron armas de fuego, munición, explosivos y prendas de vestir, entre ellas un chaleco azul con la inscripción del Ministerio de Salud, que fue utilizado el 17 de enero para cometer el crimen en esta estación de trenes”, declaró el coronel PNP a RPP Noticias.

La identificación de Escalante también fue posible gracias a los tatuajes que posee en su cuerpo, los cuales fueron clave para confirmar su identidad. Estos tatuajes, observados en imágenes de otras investigaciones, coincidían con los de un individuo que había sido relacionado con hechos similares.

Además, las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación permitieron seguir la pista del detenido, lo que finalmente llevó a su captura. Según las autoridades, la evidencia recolectada refuerza la acusación de que Escalante fue quien disparó contra el adolescente, quien murió horas después del ataque.

Cobró 4 mil soles por matar a adolescente

Durante las investigaciones, la policía descubrió que Carlos Roberto Escalante Martínez habría recibido 4.000 soles por asesinar al joven de 17 años.

El jefe policial señaló que el encargo provino de un delincuente que actualmente se encuentra internado en el penal de Castro Castro, quien habría ordenado el crimen por razones aún no del todo esclarecidas.

“Al parecer, la orden provino de un delincuente que se encuentra recluido en el penal de Castro Castro, quien habría ordenado el asesinato de este joven a cambio de 4,000 soles”, sostuvo.

Detenido habría participado en otros crímenes

A pesar de no contar con antecedentes penales o policiales previos, Carlos Escalante podría estar involucrado en otros crímenes. La policía ha indicado que los tatuajes del detenido han permitido vincularlo con varios hechos delictivos, entre ellos, un asalto a una pizzería ocurrido el 14 de enero, otro atraco a una tienda de abarrotes de una cadena nacional el 5 de abril, y un robo a una farmacia el 19 de abril.

La policía continúa investigando la posible implicación de Escalante en otros actos de violencia y crimen organizado, como sicariato y extorsión. Aunque no se han presentado pruebas suficientes para acusarlo formalmente de otros delitos, las investigaciones siguen su curso, y la policía no descarta que Escalante sea parte de una red delictiva más amplia.

Sobre los hechos

El 17 de enero, un joven de 17 años murió tras ser atacado por delincuentes en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Borja, cuando abrieron fuego frente a varios usuarios del transporte público.

Según testigos, los atacantes dispararon contra la víctima, identificada como T. H. A., quien trabajaba como “tarjetero” en la estación. Un proyectil impactó en su cuello, y, tras caer al suelo, fue trasladado de urgencia a la Clínica Internacional, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 4 p.m. Según las cámaras de seguridad, uno de ellos, vestido con una polera azul oscuro, chaleco del Ministerio de Salud y mascarilla, disparó a la víctima.

La Justicia condenó a Gerson Jair Churquina a 20 años de prisión. El hombre fue quien conducía el auto desde el cual un sicario mató por error a un joven en 2022. La víctima fue Kevin Leguizamón.

Los jueces Silvana Lamas González, Florencio Malaponte y Facundo Becerra concluyeron que Churquina desempeñó un papel crucial en este brutal ataque luego del juicio oral y público.

El asesinato ocurrió en la calle Montero al 6400, cuando Leguizamón caminaba acompañado de la hija de su pareja, de apenas 4 años.

Kevin regresaba del jardín de infantes con la niña, cuando fue sorprendido por el ataque. El sicario, actuando desde un Peugeot 208 negro conducido por Churquina, disparó contra Leguizamón, provocándole la muerte inmediata. Recibió siete tiros.

Según el fiscal Adrián Spelta, los atacantes habían vigilado al joven desde temprano, rodando por el barrio a la espera del momento oportuno, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de haberlo localizado esa misma mañana, decidieron no intervenir cuando lo vieron por primera vez debido a la presencia de la niña. No obstante, se aprovechó la oportunidad cuando el joven regresaba a casa con la menor de la mano. Usaron una pistola calibre 9 milímetros para ejecutar el crimen a tan solo centímetros de distancia.

Durante el juicio, el fiscal Spelta solicitó una pena de 23 años para Churquina, alegando que funcionó como coautor material del homicidio. Finalmente, los jueces concluyeron condenarlo a 20 años de prisión.

En su declaración a los medios, el fiscal resaltó la naturaleza absurda y desgarradora del crimen al señalar que Leguizamón era simplemente un trabajador que retornaba a su hogar con la niña del jardín.

Churquina, atrapado por el Comando Radioeléctrico en julio de 2022, había escondido el vehículo que se usó para cometer el asesinato en la calle 2.144 al 6900. Este hallazgo fue fundamental para avanzar en la investigación.

Doble crimen en Rosario

En el barrio 7 de Septiembre de Rosario, la violencia volvió a cobrar protagonismo con el asesinato de dos hombres, Juan José Quintela, de 52 años, y Eduardo Ezequiel Gallardo, de 42 años. Ambos perdieron la vida tras recibir quince disparos en un trágico ataque que tuvo lugar a principios de mayo. Según preciaron a Infobae fuentes cercanas a la investigación, el hecho ocurrió en las calles Ayala Gauna y Colombres, zona que en el pasado ya había sido testigo de episodios vinculados a bandas criminales, como “Los Menores”, supuestamente involucrada en el homicidio del reconocido líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, en noviembre.

Quintela y Gallardo se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron sorprendidos por tres hombres que se acercaron a pie y abrieron fuego. El mayor de las víctimas murió a pocos metros del auto, mientras que Gallardo fue trasladado al Hospital Alberdi donde finalmente sucumbió a las múltiples heridas.

Marisol Fabbro, fiscal a cargo de la investigación, instruyó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones a acopiar las evidencias en el lugar, incluidas las quince vainas de bala encontradas en el sitio del crimen. También requería la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad cercanas.

Los responsables del doble homicidio, según los primeros testimonios policiales, aparentan ser “muy jóvenes” y escaparon rápidamente del lugar hacia la cortada El Paraíso, donde un vehículo gris los aguardaba para ponerse a salvo.

Durante las 24 horas previas al crimen, se registraron varios episodios violentos en la zona. Por caso, Héctor Tomás H. (64) fue baleado en la madrugada en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez y terminó internado en el Hospital Provincial con heridas de arma de fuego en el rostro y en los brazos. Héctor H., según un familiar directo, fue atacado al subirse a su Corsa gris después de salir de un kiosco. En la escena, los peritos secuestraron siete vainas servidas.

De acuerdo con La Opinión, el crimen tuvo lugar en la mañana del jueves 15 de mayo de 2025, cuando María José Estupiñán, una joven de 22 años y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), fue asesinada frente a su residencia por dos hombres que se hicieron pasar por repartidores.

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Según lo registrado en un video que circula en redes sociales, el ataque ocurrió mientras la madre de la víctima presenciaba la escena y desesperadamente grita: “¡No, mi hija no!”.

El video, que ha generado indignación y tristeza entre los habitantes de la región, muestra al hombre disfrazado como domiciliario, lo que le permitió acercarse sin levantar sospechas. En las imágenes se observa cómo el atacante lleva a cabo el crimen, mientras los gritos de la madre de María José resuenan en el fondo, además de evidenciar la impotencia y el dolor de la familia ante el brutal ataque.

La identidad del sicario aún no ha sido confirmada por las autoridades, que han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del asesinato y dar con el paradero del responsable. Este caso ha puesto nuevamente en el foco la problemática de la violencia en la región, así como el uso de disfraces o fachadas para cometer delitos.

Entrega de regalo

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, los atacantes se acercaron al porche de la vivienda de la víctima bajo el pretexto de entregarle un regalo. En ese momento, le dispararon y huyeron rápidamente del lugar. El coronel Leonardo Capacho, comandante del primer distrito de la Policía, explicó al medio local que las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los motivos detrás del homicidio.

Una de las hipótesis principales apunta a un feminicidio, ya que la joven había presentado denuncias por violencia intrafamiliar. Sin embargo, el oficial destacó que no se descartan otras líneas de investigación.

El equipo de criminalística y la Fiscalía acudió al lugar de los hechos para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Además, las autoridades revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad en la zona y también recopilaron declaraciones de vecinos con el objetivo de identificar a los responsables. Hasta el momento no se ha confirmado si la joven había recibido amenazas.

María José Estupiñán, que estaba a punto de graduarse de su carrera universitaria, también se dedicaba al modelaje, según las publicaciones en sus redes sociales. En estas plataformas, la joven había compartido recientemente que se encontraba en proceso de recuperación tras someterse a una cirugía estética en la nariz. Por ahora, la UFPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre la posibilidad de otorgarle el título póstumo que estaba próximo a recibir.

El asesinato de María José se produce en un contexto de creciente violencia en Cúcuta, donde los índices delictivos han aumentado en los últimos meses, especialmente en áreas residenciales del área metropolitana. Este panorama ha generado preocupación entre los habitantes y ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en la región.

Violencia en Colombia va en aumento

El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial reveló un preocupante aumento del 95% en el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales durante el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el informe, que analiza las cifras de seguridad desde enero de 2024 hasta marzo de 2025, los homicidios en Colombia crecieron un 2%, pasando de 3.174 a 3.244 casos en el primer trimestre de este año. Lo anterior equivale a una tasa de 8,21 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El 66% de estos crímenes ocurrieron en zonas urbanas, y los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá D.C., Atlántico, Cauca y Bolívar concentraron el 56% de los casos. En particular, los cuatro primeros departamentos mostraron un incremento en comparación con el mismo periodo de 2024.

La tranquilidad del distrito de San Miguel en Lima se vio abruptamente interrumpida este miércoles por la tarde cuando un sicario, disfrazado de repartidor de delivery, asesinó a balazos a un hombre dentro del Mercado Pacífico. El establecimiento se encuentra en el cruce de las calles Las Naranjas y Los Pinos, a pocas cuadras del Parque de las Leyendas y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Según testigos, el agresor utilizó una motocicleta para llegar al lugar, portando una mochila de reparto y un casco para camuflarse como trabajador de delivery. El ataque, efectuado sin mediar palabra, impactó en repetidas ocasiones a un comerciante conocido como “Nilton”, quien se dedicaba a la venta de carnes en el mercado. La víctima fue rápidamente trasladada al Hospital Naval, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las cámaras de seguridad del mercado capturaron el ataque, lo que podría ser crucial para identificar y detener a los responsables. Durante las primeras diligencias, se encontraron al menos cuatro casquillos de bala en el lugar. Los comerciantes y vecinos de San Miguel han expresado su necesidad urgente de mayor seguridad en la zona para mantener el orden.

Restricciones a la circulación de motocicletas en Perú

El crimen también ha encendido las alarmas respecto a la circulación de motocicletas con dos ocupantes. Según el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM, esta práctica está prohibida para combatir el crimen organizado, lo que convierte el asesinato en un desafío directo a las medidas de seguridad implementadas por el ejecutivo

La promulgación del Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM, que prohíbe la circulación de dos personas en motocicletas en Lima y Callao, ha generado un acalorado debate. Esta medida es parte de las acciones del gobierno peruano para combatir la delincuencia, particularmente el uso de motocicletas en actos criminales.

La restricción busca reducir la criminalidad organizada y el sicariato, aunque la comunidad de motociclistas ha expresado su descontento. Esta disposición afecta a los ciudadanos que utilizan motos lineales como un medio de transporte económico y eficiente, y los repartidores de delivery enfrentan nuevos requisitos de registro ante las autoridades para operar sin restricciones legales.

Las disposiciones del decreto incluyen no solo la limitación del número de ocupantes en una motocicleta, sino también nuevos requisitos para los motociclistas, como el uso obligatorio de cascos homologados y chalecos reflectantes que muestren el número de matrícula de la moto. Sin embargo, algunos líderes del sector consideran que estas medidas son insuficientes y desproporcionadas, perjudicando a miles de ciudadanos que usan las motocicletas diariamente sin resolver el problema de fondo.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Central 111 contra extorsiones: Una línea gratuita y confidencial que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, ofreciendo atención inmediata a las víctimas de extorsión. Es crucial que las pruebas sean documentadas y enviadas a las autoridades.
• Central de emergencias 105: Además, puedes reportar casos de extorsión llamando al 105. La Policía Nacional del Perú (PNP) derivará tu caso a la comisaría correspondiente para iniciar las investigaciones.
• Línea 1818: El Ministerio del Interior también ha habilitado este número para que los ciudadanos puedan denunciar casos de extorsión de manera segura y confidencial.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Aseguró que la banda criminal le prometió una suma que nunca recibió, y que necesitaba ese dinero para enviar a su enamorada a España.

Como se recuerda, el pasado 23 de abril, Cristian Villalba, técnico de celulares de 49 años, fue asesinado a tiros en el centro comercial ‘Polvos Chalacos’ en el Callao. El sicario, un joven de 16 años, disparó en la cabeza a Villalba frente a su hermano y varios testigos. Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente. Las cámaras de seguridad captaron el momento del crimen, lo que permitió la identificación del atacante.

Sicario reconoció crimen y aseguró que lo hizo por dinero

El adolescente detenido tras el crimen confesó su participación en el asesinato de Cristian Villalba. Durante su interrogatorio, relató que la banda criminal le había prometido una suma de dinero a cambio del asesinato.

Sin embargo, el joven indicó que nunca recibió el pago acordado, lo que generó frustración en él. En su declaración, mencionó que necesitaba ese dinero para poder enviar a su enamorada a España.

“Como yo iba a viajar, necesitaba esa plata que al último no me la dieron. Yo con esa plata iba a mandar a mi enamorada a España”, afirmó el sicario. Estas palabras fueron recogidas por las autoridades, quienes confirmaron que el joven, antes de ser capturado, ya tenía antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Captura del sicario de técnico de celulares

El adolescente fue detenido durante un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional del Perú. La detención ocurrió en un auto conducido por un hombre de 20 años, conocido como ‘Jordi‘, quien también fue arrestado. Según las autoridades, ‘Jordi’ forma parte de la banda ‘Los Malditos de la Siberia Nueva Generación’ y tiene antecedentes por tenencia ilegal de armas.

Durante la intervención, se les incautó una pistola con la serie borrada, una cacerina, 50 municiones y tres kilos de marihuana, lo que refuerza las sospechas de que ambos detenidos están involucrados en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado.

El general Isaac Candia, jefe de la región policial del Callao, aseguró que se están tomando medidas para garantizar que ambos sospechosos enfrenten el proceso judicial correspondiente.

“Lo más probable, y lo que esperamos que así suceda, es que ellos vayan al penal que corresponda el mayor y al centro que le corresponda a este menor”, comentó el oficial.

Asesinato de Cristian Villalba en el Callao

Un técnico de celulares de 49 años fue asesinado a tiros en el Callao en plena luz del día. Cristian Villalba Barturen, quien tenía su puesto en el centro comercial ‘Polvos Chalacos’, fue acribillado por un sicario en la cuadra 5 de la avenida Sáenz Peña.

El delincuente disparó en al menos dos ocasiones, alcanzando a la víctima en la cabeza mientras se encontraba en su lugar de trabajo, acompañado de su hermano.

El primer disparo hizo que la víctima cayera al suelo, pero el sicario continuó su ataque. Mientras tanto, los testigos, aterrados, intentaron huir para evitar ser alcanzados por las balas.

Después de cometer el asesinato, el agresor escapó rápidamente. Las cámaras de seguridad del centro comercial registraron el momento del crimen. El hermano de la víctima logró salir corriendo del lugar, esquivando las balas disparadas. Su testimonio será fundamental para esclarecer el caso.

La Policía Nacional de Colombia informó que luego de un operativo logró la captura de Deduin Giovanni Ceballos Triviño, alias Tata, incluido en el cartel de los más buscados del departamento del Valle del Cauca, por el que ofrecían hasta $50 millones.

De acuerdo con información de las autoridades, el sujeto de solo 19 años era requerido judicialmente por el delito de Extorsión Agravada. También señalado de ser el responsable de coordinar homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes; así como de ordenar el incendio de vehículos y el lanzamiento de artefactos explosivos contra establecimientos comerciales.

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“Este resultado se logra a través de un trabajo riguroso de nuestros investigadores del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), personal de la Seccional de Inteligencia (SIPOL), todo en el desarrollo de la estrategia del Nuevo Servicio de Policía y a la articulación con la Gobernación del Valle del Cauca y Fiscalía General de la Nación, mediante diligencia de registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio San Francisco del municipio de Tuluá, se logró la captura de Deduin Giovanni Ceballos Triviño alias Tata requerido judicialmente por el Juzgado 102 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Buga, por el delito de Extorsión Agravada”.

Importante mencionar, que con este resultado, se logra el esclarecimiento de 21 casos de extorsión. Alias Tata habría dado sus primeros pasos al interior de la organización delincuencial La inmaculada, siendo menor de edad, obteniendo una trayectoria criminal de cuatro años. Su actuar esta vinculado con la incineración de vehículos y extorsión a comerciantes de la zona.

Si las víctimas “se negaban al pago de extorsiones, lazaba granadas y realizaban disparos contra establecimientos comerciales, además de ser el responsable de materializar desapariciones, a través de acciones de tortura por ajustes de cuentas de la organización.”, detallaron las autoridades.

Además, alias Tata es posiblemente el responsable de múltiples acciones sicariales generadas en territorio urbano de Tuluá, como el triple homicidio que se registró el pasado 19 de abril de 2025 en el barrio Portales del Río.

“El hoy detenido, presenta anotaciones judiciales por los delitos de Homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, concierto para delinquir agravado por darse para tortura, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, en los años 2020, 2021, 2022 y 2023”.

​​Los agentes de policía señalaron que el sindicado, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, que, al término de la legalización de las audiencias, un juez con funciones de control de garantías, determinó dictarle medida de privativa de la libertad en centro penitenciario y carcelario, por los delitos que se le imputa.

A propósito, el comandante del Departamento de Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, anunció que fue detenido alias Santinga, un criminal que lideraba a los sicarios en Buenaventura.

“También fue capturado alias Satinga. Satinga fue capturado en el municipio de Buenaventura, era el líder, era Determinador de los Sicariatos en el municipio de Buenaventura. También fue dejado a disposición con medida intramural por el juez y alias Brandon en el municipio de Guacarí, también asociado a estos temas de extorsión, determinador de homicidios y fue también dejado con vida intramural en el municipio de Cali y extorsionado en Guacarí”.

Y agregó: “Una vez más, reafirmamos nuestro compromiso, por mantener la seguridad de los tulueños, con este importante resultado operacional; seguiremos dando resultados articuladamente con las autoridades gubernamentales y locales del Departamento del Valle del Cauca y la Fiscalía General de la Nación para garantizar óptimas condiciones de convivencia y seguridad ciudadana”.

Un destacado caso en el que se entrelazan ciencia, fraude y un brutal asesinato ha llegado a su desenlace tras la condena a cadena perpetua del investigador biomédico Serhat Gumrukcu, de 42 años, por un tribunal federal en Vermont. El acusado, quien aseguraba haber desarrollado una “cura revolucionaria para el VIH”, fue hallado culpable en un juicio de cinco semanas por los cargos de asesinato por encargo, conspiración para cometer asesinato por encargo y conspiración para cometer fraude electrónico. El anuncio fue realizado por la Oficina del Fiscal del Distrito de Vermont.

De acuerdo con People, el crimen tuvo lugar en enero de 2018, cuando un hombre llamado Jerry Banks, contratado por intermediarios en nombre de Gumrukcu, secuestró y asesinó a Gregory Davis, un empresario de Vermont.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Banks se presentó en la residencia de Davis en Danville, disfrazado de agente federal, y lo raptó usando una pistola. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de la víctima, padre de seis hijos, fue hallado en un banco lleno de nieve no lejos de su casa. “Serhat Gumrukcu es un criminal implacable cuya avaricia lo llevó a ordenar la muerte de su propio socio comercial“, declaró a la prensa Craig L. Tremaroli, agente especial del FBI que estuvo a cargo del caso.

Una disputa que terminó en tragedia

Las tensiones entre Davis y Gumrukcu, según documentos oficiales, fueron generadas por un controversial acuerdo de millones de dólares relacionado con un proyecto biotecnológico basado en la afirmación de encontrar una cura para el VIH.

La víctima había amenazado con emprender acciones legales contra el acusado, no solo por dudosas actividades relacionadas con el fallido acuerdo relacionado con la enfermedad, sino también por su papel en un malogrado negocio de transacciones de petróleo, informó el DOJ. Fue este temor a ser delatado lo que llevó a Gumrukcu a planear el asesinato de Davis.

La complejidad del caso se extendió más allá del crimen, involucrando a varios intermediarios en la ejecución del plan. Según el DOJ, Gumrukcu utilizó la ayuda de su amigo cercano, Berk Eratay, quien facilitó el contacto con otro intermediario, Aaron Ethridge. Finalmente, este último contrató al ejecutor, Jerry Banks, para llevar a cabo el homicidio.

Sobre estos arreglos, el fiscal interino Michael P. Drescher afirmó a la prensa: “Serhat Gumrukcu trató de ocultar su participación en el asesinato de Gregory Davis al pagar a un hombre para que contratara a otro, que contactaría al sicario que disparó y mató a la víctima“.

NBC 5 informó que Banks mencionó que fue contratado por un individuo que se hacía llamar “el Príncipe Turco”, un título que, según los fiscales, el propio Gumrukcu habría adoptado. A esto se sumó el rastreo de ubicaciones móviles, registros bancarios y evidencias electrónicas que resultaron cruciales para implicar a los cuatro conspiradores involucrados en el caso.

La condena contra Gumrukcu

El juicio reflejó la magnitud de la investigación llevada a cabo por distintas agencias. El director de la Policía Estatal de Vermont, Matthew T. Birmingham, expresó a los medios: “El juicio es un reflejo del minucioso trabajo policial y las amplias evidencias recolectadas durante lo que sería una de las investigaciones más completas y complejas en la historia de la policía estatal de Vermont“. El funcionario concluyó asegurando que espera que esta condena ofrezca algo de consuelo a la familia de la víctima.

Gumrukcu continúa bajo custodia desde su arresto en mayo de 2022 y enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua, cuyo detalle aún no ha sido programado. Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, su estrategia de ocultamiento fue tan elaborada como nefasta, recurriendo a mentiras en múltiples entrevistas con el FBI.

Pontevedra, 21 ene (EFE).- Un hombre de 31 años, vecino de Barcelona, ha sido detenido por la Guardia Civil por haber contratado a un sicario a través de la conocida como 'red oscura' para que desfigurase con ácido a una mujer de Pontevedra.

Al detenido se le investiga como autor de un delito de lesiones en grado de tentativa, ya que a pesar de completar el pago al sicario éste no llegó a atacar a la víctima.

La investigación de este suceso, dentro de la bautizada como operación "Bodoque", se inició en el año 2022 a raíz de una investigación relacionada con la contratación de sicarios en la red oscura o Darknet, para realizar ataques contra la integridad física de otras personas.

A través de este trabajo policial, en el que colaboró la BBC británica, los investigadores detectaron una conversación en un foro de la red oscura en la que verificaba la transacción económica a través de criptoactivos, destinada a contratar los servicios de un sicario.

El objetivo era causar graves lesiones a una mujer, vecina de Pontevedra, utilizando para ello un ácido para desfigurarle el rostro y dejarla ciega.

La Guardia Civil subraya que la investigación resultó "extremadamente compleja" debido a la dificultad para establecer una trazabilidad de los pagos en criptoactivos en el seguimiento de las transacciones económicas realizadas mediante criptomoneda.

Así, las pesquisas se alargaron desde noviembre de 2022 hasta el pasado 14 de enero, cuando fue finalmente detenida la persona que encargó el ataque.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra.

Este tipo de servicios, según la Guardia Civil, se utilizan como modo de efectuar una venganza contra otra persona y esta es la segunda detención de estas características que se registra en la provincia de Pontevedra. EFE

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En medio de un ambiente de recogimiento y solemnidad, familiares, compañeros de trabajo, amigos y autoridades se congregaron en el centro poblado Tambo Puquio, ubicado en el distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, para rendir el último homenaje al suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Alfred Ronaldo Acevedo Cotrina. El joven agente, de 25 años, perdió la vida en un enfrentamiento armado mientras cumplía funciones en el distrito de Pataz, región La Libertad.

Durante la ceremonia fúnebre, se realizaron los honores correspondientes en reconocimiento a su valor. El féretro fue recibido con respeto por la comunidad local, y las autoridades presentes ofrecieron mensajes de pesar y de justicia. Entre los asistentes, el alcalde de Gran Chimú, Diber Pérez Rodríguez, expresó su apoyo a los familiares y destacó el acto heroico del suboficial. “Es un ejemplo de compromiso con el deber. No podemos permitir que este sacrificio quede impune”, afirmó.

El jefe de la III Macro Región Policial, general PNP Víctor Zanabria Angulo, también participó en la despedida. Ordenó rendirle los honores institucionales y señaló que la valentía de Acevedo Cotrina debe fortalecer la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Asimismo, aseguró que la institución policial hará todo lo necesario para que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Los actos conmemorativos concluyeron con el acompañamiento del féretro hasta su lugar de descanso final, entre muestras de respeto por parte de la población y la institución policial. La familia reiteró su pedido de justicia, mientras la comunidad reconoció el deber cumplido por el agente.

Policía fue abatido por presunto sicario

El hecho que terminó con la vida del suboficial Acevedo Cotrina ocurrió la madrugada del 13 de abril. Todo comenzó con una llamada de emergencia que alertaba sobre un tiroteo en la cancha Natividad, ubicada en el sector El Puerto, en el anexo Vijus, distrito de Pataz. Al llegar al lugar, los efectivos policiales hallaron dos personas heridas por proyectil de arma de fuego: Eder Guime Vera Serin, quien falleció poco después, y un adolescente de 16 años que fue internado.

La patrulla de la comisaría de Vijus, de la cual formaba parte Acevedo Cotrina, inició la búsqueda del responsable del ataque. Minutos más tarde, localizaron al sospechoso mientras intentaba huir cruzando un río de la zona. En ese momento se produjo un intercambio de disparos. El valeroso policía recibió dos impactos de bala que le causaron la muerte. Fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano, pero no sobrevivió.

Detención del presunto agresor

El presunto autor del tiroteo fue identificado como Holiber Waldir Polo Vásquez, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros. Según la versión oficial, el arma fue utilizada en el ataque contra los civiles y el efectivo fallecido. Tras ser reducido por los agentes, fue puesto a disposición de las autoridades.

La Fiscalía inició una investigación por homicidio agravado. Se le imputa la muerte de Vera Serin y la del suboficial Acevedo Cotrina. Las diligencias en curso buscan determinar si el ataque estuvo vinculado a un ajuste de cuentas, posibilidad que no ha sido descartada por los investigadores.

La PNP comunicó oficialmente el fallecimiento del suboficial. “Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro S3 PNP Alfred Ronaldo Yomar Acevedo Cotrina, quien perdió la vida durante un enfrentamiento armado”, expresó la institución en un comunicado. Por su parte, el Ministerio del Interior manifestó sus condolencias y reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen en la región.

Canales de emergencia PNP

En medio de la creciente inseguridad y los casos de extorsión, las autoridades lanzaron la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Cabe señalar que esta línea se conecta con la Central de Emergencia 105.

Otros números de contacto para reportar extorsiones y obtener ayuda:

• Línea 1818: Emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para reportar casos de extorsión.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en extorsión.

Una mujer de Nueva Jersey, identificada como Jaclyn Diiorio, de 26 años, enfrenta graves cargos tras ser acusada de planear un complot para asesinar a su exnovio, un oficial de policía de Filadelfia, y a la hija de este, de 19 años. De acuerdo con la Oficina del Fiscal del Condado de Camden, la presunta conspiración incluía el pago de USD 12.000 a un informante que inicialmente conoció a través de la aplicación de citas Tinder.

Los detalles del caso fueron difundidos tras la detención de Diiorio el 4 de abril de 2025. Según reportó NBC News, la relación entre la acusada y el oficial terminó el 6 de marzo de 2025, después de aproximadamente un año de noviazgo. Ambos se conocieron cuando la acusada se desempeñaba como barbera del agente.

Durante una entrevista con las autoridades, el policía confirmó que la relación llegó a su fin y recordó un evento previo en el que “su casa fue vandalizada con una bomba Molotov en septiembre de 2022”, según registros compartidos con NBC News.

La fiscal del condado de Camden, Grace MacAulay, detalló a CBS News que Diiorio abordó al informante a través de Tinder, iniciando contacto con el objetivo de entablar una relación sentimental. Sin embargo, según los documentos judiciales, las conversaciones rápidamente derivaron en planes para contratarlo para llevar a cabo los asesinatos.

“El informante informó a las autoridades sobre las conversaciones que mantuvo con Diiorio durante la semana previa”, indicó la fiscalía. La mujer manifestó su determinación de que su exnovio fuera asesinado y ofreció un primer pago de USD 500, añadiendo que el resto del dinero sería entregado en cuotas.

El 3 de abril, la Oficina del Fiscal del Condado de Camden recibió la alerta sobre la conspiración. Según explicó MacAulay a CBS News, “los investigadores determinaron que los cargos eran apropiados cuando Diiorio entregó el pago inicial en efectivo al informante” en una reunión planeada para el día siguiente, el 4 de abril. Esa noche, el encuentro tuvo lugar en el estacionamiento de una tienda Dollar General, ubicada en la autopista North Black Horse Pike en Gloucester Township, donde fueron testigos de la transacción.

Tras recibir el pago, el informante proporcionó más información que permitió a los investigadores confirmar la gravedad de las acusaciones contra Diiorio. Posteriormente, agentes de la policía la detuvieron en el lugar, incautaron el dinero y le encontraron un frasco de píldoras de alprazolam sin una etiqueta que identificara su contenido.

Durante el interrogatorio con las autoridades, el oficial de Filadelfia aportó evidencia que vinculaba a la mujer con los hechos, incluida una selfie que la imputada había enviado al informante, confirmando también su identidad como su expareja. El policía señaló que su expareja había interpuesto previamente una orden de restricción temporal contra él en el verano de 2024, pero esta fue retirada posteriormente, según señala NBC News.

Qué cargos enfrentará Jaclyn Diiorio

Por el caso, la mujer enfrenta múltiples cargos, incluidos dos por intento de asesinato en primer grado, uno por conspiración para cometer asesinato, y uno por posesión de sustancias. La acusada permanece detenida en el Centro Correccional del Condado de Camden y se programó una audiencia de detención para el 9 de abril.

Además, MacAulay comentó a CBS News que situaciones de este tipo no son comunes en el condado. “Un complot de asesinato por encargo no se había registrado en Camden County en décadas”, destacó la fiscal.

Un intento de asesinato bajo la modalidad de sicariato en el barrio Palmira, de Barrancabermeja (Santander), generó momentos de pánico entre los clientes de una tienda local.

El hecho ocurrió el jueves 3 de abril a las 6:57 de la noche, de acuerdo con lo que indicó el video de una de las cámaras de seguridad que captó el momento, y cuya difusión en redes sociales hizo que este caso se hiciera viral en las redes sociales, por la forma en la que la mujer que iban a asesinar, se salvó por una falla que presentó el arma de fuego del sicario.

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Cuando el hombre armado ingresó al establecimiento con la intención de disparar contra una mujer. Sin embargo, el ataque no se concretó debido a que la pistola del agresor se encasquilló, lo que lo obligó a abandonar el lugar sin cumplir su objetivo, destacó Vanguardia.

En el video (revelado por el medio regional El Verídico)se observa cómo el sicario, que llevaba puesto un casco de motocicleta, persigue a la mujer dentro de la tienda mientras intenta dispararle en repetidas ocasiones. La víctima, al percatarse de la amenaza, se agacha y busca refugio detrás de los mostradores, mientras el atacante insiste en accionar el arma sin éxito. Al final, y tras cerciorarse de que su arma no funcionaba, el sicario salió del lugar y huyó en una motocicleta.

Pánico entre los testigos y reacción de las autoridades en Barrancabermeja

El intento de asesinato generó una reacción inmediata entre las personas que se encontraban en el lugar. Los testigos, al ver al hombre armado, corrieron para protegerse y permanecieron inmóviles hasta que el agresor abandonó el sitio.

Ninguno de los presentes logró identificar al atacante, debido a que este sujeto llevaba el rostro cubierto con el casco de motocicleta.

Tras el incidente, los clientes de la tienda contactaron a la Policía Nacional, y varios uniformados llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre lo sucedido ni han revelado la identidad de la mujer que fue blanco del ataque.

Según lo que informó el mismo medio en Santander, la víctima permaneció escondida en el lugar hasta que la situación se calmó.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Barrancabermeja, una ciudad que ha enfrentado episodios de violencia relacionados con el accionar de sicarios, y que se han vuelto más reiterativos en el comienzo de 2025, sumado a la crisis que atraviesa la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles motivos detrás del ataque, el hecho de que el agresor actuara de manera tan directa y en un lugar público ha encendido las alarmas sobre la seguridad en la zona.

A otro sicario también le falló el arma, pero en Floridablanca, Santander: la víctima no tuvo el mismo final

Un ataque armado que terminó con la vida de Luis Acuña Herrera, conocido como ‘Sancocho’, conmocionó al barrio La Cumbre en Floridablanca, Santander, el miércoles 2 de abril de 2025, solo un día antes del anterior intento de homicidio.

El hombre que trabajaba como chancero y era propietario de un local de venta de licor, fue víctima de un atentado que involucró a dos sicarios en diferentes momentos.

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el primer intento de asesinato ocurrió a las 9:45 p. m., cuando un hombre con casco se acercó a Acuña Herrera mientras este cerraba su negocio, conocido como Punto Dorado. El atacante, que buscaba ocultar su identidad, intentó disparar con una pistola, pero el arma se encasquilló, lo que impidió que se concretara el ataque en ese momento.

El incidente generó confusión y temor entre las personas presentes, incluida la esposa de la víctima, que lo esperaba con los cascos de la motocicleta en las manos. A pesar del intento fallido, Luis Acuña Herrera continuó con sus actividades, asegurando el local y preparándose para marcharse.

Sin embargo, apenas un minuto después, a las 9:46 p. m., un segundo sicario llegó al lugar en una motocicleta, se detuvo junto a la víctima y le disparó en seis ocasiones, acabando con su vida.

Un ataque premeditado en Floridablanca, Santander

El ataque ocurrió en una zona residencial de Floridablanca, donde Luis Acuña Herrera era conocido por su trabajo como chancero y por ser propietario del establecimiento de licor. Según detalló Vanguardia, el primer sicario caminó desde el otro lado de la calle hasta llegar frente a la víctima, pero el fallo de su arma le impidió cumplir con su objetivo.

El segundo atacante, en cambio, llegó en motocicleta y actuó con rapidez y precisión. Este último disparó seis veces contra Acuña Herrera, quien no tuvo oportunidad de reaccionar. El ataque ocurrió frente a su esposa, quien había acudido al lugar para acompañarlo al finalizar su jornada laboral.

No hay un móvil preliminar establecido, pero días antes al crimen el mismo diario local conoció que se habría generado un problema con unos socios sobre el punto de venta de chance. Debido a esto las autoridades no confirmaron si esta actividad económica, que le dejaba ingresos mensuales por 15 millones de pesos, tenga relación con los motivos detrás de este caso de sicario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Vanesa Soledad Galván, acusada de ser la autora intelectual del homicidio de su pareja, Ramón López, ocurrido en agosto de 2016 en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes.

El fallo del máximo tribunal se produjo tras rechazar el recurso extraordinario federal presentado por la defensa, que alegaba una supuesta violación de garantías constitucionales.

Con la decisión de la Corte quedó cerrada la vía ordinaria de revisión de la condena.

Ramón López, de 34 años, fue asesinado el 4 de agosto de 2016 cuando regresaba a su casa en el barrio La Providencia, a las afueras de Esquina. La víctima había bajado de un colectivo junto a un compañero de trabajo y caminaba hacia su domicilio.

Eran la 1.30 y al llegar a la intersección de las calles Los Sauces y Serrano Soto, López recibió dos disparos por la espalda, según confirmaron los peritajes.

El arma utilizada fue una pistola calibre 9 milímetros. López alcanzó a decir: “Me mataron, me mataron”. Fue antes de morir en la vereda frente a la capilla Divina Providencia, según relató su acompañante ante la justicia.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Gallardo, del Ministerio Público de Goya, quien ordenó la detención inmediata de Vanesa Galván, conocida como “Peti”, de entonces de 29 años y pareja conviviente de la víctima.

Desde el inicio, la principal hipótesis fue que Galván había contratado a un sicario para ejecutar el crimen. Las pruebas obtenidas en la etapa de instrucción incluyeron intercambios de mensajes vía WhatsApp y el testimonio de una mujer que ubicó en Esquina al presunto autor material, Gustavo Daniel Alegre, el día del asesinato.

Alegre, de 28 años, había nacido en Esquina, pero residía en el barrio La Rana, en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Según declaró la dueña de pensión, en junio de 2016 Galván hizo una reserva a nombre de Alegre, quien luego fue identificado en la ciudad el mismo día del crimen mediante una publicación en redes sociales.

El crimen del sicario

Una semana después del asesinato de López, el cuerpo de Gustavo Alegre fue hallado sin vida en un descampado de la zona rural entre Villa Gobernador Gálvez y Alvear, Santa Fe. Presentaba un disparo en la cabeza, en posición sentada, con las piernas cruzadas. No se encontraron el arma ni su motocicleta.

Pese a los peritajes forenses, la justicia nunca logró determinar si se trató de un homicidio o un suicidio, y no hubo imputados por su muerte. El expediente fue revisado por peritos criminalísticos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe sin resultados concluyentes.

La condena

El 13 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral Penal de Goya, integrado por los jueces Darío Ortiz, Julio Ángel Duarte y José Luis Acosta, dictó sentencia contra Galván. Fue condenada a prisión perpetua como partícipe necesaria del delito de homicidio calificado por el vínculo. El fallo se produjo por mayoría y coincidió con lo solicitado por la fiscalía y la querella.

Durante el debate oral, que se extendió por cuatro jornadas, la acusada se abstuvo de declarar. La defensa argumentó que Galván debía ser juzgada como instigadora o autora intelectual, y que no se había probado la conexión directa con el autor material. Sin embargo, el tribunal consideró acreditado que fue ella quien organizó y facilitó el homicidio de su pareja.

Galván fue trasladada al Instituto Pelletier, el único penal femenino de la provincia de Corrientes. Desde su detención en 2016 permaneció privada de la libertad.

Tras la condena, la defensa presentó recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y luego ante la Corte Suprema, cuestionando la valoración de las pruebas. Ambos confirmaron la sentencia.

El reciente asesinato del vocalista de la orquesta Armonía 10 ha puesto de manifiesto el impacto del sicariato en diversos sectores de la sociedad peruana, incluso en el ámbito musical. Este acto de violencia ha despertado interrogantes sobre qué lleva a una persona a convertirse en sicario. ¿Qué caracteriza a un sicario? ¿Cuáles son los factores que lo moldean y qué señales pueden advertir sobre su comportamiento? En conversación con la Agencia Andina, el psiquiatra Guillermo Ladd, del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), explicó cómo se forma la mente de un criminal y el perfil de quienes practican el sicariato.

¿Qué caracteriza a un sicario?

Guillermo Ladd describió una serie de características comunes en las personas que ejercen el sicariato. Según el especialista, una de las primeras señales es la ausencia total de empatía hacia los demás. Los sicarios suelen mostrar un desprecio profundo por la vida humana sin motivo aparente y, más aún, utilizan a otros para su propio beneficio sin remordimientos. La incapacidad de sentir culpa o pesar frente al sufrimiento ajeno es otro rasgo fundamental de su personalidad.

El psicópata, una figura clave en este perfil, no se ve afectado por el cumplimiento de las normas sociales ni por las leyes. Para ellos, las consecuencias de sus actos no tienen peso, lo que les permite actuar sin temor alguno a las repercusiones. “Un sicario puede matar sin medir las consecuencias, sin temor a la ley y sin que le importe el sufrimiento de la víctima”, indicó Ladd.

El psicópata en la sociedad

El psiquiatra resaltó que, aunque la figura del psicópata suele asociarse directamente con el asesinato y otros delitos, no todos los psicópatas son criminales visibles. “Un psicópata no tiene que cometer actos delictivos de manera evidente. Puede actuar de forma oculta, planeando o manipulando situaciones con fines perjudiciales”, detalló Ladd. Citó como ejemplo a Vladimiro Montesinos, quien, aunque no cometió asesinatos directos, fue un claro ejemplo de psicopatía a través de sus manipulaciones y estrategias para lograr sus fines.

Este tipo de individuos, aunque en ocasiones se presentan como personas “normales” en la sociedad, pueden desarrollar conductas muy destructivas, tanto a nivel personal como social.

Factores determinantes en la formación de un sicario

El psiquiatra explicó que la formación de una personalidad criminal está influenciada por factores tanto biológicos como ambientales. La genética juega un papel importante en la predisposición a desarrollar trastornos de la personalidad, como la psicopatía. Sin embargo, el entorno también tiene un peso significativo en la formación de una persona con estas características.

Ladd destacó que dos factores fundamentales deben ser tomados en cuenta: la predisposición genética y el entorno inadecuado. El primero se refiere a la presencia de antecedentes familiares de problemas psicológicos o trastornos de personalidad. El segundo, y quizás más crucial, tiene que ver con el entorno en el que una persona se cría. “La falta de afecto, el abuso y la ausencia de límites claros en la infancia son condiciones que favorecen la aparición de conductas antisociales”, explicó.

La importancia de los primeros años en la vida de un niño

Según Ladd, los primeros siete años de vida son relevantes para el desarrollo emocional y psicológico de una persona. Si durante este periodo un niño carece de un ambiente familiar adecuado, sin amor y sin reglas claras, es muy probable que desarrolle conductas problemáticas que lo lleven a adoptar una personalidad psicopática. “Si una persona no recibe amor y no tiene límites hasta los 7 años, puede convertirse en un candidato ideal para desarrollar una psicopatía y, eventualmente, convertirse en sicario”, afirmó el especialista.

La dificultad de rehabilitar a un sicario

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de rehabilitar a un sicario o psicópata, Ladd fue claro: “Es extremadamente difícil cambiar a una persona con estas características, aunque no es imposible”. El tratamiento psicológico para estos individuos es complicado, ya que son conscientes de lo que hacen y, por lo general, no sienten culpa o remordimiento. En algunos casos, la cárcel puede ser una forma de aislarlos de la sociedad, aunque este espacio podría funcionar también como una especie de escuela para que los sicarios aprendan a cometer más delitos graves.

Señales de alerta en la infancia

Para evitar que un niño desarrolle una personalidad antisocial, Ladd sugirió que los padres deben estar atentos a ciertas señales de alerta desde una edad temprana. Algunos comportamientos que podrían indicar una futura predisposición a la psicopatía incluyen:

• Maltratar animales.
• Manipular a los demás en beneficio propio.
• Manifestar comportamientos violentos repetidamente.

Además, el especialista subrayó la importancia de que los padres proporcionen a sus hijos una educación basada en el amor, el respeto y los límites claros. “El deber de los padres es brindar a sus hijos la correcta educación desde la infancia, pues esto puede prevenir la aparición de personalidades peligrosas en el futuro”, concluyó Ladd.

El ataque se produjo cuando el vehículo se dirigía a Trujillo tras haber partido de la provincia de Chepén. De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, un sujeto a bordo de una motocicleta interceptó la unidad y disparó en repetidas ocasiones. Producto de este ataque, además del joven fallecimiento, resultó herida María Fernanda Maquina, de 19 años, quien fue trasladada al hospital de Casa Grande junto al universitario.

Horas después del atentado, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a José Fernando Chávez Hilario, alias “El Chango”, en la localidad de Rázuri, provincia de Ascope. La intervención se realizó en la cuadra uno de la avenida Javier Heraud, donde agentes del orden lo interceptaron mientras portaba un arma de fuego abastecida con cinco municiones.

En un video grabado durante su detención, el detenido reconoció haber recibido S/100 por disparar contra la unidad de Diez Ases. Durante el interrogatorio, un efectivo policial le informó sobre la víctima fatal del atentado: “¿Tú no sabes que hay un muerto ahí?”, se escucha en la grabación. Ante esto, el detenido evitó dar mayores detalles sobre la persona que le proporcionó el arma y le ordenó cometer el ataque.

Investigación policial y antecedentes

El general de la Policía Nacional en La Libertad, Guillermo Llerena, indicó que la captura de “El Chango” fue resultado de un trabajo coordinado entre las unidades de investigación y la activación del Plan Cerco. “Esta persona fue detenida en flagrancia y en tiempo récord. Se activó el Plan Cerco y las Unidades de Investigación Criminal de Trujillo viajaron a Paiján para recoger información. Se logró identificar a una persona conocida con el alias de Chango”, declaró el alto mando policial a Latina.

Según las primeras investigaciones, Chávez Hilario habría actuado bajo órdenes de un recluso del penal El Milagro. “Así, efectivamente le han pagado S/100. El arma le fue entregada por una persona y el ataque fue por instrucciones, al parecer, de alguien que está internado en el penal”, añadió el general Llerena.

La empresa de transporte y la ola de atentados

No es la primera vez que Diez Ases es blanco de ataques. La empresa ha sufrido múltiples atentados en los últimos meses, presuntamente por extorsión. Anteriormente, una de sus pasajeras, Fanny Limo Gordillo, perdió la vida en un hecho similar. Pese a estos antecedentes, las denuncias formales fueron escasas, aunque la Policía ha realizado intervenciones e indagaciones de oficio.

Desde la empresa expresaron su indignación y condena por la creciente inseguridad que afecta a la región. En un comunicado oficial, señalaron: “Desde Diez Ases, expresamos nuestra profunda indignación y rechazo ante la creciente ola de inseguridad que afecta a nuestro país. [...] Exigimos a las autoridades acciones inmediatas y contundentes para garantizar la seguridad de todos los peruanos”.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los responsables intelectuales del atentado y esclarecer el nivel de participación de Chávez Hilario en los hechos. Mientras tanto, la población sigue exigiendo mayor seguridad en las carreteras de La Libertad ante el temor de nuevos ataques.

Principales números de emergencia a nivel nacional

Puedes comunicarte a cualquiera de estos números desde tu teléfono fijo o celular. Dependiendo del caso, tienes la opción de realizar la llamada de manera anónima o brindando tus datos personales, como nombre y ubicación, para facilitar la labor de estas autoridades que te brindarán la ayuda que requieras en el momento.

• Bomberos: 116
• Central de la Policía: 105
• Cruz Roja: 01 266 0481
• Policía de carreteras: 110
• Ambulancias de EsSalud en Lima: 117
• Alerta Médica: 01 261 0502
• Clave Médica: 01 265 8783
• Serenazgo: ingresa aquí, selecciona tu distrito y verás en pantalla el número a marcar.
• EsSalud a nivel nacional para información sobre coronavirus (COVID-19): 107
• Infosalud: 113
• Defensa Civil: 115
• Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 014118000 (opción 6).
• Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
• Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

En un operativo realizado en el barrio Las Granjas de Barrancabermeja las autoridades lograron la captura de alias Risas, señalado como uno de los principales sicarios de la organización criminal conocida como ‘Los de la M’, en el departamento de Santander.

El hoy detenido fue encontrado en su vivienda portando un arma de fuego tipo revólver calibre 38, junto con cinco cartuchos. Este hallazgo se dio tras una orden de allanamiento emitida por las autoridades, que con orden en mano llegaron hasta el domicilio.

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Sin embargo, uno de los hechos que no pasó inadvertidos para los usuarios en las redes sociales fue el gesto con el que posó “Risas”, que en la foto que compartieron las autoridades (Departamento de Policía del Magdalena Medio), se puede ver a este temido sicario posando con una sonrisa, que aunque tímida, no evitó las reacciones de parte de los internautas, que descalificaron la desfachatez del criminal al momento de tomar la fotografía que quedó como registro del operativo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias Risas no solo estaría implicado en homicidios selectivos, sino que también sería el encargado de realizar cobros extorsivos en la región.

Este individuo es considerado una pieza clave dentro de la estructura de ‘Los de la M’, un grupo delincuencial que, según las autoridades, controla aproximadamente el 80 % del tráfico de estupefacientes y las extorsiones en el municipio de Barrancabermeja, ubicado en el Magdalena Medio.

El impacto de ‘Los de la M’ en Barrancabermeja

La banda ‘Los de la M’ ha sido identificada como una de las organizaciones criminales más influyentes en el Magdalena Medio. Según detalló Vanguardia, este grupo opera bajo las órdenes de su líder, alias Marihuano, cuyo nombre real es Jairo Fernández Portala.

Por un lado, Fernández Portala cumple una condena en la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. A pesar de su reclusión, las autoridades sospechan que continúa dirigiendo las actividades ilícitas de la banda desde prisión.

Dentro de su prontuario, “Marihuano” registra una carrera en el mundo de la criminal de por lo menos doce años en la región del Magdalena Medio, zonas en la que, reportaron las autoridades, integró el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2005.

Luego se unió a Los Rastrojos en el 2010 y en el 2016 empezó a traficar estupefacientes, liderando extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios.

Adicional a lo anterior, la Corporación Regional para la Defensa de Derechos Humanos (Credhos), lo reseña como la ‘cabeza’ de una amplia estructura que cuenta con sicarios, expendedores de estupefacientes e informantes.

El control territorial de ‘Los de la M’ se extiende principalmente a actividades relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, y esto ha generado un clima de inseguridad en el llamado Puerto Petrolero.

La captura de alias ‘Risas’ representa un golpe significativo para esta estructura criminal, aunque las autoridades reconocen que aún queda mucho por hacer para desarticular completamente la organización.

El impacto de la violencia en el Magdalena Medio

El Magdalena Medio, y en particular Barrancabermeja, ha sido escenario de una creciente ola de violencia atribuida a disputas entre grupos criminales por el control del territorio, por eso es que la banda ‘Los de la M’, ha sido identificada como uno de los principales actores en esta problemática.

Con la detención de alias ‘Risas’, la Fiscalía General de la Nación asume un papel crucial en la investigación de los delitos asociados a este individuo y su posible relación con los homicidios selectivos en Barrancabermeja.

De acuerdo con lo que indicó la coronel Adriana Gisella Paz Fernández, comandante de la Policía del Magdalena Medio, durante lo corrido de 2025 se han logrado la captura de 35 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sumado a esto, 71 armas de fuego han salido de la circulación, como parte de la lucha en contra de varios delitos en la región.

Ciudad de Panamá, 13 dic (EFE).- Un presunto sicario se coló este viernes disfrazado de personal médico en un hospital de Ciudad de Panamá y asesinó a un paciente de nacionalidad colombiana, que estaba ingresado desde hacía una semana tras sufrir un atentado.

El ataque fue confirmado en sus redes sociales por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá, que señaló que está llevando a cabo pesquisas en las instalaciones del Hospital Santo Tomás (HST) "donde esta tarde fue ultimada una persona de nacionalidad colombiana que estaba recluida en sala".

"La víctima recibía atención médica por impactos de bala propinados en otro hecho, registrado el pasado fin de semana en calle 76 San Francisco, cuando se trasladaba en una camioneta. En este mismo evento falleció otra persona", precisó en X la entidad investigadora.

El hombre, no identificado, "falleció a consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego", indicó un comunicado emitido por el Hospital Santo Tomás.

"No se ha registrado otra víctima en la sala de pacientes ni de colaboradores de este hospital", añade el comunicado.

Según las estadísticas de la Fiscalía, el 19 % de los 556 homicidios registrados en el país en 2023 ocurrieron en Colón y el 18 % en San Miguelito, que se posicionaron así como la segunda y tercera zonas más violentas del país, solo superadas por Panamá, que registró el 38 %.

Las autoridades sostienen que el 70 % de los asesinatos en el país están vinculados al crimen organizado, incluidas las pandillas, que se ocupan de ocultar la droga que llega de Suramérica y de moverla para que salga hacia Norteamérica y Europa, así como también del menudeo en el mercado local, de acuerdo con la información oficial.

Hasta octubre de 2024 se han contabilizado 501 homicidios, según las últimas cifras de la Fiscalía de Panamá.

El 10 de octubre pasado, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino -que asumió su mandato de 5 años el 1 de julio de 2024-, lanzó un plan para "liberar" al país de las pandillas que puso más de mil policías a patrullar las calles revisando "casa por casa o finca por finca" de las principales zonas peligrosas.

En Panamá hay alrededor de 150 pandillas, aunque su forma de actuar y su estética es muy distinta a las maras centroamericanas, que son mucho más grandes, violentas e identificables por sus tatuajes. EFE

A las puertas del inicio del juicio oral a su cargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°26 porteño prorrogó este miércoles la prisión preventiva de un presunto sicario acusado de matar a balazos a un vendedor ambulante en la villa 21-24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión de los jueces estuvo fundada, en parte, en el temor de los vecinos que participarán como testigos en el debate a sufrir posibles represalias si el imputado quedaba en libertad. También consideró el periodo en el que estuvo prófugo de la Justicia y que la pena que enfrenta es de prisión perpetua.

Se trata de Juan Carlos Cubas Peñalber, sentado en el banquillo como presunto autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con un arma de fuego en perjuicio de Braian Emanuel Flores, entonces vendedor de ajo y limón en los pasillos del barrio de emergencia ubicado en el sur de la ciudad.

El crimen que comenzará a juzgarse este viernes 7 de febrero ocurrió, según la hipótesis fiscal, el 26 de octubre de 2021 alrededor de las 17.20, en la casa 53, manzana 7, del barrio 21-24. A Cubas Peñalber se le endilga haber matado al comerciante “mediante múltiples disparos de arma de fuego, actuando sobre seguro, sin riesgo para sí y sin posibilidad de que la víctima ejerza defensa alguna”.

“En dicha ocasión, Flores se encontraba vendiendo mercadería por los pasillos del barrio de emergencia sindicado, cuando fue interceptado por el incuso, quien le efectuó ocho disparos de arma de fuego, para luego emprender la huida del lugar. Posteriormente, arribaron allí I.D.L y M.S.V.-amigos del damnificado- quienes advirtieron que Flores estaba tendido en el suelo, herido“, describió la acusación en el requerimiento de elevación a juicio.

También precisó: “Finalmente, el Dr. Rocha Gabriel (...) atendió y verificó que la víctima no poseía signos vitales, decretando su fallecimiento a las 17.41 horas. De la autopsia se desprende que el motivo del deceso fueron las lesiones sufridas por proyectiles de arma de fuego en cráneo, tórax, abdomen y miembros inferiores“.

Las investigaciones sobre el móvil del asesinato comenzaron ese mismo día. El imputado logró fugarse y el 30 de diciembre de 2021 fue declarado en rebeldía por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Poco más de dos años después, el 9 de febrero de 2023, las fuerzas de seguridad dieron con el sospechoso, quien resultó detenido tras verse involucrado en otro episodio de violencia. Su expediente por homicidio agravado -causa N° 50227/2021- se elevó a juicio oral en marzo de ese mismo año.

Desde su detención, el imputado se mantuvo en prisión preventiva por orden del juez de instrucción. En sucesivas prórrogas, dicho magistrado consideró que estaban configurados los supuestos de riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso judicial. Para eso tuvo en cuenta la gravedad del ilícito, la escala penal aplicable, su larga estadía en rebeldía y la intensidad del ataque ejercido contra el vendedor.

El juicio oral tenía fecha de inicio asignada para el 8 de noviembre pasado, sin embargo, por razones de agenda del tribunal, se dispuso su aplazamiento para este viernes. En ese marco, la defensa de Cubas Peñalber solicitó revisar la detención de su cliente con el fin de poder transitar el debate en ciernes bajo libertad.

Al momento de evaluar la procedencia del planteo, los jueces del TOCC 26, integrado por Carlos Rengel Mirat, Julio Quiñones y Maximiliano Dialeva Balmaceda, señalaron: “no debe perderse de vista que la prueba reunida hasta aquí arroja que los vecinos del barrio 21-24 de esta ciudad no exhiben un mero temor a las consecuencias a las que podría someterlos el imputado; en verdad, le temen porque se dedicaría al sicariato y, a priori, conocían que ya había proferido amenazas con un arma de fuego en alguna ocasión anterior”.

Luego indicaron: “Como se ve, ciertamente no debemos hacer caso omiso de la acentuada violencia y marginalidad que protagoniza la rutinariedad de los habitantes y transeúntes de aquella zona, y sería insensato fingir que ellos mismo no se ven en la encrucijada de elegir entre su integridad de vida o la de sus pares, o la posibilidad de intervenir en un proceso judicial, así sea que indistintamente lo hagan con una intención incriminante o liberatoria para con el imputado, lo que -ya de por sí- les podrá significar problemas de convivencia con los habitantes y/o crimen organizado de la zona, o incluso riesgo de vida, así se trate de ofendidos u ofensores, y más aun cuando el tribunal no se encuentra habilitado a garantizarles su anonimato durante sus intervenciones ante la justicia”.

A su vez, agregaron: “Entonces que la interacción eventual entre testigos e imputado provoque reticencia de los primeros a intervenir en el proceso judicial. Una problemática que basta para obstaculizar el conocimiento de la verdad, y la efectiva aplicación de la ley; y el tribunal no debe propender a perpetuarla, disponiendo el retorno de la persona imputada al medio libre en las condiciones actuales de trámite que exhibe este legajo”.

Y concluyeron: “Dado que compartimos las consideraciones de la anterior instancia en torno a preservar la integridad de quienes depongan durante el inminente juicio oral (...), la libertad durante el curso del proceso del imputado Cubas Peñalber es inviable desde esa perspectiva, y atento al evidente potencial de que se ausente nuevamente del trámite, incurriendo en una segunda contumacia”.

Por otra parte, los magistrados expresaron que no podía “soslayarse” el “despliegue de violencia” reseñado por el fiscal en su requisitoria. Tampoco “la latente posibilidad de que el acusado se enfrente a una pena de prisión perpetua; ni tampoco la injerencia en los riesgos procesales que se presumen (...). Si a estas específicas razones le agregamos el inmediato comienzo del juicio oral, el prolongamiento legal de la prisión preventiva aumenta su razón de ser, cuanto menos, hasta el dictado de la sentencia que defina la situación procesal del privado de la libertad“.

Así las cosas, tras considerar que el debate conllevará más de una jornada, en tanto se espera la deposición de al menos 14 testimonios, los jueces resolvieron extender la cautelar contra el acusado hasta el próximo 12 de julio.

Gian Marco Bielich Yucra, alias ‘Moche’, fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como el presunto autor del asesinato de un conductor de taxi colectivo en la Panamericana Norte, en San Martín de Porres. La detención, realizada en La Ensenada, Puente Piedra, fue posible gracias a una operación conjunta de varias unidades de la PNP, según confirmó el ministro del Interior, Juan José Santivañez.

‘Moche’, de 29 años, es considerado uno de los principales sicarios de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por el conocido ‘Monstruo’. Además, es cuñado de Jhon Falcón, conocido como ‘Loco Jhon’, quien fue detenido en enero de 2024 con un arsenal de armas. Las investigaciones sobre el crimen avanzaron significativamente luego de acceder a un audio en el que Bielich Yucra se adjudica ser miembro de la organización criminal y lanza amenazas a otra persona.

Según el jefe de la División de Investigación de Robos, Juan Carlos Montufar, el detenido tenía una requisitoria pendiente por tenencia de armas de fuego y había incumplido una medida de arresto domiciliario desde octubre de 2024, luego de cumplir una prisión preventiva de siete meses.

Además, un video en el que se identifica un tatuaje en su mano ayudó a confirmar su participación en el asesinato del colectivero, ocurrido el 12 de enero, quien falleció días después debido a las heridas de gravedad.

Durante su captura, se le halló en posesión de una granada de guerra, la cual coincide con otro artefacto encontrado previamente en la empresa Etuchisa, lo que agrava aún más las acusaciones en su contra.

Video expone brutal ataque de sicarios

Un video expuso la brutalidad de un ataque perpetrado por sicarios de la organización criminal ‘Los Injertos de Cono Norte’ en la Panamericana Norte, a la altura de la avenida 2 de Octubre, en San Martín de Porres. El incidente, que ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del 12 de enero, dejó como saldo un conductor fallecido y una pasajera herida.

En el impactante video, los delincuentes, desde un vehículo en movimiento, grabaron su fechoría mientras lanzaban amenazas y extorsiones a los colectiveros de la zona. Exigían que se “alinearan” con su organización y pagaran cupos para poder seguir operando. Durante el ataque, uno de los sicarios sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa al conductor, quien fue alcanzado en el cuerpo y el cuello, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros y causando pánico en la vía.

Colectivero baleado por ‘Los Injertos del Cono Norte’ muere

Agustín Carhuachín Gavino, el colectivero baleado por miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ en la Panamericana Norte, en San Martín de Porres, murió después de dos días de agonía en el hospital Sergio Bernales de Comas. A pesar de los esfuerzos médicos para estabilizarlo, el conductor de 37 años no pudo superar las graves heridas provocadas por los disparos, que lo dejaron en estado crítico y dependiente de un respirador artificial.

César Baltazar, director del hospital estatal, confirmó el deceso, detallando que Carhuachín sufrió un traumatismo vértebro medular tras ser atacado. A lo largo de su internamiento, el equipo médico intentó hacer todo lo posible para salvarlo, pero lamentablemente no resistió. En cuanto a la pasajera que acompañaba al colectivero, se informó que sufrió una herida leve en el rostro por el roce de una bala y fue dada de alta tras recibir atención médica.

El ataque, que se registró en un video que los sicarios difundieron en redes sociales, forma parte de las constantes amenazas y extorsiones que padecen los colectiveros en la zona, sumando una nueva víctima a la creciente ola de violencia generada por estos grupos criminales.

El periodista, político y líder cívico Óscar Gómez Agudelo fue asesinado en la mañana del viernes 24 de enero de 2025 en Armenia, capital del departamento de Quindío, cuando se disponía a ingresar a las instalaciones de la emisora Rumba del Café 92.1 F.M. para iniciar su programa radial.

Según confirmaron las autoridades, un sicario lo interceptó en la entrada del edificio, le disparó y huyó, dejando el cuerpo inerte en plena vía pública. El ataque quedó registrado en video.

Mientras se esclarecen los hechos, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) agregó un mensaje sobre el violento hecho.

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“Con profundo pesar informamos sobre el asesinato de Óscar Gómez Agudelo, excongresista y periodista de la emisora Rumba del Café, ocurrido esta mañana, 24 de enero, en Armenia, Quindío”,

Agregaron que “extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas”, a la vez que, como fundación encargada de velar por monitorear las vulneraciones a los periodistas y a la prensa, están “documentando el caso”. También instaron a las autoridades “a esclarecer los hechos”.

Las reacciones

El hecho ocurrió en un momento de gran actividad para Gómez Agudelo, quien además de su labor como periodista, había sido una figura destacada en la política local.

En octubre de 2023, se lanzó como candidato a la alcaldía de Armenia por el partido Salvación Nacional, y así consolidó su imagen como un líder comprometido con la comunidad del Eje Cafetero.

Aunque no se conocen aún más circunstancias que den claridad sobre el ataque sicarial, algunos colegas indican que el periodista y activista había denunciado actos de corrupción.

La periodista de El Espectador Mónica Rivera Rueda comentó que “asesinaron en Armenia al periodista Óscar Gómez Agudelo. Para varios de sus colegas en la región es evidente que fue por las denuncias de corrupción en la región”.

Las reacciones por el asesinato han venido desde diversos sectores y actividades. Voceros del partido Movimiento de Salvación Nacional publicaron un comunicado en la cuenta oficial de la organización.

“Rechazamos el vil asesinato de nuestro amigo, copartidario y excandidato a la alcaldía de Armenia. Enviamos un abrazo a la familia y amigos de Óscar”, dice el boletín del partido Salvación Nacional.

El senador del Centro Democrático José Vicente Carreño Castro afirmó que “el asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo, ocurrido en Armenia, evidencia la vulnerabilidad que enfrentan quienes le han servido al país. El país convulsionado por el auge de los grupos terroristas y las bandas criminales, fortalecidas bajo la gestión del actual gobierno”, dijo.

El concejal de Armenia Felipe Villamil también comentó: “Reprochamos el lamentable asesinato del señor Oscar Gómez Agudelo. Exigimos a las autoridades pertinentes que este acto de violencia no quede impune. Como concejal de Armenia envió un mensaje de condolencia a la familia de quien fue una voz para la comunidad”.

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo también reaccionó y dijo que “cualquier hecho de violencia debe ser rechazado tajantemente. Nadie en Colombia debe ser asesinado”.

El gobernador del Quindío y la recompensa por hallar al responsable

Mientras tanto, Juan Miguel Galvis, gobernador del departamento publicó un contundente mensaje de condolencias en el que también pidió frenar la violencia en el departamento.

“¡Rechazo categóricamente cualquier acto de violencia! El asesinato del periodista y líder cívico, social y político, Oscar Gómez Agudelo no solo enluta a su familia y a la comunidad quindiana, sino que representa un golpe directo a la prensa regional", expresó.

Entonces aseguró que “como gobernador del Quindío, me comprometo a trabajar para que este crimen no quede en la impunidad. He exigido a las autoridades activar todos los protocolos necesarios para esclarecer los hechos y garantizar justicia”.

Entonces comunicó que, en coordinación con la Policía Nacional, dispusieron de una recompensa de “hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita capturar al responsable”.

La Policía también compartió una imagen en la que se informa la búsqueda de los responsables de la muerte del periodista y anuncian la recompensa de los 50 millones de pesos.

En la mañana del lunes 20 de enero de 2025, la Policía nacional, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, anunció la captura del presunto sicario que habría disparado contra Elmer Hernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, en hechos ocurridos el pasado 16 de mayo de 2024.

Según primeras versiones, la captura de este sujeto se produjo en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, cuando se encontraba en su vivienda, donde se había ocultado durante ocho meses después del crimen contra el director del centro penitenciario.

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De acuerdo con el informe oficial, un ciudadano alertó a las unidades de la Policía de Barrancabermeja sobre la presencia de un hombre sospechoso que salía de zona boscosa del barrio Floresta Baja de la capital santandereana. Ese sujeto, según las autoridades, tenía las mismas características del criminal que había disparado contra el coronel en retiro en el norte de Bogotá.

Tras un operativo de búsqueda por la zona, la fuerza pública ubicó a este hombre que vestía un buso color gris con estampados en la espalda, jean y tenis blancos. Al momento de corroborar sus antecedentes penales, la Policía indicó que tenía un reporte vigente, por lo que fue llevado hasta la estación de Policía.

El detenido fue identificado como Juan David Beltrán, de 22 años de edad, quien tiene una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y homicidio agravado, emitida por el Juzgado Civil Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías N.º 54 de Bogotá.

Por ahora, el sujeto fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Se espera que sea trasladado hacia Bogotá para la legalización de su judicialización.

Con la captura de Juan David Beltrán, van cuatro personas capturadas por el crimen del director de la Cárcel La Modelo de Bogotá. Durante la investigación, han sido capturados y judicializados Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera y Sharon Juliet Martínez Roa.

Así ocurrió el crimen contra el director de la cárcel La Modelo de Bogotá

El crimen contra el coronel Élmer Fernández, ocurrió en la tarde del jueves 16 de mayo de 2024, cuando el director se desplazaba por la carrera 30 con calle 80, en la localidad de Barrios Unidos (Bogotá), en camino hacia su vivienda.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, Fernández se transportaba como copiloto en un vehículo color gris, marca Mazda. En ese punto, fue sorprendido por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta, y sin mediar palabra, el parrillero disparó contra el directivo del centro carcelario, causándole la muerte instantánea.

En videos de cámaras de seguridad, que son material de investigación de la Fiscalía, se observan a los dos sujetos que hicieron seguimiento al vehículo oficial donde se movilizaba el coronel (r) Elmer Fernández.

Junto a ellos, Diego Alejandro Murillo Rivera iba manejando otra motocicleta (de color negro), donde iba como parrillero Juan David Beltrán, quien fue el responsable del disparo que acabó con la vida del funcionario judicial.

Incluso, en un plano que queda borroso, se alcanzan a señalar las dos motocicletas, pasando a poca distancia la una de la otra, a la altura de la avenida NQS (carrera 30) con calle 63.

Ya cuando la camioneta iba por toda la carrera 30, otra de las cámaras sigue a la motocicleta, y luego cuando el sicario y Murillo Rivera van a la altura de la calle 79, otro de los videos quedó con el momento exacto cuando el sicario desenfunda el arma y hala del gatillo solo una vez.

Previo al crimen, el director de la Cárcel La Modelo de Bogotá había recibido el 9 de mayo amenazas por gestionar el traslado de un recluso conocido como Pedro Pluma, quien se encuentra en el patio 4 del centro penitenciario mencionado. “De parte de Pedro Pluma para el director: que si me vuelve a meter de requisa para el patio le mato la familia”, se lee en uno de los panfletos conocidos por el funcionario judicial.

Un adolescente resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Borja. Por este hecho, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar para esclarecer el ataque.

La Segunda Fiscalía Penal de Miraflores-San Borja-Surquillo, bajo la dirección de la fiscal provincial Katty Soto Flores, investiga el caso por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de Moisés Alejandro, quien recibió el impacto en el cuello.

Como parte del proceso, se ha dispuesto verificar el estado de salud de la víctima en la clínica donde recibe atención médica, además de recabar testimonios de su hermano, personal de seguridad privada y trabajadores de la boletería de la estación. Asimismo, se realizarán inspecciones técnicas en la escena del crimen y se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación y del municipio de San Borja. El objetivo es esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

Adolescente herido tras ataque de sicarios

El pasado viernes, alrededor de las 4 p.m., un ataque armado ocurrió en el ingreso de la estación La Cultura del Metro de Lima. Según testigos, los agresores llegaron y dispararon contra un joven, impactando uno de los proyectiles en su cuello, lo que provocó que cayera al suelo gravemente herido.

Ante el ataque, testigos dieron aviso a las autoridades. Personal de Serenazgo de San Borja y efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

La víctima fue identificada como Moisés Alejandro, quien trabajaba como “tarjetero” en la estación, ofreciendo el alquiler de su tarjeta a pasajeros por dos soles. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a la Clínica Internacional.

El ataque, perpetrado por dos delincuentes, incluyó un disparo directo al cuello de la víctima. Según información difundida por Exitosa, el hecho estaría vinculado a un presunto cobro de cupos en la estación, específicamente por los espacios ocupados por los “tarjeteros”.

Así fue el ataque a adolescente en estación La Cultura

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Borja captaron el aterrador momento en que un sicario irrumpió en la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima, disparando a plena luz del día. El ataque dejó a un joven de 17 años gravemente herido, quien se encuentra en estado crítico. Sorprendentemente, uno de los agresores vestía un chaleco con la inscripción del Ministerio de Salud.

En las imágenes difundidas por la comuna distrital, se observa a uno de los atacantes acercándose a la estación. Vestía un buzo azul oscuro con capucha, un chaleco del Minsa y una mascarilla blanca que cubría su rostro. De forma inesperada, el agresor sacó una pistola y disparó a la altura del cuello de la víctima, dejándola gravemente herida en el suelo.

Tras el atentado, el sicario huyó hacia la Avenida Aviación, saltando una valla de metal y subiendo a una motocicleta conducida por su cómplice, quien vestía polo blanco y short. Ambos escaparon a gran velocidad hacia San Luis, tomando la Avenida Canadá y pasando cerca de la Videna.

Usuarios y transeúntes, aterrados por lo sucedido, alertaron a las autoridades. Minutos después, personal de serenazgo y paramédicos llegaron al lugar para asistir al menor.

Narcizo Moreno, de 24 años, conocido en el mundo delictivo como ‘Bebé’, tiene una trayectoria que lo vincula con al menos seis homicidios. A pesar de su contextura baja y delgada, sus acciones violentas lo han convertido en una figura temida en el mundo del hampa. En el pasado, estuvo preso en 2019 y 2021 por delitos relacionados con el crimen organizado, pero al salir, se unió a bandas de extorsionadores y consolidó su reputación como un ejecutor sin escrúpulos.

Entre los grupos con los que estuvo asociado destaca ‘Los Gallegos del Santa’, una banda a la que pertenecía una regidora de Santa Anita y que se dedicaba a actividades de extorsión y tráfico de terrenos.

Ascenso como líder de una banda criminal

El hecho que marcó un punto de inflexión en la carrera delictiva de ‘Bebé’ ocurrió el 12 de noviembre de 2024, cuando, durante la celebración del cumpleaños de Tony Ventura Mallqui (alias ‘Tony’), líder de la banda criminal ‘Los Malditos de Cieneguilla’, Narcizo lo asesinó a balazos junto a su lugarteniente, Roger Balbuena Reyes (alias ‘Teto’).

Según informó Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, el ataque tuvo como objetivo “usurpar el liderazgo” de la banda y tomar el control de sus actividades ilícitas. Tras la muerte de Tony, Narcizo se posicionó como el nuevo cabecilla, consolidando su dominio en zonas de Cieneguilla y sus alrededores.

Historial criminal

El 18 de abril de 2024, Narcizo estuvo implicado en un ataque armado en un puesto de comida en Santa Anita. En este incidente, disparó contra Mauro Antonio Cumpa Herihuay, de 35 años, quien murió en el lugar, e hirió a dos personas más: Diana Isabel Cáceres y Wilber Cóndor Leguía.

Tras ese evento, ‘Bebé’ continuó con su carrera delictiva y, luego de la desarticulación de la banda ‘Los Gallegos del Santa’ días después, se integró a ‘Los Malditos de Cieneguilla’. Allí, su rol evolucionó de sicario a líder, tras el asesinato de Tony y Teto.

Captura y soborno fallido

Elian Narcizo fue detenido en flagrancia delictiva el pasado 12 de enero, en un operativo en el que se le incautaron municiones y drogas. Durante su traslado, intentó evitar la acción policial al ofrecer S/30 mil y un terreno en Manchay como soborno. Las autoridades también iniciaron investigaciones por el presunto delito de tráfico de terrenos.

Además de los homicidios y los intentos de cohecho, a ‘Bebé’ se le atribuyen delitos como la extorsión a empresarios locales y el tráfico de terrenos, actividades que ejecutaba para financiar su estructura criminal.

Canales de emergencia PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) hace un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier situación urgente, se comunique sin demora con la Central de Emergencias, que se puede contactar al número 105.

Para facilitar la comunicación, la PNP ha habilitado un canal más directo a través de WhatsApp. Los ciudadanos pueden escribir a los números 942 479 506 y 964 605 570, lo que permite una respuesta rápida ante emergencias.

Si eres testigo o víctima de un delito o acto de violencia, es fundamental que lo reportes. La PNP está comprometida a ofrecer una atención ágil y eficaz para asegurar la seguridad de todos.

En 2024, la violencia en Lima y Callao alcanzó niveles alarmantes, con un notable aumento en las denuncias por homicidio. A pesar de las medidas de seguridad implementadas en diversas zonas, la situación sigue siendo crítica, especialmente en distritos clave de la capital y la provincia constitucional del Callao.

Según cálculos realizados por el especialista en análisis de datos Juan Carbajal, las denuncias por homicidio aumentaron un 30% en comparación con 2023, alcanzando un total de 879 casos. Este repunte no solo subraya el grave desbordamiento de la violencia, sino que también refleja el fracaso de las políticas de seguridad implementadas.

Callao y SJL, los distritos con más denuncias por homicidio

En solo tres años, el número de homicidios ha aumentado de forma alarmante: de 547 denuncias en 2022 a 674 en 2023, y más de 870 en 2024. Este aumento pone en evidencia que la inseguridad en la capital y el Callao sigue empeorando, dejando un trágico saldo de víctimas, muchas de ellas asesinadas a manos de sicarios.

El distrito Callao de la provincia constitucional del mismo nombre sigue siendo uno de los más golpeados por la violencia. Con 157 denuncias en 2024, continúa siendo el distrito con más homicidios de la provincia. Aunque hubo un aumento significativo en 2023, la violencia sigue siendo un problema grave que afecta a la comunidad.

En Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho mantiene el liderazgo en homicidios con 155 denuncias en 2024. Le sigue Comas con 93 denuncias, mientras que San Martín de Porres, con 71 denuncias, también se mantiene entre los distritos más violentos. Ate (53 denuncias), Puente Piedra (59 denuncias), Villa El Salvador y Los Olivos (ambos con 33 denuncias), siguen siendo zonas con una incidencia alarmante de homicidios.

Distritos con disminuciones en las denuncias por homicidio

Aunque algunos distritos reportaron una disminución en las denuncias por homicidio en 2024, estos descensos no necesariamente reflejan una mejora real en la seguridad, ya que las fluctuaciones siguen siendo notorias.

Carabayllo es un buen ejemplo de esto. Aunque en 2023 experimentó un aumento alarmante del 120%, en 2024 vio una caída del 3%, bajando de 33 a 32 denuncias. Ventanilla también registró una caída en 2024, con 31 denuncias, frente a las 40 del año anterior. Esto representa una disminución del 23%, pero la cifra sigue siendo alta.

En Mi Perú, las denuncias bajaron a 3 en 2024, un 50% menos que en 2023, cuando hubo 6 denuncias. Aunque la cifra es baja, la disminución podría indicar una ligera mejora, aunque aún queda trabajo por hacer para consolidar la seguridad en la zona.

Por último, Carmen de la Legua Reynoso se destaca por no haber registrado homicidios en 2024. Sin embargo, este dato puede ocultar un subregistro o falta de reporte, ya que en años anteriores sí se habían registrado casos. La ausencia de denuncias podría ser indicativa de una omisión en la presentación de casos, lo que genera dudas sobre la exactitud de los datos.

Drástico incremento en algunos distritos

A lo largo de 2024, varios distritos han registrado un aumento alarmante en las denuncias por homicidio, lo que refleja la creciente violencia que afecta a diversas zonas de Lima y Callao. Comas es uno de los distritos que más ha destacado por este repunte. Con un aumento del 121%, las denuncias pasaron de 42 en 2023 a 93 en 2024. Este incremento pone de manifiesto la situación crítica de inseguridad que enfrenta el distrito, que está superando las capacidades de control y prevención de las autoridades.

Por otro lado, Lurigancho - Chosica ha experimentado un incremento aún más dramático, con un aumento del 233%, pasando de 6 denuncias en 2023 a 20 en 2024. Un caso especialmente impactante ocurrió el 5 de junio de 2024, cuando el propietario de una chatarrería y sus dos trabajadores fueron hallados sin vida. Este crimen refleja cómo la violencia ha ido creciendo en la zona, lo que exige medidas urgentes para recuperar el control.

Finalmente, La Perla, que en años anteriores había mostrado una tendencia a la baja, experimentó un aumento significativo en 2024, con 16 denuncias, un 220% más que las 5 denuncias registradas en 2023. Un caso que conmocionó a la comunidad fue el asesinato de un joven de 19 años el 17 de septiembre de 2024, quien fue baleado en la cuadra 2 de la avenida La Marina. Este incidente demuestra que la violencia sigue siendo un problema grave en el distrito, a pesar de los esfuerzos previos por reducirla.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
• Hospital Nacional de Emergencias: 113

La Policía Metropolitana de Barranquilla está trabajando para reducir la influencia de la criminalidad en la capital del Atlántico y, de esta manera, reducir los índices en diferentes crímenes que azotan a la ciudad. Una de las principales problemáticas que tiene la metrópolis costera, es el homicidio.

En este rubro, se registraron 840 eventos durante 2024 y, según información de las autoridades, al menos 728 fueron bajo la variable de sicariato, lo que indica que la delincuencia perpetuó el 86.6% de los asesinatos reportados en esta parte del país.

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Una de las promesas en campaña hechas por el alcalde Alejandro Char, fue precisamente reducir este tipo de problemáticas, razón por la que ordenó a las autoridades combatir la criminalidad, que también afecta a turistas. En las últimas horas se registró la captura de un menor de edad, que estaría vinculado con más de una decena de homicidios en la capital atlanticense.

Según publicó el medio El Heraldo, la Policía Metropolitana de Barranquilla publicó que alias Bebé fue aprehendido en la tarde del sábado 5 de enero de 2025. Este adolescente, puesto que tiene 17 años de edad, es integrante de la estructura criminal conocida como ‘Los Costeños’, la cual, según se puede leer en un comunicado de la fuerza pública, realiza extorsiones, trafica con estupefacientes y roba como parte de su actuar criminal.

También se han registrado enfrentamientos con el Clan del Golfo, según un estudio publicado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, que deja como resultado el reclutamiento juvenil y desplazamiento forzado, entre otras consecuencias.

Aunque no se conoce el nombre del menor, según el medio citado, sí se sabe que fue reclutado por la banda criminal en 2024, cuando tenía 16 años y que se le encargó el trabajo de cometer asesinatos luego de ser entrenado por delincuentes en Soledad, mismos que tienen relevancia de captura para las autoridades, según el medio citado.

Este menor de edad estaría involucrado en, al menos, 11 homicidios en Barranquilla y Soledad.

En este caso, según reportaron las autoridades, el menor de edad se encontraba junto con otro delincuente en un vehículo en el que avanzaban cerca del barrio en el que vivían, cuando los pararon. Además de la aprehensión del joven, se registró la captura de este maleante, conocido por el alias Alacrán, que en la actualidad es un mando medio en la banda que dirige alias Castor, pero que también tiene registró de sicariato en sus antecedentes. Según las autoridades, haría parte de la creación de estrategias con el fin de controlar territorio en Barranquilla.

Actuaban en equipo: las autoridades sospechan de su participación en ciertos delitos

La Policía considera que ambos delincuentes participaron en el ataque terrorista reportado en el barrio La Esperanza de Soledad en octubre, en el que se registró la quema de un bus de la empresa Transmecar. Según las autoridades, este hecho se realizó con el fin de amenazar a los directivos de la corporación de transporte para que pagaran extorsiones a este grupo delictivo.

Tanto el menor, de 17 años de edad, como su aliado, alias Alacrán, quedaron a la disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, Cespa, y la Unidad de Reacción Inmediata, URI, respectivamente para que se lleven a cabo los procesos judiciales en su contra, mientras se adelantan las investigaciones de los casos en los que estarían involucrados.

Cabe destacar que las autoridades han estado adelantando diferentes estrategias con el fin de capturar criminales en toda el área metropolitana de Barranquilla, así como en las calles de la ciudad para garantizar la protección de los ciudadanos.

Maturano, de 42 años, había sido capturado cuando vendía droga, el 26 de noviembre pasado, en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, luego de permanecer nueve meses prófugo, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La entrega se realizó por la mañana en la Alcaidía 8 del barrio Olímpico, en Villa Soldati, donde personal de la Dirección Unidad Táctica de Intervenciones Alcaidías (DUTIA) le cedió la custodia al personal de la Dirección de Traslado de la Policía de la Santa Fe. En la jornada, estuvo presente el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, y el director de Inspección de Penitenciaría del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Ricardo Giusepponi.

Con casco y chalecos antibalas, tal como indica el protocolo, el presunto conductor de la moto en la que se trasladó el sicario fue subido a un móvil de traslado de la fuerza de seguridad santafesina, que se marchó escoltado por patrulleros de la policía porteña hasta el fin del trayecto por la Ciudad.

“En la Ciudad es sin narcotraficantes. Es con orden”, señaló Wolff en la red social X tras la entrega del detenido.

El caso ya tiene dos condenados: a Darío Chávez y Marcelo Fabián Caro les dieron 3 años de prisión de ejecución condicional por haber escondido la moto que usó el asesino. También está preso el hombre que disparó. Maturano era el único prófugo. Lo acusan de ser el conductor que llevó al gatillero.

La captura

Maturano tenía un pedido de captura activo de la Justicia de Santa Fe por el crimen de Daloia y el gobierno provincial ofrecía una recompensa de diez millones de pesos para quien aportara datos que permitieran su captura. Sin embargo, permanecía oculto en la Villa 31, donde “habría dado un nombre falso”, contaron los detectives que lo arrestaron y luego aportaron que decía llamarse Víctor Hugo Oviedo.

El arresto ocurrió alrededor de las 3 del martes pasado en Aymará 890, del Barrio 31, cuando los policías descubrieron a Maturano con 68 envoltorios de cocaína, $8440 y 1 riñonera. Fue el personal de la División Investigaciones Especiales quien lo arrestó.

Cuando cotejaron los datos con el sistema por orden de la Fiscalía Flagrancia Este, a cargo de Federico Tropea y el auxiliar fiscal Mariano Camblong, que encomendó la identificación fehaciente a esa área de la Policía de la Ciudad; saltó a la luz la verdadera identidad del detenido.

Ante ello, según pudo saber este medio, las autoridades informaron a la Policía de Santa Fe y a la Unidad Fiscal Especial de Homicidios Dolosos de Patricio Saldutti, a quienes les enviaron las fotos del detenido y de sus tatuajes, como también las fichas dactiloscópicas del sospechoso, confirmando que se trataba del prófugo del crimen del colectivero.

En la causa por el crimen de Maiola, fue imputado el 1º de agosto pasado Axel Ignacio Herrera, un sospechoso de 19 años que está sindicado de haber sido el autor de los disparos mortales. De acuerdo a la teoría del caso, fue trasladado en una Honda Twister hasta Mendoza y Guatemala, en la zona noroeste de Rosario, de la cual se bajó para ascender al colectivo como falso pasajero.

Una vez arriba de la línea K, según la investigación, Herrera le dio dos tiros a Daloia, bajó de la unidad en Mendoza y México y volvió a subirse a la moto que lo esperaba a los pocos metros y que conducía Maturano.

“Solo quedan tres”. Con estas palabras, la abuela de Jherico Cueto Mayta muestra su preocupación por la vida de su nieto y recuerda con pesar como, el grupo de 10 amigos con los que solía pasar el tiempo se redujo porque sus integrantes fueron asesinados. La mujer teme que su nieto sea el siguiente.

Jherico Cueto Mayta tiene 18 años y pasó tres recluido en Maranguita. Fue detenido cuando cumplió 15 y en ese entonces ya había intentado matar a una persona. En febrero de este año, el joven egresó del centro juvenil con una constancia que certificaba que había cumplido con la rehabilitación ordenada por el Poder Judicial.

Su familia dice que “salió renovado” y que desde entonces se ganaba la vida vendiendo emoliente. La Policía de Homicidios tiene otra versión sobre la “nueva vida” de Cueto. Lo conocen como “el sicario de la bicicleta” y lo vinculan con seis asesinatos por encargo.

La historia recogida por el semanario Hildebrandt en sus trece, narra como una vez más un menor víctima de la violencia, la pobreza, pone en evidencia la deficiencia y la corrupción dentro del sistema penal juvenil.

Niñez

Como casi todas las historias de violencia, esta también inicia con la pérdida de un miembro de la familia. Jherico Cueto fue criado por su abuela materna, en la Calle Washington, en La Perla, donde era común encontrar a vendedores de droga. Pese a eso, la familia asegura que fue un niño bueno, hasta que su papá, quien trabajaba como sereno en San Miguel, murió. Jherico o ‘Araña’ tenía 7 años.

Asesinatos

Pese a que la madre de alias ‘Araña’ asegura que desde que salió de Maranguita lo ve maduro y con ganas de “ser cantante”, la PNP lo ubica como el responsable de seis asesinatos, todos con una marca común: el autor huyó en una bicicleta.

El más reciente y uno que tuvo gran cobertura mediática fue el de Christopher Castañeda, quien fue asesinado de varios disparos en la cara. El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre, en una plaza en el Callao. Cámaras de seguridad de la zona captaron al supuesto autor corriendo y a pocos metros de la escena del crimen la PNP encontró una bicicleta vieja.

Agentes de la División de Investigación de Bellavista, liderados por el comandante Ronald Risco, identificaron un patrón tras hallar una bicicleta abandonada en la escena del crimen de Christopher Castañeda. Según la Policía, este vehículo estaría relacionado con al menos seis asesinatos por encargo, cometidos en distintas ubicaciones.

En cuatro de estos casos, el sicario llegó en bicicleta, mientras que en uno de los escenarios el vehículo fue dejado atrás. La principal hipótesis apunta a que todos los crímenes habrían sido cometidos por el mismo perpetrador.

Elizabeth Mayta, madre de alias “Araña”, sostiene que su hijo no es responsable de los homicidios que se le imputan, ya que asegura que durante el primero de ellos él se encontraba internado “Maranguita”.

Sin embargo, la PNP sospecha que el joven pudo haber salido del centro con la complicidad de malos funcionarios. Lo cierto es que, tras las investigaciones, el joven volvió a ser recluido, aunque esta vez en una prisión para adultos.

El crimen tuvo lugar el pasado miércoles 27 de noviembre en plena vía pública de Piura, cuando un adolescente de 14 años disparó múltiples veces contra un hombre de 31 años, identificado como Carlos Goyes Juárez. Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el momento exacto en que el menor, armado con una pistola, acabó con la vida de Goyes.

Las imágenes difundidas muestran al adolescente acercarse con total frialdad a su herida víctima para luego disparar varias veces contra él sin mediar palabra. Tras el asesinato, el menor huyó del lugar, pero las autoridades lograron capturarlo minutos después.

Captura del presunto joven sicario

El joven fue detenido por agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes habían activado el ‘Plan Cerco’, una estrategia de contención que busca la captura inmediata de responsables de crímenes graves. Durante la intervención, el menor fue encontrado en posesión de una pistola, aunque sin munición en el cargador, lo que sugiere que el crimen pudo haber sido premeditado.

Las autoridades señalaron que el crimen fue registrado por las cámaras de videovigilancia, lo que permitió no solo identificar y ubicar rápidamente al menor, sino también contar con evidencia visual del asesinato. Este ocurrió en plena vía pública, en presencia de numerosos transeúntes.

Tras su arresto, el adolescente fue trasladado a las dependencias policiales, donde se le tomó declaración sobre los hechos ocurridos. Si bien las autoridades aún no han confirmado todos los detalles, se ha descartado la posibilidad de que se trate de un crimen fortuito o producto de un enfrentamiento común.

Menor estaría vinculado con sicariato

La policía no ha descartado que el asesinato esté vinculado a un caso de sicariato, una modalidad de crimen organizado que ha aumentado en ciertas regiones del país. De acuerdo con información difundida por TV Perú, el hecho podría formar parte de una serie de crímenes relacionados con actividades ilícitas, aunque las autoridades continúan evaluando todas las hipótesis.

De acuerdo con las autoridades, la presencia del menor en el lugar del asesinato con un arma de fuego y la rapidez con la que ejecutó el crimen refuerzan la posibilidad de que este acto haya sido planificado.

Menores son captados por el crimen organizado

Este asesinato ha puesto de nuevo sobre la mesa la creciente preocupación por el involucramiento de menores de edad en delitos de alta peligrosidad, particularmente en el sicariato y otros crímenes violentos. Según datos proporcionados por el coronel Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, en conversación con TV Perú, en lo que va del año, más de 386 menores han sido intervenidos por su participación en diversos delitos graves.

Algunos de estos menores han sido vinculados directamente con actividades de sicariato, lo que ha generado alarmas sobre la facilidad con la que los jóvenes acceden a armas y se ven involucrados en organizaciones criminales. A raíz de este aumento en la participación de menores en crímenes, las autoridades locales han solicitado una revisión de las políticas legales y judiciales que rigen el tratamiento de los jóvenes infractores.

La región de La Libertad fue escenario de un crimen que ha sacudido a la comunidad, tras la confesión del asesinato del empresario de construcción civil, Juan Alberto Soto Cancino. De acuerdo con información de La República, un sicario de 19 años, identificado como Anderxon Daniel Farfán Rodríguez y conocido como “Negro”, fue arrestado tras un operativo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo. El ciudadano venezolano confesó ante la Fiscalía y la Policía ser el autor del asesinato, lo que permitió el desmantelamiento de la banda criminal ‘Los Pairas de San Pedro’.

El asesinato ocurrió en la urbanización Germán Razuri el 30 de octubre. Farfán Rodríguez, quien efectuó el crimen, declaró que recibió S/1.000 (aproximadamente USD 262) por acabar con la vida de Soto Cancino. El parte policial señala que “el pago fue ofrecido por Luis Antonio Siccha Torres, alias ‘Torres’”. Este joven, de la misma edad que el sicario, también fue detenido como parte de las acciones policiales.

La investigación detalla que el plan homicida fue organizado en la vivienda de Enrique Javier Ventura, alias “Chino Pere”, ubicado a escasos 50 metros de la residencia de la víctima. “Esta vivienda se encontraba a 50 metros de la vivienda del empresario”, corroboró La República citando informes policíacos. Allí, los seis implicados se reunieron antes de ejecutar el asesinato, según lo dicho por Farfán. El hombre salió caminando desde esta vivienda para quitarle la vida a Juan Soto cuando se encontraba a bordo de su volquete.

Después de cometer el asesinato, Farfán entregó el arma a Siccha y huyó en moto hacia un inmueble donde permaneció hasta la noche. De acuerdo con el parte, “posteriormente, lo trasladó a un centro comercial de Pacasmayo, donde se encontró con Luis Siccha y su enamorada Luisa Bermeo para fugar a Trujillo”. Estos movimientos reflejan la planificación detallada y la coordinación entre los miembros del grupo criminal.

La captura de Farfán desencadenó una serie de operativos que llevaron a la detención de otros implicados. “La Depincri Pacasmayo, bajo el mando del mayor PNP Hugo Denis Olano Mendoza, desarrolló operativos en varios puntos estratégicos”, informó La República. Durante estos operativos, también se arrestó a Siccha Torres y Ventura. La intervención incluyó la incautación de dispositivos móviles que podrían contener información clave para el caso.

Mientras las autoridades prosiguen con las investigaciones, el paradero de algunos miembros del grupo como Luisa Fernanda Bermeo Álvarez, principalmente mencionada como “Luisa” y novia de Siccha, sigue siendo incierto. Continúan las diligencias para ubicar a otros miembros prófugos de la banda, lo que resalta la extensa red de complicidades involucradas en este crimen.

Las autoridades continúan sus esfuerzos para capturar a todos los involucrados y prevenir futuros actos de violencia en la zona. Atendiendo a las acciones realizadas por la policía local, este caso podría ser un precedente en el combate a las redes delictivas que operan en diferentes regiones peruanas.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

El pasado lunes 28 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) sector Consulado detuvieron a Johan Gael “G”, un joven de apenas 17 años que es líder de sicarios de la Unión Tepito.

Así lo dio a conocer el periodista de nota roja Carlos Jiménez por medio de sus redes sociales, donde compartió fotografías del joven. Jiménez señaló que Johan Gael dirige al grupo U-J40, que es de extorsionares y sicarios.

“Llama a su grupo U-J40: U-por Unión, J-por Johan y 40-por vivir en el 40 d Mecánicos”, asegura el periodista, quien también dijo que al menor le relaciona con asesinatos y levantones.

El joven de 17 años de edad fue detenido junto con otras tres personas, dos hombres y una mujer, quienes presuntamente también operan con la Unión Tepito y que son parte de los grupos que han provocado los recientes asesinatos en La Morelos.

Además, Jiménez aseguró que Johan opera para El Irving.

¿Quién es El Irving?

Irving Jonathan Herrera Sánchez es uno de los fundadores de la Unión Tepito, y considerado en algún momento uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de la Ciudad de México.

Autoridades lo han ligado con ejecuciones, extorsiones, tráfico de drogas, e incluso con el multihomicidio ocurrido en el mes de septiembre de 2018, en Plaza Garibaldi, cuando sicarios vestidos de mariachis dispararon contra personas que se encontraban en uno de los locales comerciales del lugar.

En agosto de 2020, equipos de inteligencia de la policía capitalina lo detuvieron en la colonia Santa María la Rivera, justo en el momento en el que cobraba una extorsión. Fue llevado a un penal capitalino, sin embargo, por su nivel de peligrosidad, las autoridades del sistema penitenciario lo trasladaron a un penal federal.

De acuerdo con reportes, fue llevado al Cerezo 17 en Buenavista, Tomatlán, en Michoacán. El pasado 30 de mayo, El Irving salió de prisión, según información de Carlos Jiménez.

Un presunto sicario de La Unión Tepito fue asesinado en un aparente ajuste de cuentas en la Ciudad de México durante la madrugada de este martes 29 de octubre, en lo que parece ser otro episodio de la disputa entre grupos criminales que operan en la capital. La agresión ocurrió en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, donde según reportes iniciales, la organización Anti Unión aparentemente estaría involucrada en el homicidio.

El caso ha atraído la atención no solo por el violento contexto, sino por la difusión de un video captado en el lugar de los hechos, donde se muestra el momento en que la madre del joven, identificada como Karla “N”, llega a la escena para descubrir que su hijo había sido asesinado. Las impactantes imágenes fueron reveladas por el periodista Carlos Jiménez, conocido por cubrir temas de seguridad y crimen en la capital del país. En el video, la mujer reacciona con desesperación al ver el cuerpo de su hijo en el suelo, llorando y repitiendo: “Está muerto, está muerto, me mataron a mi hijo”.

Un joven que la acompaña intenta calmarla, diciéndole: “Tía, tía, relájate”, mientras la madre sigue gritando de dolor. La escena fue presenciada por elementos de seguridad que custodiaban la zona tras el ataque. Este incidente, sumado a la publicación de las imágenes, ha generado una fuerte conmoción entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Detienen a la madre de la víctima con armas y drogas

El mismo día del asesinato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó sobre la detención de una mujer de 34 años en la misma zona de la alcaldía Venustiano Carranza, quien fue identificada posteriormente como la madre del joven asesinado. En el Comunicado 3079 de la SSC, emitido el 28 de octubre, se detallan las circunstancias de la detención.

Los agentes de la SSC realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia en la colonia Morelos, específicamente en el cruce de la calle Mineros y la avenida Carpintería, cuando observaron a una mujer que manipulaba envoltorios similares a los usados en la distribución de narcóticos. Según el comunicado, la mujer intentó huir al notar la presencia de los oficiales, pero tras una breve persecución fue interceptada y detenida. Durante la revisión, los policías le decomisaron una subametralladora, un cargador con tres cartuchos útiles, envoltorios de presunta mariguana y una cantidad de dinero en efectivo.

Al verificar su identidad, las autoridades encontraron que la detenida contaba con antecedentes penales en la Ciudad de México por delitos relacionados con la clonación de tarjetas bancarias, según el comunicado de la SSC.

Vinculación con La Unión Tepito y Anti Unión

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el asesinato del joven y la detención de su madre podrían estar relacionados con la violenta pugna entre los grupos delictivos La Unión Tepito y Anti Unión, quienes han mantenido un prolongado conflicto por el control de actividades ilícitas en diversas zonas de la capital. Los enfrentamientos entre ambas organizaciones han sido constantes en los últimos años, generando un clima de inseguridad en varias alcaldías de la Ciudad de México.

Carlos Jiménez, quien también reportó la detención de la madre del presunto sicario, confirmó que Karla “N” era la misma mujer que protagonizó el dramático video difundido tras el asesinato de su hijo. La detención y el vínculo con el crimen organizado han resaltado la profundidad de las redes de violencia y delincuencia que afectan a la capital, y las autoridades se encuentran investigando posibles conexiones adicionales entre el ataque y otras actividades delictivas en la zona.

La detención de la madre y el asesinato de su hijo ponen nuevamente en el foco la problemática de la violencia y la inseguridad que persiste en algunas zonas de la Ciudad de México, así como el rol de las autoridades en el combate a estos grupos criminales.

El nombre real del sospechoso es Catalino Cabañas, de nacionalidad paraguaya y 42 años de edad, quien contaba con al menos dos órdenes de captura y fue descubierto en la localidad de Villa Fiorito tras una extensa investigación policial para dar con su paradero.

El hombre fue ubicado en la zona de las calles Antonio Filardi y Baradero. A partir de entonces, se intensificaron las tareas de seguimiento con la colaboración de la Delegación Lanús de la Dirección General de Inteligencia, hasta que se logró confirmar que el sospechoso residía efectivamente en el lugar mencionado y se ordenó su aprehensión inmediata.

“Cato” era buscado por dos crímenes. El primero de ellos ocurrió el 31 de diciembre de 2023, donde la víctima, de Omar Ovidio Condarco Collisaya, de 37 años, fue asesinada en la calle San Pedrito al 500 en el barrio de Flores. Este caso está bajo la intervención del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nro. 38 de CABA.

El segundo homicidio sucedió menos de 20 horas después, el 1 de enero de 2024, y tuvo lugar en la calle Nolasco y Almirante Brown, en el partido de Merlo. La víctima fue Ramón Adán Zurita, de 67 años, a quien ejecutaron de un tiro en la cabeza en la tarde del primer día del año, en la puerta de la casa de una de sus hermanas y sin mediar palabras.

Por esa razón, los investigadores vieron el intento de robo como la hipótesis más alejada y rápidamente trabajaron en la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas.

Debido a cómo se desarrolló, este caso -en el que intervino el Juzgado de Garantías Nro. 4 del Departamento Judicial de Morón- generó una gran repercusión mediática a nivel nacional. En este contexto, Infobae accedió a las grabaciones registradas en el lugar de los hechos en las que se ve una secuencia relacionada al homicidio.

En los videos se observan tanto el auto de la víctima, un Nissan, como el del sicario, que es un Chevrolet corsa gris. A ese último se lo visualiza entrando por una calle de tierra ubicada a 50 metros del lugar donde sucedió el crimen de Zurita.

Sin embargo, a partir del rastreo de su patente, se corroboró luego que tanto el homicidio de Merlo como el del barrio porteño de Flores estaban relacionados. Esto se comprobó porque el mismo Corsa había sido identificado en la escena del asesinato que había ocurrido el día anterior.

Ante la gravedad de los delitos, las autoridades policiales comenzaron una exhaustiva investigación para dar con los responsables de los homicidios. Entre las tareas realizadas, se mantuvieron comunicaciones constantes con las autoridades judiciales, requiriéndose una orden de allanamiento -emitida por la UFI N° 5 de Merlo- y el secuestro al domicilio donde se encontraba el prófugo. Mientras tanto, se montó una consigna encubierta para vigilar de cerca al sospechoso.

Fue durante las tareas de vigilancia que los investigadores advirtieron la presencia de “Cato” en la vía pública, procediendo de inmediato a su interceptación. Al ser identificado como Catalino Cabañas, se efectuó su detención sin que opusiera resistencia.

Posteriormente, se informaron los hechos a las autoridades judiciales de intervención, quienes ordenaron el traslado inmediato de Cabañas a la UFI Nro. 5 de Morón a la espera de que el juzgado de CABA proporcione las directivas correspondientes para la continuación del proceso judicial.

El titular del Minedu fue recibido por padres, madres, estudiantes y vecinos consternados, ya que el ataque tuvo lugar en pleno horario escolar. Los presentes lo abordaron para exigir mayor presencia policial en la zona y acciones más efectivas por parte del Ejecutivo.

Bajo un fuerte resguardo policial, Quero se acercó a la entrada del colegio e intentó dialogar con algunos de los padres de familia presentes. Sin embargo, mientras avanzaba, fue increpado por los asistentes, quienes lo acusaron de estar allí “solo para la foto”.

A estos reclamos se sumaron los de otros presentes, quienes también querían acercarse a hablar con el ministro. Para intentar contener la situación, Quero se comprometió a regresar y aseguró que la institución educativa estaría resguardada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo.

Sin embargo, los gritos de los padres de familia no pararon y exigían justicia para el docente. Algunos de los asistentes comenzaron a arengar “El Perú unido jamás será vencido”, por lo que el ministro aprovechó la situación y ante las cámaras de televisión intentó sumarse a los padres.

La respuesta de los padres no fue la que el ministro esperaba, ya que lo dejaron hablando solo y continuaron exigiendo justicia para el docente asesinado.

Como medida de seguridad, Quero indicó que el Ministerio de Educación dispuso que las clases se realicen de manera virtual durante los próximos tres días. Asimismo, informó que se brindará apoyo psicológico a los docentes y estudiantes.

Mininter defiende el estado de emergencia

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió la eficacia del estado de emergencia, a pesar del asesinato del docente, y destacó los operativos realizados bajo esta medida.

“(¿Dónde está el estado de emergencia?)He estado acá en la sesión y acabo de tomar conocimiento del hecho y vamos a esperar justamente los resultados de la investigación. Nosotros en el estado de emergencia estamos operando y estamos haciendo cosas. El día de ayer se han desarrollado operativos donde, durante el fin de semana, hubo más de mil detenidos. No solamente eso. También, hemos ingresado a los penales del país, hemos capturado más de tres organizaciones criminales. Entonces, no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo porque ha ocurrido, como usted dice, en un estado de emergencia”, dijo.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, decidió concederle la libertad condicional a Digno Palomino, jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’.

El documento emitido por el despacho el jueves 10 de octubre de 2024, precisa que el 11 de septiembre se ordenó que Palomino tuviera un periodo de prueba de cuatro meses y 25.5 días a Palomino, sin exigir una caución prendaria.

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El juzgado también le solicitó al jefe de ‘Los Pepes’ suscribir el acta de compromiso de acuerdo con el Código de las Penas, que una vez firmada permitirá la liberación de Digno Palomino de forma inmediata.

“Una vez suscrita el acta de compromiso, líbrese la orden de libertad ante las directivas de la Penitenciaria de esta localidad, la cual deberá ser efectiva de manera inmediata”, se lee en el documento.

Además, advirtieron que, en caso de incumplir cualquiera de las obligaciones contraídas o la realización de un nuevo delito, se tomará la decisión de revocar la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas.

“El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas o la comisión de un nuevo delito, dará lugar a la revocatoria del subrogado penal concedido”, se lee en el auto.

Una vez tomada la decisión, el expediente será remitido al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, como asunto de competencia, debido a que el fallo corresponde a esa parte judicial.

El argumento del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, para conceder la libertad se debe a que Digno Palomino pagó las tres quintas partes de su condena, que corresponde a 14 meses de presión.

El criminal fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Digno Palomino y Los Costeños

Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Digno Palomino o El Viejo, es uno de los principales cabecillas de la banda delincuencial Los Costeños en Barranquilla. Nacido en el barrio Barlovento de Barranquilla, Palomino ha estado involucrado en actividades criminales desde hace al menos nueve años. Lo curioso es que los principales sospechosos de la muerte de su hombre de confianza hacen parte de la misma banda delincuencial.

De hecho, Los Costeños son un grupo criminal liderado por “Castor” y “Digno Palomino”, y se estima que cuenta con alrededor de 500 miembros activos. Esta organización se dedica a una variedad de actividades delictivas, tales como extorsión, microtráfico, homicidios y sicariato, consolidando su control sobre gran parte de la criminalidad en la zona.

En Barranquilla, Los Costeños son conocidos por extorsionar a comerciantes, empresarios y ciudadanos, exigiendo pagos a cambio de “protección” y usando amenazas de violencia para aquellos que se niegan a pagar. Además, controlan una gran parte del tráfico de drogas en la ciudad, distribuyendo estupefacientes en diversos barrios y sectores.

La banda también ha sido responsable de numerosos homicidios y actos de sicariato, recurriendo a la violencia para mantener su control y eliminar a rivales. Este ambiente de violencia ha afectado la seguridad y calidad de vida en la región, generando un clima de temor e inseguridad en muchos sectores de la sociedad.

Las autoridades han llevado a cabo múltiples operativos para desmantelar la organización y capturar a sus líderes. Sin embargo, Los Costeños han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Por ejemplo, a pesar de la captura de “Castor” en abril de 2023, la organización permanece activa.

Una de las preocupaciones de las autoridades y la ciudadanía es el hecho de que algunos miembros de Los Costeños han recibido beneficios judiciales, como la prisión domiciliaria. Esto ha generado debates sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado.

El brigadier general Herbert Benavidez, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que alrededor de 259 homicidios están directamente relacionados con la disputa entre estas bandas.

Una conexión en línea que se transformó en una pesadilla. Melody Sasser, una especialista en cumplimiento ambiental, conoció a David Wallace en la plataforma de citas Match.com. Lo que comenzó como una amistad casual durante una excursión por el sendero de los Apalaches, rápidamente tomó un giro siniestro. Para la mujer, esa relación significó mucho más de lo que Wallace podía imaginar. Cuando él se mudó a Alabama para casarse con Jennifer, el corazón de Sasser se llenó de una furia irracional, que la llevó a urdir un plan escalofriante: contratar a un sicario para asesinar a la esposa de su antiguo compañero de caminatas.

La oscura contratación en la deep web. A principios de 2023, Sasser recurrió a uno de los rincones más peligrosos de la dark web, el sitio Online Killers Market, donde buscó ejecutar su venganza. A través del seudónimo “cattree”, pagó cerca de 10.000 dólares en Bitcoin —una criptomoneda que creía imposible de rastrear— para contratar a un asesino que eliminara a Jennifer. No quería errores. “Tiene que parecer aleatorio o accidental, o plantar drogas, no quiero una investigación larga”, escribió Sasser al administrador del sitio en uno de los mensajes obtenidos por las autoridades, según Daily Mail. La obsesión de Melody por no dejar cabos sueltos era tan meticulosa que proporcionó información detallada sobre la vida de los Wallace, incluyendo el modelo de autos que conducían y los horarios de trabajo de la pareja.

El rastreo minucioso de sus víctimas

Pero Sasser no solo se limitó a contratar a un sicario. Utilizó la tecnología a su favor para seguir cada uno de los movimientos de la pareja. Mediante la aplicación de fitness Strava, que permite a los usuarios compartir sus rutas y actividades físicas, rastreó las caminatas de David y Jennifer. La información recolectada sobre los paseos de la pareja fue enviada a los administradores del mercado de sicarios para facilitar el trabajo.

En un mensaje, Sasser comunicó con precisión: “JW va a caminar dos millas hoy”, asegurándose de que sus pasos estuvieran siempre vigilados desde la distancia. Pero, a medida que los meses pasaban y el asesinato no se concretaba, Sasser empezó a perder la paciencia. “He esperado dos meses y 11 días, y el trabajo no está hecho ¿Es necesario asignarlo a otra persona? ¿Se hará? ¿Cuál es el retraso? ¿Cuándo se hará?”, insistió en otro mensaje, exigiendo respuestas sobre el retraso, según Fox 19.

Un plan desmoronado

El elaborado complot de Melody Sasser para acabar con la vida de Jennifer Wallace comenzó a desmoronarse en abril de 2023, cuando una agencia policial extranjera alertó a las autoridades estadounidenses sobre la amenaza que pesaba sobre la vida de Jennifer. A través de una colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, los investigadores lograron seguir el rastro del dinero y las transacciones en Bitcoin que la mujer había realizado. Aunque ella creía que los pagos en criptomonedas eran imposibles de rastrear, las autoridades identificaron los cajeros automáticos de Coinhub en Knoxville donde Sasser había cambiado efectivo por Bitcoin al menos en cuatro ocasiones. Esa pista fue crucial para identificarla como la persona detrás del usuario “cattree”.

En una operación rápida, los investigadores registraron la casa de la mujer, donde hallaron evidencia contundente: un diario que detallaba otros sitios de sicarios que había consultado, conversaciones escritas a mano con el Online Killers Market, y una pila de billetes debajo de una nota adhesiva que incluía una dirección de Bitcoin. Con esta información, la conexión entre Sasser y el intento de asesinato fue innegable, sellando su destino judicial.

Melody Sasser fue arrestada y llevada ante un tribunal federal donde fue acusada de utilizar instalaciones de comercio interestatal para la comisión de un asesinato por encargo. Aunque su plan fallido no llegó a ejecutarse, el peso de la evidencia fue abrumador, y finalmente, en septiembre de 2024, se declaró culpable.

El juez Thomas Varlan, quien presidió el caso, la condenó a 100 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Además, Sasser fue sentenciada a pagar más de 5.000 dólares en restitución a la víctima. Durante la audiencia, su abogado intentó atenuar la condena argumentando que su cliente había sufrido un colapso emocional y mental tras la muerte de sus padres y que había caído en una espiral de alcoholismo y trastornos mentales. Sin embargo, el tribunal consideró que su comportamiento premeditado y calculador durante meses reflejaba un plan cuidadosamente diseñado para causar un daño irreparable.

El canal de televisión estadounidense, WBIR, informó que Sasser no tenía antecedentes penales previos y que había trabajado de manera voluntaria en varias causas de servicio público. Sin embargo, la fiscal Anne-Marie Svolto argumentó que el crimen de Sasser no fue un acto aislado, sino que implicó un esfuerzo prolongado para acosar y dañar a Jennifer. La fiscal añadió que Jennifer sufrió un trauma considerable: “Vivió lejos de su casa por un tiempo, consiguió un arma y revisaron repetidamente cada habitación de su casa para asegurarse de que ningún atacante estuviera al acecho”.

WVLT, el canal de televisión de Tennessee, señaló que además de contratar al sicario, Sasser acosó a Jennifer y vandalizó su vehículo, dejando mensajes de voz amenazantes utilizando una aplicación para disfrazar su voz.

Thomas A. Varlan, Juez de Distrito de los Estados Unidos, comentó que contratar un sicario fue una acción deliberada tomada por Melody Sasser después de un meticuloso acoso. “Fue único que se declarara culpable”, expresó el juez al condenarla a prisión. Durante el juicio, Jennifer Wallace estuvo presente, aunque no hizo declaraciones.

Testigos relataron que fueron cuatro los sujetos que llegaron al restaurante a bordo de dos motos lineales y armados con pistolas automáticas. En las cámaras de seguridad del establecimiento, se puede ver el ingreso de dos de los maleantes y cómo bajo amenazas, insultos y mostrando sus armas, comenzaron a despojar de sus pertenencias a los comensales y a saquear la caja registradora del negocio. En un momento de distracción, un miembro de la Marina que estaba almorzando en una de las mesas, desenfundó su arma de reglamento y enfrentó a los criminales.

Dos de los delincuentes que estaban esperando en la puerta se dieron a la fuga a bordo de sus motos, dejando atrás a sus cómplices que fueron alcanzados por las balas. Uno de ellos, identificado como Milko Carrascal de Paz, se desplomó en la entrada del restaurante y se encuentra gravemente herido en el hospital de Puente Piedra; mientras que Jefferson Alexander Palomino, murió a tan solo metros del lugar, en la casa Hacienda El Fortín, al intentar huir, según reveló Carabayllo al Día.

La Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de San Pedro y el serenazgo de Carabayllo se dirigieron de inmediato al lugar del atraco y auxiliaron al delincuente malherido y acordonaron la zona donde se encontraba el cuerpo de Palomino, esperando la llegada de los peritos de criminalística y el fiscal de turno para trasladar el cadáver a la morgue. Según contó Radio Exitosa, las autoridades también hallaron un arma de fuego y una mochila con fajos de dinero, abandonada por uno de los sospechosos que logró darse a la fuga.

El incidente ha generado consternación entre los vecinos y la comunidad local, quienes resaltaron la valentía del técnico de la Marina, quien evitó una tragedia mayor. Las investigaciones continúan, con la participación de agentes del equipo de criminalística y personal del Ministerio Público, quienes se han apersonado hasta la zona para recoger más evidencias.

El personal de serenazgo de la Municipalidad de Carabayllo también acordonó el área en Hacienda El Fortín para facilitar el trabajo de las autoridades. Asimismo, se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad del local puedan aportar más detalles sobre los dos delincuentes que lograron escapar y que son buscados por la policía.

Este evento vuelve a poner en relieve la necesidad de reforzar la seguridad en la zona, y ha sido un recordatorio de los riesgos que enfrenta la ciudadanía ante el creciente índice de criminalidad.

Sospechoso de feminicidio es hallado sin vida

Pablo Catalán Huachaca, de 43 años, apareció sin vida en un hostal de la ciudad de Nasca, en la región Ica. Catalán era el principal sospechoso en la investigación de un feminicidio; su pareja fue encontrada muerta en su residencia en el distrito de Carabayllo hace una semana.

Según las autoridades, las primeras pruebas indican que Catalán se habría suicidado en el hospedaje. Los familiares de la víctima, aunque sienten algo de alivio por la aparición del sospechoso, expresaron su frustración por la manera en la que los hechos se desarrollaron. “Nos da una tranquilidad a la familia que el hombre haya aparecido, pero no era esta la manera. Nosotros queríamos que se haga justicia,” declaró el hermano de la víctima.

El caso comenzó cuando se descubrió el cuerpo sin vida de la pareja de Catalán en su domicilio en Carabayllo, lo que desencadenó una búsqueda intensiva del sospechoso. Tras una semana de búsqueda, la aparente resolución del caso ha dejado a la familia con una mezcla de sentimientos encontrados.

La pérdida ha causado un profundo daño emocional a los allegados de la víctima, quienes manifiestan que ninguna resolución podrá reparar completamente el daño sufrido. “Nos ha dejado tanto daño a nosotros. No es justo, no ha pagado su delito y nos duele tanto, pero nos da una calma, por otro lado,” añadió el hermano durante la entrevista.

La familia esperaba un desenlace diferente, donde se hiciera justicia por los eventos trágicos vividos, y donde el caso fuera resuelto a través de los canales legales adecuados. En última instancia, la noticia del hallazgo del cuerpo de Pablo Catalán Huachaca en Nasca agrega un final inesperado y trágico a una investigación ya marcada por el sufrimiento y la pérdida.

Autoridades de Quintana Roo lograron detener a Jesús “N”, alias ‘El Fiscalito’, considerado como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Tulum, donde habría participado en al menos 14 homicidios.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ‘El Fiscalito’ fue detenido este domingo 25 de agosto en la calle Gama Oriente del municipio referido, cuando se encontraba en compañía de otros cuatro sujetos, identificados como Jacinto “N”, Heberto “N”, Leonardo “N” y Jorge Oliver “N”.

Todos ellos son investigados por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Al momento de su arresto, estos individuos poseían envoltorios de marihuana, de metanfetamina y de crack, sustancias que fueron aseguradas por elementos de la Policía de Investigación.

Tras una inspección protocolaria, los uniformados también encontraron un arma de fuego 9 mm de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como un cargador abastecido con cartuchos útiles y un chaleco táctico de color verde. En la fotografías compartidas por la Fiscalía estatal no se alcanza a distinguir la leyenda inscrita en la indumentaria, pero se presume hace referencia a un grupo criminal.

“Cabe destacar que, en el caso de Jesús ‘N’, alias ‘Fiscalito’, las investigaciones establecen que actualmente trabaja como sicario y chofer de un grupo criminal generador de violencia en Tulum, dedicado a la venta y distribución de drogas en la zona”, detalló la FGE en un comunicado.

Se precisó que ‘Fiscalito’ está involucrado en al menos 14 homicidios que fueron perpetrados en clubes de playas y establecimientos de Tulum. Algunos de ellos se realizaron en contra de presuntos narcomenudistas que operaban para grupos contrarios.

El pasado 6 de mayo, ‘Fiscalito’ participó en un ataque armado registrado en el exterior de una vivienda ubicada en la colonia Maya, tras el cual tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada.

Tres meses antes, el 9 de febrero, Jesús “N” acudió a un club de playas de Tulum y asesinó a dos personas de origen extranjero. Una de las víctimas fue identificado como un narcomenudista apodado ‘Belice’. Según reportes preliminares, la mujer respondía al nombre de Niko.

También se le atribuye el asesinato de un guardia de seguridad reportado el 15 de marzo del año en curso. Pese a los múltiples homicidios, la Fiscalía de Quintana Roo no dio a conocer si tiene una orden de aprehensión abierta contra el ‘Fiscalito’ por uno de ellos. Tampoco mencionó en qué grupo criminal se desempeñaba como sicario y chofer.

Según reportes de AC Consultores, en el municipio de Tulum se ha registrado la presencia de al menos cuatro organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y Los Pelones.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG también operan en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, sobre todo en Chetumal y Cancún, donde mantienen una disputa territorial con otras agrupaciones delictivas. Aunque su principal negocio es el tráfico de drogas, también están involucrados en extorsiones, homicidios y trata de personas.

Desde Estados Unidos informaron que el temido criminal peruano, Gianfranco Torres Navarro, alías ‘Gianfranco 23′ o ‘Chato’, fue arrestado este miércoles 14 de agosto por autoridades de inmigración del país norteamericano.

De acuerdo a medios locales, el avezado delincuente, acusado de ser el autor de 23 asesinatos, fue detenido en Endicott, Nueva York. Ahora se encuentra recluido en un centro de detención federal cerca de Buffalo a la espera de una audiencia para definir su situación, comentó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos indicó que ‘Gianfranco 23′, de 38 años, ingresó ilegalmente a EE.UU por la frontera entre Texas y México el pasado 16 de mayo. Fue detenido el mismo día y se le entregó una notificación para que comparezca ante los procedimientos de inmigración.

Trascendió que las autoridades estadounidenses tomaron medidas para arrestar a Torres Navarro después de recibir información desde el Perú que era buscado internacionalmente desde el 8 de julio por diversos delitos.

Cabe destacar que los agentes de inmigración también detuvieron a Mishelle Sol Ivanna Ortiz Ubillús, la novia de Torres-Navarro y la mano derecha de la organización criminal a la que pertenecían en Perú. Ella está actualmente en custodia en un centro de procesamiento en Pensilvania, según el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de la Oficina de Detención y Deportación.

Historial en Perú

A inicios de juliol, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de la Nación dio a conocer que desarticularon lo que quedaba de la banda delincuencial ‘Los Killers de Ventanilla’, que se dedicaba a extorsionar y realizar sicariatos en el Callao, especialmente en el sector de la construcción.

Por ese entonces, el operativo finalizó con la detención de varios presuntos miembros de la banda. Sin embargo, Gianfranco Torres Navarro y Mishelle Ortiz Ubillús no fueron hallados por las autoridades, quienes desconocían que ellos ya se encontraban en Estados Unidos desde hace un par de meses atrás.

Gianfranco Torres Navarro, quien recibe su apodo por el número de homicidios que se le atribuyen, es el principal sospechoso y líder de la banda. Ha tenido antecedentes delictivos, incluyendo una detención en 2021, y su implicación en el crimen organizado data de su tiempo con el grupo ‘Los Malditos de Angamos’. A pesar de haber sido encarcelado, continuó con sus actividades ilícitas tras su liberación.

Por su parte, Mishelle Ortiz Ubillús, de 30 años, es señalada como el brazo logístico de la organización, encargada de la recaudación de dinero ilícito y la coordinación de atentados contra rivales. Ortiz también tiene denuncias previas por lesiones dolosas, acoso sexual y violencia psicológica.

En dicho operativo, se obtuvieron audios comprometedores que revelan detalles de sus operaciones. En uno de los audios, se escucha a Ortiz dando instrucciones para evitar a ciertos individuos, mientras que en otro, Torres admite haber asesinado a una persona para tomar control de un sindicato. Estos elementos han fortalecido la hipótesis de su participación en la organización criminal y han sido cruciales para la Fiscalía en la formulación de cargos contra ellos.

Timothée Chalamet, a sus 28 años, ha recorrido un camino notable en su carrera cinematográfica. Aunque sus primeras apariciones fueron en producciones como Interstellar y Hombres, mujeres y niños (Men, Women & Children - 2014), fue en 2017 cuando su estrellato despegó con su papel protagónico en Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name). Bajo la dirección de Luca Guadagnino (Suspiria, Desafiantes), Chalamet interpretó a Elio Perlman, un joven cuya compleja y emotiva interpretación le valió una nominación al Oscar, catapultándolo a la fama internacional y marcando el comienzo de una carrera prometedora.

Desde ese hito, Chalamet ha demostrado su versatilidad al trabajar con renombrados cineastas. Colaboró con Greta Gerwig (Mujeres del siglo XX) en Lady Bird y Mujercitas (Little Women - 2019) y con Woody Allen en Un día lluvioso en Nueva York (2019). Además, su participación en La crónica francesa (The French Dispatch - 2021) de Wes Anderson (El gran hotel Budapest) y en la publicidad de Bleu de Chanel dirigida por Martin Scorsese (Taxi Driver) destaca su creciente influencia en el cine. Cada proyecto refleja su habilidad para adaptarse a diversos estilos y géneros, consolidando su estatus como uno de los talentos más destacados de su generación.

Timothée Chalamet en Duna - Dune (Dir. Denis Villeneuve)

En 2021, Timothée Chalamet lidera una de las producciones más esperadas y ambiciosas de los últimos años: Duna (Dune). Adaptada de la icónica novela de Frank Herbert, esta épica de ciencia ficción fue llevada a la pantalla grande bajo la dirección de Denis Villeneuve, conocido por su trabajo en Sicario, Blade Runner 2049 y La llegada (Arrival).

En Duna, Chalamet interpreta a Paul Atreides, un joven noble cuya vida se ve transformada por la intriga y los conflictos políticos en el desértico planeta Arrakis. A lo largo de las dos películas lanzadas hasta la fecha, la trama sigue la compleja evolución de Paul, mientras enfrenta desafíos y se enfrenta a un destino crucial en la lucha por el control de la especia, una sustancia vital para el universo.

Timothée Chalamet en A Complete Unknown

Chalamet está a punto de asumir un nuevo desafío actoral con su próximo papel en la película biográfica A Complete Unknown. Este proyecto se sumerge en la fascinante historia de Bob Dylan, un icono de la música folk cuya carrera revolucionó la escena musical en la década de 1960. La película explora el vertiginoso ascenso de Dylan desde sus humildes comienzos en hasta su consolidación como una figura dominante en el mundo de la música.

Según la sinopsis oficial de A Complete Unknown, nos llevará directamente al epicentro artístico en Nueva York en los años 60. Según lo expresado: “A Complete Unknown sigue el meteórico ascenso del músico de Minnesota de 19 años Bob Dylan como cantante de folk a las salas de conciertos y a la cima de las listas de éxitos; sus canciones y su mística se convirtieron en una sensación mundial, culminando con su innovadora actuación de rock ‘n’ roll eléctrico en el Newport Folk Festival en 1965″.

Con Chalamet en el papel principal, se espera que la película no solo capture la esencia de Dylan, sino que también ofrezca una visión profunda de su impacto duradero en la música y la cultura popular.

El elenco que acompañará al joven actor en A Complete Unknown incluye a destacados intérpretes como Edward Norton (El club de la pelea, American History X), Elle Fanning (Maléfica, The Great), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick, Fubar), Will Harrison (Daisy Jones & The Six) y Scoot McNairy (Narcos: México).

El largometraje, dirigido por James Mangold (Logan, Contra lo imposible), llegará a los cines en diciembre.

Como pare de las acciones para combatir a las bandas criminales de México involucradas en el narcotráfico, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha emitido sanciones contra la Nueva Familia Michoacana, organización liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.

El pasado 20 de junio, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) presentó unas sanciones contra ocho miembros de la Nueva Familia Michoacana, debido a su involucramiento en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.

Entre los sujetos sancionados se encuentra Uriel Tabares Martínez, identificado como violento sicario que trabaja al servicio de Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, quienes son conocidos en el hampa criminal como ‘El Pez’ y ‘El Fresa’, respectivamente.

Tabares Martínez es originario de Michoacán, uno de los principales bastiones de la organización de narcotráfico de la que forma parte. Nació el 16 de abril de 1979 en Coyuca de Catalán, por lo que actualmente tiene 45 años de edad, según los datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Tabares Martínez también es conocido como ‘El Médico’. No fue apodado de esta manera porque tiene una formación profesional en medicina, sino por las actividades de sicariato que realiza. Y es que según los informes del Departamento de Tesoro, este sujeto recurre a un método “quirúrgico” para asesinar a sus rivales.

“Es conocido por el sobrenombre de ‘El Médico’ por la violenta y quirúrgica manera en que tortura y asesina aquellos que interfieren con los miembros de alto nivel del cártel de la ‘Nueva Familia Michoacana’”, se lee en el reporte sobre su sanción.

Debido a su cercana relación con los hermanos Hurtado Olascoaga, ‘El Médico’ es señalado de tener “un papel de liderazgo” dentro de la organización. Su principal zona de operación es el estado de Guerrero, principalmente Ciudad Altamirano, ubicada en el municipio de Pungarabato.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que la población de Pungarabato era de 38 mil 482 habitantes en 2020. De ese total, 19 mil 693 eran mujeres y el resto hombres.

Según reportes del periodista Héctor de Mauleón, ‘El Médico’ operó junto a Salvador Navarro Peñaloza, alias ‘El Zarco’, identificado como jefe de sicarios regional de la Nueva Familia Michoacana.

El nombre de Uriel Tabares Martínez comenzó a circular en notas periodísticas tras el asesinato de Abel Montúfar Mendoza, candidato del PRI a una diputación local, perpetrado en mayo de 2018.

De Mauelón indica que Montúfar había sido citado por ‘El Zarco’ en una chanca de basquetbol del poblado de Zacapuato, en el municipio de Cutzamala de Pinzón. En ese lugar lo esperaba ‘El Médico’ junto a otros sujetos llamados Kevin Arzate y Fausto Martínez Aguirre, alias ‘El Mejoral’.

Se presume que ‘El Mejoral’ asesinó a Montúfar, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un vehículo.

Aunque ‘El Médico’ es señalado de ser un violento sicario, fue sancionado por el Departamento de Tesoro por haber actuado o representado en nombre de la Nueva Familia Michoacana. Los otros sujetos sancionados en aquella ocasión fueron Lucio Ochoa Lagunes, Euclides Camacho Goicochea, Kevin Arzate Gómez, David Durán Álvarez, Josué López Hernández, Josué Ramírez Carrera y Rodolfo Maldonado Bustos.

El sicario responsable del ataque ya estaba esperando su víctima en una esquina cercana e incluso se tomó el tiempo de asegurarse de que su blanco era el correcto antes de acercarse a la víctima y disparar a su cuerpo siete veces antes de huir del lugar corriendo.

“Yo escuché nada más. Cuando salí ya no había nadie”, indicó un vecino de la zona en conversación con Latina. Según su declaración, su pensamiento inicial era que alguno de sus vecinos estaba usando pirotécnicos. ”Pensé que era una fiesta patronal (...)”, afirmó

Para los vecinos, la Calle Las Violetas es una de las más inseguras, pues no es la primera vez que se cometen delitos en la zona. Antes ya se llegaron a ver asaltos y robos de vehículos.

Serenos de Ate encuentran cuerpos calcinados de dos personas en Mayorazgo

Un hallazgo macabro se produjo durante el patrullaje de rutina de agentes del serenazgo de Ate, cuando identificaron los cuerpos de dos personas calcinadas en plena vía pública en la urbanización Mayorazgo.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana de Ate, Javier Ávalos, las personas que se encontraban completamente carbonizadas y no podían ser identificadas, eran ambas hombres que presentaban evidentes signos de tortura, pues se encontraban amarrados, según lo que pudieron corroborar los agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística que también se hicieron presentes en el lugar.

Sicarios atacan en Ate: Asesinaron a hombre a metros de su casa

La avenida Ferrocarril se convirtió en escenario de un atentado el pasado sábado 29 de junio. Erik Maldonado Inca, de 31 años, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios. El hecho ocurrió cerca del límite con Santa Anita, alrededor de las 10:20 p.m.

La víctima, quien había salido de un velorio y vivía en un cuarto alquilado a pocos metros del lugar donde se produjo el ataque, fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta. Según testigos que conversaron con Latina Noticias, los agresores dispararon cinco veces contra la víctima, quien cayó mortalmente herido en plena calle. Este asesinato se suma a otros dos ocurridos en el distrito durante la misma semana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística se desplazaron rápidamente al lugar del ataque para iniciar las investigaciones. Los efectivos de la comisaría de Vitarte, junto a agentes del Serenazgo de la Municipalidad de Ate, se encargaron de asegurar la escena del crimen y recopilar pruebas que puedan llevar a la captura de los responsables.

Solo 18 de 377 casos de asesinatos en Lima fueron resueltos en 2024

Solo durante la primera mitad del año, en Lima Metropolitana 415 personas se convirtieron en víctimas de homicidios. En total se contabilizaron 377 casos durante el primer semestre del 2024, sin embargo, solo 18 de ellos pudieron ser resueltos. Esto representa menos del 5 % del total (4.77 %), según datos recogidos por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El otro 95.23 % de los asesinatos (359), según La República, aún no han sido esclarecidos a falta de una investigación policial adecuada que permita una resolución por parte de la Dirincri. En estos casos, la carga de trabajo es distribuida entre las diferentes divisiones y departamentos que componen este sector de la Policía Nacional del Perú (PNP).