El Ejecutivo de Guatemala sancionó el Decreto 15-2026, que pone en marcha una nueva ley integral contra el lavado de dinero, otros activos y el financiamiento del terrorismo, una reforma que entrará en vigor dentro de tres meses tras su publicación este miércoles 17 de junio y que busca alinear al país con los estándares del GAFI antes de la evaluación que realizará Gafilat en febrero de 2027, según la publicación del Diario de Centroamérica.

La norma fue aprobada por el Congreso de la República a inicios de junio con el respaldo de 147 diputados. La ley deroga el Decreto 67-2001 y concentra en un solo instrumento el régimen administrativo preventivo y represivo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo vinculado con la economía criminal nacional y transnacional.

La nueva legislación también incorpora de forma transversal el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con el texto oficial. Ese ajuste responde a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, un estándar aceptado por más de 200 países y jurisdicciones.

Para las personas obligadas, la unificación implica un solo Manual de Prevención, una autoridad supervisora con competencia integral, procedimientos de reporte unificados y una única Intendencia de Verificación Especial como interlocutor técnico. El objetivo es reducir el riesgo de incumplimiento involuntario que generaba la dispersión del sistema anterior.

La reforma refuerza a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Al cierre de abril de 2026, la IVE acumuló denuncias por Q2.751,5 millones vinculadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La ley amplía de ocho a 13 las atribuciones de la IVE

Una de las modificaciones centrales eleva de ocho a 13 las atribuciones de la IVE, después de que el pleno aprobara una enmienda de sustitución total al artículo 52. La ley anterior solo contemplaba ocho funciones para esa unidad.

Con ese cambio, la IVE podrá ejercer una supervisión más rigurosa para generar inteligencia financiera y trasladar información con mayor agilidad al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuando detecte transacciones, operaciones u otros elementos que puedan estar relacionados con esos delitos o con el financiamiento del terrorismo.

La normativa también impone obligaciones administrativas a las personas obligadas en materia de prevención y les exige comunicar información en la forma prevista por la ley. A la vez, ordena a la IVE administrar y resguardar archivos, registros, sistemas informáticos, estadísticas e información con medios tecnológicos adecuados, medidas de seguridad y niveles de acceso para proteger instalaciones y datos.

La respuesta concreta de la nueva ley es esta: Guatemala tendrá un único régimen legal para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con una sola estructura de supervisión técnica y mayores facultades para su unidad de inteligencia financiera.

Guatemala se prepara para la revisión de Gafilat en febrero de 2027

La reforma legal avanza en paralelo con la preparación institucional para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la que el GAFILAT medirá la efectividad de las medidas del país contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según la Superintendencia de Bancos. Esa revisión examinará si el sistema guatemalteco puede mostrar resultados concretos en prevención, supervisión, investigación y sanción.

En la apertura participaron el superintendente de Bancos Saulo De León Durán, el intendente de Verificación Especial Juan Carlos Monroy Véliz y el secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT Gustavo Vega, según la Superintendencia de Bancos. Durante la actividad se abordaron resultados inmediatos que Guatemala considera clave para la evaluación.

Entre los ejes discutidos figuraron la evaluación de riesgos, la coherencia de las políticas, la transparencia del beneficiario final, la supervisión basada en riesgo y las medidas preventivas, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos. La agenda también incluyó recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, además de la cooperación nacional y las sanciones financieras dirigidas contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva incluidas en listas de la ONU.

La Superintendencia de Bancos afirmó que la aprobación del Decreto 15-2026 representa un avance en la modernización del marco legal del país. “La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”, indicó la SIB en su comunicado oficial del 12 de junio, según la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala advirtió nuevamente que el país corre el riesgo de entrar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de que avance la revisión internacional prevista para 2027, un escenario que, según el organismo, afectaría remesas, comercio exterior, costos financieros y precios para los hogares.

El impacto más inmediato podría recaer sobre el dinero que reciben las familias desde el exterior: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras advirtió que el costo de operar el envío de remesas podría subir hasta 40% si Guatemala es incluida en la lista gris. Esa condición implicaría controles más estrictos y posibles límites al monto mensual que los hogares podrían recibir, según el sector privado.

La advertencia de la SIB se apoya en un calendario concreto. De acuerdo con el organismo, el país deberá someterse a una nueva evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en febrero de 2027, y para entonces la ley no solo debe estar aprobada, sino también implementada.

La reforma busca evitar una sanción que encarezca remesas, importaciones y exportaciones

En un comunicado oficial, la SIB sostuvo que el marco legal vigente acumula más de 25 años sin una reforma de fondo. Según la entidad, esa legislación ya no responde ni a las exigencias del sistema financiero internacional ni a los riesgos asociados a la criminalidad organizada transnacional.

El antecedente inmediato es el Informe de Evaluación Mutua realizado a Guatemala en 2016, que identificó brechas en la normativa antilavado y recomendó su actualización. Diez años después de ese señalamiento, las reformas siguen pendientes.

La iniciativa ahora debe pasar por la discusión artículo por artículo y por la redacción final.

El proyecto sustituye la legislación actual por un marco de 126 artículos alineado con las 40 recomendaciones del GAFI y con los estándares de GAFILAT.

Entre sus disposiciones, amplía el catálogo de sujetos obligados, incorpora a proveedores de activos virtuales y operadores de bingo, autoriza el congelamiento preventivo de fondos sospechosos, crea nuevas sanciones penales y establece el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La pregunta central planteada por la advertencia oficial es qué está en juego si la ley no se aprueba: según la SIB, una mayor vigilancia internacional sobre las operaciones vinculadas con Guatemala encarecería las transacciones financieras con el exterior, volvería más lentos los procesos de importación y exportación y terminaría trasladándose a mayores precios de bienes y servicios para la población.

El presidente del Congreso Luis Contreras dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el 2 de junio de 2026 en una sesión extraordinaria. Durante el encuentro organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala, Contreras afirmó: “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar”.

El antecedente de 2001 refuerza la presión sobre el Congreso

La advertencia actual también se apoya en la experiencia previa del país con el sistema internacional de control financiero. En 2001, Guatemala fue incluida en la lista negra del GAFI por carecer de una legislación específica contra el lavado de dinero.

La respuesta institucional incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ese mismo año, la creación de la Intendencia de Verificación Especial y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002. Esos cambios permitieron que el país saliera de la lista negra en 2004.

La presión no proviene solo del supervisor financiero. La Asociación Guatemalteca de Exportadores advirtió sobre el daño comercial de una eventual inclusión en la lista gris, y su presidente Francisco Ralda definió ese escenario como “la sentencia de muerte” para los exportadores, que ya enfrentan obstáculos en puertos, burocracia y trámites.

La SIB sostuvo que la aprobación de la nueva ley es necesaria para proteger la estabilidad económica, preservar la confianza internacional y reducir riesgos para el sistema financiero y para millones de familias guatemaltecas. El plazo que el sector privado organizado considera crítico vence el 2 de junio de 2026.

En Guatemala, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registró una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportando un incremento tanto en el número de Personas Obligadas registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas elevó los montos denunciados y reflejó una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El monto de dinero denunciado y la cantidad de personas involucradas se incrementaron en marzo de 2026

En el último mes registrado, la IVE denunció Q1,706.5 millones de quetzales, lo que representó un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero, según datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas señaladas en estas denuncias creció de 320 a 490 involucrados en marzo; además, se sumaron 26 nuevas denuncias en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el año.

Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio Público por la IVE se incrementó: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023, Q9,133.3 millones en 2024, Q15,967.2 millones en 2025 y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros públicos.

En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el número de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la dinámica de fiscalización e investigación.

En cuanto al análisis de actividad reciente, la IVE indicó que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra superó con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512) y febrero (18,339) de 2026, según datos oficiales.

Crecen las Personas Obligadas y los Reportes de Transacciones Sospechosas

Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO) ante la IVE, de las cuales 1,584 correspondían a Personas Obligadas Financieras (POF) y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF). En tan solo un mes, la cantidad de POF aumentó en 0.3% y las PONF en 0.1% respecto al 28 de febrero de 2026.

El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE en el primer trimestre del año, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevención y control del delito financiero.

Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos —bancos, cooperativas, compañías de seguros— así como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyerías, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.

Asistencia interinstitucional y supervisión basada en riesgos

La IVE, en el marco de sus atribuciones legales, atendió 480 requerimientos de información formulados por el Ministerio Público y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboración en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025, 1,718 en 2024 y 1,798 en 2023.

En cuanto a extinción de dominio, la Intendencia remitió al Ministerio Público 6 informes en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales. La cooperación interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen ilícito, según lo previsto en la Ley de Extinción de Dominio.

El modelo adoptado por la IVE es la supervisión basada en riesgos, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada.

Así, se optimiza la asignación de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposición, lo que se traduce en una supervisión administrativa enfocada en la prevención y la detección temprana dentro del sistema financiero y empresarial.

Las estadísticas publicadas por la Intendencia de Verificación Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiografía del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.