El equipo moldavo consiguió superar al conjunto español por 2-1, resultado que fue considerado la derrota más inesperada sufrida por el club con más títulos en la historia de la Liga de Campeones. Sobre el césped, jugadores de renombre como Karim Benzema, Vinícius Junior y Eden Hazard defendían la camiseta del conjunto blanco, mientras que en el Sheriff destacaron Dulanto y el brasileño Cristiano Da Silva.

Y justamente, el lateral izquierdo acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal. El jugador de 32 años se convirtió en tercer fichaje de los rimenses de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Con su incorporación, la directiva cierra prácticamente su cupo de extranjeros: Santiago González (argentino), Gustavo Cazonatti (brasileño), Felipe Vizeu (brasileño), Gabriel Santana (brasileño), Juan Cruz González (argentino) y Cristiano Da Silva (brasileño)

“¡Bienvenido al Rímac, Cristiano Da Silva! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador brasileño Cristiano Da Silva Leite para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes.¡A defender la gloriosa Celeste con todo!“, publicó la escuadra del Rímac en sus redes sociales.

La trayectoria de Cristiano Da Silva

Cristiano Da Silva inició su trayectoria profesional en 2014 con CRB y, posteriormente, militó en equipos como Vitória-PE,Murici,Bonsucesso,Criciúma y Volta Redonda. Su salto al fútbol europeo se dio con el fichaje por el FC Sheriff, donde vivió la histórica noche en Madrid.

Tras su paso por Moldavia, regresó a Brasil para formar parte de Fluminense en 2022, luego jugó cedido en Chapecoense y, más adelante, firmó por Goiás. En la presente temporada defendió los colores de Operario en la Serie B, acumulando 22 partidos y una asistencia, aunque su equipo no logró acercarse a los puestos de ascenso.

Defensa renovada de Sporting Cristal

La incorporación de Cristiano da Silva responde a la necesidad de cubrir la vacante dejada por Nicolás Pasquini, y el arribo de Juan Cruz González está orientado a ocupar la posición que deja Jhilmar Lora. Ambos jugadores se proyectan como opciones principales para el arranque de la Liga 1 2026, mientras que en la zaga central se espera que Miguel Araujo y Luis Abram asuman la titularidad, respaldados por su experiencia y liderazgo en el sector defensivo.

De este modo, el club presentará una línea posterior renovada, sumando como alternativa a Rafael Lutiger, quien recientemente extendió su vínculo contractual con la institución, pese a las versiones que lo vinculaban con un posible traspaso a Alianza Lima.

La trayectoria de Da Silva, marcada por su paso por el fútbol europeo y diversos equipos en Brasil, será puesta a prueba en la banda izquierda rimense con la expectativa de consolidarse como titular indiscutible. La directiva apuesta a que, con este refuerzo, el club logre finalmente acertar en la elección de sus incorporaciones extranjeras para la temporada 2026. El objetivo inmediato va más allá de buscar protagonismo internacional: el principal desafío es poner fin a un periodo de cinco años sin títulos en la Liga 1.

El sheriff Steven W. Tompkins, titular del Departamento del Sheriff del condado de Suffolk, fue arrestado y enfrenta cargos federales de extorsión, según la Fiscalía del Distrito de Massachusetts. De acuerdo con la acusación formal, Tompkins, de 67 años, está imputado por dos cargos de “extorsión bajo el color de derecho oficial” tras supuestamente usar su posición para obtener ventajas financieras de una empresa de cannabis con sede en Boston. La detención se realizó en el Distrito Sur de Florida, y se anunció que tendría su primera comparecencia ante un tribunal federal este viernes 8 de agosto.

Las autoridades federales informaron que, desde 2019, una empresa identificada como “Company A” buscaba el permiso estatal para abrir un dispensario de cannabis en Boston. La empresa debía asociarse con instituciones locales como parte de los requisitos regulatorios. Para ello, estableció un convenio con el SCSD para recibir candidatos procedentes de su programa de reinserción, como confirmó la carta de aprobación firmada por Tompkins en septiembre de 2019 y remitida a la Massachusetts Cannabis Control Commission.

El proceso de obtención y renovación de la licencia incluyó la reiterada referencia al convenio con el SCSD en la documentación oficial. Una vez superada la etapa de permisos, Company A preparó una oferta pública inicial y buscó inversionistas institucionales y de alto perfil, nunca pequeños inversionistas individuales, según los expedientes judiciales difundidos este viernes.

Cargos y transacciones financieras

Según los documentos federales presentados, Tompkins presionó a un ejecutivo identificado como “Individual A” para obtener acciones de la empresa, recordando su papel en la ayuda para conseguir la licencia. El ejecutivo manifestó temor a que Tompkins pudiera usar su cargo para perjudicar la alianza estratégica y, por tanto, la vigencia de la licencia y la salida a bolsa de la empresa. En noviembre de 2020, Tompkins realizó una transferencia de 50.000 dólares desde su cuenta de retiro al ejecutivo, obteniendo acciones a precio previo a la salida a bolsa. Adquirió 28.883 acciones a 1,73 dólares cada una, equivalentes posteriormente a 14.417 acciones tras una división inversa de valores.

En el lanzamiento público de las acciones a mediados de 2021, el precio llegó a 9,60 dólares por título, con lo que la inversión inicial de Tompkins aumentó de valor hasta aproximadamente 138.403 dólares. Sin embargo, con la caída del precio de las acciones en mayo de 2022, el capital de Tompkins descendió a una suma inferior a los 50.000 dólares originales. Según la acusación, Tompkins exigió entonces la devolución íntegra del importe invertido, a lo que el ejecutivo accedió. Entre mayo de 2022 y julio de 2023, Tompkins habría recibido cinco cheques por el monto, algunos de ellos con el concepto “pago de préstamo” o como “gasto de la empresa” para ocultar la verdadera naturaleza de la operación, según la fiscalía.

Reacciones oficiales y marco legal

La fiscal federal Leah B. Foley señaló que “los funcionarios electos, especialmente quienes forman parte de las fuerzas de seguridad, deben ser éticos, honestos y respetuosos de la ley; no servirse a sí mismos”, y afirmó que perseguirán cualquier caso de corrupción pública. Por su parte, el agente especial a cargo de la FBI – División Boston, Ted E. Docks, sostuvo que “lo que el sheriff consideró una oportunidad fácil de enriquecimiento es corrupción clara bajo la ley federal” y enfatizó que los funcionarios públicos deben regirse por los más altos estándares. La pena máxima por cada cargo es de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

Tompkins lidera un cuerpo de aproximadamente 1.000 empleados y fue nombrado sheriff en 2013, ganando elecciones en años posteriores. La acusación indica que Tompkins se valió de su influencia institucional para conseguir beneficios personales relacionados con la oportunidad de inversión en la empresa de cannabis. La Fiscalía subrayó que, hasta que no exista una sentencia judicial, el acusado se presume inocente.

Especialistas de la Oficina del Fiscal Federal, fiscales de la unidad contra la corrupción y representantes del IRS colaboran en la investigación y en el procesamiento del caso. Las autoridades reiteraron que mantienen la lucha contra la corrupción como prioridad en la región.

“Lo que el sheriff vio como una manera fácil de ganar dinero rápido a escondidas es corrupción evidente según la ley federal”. Con esta afirmación, el agente especial Ted E. Docks, responsable de la División de Boston del FBI, sintetizó la gravedad de los hechos que han llevado a la detención de Steven Tompkins, sheriff del condado de Suffolk, en el estado de Florida.

La acusación, presentada por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, sostiene que Tompkins habría utilizado su posición para extorsionar a una empresa de cannabis con sede en Boston, exigiendo un acuerdo de inversión secreto por 50.000 dólares.

El caso, que ha sacudido a la administración pública de Massachusetts, se remonta a 2019, cuando una empresa de cannabis buscaba abrir una tienda en Boston.

Tompkins presionó a la compañía para que le vendiera acciones antes de que salieran a la bolsa

Según la acusación federal, la compañía necesitaba la colaboración del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk, ya que la Comisión de Control del Cannabis de Massachusetts exigía que los negocios de este sector emplearan a exreclusos como parte de los requisitos para obtener la licencia estatal.

El departamento dirigido por Tompkins facilitaba la derivación de graduados de su programa de reinserción laboral para que solicitaran empleo en la tienda, lo que otorgaba al sheriff una influencia directa sobre el proceso de licenciamiento.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la fiscalía, Tompkins presionó a un ejecutivo de la empresa, identificado únicamente como “Individuo A”, para que le vendiera acciones antes de la salida a bolsa (IPO) de la compañía, recordándole que su apoyo había sido clave para la obtención de la licencia y que seguiría siendo necesario para futuras renovaciones.

El sheriff entregó miles de dólares para adquirir miles de acciones a un precio bajo

En noviembre de 2020, Tompkins entregó 50.000 dólares para adquirir 14.417 acciones a un precio de 1.73 dólares por acción. Cuando la empresa debutó en bolsa en 2021, el valor de las acciones ascendió a 9.60 dólares por acción, lo que elevó la inversión inicial del sheriff a 138.403 dólares.

No obstante, la situación cambió drásticamente en mayo de 2022, cuando el precio de las acciones cayó y la inversión de Tompkins pasó a valer “varios miles de dólares menos que los 50.000 dólares que invirtió originalmente”, según la fiscalía.

Ante esta pérdida, Tompkins exigió la devolución íntegra de su dinero

El ejecutivo, temiendo represalias que pudieran afectar la continuidad de la relación con el departamento del sheriff y, por ende, la viabilidad de la empresa, accedió a reembolsar la suma solicitada.

Los pagos se realizaron en cinco cheques entre mayo de 2022 y julio de 2023, algunos de ellos etiquetados como “pago de préstamo” o “gastos de la empresa” para ocultar el verdadero motivo de la transacción, según la acusación. La fiscal federal Leah B. Foley subrayó la importancia de la integridad en el ejercicio de cargos públicos: “Se espera que los funcionarios electos, en particular los encargados de hacer cumplir la ley, sean éticos, honestos y respetuosos de la ley, y no egoístas”.

Foley añadió que las acciones atribuidas a Tompkins constituyen una afrenta a los votantes y contribuyentes que depositaron su confianza en él, así como a los numerosos servidores públicos honestos del Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk. La fiscalía remarcó que el caso refleja el compromiso de su oficina en la lucha contra la corrupción pública.

El historial de Tompkins, quien ha dirigido el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk desde 2013 y supervisa a cerca de 1.000 empleados en instalaciones como la Casa de Correcciones y la Cárcel de la Calle Nashua, ya había estado bajo escrutinio. En marzo de 2023, pagó una multa de 12.300 dólares por crear un empleo estatal para su sobrina y por utilizar a empleados para realizar recados personales. En 2015, también abonó 2.500 dólares tras solicitar a propietarios de tiendas que retiraran carteles de campaña de un oponente electoral.

El caso ha generado reacciones en distintos niveles del gobierno local

El proceso judicial contra Tompkins incluye dos cargos de extorsión bajo color de derecho oficial. Si resulta condenado, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares, según la fiscalía de Estados Unidos. El sheriff comparecerá primero ante un tribunal en Florida antes de ser trasladado a Boston para responder a los cargos.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, declaró: “Obviamente, todos los funcionarios públicos estamos sujetos a estándares muy altos, y cuando algún agente del orden público tiene alguna infracción de la ley, se trata de una acusación muy grave”.

Por su parte, la Fiscalía del Condado de Suffolk y el Departamento del Sheriff del Condado de Suffolk declinaron hacer comentarios al ser contactados por medios como ABC News y WBZ-TV.

El abogado de Tompkins no respondió a las solicitudes de declaraciones. Brian Kelly, exjefe de la unidad de corrupción pública de la Fiscalía Federal de Boston, señaló que el sheriff enfrenta una defensa compleja: “Estoy seguro de que tendrá algún tipo de defensa o explicación de por qué no estaba extorsionando a una empresa, que es básicamente la acusación, extorsionar a una empresa para su propio beneficio. Y si eso es lo que demuestran los hechos, tiene un problema”.

En muchas comunidades latinas de Estados Unidos, una puerta golpeada por la mañana puede ser más que una simple visita: puede significar miedo, confusión y consecuencias migratorias graves. Saber quién está del otro lado es clave para entender los derechos que uno tiene y cómo responder de forma segura y legal.

La diferencia entre un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un oficial del sheriff no siempre es evidente para quienes no están familiarizados con las insignias y uniformes de cada autoridad. Sin embargo, hay elementos visuales y legales que permiten distinguirlos, lo cual puede ser crucial para los inmigrantes que se ven confrontados por agentes armados.

Según un reporte especial del programa Primer Impacto de Univisión, una de las claves principales para identificar a un agente es el uniforme. Mientras que los oficiales del sheriff generalmente portan un uniforme completo, los agentes de inmigración suelen vestir de civil con chalecos que tienen grandes letras en la espalda o el pecho que indican su afiliación a ICE.

El chaleco con letras blancas, el primer indicio de una visita federal

Un agente de ICE rara vez viste un uniforme tradicional. Su vestimenta puede ser la de una persona común: jeans, camiseta o sudadera, pero siempre lleva sobre el torso un chaleco negro que porta, en letras visibles, las palabras “POLICE” e “IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT”. También pueden identificarse con las siglas “HSI” (Homeland Security Investigations), “ERO” (Enforcement and Removal Operations), “CBP” (Customs and Border Protection) o “Border Patrol”, según su división federal.

En contraste, los oficiales del sheriff, pertenecientes a agencias locales del condado, visten camisas claras, pantalones de uniforme y portan insignias visibles del condado. Normalmente conducen patrullas oficiales equipadas con sirenas y luces. Los agentes de inmigración, por su parte, se movilizan en vehículos sin identificación visible, como vans blancas sin luces ni sirenas.

La abogada entrevistada por Primer Impacto aconseja observar cuidadosamente qué ropa llevan y qué emblemas muestran antes de abrir la puerta. “Un agente de inmigración no tiene por qué entrar a su casa sin una orden judicial firmada por un juez”, señala. Si la orden no es válida, la recomendación es no abrir ni hablar.

ICE actúa bajo leyes federales y el sheriff solo puede detener si existe un acuerdo formal

La jurisdicción también marca una separación crítica. ICE es una agencia federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con la tarea de aplicar leyes migratorias. Sus agentes realizan arrestos, redadas, interrogatorios y traslados a centros de detención bajo leyes federales.

Por otro lado, el sheriff es un funcionario electo del condado con autoridad sobre asuntos locales. Su mandato incluye seguridad pública, patrullaje y detenciones conforme a leyes estatales o locales. Aunque puede detener a una persona por delitos comunes, no tiene competencia para actuar como agente de inmigración salvo que exista un convenio específico con el gobierno federal.

Estas son las principales diferencias entre ambas autoridades, según lo informado por Primer Impacto:

• Jurisdicción: los agentes de inmigración tienen competencia federal y pueden actuar en todo el país. Los sheriffs solo tienen autoridad a nivel local o condal.
• Uniforme: los agentes federales suelen vestir ropa oscura o de civil, con chalecos donde aparecen siglas como ICE, HSI, ERO, CBP o Border Patrol. Los alguaciles visten camisas claras con insignias propias del condado.
• Vehículos: los federales se transportan en camionetas o vans blancas, sin sirenas ni luces visibles. Los sheriffs usan patrullas oficiales del condado, con luces y rotulación policial.
• Competencia: los agentes de inmigración hacen cumplir leyes migratorias federales. Los sheriffs hacen cumplir leyes locales y estatales.

Uno de los programas de colaboración más controvertidos entre ambos niveles es el 287(g), que permite a ciertos alguaciles actuar junto a ICE. Este mecanismo ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos civiles, al considerar que fomenta perfiles raciales y afecta de forma desproporcionada a comunidades latinas.

Saber cómo reaccionar ante una visita de ICE puede evitar consecuencias legales graves

Primer Impacto subraya que, ante cualquier visita de un agente de inmigración, es importante mantener la calma y no abrir la puerta sin confirmar la existencia de una orden judicial válida. Un dato clave: las órdenes de deportación administrativas, firmadas por agentes de ICE, no son suficientes para entrar a una vivienda. Solo una orden firmada por un juez tiene valor legal para ese fin.

Los inmigrantes no están obligados a responder preguntas sobre su estatus legal ni a firmar ningún documento en ese momento. También tienen derecho a pedir hablar con un abogado antes de ofrecer cualquier tipo de información. Estos derechos se aplican independientemente del estatus migratorio.

Los expertos legales recomiendan documentar lo ocurrido, anotar nombres, tomar fotografías o videos —si es posible— y contactar inmediatamente a un abogado de inmigración. Conocer los derechos es la única defensa posible en un entorno donde los errores pueden terminar en deportación.

La colaboración entre alguaciles y agentes de inmigración intensifica el temor comunitario

En algunos condados de Estados Unidos, los oficiales del sheriff actúan como si fueran parte de ICE. Esto ocurre en jurisdicciones donde hay acuerdos de cooperación activa, como el mencionado 287(g), pero para muchas familias, estas colaboraciones se traducen en redadas en centros de trabajo, detenciones arbitrarias y deportaciones aceleradas.

La confusión se vuelve aún más crítica cuando un oficial del sheriff detiene a una persona por una infracción menor, como no usar una luz direccional al manejar, y luego la retiene por motivos migratorios. Según expertos citados en Primer Impacto, esto no es legal si no hay una base firme, como una orden de arresto emitida por una autoridad judicial.

La preocupación de las organizaciones pro inmigrantes no es nueva. Diversos grupos han documentado cómo esta mezcla de competencias puede vulnerar derechos civiles básicos, especialmente entre quienes desconocen el idioma o no comprenden el sistema legal estadounidense.

El incidente, que involucró una persecución y una tensa espera de más de una hora, culminó con el uso de un lazo para sacar al hombre del agua, según se observa en imágenes de cámaras corporales difundidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Pierce (PCSO).

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, vecinos alertaron a las autoridades sobre un hombre que estaba corriendo tras su padre con una motosierra en el patio de una vivienda. Además, el sujeto habría estado amenazando tanto a su padre como a su madre, lo que generó una rápida respuesta policial. Las imágenes publicadas en el canal de YouTube de la Oficina del Sheriff muestran cómo el hombre, al notar la llegada de los agentes, se lanzó a un estanque cercano con la motosierra en mano.

Cómo la policía utilizó un lazo para atrapar a un hombre que blandía una motosierra

El video revela que el hombre permaneció en el agua durante más de una hora, negándose a salir pese a los intentos de los oficiales por persuadirlo. Finalmente, los agentes utilizaron un lazo para sujetarlo y arrastrarlo hasta la orilla. Una vez fuera del estanque, el hombre fue esposado y trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica relacionada con problemas de salud mental, según informó la Oficina del Sheriff.

Aunque las autoridades no revelaron la identidad del hombre, el caso ha generado atención debido a la inusual intervención policial y el uso de un lazo para resolver la situación. El video del incidente, que fue difundido públicamente, muestra el momento exacto en que los oficiales logran controlar al hombre tras una prolongada espera en el estanque.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce no proporcionó detalles adicionales sobre el estado de salud del hombre o sobre posibles cargos legales derivados del incidente. Sin embargo, el caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades al manejar situaciones que involucran tanto amenazas de violencia como problemas de salud mental.

Otras detenciones en el condado de Pierce

Los agentes del condado de Pierce se esfuerzan continuamente para ejercer la ley en su jurisdicción. Recientemente, informaron sobre el arresto de dos adolescentes, en relación con una serie de robos armados consecutivos en el condado.

Los sospechosos, de 17 y 18 años, fueron detenidos mientras cometían el tercer asalto de la noche, poniendo fin a una peligrosa ola de crímenes. Según informó la oficina del sheriff local, los hechos comenzaron alrededor de las 10:30 p.m. y se desarrollaron en tres ubicaciones diferentes en un corto período de tiempo.

El primer incidente tuvo lugar en el estacionamiento de Paradise Lanes Bowling Alley, ubicado en Pacific Avenue. Testigos relataron que los dos adolescentes estaban merodeando un vehículo cuando fueron confrontados por un hombre. En respuesta, los sospechosos lo amenazaron con armas de fuego, obligándolo a entregar pertenencias de su automóvil. Antes de huir, dispararon un tiro hacia la víctima, aunque no se reportaron heridos en este ataque, según detalló la oficina del sheriff.

Una semana ajetreada para la Oficina del Sheriff

Minutos después, los mismos adolescentes atacaron a dos jóvenes de 15 años que circulaban en bicicleta. Las víctimas fueron golpeadas con una pistola y despojadas de sus teléfonos móviles, según el informe oficial. Mientras los agentes entrevistaban a los adolescentes agredidos, los sospechosos ya estaban perpetrando un tercer robo en una gasolinera ARCO, situada en la intersección de 112th Street South y Steele Street.

En este último asalto, una mujer de 38 años fue abordada mientras estaba sentada en su vehículo. Uno de los sospechosos ingresó al asiento trasero del automóvil, que estaba sin seguro, y la amenazó con dos armas apuntándole a la cabeza. La víctima entregó aproximadamente 50 dólares en efectivo antes de que los agentes llegaran al lugar. Los oficiales lograron detener a los sospechosos justo cuando uno de ellos salía del vehículo de la mujer.

Durante el arresto, los agentes observaron un arma de fuego a simple vista dentro del automóvil de los sospechosos, lo que llevó a la incautación del vehículo para obtener una orden de registro. Según las autoridades, ambos adolescentes enfrentan múltiples cargos graves, incluidos tres por robo a mano armada, dos por asalto en primer grado, robo desde un vehículo, vandalismo y posesión ilegal de armas de fuego. Además, podrían añadirse más cargos dependiendo de los resultados del registro del vehículo.

La oficina del sheriff destacó la rápida actuación de los agentes, quienes lograron conectar los tres incidentes y detener a los responsables antes de que alguien resultara gravemente herido. “Gran trabajo de los agentes al detener esta ola de crímenes de manera eficiente y proteger a la comunidad”, señaló el comunicado oficial.

En una conferencia de prensa realizada en el condado de Brevard, el sheriff Wayne Ivey y el fiscal general del estado, James Uthmeier, dejaron claro que cualquier acto de violencia o desorden será enfrentado con medidas severas, incluyendo el uso de fuerza letal si es necesario.

Según una declaración realizada en una conferencia de prensa, el sheriff Ivey declaró que cualquier intento de vandalismo, agresión o confrontación con las fuerzas del orden será respondido con firmeza. “Te mataremos. Muerto y enterrado”, afirmó el funcionario, utilizando una expresión que subraya la gravedad de su advertencia.

Ivey anunció castigos más severos para quienes lideren manifestaciones violentas

Advirtió que quienes lancen objetos peligrosos, como ladrillos o bombas incendiarias, o apunten armas contra los agentes, enfrentarán consecuencias fatales. “Notificaremos a tu familia dónde recoger tus restos”, añadió, en un mensaje que ha generado tanto apoyo como preocupación en diversos sectores.

“Si huyes al momento del arresto, vas a ir a la cárcel. Cansado, porque te vamos a perseguir y te vamos a meter en la cárcel” declaró el funcionario.

Ivey también aclaró que si se rodea un automóvil en grupo en el condado de Brevard, impidiendo que el conductor se marche, seguramente terminarán siendo atropellados y posteriormente arrestados por las autoridades.

El fiscal general Uthmeier respaldó estas declaraciones, recordando la vigencia de la ley estatal contra disturbios, promulgada durante la administración del gobernador Ron DeSantis en respuesta a las protestas de 2020.

Entre las medidas anunciadas por el sheriff Ivey, se incluye el arresto inmediato de quienes bloqueen vías públicas o desobedezcan órdenes legales. También advirtió que cualquier agresión física o verbal contra los agentes podría resultar en hospitalización del detenido, además de cargos penales.

El discurso de Ivey ha sido recibido con aplausos por sectores conservadores y defensores del orden público, quienes consideran que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, como la ACLU y Human Rights Watch, han expresado su preocupación por el tono beligerante de las declaraciones y la posibilidad de que estas políticas incentiven abusos policiales. Según estas organizaciones, la retórica utilizada podría disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho legítimo a la protesta pacífica.

En paralelo, las autoridades de Florida también han anunciado nuevas medidas para proteger a los agentes de inmigración de ICE y a sus familias, en respuesta al aumento de amenazas y actos de vigilancia no autorizada, conocidos como doxing.

Entre las acciones destacadas se encuentra la designación de un enlace estatal para ICE, el agente Anthony Coker, y la implementación de un protocolo de denuncia rápida que incluye patrullas y vigilancia en los domicilios de los agentes.

El senador por Florida comparó su estado con California

El senador por Florida, Rick Scott, también se sumó al respaldo hacia las declaraciones del sheriff Ivey, publicando un video en la red social X. En su mensaje, Scott afirmó: “Si se pregunta por qué las tasas de delincuencia son más bajas en Florida que en California, la respuesta es esta: somos un estado de ley y orden que no toma a la ligera las amenazas a las fuerzas del orden”.

El enfoque de Florida en torno a la seguridad y el orden público ha sido una constante en los últimos años, consolidándose como una estrategia de comunicación que enfatiza el uso justificado de la fuerza para mantener el control.

Sin embargo, este enfoque ha generado un intenso debate sobre los límites entre la seguridad pública y los derechos civiles, especialmente en un contexto de creciente polarización política en el país. A medida que se acercan las manifestaciones nacionales, el estado se encuentra nuevamente en el centro de la discusión sobre el papel de las fuerzas del orden y el equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad ciudadana.

Se registran protestas a lo largo de todo el país

Desde el viernes, en diferentes ciudades del país se han llevado a cabo protestas en contra de los operativos de ICE en Los Ángeles, algunos de los cuales han terminado en disturbios y arrestos de los agitadores violentos.

¿Qué fue lo que dijo el sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey?

A continuación, la declaración textual del sheriff Wayne Ivey:

“Voy a desglosarlo para ustedes, ¿de acuerdo? Y si alguien quiere saber a qué me refiero con volverse violento, esto es lo que quiero decir:

Si desobedeces órdenes legales, vas a ir a la cárcel. Quiero ser muy claro con eso.

Si bloqueas una intersección o una carretera en el condado de Brevard, vas a ir a la cárcel.

Si huyes al momento del arresto, vas a ir a la cárcel. Cansado, porque te vamos a perseguir y te vamos a meter en la cárcel.

Si intentas rodear un automóvil en grupo en el condado de Brevard, impidiendo que el conductor se marche, en nuestro condado lo más probable es que te atropellen y te arrastren por la calle.

Si nos escupes, vas al hospital y luego a la cárcel.

Si golpeas a uno de nosotros, vas al hospital y luego a la cárcel, y lo más probable es que uno de nuestros perros grandes y hermosos te muerda.

Si lanzas un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntas con un arma a uno de nuestros agentes, notificaremos a tu familia dónde pueden recoger tus restos. Porque te vamos a matar. Muerto y enterrado. No vamos a jugar con esto. Esto tiene que parar.

Están viendo lo que está ocurriendo allá afuera. Están viendo a oficiales de policía siendo atacados, escupidos, puestos en peligro solo por hacer su trabajo. Están viendo a agentes de ICE siendo atacados por cumplir con su deber. Y están viendo a personas obstruyendo todo esto, interfiriendo con el orden público".

El exsheriff del condado de Osceola, Marcos López, enfrenta graves acusaciones tras ser arrestado el pasado jueves por su presunta participación en una operación de juego ilegal que habría generado más de 21.6 millones de dólares en ganancias ilícitas.

Según informó Fox News, López está acusado de extorsión y conspiración, delitos que, de ser comprobados, lo vinculan directamente con el manejo de una red de apuestas ilegales en Florida Central.

La red de apuestas incluía máquinas tragamonedas, loterías y una “casa de apuestas” operada bajo el nombre de Fusion Social Club, ubicado en Kissimmee.

López utilizó su pisición como sheriff a favor de la red de apuestas ilegales

De acuerdo con las autoridades, López habría recibido hasta 700.000 dólares en pagos personales y contribuciones de campaña provenientes de esta operación ilícita.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) señaló que el exsheriff utilizó su posición para proteger y expandir la organización criminal.

En un comunicado, el comisionado del FDLE, Mark Glass, expresó que López violó la confianza pública y los estándares de integridad esperados de un funcionario electo.

Suspensión, asignación de un sheriff interino y fianza millonaria

Tras su arresto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a López de su cargo y designó a Christopher Blackmon, agente de la Patrulla de Carreteras de Florida, como sheriff interino del condado de Osceola.

López, quien asumió el cargo en noviembre de 2020, se declaró inocente de los cargos durante una audiencia celebrada el viernes.

La jueza Emily Curington fijó una fianza de un millón de dólares, rechazando la solicitud de la defensa de reducirla a 25.000 dólares por cada cargo. Además, se le ordenó entregar su pasaporte, cualquier arma de fuego en su posesión y portar un grillete electrónico en caso de pagar la fianza.

La red de juego y los cómplices del exsheriff

Durante la audiencia, la fiscal Panagiota Papakos presentó una moción para investigar el origen de los fondos que López podría utilizar para cubrir el monto de la fianza, argumentando que el dinero podría estar vinculado a actividades ilícitas. Asimismo, mencionó los vínculos del acusado con Puerto Rico, aunque la defensa aseguró que estos no representan un riesgo de fuga.

La investigación que llevó al arresto de López comenzó en 2023 y fue liderada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en colaboración con el FDLE. Según las autoridades, la red de juego ilegal operaba principalmente en los condados de Lake y Osceola, y su éxito financiero se atribuye, en parte, al papel activo que López habría desempeñado en su funcionamiento.

Además de López, otras cuatro personas, identificadas como Ying Zhang, Sharon Fedrick, Sheldon Wetherholt y Carol Cote, enfrentan los mismos cargos de extorsión y conspiración. Sin embargo, las autoridades han aclarado que el condado de Osceola como institución no está implicado en la investigación.

La comparecencia de López y su próxima audiencia judicial

El exsheriff compareció ante el tribunal vistiendo el uniforme naranja característico de los centros de detención y escuchó los cargos en su contra, que incluyen crimen organizado y conspiración para cometer crimen organizado. Durante la audiencia, López preguntó cómo iniciar el proceso para el pago de la fianza, lo que sugiere que podría estar considerando reunir los fondos necesarios para su liberación.

La próxima cita judicial de López está programada para el 30 de junio, donde se espera que se presenten más detalles sobre el caso. Mientras tanto, permanece detenido en la cárcel del condado Lake, donde se entregó voluntariamente tras ser notificado de las acusaciones en su contra.

La investigación continúa, y las autoridades buscan esclarecer el alcance total de la operación de juego ilegal y la participación de los implicados.

Una mujer de 27 años, desaparecida durante casi tres semanas en las nevadas montañas de California, fue encontrada con vida en una cabaña remota del Vermilion Valley Resort, ubicado en la Sierra Nevada.

Según informó The Associated Press, el hallazgo ocurrió el miércoles, cuando el propietario del complejo, Christopher Gutiérrez, llegó al lugar para comenzar la reapertura del resort tras el invierno.

La joven, identificada como Tiffany Slaton, salió corriendo de la cabaña en busca de un abrazo, visiblemente emocionada y desorientada.

El descubrimiento de la joven en una cabaña en un resort

De acuerdo con las autoridades, Slaton había sido reportada como desaparecida el pasado 29 de abril por sus padres, quienes no habían tenido noticias de ella durante más de una semana.

La oficina del Sheriff del Condado de Fresno inició una búsqueda intensiva que abarcó más de 1.550 kilómetros cuadrados del Bosque Nacional Sierra, pero las condiciones climáticas adversas, incluyendo intensas nevadas, dificultaron los esfuerzos. El lunes anterior al hallazgo, las autoridades habían anunciado la reducción de la operación de búsqueda.

El descubrimiento de Slaton fue posible gracias a que las quitanieves despejaron un paso de montaña clave, lo que permitió a Gutiérrez acceder al complejo turístico por primera vez en el año.

Según detalló el propietario, las cabañas del resort se habían dejado sin llave durante el invierno como medida de precaución para excursionistas que pudieran quedar atrapados en la zona. Al llegar, Gutiérrez notó una puerta entreabierta y un par de zapatos cerca, lo que lo llevó a inspeccionar el lugar. Fue entonces cuando Slaton apareció, visiblemente afectada pero en condiciones estables, según la información de NBC News.

Las condiciones en que fue encontrada Slaton y la forma en que sobrevivió

En una conferencia de prensa, Gutiérrez describió el momento como “surrealista” y explicó que la joven no sabía cuántos días había estado desaparecida ni si alguien la estaba buscando.

Según el comunicado de las autoridades, Slaton no contaba con provisiones ni equipo adecuado para enfrentar las condiciones extremas de la montaña, donde las temperaturas bajo cero y la altitud superior a los 1.981 metros complican la supervivencia.

Tras ser encontrada, Slaton recibió un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada por parte de Gutiérrez, quien de inmediato contactó a las autoridades. La joven fue trasladada a un hospital para su evaluación médica.

Aunque presentaba signos de hambre y deshidratación, los agentes del sheriff confirmaron que su estado general era bueno. Tony Botti, portavoz del sheriff, calificó la supervivencia de Slaton como un hecho extraordinario, señalando que tres semanas en esas condiciones eran “inauditas” y destacando su fortaleza y capacidad de lucha.

Las declaraciones de las autoridades revelan el lugar de su desaparición

Las autoridades indicaron que Slaton había sido vista por última vez alrededor del 20 de abril cerca del Lago Huntington, a más de 32 kilómetros al suroeste del resort, en un terreno montañoso y accidentado.

Sin embargo, no se han revelado detalles sobre el inicio de su travesía, sus planes o la ruta que tomó para llegar al Vermilion Valley Resort, ubicado entre los parques nacionales de Yosemite y Sequoia/Kings Canyon. Los investigadores planean entrevistarla para obtener más información sobre su experiencia y los métodos que utilizó para sobrevivir en condiciones tan adversas.

Sus padres fueron notificados mientras realizaban compras

En Jeffersonville, Georgia, los padres de Slaton recibieron la noticia mientras realizaban compras. Su madre, Fredrina Slaton, expresó su alivio y emoción al enterarse de que su hija estaba a salvo. “Simplemente agarré a alguien y le dije: ‘¿Puedo abrazarte?’. Y lo hice”, relató entre lágrimas.

Por su parte, el padre de Tiffany, Bobby Slaton, agradeció al equipo de búsqueda y rescate, así como a la comunidad que colaboró en el esfuerzo por localizarla. “Se ha quitado un gran peso de encima”, afirmó.

Los padres de Slaton destacaron que su hija había sido criada con un profundo amor por la naturaleza y con habilidades para enfrentar situaciones difíciles. “Es bueno saber que todo lo que le enseñamos lo puso en práctica”, comentó su madre. Para la familia, este día se convirtió en uno de los momentos más felices de sus vidas, comparable solo con el nacimiento de sus hijos.

“Este es uno de los mejores regalos de cumpleaños que Tiffany podría recibir”, dijo su padre, Bobby Slaton, según informó Newsweek.

El caso de Tiffany Slaton ha generado asombro por la duración de su desaparición y las condiciones extremas que enfrentó. Según informó NBC News, las autoridades continúan investigando los detalles de su travesía y supervivencia, mientras la familia celebra su regreso a salvo.

El incidente tuvo lugar el 16 de febrero de 2025 y fue captado por un dron de la policía. La grabación revela cómo los menores se pasaban el pistola entre ellos y trataban de ocultarla, lo que provocó una rápida intervención de los agentes utilizando armamento no letal.

El caso fue expuesto públicamente por las autoridades el 8 de mayo durante una conferencia de prensa en la que se presentó una nueva iniciativa para reforzar la respuesta ante crisis de salud mental, especialmente entre jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El impactante momento del enfrentamiento armado con dos niños

Según el comunicado oficial, la intervención se realizó gracias al programa de drones de la oficina, que permitió a los agentes monitorear la escena en tiempo real y obtener información crítica para evitar el uso de fuerza letal. La operación fue supervisada también por la Unidad de Salud Mental de BCSO.

“El uso de esta tecnología permitió asegurar el área de manera rápida, evitando así un posible enfrentamiento letal con los menores”, señala el documento.

Funcionarios de la BCSO aprovecharon la oportunidad para exponer la complejidad de la combinación entre crimen juvenil, salud mental y seguridad pública.

“Estamos dando pasos importantes para reducir las lagunas en el sistema y ampliar nuestra capacidad de trabajo con menores involucrados en delitos o situaciones de riesgo”, dijo el sheriff Allen. La medida apunta a mejorar los resultados a largo plazo y reducir la necesidad de intervenciones policiales con potencial uso de fuerza.

Un incidente que acabó sin ningún herido

El caso de los niños armados fue descrito por las autoridades como un ejemplo del complejo cruce entre la delincuencia juvenil, la salud mental y la seguridad pública. Aún no se ha esclarecido cómo los menores obtuvieron el arma de fuego ni si hay adultos bajo investigación.

El sheriff tampoco reveló si se iniciaron cargos penales, pero subrayó que el hecho resalta la urgencia de abordar con seriedad la presencia de armas en manos de menores y la necesidad de una red de contención que involucre salud, familia y educación.

La Oficina del Sheriff reafirmó su compromiso con mejorar las respuestas ante este tipo de crisis. La expansión del uso de drones y el fortalecimiento de unidades como la de salud mental forman parte de una estrategia más amplia para evitar tragedias mediante herramientas tecnológicas y apoyo comunitario.

Después del enfrentamiento armado con los niños, las autoridades trabajan para que su familia cuente con terapia de trauma, servicios médicos, apoyo conductual e incluso tarjetas prepagadas de supermercado, según publicó NBC News.

Cuando la policía acudió al llamado sobre un par de menores de edad jugando con un arma cargada, ya habían acudido al hogar por lo menos 50 veces más por problemas que involucraban a su familia.

El medio estadounidense reportó que el estado de Nuevo México ha sido protagonista de múltiples casos de violencia que involucran a jóvenes, como el de un atropello con fuga en Albuquerque y un tiroteo en Las Cruces en marzo, el cual dejó un saldo de tres muertos y 15 heridos.

El condado de Mahoning, en el noreste de Ohio, ha intensificado su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), al albergar detenidos de esta agencia federal en su cárcel local.

Según informó ABC 5 News Cleveland, esta iniciativa, que ya ha generado ingresos significativos para el condado, forma parte de un esfuerzo más amplio en el estado para abordar la inmigración irregular mediante acuerdos entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales.

El sheriff del condado de Mahoning, Jerry Greene, explicó que la decisión de ofrecer espacio en la cárcel para detenidos de ICE responde principalmente a razones económicas. El condado recibe 125 dólares diarios por cada persona bajo custodia de ICE, lo que podría traducirse en ingresos anuales de hasta 4.5 millones de dólares si se alcanza la capacidad máxima de 100 detenidos.

Actualmente, el centro alberga a 77 personas bajo este acuerdo. Greene señaló que estos fondos permiten financiar las operaciones de la oficina del sheriff y crear un fondo de emergencia, lo que beneficia directamente a los residentes locales.

Expansión de la autoridad migratoria en Ohio

El condado de Mahoning no es el único en Ohio que ha establecido acuerdos con ICE. Según detalló ABC 5 News Cleveland, otras jurisdicciones, como el condado de Portage, han adoptado medidas adicionales bajo el programa federal 287g.

Este programa permite que agentes locales y estatales reciban capacitación para actuar como oficiales de inmigración, ampliando así su autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias.

El sheriff del condado de Portage, Bruce Zuchowski, expresó en una declaración publicada en redes sociales que, aunque su comunidad no se encuentra en una zona fronteriza, los efectos de la delincuencia vinculada a la inmigración irregular impactan a todo el condado.

En su mensaje, Zuchowski destacó que la participación en el programa 287g fortalece la capacidad de las autoridades locales para identificar, detener y transferir a ICE a personas que se encuentran en el país de manera irregular y que han cometido delitos.

El programa 287g incluye tres modelos de implementación: cumplimiento de la ley en prisión, grupos de trabajo y servicio de órdenes judiciales.

Según explicó la abogada de inmigración Stacy Cozart Martin, estos modelos permiten que los agentes locales asuman responsabilidades que tradicionalmente recaen en las autoridades federales, tras recibir la capacitación correspondiente.

Motivaciones económicas y operativas

En el caso del condado de Mahoning, el sheriff Greene subrayó que la decisión de colaborar con ICE no está motivada por cuestiones ideológicas, sino por la necesidad de aprovechar los recursos disponibles.

La cárcel del condado cuenta con un excedente de espacio, lo que permitió ofrecerlo a ICE como una solución para albergar a detenidos. Greene indicó que, en promedio, el condado registra alrededor de 450 reclusos locales al mes, pero el número de inmigrantes indocumentados detenidos por delitos menores, como conducir sin licencia o robo, es relativamente bajo.

El sheriff también mencionó que, aunque no descarta la posibilidad de ampliar la autoridad migratoria de sus agentes en el futuro, esta decisión dependerá de los beneficios que pueda aportar al condado.

“Sería prácticamente convertir nuestra agencia en un centro de procesamiento. No sé si estamos preparados ni equipados para eso”, afirmó Greene, según consignó ABC 5 News Cleveland.

Impacto en otras comunidades de Ohio

Además de los condados de Mahoning y Portage, el condado de Geauga también mantiene un contrato con el gobierno federal para albergar detenidos de ICE.

Según ABC 5 News Cleveland, esta colaboración ha estado en vigor durante varios años, consolidándose como una práctica común en algunas áreas del noreste de Ohio.

En su declaración, el condado de Portage destacó que la participación en el programa 287g no solo mejora la seguridad pública, sino que también permite a las autoridades locales ser más eficaces en la aplicación de las leyes penales y de inmigración.

“El impacto de la delincuencia no se limita a los pueblos fronterizos y, de muchas maneras, afecta a las comunidades de todo el condado”, afirmó la oficina del sheriff en su comunicado.

Un enfoque pragmático frente a la inmigración irregular

Mientras que algunos condados optan por contratos para albergar detenidos, otros, como Portage, amplían la autoridad de sus agentes mediante programas federales. Según reportó ABC 5 News Cleveland, estas iniciativas han generado tanto apoyo como críticas, en un contexto nacional donde las políticas migratorias siguen siendo un tema de intenso debate.

Por ahora, el condado de Mahoning se centra en maximizar los beneficios de su contrato carcelario con ICE, mientras evalúa cuidadosamente cualquier posible expansión de su rol en la aplicación de las leyes migratorias.

“Para nosotros, simplemente alojar a los reclusos aquí es más una cuestión de situación financiera y de lo que es mejor para nuestros propios residentes”, concluyó Greene.

Keddie era – y todavía es – un pequeño pueblo del condado de Plumas, en California, que alguna vez alguien, en un tiempo que ya está perdido, soñó como destino turístico. Tal vez por eso, tenía un complejo de cabañas y un hotel con bar y restaurante cuya categoría distaba de brillar más de una estrella. Para principios de los ‘80, de ese sueño turístico solo quedaban las ruinas y el centenar de pobladores que habían ido a dar ahí sobrevivían como podían y de lo que fuera. Tampoco la población era muy estable, la mayoría de la gente – casi siempre un fragmento de familias destruidas – llegaba sin que se supiera de dónde, permanecía un tiempo y después partía hacia un destino desconocido que a nadie le importaba. Mientras tanto, encontraban techo por unos pocos dólares en una suerte de camping de casas rodantes que jamás rodaban o en esas cabañas que se deterioraban sin que nadie les hiciera un arreglo. Había también una mala pensión, un almacén con de todo un poco y algunas casas, casi todas de empleados del ferrocarril cuyas vías pasaban cerca. El pueblo no tenía escuela y para estudiar – cuando lo hacían – viajaban unos pocos kilómetros hasta Quincy, la capital del condado, una “ciudad” de dos mil habitantes.

La vida transcurría monótona en Keddie porque durante el día casi todos los habitantes se iban a trabajar a Quincy y los desocupados – la mayoría hombres - dejaban pasar las horas con rutinas ociosas. Más del diez por ciento de la población sobrevivía por debajo de la línea de pobreza. Si se lo miraba solo de manera superficial, parecía un pueblo tranquilo, donde nadie se metía en la vida de los otros. Era difícil descubrir que, por debajo de esa aparente calma, se movían fuerzas subterráneas que si llegaban a chocar podían producir un desastre: rencores personales, infidelidades, triángulos amorosos y hasta negocios con drogas a pequeña escala, como la del propio pueblo. Aún así, nadie podía imaginar que Keddie saldría del anonimato de un día para el otro al convertirse en escenario de uno de los crímenes sin resolver más misteriosos y escalofriantes de Estados Unidos.

Tres cuerpos y una desaparecida

Los asesinatos de Keddie ocurrieron en algún momento de la noche entre el 11 y el 12 de abril de 1981 pero fueron descubiertos recién a las siete de la mañana. Esa fue la hora en que Sheila Sharp, una chica de 14 años, volvió a su hogar, en la cabaña 28 del complejo, después de pasar la noche en la cabaña de los Seabolt, padres de una de sus amigas. Al abrir la puerta descubrió los cadáveres de su madre, Glenna “Sue” Sharp, de 36 años; de su hermano John, de 15 años; y de una amiga del chico, Dana Wingate, de 17 años, que vivía en Quincy pero se había quedado a pasar la noche.

Cuando Sheila entró la cabaña estaba en completo silencio, pero segundos después la chica escuchó unos gritos desesperados que venían de uno de los dos dormitorios. Eran sus tres hermanitos menores, Rick, Greg y Justin. La puerta estaba cerrada con llave y no pudo abrirla. Entonces corrió de regreso a la cabaña de los Seabolt y pidió ayuda. James Seabolt, el padre de la amiga de Sheila, rompió la ventana del dormitorio y ayudó a salir a los tres chicos, que estaban aterrados pero ilesos. En cambio, no encontraron rastros de la otra hija de Sue, Tina, de 12 años. Estaba desaparecida. Era imposible saber si los asesinos se la habían llevado o pudo escapar. Ese misterio demoraría tres años en ser resuelto.

La escena del crimen era brutal. Las tres víctimas estaban atadas con cinta adhesiva y cables arrancados de los electrodomésticos. El cuerpo de Sue estaba tendido de costado en el piso, cerca del sofá, desnudo de la cintura para abajo. La habían amordazado con un pañuelo azul y su propia bombacha, adheridas a su boca con cinta adhesiva. Tenía la garganta cortada y varias heridas de arma blanca en el pecho y en su cabeza se veía la huella de un golpe propinado con la culata de un arma que fue identificada como una pistola Daisy 880 BB. A John También lo habían degollado y Dana tenía múltiples heridas en la cabeza. La chica no tenía el cuello cortado, la habían estrangulado con las manos. Más tarde, las autopsias determinarían que los tres habían muerto a causa de las heridas de arma blanca y de martillazos en la cabeza.

En la sala de la cabaña, la policía encontró un martillo y dos cuchillos ensangrentados. Uno de los cuchillos, de carnicero, estaba doblado a la altura de la mitad de la hoja debido a la fuerza extrema ejercida con él. Había salpicaduras de sangre por todas partes. El teléfono había quedado descolgado, todas las luces se habían apagado, y las cortinas estaban corridas. Se comprobó que la puerta de entrada no había sido forzada, lo que hizo sospechar que Sue o alguno de los chicos conocía al o los asesinos y les había dado acceso a la cabaña.

El relato de Justin

En un primer momento, los tres chicos que habían quedado encerrados en el dormitorio le dijeron al sheriff del condado, Doug Thomas, que no habían visto ni escuchado nada. Los vecinos tampoco ayudaron mucho. Solo uno dejo haber escuchado unos gritos ahogados cerca de la 1.30 de la madrugada, pero que no les dio importancia porque no se repitieron. Otro dijo que vio una camioneta verde estacionada frente a la cabaña alrededor de las 21.30, pero no pudo aportar la marca ni la patente; un tercero habló de un Datsun, pero no pudo dar más precisiones. Los peritos encontraron solo una huella digital que no coincidía con las de los Sharp o las de Dana Wingate, pero no sirvió para identificar a nadie.

Unos días después, el pequeño Justin se contradijo y aseguró que había visto algo, pero que no podía recordar qué. Lo sometieron entonces a una sesión de hipnosis a cargo del doctor Jerry Dash, psicólogo del Hospital de Niños de Los Ángeles, y en su transcurso Justin reveló que había escuchado gritos y ruidos extraños en la sala mientras estaba viendo televisión con sus hermanos en el dormitorio, que entonces fue a la sala y vio a su madre discutiendo con dos hombres. Uno de ellos tenía bigotes y el pelo corto, el otro tenía el pelo largo y la cara afeitada. Dijo también que en ese momento entraron a la casa su hermano John y su amiga Dana y empezaron a pelear con los hombres, y que su hermana Tina entró poco después pero que uno de los intrusos la sacó por la puerta trasera de la cabaña.

Con las descripciones de Justin, el dibujante forense Harlan Embry hizo dos identikits que fueron publicados en los medios. El texto que los acompañaba los describía como hombres de entre 20 y 30 años. Uno de ellos con una estatura entre 1,80 y 1,88 metros y pelo rubio oscuro; el otro de entre 1,68 y 1,78. Los dos llevaban anteojos oscuros.

Hipótesis y sospechosos

Los identikits no se parecían a nadie conocido en el pueblo, lo que llevó rápidamente a un callejón sin salida. Si eran gente de paso y la única huella digital que habían dejado no servía para identificar a nadie, sería imposible dar con los asesinos. Al sheriff Thomas, que quedó a cargo de la investigación, no le quedó otra alternativa que investigar los rumores que comenzaban a correr.

Uno de ellos apuntaba al ex marido de Sue, James, a quien la mujer había abandonado dos años antes, hasta de ser maltratada. Escapando de él llegó a Keddie, donde primero vivió en una casa rodante y después consiguió alquilar la cabaña. James había visitado poco antes el pueblo, buscando una imposible reconciliación con Sue, que lo echó sin contemplaciones. Si eso lo había llevado a matar a su mujer y a uno de sus hijos, era una posibilidad que era necesario explorar, pero de haber sido su padre uno de los asesinos, Justin tendría que haberlo reconocido y después se comprobó que la noche de los asesinatos el hombre estaba en su casa, en Carolina del Norte.

Otro sospechoso que estuvo en la mira de la policía fue Martin Smartt, que vivía con su mujer en la cabaña 26, muy cerca de la 28 que habitaba Sue con sus hijos. Sobre él corrían dos versiones que, según se las mirara, podían ser coincidentes o contradictorias. Una de ellas decía que Sue le había aconsejado a Marilyn, la esposa de Martin, que lo abandonara porque no debía soportar más sus maltratos; la otra, que Martin era en realidad amante de Sue y que la pareja había tenido una fuerte discusión la noche del 11 de abril y que Martin había matado a su novia clandestina. Los interrogatorios de Martin y de Marilyn tampoco llevaron a ningún lado. Poco después, el matrimonio se separó y el hombre se fue del pueblo. Meses más tarde le mandó una enigmática carta a su ex mujer, que se la entregó a la policía. Allí, entre otras cosas, Martin le escribía: “He pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con las vidas de cuatro personas, dime que se acabó. ¡Genial! ¿Qué más querés?”. Llamativamente, al sheriff Thomas esas palabras no le despertaron ninguna sospecha. Para él, que el hombre hubiera superado la prueba del detector de mentiras a la que había aceptado someterse en los días posteriores al crimen era suficiente para descartarlo definitivamente.

Una última versión aseguraba que Sue Sharp y su hijo John eran un daño colateral en el triple crimen y que el verdadero objetivo era Dana Wingate. Decía que la chica, que no vivía en el pueblo sino en Quincy vendía drogas al menudeo entre sus amigos y compañeros de colegio y que se había quedado con algún dinero – o quizás droga – de sus proveedores y que estos habían decidido matarla. La noche del 11 de abril la siguieron hasta la cabaña de los Sharp a bordo de la camioneta verde o del Datsun que habían sido vistos frente a la vivienda, entraron y mataron a los tres para no dejar testigos. Si habían encerrado a los más chicos en lugar de asesinarlos se debía a que creyeron que, por su edad, no podrían identificarlos. El sheriff Thomas también descartó esa línea de investigación.

Durante los dos años siguientes, varias personas fueron interrogadas como sospechosas, pero ninguna quedó detenida. Se llegó a decir incluso – sin ninguna prueba - que los crímenes podían ser obra de dos asesinos en serie famosos de la época, Henry Lee Lucas y Ottis Toole.

El cadáver de Tina

Otro misterio sin resolver era el paradero de Tina, la hija de 12 años de Sue Sharp, supuestamente vista por última vez por su hermano Justin cuando uno de los asesinos la sacaba de la cabaña por la puerta trasera. Al ser declarada “desaparecida” su búsqueda estuvo en un primer momento a cargo del FBI, sin que se lograra ningún resultado a pesar de que se hizo una intensiva exploración de decenas de kilómetros alrededor del pueblo.

El 22 de abril de 1984, tres años y once días después de los homicidios, un hombre encontró restos de un cráneo humano y parte de una mandíbula en Camp Eighteen, muy cerca de Feather Falls en el condado de Butte. Dijo que estaba buscando botellas desechadas para venderlas y que se topó con los huesos. Poco después de anunciar el descubrimiento, la Oficina del Sheriff recibió una llamada anónima de un hombre que dijo que los restos pertenecían a Tina, lo que fue confirmado por el patólogo forense. Cerca de los restos, la policía encontró una manta para niños, una campera de nailon azul y unos vaqueros Levi’s que fueron reconocidos como de la chica, así como el resto de un rollo de cinta de embalar. El triple crimen se convirtió así en cuádruple, pero no se avanzó ni un paso en su resolución.

¿Negligencia o algo más?

Los crímenes de la cabaña 28 y la desaparición seguida de muerte de Tina Sharp se convirtieron en un “cold case”, es decir, un caso que continuaba abierto, pero en la práctica se dejó de investigarlos. El sheriff Dough Thomas se jubiló, aunque siguió hablando del caso, incluso en un documental, donde aseguró que había hecho todo lo posible por encontrar a los culpables y que se sentía “frustrado” por haber fracasado.

Fue reemplazado en el cargo por Greg Hagwood, un hombre de la misma edad de John Sharp, con quien compartió las aulas la escuela de Quincy. Quizás por eso, poco después de asumir decidió retomar la investigación con la ayuda de Mike Gamberg, un detective retirado que conocía a fondo el caso. Lo primero que descubrieron Hagwood y Gamberg fue una serie de fallas en la investigación realizada por Thomas. Al ponerlas todas juntas sobre la mesa no les quedó más remedio que preguntarse si su predecesor no las había cometido a propósito por alguna extraña razón.

El primer sospechoso del caso, Martin Smartt, muerto de cáncer en 2000, nunca fue interrogado por la carta que le había enviado a su mujer donde prácticamente confesaba los cuatro crímenes. El sheriff tampoco había tenido en cuenta el testimonio de una vecina del complejo de cabañas, que dijo haber visto a Martin y a su amigo John “Bo” Boubede, un hombre con prontuario criminal, cerca de la cabaña de la familia Sharp la noche del crimen. Boubede, muerto en 1988, fue detenido por Sharp, pero lo liberó después de interrogarlo superficialmente.

El sheriff tampoco interrogó a fondo al hombre que halló los restos de Tina en un lugar de difícil acceso. No tuvo en cuenta – o ignoró de manera deliberada – que la excusa de estar buscando botellas para venderlas dada por el sujeto era ridícula: no se buscan botellas, ni ningún otro objeto de descarte, en una zona no poblada. Thomas nunca le preguntó qué hacía realmente allí ni si alguien le había dicho que llamara a la policía.

Hagwood y Gamberg hicieron un descubrimiento todavía más llamativo: en una caja perdida en el depósito de la oficina del sheriff encontraron un casete con la grabación del mensaje anónimo que había identificado los restos denunciados por el botellero como pertenecientes a Tina Sharp. No estaba incorporado a la investigación y Thomas nunca había mencionado su existencia. Tampoco había incluido como evidencia un martillo encontrado en un pozo seco poco después de los crímenes y que pudo haber sido utilizado para cometerlos.

Cuando el nuevo sheriff y su ayudante hicieron todos estos descubrimientos corría 2017 y habían pasado más de 35 años de la noche de los crímenes. Desde entonces y hasta ahora no pudieron avanzar un paso más. La verdad sobre “los crímenes de la Cabaña Keddie”, como se los conoce, sigue siendo un misterio donde la mala praxis policial y el paso del tiempo han sido los principales cómplices de los asesinos.

La búsqueda de Tyler Goodrich, quien desapareció el 3 de noviembre de 2023 en Lincoln, Nebraska, concluyó trágicamente el pasado sábado 8 de marzo de 2025, cuando las autoridades localizaron su cuerpo en un área boscosa cerca de su hogar.

Según informó NBC News, la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster recibió un aviso sobre una persona fallecida alrededor de las 9:43 horas, lo que llevó al hallazgo de los restos del hombre desaparecido.

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster, Ben Houchin, el cuerpo fue encontrado en una zona arbolada próxima a la autopista 77, cerca de West Pioneers.

Los restos estaban a una distancia de entre 9 y 14 metros de la carretera y a aproximadamente 885 metros de la residencia de Goodrich. Las autoridades creen que el cuerpo había permanecido en ese lugar durante más de un año.

En una conferencia de prensa realizada el lunes 10 de marzo, Houchin confirmó que los restos pertenecían a Tyler Goodrich, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de 2023.

Según detalló, los hallazgos preliminares no sugieren que se trate de un homicidio y no se encontraron armas en la escena. Asimismo, aseguró que no existe ninguna amenaza para la seguridad pública.

Una búsqueda marcada por la incertidumbre y el dolor

La desaparición de Tyler Goodrich fue ampliamente difundida gracias a los esfuerzos de su familia, amigos y la comunidad.

NBC News había dado seguimiento al caso desde finales de 2023 a través de su serie en línea “Missing in América” y posteriormente, en la tercera temporada del pódcast “Dateline: Missing in America”, conducido por Josh Mankiewicz.

Durante una entrevista inicial con NBC News, el padre de Tyler, Lonnie Goodrich, expresó su deseo de obtener respuestas y cerrar este doloroso capítulo.

“Tienen que suceder dos cosas: su cuerpo debe ser recuperado o alguien debe confesar”, dijo en aquel momento. “Rezo por eso todos los días, cada noche, cientos de veces al día”.

El esposo de Tyler, Marshall Vogel, también compartió su devastación tras el hallazgo. En un mensaje enviado a NBC News, describió a Tyler como “un esposo, un padre amoroso y un amigo de muchos”.

Vogel agradeció el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y la comunidad, quienes participaron activamente en la búsqueda, distribuyeron volantes y mantuvieron la esperanza de encontrarlo.

“Nuestro agradecimiento va a la Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster, a otras agencias colaboradoras y especialmente al diputado Jeremy Schwarz. Las palabras no pueden expresar nuestro agradecimiento hacia todos ustedes”, escribió.

Un esfuerzo colectivo para encontrar respuestas

La comunidad desempeñó un papel crucial en la búsqueda de Tyler Goodrich. Según reportó NBC News, el área boscosa donde se encontraron los restos ya había sido explorada previamente por voluntarios. Sin embargo, no fue hasta el pasado sábado que se logró localizar el cuerpo.

Rachel Barth, amiga cercana de Tyler, fue una de las principales impulsoras de los esfuerzos para encontrarlo. En un mensaje compartido con NBC News, Barth, junto con otra amiga, Amanda Meyer, expresó su dolor y alivio tras el hallazgo.

“Durante los últimos 16 meses, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para encontrarlo y obtener respuestas. Aunque todavía no sabemos qué ocurrió, estamos abrumados por el dolor, la tristeza y un sentido de alivio al saber que ha sido encontrado”, señalaron.

Barth también destacó el impacto que tuvo la historia de Tyler en miles de personas y agradeció el apoyo recibido.

“Uno de nuestros objetivos era que Tyler se convirtiera en un nombre conocido y compartir con el mundo un atisbo de la increíble persona que fue. Extrañaremos para siempre a nuestro hermoso amigo pelirrojo, corredor de maratones y obsesionado con los postres”, añadió.

Investigación en curso y privacidad para la familia

Aunque las autoridades han descartado preliminarmente un acto criminal, la investigación sigue abierta. Según informó NBC News, se programó una autopsia para el lunes 10 de marzo con el objetivo de realizar pruebas forenses adicionales que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Tyler Goodrich.

El jefe adjunto Houchin expresó sus condolencias a la familia y agradeció a todas las personas que participaron en la búsqueda. “Quiero enviar nuestras condolencias y más profunda simpatía a la familia de Tyler y a sus seres queridos en este momento increíblemente difícil”, dijo.

Por su parte, Marshall Vogel solicitó privacidad para él y su familia mientras enfrentan el duelo. “Pedimos comprensión y espacio para recordar a la maravillosa persona que fue Tyler”, expresó.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lancaster ha instado a cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso a comunicarse al número 402-441-6500.

El sheriff del condado de St. Johns en Florida, Robert Hardwick, ha intensificado la cooperación con las autoridades federales de inmigración para identificar y detener a migrantes en situación irregular, particularmente aquellos con antecedentes criminales. A través del programa 287(g), su departamento trabaja estrechamente con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) para aplicar las leyes migratorias en Florida.

“Los agentes están en la Interstate 95, colaborando con ICE, ERO (Enforcement and Removal Operations) y Customs and Border Patrol, no solo para hacer cumplir las leyes de inmigración, sino también para combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y la posesión ilegal de armas”, dijo Hardwick en una entrevista con Fox News.

Este enfoque responde a una estrategia más amplia impulsada por el gobernador Ron DeSantis, cuyo gobierno firmó recientemente un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. para fortalecer la aplicación de leyes migratorias en Florida, convirtiéndose en el segundo estado en formalizar dicho convenio.

Control migratorio en Florida: detenciones diarias y nueva tecnología

El condado de St. Johns, sede de la ciudad más antigua de Estados Unidos, ha adoptado un enfoque agresivo en la identificación de migrantes en situación irregular. “Si alguien es detenido por una infracción de tránsito y no puede proporcionar una licencia válida, nuestros agentes lo llevarán a la cárcel del condado”, explicó Hardwick a Fox News.

En el centro de detención, los sospechosos son sometidos al sistema IAQ (Immigration Alien Query), que verifica su estatus migratorio y la existencia de órdenes de deportación u órdenes de arresto. “Utilizamos IAQ casi todos los días y encontramos detenciones casi a diario”, agregó el sheriff. Para mejorar la detección de individuos con antecedentes criminales o estatus migratorio irregular, el condado ha implementado lectores de placas vehiculares en sus fronteras norte y sur. “En promedio, estamos detectando entre 17 y 22 vehículos al día con alertas por robo, órdenes de arresto o deportación”, afirmó Hardwick.

La estrategia del sheriff Hardwick incluye reuniones semanales con funcionarios estatales, locales y federales. “Todos los viernes a las 2 p.m., nos reunimos para analizar los casos de los criminales más peligrosos en Florida y en nuestra zona inmediata”, detalló en Fox News. El mensaje del sheriff es contundente: “Si tienes una orden de arresto, ya sea que seas un migrante en situación irregular o un ciudadano estadounidense, te encontraremos y te haremos responsable de tus acciones”.

Florida ha intensificado su estrategia migratoria bajo la administración de DeSantis, con medidas que incluyen la prohibición de emitir identificaciones estatales para migrantes sin documentos, la obligatoriedad de que los hospitales informen el estatus migratorio de los pacientes y sanciones a empresas que empleen trabajadores indocumentados.

El papel de la política en la aplicación de leyes migratorias

El sheriff Hardwick también hizo referencia a la postura del presidente Donald Trump sobre la inmigración, señalando que el mandatario “ha sido muy claro en que la inmigración es su prioridad número uno”. En ese sentido, indicó que su oficina se prepara para cualquier cambio en la política migratoria federal. Sin embargo, Hardwick reconoció que el control migratorio enfrenta desafíos logísticos: “Solo tenemos 1.500 camas para deportaciones en todo el estado de Florida, mientras que hay más de 23 millones de residentes. Nuestra labor es rastrear y expulsar a los que tienen órdenes de arresto”.

El endurecimiento de la política migratoria en Florida forma parte de una tendencia más amplia en varios estados republicanos, que han buscado fortalecer la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales. La firma del reciente acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional es un reflejo de esta estrategia. Hardwick subrayó que su departamento no seguirá el “status quo” en la aplicación de la ley. “Tenemos que pensar de manera diferente, innovar en nuestra labor y garantizar que todos los sheriffs trabajen con nuestros socios federales”, sostuvo en Fox News.