El opositor nicaragüense FélixMaradiaga Blandón pidió suspender a Nicaragua del SICA tras la elección de la embajadora costarricense Lina Ajoy Rojas como nueva secretaria general, porque considera que la continuidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dentro del organismo contradice los principios de democracia, paz, seguridad regional y Estado de derecho para los que fue creado, según Centroamérica360.

Maradiaga sostuvo que la llegada de Ajoy abre una oportunidad para reconstruir la institucionalidad regional, aunque advirtió que ese proceso solo tendrá credibilidad si el sistema centroamericano rechaza la influencia de gobiernos autoritarios, según el medio. Para el exprecandidato presidencial y exreo político, la designación ocurre en ese momento para la región.

En un comentario publicado en LinkedIn, citado por Centroamérica360, Maradiaga afirmó que “durante años, el régimen de Ortega-Murillo buscó obstaculizar y manipular el proceso de integración centroamericana. Intentó convertir al SICA en un instrumento alineado con los intereses geopolíticos de Rusia y China en Centroamérica”.

Maradiaga vinculó la permanencia del régimen con una ruptura de los principios del organismo. El opositor dijo que el nombramiento de una nueva secretaria general “es un avance”, según Centroamérica360, pero añadió que la elección no resuelve el problema de fondo dentro del organismo regional.

Maradiaga planteó de forma directa que el régimen de Ortega y Murillo debe ser apartado del sistema regional. A su juicio, el problema de fondo es la permanencia de Ortega-Murillo en una institución concebida para promover reglas democráticas y seguridad compartida en Centroamérica, por lo que debe ser suspendido del SICA, escribió en el comentario citado por Centroamérica360.

La publicación sostuvo que su plena reintegración solo debería evaluarse si vuelve a someterse a los principios de la Carta de la OEA, respeta el derecho interamericano, pone fin a la persecución política, restablece las garantías democráticas, reanuda los compromisos establecidos en la Carta y rompe cualquier relación militar con Rusia o China, así como con otras potencias autoritarias extrarregionales.

La elección de Lina Ajoy fue leída como una oportunidad de reconstrucción institucional

Según Centroamérica360, Maradiaga sostuvo que la llegada de Lina Ajoy Rojas abre una oportunidad para reconstruir la institucionalidad regional y revertir años de deterioro dentro del Sistema de la Integración Centroamericana. Su respaldo a la nueva secretaria general estuvo acompañado por una exigencia política: que el organismo reafirme su compromiso con la democracia.

El opositor insistió en que la eventual reintegración plena del gobierno nicaragüense no puede ser automática. De acuerdo con el medio, esa posibilidad tendría que quedar condicionada al respeto de los derechos humanos, al restablecimiento de las garantías democráticas y al fin de los vínculos militares con potencias extrarregionales que, en su opinión, pueden comprometer la seguridad centroamericana.

El cargo en la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana estaba vacante desde noviembre de 2023, tras la renuncia del nicaragüense Werner Vargas, quien había sido designado para el período 2022-2026. El texto fuente añade que el 26 de mayo el régimen de Nicaragua reclamó su “derecho” a ocupar la secretaría general del organismo.

La elección de Ajoy Rojas fue presentada como un precedente en la historia del SICA porque rompió dos barreras al mismo tiempo: la nacionalidad y el género de la persona designada. Según el texto fuente, será la primera costarricense y la primera mujer en asumir la secretaría general.

El nombramiento entrará en vigor el 9 de agosto de 2026, según el texto fuente, y los Estados miembros también pidieron a la nueva titular la presentación de un plan de trabajo. En la misma reunión se acordó impulsar medidas administrativas y financieras para cerrar y liquidar el período de gestión anterior.

Honduras participó en la reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un encuentro regional que marcó el inicio de una nueva etapa para el organismo mediante la elección de sus nuevas autoridades para el período 2026-2030.

La reunión, desarrollada de manera virtual, reunió a representantes de los países miembros del bloque centroamericano y de República Dominicana, quienes abordaron temas relacionados con la integración regional, la cooperación entre naciones y los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región.

Durante la sesión, los mandatarios y representantes gubernamentales aprobaron la designación de la diplomática costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas como nueva secretaria general del SICA, cargo que asumirá oficialmente el próximo 9 de agosto. La elección pone fin a un prolongado proceso de discusión regional sobre la conducción del principal organismo de integración centroamericana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Honduras destacó la importancia de la participación del país en este proceso, señalando que la integración regional continúa siendo una herramienta fundamental para enfrentar desafíos comunes y promover oportunidades de desarrollo para las naciones centroamericanas.

El encuentro también sirvió para analizar diversos temas estratégicos vinculados con la cooperación económica, el fortalecimiento institucional y la coordinación regional en áreas prioritarias como comercio, seguridad, migración, infraestructura y desarrollo sostenible.

Uno de los puntos relevantes de la reunión fue la transición de la Presidencia Pro Témpore del SICA, responsabilidad que pasó oficialmente de República Dominicana a Belice, como parte del mecanismo de rotación establecido dentro del sistema regional. Esta transición permitirá dar continuidad a los programas y proyectos impulsados por los países miembros en favor de la integración centroamericana.

La elección de Lina Ajoy representa además un hecho significativo para Costa Rica, ya que se convertirá en la primera costarricense en asumir la Secretaría General del SICA. La diplomática cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior de su país y ha ocupado diversos cargos relacionados con cooperación internacional, política exterior e integración regional.

Las autoridades regionales coincidieron en que la nueva administración tendrá el reto de dinamizar la agenda de integración centroamericana y fortalecer el papel del organismo frente a los desafíos que enfrenta la región.

Entre los principales objetivos planteados destacan el fortalecimiento de la cooperación entre los países miembros, la promoción del desarrollo económico, el impulso de iniciativas de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de soluciones conjuntas para problemas comunes que afectan a Centroamérica y República Dominicana.

El Sistema de la Integración Centroamericana constituye el principal mecanismo político e institucional de coordinación entre los países de la región. A través de sus diferentes órganos y programas promueve acciones conjuntas orientadas a fortalecer el comercio, la movilidad, la cooperación y el desarrollo de los Estados miembros.

Durante los últimos años, el organismo ha impulsado proyectos relacionados con seguridad regional, cambio climático, gestión de riesgos, infraestructura, integración económica y fortalecimiento institucional.

La participación de Honduras en este proceso reafirma su compromiso con los espacios regionales de diálogo y cooperación, así como con las iniciativas destinadas a fortalecer la integración centroamericana como una herramienta para enfrentar los desafíos compartidos.

Las autoridades hondureñas destacaron que la elección de la nueva Secretaría General permitirá impulsar una agenda renovada de trabajo regional y consolidar los mecanismos de coordinación existentes entre los países miembros del bloque.

Con la llegada de Lina Ajoy a la dirección del organismo, el SICA inicia una nueva etapa enfocada en fortalecer la institucionalidad regional, promover consensos y avanzar en proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de millones de ciudadanos centroamericanos.

La nueva secretaria general asumirá funciones el próximo 9 de agosto y tendrá la responsabilidad de coordinar los esfuerzos regionales durante los próximos cuatro años, en un contexto marcado por importantes desafíos económicos, sociales y ambientales para Centroamérica y República Dominicana.

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo respaldó la elección de Ajoy Rojas como nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana, una decisión que busca dar a ese organismo una conducción capaz de promover consensos y acompañar los esfuerzos de integración regional antes de que la diplomática costarricense asuma el cargo el 9 de agosto de 2026.

El SICA reúne a ocho países, más de 62 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto nominal conjunto de aproximadamente USD 542.000 millones en 2025. El organismo también cuenta con 12 observadores regionales y 20 observadores extrarregionales.

La designación de Ajoy Rojas puso fin al proceso de evaluación de una terna presentada por Costa Rica, integrada además por el exdiputado Gilberth Jiménez y la exdefensora de los Habitantes Catalina Crespo, tras la recomendación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA. La nueva secretaria general es diplomática de carrera y fue embajadora costarricense en El Salvador.

La nueva secretaria general asumirá el 9 de agosto de 2026

Durante su intervención, Arévalo afirmó que la elección del nuevo liderazgo de la Secretaría General refleja la voluntad política y el diálogo constructivo entre los Estados miembros. También sostuvo que el sistema necesita una secretaría sólida y eficaz para promover consensos y acompañar los esfuerzos de integración regional.

El mandatario guatemalteco reconoció además la conducción de la República Dominicana en la presidencia pro tempore y el papel de Costa Rica en la presentación de las candidaturas. Señaló que ese proceso permitió una evaluación objetiva para identificar el perfil más idóneo para el cargo.

La sesión se celebró bajo la presidencia pro tempore dominicana, que ejerce esa función durante el primer semestre de 2026. Junto a Arévalo participaron el vicepresidente de Costa Rica Francisco Gamboa, el presidente de Honduras Nasry Asfura, el mandatario dominicano Luis Abinader, el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, los co-ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, y los vicecancilleres de Belice y Panamá.

El gobierno de Guatemala felicitó a Ajoy Rojas y expresó su confianza en que su gestión contribuirá a revitalizar el proceso de integración centroamericana y fortalecer la institucionalidad del sistema. También reiteró su compromiso de trabajar con los demás Estados miembros, la presidencia pro tempore y la nueva secretaria general en una agenda regional orientada al desarrollo y la prosperidad de los pueblos de la región.

El SICA fue creado en 1991 y tiene su sede en San Salvador

El Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos. Su entrada en funcionamiento formal se produjo el 1 de febrero de 1993.

Guatemala figura entre los seis países fundadores, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice se incorporó como miembro pleno en 1998 y la República Dominicana completó su adhesión en 2013, con lo que el bloque quedó conformado por sus actuales ocho Estados miembros.

La sede del organismo está en San Salvador, en El Salvador. Entre sus observadores regionales se encuentran México, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, mientras que entre los extrarregionales figuran España, Alemania, Japón y el Reino Unido.

La embajadora Lina Eugenia Ajoy Rojas fue elegida como la primera costarricense y la segunda en la historia en asumir la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), marcando un precedente en la historia de la integración regional. La designación de Ajoy fue ratificada durante una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, en la que participaron representantes de todos los países miembros del organismo. El nombramiento se produce tras un proceso de selección en el que el Gobierno de Costa Rica presentó una terna de profesionales que cumplió con los requisitos acordados por los Estados miembros.

El mandato de Lina Ajoy comenzará el 9 de agosto de 2026 y se extenderá hasta 2030. La funcionaria asume la tarea de liderar el SICA, institución que promueve la integración política, económica, social y cultural entre los países de Centroamérica. El objetivo principal del organismo es fortalecer la cooperación y el desarrollo sostenible en la región, facilitando acuerdos conjuntos y políticas comunes en áreas como seguridad, comercio, medio ambiente y derechos humanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica expresó su felicitación por el nombramiento y reafirmó su confianza en que la nueva secretaria general garantizará una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional. El comunicado oficial destaca el compromiso de la institución con la continuidad administrativa y política del SICA en beneficio de la población centroamericana. Según el ministerio, “se confía en que la gestión de Ajoy permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante los retos compartidos por la región”.

Lina Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático costarricense. Es embajadora de carrera, abogada y notaria, y posee formación en mediación y cooperación. Además, domina el inglés y el italiano, lo que le permite interactuar en escenarios internacionales de alto nivel. Entre sus antecedentes más recientes destaca su labor como embajadora en El Salvador, donde también representó a Costa Rica ante el SICA y Belice, y se ha desempeñado en puestos diplomáticos en Canadá y Nicaragua.

En el ámbito interno, la nueva secretaria general ha ocupado posiciones clave dentro de la Cancillería costarricense, como la dirección general de Servicio Exterior, la dirección alterna de Política Exterior y la dirección alterna de Cooperación Internacional. Estas responsabilidades le han permitido adquirir una visión integral de la política exterior y de los mecanismos de cooperación regional, capacidades consideradas valiosas para su gestión al frente del SICA.

La ratificación de la designación se realizó el miércoles durante una sesión virtual en la que participaron el primer vicepresidente de Costa Rica, Francisco Gamboa, los presidentes Bernardo Arévalo de Guatemala, Nasry Asfura de Honduras y Luis Abinader de República Dominicana. Además, estuvieron presentes el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, los co-ministros de Nicaragua, Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, así como los vicecancilleres de Belice, Amalia Mai, y de Panamá, Carlos Hoyos.

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), fundado en 1991, tiene como misión fundamental consolidar la integración de la región para alcanzar la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. El organismo agrupa a ocho Estados miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Entre sus funciones principales se encuentran propiciar la armonización de políticas, facilitar el comercio intrarregional, promover la seguridad democrática y fomentar la cooperación técnica y financiera entre los países miembros.

La llegada de Lina Ajoy a la Secretaría General del SICA representa un hito para la diplomacia costarricense y regional. El respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno evidencia la importancia que otorgan los países miembros a la continuidad y fortalecimiento del proceso de integración centroamericana. El ciclo que ahora se abre estará marcado por los desafíos derivados del contexto político, económico y social de la región, así como por las expectativas en torno a una gestión orientada a la eficiencia, la transparencia y la cooperación.

El Salvador experimenta un crecimiento económico impulsado principalmente por la construcción y el turismo, pero enfrenta el desafío de generar empleos suficientes para su población, según el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo.

Durante los últimos tres años, la economía salvadoreña alcanzó un promedio de crecimiento del 3.3%, una cifra que supera el promedio regional de América Latina y coloca al país en una posición favorable dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

De acuerdo con declaraciones Carlos Acevedo, a través de una entrevista matutina en Diálogo 21, “este año, dependiendo de las fuentes, las proyecciones van entre 3 y 3.5% por ciento”, ese ritmo de expansión representa un cambio respecto al bajo desempeño registrado entre 2000 y 2022, cuando el promedio fue de 2%.

El sector de la construcción ha sido uno de los motores más visibles de este avance. “A pesar del dinamismo de la construcción, que está generando un montón de empleos, existe la percepción de que solo los grandes constructores se benefician, pero hay un efecto multiplicador importante porque la construcción implica contratación de mano de obra, desde ingenieros hasta albañiles”, señaló Acevedo.

El economista explicó que este sector también demanda materiales, equipos y servicios, lo cual impacta en distintos niveles de la economía.

El turismo se suma como otra fuente de actividad que aporta al crecimiento. El país ha incrementado la llegada de visitantes y generado nuevas oportunidades, mientras las remesas familiares continúan representando un flujo relevante de divisas que ayuda a sostener el consumo interno.

Según Acevedo, “el ingreso de remesas y el turismo han dado un respiro a la economía”, aunque advirtió que estos factores no han sido suficientes para que toda la población perciba mejoría en su calidad de vida.

El progreso económico comienza a reflejarse en algunas estadísticas sociales. Acevedo destacó que “la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples arrojó una tasa de pobreza total del 22.5 %, la más baja jamás registrada en El Salvador”.

Esto significa que, por primera vez desde que existen registros, la pobreza se redujo en términos relativos; sin embargo, el propio economista advirtió que “uno de cada cuatro hogares está en situación de pobreza, lo cual es inaceptable”, y subrayó que cerca de medio millón de personas viven en pobreza extrema.

Uno de los principales retos que enfrenta El Salvador es la creación de empleos formales y bien remunerados. Según Acevedo, “el reto es empezar a levantar aún más la tasa de crecimiento para que se genere mayor empleo”, y recalcó la importancia de generar oportunidades laborales como mecanismo principal para reducir la pobreza.

“El factor principal para la reducción de la pobreza es el empleo”, reiteró el economista, citando estudios del Banco Mundial.

El costo de la vida se mantiene como una preocupación central para buena parte de la ciudadanía. Aunque la inflación bajó a niveles en torno al 2.2 %, Acevedo explicó que “la gente resiste el alto costo de la vida porque los precios desde el 2022 han crecido más de lo que han crecido los ingresos”.

Esto provoca que muchas familias ajusten su consumo y modifiquen hábitos alimenticios para afrontar la carestía. Acevedo también alertó sobre el impacto que podrían tener factores externos como el precio internacional del petróleo y eventuales sequías, que pueden influir negativamente en los precios de la canasta básica.

El analista reconoció que, pese a la mejora en algunos indicadores, el entorno para atraer inversión extranjera directa sigue siendo limitado. “El Salvador todavía sigue teniendo problemas para atraer inversión. Somos el penúltimo país en la región en ese sentido”, advirtió Acevedo.

La apuesta por la educación y la actualización de la infraestructura escolar se presenta como un elemento clave de mediano y largo plazo para mejorar la competitividad en el sector de empleo. Acevedo sostuvo que “la clave es apostarle a un crecimiento económico inclusivo, que genere empleos de calidad con salarios de calidad”. Enfatizó la relevancia de invertir en educación y en mejorar la formación docente, aunque los resultados de ese esfuerzo se verán con el tiempo.

Guatemala, Honduras y El Salvador celebran desde el 25 hasta el 29 de mayo en territorio guatemalteco la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda, una cita técnica y política orientada a agilizar el comercio regional, acelerar el tránsito de personas y reforzar la coordinación fronteriza para reducir tiempos de despacho y mejorar las condiciones de competitividad para el comercio y la inversión en Centroamérica.

El alcance económico del esquema explica el peso de la reunión. De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), los tres países concentran casi la mitad del producto interno bruto regional, abarcan más de la mitad del territorio centroamericano y reúnen más de dos tercios de la población de la región.

Según la Sieca, en 2022 el comercio entre los tres países llegó a USD 9,553 millones mediante la factura y declaración única centroamericana, conocida como Fyduca, que opera en los puestos fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente y El Florido.

La misma entidad indicó que ese soporte interinstitucional permitió gestionar 76 mil transacciones a través de la Plataforma Informática Comunitaria, administrada por la propia Sieca.

El Ministerio de Economía de Guatemala informó en sus canales oficiales que, por medio del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, trabaja junto con Honduras y El Salvador en una integración “más práctica, moderna y orientada al desarrollo económico regional”.

La cartera agregó que ese esfuerzo se apoya en la naturaleza compartida de los tres países y en el compromiso común de avanzar en la integración económica como palanca para el desarrollo.

Las mesas técnicas se concentran en fronteras, seguridad y digitalización aduanera

Durante la ronda, las mesas técnicas trabajan sobre cinco asuntos concretos: el paso ágil migratorio para conductores, el flujo operativo en el puesto fronterizo Pedro de Alvarado-La Hachadura, las pruebas informáticas para aplicar la Fyduca en el puesto fronterizo El Amatillo entre Honduras y El Salvador, el Plan de Contingencias de Seguridad Fronteriza y el cronograma de capacitación para el Plan Trinacional de Seguridad.

La respuesta central de la ronda es operativa: los tres gobiernos coordinan herramientas para que el cruce fronterizo sea más rápido, la circulación regional sea más fluida y los controles estén mejor articulados. Ese trabajo se traduce en ajustes sobre migración, aduanas, plataformas informáticas y protocolos de seguridad en puntos fronterizos específicos.

La Sieca señaló que el proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras comenzó en 2015 y se amplió con la adhesión de El Salvador en 2018. Según el organismo, ese mecanismo constituye uno de los esquemas de integración más avanzados de Centroamérica.

Honduras condujo una reunión regional para elevar propuestas al COMIECO

En paralelo a la ronda trinacional, y en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica que ejerce Honduras, se desarrolló la I Reunión Ordinaria de Viceministros de Integración Económica correspondiente al primer semestre de 2026.

El encuentro funcionó como espacio de coordinación política y técnica para impulsar medidas dirigidas al fortalecimiento de la integración económica regional y de la facilitación del comercio intrarregional.

Durante esa jornada, las autoridades regionales conocieron los avances presentados por grupos técnicos y foros especializados del Subsistema de Integración Económica.

También examinaron propuestas de actos administrativos y regulatorios que serán elevadas al Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, con el objetivo de promover mejoras y actualización normativa en el mercado regional.

Entre los temas priorizados figuró el seguimiento a la actualización de la hoja de ruta para incorporar a Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Ese proceso incluye avances en armonización de reglas de origen, reglamentación técnica, adopción del Arancel Centroamericano de Importación y negociaciones en materia de libre comercio regional.

Las autoridades también revisaron la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, y de su reglamento, RECAUCA V. Según lo discutido en la reunión, ambos instrumentos son la base para modernizar y facilitar las operaciones aduaneras y logísticas en la región.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó este lunes una nueva ofensiva diplomática en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). A través de una carta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 25 de mayo de 2026 y dirigida a todos los cancilleres del bloque regional, Nicaragua denunció la existencia de “un bloqueo injustificado, injustificable, ilegal e ilegítimo” contra su país y exigió una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para tratar el tema.

La nota diplomática, redactada con el tono grandilocuente habitual de la cancillería sandinista —que se identifica como el “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, Bendita y Siempre Libre”— llegó como respuesta directa a una propuesta de Costa Rica para conformar ternas de candidatos a la Secretaría General del organismo.

Costa Rica, que ejerce actualmente la presidencia pro tempore, envió una comunicación a los estados miembros sugiriendo nombres para ocupar el cargo que Nicaragua lleva años disputando. La reacción del régimen sandinista no se hizo esperar.

La carta nicaragüense recuerda que el país ha presentado ya tres propuestas de candidatos para la Secretaría General, todas bloqueadas en distintos momentos.

La primera, el 16 de noviembre de 2023, incluyó a Valdrack Jaentschke, Violeta Irías e Iris Montenegro. La segunda, el 9 de octubre de 2024, propuso a la doctora Arling Patricia Alonso, María Amelia Coronel y la doctora Sonia Castro. La tercera, el 8 de noviembre de 2024, presentó al canciller Denis Moncada Colindres, acompañado nuevamente por Arling Patricia Alonso y la doctora Johana Flores.

Todas fueron rechazadas.

“Reiteramos que Nicaragua tiene el Derecho a la Secretaría General del SICA, en concordancia con las Normas Comunitarias de nuestra Región y con los Protocolos que nos rigen”, señala la carta.

Advierte que cualquier decisión de trasladar la sede del SICA o su Secretaría a otro país “estaría violentando las Normativas que reconoce nuestro Sistema”.

“Urgimos una reunión de Cancilleres que nos permita abordar estos y otros temas urgentes”, demanda la nota que es el último capítulo de una crisis institucional que lleva casi cinco años devorando por dentro al principal organismo político y diplomático de Centroamérica.

El origen formal del conflicto se remonta a 2017, cuando los presidentes centroamericanos acordaron establecer un sistema de rotación geográfica para elegir al secretario general.

Según ese acuerdo, tras el mandato del guatemalteco Vinicio Cerezo —quien dirigió el organismo entre 2014 y 2021—, el turno correspondería a Nicaragua para el período 2021–2025.

Cuando se acercaba el fin del mandato de Cerezo, Managua intentó primero reelegirlo. Belice bloqueó esa maniobra. Entonces el régimen pasó a proponer sus propios candidatos. La primera terna, presentada en junio de 2021, incluyó al diputado sandinista Orlando Tardencilla, a la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y a la funcionaria Luz Marina López Escobar. Todos militantes del partido de gobierno. Todos rechazados.

Los gobiernos centroamericanos argumentaron que ninguno cumplía los requisitos del Protocolo de Tegucigalda, que exige independencia de criterio, imparcialidad, integridad y vocación integracionista. Nadie en la región estaba dispuesto a colocar a un operador político del orteguismo al frente del organismo regional.

El 30 de junio de 2021 terminó el mandato de Cerezo y, por primera vez en la historia del SICA, el organismo quedó sin secretario general.

Tras más de un año de parálisis, los cancilleres lograron consenso alrededor de Werner Isaac Vargas Torres, un abogado nicaragüense con experiencia dentro del propio sistema regional. Había sido director ejecutivo de la Secretaría General y tenía un perfil más técnico que político. Fue nombrado oficialmente en agosto de 2022.

La tregua duró apenas quince meses.

El 14 de noviembre de 2023, Vargas presentó una renuncia repentina sin explicar públicamente sus razones. La carta de dimisión no la comunicó él mismo, sino el canciller Denis Moncada. Eso disparó sospechas inmediatas dentro del organismo. Fuentes diplomáticas aseguraron que nadie creía que Vargas hubiera renunciado voluntariamente. Versiones extraoficiales indicaban que se encontraba en Managua sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país.

La interpretación que circuló en los pasillos diplomáticos centroamericanos fue que Ortega y Murillo lo habían removido porque no cumplía con los objetivos que Managua esperaba: expulsar a Taiwán del sistema regional y facilitar el ingreso de China y Rusia como observadores.

Nicaragua había roto relaciones con Taiwán en 2021 y reconocido a la República Popular China. Entre marzo y abril de 2023, el régimen impulsó activamente el ingreso de Rusia como observador regional. Guatemala y Costa Rica se opusieron.

La siguiente terna nicaragüense, presentada en noviembre de 2023, empeoró todavía más el conflicto. El nombre que encabezaba la lista era el del hora cocanciller Valdrack Jaentschke, considerado por opositores y analistas como uno de los principales operadores de inteligencia del orteguismo.

A Jaentschke, un exmiembro de la Seguridad del Estado sandinista de los años 80, activistas nicaragüenses en el exilio lo señalan como articulador de redes de espionaje y vigilancia contra disidentes en Costa Rica y otros países centroamericanos. Los gobiernos de la región rechazaron la propuesta.

En noviembre de 2024 Nicaragua propuso directamente a su propio canciller, Denis Moncada, un ex militar de probada fidelidad a Ortega. Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana respondieron con una nota conjunta rechazando los nombres y exigiendo nuevos candidatos.

El régimen de Ortega y Murillo respondió acusando a sus vecinos de actuar bajo “intereses foráneos” y de practicar “colonialismo”. Jaentschke llegó a declarar que Nicaragua no le tenía “ni miedo, ni siquiera respeto” a Costa Rica.

Rosario Murillo acusó públicamente a Panamá de conspirar junto a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana para bloquear al régimen. En junio de 2024, Nicaragua anunció incluso un retiro temporal del organismo.

Desde diciembre de ese año, la dictadura de Nicaragua dejó de presentar nuevos candidatos y se dedicó simplemente a bloquear cualquier salida. El organismo quedó sin conducción por más de dos años. El analista costarricense Carlos Murillo Zamora describió ese período como “uno de los puntos más bajos en la historia de la integración regional”.

Mientras Nicaragua elevaba el tono, el resto de los países construyó en silencio una estrategia diferente: dejar de discutir nombres y cambiar las reglas.

Bajo las normas anteriores, cualquier decisión importante requería unanimidad, lo que le otorgaba a cada miembro un poder efectivo de veto. Ortega y Murillo descubrieron que bastaba negarse a negociar para paralizar toda la institución. Y eso fue lo que hizo durante años.

El 24 de abril de 2026, reunidos en Santo Domingo bajo la presidencia pro tempore de República Dominicana, los cancilleres y vicecancilleres de Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Belice y Honduras aprobaron un nuevo reglamento para la toma de decisiones.

El cambio fue histórico. El sistema abandonó la exigencia de consenso absoluto y adoptó un mecanismo de mayoría calificada. El veto nicaragüense dejó de tener capacidad de paralizar al organismo.

El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco explicó que durante años se había aplicado una “incorrecta interpretación” del protocolo fundacional que permitía a cualquier país bloquear el funcionamiento del sistema.

La reforma abrió además el camino para que Costa Rica, a quien le corresponde el próximo turno de la Secretaría General a partir de agosto de 2026, pueda presentar candidatos sin depender del aval de Managua.

Nicaragua estuvo ausente de la reunión de Santo Domingo y no reconoció la legitimidad de la reforma.

El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, calificó la decisión del 24 de abril como “un jaque mate” a las aspiraciones políticas de Ortega, quien buscaba convertir la Secretaría General del SICA en “una herramienta política al servicio de los intereses de Rusia y China”.

La carta publicada este lunes es la respuesta del régimen a ese escenario. Con el veto ya neutralizado y Costa Rica preparando nuevos candidatos para la Secretaría, Nicaragua recurre ahora a la presión diplomática, la denuncia de conspiraciones y la exigencia de reuniones urgentes que en el pasado le servían para ganar tiempo y paralizar decisiones.

El diario nicaragüense La Prensa ya advertía en un editorial, antes de que llegara esta carta, que no podía esperarse que el problema estuviera resuelto: “Habrá que esperar la reacción del régimen de Nicaragua, que por su naturaleza antidemocrática recurre a acciones de fuerza y chantajes para imponer sus condiciones, cuando no se las aceptan voluntariamente”.

Honduras y Nicaragua retomaron esta semana el diálogo de alto nivel sobre el Tratado Bicentenario, el acuerdo que redefinió límites marítimos entre ambos países y garantizó la salida soberana hondureña al Océano Pacífico, un tema considerado estratégico dentro de la política exterior y la seguridad territorial de la región centroamericana.

La reunión se desarrolló entre la canciller hondureña Mireya Agüero y el co-canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, quienes abordaron el seguimiento al instrumento jurídico suscrito entre ambas naciones, así como temas vinculados a la integración regional, cooperación bilateral y fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El encuentro ocurre en un contexto donde Honduras busca consolidar los alcances legales y diplomáticos del tratado firmado con Managua, mientras persisten diferencias regionales relacionadas con los derechos marítimos en el Golfo de Fonseca y el acceso soberano al Pacífico.

Según informó la Cancillería hondureña mediante su cuenta oficial en X, ambas delegaciones coincidieron en mantener el espíritu de cooperación regional, fortalecer el diálogo político y continuar impulsando mecanismos de convivencia pacífica y responsabilidad compartida entre las naciones centroamericanas.

Límites Marítimos

El Tratado Bicentenario fue suscrito el 27 de octubre de 2021 en Managua por el entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el mandatario nicaragüense Daniel Ortega. El acuerdo permitió definir límites marítimos en el Mar Caribe y las aguas fuera del Golfo de Fonseca, estableciendo jurídicamente el acceso soberano de Honduras hacia el Pacífico.

Para Honduras, el instrumento representó uno de los movimientos diplomáticos más relevantes en materia territorial y marítima de las últimas décadas, debido a que históricamente el país mantuvo limitaciones geográficas y disputas relacionadas con su proyección soberana hacia el Pacífico.

El acuerdo no fue respaldado por El Salvador, nación que rechazó el tratado y que hasta ahora no se ha adherido plenamente a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la administración de las aguas compartidas del Golfo de Fonseca.

La resolución emitida por la CIJ el 11 de septiembre de 1992 resolvió la disputa fronteriza terrestre e insular entre Honduras y El Salvador, pero además estableció que Honduras, Nicaragua y El Salvador debían alcanzar acuerdos conjuntos sobre el uso de las aguas del golfo y las rutas de salida soberana hacia el Pacífico.

Desde entonces, el tema se convirtió en uno de los asuntos más delicados dentro de la geopolítica centroamericana, debido a los intereses económicos, marítimos y estratégicos que convergen en el Golfo de Fonseca, una zona considerada clave para el comercio, la navegación y la seguridad regional.

Durante años, los avances diplomáticos estuvieron limitados por tensiones históricas y desacuerdos territoriales, pero Honduras y Nicaragua mantuvieron negociaciones bilaterales que finalmente desembocaron en la firma del Tratado Bicentenario, considerado por ambos gobiernos como un paso histórico para fortalecer la cooperación y resolver antiguos diferendos limítrofes.

Integración centroamericana

Además de revisar los avances del tratado, los cancilleres también abordaron temas relacionados con la integración regional y el futuro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), organismo que enfrenta nuevos desafíos políticos, económicos y migratorios en la región.

La reunión muestra el interés de Tegucigalpa y Managua por mantener abiertos los canales diplomáticos y consolidar una agenda conjunta en temas de cooperación regional, seguridad y estabilidad política centroamericana.

El Tratado Bicentenario continúa generando debate debido a las diferencias sobre la interpretación de los derechos marítimos en el Golfo de Fonseca y la participación de los países ribereños en las decisiones sobre soberanía y navegación.

Honduras y Nicaragua han reiterado que el diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional seguirán siendo la vía para resolver las controversias históricas en la región.

Para sectores diplomáticos y expertos en relaciones internacionales, el seguimiento al tratado representa mucho más que una revisión bilateral: simboliza la consolidación de una aspiración histórica de Honduras por fortalecer su presencia marítima y garantizar acceso soberano al Pacífico, un objetivo que durante décadas formó parte de las principales discusiones territoriales en Centroamérica.

El 24 de abril de 2026, en Santo Domingo, ocurrió algo que hasta hacía poco parecía imposible en Centroamérica: siete países decidieron quitarle a Nicaragua el poder de bloquear al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el organismo político y diplomático más importante de la región.

La decisión fue el desenlace de una larga crisis que comenzó formalmente en 2021, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó convertir la Secretaría General del SICA en una extensión de su política exterior y de sus alianzas con Rusia y China.

Las reglas de entonces establecían que la elección del secretario general, y otras decisiones importantes, debían resultar del consenso absoluto. Durante casi cuatro años, Managua utilizó esas reglas internas del organismo para bloquear nombramientos, presionar diplomáticamente a sus vecinos y tratar de imponer funcionarios leales al orteguismo en el principal cargo administrativo de la integración regional.

El resultado fue un organismo acéfalo, dividido y atrapado en una crisis institucional sin precedentes. Pero también produjo una reacción inédita: Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Belice y Honduras terminaron impulsando una reforma que eliminó, en la práctica, el veto absoluto que Nicaragua había usado como arma política.

El SICA nació oficialmente el 13 de diciembre de 1991, cuando los presidentes centroamericanos firmaron en Tegucigalpa el protocolo que reformó la antigua Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creada en 1951.

La idea detrás del organismo era ambiciosa: crear una estructura regional capaz de coordinar políticas económicas, diplomáticas, sociales y de seguridad después de décadas de guerras civiles y conflictos armados.

El sistema comenzó a funcionar formalmente el 1 de febrero de 1993 y quedó integrado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, a los que luego se sumaron Belice y República Dominicana.

Aunque muchas veces ha sido visto como una institución burocrática y lenta, el SICA concentra una enorme importancia estratégica. A través de él se coordinan acuerdos comerciales, proyectos regionales de seguridad, cooperación internacional y posiciones conjuntas ante organismos multilaterales. También es el espacio donde Centroamérica intenta negociar como bloque frente a actores externos como la Unión Europea, Estados Unidos o China.

La Secretaría General, con sede en El Salvador, funciona como el corazón técnico y administrativo del sistema. El secretario general es elegido por los presidentes de los países miembros para períodos de cuatro años. Y precisamente esa silla terminó convirtiéndose en el centro de la mayor crisis institucional del organismo.

Rotación del secretario general

La historia reciente comenzó a complicarse en 2017, cuando los presidentes centroamericanos acordaron establecer un sistema de rotación geográfica para escoger al secretario general.

Según ese acuerdo, después del mandato del expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, el turno correspondería a Nicaragua para el período 2021-2025.

Cerezo, quien dirigió el organismo entre 2014 y 2021, había sido cuestionado por mantener silencio frente a las crisis políticas y de derechos humanos en Nicaragua después de las protestas de abril de 2018. Incluso al terminar su mandato reconoció que “se comprende poco el papel del SICA” debido a la neutralidad que mantuvo frente a esos conflictos.

Cuando se acercaba el final de su período, Nicaragua intentó primero reelegirlo. Belice bloqueó esa maniobra. Entonces Managua pasó a proponer sus propios candidatos.

La primera terna presentada por el régimen, en junio de 2021, incluía al diputado sandinista Orlando Tardencilla, a la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y a la funcionaria regional Luz Marina López Escobar. Todos militantes sandinistas. Todos fueron rechazados.

Los gobiernos centroamericanos alegaron que ninguno cumplía los requisitos del Protocolo de Tegucigalpa, que exige independencia de criterio, imparcialidad, integridad y vocación integracionista. Los candidatos eran vistos como operadores políticos del orteguismo y no como funcionarios regionales independientes.

El 30 de junio de 2021 terminó el mandato de Cerezo y, por primera vez en la historia del SICA, el organismo quedó sin secretario general. Durante los meses siguientes, Nicaragua insistió con nuevos nombres. En mayo de 2022 presentó al ex ministro Orlando Solórzano. También fue rechazado.

Caso Werner Vargas

Finalmente, tras más de un año de crisis, los cancilleres lograron consenso alrededor de Werner Isaac Vargas Torres, un abogado nicaragüense con experiencia dentro del propio sistema regional. Había sido director ejecutivo de la Secretaría General y tenía trayectoria en organismos regionales. Fue nombrado oficialmente en agosto de 2022.

Pero la tregua duró poco.

El 14 de noviembre de 2023, Vargas presentó una renuncia repentina y nunca explicó públicamente sus razones. La carta fue comunicada no por él, sino por el canciller nicaragüense Denis Moncada. Eso generó sospechas inmediatas dentro del organismo.

Fuentes diplomáticas y funcionarios del SICA aseguraron que nadie creía que Vargas hubiera renunciado voluntariamente. Según versiones extraoficiales, se encontraba en Managua sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país.

La interpretación dominante fue que Ortega y Murillo lo habían removido porque no estaba cumpliendo los objetivos políticos que Managua esperaba dentro del organismo: expulsar a Taiwán del sistema regional y facilitar el ingreso de China y Rusia como observadores.

Ahí quedó expuesta la verdadera disputa geopolítica detrás de la crisis.

Nicaragua había roto relaciones con Taiwán en 2021 y reconocido a la República Popular China. A partir de entonces comenzó a presionar para modificar el equilibrio diplomático del SICA. Entre marzo y abril de 2023, Nicaragua impulsó activamente el ingreso de Rusia como observador regional. Guatemala y Costa Rica se opusieron.

La siguiente terna nicaragüense empeoró todavía más el conflicto.

Crisis Valdrack Jaentschke

En noviembre de 2023, el régimen de Nicaragua propuso a Valdrack Jaentschke, Iris Montenegro y Violeta Irías.

Jaentschke era considerado por opositores y analistas como uno de los principales operadores políticos y de inteligencia del orteguismo. Había sido vicecanciller y posteriormente sería nombrado canciller de Nicaragua. Diversos activistas lo señalan como articulador de redes de espionaje y vigilancia contra opositores exiliados en Costa Rica y otros países centroamericanos.

Los gobiernos regionales rechazaron nuevamente la terna.

En noviembre de 2024 ocurrió otra escalada. Nicaragua propuso directamente a Denis Moncada, un ex militar devenido a canciller de reconocida fidelidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo, acompañado por la diputada sandinista Arling Alonso y la ministra Johana Flores.

Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana respondieron con una nota conjunta rechazando los nombres y exigiendo nuevos candidatos. Para entonces, la disputa se había transformado en una guerra diplomática regional.

Ortega y Murillo respondieron acusando a sus vecinos de actuar bajo “intereses foráneos”, de practicar “colonialismo” y de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Valdrack Jaentschke llegó a declarar que Nicaragua no le tenía “ni miedo, ni siquiera respeto” a Costa Rica.

Rosario Murillo acusó públicamente a Panamá de conspirar junto a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana para bloquear al régimen dentro del SICA. Nicaragua también recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia y, en junio de 2024, anunció incluso un retiro temporal del organismo.

Pero mientras Nicaragua elevaba el tono, el resto de los países comenzó a construir una estrategia distinta: dejar de discutir nombres y cambiar las reglas.

Bloqueo desde Nicaragua

La clave estaba en el sistema de consenso absoluto. Bajo las normas anteriores, cualquier decisión importante requería unanimidad. Eso le daba a cada país un poder efectivo de veto. Ortega descubrió que bastaba bloquear o negarse a negociar para paralizar toda la institución.

Y eso fue exactamente lo que hizo.

Desde diciembre de 2024, Nicaragua dejó de presentar nuevos candidatos y se dedicó simplemente a bloquear cualquier salida. El organismo quedó acéfalo durante más de dos años.

El analista costarricense Carlos Murillo Zamora describió ese período como “uno de los puntos más bajos en la historia de la integración regional”.

La respuesta llegó el 24 de abril de 2026.

Ese día, reunidos en Santo Domingo bajo la presidencia pro tempore de República Dominicana, los cancilleres y vicecancilleres del SICA aprobaron un nuevo reglamento para la toma de decisiones.

El cambio fue histórico: el sistema abandonó la exigencia de consenso absoluto y adoptó decisiones por mayoría calificada. En otras palabras, el veto nicaragüense dejó de tener capacidad de paralizar al organismo.

El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco explicó que durante años se había aplicado una “incorrecta interpretación” del protocolo fundacional que permitía a cualquier país bloquear el funcionamiento del sistema.

La reforma abrió además el camino para que Costa Rica, a quien le corresponde el próximo turno de la Secretaría General a partir de agosto de 2026, pueda presentar candidatos sin depender del aval de Managua.

El régimen de Ortega no reconoció la legitimidad de la reforma. Pero, por primera vez desde que comenzó la crisis, el resto de los países encontró una manera de neutralizar el bloqueo.

De esta forma, el SICA sobrevivió, pero quedó expuesta la fragilidad de un sistema construido bajo la idea de que todos los gobiernos compartirían reglas mínimas de convivencia democrática.

El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, recordó que esta es la segunda derrota diplomática que Ortega enfrenta en Centroamérica porque tras la represión y las masacres cometidas en 2018, Nicaragua perdió la posibilidad de asumir la presidencia del BCIE, cargo que finalmente recayó en Dante Mossi.

Jaque mate

Según McFields la decisión de los países centroamericanos es “un jaque mate” a las aspiraciones políticas de Daniel Ortega quien buscaba convertir la Secretaría General del SICA en “una herramienta política al servicio de los intereses de Rusia y China”.

Hasta ahora, Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a la reforma del 24 de abril de 2026 en República Dominicana, aunque estuvo ausente. Sin embargo, con anterioridad, el régimen defendiendo el principio de consenso y denunciando exclusión política dentro del SICA.

El nicaragüense diario La Prensa, prevé una reacción del régimen. “No se puede o no se debe creer que con eso el problema de la integración centroamericana está resuelto. Habrá que esperar la reacción del régimen de Nicaragua, que por su naturaleza antidemocrática recurre a acciones de fuerza y chantajes para imponer sus condiciones, cuando no se las aceptan voluntariamente”, editorializó.

“La crisis del SICA ha dejado claro que la dictadura de Nicaragua no es un problema solo de los nicaragüenses. Afecta a todos los países, pueblos y gobiernos de Centroamérica. Mientras permanezca la dictadura en Nicaragua, la integración centroamericana no podrá funcionar normalmente, con seguridad y capacidad de promover el desarrollo y la prosperidad de cada uno y todos los pueblos de Centroamérica”, concluyó en su editorial.

La Unión Europea mantiene una presencia activa en El Salvador a través de iniciativas que abarcan sectores clave como las energías renovables, la transformación digital y la cooperación institucional.

Estas áreas han sido señaladas por Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como fundamentales para el fortalecimiento de los lazos entre el bloque europeo y la región centroamericana.

Uno de los ejes de colaboración más destacados es el impulso a las energías renovables. Según el propio Bandini, la Unión Europea ha canalizado inversiones y tecnología hacia El Salvador, destacando un préstamo de 250 millones de euros dirigido a la mejora de la red eléctrica nacional.

Este financiamiento, gestionado con la empresa estatal ETESAL, busca optimizar la producción y transmisión de energía, con énfasis en la reducción de pérdidas durante la distribución.

El embajador explicó que este tipo de proyectos forman parte de una agenda más amplia orientada a promover la economía verde, un sector en el que el bloque europeo posee experiencia y capacidad tecnológica reconocida.

En el ámbito de la transformación digital, las empresas salvadoreñas han encontrado oportunidades para exportar servicios a Europa, aprovechando la diferencia horaria y el apoyo institucional europeo. Bandini explicó que el sector tecnológico y de mercadeo digital en El Salvador ha mostrado un crecimiento notable, facilitado por la colaboración de la Unión Europea en la capacitación y acompañamiento a compañías locales para que accedan al mercado europeo.

Este tipo de exportaciones, en nichos específicos, ha permitido que firmas salvadoreñas entreguen servicios de manera complementaria, beneficiando tanto a clientes europeos como a la industria salvadoreña.

Coordinación institucional y apoyo a la integración regional

La coordinación institucional es otro pilar de la estrategia europea en el país. Bandini destacó la colaboración con organismos como COEXPORT, Alinvest y el Ministerio de Economía, con el objetivo de facilitar la exportación de productos y servicios, así como la formación de personal diplomático. Esta cooperación permite que funcionarios salvadoreños se formen como promotores de El Salvador en Europa, abriendo nuevas puertas para la inserción de la oferta nacional en el mercado europeo.

En cuanto a la articulación entre los Estados miembros de la Unión Europea con representación en El Salvador, el embajador explicó que las cámaras de comercio de España, Italia, Francia y Alemania han unido esfuerzos para ofrecer servicios conjuntos a los 23 países de la UE que no tienen embajada propia en el país. Esta unión facilita la llegada de empresas europeas a El Salvador y viceversa, ampliando la red de apoyo disponible para el sector privado tanto local como europeo.

El papel de la Unión Europea se extiende también al terreno de la integración regional a través del SICA, cuya sede se encuentra en San Salvador. Bandini, en su calidad de representante del bloque ante este organismo, subrayó el apoyo europeo a la integración centroamericana y a la cooperación regional.

Un ejemplo concreto es el respaldo brindado a la creación de una plataforma digital para el comercio en Centroamérica, que facilita el intercambio de bienes y servicios entre los países miembros. El embajador remarcó que los procesos de integración europea y centroamericana han compartido etapas similares, y que tanto en Europa como en Centroamérica el desafío es acercar estas instituciones a la ciudadanía.

El embajador tuvo además un componente cultural y social, abordando la fusión de tradiciones gastronómicas y el intercambio cultural como parte de las celebraciones del Día de Europa en El Salvador.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, solicitó durante su reciente visita oficial a República Dominicana la reactivación del foro de vicepresidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), según declaró el funcionario en la entrevista Diálogo 21, de Grupo Megavisión.

El vicemandatario mantuvo reuniones con la vicepresidenta Raquel Peña y otros altos cargos dominicanos, en el marco de una agenda que incluyó temas de cooperación regional y seguridad.

Durante su estancia en Santo Domingo, Ulloa destacó la necesidad de fortalecer el diálogo entre los países miembros del SICA, organismo que actualmente preside República Dominicana de manera pro tempore. “Invitamos a la vicepresidenta Raquel Peña a visitar nuestro país para reactivar el foro de vicepresidentes del SICA y comenzar a restablecer un diálogo que ha estado bastante irregular”, afirmó el funcionario, quien también mencionó las dificultades para consensuar la elección del secretario general del organismo.

En el contexto de los encuentros bilaterales, el vicepresidente salvadoreño abordó con las autoridades dominicanas la situación de Haití, un asunto que, según sus palabras, constituye una preocupación de seguridad nacional para el gobierno dominicano. Ulloa señaló que El Salvador mantiene un contingente de ochenta efectivos y servicios de aerotransporte humanitario en apoyo a la misión multinacional en Haití. “Nuestros helicópteros son utilizados exclusivamente para operaciones humanitarias, como una especie de Cruz Roja aérea”, explicó en la entrevista matutina.

El vicemandatario también informó sobre una próxima reunión bilateral con el primer ministro haitiano en Santiago de Chile, en el marco de la toma de posesión presidencial, con el objetivo de explorar nuevas formas de colaboración para enfrentar la crisis en el país caribeño.

En otro de los puntos relevantes de la agenda internacional, Ulloa resaltó el interés de sectores empresariales extranjeros en la realidad salvadoreña. Según relató el funcionario, un senador de París, junto a una delegación de empresarios franceses, llegó recientemente a San Salvador para evaluar oportunidades de inversión y conocer de primera mano los avances logrados en materia de seguridad y transformación institucional. “El interés por visitar El Salvador va más allá de las narrativas negativas sobre la situación del país. Los empresarios quieren constatar personalmente el ambiente de estabilidad y las posibilidades de inversión”, declaró el vicepresidente.

El interés de los franceses surge luego de las conversaciones de Ulloa con el senador de París, durante la misión internacional realizada recientemente por el funcionario salvadoreño.

El recorrido del vicepresidente incluyó también una exposición en el Congreso Internacional de Derechos Habilitantes y Nuevas Fronteras Jurídicas en República Dominicana, donde enfatizó la importancia de mantener la tecnología y las relaciones bilaterales en la agenda regional.

Durante la gira, Ulloa subrayó la voluntad de su gobierno para mostrar una nueva imagen del país y revertir percepciones negativas heredadas del pasado. “La realidad se impone frente a las dudas de algunos sectores; la gente está interesada y ve en El Salvador una nación segura y estable”, puntualizó.

La misión oficial de Félix Ulloa se enmarca en la política de diplomacia activa del Ejecutivo salvadoreño y busca fortalecer los lazos con socios estratégicos regionales y europeos, así como promover el desarrollo de proyectos de cooperación y la atracción de nuevas inversiones extranjeras.

El vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa y el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana Roberto álvarez celebraron una reunión clave, centrada en el fortalecimiento del diálogo bilateral y la identificación de nuevos mecanismos de cooperación enfocados en áreas como seguridad, turismo y desarrollo económico. Este encuentro se realizó dentro del XI Congreso Internacional sobre los derechos habilitantes así como los retos jurídicos que representa la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Los representantes destacaron la importancia de profundizar la relación entre ambos países en el actual contexto de integración regional.

Durante la reunión que busca afianzar la colaboración bilateral en áreas prioritarias. Ambas autoridades confirmaron su deseo de avanzar en una agenda compartida, comprometiéndose a continuar “fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación, en favor de una región más integrada, solidaria y próspera.”

Prioridades bilaterales y cooperación económica

El Salvador y República Dominicana mantienen una relación bilateral sólida, en una fase creciente de expansión, caracterizada por una activa colaboración en seguridad, promoción del turismo y un intercambio comercial en alza. Las exportaciones salvadoreñas hacia República Dominicana incluyen medicamentos, aguas saborizadas hasta manufacturas plásticas, que se consolidan como los principales bienes exportados.

Uno de los datos destacados es el incremento reciente en el comercio bilateral, especialmente con el auge de medicamentos y productos plásticos salvadoreños en el mercado dominicano. Además, la eliminación de la visa para salvadoreños que visitan la isla ha facilitado la movilidad tanto para negocios como para viajes turísticos.

Ambos gobiernos buscan fortalecer su alianza estratégica, enfocándose en la cooperación científica, tecnológica, financiera y en el desarrollo portuario. El intercambio de experiencias en digitalización, la generación de alianzas para la integración regional complementan este proceso de articulación, con la meta de consolidar una posición de aliados estratégicos en la cuenca del Caribe y Centroamérica.

Integración regional y contexto del SICA

La cita se produjo en un contexto marcado por la reciente transición de la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), actualmente a cargo de República Dominicana desde enero hasta junio de este año. Los funcionarios analizaron la calendarización y los retos del liderazgo rotativo, destacando la necesidad de articular respuestas y mantener el seguimiento de los asuntos regionales, una tarea que Ulloa lidera en representación del presidente de El Salvador.

El SICA está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Esta instancia regional tiene como meta coordinar políticas comunes para promover la integración y el desarrollo, y la PPT es un cargo rotativo encargado de dirigir las agendas y prioridades del bloque de manera temporal.

En este marco, ambos países han impulsado desde hace años una postura proactiva en el SICA, promoviendo propuestas de reforma orientadas a transformar el sistema en una plataforma operativa para el comercio, la inversión y la movilidad en la región centroamericana y caribeña.

Crisis haitiana y agenda regional

El diálogo también abordó la situación actual de Haití y la urgente necesidad de promover acciones conjuntas de cooperación y apoyo regional. Tanto Ulloa como álvarez coincidieron en la importancia de generar respuestas agrupadas para afrontar la crisis, destacando que la actuación coordinada entre los países miembros del SICA puede ser determinante para la estabilidad y el desarrollo en el Caribe.

En una cita previa, el vicepresidente Ulloa y la vicepresidenta dominicana Raquel Peña ya habían profundizado en la cooperación política y diplomática, así como en una visión compartida sobre la actuación frente a los desafíos haitianos. Estos esfuerzos conjuntos reflejan un compromiso creciente hacia una integración regional más efectiva y solidaria.

Más de mil familias pertenecientes a comunidades vulnerables del área Metropolitana de San Salvador serán favorecidas con mejoras habitacionales como parte de un vasto programa de reducción de daños en asentamientos urbanos precarios.

Este esfuerzo, impulsado por el Gobierno y apoyado por el Banco de Desarrollo Alemán KfW, prioriza la seguridad de viviendas frente a eventos climáticos severos, una necesidad histórica acentuada tras los estragos de fenómenos como los terremotos de 2001.

Las fases iniciales del plan ya repercuten en la vida de los habitantes de cinco comunidades, incluyendo Villa Kiwanis, donde 128 soluciones habitacionales abren paso a un entorno más seguro y digno.

En total, la primera fase abarca 337 viviendas en Villa Kiwanis, La Naval, Nicaragua 2, La Chacra y Quiñónez 1, mientras que las etapas sucesivas cubrirán las restantes comunidades hasta alcanzar a 1,016 familias distribuidas en San Salvador, Soyapango e Ilopango.

El Ministerio de Vivienda se encuentra monitoreando los avances para asegurar que la ejecución del proyecto sea eficiente y cumpla con los objetivos trazados.

Las intervenciones prometen transformar viviendas precarias en espacios resistentes a las condiciones climáticas adversas. El programa contempla la renovación integral de techos, ventanas, puertas y pisos, junto con la sustitución estructural de láminas, polines y canales en cada hogar intervenido.

Este proyecto se articula dentro de una estrategia mayor orientada a fortalecer asentamientos localizados en zonas afectadas por vientos fuertes. La iniciativa se enmarca en el Proyecto de Reducción de Daños en Asentamientos Urbanos Precarios, según el posteo en X de la ministra de vivienda, que combina obras físicas con acompañamiento social y jurídico, como la regularización de tenencias, en comunidades históricamente postergadas por su nivel de riesgo.

Otros proyectos de KWF en El Salvador

El banco KfW, entidad con una sólida presencia en Centroamérica, ha reforzado durante 2024 su compromiso con la región. Según cifras recientes, los compromisos asumidos por KfW en América Latina y el Caribe alcanzaron los 1.020 millones de euros, destinados principalmente al desarrollo urbano, la protección ambiental y a la mejora de la infraestructura social.

En El Salvador, KfW financia proyectos de adaptación urbana al cambio climático, conservación de humedales como la Laguna de Olomega y El Jocotal, y la protección de cuencas ante inundaciones, contribuyendo así al incremento de resiliencia en áreas de alta vulnerabilidad.

A través de programas como DINAMICA II, promovidos en alianza con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unión Europea, el banco alemán fomenta la innovación y solidez del ecosistema emprendedor, apoyando a micro, pequeñas y medianas empresas salvadoreñas.

El respaldo incluye iniciativas de energías renovables, desarrollo de parques eólicos, biogás y financiamiento de centros de desarrollo empresarial, como los implementados en el ITCHA.

Dentro del país, las acciones de dicho banco de desarrollo también han beneficiado proyectos de conservación, incluyendo el sostén de la reserva de la Biosfera Trifinio-Fraternidad y la gobernanza comunitaria en áreas marino-costeras, además de programas dedicados a especies como la Lora Nuca Amarilla.

La Red de KfW en América Latina trabaja en cooperación financiera y técnica, priorizando la sostenibilidad, la biodiversidad y la integración económica, en coordinación con socios regionales como el BCIE y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El trabajo en comunidades como Villa Kiwanis representa, más allá de la construcción física de viviendas, una contribución directa a la dignidad, seguridad y estabilidad de quienes viven en condiciones de precariedad, y refuerza la cooperación internacional para enfrentar los desafíos urbanos y ambientales más urgentes en El Salvador.

La República Dominicana asumió la Presidencia Pro Tempore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), consolidando su liderazgo regional al recibir el traspaso oficial de manos de Panamá durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada el 22 de enero en Madrid, España. La toma de este cargo implica que el país caribeño dirigirá la agenda turística centroamericana en el primer semestre de este año, con el objetivo de reforzar la integración y competitividad en la región de acuerdo con los lineamientos de la Política Regional de Turismo (PRETUR) 2025–2035 y los consensos alcanzados por los países miembros, según informó el medio EXPRESO.

En esta nueva etapa, sobresale el diseño de un plan de trabajo que prioriza la articulación de la PRETUR con los socios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la formulación de un Plan de Acción regional. El viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo de República Dominicana, Carlos Peguero, fue el encargado de representar a la nueva presidencia, mientras que Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, asistió en calidad de representante del mandato saliente.

Dentro de los compromisos asumidos, República Dominicana enfocará esfuerzos en prolongar la socialización de la PRETUR y fortalecer el sistema turístico centroamericano mediante alianzas estratégicas, acción que también incluirá la actualización de procesos con el apoyo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA). Entre las tareas inmediatas destacan el seguimiento a proyectos regionales de turismo sostenible, la consolidación del sello de calidad SICCS, y la incorporación de herramientas de Big Data en el Observatorio Regional de estadísticas turísticas. Además, se impulsará el turismo comunitario sostenible con respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) , así como la formación especializada para fortalecer las capacidades técnicas en la región.

Durante la gestión de Panamá al frente del Consejo, se lograron avances que incluyeron la socialización de la PRETUR, la promoción de iniciativas de cooperación internacional y el robustecimiento institucional de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). De manera relevante, Panamá impulsó el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad Turística (SICCS) y promovió la capacitación de más de 80 mujeres en temas de turismo sostenible y derechos económicos en países miembros del SICA, según detalló EXPRESO.

La SITCA, como oficina permanente del CCT, juega un papel esencial en el desarrollo turístico regional, proporcionando acompañamiento técnico y estratégico a los países miembros, además de coordinar la ejecución de los mandatos presidenciales y los acuerdos alcanzados en materia turística. Su función se enmarca en la promoción de una integración regional fundamentada en parámetros de sostenibilidad, calidad y cooperación institucional.

El traspaso de la presidencia del CCT fue presenciado por ministros centroamericanos y representantes clave del sector, subrayando la importancia de la coordinación regional para avanzar en una agenda de turismo que se oriente hacia la sostenibilidad y la mejora continua en la región centroamericana.

¿QUÉ ES EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO?

El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su objetivo principal es coordinar y promover políticas comunes de turismo entre los países miembros, buscando fortalecer la integración y el desarrollo sostenible del sector en la región. El CCT está integrado por los ministros de turismo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

A través de este consejo, los países trabajan en la definición de estrategias conjuntas, la promoción internacional de la región como un destino turístico unificado y la gestión de proyectos que beneficien a la industria turística de cada nación. Además, el CCT impulsa la cooperación técnica, el intercambio de experiencias y la armonización de normativas para facilitar el turismo intrarregional y atraer visitantes internacionales, consolidando la oferta turística de Centroamérica y República Dominicana en los mercados globales.

Durante el periodo, Panamá impulsará el proyecto regional de hub farmacéutico y de dispositivos médicos, una iniciativa que busca fortalecer la soberanía sanitaria, mejorar la logística de abastecimiento, reducir costos mediante producción y acondicionamiento regional, y estimular el desarrollo de ensayos clínicos e innovación en salud.

Además, Panamá propone redoblar esfuerzos para fortalecer la gobernanza regional y la interoperabilidad de las instituciones de salud, asegurar la sostenibilidad financiera de las instancias técnicas operativas, invertir en sistemas de información modernos y confiables y tomar decisiones basadas en datos sólidos, son pasos indispensables para mejorar la respuesta sanitaria regional, señala la información oficial.

"Nos comprometemos a trabajar por una región que cierre brechas y garantice condiciones de vida dignas para todos (...) Reafirmamos nuestro compromiso con la salud como derecho fundamental y pilar del desarrollo humano sostenible”. afirmó el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo, durante la ceremonia de traspaso, realizada en San José.

Como parte de los esfuerzos, Panamá también espera que "a través de una gobernanza regional fuerte, se haga frente a los desafíos urgentes, como el cambio climático, las amenazas sanitarias transfronterizas y la creciente necesidad de cooperación intersectorial. Retos que exigen una gobernanza regional fuerte, estrategias integradas y un enfoque solidario entre nuestros Estados miembros".

"Panamá asume con responsabilidad el liderazgo en la formulación del Plan Regional de Salud 2026-2030. Esta visión incluye definir líneas estratégicas de acción regional efectivas y sostenibles; asegurar un presupuesto estructurado que dé continuidad a las actividades técnicas; impulsar la negociación conjunta de medicamentos, como herramienta de equidad, eficiencia y acceso, y reforzar la transformación digital en salud, la investigación aplicada y los observatorios regionales como pilares para la innovación sanitaria”, añadió Boyd.

La rotación de la presidencia pro tempore de Comisca se realiza cada seis meses, siguiendo un esquema geográfico predefinido entre los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. EFE

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli seguirá como asilado en la Embajada de Nicaragua en el país luego de que una serie de quejas y condiciones del régimen de Daniel Ortega frustraran su intento de salida por medio de un salvoconducto.

El pasado 27 de marzo, la Cancillería panameña anunció de manera sorpresiva que había accedido a brindar esta garantía de salida segura del país al ex funcionario, quien fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y lleva más de 450 días recluido en la sede diplomática.

La medida tenía una vigencia inicial de cuatro días, aunque luego se extendió por 72 horas más, en un intento por facilitar los arreglos.

Sin embargo, nada de ello tuvo efecto ya que a la medianoche del jueves expiró el plazo y el salvoconducto quedó sin efecto, dejando a Martinelli nuevamente bajo “el reconocimiento del asilo diplomático” que ya le había sido concedido.

“Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el Gobierno de la República de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

La razón de ello fue que, tras la conferencia de prensa del Ministro de Exteriores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una serie de quejas y exigencias que impidieron la ejecución de la medida.

Precisamente, la Copresidenta pidió que se aclarase una posible alerta roja de Interpol -que las autoridades panameñas sostienen que no existe por improcedente- y acusó al presidente José Raúl Mulino de estar teniendo una “trampa” a Martinelli, algo que el propio asilado respaldó.

“Era una vil trampa, la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y, por otro, me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar (...) lo que querían hacer era matarme”, dijo el ex Presidente en un video en el que reconoció que había deliberado durante horas si aceptar o no el salvoconducto y agradeció a Nicaragua por el asilo.

Asimismo, Murillo aprovechó esta instancia para recriminar a Panamá la falta de apoyo en el órgano de integración regional SICA, así como las “difamaciones” de su Administración.

“El Gobierno de Panamá, además, se ha caracterizado, desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA”, sostuvo en un comunicado en el que hacía referencia al rechazo de varios países a su ex canciller Denis Moncada para el cargo de secretario general del organismo, vacante desde noviembre de 2023.

Esto último, sin embargo, fue considerado parte de un “chantaje” por parte de Managua y repudiado por la oposición, que destacó que “es imperativo recordar el noble y constante compromiso de Panamá en la promoción de la democracia y la paz en Nicaragua”.

(Con información de EFE)

La posición asumida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de frenar a última hora el viaje a Nicaragua en calidad de asilado del ex presidente panameño Ricardo Martinelli alegando que Panamá no ha respaldo a Managua en el órgano de integración regional SICA es calificado por analistas locales como un “chantaje”.

Cuando el lunes todo estaba listo para que Martinelli (2009-2014), de 73 años y asilado en la embajada nicaragüense desde el 7 de febrero de 2024 para evitar ir a la cárcel por una sentencia a más de 10 años por blanqueo, viajara a Nicaragua, Murillo indicó que no lo recibirían mientras no se aclarara una posible alerta roja de Interpol contra él, que ya las autoridades panameñas aclararon no existe por improcedente.

Murillo, esposa de Daniel Ortega, leyó un comunicado de seis puntos, en el que Managua juzga al Gobierno del presidente José Raúl Mulino acusándolo de mantener una “conducta contradictoria” en el caso Martinelli, de “difamar” a Nicaragua y también saca a relucir el tema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Así, el régimen nicaragüense señaló al Ejecutivo de Mulino de “bloquear” en el SICA, “en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua” a asumir la secretaría del organismo, que está vacante desde que en noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026.

En su editorial de este martes, el diario La Prensa de Panamá expresa que el régimen nicaragüense, “que no respeta los derechos humanos ni el Estado de derecho y cuyas autoridades carecen de legitimidad (...) aprovechando el asilo de Ricardo Martinelli (...), intenta abiertamente chantajear a Panamá con el SICA, buscando imponer figuras que no comparten los valores democráticos”.

En el mismo sentido se expresó el presidente del histórico Partido Panameñista y ex alcalde de la Ciudad de Panamá José Isabel Blandón, quien dijo a la televisión local que pareciera que Nicaragua dice “yo le estoy haciendo un favor a Panamá aceptando a Martinelli acá, entonces favor con favor”, en referencia a la situación del SICA.

“Me parecería equivocado que Panamá ceda ante este tipo de chantajes y reitero, lo correcto desde el punto de vista de la Justicia, es que el señor Martinelli cumpla su condena en Panamá”, afirmó Blandón.

Así como el presidente del Partido Panameñista, muchos políticos y activistas panameños han rechazado que el Gobierno de Mulino, un correligionario de Martinelli, concediera el salvoconducto al expresidente al entender que ha sido condenado por un delito común, como es el blanqueo, a través de una sentencia ratificada en todas las instancias pertinentes, por lo que acusan que se está favoreciendo la impunidad.

Ante la posición de Nicaragua, la Cancillería de Panamá anunció la noche del lunes que el salvoconducto otorgado el 27 de marzo y que venció ayer, fue prorrogado “72 horas, hasta el final del día jueves 3 de abril” próximo, “tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado” del político.

El portavoz del ex presidente y diputado por su partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, dijo este martes en declaración a la prensa en el exterior de la embajada que están “con buena vibra”, ya que los Gobiernos panameño y nicaragüense “han expresado que su preocupación es la salud y la vida de Ricardo Martinelli”.

“Así que estamos a buena vibra, nada más esperar los últimos detalles”, afirmó.

(Con información de EFE)

San José, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua presentó este martes una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que se pronuncie sobre la negativa del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de convocar a sesión para la elección del nuevo secretario de esa instancia.

El canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, en representación del Ejecutivo, entregó la solicitud a Tania Montiel, secretaria general interina de la CCJ, quien dijo procederá a remitirlo a los países miembros para su análisis y trámite.

"Solicitamos al Sistema de Integración, a la reunión de cancilleres, revisar, proponer y aceptar las ternas que Nicaragua ha presentado. Nuestro país ha propuesto en al menos tres ocasiones a compañeros y compañeras de alta calidad, experiencia y conocimiento en el Sistema de Integración Centroamericana", sostuvo Jaentschke a periodistas de medios oficiales de su país.

El canciller nicaragüense indicó que "algunos" países de la región han obstruido el proceso al negarse a reunirse; argumentando que los candidatos que ha propuesto Nicaragua no cumplen con las cualidades requeridas, lo que, según él, refleja una "postura politizada".

"Esto lleva a la politización del SICA. Nicaragua reitera su voluntad de trabajar por retomar la institucionalidad del Sistema para que no siga acéfalo, sin conducción. Sin un secretario o secretaria general, el Sistema no puede tomar decisiones ni avanzar", anotó.

El canciller nicaragüense solicitó a la CCJ que la resolución emitida sea de obligatorio cumplimiento para los países miembros.

Los países miembros de ese organismo son Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

La semana pasada, Nicaragua envió una nota de protesta a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana por oponerse a la elección del excanciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del SICA.

En la nota, titulada "Ofensiva injerencia sin cabida", el Ejecutivo sandinista que preside Daniel Ortega expresó a los países del SICA su "más enérgica protesta por la actitud insolente e irrespetuosa de los Gobiernos de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que desconocen la independencia y soberanía de nuestros países, en evidente servilismo a intereses extrarregionales".

Hace dos semanas, Managua amenazó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y la República Dominicana con tomar "algunas medidas" en su contra por oponerse a la elección de sus candidatos como secretario general del SICA.

Ortega propuso una terna de candidatos encabezada por el excanciller Denis Moncada e integrada además por la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez y la ministra de la Familia, Johana Flores, luego de que dos ternas anteriores presentadas no alcanzaran consenso.

Nicaragua, que ostenta la presidencia temporal de ese organismo, había convocado a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA para el pasado 15 de noviembre "con el objeto de avanzar en este proceso", presentar la nueva terna y entrevistar a los candidatos propuestos por Managua, la cual no se realizó por falta de consenso.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. EFE

San José, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua propuso al excanciller Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), luego de que las dos ternas anteriores presentadas no alcanzaran consenso, informó este lunes el Ejecutivo sandinista.

La nueva terna de candidatos propuestos por Nicaragua son, en ese orden, el excanciller Moncada, la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez, y la ministra de la Familia, Johana Flores, según la lista enviada por el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, a sus colegas de los Estados miembros del SICA, y divulgada por el diario La Prensa.

La anterior terna estaba integrada por la diputada Alonso; la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y la asesora presidencial para temas de salud y exministra de Salud, Sonia Castro, todas sancionadas por Estados Unidos y en el caso de Castro además por Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, por violación a los derechos humanos.

La primera terna, presentada el 16 de noviembre de 2023, estaba encabezada por el mismo Jaentschke e incluía a Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y a la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.

El pasado 28 de agosto, el Ejecutivo nicaragüense informó que su candidato -en referencia a Jaentschke- no reunió los votos suficientes de los países de Centroamérica para ser elegido como nuevo secretario general del SICA, cargo que se encuentra vacante desde noviembre de 2023.

Nicaragua, que ostenta la presidencia temporal de ese organismo, convocó además a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA el viernes 15 de noviembre en formato virtual "con el objeto de avanzar en este proceso", presentar la nueva terna y entrevistar a los candidatos propuestos por Managua, según la carta.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, el presidente Daniel Ortega presentó a Jaentschke, y a otras dos funcionarias, como nuevo secretario general del SICA y culminar el periodo que le corresponde a Managua, y ahora presenta una tercera terna.

El jueves pasado, Nicaragua denunció y rechazó la "usurpación" de la Secretaría General del SICA por parte de una "Dirección Ejecutiva" de ese organismo, que según Managua solicitó a los gobiernos de la región "analizar una propuesta de agenda de trabajo y un proyecto de presupuesto de una Secretaría General que no existe porque está acéfala".

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. EFE

La dictadura de Daniel Ortega amenazó con tomar “algunas medidas” luego que cuatro países de la región rechazaran la terna de candidatos que presentó Nicaragua el pasado 11 de noviembre para dirigir el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La terna nicaragüense estaba encabezada por el excanciller Denis Moncada Colindres y la completaban la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez, y la actual ministra de la Familia a Johana Vanessa Flores Jiménez.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el período 2022-2026, en el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

Este cargo, según el reglamento del organismo regional, debe elegirse por consenso y desde la renuncia de Vargas al menos nueve propuestas de Ortega han sido rechazados por no conseguir los votos del resto de países centroamericanos.

El canciller nicaragüense calificó de “irrespetuosa e impositiva” una nota conjunta enviada por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, en la que solicitan al régimen presentar nuevos candidatos para el cargo vacante.

“Ante esta insólita insubordinación de gobiernos y cancillerías que no responden al derecho que nos rige según la jurisprudencia de nuestro sistema, Nicaragua está considerando algunas medidas que oportunamente comunicaremos sobre el desacato en el que vergonzosamente han caído los países suscriptores de la nota que, además, niegan absoluta y demencialmente la facultad de nuestro país de designar a nuestros propios candidatos”, indica la respuesta de la cancillería nicaragüense.

Para este viernes, 29 de noviembre, estaba prevista la reunión la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se elegiría al nuevo secretario general del SICA, que por derecho de rotación le corresponde esta vez a Nicaragua.

Aunque no se menciona en la nota conjunta de los cuatro países de la región, fuentes del organismo aseguraron al diario La Prensa de Nicaragua, que “los argumentos para rechazar la terna están en que los candidatos propuestos no cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 del Protocolo de Tegucigalpa, que señala que el secretario general debe tener ´reconocida vocación integracionista´, alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad. Además, el secretario no debe recibir instrucciones de ningún gobierno por estar únicamente al servicio del SICA”.

De origen militar, el general en retiro Denis Moncada Colindres fue destituido como Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua “por motivos de salud” en septiembre de 2024 después de ocupar ese puesto durante siete años.

Moncada fue reemplazado por Valdrack Jaentschke, quien antes era ministro asesor de la presidencia para políticas y asuntos internacionales y, a su vez, fue uno de los candidatos de Ortega rechazados para dirigir el SICA.

El canciller Jaentschke presentó al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema la nueva terna encabezada por Moncada, para escoger al secretario general del SICA.

“El excanciller de la República de Nicaragua, compañero general en retiro Denis Moncada Colindres ha tenido y tiene el reconocimiento de gobiernos, pueblos y países del Mundo, reconocimiento y respeto que no poder ser ignorados y/o negados por quienes suscriben esta absurda comunicación”, dice la nota de la Cancillería de Nicaragua.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

San José, 14 oct (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) pidió este lunes a los cancilleres de Centroamérica no elegir como nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a ninguna de las tres candidatas propuestas por el Gobierno que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

"Nos dirigimos nuevamente a ustedes para exponerles que las integrantes de la nueva terna que presentó el régimen Ortega Murillo para ocupar la Secretaría General del SICA son personas que no representan los valores sobre los que se fundó esta institución regional, y ninguna se ajusta a los estándares establecidos en los documentos constitutivos", indicó ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio en una carta pública dirigida a los cancilleres centroamericanos.

"Tras fracasar en su intento de colocar en la Secretaría General del SICA al señor Valdrack Ludwing Jaentschke (actual canciller nicaragüense), ahora el régimen Ortega Murillo propone a tres funcionarias que, por su desempeño en puestos clave del mecanismo represivo, son señaladas por organismos internacionales de derechos humanos de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra la población y merecieron sanciones de la comunidad internacional", señaló.

La nueva terna de candidatas propuestos por Ortega son, en ese orden, la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez; la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y la asesora presidencial para temas de salud y exministra de Salud, Sonia Castro.

La CDN-Monteverde, integrada por opositores desnacionalizados por las autoridades nicaragüenses, entre otros, recordó que Castro, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud, "ordenó que los hospitales públicos negaran la atención a los opositores heridos durante las protestas de 2018", que dejaron más de 350 muertos, "algunos por el rechazo en los centros asistenciales, lo cual constituye delito de lesa humanidad".

Asimismo, "ordenó el despido de decenas de médicos que se negaron a cumplir sus órdenes", y por esos señalamientos, en 2019, "se convirtió en una de las primeras ministras en recibir sanciones" por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza.

Sobre la Ministra del Interior, los opositores la señalaron como la "responsable directa de la anulación de la personaría jurídica a más de 5.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) y la confiscación de sus bienes, incluidas universidades, organizaciones benéficas y congregaciones religiosas".

También que, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, ha expulsado y anulado la nacionalidad a más de 400 nicaragüenses, negado el pasaporte a cientos de personas, y prohibido el ingreso al país a otros cientos "a los que han desterrado convirtiéndolos en apátridas de facto".

En el caso de Alonso Gómez, la CDN-Monteverde dijo que actualmente ocupa la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde, "a través de leyes represivas, promovidas y votadas por ella, ha impulsado la persecución por razones políticas y religiosas de los ciudadanos y socavado la democracia y las instituciones".

"Esto provocó que en 2023 Estados Unidos la incluyera en la Lista Engel", añadió.

Por tanto, los opositores nicaragüenses consideraron que, "por sus reiteradas violaciones a los derechos humanos y las consecuencias internacionales de sus actos, de ser electas, ninguna estará capacitada para suscribir acuerdos de cooperación financiera a favor del SICA y perjudicarían el desempeño del sistema en favor de los centroamericanos, con el riesgo de que los efectos de sus sanciones se hagan extensivos a la Secretaría General del SICA".

Asimismo insistieron que elegir a una candidata de Ortega "pondrá en riesgo la seguridad de Centroamérica por el posible involucramiento en un conflicto global, en vista de su declarada alianza estratégica con el bloque de países totalitarios encabezados por Rusia y China, en el contexto de una nueva Guerra Fría".

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. EFE

San José, 10 oct (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entregó al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) una nueva lista que propone para la elección del nuevo secretario general de ese organismo y que está compuesta por tres mujeres, luego de que el actual canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, no reuniera los votos, informó este jueves la oposición.

La nueva terna de candidatos propuestos por Ortega son, en ese orden, la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez; la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, y la asesora presidencial para temas de salud y exministra de Salud, Sonia Castro, según la lista enviada por el canciller nicaragüense a sus colegas de los Estados miembros del SICA.

En la carta, divulgada por la activista opositora nicaragüense Haydee Castillo, el Gobierno de Nicaragua retiró la terna presentada el 16 de noviembre de 2023 y que estaba encabezada por el mismo Jaentschke e incluía a Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y a la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.

La nueva terna, compuesta por tres mujeres incluye a Sonia Castro, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza; y a la ministra del Interior, encargada de ilegalizar a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que funcionaban en el país centroamericano.

A Castro, que era ministra de Salud cuando estallaron las protestas en abril de 2018 en Nicaragua, la señalan como responsable de obstaculizar el acceso a la asistencia médica de emergencia para civiles heridos involucrados y ordenar al personal sanitario que denunciaran ante la policía a los manifestantes que eran llevados a los hospitales.

El pasado 28 de agosto, el Ejecutivo nicaragüense informó que su candidato -en referencia a Jaentschke- no reunió los votos suficientes de los países de Centroamérica para ser elegido como nuevo secretario general del SICA, cargo que se encuentra vacante desde noviembre de 2023.

Un día después la opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) celebró que Jaentschke, entonces ministro asesor para políticas y asuntos internacionales y a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia, no haya sido elegido como nuevo secretario general del SICA.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, el presidente Ortega presentó a Jaentschke, y a otras dos funcionarias, como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua, y ahora presenta una nueva terna.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. EFE

La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) informó este lunes que pidió a los cancilleres de Centroamérica no elegir como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a un candidato del régimen de Daniel Ortega porque, a su juicio, alinearía a ese organismo al bloque chino-ruso.

“Consideramos que otorgar el cargo a un representante del régimen de Nicaragua pondría en riesgo la seguridad de la región centroamericana, al involucrarla en un conflicto global”, señaló en una declaración ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio.

La CDN-Monteverde, integrada por opositores desnacionalizados por las autoridades nicaragüenses, entre otros, sostuvo que el régimen sandinista “está alineado con el bloque chino-ruso en el contexto de una nueva Guerra Fría” con Occidente.

“Recordamos a sus excelencias las funestas consecuencias que en el pasado acarreó esta misma alineación en la anterior Guerra Fría, que trajo como consecuencia la muerte de miles de ciudadanos centroamericanos” en la década de 1980, advirtió.

Rechazan al ex vicecanciller Valdrack Jaentschke

En particular, esa agrupación opositora se opone a que se elija como nuevo secretario general del SICA al ministro asesor para políticas y asuntos internacionales de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia y un operador político leal al régimen sandinista, y quien es uno de los tres candidatos propuestos por Ortega.

“El señor Jaentschke ha sido por años un vocero internacional que respalda y justifica las políticas represivas y la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo”, aseguró.

La CDN-Monteverde observó que esas “violaciones han sido extensa y debidamente documentadas por organismos internacionales y grupos de expertos del sistema interamericano y de Naciones Unidas”, y cuyas violaciones van en contra del espíritu del Protocolo de Tegucigalpa y del Tratado Marco de Seguridad Democrática, instrumentos creadores del SICA.

“La candidatura del señor Jaentschke se aleja de los valores sobre los que fue fundado el SICA, y no se ajusta a los estándares establecidos en los documentos constitutivos del organismo regional que pretende representar”, argumentó.

Además, los opositores nicaragüenses recomendaron a los cancilleres de Centroamérica “tener en cuenta las sanciones que Estados Unidos y otros donantes del SICA les han impuesto a ciudadanos nicaragüenses por actuaciones, características y responsabilidades similares a las del señor Jaentschke, por lo que, de ratificarlo en el cargo, se corre el riesgo de que el secretario general del SICA aparezca en la lista de sancionados por la Ley Magnisnsky global o las particulares para Nicaragua”.

La CDN-Monteverde dijo “que lo mejor para la región centroamericana es no alinearse con intereses foráneos y que el SICA vele por sus legítimos intereses”.

Los candidatos de Nicaragua

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, Daniel Ortega propuso a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Valdrack Jaentschke, como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.

Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son, en ese orden, Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

(Con información de EFE)