Ann Mannix dejó una huella sin precedentes en el Departamento de Policía de San Francisco (DPSP): fue la primera mujer en integrar y luego liderar su equipo SWAT, escaló hasta el rango de subjefa y, al retirarse en 2021, era la oficial de mayor rango entre las mujeres de la institución, según consignó Mission Local.

El domingo, su exesposo —estaban separados al momento del hecho—, el exsargento Kevin Mannix, habría disparado contra ella y su hija de 24 años antes de quitarse la vida, en un episodio que las autoridades del condado de Marin clasificaron como un presunto doble homicidio seguido de suicidio, de acuerdo con Yahoo News.

El perfil de la víctima, una figura histórica dentro del cuerpo

Sanfranciscana de cuarta generación y descendiente de una familia con profundos vínculos policiales —varios de sus parientes habían servido previamente como oficiales—, Ann ingresó al DPSP en 1986, poco más de una década después de que el cuerpo comenzara a incorporar mujeres en funciones de patrullaje, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

Desde ese punto, ascendió de forma sostenida: teniente en 2003, comandante en 2015 y subjefa en 2018.

En ese rol, dirigió las oficinas de Operaciones de Campo y Operaciones Especiales hasta su retiro.

Quién era el sospechoso y cómo ocurrió el hecho

El presunto autor, Kevin, de 68 años, también había servido en el DPSP durante 27 años —gran parte de ellos en la Estación Taraval del barrio Sunset— antes de retirarse en 2018 con el rango de sargento, aseguró The San Francisco Standard.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Marin, disparó contra su esposa y su hija, Katherine Elizabeth Mannix, de 24 años, alrededor de las 5 de la tarde del domingo en el domicilio familiar de Strawberry Circle, en la comunidad de Strawberry, cerca de Mill Valley, antes de volver el arma contra sí mismo.

El hallazgo y el estado de la investigación

La policía llegó al lugar después de recibir una llamada de emergencia desde la propia residencia.

Los agentes contactaron al denunciante a su llegada; la persona salió ilesa y su identidad no fue divulgada.

Una fuente con conocimiento directo del caso, citada por The San Francisco Standard, indicó que quien realizó el llamado sería el hijo adulto de la pareja, dato que las autoridades no confirmaron oficialmente.

Tras asegurar el perímetro, los agentes ingresaron y hallaron los tres cuerpos. Las autoridades no determinaron aún un móvil.

La reacción del gremio policial ante la pérdida

La pérdida sacudió a toda la institución. La Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco (SFPOA) publicó un comunicado en el que expresó su consternación: “La trágica pérdida de la subjefa retirada Ann Mannix, su hija Katie y el sargento retirado Kevin Mannix en un presunto homicidio-suicidio ha dejado a toda nuestra familia del DPSP en estado de conmoción”, señaló la entidad.

“No hay palabras que puedan capturar plenamente la profundidad de esta tragedia, ni respuestas simples a las dolorosas preguntas que todos nos estamos haciendo”, agregó la asociación en el texto.

El jefe del DPSP, Derrick Lew, también se manifestó públicamente. “Con profundo dolor e impensable tristeza nos enteramos del fallecimiento de los miembros retirados Ann Mannix y Kevin Mannix, así como de su hija de 24 años”, afirmó Lew en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

El funcionario agregó que se encontraba en contacto con el sheriff del condado de Marin, Jamie Scardina, cuya oficina continúa al frente de la investigación.

El Moab 240 es una de las carreras de resistencia más duras del mundo: 389 kilómetros de desierto, cañones y montañas en el sur de Utah, sin pausa, sin atajos.

El pasado sábado, las condiciones que hacen del recorrido un desafío extremo se agravaron aún más.

Los remanentes de la tormenta tropical Rachel transformaron el paisaje en una zona de caminos intransitables y arroyos desbordados, y dejaron a 70 corredores y voluntarios sin salida durante toda una noche.

La situación crítica tuvo su epicentro en la estación de ayuda de Bridger Jack, dentro del Monumento Nacional Bear Ears, a unos 154 kilómetros del inicio del recorrido.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Juan coordinó el operativo de traslado junto a los organizadores. La competencia fue cancelada.

Cómo una noche de tormenta dejó a 70 personas sin salida

Destination Trail, la empresa organizadora del evento, explicó que el curso del ultramaratón cruza Cottonwood Creek varios kilómetros después de la estación.

Cuando el arroyo llegó a niveles de inundación durante las lluvias del sábado, resultó imposible avanzar.

Los corredores que ya habían superado ese punto debieron regresar, mientras que las vías de acceso vehicular también quedaron cortadas.

Ante la inminencia del temporal, los organizadores tomaron medidas preventivas. Un camión fue enviado con carpas adicionales, calefactores, gas propano, comida caliente y provisiones de agua para garantizar el bienestar de quienes esperaban ser trasladados.

A lo largo del sábado, Destination Trail comunicó que los varados estaban “a salvo, de buen ánimo y preparados para pasar la noche”.

El operativo para sacar a todos del desierto

El operativo de rescate comenzó temprano el domingo. Alrededor de las 8 de la mañana, un grupo de corredores caminó entre 6 y 8 kilómetros hasta un punto de enlace donde la Oficina del Sheriff había desplegado vehículos todo terreno, para luego abordar autobuses escolares con destino a Moab.

A la 1 de la tarde, el condado confirmó que todas las personas habían sido evacuadas. “Los equipos están terminando algunas tareas finales y los recursos de respuesta de emergencia están siendo liberados”, indicó el condado en un comunicado.

“Agradecemos los esfuerzos de los organizadores de la carrera y de los servicios de emergencia que trabajaron juntos para llevar esta situación a una conclusión segura”, añadió.

El sistema climático detrás del caos

Las precipitaciones que afectaron la carrera fueron consecuencia directa de los remanentes de la tormenta tropical Rachel, que tocó tierra en Baja California.

El sistema continuó su avance hacia el interior y provocó inundaciones en varios estados del oeste de Estados Unidos, entre ellos Utah, Arizona y Nevada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) registró ráfagas de viento de hasta 82 kilómetros por hora (51 millas) en el aeropuerto de Monticello poco antes de la 1 de la tarde del domingo y de 72 kilómetros por hora (45 millas) cerca del aeródromo de Canyonlands.

Las autoridades emitieron un aviso de viento vigente hasta las 6 de la mañana del lunes, con posibles caídas de ramas y cortes de energía.

La amenaza climática no concluyó con la evacuación. El NWS advirtió que ríos, arroyos y cañones de la zona podrían crecer con rapidez hasta el lunes, especialmente en áreas afectadas por incendios recientes.

Las probabilidades de lluvia para Moab eran del 50% el lunes, del 80% el lunes por la noche y del 90% el martes.

La decisión que puso fin a la competencia

Los organizadores anunciaron la cancelación a través de sus redes sociales cuando los reportes desde distintos puntos del recorrido describían condiciones extremas.

“Recibimos informes de estructuras de estaciones de ayuda arrasadas por el viento, árboles caídos, lluvia, viento y temperaturas bajo cero y esperamos que las condiciones empeoren esta noche”, comunicó la empresa.

Los corredores que aún seguían en ruta al momento de la cancelación recibieron instrucciones de permanecer en las estaciones de ayuda más cercanas hasta que los equipos de traslado pudieran llegar.

En el mensaje dirigido a los participantes, la empresa expresó: “Sabemos que este no es el desenlace que esperaban para el Moab 240. Muchos de ustedes entrenaron durante meses y viajaron desde lejos para estar aquí, y lo lamentamos sinceramente. A veces el clima tiene otros planes, y cuando eso ocurre, la seguridad de todos tiene que ir primero”.

Qué es el Moab 240 y por qué importa

El Moab 240 es considerado uno de los ultramaratones más exigentes del mundo. Su recorrido atraviesa desiertos, cañones, formaciones de roca lisa y dos cadenas montañosas en las inmediaciones de los parques nacionales Canyonlands y Arches.

La edición de este año arrancó el viernes en Moab, con fecha de llegada pautada para el martes siguiente. La interrupción se produjo cuando la carrera llevaba apenas dos de sus cinco días previstos de competencia.

No se registraron heridos ni personas desaparecidas como consecuencia del incidente.

En Estados Unidos mueren más de 400 personas por año a causa de intoxicaciones accidentales de monóxido de carbono, un gas inodoro e invisible que no da señales de advertencia hasta que ya es demasiado tarde.

El sábado, un grupo familiar en Richmond, Utah, se convirtió en la cara más brutal de esa estadística: cinco personas murieron en su propio domicilio mientras las alarmas sonaban y el barrio seguía su rutina.

El sheriff del Condado de Cache, D. Chad Jensen, informó que los niveles de gas en la vivienda eran tan altos que superaban el rango máximo de detección del equipo de los rescatistas.

Las víctimas fueron un hombre de 43 años y cuatro menores: una niña de 5, un niño de 11, una niña de 12 y un joven de 16. Las autoridades no divulgaron sus nombres.

Cómo actuaron los equipos de emergencia

Los equipos de emergencia llegaron al complejo de tres unidades poco después de las 12:15 del mediodía, tras recibir el llamado de un vecino que había ingresado al departamento porque las alarmas llevaban sonando un tiempo prolongado.

Fue Rick Pool, vecino del complejo desde hace casi una década, quien encontró al hombre sin vida en el garaje y llamó al 911, tal y como relató KSL. “Jamás imaginé que algo así pudiera pasar aquí”, dijo Pool al medio.

Jensen confirmó los hechos en un comunicado oficial. Los bomberos del Departamento de Bomberos de Richmond no pudieron entrar al principio: los niveles del gas les impedían el acceso.

Una vez tomadas las medidas de seguridad necesarias, evacuaron las unidades contiguas.

El hombre hallado en el garaje estaba junto a un vehículo que seguía en marcha. Las autoridades remolcaron el automóvil hasta el complejo del sheriff para someterlo a peritajes técnicos y determinar si hubo alguna falla mecánica, tal y como precisó KSL. El origen exacto de la fuga de gas permanece sin confirmar.

Pool fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona por posible exposición al gas y recibió el alta médica horas después, según KSL.

Una cronología que abre interrogantes

Jensen explicó a la cadena local KUTV 2News que las alarmas de monóxido de carbono comenzaron a sonar entre las 8 y las 9 de la mañana, pero que el sonido “no era muy fuerte”.

El sheriff admitió desconocer cuánto tiempo estuvieron activas las alertas antes de que los vecinos decidieran intervenir.

El llamado al servicio de emergencias llegó horas después, lo que deja abierta la pregunta sobre cuánto tiempo estuvo la familia expuesta al gas sin que nadie actuara.

Lo que se sabe y lo que falta por determinar

Jensen confirmó a KSL que en la unidad vivían dos hermanos junto a sus respectivos grupos familiares. No se precisó cuántos de los menores pertenecían a cada uno.

Dos de los menores fallecidos cursaban estudios en la North Cache Junior High, según el mismo medio. La comunidad de Richmond, localizada a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Salt Lake City, tiene una población de poco más de 3.000 habitantes.

Una vecina identificada como KayAnn Schwartz dijo a KUTV 2News que no conocía a la familia, pero que había visto a los niños andar en bicicleta por la calle y detenerse a acariciar a su perro. “Es devastador. Te parte el corazón”, afirmó.

En las primeras declaraciones tras el hallazgo, Jensen reconoció no saber si las muertes habían sido accidentales o intencionales.

Un día después, según KSL, el sheriff inclinó su postura hacia el accidente, aunque subrayó que la investigación permanece activa.

“Creo que la mayoría de las respuestas llegarán cuando el médico forense termine su examen”, declaró el sheriff a KUTV 2News.

Los investigadores continúan con entrevistas a familiares y allegados para reconstruir la cronología de los hechos, de acuerdo con lo publicado por el medio.

La Oficina del Sheriff de Cache indicó que brindará más información a medida que el caso avance.

El Pentágono anunció que transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, según confirmó NPR.

La decisión reabrió un debate que Estados Unidos creía cerrado desde hace casi un siglo: el del ajusticiamiento como espectáculo público.

La última vez que el país fue por ese camino, en el verano de 1936, lo que quedó no fue una lección de orden ni de justicia, sino una imagen que avergonzó a una ciudad durante generaciones.

Ese episodio ocurrió en Owensboro, Kentucky, y su protagonista fue Rainey Bethea. Su caso no es solo un dato histórico: es el único antecedente directo de lo que el Pentágono propone hoy, y la razón por la que Estados Unidos decidió, hace casi 90 años, que nunca más volvería a hacer algo así.

El crimen, el juicio y la condena

Bethea era un jornalero afroamericano de poco más de 20 años, huérfano, oriundo de Roanoke, Virginia.

En la madrugada del 7 de junio de 1936, ingresó a la vivienda de Lischia Edwards, una viuda de 70 años, en la ciudad de Owensboro. La violó, la estranguló y le robó varias joyas. Al irse, dejó olvidado su propio anillo de prisionero en la escena del crimen.

El jurado tardó cuatro minutos y medio en deliberar. Su defensa, tal como recogió NPR, no pronunció “ni una sola palabra” durante el juicio. Bethea fue condenado a morir en la horca. La fecha de ejecución la firmó el gobernador Albert B. “Happy” Chandler.

El caso llegó a la prensa nacional por una razón que poco tenía que ver con el crimen en sí: el sheriff del condado de Daviess era una mujer.

Florence Thompson había asumido el cargo apenas cuatro meses antes, tras la muerte repentina de su marido por neumonía. Como sheriff, le correspondía por ley ejecutar la condena.

La prensa de todo el país llegó a Owensboro con la expectativa de ver a una mujer colgar a un hombre.

La mañana del 14 de agosto de 1936

Thompson finalmente declinó accionar la palanca. Un ex policía de Louisville llamado Arthur Hash se ofreció a hacerlo de forma gratuita, con la condición de que su nombre no se hiciera público.

Hash llegó al lugar en estado de ebriedad, vestido de blanco. Fue él quien envió a Bethea a la muerte.

La tarde previa, el condenado había comido su última cena: pollo frito, costillas de cerdo, puré de papas, pepinos en escabeche, pan de maíz, tarta de limón y helado, tal como detalló el medio.

A las 5:32 de la mañana del día siguiente, con la horca ya montada frente al río, cayó por la trampilla. Los médicos certificaron su muerte 13 minutos después.

Los titulares de los diarios de todo el país describieron la escena como un carnaval. Desde Chicago: “La muerte hace un feriado: 20.000 celebran un ahorcamiento”.

Desde Louisville: “‘¿Alguna vez viste un ahorcamiento?’ ‘Sí’, puede ahora jactarse cada uno en esta multitud de Kentucky”.

La revista Time escribió que “cada bar estaba lleno hasta las puertas” y que “forasteros bebidos recorrían la calle principal toda la noche”. Un hombre de 36 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba a Owensboro para presenciar el evento.

La propia Thompson, tal como recogió Time, confesó antes de la ejecución: “Supongo que pasaré el resto de mi vida olvidando esto, o intentándolo”. Su hijo James recordó décadas después que ella vivió con esa decisión hasta su muerte, en 1961.

Las consecuencias y el debate que llega hasta hoy

Kentucky prohibió las ejecuciones públicas en 1938, aunque para entonces la mayoría de los estados ya había tomado esa misma decisión.

La diferencia es que Kentucky fue el último en hacerlo: en 1939 cerró formalmente ese capítulo a nivel estatal, siendo el rezagado del país.

Hubo un ahorcamiento semipúblico en Misuri en 1937, ante unos pocos cientos de personas, que pasó prácticamente inadvertido. Desde entonces, ninguna ejecución se realizó a la vista del público en Estados Unidos.

Michael Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder y especialista en pena de muerte, explicó ante NPR que el fin de las ejecuciones públicas obedeció a dos razones: ya no se las consideraba un elemento disuasivo del crimen, y las autoridades temían que los episodios fallidos o espectaculares generaran rechazo a la pena capital.

“Es como deshacerse de la guillotina: cuando desaparece, desaparece”, dijo. “No hubo ninguna discusión seria sobre volver a traerla”.

La autora Sonya Lea, cuyos abuelos presenciaron la ejecución de Bethea el 14 de agosto de 1936, describió el evento como un “linchamiento legal”. Sus abuelos eran adolescentes recién casados y estaban tan cerca de la horca que pudieron escuchar el cuello de Bethea quebrarse.

Lea supo de eso recién en 2002, cuando encontró el testimonio escrito de su abuela fallecida. Sus años de investigación sobre el tema, tal como declaró a la BBC, le enseñaron que muchos habitantes de Kentucky quedaron “atormentados” por aquella ejecución.

El anuncio del Pentágono reactivó el debate sobre ese antecedente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución de Hasan será transmitida en vivo por internet el próximo 3 de diciembre.

El caso más cercano a una ejecución con audiencia ampliada fue el de Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City, en 2001.

Su inyección letal se transmitió en circuito cerrado para 232 familiares de las víctimas reunidos en una sala. Nunca fue pública ni accesible para cualquier espectador.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó ante NPR que no existe “ningún reglamento ni precedente histórico” para algo así en Estados Unidos.

“Las ejecuciones públicas han sido típicamente llevadas a cabo en países autoritarios para infundir miedo en la población”, sostuvo.

En marzo de 2026, un jurado de Utah declaró culpable a Kouri Richins de envenenar con fentanilo a su esposo, Eric Richins, y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El caso, seguido con atención en todo el país, parecía cerrado. Ahora, la aparición de una carta anónima y las imputaciones penales contra dos jefes policiales volvieron a abrirlo.

Jared Rigby, actual sheriff del condado de Wasatch, enfrenta dos cargos: obstrucción de la Justicia en un procedimiento penal —delito grave de segundo grado— y declaración escrita falsa. David Edmunds, exsheriff del condado de Summit, fue acusado de obstrucción de la Justicia en una investigación criminal, un delito grave de tercer grado.

Las imputaciones fueron presentadas el 24 de septiembre y permanecieron bajo reserva casi dos semanas; el 7 de octubre se desclasificaron con amplias tachaduras. Ambos se declararon no culpables el 1 de octubre, según informó la filial de ABC News en Salt Lake City, KTVX.

El origen de los cargos

El hilo conductor de ambas acusaciones es una carta anónima enviada el 10 de enero de 2026. Los documentos judiciales desclasificados, citados por ABC News, señalan que Rigby habría presentado un ítem falso “con intención de obstaculizar” la causa.

La acusación contra Edmunds, a su vez, lo vincula con una declaración falsa destinada a “entorpecer la identificación del autor de esa carta”.

Los escritos judiciales obtenidos por ABC4 indican que la nota estaba relacionada con supuestas irregularidades atribuidas al detective Eric Mainord, quien figuraba en la lista de testigos del juicio pero nunca llegó a declarar. La fiscalía optó por proyectar videos de sus entrevistas con otro testigo, lo que impidió que la defensa lo interrogara en forma directa.

La defensa de Richins argumentó que el expediente judicial indica que Edmunds “completó un documento junto a Rigby en nombre de un tercero”, cuya identidad no fue revelada públicamente. Ese individuo no recibió cargos.

El trasfondo político de las acusaciones

Los documentos judiciales agregan una dimensión política al asunto. Mainord era candidato a sheriff del condado de Wasatch en el momento en que circularon las acusaciones en su contra.

Sus abogados sostuvieron ante los tribunales, según consta en escritos reproducidos por ABC4, que “varios individuos del condado de Summit consideran que las acusaciones contra Mainord son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio” ligada a esa contienda electoral. Mainord se retiró de la carrera más tarde.

Un testimonio recogido en una orden de allanamiento para acceder a los registros telefónicos de Rigby, y citado por el mismo medio, señala que “la impresión clara del testigo fue que Rigby insinuaba que, salvo que Mainord abandonara su candidatura, esa información se haría pública e impactaría directa o indirectamente en el juicio contra Kouri Richins”.

Rigby permanece en funciones hasta enero de 2027, a pesar de los cargos en su contra. Edmunds, en tanto, dejó la jefatura del condado de Summit en 2014.

La situación judicial de Richins

La suerte procesal de la propia Richins también se mantiene en suspenso. En junio presentó una apelación que solicitaba un nuevo juicio, con base en presuntas irregularidades durante el proceso.

En septiembre, su equipo pidió una suspensión de los plazos de la Corte de Apelaciones para analizar en profundidad las acusaciones contra los funcionarios policiales.

El tribunal la rechazó. Afirmó, según consta en la resolución transcripta por ABC4, que “la solicitud de la acusada de suspender los alegatos y la consideración de su moción de nuevo juicio queda denegada”.

El equipo de Richins había argumentado previamente que la fiscalía no divulgó a la contraparte información sobre las irregularidades vinculadas a Mainord, tal como exige la ley.

“Este material era de conocimiento público cuando el detective Mainord testificó en la audiencia de supresión de pruebas y cuando fue incorporado a la lista de testigos del Estado”, consta en las presentaciones de la defensa reproducidas por ABC4.

La decisión sobre si se habilitará un nuevo juicio aún está pendiente. El equipo legal sostiene que las imputaciones contra Rigby y Edmunds podrían ser tenidas en cuenta en ese análisis.

Mientras el expediente penal sigue abierto en múltiples frentes, un jurado civil condenó a Richins a pagar USD 55 millones al patrimonio de Eric por daños en una demanda civil por daños y perjuicios.

Desde entonces, no hay sospechosos identificados públicamente, las recompensas no fueron reclamadas y su paradero sigue siendo un misterio. El caso es uno de los más seguidos del país.

La única detención visible en toda la investigación fue la de Luke Daley, de 37 años, a quien agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima interceptaron el 13 de febrero durante un control de tránsito en el estacionamiento de un Culver’s.

Al mismo tiempo, allanaron el hogar de su madre, ubicado a unos tres kilómetros (aproximadamente dos millas) del domicilio de Guthrie.

Pocas horas después del procedimiento, Daley quedó en libertad. Su abogado, Chris Scileppi, fue categórico al respecto.

“Mi cliente no tiene ningún vínculo con Nancy Guthrie y no posee información relacionada con su secuestro”, declaró Scileppi en un comunicado recogido por Fox News. “Al igual que toda la comunidad de Tucson, tanto él como su madre esperan que Nancy regrese sana y salva con su familia”, añadió.

Detenido de nuevo, pero por otra causa

El arresto del 30 de septiembre de 2026 responde a causas completamente distintas, tal como confirmó un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima a Fox News.

“Luke Daley fue ingresado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Pima el 30 de septiembre de 2026. Este arresto no guarda relación con el caso de Nancy Guthrie”, sostuvo el funcionario.

Daley arrastra una extensa hoja de antecedentes penales y condenas previas. Registros judiciales obtenidos por Arizona Unsolved revelan que enfrenta dos acusaciones de delito grave: tenencia ilegal de armas y posesión de un narcótico.

El procedimiento del 30 de septiembre se inició durante una verificación de su libertad condicional, en la que agentes hallaron dos armas de fuego —una de ellas con un cargador colocado— y una bolsa con aproximadamente 0,7 gramos de una sustancia que dio positivo para crack. Se trata de acusaciones formales, no de una condena.

Esos cargos se suman a un expediente previo por drogas y armas en el que ya cumplía libertad condicional, cuya revocación los fiscales ya habían solicitado.

Una investigación sin sospechosos y con millones en recompensas sin reclamar

Las cámaras Nest instaladas en la puerta del domicilio de Guthrie captaron a un hombre enmascarado en las inmediaciones alrededor del momento del secuestro. Esa persona sigue sin ser identificada.

El FBI difundió dos imágenes obtenidas de ese sistema de cámaras, aunque aclaró que no es posible determinar si ambas corresponden al mismo individuo.

El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura (entre 5 pies 9 y 5 pies 10 pulgadas), de contextura mediana, que llevaba una mochila negra de la marca Ozark Trail.

La familia de Guthrie recibió dos mensajes enviados a través de formularios de denuncia digital de distintos medios de comunicación: uno con una exigencia de rescate y otro en el que los supuestos captores afirmaban que había fallecido de manera inesperada.

Las autoridades no confirmaron la autenticidad de ninguno de los dos ni pudieron identificar a sus remitentes, tal como informó Fox News.

La recompensa acumulada por información que conduzca a su paradero asciende a más de USD 1.200.000, monto que permanece sin reclamar.

Quienes cuenten con datos útiles pueden comunicarse al 1-800-CALL-FBI o al servicio de denuncias anónimas de Tucson, Crime Stoppers, al 520-88-CRIME.

Los Cayos de Florida viven un repunte del narcotráfico costero que las autoridades federales ya no tratan como un problema menor.

La cocaína llega al archipiélago por mar con una regularidad que sorprende incluso a quienes llevan décadas en la zona, y la cadena de arrestos, condenas y muertes vinculadas a esos hallazgos revela que el fenómeno tiene consecuencias graves para quienes deciden aprovecharlo.

Rick Ramsay, el sheriff del condado de Monroe, confirmó al diario The New York Times que los paquetes aparecen casi todas las semanas. Los fardos suelen estar marcados con números o símbolos que identifican a sus destinatarios: en las últimas semanas surgieron de forma reiterada ladrillos estampados con el número “333”.

El viernes 3 de octubre, alguien que recorría un parque estatal encontró un paquete con la imagen del gato de la serie animada Tom y Jerry.

Un corredor histórico del narcotráfico

El archipiélago ofrece condiciones ideales para el desembarco de estupefacientes: cientos de kilómetros de costa cubiertos de manglares e islotes que sirven de refugio ante las autoridades.

Los métodos del narcotráfico también cambiaron con el tiempo. Si en los años ochenta los contrabandistas utilizaban lanchas rápidas al estilo de Miami Vice que superaban en velocidad a la policía, hoy prefieren veleros o cargueros de apariencia inofensiva, según explicó Ramsay al medio neoyorquino.

La historia tiene raíces profundas. Durante los años setenta, el auge del tráfico de marihuana convirtió a los Cayos en una zona de operaciones para capitanes y tripulantes de embarcaciones comerciales.

Para algunos adolescentes de la región, perseguir fardos arrojados al mar se convirtió en algo parecido a un deporte. Décadas después, las apuestas son mucho más altas.

El costo de quedarse con la droga

Uno de los casos más recientes involucra a John Strama, constructor y mecánico de embarcaciones de los Cayos, condenado a 10 años de prisión por liderar una red dedicada a distribuir cocaína encontrada en el mar.

Los fiscales federales aseguraron que Strama, de 44 años, utilizaba su conocimiento de las mareas, las corrientes y los canales locales para localizar los ladrillos que caían al agua desde otras embarcaciones o que los traficantes arrojaban para evitar ser atrapados.

Sam Rabin, uno de sus abogados defensores, detalló en un escrito de sentencia el entorno familiar de su cliente: “Su padre lo enviaba solo al mar a buscar fardos flotantes de marihuana”, escribió Rabin. El juez no consideró ese antecedente como atenuante.

El caso más reciente

Bradford Picariello, propietario de Outlaw Fishing Charters en Maratón, Florida, se declaró inocente ante un tribunal federal.

La acusación sostiene que vendió cocaína a un investigador encubierto. Picariello, de 66 años, enfrenta entre 10 años y cadena perpetua si es declarado culpable.

Una fuente confidencial alertó a las autoridades de que Picariello tenía en su poder más de 20 kilogramos de cocaína, según consta en el reporte policial.

La fuente intermedió en una operación encubierta, y Picariello le indicó que “llevara una hielera para aparentar que estaba recibiendo pescado”.

En enero, vendió un kilo a un agente encubierto en una marina por USD 100.000 y fue detenido de inmediato. Luego condujo a los agentes hasta casi 20 kilos más almacenados en un contenedor.

Joseph Rosenbaum, abogado defensor de Picariello, afirmó que su cliente contestará los cargos.

“Todos los viejos pescadores con quienes hablo me dicen que tiene una reputación intachable. Están todos en shock”, declaró a The New York Times. Picariello permanece detenido en Miami.

Entre el folclore y la tragedia

El fenómeno tiene también su historial de víctimas. En 2011, un hombre de los Cayos murió de sobredosis tras consumir cocaína de un ladrillo hallado mientras pescaba con su hermano. Cuatro años más tarde, las autoridades encontraron a una joven pareja asesinada en su casa.

La causa fue una disputa derivada de la venta de cocaína encontrada en el mar por la tripulación de un barco charter. Un marinero cumple actualmente cadena perpetua por esos crímenes.

El apodo square grouper —término local para los fardos de droga que el mar arrastra hasta la costa— hace décadas que forma parte del tejido cultural de los Cayos.

En Cayo Hueso, los residentes participaron en desfiles con carrozas temáticas alusivas. Uno de los locales más populares del archipiélago se llama, precisamente, Square Grouper Bar and Grill.

Cuando la honestidad también tiene su precio

Danielle Nutten, capitana de una embarcación, encontró un ladrillo flotando entre basura después de una jornada de pesca en las aguas cercanas a Big Pine Key, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Cayo Hueso. Ella y sus amigos acababan de capturar 48 langostas cuando hallaron el paquete.

“Una chica estaba aterrorizada de que los narcotraficantes la fueran a matar”, relató Nutten al The New York Times.

La capitana metió el ladrillo —impreso con un sol en llamas, manos en oración y las palabras “Con Dios”— en la consola central de su camioneta y recorrió la zona en busca de las autoridades. Al no encontrar ningún agente, dejó el paquete sobre el capó de una ambulancia de rescate.

Nutten reconoció que llevar la droga en su vehículo podría haberle costado caro de haber sido detenida.

Esa noche, ella y sus amigos conmemoraron el hallazgo con una cena en un restaurante de las islas vecinas. El local era Square Grouper Bar and Grill.

Emory Deacon tenía 15 meses. Su hermana Harlow, 33. Ambas fueron halladas sin vida el 29 de septiembre en su hogar de Ladson, Carolina del Sur, después de semanas sin recibir alimento ni agua.

La médica forense del condado determinó que murieron por inanición y deshidratación. Su madre estaba en la casa.

Justine Marie May, de 31 años, fue arrestada ese mismo día y enfrenta dos cargos de homicidio por abuso infantil.

Al ser interrogada, declaró ante los detectives que las semanas previas habían sido un “borrón” y que no era capaz de recordar cuándo les había dado comida o líquidos a sus hijas por última vez, tal como consta en las declaraciones juradas revisadas por Fox News Digital.

Lo que declaró la madre ante los investigadores

La propia imputada reconoció que privar de alimento a sus hijas constituyó una negligencia.

Agregó que, durante ese período, había sido la única persona presente en el hogar y la única responsable del cuidado de las menores.

Los investigadores concluyeron que May actuó con “extrema indiferencia por la vida humana” al privar a las niñas de sustento básico, conducta que calificaron como “el principal factor que contribuyó a su muerte”.

El dictamen oficial y el rol del padre en el caso

El 1 de octubre, Bobbi Jo O’Neal, forense del condado de Charleston, clasificó oficialmente ambos decesos como homicidios.

Hasta esa fecha, las autoridades no habían divulgado públicamente los nombres, las edades ni las causas de muerte de las menores. Fue la intervención de O’Neal la que permitió conocer esos datos por primera vez.

El padre de las niñas, Zachary Deacon, y su familia habían intentado en múltiples oportunidades ver a las menores y verificar su bienestar, pero May se lo impidió, tal como relató el hombre al diario The Post and Courier.

El 12 de septiembre, los agentes arrestaron a Deacon por acoso, luego de que condujera reiteradamente frente a la vivienda y enviara mensajes a May solicitando ver a sus hijas y pidiéndole que buscara ayuda. Un juez le prohibió todo contacto con May y con las niñas.

La actuación policial previa al hallazgo

Desde el 10 de agosto, la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston (CCSO) recibió 21 llamadas vinculadas a la vivienda de Pinewood Drive y sus agentes respondieron en 13 ocasiones.

Los motivos incluyeron controles de bienestar, revisiones de seguimiento, supervisión institucional y coordinación con otras agencias.

En cinco de esas intervenciones, los agentes tuvieron contacto directo con May y con las niñas: el 25 y 26 de agosto, y el 8, 11 y 12 de septiembre.

En ninguna de esas visitas documentaron señales de riesgo inmediato para las menores.

La última vez que los efectivos vieron con vida a Emory y Harlow fue el 20 de septiembre, nueve días antes del hallazgo de los cuerpos.

La situación escaló públicamente cuando se difundió un audio de la radio policial en el que, ante una nueva llamada de alerta el 29 de septiembre, un agente respondió que el departamento ya “no realizaría más controles de bienestar en esa dirección”.

Poco después, otros dos efectivos y una trabajadora del Departamento de Servicios Sociales (DSS) del estado se presentaron en el domicilio y encontraron a las niñas sin vida.

La respuesta institucional ante las críticas

Ante las críticas, el CCSO emitió un comunicado el 3 de octubre en el que respaldó la conducta del agente cuestionado.

La agencia sostuvo que el audio difundido confirmaba que el efectivo siguió las directivas de sus superiores y los procedimientos institucionales vigentes.

“Durante las respuestas anteriores, los agentes y el personal de otras agencias no reportaron observaciones que indicaran una preocupación inmediata por el bienestar de los niños”, sostuvo el CCSO en el comunicado.

El sheriff Carl Ritchie respaldó al agente cuestionado y expresó sus condolencias a los afectados.

La revisión interna del CCSO continúa en curso. La Unidad de Víctimas Especiales de la División de Investigaciones Criminales de Carolina del Sur (SLED) y el Departamento de Muertes Infantiles del estado colaboran en la investigación.

May renunció a una audiencia de fianza el 30 de septiembre y permanece detenida en la cárcel del condado de Charleston.

De acuerdo con los registros judiciales públicos citados por The Post and Courier, tiene una primera comparecencia prevista para el 20 de noviembre y una audiencia secundaria para el 19 de marzo de 2027.

El vehículo fue arrastrado por la corriente y terminó volcado a unos 9 metros (30 pies) de la orilla seca, con el hombre sentado sobre sobre la estructura, sin posibilidad de llegar a tierra por sus propios medios, según recogió People.

Las imágenes difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa muestran al conductor inmóvil con el agua lodosa avanzando a su alrededor con fuerza.

La escena es parte de una jornada de emergencias que desbordó a los servicios de rescate en toda el área metropolitana de Phoenix, tras las lluvias históricas que dejaron los remanentes del huracán Polo en el suroeste del país.

El operativo de rescate

Ante la velocidad y el caudal del agua, los socorristas descartaron de inmediato un acercamiento por tierra.

Por eso, el equipo Fox 1 —la unidad de aviación del sheriff— determinó que la única opción viable era un hoist rescue, es decir, un rescate con malacate desde el helicóptero.

La suboficial Lindsey Smith fue la encargada de bajar hacia el vehículo. Descolgada aproximadamente 24 metros (80 pies) desde la aeronave, el primer intento no fue suficiente: Smith no logró estabilizarse y la tripulación debió elevarla para intentarlo de nuevo.

En la segunda maniobra, se sujetó de una rueda del vehículo para afirmarse y colocarle el arnés al hombre.

Una carrera contra la corriente

El piloto Rich Dickner describió a CBS News la urgencia que vivió el equipo en esos minutos. “No perdimos mucho tiempo”, aseguró.

“Al comparar el primer momento en que llegamos con el final del rescate, se puede ver en el video que el nivel del agua subió desde debajo de la ventana hasta la parte superior”, detalló.

Dickner también advirtió, en declaraciones recogidas por AZFamily, que este tipo de emergencias se repite cada vez que llueve, incluso en cruces que los conductores conocen y suelen subestimar cuando el agua los cubre.

El desenlace en tierra

Una vez asegurado con el arnés, Smith y el conductor subieron juntos hasta el helicóptero. La aeronave los trasladó a la orilla, donde personal de la Arizona Fire & Medical Authority los aguardaba, de acuerdo con lo que esa institución le confirmó a People.

La operación completa demandó menos de cinco minutos. La Oficina del Sheriff destacó la actuación de su tripulación: “Gracias a la habilidad y la rápida respuesta de nuestro equipo de aviación, el sujeto fue llevado a la orilla con seguridad”, consta en el comunicado oficial.

El contexto meteorológico

El incidente en Tonopah fue parte de un fenómeno de mayor alcance. El huracán Polo dejó precipitaciones históricas en varios puntos del país, con condiciones de inundación repentina en zonas habitualmente áridas, según informó The Weather Channel.

La jornada del martes incluyó múltiples rescates por agua y decenas de choques en el área metropolitana de Phoenix, tal como documentó AZFamily.

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Maricopa emitió una advertencia para conductores ante el riesgo de encontrar caminos anegados. “Recuerden: las condiciones cambian rápido. Si encuentran una vía inundada, den la vuelta, no crucen”, afirmó el organismo en sus redes sociales.

Eddie Duran, exagente adjunto del sheriff, disparó cinco veces contra Roger Fortson —aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 23 años— la noche del 3 de mayo de 2024, cuando el joven abrió la puerta de su apartamento en Fort Walton Beach con un arma legal en la mano derecha, el cañón apuntando al piso y el brazo izquierdo levantado.

El caso tensiona uno de los debates más persistentes en Estados Unidos: el uso de la fuerza letal por parte de la policía y los límites del derecho a la autodefensa dentro del propio hogar.

La investigación interna de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa ya había concluido que la acción de Duran “no fue objetivamente razonable”, según consignó el Pensacola News Journal.

Lo que muestra el video de la cámara corporal

De acuerdo con el video de la cámara corporal de Duran, publicado por la Oficina del Sheriff, el aviador abrió la puerta con su pistola —de tenencia legal— en la mano derecha, con el brazo extendido hacia abajo y el cañón apuntando al piso.

Duran disparó a los pocos segundos de que la puerta se abriera, según informó WEAR TV.

Los proyectiles impactaron a Fortson en el pecho, el antebrazo y la mano. Murió a causa de las heridas.

En su descargo ante la investigación interna, Duran sostuvo que vio a Fortson armado, que el joven dio un paso hacia él y que tenía una expresión de agresión en el rostro.

El testimonio de la única persona que estaba con Fortson esa noche

Tytiana Hendrix, novia del aviador, fue una de las nueve personas que declararon el primer día de testimonio. Confirmó que estaba en FaceTime con Fortson cuando comenzaron los golpes en la puerta.

“No estábamos discutiendo”, aseguró ante el tribunal, según FOX10. Fortson preguntó quién era tras el primer golpe, pero no obtuvo respuesta.

Tras un tercer golpe, Fortson le dijo que iba a buscar su arma porque no sabía quién podía estar del otro lado, dejó el teléfono apoyado y fue a la puerta. Hendrix escuchó el disparo segundos después.

“Ya estaba en el suelo cuando el agente le gritó que soltara el arma. Roger dijo que no podía respirar”, declaró, según reprodujo WKRG. “No tenía el arma, y escuché al agente gritarle que la soltara, pero él ya no la tenía”, agregó.

Dos versiones irreconciliables frente al jurado

El punto central del juicio es si el aviador conocía o no la presencia policial antes de abrir la puerta.

Mark Alderman, fiscal auxiliar a cargo de la acusación, fue directo en su alegato de apertura: “La prueba demostrará que, aunque Eddie Duran no sabía que Roger estaba solo, sabía o debía saber que sus acciones hacían difícil o imposible que la persona del interior supiera que había un oficial de policía en su puerta”, afirmó ante el tribunal, tal como recogió ABC News.

“Simplemente abrió su propia puerta con un arma a un lado, por si la necesitaba. La prueba demostrará que el disparo no estaba justificado”, completó Alderman.

La defensa sostuvo una versión opuesta. El abogado Rod Smith dijo que, antes de que Duran se anunciara como agente del sheriff, su cliente escuchó ruidos desde el interior y captó dos palabras: “maldita” y “policía”.

Con ese argumento, Smith buscó instalar la idea de que Fortson sabía de la presencia policial y, aun así, eligió abrir la puerta con el arma en la mano. “El agente Duran creyó, con razones fundadas, que su vida estaba en peligro y reaccionó como fue entrenado para hacerlo”, sostuvo el defensor, según WEAR TV.

Duran declaró el 30 de septiembre y aseguró que cumplió con su entrenamiento al golpear la puerta y al identificarse. Afirmó que, tras el primer golpe sin aviso, oyó una expresión obscena seguida de la palabra “policía”.

El exagente sostuvo que el arma de Fortson apuntaba levemente hacia él cuando la puerta se abrió. Ante la fiscalía, que le mostró el video corporal con el cañón dirigido al suelo, respondió dos veces que no podía determinar si esa era la posición del arma en el momento de los disparos, de acuerdo con FOX10.

Duran dijo que disparó porque creyó que su vida corría peligro.

El largo camino del caso hasta llegar a un tribunal

La Oficina del Sheriff separó a Duran del cargo el 31 de mayo de 2024. En agosto de ese año, la fiscalía estatal presentó formalmente el cargo de homicidio culposo con arma de fuego, que lleva una pena máxima de 30 años de prisión.

Antes del inicio del juicio, los abogados de Duran intentaron obtener su inmunidad bajo la ley Stand Your Ground de Florida, que permite el uso de la fuerza letal en situaciones de legítima defensa.

El tribunal rechazó el planteo, según el Pensacola News Journal. La propia norma, sin embargo, establece de forma explícita que ese amparo no aplica en enfrentamientos con policías que actúan en el ejercicio de sus funciones.

El juicio también reconstruyó el origen de la llamada. Una vecina del piso de abajo declaró que contactó a la administración del edificio porque escuchó ruidos de una discusión desde el apartamento de arriba.

La administradora fue quien llamó al número no urgente del sheriff, y cuando se acercó al edificio antes de que llegara la policía, ya no escuchó ningún altercado, según informó FOX10.

El registro posterior del apartamento confirmó que Fortson estaba solo en el interior. El caso está en manos del jurado en el Tribunal de Circuito del condado de Okaloosa.

El 1 de febrero de 2026, alguien entró a su casa en la madrugada y se la llevó. Desde entonces, no hay detenidos, no hay certezas sobre si está viva y el caso no tiene resolución.

Ahora, casi ocho meses después, la agencia de noticias informó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó que investiga una posible nueva nota de rescate.

La institución y el Grupo de Trabajo del FBI asignado al caso fueron alertados sobre la existencia del documento, así como sobre comentarios en redes sociales vinculados a él.

Las autoridades trabajan para determinar su credibilidad y no revelaron detalles sobre el contenido ni sobre cómo llegó a sus manos.

Las dos notas anteriores describieron un secuestro y luego una muerte

En los días posteriores a la desaparición, dos notas de rescate llegaron a una estación de televisión local. La primera, recibida el 2 de febrero, estaba dirigida a Savannah Guthrie y afirmaba que su madre estaba “a salvo pero asustada”.

El texto exigía USD 4 millones en Bitcoin antes de las 5 de la tarde del jueves 5 de febrero. “Si no se recibe el pago, el rescate aumentará a USD 6 millones”, rezaba la nota, tal como reprodujo la oficina del Sheriff. La amenaza era explícita: de no cumplirse ninguno de los plazos, Nancy sería asesinada.

Cuatro días después, el 6 de febrero, llegó una segunda nota. Esta vez, los remitentes sostenían que Guthrie había muerto poco después de ser tomada. “No comprendimos del todo la gravedad de su estado físico. Nunca fue nuestra intención hacerle daño”, decía el texto, según informó el Departamento.

El documento añadía que la causa probable fue un problema cardíaco y que había sido “enterrada en la naturaleza”. Las autoridades no pudieron verificar esa afirmación.

El Sheriff liberó ambas notas en julio para pedir ayuda al público

En julio de 2026, la oficina del Sheriff del Condado de Pima hizo públicas las dos notas con la esperanza de que alguien reconociera las características del texto. “Un amigo, familiar, compañero de trabajo o conocido puede reconocer estos patrones de expresión y contar con información que ayude a identificar al responsable”, señaló el Sheriff en un comunicado.

Las notas presentaban, según la institución, “características lingüísticas distintivas” que podrían resultar familiares para alguien del entorno del autor.

La divulgación generó un “leve aumento” en el volumen de llamadas al número de pistas, de acuerdo con lo que el propio Departamento del Sheriff transmitió a ABC News. Sin embargo, ninguna de esas comunicaciones permitió avanzar de manera concreta en la identificación de los responsables.

La familia ofrece una recompensa de USD 1 millón por información

A lo largo de estos ocho meses, las imágenes de una cámara de seguridad colocada en la entrada del domicilio de Guthrie se convirtieron en uno de los pocos elementos visuales del caso.

El FBI difundió el video, que muestra a una persona enmascarada manipulando la cámara y cubriéndola con una planta.

Las autoridades también revelaron que el mismo individuo habría visitado la vivienda en al menos una ocasión anterior al día del secuestro, sin llevar mochila en ese primer acercamiento.

El caso sigue rodeado de interrogantes: cuántas personas participaron en el operativo, si la víctima fue elegida por alguien de su entorno y cuál fue el destino final del dinero exigido, que nunca fue pagado, de acuerdo con lo publicado por ABC News.

El Sheriff Chris Nanos confirmó en marzo que conocen el móvil del crimen, aunque se negó a hacerlo público para no comprometer la investigación.

Savannah Guthrie mantuvo una presencia pública constante para reclamar respuestas. “Necesitamos que alguien dé un paso al frente”, escribió en una publicación de Instagram en julio.

En declaraciones previas, la conductora llegó a culparse a sí misma por lo ocurrido. “Nuestros corazones están en ruinas”, afirmó tras la divulgación de las notas de rescate.

La familia Guthrie ofrece una recompensa de USD 1 millón por información que conduzca al paradero de Nancy.

El FBI suma USD 100.000 adicionales. Quienes cuenten con datos pueden comunicarse de forma anónima con la Oficina Federal de Investigaciones al 1-800-CALL-FBI o con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900, de acuerdo con AP News.

La justicia de Virginia Occidental acusa a una mujer de haber abandonado deliberadamente a su esposo enfermo, dependiente de cuidados permanentes, en una situación que las autoridades consideran directamente responsable de su muerte.

El caso, que involucra a una pareja de ancianos de Morgantown, derivó en cargos formales por abuso y negligencia de un adulto incapacitado.

Rog dejó a su marido sin comida, agua ni medicación durante toda la noche

Margaret Rog, de 75 años, fue detenida el martes por la Oficina del Alguacil del Condado de Monongalia.

Según los documentos judiciales, la tarde del 20 de agosto su esposo de 76 años —diagnosticado con demencia, alzhéimer y ceguera, y clasificado legalmente como adulto incapacitado— fue al baño alrededor de las 3 p.m. y no pudo levantarse. Rog tampoco pudo incorporarlo y, en lugar de llamar a emergencias o a un familiar, lo dejó allí.

No recibió alimentos, agua ni sus medicamentos recetados en ningún momento de esas horas. Rog fue a dormir esa noche mientras su marido permanecía solo en el baño.

Sepsis, embolia pulmonar e insuficiencia cardíaca: los diagnósticos al llegar al hospital

No fue hasta las 10 a.m. del día siguiente cuando una terapeuta del habla que llegó al domicilio para una visita programada encontró al hombre inconsciente y en estado crítico, según describen los registros judiciales. La profesional llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Trasladado al Ruby Memorial Hospital en Morgantown, el paciente fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, embolia pulmonar, hipernatremia, sepsis y rabdomiólisis.

Los médicos también observaron heridas en la zona glútea, dificultad respiratoria y alteración del estado mental. Falleció el 31 de agosto.

Las propias declaraciones de Rog la incriminaron ante investigadores y familiares

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Monongalia, las lesiones y el deterioro sufridos durante ese período fueron determinados como factores contribuyentes significativos en la muerte del hombre.

La investigación fue abierta el 21 de agosto, luego de que los servicios de protección de adultos y las autoridades tomaron conocimiento del caso en el hospital.

Durante la investigación, Rog habría hecho varias declaraciones a los agentes, a los servicios de protección y a familiares que los investigadores calificaron como autoincriminatorias, y que indicaron que era consciente de que su esposo necesitaba asistencia y tomó la decisión deliberada de no brindarla, según consta en la denuncia criminal presentada ante el tribunal de magistrado local.

La ley de Virginia Occidental prevé hasta 15 años de prisión si la negligencia causa la muerte

Rog se presentó ante la justicia el martes, se declaró no culpable y quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 75.000.

El cargo que enfrenta está tipificado en el artículo §61-2-29a del Código de Virginia Occidental, que establece que quien descuide a un adulto incapacitado y provoque su muerte puede ser condenado a entre 5 y 15 años de prisión, además de una multa de hasta USD 5.000. La fiscalía aún no indicó si buscará elevar los cargos en función de ese agravante.

El caso pone en primer plano un problema de alcance nacional. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 10 adultos mayores que vive en su hogar sufre alguna forma de abuso, negligencia o explotación cada año.

Por su parte, la Administración para la Vida Comunitaria (ACL) informó que, solo en el año fiscal 2023, los servicios de protección de adultos de todo el país recibieron más de 1,5 millones de denuncias de maltrato, de las cuales casi 876.000 derivaron en una investigación formal.

El huracán Helene mató a más de 250 personas en septiembre de 2024 y dejó comunidades enteras destruidas desde Florida hasta las Carolinas.

Dos años después, las autoridades del condado de Washington, en Tennessee, lograron cerrar el último caso abierto: el de Nancy Tucker, de 76 años, cuya desaparición había resistido búsquedas, trabas burocráticas y toneladas de escombros, informó ABC News.

Tucker y su esposo, Jimmy Tucker, perdieron su vivienda el 27 de septiembre de 2024 cuando el río Nolichucky desbordó y arrasó con su hogar en una zona rural del condado.

El cuerpo de Jimmy fue recuperado pocos días después de la tormenta. Nancy se convirtió en la única víctima sin recuperar en el estado, y así permaneció hasta el sábado pasado.

La búsqueda duró dos años por trabas federales sobre tierra protegida

Los equipos de rescate lograron acotar la zona de búsqueda hasta un sector de ese bosque conocido como Jackson Island, pero enfrentaron obstáculos físicos y burocráticos que paralizaron las operaciones durante meses. Las pilas de escombros alcanzaban hasta 12 metros de altura y contenían vehículos, árboles, rocas y grandes tanques de gas.

La zona, además, era territorio federal con posibles sitios de enterramiento de pueblos originarios. Esa condición impedía el ingreso de maquinaria pesada sin autorización del gobierno nacional. La orden para remover los escombros —y el contrato correspondiente— recién llegó en el verano de 2025.

Durante ese período de espera, los equipos de búsqueda recorrieron más de 644 kilómetros a pie por el área, afirmó James Matthews, de la Agencia de Manejo de Emergencias local. Sin ese equipamiento, era imposible avanzar sobre los montículos de desechos.

Los restos aparecieron cuatro días después de que comenzara la remoción

El pasado sábado, los equipos hallaron los restos de Tucker. La confirmación oficial llegó el lunes, tras el análisis de la médica forense.

Matthews fue uno de los presentes en el lugar el domingo, cuando el proceso de extracción todavía continuaba. “El momento en que encontramos una indicación clara de que era la señora Tucker, todos en la escena nos detuvimos. Lloramos. Todos lloramos. Y rezamos”, declaró ante ABC News.

“El sábado recibí el llamado que esperaba desde hacía dos años, apenas cuatro días después de que comenzara la operación”, añadió.

El huracán Helene causó casi USD 80.000 millones en daños y rompió registros de inundación de más de un siglo

Las zonas más afectadas fueron las comunidades de montaña en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee, donde lluvias de hasta 76 centímetros convirtieron ríos y arroyos en torrentes que arrasaron viviendas, vehículos y puentes, y superaron marcas históricas que databan de hacía más de 100 años.

En Carolina del Norte, los restos de Alena Ayers, otra víctima del huracán, nunca fueron encontrados.

Su caso motivó al Congreso estadual a sancionar, en 2025, la denominada Ley Alena, que facilita la declaración de muerte de personas desaparecidas durante desastres naturales.

Los Tucker se habían conocido en el Ejército y llevaban 44 años casados

Según el obituario de Jimmy Tucker publicado en 2024, él y Nancy se conocieron mientras ambos prestaban servicio en el Ejército de Estados Unidos.

Estaban casados desde hacía 44 años al momento de su muerte. Su hijo también residía en la vivienda, pero se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó la inundación.

La portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Washington, Susan Saylor, subrayó que el sheriff Keith Sexton había prometido públicamente recuperar a cada desaparecido.

“¿Por qué no harías todo lo posible para devolverle algo a una familia que ya había perdido a un padre?”, preguntó Saylor a ABC News. “Nunca hubo una pregunta sobre si parar o no”, completó.

El viernes por la noche, el único escudo entre Kamala Harris y una desconocida que ingresó sin permiso a su propiedad de Malibú era un equipo de guardias privados. No había agentes federales. No había escolta del Servicio Secreto.

Solo una valla de seguridad contratada y, después de las 22:00, una llamada al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La mujer, que llegó al lugar en un vehículo de Uber, fue interceptada en el perímetro del inmueble y ordenada a retirarse.

Volvió por segunda vez esa misma noche, tal como informó la California Post, lo que obligó al equipo de custodia a contactar a las autoridades.

Los efectivos se presentaron en la residencia y la mujer se retiró sin oponer resistencia, según confirmó FOX 11.

Ni Harris ni su esposo, Doug Emhoff, se encontraban en la vivienda al momento del incidente. La pareja adquirió la propiedad, valuada en USD 8 millones, en enero del año pasado.

El sheriff reforzó las patrullas en la zona tras el incidente

El teniente Jason Duron, jefe de turno de la estación de Malibú/Lost Hills, confirmó que las autoridades actuaron de manera preventiva. “Estamos intensificando las patrullas en la propiedad para mayor seguridad”, declaró ante el Los Angeles Times.

El vocero de Harris, Eduardo Negrón, ofreció detalles adicionales sobre lo ocurrido al mismo diario. “Anoche, el personal de seguridad detuvo a una persona que ingresó ilegalmente a la propiedad de la vicepresidenta Harris y el segundo caballero Emhoff antes de que llegara a la vivienda”, sostuvo.

“Están agradecidos con el personal de seguridad y los efectivos policiales que respondieron con rapidez”, añadió.

Harris perdió su escolta federal en agosto de 2025

La ley federal establece que los exvicepresidentes reciben protección del Servicio Secreto por un período de seis meses tras dejar el cargo, de acuerdo con la Former Vice President Protection Act de 2008.

En el caso de Harris, ese plazo habría vencido el 21 de julio de 2025. Sin la agencia, su seguridad recae exclusivamente en escoltas privados.

Sin embargo, antes de dejar la Casa Blanca, Joe Biden firmó una directiva reservada que extendía esa cobertura por 12 meses adicionales.

Donald Trump anuló esa extensión mediante un memorándum dirigido a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2025.

“Queda autorizado a discontinuar los procedimientos de seguridad previamente autorizados por memorándum ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025: exvicepresidenta Kamala D. Harris”, rezaba el documento, tal como publicó la cadena CNN.

La medida dejó a Harris sin escolta federal justo cuando estaba por iniciar una gira de 15 ciudades para presentar su libro 107 Days, según Politico.

Los domicilios de funcionarios, blanco creciente de ataques en Estados Unidos

El incidente en Malibú se enmarca en una tendencia preocupante. Un informe confidencial del DHS, obtenido por ABC News en 2024, advirtió sobre un aumento sostenido de amenazas contra funcionarios de alto perfil en sus residencias privadas.

El documento señaló que siete de cada diez ataques o intentos frustrados contra funcionarios relevantes ocurridos desde 2018 tuvieron lugar en los últimos dos años de ese período, con un saldo de al menos tres muertos y dos heridos graves.

Los hogares privados, explicó el informe, presentan menos medidas de seguridad que los edificios gubernamentales o corporativos, lo que los convierte en blancos más accesibles para potenciales agresores.

El caso más grave registrado en California en los últimos años es el del ataque al domicilio de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, en San Francisco, el 28 de octubre de 2022.

David DePape irrumpió en la vivienda, preguntó a los gritos “¿Dónde está Nancy?” y golpeó con un martillo al esposo de la legisladora, Paul Pelosi, quien tenía 82 años, fracturándole el cráneo.

DePape fue condenado en mayo de 2024 a 30 años de prisión federal y, en octubre de ese mismo año, recibió una segunda condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos estatales.

Harris nació en Oakland, California, y desarrolló toda su carrera política en el estado: fue fiscal de distrito de San Francisco, luego fiscal general del estado y posteriormente senadora federal antes de integrar la fórmula presidencial junto a Biden.

Fox News Digital indicó que se comunicó con el Departamento del Sheriff y con representantes de Harris para solicitar comentarios oficiales, sin obtener respuesta.

Una mujer de Florida fue arrestada tras ser acusada de fingir que tenía cáncer para obtener donaciones de vecinos y conocidos, en un caso que, de acuerdo con Fox News, habría afectado a 238 personas y superado los USD 40.000.

La cadena detalló que la acusada es Maribeth Ellen Jones, de 51 años, residente de Bonita Springs, en el estado de Florida, y que enfrenta un cargo de hurto mayor (grand theft) por una suma que va de USD 20.000 a USD 100.000.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, que sostuvo que la mujer se presentó durante años ante miembros de su comunidad como una paciente oncológica en tratamiento.

Tal y como contó Fox News, esa versión llevó a decenas de personas a organizar colectas y aportes económicos para ayudarla con supuestos gastos médicos.

La oficina del sheriff añadió que la acusada incluso recurrió a gestos destinados a reforzar el engaño ante su entorno, lo que consolidó la confianza de quienes resolvieron asistirla económicamente.

La acusación sostiene que el engaño se extendió entre 2022 y 2024

De acuerdo con Fox News, Jones habría dicho entre 2022 y 2024 que tenía cáncer y que se sometía a tratamientos.

A partir de ese relato, residentes de la zona impulsaron distintas formas de ayuda, entre ellas una campaña en la plataforma GoFundMe, cuyo dinero quedó vinculado a una cuenta bancaria personal de la acusada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier aseguró que parte de esos fondos llegó por vías directas. Los detectives concluyeron, según Fox News, que la acusada no tenía cáncer y que el dinero reunido fue destinado a pagar deudas personales.

Entre los elementos del expediente, las autoridades afirmaron que integrantes de la comunidad llegaron a cortarle el cabello para que pareciera que se preparaba para recibir quimioterapia, una escena que, para los investigadores, ayudó a sostener la apariencia de enfermedad ante vecinos y allegados.

La causa, además, no se limita a una sola campaña. La oficina del sheriff indicó que Jones ya había sido beneficiaria de otras dos colectas en GoFundMe en las que también afirmaba padecer cáncer. Ese dato amplió la magnitud del caso y reforzó la hipótesis de una maniobra repetida en el tiempo.

GoFundMe reembolsó más de USD 41.000 y bloqueó futuras campañas

En paralelo al avance judicial, la plataforma GoFundMe tomó medidas sobre las campañas vinculadas al caso. Un vocero de la empresa aseguró, en declaraciones reproducidas por Fox News, que la plataforma tiene “tolerancia cero ante el uso indebido” de su sistema.

La compañía también informó que eliminó las recaudaciones, prohibió a la mujer realizar nuevas campañas y devolvió más de USD 41.000 a los donantes a través de su programa de garantías.

“Podemos confirmar que las campañas organizadas en nombre de Maribeth Jones fueron retiradas de nuestra plataforma y que su cuenta quedó bloqueada para futuras recaudaciones. Más de USD 41.000 fueron reembolsados a los donantes”, afirmó la compañía, tal y como reprodujo Fox News.

El reembolso permite dimensionar el volumen de dinero que circuló a través de la plataforma. La investigación, además, sostiene que parte de los fondos también llegó por fuera de GoFundMe, mediante aportes directos.

Qué dijo la Justicia local y cuál es la situación de la acusada

La acusada, identificada como Maribeth Ellen Jones, se entregó esta semana en el Naples Jail Center después de que los detectives obtuvieran una orden de arresto por un delito grave de segundo grado, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

La investigación sostiene que la maniobra perjudicó a 238 residentes de Naples y de zonas cercanas.

El sheriff Kevin Rambosk describió el expediente como un caso que explotó la solidaridad de personas que creían asistir a alguien en una situación límite.

“Este es un caso indignante porque explotó la bondad y la generosidad de personas que de verdad querían ayudar a alguien que creían que estaba luchando por su vida”, afirmó Rambosk en una declaración difundida por la oficina y citada por Fox News.

El funcionario añadió que este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas. También erosiona la confianza en las campañas legítimas para personas que sí necesitan ayuda.

Una docente de escuela media de Kentucky quedó detenida tras una pesquisa por una presunta relación inapropiada con un estudiante, en un episodio que cobró especial relevancia porque derivó en una acusación por grooming de un menor bajo una legislación estatal que entró en vigor hace pocas semanas.

La acusada fue identificada como Sadie M. Flores, de 25 años, empleada de la Graves County Middle School, en la ciudad de Mayfield. La información fue difundida por Fox News, que citó a la Oficina del Sheriff del Condado de Graves.

De acuerdo con esa publicación, Flores fue arrestada el viernes por la tarde y afronta un cargo de clase D contemplado en la normativa que rige en el estado desde el 15 de julio.

El expediente comenzó a tomar forma después de que surgieran denuncias sobre un vínculo impropio entre la profesora y un alumno del sistema educativo local.

Fuentes oficiales indicaron que la situación fue comunicada primero a las autoridades escolares, que luego dieron aviso a la fuerza de seguridad para activar una pesquisa formal.

Cómo se inició la investigación

La Oficina del Sheriff del Condado de Graves aseguró, en declaraciones recogidas por Fox News, que el procedimiento incluyó el secuestro de registros electrónicos, entrevistas y otras medidas de prueba. Flores fue entrevistada el viernes antes de su detención, que se concretó cerca de las 15.30.

Tras el arresto, la maestra fue trasladada primero al centro de custodia restringida del condado y más tarde a una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción.

El sheriff Jon Hayden afirmó que el expediente continúa abierto, por lo que no se descarta la aparición de nuevos elementos a medida que avance la causa.

Hasta el momento, los investigadores no difundieron la edad del estudiante involucrado ni precisaron la naturaleza exacta de la relación denunciada. Tampoco confirmaron si podrían sumarse otras imputaciones.

Esa reserva responde, al menos en parte, al carácter sensible del episodio y a la etapa inicial del proceso.

La reacción del distrito escolar

El superintendente de Graves County Schools, Matt Madding, sostuvo que la administración actuó apenas tomó conocimiento de la acusación.

En una declaración citada por Fox News, el funcionario expresó que “la administración del distrito fue informada de una denuncia que involucraba a una docente de la escuela media del condado de Graves. Los funcionarios escolares reportaron de inmediato esta información al Departamento del Sheriff del Condado de Graves para su investigación”.

Madding añadió que “desde entonces, se nos informó que, como resultado de esa investigación, se presentaron cargos contra esta docente”.

El responsable del sistema educativo remarcó además que, por tratarse de un asunto aún bajo análisis y también de una cuestión de personal, la institución tiene límites sobre lo que puede hacer público.

En ese mismo mensaje, el superintendente subrayó que la seguridad de los estudiantes ocupa el lugar central en la respuesta institucional.

“Tomamos con extrema seriedad cualquier denuncia que involucre la seguridad de un niño o la conducta profesional de un empleado y seguiremos cooperando plenamente con las fuerzas de seguridad y con las autoridades correspondientes”, señaló, tal y como reprodujo Fox News.

Una acusación ligada a una ley reciente

Uno de los puntos que más atención concentra en este episodio es que el cargo por grooming surge de una norma reciente en Kentucky.

La ley creó una figura penal orientada a castigar a adultos acusados de cultivar relaciones inapropiadas con menores antes de que se concrete un abuso sexual.

Ese marco legal le dio a la causa un peso adicional, ya que se trata de una herramienta incorporada hace poco al sistema penal estatal.

Fox News detalló que la imputación presentada contra Flores encuadra precisamente en esa disposición.

El caso quedó ahora bajo seguimiento de autoridades judiciales y policiales, mientras los pesquisas avanzan sobre el contenido de los registros obtenidos y las declaraciones reunidas en las últimas horas.

Por ahora, la información pública disponible se mantiene acotada a los datos confirmados por la oficina del sheriff, el sistema escolar y el reporte de Fox News.

Hasta este momento no se informó una fecha para nuevas audiencias ni se precisó si habrá comunicaciones adicionales sobre la causa en el corto plazo.

Durante dos días, Jeanine John Taele apareció en el mismo campo de golf donde Donald Trump tenía previsto participar de una actividad política en Rancho Palos Verdes, en California. La primera vez fue visto mientras registraba con fotografías y videos los preparativos del operativo de seguridad. La segunda terminó detenido por agentes federales.

Lo que en un principio parecía un episodio aislado se convirtió rápidamente en una investigación de mayor alcance. Tras el arresto, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles allanaron la vivienda del exmarine de 38 años y encontraron armas, municiones, un chaleco balístico y otros elementos que pasaron a integrar la causa.

Mientras la pesquisa avanzaba, la fiscalía federal presentó cargos por la posesión de un rifle de cañón recortado no registrado y la justicia estatal impulsó un expediente paralelo por otros delitos vinculados con armas y una causa de robo previa.

Aunque el caso despertó preocupación por producirse en un predio asociado al presidente y pocos meses después de otros intentos de ataque contra Trump, las autoridades insistieron en que, hasta el momento, no identificaron un plan de atentado definido y que el motivo de Taele sigue bajo investigación.

La audiencia federal que debía realizarse el miércoles quedó postergada, de acuerdo con Los Angeles Times. The Washington Post agregó que todavía no está claro cuándo será la primera comparecencia de Taele ante la justicia federal.

Un episodio bajo máxima seguridad

El caso se desarrolló en el Trump National Golf Club Los Angeles, en Rancho Palos Verdes, en los días previos a una visita del presidente Donald Trump a esa propiedad del condado de Los Ángeles.

Según ABC News, agentes federales realizaban una evaluación de seguridad antes de una cena del Comité Nacional Republicano cuando detectaron la presencia de un hombre que recorría el campo.

El contexto volvió el episodio especialmente sensible. De acuerdo con Los Angeles Times, la pesquisa recibió atención inmediata por tratarse de un sitio asociado al presidente y por el antecedente de los intentos de ataque previos contra Trump en Pensilvania y Florida.

La investigación quedó en manos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD).

Quién es Jeanine John Taele

Jeanine John Taele, de 38 años, vive en Downey. Según ABC7, sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos entre 2008 y 2016, con despliegues en Irak y Afganistán, y alcanzó el rango de cabo.

Su situación profesional reciente también pasó a formar parte del expediente. Los Angeles Times informó que Taele había tenido autorización para portar armas como guardia de seguridad hasta julio de 2025, aunque ese permiso fue cancelado. El diario agregó que conservaba licencia como guardia de seguridad hasta 2028.

Antes de su arresto en el club, ya aparecía en otra investigación. Según Los Angeles Times, la policía de El Segundo lo buscaba por una causa de robo vinculada a un hecho ocurrido el 4 de noviembre de 2025.

El teniente Eric Atkinson dijo a ese medio que se trató de un robo con uso de fuerza o intimidación, sin arma.

La vigilancia previa y el regreso al club

La reconstrucción de la causa ubica la primera aparición de Taele en el club de golf el 31 de julio. Según ABC News, agentes federales lo vieron caminar por el predio con un auricular mientras tomaba fotografías y videos de las tareas de planificación de seguridad.

Ese primer episodio no terminó con un arresto. Los Angeles Times señaló que Taele se retiró del lugar y volvió el domingo 2 de agosto.

Según The Washington Post, fue el personal del lugar el que alertó a las autoridades sobre ese regreso. Para entonces, los agentes federales seguían en el club por el operativo previo a la llegada de Trump.

Según ABC News, en su segunda visita dijo que trabajaba para el Departamento de Estado y que estaba ahí por un operativo de seguridad. También admitió que tenía un arma cargada en su vehículo, estacionado en el predio.

A partir de esa conversación intervinieron agentes del LASD. De acuerdo con ABC News, una revisión en bases de datos mostró que Taele era buscado en la causa de robo de El Segundo. Los agentes lo retuvieron y registraron.

El arma en la camioneta y lo que hallaron en Downey

Durante esa revisión, los agentes encontraron un cargador de 16 balas con munición de punta hueca en el bolsillo del pantalón, según ABC News.

Después inspeccionaron la camioneta y secuestraron una pistola 9 mm cargada, otro cargador con munición de punta hueca, binoculares y una placa con la inscripción “agente de protección de seguridad”, de acuerdo con ese mismo medio.

La investigación avanzó al día siguiente. Según Los Angeles Times, el lunes 3 de agosto detectives del sheriff y agentes del FBI allanaron la casa de Taele en Downey.

Allí encontraron un rifle estilo AR modificado de forma ilegal, una pistola calibre .45, chaleco balístico, cargadores de alta capacidad, munición en cantidad, dos dispositivos de señal de radio y otra placa que decía “recuperación de fugitivos y ejecución de fianzas”, informó Los Angeles Times.

The Washington Post añadió que en el allanamiento también fue hallado un auricular. Los Angeles Times informó que los agentes encontraron además cuadernos con “declaraciones preocupantes”.

Ese material quedó en el centro del caso. ABC News consignó que la denuncia federal menciona esos cuadernos, aunque no detalla su contenido.

La acusación federal y las causas estatales

El paso más importante en tribunales llegó con la imputación federal. Según ABC News, Taele fue acusado de posesión de un rifle de cañón recortado no registrado, un delito grave federal.

La causa estatal avanza en paralelo. Los Angeles Times informó que también enfrenta cargos por recepción de un cargador de gran capacidad, portación de arma oculta, posesión de un rifle de cañón recortado y robo.

The Washington Post precisó que se trata de un cargo de robo en segundo grado. El diario añadió que Taele se declaró no culpable de esos cargos el martes. ABC7 precisó que el cargo federal puede derivar en una pena máxima de 10 años de prisión si es declarado culpable.

La fiscalía evitó atribuirle un motivo cerrado. Según ABC News, el fiscal adjunto principal Bill Essayli declaró que la investigación seguía abierta, aunque agradeció que el arresto se hubiera producido antes de la visita presidencial.

La audiencia que se postergó

Uno de los datos centrales del seguimiento apareció después de la acusación formal. Los Angeles Times informó que la audiencia federal prevista para este miércoles fue reprogramada para una fecha todavía no determinada.

Hasta el momento, no hay una explicación pública más precisa sobre las razones del cambio.

Mientras tanto, la causa siguió su curso en el plano estatal. Según ABC News, Taele tenía una fianza fijada en USD 250.000 y una audiencia prevista en la justicia estatal para el 26 de agosto.

Cómo sigue la causa

La investigación ya dejó establecidos varios puntos: Taele fue detectado en el club antes de la visita presidencial y, después del arresto, los investigadores encontraron más armas y otros elementos en su casa.

Lo que sigue sin respuesta es cuál era su propósito. Según ABC News, las autoridades siguen investigando qué hacía en el club y por qué registraba las tareas de seguridad.

Los Angeles Times agregó que, pese a la gravedad del episodio, las fuerzas dijeron no haber identificado una amenaza creíble para la comunidad.

Trump asistió de todos modos a la cena partidaria del martes por la noche en Rancho Palos Verdes.

Taele quedó detenido, con una causa federal abierta, cargos estatales en marcha y una audiencia que, por ahora, sigue sin nueva fecha pública.

Un delincuente sexual registrado con condenas previas por secuestro y agresión sexual fue imputado por asesinato, secuestro en primer grado y ocultación de cadáver tras el hallazgo del cuerpo de Robin M. Doyle.

Una mujer de 58 años que había desaparecido de su residencia en Hickory, Carolina del Norte, el martes 28 de julio. La muerte fue declarada homicidio por las autoridades del condado de Catawba.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Doyle fue vista con vida por última vez el lunes 27 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, por un familiar. A la mañana siguiente, su padre —con quien convivía— se despertó y encontró la casa vacía: el automóvil de la mujer seguía estacionado en la entrada y la puerta trasera permanecía abierta, tal y como reportó la afiliada de ABC News en Charlotte, WSOC.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Catawba (OCSC) concluyeron que Doyle había sido sacada de su hogar en la calle 33rd Street NE durante las primeras horas del martes.

La búsqueda se extendió durante días hasta que, el viernes 31 de julio por la tarde, los investigadores localizaron su cuerpo en una zona boscosa del sector noreste del condado.

La OCSC confirmó que los restos correspondían a Doyle aproximadamente una hora después del anuncio oficial del hallazgo. Las autoridades no revelaron la causa exacta de la muerte, aunque la calificaron de homicidio.

La pista del auto rojo y la captura del sospechoso

Las cámaras de seguridad del vecindario registraron un vehículo rojo que abandonó la zona a alta velocidad en las primeras horas del martes.

Esas imágenes fueron determinantes para el avance de la investigación: permitieron identificar un Kia Optima 2015 de color rojo y, a partir de su patente, rastrear al conductor hasta el condado de Surry, a unos 95 kilómetros (60 millas) de la residencia de la víctima.

Testigos en el área también confirmaron haber visto el vehículo, de acuerdo con documentos judiciales citados por el teniente Dane Hoyle del Departamento de Policía del Condado de Catawba.

El miércoles 29 de julio por la noche, las autoridades arrestaron a Leroy Allen Loper, de 54 años, en el condado de Surry por cargos no relacionados vinculados al incumplimiento del registro de delincuentes sexuales.

Al momento de su detención, Doyle no fue hallada en el lugar, afirmó Hoyle. Dos días después, el 31 de julio, Loper fue formalmente imputado en relación con la muerte de la mujer.

Según informó WBTV, el acusado tiene prevista una comparecencia ante el tribunal para el lunes 3 de agosto, y permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Catawba sin posibilidad de fianza.

Las evidencias y los antecedentes del acusado

En el perímetro de la vivienda de Doyle, los investigadores encontraron un corpiño y bridas de plástico —conocidas en inglés como zip-ties— en el patio.

Ese mismo tipo de bridas fue recuperado dentro del Kia de Loper en Surry, precisó el teniente Hoyle. La coincidencia entre ambos elementos reforzó la hipótesis que vincula al acusado con el lugar del hecho.

Loper acumula condenas previas por secuestro en primer grado y agresión sexual en segundo grado, y figura en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Los nuevos cargos en su contra incluyen asesinato en primer grado (felony murder), secuestro en primer grado y ocultación de cadáver.

Tras el hallazgo del cuerpo, la OCSC emitió una declaración en la que expresó sus condolencias a la familia y subrayó la gravedad de los hechos.

“Los actos en este caso representan el mal puro, y los responsables serán plenamente responsables ante la ley”, asegura el comunicado oficial. Las autoridades advirtieron que la investigación continúa activa y que no descartan la presentación de cargos adicionales.

La noche del domingo quedó marcada en East Los Angeles por un tiroteo que dejó cuatro personas heridas poco después del partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que México fue eliminado por Inglaterra.

La secuencia de hechos, que se desarrolló cerca de Whittier Boulevard, una tradicional zona de reunión de la comunidad mexicano-estadounidense, dio lugar a una investigación policial de alto despliegue y a diversas versiones sobre lo ocurrido hasta que las autoridades lograron reconstruir la dinámica del episodio.

Una noche tensa tras la derrota de México

El desenlace futbolístico en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde México cayó por 3-2 ante Inglaterra y quedó fuera de los cuartos de final, provocó grandes concentraciones de aficionados en diferentes puntos de Los Ángeles.

Tal y como reportó ABC7, la principal concentración se produjo en Whittier Boulevard, donde miles de seguidores se reunieron durante y después del partido.

Associated Press contextualizó que el encuentro congregó a más de 80.000 espectadores en el Azteca y que la eliminación de la selección nacional volvió a generar frustración entre los simpatizantes.

En ese contexto, la Policía de Los Ángeles había activado una alerta táctica horas antes del incidente. La medida, conocida como city-wide tactical alert, impide a los agentes de turno retirarse hasta que se desactive la orden, permitiendo así mantener un contingente reforzado ante eventuales disturbios.

El dispositivo, según detalló NBC Los Angeles, buscaba anticipar cualquier situación de desborde tras la derrota mexicana.

Secuencia de los disparos y primeras versiones

La noche avanzaba cuando, alrededor de las 21:40, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) recibió una serie de avisos por disparos en la zona de Whittier Boulevard.

En un primer momento, los reportes daban cuenta de hasta tres escenas diferentes, lo que generó confusión sobre si se trataba de incidentes independientes.

KTLA 5 afirmó que los agentes hallaron a dos personas heridas en la intersección de Whittier con Leonard Avenue, mientras que minutos más tarde fueron localizados otros dos heridos en puntos cercanos, como Amalia Avenue con Sixth Street y Amalia con Whittier.

Este despliegue llevó a que varias patrullas y equipos de emergencia se concentraran en el área, con imágenes aéreas mostrando la magnitud de la respuesta policial. Las autoridades, no obstante, aclararon posteriormente que todos los heridos estaban vinculados a un solo tiroteo, aunque la dispersión inicial de las víctimas hizo pensar en múltiples ataques.

La reconstrucción oficial, confirmada tanto por NBC Los Angeles como por ABC7, descartó la existencia de varios atacantes o incidentes aislados.

Según la información recabada por ABC7, el detonante de la violencia fue una discusión que se produjo cerca de Whittier Boulevard y Leonard Avenue. En medio de ese altercado, un individuo extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos.

Entre los heridos se cuentan dos hombres involucrados en la disputa y dos transeúntes ajenos: una mujer y un menor de edad. Ambos últimos fueron encontrados minutos más tarde en ubicaciones distintas, lo que alimentó la confusión inicial sobre el número de escenas.

Investigación, contexto y estado de las víctimas

Las cuatro personas heridas fueron trasladadas a hospitales locales y, de acuerdo con el LASD, sus vidas no corrían peligro. La autoridad policial aseguró que hasta el momento no se detuvo a nadie ni se dio una descripción precisa del sospechoso. El motivo detrás del tiroteo permanece sin esclarecer, y los detectives prosiguen con la investigación para determinar el origen de la confrontación.

The New York Post aportó que Whittier Boulevard es un punto neurálgico para la comunidad de origen mexicano en Los Ángeles, especialmente durante los torneos internacionales de fútbol.

La presencia masiva de aficionados en las calles, sumada a la tensión por la eliminación de México, formó el telón de fondo de la noche. La policía mantuvo el operativo de vigilancia en la zona durante varias horas, en previsión de nuevos incidentes.

El episodio se produjo en un contexto de alta sensibilidad, con la afición mexicana lamentando una nueva eliminación de su selección antes de los cuartos de final, instancia que México no alcanza desde 1986, tal y como recordó la Associated Press.

El entrenador Javier Aguirre anunció su salida del cargo y el relevo quedó en manos de Rafael Márquez, una figura reconocida en el fútbol nacional.

Hasta la madrugada del lunes, la investigación del Departamento del Sheriff continuaba sin avances en la identificación del responsable del tiroteo.

Las autoridades reiteraron la importancia de que eventuales testigos aporten información para esclarecer el caso y garantizar la seguridad en una de las comunidades más emblemáticas de Los Ángeles.

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, experimentó un cambio sustancial luego de que el FBI determinó que las tres notas atribuidas a un supuesto secuestro resultaron ser falsas.

Esta decisión, confirmada por Reuters a través de fuentes federales y policiales, diluye la hipótesis de un secuestro extorsivo y deja sin sustento la versión que dominó la cobertura mediática desde inicios de febrero.

Mientras tanto, la causa permanece abierta y bajo análisis forense, con la familia manteniendo la búsqueda activa y la recompensa vigente.

Investigación federal y las comunicaciones apócrifas

La intervención de la agencia federal comenzó con el análisis de todas las comunicaciones asociadas a la desaparición de Nancy Guthrie.

Un funcionario del FBI, citado por Reuters, afirmó que ninguna de las tres notas recibidas —dos de ellas presentadas como pedidos de rescate y una más reciente con supuesta información sobre los autores— es considerada auténtica. Esta evaluación fue confirmada por una segunda fuente policial, lo que llevó a las autoridades a descartar el secuestro extorsivo como móvil principal.

La oficina del sheriff del condado de Pima, que conduce la investigación general, decidió remitir las consultas sobre las notas al FBI.

Su vocera, Angelica Carrillo, aseguró que no existen novedades y que tanto las muestras de ADN como las pruebas de video continúan bajo análisis forense. Esta falta de avances refuerza la incertidumbre sobre el paradero de la mujer, de 84 años y con problemas de movilidad y salud.

Las tres comunicaciones analizadas por los federales llegaron inicialmente a distintos medios, incluyendo a TMZ.com. La primera nota, según la información divulgada por ese portal, exigía una suma “de millones” en criptomonedas y establecía dos fechas límite para el pago: el 5 y el 9 de febrero.

La segunda nota, difundida la semana pasada por la cadena NBC News, aseguraba que para ese momento Nancy Guthrie ya había fallecido. El texto no solicitaba dinero ni ofrecía datos sobre el cuerpo. Los investigadores del FBI determinaron que las dos comunicaciones provenían de un mismo remitente, aunque no detallaron la metodología empleada para llegar a esa conclusión.

Al intentar verificar la autenticidad de la primera nota, el FBI realizó un depósito de criptomonedas en la cuenta señalada, pero el dinero nunca fue reclamado. Este elemento, sumado a otros procedimientos que no fueron especificados, llevó a las autoridades a concluir que las notas no guardaban relación con la desaparición de Guthrie.

El tercer mensaje, también descartado, fue recibido por TMZ.com y contenía la afirmación de que el autor conocía la identidad de los secuestradores y poseía videos del “principal involucrado” y de la víctima en el día en que habría fallecido. Tampoco en este caso el FBI detalló los pasos que permitieron descartar la autenticidad del mensaje.

El rol de la familia Guthrie y la exposición pública

Desde el primer momento, la familia de Savannah Guthrie impulsó la atención mediática sobre el caso. La periodista, copresentadora del programa Today en NBC, utilizó sus redes sociales y su espacio en televisión para solicitar a los supuestos captores que abrieran un canal de comunicación directo. En uno de los mensajes difundidos junto a sus hermanos, Savannah declaró: “Pagaremos”, haciendo explícita la intención de cumplir con cualquier pedido de rescate. Esta exposición pública contribuyó a instalar la hipótesis del secuestro en la agenda mediática.

Luego de la difusión de la segunda nota, la conductora volvió a solicitar colaboración ciudadana para esclarecer el caso y recordó que la familia mantiene una recompensa de USD 1.000.000 para quien aporte información relevante.

La periodista describió el estado de sus allegados como “agonía” desde la desaparición de su madre, una situación que se prolongó sin novedades sustanciales desde el 31 de enero, día en que Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, tras compartir la noche con su hija mayor, Annie Guthrie, y su yerno.

Evidencia forense y el escenario de incertidumbre

El avance de la investigación se vio condicionado por la falta de resultados contundentes en las pruebas genéticas y de video. Las autoridades confirmaron que la sangre hallada en el porche delantero de la vivienda pertenecía a Nancy Guthrie, lo que reforzó el carácter violento del episodio.

A mediados de febrero, el FBI y la oficina del sheriff difundieron imágenes de vigilancia que mostraban a un individuo armado y cubierto con un pasamontañas manipulando la cámara del timbre poco antes de la desaparición.

Las muestras genéticas obtenidas de un guante encontrado cerca del domicilio, similar al que llevaba el sospechoso, no coincidieron con perfiles conocidos en bases de datos nacionales.

La falta de coincidencias en el análisis forense y la ausencia de comunicaciones genuinas dejaron el caso en una fase de incertidumbre. La investigación permanece bajo la órbita de las autoridades federales y locales, sin que se hayan divulgado nuevos indicios.

A pesar de ello, Savannah expresó que la familia sigue “avivando las brasas de la esperanza” de que su madre esté viva, aunque reconoció que existe la posibilidad de que ya no lo esté.

La exposición pública del caso, el papel de los medios y la actuación de las autoridades federales dibujaron un escenario donde la búsqueda de respuestas sigue abierta y la familia mantiene la expectativa de encontrar a Nancy Guthrie o, al menos, de conocer el desenlace real de su desaparición.

Las autoridades de California descubrieron al menos 117 perros muertos en la propiedad de Miranda’s Rescue, un refugio de animales ubicado en Fortuna, al norte del estado.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por presunto maltrato animal, crueldad y fraude, un proceso que, según la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, recién comienza y podría extenderse durante un periodo prolongado.

La intervención policial se realizó tras recibir denuncias en abril sobre el funcionamiento del refugio, lo que llevó a las autoridades a solicitar una orden de registro para excavar en la propiedad ante la sospecha de entierros en fosas comunes. La investigación fue asignada a la División de Delitos Mayores del condado.

Excavaciones y hallazgos forenses

Durante la segunda orden de registro, ejecutada el jueves pasado, los agentes localizaron restos caninos en dos puntos del terreno.

Los equipos excavaron áreas específicas autorizadas por la orden judicial y recuperaron los cuerpos de 117 perros, la mayoría en estado intacto. Además, se encontraron casi dos docenas de cráneos, cientos de huesos y alrededor de 600 collares de perro.

El examen forense fue realizado por veterinarios especializados, quienes lograron analizar en el lugar 71 de los cuerpos recuperados.

El resto, 46 cadáveres, no pudo ser revisado en esa jornada por limitaciones de tiempo. El análisis preliminar, que incluyó radiografías, determinó que muchos de los restos presentaban fragmentos de bala, lo que sugiere que varios animales murieron por disparos.

Algunos restos estaban en un estado avanzado de descomposición, lo que imposibilitó su remoción segura del sitio de entierro. Los investigadores ahora buscan identificar a los perros que contaban con microchip.

Antecedentes e inicio de la investigación

Una primera orden de registro, ejecutada el 1 de mayo, permitió a los agentes incautar pruebas y constatar que faltaba un número significativo de animales entregados a la organización pero no registrados.

Durante el proceso, la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt agradeció la colaboración de los equipos policiales y de los veterinarios forenses que participaron en la recuperación de pruebas.

En una declaración pública, el sheriff William Honsal afirmó que la investigación “recién está comenzando” y destacó el compromiso de los equipos intervinientes para trabajar en lo que calificó como “una escena horrorosa”.

Hasta el momento, las autoridades no anunciaron cargos formales. El comunicado oficial señala que se entiende el reclamo social de responsabilidad y justicia, aunque aclara que la prioridad es llevar adelante una pesquisa “completa, imparcial y legalmente sólida”, asegurando el respeto de los derechos constitucionales y legales de todas las personas implicadas.

Respuesta del refugio y antecedentes de eutanasia

NBC News informó que no fue posible contactar por teléfono a Shannon Miranda, fundador de Miranda’s Rescue, y que tampoco respondió a un correo electrónico enviado el domingo. El medio publicó una corrección el 28 de junio para precisar que Miranda es un hombre.

El 18 de junio, Miranda difundió un comunicado en el sitio web del refugio, donde abordó la cobertura mediática reciente y las críticas en línea.

En ese texto, describió dos episodios que atrajeron especial atención: en uno, un perro mató a otro animal y atacó a un tercero; en el otro, un perro se abalanzó sobre un cochecito en el que iba un bebé.

Miranda sostuvo que estas decisiones no se tomaron a la ligera y que respondían a la responsabilidad de proteger tanto al público como a los animales bajo el cuidado del refugio.

Además, defendió que Miranda’s Rescue mantenía una política de no sacrificio (no-kill), es decir, que los animales no son eutanasiados solo para liberar espacio. Sin embargo, admitió que, en ocasiones, la eutanasia resulta necesaria para evitar mayores riesgos.

En su declaración, Miranda aseguró que siempre que fue necesario aplicar la eutanasia, notificó previamente a las autoridades locales, incluso cuando no era obligatorio.

La investigación continúa y las autoridades anticipan que será un proceso extenso, dada la magnitud de los hallazgos y las denuncias que motivaron la intervención.

El menor, de 13 años, había salido de su hogar en Jacksonville, Florida, y su familia alertó de inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda ante el temor por su integridad.

Según reportó Fox News en su edición digital, el oficial Chris Havens y su compañero canino respondieron a la emergencia utilizando un calcetín del menor como referencia olfativa, estrategia que resultó clave para el desenlace favorable.

En el video difundido por la Oficina del Sheriff de Jacksonville en Facebook, se observa cómo Ruger guía a los efectivos a través de zonas de maleza hasta el estacionamiento de una empresa ubicada en la intersección de Beach Boulevard y Ryar Road.

Las cámaras corporales de los agentes documentaron cada paso de la operación, que culminó cuando los oficiales escucharon los gritos de auxilio del menor.

De acuerdo con la información publicada por Fox News, un agente se dirigió al joven con las palabras: “Hiciste bien en llamarnos. Cuando veas a la policía, diles algo”. Otro miembro del equipo le expresó: “Nos alegra haberte encontrado, estábamos realmente preocupados”.

El método de rastreo y el rol de la unidad K-9

La utilización del calcetín como elemento para obtener la referencia de olor fue determinante, según detallaron tanto la Oficina del Sheriff de Jacksonville como CBS News.

El agente Havens entregó la prenda a Ruger, lo que permitió al perro policial seguir el rastro a lo largo de una zona boscosa hasta llegar donde finalmente se encontraba el menor.

La maniobra, documentada en tiempo real y difundida posteriormente en las redes sociales institucionales, refuerza el valor de las unidades K-9 en tareas de localización de personas vulnerables.

El preadolescente fue hallado sentado solo en el estacionamiento de un comercio local, asustado pero en condiciones físicas estables.

Tras el hallazgo, los servicios médicos realizaron un chequeo preventivo antes de que el joven pudiera reencontrarse con su familia, que presentaba signos visibles de ansiedad y alivio.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville destacó que, ante la desaparición de personas en situación de riesgo, se recurre a los recursos más efectivos para garantizar una resolución rápida y segura.

En palabras del organismo, recogidas por Fox News: “Cuando un ser querido desaparece, desplegamos nuestras mejores herramientas para encontrarlos de manera rápida y segura”.

Historia y rol de las unidades K-9 en la policía de Estados Unidos

Las unidades K-9 fueron parte de la labor policial estadounidense durante más de un siglo. Según el Departamento del Ejército de Estados Unidos, el uso formal de perros en tareas de seguridad se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1942 se creó el denominado “K-9 Corps” para entrenar perros en funciones de centinela, mensajería y detección de minas.

Por su parte, FEDagent detalló que el primer programa policial de perros en Estados Unidos se implementó en Nueva York en 1907, inspirado por modelos europeos como el de Bélgica. A partir de la experiencia en la guerra y el éxito en ciudades como Baltimore, donde en 1956 se formó la primera unidad K-9 moderna, el empleo de perros policía se expandió a nivel nacional.

Actualmente, CBS News afirma que las unidades K-9 son consideradas herramientas esenciales por las fuerzas policiales, participando en búsqueda de personas, detección de drogas, explosivos y rescate en casos de emergencia, como el reciente episodio ocurrido en Jacksonville.

Reconocimiento a Ruger y repercusión del caso

El desempeño de Ruger fue reconocido tanto por sus compañeros humanos como por la comunidad. Según informó Fox News, el perro policía recibió como recompensa su juguete favorito y múltiples elogios por parte del equipo: “Porque pudo guiar a los oficiales hasta el menor desaparecido, K-9 Ruger se ganó su juguete preferido y muchos ‘Good boy!’”.

La cobertura sobre el caso subraya el papel fundamental de las unidades caninas en la protección de menores y personas con discapacidad.

La difusión del video del operativo y de las declaraciones institucionales tuvieron impacto en la opinión pública local, generando muestras de agradecimiento y reconocimiento a la labor de los equipos de rescate.

El equipo moldavo consiguió superar al conjunto español por 2-1, resultado que fue considerado la derrota más inesperada sufrida por el club con más títulos en la historia de la Liga de Campeones. Sobre el césped, jugadores de renombre como Karim Benzema, Vinícius Junior y Eden Hazard defendían la camiseta del conjunto blanco, mientras que en el Sheriff destacaron Dulanto y el brasileño Cristiano Da Silva.

Y justamente, el lateral izquierdo acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal. El jugador de 32 años se convirtió en tercer fichaje de los rimenses de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Con su incorporación, la directiva cierra prácticamente su cupo de extranjeros: Santiago González (argentino), Gustavo Cazonatti (brasileño), Felipe Vizeu (brasileño), Gabriel Santana (brasileño), Juan Cruz González (argentino) y Cristiano Da Silva (brasileño)

“¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes.¡A defender la gloriosa Celeste con todo!“, publicó la escuadra del Rímac en sus redes sociales.

La trayectoria de Cristiano Da Silva

Cristiano Da Silva inició su trayectoria profesional en 2014 con CRB y, posteriormente, militó en equipos como Vitória-PE,Murici,Bonsucesso,Criciúma y Volta Redonda. Su salto al fútbol europeo se dio con el fichaje por el FC Sheriff, donde vivió la histórica noche en Madrid.

Tras su paso por Moldavia, regresó a Brasil para formar parte de Fluminense en 2022, luego jugó cedido en Chapecoense y, más adelante, firmó por Goiás. En la presente temporada defendió los colores de Operario en la Serie B, acumulando 22 partidos y una asistencia, aunque su equipo no logró acercarse a los puestos de ascenso.

Defensa renovada de Sporting Cristal

La incorporación de Cristiano da Silva responde a la necesidad de cubrir la vacante dejada por Nicolás Pasquini, y el arribo de Juan Cruz González está orientado a ocupar la posición que deja Jhilmar Lora. Ambos jugadores se proyectan como opciones principales para el arranque de la Liga 1 2026, mientras que en la zaga central se espera que Miguel Araujo y Luis Abram asuman la titularidad, respaldados por su experiencia y liderazgo en el sector defensivo.

De este modo, el club presentará una línea posterior renovada, sumando como alternativa a Rafael Lutiger, quien recientemente extendió su vínculo contractual con la institución, pese a las versiones que lo vinculaban con un posible traspaso a Alianza Lima.

La trayectoria de Da Silva, marcada por su paso por el fútbol europeo y diversos equipos en Brasil, será puesta a prueba en la banda izquierda rimense con la expectativa de consolidarse como titular indiscutible. La directiva apuesta a que, con este refuerzo, el club logre finalmente acertar en la elección de sus incorporaciones extranjeras para la temporada 2026. El objetivo inmediato va más allá de buscar protagonismo internacional: el principal desafío es poner fin a un periodo de cinco años sin títulos en la Liga 1.

El sheriff Steven W. Tompkins, titular del Departamento del Sheriff del condado de Suffolk, fue arrestado y enfrenta cargos federales de extorsión, según la Fiscalía del Distrito de Massachusetts. De acuerdo con la acusación formal, Tompkins, de 67 años, está imputado por dos cargos de “extorsión bajo el color de derecho oficial” tras supuestamente usar su posición para obtener ventajas financieras de una empresa de cannabis con sede en Boston. La detención se realizó en el Distrito Sur de Florida, y se anunció que tendría su primera comparecencia ante un tribunal federal este viernes 8 de agosto.

Las autoridades federales informaron que, desde 2019, una empresa identificada como “Company A” buscaba el permiso estatal para abrir un dispensario de cannabis en Boston. La empresa debía asociarse con instituciones locales como parte de los requisitos regulatorios. Para ello, estableció un convenio con el SCSD para recibir candidatos procedentes de su programa de reinserción, como confirmó la carta de aprobación firmada por Tompkins en septiembre de 2019 y remitida a la Massachusetts Cannabis Control Commission.

El proceso de obtención y renovación de la licencia incluyó la reiterada referencia al convenio con el SCSD en la documentación oficial. Una vez superada la etapa de permisos, Company A preparó una oferta pública inicial y buscó inversionistas institucionales y de alto perfil, nunca pequeños inversionistas individuales, según los expedientes judiciales difundidos este viernes.

Cargos y transacciones financieras

Según los documentos federales presentados, Tompkins presionó a un ejecutivo identificado como “Individual A” para obtener acciones de la empresa, recordando su papel en la ayuda para conseguir la licencia. El ejecutivo manifestó temor a que Tompkins pudiera usar su cargo para perjudicar la alianza estratégica y, por tanto, la vigencia de la licencia y la salida a bolsa de la empresa. En noviembre de 2020, Tompkins realizó una transferencia de 50.000 dólares desde su cuenta de retiro al ejecutivo, obteniendo acciones a precio previo a la salida a bolsa. Adquirió 28.883 acciones a 1,73 dólares cada una, equivalentes posteriormente a 14.417 acciones tras una división inversa de valores.

En el lanzamiento público de las acciones a mediados de 2021, el precio llegó a 9,60 dólares por título, con lo que la inversión inicial de Tompkins aumentó de valor hasta aproximadamente 138.403 dólares. Sin embargo, con la caída del precio de las acciones en mayo de 2022, el capital de Tompkins descendió a una suma inferior a los 50.000 dólares originales. Según la acusación, Tompkins exigió entonces la devolución íntegra del importe invertido, a lo que el ejecutivo accedió. Entre mayo de 2022 y julio de 2023, Tompkins habría recibido cinco cheques por el monto, algunos de ellos con el concepto “pago de préstamo” o como “gasto de la empresa” para ocultar la verdadera naturaleza de la operación, según la fiscalía.

Reacciones oficiales y marco legal

La fiscal federal Leah B. Foley señaló que “los funcionarios electos, especialmente quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, deben ser éticos, honestos y respetuosos de la ley; no servirse a sí mismos”, y afirmó que perseguirán cualquier caso de corrupción pública. Por su parte, el agente especial a cargo de la FBI – División Boston, Ted E. Docks, sostuvo que “lo que el sheriff consideró una oportunidad fácil de enriquecimiento es corrupción clara bajo la ley federal” y enfatizó que los funcionarios públicos deben regirse por los más altos estándares. La pena máxima por cada cargo es de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

Tompkins lidera un cuerpo de aproximadamente 1.000 empleados y fue nombrado sheriff en 2013, ganando elecciones en años posteriores. La acusación indica que Tompkins se valió de su influencia institucional para conseguir beneficios personales relacionados con la oportunidad de inversión en la empresa de cannabis. La Fiscalía subrayó que, hasta que no exista una sentencia judicial, el acusado se presume inocente.

Especialistas de la Oficina del Fiscal Federal, fiscales de la unidad contra la corrupción y representantes del IRS colaboran en la investigación y en el procesamiento del caso. Las autoridades reiteraron que mantienen la lucha contra la corrupción como prioridad en la región.

“Lo que el sheriff vio como una manera fácil de ganar dinero rápido a escondidas es corrupción evidente según la ley federal”. Con esta afirmación, el agente especial Ted E. Docks, responsable de la División de Boston del FBI, sintetizó la gravedad de los hechos que han llevado a la detención de Steven Tompkins, sheriff del condado de Suffolk, en el estado de Florida.

La acusación, presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, sostiene que Tompkins habría utilizado su posición para extorsionar a una empresa de cannabis con sede en Boston, exigiendo un acuerdo de inversión secreto por 50.000 dólares.

El caso, que ha sacudido a la administración pública de Massachusetts, se remonta a 2019, cuando una empresa de cannabis buscaba abrir una tienda en Boston.

Tompkins presionó a la compañía para que le vendiera acciones antes de que salieran a la bolsa

Según la acusación federal, la compañía necesitaba la colaboración del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk, ya que la Comisión de Control del Cannabis de Massachusetts exigía que los negocios de este sector emplearan a exreclusos como parte de los requisitos para obtener la licencia estatal.

El departamento dirigido por Tompkins facilitaba la derivación de graduados de su programa de reinserción laboral para que solicitaran empleo en la tienda, lo que otorgaba al sheriff una influencia directa sobre el proceso de licenciamiento.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la fiscalía, Tompkins presionó a un ejecutivo de la empresa, identificado únicamente como “Individuo A”, para que le vendiera acciones antes de la salida a bolsa (IPO) de la compañía, recordándole que su apoyo había sido clave para la obtención de la licencia y que seguiría siendo necesario para futuras renovaciones.

El sheriff entregó miles de dólares para adquirir miles de acciones a un precio bajo

En noviembre de 2020, Tompkins entregó 50.000 dólares para adquirir 14.417 acciones a un precio de 1.73 dólares por acción. Cuando la empresa debutó en bolsa en 2021, el valor de las acciones ascendió a 9.60 dólares por acción, lo que elevó la inversión inicial del sheriff a 138.403 dólares.

No obstante, la situación cambió drásticamente en mayo de 2022, cuando el precio de las acciones cayó y la inversión de Tompkins pasó a valer “varios miles de dólares menos que los 50.000 dólares que invirtió originalmente”, según la fiscalía.

Ante esta pérdida, Tompkins exigió la devolución íntegra de su dinero

El ejecutivo, temiendo represalias que pudieran afectar la continuidad de la relación con el departamento del sheriff y, por ende, la viabilidad de la empresa, accedió a reembolsar la suma solicitada.

Los pagos se realizaron en cinco cheques entre mayo de 2022 y julio de 2023, algunos de ellos etiquetados como “pago de préstamo” o “gastos de la empresa” para ocultar el verdadero motivo de la transacción, según la acusación. La fiscal federal Leah B. Foley subrayó la importancia de la integridad en el ejercicio de cargos públicos: “Se espera que los funcionarios electos, en particular los encargados de hacer cumplir la ley, sean éticos, honestos y respetuosos de la ley, y no egoístas”.

Foley añadió que las acciones atribuidas a Tompkins constituyen una afrenta a los votantes y contribuyentes que depositaron su confianza en él, así como a los numerosos servidores públicos honestos del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk. La fiscalía remarcó que el caso refleja el compromiso de su oficina en la lucha contra la corrupción pública.

El historial de Tompkins, quien ha dirigido el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk desde 2013 y supervisa a cerca de 1.000 empleados en instalaciones como la Casa de Correcciones y la Cárcel de la Calle Nashua, ya había estado bajo escrutinio. En marzo de 2023, pagó una multa de 12.300 dólares por crear un empleo estatal para su sobrina y por utilizar a empleados para realizar recados personales. En 2015, también abonó 2.500 dólares tras solicitar a propietarios de tiendas que retiraran carteles de campaña de un oponente electoral.

El caso ha generado reacciones en distintos niveles del gobierno local

El proceso judicial contra Tompkins incluye dos cargos de extorsión bajo color de derecho oficial. Si resulta condenado, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares, según la fiscalía de Estados Unidos. El sheriff comparecerá primero ante un tribunal en Florida antes de ser trasladado a Boston para responder a los cargos.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, declaró: “Obviamente, todos los funcionarios públicos estamos sujetos a estándares muy altos, y cuando algún agente del orden público tiene alguna infracción de la ley, se trata de una acusación muy grave”.

Por su parte, la Fiscalía del Condado de Suffolk y el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk declinaron hacer comentarios al ser contactados por medios como ABC News y WBZ-TV.

El abogado de Tompkins no respondió a las solicitudes de declaraciones. Brian Kelly, exjefe de la unidad de corrupción pública de la Fiscalía Federal de Boston, señaló que el sheriff enfrenta una defensa compleja: “Estoy seguro de que tendrá algún tipo de defensa o explicación de por qué no estaba extorsionando a una empresa, que es básicamente la acusación, extorsionar a una empresa para su propio beneficio. Y si eso es lo que demuestran los hechos, tiene un problema”.

En muchas comunidades latinas de Estados Unidos, una puerta golpeada por la mañana puede ser más que una simple visita: puede significar miedo, confusión y consecuencias migratorias graves. Saber quién está del otro lado es clave para entender los derechos que uno tiene y cómo responder de forma segura y legal.

La diferencia entre un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un oficial del sheriff no siempre es evidente para quienes no están familiarizados con las insignias y uniformes de cada autoridad. Sin embargo, hay elementos visuales y legales que permiten distinguirlos, lo cual puede ser crucial para los inmigrantes que se ven confrontados por agentes armados.

Según un reporte especial del programa Primer Impacto de Univisión, una de las claves principales para identificar a un agente es el uniforme. Mientras que los oficiales del sheriff generalmente portan un uniforme completo, los agentes de inmigración suelen vestir de civil con chalecos que tienen grandes letras en la espalda o el pecho que indican su afiliación a ICE.

El chaleco con letras blancas, el primer indicio de una visita federal

Un agente de ICE rara vez viste un uniforme tradicional. Su vestimenta puede ser la de una persona común: jeans, camiseta o sudadera, pero siempre lleva sobre el torso un chaleco negro que porta, en letras visibles, las palabras “POLICE” e “IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT”. También pueden identificarse con las siglas “HSI” (Homeland Security Investigations), “ERO” (Enforcement and Removal Operations), “CBP” (Customs and Border Protection) o “Border Patrol”, según su división federal.

En contraste, los oficiales del sheriff, pertenecientes a agencias locales del condado, visten camisas claras, pantalones de uniforme y portan insignias visibles del condado. Normalmente conducen patrullas oficiales equipadas con sirenas y luces. Los agentes de inmigración, por su parte, se movilizan en vehículos sin identificación visible, como vans blancas sin luces ni sirenas.

La abogada entrevistada por Primer Impacto aconseja observar cuidadosamente qué ropa llevan y qué emblemas muestran antes de abrir la puerta. “Un agente de inmigración no tiene por qué entrar a su casa sin una orden judicial firmada por un juez”, señala. Si la orden no es válida, la recomendación es no abrir ni hablar.

ICE actúa bajo leyes federales y el sheriff solo puede detener si existe un acuerdo formal

La jurisdicción también marca una separación crítica. ICE es una agencia federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con la tarea de aplicar leyes migratorias. Sus agentes realizan arrestos, redadas, interrogatorios y traslados a centros de detención bajo leyes federales.

Por otro lado, el sheriff es un funcionario electo del condado con autoridad sobre asuntos locales. Su mandato incluye seguridad pública, patrullaje y detenciones conforme a leyes estatales o locales. Aunque puede detener a una persona por delitos comunes, no tiene competencia para actuar como agente de inmigración salvo que exista un convenio específico con el gobierno federal.

Estas son las principales diferencias entre ambas autoridades, según lo informado por Primer Impacto:

• Jurisdicción: los agentes de inmigración tienen competencia federal y pueden actuar en todo el país. Los sheriffs solo tienen autoridad a nivel local o condal.
• Uniforme: los agentes federales suelen vestir ropa oscura o de civil, con chalecos donde aparecen siglas como ICE, HSI, ERO, CBP o Border Patrol. Los alguaciles visten camisas claras con insignias propias del condado.
• Vehículos: los federales se transportan en camionetas o vans blancas, sin sirenas ni luces visibles. Los sheriffs usan patrullas oficiales del condado, con luces y rotulación policial.
• Competencia: los agentes de inmigración hacen cumplir leyes migratorias federales. Los sheriffs hacen cumplir leyes locales y estatales.

Uno de los programas de colaboración más controvertidos entre ambos niveles es el 287(g), que permite a ciertos alguaciles actuar junto a ICE. Este mecanismo ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos civiles, al considerar que fomenta perfiles raciales y afecta de forma desproporcionada a comunidades latinas.

Saber cómo reaccionar ante una visita de ICE puede evitar consecuencias legales graves

Primer Impacto subraya que, ante cualquier visita de un agente de inmigración, es importante mantener la calma y no abrir la puerta sin confirmar la existencia de una orden judicial válida. Un dato clave: las órdenes de deportación administrativas, firmadas por agentes de ICE, no son suficientes para entrar a una vivienda. Solo una orden firmada por un juez tiene valor legal para ese fin.

Los inmigrantes no están obligados a responder preguntas sobre su estatus legal ni a firmar ningún documento en ese momento. También tienen derecho a pedir hablar con un abogado antes de ofrecer cualquier tipo de información. Estos derechos se aplican independientemente del estatus migratorio.

Los expertos legales recomiendan documentar lo ocurrido, anotar nombres, tomar fotografías o videos —si es posible— y contactar inmediatamente a un abogado de inmigración. Conocer los derechos es la única defensa posible en un entorno donde los errores pueden terminar en deportación.

La colaboración entre alguaciles y agentes de inmigración intensifica el temor comunitario

En algunos condados de Estados Unidos, los oficiales del sheriff actúan como si fueran parte de ICE. Esto ocurre en jurisdicciones donde hay acuerdos de cooperación activa, como el mencionado 287(g), pero para muchas familias, estas colaboraciones se traducen en redadas en centros de trabajo, detenciones arbitrarias y deportaciones aceleradas.

La confusión se vuelve aún más crítica cuando un oficial del sheriff detiene a una persona por una infracción menor, como no usar una luz direccional al manejar, y luego la retiene por motivos migratorios. Según expertos citados en Primer Impacto, esto no es legal si no hay una base firme, como una orden de arresto emitida por una autoridad judicial.

La preocupación de las organizaciones pro inmigrantes no es nueva. Diversos grupos han documentado cómo esta mezcla de competencias puede vulnerar derechos civiles básicos, especialmente entre quienes desconocen el idioma o no comprenden el sistema legal estadounidense.

El incidente, que involucró una persecución y una tensa espera de más de una hora, culminó con el uso de un lazo para sacar al hombre del agua, según se observa en imágenes de cámaras corporales difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce (PCSO).

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, vecinos alertaron a las autoridades sobre un hombre que estaba corriendo tras su padre con una motosierra en el patio de una vivienda. Además, el sujeto habría estado amenazando tanto a su padre como a su madre, lo que generó una rápida respuesta policial. Las imágenes publicadas en el canal de YouTube de la Oficina del Sheriff muestran cómo el hombre, al notar la llegada de los agentes, se lanzó a un estanque cercano con la motosierra en mano.

Cómo la policía utilizó un lazo para atrapar a un hombre que blandía una motosierra

El video revela que el hombre permaneció en el agua durante más de una hora, negándose a salir pese a los intentos de los oficiales por persuadirlo. Finalmente, los agentes utilizaron un lazo para sujetarlo y arrastrarlo hasta la orilla. Una vez fuera del estanque, el hombre fue esposado y trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica relacionada con problemas de salud mental, según informó la Oficina del Sheriff.

Aunque las autoridades no revelaron la identidad del hombre, el caso ha generado atención debido a la inusual intervención policial y el uso de un lazo para resolver la situación. El video del incidente, que fue difundido públicamente, muestra el momento exacto en que los oficiales logran controlar al hombre tras una prolongada espera en el estanque.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce no proporcionó detalles adicionales sobre el estado de salud del hombre o sobre posibles cargos legales derivados del incidente. Sin embargo, el caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades al manejar situaciones que involucran tanto amenazas de violencia como problemas de salud mental.

Otras detenciones en el condado de Pierce

Los agentes del condado de Pierce se esfuerzan continuamente para ejercer la ley en su jurisdicción. Recientemente, informaron sobre el arresto de dos adolescentes, en relación con una serie de robos armados consecutivos en el condado.

Los sospechosos, de 17 y 18 años, fueron detenidos mientras cometían el tercer asalto de la noche, poniendo fin a una peligrosa ola de crímenes. Según informó la oficina del sheriff local, los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 p.m. y se desarrollaron en tres ubicaciones diferentes en un corto período de tiempo.

El primer incidente tuvo lugar en el estacionamiento de Paradise Lanes Bowling Alley, ubicado en Pacific Avenue. Testigos relataron que los dos adolescentes estaban merodeando un vehículo cuando fueron confrontados por un hombre. En respuesta, los sospechosos lo amenazaron con armas de fuego, obligándolo a entregar pertenencias de su automóvil. Antes de huir, dispararon un tiro hacia la víctima, aunque no se reportaron heridos en este ataque, según detalló la oficina del sheriff.

Una semana ajetreada para la Oficina del Sheriff

Minutos después, los mismos adolescentes atacaron a dos jóvenes de 15 años que circulaban en bicicleta. Las víctimas fueron golpeadas con una pistola y despojadas de sus teléfonos móviles, según el informe oficial. Mientras los agentes entrevistaban a los adolescentes agredidos, los sospechosos ya estaban perpetrando un tercer robo en una gasolinera ARCO, situada en la intersección de 112th Street South y Steele Street.

En este último asalto, una mujer de 38 años fue abordada mientras estaba sentada en su vehículo. Uno de los sospechosos ingresó al asiento trasero del automóvil, que estaba sin seguro, y la amenazó con dos armas apuntándole a la cabeza. La víctima entregó aproximadamente 50 dólares en efectivo antes de que los agentes llegaran al lugar. Los oficiales lograron detener a los sospechosos justo cuando uno de ellos salía del vehículo de la mujer.

Durante el arresto, los agentes observaron un arma de fuego a simple vista dentro del automóvil de los sospechosos, lo que llevó a la incautación del vehículo para obtener una orden de registro. Según las autoridades, ambos adolescentes enfrentan múltiples cargos graves, incluidos tres por robo a mano armada, dos por asalto en primer grado, robo desde un vehículo, vandalismo y posesión ilegal de armas de fuego. Además, podrían añadirse más cargos dependiendo de los resultados del registro del vehículo.

La oficina del sheriff destacó la rápida actuación de los agentes, quienes lograron conectar los tres incidentes y detener a los responsables antes de que alguien resultara gravemente herido. “Gran trabajo de los agentes al detener esta ola de crímenes de manera eficiente y proteger a la comunidad”, señaló el comunicado oficial.

En una conferencia de prensa realizada en el condado de Brevard, el sheriff Wayne Ivey y el fiscal general del estado, James Uthmeier, dejaron claro que cualquier acto de violencia o desorden será enfrentado con medidas severas, incluyendo el uso de fuerza letal si es necesario.

Según una declaración realizada en una conferencia de prensa, el sheriff Ivey declaró que cualquier intento de vandalismo, agresión o confrontación con las fuerzas del orden será respondido con firmeza. “Te mataremos. Muerto y enterrado”, afirmó el funcionario, utilizando una expresión que subraya la gravedad de su advertencia.

Ivey anunció castigos más severos para quienes lideren manifestaciones violentas

Advirtió que quienes lancen objetos peligrosos, como ladrillos o bombas incendiarias, o apunten armas contra los agentes, enfrentarán consecuencias fatales. “Notificaremos a tu familia dónde recoger tus restos”, añadió, en un mensaje que ha generado tanto apoyo como preocupación en diversos sectores.

“Si huyes al momento del arresto, vas a ir a la cárcel. Cansado, porque te vamos a perseguir y te vamos a meter en la cárcel” declaró el funcionario.

Ivey también aclaró que si se rodea un automóvil en grupo en el condado de Brevard, impidiendo que el conductor se marche, seguramente terminarán siendo atropellados y posteriormente arrestados por las autoridades.

El fiscal general Uthmeier respaldó estas declaraciones, recordando la vigencia de la ley estatal contra disturbios, promulgada durante la administración del gobernador Ron DeSantis en respuesta a las protestas de 2020.

Entre las medidas anunciadas por el sheriff Ivey, se incluye el arresto inmediato de quienes bloqueen vías públicas o desobedezcan órdenes legales. También advirtió que cualquier agresión física o verbal contra los agentes podría resultar en hospitalización del detenido, además de cargos penales.

El discurso de Ivey ha sido recibido con aplausos por sectores conservadores y defensores del orden público, quienes consideran que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, como la ACLU y Human Rights Watch, han expresado su preocupación por el tono beligerante de las declaraciones y la posibilidad de que estas políticas incentiven abusos policiales. Según estas organizaciones, la retórica utilizada podría disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho legítimo a la protesta pacífica.

En paralelo, las autoridades de Florida también han anunciado nuevas medidas para proteger a los agentes de inmigración de ICE y a sus familias, en respuesta al aumento de amenazas y actos de vigilancia no autorizada, conocidos como doxing.

Entre las acciones destacadas se encuentra la designación de un enlace estatal para ICE, el agente Anthony Coker, y la implementación de un protocolo de denuncia rápida que incluye patrullas y vigilancia en los domicilios de los agentes.

El senador por Florida comparó su estado con California

El senador por Florida, Rick Scott, también se sumó al respaldo hacia las declaraciones del sheriff Ivey, publicando un video en la red social X. En su mensaje, Scott afirmó: “Si se pregunta por qué las tasas de delincuencia son más bajas en Florida que en California, la respuesta es esta: somos un estado de ley y orden que no toma a la ligera las amenazas a las fuerzas del orden”.

El enfoque de Florida en torno a la seguridad y el orden público ha sido una constante en los últimos años, consolidándose como una estrategia de comunicación que enfatiza el uso justificado de la fuerza para mantener el control.

Sin embargo, este enfoque ha generado un intenso debate sobre los límites entre la seguridad pública y los derechos civiles, especialmente en un contexto de creciente polarización política en el país. A medida que se acercan las manifestaciones nacionales, el estado se encuentra nuevamente en el centro de la discusión sobre el papel de las fuerzas del orden y el equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad ciudadana.

Se registran protestas a lo largo de todo el país

Desde el viernes, en diferentes ciudades del país se han llevado a cabo protestas en contra de los operativos de ICE en Los Ángeles, algunos de los cuales han terminado en disturbios y arrestos de los agitadores violentos.

¿Qué fue lo que dijo el sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey?

A continuación, la declaración textual del sheriff Wayne Ivey:

“Voy a desglosarlo para ustedes, ¿de acuerdo? Y si alguien quiere saber a qué me refiero con volverse violento, esto es lo que quiero decir:

Si desobedeces órdenes legales, vas a ir a la cárcel. Quiero ser muy claro con eso.

Si bloqueas una intersección o una carretera en el condado de Brevard, vas a ir a la cárcel.

Si huyes al momento del arresto, vas a ir a la cárcel. Cansado, porque te vamos a perseguir y te vamos a meter en la cárcel.

Si intentas rodear un automóvil en grupo en el condado de Brevard, impidiendo que el conductor se marche, en nuestro condado lo más probable es que te atropellen y te arrastren por la calle.

Si nos escupes, vas al hospital y luego a la cárcel.

Si golpeas a uno de nosotros, vas al hospital y luego a la cárcel, y lo más probable es que uno de nuestros perros grandes y hermosos te muerda.

Si lanzas un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntas con un arma a uno de nuestros agentes, notificaremos a tu familia dónde pueden recoger tus restos. Porque te vamos a matar. Muerto y enterrado. No vamos a jugar con esto. Esto tiene que parar.

Están viendo lo que está ocurriendo allá afuera. Están viendo a oficiales de policía siendo atacados, escupidos, puestos en peligro solo por hacer su trabajo. Están viendo a agentes de ICE siendo atacados por cumplir con su deber. Y están viendo a personas obstruyendo todo esto, interfiriendo con el orden público".

El exsheriff del condado de Osceola, Marcos López, enfrenta graves acusaciones tras ser arrestado el pasado jueves por su presunta participación en una operación de juego ilegal que habría generado más de 21.6 millones de dólares en ganancias ilícitas.

Según informó Fox News, López está acusado de extorsión y conspiración, delitos que, de ser comprobados, lo vinculan directamente con el manejo de una red de apuestas ilegales en Florida Central.

La red de apuestas incluía máquinas tragamonedas, loterías y una “casa de apuestas” operada bajo el nombre de Fusion Social Club, ubicado en Kissimmee.

López utilizó su pisición como sheriff a favor de la red de apuestas ilegales

De acuerdo con las autoridades, López habría recibido hasta 700.000 dólares en pagos personales y contribuciones de campaña provenientes de esta operación ilícita.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) señaló que el exsheriff utilizó su posición para proteger y expandir la organización criminal.

En un comunicado, el comisionado del FDLE, Mark Glass, expresó que López violó la confianza pública y los estándares de integridad esperados de un funcionario electo.

Suspensión, asignación de un sheriff interino y fianza millonaria

Tras su arresto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a López de su cargo y designó a Christopher Blackmon, agente de la Patrulla de Carreteras de Florida, como sheriff interino del condado de Osceola.

López, quien asumió el cargo en noviembre de 2020, se declaró inocente de los cargos durante una audiencia celebrada el viernes.

La jueza Emily Curington fijó una fianza de un millón de dólares, rechazando la solicitud de la defensa de reducirla a 25.000 dólares por cada cargo. Además, se le ordenó entregar su pasaporte, cualquier arma de fuego en su posesión y portar un grillete electrónico en caso de pagar la fianza.

La red de juego y los cómplices del exsheriff

Durante la audiencia, la fiscal Panagiota Papakos presentó una moción para investigar el origen de los fondos que López podría utilizar para cubrir el monto de la fianza, argumentando que el dinero podría estar vinculado a actividades ilícitas. Asimismo, mencionó los vínculos del acusado con Puerto Rico, aunque la defensa aseguró que estos no representan un riesgo de fuga.

La investigación que llevó al arresto de López comenzó en 2023 y fue liderada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en colaboración con el FDLE. Según las autoridades, la red de juego ilegal operaba principalmente en los condados de Lake y Osceola, y su éxito financiero se atribuye, en parte, al papel activo que López habría desempeñado en su funcionamiento.

Además de López, otras cuatro personas, identificadas como Ying Zhang, Sharon Fedrick, Sheldon Wetherholt y Carol Cote, enfrentan los mismos cargos de extorsión y conspiración. Sin embargo, las autoridades han aclarado que el condado de Osceola como institución no está implicado en la investigación.

La comparecencia de López y su próxima audiencia judicial

El exsheriff compareció ante el tribunal vistiendo el uniforme naranja característico de los centros de detención y escuchó los cargos en su contra, que incluyen crimen organizado y conspiración para cometer crimen organizado. Durante la audiencia, López preguntó cómo iniciar el proceso para el pago de la fianza, lo que sugiere que podría estar considerando reunir los fondos necesarios para su liberación.

La próxima cita judicial de López está programada para el 30 de junio, donde se espera que se presenten más detalles sobre el caso. Mientras tanto, permanece detenido en la cárcel del condado Lake, donde se entregó voluntariamente tras ser notificado de las acusaciones en su contra.

La investigación continúa, y las autoridades buscan esclarecer el alcance total de la operación de juego ilegal y la participación de los implicados.

Una mujer de 27 años, desaparecida durante casi tres semanas en las nevadas montañas de California, fue encontrada con vida en una cabaña remota del Vermilion Valley Resort, ubicado en la Sierra Nevada.

Según informó The Associated Press, el hallazgo ocurrió el miércoles, cuando el propietario del complejo, Christopher Gutiérrez, llegó al lugar para comenzar la reapertura del resort tras el invierno.

La joven, identificada como Tiffany Slaton, salió corriendo de la cabaña en busca de un abrazo, visiblemente emocionada y desorientada.

El descubrimiento de la joven en una cabaña en un resort

De acuerdo con las autoridades, Slaton había sido reportada como desaparecida el pasado 29 de abril por sus padres, quienes no habían tenido noticias de ella durante más de una semana.

La oficina del Sheriff del Condado de Fresno inició una búsqueda intensiva que abarcó más de 1.550 kilómetros cuadrados del Bosque Nacional Sierra, pero las condiciones climáticas adversas, incluyendo intensas nevadas, dificultaron los esfuerzos. El lunes anterior al hallazgo, las autoridades habían anunciado la reducción de la operación de búsqueda.

El descubrimiento de Slaton fue posible gracias a que las quitanieves despejaron un paso de montaña clave, lo que permitió a Gutiérrez acceder al complejo turístico por primera vez en el año.

Según detalló el propietario, las cabañas del resort se habían dejado sin llave durante el invierno como medida de precaución para excursionistas que pudieran quedar atrapados en la zona. Al llegar, Gutiérrez notó una puerta entreabierta y un par de zapatos cerca, lo que lo llevó a inspeccionar el lugar. Fue entonces cuando Slaton apareció, visiblemente afectada pero en condiciones estables, según la información de NBC News.

Las condiciones en que fue encontrada Slaton y la forma en que sobrevivió

En una conferencia de prensa, Gutiérrez describió el momento como “surrealista” y explicó que la joven no sabía cuántos días había estado desaparecida ni si alguien la estaba buscando.

Según el comunicado de las autoridades, Slaton no contaba con provisiones ni equipo adecuado para enfrentar las condiciones extremas de la montaña, donde las temperaturas bajo cero y la altitud superior a los 1.981 metros complican la supervivencia.

Tras ser encontrada, Slaton recibió un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada por parte de Gutiérrez, quien de inmediato contactó a las autoridades. La joven fue trasladada a un hospital para su evaluación médica.

Aunque presentaba signos de hambre y deshidratación, los agentes del sheriff confirmaron que su estado general era bueno. Tony Botti, portavoz del sheriff, calificó la supervivencia de Slaton como un hecho extraordinario, señalando que tres semanas en esas condiciones eran “inauditas” y destacando su fortaleza y capacidad de lucha.

Las declaraciones de las autoridades revelan el lugar de su desaparición

Las autoridades indicaron que Slaton había sido vista por última vez alrededor del 20 de abril cerca del Lago Huntington, a más de 32 kilómetros al suroeste del resort, en un terreno montañoso y accidentado.

Sin embargo, no se han revelado detalles sobre el inicio de su travesía, sus planes o la ruta que tomó para llegar al Vermilion Valley Resort, ubicado entre los parques nacionales de Yosemite y Sequoia/Kings Canyon. Los investigadores planean entrevistarla para obtener más información sobre su experiencia y los métodos que utilizó para sobrevivir en condiciones tan adversas.

Sus padres fueron notificados mientras realizaban compras

En Jeffersonville, Georgia, los padres de Slaton recibieron la noticia mientras realizaban compras. Su madre, Fredrina Slaton, expresó su alivio y emoción al enterarse de que su hija estaba a salvo. “Simplemente agarré a alguien y le dije: ‘¿Puedo abrazarte?’. Y lo hice”, relató entre lágrimas.

Por su parte, el padre de Tiffany, Bobby Slaton, agradeció al equipo de búsqueda y rescate, así como a la comunidad que colaboró en el esfuerzo por localizarla. “Se ha quitado un gran peso de encima”, afirmó.

Los padres de Slaton destacaron que su hija había sido criada con un profundo amor por la naturaleza y con habilidades para enfrentar situaciones difíciles. “Es bueno saber que todo lo que le enseñamos lo puso en práctica”, comentó su madre. Para la familia, este día se convirtió en uno de los momentos más felices de sus vidas, comparable solo con el nacimiento de sus hijos.

“Este es uno de los mejores regalos de cumpleaños que Tiffany podría recibir”, dijo su padre, Bobby Slaton, según informó Newsweek.

El caso de Tiffany Slaton ha generado asombro por la duración de su desaparición y las condiciones extremas que enfrentó. Según informó NBC News, las autoridades continúan investigando los detalles de su travesía y supervivencia, mientras la familia celebra su regreso a salvo.

El incidente tuvo lugar el 16 de febrero de 2025 y fue captado por un dron de la policía. La grabación revela cómo los menores se pasaban el pistola entre ellos y trataban de ocultarla, lo que provocó una rápida intervención de los agentes utilizando armamento no letal.

El caso fue expuesto públicamente por las autoridades el 8 de mayo durante una conferencia de prensa en la que se presentó una nueva iniciativa para reforzar la respuesta ante crisis de salud mental, especialmente entre jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El impactante momento del enfrentamiento armado con dos niños

Según el comunicado oficial, la intervención se realizó gracias al programa de drones de la oficina, que permitió a los agentes monitorear la escena en tiempo real y obtener información crítica para evitar el uso de fuerza letal. La operación fue supervisada también por la Unidad de Salud Mental de BCSO.

“El uso de esta tecnología permitió asegurar el área de manera rápida, evitando así un posible enfrentamiento letal con los menores”, señala el documento.

Funcionarios de la BCSO aprovecharon la oportunidad para exponer la complejidad de la combinación entre crimen juvenil, salud mental y seguridad pública.

“Estamos dando pasos importantes para reducir las lagunas en el sistema y ampliar nuestra capacidad de trabajo con menores involucrados en delitos o situaciones de riesgo”, dijo el sheriff Allen. La medida apunta a mejorar los resultados a largo plazo y reducir la necesidad de intervenciones policiales con potencial uso de fuerza.

Un incidente que acabó sin ningún herido

El caso de los niños armados fue descrito por las autoridades como un ejemplo del complejo cruce entre la delincuencia juvenil, la salud mental y la seguridad pública. Aún no se ha esclarecido cómo los menores obtuvieron el arma de fuego ni si hay adultos bajo investigación.

El sheriff tampoco reveló si se iniciaron cargos penales, pero subrayó que el hecho resalta la urgencia de abordar con seriedad la presencia de armas en manos de menores y la necesidad de una red de contención que involucre salud, familia y educación.

La Oficina del Sheriff reafirmó su compromiso con mejorar las respuestas ante este tipo de crisis. La expansión del uso de drones y el fortalecimiento de unidades como la de salud mental forman parte de una estrategia más amplia para evitar tragedias mediante herramientas tecnológicas y apoyo comunitario.

Después del enfrentamiento armado con los niños, las autoridades trabajan para que su familia cuente con terapia de trauma, servicios médicos, apoyo conductual e incluso tarjetas prepagadas de supermercado, según publicó NBC News.

Cuando la policía acudió al llamado sobre un par de menores de edad jugando con un arma cargada, ya habían acudido al hogar por lo menos 50 veces más por problemas que involucraban a su familia.

El medio estadounidense reportó que el estado de Nuevo México ha sido protagonista de múltiples casos de violencia que involucran a jóvenes, como el de un atropello con fuga en Albuquerque y un tiroteo en Las Cruces en marzo, el cual dejó un saldo de tres muertos y 15 heridos.

El condado de Mahoning, en el noreste de Ohio, ha intensificado su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), al albergar detenidos de esta agencia federal en su cárcel local.

Según informó ABC 5 News Cleveland, esta iniciativa, que ya ha generado ingresos significativos para el condado, forma parte de un esfuerzo más amplio en el estado para abordar la inmigración irregular mediante acuerdos entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales.

El sheriff del condado de Mahoning, Jerry Greene, explicó que la decisión de ofrecer espacio en la cárcel para detenidos de ICE responde principalmente a razones económicas. El condado recibe 125 dólares diarios por cada persona bajo custodia de ICE, lo que podría traducirse en ingresos anuales de hasta 4.5 millones de dólares si se alcanza la capacidad máxima de 100 detenidos.

Actualmente, el centro alberga a 77 personas bajo este acuerdo. Greene señaló que estos fondos permiten financiar las operaciones de la oficina del sheriff y crear un fondo de emergencia, lo que beneficia directamente a los residentes locales.

Expansión de la autoridad migratoria en Ohio

El condado de Mahoning no es el único en Ohio que ha establecido acuerdos con ICE. Según detalló ABC 5 News Cleveland, otras jurisdicciones, como el condado de Portage, han adoptado medidas adicionales bajo el programa federal 287g.

Este programa permite que agentes locales y estatales reciban capacitación para actuar como oficiales de inmigración, ampliando así su autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

El sheriff del condado de Portage, Bruce Zuchowski, expresó en una declaración publicada en redes sociales que, aunque su comunidad no se encuentra en una zona fronteriza, los efectos de la delincuencia vinculada a la inmigración irregular impactan a todo el condado.

En su mensaje, Zuchowski destacó que la participación en el programa 287g fortalece la capacidad de las autoridades locales para identificar, detener y transferir a ICE a personas que se encuentran en el país de manera irregular y que han cometido delitos.

El programa 287g incluye tres modelos de implementación: cumplimiento de la ley en prisión, grupos de trabajo y servicio de órdenes judiciales.

Según explicó la abogada de inmigración Stacy Cozart Martin, estos modelos permiten que los agentes locales asuman responsabilidades que tradicionalmente recaen en las autoridades federales, tras recibir la capacitación correspondiente.

Motivaciones económicas y operativas

En el caso del condado de Mahoning, el sheriff Greene subrayó que la decisión de colaborar con ICE no está motivada por cuestiones ideológicas, sino por la necesidad de aprovechar los recursos disponibles.

La cárcel del condado cuenta con un excedente de espacio, lo que permitió ofrecerlo a ICE como una solución para albergar a detenidos. Greene indicó que, en promedio, el condado registra alrededor de 450 reclusos locales al mes, pero el número de inmigrantes indocumentados detenidos por delitos menores, como conducir sin licencia o robo, es relativamente bajo.

El sheriff también mencionó que, aunque no descarta la posibilidad de ampliar la autoridad migratoria de sus agentes en el futuro, esta decisión dependerá de los beneficios que pueda aportar al condado.

“Sería prácticamente convertir nuestra agencia en un centro de procesamiento. No sé si estamos preparados ni equipados para eso”, afirmó Greene, según consignó ABC 5 News Cleveland.

Impacto en otras comunidades de Ohio

Además de los condados de Mahoning y Portage, el condado de Geauga también mantiene un contrato con el gobierno federal para albergar detenidos de ICE.

Según ABC 5 News Cleveland, esta colaboración ha estado en vigor durante varios años, consolidándose como una práctica común en algunas áreas del noreste de Ohio.

En su declaración, el condado de Portage destacó que la participación en el programa 287g no solo mejora la seguridad pública, sino que también permite a las autoridades locales ser más eficaces en la aplicación de las leyes penales y de inmigración.

“El impacto de la delincuencia no se limita a los pueblos fronterizos y, de muchas maneras, afecta a las comunidades de todo el condado”, afirmó la oficina del sheriff en su comunicado.

Un enfoque pragmático frente a la inmigración irregular

Mientras que algunos condados optan por contratos para albergar detenidos, otros, como Portage, amplían la autoridad de sus agentes mediante programas federales. Según reportó ABC 5 News Cleveland, estas iniciativas han generado tanto apoyo como críticas, en un contexto nacional donde las políticas migratorias siguen siendo un tema de intenso debate.

Por ahora, el condado de Mahoning se centra en maximizar los beneficios de su contrato carcelario con ICE, mientras evalúa cuidadosamente cualquier posible expansión de su rol en la aplicación de las leyes migratorias.

“Para nosotros, simplemente alojar a los reclusos aquí es más una cuestión de situación financiera y de lo que es mejor para nuestros propios residentes”, concluyó Greene.

Keddie era – y todavía es – un pequeño pueblo del condado de Plumas, en California, que alguna vez alguien, en un tiempo que ya está perdido, soñó como destino turístico. Tal vez por eso, tenía un complejo de cabañas y un hotel con bar y restaurante cuya categoría distaba de brillar más de una estrella. Para principios de los ‘80, de ese sueño turístico solo quedaban las ruinas y el centenar de pobladores que habían ido a dar ahí sobrevivían como podían y de lo que fuera. Tampoco la población era muy estable, la mayoría de la gente – casi siempre un fragmento de familias destruidas – llegaba sin que se supiera de dónde, permanecía un tiempo y después partía hacia un destino desconocido que a nadie le importaba. Mientras tanto, encontraban techo por unos pocos dólares en una suerte de camping de casas rodantes que jamás rodaban o en esas cabañas que se deterioraban sin que nadie les hiciera un arreglo. Había también una mala pensión, un almacén con de todo un poco y algunas casas, casi todas de empleados del ferrocarril cuyas vías pasaban cerca. El pueblo no tenía escuela y para estudiar – cuando lo hacían – viajaban unos pocos kilómetros hasta Quincy, la capital del condado, una “ciudad” de dos mil habitantes.

La vida transcurría monótona en Keddie porque durante el día casi todos los habitantes se iban a trabajar a Quincy y los desocupados – la mayoría hombres - dejaban pasar las horas con rutinas ociosas. Más del diez por ciento de la población sobrevivía por debajo de la línea de pobreza. Si se lo miraba solo de manera superficial, parecía un pueblo tranquilo, donde nadie se metía en la vida de los otros. Era difícil descubrir que, por debajo de esa aparente calma, se movían fuerzas subterráneas que si llegaban a chocar podían producir un desastre: rencores personales, infidelidades, triángulos amorosos y hasta negocios con drogas a pequeña escala, como la del propio pueblo. Aún así, nadie podía imaginar que Keddie saldría del anonimato de un día para el otro al convertirse en escenario de uno de los crímenes sin resolver más misteriosos y escalofriantes de Estados Unidos.

Tres cuerpos y una desaparecida

Los asesinatos de Keddie ocurrieron en algún momento de la noche entre el 11 y el 12 de abril de 1981 pero fueron descubiertos recién a las siete de la mañana. Esa fue la hora en que Sheila Sharp, una chica de 14 años, volvió a su hogar, en la cabaña 28 del complejo, después de pasar la noche en la cabaña de los Seabolt, padres de una de sus amigas. Al abrir la puerta descubrió los cadáveres de su madre, Glenna “Sue” Sharp, de 36 años; de su hermano John, de 15 años; y de una amiga del chico, Dana Wingate, de 17 años, que vivía en Quincy pero se había quedado a pasar la noche.

Cuando Sheila entró la cabaña estaba en completo silencio, pero segundos después la chica escuchó unos gritos desesperados que venían de uno de los dos dormitorios. Eran sus tres hermanitos menores, Rick, Greg y Justin. La puerta estaba cerrada con llave y no pudo abrirla. Entonces corrió de regreso a la cabaña de los Seabolt y pidió ayuda. James Seabolt, el padre de la amiga de Sheila, rompió la ventana del dormitorio y ayudó a salir a los tres chicos, que estaban aterrados pero ilesos. En cambio, no encontraron rastros de la otra hija de Sue, Tina, de 12 años. Estaba desaparecida. Era imposible saber si los asesinos se la habían llevado o pudo escapar. Ese misterio demoraría tres años en ser resuelto.

La escena del crimen era brutal. Las tres víctimas estaban atadas con cinta adhesiva y cables arrancados de los electrodomésticos. El cuerpo de Sue estaba tendido de costado en el piso, cerca del sofá, desnudo de la cintura para abajo. La habían amordazado con un pañuelo azul y su propia bombacha, adheridas a su boca con cinta adhesiva. Tenía la garganta cortada y varias heridas de arma blanca en el pecho y en su cabeza se veía la huella de un golpe propinado con la culata de un arma que fue identificada como una pistola Daisy 880 BB. A John También lo habían degollado y Dana tenía múltiples heridas en la cabeza. La chica no tenía el cuello cortado, la habían estrangulado con las manos. Más tarde, las autopsias determinarían que los tres habían muerto a causa de las heridas de arma blanca y de martillazos en la cabeza.

En la sala de la cabaña, la policía encontró un martillo y dos cuchillos ensangrentados. Uno de los cuchillos, de carnicero, estaba doblado a la altura de la mitad de la hoja debido a la fuerza extrema ejercida con él. Había salpicaduras de sangre por todas partes. El teléfono había quedado descolgado, todas las luces se habían apagado, y las cortinas estaban corridas. Se comprobó que la puerta de entrada no había sido forzada, lo que hizo sospechar que Sue o alguno de los chicos conocía al o los asesinos y les había dado acceso a la cabaña.

El relato de Justin

En un primer momento, los tres chicos que habían quedado encerrados en el dormitorio le dijeron al sheriff del condado, Doug Thomas, que no habían visto ni escuchado nada. Los vecinos tampoco ayudaron mucho. Solo uno dejo haber escuchado unos gritos ahogados cerca de la 1.30 de la madrugada, pero que no les dio importancia porque no se repitieron. Otro dijo que vio una camioneta verde estacionada frente a la cabaña alrededor de las 21.30, pero no pudo aportar la marca ni la patente; un tercero habló de un Datsun, pero no pudo dar más precisiones. Los peritos encontraron solo una huella digital que no coincidía con las de los Sharp o las de Dana Wingate, pero no sirvió para identificar a nadie.

Unos días después, el pequeño Justin se contradijo y aseguró que había visto algo, pero que no podía recordar qué. Lo sometieron entonces a una sesión de hipnosis a cargo del doctor Jerry Dash, psicólogo del Hospital de Niños de Los Ángeles, y en su transcurso Justin reveló que había escuchado gritos y ruidos extraños en la sala mientras estaba viendo televisión con sus hermanos en el dormitorio, que entonces fue a la sala y vio a su madre discutiendo con dos hombres. Uno de ellos tenía bigotes y el pelo corto, el otro tenía el pelo largo y la cara afeitada. Dijo también que en ese momento entraron a la casa su hermano John y su amiga Dana y empezaron a pelear con los hombres, y que su hermana Tina entró poco después pero que uno de los intrusos la sacó por la puerta trasera de la cabaña.

Con las descripciones de Justin, el dibujante forense Harlan Embry hizo dos identikits que fueron publicados en los medios. El texto que los acompañaba los describía como hombres de entre 20 y 30 años. Uno de ellos con una estatura entre 1,80 y 1,88 metros y pelo rubio oscuro; el otro de entre 1,68 y 1,78. Los dos llevaban anteojos oscuros.

Hipótesis y sospechosos

Los identikits no se parecían a nadie conocido en el pueblo, lo que llevó rápidamente a un callejón sin salida. Si eran gente de paso y la única huella digital que habían dejado no servía para identificar a nadie, sería imposible dar con los asesinos. Al sheriff Thomas, que quedó a cargo de la investigación, no le quedó otra alternativa que investigar los rumores que comenzaban a correr.

Uno de ellos apuntaba al ex marido de Sue, James, a quien la mujer había abandonado dos años antes, hasta de ser maltratada. Escapando de él llegó a Keddie, donde primero vivió en una casa rodante y después consiguió alquilar la cabaña. James había visitado poco antes el pueblo, buscando una imposible reconciliación con Sue, que lo echó sin contemplaciones. Si eso lo había llevado a matar a su mujer y a uno de sus hijos, era una posibilidad que era necesario explorar, pero de haber sido su padre uno de los asesinos, Justin tendría que haberlo reconocido y después se comprobó que la noche de los asesinatos el hombre estaba en su casa, en Carolina del Norte.

Otro sospechoso que estuvo en la mira de la policía fue Martin Smartt, que vivía con su mujer en la cabaña 26, muy cerca de la 28 que habitaba Sue con sus hijos. Sobre él corrían dos versiones que, según se las mirara, podían ser coincidentes o contradictorias. Una de ellas decía que Sue le había aconsejado a Marilyn, la esposa de Martin, que lo abandonara porque no debía soportar más sus maltratos; la otra, que Martin era en realidad amante de Sue y que la pareja había tenido una fuerte discusión la noche del 11 de abril y que Martin había matado a su novia clandestina. Los interrogatorios de Martin y de Marilyn tampoco llevaron a ningún lado. Poco después, el matrimonio se separó y el hombre se fue del pueblo. Meses más tarde le mandó una enigmática carta a su ex mujer, que se la entregó a la policía. Allí, entre otras cosas, Martin le escribía: “He pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con las vidas de cuatro personas, dime que se acabó. ¡Genial! ¿Qué más querés?”. Llamativamente, al sheriff Thomas esas palabras no le despertaron ninguna sospecha. Para él, que el hombre hubiera superado la prueba del detector de mentiras a la que había aceptado someterse en los días posteriores al crimen era suficiente para descartarlo definitivamente.

Una última versión aseguraba que Sue Sharp y su hijo John eran un daño colateral en el triple crimen y que el verdadero objetivo era Dana Wingate. Decía que la chica, que no vivía en el pueblo sino en Quincy vendía drogas al menudeo entre sus amigos y compañeros de colegio y que se había quedado con algún dinero – o quizás droga – de sus proveedores y que estos habían decidido matarla. La noche del 11 de abril la siguieron hasta la cabaña de los Sharp a bordo de la camioneta verde o del Datsun que habían sido vistos frente a la vivienda, entraron y mataron a los tres para no dejar testigos. Si habían encerrado a los más chicos en lugar de asesinarlos se debía a que creyeron que, por su edad, no podrían identificarlos. El sheriff Thomas también descartó esa línea de investigación.

Durante los dos años siguientes, varias personas fueron interrogadas como sospechosas, pero ninguna quedó detenida. Se llegó a decir incluso – sin ninguna prueba - que los crímenes podían ser obra de dos asesinos en serie famosos de la época, Henry Lee Lucas y Ottis Toole.

El cadáver de Tina

Otro misterio sin resolver era el paradero de Tina, la hija de 12 años de Sue Sharp, supuestamente vista por última vez por su hermano Justin cuando uno de los asesinos la sacaba de la cabaña por la puerta trasera. Al ser declarada “desaparecida” su búsqueda estuvo en un primer momento a cargo del FBI, sin que se lograra ningún resultado a pesar de que se hizo una intensiva exploración de decenas de kilómetros alrededor del pueblo.

El 22 de abril de 1984, tres años y once días después de los homicidios, un hombre encontró restos de un cráneo humano y parte de una mandíbula en Camp Eighteen, muy cerca de Feather Falls en el condado de Butte. Dijo que estaba buscando botellas desechadas para venderlas y que se topó con los huesos. Poco después de anunciar el descubrimiento, la Oficina del Sheriff recibió una llamada anónima de un hombre que dijo que los restos pertenecían a Tina, lo que fue confirmado por el patólogo forense. Cerca de los restos, la policía encontró una manta para niños, una campera de nailon azul y unos vaqueros Levi’s que fueron reconocidos como de la chica, así como el resto de un rollo de cinta de embalar. El triple crimen se convirtió así en cuádruple, pero no se avanzó ni un paso en su resolución.

¿Negligencia o algo más?

Los crímenes de la cabaña 28 y la desaparición seguida de muerte de Tina Sharp se convirtieron en un “cold case”, es decir, un caso que continuaba abierto, pero en la práctica se dejó de investigarlos. El sheriff Dough Thomas se jubiló, aunque siguió hablando del caso, incluso en un documental, donde aseguró que había hecho todo lo posible por encontrar a los culpables y que se sentía “frustrado” por haber fracasado.

Fue reemplazado en el cargo por Greg Hagwood, un hombre de la misma edad de John Sharp, con quien compartió las aulas la escuela de Quincy. Quizás por eso, poco después de asumir decidió retomar la investigación con la ayuda de Mike Gamberg, un detective retirado que conocía a fondo el caso. Lo primero que descubrieron Hagwood y Gamberg fue una serie de fallas en la investigación realizada por Thomas. Al ponerlas todas juntas sobre la mesa no les quedó más remedio que preguntarse si su predecesor no las había cometido a propósito por alguna extraña razón.

El primer sospechoso del caso, Martin Smartt, muerto de cáncer en 2000, nunca fue interrogado por la carta que le había enviado a su mujer donde prácticamente confesaba los cuatro crímenes. El sheriff tampoco había tenido en cuenta el testimonio de una vecina del complejo de cabañas, que dijo haber visto a Martin y a su amigo John “Bo” Boubede, un hombre con prontuario criminal, cerca de la cabaña de la familia Sharp la noche del crimen. Boubede, muerto en 1988, fue detenido por Sharp, pero lo liberó después de interrogarlo superficialmente.

El sheriff tampoco interrogó a fondo al hombre que halló los restos de Tina en un lugar de difícil acceso. No tuvo en cuenta – o ignoró de manera deliberada – que la excusa de estar buscando botellas para venderlas dada por el sujeto era ridícula: no se buscan botellas, ni ningún otro objeto de descarte, en una zona no poblada. Thomas nunca le preguntó qué hacía realmente allí ni si alguien le había dicho que llamara a la policía.

Hagwood y Gamberg hicieron un descubrimiento todavía más llamativo: en una caja perdida en el depósito de la oficina del sheriff encontraron un casete con la grabación del mensaje anónimo que había identificado los restos denunciados por el botellero como pertenecientes a Tina Sharp. No estaba incorporado a la investigación y Thomas nunca había mencionado su existencia. Tampoco había incluido como evidencia un martillo encontrado en un pozo seco poco después de los crímenes y que pudo haber sido utilizado para cometerlos.

Cuando el nuevo sheriff y su ayudante hicieron todos estos descubrimientos corría 2017 y habían pasado más de 35 años de la noche de los crímenes. Desde entonces y hasta ahora no pudieron avanzar un paso más. La verdad sobre “los crímenes de la Cabaña Keddie”, como se los conoce, sigue siendo un misterio donde la mala praxis policial y el paso del tiempo han sido los principales cómplices de los asesinos.

La búsqueda de Tyler Goodrich, quien desapareció el 3 de noviembre de 2023 en Lincoln, Nebraska, concluyó trágicamente el pasado sábado 8 de marzo de 2025, cuando las autoridades localizaron su cuerpo en un área boscosa cerca de su hogar.

Según informó NBC News, la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster recibió un aviso sobre una persona fallecida alrededor de las 9:43 horas, lo que llevó al hallazgo de los restos del hombre desaparecido.

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster, Ben Houchin, el cuerpo fue encontrado en una zona arbolada próxima a la autopista 77, cerca de West Pioneers.

Los restos estaban a una distancia de entre 9 y 14 metros de la carretera y a aproximadamente 885 metros de la residencia de Goodrich. Las autoridades creen que el cuerpo había permanecido en ese lugar durante más de un año.

En una conferencia de prensa realizada el lunes 10 de marzo, Houchin confirmó que los restos pertenecían a Tyler Goodrich, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de 2023.

Según detalló, los hallazgos preliminares no sugieren que se trate de un homicidio y no se encontraron armas en la escena. Asimismo, aseguró que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública.

Una búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor

La desaparición de Tyler Goodrich fue ampliamente difundida gracias a los esfuerzos de su familia, amigos y la comunidad.

NBC News había dado seguimiento al caso desde finales de 2023 a través de su serie en línea “Missing in América” y posteriormente, en la tercera temporada del pódcast “Dateline: Missing in America”, conducido por Josh Mankiewicz.

Durante una entrevista inicial con NBC News, el padre de Tyler, Lonnie Goodrich, expresó su deseo de obtener respuestas y cerrar este doloroso capítulo.

“Tienen que suceder dos cosas: su cuerpo debe ser recuperado o alguien debe confesar”, dijo en aquel momento. “Rezo por eso todos los días, cada noche, cientos de veces al día”.

El esposo de Tyler, Marshall Vogel, también compartió su devastación tras el hallazgo. En un mensaje enviado a NBC News, describió a Tyler como “un esposo, un padre amoroso y un amigo de muchos”.

Vogel agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y la comunidad, quienes participaron activamente en la búsqueda, distribuyeron volantes y mantuvieron la esperanza de encontrarlo.

“Nuestro agradecimiento va a la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster, a otras agencias colaboradoras y especialmente al diputado Jeremy Schwarz. Las palabras no pueden expresar nuestro agradecimiento hacia todos ustedes”, escribió.

Un esfuerzo colectivo para encontrar respuestas

La comunidad desempeñó un papel crucial en la búsqueda de Tyler Goodrich. Según reportó NBC News, el área boscosa donde se encontraron los restos ya había sido explorada previamente por voluntarios. Sin embargo, no fue hasta el pasado sábado que se logró localizar el cuerpo.

Rachel Barth, amiga cercana de Tyler, fue una de las principales impulsoras de los esfuerzos para encontrarlo. En un mensaje compartido con NBC News, Barth, junto con otra amiga, Amanda Meyer, expresó su dolor y alivio tras el hallazgo.

“Durante los últimos 16 meses, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para encontrarlo y obtener respuestas. Aunque todavía no sabemos qué ocurrió, estamos abrumados por el dolor, la tristeza y un sentido de alivio al saber que ha sido encontrado”, señalaron.

Barth también destacó el impacto que tuvo la historia de Tyler en miles de personas y agradeció el apoyo recibido.

“Uno de nuestros objetivos era que Tyler se convirtiera en un nombre conocido y compartir con el mundo un atisbo de la increíble persona que fue. Extrañaremos para siempre a nuestro hermoso amigo pelirrojo, corredor de maratones y obsesionado con los postres”, añadió.

Investigación en curso y privacidad para la familia

Aunque las autoridades han descartado preliminarmente un acto criminal, la investigación sigue abierta. Según informó NBC News, se programó una autopsia para el lunes 10 de marzo con el objetivo de realizar pruebas forenses adicionales que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Tyler Goodrich.

El jefe adjunto Houchin expresó sus condolencias a la familia y agradeció a todas las personas que participaron en la búsqueda. “Quiero enviar nuestras condolencias y más profunda simpatía a la familia de Tyler y a sus seres queridos en este momento increíblemente difícil”, dijo.

Por su parte, Marshall Vogel solicitó privacidad para él y su familia mientras enfrentan el duelo. “Pedimos comprensión y espacio para recordar a la maravillosa persona que fue Tyler”, expresó.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster ha instado a cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso a comunicarse al número 402-441-6500.

El sheriff del condado de St. Johns en Florida, Robert Hardwick, ha intensificado la cooperación con las autoridades federales de inmigración para identificar y detener a migrantes en situación irregular, particularmente aquellos con antecedentes criminales. A través del programa 287(g), su departamento trabaja estrechamente con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) para aplicar las leyes migratorias en Florida.

“Los agentes están en la Interstate 95, colaborando con ICE, ERO (Enforcement and Removal Operations) y Customs and Border Patrol, no solo para hacer cumplir las leyes de inmigración, sino también para combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y la posesión ilegal de armas”, dijo Hardwick en una entrevista con Fox News.

Este enfoque responde a una estrategia más amplia impulsada por el gobernador Ron DeSantis, cuyo gobierno firmó recientemente un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. para fortalecer la aplicación de leyes migratorias en Florida, convirtiéndose en el segundo estado en formalizar dicho convenio.

Control migratorio en Florida: detenciones diarias y nueva tecnología

El condado de St. Johns, sede de la ciudad más antigua de Estados Unidos, ha adoptado un enfoque agresivo en la identificación de migrantes en situación irregular. “Si alguien es detenido por una infracción de tránsito y no puede proporcionar una licencia válida, nuestros agentes lo llevarán a la cárcel del condado”, explicó Hardwick a Fox News.

En el centro de detención, los sospechosos son sometidos al sistema IAQ (Immigration Alien Query), que verifica su estatus migratorio y la existencia de órdenes de deportación u órdenes de arresto. “Utilizamos IAQ casi todos los días y encontramos detenciones casi a diario”, agregó el sheriff. Para mejorar la detección de individuos con antecedentes criminales o estatus migratorio irregular, el condado ha implementado lectores de placas vehiculares en sus fronteras norte y sur. “En promedio, estamos detectando entre 17 y 22 vehículos al día con alertas por robo, órdenes de arresto o deportación”, afirmó Hardwick.

La estrategia del sheriff Hardwick incluye reuniones semanales con funcionarios estatales, locales y federales. “Todos los viernes a las 2 p.m., nos reunimos para analizar los casos de los criminales más peligrosos en Florida y en nuestra zona inmediata”, detalló en Fox News. El mensaje del sheriff es contundente: “Si tienes una orden de arresto, ya sea que seas un migrante en situación irregular o un ciudadano estadounidense, te encontraremos y te haremos responsable de tus acciones”.

Florida ha intensificado su estrategia migratoria bajo la administración de DeSantis, con medidas que incluyen la prohibición de emitir identificaciones estatales para migrantes sin documentos, la obligatoriedad de que los hospitales informen el estatus migratorio de los pacientes y sanciones a empresas que empleen trabajadores indocumentados.

El papel de la política en la aplicación de leyes migratorias

El sheriff Hardwick también hizo referencia a la postura del presidente Donald Trump sobre la inmigración, señalando que el mandatario “ha sido muy claro en que la inmigración es su prioridad número uno”. En ese sentido, indicó que su oficina se prepara para cualquier cambio en la política migratoria federal. Sin embargo, Hardwick reconoció que el control migratorio enfrenta desafíos logísticos: “Solo tenemos 1.500 camas para deportaciones en todo el estado de Florida, mientras que hay más de 23 millones de residentes. Nuestra labor es rastrear y expulsar a los que tienen órdenes de arresto”.

El endurecimiento de la política migratoria en Florida forma parte de una tendencia más amplia en varios estados republicanos, que han buscado fortalecer la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales. La firma del reciente acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional es un reflejo de esta estrategia. Hardwick subrayó que su departamento no seguirá el “status quo” en la aplicación de la ley. “Tenemos que pensar de manera diferente, innovar en nuestra labor y garantizar que todos los sheriffs trabajen con nuestros socios federales”, sostuvo en Fox News.