El caso de las internas que murieron en diciembre durante un incendio en su celda de la cárcel de Bouwer, Córdoba, tomó mayor relevancia en las últimas horas a partir de la presentación judicial de la madre de una de ellas, quien pidió que se investigue la responsabilidad del Estado en el hecho.

Las víctimas del episodio fueron Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo. Según la causa, el fuego se habría generado intencionalmente en el marco de una pelea entre ambas. Aunque es solo una hipótesis.

Pedraza tenía 25 años y era madre de una nena de 5. Había sido detenida en Villa María unos días antes del incendio en Villa María y de cara a las fiestas pidió ser trasladada al penal de Bouwer para estar cerca de su familiar.

Estaba imputada por un robo y también procesada por un delito vinculado a la venta de bijouterie, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

El traslado al penal de la tragedia se concretó el 19 de diciembre, apenas unas pocas horas antes del inicio del fuego que le provocó la muerte inmediata. La denuncia judicial que apunta contra las autoridades sostiene que la mujer permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial y remarca que no contaba con condena firme.

María Flavia Ramallo, por su parte, tenía 37 años, estaba condenada por narcomenudeo y llevaba más tiempo alojada en la celda donde ocurrió el hecho. Su fallecimiento fue tras una larga agonía: las llamas le provocaron quemaduras muy graves, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde luego murió.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 2025. Según la información oficial, tuvo lugar a las 1.17 de la madrugada en la Antesala del Núcleo “C” del Establecimiento Penitenciario Nº 3 y fue en el marco de una fuerte pelea entre las dos internas.

“Tras ello se generó un incendio en el interior del lugar, y mediante la acción inmediata del personal de Guardia y del Grupo de Intervención Rápida (GIR) se logró mitigar el foco”, señalaron fuentes oficiales en ese entonces.

El peritaje de Bomberos determinó que el fuego fue intencional, aunque no se estableció quién lo inició.

Ahora, a dos meses del hecho, la familia de la más joven de ellas reclama avances en la investigación y denuncia graves irregularidades en el accionar del personal penitenciario. En este contexto, la madre de Pedraza, Valeria Soledad Romero, solicitó ser reconocida como querellante particular en la causa y su representación está a cargo del abogado Diego Casado.

El letrado apunta a la responsabilidad de las autoridades ya que sostiene que la presencia de colchones inflamables en la celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos constituyeron el escenario de riesgo extremo que dio lugar a su muerte.

Además, denuncia que el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas pese a los pedidos de auxilio de Pedraza y que otras internas fueron evacuadas antes que ella. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó Romero en la presentación judicial a la que accedió Infobae.

La querella también reclama que se investigue si los agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos y si existieron conductas orientadas a encubrir los hechos posteriores al incendio.

Asimismo, la familia Guadalupe Pedraza considera que podrían haberse producido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación final dependerá de lo que determine la investigación judicial. Por ahora, el eje del planteo apunta a que el Estado provincial asuma la posible responsabilidad civil e internacional por lo ocurrido.

En declaraciones televisivas, la madre de la interna fallecida de 25 años sostuvo que aquella noche, a pesar de los pedidos de auxilio de su hija, el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas y priorizó la evacuación de otras internas antes que la de Guadalupe.

En su testimonio, Romero expresó: “Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada... porque si hubieran querido, las hubieran salvado y las dejaron morir. A ellas las dejaron morir, a mi hija me la mató el Estado”.

Romero aseguró: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”, solicitando ser querellante en la causa.

El caso de las dos internas fallecidas en el penal de Bouwer en diciembre del año pasado cobró notoriedad tras el reclamo de la madre de una de las víctimas ante la falta de avances en la investigación. La mujer denunció que existieron “graves irregularidades” en el sistema penitenciario y expresó: “Mi hija estaba pagando por un delito que había cometido y me la dieron sin vida”.

Luego de haber transcurrido dos meses del episodio en el que Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, perdió la vida en una celda de aislamiento, su mamá Valeria Soledad Romero, responsabilizó a las autoridades por el hecho en el que también murió María Flavia Ramallo, de 33. “No me la cuidaron como la tenían que cuidar”, reclamó Romero en Telenoche de Córdoba. Además, el peritaje de Bomberos determinó que el incendio fue intencional. La joven era oriunda de Mina Clavero y madre de una niña de cinco años, había solicitado el traslado a Bouwer para estar más cerca de sus familiares durante las Fiestas. Ese pedido se concretó solo horas antes del siniestro.

El comunicado de las autoridades policiales informaba que el incidente se registró a la 1:17 del sábado 20 de diciembre, tras una pelea entre dos internas. De acuerdo con fuentes policiales, durante la disputa se produjo un incendio en el interior de la Antesala del Núcleo “C” del Establecimiento Penitenciario N° 3, que fue controlado por el personal de guardia y el Grupo de Intervención Rápida (GIRF).

Por otro lado, trascendió que todo ocurrió tras la quema de colchones en un espacio que disponía de los factores necesarios para un riesgo extremo, como la falta de funcionamiento de los matafuegos.

En declaraciones televisivas, la mujer explicó que Pedraza no tenía una condena firme y permanecía bajo custodia exclusiva del Estado provincial. Sostuvo que aquella noche, a pesar de los pedidos de auxilio de su hija, el personal penitenciario demoró la apertura de las puertas y priorizó la evacuación de otras internas antes que la de Guadalupe.

En su testimonio, Romero expresó: “Es un dolor que a nadie se lo deseo, ni a mi peor enemigo. Que te quiten un hijo, que te lo arrebaten y saber que estuvo pidiendo auxilio y que nadie hizo nada... porque si hubieran querido, las hubieran salvado y las dejaron morir. A ellas las dejaron morir, a mi hija me la mató el Estado”.

Romero aseguró: “No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija”, solicitando ser querellante en la causa. “El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, afirmó en la presentación judicial a la que accedió Infobae.

Por su parte, el abogado que representa a la familia hizo mención a presiones ejercidas por parte del Servicio Penitenciario sobre las empleadas, respecto de lo ocurrido aquel día trágico. En este sentido, la querella solicitó a la Justicia que investigue si los agentes penitenciarios intentaron alterar sus declaraciones luego de mantener una reunión con las jefas de los módulos del penal y si hubo conductas dirigidas a encubrir los hechos ocurridos tras el incendio.

La familia también planteó la posibilidad de que se hayan cometido delitos como homicidio agravado por abuso de función o abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación dependerá del avance de la investigación. En este sentido, solicitó que se convoquen a testigos, internas y personal médico para declarar, y que se realicen inspecciones judiciales en la unidad penitenciaria con el objetivo de verificar si se cumplieron los protocolos de emergencia.

En el mismo sentido, enfatizaron en la importancia de acceder a toda la documentación y registros disponibles que permitan reconstruir en detalle lo sucedido durante la madrugada en la que se produjo el incendio.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el pedido de libertad condicional de un hombre condenado por secuestro extorsivo tras considerar que presentaba una “escasa actitud empática” hacia la víctima y que no había logrado concientizar “la gravedad de los hechos” por los que fue sentenciado. Para el tribunal, esa carencia en su fuero interno impidió formular un “pronóstico favorable” de reinserción social y volvió improcedente el egreso anticipado, aun cuando el preso hubiera observado una conducta reglamentaria adecuada durante su detención.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II de la máxima instancia penal federal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, que ratificó una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, dictada el 31 de octubre de 2025. Los camaristas rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial y consideraron que la resolución apelada se encontraba “debidamente fundada” y “ajustada a derecho”.

Uno de los ejes centrales del fallo giró en torno a la valoración de la "dimensión psíquica y subjetiva" del condenado. En ese sentido, se tuvo en cuenta que “a los fines de ponderar el pronóstico de reinserción social exigido para el otorgamiento de la libertad condicional, no basta la sola constatación de un comportamiento reglamentario adecuado ni la ausencia de sanciones disciplinarias” durante el encierro. Por el contrario, se hizo hincapié en la necesidad de contemplar la actitud que adopta el reo “frente al hecho cometido y el modo en que elabora la afectación ocasionada a las víctimas”.

En delitos de la naturaleza del secuestro extorsivo, expresó el juez Yacobucci en el primer voto, “la valoración del compromiso con la norma y el reconocimiento del daño causado revisten especial relevancia, en tanto permiten verificar si el penado ha internalizado el desvalor de su conducta y si se encuentran dadas las condiciones para una futura convivencia social respetuosa de la ley”. Según consignó, la “mera formalidad externa de adaptación carcelaria no permite, por sí sola, inferir un pronóstico favorable, siendo necesario el examen integral de su subjetividad y del proceso de responsabilización personal que atraviesa".

La sentencia tuvo especialmente en cuenta el dictamen elaborado por el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal (EIEP), que concluyó que el condenado, si bien había asumido su responsabilidad de manera formal, “no logró implicarse cabalmente frente al delito”. De acuerdo con ese documento, su posición resultó “endeble”, ya que sostuvo un discurso orientado a la “minimización de su accionar” y se ubicó en “un rol secundario” dentro de los hechos, donde actuó como chofer, justificando su conducta principalmente en las dificultades económicas que atravesaba al momento de llevar a cabo el delito.

Los profesionales del EIEP señalaron además que el condenado, detenido en la Unidad N°6 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó “dificultades para establecer una posición reflexiva y autocrítica” y que “no logra profundizar reflexivamente -y desde una posición autocrítica- en las posibles causales subyacentes profundas de su accionar disvalioso”. En ese marco, subrayaron que su discurso “se apreció sin la consecuente resonancia afectiva” y que evidenció “escasa actitud empática demostrada para con la víctima”.

El voto de Yacobucci también ponderó los informes del SPF y del Consejo Correccional de la Unidad N° 6, que habían recomendado de manera unánime la incorporación del interno al régimen de libertad condicional. De acuerdo con esas evaluaciones, el preso había sido incorporado a la “fase de confianza”, transitaba su pena en un alojamiento semiabierto y había alcanzado calificaciones de conducta ejemplar y concepto bueno. A su vez, se mencionó que no registraba sanciones disciplinarias desde 2022 y que había mostrado mejoras en el trato con el personal y en la convivencia con otros internos.

Sin embargo, el líder del acuerdo aclaró que esos informes no resultaban vinculantes y que correspondía a la judicatura ejercer un control de razonabilidad. Bajo esos parámetros, recordó que el ordenamiento jurídico autoriza la intervención de otros cuerpos técnicos, como el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, creado por ley del Congreso, cuya función es aportar evaluaciones diagnósticas integrales e interdisciplinarias. Para el camarista, ese informe “ahonda con mayor profundidad, brinda más precisiones y arroja luz sobre la temática a decidir”.

En ese marco, Yacobucci remarcó que, si bien el condenado había observado los reglamentos carcelarios y había avanzado en su programa de tratamiento individual, ese “desenvolvimiento positivo del interno (...) sólo se verifica en un ambiente controlado por el servicio penitenciario”. A su vez, advirtió que “no obran, de momento, indicadores que permitan concluir que dicho comportamiento pueda reproducirse con igual eficacia en el medio libre”.

La resolución ponderó la gravedad de los delitos por los que el hombre fue condenado. En mayo de 2019 había recibido una pena única de 13 años y 6 meses de cárcel como coautor de un secuestro extorsivo agravado por el número de intervinientes, el cobro del rescate y el empleo de armas de fuego, en concurso con otros delitos graves, entre ellos robo doblemente agravado, resistencia a la autoridad y abuso de armas. Al momento de resolver el pedido de libertad condicional, aún le restaban cumplir más de cuatro años y medio de prisión.

Para la Sala II, ese dato también resultó relevante a la hora de evaluar la procedencia del beneficio procesal, en tanto la combinación entre la gravedad de los hechos, el estadio del tratamiento penitenciario -aún en fase de confianza- y las conclusiones del Equipo Interdisciplinario impedían conceder el egreso anticipado sin afectar los fines de la ejecución penal.

En su voto concurrente, la jueza Ledesma coincidió en que, pese a los informes favorables de las autoridades penitenciarias, “aún no estaban dadas las condiciones -valorando pautas objetivas- para conceder la libertad condicional”. El juez Slokar adhirió a la propuesta de rechazar el recurso de casación de la defensa oficial.

Así las cosas, la Sala II de la Cámara Federal de Casación resolvió desestimar el planteo interpuesto y confirmar la denegatoria de la libertad condicional, sin imponer costas.

La organización Justicia, Encuentro y Reparación publicó en su cuenta de la red social X que ha logrado confirmar la liberación de 67 personas detenidas por razones políticas, cifra que difiere del total anunciado por las autoridades venezolanas. Este balance, según la ONG, solo contempla aquellos casos que han podido corroborar, en línea con su enfoque de manejo responsable y transparente de la información. La noticia surge tras el informe oficial del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que había comunicado públicamente la excarcelación de 116 individuos en distintos centros de reclusión del país, según reportó el medio.

Según informó Justicia, Encuentro y Reparación, un aspecto central del proceso de excarcelación reside en la necesidad de priorizar a los sectores de población más vulnerables. La ONG especificó como urgentes los casos de adolescentes, personas con autismo, mujeres, personas en estado de salud delicado y adultos mayores. Todos ellos, según su postura, requieren un tratamiento humanitario diferenciado y ágil durante cualquier acción que involucre su libertad.

El Servicio Penitenciario venezolano comunicó en redes sociales que la medida benefició a personas encarceladas por hechos asociados a la alteración del orden constitucional y supuestas acciones contra la estabilidad nacional. Este grupo de excarcelados, detalló la institución oficial, se suma a un total de 187 liberaciones previamente registradas durante diciembre de 2025, en el contexto de lo que denomina una revisión integral del sistema penitenciario impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

La dirección de este proceso de revisión quedó bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, con el objetivo de aplicar políticas enfocadas en la justicia, el diálogo y la preservación de la paz, según consignó el medio. Las autoridades venezolanas recalcaron que este examen se mantendrá de forma continua y permanente, siempre conforme a la legislación nacional vigente.

Justicia, Encuentro y Reparación subrayó su compromiso de desarrollar procesos de excarcelación con transparencia, acceso a información verificable y sin demoras injustificadas, de acuerdo con lo publicado en su comunicado. Para la organización, solo de esta manera el procedimiento respondería adecuadamente a la magnitud de los casos detectados por entidades de derechos humanos y organizaciones especializadas que documentan la situación carcelaria en Venezuela.

En días anteriores, según detalló la fuente, se produjo también la liberación de aproximadamente veinte personas más. Las autoridades del país relacionaron estos acontecimientos con el desarrollo de iniciativas diplomáticas, en particular con intervenciones de Qatar, del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Previamente a estos hechos, un ataque lanzado por la administración de Donald Trump sobre la capital venezolana provocó la muerte de cerca de un centenar de personas, según reportó la prensa internacional y venezolana. Este incidente culminó con la detención de Nicolás Maduro, entonces presidente, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores, un suceso que impactó en la agenda política y de seguridad en el país suramericano.

El enfoque adoptado por Justicia, Encuentro y Reparación al verificar los datos oficiales enfatiza las discrepancias entre los informes gubernamentales y los de las organizaciones civiles. El grupo recalca la importancia de que cualquier liberación cuente con datos comprobables y de que las comunicaciones sobre estas excarcelaciones reflejen la realidad de la población penitenciaria afectada, tal como publicó el medio a partir del análisis de la ONG.

Finalmente, la organización remarcó la relevancia de llevar adelante políticas públicas que pongan especial atención en los sectores más afectados por las detenciones, respaldando así procesos de justicia restaurativa que contemplen tanto la verificación exhaustiva como los principios de acceso a la información y el trato diferenciado según la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad.

Los presos hicieron un ardid para poder fugarse. Según informó a medios locales el subjefe de la Departamental Paraná, Comisario Hernán Góngora, uno de ellos simuló estar descompuesto. Esto motivó la asistencia de los guardias y les dio la oportunidad a los otros de entrar en escena, amedrentar a los agentes penitenciarios y huir. Se estima que participaron unos 10 internos del pabellón 5, que empuñaban armas “tumberas”.

Dos guardiacárceles resultaron heridos. El incidente se produjo en el pabellón 5 a eso de las 18. Las primeras informaciones dan cuenta de que hubo un tercer interno que logró franquear la salida, pero fue recapturado de inmediato.

Una vez fuera, los presos, alojados en la Unidad Penitenciaria 1, robaron una moto a pocas cuadras del penal y huyeron en contra mano. De inmediato, se informó a la Policía que montó un operativo para dar con los prófugos.

En un primer momento, se los buscó en inmediaciones de la cárcel. El sistema del 911 permitió identificar que habían sustraído el rodado. Y, a pocas cuadras de allí, encontraron tirada en la calle una faca, un elemento corto punzante de fabricación casera que se utiliza en las peleas carcelarias.

La Policía trabaja en la hipótesis de que el escape estaría relacionado con un hecho ocurrido en el barrio Nueva Ciudad. Allí, una mujer resultó herida con un arma blanca. Sería, según las primeras averiguaciones de la fuerza de seguridad, pariente de uno de los internos de la UP1 que escaparon, por lo que creen que habrían intentado vengarse.

Los tres internos evadidos fueron recapturados por personal policial en la intersección de las calles Blas Parera y Martín Fierro. El lugar está muy lejos de la UP1 y cerca de la zona de salidas de Paraná.

De hecho, este punto es cercano al barrio Nueva Ciudad, donde la mujer pariente de uno de los presos recibió la herida luego de una disputa en la que habrían participado otras mujeres.

Los presos no fueron devueltos a la UP1; por el contrario, quedaron a disposición de la Fiscalía en Turno. En paralelo, personal policial realizaba pesquisas en la cárcel para determinar si más internos participaron de la fuga, delimitar las responsabilidades de los agentes penitenciarios y analizar la situación en la que se produjo el hecho.

Uno de los guardiacárceles herido fue trasladado a un nosocomio local donde se constató que su cuadro no representa un caso de gravedad. El uniformado quedó en observación.

La Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de seis mujeres y tres hombres acusados de integrar una red ilegal dedicada a ingresar drogas al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza mediante la utilización de certificados de embarazo apócrifos. Según la investigación, las mujeres se hacían pasar por parejas de los internos para eludir los controles de rayos X y ocultaban pequeñas cantidades de estupefacientes en su cuerpo, que luego eran comercializados dentro del penal.

La resolución fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, integrantes de la Sala I del tribunal de alzada platense, quienes además ratificaron la prisión preventiva de tres de los procesados. En su fallo, los magistrados consideraron que las conductas imputadas encuadraban en el delito de comercialización de estupefacientes agravado por haberse cometido “en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario”, en virtud de los artículos 5°, inciso c, y 11°, incisos c y e, de la Ley 23.737.

Según publicó este lunes el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), la investigación fue impulsada por la titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del MPF.

De acuerdo con las actuaciones, las evidencias recolectadas durante la pesquisa permitieron reconstruir el funcionamiento de una organización criminal con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, y cuyo objetivo era ingresar y vender drogas dentro de establecimientos carcelarios, evitando los controles de acceso de los visitantes y mercaderías.

El grupo estaba conformado por presos y personas en libertad, la mayoría de ellas vinculadas entre sí por lazos familiares o afectivos. Según la fiscalía, las mujeres que colaboraban con la organización se registraban como parejas de los internos y presentaban certificados médicos falsos que acreditaban un supuesto embarazo. Esa maniobra les permitía eludir el control corporal por rayos X dispuesto por los protocolos de seguridad estipulados por Servicio Penitenciario Federal.

Una vez dentro del penal, las mujeres transportaban pequeñas dosis de droga fraccionada y empaquetada, que luego entregaban a los detenidos encargados de su repartición para la venta. El MPF precisó que la operatoria no se limitaba al penal de Ezeiza, en tanto se detectaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 de Merlo y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dio cuenta de un esquema articulado y con extensión territorial.

A partir del entrecruzamiento de datos realizado por la DAC, se determinó que los compradores -también internos- pagaban los estupefacientes mediante la cesión de sus haberes penitenciarios, conocidos como “peculios”. Para eso, autorizaban a miembros de la banda a cobrar los cheques emitidos por la administración del penal. Esos fondos eran luego centralizados y gestionados por uno de los detenidos que actuaba como coordinador general de las maniobras.

En su resolución, la Cámara Federal de La Plata describió la existencia de roles precisos y diferenciados dentro del grupo: desde la coordinación de las operaciones en el interior de la cárcel hasta la recaudación de los peculios, la falsificación de certificados médicos y la provisión de la sustancia ilegal desde el exterior. Además, los camaristas advirtieron sobre la utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros, incluso de familiares, para canalizar los fondos originados en la venta de drogas.

El tribunal aclaró que no se detectó participación de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras bajo investigación. Ahora la causa continuará en la etapa de instrucción con la intervención de las áreas especializadas en narcocriminalidad.

El veredicto en el juicio por la presunta red de corrupción, que operaba dentro de la Unidad Carcelaria Número Uno en la ciudad salteña de Villa Las Rosas, se conocerá este jueves en los tribunales provinciales. Diecinueve personas se encuentran imputadas en el proceso y enfrentan pedidos de condena que oscilan entre 6 y 20 años de prisión.

Las autoridades judiciales indicaron que este jueves los acusados podrán efectuar sus últimas declaraciones ante el tribunal conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, previo a la lectura formal de la sentencia. Los fiscales del caso solicitaron penas específicas de 11 años y 8 meses de prisión efectiva para Sergio Faustino Moya; 12 años para Francisco Arturo Bisceglia; 9 para Marcos Matías Bucotich García, y 8 años y 6 meses para Raúl Antonio Arjona y Luis Roberto Castaño, según NA.

Los pedidos de condena también comprenden a Marcelo Olguín Magno, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, para quienes se requirieron 6 años de prisión efectiva. A Rubén Antonio Guaymás se le solicitaron 5 años, a José Luis Alarcón y María Inés Méndez, 9 años, a Baldomero Darío Córdoba, 2 años, y a Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, 9 años y 6 meses.

En el caso de varios de los funcionarios penitenciarios imputados, los fiscales solicitaron penas agravadas por tratarse de la comisión del delito desde el interior de la cárcel y en calidad de personal encargado de la custodia de reclusos.

El caso surgió a partir de una denuncia anónima que activó el despliegue de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La presentación alertaba sobre presuntos actos de corrupción en el penal. Dado que los internos y sus contactos externos cambiaban habitualmente de chips en los teléfonos celulares utilizados para coordinar acciones, el trabajo se centró en la intervención de dispositivos y en el rastreo de los códigos IMEI, con autorización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO).

Durante al menos treinta días, los investigadores analizaron comunicaciones entre internos, familiares y funcionarios penitenciarios. El cruce de datos y la coordinación con el área de Inteligencia Penitenciaria posibilitaron definir con exactitud los roles ocupados por los implicados, que incluían jefes de pabellón, celadores, encargados de seguridad y miembros de la Junta Correccional, órgano responsable de gestionar beneficios como traslados, progresividad de pena o ingreso a regímenes especiales.

La investigación indagó en el funcionamiento de la Junta Correccional y en la concesión de beneficios a cambio de pagos canalizados a través de familiares o mediante transferencias encubiertas.

En este contexto, el oficial José Luis Alarcón, apodado “Cachorro”, fue identificado como uno de los coordinadores para el ingreso de elementos prohibidos, particularmente celulares.

Entre los internos, Méndez se le atribuye el consumo de estupefacientes y la obtención de beneficios sin ajustarse a las reglas del penal. Incluso, en algunas grabaciones se lo escucha relatar cómo lograba influir sobre agentes para obtener “diez puntos de conducta” o facilidades para actividades no autorizadas.

Sergio Faustino Moya fue sindicado como uno de los coordinadores de traslados no autorizados de internos y de la gestión de favores, tareas que continuó supervisando desde la alcaldía de Ciudad Judicial y que extendía incluso a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, donde gestionaba beneficios para detenidos a cambio de dinero.

Según el testimonio de los investigadores, la operatoria contemplaba la utilización de familiares ficticios, el pago de sumas de dinero por transferencias y la redistribución de fondos obtenidos a través de una compleja red que incluía más de 113 cuentas bancarias vinculadas a diecisiete de los imputados.

El financiamiento de la organización era articulado externamente por Baldomero Darío Córdoba, encargado de canalizar los fondos hacia los funcionarios penitenciarios, de acuerdo a lo acreditado en las evidencias bancarias y peritajes forenses.

En medio de la recta final del juicio por presunta asociación ilícita y violaciones a los derechos humanos en la Unidad Carcelaria N° 1, conocida como el penal de Villa Las Rosas, el Ministerio Público Fiscal de Salta solicitó a la Justicia que los imputados fueran condenados a penas de entre 12 y 1 año en prisión.

Durante la última audiencia celebrada este jueves, el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto calificaron el caso como de “extrema gravedad institucional”, al describir cómo los acusados transformaron la institución penitenciaria en un espacio de negocios ilícitos, en lugar de cumplir con la misión asignada al Servicio Penitenciario.

En línea con esto, los representantes del Ministerio Público Fiscal salteño apuntaron que había evidencia suficiente para comprobar que los acusados habrían operado con jerarquías definidas y una estructura orientada a la comercialización de drogas y la comisión de exacciones ilegales dentro del penal.

A raíz de esto, la acusación presentó las condenas en expectativa para los funcionarios, internos y familiares involucrados. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la pena más alta, de 12 años de prisión efectiva, fue solicitada para Francisco Arturo Bisceglia, por su rol como coautor en la comercialización agravada de estupefacientes, la comisión de siete hechos de exacciones ilegales y su pertenencia a una asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Seguido de este, el Ministerio Público Fiscal pidió 11 años y 8 meses de prisión efectiva para Sergio Faustino Moya, quien fue señalado como coautor de delitos similares a los que fueron atribuidos a Bisceglia. No obstante, indicaron que este solo habría participado en la comisión de tres hechos en concurso real.

La acusación también recayó sobre Luis Roberto Castaño y Raúl Antonio Arjona, para quienes se pidieron 8 años y 6 meses de prisión efectiva por su participación en la comercialización de drogas y su integración en la asociación ilícita.

En el caso de Marcos Matías Bucotich García y José Luis Alarcón, estos enfrentan pedidos de 9 años de prisión efectiva. Ambos fueron señalados como presuntos coautores de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autores de exacciones ilegales agravadas—; y miembros de asociación ilícita. Todos en concurso real.

Por otro lado, para Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, la solicitud asciende a 9 años y 6 meses de prisión; para María Inés Méndez pidieron que fuera condenada a 9 años de prisión efectiva por su ser considerada coautora de los delitos imputados.

Otros acusados, como Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, enfrentan pedidos de 6 y 5 años de prisión efectiva, respectivamente, por exacciones ilegales y su rol en la asociación ilícita. A su vez, solicitaron que se imponga una pena de dos años de prisión condicional sobre Baldomero Darío Córdoba, por ser considerado partícipe necesario en exacciones ilegales.

Ivana Marcela Gutiérrez y María Cristina Galindo podrían enfrentar 7 y 7 años y 6 meses de prisión efectiva, por su participación en la comercialización de estupefacientes. Asimismo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, para quienes la Fiscalía solicitó 6 años de prisión efectiva cada una.

Previo a esto, en los alegatos, el fiscal Torres Rubelt sostuvo: “Estamos ante una empresa criminal sofisticada y enquistada en el centro del Servicio Penitenciario de nuestra provincia”. Una conclusión a la que llegó la Fiscalía, tras descubrir que el funcionamiento de la organización se articulaba en tres niveles claramente diferenciados.

Según explicaron, en el núcleo interno se encontraban Manuel Méndez y Héctor Banegas, quienes, desde su condición de internos, coordinaban las operaciones. El segundo nivel lo conformaban los familiares directos: María Inés Méndez, madre de Méndez, y Ivana Gutiérrez, esposa de Banegas.

Aparentemente, estas personas gestionaban la apertura de cuentas, el cobro de dinero, la provisión y preparación de la droga, así como su ingreso al penal, con la colaboración de terceros que facilitaban sus cuentas para las transacciones financieras.

Por último, el tercer engranaje lo integraban miembros del Servicio Penitenciario —Moya, Bisceglia, Alarcón, Castaño, Bucotich y Arjona—, quienes permitieron el ingreso y la comercialización de estupefacientes dentro del ámbito de custodia, lo que generó el marco necesario para que Méndez llevara adelante la actividad ilícita.

Asimismo, identificó a Luna, Flores y Avendaño como nexos externos encargados de prestar las billeteras virtuales, y detalló la magnitud de las transferencias realizadas y recibidas. En el caso de Flores, el flujo de dinero en un período de cuatro meses alcanzó el equivalente a $4.183.316.

El fiscal, al referirse a una de las imputadas —actualmente prófuga y con un alto grado de adicción—, explicó que “se le entregaba los días lunes droga a cambio de usar su billetera virtual”.

Finalmente, subrayó la ausencia total de reportes oficiales sobre la participación del personal penitenciario en el tráfico de drogas, a pesar de que tanto autoridades como internos y familiares reconocieron durante el juicio el elevado consumo dentro de la cárcel.

En una nueva jornada de audiencia en la causa que involucra a varias autoridades del Servicio Penitenciario de Salta por una presunta organización narcocriminal que operaba dentro de la unidad carcelaria N° 1, conocida como Villa Las Rosas, un testimonio clave confirmó el pago de sobornos a cambio de beneficios especiales.

Este miércoles, uno de los ex internos del penal, declaró ante el Tribunal de Juicio del Distrito Centro, solicitó testificar sin la presencia de los acusados. Relató que, entre 2019 y el momento de su traslado a un penal federal, accedió a privilegios como salidas extramuros, permisos para asistir a la granja y mejoras en su puntaje de conducta, a cambio de pagos en dinero o en especias. Su confesión apuntó directamente a un funcionario penitenciario apodado “El Alfil”, como la persona encargada de gestionar estos beneficios, explicando que el oficial proporcionaba un número de cuenta al que los familiares del interno debían transferir las sumas pactadas, además de aceptar pagos en efectivo en encuentros previamente acordados.

El testigo repasó situaciones que iban desde una entrega de 280 mil pesos en una estación de servicio a uno de los imputados, hasta el envío de mercadería como asado, costillares y pernil para cumplir con los pagos. Incluso, mencionó que, tras el secuestro de un teléfono celular ingresado de manera irregular, el propio “Alfil” le entregó otro dispositivo para que pudiera coordinar los pagos desde el interior del penal. También mencionó un pago adicional para el ingreso de marihuana, con transferencias dirigidas al mismo hombre y, en ocasiones, a familiares de otros internos. De acuerdo con lo indicado por El Tribuno, el relato del recluso, quien actualmente se encuentra alojado en otra unidad carcelaria, apuntaba a otros jefes de pabellón responsables por facilitar el ingreso de la droga.

Durante la misma jornada, dos mujeres —madre e hija— imputadas en la causa por la comercialización de drogas en la cárcel prestaron declaración. La mayor explicó que comenzó a enviar dinero a un agente penitenciario a pedido de su pareja, quien también estaba privado de la libertad, con el mismo fin: obtener privilegios.

Los relatos cobraron mayor relevancia luego de que el director general del Penal, Enrique Torres, reconociera ante los jueces que se habían concedido beneficios a internos y que se habían detectado ingresos de droga.

En ese sentido, detalló cómo se otorgaban las salidas transitorias, traslados entre pabellones, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, y el ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes. De esta manera, Torres señaló particularmente a Francisco Bisceglia, integrante de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como el responsable de autorizar gran parte de estas irregularidades.

El funcionario explicó que ya en calidad de Inspector General durante 2022 y 2023 había detectado anomalías en la tramitación de “beneficios” para internos, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público Fiscal. Según lo publicado por el mismo medio local, esas primeras sospechas fueron confirmadas por el Departamento de Inteligencia, lo que llevó a iniciar una causa en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

Al profundizar sobre las irregularidades administrativas, Torres reveló la existencia de planillas de conducta sin firmas, ausencia de notificaciones a internos y expedientes incompletos, sumado a problemas serios en los controles y falta de recursos tecnológicos adecuados. Detalló que los informes de los jefes de pabellón eran fundamentales para elevar casos al Consejo Correccional, determinando así el acceso a beneficios como trabajo fuera del penal, que solo se obtiene cumpliendo determinada parte de la condena y manteniendo un puntaje alto de conducta.

Con respecto al flujo de droga y objetos prohibidos, el director reconoció que tanto las visitas familiares como los mismos empleados penitenciarios facilitaban el ingreso, dado que las requisas son limitadas y la falta de tecnología adecuada compromete la eficacia del control. Torres ilustró el profundo desorden haciendo referencia a un operativo realizado en diciembre de 2023, cuando hallaron armas caseras y cargadores en la oficina de un jefe de pabellón.

Después de haber transcurrido más de un año del ataque a tiros a un micro que trasladaba agentes penitenciarios desde la cárcel de Piñero, las autoridades del Gobierno de Santa Fe informaron que comenzarán con las audiencias imputativas contra los acusados.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, junto al fiscal Federico Rébola, anticipó en conferencia de prensa que imputarán tanto al instigador como a los autores materiales del grave atentado, al que vinculó directamente con las políticas carcelarias implementadas en los inicios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El atentado al micro del Servicio Penitenciario se produjo cerca de las 11 de la mañana del 2 de marzo de 2024, en la intersección de Circunvalación y Palliere, barrio Rucci, en la zona norte de Rosario. El colectivo, perteneciente a la empresa Laguna Paiva y contratado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, regresaba desde la cárcel de Piñero con el personal en su interior. En ese trayecto, un automóvil sin patente y con vidrios polarizados se puso a la par del ómnibus y abrió fuego en al menos nueve ocasiones.

Cococcioni definió el ataque como “un acto de represalia de las organizaciones criminales”, orientado a frenar los cambios en el sistema penitenciario que fueron impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro al poco tiempo de asumir en diciembre de 2023, según detalló el portal La Capital. El funcionario señaló que el hecho se produjo en un contexto de “acciones firmes” del Gobierno provincial contra el crimen organizado y advirtió: “No vamos a retroceder ni un milímetro”. En este sentido, explicó que el ataque respondió a “la reforma de los protocolos de requisas, en la restitución del régimen de alto perfil y en términos generales en el endurecimiento de condiciones carcelarias, principalmente para los líderes de las organizaciones criminales”, que el Gobierno provincial estaba llevando a cabo.

Además, remarcó que el objetivo de los atacantes era abiertamente homicida y que los hechos se inscriben en una violenta seguidilla de actos que, en esa misma semana, incluyó cuatro asesinatos de trabajadores y otros atentados en la ciudad. “Fue uno de los primeros actos de represalia de las organizaciones criminales, fundamentalmente en respuesta a las políticas penitenciarias iniciadas el 11 de diciembre de 2023”, recordó el ministro.

Durante la audiencia, Rébola llevó la acusación contra W.G., alias “Viejo”, identificado como el organizador e instigador del ataque, quien actualmente se encuentra detenido y condenado por homicidio. Es señalado por la justicia como jefe de una red dedicada al narcomenudeo que operaba no solo en Capitán Bermúdez sino en varias localidades de la región. Según la Fiscalía, desde la prisión coordinó el ataque en represalia a las nuevas condiciones de detención.

El fiscal también confirmó que serán presentados cargos contra los autores materiales, a quienes se les imputará por tentativa de homicidio, y se sumarán acusaciones por un ataque frustrado con un arma de fuego en enero del mismo año, contra clientes de un bar de la zona de La Florida. De acuerdo con la información detallada por el portal Rosario 3, la agrupación criminal tiene entre 11 y 13 integrantes al mando de un recluso de alto perfil de la cárcel de Piñero.

Uno de los disparos de aquella mañana de marzo hirió de refilón a un oficial en la cabeza. Otros dos agentes resultaron con escoriaciones leves en rostro y piernas a causa de la rotura de los vidrios por los balazos.

El jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, explicó que el micro transportaba oficiales hacia el norte santafesino. Tras el hecho, el auto de los agresores se dio a la fuga a gran velocidad. El procedimiento posterior incluyó un amplio operativo policial de corte de calles en la zona y el resguardo de la escena por parte de la Policía de Seguridad Vial y criminalística, donde encontraron en el micro un mensaje intimidatorio.

“Quienes están presos van a seguir presos, y si no lo entienden, la van a pasar mal”, afirmó Cococcini aquel día.

Este lunes, 8 oficiales del Servicio Penitenciario Provincial de Villa Las Rosas, en Salta, y un perito informático del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) comparecieron ante el Tribunal de Juicio, presidido por Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y respondieron a las preguntas de la Unidad Fiscal, integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

Gracias a los testimonios recogidos por el tribunal durante la sexta jornada de la audiencia de debate contra 20 acusados de integrar una red narcocriminal que operaba dentro del penal, quedaron expuestas las fallas en los controles y carencias en la capacitación del personal penitenciario.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo cuando un funcionario que ejercía como jefe del Pabellón A1 durante el período investigado, y que actualmente ocupa el cargo de subalcaide, fue demorado por el tribunal.

El motivo: sus respuestas evasivas ante las preguntas sobre un pedido del acusado Sergio Moya, jefe de seguridad externa, para que un interno obtuviera el beneficio de extramuros.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, el tribunal le recordó en tres ocasiones que declaraba bajo juramento y que, como funcionario público, debía responder con veracidad.

Las declaraciones de los testigos: fallas y carencias en el penal de Salta

Los testimonios expuestos revelan deficiencias en los procedimientos internos y falta de formación del personal penitenciario en la Unidad Carcelaria 1.

El perito informático del CIF detalló que su intervención consistió en procesar un teléfono celular perteneciente a Francisco Bisceglia, un miembro de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, apuntado por el director general del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, como responsable de otorgar salidas transitorias, traslados de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes.

El especialista explicó que realizó dos tipos de extracción: la lógica, que permite acceder a la información visible con el equipo encendido, y la física, que incluye datos de aplicaciones y material eliminado.

Para ello, utilizó la herramienta de análisis forense Cellebrite, de uso habitual en investigaciones policiales. El especialista aclaró que su labor se limita a la extracción de datos, sin analizar el contenido, y que toda la información obtenida se remite a la Fiscalía, donde queda a disposición de las partes.

A su vez, el testimonio de la auxiliar administrativa de la Dirección de Régimen Correccional aportó detalles sobre el proceso para otorgar beneficios extramuros.

La mujer relató que uno de los funcionarios acusados le consultó, incluso por mensajes, sobre el pedido de beneficio para Manuel Méndez, interno que figura dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía, ya que envió audios donde se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario.

La solicitud fue rechazada por no alcanzar los puntajes mínimos en Conducta y Concepto, requisitos indispensables junto con la historia clínica para acceder a estos beneficios. El trámite, según explicó, ingresó por Mesa de Entrada con los antecedentes, se derivó al área correspondiente y fue devuelto por no reunir las condiciones exigidas.

Por otro lado, la jefa del Sector Atención al Ciudadano reconoció que en su área no revisan lo que ingresa al penal, ya que esa tarea corresponde al sector de scanner. Además, reconoció ser la persona que aparece en un video recibiendo cajas de pizza, pero negó recordar el episodio y subrayó que ni los internos ni los cadetes pueden solicitar o ingresar comida por delivery.

También reconoció que en una ocasión se detectó el ingreso de drogas ocultas en alimentos.

Mientras tanto, el jefe de Capacitación del Penal, responsable de los talleres de oficios, fue enfático al afirmar que la compra de materiales la realiza un encargado y que, bajo ningún concepto, un maestro puede recibir transferencias de familiares de internos para adquirir insumos.

Por su parte, la empleada del Sector de Registro y Requisa de la Unidad Carcelaria 1 describió el equipamiento y los procedimientos de control.

Señaló que el penal dispone de tres scanners, aunque uno permanece fuera de servicio desde hace tiempo. Al personal penitenciario se le realiza una palpación superficial antes de ingresar.

La funcionaria indicó que es habitual que los funcionarios ingresen alimentos, incluso carne cruda, siempre con autorización verbal de un superior. Dispone de un listado de elementos permitidos, pero admitió que no leyó el Reglamento de Requisa del Servicio Penitenciario.

Consultada sobre la interpretación de las imágenes del scanner, reconoció que no sabe identificar drogas y que nunca recibió capacitación para esa tarea. Además, precisó que la Oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con un puesto propio de Registro y Requisa.

Los testimonios del subjefe del Departamento de Vigilancia y Tratamiento de Seguridad Externa y del responsable del Sector de Mantenimiento de Guardia Externa giraron en torno a la insistencia de Sergio Moya para obtener el beneficio de extramuros para un interno, a quien presentó ante algunos como vecino y ante otros como familiar.

Tras la declaración de todos los testigos, el subalcaide que había sido demorado fue convocado nuevamente por el tribunal y respondió las preguntas de las partes.

Para la próxima jornada, prevista para el martes 12 de agosto, se espera la declaración de diez personas.

En medio del juicio contra una red narcocriminal carcelaria que operaba en el penal Villa Las Rosas, el director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, reconoció ante los jueces que se habían concedido beneficios a internos y que se habían detectado ingresos de droga.

Durante su declaración, Torres detalló cuáles fueron los beneficios anómalos que le habían concedido a internos y apuntó contra Francisco Bisceglia, un miembro de la Dirección de Vigilancia y Tratamiento, como responsable de otorgar salidas transitorias, traslados de pabellón, informes correccionales favorables, visitas sin requisa, ingreso de celulares, cargadores, comida, bebidas y estupefacientes.

En línea con esto, el funcionario confirmó que existieron irregularidades cometidas por parte del personal penitenciario, tras señalar que ya habían sido advertidas por otros testigos. Además, recordó que, durante 2022 y 2023, se desempeñó como Inspector General y que a mediados de 2023 se habían detectado anomalías en la tramitación de beneficios para internos.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el director del Servicio Penitenciario salteño relató que los primeros rumores recayeron sobre Bisceglia. La información fue corroborada por el Departamento de Inteligencia y, tras analizar los informes respectivos, la Dirección General resolvió dar intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, el titular de la penitenciaria argumentó que el caso no se investigó internamente debido a la gravedad del asunto, la falta de recursos suficientes y la permanencia de los presuntos implicados en sus cargos, lo que motivó el pase de la causa a la justicia provincial. Incluso, mencionó que se detectaron planillas de concepto y conducta sin firmas, falta de notificaciones a internos y expedientes incompletos o sin respaldo.

Para contextualizar las falencias, explicó que el régimen de evaluación consistía en que todos los internos fueran calificados en conducta y concepto, de 1 a 5, y dichas calificaciones incidirían en el acceso a beneficios como trabajar fuera del penal o progresar dentro del régimen.

De la misma manera, remarcó que los jefes de pabellón eran los encargados de elevar los informes al Consejo Correccional, para que defina los dictámenes técnicos sobre los beneficios solicitados. Asimismo, detalló que para obtener trabajo extramuros, un interno debe haber cumplido al menos el 40% de la condena, acreditar muy buena conducta y presentar aptitud física certificada.

Sobre el ingreso de drogas y objetos prohibidos, Torres reconoció graves deficiencias en los controles y señaló la falta de tecnología adecuada. En este sentido, precisó que los ingresos ilegales suelen producirse por las visitas, lanzamientos desde el exterior y el propio personal.

A pesar de que las requisas internas se realizan diariamente en sectores rotativos, sin previo aviso, y el decomiso de objetos debe registrarse formalmente, el director del Servicio Penitenciario remarcó que los controles a las visitas y trabajadores suelen ser insuficientes.

Asimismo, dejó claro que los elementos secuestrados no deben almacenarse en la oficina del jefe de pabellón y que su permanencia en ese lugar constituye una irregularidad. Por esto, hizo referencia a un operativo ocurrido en diciembre de 2023, cuando hallaron “puntas” y cargadores en el escritorio del jefe de pabellón. Y ratificó que las transferencias de dinero de familiares de internos al personal penitenciario están expresamente prohibidas.

En la jornada también declararon investigadores de UFINAR, quienes detallaron cómo detectaron una estructura de provisión y venta de drogas en el penal, con la colaboración de un interno identificado como Manuel Méndez y su madre, María Inés Méndez.

La investigación se apoyó en análisis de cuentas bancarias, billeteras virtuales, escuchas telefónicas y redes sociales, permitiendo detectar mecanismos de ocultamiento y distribución de dinero y estupefacientes desde el penal hacia el exterior.

Por último, el oficial Oscar Ruiz Córdoba, de la UFINAR, presentó videos en los que se observa a un jefe de pabellón mientras dejaba pasar una bolsa blanca que no fue inspeccionada. Se espera que la audiencia continúen este viernes a partir de las 8 horas en la Sala de Grandes Juicios.

Esta semana, en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, comenzó la audiencia de debate por la presunta existencia de una organización narcocriminal en el Penal de Villa Las Rosas de Salta. Allí, 20 personas —entre funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares— enfrentan cargos por integrar la red, bajo la supervisión de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar. En la última audiencia realizada, se produjo un testimonio clave.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal identificó tres aspectos fundamentales para el funcionamiento de la red: la distribución interna de droga, las conexiones externas para el manejo de dinero y la complicidad de funcionarios penitenciarios. El proceso judicial prevé la declaración de más de 180 testigos.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, calificó la situación como “imperdonable” y remarcó que la red de corrupción involucraba tanto a personal de bajo rango como a altas autoridades del Servicio Penitenciario.

García Castiella explicó que la investigación se desarrolló en un contexto de amenazas contra agentes y familiares de internos, lo que motivó su participación directa en la Unidad Fiscal junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

El procurador recordó una “panfletada muy fea” y una amenaza muy dura dirigida a la entonces directora del Servicio Penitenciario, Karina Torres, quien colaboró activamente con la investigación. De hecho, Torres declaró en la última audiencia y precisó que le entonces subsecretario de políticas penales le habría solicitado que interviniera para favorecer a Sergio Faustino Moya, jefe de seguridad externa, en una campaña política.

El proceso judicial es presidido por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, y se apoya en una investigación que comenzó tras una denuncia anónima presentada por testigos de identidad reservada.

Según el comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del CIF, la denuncia señalaba presuntos actos de corrupción dentro del penal, lo que motivó el diseño de una estrategia metodológica y sistemática para sortear la resistencia y el control de la información por parte de los investigados.

La investigación se centró en la intervención de dispositivos telefónicos, utilizando los códigos IMEI para rastrear comunicaciones, ya que los internos cambiaban frecuentemente de chips.

Esta medida, respaldada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO), permitió identificar seis dispositivos intervenidos durante 30 días, período en el que se detectaron intercambios entre internos, familiares y funcionarios penitenciarios relacionados con pagos, beneficios indebidos y otras conductas ilícitas.

El análisis de las escuchas llevó a individualizar a tres oficiales del escalafón jerárquico y a varios suboficiales, lo que motivó la ampliación de la intervención a sus dispositivos para profundizar la trazabilidad de sus movimientos y relaciones.

El trabajo conjunto con el área de inteligencia penitenciaria resultó fundamental para validar los datos obtenidos. El entrecruzamiento de información permitió determinar con precisión los roles de los implicados, desde celadores y jefes de pabellón hasta encargados de seguridad externa y miembros de la Junta Correccional.

Este órgano, encargado de otorgar beneficios como traslados, progresividad de pena o ingreso a granjas, fue señalado como un punto clave en la gestión irregular de privilegios, operando a través de una red interna con la participación de funcionarios específicos.

Entre los nombres identificados, el oficial José Luis Alarcón, alias “Cachorro”, fue señalado como responsable de coordinar el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, mediante familiares de internos.

Las pruebas presentadas incluyeron audios y capturas de pantalla de mensajes, que respaldaron las afirmaciones del comisario Sánchez.

En los diálogos, el interno Manuel Méndez se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario. En uno de los audios, mencionaba haber conseguido “diez puntos de conducta” sin cumplir ninguna norma, y se reía junto a su madre del control que ejercía sobre los agentes para obtener privilegios.

El comisario Sánchez también describió el papel de Moya, a quien atribuyó la coordinación de traslados irregulares de internos y la gestión de favores mediante personal de mantenimiento, utilizando solicitudes de familiares ficticios como justificación.

Moya, según el testimonio, continuaba operando desde la alcaldía de Ciudad Judicial y exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de alimentos o pertenencias, apropiándose de parte de lo ingresado de forma ilícita. Además, se indicó que desempeñaba funciones en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, donde también gestionaba beneficios irregulares a cambio de dinero.

En cuanto a la estructura financiera de la organización, el testigo identificó a Baldomero Darío Córdoba como el nexo externo encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios.

Un caso emblemático fue el del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Bisceglia y Córdoba.

Teruel fue trasladado al pabellón F, destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad, tras el pago de sumas de dinero que Córdoba distribuía entre los funcionarios involucrados.

Aunque se intentaba que las operaciones fueran en efectivo para evitar rastros, una transferencia de $100.000 quedó documentada: Córdoba la realizó a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia, según el análisis forense de dispositivos electrónicos.

Consultado sobre otras gestiones vinculadas a Teruel, Sánchez explicó que se tramitaba cualquier solicitud que mejorara sus condiciones de detención, incluida atención médica preferencial. Todas las gestiones eran coordinadas por Córdoba, quien instruía sobre cómo justificar los pagos y qué argumentos presentar ante el servicio penitenciario.

El análisis financiero permitió establecer una trazabilidad que abarcaba más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, consolidando así un circuito de financiamiento que sostenía el funcionamiento de la organización ilícita dentro del penal.

En la audiencia también declaró el subcomisario mayor Ariel Barrera, jefe de la Unidad de Investigación UFINAR, quien detalló que la intervención de IMEI de distintos celulares permitió detectar la comercialización de estupefacientes en el interior de la Unidad Carcelaria N° 1. A partir de este hallazgo, se conformó la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación.

Barrera precisó el rol de cada involucrado en la maniobra: proveedores, contacto logístico, funcionarios penitenciarios encargados del ingreso de la sustancia y el interno responsable de la distribución.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la actualización de los haberes y los suplementos para el personal en actividad de las fuerzas federales. Lo hizo a través de una resolución publicada este miércoles en Boletín Oficial y se hará de manera escalonada hasta noviembre del corriente año.

Los nuevos montos distinguen entre grado y función de los integrantes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La Resolución 944/2025 señaló la necesidad de garantizar una adecuada jerarquización salarial que refleje la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal policial y de seguridad federal.

Dentro de los ítems, se incluyó la compensación por “Recargo de Servicio” así como los importes correspondientes al suplemento por “Funciones de Prevención Barrial”. La medida también abarcó la actualización de suplementos por “Zona”, títulos académicos, “Fijación de Domicilio”, “Variabilidad de Vivienda”, viáticos y reintegro de gastos de sepelio. Cada uno de estos se aplica según el cuerpo de seguridad al que le corresponda.

La resolución dispone que la percepción de los nuevos haberes y suplementos se hará en etapas que comprenderán los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de este año, de acuerdo con lo consignado en cada uno de los anexos que acompañan la publicación.

Para Gendarmería, la normativa indica que las mejoras salariales rigen para quienes tienen estado militar de gendarme en actividad, que incluyen además los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y “por Recargo de Servicio” que toma en cuenta la cantidad de horas. Este último, también alcanza a la Prefectura Naval.

El personal con estado policial en actividad y el personal auxiliar de seguridad y defensa de la Policía Federal también tendrá actualizados los haberes y compensaciones por servicio adicional. Se contemplan además suplementos por zona —comprendiendo las regiones de Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y La Plata—, y por funciones específicas.

Para los máximos responsables de las tres fuerzas mencionadas en los párrafos anteriores, se establece un “complemento por responsabilidad jerárquica”, valores que quedaron establecidos de la siguiente manera:

Director Nacional de la Gendarmería Nacional / Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina / Jefe de la Policía Federal Argentina

• A partir del 1° de junio de 2025: $353.697,16
• A partir del 1° de julio de 2025: $358.295,23
• A partir del 1° de agosto de 2025: $362.953,06
• A partir del 1° de septiembre de 2025: $367.308,50
• A partir del 1° de octubre de 2025: $371.348,89
• A partir del 1° de noviembre de 2025: $375.433,73

Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional / Subprefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina / Subjefe de la Policía Federal Argentina

• A partir del 1° de junio de 2025: $319.035,58
• A partir del 1° de julio de 2025: $323.183,05
• A partir del 1° de agosto de 2025: $327.384,43
• A partir del 1° de septiembre de 2025: $331.313,04
• A partir del 1° de octubre de 2025: $334.957,48
• A partir del 1° de noviembre de 2025: $338.642,01

En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los montos se ajustan conforme el Decreto N° 836/08 y precisados en el Anexo V, el cual se adjunta a continuación.

Asimismo, para el Servicio Penitenciario Federal se actualizaron las compensaciones por “Fijación de Domicilio” y “Variabilidad de Vivienda”, el complemento particular por “Función Ejecutiva”, los suplementos particulares por “Zona Sur” y “Título Académico”, el “Régimen de Viáticos”, el concepto indemnizatorio “Resarcimiento de Gastos” y el beneficio “Reintegro de Gastos de Sepelio”, además del sueldo básico mensual.

El financiamiento de los incrementos dispuestos por la resolución firmada por la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, será cubierto con los créditos asignados al Ministerio de Seguridad Nacional.

El incremento se formalizó a pocas horas de que se aprobaran los incrementos para las Fuerzas Armadas y la Policía de los Establecimientos Navales, conforme lo dispuesto en la Resolución Conjunta 63/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Defensa, Luis Petri, y al igual que la reciente resolución, se aplicará por etapas entre junio y noviembre de 2025.

Los incrementos, establecidos tras la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público y los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios, buscan adaptar los salarios al esquema escalonado ya fijado para la Administración Pública Nacional.

Según el artículo 1° de la resolución, “fíjase el ‘Haber Mensual’ del Personal Militar de las Fuerzas Armadas para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I”. De igual manera quedó establecido para la Policía de los Establecimientos Navales, según consignaron en el anexo II”.

El ajuste impacta en todos los niveles de la estructura militar y policial, contemplando actualizaciones en los haberes básicos y en los adicionales que correspondan.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín rechazó el pedido de “salida extraordinaria” por “deber moral” formulado por Lucas Delgado, condenado a 25 años de prisión por su participación en el homicidio del cajero del Banco Nación Mario Chávez Torrez, ocurrido durante un violento asalto armado en la sucursal de Isidro Casanova en enero de 2020. El interno había solicitado autorización para egresar del penal de Marcos Paz para visitar a su padre, quien padece ceguera, distintas patologías crónicas y fue sometido a una amputación de pierna en 2024.

El tribunal de feria -integrado por los jueces Matías Mancini, Silvina Mayorga y Daniel Gutiérrez- resolvió que la situación sufrida por el papá del interno no encuadraba en los supuestos de gravedad o urgencia extrema exigidos por la norma para permitir una salida transitoria por razones humanitarias. En los términos del juez Mancini, que lideró el acuerdo, “si bien la situación de salud del Sr. Delgado es delicada por las complicaciones que suscitaron debido a su diagnóstico -diabetes-, no se introdujeron nuevos factores que demuestren un estado terminal o de gravedad”.

Lucas Fernando Delgado fue condenado el 22 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín a la pena de 25 años de cárcel tras ser hallado coautor penalmente responsable del homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa de Mario Germán Chávez Torrez, un joven cajero del Banco Nación asesinado durante un asalto ocurrido el 31 de enero de 2020 en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. También fue sentenciado por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad, en concurso real de delitos. El fallo fue dictado por los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Nada Flores Vega, y actualmente se encuentra apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En rigor, el hecho ocurrió cuando un grupo de personas con los rostros cubiertos y fuertemente armadas irrumpió en la sucursal situada en la calle Roma 3271. En menos de cuatro minutos, los asaltantes redujeron al personal y se apoderaron del dinero que había en tres cajas de atención al público. En la caja uno se encontraba Chávez Torrez, de 31 años, quien recibió un disparo letal en el abdomen al intentar resistirse al robo. Tanto el crimen como la fuga quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Varios de los vehículos usados por la banda fueron encontrados luego abandonados, y la investigación derivó en la identificación de varios de sus integrantes.

Durante el juicio, el fiscal general Eduardo Codesido había solicitado prisión perpetua tanto para Delgado como para Norberto Manuel Salinas, quien finalmente fue condenado a esa pena y declarado reincidente. La querella, que representó a la familia de la víctima, también había requerido perpetua para Delgado, de 28 años.

Por su parte, el supuesto autor material del disparo, Alberto Manuel Feijo, alias “Aceite”, fue abatido en un tiroteo en la zona sur del conurbano con fuerzas de seguridad meses después del asesinato. Otros acusados, como Sergio Nicolás Poggi, Solange Estefanía Díaz (integrante de la Policía de la Ciudad) y Ayelén González, fueron condenados por el delito de encubrimiento.

En ese contexto, el reciente planteo invocado por la defensa de Delgado para visitar a su padre por problemas de salud volvió a repetirse. Ya en diciembre del año pasado el tribunal le había concedido, por única vez, una salida extraordinaria al domicilio de sus padres, en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza, tras una cirugía de amputación de la pierna izquierda sufrida por su progenitor.

Dicho egreso se concretó el 27 de diciembre, con acompañamiento de personal del Servicio Penitenciario Federal. Meses más tarde, la Defensoría Pública N°4 de San Martín reiteró su pedido -esta vez con carácter mensual-, lo que fue rechazado en abril pasado. De ese modo, la resolución dictada este jueves se vinculó con un nuevo intento del condenado para obtener una visita presencial, invocando otra vez los inconvenientes físicos de su papá.

Para argumentar el planteo, el defensor oficial del interno acompañó un certificado médico que dio cuenta de las distintas patologías que le impedían al progenitor usufructuar las visitas familiares a la unidad carcelaria: diabetes, amputación del miembro inferior izquierdo, insuficiencia renal crónica y cardíaca, entre otras. También explicó que “no era posible la realización de videollamadas”, en tanto el padre “era no vidente”.

Al respecto, expuso: “es superfluo discutir sobre la posibilidad de reemplazar una visita extraordinaria de carácter personal por otra a través de medios digitales, teniendo especial consideración que el contacto personal y el afecto entre mi asistido y su padre son cruciales para el bienestar emocional de ambos, contrarrestando de alguna manera aquellos sentimientos de soledad y aislamiento que muchas veces genera la pérdida de visión".

Tanto el fiscal Codesido como el querellante Hernán Vega se opusieron a la salida de Delgado del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz “en la medida que ya hizo uso de ese beneficio (por única vez) en el mes de diciembre del 2024).

Así las cosas, al fundamentar el rechazo, el juez Mancini sostuvo que la solicitud “no encuadra en ninguno de los supuestos contenidos en la norma de aplicación”. Citando doctrina penal, recordó que el egreso por "deber moral" apunta a permitir que el preso cumpla sus obligaciones afectivas de manera personal “en caso de fallecimiento, enfermedad o accidente grave de un familiar o allegado con derecho a visita o correspondencia”, o bien para “acompañar, en sus últimos días o en el dolor de su separación física a los familiares o allegados queridos del interno”.

Además, el magistrado aclaró que ese escenario “no se compadece con el presentado por el interno y su defensa”, ya que -si bien la situación médica del progenitor estaba acreditada- “su estado se encuentra estable y con supervisión médica continúa”. En esa línea, detalló que “el caso de autos no encuadra dentro de las previsiones del art. 166 de la ley 24.660, pues esta norma postula este tipo de visitas para casos muy particulares y excepcionales relacionados con situaciones de gravedad o urgencia extrema”.

“En tal sentido -precisó-, de la lectura del informe social confeccionado por las autoridades del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, se desprende que -el padre de Delgado- continúa con el tratamiento indicado, realizándose diálisis los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de la mañana de 04:30 a 13:00 horas. A su vez, dispone de la asistencia y acompañamiento cotidianos e imprescindibles, por parte (...) su cónyuge y madre del encartado".

Y concluyó: “En consecuencia, si bien la situación de salud del Sr. Delgado es delicada, por las complicaciones que se suscitaron debido a su diagnóstico, no se introdujeron nuevos factores que demuestren un estado terminal o de gravedad, por lo tanto, tal circunstancia no es fundamento suficiente para cambiar el temperamento adoptado por el Tribunal el pasado 7 de abril y justificar un nuevo egreso del interno”.

Con la adhesión posterior de los jueces de Cámara Gutiérrez y Mayorga, el tribunal oral resolvió no hacer lugar al pedido de “salida moral” y encomendar a las autoridades del penal que, a pedido del interno, “se realicen las gestiones correspondientes para que mantenga comunicación con su progenitor” por medios digitales, de acuerdo al “Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través del sistema de videollamadas”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes la condena a siete años de prisión e inhabilitación absoluta contra Santo González, un exagente del Servicio Penitenciario de Tucumán, por su participación secundaria en el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años, nacido en cautiverio durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Penal de Villa Urquiza. La víctima, identificada como M.D.N., recuperó su identidad en 2015.

La decisión del máximo tribunal penal del país ratificó la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y rechazó, por unanimidad, el recurso de la defensa.

En rigor, el tribunal de juicio tuvo por acreditado que la madre del niño, S.A.N., permaneció detenida de forma ilegal en condiciones de aislamiento en ese penal, donde fue víctima de reiteradas violaciones sexuales. Según su testimonio, el parto se produjo en abril o en mayo -de 1976- y nunca supo “si la atendió alguna vez un médico porque dio a luz estando vendada”. Al poco tiempo de dar a luz, le sacaron al bebé “cuando todavía no había pasado la cuarenta” por una disposición que nunca supo de quién fue.

La defensa oficial de González, a cargo de los defensores públicos Mariano Gabriel Galetta y Verónica Fátima Mibelli, alegó que la sentencia condenatoria resultaba arbitraria, “pues carecía de la debida fundamentación que exigen los arts. 123, 399, y 404, inc. 2, del C.P.P.N.”. Sostuvo que el tribunal “había omitido la valoración de la prueba dirimente aportada por la defensa” y que no se había determinado con precisión su rol. También argumentó que en la época de los hechos existían “por lo menos diez agentes penitenciarios en funciones de apellido González” y que el fallo no había explicado “cuál fue el supuesto aporte concreto y necesario que Santo González realizó en la sustracción del menor”.

Los agravios también incluyeron el cuestionamiento a la aplicación de la ley penal más gravosa. La defensa sostuvo que, de haberse probado una participación de González, esta solo pudo referirse a la sustracción, pero no a la retención u ocultamiento, por lo que “no podía considerarse de modo genérico que, al tratarse de un delito permanente, cabía la aplicación de la ley penal más gravosa por cuanto el delito cesó de cometerse en 2015, cuando M.D.N. recuperó su identidad”.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo, al oponerse al planteo defensivo, expuso que el imputado, “desde su calidad de guardiacárcel, había suministrado un aporte en la sustracción de M.D.N., conducta que, a su vez, había operado como condición de posibilidad del perfeccionamiento de su retención u ocultamiento durante casi cuarenta años”. Indicó que González “había integrado la asociación ilícita que actuaba en ese establecimiento penitenciario”, lo cual no constituía “una conducta neutra”, y destacó que en su declaración indagatoria había reconocido su rol como guardiacárcel y su conocimiento sobre la existencia de “detenidos subversivos“, a quienes diferenció de los ”detenidos políticos" y de los “comunes”.

El fiscal general Mario Villar, por su parte, dictaminó que el recurso debía rechazarse en tanto “los elementos de prueba recabados habían demostrado que Santo González, a la fecha en que se produjo el nacimiento y la sustracción y ocultamiento de la víctima, prestaba servicios en el Penal de Villa Urquiza y que, desde ese ámbito de desempeño, había desplegado actividades delictivas vinculadas con el centro clandestino de detención que funcionaba en ese establecimiento penitenciario”.

Al momento de abrir el acuerdo de la Sala IV de Casación, el juez Gustavo Hornos señaló que “la intervención de Santo González en el hecho que se le atribuye aparece correctamente fundamentada en las pruebas producidas durante el juicio”. En esa línea, remarcó, al igual que la fiscalía, que el tribunal oral valoró como acreditado que el imputado “prestaba servicios en el Penal de Villa Urquiza y que, desde ese ámbito de desempeño, desplegó actividades delictivas en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese establecimiento penitenciario”.

Además, en una resolución a la que accedió Infobae, destacó que el rol del acusado había sido “lateral” en los hechos, pero que su presencia allí “estaba acreditada” no sólo por su legajo, sino también por declaraciones de testigos y coimputados. Entre ellos, se citó el testimonio de Juan Carlos Montero, quien identificó al “Cabezón González” como parte de la guardia armada, “que estaba adelante y que controlaba el ingreso y la salida de personal e internos del establecimiento penitenciario”, y el de Francisco Alfredo Ledesma, quien indicó que González se desempeñaba en el servicio externo y lo diferenciaba de otro agente homónimo.

En cuanto a la permanencia del delito y la ley aplicable, el magistrado explicó que “la conducta de ocultar cesa cuando termina el ocultamiento mismo: cuando la persona pasa a conocer su identidad”. En ese sentido, aseveró que “el contenido del ilícito de la participación se determina primariamente por el ilícito del hecho al que ella se presta” y que, por tanto, “el condenado desde su aporte a la apropiación de -M.D.N.-contribuyó al plan criminal general”.

Sobre la pena, Hornos expresó que “no se observa desproporción entre el monto de la pena de prisión cuestionado (...) y la naturaleza y extensión del suceso delictivo”. Dijo que se valoraron adecuadamente las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, incluyendo tanto agravantes -como su carácter de funcionario público y su contribución al plan criminal- como atenuantes: “su edad actual (setenta y cinco años) que demanda una aplicación racional de la pena que no obture su finalidad resocializadora, su bajo nivel de instrucción (primario completo), el rol no esencial desplegado en la realización de la conducta típica y la observancia de las obligaciones a su cargo en el cumplimiento de la prisión preventiva antes y después de la condena que le fuera impuesta en causa ‘Villa Urquiza’”.

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, a su turno, adhirieron a la solución propuesta. Borinsky subrayó que la condena apelada “luce suficientemente fundada sobre la base de una adecuada valoración del material probatorio de cargo reunido durante el debate, y conforme las reglas de la sana crítica racional”, y que “la conducta desplegada por Santo González se encuentra comprobada en la presente causa y satisface los requisitos de tipicidad objetiva y subjetiva del delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años”.

De ese modo, la resolución concluyó con el rechazo del recurso de casación y la confirmación de la sentencia sin costas, con la reserva del caso federal.

En un cónclave sin grandes cruces, el kirchnerismo se opuso esta tarde a los decretos ejecutados días atrás por el Ejecutivo para reorganizar a las fuerzas federales bajo el paraguas de las facultades delegadas de la ley bases, hoy ya vencidas. El principal bloque opositor lo hizo en una reunión informativa de la bicameral que fiscaliza estos organismos, que también escuchó las graves acusaciones contra el gobierno del Frente Renovador -no massista- de Misiones del policía retirado y legislador provincial electo Ramón Oscar Amarilla, quien estuvo ocho meses preso acusado de intento de sedición y otros delitos.

La principal crítica de los diputados y senadores kirchneristas estuvo relacionada con la supuesta imposibilidad del Gobierno de avanzar, más allá de las facultades delegadas vigentes hasta hace días atrás, con este tipo de temas cuando en la ley Bases no estuvo incluida la emergencia en seguridad y a diferencia, por caso, de la administrativa. Los legisladores de tribus ahora peronistas además rechazaron que haya cuestiones penales sobre las que la Casa Rosada, en principio, no puede modificar vía decreto. Como la bicameral que trata estas cuestiones -de Trámite Legislativo- no se juntó aún, los opositores deslizaron la idea de ir directo al recinto para debatir su validez, en medio de un escenario adverso para el comando libertario.

El encuentro de este martes estuvo comandado sin problemas por el senador macrista y titular de la bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, Martín Goerling (Misiones). Por el Ejecutivo expuso el director nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, quien aseguró que “en todos los casos se buscó fortalecer un proceso de modernización, de profesionalización y de actualización de aspectos normativos de más de 50 años”. No obstante, reconoció que, en el caso de la Policía Federal, “sí se hizo una reforma más estructural”.

De modo preventivo, Fleitas resaltó que se reprodujeron, en la mayoría de los decretos, “las potestades vigentes de investigación” y que ya tienen “todas las policías de la Argentina”. El funcionario también direccionó la lupa a las autonomías de las fuerzas, que ahora tendrán una conexión directa con el Ministerio de Seguridad. Tampoco olvidó las modificaciones en cuanto a tecnología, Recursos Humanos e incorporación de profesionales graduados para la investigación de delitos complejos.

El diputado kirchnerista y vice de la bicameral, José Glinski -el chubutense fue jefe de la PSA con Alberto Fernández-, fue el primero en quejarse por la exclusión del debate en el Congreso, aunque ratificó el “consenso de que las fuerzas federales merecían una reforma”. En ese sentido, observó: “Se hacen amparadas en la ley Bases y las facultades delegadas, pero hubo una acción expresa de los diputados de quitar la emergencia en seguridad y entendemos que estas reformas exceden las facultades delegadas”.

Glinski no obvió las atribuciones para detenciones de parte de la Policía Federal, así como por qué la Gendarmería toma ahora tareas de seguridad vial y la disminución de la injerencia civil en la PSA. En tanto, el senador neuquino Oscar Parrilli solicitó detalle de la cantidad de efectivos de las cuatro fuerzas, a lo que Fleitas respondió que son cerca de 105.000 y que “no hubo un crecimiento significativo” desde el inicio de la gestión libertaria.

“Si la ministra Bullrich posteó en redes que es una reforma histórica de las fuerzas federales en cinco décadas, ¿por qué decidieron hacerlo por decreto y no por proyectos?“, consultó el diputado cristinista Juan Marino. ”Es una decisión política que me excede“, afirmó Fleitas, y justificó dicho mecanismo ya que en las potestades se limitaron a “cortar y pegar” las atribuciones de las normas vigentes para dichas fuerzas federales. Ante las dudas, advirtió que muchos puntos a futuro tendrán que activarse vía protocolos y que los frutos completos se verían “en dos años”.

Marino requirió precisiones sobre el seguimiento en redes sociales. Fleitas indicó: “Las tareas de prevención en espacios abiertos digitales es en todos los lugares del mundo y en las provincias. Fue adoptado por administraciones de distinto color político. Esto se tiene que hacer respetando derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política. No puede ser realizado con esos fines y deberá ser trabajado con los protocolos, pero la jurisprudencia argentina lo aceptó incluso por la Cámara Federal, Casación y hay decena de fallos sobre la legalidad de actividades de prevención. ¿Qué se investiga? Prevención sobre mercados ilegales, pedofilia, abuso sexual y trata de personas“.

“Ya prácticamente estamos en condiciones de tratarlo en el recinto”, comenzó su discurso la diputada kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos), al referirse al decreto relacionado con la Policía Federal (383/25). En esa línea, opinó: “Es una facultad excepcional -la delegada- en materia de administración y emergencia pública. En la ley Bases no se menciona la emergencia en seguridad y por eso no puede modificarse la carta orgánica de la Policía Federal. Este decreto es inconstitucional”.

Más allá del oficio que tuvo Goerling para manejar el cónclave, resultó más que llamativo el abandono de La Libertad Avanza ante legisladores que denostaron decisiones de la empoderada Bullrich y del propio Javier Milei. Sólo apareció el diputado Santiago Pauli (Tierra del Fuego), quien sostuvo: “Dudo que haya consenso -en referencia a la discusión de leyes-, pero si hay reformas necesarias, no le echemos culpa al Ejecutivo”.

Escándalo misionero

Durante la segunda parte del encuentro se escuchó la disertación del suboficial Mayor (retirado) de la Policía de Misiones Ramón Oscar Amarilla, preso por haberse manifestado contra el gobierno de dicho distrito -que maneja en las sombras el inoxidable e intocable Carlos Rovira- y reciente legislador provincial electo, cuestión que derivó en su inminente liberación luego de estar más de ocho meses en un expediente por tentativa de sedición.

“Misiones parece un mundo aparte de la Argentina. Es una dictadura disfrazada de democracia”, disparó Amarilla, que contó que la relación con el Gobierno provincial quedó fracturada en octubre de 2023, cuando la gestión local dejó de recibirlos.

“El 18 de septiembre de 2024 ordenan mi detención, involucrándome con un grupo del cual no soy partícipe y ordenan mi detención. En menos de nueve horas ya estaba en la Unidad Penal 8 (Cerro Azul), violando todos mis derechos constitucionales y humanos. Estuve ocho meses y 24 días privado de mi libertad”, sentenció.

Amarilla también contó situaciones denigrantes de convivencia en la celda en la que estuvo alojado y que fue reingresado a la Policía con la intención de desconocer sus ingresos durante 31 años y la quita de la obra social. “Menos mal que estuve preso; si no, me iban a matar”, dijo.

La comisión bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior se reunirá este martes, desde las 15, para analizar los recientes decretos que reorganizan a las fuerzas federales a través de las normativas 483, 455, 456 y 457 del corriente año, que implican modificaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario.

El cuerpo legislativo en cuestión está presidido por el senador del Pro Martín Goerling (Misiones), actual vicejefe del macrismo en la Cámara alta. Tras reclamos desde el kirchnerismo y otros sectores de la oposición es que asistirán a la reunión informativa responsables técnicos de la redacción de los decretos para explicar el alcance de los mismos.

La reunión no pasará desapercibida ya que se trata nada menos de cuestiones relacionadas con la ministra de Seguridad y flamante referente de confianza libertaria, Patricia Bullrich, quien mantuvo días atrás un furioso intercambio en redes con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, por la sesión del jueves último en el Senado y las duras derrotas para la Casa Rosada.

“Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas. La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla ríos y mares. El SPF, en las cárceles”, señaló Bullrich cuando se publicaron los decretos en el Boletín Oficial.

Según el Ministerio de Seguridad, para la PSA se “habilita su intervención en seguridad del transporte”, se incluirá a cadetes al escalafón y se restringirá el “uso de servicios de terceros con fines remunerados”, entre otras cuestiones. En tanto, para la Gendarmería se “establece su plena independencia de las Fuerzas Armadas y su pertenencia” a la cartera de Bullrich y se “formaliza su participación en misiones internacionales”.

La misma independencia correrá para la Prefectura, a la que además se “habilita” para participar “en misiones internacionales” y se fijan “principios claros de actuación en materia regulatoria, en línea con la Ley de Bases y el REGINAVE”. En tanto, para el Servicio Penitenciario se impulsa una jerarquización del escalafón profesional, la creación de una escuela de suboficiales, y la inclusión de jerarquías de cadetes y aspirantes.

El convite tiene un punto más que interesante en segundo lugar: la exposición del suboficial Mayor (retirado) de la Policía de Misiones Ramón Oscar Amarilla, preso por haberse manifestado contra el gobierno de dicho distrito -que maneja en las sombras el inoxidable e intocable Carlos Rovira- y reciente legislador provincial electo, cuestión que derivó en su inminente liberación luego de estar más de ocho meses en un expediente por tentativa de sedición.

La situación actual de Amarilla no solucionó aún el escándalo en Misiones, ya que otros aún permanecen detenidos. Más curioso fue que su caso sirvió de condimento mientras se trataba la frustrada discusión de la ley de Ficha Limpia en el Senado.

El proyecto, que estuvo a punto de ser sancionado en la Cámara alta, se cayó tras el voto en contra de los renovadores misioneros Carlos Arce y Silvia Rojas Decut, quienes no mueven un dedo sin la orden final de Rovira. Tras semanas de declaraciones a favor de la iniciativa, se dieron vuelta a último segundo.

Los dos senadores no forman parte de la bicameral, aunque suelen mostrarse juntos en muchas comisiones. Será interesante, si es que deciden asistir, su explicación sobre cómo actuó el Gobierno ante el caso Amarilla. Durante el último período estival, Arce tuvo su polémica por haber contratado a una modelo y, ante las consultas de Infobae -que respondió tarde y a través de un asesor-, la dio de baja a las dos semanas.

El inicio de esta semana estuvo marcado en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero, en Santa Fe, por la detención de al menos cinco mujeres acusadas de intentar ingresar droga al penal, ocultando los estupefacientes en la suela de sus zapatillas.

El episodio fue detectado entre lunes y martes pasados durante los controles habituales de visitantes, donde el personal penitenciario reportó anomalías en el calzado de las sospechosas y procedió a una revisión minuciosa.

Según fuentes del procedimiento citadas por el portal Rosario3, varias de las mujeres tienen vínculos sentimentales o familiares con internos investigados por delitos ligados a la narcocriminalidad, la violencia en la vía pública y el sicariato.

El hallazgo dejó al descubierto un método artesanal que pretendía evadir los sistemas de control, revelando un nuevo mecanismo para abastecer de drogas a los pabellones de la cárcel santafesina.

El material incautado no solo representa un intento fallido de burlar la seguridad, sino que además refuerza la hipótesis de que el suministro estaba destinado a la venta intramuros en los llamados “búnkeres tumberos”, y no al consumo personal de los internos visitados.

La magnitud de los envoltorios y las modalidades empleadas fueron puestas en manos de la fiscalía, mientras avanza la investigación para determinar la relación entre las demoradas y las bandas delictivas que operan desde el penal y sus alrededores.

La secuencia comenzó cuando el personal penitenciario detectó, durante la requisa de rutina, indicios irregulares en las zapatillas de algunas visitantes. Las suelas de los calzados presentaban signos evidentes de haber sido despegadas y pegadas nuevamente, además de la presencia sospechosa de pegamento, lo que motivó un control más exhaustivo.

Al desmontar las suelas, los agentes encontraron compartimentos improvisados repletos de estupefacientes. Los materiales incautados incluyeron marihuana y cocaína en cantidades que exceden lo habitual para el consumo personal, fortaleciendo la idea de un abastecimiento planificado para la venta dentro del penal.

De acuerdo con los informes policiales, una de las mujeres —pariente de un integrante de una pandilla apodado Paisa— transportaba 50 gramos de marihuana y 10 gramos de cocaína. Otra visitante, identificada como pareja de uno de los responsables del doble homicidio de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio, fue encontrada con 80 gramos de “piedras” de cocaína ocultos en el calzado.

En otro caso, una mujer vinculada sentimentalmente a un interno condenado por homicidio (alias Sapito) llevaba tres envoltorios de marihuana que totalizaban poco más de 100 gramos.

Fuentes relacionadas a la investigación indicaron que la cantidad de droga secuestrada resulta excesiva para el consumo individual de los internos visitados durante la semana. En cambio, la hipótesis central apunta al suministro de puntos de venta dentro del penal, conocidos como “búnkeres tumberos”, estructuras organizadas que comercializan drogas entre los propios privados de libertad.

La investigación puso el foco en los lazos familiares y personales entre las mujeres demoradas y los internos relacionados con delitos graves. Esto refuerza el rol de las visitas como “correos” de bandas avanzadas en la logística y comercialización de drogas desde y hacia la cárcel.

Tras confirmarse el hallazgo, las actas del Servicio Penitenciario y de la Policía Antinarcóticos fueron remitidas al fiscal César Cabrera, quien ayer jueves llevó adelante la atribución formal de tenencia de estupefacientes sobre dos de las detenidas.

El resto de las involucradas quedó bajo investigación, a la espera de concluir las pericias sobre la totalidad de lo incautado y el análisis de sus posibles conexiones con actividades ilícitas fuera de la prisión.

El procedimiento incluyó la retención momentánea de las cinco mujeres y la apertura de actuaciones administrativas internas para revisar los métodos de requisa y las rutinas de ingreso de visitantes. El fiscal indicó que la investigación se mantendrá abierta hasta determinar la totalidad de responsables, tanto internos como externos, de la maniobra.

La Sala Administrativa de la Corte de Mendoza falló a favor de José Aníbal Molina, un ex presidiario que reclamaba el pago de los salarios correspondientes a los trabajos que realizó en distintos penales de la provincia durante los 20 años que estuvo detenido. Asimismo, se ordenó a la ANSES completar los aportes a la seguridad social que hizo el denunciante.

Molina, quien estuvo preso desde el 30 de mayo de 1996 hasta el 4 de marzo de 2016, inició su demanda después de recuperar su libertad. No obstante, desde el Servicio Penitenciario provincial desconocieron cualquier deuda pendiente.

Todo comenzó cuando el ex preso intentó comenzar el trámite para su jubilación, que fue rechazado por el sistema bajo la argumentación de que carecía de los aportes necesarios. El inconveniente lo llevó a acudir al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura mendocina, quien envió una nota al director del Servicio Penitenciario para que aclarara la situación.

Aunque el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado reconocieron que Molina trabajó y cobró por los días registrados por la Administración Contable del Servicio Penitenciario, apuntaron que no podían verificar los períodos de trabajo faltantes, ya que no habían sido registrados.

De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, el fallo que ordenó al Estado pagar los períodos reclamados por el ex presidiario fue firmado el pasado 11 de abril, por los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valeiro.

Incluso, remarcaron que las autoridades no podrán negarse a abonar los honorarios, debido a que la persona había firmado las planillas correspondientes y forma parte de sus responsabilidades verificar que los mismos hayan sido registrados.

En la sentencia, la Corte determinó que Molina trabajó al menos 2.505 días entre junio de 1996 y diciembre de 2003, y alrededor de 727 jornadas laborales entre enero de 2004 y enero de 2016. Asimismo, establecieron que los pagos deberán incluir los intereses correspondientes hasta la fecha en que Molina recobró su libertad y realizar las gestiones necesarias ante la ANSES para subsanar la falta de aportes a la seguridad social.

Según la demanda presentada, el ex recluso comenzó a trabajar en 1996 en el taller de mimbre en el penal de Boulogne Sur Mer, ubicado en la ciudad de Mendoza. Asimismo, detalló que había desempeñado su labor de lunes a viernes a lo largo de un año y que había firmado las planillas de jornales por las labores realizadas.

Al año siguiente, el denunciante afirmó que había comenzado a cumplir con las tareas de limpieza en los patios de visitas y otros sectores de la cárcel. En este puesto, el período de trabajo se extendió entre 1997 y 2000.

A raíz de que en febrero de 2005 había sido trasladado hacia el penal de San Felipe, Molina señaló que continuó con su labor de fajinero en el área de limpieza, en donde le encargaron mantener los módulos y los patios de visitas. La actividad se prolongó hasta el 2008 y resaltó que había firmado los registros por 30 días durante ese período.

Posteriormente, fue trasladado al penal Almafuerte, donde continuó con tareas de limpieza en el sector donde funcionaba la escuela del penal hasta 2010, cuando volvió a ser enviado hacia la cárcel de San Felipe. De regreso, confirmó que siguió como fajinero de módulos y patios.

En 2011, Molina fue trasladado hacia la Granja y Colonia Penal Gustavo André, ubicado en el departamento de Lavalle, en donde trabajó en agricultura hasta 2013. A partir de 2014, trabajó nuevamente en Almafuerte, esta vez como fajinero y bibliotecario ambulante hasta que fue liberado en marzo de 2016.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un organismo que buscará crear su propio servicio penitenciario. Ocurre en un momento de tensión con el gobierno nacional por los presos en las comisarías y también refuerza la autonomía porteña. Se trata de la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios, que estará a cargo del dirigente radical Leandro Halperín.

El objetivo es crear el sistema penitenciario local en el que uno de los ejes centrales sea la plena resocialización de los presos. Para ese necesitará una ley de la Legislatura porteña.

La ciudad no tiene cárceles. La unidad de Devoto es del gobierno nacional. Por eso, los presos que se detienen en CABA se alojan en comisarías o alcaidías que son lugares transitorios de pocos días de alojamiento hasta que son derivados a una cárcel. Pero desde la pandemia que el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Nación y que tiene convenios con la ciudad, achicó los cupos de ingresos de presos de CABA. Eso generó que las comisarías estallen de detenidos: hay 2500 para una capacidad de mil, lo que generó -entre otros motivos- fugas semanales de esas dependencias. Una sobrepoblación que en rigor se vive en todos los sistemas de detención del país.

Se creía que con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad eso iba a cambiar por la buena sintonía con el jefe de gobierno, Jorge Macri. Pero se agravó. La tensión política por las elecciones provocó duros cruces de Bullrich con el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolff, que se echan responsabilidades mutuas sobre a quién le corresponde alojar a los presos.

La Nación dice que son de ciudad porque se los detiene allí. Ciudad responde que, de todos esos presos, la amplia mayoría son de la justicia penal nacional y hasta que no sea transferida en su totalidad son de la Nación y, por lo tanto, deben ir a cárceles federales. O que el gobierno central le transfiera a CABA su servicio penitenciario.

Pero como el traspaso hoy no es lo más viable por las peleas políticas, la Ciudad avanzó por otro carril. Creó la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, uno de los hombres de más confianza del gabinete de Jorge Macri. La subsecretaría estará a cargo de Halperín bajo la órbita de la Secretaría de Justicia -virtual segundo del Ministerio- que ocupa Francisco Quintana.

Halperín es un dirigente radical que responde al presidente del partido nacional, Martín Lousteau, y al titular de CABA, Martín Ocampo, que además es el procurador General de la ciudad, Martín Ocampo. “Esto forma parte del diálogo del PRO y la UCR”, confió a Infobae una fuente que estuvo en las negociaciones de la llegada de Halperín al cargo.

El nuevo funcionario conoce el mundo penitenciario. Fue titular del programa UBA XII de estudios universitarios en las cárceles, asesoró a Bullrich cuando era secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios durante el gobierno de Fernando De la Rúa, fue legislador porteño y subsecretario de Vinculación Ciudadana con la seguridad en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y viene de ser comisionado nacional del Comité para la Prevención de la Tortura en representación de las provincias.

Halperín presentó el año pasado un proyecto en la Legislatura para crear el sistema penitenciario en la ciudad. Ese será el eje de su nuevo trabajo. La iniciativa contempla varios objetivos. Pero algunos ejes centrales.

Uno se vincula a la coyuntura: que los presos no se fuguen. También que los internos que formen parte de organizaciones criminales tengan un régimen más estricto para evitar que desde su lugar de detención sigan manejando el delito, lo que ha ocurrido en muchas oportunidades.

Los otros se vinculan con el rol social que deberían tener las cárceles. El servicio penitenciario porteño buscará que haya trabajo pleno para los internos. Eso no solo permitirá que forme parte del proceso de resocialización -y que bajen los índices de reincidencia en el delito- sino que los presos tengan un sueldo con el que paguen su alojamiento y comida. Así lo establece la ley nacional de Ejecución de la pena. También que se busque un mecanismo para que indemnicen a las víctimas.

En la resocialización, el proyecto de Halperín es trabajar sobre las causas que llevó a una persona a cometer el delito y hacer intervenir a los resortes que ya tiene el estado porteño: adicciones, salud mental, trabajo, o el área que corresponda.

El camino no es inmediato. Requiere de la aprobación de una ley de la legislatura. Habría un principio de acuerdo para avanzar porque todos los bloques -el peronismo, la Libertad Avanza, el PRO- presentaron proyectos, pero el año electoral y las disputas políticas podrían demorarlo.

Tampoco se descarta de avanzar con la transferencia total o parcial del servicio penitenciario federal a la ciudad. Pero ahí también la política demora una resolución.

Un preso de la cárcel más grande de Mendoza fue declarado reincidente mientras cumplía su pena a prisión perpetua por matar a un policía en el marco de un asalto. Se trata de Matías Emanuel Rosas Molina, quien ahora resultó condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia a seis años de encierro por vender marihuana dentro del complejo penitenciario.

El debate oral se resolvió en dos jornadas con la aplicación del nuevo sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal, que rige en la justicia federal mendocina desde agosto pasado. La fiscal María Eugenia Abihaggle, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mendoza, presentó en la primera audiencia las pruebas que confirmaban la responsabilidad de Rosas Molina, y en la segunda, los jueces Roberto Naciff, Pablo Salinas y Héctor Cortes fijaron la pena, que fue unificada con la anterior.

Según publicó este miércoles el Ministerio Público Fiscal, los hechos tuvieron lugar el 28 de agosto pasado en el Complejo Penitenciario Provincial N° III - Almafuerte -, ubicado en el distrito de Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo. Allí Rosas Molina se encuentra cumpliendo la máxima condena por el homicidio en 2015 del policía Jorge Lorenz en la localidad de Maipú.

En rigor, el preso quedó imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización" agravada por “haberse cometido en el interior de un lugar de detención”, en tanto resultó sorprendido en una requisa solicitada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Y es que, durante esa práctica, un suboficial detectó que Rosas Molina se dirigió de forma rápida hacia un galpón mientras todos los internos se encontraban en los jardines externos al módulo penal. En ese momento lo vio tirar un paquete. Al acercarse a inspeccionar el lugar, el personal del servicio penitenciario encontró una bolsa de nailon con dos envoltorios que contenían un total de 175,5 gramos de marihuana.

La fiscalía esgrimió que la cantidad de droga hallada no solo probaba que el acusado poseía estupefacientes, sino que también demostraba su intención de distribuirla dentro del establecimiento. También exhibió como elementos de prueba las fotos del hallazgo, las actas de procedimiento, el testimonio del personal penitenciario que participó de la requisa y el informe pericial químico que confirmó que el material podría haberse fraccionado en más de 175 dosis individuales.

“No está discutido que estemos ante el hallazgo de sustancia estupefaciente, tampoco está discutido que esta sustancia estupefaciente hallada consiste en 175,5 gramos dispuesta en un trozo y en 88 pequeños envoltorios de idéntica sustancia, como tampoco que fue hallada en un galpón aledaño al lugar en donde el señor Rosas Molina se encontraba realizando tareas de jardinería“, expresó la fiscal Abihaggle en su alegato.

La defensa de Rosas Molina requirió la absolución de su cliente alegando falta de certeza en las pruebas y en los testimonios recibidos durante el debate. Argumentó que no era posible probar que él hubiera arrojado el paquete con marihuana, y señaló a su vez que en esa ocasión se encontraba junto a otros dos internos.

Sin embargo, la fiscalía refutó uno por uno todos estos planteos e hizo hincapié en “la contundencia y el peso de la prueba de cargo”. Luego recordó que el nuevo Código Procesal Penal Federal exige “interpretar la prueba bajo otra perspectiva, ya no atendiendo a estándares rígidos que versen sobre la cantidad de la prueba, sino, muy por el contrario, atendiendo al peso y a la calidad de la prueba”.

En la segunda audiencia, los jueces Naciff, Salinas y Cortes coincidieron con la representante del Ministerio Público y consideraron que los elementos recabados en el expediente eran suficientes para probar la responsabilidad penal del imputado.

Como resultado, el tribunal oral le impuso al reo una condena a seis años de cárcel más una multa de 65 unidades fijas. Luego unificó sus dos condenas y declaró su reincidencia.

Tras permanecer las últimas semanas en su domicilio por recomendación médica debido a un germen intrahospitalario que contrajo en el penal, la Justicia decidió este viernes revocar la prisión domiciliaria de Lautaro Teruel y ordenó el traslado nuevamente a la cárcel del hijo del cantante de los Nocheros condenado por abuso sexual.

La decisión fue tomada por el juez Martín Daniel Martínez, quien determinó, a partir de una nueva examinación de la Junta Médica del Servicio Penitenciario de Salta, que el imputado puede continuar su recuperación en la Unidad Carcelaria N°1 de la capital provincial.

En la resolución a la que accedió este medio se lee: “Entiendo que corresponde que el interno retorne a la Unidad Carcelaria, se observe cada una de las recomendaciones médicas o farmacológicas que es sugieran o recomiende, se mantenga un estricto control sanitario para procurar establecer realmente y en todo momento la evolución de los síntomas o de la enfermedad que tuviera padeciendo el interno. Monitorear su evolución será una condición indiscutible y exigible por esta autoridad, ya que se deberá ajustar la decisión judicial a su momento y situación de salud presente”.

Y continúa: “Puedo resaltar como consecuencia secundaria al reintegro carcelario del interno, que, con esta disposición el Sr. Teruel regresa al sistema y evaluación penitenciaria a los fines de su seguimiento progresivo sugerido por Ley (art. 6 de la Ley 24.660 y consecuentes) a lo que interpelo en su buen desempeño y elaboración de temperamento de autocontrol y disciplina recomendables”.

A más de tres años de haber sido condenado a 12 años de prisión por doble abuso sexual agravado, Lautaro Teruel había regresado a su casa a raíz del complicado cuadro de salud que presentaba por la inflamación del dedo gordo de su pie izquierdo.

Las complicaciones de salud de Lautaro Teruel comenzaron a principios de 2023, como consecuencia de la inflamación en el dedo gordo de su pie izquierdo.

En este contexto, el abogado del imputado, Juan Casabella Dávalos, habló a Infobae y aclaró un tecnicismo: su defendido no cumple su sentencia bajo prisión domiciliaria, luego de que la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual apelara la resolución del pasado 15 de enero.

“Por la uña encarnada, en los baños -del penal- contrajo un germen intrahospitalario que se alojó en el hueso del dedo mayor del pie izquierdo. Se le inflamó todo el pie y no podía caminar”, explicó el Casabella Dávalos, en diálogo con este medio.

El cuadro del condenado empeoró a tal punto que los médicos del Servicio Penitenciario provincial le diagnosticaron la amputación del dedo. No obstante, se le practicó un “operativo de salvataje” de la extremidad, a partir de la implementación de morfina, explicó el defensor.

“Estuvo cinco meses y medio en la clínica Santa Clara, de la ciudad de Salta, y siempre con la intervención de juntas médicas. Y cuando superó el periodo de emergencia, regresó al penal a fines de 2022″, explicó el letrado.

Sin embargo, el tratamiento que debía continuar Lautaro no fue realizado en tiempo y forma, aseguró su abogado. Casabella Dávalos aseguró que el personal del Servicio Penitenciario puso “trabas” para el ingreso de la medicación correspondiente, y en consecuencia el recluso sufrió una recaída.

Ante este escenario, Teruel volvió a ser internado y le tuvieron que volver a practicar un nuevo operativo de salvataje para curar el dedo gordo de su pie. Sumado a ello, los médicos de turno le hallaron un problema de circulación sanguínea, el cual afectaba la irrigación a la extremidad en cuestión.

Si bien el problema de circulación fue tratado con medicamentos, la Junta Médica determinó el pasado 15 de enero que no debía continuar en la clínica, y así definió que debía continuar la rehabilitación bajo internación domiciliaria por 30 días.

La condena de Teruel

El 18 de octubre de 2021, Marco Lautaro Teruel fue condenado este lunes a 12 años de prisión por doble abuso sexual agravado por un tribunal de Salta.

La Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, presidida por la jueza Carolina Sanguedolce y compuesta por los vocales María Gabriela González y Pablo Farah, condenó a Teruel y, además, le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó el inmediato traslado a la unidad penitenciaria correspondiente.

También absolvió por el beneficio de la duda a los dos amigos del condenado y coimputados en una de las causas: Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

En este proceso penal, Teruel fue juzgado en dos causas distintas. En la primera fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.

En la segunda, en tanto -en la que estaba acusado con los absueltos Rodríguez y Farfán- por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cuando la víctima tenía 19 años.

En la Sede de Gobierno de Rosario, este martes se llevó adelante la apertura de sobres de la licitación de la primera etapa del Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. El Ejecutivo de Santa Fe destinará al proyecto más de 109 mil millones de pesos. Se presentaron 18 empresas constructoras para hacerse cargo de la obra.

El acto donde se presentaron las ofertas lo encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro, quien resaltó la importancia del Servicio Penitenciario en la lucha contra el crimen organizado: “Esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión, en el marco de una política de seguridad, si uno tiene miedo. Si uno le tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda; no hace falta ser corrupto para ceder, tener miedo puede hacer que tengas que ceder y aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”.

De acuerdo al pliego de la obra, el presupuesto oficial para construir la cárcel es de $109.828.291.188,24, exactamente. La empresa adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

A su vez, el centro de reclusión tendrá capacidad para alojar a 1.152 reclusos. Estará compuesta por 4 “minipenales”, conformados cada uno por seis pabellones de 48 celdas construidos en dos plantas, lo que deja un total de 288 celdas individuales por pabellón.

En este marco, Pullaro no solo puso en valor la construcción de la cárcel, sino la eficiencia y transparencia del sistema penitenciario: “Hace un tiempo los presos tenían teléfonos celulares y, desde allí, mandaban extorsionar, mandaban a matar y se creían que eran los dueños de la vida y de la muerte en la ciudad de Rosario”, dijo.

Y agregó: “Hoy hay una determinación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de no dar un solo paso atrás. Estamos llegando a un punto que nos permite, en nuestra planificación de la política pública de seguridad, comenzar con la construcción de una cárcel de alto perfil”.

El mandatario provincial resaltó que en Santa Fe “tenemos una política de seguridad sumamente robusta. Acá, mientras yo sea gobernador, puedo asegurar que nunca más esos tipos se van a sentir los dueños de la calle. Construir celdas para 6.500 plazas penitenciarias en cuatro años es muchísimo, porque en 40 años de democracia se construyeron menos de 4.000. Con los recursos que surgen del ajuste y de la administración eficiente del estado vamos a invertir 400 millones de dólares para que no tengamos más problemas en el servicio penitenciario”.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri, se refirió a la importancia de que Santa Fe tenga una cárcel para reclusos de alto perfil: “Es un término que acuñamos en el 2015, cuando nuestro gobernador era ministro de Seguridad, cuando nadie hablaba de presos especiales, de presos que iban más allá de lo que regularmente veíamos, de presos que pretendían seguir trabajando desde las unidades penitenciarias, seguir aterrorizando a la sociedad”.

Las 18 ofertas para construir la nueva cárcel de Santa Fe

• POSE S. A. - $106.253.281.010,72
• COEMYC S. A. - $105.782.797.552,68
• Cocyar S. A., Pilatti S. A., U.P. Piñero, Unión Transitoria - $115.542.472.469,72
• Ing. Pedro Minervino S. A. - $97.978.230.267,72
• Capitel S. A. - $119.995.719.406,33
• Del Sol Constructora S. A. - $109.592.001.763,56
• Edeca S. A. - $97.994.248.310,72
• De Paoli & Trosce Constructora S. R. L. - $109.828.292
• Sanimat S. A. - $115.044.895.720,96
• Centro Construcciones S. A. - $135.476.357.102,64
• Tecsa S. A. - $108.808.197.941,68
• Pecam S. A. - $97.991.874.089,88
• Epreco S. R. L. - $109.595.982.601,08
• Dyscon S. A. - $99.745.673.187,12
• Werk Constructora - $109.552.670.782,80
• Mundo Construcciones - $107.328.911.310,00
• Dinale S. A. - $99.989.080.661,24
• Pirámide Constructora S. A. - $105.782.769.569,28

A más de tres años de haber sido condenado a 12 años de prisión por doble abuso sexual agravado, Lautaro Teruel regresó a su casa, en el marco de una internación domiciliaria que dispuso una Junta Médica del Servicio Penitenciario de Salta a raíz del complicado cuadro de salud que presentaba por la inflamación del dedo gordo de su pie izquierdo.

Las complicaciones de salud de Lautaro Teruel comenzaron a principios de 2023, como consecuencia de la inflamación en el dedo gordo de su pie izquierdo.

En este contexto, el abogado del imputado, Juan Casabella Dávalos, habló a Infobae y aclaró un tecnicismo: su defendido no cumple su sentencia bajo prisión domiciliaria, luego de que la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual apelara la resolución del pasado 15 de enero.

“Por la uña encarnada, en los baños -del penal- contrajo un germen intrahospitalario que se alojó en el hueso del dedo mayor del pie izquierdo. Se le inflamó todo el pie y no podía caminar”, explicó el Casabella Dávalos, en diálogo con este medio.

El cuadro del condenado empeoró a tal punto que los médicos del Servicio Penitenciario provincial le diagnosticaron la amputación del dedo. No obstante, se le practicó un “operativo de salvataje” de la extremidad, a partir de la implementación de morfina, explicó el defensor.

“Estuvo cinco meses y medio en la clínica Santa Clara, de la ciudad de Salta, y siempre con la intervención de juntas médicas. Y cuando superó el periodo de emergencia, regresó al penal a fines de 2022″, explicó el letrado.

Sin embargo, el tratamiento que debía continuar Lautaro no fue realizado en tiempo y forma, aseguró su abogado. Casabella Dávalos aseguró que el personal del Servicio Penitenciario puso “trabas” para el ingreso de la medicación correspondiente, y en consecuencia el recluso sufrió una recaída.

Ante este escenario, Teruel volvió a ser internado y le tuvieron que volver a practicar un nuevo operativo de salvataje para curar el dedo gordo de su pie. Sumado a ello, los médicos de turno le hallaron un problema de circulación sanguínea, el cual afectaba la irrigación a la extremidad en cuestión.

Si bien el problema de circulación fue tratado con medicamentos, la Junta Médica determinó el pasado 15 de enero que no debía continuar en la clínica, y así definió que debía continuar la rehabilitación bajo internación domiciliaria por 30 días.

Según el resumen de la historia clínica de Teruel al que accedió este medio, desde el sanatorio El Carmen, ubicado en la capital provincial y en el que el condenado estuvo internado antes de fin de año, el paciente durante la internación en su domicilio debe disponer de un baño de uso exclusivo para su persona; realizar controles de enfermería dos veces por día para la administración de antibióticos y curaciones; y someterse a sesiones de kinesioterapia tres veces por semana.

Asimismo, el paciente dispondrá de un acceso venoso periferico intermitenie, y debe asistir a un control por consultorios externos en los servicios de Traumatología, Cirugia Cardiovascular e infeciologia del centro de salud.

Frente a dicha resolución, seis días después la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo interinamente del fiscal Gustavo Torres Rubelt, presentó la apelación correspondiente, solicitando la revocación de la medida y su traslado a las instalaciones del Servicio Penitenciario.

“El juez de ejecución pidió dos juntas médicas que no se realizaron, y luego dispuso la internación domiciliaria por 30 días”, sostuvo la defensa de Teruel.

Según pudo averiguar este medio, el condenado por doble abuso sexual agravado será evaluado la semana próxima, y de encontrarse en buenas condiciones de salud, regresaría al Servicio Penitenciario.

El 18 de octubre de 2021, Marco Lautaro Teruel fue condenado este lunes a 12 años de prisión por doble abuso sexual agravado por un tribunal de Salta.

La Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, presidida por la jueza Carolina Sanguedolce y compuesta por los vocales María Gabriela González y Pablo Farah, condenó a Teruel y, además, le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó el inmediato traslado a la unidad penitenciaria correspondiente.

También absolvió por el beneficio de la duda a los dos amigos del condenado y coimputados en una de las causas: Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

En este proceso penal, Teruel fue juzgado en dos causas distintas. En la primera fue condenado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización reiterado en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño.

En la segunda, en tanto -en la que estaba acusado con los absueltos Rodríguez y Farfán- por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cuando la víctima tenía 19 años.

Un joven de la ciudad de San Juan seguirá detenido en la cárcel que administra el Servicio Penitenciario de esa provincia tras incumplir las reglas que la Justicia le había impuesto. El imputado fue beneficiado con el permiso de prisión domiciliaria para cuidar a su padre cuadripléjico y asistir a su abuela de 74 años, pero lejos de quedarse en su casa para aguardar un juicio en ciernes en su contra, salió de madrugada sin autorización y protagonizó una persecución policial al fugarse de un control de alcoholemia, que luego le daría un resultado de alcohol en sangre cinco veces más de lo permitido.

Así lo decidió este jueves el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan en una resolución que llevó la firma de la jueza de cámara Eliana Beatriz Ratta Rivas, encargada de resolver el pedido del defensor del joven S.M. para revocar la decisión que dejó sin efecto el beneficio procesal otorgado a su cliente el 16 de agosto del año pasado.

En esa oportunidad, el juez de instrucción le había fijado una serie de pautas de conducta para poder ir a ayudar a su padre, de 49 años y con cuadriplejía, y a acompañar a su abuela paterna dentro del perímetro de su domicilio: a) la promesa de someterse al procedimiento penal y de no obstaculizar la investigación; b) la obligación de someterse al cuidado de un guardador o una guardadora; c) la prohibición de salir sin permiso previo del ámbito territorial de la provincia de San Juan y d) la colocación de una tobillera electrónica para monitoreo.

Pero ese beneficio quedó revocado por el mismo magistrado el 26 de noviembre luego de que la Comisaría Vigesimoctava de la ciudad puntana de Rivadavia le informara que S.M. había quebrantado su prisión domiciliaria sin ningún tipo de autorización para protagonizar un hecho insólito. Así lo reseñó la jueza del TOF: “En efecto, ante tal novedad el juez dispuso la revocación del régimen morigerado, por entender que el detenido (...) violó las restricciones impuestas oportunamente por esa judicatura, habiendo sido aprehendido en la vía pública y contando con nueva causa penal provincial en su contra por la presunta comisión de los delitos resistencia a la autoridad y lesiones leves contra personal de la policía”.

El 22 de noviembre pasado, alrededor de las 4:40 de la madrugada, personal de la Comisaría 34° de Rivadavia estaba apostado en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 12 cuando S.M., arriba de un Volkswagen Gol Trend negro a gran velocidad, apareció realizando maniobras peligrosas, se negó a frenar y salió a la fuga. Los efectivos lograron detenerlo y detectaron que tenía aliento etílico y que no contaba ni con licencia de conducir ni con seguro de auto. Los agentes le comentaron, entonces, que el auto quedaría retenido, por lo que el joven decidió huir lesionando antes a un oficial con un golpe de puerta, según relató el medio local Diario Huarpe.

Allí comenzó otra persecución policial que terminó cuando el imputado chocó contra un árbol en la intersección de las calles Ignacio de la Roza y Nuche, en la capital de San Luis. El test de alcoholemia le dio 2,5 g/l de alcohol en sangre, es decir, una graduación alcohólica cinco veces mayor a la permitida para manejar. Así, el joven quedó en manos del Servicio Penitenciario Provincial y, a su vez, la justicia local le inició un proceso sumarísimo por resistencia a la autoridad y lesiones leves contra personal de la policía provincial.

Revocada la prisión domiciliaria, el 20 de diciembre el abogado defensor solicitó -ya ante el Tribunal Oral Federal de San Luis- que se “reconsidere” esa decisión “teniendo en cuenta que el Sr. Juez de Flagrancia le concedió el beneficio”. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso tras considerar que S.M. “incumplió las reglas de concesión del beneficio oportunamente otorgado” y, al ausentarse sin permiso de su casa, dejó de “hacerse cargo del cuidado de su padre y de colaborar con su abuela, circunstancias en virtud de las cuales se le había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria”.

Así las cosas, la jueza Ratta Rivas se expidió este jueves en un fallo de cuatro páginas al que tuvo acceso Infobae, donde expresó: “Luego de un análisis pormenorizado de las constancias agregadas al incidente, estimo que corresponde mantener la detención de -S.M.- en el Servicio Penitenciario Provincial. Para así decidir, he valorado el informe interdisciplinario elaborado el 04/12/2024 por la Oficina de Medidas Alternativas ante el requerimiento del Juez de Flagrancia Dr. Carlos Lima. Dicho informe suscripto por el Dr. Alan Bawden (médico psiquiatra), Lic. Virginia Clevers (Trabajadora Social) y Lic. Natalia Carmona (Psicóloga), concluye: ‘Es relevante mencionar el posicionamiento subjetivo del joven ante las conductas de consumo, evidenciando minimización y naturalización del mismo‘“.

Además, dicho informe señala: “Teniendo en cuenta lo solicitado y ante la falta de antecedentes de consulta psicológica o psiquiátrica respecto de su situación de consumo, es relevante mencionar que estas conductas son consideradas de riesgo (por tratarse de situaciones de excesos en cuanto al consumo de alcohol o sustancias psicoactivas) las cuales de no ser abordadas profesionalmente, podrían interferir u obstaculizar, entre otras cosas, el rol de cuidado y sostén que el joven refiere asumir dentro de su grupo familiar”.

Con el diagnóstico de los profesionales intervinientes, más la reseña de los hechos que llevaron de vuelta al joven tras las rejas, la jueza consideró que el imputado no estaba “en condiciones de brindar el cuidado y sostén que requieren su padre y su abuela, que fuera el fundamento para conceder, otrora, el régimen morigerado de detención“. Y cerró: ”de hecho, ha dado muestras de no poder respetar las reglas de conducta impuestas oportunamente y del informe se desprende que el posicionamiento del encartado frente a conductas de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, pueden obstaculizar el rol que pretende ejercer“.

Jerusalén, 18 nov (EFE).- El Servicio Penitenciario israelí puso este lunes bajo vigilancia "por riesgo de suicidio" a Eli Feldstein, exportavoz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y principal sospechoso en el caso 'BibiLeaks' que investiga la filtración de documentos de inteligencia militar a la prensa para forjar una opinión pública contraria a un acuerdo de rehenes en Gaza.

“Los guardias encontraron algo en la celda de un preso de seguridad recluido en una cárcel del sur lo que requirió, de acuerdo con las instrucciones del comandante de la prisión, su traslado inmediato a una celda donde pudiera ser vigilado para evitar un suicidio”, informó el Servicio Penitenciario en un comunicado, sin citar al sospechoso por nombre.

Algunos informes citados por la prensa israelí señalan que las autoridades habrían encontrado una soga en su celda, mientras que otros sostienen que Feldstein habría quitado la goma de la ventana de su celda.

La Fiscalía del Estado informó ayer de la intención de procesar al que fuera portavoz de Netanyahu junto a otro sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado. En total, dos funcionarios de Defensa, Feldstein y un cuarto oficial militar de menor rango siguen detenidos.

Feldstein es sospechoso de recopilar y transferir material clasificado a la prensa internacional con un objetivo: influir a la opinión pública en contra de la firma de acuerdo de tregua en Gaza.

Gran parte de la sociedad israelí -así lo han venido corroborando las últimas encuestas del Instituto para la Democracia de Israel (IDI)- se muestra a favor de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu firme un acuerdo de tregua que libere a los casi cien rehenes que siguen en Gaza.

El periódico alemán Bild y el británico The Jewish Chronicle publicaron en septiembre información de inteligencia desvirtuada, según la cual el difunto líder de Hamás, Yahya Sinwar, conspiraba para escapar junto a los rehenes de Gaza por el Corredor Filadelfia, la divisoria entre la Franja y Egipto.

Bajo esa premisa, un acuerdo en esos momentos con Hamás no era no solo viable sino que también volvía necesaria, como Netanyahu insistía, la presencia de tropas israelíes en la divisoria para evitar que algo así pasara.

Esa información manipulada estaba en poder del Ministerio de Defensa y no se sabe cómo llegó a manos de funcionarios de la oficina de Netanyahu, que la habrían filtrado a los medios tras desvirtuarla. EFE

Durante una ceremonia celebrada esta tarde en Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció que prohibirá el traslado de delincuentes que soliciten un cambio por “cuestiones de género”. Esta decisión se conoció luego de que saliera a la luz un hábeas corpus presentado por el líder de “Los Monos”, Guille Cantero, en donde señalaba que se autopercibía mujer con el fin de recibir visitas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la decisión tomada por el Gobierno, remarcó que el sistema está empezando a cambiar en este sentido y apuntó a “la banda de Los Menores”, de Rosario.

“Ellos estaban acostumbrados a que les dieran la razón con los hábeas corpus, primero diciendo que se autopercibía mujer, después pidiendo casarse con una mujer, después pidiendo casarse con un hombre. Lo que intentaban era volver a ganar el poder que estaban perdiendo”, acusó la ministra, en alusión a las diez presentaciones que hizo en este tiempo el líder de la banda narco, condenado a 113 años de prisión y que podría recibir otros 25 más.

En diálogo con LN+, Bullrich explicó que las operaciones previas a tales presentaciones, empezaron cuando Cantero entró en el sistema de alto riesgo debido a su prontuario, y vio “que se le había acabado el sistema de privilegios, del uso de dinero, de la ropa más cara del mundo, del intento de comprar voluntades con otros presos”. Esa larga lista que enumeró la ministra, fue la que lo llevó utilizar “a su propia hija, de 16 años, a la que mandó a dar órdenes afuera del penal”.

A su vez, la titular de Seguridad destacó el trabajo de jueces y fiscales para rechazar las solicitudes de protección. “Nosotros apelamos los diez hábeas corpus desde el mismo Servicio Penitenciario. Les dimos la instrucción y los diez fueron rechazados. Hay que reconocer que hay un sistema que está empezando a cambiar. Este ‘garantismo zafaronista’ que le hubiera dado, automáticamente, esa capacidad de cambio de sexo, sin evaluar la política criminal que esta persona está queriendo plantear”, acusó.

La funcionaria recordó un antecedente ocurrido en un penal de Córdoba, donde un hombre acusado de violencia de género, realizó el cambio de género porque se autopercibía mujer. Luego, volvió a la cárcel y alojada en un pabellón de mujeres, violó a una interna que quedó embarazada. “Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel”, indicó Bullrich. “Es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”, relató.

En otra línea, pero enfocándose en el caso de Cantero, Bullrich se refirió al crimen del barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y su ladero, Daniel “Rana” Atardo, ocurrido el pasado 10 de noviembre. Haciendo hincapié en las líneas investigativas de la fiscalía, que apuntan a un ataque de “Los Monos”, y, por otro lado, a la presunta actuación de una banda conocida como “Los Menores” en la zona noroeste de Rosario. Al respecto, la funcionaria contó que hacia el final de una audiencia que el líder narco mantuvo este martes, advirtió: “Tengan cuidado con esta banda de ‘Los Menores’, porque puede matar a un fiscal”. Bajo las amenazas transmitidas, Bullrich se adelantó a señalar que la situación en Rosario está “muy controlada”, aunque remarcó: “Siempre estamos peleando para que no se reconstruyan las bandas de narcotráfico”.

En cuanto a la medida, el Gobierno pidió a las provincias que repliquen este esquema en sus Sistemas Penitenciarios, señalando que “quienes no adhieran lo único que estarán haciendo es premiar la creatividad de los criminales y faltarle el respeto a las víctimas del delito”. Al respecto, Bullrich, quien también estuvo presente en el evento, se mostró optimista sobre las decisiones que tomen las jurisdicciones al indicar que “hay una tendencia a realmente un cambio”. A su vez, explicó que “Chaco ya sacó los celulares hace tiempo, ayer lo anunció Neuquén”.

“Nosotros estamos haciendo que el Sistema Penitenciario Federal sea un sistema de presos de alto riesgo”, detalló respecto a las medidas que se vienen tomando. “Estamos ordenando hacia un sistema especializado donde todos los presos que, de alguna manera manejan cárceles o intentan manejar cárceles, vayan a sistemas mucho más estrictos, y que eso permita también a los presos con condenas mucho más cortas, poder tener un verdadero sistema de reinserción”, añadió.

Por último, Bullrich detalló que el anuncio quedará plasmado a través de una resolución del mismo Servicio Penitenciario. Luego será informado en el encuentro del Consejo Penitenciario que se realiza cada tres meses, donde todos los miembros de las Penitenciarías y los representantes provinciales de Seguridad, “firmamos convenios de adhesión a las resoluciones que hace el Ministerio de Seguridad de la Nación”. “Veremos cuántas provincias lo hacen. Esperemos que todas”, concluyó.

El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron este jueves que acordaron el traspaso del Servicio Penitenciario en el ámbito porteño. De esta manera, tras el arreglo al que llegaron Patricia Bullrich y Jorge Macri, cambiará de manos el cuidado de los detenidos en el territorio de la Capital Federal.

En una reunión llevada a cabo en avenida Gelly y Obes, en la sede de la cartera liderada por la ex presidenta del PRO, se sentaron las bases para “comenzar a trabajar en las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de CABA en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad”, se informó a través de un comunicado de prensa.

Por el lado del ministerio nacional, se hicieron presentes también el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julían Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Por su parte, junto a Macri, estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sanchez Zinny; y los Ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

“Hoy nos reunimos con Patricia Bullrich para trabajar en el traspaso del sistema penitenciario. Seguimos avanzando en consolidar la autonomía de la Ciudad. Con esta transferencia vamos a tener a cargo a quienes delinquen en nuestra jurisdicción. Nos unen el orden y la decisión de trabajar en equipo para garantizarle seguridad a quienes viven y transitan en la Ciudad”, publicó luego en sus redes sociales el jefe de Gobierno porteño.

A lo largo de este año, una serie de fugas de presos de las cárceles porteñas avivó un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el porteño. En CABA, hay más 2.000 presos en comisarías y alcaidías, el doble de la cantidad de plazas habilitadas en el distrito. Esas dependencias no cuentan con infraestructura para brindar un alojamiento prolongado, ya que son espacios destinados al alojamiento transitorio por un máximo de 72 horas, así como tampoco con medidas de seguridad adecuadas.

Luego de varios escapes que se dieron con poco tiempo de diferencia, desde el Gobierno de la Ciudad reclamaron que esos presos deberían estar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que, en esta gestión, pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. “La solución es política. Que se lleven a los presos. Que tome conciencia el gobierno nacional que se tiene que hacer cargo de esto y rápidamente retrotraerse a niveles y parámetros de seguridad estándar”, le había manifestado en ese momento el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, a Infobae.

“La Ciudad tiene transferido el 20% de los delitos penales, el resto los juzga la Justicia nacional. Por ende, le corresponden al Servicio Penitenciario Federal. De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tienen sentencia firme, ya están condenados”, habían destacado desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Con la firma de este traspaso, la Policía de la Ciudad además podrá liberar personal que podrá enviar a patrullar las calles, en lugar de ejercer como carceleros en las comisarías porteñas, por ejemplo.

Desde Nación, ante esta superpoblación de presos en CABA, resaltaban que la Ciudad aún no construyó la cárcel en Marcos Paz a la que se había comprometido por un convenio firmado en 2018 con la Nación, para trasladar allí a los detenidos de su distrito.

“El problema es que no estamos en condiciones de llevarlos hoy (a los detenidos en comisarías porteñas) a una cárcel, porque no tenemos adónde llevarlos. Tenemos que buscar con la Ciudad lugares alternativos para el stock de 2.000 presos que hoy son una cárcel completa. Y nosotros vamos ocupándonos del flujo, es decir de los 100 presos que por semana entran a las cárceles federales. Ellos tienen que terminar de construir una cárcel que está al 70% en Marcos Paz”, argumentó hace unos meses la ministra Bullrich en declaraciones a La Nación+, en una disputa solapada con las autoridades porteñas.

Este jueves, con el acuerdo sellado, parece haberse llegado al inicio del camino de la paz.

La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó su rechazo a la ideología de género al opinar sobre el caso de la presa trans que violó y embarazó a una reclusa en una cárcel de Córdoba, y sostuvo que aquel que está a favor “es un degenerado”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se manifestó en la misma sintonía.

“Esto es claro y simple; el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo”, advirtió Villarruel.

Cúneo Libarona, en tanto, sostuvo que “los presos de sexo masculino jamás deberían estar junto a los presos de sexo femenino en el mismo pabellón”. “La perversa ideología de género nos hizo perder el sentido común. El autopercibimiento es algo meramente personal, fuera de la esfera del Estado”, afirmó.

El caso

La causa a la que se refirieron la vicepresidenta Villarruel y el ministro Cúneo Libarona tiene como protagonista a Gabriel Fernández, preso a raíz de las denuncias que presentaron algunas de sus parejas por violencia de género y maltrato.

En medio de un largo proceso, el hombre anunció que se autopercibía mujer y su defensa reclamó que debía ser tratada como tal. Y la ley vigente así lo obliga. Ese repentino cambio de percepción de género desencadenó una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada.

La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También, dispuso su traslado a un lugar especial, donde se respete su identidad, pero al mismo tiempo no se ponga en peligro a otras internas.

“Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió este medio.

“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, consideraron los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, de la Cámara de Acusación de Córdoba, en la orden que los magistrados firmaron para trasladarla a un lugar en donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres.

Para su resolución, los jueces Salazar, Farías y Davies tomaron en cuenta un antecedente que data de 2019. Aquel año, en Gran Bretaña, se abrió una unidad penitenciaria para reclusos transgénero después de que Karen White, una prisionera transgénero, agrediera sexualmente a dos mujeres mientras se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de New Hall, en Wakefield. White, que nació varón y ahora se identifica como mujer, fue descrita por un juez como un “depredador” que representaba un peligro para las mujeres y los niños.

Sobre Gabriela pesan una serie de causas y acusaciones: privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo –primer hecho–; privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo y por mediar violencia y amenazas, lesiones leves calificadas (tres hechos), amenazas calificadas, amenazas simples y daño, todo en concurso real”, además de desobediencia a la autoridad. Ahora, se le sumó la acusación de abuso sexual.

Gabriel Fernández comenzó sus problemas judiciales hace menos de una década. Gran parte de sus parejas lo acusaron de maltrato y violencia de género. Fue preso. En medio de ese largo proceso anunció que se autopercibía mujer y debía ser tratada como tal. La ley así lo obliga. Fue entonces cuando se registró una situación insólita: con su nueva identidad, Gabriela, rechazó las acusaciones y sostuvo que no podía ser imputada por violencia de género si era una mujer. Volvió a la cárcel frente a nuevas imputaciones y alojada en un pabellón de mujeres violó a una interna que quedó embarazada. Todo sucedió en una cárcel de Córdoba.

La Justicia no solo acaba de confirmar su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género para Gabriela. También dispuso su traslado a un lugar especial, en donde se respete su identidad pero no se ponga en peligro a otras internas. “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres”, sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”, dijeron los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, con la firma de los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies, al ordenar trasladarla a un lugar en donde no esté en contacto ni con mujeres ni con hombres.

Es que no es la primera vez que esto ocurre. En Gran Bretaña, en 2019, se abrió una unidad penitenciaria para reclusos transgénero después de que Karen White, una prisionera transgénero, agrediera sexualmente a dos mujeres mientras se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de New Hall, en Wakefield. White, que nació varón y ahora se identifica como mujer, fue descrita por un juez como un “depredador” que representaba un peligro para las mujeres y los niños.

El dato fue tomado en cuenta por los jueces de Córdoba. Sobre Gabriela pesan una serie de causas y acusaciones: privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo –primer hecho–; privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo y por mediar violencia y amenazas, lesiones leves calificadas (tres hechos), amenazas calificadas, amenazas simples y daño, todo en concurso real”, además de desobediencia a la autoridad. Ahora, se le sumó la acusación de abuso sexual.

Las acusaciones

Gabriela ingresó por primera vez a la cárcel en octubre del 2016 como Gabriel. Al año siguiente se dictó su condena por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada a tres años de prisión. En noviembre del 2018, el Servicio Penitenciario la trasladó al área de mujeres: había cambiado de identidad de género. En abril del 2019, mientras estaba en detención, quedó acusada de otro delito contra una mujer: privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas. A los pocos días, pudo salir en libertad condicional.

A fines del 2019, se le abrió otra causa. Gabriela fue denunciada por su pareja que la acusó con su nombre masculino. Ella también la denunció. El expediente fue archivado. A fines del 2022, otra pareja también la denunció y el caso también fue cerrado.

En noviembre del 2023, estando en libertad, Gabriela quedó acusada de privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones leves calificadas contra su nueva pareja. Y a los pocos días volvió a ser denunciada por desobediencia ya que había intentado tomar contacto con su víctima, cuando existía una perimetral para no hablar con ella. Otra vez fue denunciada por la víctima por privación, violación de domicilio, coacción y desobediencia. Eso generó que se ordenara su detención.

En prisión, Gabriela denunció violencia institucional. Pero el escenario cambió el 17 de julio pasado: la justicia fue notificada de que habría abusado sexualmente de una interna, quien habría quedado embarazada. Ambas estaban alojadas en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario 3. Tras la acumulación de sanciones disciplinarias, fue trasladada a otra cárcel para proteger a la interna abusada.

“La imputada fue condenada por delitos vinculados a violencia de género, antes de su autopercepción como mujer. Ya en ese carácter, logró ser trasladada a un establecimiento exclusivo para mujeres, lugar donde cometió varios delitos vinculados a la violencia de género, siendo todas sus víctimas, claro está, mujeres que mantenían con Fernández una relación de pareja. Una vez en libertad, surge confusamente que formula denuncias contra su pareja del momento adoptando su anterior identidad (masculina). Otras parejas de ese lapso en libertad también la denunciaron por hechos vinculados a violencia de género”, sostuvo el tribunal.

Tras “desplegar una larga serie de delitos contra una última pareja mujer”, dice el tribunal, Fernández “fue detenida y alojada nuevamente en el EP3, de donde las autoridades penitenciarias solicitaron su traslado por la acumulación de numerosas sanciones disciplinarias”. Fernández “fue acusada de haber abusado sexualmente de una compañera (violación), que supuestamente estaría embarazada de Fernández, por lo que actualmente se ha solicitado un nuevo traslado a los fines de garantizar la seguridad de su víctima”.

Y el Servicio Penitenciario manifestó que “la interna Fernández ingresa a esta Unidad el día 09/08/2024, proveniente del Establecimiento Penitenciario n° 3 “Para Mujeres”. Allí “ha presentado dificultades para comprender y respetar la normativa institucional, debida a que no cumple con las pautas del tratamiento, que rigen la disciplina, el trato y la convivencia”.

Según el informe de seguridad del 10 de octubre pasado del servicio penitenciario, “la interna Fernández, desde su ingreso a esta unidad, se ha esgrimido como un referente negativo en el pabellón de mujeres, manifestándose como una interna intrépida y temeraria, para con el resto de sus pares, sometiéndolas en la convivencia a través del maltrato verbal y psicológico, utilizando su condición de género ‘binario’ como amenaza, lo que lleva a que se sientan desprotegidas en este sector, imponiéndose en los términos ‘de los viejos códigos carcelarios’, lo que le permitió disponer de la voluntad de sus pares para todo tipo de conductas violatorias a las normas del establecimiento, siendo sindicada, además, como la autora intelectual de conductas antirreglamentarias, comportamientos que alteran el orden y la disciplina de manera permanente en el mencionado sector”.

“En consecuencia, resulta claro que para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas. Esta afirmación no es hipotética, es –en principio- un hecho denunciado por una víctima de la acción delictiva de Fernández”, dijo el tribunal.

La discusión por violencia de género

En mayo pasado, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Familiar del Segundo Turno de esta ciudad pidió llevar a juicio a la acusada por una de esas causas. Pero la defensora oficial se opuso: se quejó del agravante de violencia de género. Sostuvo que no podía aplicarle esa figura por su condición de mujer y que la manera que se llevó adelante la investigación violentaban implicaban un trato discriminatorio. ¿Qué se había hecho? Tomarle declaración a personas vinculadas a la acusada.

La jueza rechazó el planteo y decidió avanzar con el juicio. “No puede prosperar la hipótesis defensiva que postula que no se encuentra justificada la injerencia en la vida privada de Fernández”, le dijo la jueza. Sobre todo porque parte de los hechos investigados ocurrieron cuando la acusada se consideraba hombre y en donde se hablaba de “una relación asimétrica de desigualdad y dominio de un varón frente a una mujer”.

La defensa apeló. “La investigación extiende un manto de duda sobre la identidad de género de Fernández”, se quejó y dijo que había un sesgo contra su representada. La Cámara de Acusación rechazó el planteo. Las “expresiones de la personalidad de Fernández en un momento determinado (específicamente, en el momento del hecho que se le imputa), indagadas por la instrucción, tuvieron como objeto dilucidar cuál era la identidad de género que asumió Fernández en el momento en que ocurrió, entendiendo que la personalidad, como estructura dinámica, permite aceptar que una persona pueda auto percibirse de una forma en un momento y luego, en otro momento distinto, auto percibirse de una manera diferente”, dijeron los magistrados.

La violación en prisión y la discusión sobre dónde alojar a la acusada

“No se puede dejar de observar una situación compleja que aquí se planteó, y que generó decisiones con fuertes implicancias para terceros ajenos al proceso penal. Cabe referirse específicamente al traslado de Fernández a distintos establecimientos penitenciarios en donde se encuentran alojadas mujeres imputadas en causas penales, luego de haber manifestado que se autopercibía como mujer”, dijo el tribunal y avanzó sobre la polémica. No estaban investigando la violación, pero sí las circunstancias que rodearon que esa situación pudiera ocurrir.

El tribunal afirmó que a Fernández “lo respaldan, en efecto, los derechos que reconoce la ley”. Pero también deslizó la “laxitud en cuanto a las exigencias previstas a los fines del reconocimiento” de identidad de género, que sí son necesarias en otras legislaciones, como estudios o pericias psicológicas. “Nada dice la ley, por ejemplo, de situaciones de detención que se dan mientras estos trámites se llevan adelante”, se planteó.

“Resulta claro que, en el caso de Fernández, no se limitó, restringió, excluyó o suprimió el ejercicio del derecho a la identidad de género, interpretándose y aplicándose las normas siempre a su favor” -sostuvo el fallo al que accedió Infobae-. La circunstancia de pertenecer a algún grupo no debería eximirlo ni otorgarle un trato procesal privilegiado (así como no lo poseen, por ejemplo, las mujeres detenidas).

Para el tribunal, “se podría decir que conforme se dieron las circunstancias del traslado de la imputada, el Estado estaría incumpliendo” con el principio que “estipula que toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o grupo”. Y destacó que “es notable que no se realizó una ponderación de derechos e intereses entre la persona solicitante y las personas que se encontraban en el lugar al que pedía el traslado”.

Para el tribunal, es claro que “no estamos ante un caso de no reconocimiento de derechos, o de exigencias administrativas o judiciales excesivas o inapropiadas, se trata de una limitación fáctica que debemos tener en cuenta antes de tomar la decisión de un traslado de este tipo, asegurarse –dentro de lo posible- la falta de riesgo para el resto de las mujeres alojadas y las funcionarias del Servicio Penitenciario”.

“Debe primar, sin lugar a dudas, el aseguramiento del bienestar de las internas y no a las personas con autopercepción femenina sobreviniente”, se señaló. Pero tampoco se la puede enviar al pabellón de varones solo por coincidir su realidad biológica con los allí alojados, porque eso “probablemente llevaría a una situación igualmente complicada, solo que en este caso ella podría ocupar calidad de víctima”. El tribunal ordenó su traslado “en un lugar totalmente diferenciado del resto de la población carcelaria, por provisorio que fuese, hasta tanto cuenten con las definitivas instalaciones para ello. Cualquier otra alternativa, según se ha visto, no da solución ni a la imputada, ni a la población carcelaria en general”.

Los últimos cargos presentados contra un viceministro de Defensa ruso evidencian para los servicios de Inteligencia de Reino Unido que existe una "gran operación" para perseguir delitos de malversación y otras corruptelas en el segundo escalón del Gobierno de Rusia, con indicios que apuntan ya a una extensión de las investigaciones al margen del ámbito militar.

En plena invasión militar sobre Ucrania, los investigadores rusos han abierto causas contra varios altos cargos, entre ellos el viceministro Timur Ivanov, que tras ser imputado en abril de 2024 se enfrenta ahora a nuevos cargos relativos a la malversación de 200 millones de rublos (1,91 millones de euros) en la adquisición de dos buques y de otros 3.000 millones (28,7 millones de euros) vinculados a la compra de divisas extranjeras.

Los medios rusos han informado, además, del cese de ocho funcionarios vinculados a instituciones como el Comité de Investigación, el Ministerio para Situaciones de Emergencia o el Servicio Penitenciario, supuestamente también por sospechas de corrupción, lo que ara los expertos británicos es un "potencial indicador" de que la lupa se ha ampliado y ya no se reduce a temas de Defensa, según el informe publicado este lunes por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

A raíz del aislamiento social durante la pandemia, se suspendieron las visitas carcelarias. Para que los presos no perdieran contacto con sus familiares y afectos, las autoridades bonaerenses –y de otras provincias– tomaron la imprudente decisión de permitir el libre uso de celulares dentro de las cárceles. Bien pudieron poner teléfonos a disposición de los detenidos, pero sin entregárselos. Y bien pudieron revertir la medida y quitárselos una vez acabado el aislamiento social. Pero no. La pandemia fue una excusa: hacía tiempo que los activistas en favor de los presos presionaban para que éstos tuvieran dispositivos móviles.

Hoy se pagan las consecuencias de tamaña irresponsabilidad. Porque los celulares son herramientas peligrosas cuando están en manos de los delincuentes. Y cada vez son más los ilícitos que pueden cometerse frente a la pantalla de un smartphone. En poco tiempo, los presos hicieron especialidad en ciberdelitos, y las cárceles bonaerenses –y de otras provincias– se convirtieron en call centers tumberos al servicio del crimen organizado.

Esto resintió todo el sistema punitivo. Porque el derecho penal cumple su función amenazando con la cárcel a todos los ciudadanos, a fin de disuadirlos de cometer delitos. Pero si la amenaza penal no logra su propósito preventivo, luego la ejecución de la pena permite intentar la resocialización del delincuente, a la vez que –mientras está preso– se lo aparta para que no siga perjudicando a la sociedad.

Estos beneficios de la ejecución penal se debilitaron sensiblemente. ¡Es que no hay resocialización posible si los presos utilizan los celulares para delinquir desde la cárcel! Y no estamos hablando de riesgos futuros y eventuales, sino de una criminalidad intra-penitenciaria que está aceitada y consolidada.

Desde la cárcel los líderes del narcotráfico emiten sus órdenes. Desde la cárcel operan asociaciones ilícitas dedicadas a las estafas virtuales. Desde la cárcel se amedrenta a las víctimas, familiares y testigos de las causas penales. Y desde la cárcel se hostiga a las mujeres que sufren violencia de género.

Las mujeres son especialmente perjudicadas. A través de los celulares, los presos ingresan a las redes sociales de sus ex parejas (y de las personas vinculadas a ellas) o se comunican con terceros allegados, y así averiguan dónde están, qué hacen, con quiénes se juntan o si conocieron a alguien. Con esos datos las vigilan, las manipulan y las amenazan a fin de someterlas a su dominio.

El encierro del violento ya no les devuelve la paz. Ellas siguen a su merced, desprotegidas y vulnerables. La violencia no cesa; tan sólo cambia de forma. Ellas no logran recobrar la tranquilidad: siguen temerosas, cohibidas, sin poder recuperar sus vidas. Y a veces este miedo las disuade de declarar en juicio.

Las mujeres que no logran salir del círculo de la violencia, son nuevamente captadas con promesas u otras manipulaciones. Y debido a su especial vulnerabilidad, vuelven a someterse a la voluntad de los violentos, convirtiéndose –incluso– en “soldaditas” que ejecutan lo que ellos ordenan.

Los presos las utilizan para transportar o comercializar extramuros los estupefacientes que ellos gestionan; para recibir los bienes o retirar el dinero obtenidos a través de las estafas virtuales; y para que, furtivamente, ingresen cosas prohibidas a las cárceles: drogas, dispositivos no declarados, chips telefónicos, etcétera.

A fin de someterlas, los presos emplean sus celulares con diversos objetivos: hostilizar a familiares de ellas o a sus nuevas parejas; manipular a los hijos que tienen en común; manejarles el dinero que ellas ganan con su trabajo; y amenazarlas a través de llamadas, mensajes –de texto, audio y video–, uso de perfiles falsos de redes sociales, e incluso mediante la extorsión sexual (sextorsion).

Esta última modalidad es una de las más crueles, ya que los detenidos usan las imágenes o videos de contenido sexual que –de ellas– guardan en sus dispositivos (las que incluso, con sus celulares, pueden obtener en las visitas íntimas dentro de la prisión), para obligarlas a hacer lo que ellos quieran, bajo amenaza de viralizar las mismas en las redes sociales.

Tampoco es raro que los presos desobedezcan órdenes judiciales de prohibición de contacto. Con la agravante de que estas resoluciones no siempre se renuevan luego de la detención, porque la víctima se siente a salvo, creyendo –ingenuamente– que en las cárceles se restringen las comunicaciones de los presos. Mientras tanto, éstos despliegan su accionar sin siquiera incurrir en delito (salvo que cometan otro ilícito al entablar dicho contacto).

En suma, al permitir el uso libre de celulares dentro de las cárceles, las autoridades bonaerenses se desentendieron de la protección de la población en general, y de las víctimas en particular. Especialmente, abandonaron a su suerte a las mujeres víctimas de violencia de género, privándolas de su derecho a la seguridad personal y a una vida sin violencia, en observancia de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) suscripta por nuestro país.

Es tiempo de prohibir la tenencia de celulares dentro de las cárceles bonaerenses (y de otras provincias que todavía los permiten o toleran), lo cual –cabe aclarar– debe alcanzar las tablets, relojes inteligentes, notebooks y otros dispositivos tecnológicos a través de los que se pueda acceder a telefonía móvil, mensajería de texto y voz (WhatsApp y Telegram) o redes sociales (Facebook, Instagram, Tik Tok y X). Ante todo, porque la pandemia terminó hace años, con el consecuente retorno de las visitas. Y además, porque el acceso a mensajería de texto o telefonía –fija o móvil– para facilitar el contacto familiar, puede ser brindado por el Servicio Penitenciario con enorme amplitud, pero sin resignar con ello el debido control.

Quienes se resisten a quitar los celulares a los presos, manipulan a la opinión pública diciendo que se aplica un “estricto” protocolo. No es cierto. Las únicas precauciones del protocolo son registrar el dispositivo y el abonado (que se reemplazan fácilmente) y notificar a los presos la prohibición del uso de redes sociales (que no se puede controlar y que los detenidos no acatan).

También alegan que, para prevenir el delito desde las cárceles, lo mejor es abordar caso por caso, prohibiendo su uso sólo a quienes los utilizan con fines ilícitos. Se trata de una quimera. Si todos dentro del pabellón usan teléfonos, el jefe narco, el ciberestafador y el que ejerce violencia de género, en todo momento tendrán a disposición artefactos que le facilitarán otros presos.

Otro argumento es que los celulares habrían reducido la conflictividad y violencia dentro de las cárceles. Se trata de una liviana afirmación que no sólo carece de sustento empírico, sino que además subestima las enormes facilidades que los celulares brindan a los presos para organizar, coordinar y ejecutar –incluso de forma masiva y simultanea– reyertas grupales, fugas riesgosas o motines sangrientos.

Bien mirado, las autoridades bonaerenses están jugando con fuego. Lo que no ven –y Dios quiera que no lo descubran de la peor manera– es que a través de los smartphones los presos están en condiciones de dirigir negocios rentables y financiarse; para luego captar voluntades o reclutar cómplices intra y extra muros a fin de crear o sostener bandas criminales; y, asimismo, investigar a las personas con el propósito de influir sobre testigos y víctimas (o eliminarlos), amedrentar a miembros del servicio penitenciario y sus familias (o corromperlos), e incluso operar mafiosamente sobre la justicia.

Tampoco convence el argumento de que no es posible quitar los celulares, porque la comunicación del preso con sus familiares y afectos es un “derecho inalienable”. Ante todo, nadie propugna la incomunicación, sino que todo contacto con el afuera –y el adentro– sea supervisado. Y el uso libre de celulares dentro de las cárceles –vedado en la mayoría de los países–, en la actualidad no permite control alguno.

Ningún derecho es ilimitado. Siempre hay que evaluar el contexto en que se ejerce. Y los controles son necesarios dentro de la prisión. Sería impensable que las visitas de los familiares se hagan sin ninguna precaución, de modo que éstos puedan ingresar libremente cualquier elemento (drogas, limas, armas de fuego, explosivos, etcétera). Análogamente, la comunicación vía telefónica o mensajes no puede ser irrestricta; deben existir controles.

Por último, del todo inadmisible es la alegación de que, con o sin autorización, los presos se las ingenian para conseguir celulares. Usando el mismo argumento, también los presos se las ingenian para hacerse de facas y otras armas, y no por eso se las vamos a autorizar. Y aunque no logremos erradicar los celulares de las cárceles, al menos sí podemos prohibir su uso libre y masivo, que es lo que genera los mayores peligros.

¿Qué consecuencia trajo el permiso para tener celulares dentro de las cárceles? Que los presos ahora los usan sin reservas y a toda hora. Es decir, pueden conspirar y delinquir a sus anchas, sin que nadie los estorbe. Esta ventaja explica el crecimiento exponencial que han tenido los delitos perpetrados desde las cárceles.

Es cierto que cualquier ciudadano en libertad podría cometer delitos a través de los smartphones; y a nadie –por tal razón– se le ocurriría prohibir o limitar su uso a la población. Pero acudir a este argumento para justificar –por parificación– el uso irrestricto de celulares por parte de los privados de su libertad, soslaya la función de seguridad que cumplen las unidades penitenciarias.

Es un contrasentido que las cárceles se conviertan en usinas del delito. La Constitución Nacional, en su artículo 18, establece: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”. Y es la seguridad lo que, actualmente, está en riesgo.

Ante todo, porque si el interno tiene comunicación libre (sin control de horarios, interlocutores y propósitos), no se puede garantizar la seguridad –interior y exterior– del propio establecimiento carcelario. Pero, además, porque la seguridad de la población en general, y de las víctimas en particular, merece protección. En especial las mujeres víctimas de violencia de género, que continúan siendo rehenes de los violentos, a quienes se les permite vigilarlas, hostigarlas, maltratarlas y someterlas desde la cárcel.

El Gobierno nacional actualizó la escala salarial de las fuerzas de seguridad federales. Se trata de dos incrementos que comenzarán a cobrar los efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal a partir de septiembre y octubre.

Las subas se oficializaron a través de la resolución 979/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las fuerzas policiales y de seguridad dependientes del Ministerio De Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”, alega la normativa.

De esta manera, fijaron también la composición por “Recargo de Servicio”, este monto varía según la jerarquía y la cantidad de horas. Por ejemplo, la máxima categoría de cada una de las fuerzas que trabaje de 3 a 5 horas cobrará $22.344,70 en concepto de “Recargo de Servicio”, y, si se tratan de más de 5 horas, percibirá $44.689,40. Los montos aumentan a $22.568,15 y $45.136,29, respectivamente para el próximo mes.

La actualización también alcanza a los complementos por responsabilidad jerárquica para los directores de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y para los jefes de Policías de la Federal, que será de $299.305,72 y saltará a $302.298,78, el próximo mes.

Algo similar ocurre con el complemento de subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional, subprefecto nacional naval de Prefectura y subjefe de Policía de la Federal. Los montos serán de $269.974,39 y $272.674,13.

Las precisiones de cada uno de los cargos y jerarquías se encuentran especificadas en los distintos anexos de la normativa.

Así, prefecto general en actividad cobrará este mes $2.100.864,05 y el próximo $2.121.872,69, mientras tanto un marinero percibirá $624.317,69 en septiembre y $630.560,87, en octubre.

Por otro lado, la nueva escala salarial para los miembros de la Gendarmería Nacional en actividad parte de una base de $567.561,53, para el rango de gendarme II en septiembre, y de $573.237,14 en octubre. Mientras tanto, un Comandante General percibirá con las actualizaciones, $2.100.864,05 este mes y $2.121.872,69, a partir del próximo.

Para esta fuerza de seguridad, el Gobierno incrementó también los valores del complemento de “Función Prevención Barrial”, que este mes partirá de los $273.830,30 y alcanzará los $876.755,08, correspondiente a la categoría de Comandante General. En octubre, los valores ascenderán a $276.568,60 y $885.522,63, respectivamente.

Con respecto a la Policía Federal, la resolución indica que el haber mensual de un auxiliar de 7ma, el rango más bajo de jerarquía, será de $585.974,45, en septiembre, y de $591.834,20, el próximo mes, mientras que el sueldo de un comisario general, es decir el rango más alto de jerarquía, será de $2.310.049,99 y de $2.333.150,49, respectivamente.

A su vez, actualizaron también los suplementos por zona para cada uno de los cargos y los adicionales que cobran los oficiales en concepto de “Servicios bajo modalidad Servicio Continuo”, “Servicios bajo modalidad Servicio Discontinuo”, “Servicios bajo modalidad servicio en Ámbito Ferroviario”, “Servicios bajo modalidad Servicio Explosivista”, “Servicios de Custodia a Sedes” y “Servicios de Custodia Ferroviaria”. Lo mismo sucede con los montos que deben pagar las empresas requirentes del servicio de Policía.

Para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los sueldos estarán entre los $157.695,20 y $1.122.875,61 este mes y entre los $159.272,15 y $1.134.104,37 en octubre. También el incremento alcanza a los suplementos por tarea jerárquica, este extra varía entre los $150.170,94 y los $320.360,49.

Por último, el Gobierno nacional consideró “propicio” actualizar el total de los haberes mensuales y suplementos generales y particulares correspondientes al Personal del Servicio Penitenciario Federal. En este marco, se fijó, a partir del 1º de Junio de 2024 el “Haber Mensual”, las compensaciones por “Fijación de Domicilio” y “Variabilidad de Vivienda”, el complemento particular por “Función Ejecutiva”, los suplementos particulares por “Zona Sur” y “Título Académico”, el “Régimen de Viáticos”, el concepto indemnizatorio “Resarcimiento de Gastos” y el beneficio “Reintegro de Gastos de Sepelio”, para el personal del SPF.

En medio de la investigación contra la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), otros cuatros jefes del organismo fueron detenidos bajo la sospecha de que habrían sido parte de una presunta asociación ilícita. Dos de ellos estaban fuera de servicio, uno aún cumplía funciones, mientras que el restante se trataba de Cristian Namur, el director del área de Seguridad.

Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal de instrucción N°1 de Delitos Complejos, Enrique Gavier, después de que los avances apuntaran a una posible participación de Cristian Namur, José Gustavo Heredia, conocido como “el Caña”, Ramón Sayavedra y Marcelo Chávez.

Todos los implicados fueron imputados por presunta asociación ilícita, en una causa en la que se desprenden múltiples delitos como, por ejemplo, la conformación de call centers tumberos y otro tipo de negocios. A raíz de que la investigación continuará su curso, el fiscal no descartaría futuras detenciones.

Mientras que Chávez se encargaba de tramitar las faltas leves o infracciones leves en la División de Asuntos Internos perteneciente al Tribunal de Conducta Penitenciaria, Namur había sido designado como director general de Seguridad en julio de 2024 durante la gestión de la jefa del Servicio Penitenciario cordobés, Verónica Funes, quien asumió el cargo después de que Juan María Bouvier fuera detenido en la misma causa por presunta asociación ilícita.

De acuerdo a la información compartida por La Voz, los dos jefes restantes ya se encontraban retirados al momento de ser detenidos. No obstante, durante el último tiempo en el que estuvo en actividad, Guzmán había estado a cargo del área de Seguridad en el Complejo Carcelario de Bouwer.

La causa que ya cuenta con más de 20 detenidos, entre ellos abogados, particulares y altos jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba, se abrió luego de que se detectaran una serie de administraciones irregulares en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y Villa María.

Uno de los primeros detenidos fueron el subjefe de la cárcel de Bouwer, Alejandro Guzmán; tres abogados; y dos particulares, a quienes se los acusa de colaborar en la logística de las estafas desde el exterior de la cárcel. Guzmán es el único que está acusado de ser “organizador” o “jefe” de la asociación ilícita, puesto que en su penal se le hacía ofrecimientos a los internos para “mejorar su calidad de vida” a cambio de dinero.

Dentro de las maniobras que habrían realizado, se encuentran exigir determinados montos de pagos para que los internos accedan a “salidas excepcionales, ingreso de celulares y estupefacientes, así como permitir el funcionamiento en las dependencias carcelarias de “call centers” para que los reclusos realicen estafas telefónicas a la población.

Estos centros de llamadas se encontraban en la cárcel de Villa María, desde donde los reclusos cometían fraudes. Por esto mismo, fueron detenidos el director de la cárcel de Villa María, Andés Américo Aciar, y dos de sus principales funcionarios.

A principios de diciembre del año pasado, otro de los detenidos en sumarse a la lista de sospechosos fue el ex jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba Juan María Bouvier. La medida fue impulsada por el gobernador Martín Llaryora, quien decidió intervenir el organismo y reemplazar a todos los directivos que cumplieron funciones durante la gestión anterior.

Según había informado el medio local La Nueva Mañana, las autoridades indicaron que “fueron aceptadas las renuncias de todos los integrantes de la conducción del organismo”. Al mismo tiempo, el ex fiscal federal Gustavo Vidal Lascano fue designado como interventor del organismo.

En esa oportunidad, también fueron arrestados Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, quienes integraban parte del directorio del Servicio Penitenciario. Asimismo, se había ordenado un nuevo allanamiento en las oficinas de la Dirección del Servicio Penitenciario que se encontraban en el barrio de Nueva Córdoba.

Otro de los agentes que terminó involucrado en la causa se trató del ex jefe de Seguridad Darío José Tello Pajón, quien había sido detenido durante un operativo policial realizado en noviembre de 2023. Hasta el momento de su arresto, el efectivo estuvo a cargo del área por 15 años y, previo a esto, se desempeñó como subjefe del Servicio Penitenciario hasta el 31 de 2004.

Nuevas disposiciones de control carcelario, programas de incapacitación delictiva por abordaje de riesgos y necesidades, obturación de vectores que potencialmente vulneran la seguridad penitenciaria y toda una amplia gama de opciones que este nuevo Gobierno, a través de los órganos competentes, ha desplegado desde el minuto cero de su gestión, han logrado, hasta aquí, que los efectos de la inseguridad se perciban en franco retroceso.

Pero, (siempre hay un pero), a pesar de los esfuerzos realizados por la quinta fuerza de seguridad de la nación (Servicio Penitenciario Federal), la imposibilidad coyuntural de armonizar capacidad con legislación y practica actuarial comienza a preocupar a funcionarios de distintos poderes vinculados con la problemática Penitenciaria.

Hace apenas un mes, este medio daba cuenta de la situación al reproducir una misiva enviada por la Junta de presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales ante la Corte Suprema de Justicia, alertando sobre las falencias que en términos estructurales presenta el Servicio Penitenciario Federal (S.P.F.).

En el documento hecho público, se requería a la Corte Suprema que inste al Gobierno Nacional a que haga cesar “la crítica situación de las cárceles federales“ que se encuentran actualmente desbordadas de internos”, con hacinamiento, falta de cupos y (como saldo colateral de la situación descripta) fugas reiteradas de alojados en dependencias que, de manera contingente y bajo otra jurisdicción, suplían la carencia de lugar de alojamiento en los establecimientos Federales.

Problemas como falta de infraestructura federal en varias provincias de nuestro país (pues el SPF solo se encuentra operativo en 15 de ellas), supresión de cupos de alojamiento en función de la readecuación de espacios operada a la luz de la normativa internacional y de la misma manera, perdida de la capacidad de disposición de plazas por imposibilidad de gestión en los traslados de los internos alojados, completan la trama de una situación potencialmente explosiva de cara a los nuevos desafíos que en materia de política criminal esperan a ser operativizados en el corto plazo.

El escenario, suma complejidad si se considera que el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para bajar la ley de imputabilidad; a la par, busca la implementación en todo el país del sistema acusatorio, proyectos que deberán complementarse con los resultados de la reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24.660), cuya modificatoria (Ley 27.375) vigente desde el año 2017, reformulo el régimen de progresividad penitenciaria en la ejecución, lo que ha limitado el número de presos que podrían alcanzar morigeración en la pena con la consecuente falta de liberación de plazas de alojamiento en las cárceles federales.

Despliegue territorial e infraestructura saturada

El S.P.F. mantiene un despliegue territorial vasto, a lo largo y ancho de la república, con presencia en quince de las veintitrés provincias y en el distrito federal que representa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La infraestructura Penitenciaria Federal, esta integrada por 28 unidades, sin considerar los servicios de alcaidías (establecimientos de mero transito con prohibición legal y reglamentaria de alojar internos por lapsos mayores a las 24 horas), ni tampoco, establecimientos especiales como hospitales o centros de salud específicos de ejecución Penitenciaria. De estas 28 Unidades, 9 son Complejos (establecimientos de estructuras modulares sincronizadas actuarialmente, pero con funcionamiento autónomo), en tanto que el resto, son establecimientos de características tradicionales en la arquitectura Penitenciaria.

Los Complejos resultan ser las construcciones con menos años que posee el S.P.F., a excepción de la vieja y derruida cárcel de Devoto (a la sazón nomenclada como Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuyo ingreso operativo al ámbito penitenciario data del año 1957, pero, su inauguración como Cárcel de contraventores bajo la responsabilidad de la por entonces Policía de la Capital, vio la luz en el año 1927; el C.P.F.IV de Ezeiza (ex Unidad 3 – Cárcel de Mujeres), fue puesta en servicio hace mas de 46 años, en 1978.

Simplificando, de las 28 cárceles Federales, mas de la mitad de su estructura operativa, se encuentra signada por la obsolescencia producto del tiempo en funciones; 16 de sus establecimientos registran un piso de antigüedad mínimo de 42 años, (U.30 de La Pampa, inaugurada en 1982) y un techo de 127 años (U10. de Formosa inaugurada en 1887). Huelgan los comentarios respecto de las instalaciones y de los estándares internacionales, aplicables en términos de plazas de alojamiento y cupo penitenciario, aspectos que retomaremos más adelante.

Emergencia carcelaria y drástica disminución de internos

El título de la columna habla de paradojas y paradojal resulta que, parte de los fundamentos que originaron la Resolución 184/2019 por la que se decretó la “emergencia Penitenciaria”, hayan desaparecido, pero la emergencia no solo continua, sino que además se ha agravado de una manera especial. Veamos.

A marzo del año 2019 la cantidad de internos alojados en el S.P.F., alcanzaba cifras récord en su historia, llegando a los 13.773 internos, en tanto que su capacidad operativa era de 12.235 plazas de alojamiento. Por consiguiente, los guarismos indicaban una tasa de sobrepoblación superior al 12%.

Actualmente el S.P.F. tiene una sobrepoblación carcelaria del 6.7 %, aunque aloja 2.103 internos menos que en 2019, pues su población penal hoy es de 11.670 presos, contando con una capacidad operativa utilizable de 11.002 plazas de alojamiento. En limpio, la emergencia carcelaria a nivel federal, desde que fue decretada en 2019, no solo no agregó una sola celda más, sino que, en el año 2021, suprimió 1233 lugares disponibles para personas privadas de la libertad. Cualquier semejanza con los internos que actualmente gestiona ciudad (2052 alojados) no es pura coincidencia.

Entonces, nada es claro en el marco de una emergencia que se dicta por falta de lugares y que se mantiene vigente aún, cuando el escenario que era deficitario en plazas de alojamiento redujo, además, 1233 espacios de encierro personal. Todo tiene una explicación, aunque la misma no necesariamente es aceptada por todos los actores involucrados en la temática, lo cual no la invalida, por cierto.

La clave para comprender lo que pareciera ser un oxímoron operativo, esta en el concepto reseñado precedentemente de cupo de alojamiento y plaza penitenciaria, a la luz de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Cupos y plazas, significados y significantes

Hemos señalado que, durante el año 2021, cuando el S.P.F. aun dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el por entonces ministro de Justicia, Dr. Martin Soria, firmó la resolución 517/2021 (aun vigente) por la cual se establecía la cantidad de internos que cada Unidad Penitenciaria Federal podría alojar, reduciendo drásticamente la capacidad operativa.

Para ello se forzó la convergencia de los estándares internacionales con la situación imperante a nivel coyuntural en el SPF, resignando en consecuencia plazas de alojamiento efectivo en honor a los tratados internacionales que, Argentina en tanto parte del mecanismo internacional de protección de los derechos humanos, estaba obligada a cumplir; las disposiciones se inspiraron en el Principio XVII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH). Dichas disposiciones exigen que la autoridad defina la cantidad de plazas disponibles de cada establecimiento Penitenciario, conforme a los estándares vigentes en materia habitacional, y produzca información pública y accesible sobre la tasa de ocupación real de cada establecimiento.

En este contexto se contemplaron las complejas características estructurales que comentamos de manera detallada anteriormente (establecimientos de distinto diseño y antigüedad basados en estándares de construcción que difieren de aquellos que fueron inaugurados a partir del año 2000), considerando que la política de fijación de la capacidad oficial de cada una de estas Unidades, debía considerar estas diferencias y fijar estándares transitorios con la premisa de su adecuación progresiva, ya que los complejos federales, construidos con posterioridad al año 2000 son acordes y van en línea con los que se aceptan a nivel internacional y son superadores a los fijados por el Comité internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R. en su manual, “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles”, 2011) y por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (C.P.T., en su handbook “Living space per prisoner in prison establishments: C.P.T. standards”, 2015).

A partir de la resolución “SORIA” (517/2021), cupo y plaza de alojamiento, aunque ligeramente puedan considerarse sinónimos, terminan siendo el resultante de una compleja operación de cálculos que contemplan metraje cubico de celdas, complejidad edilicia de cada establecimiento penitenciario, ámbitos destinados al ocio, trabajo, educación, visitas y atención espiritual, en definitiva, exigencias para las que más del 50% de las cárceles federales no califican.

La ecuación resultante en el marco de la emergencia penitenciaria recientemente prorrogada por las autoridades actuales del Ministerio de seguridad, a pesar de los postulados ampliatorios sobre rangos actuariales con personas privadas de la libertad, ha reducido significativamente la capacidad operativa, al modificar las condiciones básicas de habitabilidad de los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, ordenando una vez fijados los cupos de alojamiento (hecho sucedido en el año 2021), a comunicar obligatoriamente cualquier modificación efectuada sobre la presente medida, a estos órganos de actuación y monitoreo;

• La Cámara Federal de Casación Penal.
• La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
• La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
• Las Cámaras Federales con jurisdicción en los establecimientos cuya capacidad operativa haya sido alcanzada.
• La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A.
• La Procuración General de la Nación.
• Los Fiscales Coordinadores de Distrito con actuación en las jurisdicciones de los establecimientos cuya capacidad operativa haya sido alcanzada.
• La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
• El Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
• La Procuración Penitenciaria de la Nación.

Por lo tanto, cualquier medida que posibilite gestionar mayor cantidad de detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, deberá necesariamente estar asociada a la construcción y puesta en funciones de nuevos espacios de encierro. Justo es señalar, que las actuales autoridades se encuentran empeñadas en conseguir la incorporación de mas de 2000 plazas de alojamiento penitenciario, hacia fines de este año, principios de 2025, con el acople operativo a la dotación del SPF, de la nueva Cárcel de Coronda en la Provincia de Santa Fe y la postergada obra del Complejo Penitenciario de Agote, en el partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

Conseguir que la seguridad publica se consume, a partir de la integralidad requerida para sus logros, es una obligación de todos los actores involucrados en su gestión y no solo de aquellos que, durante años, fueron reducidos al rol de meros administradores de decisiones ajenas, quizá bien intencionadas, pero sin dudas inoportunas por contexto y posibilidades en su ejecución.

Fue en el Complejo Penitenciario Federal VI – Luján de Cuyo, donde permanece detenido un hermano de la mujer, quien arribó al lugar con el menor de edad. En la inspección de ambos, notaron algo fuera de lo normal en la ropa del chico, a la altura de la cintura y la pelvis.

Ante esta situación, interrogaron a la adulta, quien confesó que había ocultado estupefacientes entre las prendas de ella y del niño. Luego, se procedió al secuestro de la droga, que estaba repartida en 254 envoltorios que contenían 278 gramos de marihuana.

“CON LOS CHICOS, NO”, se indignó por este caso en redes sociales la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La funcionaria, además, brindó los detalles de lo sucedido. “La droga, ni dentro ni fuera de los penales”, concluyó su publicación.

El hallazgo de la marihuana fue resultado de operativos dispuestos por el Ministerio de Seguridad para evitar las mafias carcelarias, realizados por efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

En otro procedimiento de los últimos días, realizado en la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de la ciudad de Resistencia, Chaco, un interno del pabellón 10 que volvía de recibir una visita intentó regresar a su celda con un envoltorio con droga dentro de su organismo.

Al registrarlo mediante un control con máquinas Body-Scan, el personal visualizó un cuerpo extraño en las imágenes, por lo que intervino el médico de turno y el recluso expulsó de manera voluntaria un envoltorio de polietileno de color verde, el cual contenía una sustancia en polvo de color blanco, que resultó ser cocaína.

Tomaron intervención la Auditoria Zonal U.7 y la Fiscalía Federal N° 2 de Resistencia.

Un preso de Los Monos recaudó 14 millones de pesos por venta de droga dentro de la cárcel de Piñero

El delegado del pabellón 6 de la cárcel de Piñero Brandon Paulo Aramburu (27 años) fue imputado el jueves 4 de julio por haber vendido droga dentro de la cárcel al menos entre el 1 de septiembre de 2022 y el 20 de marzo de ese año, período en el que se alzó con más de 14 millones de pesos. A la cocaína y la marihuana, según la acusación que formuló el fiscal Franco Carbone, las hacía ingresar a través de embarazadas que, por esa condición, no eran revisadas en los escáneres de la unidad penitenciaria. Quien cobraba por la comercialización de los estupefacientes era su novia, Celeste Evelyn Barjollo (29), también presa. Generalmente lo hacía mediante transferencias bancarias hechas por Ualá y Mercado Pago.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma, quien ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley y el congelamiento de las cuentas bancarias de Barjollo, la recaudadora del dinero por la venta de droga.

Según la información ventilada por el fiscal Carbone, la mecánica para la entrada de la droga era la siguiente: la llevaban embarazadas que no pasaban por los escáneres de la prisión y que se anotaban como visitas de internos que generalmente no recibían a nadie. “Cada visita ingresaba a razón de 50 gramos de marihuana y 50 gramos de cocaína por semana. Generalmente eran dos visitas. Todo el pabellón le compraba droga a él”, reseñó un testimonio.

De acuerdo a la causa, las transferencias bancarias que recibía la pareja de Aramburu eran hechas siempre por familiares de los compañeros de prisión. Agregó que, en caso de atrasos en pagos por la droga, los internos eran atacados a golpes y amenazados, y recién podían pedir una reubicación en la unidad penitenciaria si habían cancelado el monto.

El Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA) a su ex número dos Vicente Ventura Barreiro por supuesta interferencia en las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales.

Según consta en el documento, al que tuvo acceso Infobae, se detalla que Ventura Barreiro preguntó días atrás a autoridades del Servicio Penitenciario Federal -que maneja Fernando Martínez- “por las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales”, y expresó - en el presunto diálogo - que “cuando la ministra se fuera, él iba a ser el próximo ministro de Seguridad”.

“Le dijo también que él no era ‘policía de policías’ y que estaba interesado en saber cómo iban a estar redactados los pliegos de la licitación de comidas para las cárceles federales. También le preguntó por la readecuación de precios de las adquisiciones ya realizadas, que se manejan por el sistema de ‘legítimo abono’”, señala el texto.

En la denuncia además se agrega: “El declarante manifiesta que le respondió que él no necesitaba nada, que había insistido mucho para que la designación de su propio cargo fuera ad honorem porque sabía que ‘este flagelo de las empresas cartelizadas’ era un fenómeno arraigado durante mucho tiempo y que quería erradicarlo. El Lic. Martínez añade que, ante esa manifestación, el Dr. Ventura Barreiro le dijo que, de todos modos, las empresas ponen plata siempre, a lo que el declarante reiteró que él no necesitaba nada y que el que necesita realmente las cosas es el Servicio Penitenciario, algo que como Secretario de Seguridad él lo tenía que saber. El dicente añadió que, ya que estaba, le dijera a las empresas que no pusieran más plata en ningún lado. El Secretario de Seguridad le pidió entonces que le dé el nombre de un abogado de su confianza para que arregle con las empresas, a lo cual el manifestante le dijo que no tiene abogados, que no se maneja con abogados. Ante la insistencia del Dr. Ventura Barreiro, el declarante siguió negándose y el Secretario de Seguridad le pidió que le envíe un pliego de las licitaciones, tal como van a salir”.

Bajo este panorama, el declarante sostiene en el documento que “no le envió el pliego y, ese mismo día, por la tarde, Ventura Barreiro insistió con el requerimiento, a lo cual el dicente le dio un pliego de contratación de alimentos crudos, a pesar de que lo que él pedía eran los pliegos de alimentos cocidos”. Y continúa: “A las dos horas, el Dr. Ventura Barreiro le envió ese mismo pliego con correcciones y agregados que él sugería realizar. Entonces, el declarante envió los dos archivos al área técnica, encabezada por el Director General de Administración, Prefecto Jorge Quintraman, a fin de que examinara lo que pedía el Secretario de Seguridad. Dos o tres días después le llegó la devolución técnica con la comparación de ambos documentos. Las modificaciones requeridas coincidían con los pliegos habituales que precisamente se estaban cambiando a fin de aumentar la participación de las empresas. El declarante manifiesta que en ese momento advirtió que ese pliego necesariamente debía estar redactado por una empresa, ya que en dos horas no se podía haber realizado esas observaciones, coincidentes con los pliegos anteriores”. En la denuncia se agrega “la impresión del pliego en copia simple, que forma parte inescindible de esta declaración”.

“Las modificaciones sugeridas a través de Ventura Barreiro estaban enfocadas a los antecedentes de las empresas, de las que se pretendía que tuvieran experiencia en establecimientos penitenciarios; que la empresa poseyera una planta de elaboración a menos de cien kilómetros de distancia de la unidad penitenciaria; y solicitaba que se desestimara cualquier oferta que se realizara por debajo del diez por ciento (10%) del precio testigo, a lo que llamaban ‘precio vil’”.

Seguido a ello, Martínez declara “que él, en una primera instancia, intentó investigar un poco para saber quién estaba detrás de todo ese movimiento, a fin de ponerlo en conocimiento de la superioridad”. En esa línea, destaca: “El 13 de junio recibió la visita del Director General de Asuntos Prioritarios, Lic. Daniel Barberis, a quien el Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores le había encomendado averiguar qué estaba ocurriendo con las cárceles, a partir de un mensaje que recibió del Dr. Maximiliano Rima, en el que preguntaba por los pagos atrasados de la comida de las cárceles. Durante esa visita, Barberis le preguntó qué pasaba con la comida y si conocía a Maximiliano Rima. El declarante le dijo que no, pero que casualmente el día anterior el Secretario de Seguridad le había preguntado también por el tema de las comidas y le contó todo lo que había sucedido en la reunión. Después de unos días, Ventura Barreiro volvió a hablar con el declarante por WhatsApp para preguntar qué había sucedido con el pliego corregido”.

En el final de la denuncia se advierte que Martínez “le respondió que el pliego había salido tal como lo había redactado la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, siguiendo las pautas de transparencia y amplia participación y competencia que había requerido la Sra. Ministra, a lo que el Dr. Ventura Barreiro respondió: ‘¡Qué cagada!’, y cortó. Finalmente, el 21 de junio, el Sr. Daniel Barberis llamó por teléfono al Jefe de Gabinete Dr. Manfroni porque tenía que comentarle, junto con el declarante, un hecho grave relacionado con las cárceles. Una hora después se reunieron, le contaron lo ocurrido y en ese momento, el Dr. Manfroni llamó, delante de los presentes, al Dr. Julián Curi, Subsecretario de Asuntos Penitenciarios e inmediatamente después a la Sra. Ministra solicitando una reunión para los funcionarios nombrados. Tras ello, el Dr. Julián Curi convocó al dicente, quien acudió a su estudio a fin de relatar estos mismos hechos”.

Alejandra Monteoliva se convertirá en la secretaria de Seguridad de la Nación. Fue designada por la titular de la cartera nacional, Patricia Bullrich, como reemplazante de Vicente Ventura Barreiro, quien fue desplazado y denunciado por la propia jefa del área, a raíz de sospechas en el proceso licitatorio para la compra de alimentos en dependencias del Servicio Penitenciario.

Los cambios en la cartera de Seguridad fueron confirmados en las últimas horas. “Alejandra Monteoliva será mi nueva Secretaria de Seguridad de la Nación. Con mucho valor, se suma a continuar la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales y asegurar el imperio de la ley y el orden”, escribió la ministra a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“Alejandra es la persona adecuada para este tiempo histórico de cambio de paradigma en seguridad que nos toca enfrentar. De probada experiencia como consultora en seguridad en países como Honduras y El Salvador, donde trabajó en el exitoso Modelo Bukele; y en gestión, tanto en Colombia como en nuestro país, donde me acompañó en mi anterior gestión como Ministra de Seguridad, tendrá la enorme responsabilidad de colaborar en la seguridad de Argentina, cuidando en cada rincón del país a los argentinos de bien”, añadió Bullrich.

Por otra parte, desde el ministerio de Seguridad, indicaron: “Monteoliva es discípula del General (Oscar) Naranjo (Trujillo) en Colombia, fue secuestrada por la guerrilla, y se desempeñó como ministra de Córdoba. Además, tiene una destacada trayectoria como Directora de Operaciones en el Ministerio de Seguridad de la Nación durante cuatro años y, en los últimos años, trabajó como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador”.

Monteoliva fue ministra de Seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti. A su vez, cuenta con experiencia en la administración nacional, ya que entre 2015 y 2020 ocupó cargos dentro del Ministerio de Seguridad como Directora Nacional de Gestión de Información Criminal, primero, y como Directora de Operaciones de las Fuerzas Federales, luego.

Durante su amplia trayectoria, también se desarrolló en organismos internacionales. Ha desempeñado cargos en la función pública en todos los niveles, tanto en provincias de la Argentina como en distintos países.

Conforme a su currículum, Monteoliva se desarrolló como consultora en el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Drogas; y como asistente técnica y consultora en El Salvador, donde estuvo abocada a los hechos de violencia sexual y femicidios. También trabajó en la Policía Nacional de Colombia como docente y asesora.

En el país, la funcionaria trabajó en la municipalidad de Vicente López como asesora en Seguridad Ciudadana, y en la municipalidad de Totoras, en la provincia de Santa Fe, como parte del ministerio de Seguridad, brindando apoyo técnico al Programa Vínculos de Prevención del Delito y la Violencia.

La ex funcionaria cordobesa es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Además, realizó una maestría en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.

La nueva secretaria de Seguridad forma parte de seis redes vinculadas al área, en diferentes países. Según indica su currículum, es miembro de la Asociación Internacional de Analistas Delictuales, de la Red Internacional Amassuru – Mujeres de América Latina en Seguridad; y la International Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Association.

También integra la Asociación de Criminología de Colombia y de la Red Internacional de Observatorios y Centros de Investigación del Delito, del mismo país; la Red Internacional de Observatorios y Centros de Investigación del Delito, de INTERPOL-DIJIN, de Colombia. Por último, es miembro de la Red Argentina de Evaluación.

La denuncia del Bullrich al ex secretario de Seguridad

Tras pedirle la renuncia a Vicente Ventura Barreiro, quien se desempeñaba como su número dos, Patricia Bullrich efectuó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por supuesta interferencia en las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales.

Según precisa el documento, al que tuvo acceso Infobae, el ex funcionario preguntó días atrás a autoridades del Servicio Penitenciario Federal “por las licitaciones de comidas para los internos de las prisiones federales”, y expresó que “cuando la ministra se fuera, él iba a ser el próximo ministro de Seguridad”.

“Le dijo también que él no era ‘policía de policías’ y que estaba interesado en saber cómo iban a estar redactados los pliegos de la licitación de comidas para las cárceles federales. También le preguntó por la readecuación de precios de las adquisiciones ya realizadas, que se manejan por el sistema de ‘legítimo abono’”, detalla el texto.

La titular de Seguridad hizo pública su decisión a través de su cuenta de X este sábado y aseguró: “Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión. Por eso, le acabo de pedir la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”.