La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) propuso el 15 de mayo de 2026 un proyecto de circular que, según la entidad, busca “fortalecer la protección de los consumidores” ante la venta de cigarrillos, productos de tabaco y sucedáneos, con un énfasis especial en niños, niñas y adolescentes.

Como parte de las modificaciones planteadas, la SIC anunció la intención de derogar las Circulares Externas No. 005 y 011 de 2012 y modificar las reglamentaciones internalizadas en la Circular Única.

La circular propuesta introduce nuevas medidas para el comercio electrónico: la autoridad indicó que uno de los enfoques centrales será el “fortalecimiento de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes”, lo que implicará el uso de filtros tecnológicos, doble validación de identidad y protocolos de entrega con verificación del documento de identidad en ventas en línea.

En otro de los puntos destacados, la Superintendencia planteó la exigencia de que los cigarrillos y productos derivados del tabaco “deben mantenerse fuera de la vista del público, almacenados en espacios cerrados y no accesibles visualmente desde el exterior”, reflejando un cambio en los estándares de exhibición en puntos de venta físicos.

Además, la entidad enfatizó la prohibición del acceso directo del consumidor, incluyendo la exclusión de sistemas de autoservicio y máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos.

Para el comercio digital, la Circular establece que “no se podrá utilizar imágenes, gráficos ni representaciones visuales de estos productos”, con el objetivo de eliminar “mecanismos de promoción indirecta, especialmente frente a niños, niñas y adolescentes”.

La SIC reiteró su “compromiso con un marco normativo transparente, participativo y efectivo”, invitando a la ciudadanía y sectores interesados a enviar comentarios y observaciones mediante los canales institucionales publicados en su sitio web oficial.

Esto podría llegar a costar una cajetilla de cigarrillos en Colombia con el impuesto decretado por el Gobierno

El reciente aumento al impuesto al consumo de cigarrillos decretado por el Gobierno nacional podría llevar el precio de una cajetilla en Colombia hasta los $20.000 y, según advertencias del sector, incentivar el consumo de productos ilegales en el mercado local.

Esta medida, implementada mediante decretos de emergencia económica, tiene como objetivo principal recaudar cerca de 16 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y cubrir el déficit fiscal resultante tras el archivo de la última ley de financiamiento en el Congreso, según informó el medio Infobae.

El impacto tributario de la medida ha sido objeto de cuestionamiento por parte de empresas productoras y comercializadoras. Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco (BAT), sostuvo en diálogo con W Radio que el impuesto es “absolutamente nocivo”, al considerarlo “desproporcional” y carente de sustento técnico previo.

Restrepo afirmó que, con el nuevo decreto, el impuesto al consumo de cigarrillos se multiplica por tres, pasando de $2.100 a $11.200 la cajetilla, lo que representa un incremento del 300% en la carga tributaria sobre el producto.

Este ajuste impositivo modificó a fondo la estructura de costos y los precios al consumidor final, lo cual podría tener consecuencias no previstas sobre los patrones de consumo, el mercado laboral formal y las finanzas públicas.

Así lo detalló Restrepo: “Pasar de la noche a la mañana de que un producto valga $8.000 la cajetilla a que termine valiendo $20.000 genera una afectación en la demanda y la gente va a buscar productos sustitutos”. El ejecutivo subrayó que la diferencia de precios abriría las puertas al mercado ilegal, donde se encuentra la mayor oferta de alternativas más económicas.

La entrada en vigor del nuevo impuesto, decretado en el contexto de la emergencia económica, no necesariamente logrará reducir el consumo total de tabaco, según BAT.

La disputa entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dimayor por el caso de presunta colusión en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Corte Constitucional ordenara a la autoridad de competencia pronunciarse sobre una solicitud pendiente de prueba pericial, la entidad decidió negar ese requerimiento y continuar el proceso sancionatorio que se arrastra desde 2021.

La decisión marca un punto clave dentro de una de las investigaciones más sensibles para el fútbol colombiano en los últimos años, pues involucra a 17 clubes profesionales, la Dimayor y 20 dirigentes por supuestos acuerdos destinados a controlar el mercado de transferencias de jugadores, una conducta que podría constituir una violación a las normas de libre competencia económica.

El origen de la investigación

El caso comenzó en 2021, cuando la SIC abrió formalmente la investigación y formuló cargos contra varios actores del fútbol colombiano. Según la entidad, existían indicios de posibles acuerdos entre clubes y directivos para limitar la libre movilidad de futbolistas y afectar las condiciones del mercado de pases.

Dentro del expediente, la Superintendencia recopiló pruebas digitales, entre ellas correos electrónicos y conversaciones en chats. Sin embargo, durante el avance del caso, la Dimayor y algunos investigados solicitaron que un experto en informática revisara técnicamente ese material para verificar su autenticidad y legalidad.

Entre quienes respaldaron esa petición estuvieron los exdirigentes Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez, quienes insistieron en la necesidad de practicar una prueba pericial sobre las evidencias digitales recolectadas por la autoridad.

La controversia surgió porque la SIC nunca respondió de fondo a esa solicitud. El 24 de abril de 2024, mediante la Resolución 20140, la entidad indicó que más adelante se pronunciaría sobre la petición del perito, pero ese pronunciamiento nunca llegó.

La tutela que llegó hasta la Corte Constitucional

Pese a ello, el proceso continuó. El 23 de diciembre de 2024, la Superintendencia cerró oficialmente la etapa probatoria sin haber resuelto la solicitud presentada por la Dimayor y los demás investigados.

Ante el silencio de la entidad, la Dimayor presentó una acción de tutela el 2 de julio de 2025 argumentando que la falta de respuesta vulneraba su derecho al debido proceso y limitaba sus posibilidades de defensa.

En una primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la tutela y, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó esa decisión. Sin embargo, el caso cambió de rumbo el 31 de octubre de 2025, cuando la Corte Constitucional decidió seleccionar el expediente para revisión.

El 27 de marzo de 2026, la Corte Constitucional falló a favor de la Dimayor y concluyó que la SIC incumplió con sus deberes procesales al no emitir una respuesta expresa y motivada sobre la solicitud del peritaje. El alto tribunal ordenó entonces retroceder parcialmente el trámite para que la Delegatura para la Protección de la Competencia resolviera formalmente la petición antes de continuar con el proceso sancionatorio.

La SIC negó el peritaje y el caso sigue

En cumplimiento de esa decisión judicial, el expediente fue trasladado el 7 de mayo de 2026 a la Delegatura correspondiente. Apenas un día después, el 8 de mayo, la SIC emitió finalmente su respuesta: negó la práctica del peritaje solicitado por la Dimayor.

La Superintendencia argumentó que la revisión técnica no era necesaria porque las pruebas digitales ya habían sido verificadas bajo los protocolos correspondientes. Además, sostuvo que los investigados contaban con mecanismos legales específicos para cuestionar la autenticidad de los documentos y que dichos recursos no fueron utilizados oportunamente.

Con esta decisión, la SIC considera cumplida la orden impartida por la Corte Constitucional y retomará el curso del expediente hacia una eventual decisión sancionatoria. Mientras tanto, la controversia jurídica continúa. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, confirmó que presentó una solicitud de nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional que favoreció a la Dimayor.

Según explicó la funcionaria, la decisión del alto tribunal dejó sin efectos una actuación mediante la cual la SIC buscaba proteger los derechos de los futbolistas frente a posibles prácticas anticompetitivas implementadas por clubes y directivos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción a la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. por la creación de barreras en su reglamento interno que limitaron la competencia en el principal mercado mayorista de Colombia durante 2022.

La decisión implica multas a la entidad y a dos personas vinculadas por vulnerar la libre elección de los consumidores y restringir el ingreso de nuevos actores al sector agroalimentario.

La multa total asciende a $260.063.219 para la sociedad y $71.288.570 para las personas naturales, según lo dispuesto en la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026. Corabastos, que canaliza más del 30% del abastecimiento nacional de productos de acuerdo con datos del Dane, desempeña un papel estratégico en la formación de precios de referencia para minoristas, tiendas de barrio y cadenas comerciales del país.

En el fallo también se dispusieron órdenes administrativas para que la Corporación ajuste de inmediato su normativa interna y elimine los elementos anticompetitivos identificados. La Superintendencia exigió que Corabastos garantice un acceso equitativo, adecuado al régimen de libre competencia, y evite la repetición de prácticas que restrinjan la oportunidad de participación de diferentes actores en su infraestructura.

La Superintendencia destacó que “la restricción impuesta habría impedido a proveedores actuales o potenciales contar con una mayor diversidad de demandantes al interior de la central”. La intervención busca así preservar el derecho ciudadano a elegir entre distintas opciones de productos y servicios agroalimentarios en una infraestructura designada como esencial para la seguridad alimentaria nacional.

La decisión aún no es definitiva, pues se encuentra en proceso de notificación para algunos de los sancionados y está sujeta a recurso de reposición ante el despacho de la Superintendente.

Un hombre murió tras ser arrollado por una camioneta en Corabastos de Bogotá

La mañana del domingo 15 de marzo en Corabastos, Bogotá, un hombre de 62 años perdió la vida y dos personas más resultaron heridas luego de ser arrollados por una camioneta mientras descargaban mercancía en la central mayorista más grande del país.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:30 a. m., cuando un vehículo Toyota gris invadió el área de trabajo de los tres ciudadanos. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó en un comunicado: “Como consecuencia de los hechos, un ciudadano de 62 años fallece en el lugar, mientras que dos más, uno de 46 y otro de 48, resultan lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir su asistencia médica (Clínica Medical de Kennedy)”.

Las primeras investigaciones señalan que, tras arrollar a las víctimas, la camioneta chocó también contra un furgón, lo que incrementó la tensión en la zona. Testigos intentaron agredir al conductor responsable, por lo que las autoridades debieron intervenir rápidamente.

Según la Policía de Bogotá, la situación requirió una reacción inmediata: “Hicieron presencia las unidades de vigilancia y tránsito, quienes brindaron auxilio a las personas afectadas, asegurando el lugar de los hechos, individualizando al conductor involucrado, garantizando además la protección de esta persona y evitando que fuera agredida por ciudadanos que estaban en ese lugar”.

El conductor debió permanecer bajo resguardo en las oficinas del recinto hasta la llegada de la fuerza pública.

El parte oficial indica que las causas exactas del accidente aún están bajo investigación. Sin embargo, la versión preliminar sugiere que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol. Por esta razón, fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para la realización de pruebas toxicológicas.

Las autoridades trasladaron al responsable ante la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos por homicidio. El hecho deja abierta la pregunta sobre la vigilancia y los protocolos de seguridad dentro de Corabastos, una de las zonas más transitadas en la madrugada capitalina.

La autoridad de competencia estableció que la modificación del reglamento de Corabastos constituyó una barrera artificial. Según la entidad de vigilancia, dichas restricciones limitaron la entrada de nuevos agentes y desplazaron presiones competitivas que habrían podido redundar en mejores condiciones de precio, calidad y variedad en beneficio de consumidores y minoristas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso el 15 de abril de 2026 una multa de $4.679.844.144 a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar) por vulnerar el derecho de los usuarios a cambiar libremente de operador a través del proceso de portabilidad numérica, según la Resolución 26355 difundida este 30 de abril.

Entre los motivos identificados, la autoridad detalló que Movistar, al actuar como proveedor donante, no entregó de forma oportuna o, en ciertos casos, omitió la entrega de los NIP de confirmación requeridos por los usuarios para tramitar su cambio de operador, lo que dificultó la portabilidad.

Además, se detectaron actividades de recuperación consistentes en el envío de mensajes con ofertas comerciales antes de remitir este código, una conducta que fue denunciada por otros operadores del sector, según precisó la Superintendencia de Industria y Comercio.

El NIP, elemento clave en el proceso, es el número que permite identificar y formalizar el trámite entre operadores y debe ser entregado dentro de plazos específicos para asegurar la eficacia del procedimiento, de acuerdo con los parámetros regulatorios. La SIC recordó que garantizar la entrega en tiempo es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema y para proteger la posibilidad de elección de los usuarios.

Durante la fase inicial de la investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio impartió una orden administrativa a Movistar, orientada a garantizar el cumplimiento de las normas sobre portabilidad numérica y evitar la reincidencia, pero la empresa no presentó evidencia de haber atendido dicha instrucción.

Frente a la sanción, proceden recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor.

Sancionado Movistar por presuntas irregularidades en tarifas y contratos de servicios fijos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió abrir una investigación administrativa por cobros inesperados a sus usuarios. La actuación de la SIC responde a una acumulación de quejas sobre cargos aplicados por equipos repetidores de WiFi, conocidos como ‘Baseport’, realizados sin que existiera un consentimiento previo y expreso por parte de los consumidores.

La entidad reguladora detalló que estos cobros habrían ocurrido entre agosto de 2020 y mayo de 2024, afectando a diversos usuarios que manifestaron su inconformidad. De acuerdo con la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026, el operador enfrenta cargos por no actualizar el contrato único de prestación de servicios fijos y por no garantizar que los usuarios pudieran acceder a su contenido completo.

La investigación surge ante la posibilidad de que Movistar haya vulnerado el derecho de los consumidores a conocer y elegir libremente los servicios y equipos contratados. Según las denuncias recibidas, los usuarios reportaron facturas con cargos sorpresa por equipos adicionales que no solicitaron ni aprobaron previamente.

En el contexto de la formulación de cargos, la SIC enfatizó que la empresa también debe responder por el presunto desconocimiento del derecho de los usuarios a recibir información suficiente, oportuna y comprobable. Este punto se refiere a la obligación del operador de mantener al día la información contractual y de facilitar el acceso a los términos de los servicios ofrecidos.

El organismo regulador advirtió que, de confirmarse las conductas investigadas, Movistar podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLM) por cada infracción. El proceso no admite recursos, según lo dispuesto en los artículos 47 y 75 de la Ley 1437 de 2011, pero la empresa cuenta con un plazo de 15 días desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y contradicción.

La apertura de la investigación administrativa a Movistar por parte de la SIC responde a múltiples denuncias de usuarios sobre cobros no autorizados por repetidores WiFi. El caso involucra posibles violaciones al derecho de libre elección y a la transparencia informativa en los contratos de servicios fijos. Las multas podrían alcanzar cifras significativas si se comprueban las infracciones.

El caso mantiene la atención sobre la importancia de que los operadores de telecomunicaciones respeten los derechos de los usuarios en Colombia y cumplan con las normativas que garantizan transparencia e información clara en la prestación de sus servicios.

La Corte Constitucional dejó sin efecto una sanción superior a los 8.000 millones de pesos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había impuesto a la Dimayor y a cinco clubes del fútbol colombiano. La decisión no significa que los investigados sean inocentes, sino que el proceso deberá repetirse parcialmente por un problema en el trámite.

El fallo corresponde a la Sentencia T-070 de 2026, en la que el alto tribunal revisó una acción de tutela presentada por la División Mayor del Fútbol Colombiano. En palabras de la propia providencia, el caso se estudió porque la autoridad “se apartó del debido proceso administrativo al abstenerse de resolver sobre el decreto de una prueba pericial”.

En términos simples, la Corte encontró que a la Dimayor no le dejaron presentar una prueba técnica que consideraba importante para su defensa. Esa prueba era un peritaje, es decir, un análisis especializado que podía ayudar a explicar lo ocurrido en la investigación por presuntas prácticas que limitaron el libre traspaso de jugadores.

El origen del caso está en denuncias sobre supuestas “listas negras” o vetos a futbolistas que quedaban libres. Según la investigación de la SIC, algunos clubes habrían intercambiado información para bloquear la contratación de esos jugadores por otros equipos, lo que afectaría la competencia en el mercado laboral del fútbol.

Con base en esa investigación, el 15 de octubre de 2025 la SIC sancionó a la Dimayor y a cinco clubes: Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC y Atlético FC. La multa superó los 8.000 millones de pesos.

Sin embargo, durante ese proceso administrativo, la defensa de la Dimayor intentó incluir un peritaje que no fue admitido. Ese punto fue clave para la decisión de la Corte Constitucional.

En la sentencia se explica que “estos medios de prueba conservarán su eficacia, dado que la autoridad accionada deberá retomar la actuación al momento inmediatamente anterior al cierre de la etapa probatoria”. Esto significa que el proceso no se anula por completo, sino que se devuelve a un momento específico: antes de que se cerrara la fase de pruebas.

Además, el fallo aclara que la decisión busca corregir el procedimiento, no definir si hubo o no irregularidades. Por eso, también se advierte que, al rehacer esa etapa, “no podrá alterar las decisiones favorables que habrían adquirido firmeza respecto de otros investigados”.

En la parte resolutiva, la Corte fue clara. Ordenó “Revocar la sentencia” previa que había dejado en firme la decisión de la SIC y, en su lugar, “Amparar el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la División Mayor de Fútbol Colombiano”.

También dispuso “Dejar sin Efectos la Resolución n°. 81360 del 23 de diciembre de 2024”, que hacía parte del proceso sancionatorio, junto con las actuaciones posteriores.

Como consecuencia, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC deberá retomar el caso. La Corte le dio un plazo concreto: “dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, expida un acto administrativo en el que se pronuncie sobre la admisibilidad de la prueba pericial”.

Una vez se tome esa decisión, la entidad deberá continuar con el trámite normal del proceso. Es decir, evaluar la prueba, analizar el expediente completo y emitir un nuevo fallo.

Es así como la sanción millonaria queda suspendida por ahora, pero el caso no se ha cerrado. La Corte no dijo que no existiera la conducta investigada, sino que el proceso tuvo un error que debe corregirse.

El resultado final dependerá de lo que ocurra en esta nueva etapa. La SIC podría confirmar la sanción, modificarla o incluso levantarla, pero solo después de revisar todas las pruebas, incluyendo la que inicialmente fue rechazada.

Rusinque advirtió por medio de sus redes sociales que sectores políticos que cuestionaron previamente la legalidad de sus decisiones, ahora intentan restringir sus facultades.

“Estamos ante una nueva maniobra para debilitar a la SIC, poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción económica, el interés general y los derechos de los consumidores”, posteó en X. Según Rusinque, la reforma propuesta limitaría la capacidad de investigar prácticas anticompetitivas, intervenir en precios inequitativos y aplicar protocolos de visitas administrativas.

La funcionaria compartió un video junto a esa publicación para ampliar la denuncia. En él, Rusinque explicó que estas acciones coinciden con demandas judiciales interpuestas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional (en su contra), con objetivos similares: cuestionar las competencias de la entidad. “Si no tenemos esas facultades, ¿qué sentido tienen estas iniciativas para limitarlas o modificarlas?”.

La funcionaria destacó que la SIC cuenta con una normatividad de más de 30 años, respaldada por una práctica institucional sólida y jurisprudencia consistente: “No es casualidad que la mayoría de decisiones judiciales hayan confirmado nuestras actuaciones. La estrategia de ciertos grupos económicos es simple: si no pueden controlar al árbitro, intentarán cambiar las reglas de juego para que les sean favorables”.

Rusinque recordó que, además de defender sus competencias ante los tribunales, la entidad ha iniciado una evaluación externa con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Según Rusinque, este proceso busca fortalecer su estructura y garantizar que cualquier ajuste normativo tenga como propósito proteger el interés público, y no reducir la capacidad de la SIC para controlar el mercado.

En el video, Cielo Rusinque también cuestionó la contradicción de quienes buscan modificar la SIC mientras desconocen la legalidad de sus actuaciones: “Quienes hoy promueven cambios son los mismos que han impugnado nuestra gestión. Sería interesante que al menos se decidan: ¿tenemos o no tenemos esas competencias?”.

Rusinque insistió en que la defensa de la institución no se limita a la retórica: “Participaremos en el debate legislativo amparados en la fuerza del derecho, la razón, la justicia y los hechos (...) Nuestro objetivo es único y claro: que el interés público prevalezca siempre sobre el interés particular”.

La alerta de Cielo Rusinque se produce en un momento clave, cuando la Superintendencia intensificó la supervisión de prácticas anticompetitivas y la protección de los consumidores, manteniendo un equilibrio entre control del mercado y garantías legales.

Para la funcionaria, la iniciativa legislativa podría desviar los esfuerzos de la institución y afectar directamente los procesos de vigilancia sobre los sectores económicos más concentrados.

Este es el proyecto de ley al que se refiere Cielo Rusinque como un ‘ataque’

El 14 de abril, los congresistas Carolina Arbeláez y Juan Espinal, de la Cámara de Representantes, presentaron un proyecto de ley acompañado por catorce legisladores más, que busca reforzar las garantías procesales en la etapa de averiguación preliminar de las investigaciones de prácticas restrictivas de la libre competencia que adelanta la SIC.

La iniciativa se centra en proteger a las personas vinculadas a la averiguación preliminar, una fase previa a la investigación formal, en la que la SIC recopila pruebas y determina si existe mérito para abrir un proceso oficial.

Durante esta etapa, el investigado carece de información completa sobre los hechos que se le imputan y sobre las pruebas que la autoridad posee, lo que limita su capacidad de defensa.

El proyecto se centra en un debate más amplio sobre la modernización del régimen de competencia en Colombia, ya que busca regular con claridad la averiguación preliminar, las visitas de inspección y la separación entre funciones de investigación y decisión.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció sanciones por más de $1.379 millones a Bayer S.A. y a Comfenalco Quindío por vender medicamentos con sobreprecios de hasta 400% respecto a los valores máximos regulados.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó públicamente a la decisión y calificó los hechos de grave afectación a los recursos públicos destinados a la salud.

Asimismo, el jefe de Estado en su publicación reconoció el trabajo que viene realizando el superintendente de Industria y Comercio

En una publicación en X, Petro afirmó: “Bayer y Comfenalco subían el precio de los medicamentos hasta un 400% para estafar a la nación llevándose los dineros públicos destinados a la salud”. El mandatario añadió: “Buen trabajo superintendente de industria y comercio”.

De acuerdo con el comunicado oficial de la SIC, las sanciones recayeron sobre Bayer S.A., en calidad de laboratorio farmacéutico, y sobre la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia.

La autoridad constató la venta de medicamentos por encima de los precios máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Las resoluciones expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la SIC corresponden a investigaciones independientes. Las sanciones se originaron tras comprobar que ambas entidades comercializaron medicamentos en canales institucionales con precios superiores a los autorizados.

El comunicado detalla que, en el caso de Comfenalco Quindío, la SIC identificó que durante 2023 se vendieron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido.

Dentro de esos ejemplos, la autoridad citó el caso de Ferinject, un medicamento utilizado para el tratamiento de la anemia, que tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760. También mencionó el medicamento Depo-Medrol, empleado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares, cuyo precio máximo era de $5.029 y se comercializó por $23.425.

La SIC enfatizó en su comunicado: “Exceder los precios regulados de medicamentos no es una irregularidad menor: es una conducta que afecta directamente los recursos públicos de salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Además, la entidad subrayó la sensibilidad del tema, considerando que los medicamentos sancionados son de uso frecuente y se emplean en tratamientos para enfermedades crónicas y hormonales.

El organismo supervisor explicó que las decisiones se adoptaron mediante las resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026. Ambas forman parte de las atribuciones legales de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos.

El comunicado añade: “La SIC continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos -laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes- para garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud”.

La autoridad precisó que estas decisiones constituyen fallos de primera instancia y que contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.

Por su parte, la publicación de Gustavo Petro puso de relieve la magnitud de las irregularidades detectadas, al expresar que los sobreprecios representaban un grave perjuicio para los fondos públicos destinados a garantizar el acceso a la salud de la población.

La SIC concluyó que continuará ejerciendo su función de vigilancia sobre laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y otros agentes del sector, con el objetivo de asegurar la protección de los recursos públicos y el acceso de los pacientes a los tratamientos médicos regulados.

"La SIC continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos -laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes- para garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud. Estas decisiones corresponden a fallos de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación", aseveró la SIC.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de una investigación sobre el proceso de venta de entradas para el concierto de BTS en Bogotá, tras recibir numerosas denuncias de consumidores.

El organismo inició la revisión en febrero de 2026 y mantiene el foco en la protección de los derechos de los asistentes al evento musical programado para el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín.

Investigación oficial por la venta de boletería

La SIC comunicó que realiza un seguimiento detallado a las actividades relacionadas con la comercialización de entradas al concierto de BTS. Según lo informado por la entidad, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor abrió una averiguación preliminar con el objetivo de examinar la información proporcionada a los compradores y las medidas tecnológicas utilizadas en la preventa y venta.

La investigación apunta especialmente a la transparencia en el proceso, motivada por la alta demanda que generó la llegada de la agrupación surcoreana. Las entradas se agotaron en menos de una hora, lo que provocó múltiples quejas y reclamos de fanáticos que no lograron acceder al sistema de compra.

De acuerdo con el comunicado, la SIC solicitó información tanto a la promotora del evento, Promotora de Colombia S.A.S., como a la empresa operadora de boletería, Ticket Colombia S.A.S., para verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Denuncias ciudadanas y requerimientos a las empresas

Las autoridades recibieron numerosas denuncias de ciudadanos que intentaron adquirir boletos y no pudieron completar el proceso. Ante esta situación, la SIC realizó nuevos requerimientos a las empresas involucradas, exigiendo detalles precisos sobre la información entregada al público, las condiciones de venta, los horarios establecidos, el aforo disponible y las medidas implementadas para garantizar un proceso transparente.

En el comunicado difundido el 15 de abril de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio aseguró: “Se solicita detallar de manera precisa sobre la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”.

El fenómeno BTS en Colombia

La llegada de BTS a Colombia es considerada un acontecimiento relevante dentro del panorama musical del país. Las dos fechas anunciadas para octubre de 2026 generaron una expectativa sin precedentes, reflejada en la rapidez con la que se agotaron las entradas y en la masiva participación de seguidores durante la preventa.

La demanda desbordó las plataformas oficiales, lo que derivó en quejas sobre el funcionamiento del sistema, supuestas irregularidades y preocupaciones por la reventa y posible fraude. La SIC reiteró su compromiso con la protección de los consumidores y advirtió que continuará con las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Recomendaciones para los asistentes

En su comunicación, la Superintendencia de Industria y Comercio recomendó a los seguidores de BTS adquirir entradas únicamente en puntos y plataformas oficiales, rechazar la reventa, denunciar cualquier intento de fraude y seguir las indicaciones de los organizadores del evento. La entidad enfatizó que no se deben enviar fondos a terceros que prometan boletos fuera de los canales autorizados.

La SIC señaló que su labor continuará hasta esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de los consumidores. De ser necesario, la entidad adoptará las medidas que corresponda conforme a la legislación colombiana, según lo establecido en su rol de autoridad nacional en materia de inspección, vigilancia y control.

La investigación sobre la venta de entradas para el concierto de BTS se encuentra en curso, y tanto la promotora como la empresa encargada de la boletería deberán responder a las solicitudes de información realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el Congreso de la República se comenzará a debatir un proyecto de ley que busca poner fin a la “falta de reglas claras” en las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de ciudadanos y empresas.

La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, del Partido Cambio Radical, y el representante Juan Espinal, del Centro Democrático, y propone que la SIC no pueda continuar con procesos de investigación “indefinidamente y bajo un instructivo interno”, según expresaron los autores del proyecto.

La propuesta establece un límite máximo de 12 meses para la etapa de averiguación preliminar en las investigaciones de la entidad, con el objetivo de evitar procesos sin plazos definidos y reducir la incertidumbre jurídica.

“No es aceptable que una entidad del Estado investigue durante años sin reglas claras, sin plazos y sin garantizar plenamente el derecho a la defensa, este proyecto busca ponerle límites a esos excesos y proteger a los ciudadanos de posibles arbitrariedades”, afirmó Espinal.

El proyecto también introduciría restricciones a las prácticas de inspección que, según los legisladores, han resultado en procedimientos invasivos sin control judicial. Entre las nuevas reglas, se prohíbiría el acceso a comunicaciones entre abogado y cliente o dispositivos personales sin orden judicial y se exigiría que todas las inspecciones estén debidamente motivadas y sean realizadas exclusivamente por funcionarios públicos.

Arbeláez, por su parte, sostuvo que “hoy la SIC se investiga con sus propias reglas, lo cual genera dudas sobre su constitucionalidad, el Congreso debe cumplir su función y establecer un marco legal claro que garantice el debido proceso y evite abusos contra empresas y ciudadanos”.

La iniciativa fortalecería las garantías procesales desde el inicio, de manera que los investigados conozcan el proceso, sean escuchados y cuenten con defensa técnica desde etapas tempranas, se leyó en la información suministrada por los servidores legislativos.

El texto legal radicado en el Congreso incorpora herramientas para proteger a los denunciantes, en garantía de la confidencialidad de su identidad y en favor de sanciones proporcionales para quienes obstaculicen las investigaciones, con el fin de evitar multas desproporcionadas.

La iniciativa tuvo en cuenta recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que desde 2009 había alertado sobre los riesgos de las visitas de inspección sin control judicial en Colombia. El proyecto deberá avanzar antes del 20 de junio de 2026 para continuar su trámite en la próxima legislatura y completar los debates requeridos por la ley.

SIC investiga aumento de precios en telefonía móvil tras advertencia del presidente Petro

Por su parte, desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se abrió una investigación preliminar sobre el aumento en los precios de la telefonía móvil, luego de que el Dane reportara una inflación del 2,96% en el sector de telecomunicaciones entre febrero y marzo de 2026.

El incremento formó parte de la inflación mensual de marzo, que alcanzó un 0,78%, una cifra superior a la del mes anterior.

La decisión de la entidad de control se produce tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que, a través de su cuenta en X, calificó el alza como “irregular y lesivo a los consumidores” y vinculó el fenómeno con la reciente integración entre Tigo y Movistar.

Petro solicitó explicaciones a los operadores y llamó a las autoridades a ejercer acciones de control, descartando que el aumento de la inflación esté relacionado con el ajuste del salario mínimo o con un mayor consumo de los hogares.

La SIC solicitó formalmente información a las principales empresas del sector, incluyendo Claro, Tigo y Movistar, para identificar qué servicios subieron de precio, cuáles compañías están involucradas y las causas detrás del incremento.

En un comunicado, voceros de la Superintendencia aclararon que “no se puede concluir que el aumento esté asociado a la fusión Tigo-Movistar”, y advirtieron sobre la existencia de múltiples factores que pueden incidir en la variación de precios, entre ellos “ajustes tras periodos de comportamiento deflacionario, incrementos en costos, necesidades de inversión —especialmente por el despliegue de tecnologías como 5G—, cambios regulatorios y otros eventos recientes del primer trimestre del año”.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) notificó el inicio de una investigación administrativa a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por cobros inesperados a usuarios por equipos repetidores de WiFi desde agosto de 2020 hasta mayo de 2024, según la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026.

De acuerdo con la autoridad, esta actuación respondería a “múltiples denuncias presentadas por usuarios que manifestaron su inconformidad ante cobros efectuados por equipos repetidores ‘Baseport’, realizados sin su consentimiento previo y expreso”, lo cual podría vulnerar el derecho de libre elección de los consumidores.

El organismo identificó que el operador también enfrenta cargos por el “presunto desconocimiento del derecho de los usuarios a recibir información suficiente, oportuna y comprobable al no mantener el contrato único de prestación de servicios fijos actualizado y garantizar el acceso de su contenido a los usuarios”.

Además, la Superintendencia consideró que el operador “habría infringido el derecho de los usuarios de conocer las tarifas aplicables a los servicios contratados”, debido a que se habrían producido “cobros sorpresa, al facturar cargos que no habían sido informados ni aceptados con anterioridad por los quejosos”.

Según lo dispuesto, si se confirman las conductas investigadas, la Superintendencia podrá imponer multas de hasta 15.000 SMLM por cada infracción. Frente a la formulación de cargos, “no procede recurso alguno de acuerdo con lo previsto en los artículos 47 y 75 de la Ley 1437 de 2011 Cpaca, sin embargo, a partir de su notificación el investigado cuenta con el término legal de 15 días para ejercer su derecho de defensa y contradicción”, conforme indica la resolución oficial.

Para consultas y trámites relacionados con este proceso o los canales de atención a usuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio dispone de los números telefónicos 601 592 0400 en Bogotá, la línea gratuita nacional 01 8000 910 165, y la dirección calle 24 No. 7-43 local 108, Bogotá D.C., Colombia.

Sancionada Movistar por violar la ley de protección de datos personales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la sanción de $670 millones impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por realizar comunicaciones comerciales sin el consentimiento de los usuarios, una práctica que expone a millones de personas a riesgos en la protección de sus datos personales y que podría implicar consecuencias económicas mayores si se repite en el sector.

Tras una investigación formal que adquirió notoriedad en octubre de 2025 al poner bajo la lupa a las principales operadoras móviles del país, el ente regulador enfatizó que cualquier tratamiento de datos con fines publicitarios debe respetar la legislación vigente y los derechos fundamentales de privacidad.

De acuerdo con la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC, “las actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulnera el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes”.

Esta sanción responde a la comprobación de que Movistar contactó de manera reiterada a usuarios de otra compañía de telecomunicaciones sin contar con su autorización. El informe de la Superintendencia aclaró que estas acciones no pueden ser consideradas una “conducta menor” y remarcó que la protección de los datos personales es garantía fundamental para la intimidad y la tranquilidad de la ciudadanía.

El 14 de octubre de 2025, la SIC, con sede en Bogotá, inició un proceso de vigilancia contra las cuatro operadoras principales del país—Movistar, Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A.

Comcel (Claro) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM)—por presuntas irregularidades en la reposición de tarjetas SIM y posibles deficiencias en la validación de identidad de los clientes.La autoridad detectó que los controles aplicados para verificar la identidad al reponer una SIM card resultaron insuficientes, lo que elevó el riesgo de accesos no autorizados a datos sensibles.

El 26 de marzo de 2026, publicaron en la página de Presidencia el decreto en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, tras el fallo de anulación de su nombramiento por parte del Consejo de Estado.

“Que mediante comunicación del 19 de marzo de 2026, la doctora CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. de Bogotá, presentó carta de renuncia al empleo denominado Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que en mérito de lo expuesto, Artículo 1”. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora”.

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En reemplazo de Rusinque llegará al cargo Diego Solano, que venía desempeñándose como jefe de asesores de la entidad y mano derecha de la saliente alta funcionaria desde su llegada a la SIC en febrero de 2024, confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

“Encargar, a partir de la fecha, en el empleo de Superintendente, código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio, al doctor Diego Solano, quien ocupa el empleo de Asesor. Comunicar que, a través de la Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el contenido del presente Decreto a los doctores Cielo Elainne Rusinque Uirrego y Diego Solano”.

Antes de este cargo, Solano trabajó en Valbuena Abogados, firma liderada por el exsuperintendente Gustavo Valbuena, y fue contratista de la SIC durante cinco años, además de ejercer como docente universitario. El funcionario es abogado, especialista en derecho comercial y posee una maestría en derecho.

Las razones detrás de la decisión del Consejo de Estado

Durante la revisión, el Consejo de Estado descartó los títulos de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional de Cielo Rusinque y señaló que el “Diplôme Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel”, obtenido en Francia y convalidado aún en trámite, no podía equipararse en ese momento a una maestría o doctorado para la legislación colombiana. El tribunal también indicó que Rusinque no acreditó los 10 años de experiencia profesional relacionada requeridos.

La salida de Rusinque generó sorpresa al interior de la SIC, puesto que se especulaba su eventual regreso debido a las recientes modificaciones de requisitos impulsadas por el actual Gobierno, que permitirían su continuidad. Aunque el encargo de Solano es temporal, no se descarta que sea ratificado en el cargo o que Rusinque vuelva a ser considerada para la posición.

Según la propia Rusinque, el tribunal aplicó un estándar distinto respecto a designaciones previas: “Me están pidiendo requisitos que no les pidieron en el pasado jamás a ninguno de los exsuperintendentes”, señaló en diálogo con Blu Radio. Destacó también que, según la normativa vigente, el régimen de convalidación de títulos de posgrado otorga un plazo de dos años desde la posesión para cumplir con ese proceso, cuestión que, a su juicio, el Consejo de Estado desconoció.

En su postura pública, Rusinque defendió la pertinencia de su experiencia: “Se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo”. Además, lamentó que el análisis del tribunal desestimara no solo sus credenciales sino también los certificados académicos presentados y las pruebas de su desempeño profesional.

La docente y activista política calificó el fallo como “lamentable” y sostuvo que el propósito era “debilitar la credibilidad del Gobierno y la acción de una entidad tan importante como la Superintendencia”. Finalmente, indicó que la renuncia presentada el jueves 20 de marzo de 2026 busca evitar que el caso afecte a la institucionalidad y al presidente Petro, advirtiendo que el foco del fallo trasciende el plano personal y político para incidir en el funcionamiento del aparato estatal, según sus palabras al medio citado.

Dos días después de que el Consejo de Estado confirmara la anulación del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, la saliente funcionaria apareció desde el departamento de La Guajira para cuestionar la decisión.

A través de su cuenta de X, Rusinque calificó el fallo como injusto, además de atribuirlo a una supuesta violencia institucional que estaría en contra de las garantías que ofrece la constitución.

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En su mensaje, la saliente superintendente también se refirió a la decisión de la Procuraduría de sancionar a funcionarios que ingresaron a la Registraduría Nacional y a la Cancillería en medio de las averiguaciones por la contratación para la fabricación de pasaportes.

“Esta semana, mediante dos decisiones abiertamente injustas y una forma de violencia institucional difícilmente conciliable con las garantías constitucionales, se quiso debilitar la estrategia de lucha anti corrupción que hemos desplegado desde la Superintendencia de Industria y Comercio (sic)”, señaló Rusinque.

La funcionaria también aseguró que se mantendrá del lado del proyecto político del presidente Gustavo Petro aunque ya no pertenezca al Ejecutivo por decisión del alto tribunal.

“Confiamos en la fuerza de la razón —y, si se quiere, en la vocación de verdad del derecho—, y no cederemos en el empeño de contribuir, siempre y desde donde sea, a la construcción de un orden en el que el Estado se oriente a la realización de la dignidad humana, conforme al horizonte del constitucionalismo transformador que inspira nuestro pacto polítco (sic)“, señaló.

Asimismo, Rusinque aseguró que la reciente decisión que la deja por fuera de la SIC no será impedimento para desaparecer de la escena política, entre otras, tras el respaldo del presidente Gustavo Petro.

“En lo personal, no suelo amilanarme frente a la adversidad; mi voluntad permanece intacta y ahora incluso siento mi energía reforzada. Como si con cada ataque fortalecieran más mis ganas de trabajar por este país que amo”, continuó.

Entretanto, la saliente superintendente también se mostró en una fotografía desde el departamento de La Guajira, según ella, adelantando un curso ofrecido por el Ejército Nacional.

“Me encontraba en La Guajira, en el Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, profundizando en geopolítica, ciberguerra, inteligencia estratégica, oceanopolítica y derecho internacional de los conflictos armados, que estoy realizando este año. Lo menciono solo para reiterar lo esencial: seguimos en pie, con determinación serena y con más alegría y buena disposición que nunca!”, concluyó la funcionaria.

El 19 de marzo, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, una decisión que impacta la estructura de liderazgo en la entidad.

La resolución deja sin efecto el decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, tras una demanda que cuestionaba tanto el proceso de selección como el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para el cargo.

La salida de Rusinque ocurre mientras persistían controversias por las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la Registraduría, acciones que derivaron en una sanción a 16 funcionarios por parte de la Procuraduría.

Según determinó el órgano de control, estos empleados habrían excedido sus funciones al inspeccionar equipos institucionales y dispositivos personales de la Registraduría, durante el proceso de prórroga de contratos para la expedición de documentos de identidad.

La demanda que originó la revisión del nombramiento señalaba que la resolución fue publicada el 25 de enero de 2024 en la página oficial de la entidad, sin que antes se hubiera hecho efectiva la terminación formal del encargo de María Paula Belén Arenas. Además, se cuestionó la falta de atención a las observaciones ciudadanas durante el proceso.

Los demandantes también pusieron en duda el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de la Ocde sobre Política y Gobernanza Regulatoria, que sugieren que las entidades de vigilancia y control deben operar sin influencia política directa, una condición que consideraban vulnerada por la designación de Rusinque. Argumentaron que su cercanía al presidente y su militancia política convertían a la SIC en una “policía presidencial”.

El Consejo de Estado rechazó los argumentos sobre la supuesta politización del cargo y la publicación anticipada de la hoja de vida de la funcionaria. En la sentencia se precisa: “La causal de nulidad por desviación de poder de los actos administrativos exige que se demuestre que los motivos de su expedición son ajenos a los fines estatales y al interés general y exceden la facultad de la autoridad nominadora para efectuar el correspondiente nombramiento”.

Sin embargo, el alto tribunal sí encontró fundamentos para anular el nombramiento por incumplimiento de los requisitos técnicos. El fallo establece que el cargo requería un posgrado en un área afín a las funciones de la entidad y que el título presentado por Rusinque —un diploma en Derecho Constitucional de la Universidad Panthéon–Assas (París II)— no se homologa de manera directa como maestría, especialización, doctorado ni postdoctorado reconocidos en Colombia.

La Sala también identificó inconsistencias en la experiencia laboral acreditada por la exfuncionaria. Las certificaciones presentadas no detallaban las funciones desempeñadas, sino que solo mencionaban cargos genéricos como docente investigadora en Derecho Público, sin explicar las labores específicas realizadas en el área de investigación.

En redes sociales, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, un estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, está recibiendo las felicitaciones de quienes aplauden el fallo de la Sala Quinta del Consejo de Estado que tumbó el nombramiento de Cielo Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio, al considerar que la funcionaria no cumplía con los requisitos legales.

A través de su cuenta de LinkedIn, el estudiante de Derecho expuso, no solo el documento del fallo, sino una breve descripción de la batalla jurídica que libró para remover del despacho a una de las funcionarias que más ha durado en el Gobierno Petro, desde febrero de 2024.

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“Luego de un largo litigio de más de dos años y de un auto de unificación jurisprudencial sobre la competencia para conocer demandas de nulidad electoral que se interpongan contra el nombramiento de representantes legales de entidades públicas del orden nacional, la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia accede a mis pretensiones y anula el nombramiento de la señora Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente de la Superintendencia de Industria y Comercio“, escribió el joven.

En paralelo, se conoció que Ortiz Mancipe no solo se llevó con su equipo la victoria judicial, sino que es parte del bufete de abogados que dirige el jurista Germán Calderón España, que fue abogado de la Cancillería, hasta su renuncia en diciembre de 2023, durante la primera mitad de la administración de Gustavo Petro.

En su perfil de X, Calderón España reconoció y felicitó al destacado de Samuel Ortiz Mancipe por su trabajo: “Atención: un estudiante de derecho ad-portas de graduarse, con el apoyo de otro estudiante Lucas Durán, ambos integrantes de mi bufete, acaban de tumbar el nombramiento de Cielo Rusinque, SIC. Felicitaciones. Monstruos del derecho”.

En el documento de la sentencia del Consejo de Estado se reconoció, en la sección de antecedentes, la participación de Ortiz Mancipe como demandante: “Los señores Miguel Ángel Martínez Calderón, Harold Eduardo Sua Montaña, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Daniel Currea Moncada, actuando en nombre propio, instauraron demandas en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el nombramiento de Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio, contenido en el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, expedido por el presidente de la República”.

Incluso, como consta en el documento, Ortiz Mancipe, junto a los demás demandantes, desempeñó un papel crucial en demostrar que “las labores desempeñadas para acreditar la experiencia (de Cielo Rusinque) no se relacionan con las funciones del superintendente de Industria y Comercio y sus títulos de posgrado no cumplen con el requisito legal de convalidación por la autoridad competente ni con el de afinidad”.

Las razones por las que tumbaron el nombramiento de Cielo Rusinque

La decisión, adoptada el 19 de marzo de 2026, obedece a que la funcionaria no cumplía con los requisitos legales de experiencia y formación exigidos para el cargo.

La medida judicial se basa en la nulidad del Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, en el que el presidente de la República designó a Rusinque Urrego como máxima autoridad de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El fallo responde a demandas acumuladas que indicaron que la publicación del decreto de nombramiento de Rusinque ocurrió sin que se realizara un análisis exhaustivo de las hojas de vida y las observaciones ciudadanas remitidas durante la convocatoria, que contó con la postulación de 82 aspirantes a la SIC en enero de 2024.

Según se documentó en el expediente, el proceso judicial comenzó en marzo de 2025, momento en que el Consejo de Estado admitió la demanda, aunque decidió no suspender de inmediato el acto de designación.

Posteriormente, en noviembre de 2025, la corporación solicitó al Ministerio de Educación información adicional sobre uno de los títulos académicos de Rusinque obtenidos en Francia, ante la incertidumbre sobre su nivel y equivalencia en Colombia.

De acuerdo con el texto oficial, se quería establecer si dicho diploma podía reconocerse como formación de posgrado, condición fundamental para ejercer la superintendencia.

La nulidad declarada por el Consejo de Estado implica la vacancia inmediata de la dirección de la SIC, hecho que obliga a la Presidencia de la República a abrir nuevamente el proceso de selección bajo estándares más rigurosos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, mediante el cual el presidente de la República había nombrado a Cielo Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio.

La decisión se adoptó tras el análisis de varias demandas acumuladas presentadas por ciudadanos que cuestionaron la idoneidad de la funcionaria para ocupar el cargo.

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Los demandantes —Miguel Ángel Martínez Calderón, Harold Eduardo Sua Montaña, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Daniel Currea Moncada— utilizaron el medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Presidencia de la República publicó entre el 9 y el 11 de enero de 2024, en su página web oficial, la invitación pública para proveer el cargo de superintendente de Industria y Comercio, a la que se presentaron 82 aspirantes. Durante este proceso, la ciudadanía podía remitir observaciones sobre los candidatos, pero según los demandantes, la publicación del decreto de nombramiento de Rusinque ocurrió sin un análisis adecuado de las hojas de vida ni de las observaciones recibidas.

En sus escritos, los ciudadanos también argumentaron que Rusinque no cumplía con la experiencia profesional ni la formación de posgrado requerida para el cargo de superintendente, y que su designación carecía de la debida verificación ciudadana de hojas de vida y antecedentes.

El proceso judicial contra el nombramiento se extendió durante más de un año. En marzo de 2025, el Consejo de Estado admitió formalmente la demanda de nulidad electoral, aunque en ese momento decidió no suspender temporalmente el acto de designación mientras estudiaba el caso de fondo. Meses después, en noviembre de 2025, la corporación decidió aplazar la decisión definitiva para solicitar información adicional sobre uno de los títulos académicos de Rusinque, debido a que no existía claridad sobre su nivel y equivalencia en Colombia de un diploma obtenido en Francia. En ese sentido, solicitó al Ministerio de Educación certificar si el título era oficial, su nivel académico y el área de conocimiento correspondiente.

Recomendaciones de la Ocde y estándares técnicos

Las demandas también cuestionaron si el nombramiento de Rusinque desatendió las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) a Colombia sobre políticas de competencia. Señalaron que la Superintendencia de Industria y Comercio debe ser “una entidad libre de control político directo para hacer cumplir las leyes de competencia y con altos estándares de especialidad e idoneidad técnica”, y alegaron que Rusinque tenía vínculos políticos con el presidente de la República, incumpliendo así los estándares requeridos por el Decreto 1083 de 2015.

La Sala destacó que, más allá de la vinculatoriedad de las recomendaciones de la Ocde, el acto de nombramiento no cumplió con los requisitos internos de experiencia y formación académica, requisitos buscan garantizar la independencia técnica del cargo y su capacidad de supervisar áreas críticas de control económico y de competencia.

La providencia aclaró que las recomendaciones de la Ocde sirven como guía para que Colombia adopte regulaciones internas que cumplan con buenas prácticas internacionales, en particular en la selección de superintendentes con altos estándares de especialidad. Asimismo, la Sala recordó que, según la regulación interna adoptada en Colombia, los cargos de superintendente deben cumplir con niveles superiores de formación académica y experiencia profesional, establecidos en el artículo 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015.

El magistrado ponente, Luis Alberto Álvarez Parra, explicó que la nulidad implica que el cargo de superintendente de Industria y Comercio queda oficialmente vacante. Se espera que en los próximos días se definan las medidas administrativas para suplir la vacante y garantizar la continuidad en las funciones de la entidad, ante lo cual la Presidencia de la República deberá iniciar un nuevo proceso de selección ajustado a la normativa vigente y a los estándares de idoneidad técnica exigidos por la ley y por las buenas prácticas internacionales.

El fallo incluyó un salvamento de voto del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y una aclaración de la magistrada Gloria María Gómez Montoya.

La Procuraduría General de la Nación, mediante un fallo de primera instancia, sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia en 2024, además de a tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La decisión motivó a Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X. Allí manifestó su respaldo a los funcionarios de la SIC y rechazó la decisión del Ministerio Público.

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“Quiero expresar mi apoyo irrestricto a los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio que fueron sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación. Su falta: haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas que se realizan en esta entidad para combatir la corrupción económica”, indicó Rusinque.

Ante estas declaraciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que reiteró su postura en contra de la Procuraduría.

Según el jefe de Estado, el Ministerio Público “persigue” a los 16 funcionarios que realizaron la investigación para la SIC, recordando sus denuncias contra la empresa Thomas Greg & Sons y un supuesto fraude electoral.

“Después de criticar el que me haya pronunciado por el fraude demostrado por la justicia del papel de la firma Thomas Greg and Sons por su papel monopólico de la data de los colombianos, la Procuraduría persigue a los funcionarios que hicieron la investigación. La investigación debe continuar (sic)”, expresó.

En otra publicación, el presidente Petro aseguró que la decisión de la Procuraduría “golpea” la autonomía de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Lu autonomía para investigar en las prácticas contra la libre competencia, y el abuso con los datos de la ciudadanía, se rompe con la libertad del presidente de nombrar al superintendente con mentiras sobre las condiciones de la Ocde para dichos cargos (sic)“, expresó el jefe de Estado.

Según Gustavo Petro, las funciones que realizan los superintendentes delegados son constitucionales del presidente de Colombia.

“Las funciones de las superintendencias son funciones constitucionales del presidente (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.

Decisión de la Procuraduría

La Procuraduría General identificó que un grupo de funcionarios y contratistas, bajo la coordinación de un delegado del superintendente, conformó un equipo que operó como “El Despacho” y solicitó el acceso a teléfonos móviles personales e institucionales. Su objetivo era extraer información confidencial argumentando que tenían la facultad para investigar los procesos de contratación de diversas entidades públicas. Este proceder fue señalado como un exceso en sus atribuciones, pues iba más allá de lo permitido por la ley.

El informe de la Procuraduría concluyó que estas acciones irregulares podrían tener consecuencias de gran alcance sobre la reserva legal de la información, involucrando incluso temas relacionados con extradiciones, solicitudes de refugio y la creación de espejos forenses, que son copias exactas de dispositivos digitales.

La investigación reveló que el propósito real de la intervención difería de las denuncias iniciales, que estaban orientadas a indagar presuntas irregularidades en contratos de la empresa Thomas Greg & Sons, especialmente en lo referente a la expedición de cédulas y pasaportes.

La entidad de control sostuvo que las conductas de los funcionarios y contratistas comprometieron derechos fundamentales como la intimidad y el habeas data, debido a que accedieron a bases de datos sensibles, incluyendo censos electorales, historiales médicos y procesos judiciales. Esto ocurrió a pesar de que, antes de las visitas, se había socializado el objetivo de las investigaciones bajo el pretexto de proteger la competencia.

La Procuraduría advirtió que este tipo de prácticas deteriora la prestación del servicio público y afecta la confianza ciudadana en los mecanismos de control institucional.

Según el Ministerio Público, la sanción se impuso por extralimitación de funciones durante visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los Fondos Rotatorios de estas entidades, entre el 12 y el 21 de marzo de 2024.

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La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, publicó en sus redes sociales oficiales un video en el que expresó su respaldo a los funcionarios y contratistas de la SIC sancionados en primera instancia por la Procuraduría.

“Quiero expresar mi apoyo irrestricto a los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio que fueron sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación. Su falta: haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas que se realizan en esta entidad para combatir la corrupción económica”, indicó Rusinque.

En el video, Rusinque reiteró su respaldo a los funcionarios y contratistas, afirmando que cuentan con una amplia trayectoria y que el proceso realizado “se ajustó” a las condiciones legales y constitucionales vigentes en Colombia.

“Como líder de esta institución, ratifico mi respaldo a los funcionarios y contratistas involucrados. La mayoría cuenta con amplia trayectoria en la entidad, siempre bajo los mismos protocolos y estándares, los cuales han sido avalados en distintas oportunidades por autoridades judiciales y la jurisprudencia. Consideramos que su actuación se ajustó al marco legal y constitucional vigente en Colombia”, expresó.

Según la superintendente, la decisión de la Procuraduría implica inhabilidades para ejercer un cargo público y sanciones económicas. Por tal motivo, señaló que la decisión “impacta” el derecho al trabajo.

“La sanción recibida implica inhabilidades para ejercer cargos públicos por hasta cinco años y sanciones económicas que alcanzan los ciento treinta millones de pesos para algunos de los afectados. Se trata de una decisión disciplinaria que impacta severamente el derecho al trabajo de quienes, en cumplimiento de sus funciones, actuaron dentro de la legalidad”, afirmó.

Rusinque aseguró que los cuatro funcionarios y los doce contratistas ejercerán su derecho a la defensa, confiando, según la superintendente, que la Procuraduría en segunda instancia revalué su decisión y archive la investigación.

La funcionaria aseguró que la decisión del Ministerio Público generó un “daño significativo” a la SIC, porque según Rusinque, “limita facultades”.

“Los funcionarios y contratistas afectados ejercerán su derecho a la defensa y confiamos en que, en segunda instancia, la Procuraduría revalúe y archive esta investigación. No obstante, la medida ha generado un daño significativo a la institución, pues limita facultades e instrumentos esenciales que históricamente se han empleado en beneficio de los consumidores, los ciudadanos y el interés general”, aseveró Rusinque.

Decisión de la Procuraduría

Según la Procuraduría, comprobaron que el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como “El Despacho” para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación.

Además, determinó que este actuar “irregular” podría generar implicaciones serias sobre la reserva legal, como en casos de extradición y refugio, y espejos forenses (réplicas exactas de dispositivos de almacenamiento digital), al presentarse con un objeto distinto a las denuncias efectuadas que buscaban verificar prácticas fraudulentas en contratos de Thomas Greg & Sons, relacionadas con presuntos favorecimientos en la contratación de expedición de cédulas y pasaportes por parte de estas entidades.

Para la Procuraduría estas actuaciones de los disciplinados afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando el servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia.

“Los funcionarios Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso fueron suspendidos e inhabilitados por 9 meses, mientras que los 12 contratistas fueron sancionados con multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes e inhabilidad para contratar con el Estado por el término de cinco años”, aseveró el Ministerio Público.

Quien quiera visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá —uno de los atractivos turísticos más reconocidos de Colombia— no puede simplemente comprar una boleta para entrar.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la empresa que administra ese complejo obliga a los visitantes a adquirir un paquete que incluye varios servicios extra, sin importar si los quieren o no. Eso, para las autoridades de competencia, podría ser ilegal.

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La SIC anunció este 17 de marzo de 2026 que abrió una investigación administrativa contra la empresa administradora del complejo turístico de la Catedral de Sal de Zipaquirá por una conducta que en el derecho de la competencia se conoce como “venta atada”.

En términos simples, es como si una tienda solo le vendiera pan en bolsa si usted también compra mantequilla, mermelada y jugo, aunque usted solo quería el pan. A eso se refiere el término que utiliza la Superintendencia.

Los tiquetes de ingreso a la Catedral se comercializan bajo la figura de “pasaportes”, que son paquetes que incluyen, de manera obligatoria, una serie de servicios adicionales al simple ingreso al templo.

Según la SIC, entre esos servicios están: visitas guiadas dentro de la Catedral, acceso a internet, entrada a la Casa Museo Quevedo Zornoza, entrada al Museo Arqueológico de Zipaquirá y transporte en el tren de salida.

El problema no es que esos servicios existan. El problema, según la entidad, es que no hay forma de comprar solo la entrada. El visitante está obligado a llevarse el paquete completo, aunque no tenga ningún interés en el museo arqueológico o en el internet. Eso, según la SIC, le quita libertad de elección al consumidor y le hace pagar por cosas que no necesariamente quiere.

El dato que más pesa en la investigación

Dentro de las pruebas recopiladas durante la etapa preliminar de la actuación, la SIC encontró un dato que refuerza su hipótesis: aproximadamente solo el 50% de los turistas que adquieren esos pasaportes termina usando efectivamente los servicios adicionales incluidos. Es decir, uno de cada dos visitantes paga por servicios que no aprovecha.

Para la entidad, esa cifra es una señal clara de que dichos servicios no son indispensables para visitar la Catedral y que su inclusión obligatoria en el precio no responde a una necesidad real del turista, sino a una decisión comercial del operador que podría estar distorsionando la libre competencia y afectando el bolsillo de los consumidores.

La investigación está en curso. Durante esta etapa, la SIC ya realizó visitas administrativas al complejo, formuló requerimientos de información a la empresa investigada y tomó declaraciones de posibles implicados. La empresa tiene derecho a presentar sus descargos, solicitar pruebas y ofrecer garantías si lo considera pertinente. Por ahora, no hay sanción ni decisión en firme ya que se trata de una investigación, no de una condena.

El contexto que le da peso al caso

La SIC enmarca esta actuación dentro de un escenario de crecimiento sostenido del turismo en Colombia. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, lo que lo posicionó entre los 20 destinos más dinámicos del mundo. En ese contexto, la entidad señala que proteger al turista —nacional y extranjero— de prácticas comerciales que limiten su libertad de elección es parte de su mandato institucional.

La Catedral de Sal de Zipaquirá es uno de los destinos más visitados del país por su valor cultural, histórico, religioso y turístico. Precisamente esa posición de reconocimiento es la que, según la SIC, habría permitido al operador implementar un esquema de comercialización que los consumidores difícilmente pueden esquivar: si quieren entrar, no tienen más opción que aceptar el paquete completo.

La compañía de productos lácteos Gloria Foods anunció la suspensión indefinida de la operación en Colombia, lo que ha supuesto el cierre de su planta en el municipio de Cogua (Cundinamarca) y el despido de unos 150 empleados.

A consecuencia del cierre, desaparece del mercado la marca Algarra, fundada en 1952 y adquirida por el Grupo Gloria en 2004, así como Lechesan, que producía lácteos desde 1971 en el departamento de Santander.

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El portafolio de productos afectados abarca leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, leche achocolatada, avena, kumis y crema de leche, que dejarán de encontrarse en los anaqueles de supermercados.

“El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible. Como parte de este proceso de enfoque estratégico, Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia”, indicó la compañía en un comunicado.

Esa revisión estratégica responde también a la intención del holding de fortalecer su protagonismo internacional, sobre todo tras la reciente adquisición del 80% de la empresa argentina Molfino Hermanos —operadora de Saputo Argentina— por un valor estimado de 500 millones de dólares, una operación todavía sujeta a cierre.

“Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, señaló la compañía en la misiva.

No obstante, el Grupo Gloria notificó que se mantiene la producción de jugos en su planta de Simijaca (Boyacá), y concentrará su actividad local en bebidas como los jugos California y los refrescos Fresky.

“Como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, ha decidido enfocar su operación en Colombia en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”, comunicó la compañía.

Situación crítica para los trabajadores

El impacto inmediato de la decisión se traduce en el despido de 150 trabajadores distribuidos entre las sedes de Cogua, Bucaramanga, Valledupar y Barranquilla, quienes fueron notificados del fin de sus contratos durante una convocatoria inesperada.

Muchos empleados expresaron sorpresa e indignación al hallar sus accesos restringidos cuando intentaron ingresar a la planta principal de Cogua el sábado 14 de marzo de 2026.

Freddy Ricardo García Galeno, presidente del sindicato Sinaltrainbec subdirectiva Cogua, señaló que los empleados fueron citados bajo la premisa de una capacitación en seguridad industrial, pero allí les fueron notificados del término de sus contratos.

El vocero del sindicato, en diálogo con Blu Radio, señaló que algunos aceptaron indemnizaciones y otros optaron por no firmar acuerdos.

“El día viernes (13 de marzo) pararon todo: máquinas, todo. Y lo que quedó en tanques, lo que quedó en máquinas, quedó eso todo parado. El día sábado (14 de marzo) se reanudó servicios, que nosotros ya nos citaron para turno y el día de ayer (15 de marzo) se terminó de evacuar lo que quedaba de leche. Como tal, se evacuó, se terminó de empacar”, expresó García Galeano al citado medio de comunicación.

El sindicato también refirió que la empresa justificó el recorte bajo el argumento de una reestructuración, siguiendo una tendencia iniciada hace año y medio con una reducción similar de personal. Sin embargo, señaló que la decisión no cuenta con el conocimiento de las autoridades colombianas, es decir, el Ministerio del Trabajo.

“El presidente nacional, al que pertenece la subdirectiva de Cogua, de Sinaltrainbec, pues nos comunicó que él había hablado con la viceministra del Trabajo para intervenir. Precisamente ahorita me estaban llamando para coordinar eso porque ellos no tenían permiso para ese despido masivo”, comunicó.

Además, la drástica medida se conoce luego de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) en febrero de 2025, por un valor de 2,2 millones de dólares (más de 8.000 millones de pesos colombianos), debido a la venta de un producto etiquetado como leche entera pero que contenía lactosuero, lo que marca el retiro de Gloria del segmento lácteo en el país y el cese de su maquila para cadenas de supermercados como D1 y Ara.

La salida de Gloria del mercado lácteo colombiano representa la culminación de un ciclo de 14 años e implica la desaparición de dos marcas que, mediante adquisiciones anteriores, habían logrado un importante arraigo en el país.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia abrió una investigación administrativa contra Farmatodo por supuestas irregularidades relacionadas con el Estatuto del Consumidor.

En un comunicado, la entidad aseguró que el proceso comprende presuntas inconsistencias entre los precios informados y los que realmente se cobran, así como posibles restricciones indebidas al derecho de retracto.

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Durante la revisión del portal web de la empresa y el análisis de reclamos de usuarios, la SIC detectó que, entre 2024 y 2025, se recibieron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos acerca de dobles cobros, pagos duplicados y cobros no identificados.

“La SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, inició investigación administrativa en contra de Farmatodo por posibles infracciones al Estatuto del Consumidor relacionadas con posibles inconsistencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto”, explicó la entidad en un comunicado.

El pliego de cargos formulado incluye fallas en la calidad del servicio de pago, supuestos cobros múltiples por una misma transacción y posibles cobros de precios superiores a los anunciados en algunos productos.

“Estas habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad (...) esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público”, señaló la SIC.

También, la entidad halló la presunta exigencia de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto, “lo que devendría en la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor”.

“Esta investigación administrativa se suma a las múltiples actuaciones adelantadas por esta entidad desde la llegada de la Superintendente Rusinque a su cargo, en el que se ha buscado promover relaciones de consumo transparentes, seguras y acordes con la normativa vigente”, agregó la entidad.

Tras la notificación formal, Farmatodo podrá presentar pruebas y argumentos en su defensa conforme al procedimiento administrativo vigente.

“Con este acto administrativo, la Dirección da inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa”, puntualizaron.

Por el momento, la compañía farmacéutica no ha emitido ningun pronunciamiento al respecto.

Detectan presuntas irregularidades en el Icbf e infraestructura en Cundinamarca

Además de la investigación conntra Farmatodo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha intensificado su vigilancia sobre la contratación pública en Colombia al iniciar dos investigaciones administrativas por presuntos acuerdos ilícitos entre oferentes en contratos financiados con recursos estatales.

Estas actuaciones buscan establecer si existieron prácticas restrictivas de la competencia en procesos asociados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a una entidad territorial de La Mesa, Cundinamarca, lo que podría traducirse en mayores costos para el Estado y menor calidad en los servicios destinados a la población vulnerable.

Las investigaciones abiertas se sustentan en alertas identificadas por la SIC sobre la manera en que varias empresas presentaron sus propuestas y en patrones coincidentes de comportamiento durante las licitaciones. Entre las señales que movilizan este tipo de vigilancia se encuentran similitudes atípicas en documentos, rotación reiterada de los ganadores y renuncias estratégicas que favorecen a competidores específicos.

En el caso del Icbf, el enfoque está puesto en los contratos orientados a programas sociales. La autoridad indaga si los oferentes realizaron acuerdos previos para fijar precios o repartirse zonas operativas. La revelación de estos señalamientos adquiere relevancia porque, al tratarse de fondos dirigidos a sectores desfavorecidos, cualquier sobrecosto o manipulación incide directamente en la cobertura y calidad de los beneficios.

Por su parte, la investigación sobre los procedimientos en La Mesa, Cundinamarca, pretende aclarar si hubo prácticas coordinadas para restringir la competencia en licitaciones públicas del municipio. La prioridad, en este frente, es determinar si existieron pactos tácitos que redujeron la pluralidad de propuestas y generaron condiciones menos ventajosas para la administración local.

La SIC recalcó que el inicio del proceso administrativo no implica sanción automática. Las empresas y personas naturales involucradas cuentan con la facultad de ejercer su defensa, aportar pruebas y contradecir los hallazgos preliminares aportados por la entidad. La determinación de una infracción solo se adoptará una vez superadas todas las etapas probatorias previstas legalmente.

La disputa por una frase terminó en derrota para una de las multinacionales de alimentos más grandes del mundo. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el registro del lema comercial “El sándwich de los campeones”, solicitado por Grupo Bimbo para identificar productos de panadería y servicios comerciales en Colombia.

La compañía buscaba proteger esa expresión como eslogan asociado a su marca en las categorías relacionadas con productos alimenticios y actividades publicitarias. Sin embargo, el trámite se encontró con un obstáculo: la oposición formal presentada por Bavaria, que consideró que la frase era demasiado cercana a sus lemas previamente registrados.

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De acuerdo con información revelada por Asuntos Legales, la controversia giró en torno al uso de la expresión “de los campeones”, que Bavaria ha utilizado durante años como parte central de la identidad de Pony Malta, posicionada en el mercado como “bebida de campeones”. Para la compañía, permitir un nuevo lema con una estructura prácticamente idéntica podía generar confusión entre consumidores.

En su oposición, Bavaria sostuvo que las palabras “sándwich” y “bebida” son términos genéricos dentro del sector de alimentos y, por tanto, no pueden ser apropiados en exclusiva por ninguna empresa. A su juicio, el elemento verdaderamente distintivo en ambos casos es la frase “de los campeones”, que transmite una idea asociada al rendimiento, la energía y el éxito deportivo.

La empresa argumentó además que el público podría interpretar que existe algún tipo de alianza comercial entre ambas compañías. Incluso planteó la hipótesis de que los consumidores podrían imaginar un producto conjunto —un combo de comida y bebida— respaldado por el mismo concepto publicitario.

Grupo Bimbo, por su parte, defendió su solicitud señalando que el lema siempre estaría acompañado por su marca principal, lo que, en su criterio, eliminaba cualquier riesgo de confusión. También expuso diferencias técnicas en la composición de las frases, como la cantidad de sílabas y la estructura gramatical, y destacó que los productos se ubican en categorías distintas dentro de la clasificación internacional de marcas.

No obstante, tras revisar los argumentos de ambas partes, la SIC concluyó que el nuevo lema reproducía de manera sustancial el mensaje conceptual ya protegido por Bavaria. Según el análisis de la entidad, no bastaba con añadir una palabra diferente al inicio de la frase si el componente central evocaba prácticamente la misma idea.

Para la autoridad, los lemas comerciales —también conocidos como eslóganes— deben contar con suficiente fuerza distintiva y no pueden limitarse a replicar mensajes previamente registrados por otros actores del mercado. En este caso, determinó que la coincidencia en la expresión clave hacía que el signo solicitado careciera de la originalidad exigida por la normativa andina que regula la propiedad industrial.

La decisión implica que Bimbo no podrá utilizar en Colombia la frase pretendida como lema protegido, aunque sí podrá continuar comercializando sus productos bajo sus marcas tradicionales.

El caso se suma a una larga lista de controversias que llegan a la SIC por el uso de frases publicitarias. En el país, los eslóganes pueden registrarse como signos distintivos siempre que estén vinculados a una marca y cumplan criterios de diferenciación. La discusión suele centrarse en si existe riesgo de confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En años recientes, la entidad ha emitido decisiones relevantes en este terreno. Por ejemplo, otorgó protección exclusiva a Tiendas D1 sobre su lema comercial, al considerar que tenía la fuerza suficiente para identificar sus servicios en el sector minorista. En otro expediente, respaldó a Colombina en la defensa de una denominación asociada a uno de sus productos de confitería.

En medio de la polémica que sigue desatando el presidente Gustavo Petro por el caso de la muerte del pequeño de siete años Kevin Acosta, que se intensificó en la noche del martes 17 de febrero cuando el mandatario reveló partes de la historia clínica, el exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, interpuso acciones legales contra la Nueva EPS.

Según indicó el político, la entidad promotora no veló por la protección de los datos personales y la confidencialidad de su historia clínica, que terminó siendo de dominio público cuando el jefe de Estado lo divulgó en una presentación oficial.

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Por tal razón, Briceño interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Nueva EPS, con el propósito de que la entidad regulatoria emita las debidas sanciones por violación de datos personales.

En su mensaje, el excabildante también envió un duro mensaje a la superintendente Cielo Rusinque, que ha mostrado abiertamente su apoyo al mandatario nacional, por lo que Briceño pidió imparcialidad en la investigación.

“Ante la @sicsuper denuncié a la Nueva EPS por haberle entregado parte de la historia clínica del niño Kevin al presidente Gustavo PetroLa historia clínica es reservada y Petro no debía tener información sensible. Ojalá la señora Cielo Rusinque de resultados y no tape“, escribió Briceño en su cuenta de X.

En otro mensaje, el exconcejal recordó que la entidad liderada por Rusinque ya había tomado una decisión de similar proporción con S.O.S EPS, que fue duramente sancionada por la SIC al revelar información reservada de un paciente sin autorización, por lo que insistio en que espera el mismo trato a la Nueva EPS.

“En agosto del año pasado la SIC sancionó a SOS EPS por divulgar, sin autorización ni justificación legal, la historia clínica de un pacienteOjalá Cielo Rusinque aplique el mismo rasero para la Nueva EPS aunque esté manejada por Petro y Jaramillo”, escribió Briceño.

Finalmente, Daniel Briceño aseguró que los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre el caso, que en la tarde del martes 17 de febrero reveló la negativa de la madre de Kevin Acosta a someter al pequeño a una cirugía, serían prueba suficiente para demostrar que sí accedió a la información personal del menor a la que solo el personal médito podía tener acceso.

“Es evidente que la Nueva EPS le entregó datos sensibles de la historia clínica del niño Kevin al presidente Petro tal y como el mismo Petro expone esos datos sensibles para defenderse y defender a Jaramillo.Esto es inaceptable, la historia clínica ES RESERVADA”, concluyó el político bogotano.

Y es que Gustavo Petro defendió la actuación del Gobierno nacional tras la muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años con hemofilia que falleció mientras esperaba el medicamento Emicizumab.

El presidente afirmó desde La Guajira que algunos sectores acusan falsamente al Ejecutivo de asesinato y recalcó que “el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente”.

De acuerdo con el relato del mandatario, luego de sufrir un accidente en bicicleta, Kevin Acosta fue atendido inicialmente en el hospital local de Palestina, Huila, y posteriormente remitido al hospital de segundo nivel de Pitalito. Allí, una tomografía evidenció fracturas y hematomas.

Petro explicó que el estado del menor empeoró y los médicos propusieron cirugía urgente, pero la madre del paciente rechazó la intervención, prefiriendo continuar el tratamiento clínico. “Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, subrayó el presidente.

El caso provocó amplia polémica nacional cuando la madre denunció que el niño pasó semanas sin recibir el medicamento necesario para su enfermedad, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud y a la interrupción en el suministro por parte de Nueva EPS, la entidad promotora de salud responsable de su atención.

La familia también señaló desatención tras el accidente, mientras que Petro aceptó que durante un traslado de Santander a Pitalito pudo haber “una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”.

Las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Acosta se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades, y la autopsia aún no ha sido realizada.

La medida, según explicó la funcionaria, responde a acciones rutinarias y ordinarias que forman parte de las competencias legales del organismo. Sin embargo, la solicitud generó una intensa reacción por parte de los gremios empresariales, que la calificaron de arbitraria y la consideraron una intromisión indebida en la autonomía empresarial.

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Rusinque afirmó que estas actuaciones tienen el propósito de garantizar que el mercado y la libertad económica se orienten hacia el bien común y la protección efectiva de los derechos del consumidor.

De acuerdo con la funcionaria, la SIC recibió múltiples quejas de ciudadanos inconformes con “promociones engañosas que prometen grandes descuentos, liquidaciones irrepetibles o incrementos de precios que no se corresponden con la dinámica de un mercado competitivo y que deterioran el poder adquisitivo”.

Reacción gremial y comparaciones internacionales

Tras el anuncio, el Consejo Gremial y otros representantes del sector empresarial expresaron preocupación. La presidenta del Consejo Gremial sostuvo que la medida genera “pánico” y distorsiona la naturaleza de la investigación. Algunos voceros llegaron a comparar la actuación de la SIC con la normativa venezolana de 2011 sobre control de precios, alegando un posible riesgo de intervención estatal en la fijación de precios.

Frente a estas afirmaciones, Rusinque rechazó las analogías y sostuvo que la medida colombiana es “puntual, limitada a productos y periodos específicos y dirigida a sectores estratégicos”, sin constituir “un registro permanente ni una política de control generalizada”.

Precisó que los requerimientos de información no buscan intervenir decisiones empresariales legítimas ni restringir la libertad para fijar precios, sino obtener insumos para evaluar prácticas que puedan afectar a los consumidores y a la competencia.

La visión de la SIC: regular no es intervenir

La superintendente subrayó que el enfoque de la entidad permanece alineado con los principios del Estado Social de Derecho y la protección de la libre competencia. “Desde la SIC siempre obraremos con decencia y estricto respeto a los mandatos legales”, enfatizó. Según la funcionaria, la supervisión pública cumple una función de equilibrio frente a fenómenos como el abuso de posición de mercado, la asimetría de información y el uso de tecnologías que pueden condicionar las decisiones del consumidor.

En su publicación realizada en la mañana del domingo 8 de febrero, Rusinque mencionó: “Los requerimientos de información de la Superintendencia no buscan intervenir decisiones legítimas, ni limitar la libertad para fijar precios”. Reiteró que estas solicitudes se dirigen únicamente a una muestra de productos y empresas específicas, dentro de un universo de casi dos millones de firmas activas en el país.

Antecedentes y contexto de la medida

La controversia se intensificó cuando varios exsuperintendentes y analistas criticaron la iniciativa, argumentando que la SIC excedía sus facultades. Algunos exfuncionarios negaron que durante sus mandatos se hubieran realizado pedidos similares de información sobre costos y precios.

No obstante, Rusinque presentó ejemplos de requerimientos efectuados en gestiones anteriores, especialmente durante la pandemia de covid 19, periodo en el que se solicitó información detallada sobre costos y descuentos a empresas que comercializaban insumos esenciales.

La funcionaria recordó que la ley faculta a la Superintendencia para investigar posibles prácticas anticompetitivas y precios inequitativos, así como para vigilar la publicidad engañosa. Citó modificaciones a la circular única de la entidad que refuerzan el control sobre el precio ofertado y el costo de los productos para proteger a los consumidores.

El debate sobre la teoría económica y la función de la SIC

En respuesta a críticas sobre una supuesta falta de fundamento técnico, Rusinque sostuvo que la labor de la SIC no se limita a los modelos teóricos de competencia perfecta, y argumentó que el análisis de la formación de precios exige comprender las realidades de mercados complejos. “La labor de la Superintendencia comienza donde los supuestos de la microeconomía elemental dejan de explicar la realidad”, afirmó la funcionaria.

La superintendente enfatizó que el objetivo de la SIC es “garantizar el bienestar de los consumidores, la eficiencia de los mercados, la libre y leal competencia y la democratización de un modelo de economía social de mercado”. Insistió en que la libertad económica no implica impunidad ni inmunidad frente a la protección del bien común.

Finalmente, la entidad invitó a los sectores empresariales y a la opinión pública a fundamentar el debate en el análisis riguroso de los hechos y la normativa vigente. De acuerdo con la superintendente, la SIC continuará empleando los mecanismos legales a su disposición para indagar sobre precios y estructuras de costos cuando existan indicios de prácticas que puedan perjudicar a los consumidores o afectar la competencia.

La inquietud empezó a circular primero en conversaciones privadas y, en cuestión de días, se instaló con fuerza en el debate público, el sector empresarial observa con preocupación los recientes requerimientos de información que comenzó a enviar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la forma en que las compañías fijan sus precios.

Las solicitudes, que por ahora llegaron a cinco empresas de distintos sectores Panamericana, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Nalsani, Whirlpool y Continente, piden detalles minuciosos sobre márgenes de ganancia, criterios de descuento, impacto de la tasa de cambio en productos importados y uso de algoritmos o sistemas automatizados para definir precios. Aunque el alcance inicial es limitado, la propia superintendente, Cielo Rusinque, confirmó que en los próximos días el número de compañías requeridas podría superar las 50, a partir de denuncias ciudadanas, quejas formales y monitoreos internos de la entidad.

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El contenido del cuestionario encendió las alarmas entre empresarios y analistas económicos, quienes interpretan estas solicitudes como una señal de posible intervención estatal en la fijación de precios, en un contexto marcado por el incremento del salario mínimo en más de 23% para 2026 y por las expectativas de una inflación más alta de lo previsto inicialmente.

Desde el sector gremial, las reacciones no se hicieron esperar. Para Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, el enfoque de los requerimientos va más allá de una supervisión ordinaria. “Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”, afirmó en El Tiempo, al advertir sobre los riesgos que esto podría implicar para el funcionamiento del mercado.

El Consejo Gremial fue más allá y expresó su “profundo” rechazo a lo que considera una exigencia de información sensible, protegida por la reserva comercial. En un pronunciamiento, señaló que pedir de manera generalizada datos sobre estructuras de costos y márgenes de utilidad excede las competencias constitucionales y legales de la SIC. “La exigencia generalizada de información sujeta a reserva comercial, como los criterios de fijación de precios y márgenes de utilidad, resulta inconstitucional y afecta la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza inversionista”, advirtió la organización.

En la misma línea se pronunció la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Su presidente, Bruce Mac Master, reconoció que la Superintendencia tiene facultades para solicitar información, pero señaló que estas deben ejercerse dentro de límites claros. “Solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, excede las facultades de la Superintendencia cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales”, sostuvo.

Desde Fenalco, el tono fue aún más crítico. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, cuestionó que se pretenda frenar una inflación que, a su juicio, ha sido inducida por decisiones del propio Gobierno. “Quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios. Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no son la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”, afirmó.

El Gobierno, por su parte, salió a desmarcarse de cualquier intención de fijar precios. Rusinque ha insistido en que la entidad cumple su rol legal de vigilancia y control. “Vigilamos si existen comportamientos que violen el régimen para poder actuar en consecuencia”, señaló. A ese mensaje se sumó el presidente Gustavo Petro, quien pidió calma a través de su cuenta de X: “No hay que tener nervios porque se sepa con transparencia la estructura de formación de precios”.

Sin embargo, el debate no se limita a un choque de versiones. Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y de la alianza de gremios Aliadas, el problema está en el alcance de los requerimientos. A su juicio, solicitudes amplias y generalizadas pueden generar incertidumbre jurídica y afectar la autonomía empresarial. “La libre fijación de precios es un pilar del modelo económico colombiano. Cualquier intervención estatal debe estar claramente delimitada por la ley y responder a investigaciones concretas”, advirtió.

Una lectura similar planteó Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, que calificó como “preocupante” el nivel de detalle exigido por la SIC. “Combatir abusos de mercado es legítimo y necesario. Pero hacerlo requiere análisis de competencia, evidencia de colusión o posición dominante, no una fiscalización generalizada de la formación de precios”, afirmó.

El trasfondo de la discusión es un escenario económico más tenso. El propio Gobierno menciono la posibilidad de analizar medidas excepcionales si se presentan presiones especulativas, mientras que el Banco de la República ajustó al alza sus proyecciones de inflación, que ahora apuntan a un cierre de año cercano al 6,4%, por encima del 4,6% estimado anteriormente.

Un reciente ajuste en el precio de la gasolina, según el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, busca aliviar el bolsillo de los colombianos, sin embargo, a pesar de que tenia que empezar a regir el 1 de febrero de 2026, la orden aún no ha sido acatada en varias regiones del país, por lo que las entidades correspondientes deciiditeron tomar medidas al respecto.

En un comunicado de la Supeintendencia de Industria y Comercio (SIC) que fue emitidio en horas de la mañana del 5 de febrero de 2026, el ministro Edwin Palma resumió la estrategia oficial en un encuentro interinstitucional:

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“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, una decisión política del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente y cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos”.

El despliegue de inspección pretende atender las diferencias observadas tras el anuncio, ya que—como sostuvo la superintendente Cielo Rusinque—“luego de una revisión inicial y transcurridos cuatro días, hemos constatado que no todos los agentes del mercado la han aplicado. Por ello, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para verificar que la reducción se refleje efectivamente en el precio final de la gasolina corriente”.

El informe oficial con corte al 4 de febrero indica que, en promedio, cerca de 25 ciudades principales muestran una reducción aproximada de $300 por galón, frente a los $500 por galón dispuestos por el Gobierno Nacional desde el 1 de febrero de 2026.

Mientras tanto, en los cerca de 1.100 municipios restantes del país, no se han hallado condiciones económicas que justifiquen un retraso en la implementación de la medida y se enfatiza que este ajuste debe verse reflejado de forma inmediata en el monto pagado por los consumidores.

El llamado oficial se amplía a quienes puedan detectar anomalías: el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio piden a la ciudadanía continuar reportando cualquier irregularidad para garantizar “la efectividad de esta medida para que tenga la repercusión positiva buscada por el Gobierno en los bolsillos de los consumidores colombianos”, según ambas entidades.

Sanciones para las estaciones de gasolina que se nieguen a rebajar los $500

Desde el 1 de febrero, todas las estaciones de gasolina en Colombia están obligadas a implementar una reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente, conforme a una orden del Gobierno nacional tras el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc).

El Decreto 4299 de 2025 establece que el incumplimiento de esta rebaja acarreará multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), amonestaciones y la posible cancelación temporal o definitiva de la licencia de comercialización,

Además, la normativa prevé que las estaciones sancionadas pueden ser bloqueadas del SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos), impidiéndoles adquirir y vender combustibles en todo el país.

Por otra parte, la agremiación nacional Somos Uno solicitó a las autoridades un “operativo estructural” para asegurar la aplicación inmediata de la rebaja, y subrayó la necesidad de que se respete el precio de adquisición del inventario existente antes de realizar ajustes al consumidor.

En una comunicación con La República, la organización expresó: “Reiteramos nuestra voluntad de colaborar con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes para fortalecer la claridad en los procesos de inspección, asegurar que las medidas se implementen bajo criterios técnicos con el propósito de proteger simultáneamente al consumidor final y la sostenibilidad del sector”.

La asociación también pidió que ningún minorista sea forzado a vender por debajo de su costo, solicitando lineamientos que consideren la operatividad real de la cadena de distribución y que los procesos de inspección y sanción se basen exclusivamente en criterios técnicos.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y DirecTV notificaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una posible alianza comercial enfocada en la prestación de servicios de televisión en el país. La presentación conjunta ante la autoridad de competencia marca el inicio del proceso regulatorio requerido para evaluar la viabilidad de este acuerdo dentro del sector de telecomunicaciones.

La notificación formal presentada por ETB y DirecTV ante la SIC responde a la normativa vigente sobre competencia y control de integraciones empresariales. Ambas compañías informaron que este trámite permite analizar el alcance y los posibles efectos de la alianza en el mercado, así como establecer las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse.

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La notificación constituye un paso previo y obligatorio, sin que esto implique la aprobación automática de la operación ni el inicio inmediato de la colaboración. Durante el proceso, la SIC podrá solicitar información adicional, establecer condiciones o pronunciarse sobre la viabilidad del acuerdo.

Objetivo de la alianza

La información divulgada por ETB, según El Tiempo, destaca que la potencial alianza comercial busca ampliar y robustecer la oferta de servicios de televisión para los usuarios. Este objetivo se enmarca en un contexto de transformación del consumo audiovisual y en la convergencia entre servicios de conectividad y contenidos.

La empresa sostiene que la iniciativa responde a la estrategia de fortalecimiento del portafolio de ETB, orientada a cubrir nuevas dinámicas del mercado y a satisfacer las expectativas de los clientes.

La colaboración comercial propuesta no implica cambios en la estructura societaria de ETB ni de DirecTV en la etapa actual. El alcance definitivo del acuerdo dependerá de las conclusiones del análisis regulatorio y de las decisiones que adopten ambas partes tras la revisión correspondiente.

Requisitos y alcance del trámite ante la SIC

De acuerdo con lo comunicado, la notificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio habilita el análisis de la operación bajo los criterios de competencia. La autoridad determinará si la alianza puede generar efectos en los mercados relevantes y si cumple con los requisitos establecidos para este tipo de integraciones empresariales.

Las alianzas comerciales en el sector de telecomunicaciones y servicios de televisión se han convertido en una herramienta para ampliar coberturas, diversificar contenidos y mejorar la propuesta de valor para los usuarios. En Colombia, el mercado presenta una alta competencia, impulsada por la convergencia tecnológica y la demanda creciente de servicios integrados.

Durante el proceso regulatorio, la SIC podrá requerir más información a las empresas, definir condiciones específicas o pronunciarse sobre la viabilidad de la alianza. El trámite busca garantizar que la colaboración entre operadores no genere restricciones indebidas a la competencia ni afectaciones al bienestar de los usuarios.

Evaluación de competencia y protección al consumidor

La SIC, como autoridad encargada de velar por la competencia en Colombia, analizará la propuesta de ETB y DirecTV considerando factores como la participación de mercado, la estructura competitiva del sector y los posibles efectos sobre los consumidores. El proceso tiene como fin asegurar que las operaciones empresariales no limiten la libre competencia ni perjudiquen a los usuarios.

La notificación conjunta subraya el interés de ambas compañías por actuar bajo los lineamientos regulatorios establecidos y por mantener la transparencia en la comunicación de los avances del trámite. De acuerdo con El Tiempo, ETB afirmó que la iniciativa busca fortalecer el portafolio de servicios y responder a las exigencias del entorno actual, caracterizado por la transformación digital y la convergencia de servicios.

Próximos pasos

La notificación presentada ante la SIC se produce en un momento de alta competencia en el mercado de telecomunicaciones y televisión, donde las empresas buscan responder a las nuevas demandas de conectividad y contenidos integrados. La resolución final sobre la viabilidad de la alianza dependerá del análisis detallado que realice la autoridad de competencia y de las condiciones que pueda establecer durante el proceso.

El Consejo de Estado confirmó la negativa a registrar una marca eclesiástica con denominación similar a la reconocida iglesia cristiana ‘El Lugar de Su Presencia’, decisión que responde al riesgo de confusión entre nombres en el ámbito religioso colombiano y delimita la protección de signos distintivos en este sector.

La controversia, que inició desde 2014, subraya el criterio de las autoridades sobre la coexistencia de marcas semejantes dedicadas a servicios espirituales, y recalca el impacto directo en la percepción de los fieles.

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En su análisis, el alto tribunal determinó que “al presentarse identidad ortográfica, fonética y conceptual entre el signo solicitado y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa”, lo que impide la convivencia legal de ambas denominaciones.

El fallo, conocido por Cambio, detalló que el potencial para que los consumidores asocien erróneamente los servicios de diferente procedencia, a causa de la semejanza en la denominación y los canales de oferta, representa un obstáculo insalvable según la legislación vigente.

La disputa se inició cuando la iglesia cristiana internacional ‘En Tu Presencia‘ solicitó registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la marca “En Tu Presencia Iglesia Cristiana Internacional” en agosto de 2014.

Dado el parecido con “El Lugar de Su Presencia” —institución con múltiples marcas inscritas ante la SIC y presencia relevante en Colombia— la megaiglesia presentó oposición, advirtiendo que los creyentes podrían estimar que se trataba de la misma comunidad religiosa.

La SIC denegó la solicitud en resoluciones de marzo y junio de 2015, lo que llevó a los solicitantes a acudir ante el Consejo de Estado. Alegaron que los emblemas y logotipos diferían, y sostuvieron que la palabra “presencia” resulta demasiado genérica para monopolizarla en el ámbito religioso.

Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo que “la palabra ‘PRESENCIA’ podría resultar evocativa frente a los servicios de carácter cultural o religioso, tal percepción o idea no es unívoca, pues esta comprende diferentes significados, entre ellas, la referida anteriormente y, en todo caso, transmiten la misma idea al consumidor, por lo que se configura una identidad conceptual”. Esta evaluación se enfocó en cómo los fieles y la sociedad identifican y distinguen los servicios religiosos ofrecidos bajo nombres similares.

El pronunciamiento del tribunal recalcó que el hecho de que los servicios en disputa no sean mercantiles no modifica la relevancia legal de la confusión: “Sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca cotejados”.

Finalmente, el fallo enfatizó que “al existir entre el signo y las marcas confrontadas identidad y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado”, un criterio que refuerza la protección a las entidades religiosas que han construido una identidad visible y registrada ante la autoridad competente.

El Consejo de Estado admite demanda que podría llevar a la pérdida de investidura de nueve congresistas

El Consejo de Estado admitió una demanda que podría derivar en la pérdida de investidura de nueve congresistas señalados por supuestas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Esta decisión abre un capítulo judicial que podría impactar la composición legislativa y la vida política de Colombia de cara a las elecciones de 2026. En paralelo, aunque los señalados mantienen su ejercicio parlamentario y actividad política, enfrentan procesos que avanzan sin que se hayan dictado fallos definitivos.

En el documento judicial admitido el 29 de enero de este año, el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar de la Sala 10 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, resolvió estudiar la acción presentada por el abogado Pablo Bustos, portavoz de la Red de Veedurías de Colombia.

La demanda vincula a los senadores Martha Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, junto a los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.

La petición sostiene que existen motivos para aplicar la causal establecida en el artículo 183.5 de la Constitución Política, referida al “tráfico de influencias debidamente comprobado”.

El auto señala que también se investiga la posible “violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”, en concordancia con el artículo 180.2 del texto constitucional, que prohíbe a los congresistas gestionar intereses propios o de terceros ante entidades públicas y les impide celebrar contratos con el Estado, salvo las excepciones establecidas en la ley.

Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia inició investigaciones penales para determinar si existió un esquema de intercambio de apoyos legislativos por contratos o beneficios derivados de la Ungrd.

Estos procesos penales y administrativos son independientes entre sí. Hasta ahora, no se han emitido fallos de fondo ni condenas en ninguno de los expedientes, permitiendo que los legisladores implicados conserven sus curules y aspiraciones políticas.

El proceso reconoce la dimensión del escándalo, considerado uno de los más relevantes durante la actual administración nacional. La admisión de la demanda representa un paso decisivo que mantiene bajo observación la conducta de los congresistas y posiciona el caso en el centro del debate público sobre la responsabilidad política ante casos de corrupción.

El Deportivo Pereira F.C. S.A. entró en proceso de reorganización empresarial por decisión de la Superintendencia de Sociedades, que actuó de forma directa tras verificar una situación de cesación de pagos significativa en el club.

Esta intervención pone bajo la lupa las dificultades financieras del equipo, revelando una mora acumulada que al 31 de agosto de 2025 representaba $11.252 millones, suma equivalente al 50,40% del pasivo total del club, con incumplimientos mayores a noventa días ante diversos acreedores, incluidos los compromisos fiscales con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), obligaciones con otros clubes deportivos y deudas con proveedores y accionistas que superan los 240 días de atraso.

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Como promotor del proceso fue designado Rodrigo de Jesús Tamayo Cifuentes, especialista en insolvencia, que asumirá la tarea de liderar la reorganización bajo los parámetros de la Ley 1116 de 2006. A pesar de la situación crítica evidenciada en los pagos, el balance patrimonial de la sociedad muestra que, al 30 de octubre de 2025, los activos alcanzan los $45.804 millones frente a pasivos por $23.399 millones, lo que representa un patrimonio positivo y una señal de viabilidad para implementar la recuperación.

Constituido en el año 2022 en la ciudad de Pereira, el club forma parte del Sistema Nacional del Deporte como organización dedicada a promover y gestionar fútbol profesional.

La hoja de ruta presentada por la compañía para atravesar este periodo comprende tanto ajustes deportivos y administrativos como un enfoque en fortalecer las divisiones juveniles, atraer nuevos patrocinadores y optimizar los ingresos generados por taquillas, publicidad y derechos de televisión.

El superintendente Billy Escobar Pérez sentó posición sobre la medida al señalar: “El fútbol profesional colombiano es un sector que mueve empleos, tejido empresarial y valor social en las regiones. Por eso, desde la Superintendencia actuamos con firmeza para garantizar que los clubes con deportistas profesionales cumplan sus obligaciones y mantengan su operación.

Acompañar estos procesos no solo protege a los acreedores y trabajadores, sino que preserva instituciones que son patrimonio deportivo del país. La reorganización es una herramienta para estabilizar y recuperar empresas que cumplen funciones esenciales para la economía y la comunidad en general.”

La Superintendencia de Sociedades reafirmó que este procedimiento se dará bajo los lineamientos técnicos y de transparencia contemplados por la normatividad vigente —incluyendo la Ley 1116 de 2006, el Decreto 1074 de 2015 y la Ley 2437 de 2024—, con la mira puesta en la recuperación de empresas viables que pertenezcan al ámbito del fútbol profesional o estén bajo su vigilancia.

Supersociedades tomó el control del club

El sometimiento del Deportivo Pereira al régimen de control por parte de la Superintendencia de Sociedades constituye una medida sin precedentes recientes, que busca, según explicó la entidad, evitar un deterioro mayor en la situación empresarial del club y proteger a los diversos grupos de interés involucrados con la institución.

El anuncio, hecho el 16 de enero de 2026, responde a una serie de irregularidades detectadas en los ámbitos jurídico, contable y administrativo, en un contexto donde la estabilidad institucional y futura existencia del club en la primera división del fútbol colombiano quedan en entredicho.

La Superintendencia informó que esta decisión implica ejercer sobre el club matecaña facultades extraordinarias: podrá impartir órdenes directas a los administradores de Deportivo Pereira, exigir la elaboración de planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinadas operaciones y dar seguimiento constante a la gestión interna del club.

Se persigue con ello no solo la transparencia en la información financiera, sino la implantación rigurosa de correctivos. Como expresó Billy Escobar, superintendente de Sociedades, la intención es “proteger a los diferentes grupos de interés a través de acciones que permitan corregir las debilidades detectadas y fortalecer la sostenibilidad de la empresa”.

Este régimen de control está previsto en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995 y constituye el grado máximo de intervención legal para sociedades en crisis en Colombia. Según la Superintendencia de Sociedades, la finalidad de la medida es propiciar una recuperación integral del Deportivo Pereira mediante un acompañamiento técnico estrecho, que permita corregir con oportunidad las irregularidades y promover criterios de responsabilidad en la toma de decisiones del club.

A pocas horas del concierto de Bad Bunny en Medellín, la controversia por los precios de alojamientos se convirtió en tema central entre viajeros y usuarios de plataformas digitales.

Diversos ciudadanos reportaron a través de redes sociales que algunos anfitriones de Airbnb y Booking aplicaron aumentos extremos en las tarifas o cancelaron reservas previas para volver a ofrecer los mismos espacios a valores mucho más altos. La situación adquirió mayor notoriedad por la proximidad de los shows del artista puertorriqueño, que tendrán lugar del 22 al 24 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.

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Las denuncias publicadas en X y otras redes documentaron casos en los que un apartaestudio alcanzó un precio de $23.360.000 por dos noches, mientras que otros alojamientos se ofrecieron por hasta $61 millones por el mismo período.

Usuarios señalaron que las cancelaciones de último minuto y la republicación de las propiedades con tarifas infladas afectaron tanto a viajeros nacionales como internacionales que planeaban asistir a los conciertos.

Booking responde y solicita denunciar irregularidades

Frente al incremento de las quejas, Booking recordó que, aunque los anfitriones tienen control sobre la disponibilidad y los precios en la plataforma, la empresa mantiene directrices y códigos de conducta estrictos.

“Si tenemos conocimiento de alguna práctica que infrinja nuestros términos y condiciones, podemos tomar las medidas necesarias, lo que puede incluir solicitar al socio que respete las reservas confirmadas u ofrecer alternativas viables”, manifestó Booking a El Tiempo.

La compañía también explicó que los clientes afectados por cancelaciones o modificaciones indebidas pueden contactar su centro de atención para recibir apoyo y buscar soluciones.

Además, la plataforma expresó su disposición para colaborar con autoridades locales y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, así como promover prácticas transparentes y justas en el sector.

Miles de internautas permanecen atentos a la postura de la plataforma estadounidense, mientras continúan circulando nuevas denuncias y capturas de precios en redes sociales.

Autoridades advierten sobre sanciones por incumplimientos

La coyuntura llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a pronunciarse sobre la protección de los derechos de los consumidores afectados. La SIC advirtió a los prestadores de alojamiento turístico, incluidos quienes ofertan viviendas turísticas a través de plataformas digitales, sobre las posibles infracciones a la normativa vigente.

La entidad recordó que la cancelación injustificada de reservas—o cualquier incumplimiento contractual—puede derivar en sanciones que alcanzan hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Superintendencia también enfatizó que, ante cualquier irregularidad, los turistas tienen derecho a exigir servicios de igual calidad o el reembolso y compensación del monto pagado. Además, la entidad instó a los afectados a presentar denuncias formales si identifican prácticas que vulneren el régimen general de turismo o sus derechos como consumidores.

Testimonios y reacciones ante los precios elevados

Entre los testimonios más difundidos, una creadora de contenido compartió en sus redes sociales el caso de un hospedaje en Airbnb con cuatro habitaciones ofertado en cerca de $98.240.000 durante los días de los conciertos. Otra usuaria denunció que un apartamento de una sola habitación aparecía en la plataforma a un precio de $25.368.974 por una noche.

La tendencia de cancelar y volver a publicar reservas con precios mucho mayores se repitió en distintos sectores de la ciudad, lo que obligó a los afectados a buscar alternativas de hospedaje en condiciones menos ventajosas.

En ese contexto, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, solicitó a quienes hayan sido perjudicados que lo contacten directamente. “Le pido a todas las personas que están recibiendo cancelaciones de sus reservas de Airbnb en Medellín justo antes del concierto de Bad Bunny, que me escriban. Acompañaré estos casos buscando todas las sanciones correspondientes. ¡Cero tolerancia con estos usureros y descarados!”, expresó Tobón en su cuenta oficial de X.

El 21 de enero de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó un comunicado relacionado con la solicitud de integración entre Ecopetrol S.A. y Grenergy Renovables S.A., en el que se informa sobre el avance en el trámite para la adquisición de diversas sociedades dedicadas a energía solar.

El proceso, que inició tras conocerse a finales de 2025 la intención de Ecopetrol de adquirir acciones en Buenavista Solar, implica la evaluación y autorización por parte de la SIC, dada la magnitud de la operación y sus posibles repercusiones en el mercado.

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Según informó la SIC en su declaración oficial, la solicitud presentada plantea que la adquisición por parte de Ecopetrol abarca las acciones de las sociedades Buenavista Solar S.A.S. E.S.P.; Centro Solar S.A.S. E.S.P.; GR Parque Solar Sol del Mar II S.A.S. E.S.P.; GR Parque Solar Asturias S.A.S. E.S.P.; GR Parque Solar La Paz S.A.S.; GR Parque Solar Tolú S.A.S. E.S.P.; y GR Parque Sol de Zawady S.A.S. E.S.P., todas ellas bajo titularidad de Grenergy Renovables S.A.

El comunicado resaltó que el trámite tiene como fin analizar la operación proyectada y los alcances de los proyectos de inversión descritos.

El organismo regulador precisó que los proyectos vinculados a la operación serán destinados por Ecopetrol a la autogeneración remota, es decir, para el consumo propio de la compañía.

De acuerdo con la SIC, este enfoque implica que la operación planteada no constituye una integración susceptible de generar efectos horizontales o verticales que puedan impactar al mercado, criterio ya aplicado por la entidad en casos similares. La Superintendencia puntualizó que la autorización en curso responde a estos lineamientos.

Además, la SIC informó que invita a todas las partes interesadas a suministrar información relevante para el análisis de la operación en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado en su página web. El organismo aclaró que, al momento de la solicitud, se entregó la información requerida para adelantar la evaluación y eventual autorización del proceso.

Finalmente, la Superintendencia recordó que, a través de sus canales oficiales, es posible consultar tanto las medidas aplicables a este tipo de integraciones como las respuestas que se emitirán ante las solicitudes de las compañías involucradas. El avance y los comentarios oficiales sobre la solicitud podrán ser consultados mediante el radicado correspondiente.

Ecopetrol e Invemar refuerzan alianza para la conservación de ecosistemas marino-costeros en La Guajira

Ecopetrol y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives De Andréis (Invemar) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para profundizar en el estudio y conservación de los ecosistemas marino-costeros del Caribe colombiano, con énfasis en áreas estratégicas de La Guajira.

El convenio da continuidad al trabajo conjunto que ambas entidades mantienen, el cual ha permitido consolidar información ambiental de línea base sobre manglares y pastos marinos, insumos fundamentales para la formulación de planes de conservación y protección de zonas clave del litoral Caribe.

Entre los principales logros del acuerdo previo figura la actualización de datos sobre la cobertura y composición de manglares y pastos marinos en la franja marino-costera de La Guajira, información que ha apoyado procesos de investigación, conservación, regulación climática, protección costera y provisión de recursos pesqueros.

El análisis multitemporal realizado permitió identificar pérdidas y ganancias en la cobertura de manglar entre 2016 y principios de 2025.

Además, se mejoró el conocimiento de los patrones espaciales de los pastos marinos mediante la integración de 350 puntos de muestreo de diversos estudios, así como la obtención de mediciones base sobre la capacidad de estos ecosistemas para la captura de carbono.

En coordinación con la Unidad de Parques Nacionales Naturales y Corpoguajira, se fortaleció el relacionamiento con comunidades costeras wayúu para estimular su participación en la conservación de los ecosistemas marino-costeros.

“Estamos convencidos de que este tipo de alianzas nos permiten fortalecer el conocimiento de los ambientes marino–costeros y, en paralelo, generar un acercamiento genuino con las comunidades de las regiones en donde tenemos operaciones, con el fin de trabajar conjuntamente en la protección ambiental para el beneficio de la región”, afirmó Elsa Jeanneth Jaimes, gerente general de Exploración y Costa Afuera de Ecopetrol.

El cumplimiento de la protección de datos personales en el ámbito electoral es ahora una exigencia reforzada para todas las campañas y actores políticos de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recalcó: “Está prohibido elaborar perfiles basados en la orientación política, sin contar con la autorización previa, explícita e informada del titular, dado el riesgo de discriminación y manipulación”.

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Entre las obligaciones principales dirigidas por la SIC, se destaca que “los actores políticos deben aplicar los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, adoptando medidas técnicas, organizacionales y administrativas acordes con los riesgos asociados al tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales”.

La autoridad enfatizó además la transparencia como uno de los pilares del nuevo régimen: quienes recojan o traten información de electores deben estar listos para “informar, a petición de los titulares y de forma proactiva, cómo se realizó el tratamiento de sus datos para la entrega de mensajes con contenido político o electoral y, si es del caso, los criterios de segmentación empleados, la fuente de los datos y el uso de inteligencia artificial”.

Sin el consentimiento previo e informado, ningún partido ni campaña podrá insertar personas en “grupos de mensajería instantánea, listas de distribución o envíos masivos”. La instrucción es clara: “No está permitido agregar a una persona a grupos de mensajería instantánea, listas de distribución o envíos masivos sin su consentimiento previo e informado”.

Además, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que “los mecanismos para conocer, actualizar, rectificar o suprimir datos personales deben ser ágiles, permanentes y tan sencillos como los usados para recolectar la información”.

No solo es obligatorio obtener autorización previa, sino que los canales —tanto físicos como digitales— a través de los cuales se recaban datos deberán siempre “incluir la Política de Tratamiento de Datos Personales, avisos de privacidad y mecanismos de autorización”.

La legitimidad y la claridad en los propósitos del uso de la información también fueron reforzadas por la autoridad: “El uso de los datos personales debe limitarse a fines constitucionalmente legítimos y claros”.

Por último, la comunicación política queda acotada: “Los partidos y movimientos políticos pueden realizar el tratamiento de los datos personales de sus afiliados, miembros y/o seguidores con el fin de mantener comunicación activa con ellos. Estos datos personales no podrán ser suministrados a terceros, sin autorización previa de su titular”.

La Superintendencia de Industria y Comercio, con esta normativa, subrayó su apuesta por la “garantía de los derechos fundamentales como elemento esencial del sistema democrático de gobierno y su voluntad de contribuir al respeto de las reglas del sistema electoral establecido en la Constitución política”.

Reposición de votos y topes suben para elecciones de 2026

Un cambio significativo acabó de redefinir el panorama de las consultas presidenciales en Colombia para 2026: los recursos destinados a las campañas y la compensación estatal por votos válidos han experimentado un salto sin precedentes.

La Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su directora Alejandra Barrios, cuestionó el incremento en los topes de gasto y la reposición de votos tras la última Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral. En palabras de Barrios, el tope “sube de 6.000 millones a 18.000 millones, y la reposición de votos de 2.555 a 8.287”, una diferencia que, según la dirigente, aún no tiene una justificación clara.

El sistema de reposición de votos constituye una herramienta clave dentro del esquema electoral colombiano. Esta medida otorga a partidos y movimientos políticos la posibilidad de recuperar parte de los fondos invertidos en campaña, siempre que superen el umbral electoral mínimo, generalmente fijado en el 4% de los votos válidos para cargos como la Presidencia, alcaldías y gobernaciones.

Solo los aspirantes o agrupaciones que logran superar ese umbral acceden a la compensación. No obstante, la normativa puede variar en función del tipo de elección y las reglas que rigen el proceso en curso.

Desde la óptica de la MOE, la magnitud del aumento en los montos aprobados genera inquietud, ya que no se ha explicado de manera transparente la razón de este crecimiento, ni cómo podría afectar la equidad y transparencia en futuras elecciones.

Queda pendiente la explicación oficial sobre el fundamento detrás de estos nuevos límites económicos, que ya han encendido el debate entre los actores políticos y las organizaciones dedicadas al monitoreo electoral en Colombia.

El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá desestimó la tutela presentada por Plural Comunicaciones S. A. S., operador de Canal 1, contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La acción buscaba proteger los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información y de prensa, así como el derecho al debido proceso de la empresa y de sus directivos.

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La disputa se originó a raíz de una investigación de la SIC sobre una supuesta integración entre Canal 1 y Caracol Radio. Según la superintendencia, la operación equivalía a una fusión sin la autorización legal correspondiente, lo que motivó la formulación de cargos el 9 de septiembre de 2025. Por su parte, Plural Comunicaciones argumentó que no requería permiso, dado que no hubo fusión y que inicialmente la misma entidad había indicado que no era necesario; sin embargo, meses después, la SIC cambió su criterio y determinó que sí era obligatoria la autorización.

Alegatos de vulneración de derechos

En la tutela, los accionantes sostuvieron que las investigaciones y el pliego de cargos afectaron su derecho de defensa. Entre los señalamientos se incluyen “restricciones en el acceso al expediente, incorporación progresiva y extemporánea de pruebas, uso de documentos protegidos por secreto profesional, dilaciones injustificadas y divulgación de información reservada”.

Otro punto central fue que la SIC habría influido en decisiones editoriales del canal, más allá de la revisión de aspectos contractuales o financieros. Plural Comunicaciones argumentó que “las actuaciones del Ministerio de las TIC y de la SIC no constituían hechos aislados, sino que hacían parte de un contexto sistemático de hostigamiento institucional que buscaba incidir en la línea editorial y en la operación de un medio de comunicación independiente”, afectando la libertad de expresión, de información y de prensa.

La acción de tutela buscaba también garantizar la independencia del medio y proteger su concesión vigente hasta 2037, evitando que decisiones administrativas afectaran su operación y su línea editorial. La apelación permitirá que el caso sea revisado en segunda instancia, en medio de un debate nacional sobre libertad de prensa y seguridad jurídica de los medios.

Sin embargo, el juzgado señaló que la tutela no era el mecanismo adecuado para resolver este conflicto, ya que los accionantes no demostraron haber agotado los recursos administrativos y judiciales disponibles y tampoco acreditaron la existencia de un “perjuicio irremediable” que justificara la intervención inmediata de un juez.

El caso ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa en Colombia y el papel del Estado en la regulación de los medios. Analistas señalan que la incertidumbre sobre la concesión de Canal 1 podría afectar la confianza de inversionistas y la estabilidad del sector. Con la apelación, el Tribunal de Cundinamarca será el encargado de determinar si las actuaciones estatales afectan garantías constitucionales básicas y la seguridad jurídica del medio.

Mientras se resuelve el proceso, Canal 1 aseguró que continuará operando con normalidad y defendiendo el ejercicio libre del periodismo, al tiempo que mantiene la expectativa sobre un fallo que podría sentar precedentes sobre la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación en Colombia.

Tras conocer el fallo, Canal 1 anunció que presentará una impugnación ante el Tribunal de Cundinamarca. La compañía calificó la decisión como “un segundo round judicial para defender la continuidad del canal y la libertad de prensa”. Además, aseguró que la sentencia de primera instancia no abordó los derechos fundamentales de Plural Comunicaciones ni los riesgos que enfrenta la operación del canal, dejando abierta la posibilidad de nuevas vulneraciones.

Ambas entidades avanzaron en estrategias para proteger los derechos de los consumidores y garantizar que la información sobre proyectos inmobiliarios sea clara y suficiente para quienes buscan adquirir una vivienda.

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El Ministerio de Vivienda realizó la publicación de un proyecto de decreto para recibir observaciones de la ciudadanía. En el documento, se propuso armonizar el tope máximo del valor de la vivienda de interés social (VIS) en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv), siguiendo lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta medida apunta a evitar incrementos desproporcionados en los precios y a proteger la planeación financiera de los hogares colombianos.

Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, se reiteró el papel de vigilancia para asegurar que la información sobre precios de vivienda sea transparente y no genere confusiones.

Según la entidad, “la publicación de precios de vivienda en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error o confusión, al no reflejar de manera precisa el valor real del inmueble ni permitir una comparación objetiva entre las ofertas del mercado”. La normativa exige que los precios sean informados en pesos colombianos, de manera comprensible, clara y verificable.

El proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Vivienda no introduce un control directo de precios, sino que establece reglas para proteger a las familias compradoras.

De acuerdo con la Circular 004 de 2024 de la SIC y lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas relacionadas con el incremento anual del salario mínimo.

La medida pone límites a cualquier ajuste de precio, restringiéndolo a variables relacionadas con los costos de construcción y respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.

El objetivo central es evitar que el precio de la vivienda sufra incrementos abruptos, como los que podrían derivarse de aumentos en el salario mínimo.

En el comunicado se recalcó que existen prácticas consideradas contrarias a los derechos de los consumidores, como no fijar el precio en pesos colombianos, aplazar la firma de contratos para trasladar al comprador el efecto de futuros aumentos del salario mínimo y utilizar cláusulas contractuales que generen desequilibrios injustificados en perjuicio del comprador.

El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio recordaron a la ciudadanía varias recomendaciones para la adquisición de vivienda VIS y VIP.

Entre ellas, que el precio de la vivienda debe informarse siempre en pesos colombianos, de manera clara, completa y precisa, y que el consumidor solo está obligado a pagar el valor informado al momento de manifestar su voluntad de compra.

La Circular n.° 4 de 2024 de la SIC establece que tanto la publicidad como la fijación de precios de proyectos de vivienda deben realizarse en la moneda legal, conforme al artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.

Además, se enfatizó que los precios informados no pueden modificarse por el solo paso del tiempo, ya que esto vulnera el derecho a la información y puede constituir una cláusula abusiva. En los contratos de adhesión, cualquier disposición que genere un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor se considera ineficaz de pleno derecho.

Las entidades reiteraron su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de quienes buscan acceder a una vivienda.

“La información sobre precios debe ser comprensible, clara y verificable, de conformidad con el Estatuto del Consumidor”, señalaron en el comunicado. También invitaron a la ciudadanía a informarse y a ejercer sus derechos durante todo el proceso de adquisición de vivienda nueva.

El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio mantuvieron la coordinación para velar por el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la protección de los consumidores en el sector de la vivienda. El objetivo es asegurar que las familias colombianas puedan acceder a una vivienda digna, con reglas claras y precios justos, evitando incrementos injustificados y prácticas contractuales que puedan afectar sus derechos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este martes 13 de enero de 2026 en Bogotá que se tomarán medidas para “garantizar los derechos de las y los consumidores y protegerlos ante eventuales abusos que se presenten en el marco de la aplicación del salario mínimo vital”.

La entidad emitió un comunicado en respuesta a la discusión nacional sobre la determinación del salario mínimo vital para 2026, de cara a los potenciales incrementos en los costos de consumo, que, eventualmente, comenzarán a mostrar tarifas más elevadas.

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Las inquietudes y temores no son desde luego solo en las empresas. Los consumidores, especialmente quienes no devengan salarios basados en la cifra del nuevo salario mìnimo vital para el 2026, que verían sus bolsillos resentidos y una posible pérdida de capacidad adquisitiva,

Sin embargo, de acuerdo con la SIC, el modelo de economía social de mercado en Colombia exige a las empresas y comerciantes que actúen “con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios”.

Por lo tanto, la entidad recordó que la legislación vigente prohíbe “la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”.

Además, la autoridad de competencia aseguró que se mantendrá alerta para “evaluar las distintas denuncias y quejas que puedan surgir en el marco de estas funciones”.

SIC recordó los derechos de los consumidores

En su rol de autoridad de consumo, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirmó su compromiso con “la garantía de los derechos las y los consumidores”.

El organismo recordó que el Estatuto del Consumidor protege a los compradores frente a prácticas que puedan afectar su derecho a la información, la imposición de cláusulas contractuales abusivas, la publicidad engañosa y el incumplimiento en materia de garantías.

Respecto al sector vivienda, uno de los que puede resultar con más variables en las tarifas, según el la SIC señaló que, desde febrero de 2025, la Circular No. 4 de 2024 obliga al sector constructor a que “la publicidad y la fijación de los precios de los proyectos de vivienda debían hacerse en pesos colombianos, de conformidad a lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011”.

En el contexto de esa vigilancia, la entidad pidió información a más de 20 constructoras para “determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios, y verificar el cumplimiento de estas instrucciones”.

Adicionalmente, la entidad comentó que la Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología legal reforzará las acciones de verificación en los distintos regímenes de libertad regulada y control de precios, especialmente en sectores estratégicos como medicamentos y dispositivos médicos.

La SIC indicó que actualmente supervisa “un total de 36 mil productos” en el sector salud.

El comunicado concluyó que “desde la SIC, emprenderemos las acciones necesarias para garantizar las garantías y derechos de las y los consumidores, la preservación de un modelo de mercado en el que primen los intereses de los consumidores, se materialicen los principios fundantes de la economía social de mercado, en el que se repriman las prácticas abusivas que atenten contra el mercado y los consumidores”.

Mientras tanato, un incremento del 23% en el salario mínimo y un IPC anual de 5,1% determinarán el ajuste en los principales gastos de los hogares colombianos durante 2026.

Arriendos, matrículas educativas, peajes, servicios públicos y varias tarifas administrativas se actualizarán con base en la inflación, mientras que otros servicios, como el cuidado de personas y el servicio doméstico, reflejarán directamente el alza del salario mínimo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Rusinque explicó que estas acciones buscan debilitar la labor de la Superintendencia y frenar el control institucional sobre el mercado, afectando la supervisión de procesos que involucran billones de pesos destinados a la protección de personas cuya integridad está en riesgo.

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Estrategia de intimidación y asedio jurídico

Según la funcionaria, la información sobre un plan para manipular su capacidad de decisión fue revelada por un reconocido abogado penalista del país. De acuerdo con Rusinque, la estrategia consiste en desplegar ataques coordinados que proyecten la imagen de una funcionaria que actúa de manera ilegal o arbitraria, incluyendo acciones disciplinarias y penales, aun cuando carezcan de fundamento normativo.

“Pretenden enredarme y desgastarme mediante la instrumentalización del aparato judicial, pasando de investigadora a investigada, con el propósito de desviar la atención de los procesos que adelantamos en la entidad”, afirmó Rusinque.

La superintendente denunció además un componente de descrédito mediático, citando una reciente publicación de la revista Cambio como ejemplo de cómo se busca cuestionar la legalidad de las actuaciones de la SIC mientras se resaltan las posiciones de los investigados.

En este sentido, sostuvo que el titular y el contenido de la publicación se centraron de manera malintencionada en los puntos de vista de los involucrados en las investigaciones, omitiendo la fundamentación legal que respalda la labor de la Superintendencia.

Respaldos legales e institucionales

Rusinque enfatizó que las afirmaciones sobre la supuesta falta de competencias de la SIC carecen de sustento jurídico. Recordó que la legalidad de las visitas administrativas y del ejercicio de inspección y vigilancia ha sido respaldada por decisiones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros tribunales, además de estar amparada por la Constitución, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011.

“No estamos ante un debate de opiniones, sino ante hechos normativos y judiciales verificables”, aseguró la funcionaria, comparando la desinformación sobre la SIC con sostener que el sol sale de noche. Además, recordó que incluso un exsuperintendente como Pablo Felipe Robledo ha reconocido la validez legal de las actuaciones de la Superintendencia en esta materia, pese a discrepar del proyecto político actual.

Riesgos para la seguridad personal

Cielo Rusinque también denunció que los ataques no se limitan al plano jurídico o mediático, sino que representan riesgos reales para su seguridad. Según la funcionaria, hace unos meses fue objeto de seguimiento por sujetos armados en motocicletas de alto cilindraje que intentaron vulnerar su esquema de protección cerca de su domicilio.

La superintendente advirtió que estas amenazas podrían estar relacionadas con la intención de neutralizar o cooptar instituciones encargadas de la supervisión del mercado, generando un entorno en el que la corrupción y la impunidad podrían prosperar.

Defensa de la institucionalidad

A pesar de las intimidaciones, Rusinque reafirmó que la Superintendencia continuará cumpliendo con sus funciones de inspección, vigilancia y control, protegiendo a los consumidores y desmantelando estructuras que se apropian de recursos públicos de manera irregular.

La funcionaria subrayó que la presión mediática y jurídica no alterará el cumplimiento del marco normativo y judicial vigente, ni la prioridad institucional de garantizar mercados regulados y transparentes.

En un comunicado complementario en redes sociales, Rusinque sostuvo que se trata de “un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder que buscan paralizar las decisiones sobre investigaciones que implican recursos públicos destinados a la protección de personas cuya integridad corre peligro”.

Contexto institucional y legal

La denuncia de Cielo Rusinque se enmarca en investigaciones sobre colusión en contratos de vehículos blindados para la UNP, donde la SIC ha ejercido su autoridad de control sobre las empresas involucradas.

La funcionaria enfatizó que las acciones coordinadas en su contra buscan vaciar de contenido la capacidad institucional de la Superintendencia, reduciéndola a una entidad de papel, mientras los hechos públicos y verificables demuestran la legalidad de su actuar.

Rusinque concluyó que estas presiones evidencian la tensión entre grupos de poder económico y la labor de control institucional, y subrayó la importancia de que las investigaciones continúen en el marco de la ley y la jurisprudencia, sin interferencias externas que comprometan la transparencia en la contratación pública y la protección de ciudadanos en riesgo.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A., junto a nueve agencias de publicidad, cinco centrales de medios y 89 personas naturales, por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de pauta publicitaria en la televisión nacional abierta.

El pliego de cargos, comunicado el 19 de diciembre de 2025, señala posibles acuerdos anticompetitivos que podrían acarrear sanciones económicas significativas y alterar la dinámica del sector mediático colombiano.

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Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la investigación se fundamenta en evidencias recabadas mediante visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones de los involucrados, así como en el análisis de archivos y comunicaciones obtenidos durante la actuación administrativa.

El proceso cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y la Dian, y se centra en hechos ocurridos desde la redefinición de condiciones en el mercado televisivo establecida por la CRC en 2017.

La autoridad identificó indicios de múltiples acuerdos restrictivos entre los investigados, que incluirían la fijación de precios, el reparto de contratos y la coordinación de condiciones comerciales.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, estos mecanismos habrían limitado la competencia efectiva en la adjudicación, negociación y ejecución de contratos de pauta publicitaria, restringiendo la libertad de negociación tanto para anunciantes como para agencias y centrales de medios.

Además, se detectaron posibles pactos para la asignación de clientes y la imposición de criterios y reglas que condicionaban el acceso a beneficios económicos, como descuentos, ofrecidos por Caracol TV y RCN TV.

El impacto potencial de estas prácticas, según la entidad, se reflejaría en una distorsión del mercado de comercialización de pauta publicitaria, con consecuencias negativas para anunciantes, agencias, centrales de medios y consumidores finales.

La imposición de condiciones comerciales habría reducido la libertad de elección y la competencia, incrementando los costos para quienes no cumplieran con los requisitos exigidos y limitando la posibilidad de buscar alternativas en el mercado.

La Superintendencia de Industria y Comercio advierte que estas estrategias habrían restringido la libre iniciativa y la selección de proveedores, afectando el bienestar de la sociedad en general.

En cuanto a la etapa procesal, la formulación del pliego de cargos no constituye una sanción definitiva.

La Superintendencia de Industria y Comercio subraya que se trata de una fase en la que los investigados pueden ejercer su derecho de defensa, presentar descargos y aportar o solicitar pruebas.

La entidad enfatiza que la responsabilidad de los involucrados aún no se ha determinado y que el proceso garantiza el derecho de contradicción.

De comprobarse la existencia de las conductas restrictivas, los investigados podrían enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a la Ley 1340 de 2009.

La Superintendencia de Industria y Comercio prevé divulgar información adicional sobre las empresas, agencias y personas investigadas en los próximos días, mientras avanza la investigación sobre las presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de pauta publicitaria de la televisión nacional abierta.

El desarrollo de este proceso busca fortalecer la protección de los consumidores y asegurar que los mercados funcionen de manera transparente y competitiva, en beneficio de la economía y la sociedad colombiana.

La apertura del proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio marca un punto clave en la vigilancia sobre la competencia en el mercado de pauta publicitaria en televisión abierta. El caso evidencia el control institucional frente a prácticas que pueden limitar la libre negociación y la pluralidad de opciones para anunciantes y consumidores, y sitúa en el centro del debate la necesidad de reforzar la transparencia y la competencia en el sector mediático colombiano.

El accidente que cobró la vida de 16 estudiantes y un conductor del Liceo Antioqueño, el pasado domingo 14 de diciembre de 2025, dejó a Antioquia sumida en el luto y abrió múltiples interrogantes sobre la seguridad en la contratación de servicios de transporte escolar.

Detrás del siniestro, una voz emergió con fuerza desde las redes sociales: la maquilladora, emprendedora e influencer antioqueña Sara Alzate, que denunció a través de un video en Instagram su experiencia previa con Precoltur, la misma empresa encargada de la logística y del bus que terminó cayendo a un abismo de más de 80 metros de profundidad, dejando además al menos 20 heridos.

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En su testimonio, Sara Alzate relató que “voy a intentar hablar de este tema con todo el respeto y delicadeza que merece. Y lo voy a hacer porque muchas veces cuando se actúa a tiempo y con responsabilidad, se pueden evitar tragedias”.

Según narra la influencer, la experiencia ocurrió el 5 de julio de 2025, cuando contrató a Precoltur para transportar a las asistentes de uno de sus talleres de maquillaje desde la estación Envigado hasta el salón de eventos Le Pinot, ubicado en la loma del Escobero.

“Como anteriormente, yo estos talleres los había dictado en centros comerciales de fácil acceso, decidí contratar una empresa de transporte que me transportara a las asistentes... la cual creía yo que era confiable y responsable”, explicó Alzate.

El objetivo era facilitar el traslado seguro en una ruta que exigía precauciones adicionales, debido a su geografía fuera de la zona urbana.

Un viaje que terminó provocando que algunas de las asistentes se bajaran del bus

Sara Alzate aseguró que, al momento de pactar el servicio, un asesor de la empresa le recomendó que no usara un bus grande, pues la topografía del recorrido —con rieles y pendientes pronunciadas— demandaba vehículos medianos.

Ella aceptó la sugerencia y pagó por dos buses de tamaño adecuado.

Sin embargo, el día del evento, “los buses no habían llegado y se retrasaron. Adicional a esto, a los conductores de estos buses se les había indicado ‘EST Envigado’. Esa fue la indicación que les dio la empresa Precoltur a sus conductores, EST Envigado, que corresponden a las siglas de Estación Envigado. Y ellos, en lugar de irse para la estación Envigado, se fueron para el estadio de Envigado”, relató Sara.

Más adelante la emprendedora mencionó otros detalles que hicieron desagradable la experiencia, y hasta pusieron en riesgo a varias de las mujeres que iban con ella.

“Mandaron un bus grande y un bus pequeño, no los dos pequeños que me habían indicado. Justo al bus grande le asignaron un conductor que, al parecer, y según las palabras de las asistentes... no sabía conducir”, dijo Alzate.

El relato se agrava con las descripciones de los pasajeras, quienes afirmaron además que el conductor no estaba familiarizado con la ruta y que, durante el trayecto, “se subió en una acera”, dijo la maquilladora, y efectuó maniobras peligrosas y generó una situación de pánico.

“Unas niñas están estresadas... se bajaron como doce niñas y se subieron al más pequeño”, continuó Alzate.

Algunas de las pasajeras fueron abandonadas a la mitad del recorrido

Durante el desarrollo del evento, Sara Alzate recibió múltiples mensajes de las asistentes que reflejaron el caos y el miedo vivido en el trayecto.

“¿Sara, qué clase de transporte nos colocaste? Acá viene una niña y una mujer embarazada. Este señor no sabe manejar o el bus está fallando. Les juro que yo no sabía qué hacer. Me puse a llorar del estrés que tenía”, confesó la influencer en medio de la preocupación que se mezcló con pena en ese momento.

Según su testimonio, la situación llegó al extremo de que los conductores dejaron a las pasajeras en plena carretera, incumpliendo la totalidad del servicio contratado:

“Lo que hicieron los conductores fue decirles: ‘Niñas, hasta aquí llegamos, bájense’, y se fueron. Ni siquiera se quedaron esperando que llegara alguien por ellas. Simplemente les dijeron: ‘Bájense acá’, y se fueron, las dejaron en la carretera”.

La maquilladora detalló que, tras la experiencia, gestionó una denuncia formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Presenté una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la empresa Precoltur, queja que todavía al día de hoy no se ha solucionado ni me han dado respuesta”, indicó en el video.

Asimismo, y en charla con Infobae Colombia, la emprendedora confirmó que a pesar de haber hecho público el video ni la SIC ni Precoltur (Precolombina de Turismo) le han respondido hasta el momento.

Además, ella aportó testimonios de otras usuarias, incluyendo una madre que describió el episodio como:

“Extremadamente desagradable y preocupante para mis hijas y las demás personas que viajaban en el vehículo. El conductor mostró un comportamiento inadecuado, lo que generó una situación insegura para todos los que allí viajaban, incluyendo a menores de edad y una mujer embarazada”.

Alzate remarcó el nivel de estrés y ansiedad que sufrió tanto ella como las asistentes, algunas de ellas menores de edad y mujeres embarazadas, quienes “llegaban al lugar del evento hiperventilando, llorando y con ataques de ansiedad”.

Luego de pedir disculpas y tratar de reponer el evento, tuvo que contratar —a su costa— un nuevo servicio de transporte para garantizar el regreso seguro de las asistentes, toda vez que “yo no iba a permitir que mis asistentes volvieran a correr el menor riesgo y, por ende, no iba a permitir que se volvieran a subir jamás a un bus de Precoltur”, mencionó Alzate.

La respuesta que le dio Precoltur en ese entonces

En la queja y en su video, Sara Alzate también relata la respuesta de la empresa, que se excusó y le contestó que “ellos habían obrado de buena fe todo el tiempo” y argumentando que fue la influencer quien no aceptó el servicio de regreso por “decisión propia”.

Según la maquilladora, la empresa no mostró apertura para revisar la idoneidad de sus conductores, la condición de los vehículos ni sus protocolos internos, una omisión que, a su juicio, “pudo haber evitado una tragedia”.

La motivación pública de Alzate, según sus propias palabras, radica en la voluntad de contribuir a que se haga justicia y su experiencia ayude a esclarecer los hechos que empañaron la celebración de Navidad y Año Nuevo de 17 familias en Antioquia:

“Este video lo hago porque realmente me solidarizo con las familias y con las víctimas. Lo hago con el fin de que haya justicia y que mi experiencia sea de ayuda para la investigación”, cerró la empresaria.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció en la mañana del 17 de diciembre de 2025 la implementación de medidas reforzadas para impedir la venta de productos de tabaco, vapeadores y sus derivados a menores de edad en plataformas de comercio electrónico.

Esta acción se produce tras los primeros hallazgos de la aplicación de la Ley 2354 de 2024, conocida como Ley antitabaco, y forma parte de una serie de investigaciones y controles realizados durante agosto y septiembre de 2025 en 27 establecimientos de venta, tanto físicos como digitales.

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Según confirmó la SIC, diez de los comercios visitados habrían incurrido en vulneraciones a los derechos de los consumidores y a la normativa que restringe la exposición de menores a estos productos.

Los empaques estarían diseñados para atraer a menores: SIC

Entre las posibles infracciones se identificó la venta de productos con empaques diseñados para captar la atención de los menores, el uso de mecanismos que incentivaban o promovían la compra de estos productos en puntos de venta, y la omisión de información visible sobre los precios.

A través del comunicado oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad comentó: “El diseño de los empaques podría incentivar su consumo, contrariando la protección reforzada que la ley otorga a niños, niñas y adolescentes para salvaguardar su salud”.

La Dirección de Protección al Consumidor de la SIC también observó la utilización de instrucciones y advertencias sobre riesgos escritas solo en inglés, que dificultan el acceso a información esencial para tomar decisiones informadas por parte de los consumidores colombianos.

Además, múltiples plataformas electrónicas habrían incumplido la obligación de identificar de forma clara y visible sus datos empresariales, NIT y canales de contacto, así como condiciones de entrega, derecho de retracto y enlaces hacia la autoridad de protección al consumidor.

En dos pies de página, el comunicado incluyó a los grupos empresariales que deben seguir los refuerzos restrictivos:

“¹ Grupo Divervape S.A.S., My Vape S.A.S., Camilo Andrés Gutiérrez Cardona, Daniel Orlando Muñoz Nieto, Gustavo Medellín Lesmes, Juan Pablo Pedraza Peña, Daniel Alejandro Londoño Henao, Gragon Vape S.A.S., Joseph Steven Pinillos y Jessy Dan Rivera Cardona”, se lee en el documento.

“² Dislicores S.A.S., Torres Trillizas S.A.S. (TOTRI), Grupo DIY S.A.S., Bloommart Colombia S.A.S., Compañía Colombiana de Tabaco S.A.S., Vapor Soul S.A.S., C911 Group S.A.S., Almacenes Éxito S.A., Vapor Life Store S.A.S., Mister Hookah S.A.S. y Rappi S.A.S.“, agregó el comunicado.

Las regulaciones que impuso la SIC

Como parte de la respuesta regulatoria, la SIC expidió la Resolución 106801 de 2025, mediante la cual se ordenó a once empresas que comercializan cigarrillos, tabaco, vapeadores y dispositivos relacionados vía internet la implementación inmediata de controles robustos para evitar el acceso de menores a estos productos.

Entre las exigencias establecidas figuran la doble verificación de la mayoría de edad tanto al ingreso como al pago, leyendas visibles de restricción para menores, que digan “solo para mayores de 18 años”, filtros tecnológicos para bloquear compras de usuarios menores y la aplicación de alertas durante la entrega a domicilio.

En el comunicado de Superintendencia consta que “las plataformas contaban con controles insuficientes, como simples botones de confirmación de edad o advertencias poco visibles”.

Ante esta situación, se dispuso el diseño obligatorio de protocolos para verificar que las entregas a domicilio de estos productos solo se realicen a personas mayores de edad, respaldados con la verificación documental del receptor.

En cuanto a la gravedad de las infracciones, la SIC remarcó la ausencia de información suficiente sobre la disponibilidad de vueltas correctas en las transacciones, lo que constituye también una falta a la normativa de protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico.

La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró en su comunicado su compromiso en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Explicó que “la Entidad continuará realizando labores de verificación y control para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente en materia de tabaco y sus derivados”.

Las empresas investigadas, según confirmó la autoridad, tendrán oportunidad de ejercer su derecho de defensa en el marco de las garantías legales del sistema colombiano.

El Consejo de Estado negó varias solicitudes de pruebas presentadas por Cielo Rusinque dentro del trámite de la demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efectos su designación como superintendente de Industria y Comercio (SIC).

La decisión se adoptó una vez vencidos los traslados ordenados por el tribunal, luego de decretarse una prueba de oficio para precisar el alcance académico de un diploma francés en Derecho Constitucional aportado por la funcionaria como parte de su formación.

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De acuerdo con lo resuelto, el proceso continuará enfocado en el análisis de la certificación remitida por el Ministerio de Educación Nacional sobre los estudios adelantados por Rusinque en Francia.

El alto tribunal indicó que esa información corresponde exactamente a lo solicitado en el auto del 20 de noviembre de 2025 y será el insumo central para establecer si el título cumple con las exigencias académicas previstas para el ejercicio del cargo.

La controversia se origina en una demanda que cuestiona si Rusinque reunía los requisitos académicos y de experiencia al momento de su designación, formalizada mediante el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024. En ese contexto, los demandantes solicitaron verificar la equivalencia del “Diplome Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel” expedido en Francia, así como la pertinencia de la formación acreditada frente a las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pruebas rechazadas en el trámite

El despacho del magistrado ponente Pedro Pablo Venegas Gil rechazó las pruebas allegadas directamente por Cielo Rusinque, entre las que se encontraban artículos académicos, traducciones, resoluciones de convalidación de otros posgrados y documentos relacionados con su producción académica. Según lo decidido, estos elementos no guardaban correspondencia con el objeto específico de la prueba decretada de oficio.

De igual manera, el Consejo de Estado negó las pruebas solicitadas por el demandante Samuel Ortiz Mancipe, al considerar que no eran conducentes para el punto central del proceso, precisando que únicamente tendrá en cuenta la información remitida por el Ministerio de Educación Nacional sobre la equivalencia del título extranjero, al tratarse de la prueba expresamente ordenada para aclarar el nivel académico del programa cursado en Francia.

Avance del proceso

El 21 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado avanzó en el estudio del proceso que definirá la continuidad de Rusinque al frente de la SIC. En esa fecha, el magistrado Venegas Gil radicó el proyecto de fallo, mientras el expediente seguía su curso en la Sección Quinta de la corporación.

El proceso ha sido señalado como uno de los asuntos que deberá resolver el Consejo de Estado en 2026, debido a su complejidad y a la relevancia institucional del cargo en discusión.

La demanda contra el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro designó a Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, sostiene que la funcionaria no cumpliría con la experiencia requerida en áreas relacionadas con las funciones de la entidad.

En su escrito, Ortiz afirmó que “tras revisarse detalladamente la hoja de vida de Rusinque es posible colegir que no tiene experiencia en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos y propiedad industrial”, al señalar que su formación corresponde al título de abogada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de especialización y maestría en derecho constitucional y en investigación de estudios políticos.

El documento también alude a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), según las cuales la SIC debería operar “libre de control político directo para hacer cumplir las leyes de competencia”, dadas las implicaciones económicas de sus decisiones.

En ese sentido, los demandantes mencionaron la cercanía de Rusinque con el presidente Petro, al indicar que “un hecho notorio y público es que la señora Rusinque ha estado en el círculo cercano de Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como asesora de relaciones externas”.

Por su parte, la defensa de Rusinque y la Presidencia de la República han sostenido la legalidad del nombramiento, con base en jurisprudencia del propio Consejo de Estado. Según esa posición, “el superintendente es de libre nombramiento y remoción, por lo cual no se requiere concurso de méritos para su provisión”. La defensa argumentó además que no existe una norma que impida que personas con afinidad política con el Gobierno accedan al cargo.

En la jornada del jueves 12 de diciembre de 2025 se divulgó en la prensa nacional la resolución 292025 del 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la cual se conoció la ratificación de la sanción que se impuso contra cuatro empresa lácteas del país por la adición no permitida de lactosuero en sus productos.

Sin embargo, en ese momento, en los canales públicos de información de la SIC no se publicó nada al respecto mientras el documento de la resolución, inicialmente, era reservado.

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A propósito, la entidad emitió un comunicado en las horas de la mañana del viernes 12 de diciembre para confirmar los hechos, y explicar la resolución y los motivos de las sanciones contra las corporaciones de productos lácteos Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac.

Según el comunicado oficial de la SIC, la detección de altos niveles de caseinomacropéptido (CMP) en las muestras tomadas a productos de Gloria, Sabanalac, Lactalis (Parmalat) y Hacienda San Mateo superó el umbral de 100 microgramos por mililitro (μg/ml), lo que, en palabras de la autoridad, resulta “incompatible con un proceso natural de la leche y atribuible a la adición de lactosuero”.

En ese sentido, explicaron, las mediciones arrojaron valores que oscilaron entre 101 y 168 μg/ml, cifras que la SIC consideró determinantes para confirmar la infracción.

La SIC explicó la investigación que realizó el Invima

La investigación tomó en cuenta estudios científicos, así como opiniones técnicas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), organismo que certificó la confiabilidad de las pruebas al estar acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.

También el hecho de que algunos de los sancionados no lograron demostrar el uso de sus inventarios de lactosuero en productos distintos a la leche entera UAT, aspecto que reforzó la hipótesis de adulteración del producto.

La Superintendencia de Industria y Comercio explicó que la presencia de lactosuero viola lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 14 del Decreto 616 de 2006 y el artículo 8 de la Resolución 2997 de 2007 del Ministerio de Salud, los cuales prohíben su adición a la leche en Colombia.

Además, se efectuó una comparación de los costos de materia prima entre las empresas investigadas y otra firma del mismo segmento que no presentó altos niveles de CMP.

a SIC también concluyó que los precios de leche cruda adquiridos por tres de las sancionadas eran menores, lo que facilitó establecer infracciones a los artículos 11, relativos a actos de engaño, y 18, sobre incumplimiento de normas, de la Ley 256 de 1996.

La autoridad de competencia indicó que la manipulación del producto “indujo a error a los consumidores, quienes no contaban con los elementos de juicio para detectar la presencia de esta sustancia, afectando así su capacidad de decisión sobre la naturaleza y calidad del producto”.

Además, tres de las compañías obtuvieron “una ventaja significativa” en el mercado tras vulnerar la normativa vigente.

La Superintendencia reiteró su compromiso con la vigilancia de los mercados de productos esenciales para la canasta básica, asegurando acciones que “protejan las condiciones de competencia” y la información transparente para los consumidores.

El comunicado añadió que la entidad continúa los procesos de notificación y supervisión sobre el cumplimiento de la medida por parte de las empresas sancionadas.

El compendio legal colombiano es claro respecto a la prohibición del lactosuero en la leche destinada al consumo humano. El artículo 14 del decreto 616 de 2006, expedido por el entonces Ministerio de la Protección Social, establece que está prohibida la adición de lactosuero en cualquier etapa del proceso productivo de la leche.

Además, la normativa prohíbe la comercialización de productos denominados “leche” que presenten modificaciones en su composición natural, como ingredientes, aditivos o cualquier otra sustancia no autorizada por la legislación vigente.

Qué es lactosuero

El lactosuero es un líquido de tono amarillento o verdoso que se obtiene durante la elaboración del queso, tras la coagulación de la leche. Según la empresa española Nutritienda, este subproducto es ampliamente utilizado en la industria alimentaria para enriquecer alimentos, elaborar dulces y como espesante.

Su bajo costo lo convierte en una opción atractiva para algunas empresas que buscan aumentar el rendimiento de otros líquidos, incluida la leche.

Expertos consultados señalan que el lactosuero no es tóxico ni dañino, pero sus propiedades difieren de las de la leche pura. Por esta razón, su uso está regulado y restringido en productos que se comercializan bajo la denominación de leche. El Invima ha tomado muestras de marcas como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar para identificar la presencia de lactosuero en los productos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a 2.013 millones de pesos colombianos a Comcel S.A. (Claro) al determinar que la empresa vulneró el derecho a la portabilidad numérica de usuarios beneficiarios del programa Última Milla Móvil MINTIC – NavegaTIC, una iniciativa liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La sanción se notificó el 28 de noviembre mediante la Resolución 95096 de 2025, expedida por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la SIC.

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De acuerdo con la autoridad, Claro bloqueó procesos de portabilidad a usuarios del programa estatal, al asociarles una supuesta deuda pendiente con la compañía. Sin embargo, la SIC concluyó que la empresa no demostró la existencia real de tal obligación financiera.

La postura de Claro

A través de un comunicado oficial, Claro Colombia confirmó la notificación de la resolución y subrayó que la decisión no es definitiva, enfatizando que interpondrá los recursos de reposición y apelación que establece la legislación. “Durante la investigación administrativa presentamos argumentos y pruebas que desvirtúan los cargos imputados”, afirmó la compañía.

La empresa destacó que los recursos serán presentados ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios y, en el caso de la apelación, ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor. Esto mantiene abierta la posibilidad de que la sanción sea modificada o revocada.

Claro insistió en que “no vulneró el derecho de los usuarios ni incurrió en prácticas que afectaran la libre elección del operador”. La compañía sostuvo que, hasta que no se agoten los recursos definidos en la normatividad, el proceso no habrá concluido completamente.

La investigación de la SIC y las prácticas cuestionadas

Las indagaciones de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones se centraron en denuncias de beneficiarios del programa NavegaTIC.

Este programa público, impulsado por el MinTIC, busca promover la inclusión digital a través de la entrega de planes móviles gratuitos para estudiantes de colegios oficiales y población de estratos 1 y 2 en varias ciudades y municipios del país.

La SIC identificó que Claro rechazó múltiples solicitudes de portación argumentando una supuesta mora asociada a las líneas de dichos beneficiarios. Sin embargo, la autoridad determinó que la empresa no aportó evidencia que acreditara la existencia real de esa deuda.

“La consecuencia prevista era la pérdida del beneficio, no una obligación de pago que pudiera bloquear la portabilidad”, especificó la SIC.

La entidad concluyó que esa interpretación representó una barrera injustificada para que los usuarios ejercieran su derecho a cambiar de operador, pilar fundamental del régimen de portabilidad numérica en Colombia.

Compromiso declarado y derecho a la libre elección

En su pronunciamiento, Claro Colombia recalcó su compromiso con el cumplimiento del régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones. Apuntó que garantiza a sus clientes la posibilidad de ejercer el derecho a la portabilidad sin restricciones indebidas.

“Esperamos que, con el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas por Claro, se obtenga una nueva decisión por parte de la SIC”, expresó la compañía en su comunicado.

Tanto la SIC como Claro insistieron, con enfoques distintos, en la importancia de la portabilidad numérica como mecanismo que fortalece la competencia y la libre elección de los consumidores.

La autoridad regulatoria indicó que el caso evidencia la necesidad de supervisión permanente en el mercado de las telecomunicaciones para evitar prácticas que limiten los derechos de los usuarios.

Recursos legales pendientes

Contra la sanción impuesta proceden el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor. Mientras estas instancias se resuelven, la multa permanece en firme en primera instancia.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la sanción impuesta a las empresas lácteas Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac por comercializar productos etiquetados como leche entera que, en realidad, contenían lactosuero, una sustancia no permitida en este tipo de alimentos.

Esta decisión, que ya estuvo en proceso de notificación y no admitió recurso de reposición, implicó que las empresas incurrieron en prácticas que engañaron a los consumidores sobre la verdadera naturaleza y calidad de la leche, además de alterar la transparencia del mercado.

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La determinación fue dada a conocer a través de la Resolución 102925 del 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio, documento que fue publicado por Caracol Radio.

Allí se lee: “Que mediante la Resolución No. 4168 del 11 de febrero de 20251 (en adelante “Resolución No. 4168 de 2025” o “Resolución Sancionatoria”), la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que GLORIA COLOMBIA S.A.S. (en adelante “GLORIA”), LACTALIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante “LACTALIS”), COMPAÑÍA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LÁCTEOS LTDA. (en adelante “HACIENDA SAN MАTЕО”) у SABANALAC S.A.S. (en adelante “SABANALAC”), violaron lo previsto en el artículo 11 de la Ley 256 de 1996, al incurrir en la conducta desleal de engaño. Asimismo, se estableció que GLORIA, LACTALIS y HACIENDA SAN MATEO, violaron previsto en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, al incurrir en la conducta desleal de violación de normas. Por lo anterior, se impusieron las respectivas sanciones pecuniarias a las personas jurídicas mencionadas"

En el análisis final del expediente, la SIC determinó que Gloria, Lactalis y Hacienda San Mateo obtuvieron una ventaja competitiva indebida al reducir costos mediante la adulteración, compitieron de manera desleal frente a compañías que sí cumplieron con la normativa.

En el caso de Sabanalac, aunque se comprobó la adulteración, no se evidenció que la empresa hubiera obtenido un beneficio competitivo.

La investigación incluyó muestras de marcas como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar, todas comercializadas por las empresas sancionadas.

“Descendiendo al caso concreto, se evidenció que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 14 del Decreto 616 de 2006 y el artículo 8 de la Resolución No. 2997 de 2007 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL está prohibido añadir lactosuero a la leche”, se lee en la resolución.

La resolución de la SIC se fundamentó en pruebas aportadas por el Invima, que detectó concentraciones elevadas de CMP (lactosuero) en diversas marcas.

Así identificaron que sí había lactosuero

Entre las páginas diez y diecisiete del expediente, se documentaron análisis que descartaron que estos niveles pudieran atribuirse a factores biológicos, ambientales o de manipulación.

"GLORIA, LACTALIS, HACIENDA SAN MATEO y SABANALAC señalaron que la presencia de CMP en la leche no prueba la adición de lactosueros. Precisaron que esta Superintendencia valoró erradamente los resultados de las pruebas realizadas por el INVIMA“, consta en el documento.

Allí se agrega que: “Expuestos los argumentos presentados por las sancionadas, este Despacho considera que no están llamados a prosperar con fundamento en las razones que se presentan a continuación. En primer lugar, debe señalarse que la presencia de CMP sí permite determinar la adición de lactosueros en la leche”.

Además, se identificaron inventarios de lactosuero sin justificar y costos de insumos anormalmente bajos, lo que reforzó la conclusión de que existió adulteración deliberada.

La primera sanción se emitió el doce de febrero de este año, y tras revisar los recursos de reposición presentados por las empresas, la SIC concluyó que no lograron desvirtuar los hallazgos que evidenciaban la presencia de CMP incompatible con la composición natural de la leche.

La entidad sostuvo que estas prácticas vulneraron los derechos de los consumidores y afectaron la transparencia del mercado, mantuvo en firme todas las sanciones impuestas en febrero.

Por su parte, Lactalis rechazó la sanción de la SIC y afirmó que no adulteró su leche.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Claro por vulnerar el derecho a la portabilidad numérica de los usuarios beneficiarios del programa Última Milla Móvil Mintic 1, según lo establecido en la Resolución 95096 de 2025.

La entidad determinó que Comcel S.A. (Claro) rechazó múltiples solicitudes de portación, argumentando la existencia de una supuesta mora asociada a líneas pertenecientes a beneficiarios del plan ‘Última Milla Móvil Mintic 1 NavegaTIC’.

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La investigación concluyó que la conducta de la empresa constituyó un incumplimiento de las obligaciones en el régimen de portabilidad numérica, lo que llevó a la imposición de una multa superior a $2.013 millones.

La Superintendencia explicó que el programa ejecutado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tenía como objetivo “promover la inclusión digital, mediante la entrega de planes móviles a estudiantes de instituciones educativas oficiales, así como a población en condición de vulnerabilidad, en estratos 1 y 2, de diversos municipios del país”.

Los beneficiarios del programa accedían al servicio sin contraprestación económica mensual, recibiendo “navegación con un paquete de datos y minutos ilimitados para llamadas nacionales, además de acceso sin consumo de datos a un conjunto de páginas web y aplicaciones de interés educativo y ciudadano”, según el comunicado oficial que se conoció el 11 de diciembre de 2025.

La falta cometida por Claro radicó en que, aunque las condiciones del programa establecían que los usuarios que realizaran la portabilidad de su línea perdían el beneficio otorgado por el MinTIC, la empresa “interpretó dicha consecuencia como una supuesta deuda o ‘mora’ y, con base en ello, rechazó las solicitudes de portabilidad numérica, sin que pudiese acreditar la existencia real y efectiva de la supuesta mora de los usuarios”, señaló la Superintendencia de Industria y Comercio.

La entidad consideró grave esta conducta porque “Claro vulneró el derecho de los usuarios a elegir y a cambiar su operador, uno de los pilares del régimen de portabilidad numérica, el cual busca -precisamente- que en el mercado no se presenten barreras o prácticas que afecten la libertad de elección individual”.

La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que con esta decisión “reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las y los usuarios en el mercado de las telecomunicaciones, y da cuenta de las acciones efectivas que ha venido implementado la SIC del Cambio en pro de un mercado basado en la garantía de los derechos de los consumidores”.

Contra la sanción impuesta, la Superintendencia informó que procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.

Jennifer Pedraza se fue en contra de la superintendente Cielo Rusinque

La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la integración entre Tigo y Movistar el 14 de noviembre, una decisión que, según la superintendente Cielo Rusinque, busca “mayor cobertura, mayor calidad y mejor precio para los consumidores, y mejores condiciones de acceso al servicio”.

Rusinque afirmó que la medida fue resultado de un proceso de concertación y que se establecieron condiciones para proteger la competencia frente a Claro y evitar impactos negativos en el sector.

Desde la segunda mitad de noviembre, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha manifestado su desacuerdo, advirtiendo que la unión de las empresas podría reducir la competencia y afectar el desarrollo del sector de telecomunicaciones.

Pedraza sostuvo que la falta de acciones para limitar la posición dominante de Claro no justifica la creación de un duopolio, y reclamó regulaciones más estrictas y mayor transparencia en la administración del Fondo Único de las TIC.

En una de sus publicaciones, la congresista afirmó: “Eso es darle más veneno al intoxicado. Al revés, era hora de darle el antídoto. Y rectificar limitando al dominante y manejando transparentemente el Fondo Único de las TIC”.

La funcionaria Cielo Rusinque defendió la decisión en redes sociales, señalando que algunos medios estaban distorsionando la información y que la integración fue aprobada con condicionamientos para “intensificar las dinámicas competitivas en el sector y proteger los derechos de los usuarios”.

Rusinque aseguró que los agentes del sector se verán beneficiados y que se espera un impacto positivo inmediato en las tarifas.

Por su parte, Jennifer Pedraza criticó abiertamente la lógica de permitir la formación de un duopolio, considerando que no promoverá una mayor competencia.

En su cuenta de la red social X, la legisladora escribió: “Aprobar la creación de un duopolio = ‘intensificar la competencia’. Ese cuento no se lo cree nadie. Es microeconomía de primer semestre Señora Rusinque”. Pedraza también señaló que, en una situación similar bajo otro gobierno, la superintendente habría adoptado una postura crítica.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia negó una solicitud presentada por Sergio Fajardo, aspirante presidencial, que pretendía la eliminación temporal de un video en la red social Tiktok.

El material audiovisual pertenece a la cuenta @elcontralorcol, gestionada por el excontralor y precandidato presidencial, Felipe Córdoba.

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En la petición formal, tramitada el 4 de noviembre de 2025, Fajardo argumentó que el video integraba una campaña de desinformación que afectaba su reputación y empleaba su imagen, voz y nombre sin autorización.

El contenido señalado por Fajardo corresponde a un episodio titulado Hidroituango: la historia.

Dentro del video se incluyen segmentos en los que aparece Fajardo. Según su reclamación, “hacía parte de una campaña sostenida de desinformación”, situación que habría comenzado desde el proceso electoral de 2022 y afectado su reputación pública.

Además, el aspirante añadió que la difusión del material en la plataforma social constituía “un tratamiento no autorizado de datos personales sensibles” y que el alcance masivo de Tiktok agravaba los efectos sobre sus derechos fundamentales.

Al recibir la solicitud, la SIC revisó el enlace presentado por Fajardo y su representación legal.

Conforme a la respuesta oficial de la Superintendencia, el video en cuestión integra una miniserie documental híbrida que aborda hechos de actualidad, protagonizada por Córdoba.

En la evaluación de la reclamación, la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC señaló que la solicitud no cumplía con el criterio de ámbito de aplicación dispuesto en la Ley 1581 de 2012.

La respuesta oficial estableció que “en general, las cuentas personales en redes sociales no se consideran bases de datos reguladas por esta ley”.

De esta manera, las obligaciones previstas por la normativa —como políticas de privacidad, sistemas de autorización y medidas de seguridad— no pueden extenderse a cualquier usuario particular, ya que ello “sería una situación absurda y contraria al propósito de la norma”, según expresó la delegatura en su decisión notificada a Fajardo.

El documento también sostuvo que “los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político deben resolverse mediante los mecanismos judiciales adecuados, y no a través de los procedimientos administrativos de protección de datos personales”.

La autoridad administrativa recordó que la Ley 1581 de 2012 fue diseñada para regular el manejo de datos personales en bases de datos estructuradas, y no para controlar publicaciones individuales o esporádicas en plataformas sociales.

“La ley a la que acude la reclamación de Fajardo no fue creada para regular publicaciones ocasionales de información personal en redes sociales, ni para restringir contenidos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, incluso si incluyen imágenes, nombres o referencias a figuras públicas”, indicó la SIC.

Además, precisó que el contenido del video podría estar amparado por la libertad de expresión y de información.

Según la respuesta oficial, “el contenido del video podría estar protegido por la libertad de expresión y de información, especialmente porque trata temas de debate público, y menciona a personajes con proyección política, como Sergio Fajardo y Felipe Córdoba”.

La autoridad indicó además que los mecanismos judiciales constituyen la vía para dirimir disputas relativas a la veracidad, reputación o límites del discurso político.

Así quedó consignado en el documento en el que se respondió a la solicitud de Fajardo: “Los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político deben resolverse mediante los mecanismos judiciales adecuados, y no a través de los procedimientos administrativos de protección de datos personales”.

La respuesta formal de la SIC señaló que, si bien la protección de datos personales es una garantía fundamental, existen límites previstos por las libertades de expresión e información cuando se refiere a temas de relevancia pública, incluidos aquellos en los que se mencionan figuras con activa participación en asuntos estatales o procesos electorales.

Finalmente, la decisión de la Superintendencia planteó que, en este caso, “los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político” deben dirimirse ante la justicia ordinaria y no mediante trámites administrativos ante la protección de datos.

El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá admitió para estudio la acción de tutela interpuesta por Plural Comunicaciones S. A. S., empresa concesionaria encargada de la programación y operación de Canal 1, en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La decisión fue adoptada por la juez Adriana del Pilar Camacho Ruidíaz mediante auto fechado el 9 de diciembre de 2025, después de confirmar que la solicitud cumplía los requisitos legales para su análisis judicial.

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La acción judicial fue radicada el pasado 26 de noviembre por el apoderado de la compañía, Jorge Tirado Navarro, y inicialmente remitida por el Consejo de Estado a los juzgados administrativos de Bogotá. El caso fue asignado al Juzgado 37 Administrativo el 5 de diciembre, según el acta de reparto correspondiente.

Según el auto de admisión, la jueza reiteró que, conforme a lo establecido en el Decreto 799 de 2025, las acciones de tutela dirigidas contra entidades del orden nacional deben ser conocidas en primera instancia por los jueces del circuito. Bajo ese marco, el despacho consideró que la competencia para evaluar la solicitud presentada por Plural Comunicaciones recaía sobre su jurisdicción.

Inicio formal del proceso

Como parte del trámite, el juzgado ordenó notificar de manera inmediata al MinTIC y a la SIC sobre la admisión de la acción. Ambas entidades deberán entregar, en un plazo de dos días, un informe detallado sobre las actuaciones adelantadas frente a Plural Comunicaciones, las respuestas emitidas y los antecedentes administrativos relacionados con los hechos descritos en la tutela.

Asimismo, los organismos deberán remitir el expediente completo y precisar qué funcionarios están encargados de atender el caso y de ejecutar un eventual fallo. El despacho advirtió que, si los informes no son entregados dentro del término legal, los hechos expuestos por el accionante podrán presumirse ciertos, de acuerdo con los artículos 19 y 20 del Decreto-Ley 2891 de 1991.

La juez también reconoció la personería al abogado Jorge Tirado Navarro como representante legal de Plural Comunicaciones y dispuso la práctica de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos presentados en la solicitud.

Argumentos expuestos por Plural Comunicaciones

En la tutela, Plural Comunicaciones sostiene que decisiones y actuaciones del MinTIC y la SIC han afectado sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información y debido proceso.

La compañía afirmó que este escenario se manifiesta en el incremento de agresiones contra periodistas, en episodios de estigmatización de medios independientes y en un ambiente de presión hacia quienes desarrollan labores informativas. En ese escenario, Plural Comunicaciones argumenta que el Gobierno nacional habría desplegado acciones que impactan la operación editorial y empresarial de Canal 1.

La empresa señaló que funcionarios, incluido el presidente Gustavo Petro, habrían hecho señalamientos sobre directivos del canal, en especial sobre Ramiro Avendaño. De acuerdo con la tutela, “estas declaraciones afectan la credibilidad del medio y configuran un escenario de estigmatización que interfiere con el ejercicio informativo de Canal 1”.

Plural Comunicaciones manifestó también que se han anunciado procesos para abrir una nueva licitación del canal, pese a que el Contrato de Concesión No. 001 de 2017 se encuentra vigente. Según la empresa, estos anuncios, sumados a comentarios en escenarios públicos, constituirían presiones que podrían afectar la continuidad del contrato y la línea editorial del medio.

Además, la tutela indica que el MinTIC y la SIC han adelantado procedimientos sancionatorios que, a juicio de la compañía, se desarrollan en contravía de la normatividad y podrían derivar en la suspensión o revocatoria de la concesión. En su solicitud, la empresa sostiene que estas actuaciones representan una forma de interferencia que alteraría el adecuado desarrollo de la actividad informativa y administrativa del canal.

Con la admisión de la tutela, el proceso entra en etapa de análisis judicial, mientras el despacho espera los informes requeridos a las entidades demandadas. Solo una vez recibidos y evaluados los documentos, el Juzgado 37 Administrativo determinará si existió o no una vulneración de derechos fundamentales por parte del MinTIC y de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó para comentarios un borrador de circular en el que establece directrices sobre el tratamiento de datos con fines políticos o electorales, particularmente en actividades de publicidad, marketing y prospección de votantes.

El documento se presenta ante la proximidad de las elecciones de Congreso y de Presidencia que se realizarán en 2026.

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Según el borrador, la entidad reafirma su función de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales y advierte sobre prácticas extendidas en campañas políticas que implican el uso de información privada sin autorización.

Entre las instrucciones resaltadas, la SIC señala que “no está permitido agregar a una persona a grupos de mensajería instantánea (como WhatsApp o servicios similares), a listas de distribución, boletines electrónicos o bases de datos de envío masivo, (...) sin verificar previamente la existencia y validez de la autorización”.

Reglas sobre tratamiento y autorización

El borrador recuerda que todo tratamiento de datos personales debe cumplir plenamente con la Ley 1581 de 2012. En particular, se exige que los responsables del tratamiento obtengan una autorización libre, previa, expresa e informada del titular antes de recolectar o utilizar cualquier dato. La circular precisa que esta autorización debe estar incorporada de manera clara en los canales físicos y digitales a través de los cuales se obtiene la información de ciudadanos.

La SIC establece que los canales de recolección deben incluir de forma visible la Política de Tratamiento de Datos Personales, los Avisos de Privacidad y los mecanismos de autorización. Además, el documento recalca que no es legítimo solicitar datos mediante finalidades engañosas o poco claras, como aparentes trámites o beneficios inexistentes.

La circular también detalla que el uso de herramientas digitales que permiten cargar bases de datos propias para segmentación o contacto —por ejemplo, listas de correos o números telefónicos— constituye tratamiento de datos personales, lo que obliga a demostrar la existencia de la autorización previa del titular para dicho uso dentro de plataformas.

Prohibiciones: perfilamiento político y ‘deepfakes’

Otro de los puntos centrales es la prohibición de elaborar perfiles basados en información que revele ideología política, ya sea por recolección directa o mediante inferencias generadas a partir de otros datos. La SIC recuerda que este tipo de información corresponde a datos sensibles y, salvo excepciones establecidas en la ley, su tratamiento está prohibido.

El borrador señala que la elaboración de perfiles que busquen clasificar o predecir la orientación política de una persona afecta la intimidad y puede generar riesgos de discriminación, además de abrir la puerta a prácticas de manipulación mediante publicidad segmentada basada en vulnerabilidades detectadas.

La entidad también incluye una advertencia específica sobre el uso de contenidos sintéticos. La instrucción indica que los sujetos vigilados deben abstenerse de generar o difundir deepfakes, definidos como representaciones audiovisuales creadas mediante inteligencia artificial que aparentan ser reales. De acuerdo con el documento, “la creación o el uso de deepfakes que suplanten o atribuyan falsamente identidad, actos o manifestaciones a una persona puede constituir el delito de falsedad personal agravado”.

Segmentación, publicidad política y transparencia

En materia de publicidad digital, la SIC indica que los responsables del tratamiento deben garantizar que los ciudadanos entiendan cómo se utilizaron sus datos para dirigirles mensajes políticos. Para ello, los avisos de privacidad deben informar los criterios aplicados para la segmentación, la lógica general empleada, las categorías de datos usadas, la fuente de esos datos y si en el proceso intervienen sistemas de inteligencia artificial.

Adicionalmente, los sujetos vigilados deben mantener un registro documental de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña. Ese registro debe coincidir con la información reportada por las plataformas en sus bibliotecas de anuncios y estar disponible para revisión de la superintendencia cuando esta lo requiera.

La circular contempla también una excepción limitada para partidos y movimientos políticos: estos pueden enviar mensajes informativos únicamente a sus miembros o a personas con quienes mantengan contacto regular por su finalidad política, conforme al artículo 6 de la Ley 1581. Dichos datos no pueden ser entregados a terceros sin autorización expresa del titular.

La entidad señala que estas instrucciones pretenden proteger los derechos de electoras y electores, garantizar la transparencia de las campañas y evitar prácticas que puedan distorsionar la deliberación democrática.

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción de más de 5.300 millones de pesos a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y a ocho de sus directivos por abusar de su posición de dominio y restringir la gestión individual de derechos patrimoniales de autor.

En la jornada del 26 de noviembre de 2026 emitió un extenso comunicado con “el que se permite aclarar el contenido de su decisión en el caso”, para explicar con detalle de qué se trata la acción, que calificó como una respuesta a “comportamientos objeto de reproche”.

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La decisión quedó consignada en la Resolución No. 90629 del 5 de noviembre de 2025 y fue notificada a los sancionados el 18 de noviembre, aunque es susceptible de recurso de reposición y aún no se encuentra en firme, según informó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de un comunicado oficial.

El organismo señaló que Sayco, al ser la única sociedad autorizada para gestionar colectivamente los derechos a la comunicación pública de los autores y compositores en Colombia, impidió a los titulares la posibilidad de gestionar individualmente los derechos patrimoniales de sus obras.

“La Superintendencia encontró que la sociedad impuso distintas restricciones injustificadas a los afiliados que decidieran reservarse la gestión de alguna de estas modalidades a la gestión individual”, afirmó la SIC.

Entre esas restricciones, la entidad identificó que quienes optaron por la modalidad individual no podían ser considerados socios, lo que les quitó el derecho a participar en los órganos directivos de Sayco.

El comunicado oficial detalló que la organización exigía a esos afiliados “el deber de asumir la obligación de pagar un 10% adicional de la tarifa cobrada a los socios para la gestión de sus derechos, recursos que se destinaban según Sayco a la financiación de los programas sociales y económicos de la organización, pero cuyos beneficios se les impedía disfrutar al no tener la categoría de socios, creando unos desincentivos claros para quienes optaran por la modalidad de gestión individual”.

Según la Superintendencia, las irregularidades también incluyeron el condicionamiento de la prestación del servicio de gestión colectiva de una modalidad de comunicación pública (como los derechos generados por establecimientos de comercio) a que los autores cedieran a Sayco la administración de todas las formas de comunicación pública (televisión, radio, conciertos y otros usos).

La SIC advirtió que la sociedad, además, “diseñó contratos de mandato que impiden a los autores y compositores ejercer de manera individual las formas de comunicación pública para la gestión individual, e impidió a varios afiliados modificar los contratos existentes para recuperar la gestión individual de algunas de las modalidades de comunicación”.

Además, remarcó: “A pesar de tener la capacidad técnica, no realizó las adecuaciones pertinentes que la SIC le exigió en noviembre de 2016, en una revisión previa, para facilitar la gestión individual por parte de sus afiliados”.

A partir de la investigación administrativa, la SIC concluyó que las conductas descritas “afectaron a los distintos autores y obstruyeron que empresas y empresas especializadas en la gestión individual de derechos patrimoniales pudieran prestar sus servicios a los creadores de música a nivel comercial”.

Las medidas que tomó la Superintendencia en contra de Sayco

La autoridad adoptó medidas adicionales que deben implementarse y acreditarse durante al menos tres años, bajo supervisión estricta. “Estas medidas estructurales y comportamentales están dirigidas a restablecer las condiciones de competencia en el mercado afectado”, enfatizó la entidad.

Las acciones comprenden la modificación de contratos, la comunicación directa a los afiliados sobre la posibilidad de gestión individual y la ejecución de un Programa de Cumplimiento del Derecho de la Competencia, supervisado por la SIC.

Para la Superintendencia, “además de la sanción económica, estas medidas resultan ser esenciales para el correcto funcionamiento de la industria musical”.

El comunicado sostuvo, además: “Esto no solo permitirá la creación de un mercado de remuneración más justa y real a estos titulares, sino que habilitará que compañías con tecnologías innovadoras ofrezcan de manera más eficiente sus servicios de gestión musical, facilitando la labor que desempeñan los artistas”.

El proceso culminó con la expedición de la Resolución No. 90629 del 5 de noviembre de 2025, notificada formalmente y susceptible de recurso.

La SIC reafirmó que, en su compromiso, “hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes dadas para velar por un mercado de gestión de derechos patrimoniales de autor más justo, eficiente y favorable para autores, compositores en Colombia”.

Mientras las miradas del sector comercio y financiero siguen atentas a los movimientos regulatorios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) avanza con procesos sancionatorios que podrían modificar el panorama competitivo de dos actores clave, Corabastos y Mastercard. La entidad, que también inició un proceso formal contra Rappi por presuntas vulneraciones a derechos de los consumidores, no aceptó las propuestas de estas dos organizaciones para frenar los procesos en curso.

Corabastos, epicentro del comercio mayorista de alimentos en Colombia, atraviesa uno de los momentos regulatorios más delicados de los últimos años. La central intentó presentar un conjunto de garantías ante la SIC, en busca de cerrar anticipadamente la investigación que le adelanta la entidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por considerarse insuficiente y poco efectiva para corregir la conducta que motivó la apertura del proceso.

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Según la SIC, el centro del caso contra Corabastos está en un acuerdo interno que, presuntamente, limita el ingreso de nuevos comercializadores, especialmente aquellos con mayor músculo financiero. Esta medida, de comprobarse, constituiría una restricción a la libre competencia, ya que impide que nuevos actores entren al mercado mayorista en condiciones equitativas.

La superintendencia advirtió que este tipo de prácticas crea un entorno cerrado que favorece a los operadores ya establecidos y reduce la posibilidad de que otros ofrezcan mejores precios o servicios. Además, considera que las garantías ofrecidas por Corabastos no representan un cambio real ni aseguran que la conducta no se repita, razón por la cual decidió rechazar la propuesta y seguir adelante con el proceso sancionatorio.

Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que los compromisos ofrecidos no garantizaban que la conducta cesara ni que se produjera un cambio estructural en la forma como opera la entidad. Para la autoridad, tampoco había certeza de que los hechos no se repitieran, lo que refuerza su decisión de continuar con la investigación y no reemplazar una eventual sanción por las garantías ofrecidas.

Más allá de los aspectos jurídicos, lo que está en juego es de alto impacto para el consumidor final. Corabastos es un engranaje fundamental en la cadena de abastecimiento de alimentos en Colombia. Si se comprueba que existe una barrera de entrada para nuevos comercializadores, las consecuencias pueden sentirse directamente en los precios, la variedad y la disponibilidad de productos frescos para millones de hogares.

En paralelo, otra gigante está siendo examinada con rigurosidad. Mastercard también intentó frenar el proceso sancionatorio en su contra presentando garantías, pero corrió la misma suerte que Corabastos, la SIC las rechazó. El caso gira en torno a posibles afectaciones a la competencia en el mercado de pagos electrónicos.

La entidad sostiene que las propuestas de Mastercard no ofrecían claridad ni solidez sobre los cambios que asumiría la compañía para eliminar la conducta investigada. Tampoco garantizaban un impacto real que corrigiera la situación denunciada. Como resultado, la superintendencia continuará con el proceso, que podría derivar en sanciones o medidas regulatorias adicionales.

Ambos casos ponen en evidencia el enfoque que tomó la SIC en los últimos meses, un control más estricto sobre prácticas que, según la entidad, pueden distorsionar el funcionamiento justo y abierto del mercado. La apuesta está en proteger tanto a los consumidores como a los pequeños y medianos actores que dependen de condiciones competitivas para operar.

“Corabastos cumple un papel estratégico en el país, ya que es un eje central en la distribución de productos agropecuarios de primera necesidad”, reiteró la superintendencia. Precisamente por eso, el margen de tolerancia frente a prácticas restrictivas es más estrecho. En el caso de Mastercard, el impacto se mide en términos de inclusión financiera y acceso a medios de pago en un país donde la digitalización aún enfrenta desafíos estructurales.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas que superan los $3.068 millones a diez empresas que ofrecieron productos durante el Black Friday 2024 por incumplir normas de información, garantías y condiciones en sus ofertas.

Esta sanción, anunciada este 25 de noviembre de 2025 en Bogotá, corresponde al resultado de una vigilancia adelantada por la SIC sobre cerca de 60 comercios electrónicos, con el objetivo de supervisar la protección efectiva de los consumidores durante las promociones de la temporada.

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Según informó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las empresas sancionadas utilizaron canales electrónicos para promocionar bienes y servicios durante la jornada de descuentos.

Entre las compañías afectadas se encuentran Bigfoot Colombia S.A.S., Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airfal Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S., Comercializadora Baldini S.A., Makro Supermayorista S.A.S., Almacenes Maximo, Sodimac Colombia S.A. e Inversiones Blo S.A.S. La lista fue proporcionada directamente por la autoridad en su comunicado oficial.

Entre las conductas detectadas, la SIC identificó fallas como la ausencia de información clara respecto a los requisitos para acceder a las promociones, la falta de especificaciones sobre la calidad y cantidad de productos ofertados, y omisiones sobre derechos fundamentales del consumidor, como el derecho de retracto y los procedimientos de reversión de pagos.

Además, algunas empresas exigieron documentación adicional o facturas para ejercer la garantía legal, y no ofrecieron canales adecuados de atención para radicar y consultar reclamaciones.

El documento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también especificó que varias empresas no habilitaron mecanismos electrónicos que permitieran a los usuarios conectarse directamente con la autoridad de defensa del consumidor.

Según la misma entidad, otras prácticas incluyeron disposiciones restrictivas que condicionaban el ejercicio de derechos a la presentación de documentos adicionales e imposibilidad de reclamar reposiciones en eventos como la pérdida o extravío de tarjetas de regalo.

El monto total de las multas, $3.068.673.280, corresponde a la gravedad y reiteración de las infracciones cometidas. La sanción busca promover la transparencia en el comercio digital y fortalecer la confianza de los consumidores, permitiendo una toma de decisiones informada en el mercado.

Con esta acción, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reiteró su compromiso de seguir garantizando la correcta aplicación de las normas que protegen a quienes adquieren bienes y servicios en Colombia.

La autoridad anunció que durante el Black Friday de 2025 continuará ejerciendo vigilancia, para asegurar el respeto de los derechos de los consumidores y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los comercios electrónicos.

Cuándo es el Black Friday 2025

El Black Friday se celebrará el viernes 28 de noviembre tanto en Estados Unidos, pero también en Colombia, con descuentos y promociones que impulsan el consumo.

Aunque el evento nació en territorio estadounidense y se desarrolla en casi todo el mundo, en Colombia se ha consolidado como una fecha clave para el comercio especialmente electrónico, con más de 60% de las compras realizadas en línea, según Jhon Torres Jimenez, analista macroeconómico en Native Capital Management y director de Planeación de la Uniagustiniana, citado por La República.

No obstante, la diferencia de precios entre ambos mercados (estadounidense y colombiano) varía según la categoría de producto. Aunque los dispositivos electrónicos suelen ser más económicos en el mercado estadounidense, los costos de envío, riesgos de daño y posibles incompatibilidades técnicas pueden contrarrestar la diferencia de precio.

Torres explicó a La República que los precios en tecnología y calzado están determinados por factores como los aranceles y el IVA de 19% aplicado en Colombia, frente a impuestos al consumo más bajos y variables en Estados Unidos, lo que genera una brecha inmediata en el precio final.

Un paralelo realizado por el medio económico lo demostró: la diferencia de precios entre ambos mercados varía según la categoría de producto. Por ejemplo, el brazalete de Pandora se consigue durante el Black Friday en Estados Unidos por $212.200, mientras que en Colombia el mismo artículo cuesta $279.900.

En el caso de la camiseta oficial del Real Madrid 24/25, el precio es prácticamente igual: $214.975 en Colombia frente a $215.234 en Estados Unidos, lo que reduce el incentivo de comprar en el exterior para este tipo de prendas.

Esta brecha suele estar relacionada con aranceles, impuestos y costos de distribución, aunque el envío internacional de calzado puede resultar más accesible que el de otros productos. En tecnología, el televisor Horion se vende en Estados Unidos por $905.810, mientras que en Colombia el precio es de $889.319.

Aunque los dispositivos electrónicos suelen ser más económicos en el mercado estadounidense, los costos de envío, riesgos de daño y posibles incompatibilidades técnicas pueden contrarrestar la diferencia de precio.

La imagen de Ignacio Fernández Madero proyectada en la pantalla gigante del Twickenham Stadium marcó el inicio de una jornada cargada de emoción para el rugby argentino. Antes del enfrentamiento entre Los Pumas e Inglaterra, el legendario estadio londinense rindió homenaje a quien fuera uno de los pilares fundamentales en la historia reciente del deporte nacional, fallecido el lunes a los 74 años tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

El tributo, que incluyó un minuto de silencio acompañado por aplausos de todo el público, reflejó la huella imborrable que Fernández Madero dejó tanto en el San Isidro Club (SIC) como en el seleccionado argentino.

Su figura trascendió los límites de la preparación física para convertirse en un símbolo de energía positiva y resiliencia, especialmente en los últimos dos años y medio, desde que recibió el diagnóstico de su enfermedad.

La carrera de Fernández Madero comenzó en La Salle, donde se desempeñó como preparador físico antes de pasar por Buenos Aires CRC, San Patricio, Regatas y CUBA. En 1986, se integró al SIC, club que se transformó en su hogar definitivo y donde recibió el apodo de “Pastor”. Allí, su labor se extendió durante décadas, liderando entrenamientos matutinos y acompañando a los equipos en los momentos más decisivos. Dos semanas antes de su fallecimiento, aún encabezaba la salida a la cancha del SIC en la final del Top 12 ante Newman, y hasta el jueves previo a su muerte continuaba al frente de los grupos de entrenamiento en el club y en el Rosedal.

En el ámbito de las selecciones, Fernández Madero fue preparador físico de Buenos Aires durante 21 Campeonatos Argentinos y, entre 2000 y 2007, integró el cuerpo técnico de Los Pumas. Su trabajo culminó con el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia, bajo la conducción de Marcelo Loffreda. Ese logro, considerado un hito para el rugby argentino, consolidó su legado como uno de los hombres clave en la evolución del deporte nacional.

El impacto de su figura se reflejó en los mensajes de despedida. Agustín Pichot, capitán de aquel equipo de Los Pumas, escribió en Instagram: “Fuiste todo lo que está bien en este mundo… tu espíritu positivo iluminaba cualquiera de mis sombras”. El SIC, por su parte, expresó: “Nos dejaste una verdadera lección de vida, mostrando que siempre –pero siempre– hay más y los partidos se juegan hasta el final”.

*El himno argentino sonó en Londres segundos después del homenaje a Nacho Madero

El diagnóstico de cáncer de páncreas llegó en junio de 2023, pero Nacho no permitió que la adversidad lo apartara de su vocación. Al día siguiente, animó a sus alumnos a continuar entrenando y a “pelear esto con alegría”.

La actitud optimista de Fernández Madero se intensificó desde ese momento, convirtiéndose en un mensaje de esperanza y fe para quienes lo rodeaban, según informó ESPN. Cumplió rigurosamente con la quimioterapia y las indicaciones médicas, pero nunca abandonó su rol de entrenador. Las clases de preparación física se transformaron en su tratamiento más efectivo y su ejemplo se consolidó como su verdadero legado.

A finales de ese año, el SIC conquistó el título de la URBA y Fernández Madero fue llevado en andas por todo el equipo. Días antes, había viajado a Francia para presenciar el partido de cuartos de final de Los Pumas ante Gales en Marsella.

El San Isidro Club despidió a Nacho con palabras que resumen el sentimiento general: “Siempre sumando, siempre haciendo brillar a los demás. Impacto, propósito y tantos conceptos de moda se quedan cortos cuando vemos la huella que dejás. Todos somos únicos, pero algunos pocos pareciera que lo son un poco más. Cuánto te vamos a extrañar. Acá nadie va a poder decir que ‘ya no tiene más para dar’. Nos dejaste una verdadera lección de vida, mostrando que siempre —pero siempre— hay más y que los partidos se juegan hasta el final”.

El viernes previo a su fallecimiento, Fernández Madero fue internado en el sanatorio Fleni, donde murió el lunes. Su vida, marcada por la intensidad y la entrega, dejó una huella en toda la comunidad del rugby argentino.

El Consejo de Estado avanzó en el estudio del proceso que definirá la continuidad de Cielo Rusinque al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil radicó el proyecto de fallo en medio de las críticas que han surgido por la reciente autorización con condicionamientos de la integración entre Tigo y Movistar, decisión que generó cuestionamientos hacia la entidad y su dirección.

Mientras se mantiene ese escenario, la Sección Quinta del alto tribunal fijó para el jueves 20 de noviembre, a las 9:00 a. m., la sesión en la que se decidirá si Rusinque permanece o no en su cargo. La determinación surge en respuesta a una demanda que cuestiona los requisitos y calidades exigidas para el nombramiento realizado por el Gobierno nacional.

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Las demandas contra el nombramiento

El estudiante de derecho Samuel Ortiz, junto con otras tres personas, presentó una demanda contra el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro designó a Cielo Rusinque como superintendente. Los demandantes sostienen que la funcionaria no cumpliría con la experiencia necesaria en áreas relacionadas con las funciones de la entidad.

Ortiz señaló en su escrito que “tras revisarse detalladamente la hoja de vida de Rusinque es posible colegir que no tiene experiencia en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos y propiedad industrial, lo anterior teniendo en cuenta que la señora Rusinque es abogada de la Universidad Externado de Colombia”. El demandante agregó que, aun contando con especialización y maestría en derecho constitucional y en investigación de estudios políticos, no tendría formación específica en los campos técnicos de la SIC.

En el documento también se mencionó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha recomendado reiteradamente que la SIC opere “libre de control político directo para hacer cumplir las leyes de competencia”, debido a la relevancia económica de sus decisiones. Los demandantes sostuvieron que Rusinque ha sido cercana al presidente Petro, lo cual, a su juicio, podría contrariar esa recomendación.

Otro de los apartados de la demanda indica que “un hecho notorio y público es que la señora Rusinque ha estado en el círculo cercano de Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como asesora de relaciones externas”.

Los argumentos de defensa

Rusinque y la Presidencia de la República han defendido la legalidad de su nombramiento citando jurisprudencia del mismo Consejo de Estado, según la cual “el superintendente es de libre nombramiento y remoción, por lo cual no se requiere concurso de méritos para su provisión”.

La defensa sostuvo que la Presidencia permitió la participación de todos los aspirantes al cargo, adelantó las fases de selección con base en la normativa vigente y no identificó una norma que impida que personas con afinidad política con el gobierno accedan al cargo de superintendente. En ese sentido, expuso que “tampoco se evidenció que la participación en un proyecto político o el ejercicio de cargos en el Gobierno Nacional configure una inhabilidad para ser designado superintendente”.

Sobre las exigencias académicas, la defensa afirmó que la formación de Rusinque cumple con los requisitos, pues “la maestría en Estudios Políticos obtenida por Rusinque en la Université Panthéon-Assas (París II) guarda relación con las funciones previstas para su cargo. Dichas labores exigen conocimiento sobre la estructura del Estado y el cumplimiento de reglas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico”.

Consideraciones del Consejo de Estado

Aunque la defensa alegó falta de claridad en la exposición del concepto de violación legal, el Consejo de Estado concluyó que los demandantes sí presentaron razones para afirmar que el acto administrativo habría incurrido en desviación de poder, falta de motivación y expedición irregular.

En el auto que decretó la sentencia anticipada —frente al cual se presentó un recurso de aclaración que fue negado— el despacho ordenó la práctica de pruebas relacionadas con la formación y experiencia de la superintendente. Entre estas se solicitó certificar la intensidad horaria, los periodos de vinculación y las temáticas abordadas por Rusinque como docente investigadora y becaria.

Finalmente, el alto tribunal requirió a la Presidencia de la República y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entregar la totalidad de los antecedentes administrativos del Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, documentos que hacen parte del expediente evaluado por la Sección Quinta.

A las 9:00 a. m. del jueves 20 de noviembre estaba previsto que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolviera el proceso que estudia la legalidad del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Sin embargo, la corporación no tomó una decisión de fondo y, en su lugar, expidió un documento mediante el cual ordenó recaudar nuevas pruebas antes de adoptar un fallo.

La diligencia, que había generado expectativa por el impacto institucional de la definición, terminó con un auto en el que la Sala señaló la necesidad de obtener información adicional sobre uno de los títulos académicos presentados por la funcionaria.

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Según el documento, se detectó que no existe certeza jurídica suficiente sobre el grado denominado “Diplome Superieur de l’Université – Droit Constitutionnel" obtenido por Rusinque en la Université Panthéon-Assas (París II).

En la providencia, firmada por los magistrados Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, se explica que esta información es necesaria para continuar con el estudio de la demanda que busca anular el acto de nombramiento de la superintendente.

Auto para mejor proveer

En el auto fechado el 20 de noviembre, el Consejo de Estado resolvió que la Secretaría de la Sección Quinta debe oficiar al Ministerio de Educación para que, en un plazo máximo de tres días, certifique la naturaleza, nivel y equivalencia del título cuestionado. La Sala precisó que la entidad educativa debe informar a qué programa o título se equipara en Colombia, si se trata de un título oficial o propio y si corresponde a nivel de especialización, maestría o doctorado, además de señalar el área de conocimiento al que pertenece.

Según el documento, esta verificación resulta “relevante para resolver la presente controversia”, dado que uno de los puntos centrales de las demandas radica en determinar si Rusinque cumple los requisitos académicos establecidos en el Decreto 1083 de 2015 para ejercer como superintendente de Industria y Comercio.

Una vez llegue la respuesta del ministerio, la Secretaría deberá correr traslado a las partes y al Ministerio Público por un término de tres días, con el fin de garantizar su derecho de contradicción. La Sala también advirtió que contra esta decisión no procede ningún recurso.

Las demandas de nulidad electoral

El proceso en curso agrupa varias demandas de nulidad electoral, entre ellas la presentada por el estudiante de derecho Samuel Ortiz, que sostuvo que Rusinque no cumpliría con los requisitos de experiencia exigidos para dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio.

En su escrito, Ortiz afirmó que “tras revisarse detalladamente la hoja de vida de Rusinque es posible colegir que no tiene experiencia en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos y propiedad industrial, lo anterior teniendo en cuenta que la señora Rusinque es abogada de la Universidad Externado de Colombia”. Añadió que, aunque la funcionaria cuenta con especialización y maestría en derecho constitucional y en estudios políticos, dichas áreas no corresponderían a los campos técnicos que exige la entidad.

La demanda también menciona que, según recomendaciones reiteradas de la Ocde, la Superintendencia de Industria y Comercio debería operar “libre de control político directo para hacer cumplir las leyes de competencia”, señalando que Rusinque ha tenido cercanía con el presidente Gustavo Petro.

En otro apartado se indica que “un hecho notorio y público es que la señora Rusinque ha estado en el círculo cercano de Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como asesora de relaciones externas”.

La defensa del nombramiento

La defensa de Rusinque y de la Presidencia de la República argumentó que el nombramiento se ajusta a la normatividad vigente. Señaló que, de acuerdo con jurisprudencia del mismo Consejo de Estado, “el superintendente es de libre nombramiento y remoción, por lo cual no se requiere concurso de méritos para su provisión”.

El equipo jurídico sostuvo que todas las fases del proceso de selección se adelantaron conforme a la ley y que no existe norma que impida que personas con afinidad política accedan al cargo. También expresó que “tampoco se evidenció que la participación en un proyecto político o el ejercicio de cargos en el Gobierno nacional configure una inhabilidad para ser designado superintendente”.

Sobre los requisitos académicos, la defensa aseguró que la formación de Rusinque sí cumple con lo previsto en el decreto aplicable, en tanto “la maestría en Estudios Políticos obtenida por Rusinque en la Université Panthéon-Assas (París II) guarda relación con las funciones previstas para su cargo”. Afirmó que dichas labores requieren conocimiento sobre estructura institucional y funcionamiento del ordenamiento jurídico.

La autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la integración de Tigo y Movistar transformará el acceso a los servicios de telecomunicaciones en Colombia, pero trae consigo advertencias sobre riesgos considerables para la competencia y los usuarios.

Más del 90% de los consumidores quedarán cubiertos por dos grandes empresas, Claro y el nuevo operador fruto de la fusión, mientras que Wom, Virgin y otras firmas más pequeñas tendrán una presencia cada vez más limitada.

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Riesgo de coordinación entre los grandes operadores

En el análisis de la Comisión de Regulación de Comunicación (CRC), el principal riesgo detectado es la posibilidad de que los operadores de mayor tamaño logren armonizar sus políticas comerciales. Felipe Díaz, comisionado experto de la CRC, destacó ante W radio que el efecto más sensible podría verse en los mercados donde:

“los problemas de competencia que nosotros anunciamos eran básicamente efectos sobre los mercados minoristas de servicios móviles, que son los que usan todos los ciudadanos, básicamente se materializan en un incremento en la probabilidad de que las dos grandes empresas resultantes, Claro y la empresa que resulte de la operación entre Tigo y Movistar, tengan la facilidad de coordinarse en sus estrategias comerciales y que los precios pudieran incrementarse para el consumidor final”.

Esto significa que con dos grupos controlando casi la totalidad de las líneas móviles, se incrementan los incentivos y la facilidad para tomar decisiones comerciales similares, lo que podría traducirse en aumentos en las tarifas u ofertas menos competitivas para los usuarios finales. Según los fundamentos de la operación, los organismos de control buscan impedir la existencia de acuerdos tácitos entre los líderes, que puedan afectar el acceso a servicios vitales como la telefonía móvil y la conectividad de internet.

Situación de los pequeños operadores y descuentos regulatorios

La fusión también impacta de manera directa sobre los operadores móviles virtuales (OMV) y los proveedores alternativos, quienes enfrentan el riesgo de depender en mayor medida de los precios y condiciones impuestos por la nueva empresa dominante. La preocupación de las autoridades es que, tras la operación, la compañía fusionada cuente con poder para modificar unilateralmente las condiciones de acceso de sus rivales a las redes y, a través de aumentos de tarifas o cambios en los contratos, limite el margen de maniobra de estos actores minoritarios.

Para mitigar ese riesgo, la SIC dispuso que la nueva empresa otorgue a Wom un descuento de entre 12,5% y 24,3% en el precio de acceso a las redes, mientras que Virgin y otros OMV podrán acceder a rebajas que van del 11% al 46% en función de su escala y tipo de acuerdos.

Esta condición se fijó como obligatoria y debe mantenerse durante el periodo de vigilancia posterior a la fusión. La SIC exige además que todas las modificaciones contractuales entre la empresa fusionada y los pequeños operadores sean reportadas semestralmente e incluyan información clara sobre el tipo de decisión (si fue unilateral, resultó de consenso o responde a la regulación).

Concentración en el internet fijo y advertencia para mercados locales

El posible impacto en el segmento de internet fijo residencial también encendió las alarmas. Colombia cuenta actualmente con cerca de 10 millones de accesos domiciliarios a internet fijo, y la estructura resultante de la integración podría agravar la concentración de mercado en grandes ciudades.

En ese sentido, Felipe Díaz argumentó que “hoy en Colombia nosotros tenemos cerca de los 10 millones de accesos de Internet fijo y es importantísimo los efectos que pueden ocurrir producto de esta operación porque precisamente el Internet fijo tiene un alcance local, municipal y lo que ocurre es que vamos a tener a dos grandes agentes que en algunos lugares pueden alcanzar a tener cuotas del 80% o del 90%”.

Esta advertencia cobra especial relevancia en ciudades como Medellín y Barranquilla, donde la fusión podría crear condiciones de cuasi duopolio en el acceso a internet residencial, limitando la pluralidad de planes y el poder de negociación de los usuarios. Según la lógica del regulador, la falta de competencia efectiva en estos mercados locales incrementa el riesgo de aumentos de precios y restricciones en el acceso a soluciones tecnológicas.

Medidas regulatorias, sanciones y vigilancia extendida

Para resguardar la competencia, la SIC obligó a la empresa resultante a mantener la transparencia en facturación y respetar la tarifa máxima regulatoria vigente, bajo supervisión periódica. Toda alteración en la estructura tarifaria, el acceso a redes o paquetes de servicios debe ser reportada y auditada en ciclos semestrales. Además, la autoridad prohibió ejecutar campañas exclusivas destinadas a captar clientes de operadores pequeños y estableció restricciones específicas en la participación de sociedades vinculadas, como ONNET, para prevenir el uso indebido de información.

La superintendente Cielo Rusinque advirtió respecto a la posibilidad de sanciones económicas si la empresa fusionada incumple las obligaciones asumidas, indicando que “el incumplimiento de los condicionamientos establecidos puede acarrear sanciones cuyos montos ya conocen, con topes que podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Estas restricciones tienen vigencia por cuatro años, plazo en el que autoridades como la SIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones mantendrán auditorías técnicas y jurídicas sobre todas las decisiones relevantes para el sector. El objetivo final es que la consolidación empresarial no derive en una disminución de la competencia ni en desventajas para los usuarios colombianos, quienes seguirán bajo supervisión en cuanto a las condiciones y precios de sus servicios móviles, de internet y televisión residencial.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, bajo el cumplimiento de condiciones específicas, según la resolución 94169 del 13 de noviembre de 2025.

El fallo, divulgado por W Radio, señaló que tras la operación, Claro, Movistar y Tigo controlarán cerca del 90 % del mercado de telecomunicaciones del país, una concentración sin precedentes en esta industria.

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La solicitud de integración fue presentada a la SIC el 20 de diciembre de 2024 por Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo), subsidiaria de EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE), junto a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar).

El trámite incluyó la publicación del proceso, que permite a empresas como Claro, Directv, ETB y Wom Colombia manifestar observaciones sobre la propuesta, de acuerdo con el procedimiento normativo detallado en la resolución.

Milicom, operador encargado de Tigo, se pronunció

A través de un comunicado, Milocom, el operador de telefonía móvil confirmó los hechos y afirmó que “estamos analizando en detalle la resolución y, en tanto avanzamos en esa revisión, valoramos positivamente este paso, que representa un avance más hacia el cierre de la transacción".

En su comunicación indicaron que reafirman su compromiso “con seguir contribuyendo al desarrollo digital del país, impulsando la conectividad, la innovación, la competencia y el crecimiento económico de todos los colombianos”

Cuáles fueron las condiciones de la SIC

Entre las exigencias planteadas, la Superintendencia de Industria y Comercio condicionó la integración al respeto de reglas establecidas en la Ley 1340 de 2009, con sanciones ante cualquier incumplimiento, incluyendo la eventual reversión de la operación. Esta ley es la que “dicta normas en materia de protección de la competencia” en el país.

El texto oficial dispuso que los asociados deberán devolver segmentos de espectro radioeléctrico bajo supervisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, autoridad encargada del seguimiento técnico y de verificar el cumplimiento de las medidas de competencia en ese rubro.

Las condiciones incluyen, entre otros puntos, la obligación de ofrecer un precio por megabyte menor al actual a operadores como Wom,Virgin o ETB por el uso de la infraestructura de antenas.

La autoridad, además, reiteró que la integración solo podrá avanzar si se cumplen los requisitos técnicos y legales en su totalidad.

“El incumplimiento de los condicionamientos dará lugar a las sanciones previstas en la Ley 1340 de 2009, incluyendo la eventual reversión de la operación”, advirtió la resolución

La SIC ordenó la publicación de la versión pública de su decisión y notificó a entidades clave, como la Agencia Nacional del Espectro, el MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Lo que sigue

El organismo recordó que seguirá de cerca la aplicación de las condiciones y vigilará el desarrollo del proceso para asegurar la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones.

Con la autorización de la SIC, el siguiente paso será que el Gobierno concrete la venta de su participación accionaria en Movistar, operación que representaría un monto estimado de 250 millones de dólares. Además, se prevén movimientos internos de activos desde Movistar hacia Tigo (Une).

Especialistas en el sector consultados por W Radio advirtieron que esta consolidación plantea retos para los usuarios y el mercado. Por una parte, existe el riesgo de que la reducción del número de grandes competidores derive en una menor presión para bajar tarifas.

Un experto consultado por el medio radial dijo: “Las compañías pueden acomodar estrategias comerciales sin apuro por reducir precios finales a los consumidores”. No obstante, por otra parte, clientes de Tigo y Movistar podrían experimentar beneficios como mayor cobertura, debido a la integración de redes y antenas en más regiones del país.

Para amortiguar el impacto de este escenario, la superintendente de Industria y Comercio afirmó que en las condiciones Wom recibirá un descuento de entre 12,5% y 24,3% en las tarifas de uso de red.

A otros operadores, como Virgin, se les aplicarán rebajas que irán del 11% al 46%. Según la SIC, estas medidas buscan favorecer la reducción de los precios en los servicios de telefonía móvil.

Aún así, entidades como la misma Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) afirmaron en meses pasados que el integrado sí podría “impactar los precios y el bienestar de los consumidores”.

Danilo Romero, socio en el bufete de abogados Holland & Knight habló en septiembre de 2025 con Bloomberg en Línea y allí afirmó que lo más importante es que los condicionamientos de la SIC “garanticen que los usuarios no resulten afectados en precios, calidad, cobertura o innovación” de los servicios, como citó el diario económico.

En ese sentido, el abogado afirmó que es también relevante que las autoridades pueda agregar medidas sobre “procompetitividad” que hagan más fuerte al sector y que en ese fortalecimiento competidores más pequeños puedan seguir en el mercado, según informó el medio.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la devolución de la participación de Shell en tres contratos de gas natural a Ecopetrol, una decisión que sella la salida de la multinacional británica del negocio de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia.

Con esta aprobación, Ecopetrol recupera el control total de los bloques COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en aguas profundas del Caribe colombiano, en los que se hallaron los yacimientos Kronos, Purple Angel-1, Glaucus, Gorgon-1 y Gorgon-2.

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La resolución de la SIC se dio tras dos meses de análisis y responde a la solicitud de Shell de devolver el 50% de su participación en estos contratos, luego de que la venta a un tercero no prosperara.

La compañía británica había justificado previamente su decisión en “su estrategia y manejo de portafolio global”, y finalmente optó por transferir estos activos a Ecopetrol al no concretarse la transacción con otro comprador.

Estos bloques offshore cobraron relevancia en mayo de 2017, cuando los descubrimientos permitieron a Ecopetrol confirmar la existencia de una provincia gasífera en el Caribe.

El expresidente de la República, Juan Manuel Santos calificó entonces el hallazgo como el mayor en veintiocho años, luego del descubrimiento de los yacimientos de Cusiana y Cupiagua en 1989, en el departamento de Casanare.

Ahora, con la totalidad de la participación en manos de Ecopetrol, la empresa estatal planea iniciar la producción de gas natural en el proyecto Gorgon entre 2031 y 2032.

La Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó su decisión en que la devolución de estos activos “no genera una restricción indebida de la competencia, por lo que no amerita objeción ni condicionamiento”.

Según el informe citado por El Tiempo, “el estudio concluye que la operación proyectada no afectaría la libre competencia económica en el mercado de producción de gas natural en el mercado mayorista primario”.

Además, la entidad precisó que la operación “no modifica la estructura competitiva existente, dado que Shell no participa actualmente en la producción de gas natural”. Por tanto, la cesión de su participación en los contratos offshore a Ecopetrol “no implica un traslado efectivo de producción ni un cambio en las cuotas de mercado”.

La SIC también subrayó que, al encontrarse estos contratos en fase de exploración y sin planeación de comercialidad, “la operación no genera efectos actuales sobre la oferta, la demanda o los precios en el mercado mayorista de gas natural”.

Para anticipar posibles impactos futuros, la Superintendencia llevó a cabo un análisis indirecto basado en las hectáreas bajo exploración, concluyendo que la participación de Ecopetrol aumentaría levemente de 20,69% a 21,77%.

La entidad afirmó, en declaraciones reveladas por El Tiempo: “Este resultado evidencia que el efecto potencial a futuro de la operación proyectada sobre la estructura y la competencia en el mercado mayorista primario de producción de gas natural sería mínimo”.

Durante el proceso de evaluación, la SIC recibió una comunicación de Felipe Villegas Gómez, que advirtió sobre los posibles efectos de la operación en el mercado mayorista de gas natural.

Villegas Gómez sostuvo que la cesión gratuita del 50% en los contratos COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur podría fortalecer la posición dominante de Ecopetrol y sugirió que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) evaluara la posibilidad de someter la cesión a un proceso competitivo, como una subasta pública, para asegurar la pluralidad de oferentes y maximizar el beneficio para el Estado.

No obstante, la Superintendencia concluyó que “no se evidencian riesgos en tal sentido”. Aunque Ecopetrol ostenta altas participaciones, la ausencia de Shell en la producción de gas natural implica que la operación no altera la estructura existente.

Además, la SIC recalcó que “los contratos offshore se encuentran en una fase exploratoria incipiente, sin proyecciones formales de producción, y las aproximaciones indirectas disponibles no indican variaciones significativas ni riesgos futuros de concentración en el mercado relevante”.

Una sanción económica superior a $5.300 millones fue impuesta a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y a ocho de sus directivos, tras una investigación que determinó prácticas abusivas en la gestión de derechos de autor.

La decisión, comunicada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), responde a la obstaculización de la gestión individual de los derechos patrimoniales de autor y al abuso de posición dominante en la administración de los derechos de comunicación pública.

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Esta medida afecta directamente a miles de autores y compositores afiliados, quienes hasta ahora enfrentaban dificultades para gestionar de manera autónoma sus obras.

La sanción, que supera los $5.300 millones, se impuso luego de que la SIC concluyera que Sayco, como única sociedad autorizada en Colombia para la gestión colectiva de derechos de comunicación pública, impidió a los titulares ejercer la gestión individual de sus derechos patrimoniales.

La investigación administrativa evidenció que la entidad y sus directivos implementaron mecanismos que limitaban la libertad de los autores y compositores para decidir cómo administrar sus creaciones, afectando su acceso a una remuneración justa.

Entre los motivos que fundamentaron la sanción, la SIC identificó un abuso de posición dominante por parte de Sayco. La entidad condicionó la prestación del servicio de gestión colectiva de una modalidad de comunicación pública —como los derechos derivados de establecimientos de comercio— a la obligación de encargarle también la gestión de todas las demás formas de comunicación pública, incluyendo televisión, radio y conciertos. Esta práctica restringió la posibilidad de que los afiliados optaran por gestionar individualmente alguna de las modalidades de explotación de sus obras.

El análisis de la SIC detalló varias prácticas específicas consideradas restrictivas. Sayco impuso limitaciones a los afiliados que deseaban reservarse la gestión individual de alguna modalidad de comunicación pública, clasificándolos como “titulares administrados” y que el ente regulador consideró injustificadas.

A estos titulares se les negó la condición de socios, lo que les impidió participar en los órganos directivos de la entidad y acceder a los beneficios sociales y económicos que sí recibían los socios. Además, debían pagar un 10% adicional sobre la tarifa que se cobraba a los socios por la gestión de sus derechos, sin que pudieran disfrutar de los programas financiados con esos recursos. Estas condiciones generaron desincentivos claros para quienes buscaban ejercer la gestión individual.

La SIC también señaló que Sayco diseñó contratos de mandato que impedían a los autores y compositores reservarse ciertas formas de comunicación pública para la gestión individual, a lo que se sumó el hallazgo de maniobras orientadas a obstaculizar la modificación de los contratos existentes con autores y compositores, lo que dificultó que los afiliados recuperaran la gestión individual de algunas modalidades.

La SIC concluyó que a pesar de contar con la capacidad técnica para facilitar la gestión individual de los derechos por parte de sus afiliados, Sayco no implementó las adecuaciones que la SIC le exigió en noviembre de 2016, producto de una inspección realizada entonces.

Como consecuencia de la sanción y de las medidas ordenadas, la SIC determinó que los autores y compositores podrán gestionar directamente sus derechos de comunicación pública. Esto abre la puerta a una remuneración más justa y real para los titulares, al eliminar las barreras que hasta ahora limitaban su autonomía y participación en la gestión de sus obras.

No es la primera vez que Sayco se ve involucrada en esta clase de polémicas. A las quejas de artistas como Jean Carlos Centeno o Juan Galeano de Diamante Eléctrico denunciando impagos de la entidad, se sumó la caida del proyecto impulsado en 2024 por los representantes a la Cámara Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada, denominado como la “Ley de la música”, debido a que no se discutió en la Plenaria del Senado por falta de tiempo.

Según denunció Losada en su día, el motivo de que se hundiera el proyecto de ley fue un lobby organizado por el presidente de Sayco, Rafael Manjarrez.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se pronunció sobre el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Estaban Moreno en Bogotá. Los hechos se presentaron el 31 de octubre de 2025; el joven fue golpeado por dos hombres en repetidas ocasiones, tras salir de una fiesta de Halloween en el bar Before Club.

Las grabaciones recopiladas por las autoridades hasta el momento muestran que el ataque se presentó en la calle, y no en el establecimiento de comercio. Además, no estuvo relacionado con el funcionamiento del bar. Teniendo en cuenta esto y otros aspectos clave lo ocurrido, la entidad no tiene contemplado hacer una inspección del lugar.

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Así lo confirmó la superintendente en su cuenta de X, luego de ser cuestionada al respecto. “Los trágicos hechos en los que murió el estudiante de los Andes, Jaime Estebán Moreno, son de naturaleza penal y no concierne el funcionamiento específico de los establecimientos de comercio en materia de instalaciones eléctricas, de iluminación y alumbrado público y de gas”, detalló la funcionaria.

Según expuso, este caso difiere del que se presentó en Andrés Carne de Res. La SIC ordenó el cierre temporal de la sede de Chía y del establecimiento Andrés D.C., en Bogotá, por “incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes”.

La superintendente precisó que la entidad actuó en el ámbito de nuestras competencias, que se centran en la vigilancia, inspección y control de reglamentos técnicos, con el fin de proteger a los trabajadores y consumidores.

En ese sentido, aclaró que en el caso de Jaime Esteban Moreno no aplica la misionalidad de la SIC, por lo que cualquier intervención que llegara a efectuarse podría derivar en sanciones e incluso en

“Quisiéramos poder en estar en todas partes, hacer todo lo que se nos reclama. No obstante, debo recordar que nos encontramos en un Estado de derecho, en el que la división del trabajo entre entidades del Estado se encuentra reglada y cualquier transgresión implica una falta disciplinaria o un delito”, señalo.

Rusinque indicó que han surgido todo tipo de críticas contra la entidad por su hiperactividad y algunas decisiones que ha tomado en concordancia con sus funciones. A su juicio, “pasó de ser un órgano aislado del Estado para transformarse en un actor clave de la economía del país”.

Así las cosas, informó que la entidad continuará cumpliendo con su labor y envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima.

“Nos alegra saber que estamos presentes en el pensamiento de la ciudadanía y seguiremos trabajando sin reposo por cumplir con nuestra misionalidad. Por lo pronto, esperamos que las autoridades encargadas actúen y enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jaime”, escribió.

Mientras la superintendente asegura que no hay motivos para investigar al bar por el asesinato del joven, personas que estuvieron en la fista de Halloween que se llevó a cabo el 31 de octubre denunciaron varias fallas en la logística del sitio, que pudieron haber puesto en riesgo a los visitantes.

Al parecer, no se habría hecho una correcta gestión del aforo y hubo varias discusiones entre el personal de seguridad y los asistentes, que querían entrar al lugar que ya estaba desbordado de gente.

“De entrada es preocupante porque esta es una fiesta muy grande y el lugar era muy pequeño, no tenía el aforo. La gente se estaba colando como loca, la entrada fue muy compleja. Logramos entrar y adentro del bar estaba absurdamente lleno", precisó la denunciante a La FM.

El club Newman inscribió su nombre en la historia del rugby argentino al conquistar su primer título en el URBA Top 12, tras imponerse con autoridad por 15-3 ante el SIC en el estadio del CASI. El encuentro, que se disputó en un ambiente cargado de tensión y expectativa, marcó el fin de una larga espera para la institución de Benavídez, que celebró una consagración largamente anhelada.

El desarrollo del partido estuvo signado por la cautela y la intensidad defensiva desde el inicio. Ambos equipos evitaron riesgos innecesarios y priorizaron el juego con el pie, lo que derivó en escasas oportunidades de quiebre en ataque. En ese contexto, el conjunto de San Isidro se mostró más cómodo, apoyándose en la solidez de su defensa y en la eficacia del tackle como principal recurso.

La primera oportunidad clara para abrir el marcador fue para Newman, pero Gonzalo Gutiérrez Taboada no logró acertar a los palos desde una posición favorable. Mientras tanto, el SIC, pese a jugar con un hombre menos por la amonestación de Nicanor Acosta a los 12 minutos, mantuvo la calma y no sufrió sobresaltos en defensa.

La situación se complicó para el equipo dirigido por Santiago Piccaluga cuando Faustino Santarelli recibió una tarjeta roja temporal por una acción fuerte. Aprovechando la superioridad numérica, Santiago Pavlovsky no desaprovechó su oportunidad y sumó los primeros tres puntos para el SIC mediante un penal a los 21 minutos.

Lejos de desmoronarse, el conjunto Bordó intensificó la presión y encontró su recompensa. Primero, Gonzalo Gutiérrez Taboada igualó el tanteador con un penal. Poco antes del descanso, Marcelo Brandi apoyó un try que desató la euforia de la hinchada de Newman, permitiendo que su equipo se fuera al entretiempo con una ventaja de 8-3.

El envión anímico de la remontada se trasladó al complemento, donde Newman no solo mantuvo el control del juego, sino que amplió la diferencia tras varios intentos. A los 19 minutos del segundo tiempo, Bautista Bosch, otro primera línea, logró un try que, convertido por Gutiérrez Taboada, dejó el marcador 15-3 y acercó a Newman a la gloria.

Durante los últimos minutos, el equipo de Benavídez exhibió temple y determinación. Tomó decisiones acertadas y sostuvo una defensa implacable, neutralizando por completo los intentos del SIC y asegurando un campeonato que se había hecho esperar durante años. La jornada culminó con la celebración de un plantel que, tras romper el maleficio, pudo finalmente festejar su primer título en la máxima categoría del rugby porteño.

La formación inicial de Newman incluyó a Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar, Lucas Marguery, Gonzalo Gutiérrez Taboada, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.

Por el lado del SIC, el equipo titular estuvo conformado por Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Manuel Curuchaga, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming.

Todas las finales del URBA Top 12 desde que se implementaron los playoffs en 1998

• 1998: Hindú 38-12 SIC
• 1999: SIC 14-9 Atlético del Rosario
• 2000: Atlético del Rosario 35-32 SIC
• 2002: SIC 16-10 Regatas
• 2003: SIC 20-9 CASI
• 2004: SIC 36-16 Alumni
• 2005: CASI 18-17 SIC
• 2006: Hindú 20-5 Alumni
• 2007: Hindú 9-6 Alumni
• 2008: Hindú 22-10 Newman
• 2009: Hindú 31-22 CASI
• 2010: SIC 30-22 La Plata
• 2011: SIC 14-11 Alumni
• 2012: Hindú 15-9 La Plata
• 2013: CUBA 11-9 Hindú
• 2014: Hindú 27-19 CUBA
• 2015: Hindú 24-0 CUBA
• 2016: Belgrano 25-10 Hindú
• 2017: Hindú 27-20 Alumni
• 2018: Alumni 26-17 Hindú
• 2019: SIC 22-19 Belgrano
• 2021: CUBA 10-9 SIC
• 2022: Hindú 30-25 SIC
• 2023: SIC 15-12 Alumni
• 2024: Alumni 20-17 Belgrano
• 2025: Newman 15-3 SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la sanción de $670 millones impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por el uso indebido de datos personales con fines comerciales, tras comprobar que la empresa contactó de manera reiterada a usuarios de otra compañía de telecomunicaciones sin contar con su autorización previa, expresa e informada.

Según la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia, “las actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulnera el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes”.

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La investigación, iniciada a partir de una denuncia, determinó que Movistar realizó comunicaciones comerciales a través de mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas, sin el consentimiento de los titulares de los datos.

En el documento se especificó que “no son, ni pueden ser consideradas, una ‘conducta menor’”. Al justificar la sanción, la Delegatura subrayó que el derecho a la protección de datos personales constituye una “garantía de los derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, ligados al valor del respeto por la vida privada”, tanto para las personas afectadas directamente como para quienes puedan encontrarse en situaciones similares.

La entidad también señaló que “la falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas, a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado, no están cobijadas por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó su rechazo a la persistencia de estas prácticas y recordó que “contactar directamente a los titulares de datos personales con fines publicitarios o de prospección comercial, sin su consentimiento expreso, no es legítimo”.

Finalmente, reiteró que cualquier tratamiento de datos personales con estos fines debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012 y la Ley 2300 de 2023, conocida como “Ley dejen de fregar”.

Investigan a Tigo, Claro, Movistar y WOM por fallas en la reposición de SIM Cards

La exposición de datos personales de millones de usuarios colombianos ha impulsado una investigación formal que pone en el centro de la discusión la seguridad digital en el sector de las telecomunicaciones.

El 14 de octubre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desde su sede en Bogotá D.C., anunció la apertura de un proceso contra las cuatro principales operadoras móviles del país: Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A. Comcel (Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp BIC (Movistar) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), debido a presuntas irregularidades relacionadas con la reposición de tarjetas SIM y a posibles deficiencias en la validación de identidad de los clientes.

Para la SIC, los procedimientos de validación aplicados por estas compañías resultarían insuficientes, ya que permitieron el intercambio de SIM Cards sin autorización previa de los titulares, un fallo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado a información sensible.

El informe señala la inexistencia de herramientas tecnológicas robustas y mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios en el momento de la reposición de una SIM Card, así como la falta de controles periódicos para asegurar la eficacia de las medidas de seguridad, pese a la existencia de antecedentes relacionados con vulneraciones similares.

La investigación se concentra especialmente en la práctica conocida como SIM Swapping, que consiste en el intercambio ilícito del Módulo de Identidad del Suscriptor de un usuario. Este método posibilita que terceros asuman el control de una línea telefónica y, mediante ello, accedan a datos personales sensibles y hasta a herramientas de autenticación para servicios financieros.

La SIC destaca que, en caso de comprobarse las conductas descritas, las empresas involucradas podrían recibir multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), una suma que representa un riesgo económico considerable para cada una de las operadoras.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que no procede la revocatoria de la sanción impuesta a Alberto José Merlano Alcocer, expresidente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por su participación en el cambio del esquema de recolección de basuras desarrollado durante la administración de Gustavo Petro en la capital.

La sanción, una multa de 240 millones de pesos, fue impuesta hace doce años por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tras identificar inconsistencias en el proceso de transición del servicio de aseo.

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En el periodo correspondiente al gobierno de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, se implementó una transformación del servicio de recolección de basuras. Este proceso motivó una investigación por parte de la SIC, entidad que concluyó con la imposición de una sanción administrativa contra Merlano Alcocer como responsable de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Según consta en las resoluciones 25036 de 21 de abril de 2014 y 53788 de 3 de septiembre de 2014, la SIC señaló la responsabilidad directa de Merlano en la toma de decisiones sobre el modelo de aseo.

Solicitud de revocatoria y posiciones encontradas

Doce años después de la sanción, bajo la dirección de Cielo Rusinque en la SIC, surgió una controversia tras la decisión de un comité de conciliación de aceptar la revocatoria directa parcial a favor de Merlano Alcocer, pese al desacuerdo de varios funcionarios. El exfuncionario, actualmente miembro de la junta de Ecopetrol, solicitó la nulidad parcial de las resoluciones en su contra, la reducción del monto sancionatorio y el pago de perjuicios morales equivalentes a 100 salarios mínimos.

El 16 de enero, la SIC presentó formalmente la oferta de revocatoria directa, anexando una certificación del comité de conciliación en la que se documentaba la decisión de acoger la petición bajo los argumentos expuestos por el solicitante. La defensa de Merlano Alcocer informó al tribunal la aceptación de la oferta argumentando la existencia de fundamentos suficientes para respaldar la decisión del comité.

Valoración del tribunal

El Tribunal de Cundinamarca, integrado por los magistrados César Geovanny Chaparro, Moisés Mazabel y Óscar Dimaté, analizó la solicitud. Los jueces concluyeron que no se presentó una justificación clara ni expresa de cómo se repararían los perjuicios alegados por el sancionado. Además, consideraron que no era procedente utilizar como antecedente el caso de Nelly Mogollón, exdirectora de la Uaesp, ya que las condiciones y roles diferían de los de Merlano Alcocer en los hechos investigados.

Según la decisión del tribunal, la revocatoria directa no constituye simplemente una facultad discrecional para la administración, sino un mecanismo alternativo de solución de conflictos sometido a rigor judicial. El fallo estableció que, aunque se cumplieron los criterios formales (existencia de oferta, traslado al demandante y aceptación), las pruebas aportadas no acreditaron las causales sustanciales requeridas por la ley para revocar la sanción.

Argumentos de la Procuraduría Delegada

Por parte de la Procuraduría Delegada ante el tribunal, el concepto fue desfavorable a la revocatoria, ya que no se aportaron los documentos y soportes técnicos imprescindibles para justificar la decisión. Se señaló la ausencia del acta del comité y de una ficha técnica que respaldara la determinación adoptada por la SIC, restringiéndose a afirmar que la responsabilidad de Merlano Alcocer no se había probado suficientemente.

Fundamentos y consecuencias de la decisión

El tribunal ratificó que no encontró evidencia de que los actos sancionatorios hubieran sido dictados en abierta oposición a la ley ni que la sanción representara un agravio injustificado. Consideró que el expediente demuestra la participación de Merlano Alcocer en las decisiones de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto de Bogotá, relacionadas con el modelo de aseo objeto de sanción por la SIC.

En consecuencia, la multa de 240 millones de pesos y las resoluciones administrativas sancionatorias se mantienen vigentes. La disputa jurídica en torno al modelo de basuras deja ver el alcance de las responsabilidades y el criterio estricto que exige la ley para la revocatoria de sanciones en el ámbito administrativo.

Por primera vez desde 2008, Newman volverá a disputar la final del URBA Top 12 Copa Macro tras vencer a Belgrano por 41-24 el viernes pasado. Su rival será San Isidro Club, que superó en el clásico al CASI por 13-9 en una semifinal que mantuvo el suspenso hasta el final. El encuentro decisivo será el próximo sábado 1 de noviembre desde las 17:10 en La Catedral de San Isidro.

Newman finalizó tercero en la fase regular y el SIC en la cuarta colocación, lo que reitera el cruce entre el tercero y el cuarto, tal como sucedió en la temporada pasada. En aquella final, Alumni superó a Belgrano por 20-17. El plantel del Cardenal buscará su primer título en el historial, mientras que la Zanja irá por la conquista de su corona número 28, tras haber estado presente en cinco de las últimas seis definiciones.

SIC llega a la gran final luego de un partido muy duro frente a su clásico rival, gracias a una defensa férrea y el oportunismo de sumar en los momentos indicados. Por su parte, Newman obtuvo una victoria holgada frente a Belgrano, sufrió mucho en el primer tiempo, en donde fue dominado por el Marrón y apareció con su mejor versión en el segundo donde pudo marcar la diferencia.

El partido por el título podrá verse en vivo por ESPN y Disney+. El resto de los play offs en las distintas categorías podrán seguirse a través de los canales digitales oficiales de cada club involucrado.

Además de la gran definición del Top 12, la fecha ofrece duelos clave para definir ascensos y permanencias que se disputarán en la cancha 1 de La Plata. Por el pasaje a la máxima categoría en 2026, San Luis enfrentará a Champagnat desde las 18, en un enfrentamiento donde uno buscará evitar el descenso y otro irá por el ascenso a Primera. Los de Pilar buscarán volver a la primera categoría del rugby de Buenos Aires tal como lo hicieron en 2024 y los platenses intentarán seguir en la división que disputan desde hace más de dos décadas.

Por la continuidad en Primera A, San Albano jugará un derbi de zona sur ante Círculo Universitario de Quilmes desde las 15 horas, también en la cancha 1 de La Plata.

La agenda de promociones y permanencias sumará otro capítulo a las 12, cuando San Carlos se mida ante Liceo Militar por el ascenso a Primera B, mientras que en la búsqueda de un lugar en Primera C, Tigre y San Miguel se enfrentarán a las 15 en la cancha 3 del mismo predio.

El inicio de la jornada será el duelo por el acceso a la Segunda divisional entre Arsenal Zárate y Vicente López, que comenzará a las 12 horas en la cancha 3 de La Plata.

El SIC aseguró su pase a la final del URBA Top 12 tras imponerse por 13-9 en el clásico ante CASI, un duelo que se resolvió en los minutos finales y que le permitirá disputar el título frente a Newman la próxima semana. La definición se produjo en el estadio de CASI, conocido como La Catedral, donde la tensión y la intensidad dominaron cada instante del encuentro.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad y la solidez defensiva de ambos equipos, que impidieron que alguno lograra imponer su juego durante la mayor parte del tiempo. En los primeros minutos, la presión por el pase a la final y la rivalidad histórica entre los clubes se reflejó en la actitud de los jugadores, que priorizaron el tackle y la recuperación rápida del balón. Ninguno de los dos conjuntos consiguió generar situaciones claras de try, lo que mantuvo el marcador ajustado.

La efectividad en los penales fue determinante en la primera mitad. Santiago Pavlovsky convirtió dos penales para el SIC, mientras que Juan Akemeier igualó transitoriamente para el CASI. El resultado parcial de 6-3 a favor del visitante reflejaba el predominio de las defensas sobre los ataques, una constante que se mantuvo tras el descanso.

En la segunda parte, el CASI logró revertir el marcador gracias a dos aciertos de Akemeier, que pusieron a su equipo al frente. Sin embargo, el SIC encontró la oportunidad de cambiar el rumbo del partido cuando su pack de forwards avanzó con potencia y Andrea Panzarini se desprendió en dirección al ingoal. En ese momento, Felipe Hileman detuvo la jugada con un tackle alto, lo que llevó al árbitro Pablo Deluca a sancionar un try-penal y mostrar tarjeta amarilla al apertura local. Esta acción resultó decisiva, ya que dejó al CASI con un jugador menos en un tramo clave del encuentro.

*El try penal del SIC ante CASI

El equipo local intentó descontar con un penal ejecutado por Akemeier, pero el intento fallido desde una posición favorable redujo las posibilidades de remontada. Con el tiempo en contra y la desventaja numérica, las esperanzas del CASI se desvanecieron progresivamente. Por su parte, el SIC supo administrar la ventaja y cerró el partido defendiendo en campo rival, mostrando una notable solidez colectiva. De este modo, el equipo alcanzó su quinta final en las últimas seis temporadas, consolidando su protagonismo en el rugby de Buenos Aires.

En cuanto a las formaciones, el CASI alineó a Facundo Scaiano, Juan Torres Obeid (capitán), Hugo García Rafael, Ignacio Larrague, Salvador Ochoa, Eduardo Sartori, Ignacio Torrado, Benjamín Rocca Rivarola, Joaquín Sánchez, Felipe Hileman, Jerónimo Tumbarello, Jerónimo Solveyra, Bruno Devoto, Benjamín Belaga y Juan Akemeier. Durante el segundo tiempo, ingresaron Alejo Lavayén, Tomás Phelan, Juan Albareda, Leonardo Mazzini, Ignacio Nieto Sánchez y Joaquín Sáez De Miera. El equipo fue dirigido por Oscar Murgier.

El SIC presentó a Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Bautista Viero, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Jacinto Campbell, Carlos Pirán (capitán), Nicanor Acosta, Timoteo Silva y Bernabé López Fleming. En la segunda mitad, ingresaron Franco Delger, Manuel Curuchaga, Alejo Daireaux y Francisco Calandra. El entrenador fue Eduardo Victorica.

El 24 de octubre de 2025, la reconocida cadena de restaurantes Andrés Carne de Res anunció por medio de un comunicado de prensa que reabrirá sus puertas al público, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara su cierre el lunes 20 de octubre.

“Nos complace informar a la opinión pública, a nuestros comensales, amigos y aliados que, hemos cumplido satisfactoriamente con todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, reafirmando así nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y comensales, y con la mejora continua de nuestras operaciones”, se lee en la misiva.

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Sin embargo, explicó que tras cumplir los requerimientos hechos por la SIC, las sedes solo contarán con servicio de coctelería el día de su reapertura, a partir del sábado 25 de octubre operarán con normalidad.

“Así, pues, partir de hoy, se restablecen las operaciones en nuestras sedes de Bogotá, Andrés DC, y de Chía, Andrés Carne de Res. Esta noche, ambas sedes tendrán habilitado únicamente el servicio de bar. A partir de mañana, todas las operaciones —incluyendo cocina y bar— volverán a funcionar con completa normalidad”, detalla el comunicado.

De igual manera, los dueños de la cadena de restaurantes agradecieron por el apoyo de los usuarios durante el proceso. “Agradecemos profundamente la solidaridad y el respaldo de nuestros comensales, amigos y aliados durante este proceso”.

¿Por qué cerraron Andrés Carne de Res?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comunicó el 20 de octubre de 2025 la orden de cierre inmediato para los establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras constatar condiciones que representan “riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de consumidores, trabajadores y visitantes”. La medida, que entró en vigor a partir de esa fecha, impide que ambos locales abran sus puertas al público hasta que acrediten la eliminación total de los peligros detectados.

La decisión de la SIC se fundamenta en los resultados de inspecciones realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 en las sedes de Chía y Bogotá. Estas visitas formaron parte de las acciones de vigilancia sobre el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible.

Durante las inspecciones, los especialistas de la entidad identificaron una serie de deficiencias graves en las instalaciones. Entre los hallazgos figuran cables eléctricos expuestos, tableros de distribución en mal estado, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas y falta de ventilación adecuada en áreas donde se manipula gas combustible.

“Los profesionales de la SIC detectaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos. Estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación”.

El informe oficial también detalla la existencia de uniones sin protección anticorrosiva y la carencia de dispositivos de seguridad obligatorios, lo que, según la entidad, incrementa el riesgo de incendios, explosiones o intoxicaciones dentro de los establecimientos.

Como consecuencia de estas irregularidades, la SIC ordenó a la sociedad propietaria de ambos locales la suspensión inmediata de todas las actividades económicas, lo que abarca los servicios de restaurante, bar, eventos artísticos y la venta de alimentos y bebidas. La entidad advirtió que el incumplimiento de las normas técnicas o de las órdenes impartidas podía derivar en multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Superintendencia subrayó la importancia de cumplir con los reglamentos técnicos para salvaguardar la seguridad de los consumidores y evitar accidentes relacionados con la manipulación inadecuada de energía eléctrica o gas combustible.

Luego del cierre inmediato sobre los restaurantes Andrés D.C. y Andrés Carne de Res, en Bogotá y Chía, por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la cadena respondió en un comunicado.

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“Andrés Carne de Res informa a la opinión pública, a nuestros clientes y aliados que, tras la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nuestras sedes de Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chía), los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad de nuestras sedes".

Y agregaron. “El día de hoy será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva” por lo que se presume el cierre de las sedes será levantado en breve.

Cabe recordar que estos cierres se dan por la detección de deficiencias críticas, entre ellas la ausencia de dispositivos de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas, uniones sin protección anticorrosiva y carencia de equipos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos. Además, se identificaron conductores eléctricos expuestos a daños físicos y deficiencias en los tableros de distribución.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación. Por este motivo, la entidad ordenó a la sociedad Inmaculada Guadalupe y amigos, propietaria de los establecimientos, suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas, incluyendo restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, así como cualquier otro espectáculo o evento planeado para estas sedes en Bogotá y Chía.

La SIC también dispuso la apertura de cuatro investigaciones administrativas contra la sociedad propietaria, tras constatar que los incumplimientos detectados representan riesgos inminentes para la integridad de quienes acuden o laboran en los locales.

No es la primera vez que restaurantes de esta cadena presentan cierres. El pasado 10 de septiembre el Ministerio del Trabajo ordenó el cierre de en un área específica de la cocina ubicada en el tercer piso de la sede de la calle 82.

Entre las recomendaciones consignadas en el acta de inspección, se incluyeron acciones inmediatas como la realización de estudios de estrés térmico para controlar la temperatura en la cocina, la adecuación de los productos químicos de aseo en áreas apropiadas y la revisión de la ubicación de las planchas de aluminio caliente.

Esta última recomendación se fundamentó en el riesgo inminente de accidente para los trabajadores, dado el espacio reducido y la alta concurrencia del establecimiento. El restaurante aclaró que esta medida no implicó el cierre del establecimiento ni la suspensión de su operación general.

Antes de esta, en agosto del 2024 el Ministerio de Trabajo ordenó la suspensión de actividades en el establecimiento de Chía, a raíz de un grave incidente ocurrido el 17 de agosto, cuando Laura Daniela Villamil, empleada del local, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo durante un espectáculo artístico.

La reapertura del restaurante Andrés Carne de Res Chía se produjo en septiembre de 2024, tras la implementación de nuevas medidas de seguridad exigidas por las autoridades.

Por otra parte, Andrés Carne de Res es uno de los restaurantes más populares de la ciudad entre locales y turistas. Su primer local abrió el 19 de junio de 1982 cuando Andrés y su esposa Estela decidieron abrir las puertas de un espacio diminuto.

En aquellos días, Andrés asumía el rol de parrillero y se encargaba personalmente de adquirir los víveres en el mercado para preparar los platos del fin de semana, mientras Estela atendía las mesas. Actualmente hay 8 sedes de Andrés entre Bogotá, Chía, Cartagena y Medellín.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la clausura inmediata de Andrés D.C. y Andrés Carne de Res, dos conocidos establecimientos gastronómicos con sedes en Bogotá y Chía, después de que una inspección identificara graves riesgos eléctricos y de gas combustible que representan un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad tanto de consumidores como de trabajadores.

La decisión fue comunicada por la misma SIC, que tras sus visitas encontró fallas que, de acuerdo con su evaluación, comprometen seriamente la integridad de quienes asisten y laboran en ambos locales.

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Esta fue la confirmación de los hechos que comunicó la superintendencia: “(...) en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – Retie y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, impartió cuatro medidas administrativas preventivas y ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., propietaria de los reconocidos establecimientos “Andrés Carne de Res” en Chía y “Andrés D.C.” en Bogotá D.C., tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes“.

Según consta en el notificación oficial, la medida aplica para los establecimientos ubicados en la ciudad de Bogotá y el municipio de Chía. Específicamente en tres direcciones. Las marcas cuentan con sedes en ciudades como Medellín y Cartagena.

Reza el comunicado que “las actuaciones se derivan de las visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos ubicados en la Calle 3 No. 11A – 56 del municipio de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12–15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza de Bogotá D.C.“.

La medida fue descrita por la institución como un procedimiento para “proteger los derechos básicos de los usuarios y colaboradores, ante la existencia de condiciones de riesgo por instalaciones eléctricas y de gas inseguras”.

Los detalles de los riesgos en los establecimientos

De acuerdo con el reporte emitido por la autoridad. en la inspección, los profesionales detectaron fuertes “deficiencias críticas” en las instalaciones eléctricas y de gas combustible.

Entre ellas “conductores eléctricos expuestos a daños físicos, ausencia de tableros y protecciones de sistemas eléctricos contra cortocircuitos, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos. Estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación”, determinó la SIC.

En ese orden, la entidad de supervisión pidió, la suspensión de los servicios, pero además de las actividades económicas, incluidas “las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá”.

Qué debe hacer Andrés Carne de Res

En consecuencia, la SIC le pidió a las marcas realizar las correcciones pertinentes a cada una de las falencias que encontraron y “aportar” las pruebas del cumplimiento “de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas”.

A partir de los ajustes, y con la garantía de que se eliminarán los riesgos identificados, la SIC permitirá “el levantamiento de las medidas preventivas”.

Las instalaciones a las que no aplica la medida corresponden a los restaurantes Andrés Medellín, Andrés Santa Marta y Andrés Cartagena. Según la notificación de la SIC, el resto de establecimientos en el área metropolitana de Bogotá y Chía serán sometidos a la orden.

Del mismo modo, la entidad recordó que “la infracción a los reglamentos técnicos y/o el incumplimiento de las órdenes impartidas, podrá dar lugar a la imposición de multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)”.

Debido a que se volvió tendencia en varias redes sociales el contenido relacionado con establecimientos que pagan alrededor de $100.000 pesos en criptomonedas (entre siete y diez monedas) a cambio de permitir que escaneen el iris de sus ojos, las autoridades colombianas comenzaron a indagar sobre el tema.

De esa forma, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó cargos contra Worldcoin Foundation y Tools for Humanity Corporation, compañías que han sido identificadas hasta el momento como operadoras de captación de datos biométricos, y meses más tarde ordenó el cierre de las mismas.

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Al respecto, se indicó que uno de los aspectos que alertó a las autoridades es que en países de la región, como Argentina, y varias naciones de la Unión Europea, ya se han registrado conflictos legales por este tipo de prácticas.

Los descargos de una de las empresas

Mediante un comunicado, desde Worldcoin Foundation indicaron que no están de acuerdo con la determinación de la SIC, asegurando que con su labor están protegiendo a los colombianos.

“Manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la decisión emitida por la SIC. Esta es una resolución preliminar de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”, es parte del documento.

La compañía aseguró no almacenar datos biométricos, resaltando que cada escáner cuenta con el consentimiento firmado del ciudadano en cuestión, por lo que argumentan no estar incumpliendo con la legislación del país.

Una práctica que ya ha sido prohibida en el exterior

Además de que la decisión de la SIC es respaldada por la Ley 1581 de 2012, que regula el tratamiento de los datos personales y establece los parámetros que las compañías deben cumplir en ese aspecto en el país, incluyendo algunos estándares internacionales, las polémicas registradas en el exterior con este tipo de prácticas también han llamado la atención en Colombia.

Cabe recordar que, luego de tener gran recepción por parte de la población en Argentina, meses después se vinculó este tipo de escáner con varios procesos de denuncias sobre robo de datos personales y estafas con suplantación de la identidad de personas que afirmaron haber aceptado el escaneo.

Esto llevó a que en España se prohibiera la lectura del iris por parte de la compañía Worldcoin, que ha afirmado que este método tiene como objetivo crear un sistema de identidad global por el que en su momento llegaron a pagar hasta 60 dólares por usuario.

De acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos, la decisión de prohibir esta modalidad se debió a que no existe información clara sobre cómo utilizan la información de las personas y destacó que “conlleva elevados riesgos para los derechos de las personas, atendiendo a la naturaleza sensible de los mismos”.

En su momento, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, alertó a los colombianos sobre los riesgos que existen al permitir que un tercero tenga sus datos biométricos.

En primer lugar, destacó que este es un tema de privacidad y seguridad, puesto que permitir el escáner del iris del ojo “equivale a entregar, digamos, el ADN”, afirmó Rusinque a BluRadio, e indicó que con este dato se “permite una plena identificación de estas personas”.

Rusinque también recordó que estas empresas han tenido inconvenientes en el exterior, puesto que en un aspecto similar con lo que se registra en Colombia, no se ha verificado que cumplan con los regímenes de protección de los datos personales de las personas que accedieron al procedimiento.

“En otros países estas actividades han sido suspendidas, prohibidas por considerar que no cumplían los requisitos en lo referente a la protección de datos personales”.

La empresa tecnológica World Foundation anunció que interpondrá recursos legales contra la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó el cierre inmediato y definitivo de sus operaciones de tratamiento de datos personales en Colombia.

La medida también cobija a Tools for Humanity Corporation, compañía vinculada al mismo proyecto tecnológico. La decisión del ente regulador se fundamenta en presuntos incumplimientos de las normas legales sobre la recolección, manejo y protección de información biométrica de los ciudadanos colombianos.

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Durante sus operaciones en Colombia, la empresa utilizó un dispositivo llamado “Orb” para capturar imágenes del iris de las personas, las cuales eran procesadas mediante sistemas de inteligencia artificial que generaban un identificador único o “código de iris”, destinado a la creación de la llamada World ID.

Este procedimiento se realizaba en puntos de registro habilitados por la empresa, donde los ciudadanos eran invitados a participar a cambio de una compensación económica. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, el proceso implicaba el tratamiento de datos biométricos sensibles, que están protegidos por la legislación colombiana de privacidad y protección de datos personales.

La versión de World Foundation

A través de un comunicado oficial, World Foundation manifestó su desacuerdo con la medida y aseguró que la resolución “es preliminar y de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”.

La empresa sostuvo que los resultados de la investigación son parciales, al señalar que “son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas”. En su pronunciamiento, la compañía aclaró que no almacena datos biométricos y que el consentimiento de los usuarios se confirma en múltiples etapas del proceso de verificación.

Asimismo, explicó que el token Worldcoin “es adicional y está completamente separado del proceso de verificación”. El documento concluye expresando que la compañía espera establecer un “diálogo abierto con la SIC para aclarar cómo funciona esta importante tecnología”.

La decisión de la Superintendencia

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que, mediante la Resolución 78798 del 3 de octubre de 2025, sancionó a World Foundation y Tools for Humanity Corporation con el cierre inmediato y definitivo de toda operación relacionada con el tratamiento de datos personales en Colombia. La autoridad determinó que las empresas no cumplieron con los requisitos legales establecidos en la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en el país.

De acuerdo con la resolución, las compañías no contaban con políticas de tratamiento que cumplieran los estándares exigidos, ni con procedimientos adecuados para la atención de consultas o reclamos de los titulares de los datos. La entidad señaló que la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales verificó además que no se implementaron medidas de seguridad suficientes para prevenir riesgos asociados al manejo de información sensible.

El informe de la entidad también señala que World Foundation condicionó la aceptación del tratamiento de información sensible al ofrecimiento de un incentivo económico, y que los participantes no recibieron información clara, transparente ni comprensible sobre las finalidades específicas del tratamiento de sus datos biométricos.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la Superintendencia ordenó la eliminación de los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris almacenados en sus bases de datos y servidores, recolectados desde el inicio de operaciones hasta la fecha de ejecutoria de la sanción. Además, dispuso el cierre definitivo de toda actividad que involucre el tratamiento de datos personales en territorio colombiano.

La entidad enfatizó que estas medidas buscan proteger el derecho constitucional al habeas data de los ciudadanos y evitar que la información sea tratada por fuera de los parámetros legales vigentes. En su pronunciamiento oficial, la SIC indicó que la decisión “reafirma el deber de cualquier empresa que opere en Colombia de respetar la Constitución y las leyes de la República, en especial el régimen de protección de datos personales”.

Asimismo, la Superintendencia aclaró que su actuación no pretende desincentivar el desarrollo tecnológico ni las libertades económicas, sino asegurar que los modelos de negocio basados en el tratamiento de información personal cumplan con los principios éticos y jurídicos establecidos en el país.

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cierre inmediato y definitivo de las operaciones de tratamiento de datos personales en Colombia por parte de World Foundation y Tools for Humanity Corporation.

La medida, tomada el 3 de octubre de 2025 conforme a la Resolución 78798, pero que se hizo pública la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, se fundamenta en la recolección no autorizada de datos biométricos por ambas empresas en territorio colombiano, de acuerdo con información suministrada por la autoridad de protección de datos personales.

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En el comunicado emitido se precisó que la Delegatura para la Protección de Datos Personales verificó que World Foundation y Tools for Humanity Corporation iniciaron sus actividades en Colombia durante el primer semestre de 2024.

Las compañías ofrecieron incentivos económicos a las personas que aceptaran el suministro de sus datos biométricos, utilizando dispositivos conocidos como Orbs en distintas ciudades, y con los que se hacía la lectura biométrica del iris.

Según la Superintendencia, el propósito declarado era enriquecer sistemas de inteligencia artificial mediante el procesamiento de las bases de datos adquiridas.

Las investigaciones de la Superintendencia expusieron que la recolección de estos datos no cumplió con los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 ni del Decreto 1377 de 2013, ambos marcos regulatorios cruciales para la protección de datos personales en Colombia.

Entre las faltas detectadas se encuentra la ausencia de un consentimiento informado, claro, explícito y previo por parte de los titulares, así como la falta de garantías para la seguridad en el almacenamiento y la circulación internacional de la información recolectada.

Además, la SIC dispuso la supresión de todos los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris, que hayan sido almacenados desde el inicio de operaciones hasta la fecha de la sanción.

La supresión debe abarcar bases de datos, repositorios y servidores empleados por las empresas durante su presencia en el país, tal como recoge el comunicado oficial.

Con la determinación World Foundation y Tools for Humanity Corporation no tendrán permitido realizar ninguna actividad que implique el tratamiento de datos personales en Colombia. Todas las operaciones existentes deberán finalizarse inmediatamente, en cumplimiento con la resolución administrativa, de acuerdo con el marco legal vigente.

La autoridad recalcó que el objetivo de estas acciones es proteger el derecho constitucional de habeas data, garantizando así que los titulares en Colombia conserven pleno control sobre la gestión y circulación de sus datos personales.

Al final se remarcó que los modelos de negocio extranjeros que procesen información de ciudadanos colombianos deben acatar toda la legislación nacional, sin distinción de su país de origen, tecnología empleada o clase de servicios ofrecidos.

La Superintendencia concluyó en el documento oficial que se mantendrá la vigilancia sobre las actividades empresariales para evitar prácticas contrarias a la Constitución y asegurar la defensa de los derechos fundamentales en cuanto a datos personales se refiere.

Esto dice la legislación colombiana:

• La Ley 1581 de 2012 establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia. También reconoce los derechos de las personas sobre sus datos, establece que solo se pueden tratar con autorización expresa del titular y obliga a quienes procesan datos a cumplir principios como legalidad, finalidad, veracidad, seguridad y confidencialidad. Por consiguiente, se pueden definir sanciones por incumplimiento.
• El Decreto 1377 de 2013 reglamenta la ley y especifica los procedimientos para obtener la autorización de los titulares, regula el contenido y entrega del aviso de privacidad, define mecanismos para el ejercicio de derechos de los titulares y establece la obligación de registrar las bases de datos ante la SIC.

El caso llevó a la SIC a presentar cargos en 2024

A finales de agosto de 2024 y en el auge de locales que ofrecían pagos en criptomonedas por el escaneo del iris en Colombia llevó a que la SIC presentara cargos formales contra Worldcoin Foundation y Tools for Humanity Corporation.

Las actividades, que permitían a los ciudadanos recibir hasta $100.000 pesos por permitir el procedimiento, generaron preocupación tras reportes en redes sociales y medios sobre los riesgos de entregar información biométrica sensible.

La popularidad de este modelo de negocio creció en varias ciudades de Colombia, tras experiencias similares en países como Argentina y naciones europeas, donde ya se habían reportado denuncias por robo de datos personales y posibles estafas vinculadas a la suplantación de identidad.

Ante los antecedentes internacionales, la SIC inició pesquisas para establecer si las empresas cumplían las normas nacionales en materia de protección de datos, en especial debido a la naturaleza crítica del patrón del iris, equiparado en capacidad de identificación a la huella dactilar.

Parte del proceso también requerirá revisar los mecanismos mecanismos dispuestos para que los ciudadanos formulen solicitudes o reclamos por eventuales afectaciones.

La SIC indicó en ese entonces que, en caso de confirmar irregularidades, las compañías podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, suspensiones de hasta seis meses de sus actividades en Colombia, o incluso el cierre definitivo de operaciones (que fue la determinación que se conoció el viernes 17 de octubre de 2025).

En respuesta a la apertura del proceso, Worldcoin afirmó en esa ocasión en un comunicado que sus actividades cumplen con la legislación colombiana y expresó disposición para cooperar con las autoridades.

"La Fundación Worldcoin siempre ha estado dispuesta a colaborar con organismos gubernamentales y reguladores y sigue comprometida con mantener prácticas transparentes y justas“, señaló la empresa en su respuesta oficial, y se definió como una organización dedicada a preparar a la humanidad para la era de la inteligencia artificial.

La respuesta por parte de World Foundation

Como respuesta a la decisión emitida por parte de la SIC, World Foundation precisó en un comunicado de prensa emitido el mismo día que “es una desarrollo tecnológico innovador que ayuda a proteger a los colombianos de estafas, suplantación de identidad y fraudes impulsados por la inteligencia artificial”.

“Manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo con la decisión emitida por la SIC. Esta es una resolución preliminar de primera instancia, y World presentará recursos para asegurar una comprensión completa de su tecnología, lo que permite continuar operando de manera normal y legal, ya que los recursos tienen efecto suspensivo”.

En el mismo documento se precisó que “los resultados de la evaluación son incompletos, al estar basados en políticas y tecnologías desactualizadas".

También se especificó que “World no almacena datos biométricos, el consentimiento es informado y se confirma en múltiples ocasiones, y el token Worldcoin es opcional y está completamente separado del proceso de verificación”.

Por último se señaló: “Seguimos cumpliendo plenamente con la legislación colombiana, además de cumplir con los más altos estándares en materia de seguridad de la información y esperamos poder entablar un diálogo abierto con la SIC para aclarar cómo funciona esta importante tecnología”.

El Gobierno nacional prepara un decreto que modificaría los requisitos y procedimientos para la designación de los principales superintendentes del país.

El documento preliminar, conocido el jueves 16 de octubre, propone ajustes que permitirían al presidente de la República realizar nombramientos sin necesidad de convocatorias públicas y con menores exigencias.

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El borrador del decreto plantea que los cargos de superintendente de Industria y Comercio, superintendente Financiero y superintendente de Sociedades sigan siendo de libre nombramiento y remoción del presidente, pero introduce cambios significativos en las condiciones para su designación.

Entre las modificaciones más relevantes está la reducción de la experiencia requerida y la eliminación de la obligatoriedad de la invitación pública para postularse.

Reducción en los requisitos de experiencia y formación

Según el borrador de decreto, los aspirantes a estos cargos ya no tendrían que acreditar 10 años de experiencia relacionada con las funciones del cargo, como se exige actualmente, sino solo 5 o 7 años. Además, dejaría de ser requisito indispensable contar con una maestría afín a las funciones. El borrador indica que los candidatos podrían tener “cualquier profesión”, lo que ampliaría el espectro de posibles postulantes.

El documento también justifica estos cambios señalando que se busca flexibilizar el proceso de nombramiento y reconocer la autonomía del presidente de la República en la provisión de estos cargos. En la memoria justificativa del proyecto se lee: “Se hace necesario ajustar el procedimiento de invitación pública de manera que resulte siendo una facultad del presidente de la República, pues no existe razón para consagrar procedimientos obligatorios especiales que deba seguir el nominador, cuando conserva la facultad de provisión y retiro de todos los Superintendentes sin ninguna limitación temporal”.

De acuerdo con lo establecido, esta modificación también eliminaría algunas de las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que había sugerido mantener criterios de selección más transparentes y basados en méritos como parte del proceso de ingreso de Colombia a este organismo internacional.

Invitación pública dejaría de ser obligatoria

Uno de los aspectos más relevantes del borrador es la eliminación del carácter obligatorio de la convocatoria pública, pues indica que la invitación se convertirá en una posibilidad opcional y no en una exigencia. En el artículo 2.2.34.3 del texto se establece que “los empleos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero y Superintendente de Sociedades son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República”.

No obstante, el documento aclara que el mandatario podrá realizar invitación pública, mediante publicación en el portal electrónico oficial de la Presidencia de la República, para que los interesados que cumplan los requisitos se postulen al cargo. Igualmente, se contempla que el presidente podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, así como efectuar entrevistas a los candidatos que considere pertinentes.

El proyecto de decreto también incluye un artículo de transición que determina que a los superintendentes nombrados antes de la expedición del nuevo decreto no se les exigirán requisitos distintos a los acreditados al momento de su posesión.

El texto propuesto, identificado como proyecto de “Decreto por el cual se modifica el Título 34 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, concluye que los aspectos no regulados en este nuevo título se regirán por las disposiciones aplicables a otros empleos equiparables de nivel directivo de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.

Finalmente, el borrador, que aún no ha sido expedido oficialmente, establece que el decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación, y que estará suscrito por el ministro de Hacienda y Crédito Público y la ministra de Comercio, Industria y Turismo.

En más de una ocasión, la Dimayor, que es la máxima entidad del fútbol profesional en Colombia, junto con la FPC, ha estado vinculada a varios procesos legales por comportamiento de los equipos agremiados.

Es por ello que no ha generado sorpresa que en la tarde del 15 de octubre, El Tiempo expusiera que la entidad sería multada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por conductas anticompetitivas por parte de un grupo de clubes afiliados a la Dimayor.

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El medio citado indicó que la resolución 82856 está relacionada con una investigación que fue abierta en noviembre de 2021 por infringir normas e intervenir en el mercado de jugadores de manera irregular.

Entre las instituciones investigadas están Envigado FC, Boyacá Chico, Deportes Tolima, Once Caldas y La Equidad, además de otras escuadras que no han sido mencionadas en el informe.

En el comunicado de la SIC, en el que se mencionan tres patrones identificados con los que los clubes mencionados se comunicaban para bloquear la contratación de los deportistas, comenzando con conductas que mencionaban como “faltas disciplinarias”.

“En estas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que alguno de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria, o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato”, es parte del comunicado.

Los dirigentes de los clubes mencionados también mencionaban que existía un “pacto de caballeros” en el que se negaban a contratar a deportistas que hubieran tenido algún tipo de conflicto con otros presidentes.

“Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector”.

En el comunicado queda en evidencia que la Dimayor, a pesar de que debería regular para que este tipo de comportamientos no se registren, habría tenido una participación directa permitiendo que se “vetaran” a varios futbolistas.

“Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo. Además, la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.

Al confirmar que la Dimayor y los clubes mencionados deberán pagar multas por más de 8.000 millones de pesos, la SIC indicó que hay pruebas contundentes para demostrar que la “cartelización”, que se mencionó durante varios años como un mito del deporte, en realidad fue una realidad en Colombia.

“La existencia de estas comunicaciones fueron prueba de la materialización de la intención anticompetitiva que llevo a la limitación de la movilidad laborar de los jugadores”.

En la parte final, desde la Superintendencia de Industria y Comercio se indica que este tipo de sanciones buscan que casos de esta índole no se sigan registrando en el fútbol profesional en Colombia.

“Con esto, se busca no solo respetar las reglas del libre mercado, sino garantizar la dignidad de los jugadores, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas”.

Cabe recordar que uno de los casos más polémicos de esta índole tuvo al mediocampista Rafael Carrascal como protagonista, que luego de terminar contrato con Deportes Tolima, tras renunciar denunciando ausencia de varios pagos, fue fichado por América de Cali y estuvo varias semanas sin poder jugar por un litigio entre las partes.

En ese momento, uno de los directivos del equipo de Ibague también utilizó el término de “pacto de caballeros”, para indicar que América no debió contratar a Carrascal por la forma en la que salió del Tolima.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live, por presuntas fallas en la venta de entradas a los conciertos del cantante Silvio Rodríguez en Colombia, que se realizarán el 31 de octubre en el Centro de Espectáculos La Macarena, en Medellín, y el 2 de noviembre en la Arena Cañaveralejo, de Cali.

Según informó la entidad, las empresas responsables de las entradas podrían enfrentar multas de hasta $2.000 millones, el cierre temporal de sus establecimientos por un periodo de hasta 180 días o la prohibición, ya sea temporal o definitiva, de comercializar espectáculos de este tipo, si se comprueban las infracciones señaladas.

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En el caso de Páramo Presenta, la autoridad identificó la falta de información clara y completa sobre el horario del concierto en Medellín, así como la ausencia de una dirección web donde los consumidores pudieran consultar las condiciones y precios del evento.

“Modificación no informada de las condiciones del evento en Medellín, incluyendo el cambio de locación y de operador de boletería, sin comunicar oportunamente a esta Superintendencia ni a los consumidores. Omisión en el procedimiento de devolución de dinero y alternativas para los compradores, como opciones de recambio o abono”, manifestó la SIC en el comunicado.

En el caso del evento en la capital del Valle del Cauca, la Superintendencia detalló que Páramo Presenta “habría participado en la modificación del horario de inicio de la venta de boletas sin brindar información clara, oportuna y veraz”

Por su parte, la investigación sobre Ticketmaster apunta a su participación en la modificación del horario de venta de boletería para el evento de Silvio Rodríguez en Cali, sin que se haya comunicado este cambio a los consumidores.

“Falta de información en el canal de comercio electrónico, al no publicar datos de contacto ni contar con canales accesibles para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Presunta inclusión de cláusulas abusivas que limitarían su responsabilidad frente a la obligación legal de garantizar la realización de los eventos que comercializa”, advirtieron.

En cuanto a Taquilla Live, la autoridad aseguró que la empresa no proporcionó información clara sobre la nueva fecha del evento del cantautor cubano en la capital antioqueña, así como las condiciones para la compra de entradas ni la validez de las boletas adquiridas antes del cambio de locación y operador.

“De comprobarse las infracciones, las empresas investigadas podrían enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cierre temporal del establecimiento hasta por 180 días, o prohibición temporal o definitiva de comercializar este tipo de espectáculos”, mencionó la SIC.

Investigación por concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

De otro lado, la SIC inició una averiguación preliminar contra Páramo Presenta y Ticketmaster, relacionada con la cancelación de último momento del concierto de Kendrick Lamar, que debía realizarse el sábado 27 de septiembre de 2025 y fue suspendido el mismo día.

La entidad solicitó a estas empresas presentar información detallada sobre los motivos de la cancelación o reprogramación, así como “la forma en que comunicaron esta situación a los compradores, las soluciones ofrecidas, las condiciones informadas antes de la venta de boletas y el procedimiento para la devolución del dinero, incluyendo posibles descuentos, así como el momento en que se notificó esta información”.

“Con esta actuación, la SIC del Cambio reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las y los consumidores y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de quienes organizan, promueven y comercializan espectáculos públicos en Colombia”, puntualizaron.

La investigación por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá había sido anunciada por la superintendenta Cielo Rusinque, a través de su cuenta de X.

“Verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello”, expresó la funcionaria en las redes sociales.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar tenía programada una presentación en el Vive Claro de Bogotá la noche del sábado 27 de septiembre, pero el concierto fue cancelado por “dificultades logísticas del promotor y del recinto”.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, indicó Páramo Presenta en un comunicado.

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La devolución del dinero se realizará mediante la plataforma autorizada Ticketmaster, “utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”.

El comunicado finalizó con una disculpa dirigida tanto a los seguidores como a Kendrick Lamar “por los inconvenientes ocasionados”.

Por estos hechos, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se pronunció.

A través de su cuenta de X, Rusinque afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevará a cabo las “averiguaciones pertinentes” con el propósito de tomar las medidas necesarias para proteger a los “consumidores”.

“En relación con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la Superintendencia de Industria y Comercio, adelantará las averiguaciones pertinentes y de encontrarlo procedente tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores”, aseveró Rusinque.

La funcionaria afirmó que la SIC verificará las razones que llevaron a la cancelación del concierto, explicando que “velará” para que los promotores brinden toda la información sobre una posible reprogramación o cancelación definitiva.

“Así, verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello”, indicó la superintendente.

Cielo Rusinque finalizó diciendo que la Superintendencia de Industria y Comercio verificará que el reembolso del dinero se cumpla a cabalidad.

“De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas”, indicó la funcionaria.

Detalles de lo sucedido

Miles de seguidores esperaban la primera presentación en Colombia de Kendrick Lamar en el recinto Vive Claro de Bogotá la tarde del 27 de septiembre de 2025, cuando la organización informó la cancelación súbita del concierto programado dentro del Grand National Tour.

La noticia, que se propagó entre el público poco después del horario anunciado para la apertura de puertas, se transformó en una sucesión de protestas y reclamos por la falta de información oficial.

En plataformas como X, usuarios expresaban dudas mientras solicitaban explicaciones sobre el retraso. El concejal José Cuesta Novoa utilizó su cuenta en la red social para adelantar la cancelación aparente, asociándola a “fallas técnicas estructurales en la construcción” del escenario, y difundió solicitudes de cierre inmediato al alcalde Carlos Fernando Galán.

Videos compartidos por el concejal mostraron la reacción de los asistentes al ser notificados de la suspensión. Manifestaron su descontento con insultos y exigieron la devolución del valor de las entradas.

Voces vinculadas a la organización señalaron a Infobae Colombia que las causas obedecieron a cambios de último minuto en la pirotecnia y condiciones del escenario que no habrían sido aprobados por Bomberos de Bogotá.

Más tarde, las promotoras Ocesa y Páramo Presenta publicaron un comunicado donde atribuyeron el hecho a “dificultades logísticas del promotor y del recinto”. Agregaron que el artista se encontraba preparado para actuar.

El proceso de reembolso inició a través de la plataforma oficial Ticketmaster, “utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros se deben contactar directamente con ellos”. El comunicado concluyó con disculpas dirigidas tanto al público como al propio Kendrick Lamar “por los inconvenientes ocasionados”.

El Grupo Nutresa, líder del negocio de helados en Colombia con el 42% del mercado y dueño de marcas como Crem Helado, anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Mimo’s, transacción valorada en cerca de 50.000 millones de pesos y sujeta a la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Este movimiento, que fortalecería aún más la posición de Nutresa en el sector, ha generado preocupaciones sobre la posible concentración del mercado y el impacto en los consumidores, debido a la reducción de competidores y el aumento del poder sobre precios y distribución.

Frente a un artículo publicado por la revista Cambio sobre la compra de Mimo’s, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, afirmó en su cuenta de X: “La Superintendencia no se ha pronunciado sobre la operación de integración entre Gillinski y Mimo’s”.

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La aclaración de la superintendente Cielo Rusinque se produjo como respuesta a una publicación en X de Daniel Coronell, que mencionó una posible posición dominante en el sector de los helados tras la operación entre Gillinski y Mimo’s. Coronell cuestionó el papel de la Superintendencia en el proceso y sugirió que la entidad había permitido la creación de una nueva posición dominante. “Helados a domicilio. La @sicsuper permite que se cree nueva posición dominante de los señores Gilinski”, comentó.

A estas palabras Rusinque comentó lo siguiente: “Señor @DCoronell, qué necesidad de hacer afirmaciones que no corresponden a la realidad y ni siquiera con el contenido del artículo que cita (el cual valga decir se basó en las informaciones que con toda transparencia les aportamos)”.

Además, Cielo Rusinque explicó que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha autorizado ni se ha pronunciado sobre la integración empresarial entre el grupo Gillinski y helados Mimo’s. La funcionaria precisó que el trámite apenas inició y que, en esta etapa, se abrió un espacio para que terceros presentaran información relevante, proceso que se comunicó públicamente por los canales oficiales de la entidad.

“Bastaba señor Coronell con ceñirse a nuestra respuesta para darse cuenta que la Superintendencia no se ha pronunciado sobre la operación de integración empresarial propuesta por el grupo empresarial Gillinski y helados Mimo’s y en ese sentido nada se ha aprobado. El trámite de la operación apenas comenzó, se dio la oportunidad a que terceros aportaran información útil para el análisis de la operación, invitación que incluso la hicimos en las redes de la entidad”, comentó la funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro.

Rusinque aclaró que el proceso de evaluación de la integración entre Gillinski y Mimo’s aún se encuentra en su primera fase y que, tras la recolección de información, se analizarán las preocupaciones de competencia antes de avanzar a una siguiente etapa. Además, invitó a rectificar las afirmaciones sobre el rol de la Superintendencia y criticó que algunos medios insinúen un trato privilegiado hacia determinados empresarios.

“Bueno, y ya que no leyó, como lo dijimos al medio y se lo reafirmo por acá, el trámite se encuentra en su primera fase, y una vez se aporte la información requerida a las partes del proceso, el equipo determinará las preocupaciones de competencia, con el fin de determinar si esta avanza a una segunda fase. Lo invito a informarse bien y a rectificar, pues su afirmación carece de soporte. Llama la atención eso si, que los mismos medios acostumbrados a satanizar nuestra labor, por una supuesta persecución ejercida contra los empresarios, ahora pretendan con afirmaciones tendenciosas insinuar que hacemos maniobras cuestionables para favorecer sus intereses por encima de la ley!”, aseveró.

Y concluyó su publicación diciendo lo siguiente: “Nosotros nos preocupamos es por el bienestar de los consumidores y nuestras actuaciones no dan cuenta de un sesgo a favor o en contra de uno u otro empresario, contrario a lo que de pronto ocurre con quienes utilizan sus medios con otras motivaciónes diferentes a las de brindar información”.

Al defender la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la investigación por una posible integración empresarial no notificada entre Caracol Radio y Canal 1, la superintendente Cielo Rusinque calificó como “ignorancia” las críticas lanzadas en su contra y rechazó las acusaciones de persecución a la prensa.

Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que figuras como la representante a la Cámara Cathy Juvinao la señalara abiertamente por este proceso y por su presunta responsabilidad en la liquidación de aerolíneas de bajo costo en el país.

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La polémica se agudizó cuando, a través de sus redes sociales, Juvinao expresó: “Los mismos negligentes que nunca sancionaron la integración irregular de Avianca y Viva Air, aún a pesar del evidente perjuicio para los usuarios, ahora se dispone a perseguir a los medios de comunicación. Un doble racero que huele a autoritarismo. Qué peligro”, según sus declaraciones en X.

Frente a estas acusaciones, Rusinque contestó señalando: “Lo realmente peligroso, representante Juvinao, es la ignorancia que se disfraza con poses de rigor intelectual para difundir mentiras con intenciones oportunistas y demagógicas”.

La funcionaria añadió que el caso de Avianca y Viva Air fue resuelto antes de su llegada y defendió que durante su administración, la SIC recibió 30.890 demandas relacionadas con Viva Air y Ultra Air, habiendo finalizado el 99% de estas, lo cual, según sus palabras, “devuelve a la ciudadanía un real acceso a la justicia”. Rusinque también recordó que bajo su liderazgo la SIC sancionó a Avianca por infracción al régimen de libre competencia.

En cuanto al proceso contra Caracol Radio y Canal 1, Rusinque señaló que la formulación de un pliego de cargos no equivale a una condena. “Esto lo sabe hasta un estudiante mediocre de primer semestre de derecho”, aseguró, indicando que las instancias de defensa y el derecho a presentar pruebas permanecen abiertas para los investigados.

Relativizó así cualquier afectación a la libertad de prensa, resaltando que el verdadero riesgo para la democracia radica en deslegitimar el trabajo de los órganos de control.

El contexto del caso refiere a que, tras recabar prueba en múltiples visitas administrativas y solicitudes de información, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC decidió abrir pliego de cargos contra Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A. y Plural Comunicaciones S.A.S. (Canal 1) por presunta infracción al régimen de libre competencia económica.

De acuerdo con los hallazgos, las empresas habrían suscrito varios acuerdos entre agosto de 2024 y febrero de 2025, incluyendo una ‘Carta de Intención’ y contratos que, según la SIC, transfirieron a Caracol Radio la influencia principal sobre los contenidos y la pauta publicitaria de Canal 1.

El 1 de octubre de 2024 habría comenzado la ejecución efectiva de estos contratos: en los horarios de mayor audiencia de Canal 1, que representaron entre el 70% y el 90% de la programación diaria, se transmitieron contenidos de Caracol Radio durante al menos 16 horas diarias. Directivos de ambas compañías incluso manifestaron en programas: “vamos a ser uno solo” al referirse a la alianza entre ambas casas mediáticas.

Según la información oficial, aunque Caracol Radio y Canal 1 reportaron a la SIC ciertos proyectos de integración en septiembre de 2024 y febrero de 2025, estos reportes no se correspondían con la integración materializada, resultando también extemporáneo el trámite de febrero. Esto constituyó, para la SIC, un incumplimiento de la obligación legal de notificar previamente cualquier integración que ya se hubiera ejecutado.

Las consecuencias legales podrían incluir sanciones económicas relevantes tanto para personas jurídicas como naturales involucradas: la multa para las empresas podría alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (equivalentes a 142.350 millones de pesos); para personas naturales la cifra asciende a hasta 2.000 salarios mínimos (2.847 millones de pesos).

La investigación, por tanto, involucra tanto a Caracol Radio y Canal 1 como a algunos de sus directivos, quienes habrían participado en la celebración y ejecución de contratos asociados a la supuesta integración empresarial que, según la SIC, fue implementada sin el debido aviso legal previo.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) podrá dictar sanciones económicas que ascienden a 142.350 millones de pesos, equivalentes a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en caso de demostrarse responsabilidad por parte de los implicados en la alteración de la libre competencia dentro de procesos contractuales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) gestionados entre 2023 y 2024.

Estas medidas se amparan en el régimen nacional de protección de la competencia, el cual faculta a la SIC a tomar acciones decisivas ante prácticas anticompetitivas que perjudican el correcto funcionamiento del mercado y, en este caso, impactan el uso de los recursos públicos destinados a atender emergencias en comunidades de alta vulnerabilidad.

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El proceso investigativo cobró impulso a raíz de múltiples evidencias obtenidas por la autoridad, producto de visitas administrativas directamente en las entidades implicadas, la recolección de información formal, declaraciones de personas relacionadas y la colaboración con órganos como la Fiscalía General de la Nación.

Los datos recolectados permitieron identificar la existencia de un entramado diseñado para vulnerar los principios de competencia, manifestado en la manipulación de seis procesos de contratación bajo la jurisdicción de la Ungrd.

Así se realizaba el fraude

El mecanismo fraudulento detectado operó a través de la coordinación ilícita entre funcionarios de la Ungrd y el postulante, al que finalmente se adjudicaron los contratos. Esta estructura permitió que se favoreciera al grupo liderado por Luis Eduardo López Rosero, quien inscribió una serie de empresas de su propiedad o bajo su control directo en las licitaciones públicas.

La finalidad era simular competencia y pluralidad de participantes cuando, en realidad, todas las ofertas eran planeadas y presentadas por un mismo núcleo, concertando precios inflados. El monto de los procesos investigados superó los 86.000 millones de pesos y estaba asignado principalmente a la atención prioritaria de emergencias, canalizando recursos vitales para poblaciones en situaciones precarias.

Además, Luis Eduardo López Rosero habría gestionado sistemáticamente la presentación de compañías vinculadas a su esfera de control para participar en las licitaciones abiertas por la Ungrd durante los años investigados.

Esta disposición permitía a las empresas recibir contratos bajo una supuesta dinámica competitiva, cuando en realidad actuaban como partes coordinadas, bajo la estrategia de presentar propuestas con precios artificialmente altos. Se identificó que los aumentos injustificados en los presupuestos de los contratos tenían la finalidad de financiar pagos ilícitos a quienes, desde el interior de la entidad, facilitaban la adjudicación amañada.

Dentro del grupo de funcionarios señalados, la SIC identificó como principales responsables a Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Ambos, según los hallazgos del expediente, habrían tenido un papel crucial en la manipulación interna de los procedimientos para garantizar que las empresas bajo la órbita de López Rosero resultaran adjudicadas, desviando de este modo el proceso y contraviniendo la legalidad del sistema de compras públicas.

Cargos contras los funcionarios

Por estas conductas, que han sido calificadas como sistemáticas, la Delegatura para la protección de la competencia formuló pliego de cargos tanto a los funcionarios y contratistas de la Ungrd involucrados, como a Luis Eduardo López Rosero, las sociedades bajo su dominio y demás personas que, de manera activa u omisiva, contribuyeron a consolidar la estructura delictiva.

El expediente detalla que la estrategia implementada por los implicados no solo transgredió la normativa de competencia, sino que además modula un grave atentado contra el principio de legalidad y la confianza de la ciudadanía sobre el sistema de contrataciones públicas. Los procesos afectados estaban dirigidos a resolver emergencias humanitarias, lo cual intensifica la gravedad del caso, considerando el destino de los recursos y el carácter prioritario de las acciones contractuales examinadas.

El rol de la Superintendencia de Industria y Comercio es central, ya que como entidad encargada de velar por el respeto a la libre competencia en Colombia, ha desplegado herramientas investigativas y cooperado con otras instituciones del Estado para esclarecer la totalidad de los hechos. Este trabajo articulado ha permitido identificar la estructura interna del sistema anticompetitivo y develar los flujos financieros fraudulentos que sirvieron para alimentar la red de corrupción detectada en la Ungrd.

En consecuencia, el anuncio del pliego de cargos constituye solo el inicio de un proceso que podría conllevar no solo un precedente disciplinario y sancionatorio importante en materia de competencia, sino también influir en la configuración de futuras políticas para la prevención de colusión y corrupción en procedimientos públicos. El objetivo último de la SIC es sostener un compromiso activo y permanente con la erradicación de prácticas desleales, reforzando así los esquemas de transparencia y legalidad en todas las etapas de la administración pública y la contratación estatal.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó, mediante la Resolución No. 65722 del 29 de agosto de 2025, la implementación de un acuerdo entre productores e industriales para la fijación del precio mínimo de referencia en la compra de arroz paddy verde.

Esta medida, respaldada por concepto previo y vinculante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, busca estabilizar el sector arrocero y estimular condiciones de comercio justo en un segmento estratégico para la seguridad alimentaria de Colombia, según el reporte oficial de la Presidencia de la República.

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El acuerdo establece que la industria, molinos o compradores deberán pagar por el arroz paddy verde –según la zona o municipio y bajo parámetros específicos de calidad– al menos el precio de referencia aprobado.

La tabla de precios incluye una corrección señalada en la resolución: el valor establecido que se indicaba para Puerto Lleras será en realidad aplicable a Puerto López, tras una aclaración de las partes involucradas.

Esta disposición estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025 y contempla tres ejes principales: la asignación de un precio mínimo de referencia por regiones, la posibilidad de compra del paddy verde como paddy seco equivalente bajo los mismos criterios de calidad y referencia, y la coordinación de acciones conjuntas en el desarrollo del plan de ordenamiento productivo del arroz.

Según la SIC, esta intervención apunta a garantizar estabilidad económica para los actores de la cadena, asegurar la sostenibilidad de la producción, la calidad y la comercialización, así como proteger los planes de siembra y prevenir la pérdida de un producto fundamental en la canasta básica nacional.

El informe matizó que, aunque la medida implica una limitante en el precio de venta, generará externalidades positivas para la cadena arrocera y representa un beneficio directo a los productores, al asegurarles un nivel mínimo de ingresos.

La autoridad de competencia determinó, además, que el acuerdo no provocaría efectos adversos para el consumidor, sino que podría dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado y redundar en beneficios para los hogares colombianos.

Para asegurar la transparencia y la libre competencia, la SIC implementará un seguimiento estricto a través de la Dirección de Cumplimiento, que recibirá información detallada sobre los precios de referencia, volúmenes de negociación, formas de pago y parámetros de calidad utilizados, con el fin de monitorear rigurosamente toda la cadena arrocera nacional durante la vigencia del acuerdo.

Gobierno estableció precio mínimo regulado para el arroz paddy verde

Unas semanas antes de esta novedad, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió una resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, definiendo un precio mínimo por tonelada según zona productora, como medida excepcional y transitoria, con el objetivo de asegurar la protección del campesinado y la sostenibilidad del sector arrocero.

La decisión, respaldada por concepto favorable de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), responde a criterios constitucionales de promoción del desarrollo rural y salvaguarda de la soberanía alimentaria, de acuerdo con información oficial de la entidad.

La ministra Martha Carvajalino precisó que el acto administrativo incorpora un seguimiento permanente del comportamiento del sector, sumado a un plan de choque para combatir el contrabando—con la participación de la Polfa y la Dian—y medidas complementarias desde el Ministerio de Comercio para garantizar que la regulación resulte efectiva en la formación de precios.

Carvajalino enfatizó el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con los productores y la estabilidad de la cadena arrocera, considerándola clave para la seguridad alimentaria del país.

La resolución detalla los precios mínimos de referencia por tonelada de arroz paddy verde en las principales zonas productoras: Bajo Cauca $1.491.478, Centro $1.589.489, Costa norte $1.512.785, Llanos $1.457.387 y Santanderes $1.555.398. Todo comprador deberá informar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados, cantidades adquiridas, lugares de compra y condiciones de pago, mecanismo que permitirá un monitoreo efectivo de la normativa.

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones económicas por un total de $5.763.477 a tres empresas del sector salud en Colombia, tras comprobar que vendieron medicamentos por encima de los precios máximos de venta permitidos.

Las multas, resultado de inspecciones en Cúcuta y Cali, afectan tanto a mayoristas como a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y buscan frenar prácticas que afectan el acceso a tratamientos esenciales y la sostenibilidad del sistema de salud.

La decisión se basó en la verificación de operaciones comerciales de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., Fabilu S.A.S. y Fabisalud IPS S.A.S., empresas que operan como mayoristas y como IPS en las ciudades mencionadas.

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Ante esta determinación, el presidente Gustavo Petro ratificó la sanción, compartiendo el comunicado de la Superintendencia de industria y Comercio y destacando algunos valores importantes de la investigación: “Sobrecostos hasta del 7.000% en medicamentos, contra la sociedad y los pacientes de Colombia. Tres sociedades mayoristas son las responsables”.

Las investigaciones, que abarcaron el periodo entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, revelaron que estas sociedades comercializaron medicamentos a precios que superaron los topes fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) en la Circular 13 de 2022.

En el caso de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., la Superintendencia identificó que, entre octubre de 2022 y junio de 2023, la empresa vendió 47 medicamentos con sobreprecios que oscilaron entre el 1,24% y el 7.000,93%.

Entre los ejemplos más destacados figura el medicamento Tisseel (CUM 220002154-1), utilizado en procedimientos quirúrgicos como sellante de tejidos, cuyo precio máximo autorizado era de $585.368,42, pero fue vendido por $4.750.000. Otro caso relevante es el de Actilyse (CUM 33103-2), empleado para disolver coágulos sanguíneos, que tenía un precio máximo de $1.691.122,48 y fue comercializado por $11.601.138.

Por su parte, Fabilu S.A.S., en su rol de mayorista, vendió nueve medicamentos entre enero y diciembre de 2023 a una Empresa Social del Estado, con incrementos que fueron del 3,5% al 164,7% sobre el precio máximo permitido.

Entre los medicamentos afectados se encuentra Clexane (CUM 36241-3), indicado para tratar coágulos y enfermedades cardíacas, cuyo precio máximo era de $12.089 y fue vendido por $32.000. También se detectó la venta de Bridion (CUM 20006959-1), un inhibidor neuromuscular, a $603.463, cuando el tope regulado era de $265.820.

En su calidad de IPS, Fabilu S.A.S., propietaria de la Clínica Colombia ES en Cali, comercializó diez medicamentos durante 2023, con sobreprecios que oscilaron entre el 3,38% y el 2.175,11%. Destaca el caso del medicamento Tisseel en su presentación líquida/sólida (CUM 20002154-1), cuyo precio máximo era de $313.172 y fue vendido por $7.125.000. Además, la empresa ofreció Verapamilo en presentación sólida oral x 50 tabletas (CUM 36606-1) a $2.700, pese a que el precio máximo autorizado era de $202.

Fabisalud IPS S.A.S., propietaria de la Clínica Cristo Rey en Cali, también fue sancionada tras comprobarse que, entre enero y diciembre de 2023, vendió cuatro medicamentos con incrementos que fueron del 0,09% al 100% sobre el precio máximo.

Un ejemplo es el Symbicort Turbuhaler (160mcg/4,5mcg) frasco por 60 dosis (CUM 19918906-1), utilizado para tratar asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cuyo valor máximo era de $55.114, pero fue vendido por $110.229.

La Superintendencia subrayó que el régimen de control directo de precios de medicamentos y dispositivos médicos es una herramienta esencial del Gobierno nacional para proteger el interés general y evitar abusos en el mercado. Esta regulación busca asegurar que los recursos públicos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud se utilicen de manera eficiente, garantizando así la protección de derechos fundamentales como la salud y la vida, que pueden verse comprometidos por el sobrecosto de medicamentos.

Las empresas sancionadas tienen la opción de presentar recursos legales ante las instancias correspondientes, lo que podría dar lugar a una revisión de la decisión por parte de la autoridad.

La iniciativa, amparada por la Resolución 35379 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca agregar demanda para optimizar la adquisición de medicamentos y tecnologías en salud (TES), con el fin de garantizar sostenibilidad financiera y acceso para los afiliados.

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Desde el movimiento, que reúne a 200 organizaciones de pacientes en todo el país, se valoró el esfuerzo del Gobierno por intentar generar eficiencias en el gasto, pero se advirtió que la forma en que se estableció el proceso carece de orden, garantías y mecanismos que protejan efectivamente la continuidad en los tratamientos de los pacientes.

Sobre la metodología de las negociaciones

Pacientes Colombia enumeró varios puntos críticos sobre el modelo de negociación. En primer lugar, señalaron que “la metodología no garantiza dispensación efectiva, lo que generaría barreras en la adherencia y la continuidad de los tratamientos”, una de las principales preocupaciones del movimiento, en la medida en que el acceso oportuno a medicamentos es vital para la salud de los pacientes con enfermedades crónicas.

Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con la falta de garantías de flujo constante de recursos. Las EPS intervenidas atraviesan actualmente dificultades de caja para pagar deudas y cumplir con los compromisos financieros, por lo que existe el riesgo de desabastecimiento.

También se destacó la incertidumbre respecto al papel de la industria farmacéutica. Pacientes Colombia señaló que los laboratorios no tienen experiencia ni infraestructura suficiente para realizar la dispensación directa a los pacientes, lo que genera dudas sobre la eficacia del proceso.

Los gremios farmacéuticos han manifestado inquietudes frente a la remuneración y el papel que tendrán las gestoras farmacéuticas, que históricamente han sido las encargadas de la distribución.

Riesgos en la dispensación y fragmentación del acceso

Otra advertencia del movimiento se relaciona con la asignación de responsabilidades de dispensación a actores que, según ellos, no cuentan con la capacidad financiera ni la experiencia requerida.

Recordaron que, con la reciente entrega de los activos de Drogas La Rebaja al Gobierno por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), existe la posibilidad de que estas farmacias sean incluidas en los procesos de entrega de medicamentos. Pacientes Colombia enfatizó que cualquier entidad encargada debe tener trayectoria e infraestructura probadas para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Además, se alertó sobre el riesgo de fragmentación en el acceso, especialmente en el caso de pacientes polimedicados. La falta de un mecanismo centralizado de negociación y dispensación podría generar que un mismo paciente deba acudir a distintos canales para obtener sus tratamientos, con el consecuente impacto en tiempos, continuidad y seguridad terapéutica.

Autonomía médica y llamado a las autoridades

El movimiento también manifestó preocupación sobre posibles efectos en la autonomía médica. Si en la negociación conjunta únicamente se contemplan medicamentos que cumplen con especificaciones técnicas estrictas, existe el riesgo de que los médicos prescriban un medicamento y los pacientes reciban otro diferente. Según el movimiento, esto afectaría la efectividad de los tratamientos y la confianza entre médicos y pacientes.

Frente a esta situación, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirmó: “Desde Pacientes Colombia, hacemos un llamado urgente a todas las partes implicadas, incluido el Comité para el Seguimiento y Ejecución del Acuerdo de Negociación Conjunta de Tecnologías Sanitarias, para que establezcan un proceso más ordenado, transparente y participativo en el que se tenga en cuenta la voz de todos los agentes de la cadena de suministro de medicamentos“.

Y agregó: “Es imperativo proteger la cobertura y el acceso ininterrumpido a los tratamientos de todos los pacientes colombianos para garantizar su calidad de vida y su derecho fundamental a la salud. Resaltamos que la verdadera y única causa de la falta de medicamentos en el país es la escasez de recursos”.

El ingreso formal de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. a un proceso de liquidación judicial fue ordenado el 25 de agosto de 2025, luego de que la empresa incumpliera reiteradamente sus compromisos financieros y no lograra superar su deterioro económico, según informó la Superintendencia de Sociedades.

Durante la audiencia celebrada en Bogotá, la autoridad resolvió que la compañía, que opera 33 establecimientos en Colombia y emplea a 183 trabajadores directos, no pudo normalizar su situación ni demostrar capacidad de cumplimiento pese a los esfuerzos realizados desde el inicio del proceso de reorganización en agosto de 2022.

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La entidad estatal detalló que, con corte al 30 de junio de 2025, la sociedad reportaba activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones, lo que reflejaba una frágil situación financiera.

Tras el incumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social y gastos de administración, el juez del concurso constató durante cinco sesiones que persistía la falta de pago ante entidades como Colpensiones, la Dian, Porvenir y Protección, así como un aumento en las deudas por el impuesto al consumo.

“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, explicó el superintendente Billy Escobar Pérez.

La Superintendencia de Sociedades reiteró su compromiso de aplicar de forma oportuna los mecanismos de insolvencia previstos en la Ley 1116 de 2006, velando por procedimientos “técnicos, transparentes y eficaces que contribuyan a la estabilidad del entorno empresarial colombiano”.

SIC abrió investigación en contra de almacenes Flamingo S.A. por irregularidades en el cobro de intereses

El inicio de una investigación administrativa contra Almacenes Flamingo S.A. por supuestos cobros de intereses excesivos y deficiencias en el suministro de información a los consumidores podría llevar a sanciones significativas, que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos, la suspensión temporal de actividades por hasta 180 días, o la prohibición de ofrecer productos al público si se confirman las faltas señaladas.

Según explicó la SIC, se detectó que Almacenes Flamingo presuntamente excedió los límites legales de tasas de interés en operaciones efectuadas en noviembre de 2022 y enero de 2024. “Las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”, enfatizó la entidad. Los hallazgos también incluyen el incumplimiento en la entrega de la información mínima obligatoria en los contratos de crédito.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor determinó que en los contratos firmados durante enero y noviembre de 2024, la empresa no proporcionó detalles esenciales, como la descripción del bien adquirido, la tasa de interés remuneratoria y moratoria expresada como interés efectivo anual, ni evidenció la tasa máxima legal vigente al momento de la firma.

Este vacío, indicó la Superintendencia, dejó a los clientes “sin elementos suficientes para la toma de decisiones, al momento de la adquisición de los bienes financiados”.

La SIC recalcó que estas prácticas presuntamente provocaron que los consumidores pagaran montos superiores a los permitidos legalmente y sin la información necesaria para decidir de manera informada. Además, reiteró su compromiso de vigilar que las prácticas comerciales sean “transparentes, responsables y que respeten los derechos de las y los consumidores en todo el país”.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Delegatura para la Protección de Datos Personales, confirmó una sanción contra una EPS por vulnerar gravemente el régimen de protección de datos personales, establecido principalmente por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Dicho régimen impone a las instituciones obligaciones claras frente al manejo de datos sensibles y reconoce a los ciudadanos derechos como el acceso, rectificación, actualización y supresión de su información personal.

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El caso que dio origen a la sanción ocurrió cuando SOS EPS remitió la historia clínica completa de un paciente a cuatro directivos de su empleador. El trámite estaba relacionado con la calificación del origen profesional de una patología osteomuscular, sin que existiera ninguna necesidad ni relevancia de compartir los datos sobre su estado serológico.

En el comunicado oficial, la entidad dejó en claro que la EPS incumplió los deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012, al exponer información sensible sin autorización previa ni fundamento legal. Según la decisión, esta actuación constituyó una vulneración directa a derechos fundamentales como la intimidad, el habeas data y la no discriminación.

El paciente, además, enfrentó consecuencias en su entorno laboral, como cambios de área no justificados y la necesidad de atención psicológica tras la revelación de su diagnóstico.

Protección de datos sensibles: un principio constitucional

La SIC rechazó el argumento de la EPS según el cual no existía prueba de un daño concreto. En respuesta, enfatizó que la protección de los datos personales no se limita a los casos en los que ya se ha consumado un perjuicio, sino que se activa también frente al riesgo o peligro de vulneración de derechos.

En el pronunciamiento se advirtió que “la historia clínica es un conjunto sistematizado de datos personales sensibles cuyo tratamiento está sometido a reglas estrictas de circulación restringida y de confidencialidad”. Por ello, su divulgación, total o parcial, sin justificación legal o sin autorización del titular, desconoce principios esenciales como la necesidad y la finalidad del tratamiento de datos.

La entidad reiteró que los datos sensibles, como los relacionados con la salud, gozan de especial protección constitucional y legal, y que las entidades responsables del tratamiento deben implementar medidas eficaces para garantizar su resguardo.

De igual forma, aclaró que la entrega de información a terceros solo es legítima si responde a una finalidad específica y legalmente amparada, o cuenta con la autorización expresa del titular.

SOS EPS bajo intervención del Gobierno

La sanción contra SOS EPS se da en medio de un panorama complejo para la entidad. El 19 de agosto, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la designación de un nuevo agente interventor en esta EPS, así como en Coosalud y Nueva EPS, como parte de las medidas de control adoptadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad de las aseguradoras en salud.

El superintendente Giovanny Rubiano explicó que los cambios buscan fortalecer auditorías médicas, estabilizar redes prestadoras y mejorar la gestión del acceso a medicamentos. En el caso de SOS EPS, fue designado como interventor Sergio Andrés Gil Celis, que asumirá la tarea de garantizar el cumplimiento de los planes de mejoramiento definidos por la Supersalud.

Este contexto revela que SOS EPS no solo enfrenta problemas de gestión y control administrativo, también cuestionamientos sobre su manejo de la información sensible de los usuarios. La sanción de la SIC, en ese sentido, se convierte en un precedente importante para recordar a las entidades de salud que la prestación del servicio no puede desligarse del respeto por los derechos fundamentales.

“(...) ninguna actividad empresarial o institucional justifica la vulneración del derecho al habeas data, especialmente cuando se trata del tratamiento de datos sensibles, cuyo uso indebido puede conducir a actos discriminatorios o generar daños irreparables a la dignidad de las personas”, afirmó la SIC.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra Almacenes Flamingo S.A. por presuntamente haber cobrado intereses por encima del límite legal y no cumplir con la obligación de informar adecuadamente a los consumidores en Colombia.

De acuerdo con la SIC, la compañía podría enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos, cierre temporal de sus establecimientos hasta por 180 días, o la prohibición de ofrecer productos al público, si se comprueba la comisión de las faltas investigadas.

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La investigación de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor surgió tras analizar distintos requerimientos que involucraban el servicio de ventas con financiación, la información previa suministrada a los clientes y los cobros que se realizaron.

El análisis permitió identificar que Almacenes Flamingo habría excedido los límites legales de tasas de interés en operaciones realizadas durante noviembre de 2022 y enero de 2024. Sobre este punto, la entidad señaló que “las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana”.

Otro de los hallazgos destacados fue el incumplimiento en la entrega de información mínima obligatoria en los contratos de crédito.

Según lo determinado por la Dirección de Investigaciones, en contratos de adquisición de bienes y servicios con financiación celebrados en enero y noviembre de 2024 no se incluyó información esencial para el consumidor, como la descripción detallada del bien adquirido, las tasas de interés remuneratoria y moratoria expresadas como interés efectivo anual, ni la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del contrato.

La entidad enfatizó que esto dejó a los clientes “sin elementos suficientes para la toma de decisiones, al momento de la adquisición de los bienes financiados”.

La SIC indicó también que estas presuntas acciones y omisiones habrían hecho que los consumidores terminaran pagando más de lo legalmente permitido y sin el nivel de información necesario para decidir de manera informada.

La Superintendencia reiteró su compromiso de vigilar que las prácticas comerciales en el país sean “transparentes, responsables y que respeten los derechos de las y los consumidores en todo el país”.

Para las personas interesadas en dar seguimiento a sus solicitudes o formular quejas, el organismo detalló los canales oficiales de atención, como el portal www.sic.gov.co, líneas telefónicas nacionales y puntos de servicio en Bogotá.

Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Almacenes Éxito por vulnerar derechos de los consumidores

Almacenes Éxito S.A. deberá enfrentar una sanción económica de $691.456.512 impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), luego de comprobarse múltiples infracciones que vulneraron los derechos de los consumidores tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma digital. De acuerdo con el organismo, la sanción se basa en inspecciones realizadas en los puntos Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de la compañía durante julio y septiembre de 2024.

Según informó la SIC, entre las principales irregularidades identificadas destaca la exigencia por parte de Almacenes Éxito de que los clientes presentaran la tirilla de pago, factura o documento equivalente como condición para hacer efectiva la garantía legal de los productos, cuando esta exigencia no está contemplada en la normativa vigente.

La SIC enfatizó al respecto: “la empresa exigió a los clientes la presentación de la tirilla de pago, factura o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal, un requisito no contemplado en la normativa vigente”.

La autoridad también detectó la ausencia de señalización visual del precio total de los productos, lo cual afectó el derecho de los consumidores a contar con información clara y fácilmente disponible para poder comparar ofertas y tomar decisiones ajustadas a sus necesidades y presupuesto. Otra de las infracciones identificadas por la SIC fue la realización de promociones sin detallar el número de productos o incentivos disponibles, lo que pudo “generar equivocación o confusión sobre los términos de las ofertas”.

Además, la Superintendencia tuvo en cuenta el historial de reincidencias de Éxito como factor agravante al determinar la sanción.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato y la aplicación de medidas correctivas urgentes en varios hoteles turísticos en Palomino, La Guajira, y en San Andrés y Providencia, tras detectar riesgos graves que comprometían la vida e integridad de viajeros, trabajadores y visitantes.

Las inspecciones se intensificaron especialmente luego de una tragedia ocurrida recientemente en San Andrés, según reportó la entidad el 15 de agosto de 2025, en un comunicado oficial.

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En Palomino, la SIC dispuso el cierre total de los hoteles Beach Life Party Hostel y Casa Ibiza by Beach Life Palomino, bajo la administración de la sociedad Villa Delia Palomino Beach S.A.S. Las inspecciones revelaron “presencia de conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución y ausencia de iluminación de seguridad en rutas de evacuación y salidas de emergencia, entre otras irregularidades graves, en contravención de lo dispuesto por los reglamentos técnicos Retie y Retilap”.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia, se identificaron defectos críticos en las instalaciones internas de gas en los hoteles Hotel Decameron Los Delfines, Hotel Las Américas, Hotel Portobello Convention Cemter, así como un cierre parcial en el área de cocinas del Hotel Tone Blue.

El informe técnico advierte sobre la “ausencia de ventilación adecuada en ciertos espacios con presencia de monóxido de carbono, conexiones sin tapones metálicos de seguridad, uniones sin protección anticorrosiva, tanques de GLP sin anclaje y falta de avisos preventivos exigidos por la norma”, lo que aumenta considerablemente el riesgo de explosiones, fugas o intoxicaciones.

La responsabilidad de adelantar las acciones urgentes recae en las sociedades Servincluidos LTDA., Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S. BIC, Operadora Apartahotel Las Américas Limitada y Hoteles Portobelo SAI S.A., propietarias de los establecimientos, a las que la Superintendencia de Industeia y Comercio le exigió la pronta adecuación de sus instalaciones a la normativa vigente.

La entidad también recordó que “las instalaciones eléctricas, de iluminación y de gas combustible implican riesgos inherentes y que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es esencial para prevenir accidentes, proteger la vida, la salud y garantizar la seguridad de las personas y de los animales, especialmente en destinos turísticos estratégicos del país”.

Además, subrayó que el incumplimiento de estas órdenes puede acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011.

En memoria de las vidas y experiencias afectadas por estos incidentes, la SIC aseguró que continuará realizando inspecciones y priorizando la vigilancia en zonas turísticas y establecimientos de alto riesgo, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares.

Este tipo de procedimientos se llevaron a cabo, teniendo presente algunos casos en los que desafortunadamente turistas han perdido la vida por negligencia de las empresas en cuanto a la sostenibilidad de los espacios, así como el abandono de los mismos.

Como fue el caso de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluagay su hijo Kevin Matías Martínez Canro, de 4 años, quienes fueron hallados sin vida el viernes 11 de julio en el hotel Portobelo Convention, ubicado en la isla de San Andrés. Según la hija de la mujer, el día anterior le había contado que las condiciones de la habitación eran muy deficientes y que había un olor penetrante que no lograban distinguir que era.

Varias han sido las quejas que por medio de las redes sociales y en varios medios de comunicación se han expuesto, por lo que las entidades correspondientes se vieron en la obligación de tomar cartas en el asunto y comenzar con las investigaciones para poder esclarecer varios episodios.

El síndrome de intestino corto (SIC) se caracteriza por la pérdida o disfunción de una porción significativa del intestino delgado, órgano responsable de la absorción de la mayoría de los nutrientes esenciales. Según datos recogidos por equipos médicos argentinos, la incidencia estimada es de 20 nuevos casos anuales en el país, lo que lo sitúa entre las enfermedades consideradas raras.

La causa puede ser congénita —por malformaciones— o adquirida, generalmente tras cirugías que obligan a resecar grandes segmentos intestinales. En la infancia, las principales razones incluyen enterocolitis necrotizante, íleo meconial, defectos de la pared abdominal y vólvulos, aunque también pueden intervenir enfermedades inflamatorias como la de Crohn o traumatismos, según describe Stanford Medicine Children’s Health, centro de salud afiliado a la Universidad de Stanford.

La posibilidad de que un niño con síndrome de intestino corto logre suspender la nutrición parenteral —alimentación por vía intravenosa— se presenta actualmente como una posibilidad. Un estudio multicéntrico argentino, publicado recientemente, documentó que el 36% de los pacientes pediátricos tratados con teduglutida alcanzó la suspensión completa de este soporte vital tras una mediana de 1,5 años de tratamiento. Este avance es un paso en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ante una condición que aún no tiene cura.

La consecuencia inmediata de esta pérdida anatómica es la incapacidad del intestino para absorber agua, vitaminas, minerales y macronutrientes en cantidad suficiente. Los síntomas más frecuentes en los niños incluyen

• Diarrea persistente
• Deshidratación
• Escaso aumento de peso
• Vómitos recurrentes
• Calambres
• Acidez estomacal
• Fatiga
• Sensibilidad alimentaria

En los casos más graves, la única alternativa es la nutrición parenteral, que implica la administración de nutrientes directamente en el torrente sanguíneo durante muchas horas al día. Este procedimiento, aunque salva vidas, conlleva riesgos considerables como infecciones, complicaciones hepáticas, trombosis y la pérdida progresiva de accesos venosos, además de un impacto profundo en la dinámica familiar y el desarrollo del niño.

La Dra. Carola Saure, médica pediatra y especialista en Nutrición, jefa de Clínica del Servicio de Nutrición del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan y miembro del equipo de rehabilitación intestinal de esa institución, subrayó la gravedad de la condición: “El intestino tiene partes que son irreemplazables en cuanto a la absorción de nutrientes, de vitaminas y de micronutrientes, lo que hace que deban recibir nutrición parenteral durante muchas horas al día. Afortunadamente, entre un 70 a 80 por ciento de los niños logrará dejar total o parcialmente esta nutrición asistida, pero eso no significa que estén curados, es una condición que por ahora no tiene cura”.

En la última década, el abordaje del SIC ha experimentado una transformación radical. La conformación de equipos interdisciplinarios especializados y la mejora en la calidad de los preparados de nutrición parenteral han permitido reducir complicaciones y optimizar el soporte.

Un nuevo aporte a la mejora de la salud de estos pacientes provino de la introducción de teduglutida, un análogo del péptido similar al glucagón tipo 2 (GLP-2). Esta molécula estimula la adaptación del intestino remanente, incrementa el flujo sanguíneo y promueve el crecimiento de las criptas intestinales, estructuras clave para la absorción de nutrientes, explicó la Dra. Saure. “La teduglutida mejora el flujo de sangre al intestino y genera mayor crecimiento del número de criptas intestinales, que son las capas internas del intestino que contienen células especializadas en la capacidad de absorción de nutrientes”.

El estudio argentino “Experiencia real del uso de teduglutida en pacientes pediátricos con síndrome de intestino corto en Argentina” incluyó 33 pacientes de entre 1 y 18 años (mediana de 7,5 años) atendidos en nueve centros médicos entre enero de 2017 y agosto de 2023. Todos los participantes presentaban insuficiencia intestinal crónica secundaria a SIC. Tras una mediana de 1,5 años de tratamiento, el 100% de los pacientes logró reducir en al menos un 20% el volumen semanal de nutrición parenteral, y el 36% suspendió completamente el soporte durante el seguimiento. Los autores concluyeron que “la experiencia argentina con teduglutida como parte de las estrategias de rehabilitación intestinal mostró buenos resultados y eventos adversos como los reportados en otras series internacionales”.

Estos resultados se alinean con investigaciones previas, como la realizada por el equipo de la Fundación Favaloro, que reportó que el 94,2% de los pacientes tratados con teduglutida redujo sus requerimientos de nutrición parenteral en más del 20%, y el 66,5% alcanzó la autonomía intestinal. A nivel internacional, la tasa de destete de nutrición parenteral ronda el 40%, mientras que cerca del 98% de los pacientes logra disminuir la necesidad de agua, electrolitos y calorías administradas por vía intravenosa. Esta reducción en la dependencia de la nutrición parenteral representa un alivio sustancial para los pacientes y sus familias, al disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida.

La Dra. Saure enfatizó la importancia de este avance: “El uso crónico de nutrición parenteral tiene comorbilidades asociadas que muchas veces son una verdadera limitante en la vida de los pacientes. Además, otro problema son los accesos vasculares: estos niños tienen riesgo de trombosis y van perdiendo a lo largo de su evolución accesos vasculares, lo cual dificulta la posibilidad de tener nutrición parenteral, que es su sostén vital. Cuanto antes se logre el destete de la nutrición parenteral, mejor va a ser la calidad y menor la morbilidad asociada a la enfermedad”.

El diagnóstico del SIC suele ser evidente en niños que han perdido una porción considerable del intestino delgado, especialmente tras una cirugía. El equipo médico evalúa los síntomas y recurre a estudios complementarios como análisis de sangre, pruebas de heces, estudios de imágenes (radiografía o tomografía computarizada) y procedimientos endoscópicos para descartar otras causas y valorar el grado de malabsorción. La localización y extensión de la resección intestinal determinan la gravedad del cuadro, ya que distintas partes del intestino absorben nutrientes específicos y la presencia de la válvula ileocecal o del colon puede modificar el pronóstico.

El abordaje actual del SIC exige la intervención de equipos multidisciplinarios que integran pediatras, gastroenterólogos, cirujanos, nutricionistas y enfermeros especializados. El objetivo es maximizar la adaptación intestinal, prevenir complicaciones y, cuando es posible, reducir o eliminar la dependencia de la nutrición parenteral. La introducción de terapias como la teduglutida ha ampliado las posibilidades de rehabilitación, permitiendo que un número creciente de niños alcance la autonomía intestinal y una vida menos condicionada por la enfermedad.

El estudio argentino sobre teduglutida contó con la participación de centros de referencia como el Hospital Universitario Fundación Favaloro, el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan, el Hospital Público Materno Infantil de Salta, la Clínica Pediátrica San Lucas de Neuquén, el Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba, el Hospital Dr. Alejandro Posadas de El Palomar y la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción millonaria a la empresa Comercializadora del Llano S.A., con sede en Villavicencio (Meta), tras constatar que uno de sus productos incumplía con el contenido de peso declarado en el empaque.

La medida, que se dio a conocer el pasado 31 de julio de 2025, se basa en una investigación iniciada en noviembre de 2022, y se relaciona con el producto “Arroz del Llano” en su presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 4759.

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Menos arroz del que se paga

Durante la inspección técnica realizada en la planta de empaque de la empresa, la SIC determinó que cada bolsa contenía 1,89 gramos menos de lo anunciado, lo cual, aunque pueda parecer mínimo, representa un incumplimiento de la normativa metrológica vigente. Según el informe oficial, solo en ese lote puntual, el déficit total de producto equivale a más de 34 bolsas de 500 gramos, afectando directamente el bolsillo de los consumidores.

“Cuando la información declarada en un empaque no corresponde con la realidad, se vulnera la confianza del consumidor y se afecta directamente su bolsillo”, enfatizó la Superintendencia.

El arroz, por tratarse de un alimento de primera necesidad y de venta masiva, está sometido a regulaciones estrictas, especialmente en lo relacionado con el peso neto anunciado en el empaque. La SIC recordó que este producto es parte fundamental de la canasta básica familiar y constituye un elemento esencial en la dieta diaria de millones de colombianos.

Una sanción por más de $335 millones

Tras los hallazgos, la SIC emitió la Resolución 42953 del 11 de julio de 2025, mediante la cual impuso una sanción económica en primera instancia por $335.008.000 a Comercializadora del Llano S.A. La resolución se basa en lo establecido por la Resolución 32209 de 2020, que regula los requisitos metrológicos para productos preempacados.

Según explicó la Superintendencia, la muestra fue recolectada de manera aleatoria conforme a los procedimientos técnicos estipulados, y el lote verificado corresponde a una jornada de producción de una hora, compuesta por 9.000 unidades.

“La metrología legal es una herramienta de vigilancia del mercado que garantiza que cada gramo, mililitro o unidad anunciada corresponda con lo que el consumidor efectivamente recibe”, señaló la entidad en su comunicado.

Impacto en la confianza del consumidor

El caso no solo implica un perjuicio económico, sino que también genera un daño en la relación de confianza entre consumidores y empresas. La SIC ha reiterado que este tipo de prácticas representan una falla grave en la transparencia comercial, especialmente cuando se trata de productos de alta rotación y consumo masivo como el arroz.

“El arroz no es cualquier producto: es parte de la canasta básica y protagonista en la dieta del país. Cuando se engaña al consumidor con el peso, se rompe un principio básico de transparencia comercial”, se lee en el documento sancionatorio.

Llamado a cumplir la ley

La Superintendencia aprovechó este caso para hacer un llamado a todos los actores del mercado a cumplir con la normatividad vigente, no solo por obligación legal, sino como un compromiso ético con los consumidores colombianos.

Además, recordó que contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación, conforme lo dispuesto por la ley, por lo que la empresa aún puede controvertir la sanción en las instancias correspondientes.

El papel del consumidor en la vigilancia del mercado

Este caso también visibiliza la importancia del rol activo del consumidor. Aunque muchos ciudadanos no revisan con detalle los empaques de los productos que compran, gracias a las denuncias o reportes realizados por algunos consumidores atentos, las autoridades pudieron detectar y sancionar esta práctica.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se refirió a las denuncias de supuesto nepotismo y despidos irregulares en la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), reveladas por Cambio.

A través de su cuenta de X, la funcionaria aseguró que “la periodista Paola Herrera tiene la intención de ‘actualizar’” la información revelada por el citado medio de comunicación, que, en caso de hacerlo, es por la información que enviaron desde la SIC.

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“Me informan que la periodista Paola Herrera tiene la intención de ‘actualizar’ el artículo que publicó en la Revista Cambio sobre presuntos casos de nepotismo y despidos irregulares en la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de hacerlo, lo haría sobre la información que le fue enviada por nuestra entidad, en la que se responden una a una sus preguntas y se da cuenta de la transparencia, objetividad y cuidado con el que hemos obrado en la reestructuración de la planta de personal de la SIC”, aseveró Rusinque.

La superintendente de Industria y Comercio aseguró que sería “una rectificación”, sobre el supuesto daño en la entidad.

“De hecho, no sería una ‘actualización’ sino una rectificación, sabiendo que el daño reputacional ya está hecho. Esto, porque en lugar de contrastar con seriedad las versiones y buscar la verdad, solo le ha interesado apresurarse en el ataque sistemático contra esta administración”, afirmó la funcionaria.

Cielo Rusinque afirmó que las contrataciones y las salidas en la SIC son por concurso público de méritos, lamentado así la publicación de Cambio.

“Como lo dijimos en una pasada publicación en estas redes, la llegada y salida de funcionarios obedece a un concurso público de méritos estructurado sobre la política de meritocracia y formalización del empleo emprendida por este gobierno. Lamento la ligereza y ataques sistemáticos a esta administración por parte de la señora Herrera, quien, sin ningún conocimiento del contexto y del fundamento jurídico de nuestras decisiones, se permite levantar toda clase de acusaciones calumniosas”, severó.

Y agregó: “Además, sobre chismes, deja volar su imaginación complotista, afectando el buen nombre y honra de personas decentes. Y no contenta con eso, pretende que respondamos a sus peticiones en menos de 24 horas, sabiendo que su posición sesgada la ciega frente a hechos y razones”.

Cielo Rusinque se preguntó si la información es para “manipular deliberadamente a la opinión pública”, motivo por el cual cuestionó severamente a la periodista Paola Herrera.

“¿Esto es información o solo un intento más por manipular deliberadamente a la opinión pública y lanzar como pseudo información lo que constituye otro ataque personal en mi contra? Dado que no es la primera vez que esto ocurre, pareciera más una animadversión personal, que dice más de la falta de rigor de la periodista que de mi labor como funcionaria“, puntualizó Rusinque.

Detalles de la denuncia

En la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) habría inquietud después de denuncias hechas por exfuncionarios y empleados, quienes señalan que cerca de 50 trabajadores prepensionados habrían sido apartados de sus cargos sin previo aviso ni alternativas de reubicación, aun cuando algunos de ellos habrían superado el concurso de méritos y estarían en listas de elegibles.

De acuerdo con testimonios recogidos por la revista Cambio, solo una mínima parte habría recibido fallos favorables de la justicia, mientras que el resto seguiría esperando una solución.

Estas denuncias coincidirían con la convocatoria 430 de 2016, implementada en 2023 y gestionada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc).

Según versiones citadas, durante el proceso, la Cnsc habría consultado si los cargos ofertados estaban ocupados por prepensionados y la SIC habría respondido que no, lo que habría derivado en que esas plazas fueran asignadas sin restricciones, generando inconformidad por una supuesta violación de la estabilidad laboral reforzada.

Trascendió que algunos jueces habrían ordenado el reintegro de exfuncionarios y el respeto de sus derechos. Al mismo tiempo, fuentes internas señalarían posible trato preferencial en la reubicación de familiares de directivos y sugirieron presunto nepotismo dentro de la entidad.

Hay tensión al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), después de que exfuncionarios y trabajadores denunciaran que al menos 50 empleados prepensionados han sido apartados de sus cargos sin previo aviso ni posibilidad de reubicación, a pesar de haber superado el concurso de méritos y estar en las listas de elegibles.

Según testigos citados por la revista Cambio, solo una pequeña parte de esos trabajadores ha logrado el respaldo de la justicia, mientras la mayoría sigue a la espera de una solución administrativa.

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Estas denuncias surgen en medio de la reciente convocatoria 430 de 2016, que fue implementada en 2023 para la SIC y otras superintendencias, ejecutada por la Universidad Libre y dirigida por la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc).

De acuerdo con Cambio, uno de los puntos más delicados se relaciona con la omisión detectada durante el proceso, cuando la Cnsc consultó expresamente a la Superindustria si puestos ofertados estaban ocupados por personas próximas a jubilarse.

“La Cnsc le preguntó expresamente a la Superindustria si esos cargos estaban ocupados por personas cercanas a la pensión. Respondieron que no. Esa omisión permitió que los puestos fueran ocupados sin ninguna restricción, violando el derecho a la estabilidad reforzada”, explicó un abogado laboralista consultado por el medio.

La SIC, según la respuesta enviada a Cambio, atribuyó la situación a una obligación constitucional y legal, justificando que su papel consiste en garantizar que “sean los últimos en ser despedidos”.

La ley colombiana respalda la estabilidad laboral reforzada para varios grupos, entre ellos las personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, prepensionados y quienes cuentan con fuero sindical. Aunque la legislación impone que estos trabajadores no pueden ser removidos sin alternativas de reubicación o compensaciones equivalentes, algunas tutelas interpuestas por exfuncionarios ya prosperaron en favor de prepensionados. En estos casos, los jueces han ordenado su reintegro y el respeto de sus derechos, e indicaron que, cuando no existan plazas disponibles, la entidad debe pensionarlos directamente o crear vacantes equivalentes.

Al interior del área de Talento Humano de la SIC, la controversia aumentó ante la reubicación rápida de Miguel Ángel Zambrano Ulloa, hijo de la Coordinadora Luz Marina Ulloa, tras no superar el concurso de méritos y permanecer en provisionalidad.

El argumento presentado fue una discapacidad osteomuscular, lo cual permitió su reasignación a otro cargo en un plazo inferior a un mes. “Mientras tanto, a funcionarios con diagnósticos graves, incluso oncológicos, los están sacando sin contemplaciones”, declaró una fuente interna citada por Cambio.

Además, las denuncias de presunto nepotismo al interior de la SIC se intensificaron al revelarse que la esposa de Zambrano Ulloa tiene un contrato vigente con la entidad.

Consultada por la revista Cambio, la SIC defendió estas decisiones indicando que el nombramiento de Zambrano Ulloa ocurrió bajo la administración anterior, y que, a la fecha, Luz Marina Ulloa no laboraba en la entidad. Además, señalaron que la reubicación cubrió a varios funcionarios que acreditaron discapacidad. Según comunicaron, las reubicaciones siguen en proceso.

La SIC, citando sentencias como la SU-003 de 2018 y la T-421 de 2024, afirmó que el orden de reubicación de funcionarios sigue el establecido por el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, dando prioridad a personas con discapacidad, luego a mujeres en estado de embarazo, jefes de hogar, prepensionados y personas con fuero sindical.

Exfuncionarios alegan, a pesar de esos lineamientos y el reconocimiento de cargos vacantes, que la SIC no ha utilizado esas plazas para proteger a quienes la ley ampara.

“Yo solicité la reubicación en enero… A todos nos declararon insubsistentes”, relató uno de los cesados. Otro trabajador detalló que, aunque presentó pruebas de ser único sostenedor de familia, la entidad exigió requisitos adicionales antes de su desvinculación. Según el testimonio recogido, “la SIC quiere quedarse con esos puestos y entregarlos a sus apadrinados políticos”.

La entidad, al mando de Cielo Rusinque, cuenta con más de 1.500 empleados y su administración ha sido interpelada por la prensa sobre las decisiones adoptadas.

Ante los cuestionamientos, Rusinque aseguró que las denuncias constituyen “falsedades” y que por ahora no pueden responder con detalle debido a “muchas urgencias” relacionadas con la misión institucional.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pone nuevamente a discusión las prácticas de los megaempresarios en Colombia, que atentan contra los derechos de los consumidores a la hora de adquirir sus productos.

El hallazgo de que el arroz empacado en Villavicencio por Comercializadora del Llano S.A. presentaba déficit de peso real respecto al anunciado pone de relieve la importancia de los controles efectuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, ocasionó una multimillonaria sanción a la compañía.

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Según recientes inspecciones de la entidad, el lote señalado del producto “Arroz del Llano presentación bolsa por 500 g, lote 4759”, resultó tener, tras exhaustiva revisión, una carencia media de 1,89 gramos por unidad en comparación con lo indicado en el empaque, generando así una vulneración directa al consumidor.

“El análisis técnico arrojó un déficit corregido de 1,89 gramos por unidad, por debajo del valor anunciado en el empaque, lo que representa una afectación directa a los consumidores, quienes pagaron por una cantidad que no recibieron”, afirmó la entidad.

De acuerdo con la información divulgada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el comunicado difundido el 31 de julio de 2025, el control realizado en noviembre de 2022 dentro de la planta de empaque en Villavicencio, departamento del Meta, develó que el arroz inspeccionado infringía el reglamento técnico establecido para productos preempacados.

La irregularidad, detectada en un lote de 9.000 unidades correspondiente a una jornada de producción de una hora, se traduce en la equivalencia de más de 34 bolsas de 500 gramos que no llegaron a manos de los compradores.

La SIC subrayó la gravedad del caso, argumentando que “el arroz es un producto de primera necesidad y de venta masiva, que no solo hace parte de la canasta básica familiar, sino que es protagonista en la dieta de los colombianos”. Por este motivo, la entidad impuso una sanción en primera instancia, a través de la Resolución 42953 del 11 de julio de 2025, que asciende a $335.008.000 para la compañía responsable.

La resolución expone que las verificaciones, realizadas de forma aleatoria y bajo metodología regulada, revelaron que el lote inspeccionado no superó los requisitos de control metrológico exigidos por la Resolución 32209 de 2020.

La importancia de la metrología legal, enfatizó la autoridad supervisora, reside en que “permite que los consumidores puedan confiar en que cada gramo, mililitro o unidad anunciada en un empaque corresponda con lo que efectivamente reciben”. El Estado actúa cuando esta correspondencia no se cumple, protegiendo así los intereses de millones de consumidores.

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio recordó a todos los agentes del sector la obligatoriedad de ajustarse a la regulación vigente, definida como un “deber legal y ético con los consumidores colombianos”. Los implicados en el proceso tienen la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación bajo los marcos de la legislación nacional.

Hasta el momento la Comercializadora no ha emitido respuesta con respecto a este medida en su contra.

Como este, en las últimas semanas han sido varios los casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio interviene diferentes compañías por quejas de usuarios y/o consumidores con respecto a los servicios y productos que estas venden a los ciudadanos.

Las sanciones de la SIC ponen en estado de alerta a las grandes empresas del país, y a las posibles irregularidades que puedan presentarse en la ejecución de su producción y distribución de sus productos que llegan directamente al público en todas las regiones de Colombia, además de la información que se consigna en las mismas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le puso el ojo a una de las principales corporaciones de resina de PVC en el país que, según un reciente informe, habría acaparado el insumo para impedir la libre competencia entre fabricantes.

La resina de PVC tipo suspensión es un insumo esencial para la industria colombiana, utilizada ampliamente en la fabricación de tuberías, accesorios de PVC, diversos plásticos y calzado, sectores fundamentales para la construcción y la economía industrial del país.

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La SIC inició una investigación por una presunta práctica anticompetitiva que, según la autoridad, podría afectar el suministro nacional de este producto clave.

El proceso se dirige a Mexichem Resinas Colombia, filial de la multinacional mexicana Orbia, el único productor nacional de este tipo de resina. Según indicó la SIC en la mañana del miércoles 30 de julio, la compañía habría desarrollado estrategias comerciales que perjudicarían la competencia y el acceso a la materia prima para empresas de diversos sectores que dependen de este insumo.

La investigación de la SIC señala que Mexichem Resinas Colombia concentró la mayor parte de su producción en el mercado externo, exportando en promedio el 68,5 por ciento de su producción en los últimos cinco años, lo que dejó solo el 31,5 por ciento para atender la demanda interna.

Este comportamiento, según el ente regulador, habría tenido un efecto restrictivo sobre la disponibilidad de la resina de PVC en el mercado colombiano, a pesar de que la compañía contaba con la capacidad para abastecer hasta casi el doble de la demanda nacional.

La autoridad sostuvo que esta política de exportaciones priorizadas pudo beneficiar al grupo empresarial Orbia, en especial a sus subsidiarias locales Pavco, Celta y Pavco Occidente, y perjudicar a otros competidores que adquieren resina para producir tubos, accesorios y otros productos plásticos.

“Después de haber adelantado la etapa de averiguación preliminar, la Delegatura encontró que Mexichen Resinas habría abusado de su posición de dominio como único productor nacional de resina de PVC, a través de la implementación de una estrategia para restringir la disponibilidad de este insumo en el territorio colombiano. Esto con el fin de favorecer a las empresas de su grupo empresarial (Orbia, conformado Pavco, Celta y Pavco Occidente) y en perjuicio de las compañías que utilizan esta resina como materia prima y que compiten con las sociedades de su grupo”, señaló la SIC.

Según el ente de control, lo de Mexichem Resinas Colombia no se trata de una operación reciente: la empresa mexicana está presente en el país desde 1962, y fortaleció su base al adquirir a Petroquímica Colombiana (Petco) en 1965.

Actualmente, opera tres plantas industriales en Cartagena con una capacidad instalada que representa el 90 por ciento del mercado nacional de resina de PVC. Su portafolio abarca desde resinas de uso general hasta especialidades vinílicas, segmentando su oferta para atender las necesidades de numerosas industrias.

Entre los hallazgos preliminares, la SIC aseguró que la empresa habría favorecido de manera injustificada a las compañías de su grupo, tanto en el volumen de ventas como en las condiciones y precios ofrecidos, generando así barreras artificiales que dificultarían la entrada y expansión de otros actores en el mercado local.

Asimismo, la autoridad encontró que la resina exportada se vendía a precios más bajos que aquellos ofrecidos dentro de Colombia a empresas que no forman parte del conglomerado Orbia, lo cual constituiría un posible acto de discriminación.

Las conductas señaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio no solo involucran a la empresa en sí, sino a varias personas naturales vinculadas, quienes habrían tenido participación directa en las decisiones comerciales bajo investigación.

Según la indagación, tales actos habrían puesto en riesgo la continuidad y competitividad de firmas nacionales que dependen de la resina de PVC tipo suspensión como materia prima, limitando sus posibilidades de crecer o mantenerse vigentes en el mercado.

Desde 2019, la filial colombiana opera como parte de la estructura global de Orbia, un grupo multinacional presente en más de 100 países y con una plantilla superior a 22.000 empleados.

El proceso administrativo en curso busca determinar si los hallazgos preliminares constituyen un abuso de la posición de dominio y una infracción al régimen de competencia en Colombia, lo que podría acarrear sanciones y cambios en la forma en que la compañía opera en el país y abastece a los distintos sectores productivos.

Rikarena es un visitante habitual de Colombia, gracias a su fanaticada que durante décadas los mantiene en movimiento. La agrupación, reconocida como uno de los principales referentes del merengue, se presentó el pasado viernes 11 de julio en Bogotá, como parte de Back To Party 90s, un evento celebrado en el Teatro Royal Center en el que compartieron tarima con Adolescentes.

Sin embargo, la presentación tenía de fondo un pleito judicial que dio inicio en las últimas semanas entre el cantante Kinito Méndez, y una empresa colombiana que, al parecer, estaría intentado registrar de manera irregular el nombre de Rikarena en el país, luego de conformar una nueva alineación con antiguos miembros.

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El reconocido merenguero dominicano presentó una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) contra Premium Colombia SAS y su presidente, Álvaro Galeano, por el uso no autorizado del nombre Rikarena, acusando competencia desleal e infracción de propiedad industrial, tal y como lo reveló Kinito en diálogo con Tropicana Estéreo.

Esta disputa surgió porque la empresa acusada confirmó una nueva agrupación de merengue integrada por dos exmiembros, Axel y Luis Manuel, promocionada bajo el nombre “Los Originales de Rikarena”.

“Nos damos que estaba tratando de registrar el nombre, tuve que reaccionar porque Rikarena es un grupo de Kinito Méndez y la gente lo sabe de años”, expresó en diálogo con la emisora.

En un comunciado de prensa difundido días atrás, Méndez añadió que la estrategia constituye un engaño deliberado al público, ya que, en sus palabras, “todo el mundo sabe que los originales de nuestro grupo fueron Henry, Shiro, Guarionex y Wester”. El artista sostiene que Galeano intentó registrar el nombre Rikarena en Colombia sin su consentimiento, lo que motivó la reacción inmediata de su equipo legal.

El comunicado oficial de Méndez detalla que la empresa colombiana no solo utiliza el nombre, sino que también recurre a imágenes, videos y material promocional del grupo original para atraer a los asistentes a conciertos organizados en territorio colombiano.

El merenguero denuncia que estas acciones buscan hacer creer al público y a las autoridades locales que se trata de la formación auténtica de los años 90. “Está haciendo creer a la gente que se trata de nuestra agrupación. Por eso hemos tenido que desmentir estas fiestas a través de nuestras redes sociales. Es la razón por la que estamos demandando a este señor y su empresa”, enfatizó Méndez en su declaración.

Los demandados respondieron con contrademanda

Tras las declaraciones públicas del artista en medios nacionales, donde calificó a la agrupación “Los Originales de Rikarena” como un “grupo falso”, acusando a la empresa de “engaño” y “apropiación indebida”; el despacho de abogados Navarrete Consultores, encabezado por Juan Francisco Navarrete Riveros, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el artista dominicano, por presunta injuria y calumnia.

La denuncia sostiene que PREMIUM SAS ha promovido durante más de cuatro años el nombre comercial y la agrupación “Los Originales de Rikarena”, conformada por exmiembros históricos del grupo “Rikarena”. Según el documento, el proceso de registro de la marca se ha realizado siguiendo los conductos regulares.

“El proceso de registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio se ha adelantado conforme a la ley, sin que hasta la fecha exista oposición legal alguna”, se lee en la misiva difundida a los medios de comunicación por el despacho.

El despacho de abogados afirma que las declaraciones de Méndez carecen de respaldo judicial o administrativo en Colombia y que el artista no ha presentado pruebas de derechos sobre la marca en el país.

El texto de la denuncia señala que las expresiones de Méndez han causado un “grave daño a la reputación y buen nombre tanto de Álvaro Hernán Galeano como de PREMIUM SAS”, afectando relaciones comerciales, credibilidad empresarial y oportunidades de negocio.

La relación previa entre las partes también figura en la denuncia. El despacho indica que Méndez conocía a Galeano desde hace más de 15 años y había participado en eventos organizados por PREMIUM SAS El texto resalta que “este vínculo previo hace aún más preocupante el contenido de sus declaraciones, pues contradicen hechos que él mismo reconoció públicamente en el pasado”.

En el documento, los representantes legales de la sociedad anónima solicitan a las autoridades que se garantice la protección de la honra, el buen nombre y la integridad profesional de Álvaro Galeano. El despacho afirma que la empresa y su accionista han sido víctimas de “señalamientos injustificados que vulneran derechos fundamentales y afectan su destacada trayectoria en el sector del entretenimiento colombiano”.

El turismo en el país mantiene una tendencia al alza en 2025. Entre enero y marzo, el país recibió 2.865 millones de dólares en divisas relacionadas con el sector, lo que representa un aumento del 12,9% frente al mismo periodo de 2024 y un 62,8% respecto a los niveles previos a la pandemia.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el 85% de estos ingresos tiene origen en los viajes turísticos, mientras que el 15% corresponde al transporte aéreo de pasajeros.

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Este flujo de recursos no solo superó a los ingresos por exportaciones de café y carbón, sino que alcanzó el 86% de lo obtenido por el sector petrolero, con un incremento de 14 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

A la par con este crecimiento, también se ha registrado un aumento en las quejas relacionadas con los hospedajes que ofrece el país, algunos aún con deficiencias en su operación.

De hecho, el miércoles 2 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra más de cuarenta operadores de servicios de vivienda turística.

La entidad identificó presuntos incumplimientos y afectaciones a los derechos de los turistas, tras analizar 452 quejas presentadas en 2024 provenientes de distintas regiones del país.

“La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de la Investigaciones de Protección al Consumidor, formuló pliego de cargos contra más de cuarenta prestadores de servicios de vivienda turística por haber presuntamente incurrido en distintas irregularidades que habrían afectado los derechos de los turistas“, indicó el comunicado de la SIC.

Entra las principales irregularidades detectadas, la SIC señaló la entrega de información falsa o inexacta ante las cámaras de comercio, especialmente sobre la condición de los inmuebles en relación con el régimen de propiedad horizontal y los permisos exigidos por los reglamentos de copropiedad.

A esto se sumó la prestación de servicios turísticos sin la debida inscripción o renovación en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

De acuerdo con la SIC, los recursos generados por este registro se destinan al financiamiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector, incluyendo mejoramiento de infraestructura, promoción de destinos y profesionalización de los servicios turísticos.

Las investigaciones se concentraron en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, donde se detectó un número elevado de denuncias sobre el uso indebido de viviendas, tanto urbanas como rurales, para actividades turísticas sin cumplir los requisitos legales.

“(...) tras haberse evidenciado allí, por parte de la Dirección, un aumento significativo en las denuncias relacionadas con este tipo de servicios de turismo. Estas actuaciones dan cuenta del número creciente de casos en lo que se estaría destinando de manera indebida la vivienda urbana y rural al ejercicio de actividades turísticas, sin el cumplimiento de los requisitos legales, situación que afecta las garantías de las y a los consumidores”, sostuvo puntualmente el comunicado.

Estas prácticas afectarían la garantía de derechos de los consumidores y generan preocupación sobre el desarrollo ordenado del sector.

La Superintendencia, como autoridad nacional de protección al consumidor, destacó la importancia de estas investigaciones para asegurar un crecimiento turístico responsable, alineado con la estrategia del gobierno de posicionar a Colombia como el País de la Belleza.

Asimismo, la entidad reiteró el llamado a los prestadores de servicios a cumplir con sus obligaciones y resguardar los derechos de los turistas nacionales y extranjeros.

De verificarse las infracciones, los operadores involucrados podrían afrontar sanciones económicas y la suspensión de sus servicios turísticos por hasta cinco años.

“La Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso de garantizar que cada experiencia de viaje, en el marco de una relación de consumo, se desarrolle en condiciones de seguridad, transparencia y respeto”, finalizó la SIC en el pronunciamiento.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado en que confirmó que se impuso una multa superior a los $3.000 millones a la empresa de telecomunicaciones, Movistar, por implementar una estrategia que limitó el derecho de sus usuarios que decidieron adquirir el plan prepago a cambiar de operador entre el 2021 y 2023.

La sanción fue anunciada este 2 de julio en Bogotá, tras una investigación que determinó que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar) diseñó e implementó el programa denominado ‘Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado’.

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Según la entidad, este mecanismo generaba una deuda ficticia de $1.500 a los usuarios de servicios prepago, lo que se utilizaba como causal de mora para rechazar solicitudes de portabilidad numérica.

El programa estuvo vigente desde el 4 de enero de 2021 hasta el 17 de febrero de 2023. Durante este periodo, la compañía ofreció a sus clientes prepago la posibilidad de acceder a un bono de 10 minutos de llamadas y 100 MB para WhatsApp, con un costo de $1.500, siempre que realizaran recargas mensuales iguales o superiores a $18.000 o $20.000 en paquetes o reactivaciones del servicio Todo En Uno.

El bono era presentado como un beneficio que sería liberado en su totalidad al final del mes si el usuario permanecía en el servicio prepago. Sin embargo, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones concluyó que la verdadera finalidad del programa era retener a los usuarios.

Al intentar cambiar de operador, los clientes descubrían que su solicitud de portabilidad había sido rechazada por una supuesta deuda pendiente de $1.500 pesos, correspondiente al bono otorgado. En la mayoría de los casos, los usuarios no reconocían el origen de esta obligación.

La investigación determinó que la deuda solo se hacía exigible cuando el usuario solicitaba la portabilidad numérica, momento en el que Movistar alegaba la existencia de una mora para impedir el cambio de operador.

De acuerdo con la Superintendencia, esta práctica creó una barrera artificial e injustificada en el proceso de portabilidad, condicionando el derecho de los usuarios a cambiar de proveedor al pago de un valor que no correspondía a una contraprestación clara, informada ni aceptada previamente. La autoridad calificó la estrategia como una represalia comercial que distorsionó las reglas del mercado y afectó directamente el derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente de operador.

La Superintendencia reiteró su compromiso con la protección de los consumidores en el sector de las comunicaciones y anunció que continuará con la inspección, vigilancia y control para evitar prácticas similares.

Sobre la decisión de la Superintendencia, Movistar tiene la posibilidad de interponer recurso de reposición ante la directora de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, así como recurso de apelación ante la delegada para la Protección del Consumidor.

La SIC anunció millonaria sanción a Postobón por vender gaseosas con menos contenido

Con $134 millones a la empresa Postobón S.A. la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó la empresa Postobón S.A., al comprobar irregularidades en el suministro de las bebidas gaseosas con respecto a los mililitros que se registran en las botellas para satisfacción del consumidor.

La decisión se conoció por medio de un comunicado el viernes 20 de junio.

“Con el firme propósito de proteger a los consumidores colombianos y garantizar transparencia en los productos que llegan a sus manos, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó irregularidades metrológicas en un producto de consumo masivo ampliamente distribuido en el país: la Gaseosa Colombiana, en presentación de botella por 350 ml, producida por la sociedad Postobón S.A.”, indicó el comunicado de la SIC.

La situación se conoció luego de que la planta de embotellamiento de la compañía en el municipio de Bello, Antioquia, recibiera una inspección técnica.

Durante 2024, el actor Roberto Cano estuvo en boca de los colombianos producto de su participación en MasterChef Celebrity. El bogotano, reconocido por sus papeles en telenovelas como Pobre Pablo, La dama de Troya, Operación Jaque, Comando Elite, La ley del Corazón, Primate o La Sustituta, se mantuvo durante ocho semanas en la competencia antes de ser eliminado, cosa que no le impidió destacar por su carisma junto a sus compañeros.

Sin embargo, en 2025 el actor se hizo notar por otro motivo, luego de que utilizara sus redes sociales para elevar una denuncia por el mal servicio que venía recibiendo de Claro, particularmente en lo relacionado con la conexión a internet.

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Según contó, Cano intentó resolver la situación por vía telefónica, pero al agotar todas sus posibilidades se dirigió a las oficinas de la compañía para dar por finalizado su contrato, para encontrarse con una serie de trabas para conseguirlo.

“Me tocó venir finalmente hasta Claro, porque fue imposible comunicarme con ellos vía telefónica con un humano. Entonces ahora llego a cancelar y todo lo que dijeron las personas aquí en internet es verdad: es más fácil terminar un contrato con el diablo que con Claro”, relató inicialmente.

Según contó el actor, le pusieron trabas para cancelar el servicio pese a que cumplía con las condiciones estipuladas en el contrato. “Ahora resulta que solo se puede cancelar tres días hábiles antes del corte. Hoy es 27. Hoy podría cancelarlo porque mi corte es el primero. Pero el primero es festivo, entonces, pues no vale. ¡Qué maravilla! Y después preguntan por qué se sale de Claro y se pasa para Tigo", expresó decepcionado.

Cano explicó que esta situación se agravaba debido a que, según su versión, la empresa no estaba cumpliendo con los servicios que estaba pagando mensualmente, al punto que llevaba varios días sin conexión a internet.

“Llevo dos días sin servicio. Estoy pagando internet de 500 megas hace mucho tiempo, y me he dado cuenta de que solo estoy teniendo 100 megas. ¡Imagínese! Entonces es una estafa, básicamente. Y así son", denunció. “Y ahora me quieren cobrar otro mes más. Me toca quedarme otro mes más pagándoles para poderme ir”.

Aunque el actor admitió que fue asesorado por alguien dentro de la empresa para resolver el problema, no tuvo éxito “y tampoco entiende por qué tengo menos señal de la que debería tener, con menos velocidad de la que debería tener, y no tengo, y estoy pagando por eso hace mucho tiempo”, señaló.

Ante esta situación, Cano confirmó que tomará medidas drásticas. “Me tocará hablar con la SIC. No sé si uno pueda revisar cqué velocidad ha tenido. Me imagino que sí, ellos deben tener unos registros de latencia y pues bueno... Me toca quedarme hasta agosto”, apuntó.

¿Qué dice la SIC en estos casos?

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece que un proveedor debe suspender el servicio dentro de los 15 días hábiles tras la solicitud, siempre y cuando se haya presentado con una anticipación de al menos 10 días calendario, antes del corte.

Aunque en teoría las prestadoras del servicio de banda ancha no pueden solicitar cobros adicionales por cancelación anticipada, en la práctica son habituales los reclamos de usuarios que enfrentan barreras arbitrarias por parte de la empresa prestadora del servicio, tal y como lo narró Roberto Cano.

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, la SIC ya ha sancionado a Claro por $2.645 millones de pesos por cobros indebidos, no prestar el servicio con calidad adecuada y facturación irregular. Además, en 2018 la empresa fue multada por ofrecer velocidades inferiores a las prometidas.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, a través de sus redes sociales explicó por qué no ha terminado su doctorado en Francia.

La funcionaria explicó que tomó la decisión de aplazar la entrega de su tesis doctoral hasta no realizar los ajustes de contenido que la llevaron a estar insatisfecha.

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“Les cuento que hace mucho rato habría podido entregar una tesis doctoral, pero a pesar de la voluntad de graduarme de mi director quien después de años de contradicción académica, con 400 páginas escritas, quería graduarme, opté por aplazar la entrega hasta no lograr los ajustes de contenido que en lo personal me dejaran algo insatisfecha”, indicó Rusinque.

No obstante, la superintendente aseguró que ha contemplado retomar en el futuro el doctorado y lograr su grado.

Cielo Rusinque indicó que espera no usar su diploma como muestra de superioridad moral o intelectual.

“Llama la atención el culto que se rinde a los diplomas en Colombia, siendo un país donde la educación de calidad resulta un privilegio reservado al capital económico”, afirmó la funcionaria.

La superintendente cuestionó al expresidente Iván Duque y al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa porque “con un cursito de pocos días pretendía en ese momento hacerle creer a Colombia que tenían un doctorado”.

Juan Pablo Estrada, profesor universitario, cuestionó en Caracol Radio la publicación de Cielo Rusinque, teniendo en cuenta que la superintendente estaba becada.

“Ignoro si tuvo que restituir o no los recursos que le dio la Universidad Externado para su estadía en Francia”, indicó el profesor universitario.

Críticas al presidente de la Corte Constitucional

Cielo Rusinque cuestionó el discurso del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, lo que generó una discusión sobre el papel del sistema judicial y el Estado Social de Derecho en Colombia.

Durante su intervención, Ibáñez defendió la Constitución de 1991 como el pacto que sostiene la democracia colombiana. Habló de la importancia de las instituciones y de la independencia judicial como elementos que permiten preservar la estabilidad política y social, al evitar “el desgaste progresivo de la democracia” y frenar la aparición de “atajos políticos que puedan socavar las libertades”.

También señaló que el sistema financiero cumple una función central en el Estado de derecho, siempre que exista un marco legal que garantice el acceso al crédito, incluido el educativo, y fomente el desarrollo económico y social. De acuerdo con Ibáñez, la jurisprudencia constitucional ha permitido proteger derechos fundamentales y garantizar que el sistema financiero opere con criterios de equidad.

Este mensaje fue replicado por Rusinque, que planteó dudas sobre la capacidad real del derecho colombiano para garantizar justicia. En una publicación en X, afirmó que “aunque la división de poderes y los principios liberales son innegables desde una formación académica, en la práctica el derecho se ha convertido en un instrumento para mantener el poder de la oligarquía sobre la población”.

Sostuvo que “en lugar de ser guardianes de la Constitución, muchos magistrados y abogados actúan como guardianes de una hipocresía colectiva que niega en la realidad lo que defienden en lo ideal”. Según dijo, el pueblo ha sido “encerrado en trámites excesivos y formas apolíticas que limitan la verdadera vigencia de sus derechos”.

También afirmó que la ciudadanía está más consciente y movilizada para exigir que el pacto constitucional deje de ser “un juguete vistoso” y se materialice en garantías reales. No obstante, denunció que “los juristas atildados” levantan obstáculos que impiden convertir esos derechos en justicia efectiva.

Para Ibáñez, “la defensa de la democracia y del orden constitucional no es una causa de unos pocos... es una tarea de todos”. Rusinque concluyó: “Hoy, los verdaderos constitucionalistas... queremos que los derechos sean tomados en serio”.

La sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la empresa Postobón S.A. por irregularidades en el contenido neto de una de sus bebidas generó una ola de reacciones en redes sociales; sin embargo, fue un comentario del periodista y comediante Daniel Samper Ospina lo que desencadenó una discusión pública sobre el papel del Estado, los derechos del consumidor y la libertad de expresión.

El pronunciamiento del periodista se dio luego de que la SIC anunciara una medida sancionatoria contra Postobón por inconsistencias en la cantidad de producto ofrecido en su presentación de Gaseosa Colombiana de 350 mililitros.

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Samper publicó en su cuenta personal en la red social X: “Arrancó en pleno la dictadura…”. La publicación generó rechazo por parte de múltiples usuarios, que consideraron que su comentario era inapropiado frente a una actuación institucional orientada a proteger los derechos de los consumidores.

¿Cuáles fueron los hallazgos de la SIC?

Según información oficial, la SIC realizó una inspección técnica en la planta de embotellamiento ubicada en el municipio de Bello (Antioquia), donde se verificó el cumplimiento del reglamento técnico de etiquetado y control metrológico para productos preempacados.

Durante esta inspección se analizó el lote identificado como L280003875109, con fecha de vencimiento del 20 de octubre de 2022. La entidad concluyó que “el contenido promedio real no coincidía con lo declarado en la etiqueta: en promedio, los consumidores estaban recibiendo menos producto del que habían pagado”.

La verificación incluyó el análisis de una muestra de 98 unidades, tomadas de un lote de aproximadamente 45.000 botellas. El resultado evidenció un déficit promedio de 0,46 mililitros por unidad, por lo que este hallazgo representó una infracción al reglamento de etiquetado vigente, debido a que el volumen entregado no coincidía con lo indicado en el empaque.

La SIC calificó el hecho como de relevancia, teniendo en cuenta el carácter cotidiano del producto: “Este hallazgo es especialmente relevante, dado que se trata de un producto de consumo cotidiano, adquirido en supermercados, tiendas de barrio y distribuido a nivel nacional”.

El foco de la actuación de la SIC estuvo centrado en la defensa del consumidor, según lo expresado en sus comunicaciones oficiales. La entidad indicó que el objetivo de la medida es “restablecer la equidad en las relaciones de consumo y enviar un mensaje claro: los productos deben cumplir estrictamente con lo que prometen”.

En esa línea, se destacó la función de la metrología legal en la protección del consumidor, al asegurar que las cantidades informadas en los empaques sean efectivamente las entregadas.

“La protección del consumidor no es solo una tarea jurídica, sino un compromiso ético con la confianza ciudadana”, se leyó en el comunicado de la entidad.

Reacción en redes sociales al comentario de Daniel Samper

El pronunciamiento de Samper provocó una fuerte respuesta en la red social X. Entre las reacciones, una usuaria cuestionó el comentario del periodista al afirmar: “Para Daniel Samper Ospina q Postobón robe a sus consumidores y que la SIC intervenga ante está abuso es dictadura? Vea pues, yo no sabía q defender los derechos d los consumidores y sancionar al ladrón se le llamaba dictadura. Este es el nivel de inteligencia de los ‘periodistas’(sic)”.

El creador de contenido Levy Rincón, que trabaja en Rtvc, también se refirió al tema a través de un mensaje en el que expresó: “El estúpido de Daniel Samper Ospina está diciendo que empezó la dictadura de Petro porque el gobierno le exigió a Postobón que no robe a los consumidores. ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJA! ¡Qué pedazo de (...)(sic)“.

Otros usuarios se sumaron a la discusión, cuestionando la relación establecida por Samper entre la sanción y un supuesto abuso de poder. Uno de ellos escribió: “Jajajajajaja Daniel Samper da pena, dizque dictadura por la sanción de la SIC a Postobón. Hombre, sea serio jajajajajaja ojalá este tweet salga en circombia.”

Un internauta hizo mención del programa digital de Daniel Samper, titulado Circolombia, en el que realiza críticas y sátiras sobre las decisiones y actuaciones del Gobierno, incluyendo aspectos como las reformas impulsadas, los enfrentamientos del presidente con distintos sectores, entre otros temas. Este formato fue llevado también a presentaciones en teatros, convirtiéndose en un espectáculo escénico.

En la tarde del viernes 20 de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de $134 millones a la empresa Postobón S.A. tras detectar que un lote de la gaseosa Colombiana en su presentación de 350 mililitros se vendía con menos producto del anunciado en el envase.

La infracción salió a la luz luego de una inspección técnica realizada en la planta de embotellamiento situada en Bello (Antioquia).

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“Con el firme propósito de proteger a los consumidores colombianos y garantizar transparencia en los productos que llegan a sus manos, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó irregularidades metrológicas en un producto de consumo masivo ampliamente distribuido en el país: la Gaseosa Colombiana, en presentación de botella por 350 ml, producida por la sociedad Postobón S.A.”, indicó el comunicado de la SIC.

Durante la visita, la Dirección de Investigaciones de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal analizó el lote L280003875109, con fecha de vencimiento del 20 de octubre de 2022.

El estudio, que incluyó una muestra de 98 botellas de un lote compuesto por aproximadamente 45.000 unidades, arrojó que el contenido promedio real no alcanzaba el volumen indicado en la etiqueta. Se identificó un déficit promedio de 0,46 mililitros por botella, “lo que llevó a determinar la inconformidad del lote y evidencia un incumplimiento del reglamento de etiquetado y control metrológico aplicable a productos preempacados”, señaló la entidad reguladora.

La SIC agregó que “este hallazgo es especialmente relevante, dado que se trata de un producto de consumo cotidiano, adquirido en supermercados, tiendas de barrio y distribuido a nivel nacional. La no conformidad detectada afecta no solo el bolsillo de los consumidores, sino también su confianza frente a lo que reciben a cambio de su dinero”.

La entidad concluyó que Postobón incumplió el reglamento técnico de etiquetado y control metrológico, que asegura que los productos preempacados contengan exactamente la cantidad prometida al comprador.

Para la SIC, la precisión en el etiquetado y el cumplimiento de las normas son esenciales para la protección del consumidor y la equidad en las relaciones de mercado.

La medida sancionatoria quedó plasmada en la Resolución 37869 del 18 de junio de 2025 y corresponde a la primera instancia en el proceso administrativo.

“(...) en aras de restablecer la equidad en las relaciones de consumo y enviar un mensaje claro: los productos deben cumplir estrictamente con lo que prometen“, añadió el comunicado.

Según la ley, Postobón podrá interponer recursos de reposición o apelación para controvertir la decisión.

“Más allá de la sanción, este caso evidencia la importancia de la metrología legal como herramienta de defensa del consumidor, pues vela porque cada mililitro, gramo o centímetro que se declare en un empaque sea entregado con precisión. La protección del consumidor no es solo una tarea jurídica, sino un compromiso ético con la confianza ciudadana. La Superintendencia continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control con rigurosidad técnica y sentido de justicia, en defensa de los derechos de los consumidores y del equilibrio en el mercado”, concluyó el comunicado.

Cabe recordar que Postobón es una empresa con más de 100 años en el mercado colombiano. Fue fundada en Medellín el 11 de octubre de 1904 por Gabriel Posada y Valerio Tobón.

Su primer producto, Kola Champaña, tuvo amplia aceptación y en los años siguientes la empresa amplió sus operaciones a otras ciudades. En 1917 lanzó Agua Cristal y en 1918 Bretaña. En 1954 introdujo la popular Manzana Postobón. Y a partir de 1968 Carlos Ardila Lülle asumió la presidencia con el propósito de fortalecer la expansión.

Pese a su trayectoria, no ha estado exenta de escándalos, debido a que la compañía ya ha sido multada por la SIC por otros casos relacionados con “publicidad engañosa”, e incluso ha sido vinculada en el pasado con grupos paramilitares.

La Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC identificó material probatorio que indicaría que EPM y Dispac habrían implementado procedimientos tendientes a restringir la competencia de manera continua y reiterada.

Estos hechos habrían ocurrido durante distintos procesos contractuales adelantados por ambas empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que podría constituir una vulneración a la prohibición general establecida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

Entre las conductas investigadas, la SIC señaló que tanto EPM como Dispac habrían impedido la participación de diversos oferentes en los procesos de selección, a pesar de que estos contaban con las condiciones necesarias para presentar propuestas competitivas.

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En el caso de EPM, la Delegatura documentó que en determinados concursos se establecieron al menos dos requisitos: cobrar una suma de dinero a los interesados para obtener el derecho de participar y restringir la presencia de estructuras plurales, como consorcios o uniones temporales.

Además, se limitaron aspectos como el número de integrantes aceptados, el porcentaje mínimo de participación para cada uno y las condiciones de responsabilidad aplicables.

La supuesta conducta de EPM impactó al menos 24 procesos de contratación relacionados con el suministro o la construcción de obras públicas, entre 2020 y 2023, con un valor acumulado que supera el billón de pesos colombianos.

Respecto a Dispac, la Delegatura identificó que en ciertos procedimientos se habrían establecido condiciones semejantes, como el pago obligatorio para acceder al proceso y restricciones a la cantidad de integrantes en consorcios o uniones temporales.

La SIC mantiene en curso la investigación para determinar si las prácticas señaladas configuran una infracción contra la libre competencia y la normatividad vigente en materia de contratación pública.

Canal de pagos digitales de EMA y EPM fueron suplantados por delincuentes

El sábado 24 de mayo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que detectó una vulnerabilidad tecnológica en sus sistemas de pago digital, a través de la suplantación de su página web oficial de facturación.

De acuerdo con lo informado oficialmente por la empresa,personas inescrupulosas habrían dirigido los pagos de los clientes a una cuenta bancaria de un tercero, afectando potencialmente a los usuarios.

“Durante el transcurso de este día se ha identificado que, desde ayer viernes 23 de mayo, personas inescrupulosas suplantaron la página facturaweb.epm.com.co, dirigiendo los pagos de los clientes y usuarios a una cuenta bancaria de un tercero”, detalló EPM en un comunicado oficial.

La empresa precisó que, aunque ya se ha identificado la vulnerabilidad,aún está bajo análisis para determinar sus causas exactas.

Como medida preventiva, EPM anunció que, para proteger la seguridad de sus usuarios, deshabilitó temporalmente los canales de pago a través de su sitio web, la plataforma Ema y la aplicación móvil EPM. La desactivación de estos servicios permanecerá vigente hasta que se pueda asegurar que la amenaza ha sido completamente eliminada.

“Esta vulnerabilidad tecnológica se identificó y se encuentra bajo control y análisis para identificar sus posibles causas. Sin embargo, como medida preventiva y priorizando la seguridad de nuestros clientes y usuarios, mantendremos deshabilitados nuestros canales de pago a través del sitio web de EPM, el módulo de factura en Ema y en la App EPM, hasta tener la certeza de que esta amenaza ha sido eliminada en su totalidad”, precisó la compañía.

Mientras se resuelve la situación, EPM sugirió a sus clientes realizar los pagos de sus facturas a través de los canales físicos autorizados, tales como puntos de pago en establecimientos comerciales. De esta forma, se busca minimizar cualquier riesgo adicional relacionado con los pagos digitales.

La empresa también recordó a sus usuarios que los pagos realizados a través de las plataformas digitales habilitadas por EPM siempre requerirán la autenticación mediante usuario y contraseña.

Además, enfatizó que en ningún caso las transacciones digitales deberían llevar a pagos mediante códigos QR de entidades bancarias, tarjetas débito, crédito o billeteras digitales.

De acuerdo con la entidad regulatoria, los propietarios del icónico producto tuvieron que defender su identidad de marca frente a un intento de registro con signos visuales y olfativos similares.

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El conflicto comenzó tras la solicitud de Estefanía Ganhover Villegas, propietaria de la marca Rinde + Veces o “R+V”, para registrar formalmente su producto dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente a jabones y artículos de limpieza.

Ganhover solicitó la inclusión del logo, color y forma bajo las letras “R” y “V” ante la SIC, lo que motivó la reacción de la empresa Gradezco, propietaria de Jabón Rey, que alegó el riesgo de confusión en los consumidores por la similitud tipográfica y visual entre ambas marcas.

“Es importante que su Despacho tenga en cuenta a lo largo del presente memorial que la marca Jabón El Rey ya ha sido reconocida como notoria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”, señaló la defensa de Gradezco, argumentando la prominencia del producto en el mercado colombiano a lo largo de más de 75 años.

La defensa de Jabón Rey explicó los factores detrás de la oposición: “A) Los signos comparten literalmente el mismo número de letras (incluyendo el signo +) que componen la expresión. B) El signo solicitado reproduce literalmente la primera letra del elemento nominativo dominante de las marcas previamente registradas, la letra R, lo que hace que de entrada el sonido sea similar”.

Esta postura fue respaldada la SIC, que recalcó: “Las similitudes identificadas podrían llevar al consumidor a creer erróneamente que ambos productos provienen del mismo empresario, confundiéndose lo que se conoce en asuntos marcarios como el riesgo de confusión”.

Tras la revisión detallada del caso, la SIC falló a favor de la querida marca colombiana. En la resolución 32027, estableció: “La SIC declara fundada la oposición interpuesta por Gradezco, Ltda y niega el registro de la Marca Nuevo R+V Rinde + Veces (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Estefanía Ganhover Villegas”.

El ente regulador precisó que el carácter notorio de Jabón Rey reforzó la decisión, al considerar que el producto ha adquirido un nivel de reconocimiento que merece protección especial en materia de propiedad industrial.

En su análisis, la SIC concluyó que existía un riesgo de confusión directa e indirecta para el consumidor promedio debido a las semejanzas en la imagen gráfica y la evocación visual del empaque.

Sobre la trascendencia del proceso y la necesidad de registrar las marcas, la SIC remarcó: “Desde la SIC, invitamos así a que si aún no tienen el registro de su marca, lo hagan y protejan para lograr una identificación de sus bienes y servicios hacia los consumidores. Por último, recomendamos que consulten la Gaceta de Propiedad Industrial en la que se publican las solicitudes de marca para que puedan defender su marca como lo hizo Jabón Rey. Esta Gaceta es pública, sale tres veces al mes y puede ser consultada en la página web de la superintendencia”.

Frente a este tipo de disputas, la entidad enfatizó el principio de distintividad como pilar del sistema marcario, ya que las marcas deben poder diferenciarse unas de otras en el mercado, promoviendo una competencia leal y la protección del consumidor.

La decisión tomada corresponde a una primera instancia y aún puede ser apelada ante la delegada para la propiedad industrial, quien deberá resolver los argumentos presentados por el solicitante.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el 13 de junio la sanción a Licores de Colombia S.A.S. (propietaria del establecimiento Multi Express Local 28) y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio (propietaria de la Droguería Colsubsidio), establecimientos ubicados en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por irregularidades con la información de los precios de sus productos a los viajeros.

En el comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio consta que se realizó una investigación interdisciplinaria debido al registro fotográfico de los clientes de estos establecimientos comerciales, evidenciando la ausencia de los listados de precios de los productos o la marca en cada uno de ellos que le permitiera identificar a los compradores el rango económico del cual necesitaban disponer.

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“Tras hacer un análisis de las distintas evidencias fotográficas de los establecimientos de comercio ubicados en el aeropuerto, encontró que los productos exhibidos no contaban con etiquetas o carteles adheridos que indicaran su valor, o que los precios se mostraran en alguna estructura de la estantería. De la misma manera, la Dirección registró la ausencia de un listado de precios de estas mercancías, como mínimo para que los consumidores tomaran una decisión de compra de manera informada”, informó la entidad.

De igual manera, las droguerías Colsubsidio fueron multadas por no presentar información en la caja registradora donde se ratificaba el derecho de los clientes a recibir el cambio monetario en caso de ser requerido: “En el caso particular de la Droguería Colsubsidio, la Dirección constató que, en la zona de cajas registradoras de este establecimiento, no se encontraba de forma visible el aviso de cumplimiento relativo a la disponibilidad de vueltas correctas”.

Por los aspectos mencionados anteriormente, se determinó que “la Dirección impuso a Licores de Colombia S.A.S. (propietaria del establecimiento Multi Express Local 28) y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio (propietaria de la Droguería Colsubsidio) multas de $76.381.824 y $154.103.680, respectivamente".

Esos hechos se concluyeron luego que en el mes de marzo de 2025, se realizaron visitas a los dos establecimientos comerciales en medio de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

Para llevar a cabo la diligencia se realizó un despliegue de funcionarios de la entidad que estuvieron bajo la supervisión del superintendente de industria y comercio Cielo Rusinque, esto, con el objetivo de corroborar las garantías que se le están entregando a los consumidores, en este caso los viajeros que transitan por la terminal aérea de la capital del país, la más grande de Colombia y una de la más importante a nivel de Latinoamérica.

“Verificar el cumplimiento de las garantías de los consumidores, tales como la indicación pública de los precios a los ciudadanos, las buenas prácticas en materia de información y publicidad, y la conformidad metrológica de las balanzas en las que se pesa el equipaje de los viajeros“, se puede leer en el documento.

Finalmente, se recordó el compromiso de la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene con los consumidores al velar para que al momento de tener contacto con cualquier tipo de establecimiento comercial se le garanticen todos los derechos como lo es el suministro de información clara, veraz y oportuna sobre el precio de los productos, así como la devolución del cambio en la caja en caso de ser necesario, y más, en lugares que son de gran afluencia de público como lo es un aeropuerto internacional, en el que nacionales y extranjeros por lo general, realizan compras de último momento o en el lugar se acercan a diferentes puntos para atender necesidades o emergencias de último minuto previo a abordar su vuelo.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el miércoles 11 de junio de 2025 que ha autorizado a las nueve EPS bajo intervención a negociar de manera conjunta y directa la adquisición de medicamentos con los agentes farmacéuticos.

Esta medida, adoptada dentro de las competencias descritas en la Ley 155 de 1959, busca aportar estabilidad al sistema general de seguridad social en salud en Colombia.

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Según lo informado por el ente regulador, se pretende que las EPS (Entidad Promotora de Salud) incrementen su poder de negociación para acceder a mejores precios y mayor eficiencia en la entrega de medicamentos a los pacientes.

Las prioridades: la atención oportuna a los pacientes de las EPS

El objetivo central es garantizar que los usuarios reciban sus tratamientos a tiempo y en condiciones adecuadas, reduciendo así las quejas y problemas relacionados con retrasos o incumplimientos en la dispensación de fármacos.

La SIC indicó que el proceso de negociación conjunta se dividirá en tres etapas:

• Primero, se priorizará la adquisición de medicamentos de alto costo.
• Segundo, los dispositivos médicos como pañales y alimentos de propósito médico especial.
• Tercero, los medicamentos genéricos o de bajo costo pero con alto volumen de consumo.

El acuerdo aprobado tendrá vigencia de un año, con la posibilidad de prorrogarse por otro periodo igual.

Aunque la negociación se realizará de manera conjunta, cada EPS firmará individualmente los contratos de compra y distribución según las condiciones pactadas.

En consecuencia, cada entidad será responsable tanto de los pagos a los agentes farmacéuticos como del cumplimiento en la atención oportuna a sus afiliados.

Este mecanismo no solo busca optimizar los costos y aportar a la reducción del desabastecimiento de medicamentos, sino que también permitirá a las EPS canalizar los ahorros hacia el pago de deudas existentes, la prevención de futuros pasivos y la mejora de otros servicios de salud.

Esta es la lista de las EPS:

• Nueva EPS
• Sanitas
• Famisanar
• Savia Salud
• Asmet Salud
• SOS (Servicio Occidental de Salud)
• Emssanar
• Coosalud

Cómo se garantizará el acceso a la libre competencia: esto explicó la SIC

Para garantizar el respeto a la libre competencia, la SIC implementará una metodología de seguimiento apoyada en tres pilares:

1. vigilancia de la negociación en bloque y de las compras individuales.
2. Monitoreo de los indicadores de cumplimiento en la entrega de medicamentos.
3. Revisión del impacto financiero sobre los costos.

La Dirección de Cumplimiento encabezará estas labores de supervisión. Asimismo, la Superintendencia remarcó la importancia de realizar las negociaciones con transparencia y objetividad, e invitó a las EPS no intervenidas a sumarse a este esquema y acceder a los potenciales beneficios.

De igual forma, la entidad emitió recomendaciones a los actores del sector salud para asegurar el cumplimiento de la regulación en materia de competencia y fomentar un entorno de libre mercado.

En el análisis y autorización del acuerdo, la SIC tuvo en cuenta conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, antecedentes legales sobre acuerdos exceptuados en otros sectores y experiencias internacionales de compra colaborativa adoptadas en países como México, China y Países Bajos.

Por último, el ente recalcó que la medida contribuye a conciliar la libre competencia con derechos fundamentales, especialmente el acceso a la salud y la atención digna, priorizando el bienestar de los usuarios del sistema de seguridad social.

Esto dijo la Corte Constitucional frente a la entrega de medicamentos

El reciente fallo de la Corte Constitucional que se conoció el 16 de mayo de 2025 establece que, incluso en situaciones de desabastecimiento, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben garantizar la entrega de medicamentos prescritos, recurriendo a sustitutos definidos por el médico tratante si es necesario.

Las EPS ya no podrán negarse a entregar medicamentos a los pacientes, sin importar la existencia de obstáculos administrativos, presupuestales o de inventario.

El pronunciamiento del alto tribunal surge en medio de un contexto donde el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis profunda, caracterizada por el colapso financiero de varias EPS y un desabastecimiento generalizado de fármacos. Situación que ha puesto en riesgo los tratamientos de cientos de personas.

Frente a esta situación, el Informe de Balance Social 2024 de la Fundación Retorno Vital reveló que más de 25 millones de personas están afiliadas a EPS que se encuentran intervenidas o en proceso de liquidación, esto refleja el deterioro estructural del sistema y la amenaza a su sostenibilidad.

El informe detalló además que el 42% de las barreras de acceso a la salud se relacionan con demoras en la entrega de medicamentos, afectando sobre todo a pacientes con enfermedades oncológicas, autoinmunes, metabólicas y crónicas complejas.

En algunos casos, los usuarios han esperado hasta 250 días para recibir el tratamiento prescrito, y durante 2024 solo accedieron en promedio a 4,7 meses de tratamiento en todo el año; esto representa un riesgo considerable para su salud y su vida.

Frente a este panorama, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Juan Carlos Cortés González, Diana Fajardo Rivera y Vladimir Fernández Andrade, revisó 30 acciones de tutela presentadas por usuarios a quienes sus EPS les negaron o retrasaron la entrega de medicamentos.

La Corte dictó medidas provisionales que ordenan la entrega inmediata de los fármacos prescritos por los médicos tratantes.

La revisión de 30 tutelas por parte de usuarios que denunciaron demoras en la entrega de medicamentos

El tribunal señaló que “el servicio de salud debe responder eficazmente a las necesidades de los usuarios, garantizando la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos prescritos por el médico tratante”.

Además, recordó que la interrupción en la entrega de medicamentos esenciales puede poner en peligro la vida e integridad de los pacientes, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad o con protección constitucional especial.

Una de las conclusiones centrales del fallo es que la EPS no puede suspender el tratamiento ni siquiera cuando el medicamento esté desabastecido.

La Corte precisó: “Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante”.

De esta manera, la responsabilidad de las EPS, IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y gestoras farmacéuticas se mantiene, sin que puedan alegar imposibilidad material, razones administrativas o presupuestales para negar o suspender tratamientos.

En el análisis de las 30 tutelas, la Corte identificó tres escenarios y, para todos ellos, ordenó a las EPS suministrar los medicamentos en las dosis, formas y periodicidades prescritas, incluso si la fórmula perdió vigencia debido a la demora en el suministro.

En el caso de tratamientos continuos, el medicamento debe entregarse máximo 72 horas antes de que se agote la fórmula anterior, y desde ese momento debe fijarse la fecha para la próxima entrega.

Cuando el Invima notifique el desabastecimiento de un fármaco, la EPS deberá coordinar una valoración médica inmediata para determinar las bioequivalencias necesarias y evitar interrupciones en el tratamiento.

Estas medidas buscan garantizar la continuidad y efectividad de los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades graves o crónicas.

Para asegurar el cumplimiento de estas órdenes, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Salud tendrán la responsabilidad de vigilar y acompañar a los pacientes afectados. Estas entidades deberán habilitar canales de seguimiento y acompañamiento, según lo dispuesto por la Corte.

El Auto 559 de 2025, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, representa un precedente en la jurisprudencia colombiana y responde a la necesidad de proteger a millones de usuarios que dependen del sistema de salud y que, hasta ahora, han enfrentado barreras significativas para acceder a los medicamentos esenciales para su tratamiento.

En la tarde del jueves 5 de junio de 2025, se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puso en marcha una investigación administrativa contra la sociedad RAPPI S.A.S.

La medida se basa en la presunta vulneración sistemática de los derechos de los consumidores y el incumplimiento de órdenes previas emitidas por la autoridad de consumo.

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Por tal motivo, a través de las Resoluciones No. 31112 y 31103, ambas del 23 de mayo de 2025, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor formuló un pliego de cargos detallado contra el gigante de los domicilios.

De acuerdo con la información que se conoció, esta investigación busca esclarecer una serie de irregularidades que, de confirmarse, pondrían en entredicho las prácticas comerciales de Rappi y su compromiso con la satisfacción y protección de sus usuarios en el entorno digital.

Como parte de la investigación, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor identificó de manera preliminar una serie de infracciones que abarcan diversas facetas de la operación de Rappi, tanto en su página web como en su aplicación móvil.

El pliego de cargos de la investigación

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor identificó de manera preliminar una serie de infracciones que abarcan diversas facetas de la operación de Rappi, tanto en su página web como en su aplicación móvil.

Entre las principales acusaciones se encuentran:

• Fallas en la calidad e idoneidad de los servicios: se señala la entrega de productos en mal estado, que no cumplen con los estándares esperados, defraudando así las expectativas de los consumidores. Adicionalmente, se registran deficiencias significativas en la atención de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), lo que habría frustrado las legítimas expectativas de los usuarios. Finalmente, se investiga el incumplimiento de los plazos de entrega y la entrega incorrecta de los productos adquiridos, generando molestias y perjuicios.
• Incumplimiento del deber de entrega de productos: Rappi es acusada de haber defraudado el interés de los consumidores al no entregar los productos que habían sido adquiridos, una situación que impacta directamente la confianza en el servicio.
• Incumplimiento del deber de información: la SIC detectó que Rappi, presuntamente, no ha informado de forma oportuna, clara, suficiente y precisa sobre los cobros realizados a los consumidores. Esta falta de transparencia podría haber generado cargos no autorizados al momento de acceder a los servicios ofrecidos, afectando el bolsillo de los usuarios.
• Omisión del Precio por Unidad de Medida (PUM): se evidenció la ausencia de información clara y precisa sobre el Precio por Unidad de Medida (PUM) en algunos productos ofrecidos en la plataforma. Esta omisión priva a los consumidores de una herramienta fundamental para comparar precios y tomar decisiones de compra informadas.
• Incumplimiento de las condiciones del servicio Turbo: la investigación aborda el presunto incumplimiento de las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad del servicio Turbo. Esto podría configurar una práctica de publicidad engañosa, afectando la percepción de valor y eficiencia del servicio.

• No inclusión de términos y condiciones en promociones: Rappi es señalada por no haber incluido la totalidad de los términos y condiciones aplicables en las piezas publicitarias de diversas promociones. Esta falta de claridad puede llevar a confusiones y disputas sobre la aplicación de descuentos y beneficios.
• Adopción de cláusulas Abusivas: la Superintendencia identificó que Rappi habría adoptado cláusulas presuntamente abusivas que limitarían la responsabilidad legal de la empresa frente a sus obligaciones. Estas cláusulas podrían dejar a los consumidores en una situación de desventaja ante cualquier inconveniente.
• Incumplimientos en materia de comercio electrónico: finalmente, la investigación apunta a deficiencias en los mecanismos dispuestos por Rappi para que los consumidores puedan radicar sus PQR, con constancia de fecha y hora, y para permitir su posterior seguimiento. Esta falla dificulta la gestión de reclamos y la resolución de conflictos.

Desacato a órdenes anteriores

Más allá de las nuevas acusaciones, la Dirección de Investigaciones evidenció que Rappi habría incumplido órdenes impartidas previamente por la Superintendencia.; específicamente, se mencionó la Resolución No. 27648 del 29 de mayo de 2024.

Este incumplimiento se relaciona con la presunta falta de garantía en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a través de su aplicación y página web, así como la inobservancia de las obligaciones derivadas de la garantía legal.

Además, se acusó a Rappi de no haber modificado la información relacionada con la exoneración de responsabilidad en esta materia, lo que sugiere una persistencia en prácticas que la SIC ya había ordenado corregir.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, conocida comercialmente como Movistar, luego de recibir múltiples denuncias que señalan posibles incumplimientos en el proceso de portabilidad numérica.

Este proceso permite a los usuarios cambiar de operador de telefonía móvil conservando su número telefónico, un derecho garantizado por la legislación colombiana que busca fomentar la competencia y proteger a los consumidores.

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Para completar este trámite, los usuarios deben recibir un Número de Identificación Personal (NIP), un código que valida su identidad y autoriza el traslado del número al nuevo operador.

Precisamente, la investigación de la SIC se centra en dos posibles faltas atribuidas a Movistar.

La primera corresponde a retrasos en la entrega del NIP o, en algunos casos, a la no entrega del mismo, a pesar de que la empresa habría recibido a tiempo las solicitudes para generar el código.

La demora afecta directamente la capacidad del usuario para completar la portabilidad en los tiempos reglamentarios, lo que podría desincentivar el cambio de operador.

La segunda posible infracción está relacionada con el ofrecimiento de incentivos o beneficios a usuarios que ya se encontraban en el proceso de portabilidad numérica hacia otro operador.

Según la regulación, está prohibido realizar este tipo de acciones que podrían interferir con la libre elección del consumidor, puesto que se entiende que estas prácticas buscan retener clientes mediante ventajas que distorsionan la competencia.

Como parte del proceso, la SIC dictó medidas preventivas con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios mientras avanza la investigación.

Movistar deberá cumplir estrictamente con los tiempos establecidos para el envío del NIP, que según la normativa vigente deben ser, en un 95% de los casos, no mayores a cinco minutos y, en ningún caso, superar los diez minutos desde la recepción de la solicitud, incluso si el servicio del usuario está suspendido.

Además, la empresa debe abstenerse de enviar mensajes promocionales o cualquier tipo de comunicación comercial a los usuarios que ya hayan iniciado el proceso de portabilidad.

En caso de que la investigación confirme la comisión de las conductas investigadas, Movistar podría enfrentar sanciones que alcanzan hasta quince mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La resolución que ordenó formular cargos no admite recursos, dado que se considera un acto de trámite dentro del procedimiento administrativo; sin embargo, la empresa cuenta con un plazo de quince días para ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y argumentar en su favor.

Esta no es la primera vez que la Superintendencia de Industria toma acciones contra la compañía de telefonía. En septiembre de 2024, Movistar fue multada por la SIC con $718.229.188, equivalentes a 740 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la infracción.

La sanción se impuso debido a irregularidades en el proceso de portabilidad numérica, que incluyeron la activación de líneas móviles sin la entrega de la tarjeta SIM correspondiente y la iniciación de procesos de portación no solicitados por los usuarios.

De acuerdo con la SIC, estas acciones violaron los derechos de los consumidores relacionados con la información y la libre elección de proveedor de servicios.

La entidad señaló que los usuarios afectados no pudieron ejercer su derecho a cambiar de operador de manera libre y transparente, además de no recibir información clara, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos. Estas prácticas, según la investigación, constituyen un incumplimiento de las disposiciones legales sobre portabilidad numérica.

La investigación que llevó a esta sanción se inició tras recibir múltiples denuncias de usuarios que reportaron irregularidades en los procedimientos de portación numérica. Estas quejas permitieron a la SIC identificar fallos operativos y procedimentales en los procesos de Movistar, lo que derivó en la violación de normativas diseñadas para proteger a los consumidores de servicios de telecomunicaciones.