La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026, realizadas el 17 y 18 de septiembre, en las que reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir la prevención de riesgos bancarios, las nuevas reglas contra el lavado de dinero y las amenazas tecnológicas.

La vigésima sexta edición del encuentro puso el foco en la necesidad de que el sistema financiero anticipe riesgos vinculados con cambios regulatorios, ciberataques, fraude con inteligencia artificial y tensiones geopolíticas. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, esos factores atraviesan la evolución de la supervisión financiera del país.

Una nueva ley antilavado antes de la evaluación de 2027

El segundo día incluyó el panel “Más allá de la ley, oportunidades y retos del Decreto 15-2026 para Guatemala”, dedicado a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La norma fue sancionada por el Ejecutivo el 17 de junio y entrará en vigor tres meses después de su publicación.

La legislación unifica las disposiciones que estaban repartidas entre los decretos 67-2001 y 58-2005. El Congreso la aprobó con 147 votos y busca adecuar el marco guatemalteco a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional antes de la evaluación prevista por Gafilat para febrero de 2027.

Entre las nuevas estructuras figura el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como CONCLAFT. El organismo será presidido por el vicepresidente de la República.

La ley también refuerza el papel de la Intendencia de Verificación Especial, dependiente de la SIB, que podrá inscribir a personas obligadas, recibir reportes de operaciones sospechosas e imponer sanciones administrativas. El alcance de esos deberes se extendió a notarios, inmobiliarias y proveedores de servicios de activos virtuales.

Las personas jurídicas responsables del delito podrán recibir multas de hasta USD 625.000. La norma incorpora así a nuevos sectores al sistema de prevención y represión de operaciones vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fraude híbrido y ciberresiliencia para el sistema financiero

La jornada del 18 de septiembre incluyó la conferencia magistral “Resiliencia ante el fraude híbrido, cómo la banca de Guatemala debe prepararse para ataques con IA generativa”. El programa examinó las modalidades de fraude que combinan herramientas digitales y mecanismos tradicionales de engaño.

El encuentro concluyó con el panel “Seguros inclusivos, brechas, retos y oportunidades para incentivar el uso del seguro”, centrado en las barreras para ampliar el acceso de distintos grupos de la población a esos productos.

El primer día estuvo dedicado a los 80 años de supervisión bancaria en Guatemala, la estabilidad financiera y los desafíos regulatorios futuros. También se abordaron los riesgos geopolíticos para la banca y la ciberresiliencia ante la expansión de la inteligencia artificial.

Durante la apertura, el superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, sostuvo que la supervisión financiera debe fortalecer su capacidad de anticipación en lugar de limitarse a responder cuando los riesgos ya se han materializado. La Universidad del Valle de Guatemala respaldó la organización de las conferencias.

La Junta Monetaria oficializó la lista de 21 aspirantes que buscan dirigir la Superintendencia de Bancos y ahora deberá integrar una terna para enviarla al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá que nombrar al sucesor de Saulo de León Durán antes del 30 de septiembre, en un relevo que coincide con el cambio de autoridades del Banco de Guatemala y concentra en septiembre dos decisiones centrales para la supervisión y estabilidad del sistema financiero.

El cronograma fija un punto decisivo para el 9 de septiembre, cuando el pleno colegiado votará la integración de la terna. Al día siguiente, el 10 de septiembre, esa propuesta será entregada oficialmente al Ejecutivo, y el mandatario deberá resolver antes de que concluya el período del actual titular de la SIB.

El procedimiento comenzó el 12 de agosto, cuando se invitó formalmente a los integrantes de la JM a proponer profesionales calificados.

La recepción de expedientes cerró el 28 de agosto y, de acuerdo con el Banco de Guatemala, 21 profesionales presentaron documentación para participar en la selección del próximo superintendente.

La pregunta central del proceso tiene una respuesta concreta: la JM no elige de forma directa al nuevo jefe de la SIB, sino que conforma una terna de tres candidatos y la remite al presidente de la República, que toma la decisión final mediante el nombramiento del nuevo superintendente de Bancos.

La terna no dependerá solo de las mejores calificaciones

La documentación de los aspirantes será revisada por la Secretaría de la Junta Monetaria, encargada de verificar que cada expediente cumpla los requisitos legales y técnicos exigidos para el cargo.

Después, el organismo continuará con la evaluación de perfiles mediante una tabla de gradación que servirá de referencia para valorar formación académica, experiencia profesional y conocimientos en materia financiera y de supervisión bancaria.

Ese mecanismo, sin embargo, no convierte automáticamente a los tres mejores punteos en los integrantes de la terna final. La decisión corresponde a los miembros de la Junta Monetaria, que deberán votar la propuesta que enviarán al mandatario.

Entre los 21 postulantes figuran Hugo Daniel Figueroa Estrada, Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, Vilma Yolanda Córdov Citalán, Julio René Martínez Guerra y Saulo de León Durán, quien busca la reelección. También aparecen María Magaly Morales Polanco, Byron Vinicio Méndez Castillo, Manuel Alberto Selva Rodas, Hugo Rafael Oroxom Mérida y Maynor Augusto Ambrosio Higueros.

La lista incluye además a Hugo Roberto Martínes Rebulla, Hugo Adolfo de León Díaz, Odalis Hernández Martínez, Luis Alfredo Türk Mejía y Miler Estuardo Estrada Hernández. La completan Ricardo Alvarado del Valle, José Alberto Ramírez Crespín, Juan Carlos Catalán Herrera, Eddy Roberto Carpio Sam, Herberth Solórzano Somoza y Carlos Enrique Juárez.

La ley exige experiencia técnica y establece impedimentos precisos

La Ley de Supervisión Financiera establece que la persona designada debe ser guatemalteca de origen, mayor de 30 años, de reconocida probidad y contar con grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de ciencias jurídicas y sociales. En el caso de los profesionales del área jurídica, la norma añade formación complementaria en el ámbito financiero o económico.

La legislación también exige notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera. Entre los criterios de evaluación se mencionan la experiencia profesional en la SIB y en el Banco de Guatemala, la formación académica y el desempeño en puestos gerenciales.

La ley también fija impedimentos. No pueden ocupar el cargo dirigentes de organizaciones políticas, gremiales, empresariales o sindicales, ni personas con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con autoridades del Banguat, de la Junta Monetaria o del Ejecutivo.

A esas restricciones se suman los deudores morosos y quienes registren antecedentes de insolvencia. Ese filtro legal forma parte de la revisión previa a la votación de la terna.

El nuevo superintendente deberá asumir funciones el 1 de octubre de 2026 para el período 2026-2030. Saulo de León Durán concluirá su gestión el 30 de septiembre, la misma fecha en que termina el período de Álvaro González Ricci al frente del Banco de Guatemala.

Aunque ambos relevos ocurrirán al mismo tiempo, el mecanismo de designación es distinto. Mientras el superintendente de Bancos surge de una terna propuesta por la Junta Monetaria, el presidente y el vicepresidente del Banco de Guatemala son nombrados directamente por el presidente de la República.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Denis “N”, de 47 años, en el sector El Arbolón, municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, señalado de fingir ser inspector bancario para cometer estafas.

Según información oficial, el individuo era buscado por una orden de captura vigente por estafa propia, emitida el 28 de noviembre de 2023 por un juzgado de Quetzaltenango. De acuerdo con el reporte difundido por la PNC, Denis “N” se hacía pasar por inspector de la Superintendencia de Bancos (SIB) para extorsionar a empresas de la zona.

Modus operandi: suplantación de identidad institucional

La investigación policial señala que Denis “N” se presentaba ante representantes de una empresa dedicada al otorgamiento de microcréditos en San Pedro Sacatepéquez, identificándose como funcionario de la SIB.

El reporte indica que advertía sobre supuestas irregularidades administrativas y amenazaba con sanciones, exigiendo a cambio pagos en efectivo para evitar procesos legales.

La empresa afectada denunció el hecho a las autoridades luego de recibir la solicitud de dinero y sospechar del proceder del supuesto inspector.

Identificación del sospechoso y antecedentes judiciales

Tras la denuncia, la PNC realizó una serie de diligencias que permitieron identificar plenamente a Denis “N” como el responsable de los hechos criminales denunciados.

Al cotejar los datos personales del señalado, los agentes confirmaron que existía una orden de aprehensión pendiente por el delito de estafa propia, girada por el juzgado de Quetzaltenango el 28 de noviembre de 2023. La captura se efectuó sin incidentes en el sector El Arbolón.

Complicaciones médicas y resguardo policial

De acuerdo con la información oficial, al momento de ser notificado sobre el proceso judicial en su contra, Denis “N” afirmó que se sentía mal, presentando supuestas complicaciones de salud.

Los agentes procedieron a trasladarlo bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica. No obstante, el detenido permanecerá bajo vigilancia policial hasta que pueda ser puesto a disposición del juzgado competente para solventar su situación legal.

Advertencia de la Superintendencia de Bancos y recomendaciones a la población

La Superintendencia de Bancos (SIB) emitió un pronunciamiento público en el que rechaza cualquier intento de suplantación o uso indebido de su nombre para cometer fraudes.

La institución enfatizó que sus inspectores siempre se encuentran debidamente identificados y actúan conforme a procedimientos oficiales. La SIB precisó que ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos, depósitos, dádivas o beneficios personales a particulares o empresas.

“Ante cualquier duda, la población debe abstenerse de proporcionar información confidencial y evitar efectuar pagos fuera de los canales institucionales”, recomendó la SIB en el documento publicado en sus redes sociales.

Además, instó a denunciar ante las autoridades cualquier intento de estafa o uso fraudulento de su identidad institucional, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en el sistema financiero nacional.

Las autoridades recomiendan verificar la identidad de cualquier persona que se presente como representante de la Superintendencia de Bancos o de cualquier otra institución y utilizar exclusivamente los canales oficiales para cualquier trámite o consulta relacionada con el sistema financiero. El caso permanece bajo investigación y el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de captura.

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos registró al 30 de junio de 2026 un total de 4.496 personas obligadas y recibió 3.030 reportes de transacciones sospechosas, en un semestre en el que incorporó un apartado de “Panorama Evolutivo” para ampliar la lectura estadística sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ese nuevo bloque muestra que, durante el primer semestre de 2026, el origen de los fondos reportados en los RTS se concentró de forma abrumadora en Norteamérica, con 96.0% de los registros, mientras que el principal destino fue Asia Oriental, con 36.3%. Después aparecieron Norteamérica con 13,2%, África Oriental con 8,6%, Europa Central con 7,8%, Suramérica con 6,9% y Centroamérica con 6,1%.

Según la información difundida por la Superintendencia de Bancos en una cápsula de SIP TV y en su boletín mensual, el universo de personas obligadas ante la IVE se divide entre 35 % de sujetos financieros y 65 % de no financieros. El organismo también indicó que presentó 165 denuncias por más de Q 5,400 millones.

Esas denuncias, de acuerdo con la entidad, se sustentan en el análisis de más de 133,800 operaciones financieras, utilizadas para reflejar el volumen transaccional de cada caso.

A la vez, las personas obligadas reportan a la IVE las transacciones que, tras su propio análisis, presentan indicios de posible vinculación con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Los reportes sospechosos se concentraron en cuentas monetarias y de ahorro

La distribución por producto financiero de los RTS recibidos en el primer semestre mostró una concentración en cuentas monetarias, con 38.2%, y cuentas de ahorro, con 35.9%. Más atrás quedaron las remesas, con 7.0%, las tarjetas de crédito, con 2.5%, y los préstamos, con 2.2%.

La categoría “Otros” representó 14.1% e incluyó productos con participaciones individuales menores, entre ellos compraventa de divisas, depósitos a largo plazo, pólizas y transferencias.

En la presentación general del boletín, la IVE resumió esa misma tendencia al señalar que cuentas monetarias y de ahorro encabezaron los reportes, seguidas por remesas, mientras préstamos y tarjetas de crédito tuvieron una participación marginal.

En el detalle geográfico del origen de fondos, además de Norteamérica, se identificaron registros procedentes del sureste de Europa con 1,5%, Europa Occidental con 0.7%, el sur de Europa con 0,3%, Europa Central con 0.2% y Centroamérica con 0.8%. La publicación añadió participaciones marginales con origen en Suramérica, Asia Occidental y Oriental, el sudeste asiático y África.

En los destinos, el mapa fue más disperso. A las regiones con mayor peso se sumaron Asia Sudeste con 5.6%, Europa del Sur y Europa Occidental, ambas con 4.1%, el sureste de Europa con 3,1%, África Occidental con 1.7% y el sur de Asia con 1.0%, mientras Asia Occidental y Suroeste, África Central y Sur y el Caribe quedaron por debajo de 1.0%.

La IVE realizó 238 supervisiones y recibió 943 requerimientos de información

La IVE recibió 943 requerimientos de información vinculados a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También realizó 238 supervisiones en prevención y normativa prudencial bajo un enfoque basado en riesgos.

De ese total, 19 % correspondió a entidades financieras bajo vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, 37% a entidades financieras no sujetas a esa vigilancia y 44% a personas obligadas no financieras. La misma fuente señaló que entre enero y junio de 2026 se capacitó a más de 7,200 personas en forma presencial y virtual, mediante webinars y talleres especializados.

El boletín incorporó además datos sobre bienes involucrados en Informes de Extinción de Dominio. Por cantidad de bienes reportados, predominaron los vehículos con 49.0%, seguidos por bienes inmuebles con 22.0%, certificados de depósito a plazo con 16.0%, terrenos con 12.0% y apartamentos con 1.0%.

Cuando el análisis se trasladó al monto asociado a esos bienes, el orden cambió. Los certificados de depósito a plazo concentraron 73.6% del valor involucrado, por delante de los bienes inmuebles con 12.1%, los terrenos con 7.7%, los vehículos con 6.3% y los apartamentos con 0.2%.

El Ejecutivo de Guatemala sancionó el Decreto 15-2026, que pone en marcha una nueva ley integral contra el lavado de dinero, otros activos y el financiamiento del terrorismo, una reforma que entrará en vigor dentro de tres meses tras su publicación este miércoles 17 de junio y que busca alinear al país con los estándares del GAFI antes de la evaluación que realizará Gafilat en febrero de 2027, según la publicación del Diario de Centroamérica.

La norma fue aprobada por el Congreso de la República a inicios de junio con el respaldo de 147 diputados. La ley deroga el Decreto 67-2001 y concentra en un solo instrumento el régimen administrativo preventivo y represivo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo vinculado con la economía criminal nacional y transnacional.

La nueva legislación también incorpora de forma transversal el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con el texto oficial. Ese ajuste responde a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, un estándar aceptado por más de 200 países y jurisdicciones.

Para las personas obligadas, la unificación implica un solo Manual de Prevención, una autoridad supervisora con competencia integral, procedimientos de reporte unificados y una única Intendencia de Verificación Especial como interlocutor técnico. El objetivo es reducir el riesgo de incumplimiento involuntario que generaba la dispersión del sistema anterior.

La reforma refuerza a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Al cierre de abril de 2026, la IVE acumuló denuncias por Q2.751,5 millones vinculadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La ley amplía de ocho a 13 las atribuciones de la IVE

Una de las modificaciones centrales eleva de ocho a 13 las atribuciones de la IVE, después de que el pleno aprobara una enmienda de sustitución total al artículo 52. La ley anterior solo contemplaba ocho funciones para esa unidad.

Con ese cambio, la IVE podrá ejercer una supervisión más rigurosa para generar inteligencia financiera y trasladar información con mayor agilidad al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuando detecte transacciones, operaciones u otros elementos que puedan estar relacionados con esos delitos o con el financiamiento del terrorismo.

La normativa también impone obligaciones administrativas a las personas obligadas en materia de prevención y les exige comunicar información en la forma prevista por la ley. A la vez, ordena a la IVE administrar y resguardar archivos, registros, sistemas informáticos, estadísticas e información con medios tecnológicos adecuados, medidas de seguridad y niveles de acceso para proteger instalaciones y datos.

La respuesta concreta de la nueva ley es esta: Guatemala tendrá un único régimen legal para prevenir, detectar y sancionar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con una sola estructura de supervisión técnica y mayores facultades para su unidad de inteligencia financiera.

Guatemala se prepara para la revisión de Gafilat en febrero de 2027

La reforma legal avanza en paralelo con la preparación institucional para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la que el GAFILAT medirá la efectividad de las medidas del país contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según la Superintendencia de Bancos. Esa revisión examinará si el sistema guatemalteco puede mostrar resultados concretos en prevención, supervisión, investigación y sanción.

En la apertura participaron el superintendente de Bancos Saulo De León Durán, el intendente de Verificación Especial Juan Carlos Monroy Véliz y el secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT Gustavo Vega, según la Superintendencia de Bancos. Durante la actividad se abordaron resultados inmediatos que Guatemala considera clave para la evaluación.

Entre los ejes discutidos figuraron la evaluación de riesgos, la coherencia de las políticas, la transparencia del beneficiario final, la supervisión basada en riesgo y las medidas preventivas, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos. La agenda también incluyó recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, además de la cooperación nacional y las sanciones financieras dirigidas contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva incluidas en listas de la ONU.

La Superintendencia de Bancos afirmó que la aprobación del Decreto 15-2026 representa un avance en la modernización del marco legal del país. “La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”, indicó la SIB en su comunicado oficial del 12 de junio, según la Superintendencia de Bancos.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala advirtió nuevamente que el país corre el riesgo de entrar a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de que avance la revisión internacional prevista para 2027, un escenario que, según el organismo, afectaría remesas, comercio exterior, costos financieros y precios para los hogares.

El impacto más inmediato podría recaer sobre el dinero que reciben las familias desde el exterior: el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras advirtió que el costo de operar el envío de remesas podría subir hasta 40% si Guatemala es incluida en la lista gris. Esa condición implicaría controles más estrictos y posibles límites al monto mensual que los hogares podrían recibir, según el sector privado.

La advertencia de la SIB se apoya en un calendario concreto. De acuerdo con el organismo, el país deberá someterse a una nueva evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en febrero de 2027, y para entonces la ley no solo debe estar aprobada, sino también implementada.

La reforma busca evitar una sanción que encarezca remesas, importaciones y exportaciones

En un comunicado oficial, la SIB sostuvo que el marco legal vigente acumula más de 25 años sin una reforma de fondo. Según la entidad, esa legislación ya no responde ni a las exigencias del sistema financiero internacional ni a los riesgos asociados a la criminalidad organizada transnacional.

El antecedente inmediato es el Informe de Evaluación Mutua realizado a Guatemala en 2016, que identificó brechas en la normativa antilavado y recomendó su actualización. Diez años después de ese señalamiento, las reformas siguen pendientes.

La iniciativa ahora debe pasar por la discusión artículo por artículo y por la redacción final.

El proyecto sustituye la legislación actual por un marco de 126 artículos alineado con las 40 recomendaciones del GAFI y con los estándares de GAFILAT.

Entre sus disposiciones, amplía el catálogo de sujetos obligados, incorpora a proveedores de activos virtuales y operadores de bingo, autoriza el congelamiento preventivo de fondos sospechosos, crea nuevas sanciones penales y establece el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La pregunta central planteada por la advertencia oficial es qué está en juego si la ley no se aprueba: según la SIB, una mayor vigilancia internacional sobre las operaciones vinculadas con Guatemala encarecería las transacciones financieras con el exterior, volvería más lentos los procesos de importación y exportación y terminaría trasladándose a mayores precios de bienes y servicios para la población.

El presidente del Congreso Luis Contreras dijo en el XXIII Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero que espera la aprobación final de la iniciativa 6593 el 2 de junio de 2026 en una sesión extraordinaria. Durante el encuentro organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala, Contreras afirmó: “Si nosotros no apoyamos esta ley vamos a tener problemas serios, las remesas se verán afectadas, el comercio con otros países no va a caminar”.

El antecedente de 2001 refuerza la presión sobre el Congreso

La advertencia actual también se apoya en la experiencia previa del país con el sistema internacional de control financiero. En 2001, Guatemala fue incluida en la lista negra del GAFI por carecer de una legislación específica contra el lavado de dinero.

La respuesta institucional incluyó la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ese mismo año, la creación de la Intendencia de Verificación Especial y la aprobación de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en 2002. Esos cambios permitieron que el país saliera de la lista negra en 2004.

La presión no proviene solo del supervisor financiero. La Asociación Guatemalteca de Exportadores advirtió sobre el daño comercial de una eventual inclusión en la lista gris, y su presidente Francisco Ralda definió ese escenario como “la sentencia de muerte” para los exportadores, que ya enfrentan obstáculos en puertos, burocracia y trámites.

La SIB sostuvo que la aprobación de la nueva ley es necesaria para proteger la estabilidad económica, preservar la confianza internacional y reducir riesgos para el sistema financiero y para millones de familias guatemaltecas. El plazo que el sector privado organizado considera crítico vence el 2 de junio de 2026.

En Guatemala, la vigilancia sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo registró una mayor actividad durante el primer trimestre de 2026, con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) reportando un incremento tanto en el número de Personas Obligadas registradas como en las alertas y denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Al 31 de marzo de 2026, el total de operaciones sospechosas elevó los montos denunciados y reflejó una tendencia sostenida de fortalecimiento en los mecanismos de control financiero. De acuerdo con el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El monto de dinero denunciado y la cantidad de personas involucradas se incrementaron en marzo de 2026

En el último mes registrado, la IVE denunció Q1,706.5 millones de quetzales, lo que representó un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero, según datos oficiales de la Intendencia. La cantidad de personas señaladas en estas denuncias creció de 320 a 490 involucrados en marzo; además, se sumaron 26 nuevas denuncias en el periodo, alcanzando un acumulado de 83 durante el año.

Entre 2023 y 2026, el monto acumulado denunciado ante el Ministerio Público por la IVE se incrementó: Q8,203.4 millones reportados al cierre de 2023, Q9,133.3 millones en 2024, Q15,967.2 millones en 2025 y Q1,706.5 millones solo en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con registros públicos.

En el mismo lapso, tanto la cantidad de personas involucradas como el número de denuncias exhibieron variaciones anuales alineadas con la dinámica de fiscalización e investigación.

En cuanto al análisis de actividad reciente, la IVE indicó que las 26 denuncias presentadas en marzo de 2026 estuvieron respaldadas por el examen de 34,952 operaciones financieras, lo que revela el elevado volumen de transacciones monitoreadas en el sistema. Esta cifra superó con amplitud las operaciones revisadas en enero (10,512) y febrero (18,339) de 2026, según datos oficiales.

Crecen las Personas Obligadas y los Reportes de Transacciones Sospechosas

Para el 31 de marzo de 2026, se encontraban registradas 4,460 Personas Obligadas (PO) ante la IVE, de las cuales 1,584 correspondían a Personas Obligadas Financieras (POF) y 2,876 a Personas Obligadas No Financieras (PONF). En tan solo un mes, la cantidad de POF aumentó en 0.3% y las PONF en 0.1% respecto al 28 de febrero de 2026.

El reporte de operaciones sospechosas mantuvo cifras destacables: las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE en el primer trimestre del año, cifra que se suma a un consolidado plurianual en el que el volumen de reportes se consolida como un indicador clave en prevención y control del delito financiero.

Las Personas Obligadas comprenden entidades bajo vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos —bancos, cooperativas, compañías de seguros— así como organizaciones no financieras: empresas inmobiliarias, joyerías, firmas de auditores, ONG y proveedores de servicios corporativos, conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento.

Asistencia interinstitucional y supervisión basada en riesgos

La IVE, en el marco de sus atribuciones legales, atendió 480 requerimientos de información formulados por el Ministerio Público y otras instituciones autorizadas a solicitar datos o colaboración en investigaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Este dato se agrega a los 1,817 requerimientos atendidos durante 2025, 1,718 en 2024 y 1,798 en 2023.

En cuanto a extinción de dominio, la Intendencia remitió al Ministerio Público 6 informes en el primer trimestre de 2026, con un monto total asociado de Q49.2 millones de quetzales. La cooperación interinstitucional permite que, ante sospechas fundadas, se activen los procesos legales para recuperar bienes de origen ilícito, según lo previsto en la Ley de Extinción de Dominio.

El modelo adoptado por la IVE es la supervisión basada en riesgos, que requiere identificar, evaluar y mitigar las vulnerabilidades de acuerdo con el perfil de cada Persona Obligada.

Así, se optimiza la asignación de recursos y se instauran controles proporcionados al nivel de exposición, lo que se traduce en una supervisión administrativa enfocada en la prevención y la detección temprana dentro del sistema financiero y empresarial.

Las estadísticas publicadas por la Intendencia de Verificación Especial al 31 de marzo de 2026 presentan una radiografía del desarrollo en los mecanismos de control y denuncia por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país, y saturan el periodo con cifras exactas sobre el volumen de casos, montos involucrados y la capacidad de respuesta de las instituciones responsables.