El celular dentro de una cárcel puede ser mucho más que un objeto prohibido. En algunos casos, es la herramienta clave para seguir delinquiendo. “Paseme el código, quédese tranquilo”. Esa fue una de las frases que quedaron registradas en los audios de la banda del “call center carcelario”, una organización integrada por presos que, desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena, llegó a estafar a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro.

Con ese escenario de fondo, este lunes, el Gobierno autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de las prisiones.

La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se formalizó mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según establece la normativa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá instalar sistemas capaces de identificar celulares activos dentro de los penales y anular su funcionamiento.

El problema no es nuevo. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectaron maniobras organizadas desde cárceles: estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos. En algunos casos, esos esquemas funcionaron como verdaderos centros de llamadas clandestinos.

Por eso, la resolución advierte que es necesario “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.

A diferencia de intentos anteriores, la nueva herramienta busca ser más precisa. No se trata de bloquear toda la señal —como ocurría con los viejos inhibidores—, sino de detectar los teléfonos en uso dentro de la cárcel y bloquearlos de manera puntual.

Ese punto es clave. Uno de los principales problemas de los sistemas anteriores era que afectaban también a las zonas cercanas a los penales. Ahora, la idea es que el bloqueo quede limitado al interior de los establecimientos.

La medida se apoya en un marco legal ya vigente. La ley 24.660 permite a las personas detenidas comunicarse con familiares, abogados o allegados, pero prohíbe el uso de teléfonos celulares. En ese contexto, el Estado debe garantizar mecanismos que eviten ese tipo de comunicación.

Hasta ahora, los controles habían tenido resultados irregulares. Si bien hay secuestros frecuentes de teléfonos dentro de las cárceles, el problema nunca logró resolverse del todo.

La resolución también instruye a las áreas técnicas del Ministerio a avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de estos sistemas, y establece que deberán llevarse a cabo ajustes para evitar que el funcionamiento afecte áreas externas.

Además, se aprobó un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que fija las pautas acerca de cómo se aplicará la tecnología dentro de los establecimientos penitenciarios.

La implementación no será inmediata ni automática. Detectar un dispositivo, identificarlo y bloquearlo implica un proceso técnico que requiere seguimiento constante.

En sintonía con esta decisión, no hace mucho, el bloque de HECHOS impulsó la iniciativa en la Legislatura bonaerense para evitar el uso de los dispositivos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria del COVID-19 se prolongó más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible este martes el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa pública oficial del narco Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano”, contra su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del Servicio Penitenciario Federal.

El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, fue unánime. El máximo tribunal penal del país consideró que la impugnación no reunía los requisitos exigidos por los artículos 14 y 15 de la ley para habilitar la instancia extraordinaria, y señaló que Rodríguez Granthon cuenta con vías legales específicas para cuestionar las condiciones de su detención ante sus jueces naturales.

La sentencia confirmó entonces el rechazo del recurso de casación que la misma Sala III había declarado inadmisible el pasado 18 de diciembre. Con anterioridad, tanto el Juzgado Federal N° 2 de Morón como la Cámara Federal de San Martín habían descartado el habeas corpus presentado por la defensa contra la incorporación al SIGPPLAR, un régimen que restringe las comunicaciones y los movimientos de internos considerados de alto riesgo para la seguridad penitenciaria.

Rodríguez Granthon fue el piloto de los narcovuelos vinculados a Los Monos, la organización criminal liderada por la familia Cantero en la ciudad de Rosario. Preso desde 2019, cuenta con dos condenas federales por narcotráfico y causas vinculadas al crimen del exconcejal Eduardo Trasante y al caso “Cuevas Blancas”. Pese a estar detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, continuó dirigiendo su organización hasta que las autoridades le secuestraron el teléfono celular en julio de 2022, en el pabellón A de la Unidad Residencial VI del penal.

Desde ese dispositivo coordinaba la venta de cocaína —denominada “pollo” en las conversaciones internas—, administraba una flota de camiones de alta gama y daba instrucciones para el alquiler y venta de propiedades adquiridas a través de testaferros. Las investigaciones determinaron que compró lotes y mandó a construir viviendas en barrios cerrados de Alvear y Piñero, y una propiedad en Funes, todas a nombre de terceros. También era el verdadero dueño de las ferreterías “Tatan Tatan”, con tres sucursales en Funes, y contaba con la colaboración de su padre, Francisco Rodríguez Villarreal, detenido en 2024 durante un operativo de la Policía Federal Argentina.

Entre los integrantes de su red condenados figura Brian Emanuel “Negro” Villalba, identificado como jefe de sicarios, con una pena unificada de 46 años de prisión. Otros ocho miembros del grupo recibieron condenas de entre 3 y 6 años, entre ellos Noel Ramos, cuñado de Rodríguez Granthon, y Silvina Gauna, encargada de comercializar la droga. La causa por asociación ilícita se originó en una serie de balaceras ordenadas en 2022 contra una familia que le debía 150.000 dólares al imputado.

En cuanto a los fundamentos del rechazo, el camarista Mahiques, quien abrió el acuerdo, sostuvo que la defensa de “El Peruano” se limitó a expresar su discrepancia con lo resuelto sin demostrar la arbitrariedad alegada, y recordó que esa doctrina tiene carácter estrictamente excepcional. Yacobucci adhirió a esa postura. El juez Borinsky añadió que el recurso no refutó todos y cada uno de los fundamentos de la decisión apelada ni acreditó que lo resuelto fuera contrario a los derechos federales invocados. Los tres magistrados coincidieron en que no se verificaba la existencia de una “cuestión federal” debidamente fundada.

Pese a esta decisión, la defensa conserva la posibilidad de presentar una queja y presentarse de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia por el recurso extraordinario denegado.

El nuevo paradigma propone un desplazamiento conceptual significativo, que va del trabajo entendido como un derecho abstracto, equiparable al empleo en libertad, al trabajo concebido como una herramienta concreta de tratamiento y reinserción.

Este cambio no implica una desvalorización del trabajo, sino todo lo contrario. Al situarlo en su contexto específico, se potencia su capacidad transformadora.

La experiencia acumulada demuestra que la imposición de esquemas laborales rígidos, inspirados en el derecho del trabajo común, resultó en muchos casos disfuncional.

La judicialización de aspectos operativos, la rigidez administrativa y la dificultad para compatibilizar las exigencias laborales con las dinámicas propias del tratamiento penitenciario generaron tensiones innecesarias y, en ocasiones, afectaron el orden intramuros. La nueva normativa, al clarificar el marco jurídico, contribuye a una gestión más eficiente, previsible y coherente.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la reafirmación del carácter obligatorio de determinadas actividades regimentales y de mantenimiento, sin incentivo económico, como parte del régimen penitenciario. Esta concepción refuerza la idea de responsabilidad, convivencia y cuidado de los espacios comunes, elementos esenciales para la vida intramuros y para la construcción de hábitos socialmente valiosos; la obligatoriedad de estas tareas, lejos de orientarse en la faz punitiva, se inscriben en una lógica pedagógica y organizacional.

Asimismo, esta modificación refuerza la idea de que el trabajo en la cárcel debe estar integrado a un proyecto tratamental más amplio, y no funcionar como un compartimento estanco. La formación profesional, la capacitación técnica y la generación de hábitos laborales aparecen como objetivos prioritarios, por encima de la lógica puramente productiva o remunerativa.

La revisión de experiencias previas y el aprendizaje institucional

El recorrido normativo de los últimos años ofrece lecciones valiosas. El Boletín Público Normativo Penitenciario N.º: 732/2021, respondió a un contexto normativo y jurisprudencial específico, caracterizado por la necesidad de brindar respuestas a decisiones judiciales concretas, vinculadas a demandas por licencias y remuneraciones de los internos.

Sin embargo, su implementación puso de manifiesto las dificultades de trasladar esquemas propios del derecho laboral común a un ámbito atravesado por restricciones estructurales; el paso del tiempo y la evolución de las políticas penitenciarias evidenciaron la necesidad de revisar ese enfoque. La derogación de dicha disposición, dispuesta en 2026, no implica una negación de derechos, sino una reorientación hacia un modelo más adecuado a la finalidad formativa del trabajo penitenciario.

Justo es recordar que, mediante la disposición citada, la Interventora del S.P.F., Dra. Garrigos de Rebori, ordenó aprobar un régimen de licencias aplicable a todos los internos que se encontraban bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, atendiendo a la relación laboral de carácter especial de la que son parte las personas privadas de libertad, bajo un marco de protección acorde con sus derechos fundamentales.

Estas licencias abarcaban supuestos en los que el interno percibiría el total de la remuneración por el trabajo que realizaba cuando se ausentare de sus tareas por: enfermedad inculpable; incapacidad temporal por accidente de trabajo; por el cuidado de hijos o hijas menores; por maternidad; por examen; y finalmente para contraer matrimonio.

También se contemplaba la justificación de inasistencias con percepción de remuneración, por los siguientes motivos: por comparendo administrativo o judicial; por superposición con jornada de visita; por salida extraordinaria otorgada por la autoridad judicial; por cumplimiento de deberes morales (en general, salidas de la Unidad de alojamiento por visitas domiciliarias).

Reinserción social, realismo frente a idealización

Uno de los debates más sensibles en torno al trabajo penitenciario es su impacto en la reinserción social. Durante mucho tiempo, se sostuvo que la equiparación formal con el trabajo en libertad era una condición indispensable para preparar a las personas privadas de libertad para su egreso; sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la reinserción depende menos de la forma jurídica de la relación laboral y más de la adquisición efectiva de competencias, hábitos y redes de apoyo.

El nuevo enfoque apuesta a un realismo constructivo, ya que, en lugar de reproducir esquemas laborales que difícilmente puedan sostenerse fuera del contexto carcelario, se prioriza la formación, la capacitación y la certificación de habilidades. Estas herramientas resultan más transferibles al mercado laboral y más útiles para enfrentar los desafíos de la vida en libertad.

La reinserción no es un proceso automático ni lineal, requiere políticas integrales, articulación interinstitucional y un acompañamiento sostenido. El trabajo penitenciario, concebido como parte de ese proceso, debe ser flexible, adaptado a las trayectorias individuales y compatible con las demás dimensiones del tratamiento.

La modernización del trabajo penitenciario no es un asunto a resolver exclusivamente en el ámbito intramuros. Sus efectos se proyectan hacia el conjunto de la sociedad. Un sistema penitenciario más ordenado, coherente y orientado a la reinserción contribuye a reducir la reincidencia y, en consecuencia, a mejorar la seguridad pública.

La experiencia comparada muestra que los sistemas que logran articular trabajo, educación y tratamiento de manera efectiva obtienen mejores resultados en términos de reinserción. La claridad normativa y la adecuación de los programas a la realidad del encierro son condiciones necesarias para avanzar en esa dirección.

En este sentido, la Ley de Modernización Laboral y las recientes adecuaciones del Servicio Penitenciario Federal pueden leerse como parte de una estrategia más amplia, orientada a fortalecer la capacidad del Estado para gestionar el encierro de manera responsable, humana y eficaz.

Pensar el futuro desde el presente

El desafío que se abre a partir de este nuevo marco normativo es consolidar un modelo de trabajo penitenciario que combine orden, formación y sentido. La modernización no es un punto de llegada, sino un proceso en construcción, que requiere evaluación permanente, ajustes y diálogo entre los distintos actores involucrados.

La claridad conceptual alcanzada en esta etapa constituye una base sólida para avanzar, ya que reconocer la especificidad del trabajo en contexto de encierro, ordenar el marco normativo y priorizar la finalidad tratamental son pasos indispensables para construir una política penitenciaria más coherente y efectiva.

Lejos de las simplificaciones y los eslóganes, el nuevo paradigma invita a pensar el trabajo en las cárceles desde una perspectiva madura, que asuma las complejidades del encierro y apueste a soluciones realistas. En ese camino, la Ley Nº 27.802 y las recientes disposiciones del Servicio Penitenciario Federal representan una oportunidad para fortalecer el sistema y contribuir, de manera concreta, a una sociedad más justa y segura.

La Justicia Federal de Rosario citó nuevamente a indagatoria a la ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós, quien está imputada en la causa donde se investiga si durante su gestión existió una complicidad de las autoridades del organismo que les permitió a los presos usar celulares dentro de las cárceles.

La ex jueza y ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández iba a declarar en agosto del año pasado, pero presentó un recurso para apartar al equipo de fiscales que la investiga. Este martes, tal como reveló Infobae, la Cámara Federal de Rosario ratificó a los agentes del Ministerio Público impugnados por Garrigós y así quedó allanado el camino para que el caso se reactive.

Fuentes judiciales consultadas por este medio precisaron que el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, citó a la ex directora del SPF para el próximo 17 de marzo. Luego deberán comparecer en tribunales el resto de los imputados: Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF, lo hará el 18; y Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria, fue convocado para el 19 del mismo mes.

Está previsto que las indagatorias sean presenciales, aunque las defensas pueden pedir que las audiencias sean virtuales.

El expediente tenía un cuarto funcionario involucrado, Guillermo Eduardo Migueles, ex director Principal de Seguridad, quien falleció.

El caso

Los fiscales que investigan a la cúpula del SPF durante la gestión anterior son Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias y Martín Uriona, de la PROCUNAR; y Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Al pedir que los corrieran del caso, Garrigós advirtió una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores. Lo entendió así porque acotaron sus averiguaciones solamente al período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021.

La defensa se quejó de que la investigación no contemplara a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.

Aunque mantuvo a los fiscales de la causa, la Cámara Federal de Rosario entendió que el planteo de la ex funcionaria tiene sentido. Por eso, el fallo del camarista Aníbal Pineda encomendó que la cronología del caso se extienda desde julio de 2017 hasta la actualidad, para revisar si existieron irregularidades también en esos meses.

Durante el gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014- y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.

La causa por la que Garrigós será indagada se disparó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz. El capo narco tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.

Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, según dictaminó la Fiscalía, no solo por la falta de colocación de inhibidores de señal -como lo exige la ley-, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.

Las máximas autoridades del SPF “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban, ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal al pedir las indagatorias.

Después de seis meses de deliberación, la Cámara Federal de Rosario destrabó este martes la causa contra las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la última gestión kirchnerista, por la presunta omisión de controles tendientes a evitar que los presos usen celulares en las cárceles para seguir cometiendo delitos.

En agosto del año pasado, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, subrogado por el juez Carlos Vera Barros, había llamado a indagatoria a María Laura Garrigós, exinterventora de dicho organismo. La declaración nunca ocurrió porque la exfuncionaria intentó apartar a los fiscales que la investigan, lo que ahora descartó el Tribunal de Apelaciones.

Fuentes judiciales al tanto del expediente indicaron a Infobae que la nueva fecha de indagatoria de Garrigós se definiría en las próximas horas. Junto a ella también están imputados Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF; Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria; y Guillermo Eduardo Migueles, director Principal de Seguridad.

Los fiscales, ratificados

De forma unipersonal, el camarista Aníbal Pineda rechazó el pedido formulado por la defensa de María Laura Garrigós para apartar definitivamente del caso a los fiscales Claudio Kishimoto, Matías Scilabra, Diego Iglesias, Martín Uriona y Andrea Garmendia Orueta.

El equipo del Ministerio Público está integrado por investigadores de la Unidad Fiscal Rosario, la PROCUNAR y la PIA.

La exinterventora argumentó una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores, ya que las imputaciones formuladas abarcaron solamente el período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021. La defensa se quejó de que la investigación no contemple a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.

Cabe recordar que la causa se originó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda del capo narco Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz.

Cantero tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.

Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, no solo por la nula colocación de inhibidores de señal, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.

Según dictaminaron los fiscales, hay pruebas para indagar a María Laura Garrigós y Sonia Mariela Alvarez, máximas autoridades del SPF, porque “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.

Ordenan ampliar la investigación

La Cámara Federal de Rosario, aunque ratificó a los fiscales, le dio la razón parcialmente a la exinterventora Garrigós: ordenó ampliar el escrutinio temporal para incluir etapas previas y posteriores a la gestión kirchnerista, retrotrayéndose para ello hasta julio de 2017, fecha en la que se impuso por ley la colocación de inhibidores, hasta la actualidad.

Durante la gestión del gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014, y se mantuvo en ese puesto-, y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.

El juez Aníbal Pineda consideró metodológicamente adecuado indagar esta grave falencia estatal en todas las cárceles, evitando tratarla como un suceso puntual circunscrito a una sola unidad penitenciaria.

Por último, concluyó que las críticas de la defensa de María Laura Garrigós reflejaron simplemente cierta disconformidad estratégica respecto al avance de la investigación en general, sin demostrar una “manifiesta falta de objetividad”, como había alegado en su apelación.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) presentó su informe anual correspondiente al período 2025, en el cual se detalló que 48 personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esta cifra representa un incremento del 20% respecto a los 40 casos informados al cierre de 2024. De acuerdo con el organismo, este volumen de decesos alcanzó los niveles de mortalidad previos a la pandemia de COVID-19, a pesar de que la población total de detenidos no creció en la misma proporción.

El documento, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias, señaló que la suba podría explicarse por el aumento de la población carcelaria, pero también por factores propios de las condiciones de encierro. La serie histórica de la última década muestra fluctuaciones marcadas: 40 muertes en 2015, un pico de 58 en 2020 y un mínimo de 30 en 2023.

El penal de Ezeiza

El dato más relevante del informe es la incidencia del Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza, establecimiento que registró 15 fallecimientos durante el año pasado. Este penal concentró el 31% del total de las muertes en el ámbito federal y triplicó la cifra del segundo lugar con más casos, el CPF II de Marcos Paz, donde murieron cinco personas.

La concentración de decesos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue del 67%, con 32 casos totales. Esta proporción supera la distribución de la población penal, dado que el área metropolitana alberga al 54% de los detenidos del país, mientras que el interior cuenta con el 46% restante. El reporte destacó que el CPF I de Ezeiza es el único de los grandes centros de detención que exhibe un crecimiento de mortalidad sostenido en los últimos años.

Situación y perfil de los fallecidos

En cuanto a la situación procesal de las personas fallecidas, el 29% (14 casos) se encontraba en condición de procesado, es decir, sin una condena firme al momento del deceso. Por el contrario, el 71% (34 casos) cumplía una sentencia definitiva. Estos porcentajes guardan una correlación relativa con la distribución de la población total del SPF, donde los procesados representan el 37%.

Respecto a las variables demográficas y de género, el informe arrojó las siguientes precisiones:

• De los 48 fallecidos, 43 eran hombres, 4 eran mujeres y uno correspondía a una persona travesti-trans.
• El promedio de edad general se situó en los 46 años.
• Un total de 22 fallecidos tenían menos de 40 años, lo que representa el 45,8% del total.
• Se registraron dos casos de jóvenes adultos, de entre 18 y 21 años, que murieron bajo custodia.
• En relación con la nacionalidad, 46 personas eran argentinas y dos extranjeras (un hombre de Chile y una persona travesti-trans de Perú).

La PROCUVIN subrayó una tendencia al aumento de la mortalidad femenina. Tras dos años sin fallecimientos de mujeres (2022-2023) y tres casos registrados en 2024, el año 2025 finalizó con cinco decesos entre mujeres y personas trans.

Principales causas de los decesos

El reporte clasificó los fallecimientos en “no traumáticos” y “traumáticos”. Las muertes no traumáticas, originadas por padecimientos físicos o enfermedades, representaron el 70,8% (34 casos) con una media de edad de 52 años. Por su parte, las traumáticas, derivadas de causas externas o violentas, sumaron el 29,2% (14 casos) y afectaron a una población más joven, con un promedio de 31 años.

Los cuadros respiratorios e infecciosos fueron la causa más recurrente, con 13 casos en total. De ese grupo, nueve correspondieron a cuadros de neumonía bilateral, severa o infecciosa. Otras causas incluyeron:

• Eventos cardiovasculares: 10 casos que afectaron exclusivamente a hombres.
• Fallas sistémicas: 6 casos, incluyendo una mujer fallecida por sepsis.
• Patologías oncológicas: 5 casos, entre ellos una mujer con cáncer de cuello uterino.

Las quemaduras se consolidaron como la principal causa de muerte violenta con siete casos, lo cual denota, según el informe, niveles de conflictividad y reclamos no atendidos a tiempo. Estos hechos se concentraron en el CPF II de Marcos Paz (3) y en el CPF I de Ezeiza (2). El ahorcamiento fue la segunda causa con seis casos, incluyendo a dos de las mujeres fallecidas.

Vulnerabilidad y tiempo de detención

El análisis del tiempo transcurrido en prisión antes del deceso reveló que la mayor vulnerabilidad se ubica en los extremos del periodo de encierro. Un total de 13 personas murieron durante su primer año en el sistema penitenciario. En el otro extremo, 15 fallecimientos se produjeron tras más de seis años de institucionalización, lo que representa casi un tercio del total de los casos de 2025.

Finalmente, la PROCUVIN destacó que todos los fallecimientos ocurridos el año pasado cuentan con una investigación judicial iniciada. En 28 casos la pesquisa comenzó de oficio por el juzgado, mientras que en otros seis el organismo debió radicar denuncias ante la falta de notificación de actuaciones judiciales previas.

Argentina atraviesa la mayor expansión del encarcelamiento de toda su historia democrática, un fenómeno que los especialistas definen como “inflación carcelaria”. Al cierre del último ciclo estadístico de 2024, según un informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el país alcanzó un hito sombrío ya que la población en establecimientos penitenciarios escaló a 121.443 personas. Esta cifra no solo representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior, sino que consolida una tendencia de crecimiento que sextuplica el ritmo del aumento demográfico nacional, siendo la tasa más alta desde que existen registros sistemáticos.

Hoy, la tasa de encarcelamiento se sitúa en 258 personas por cada 100.000 habitantes. Para entender la magnitud de este dato, basta observar que en los últimos 25 años el encierro no ha dejado de crecer, con la única y breve excepción del paréntesis que impuso la pandemia en 2020. Este endurecimiento de la política criminal ha llevado al sistema a un estado de sobrepoblación nacional del 130,2%. En términos llanos, hay 130 personas donde el Estado solo tiene capacidad técnica para alojar a 100.

La cantidad de plazas de alojamiento de personas privadas de la libertad, no equivale a cupos penitenciarios. Un cupo penitenciario excede la mera medición por metros cuadrados de alojamiento personal, debiendo allí contemplarse la necesidad del lugar para las camas, la educación, el trabajo, la recreación, las instalaciones sanitarias y médicas necesarias, dato que expone en parte, la falta de acompañamiento en infraestructura Penitenciaria, producto de décadas de desinversión en la materia.

En términos estrictos de plazas de alojamiento, la totalidad disponible a nivel país en el sistema Penitenciario Nacional es de 98.199 lugares. La cantidad de personas privadas de la libertad, alojadas en las 338 unidades disponibles, al 31 de diciembre del año 2024 ascendía a 120.700 internos. La sobrepoblación carcelaria marcaba un 22,9%.

En el ámbito Federal, a la fecha de corte tomada por el informe (31 de diciembre de 2024), el porcentaje excedente de internos sobre la infraestructura de alojamiento era de 7,2 %.

Recordemos que en el S.P.F., desde el año 2019 rige la emergencia en materia penitenciaria, oportunidad en la que en dicha jurisdicción se registrara el récord de alojamiento de personas privadas de su libertad, ascendiendo el número a diciembre de 2019, a 13.773 internos, en tanto que su capacidad operativa era de 12.235 plazas de alojamiento. Por consiguiente, los guarismos indicaban una tasa de sobrepoblación superior al 12%.

Reforzando lo expuesto, el informe del CNPT destaca que el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años en prisión, delitos que podrían resolverse mediante medidas alternativas como probation, trabajo comunitario o monitoreo electrónico; sin embargo, el uso de las morigeraciones se mantiene estable desde hace años, sin crecimiento significativo. Esto contribuye a la saturación del sistema y refuerza la dependencia de la cárcel como herramienta central de la política penal. La cuestión de cómo se efectúan las prácticas de control sobre los que cumplen penas alternativas a la prisión, merece un desarrollo que excede ampliamente el espacio de esta nota y habrá de ser tratado en una columna dedicada.

La sobrepoblación penitenciaria ha desplazado miles de personas hacia comisarías y alcaidías policiales, espacios diseñados para detenciones breves, lugares de tránsito en la lógica de la ejecución penal. En varias provincias, el número de personas alojadas en dependencias policiales supera al de las cárceles; las consecuencias son graves, siendo las más recurrentes en consideración de las múltiples denunciadas efectuadas ya sea por internos a través de sus defensas o de los múltiples organismos que controlan la ejecución penal, la falta de acceso a servicios básicos, el elevado riesgo de incendios cuyas consecuencias suelen derivar en resultados fatales, violencia institucional, ausencia o limitaciones en la aplicación de programas educativos o laborales, permanencia prolongada de los internos en condiciones inadecuadas, y un amplio listado de etc. El CNPT considera este fenómeno como una de las expresiones más críticas de la crisis penitenciaria.

Geografía del Castigo: Las Provincias en el Foco

El mapa del encierro es profundamente desigual. Córdoba lidera el ranking nacional con una tasa de 377 personas presas cada 100.000 habitantes, seguida muy de cerca por Mendoza (308) y la Provincia de Buenos Aires (305,2). Esta última jurisdicción es el verdadero epicentro de la crisis, concentrando casi la mitad de los internos de todo el país con más de 55.000 detenidos.

El contraste lo ofrecen provincias como Neuquén, con una tasa de apenas 76,9 %, o Chubut (71,9%). Sin embargo, el esfuerzo constructivo reciente muestra una carrera desesperada por ganar plazas frente al ingreso masivo de procesados. Jujuy duplicó su capacidad con la puesta en funciones del nuevo Complejo Penitenciario N°8 de Chalicán, inaugurado formalmente a fines de 2023 (+107%), mientras que Tucumán y Santa Fe han inaugurado nuevas unidades para intentar mitigar el hacinamiento en comisarías.

Uno de los factores que explica el crecimiento del encarcelamiento es el uso extendido de la prisión preventiva. En 2024, 45.305 personas estaban detenidas sin condena firme, lo que representa una proporción significativa del total, exponiendo una variación territorial notable; mientras que, en Córdoba y Formosa, cerca de la mitad de la población penitenciaria está procesada, en Neuquén, casi el 100% está condenada.

Estas diferencias reflejan criterios judiciales dispares, ausencia de estándares homogéneos y una tendencia general a utilizar la prisión preventiva como respuesta automática.

El Fantasma de los motines: De Sierra Chica a Coronda

La historia de las cárceles Argentinas pareciera escribirse a partir del déficit de recursos, problema estructural que muchas veces confluye en la formación de escenarios teñidos de sangre. “El hacinamiento actual es el caldo de cultivo para tragedias que el SPN (Sistema Penitenciario Nacional) ya ha vivido.” Es imposible analizar la seguridad penitenciaria sin recordar el motín de Sierra Chica en 1996, donde el grupo conocido como “Los 12 Apóstoles” protagonizó la revuelta más sangrienta de la historia nacional. Durante ocho días de horror, las disputas de bandas terminaron en descuartizamientos e incluso versiones de canibalismo en los hornos de la panadería de la cárcel.

El Motín de la Vendimia, registrado en marzo de 2000 en la Penitenciaría Provincial de Mendoza (Boulogne Sur Mer), fue otro de los hechos traumáticos experimentados en el ámbito penitenciario. “Un grupo de internos tomó el control de pabellones y retuvo a guardias y civiles como rehenes.” La revuelta se extendió por unas 40 horas, incluyó incendios, disparos y negociaciones intensas, pero no hubo víctimas fatales. El conflicto expuso graves falencias estructurales del sistema penitenciario Mendocino —hacinamiento, deficiente control y mala gestión— derivando en el traslado de referentes y líderes negativos, reformas de seguridad y posteriores reclamos judiciales de rehenes por los daños sufridos.

En el año 2005, se registraron múltiples conflictos, siendo los más relevantes los sucedidos en la Provincia de Santa Fe; el motín de la cárcel de Coronda ocurrió el 11 de abril de 2005 en la Unidad N.º 1 de Santa Fe. Un grupo de internos tomó rehenes y desató una violencia extrema entre presos, que dejó 13 internos muertos. El episodio expuso graves fallas de control, hacinamiento y segmentación interna del penal, sin que se tratara de un reclamo colectivo ni de un intento de fuga; en tanto, en el penal de San Martín en Córdoba, se vivió un estallido provocado precisamente por el hacinamiento; 1.600 presos convivían en un lugar para 800.

Estos hechos demuestran que, cuando la capacidad ociosa es nula —como ocurre hoy en provincias con sobrepoblación crítica como Salta o San Juan—, la autoridad del Estado se diluye y los pabellones se vuelven territorios gobernados por la violencia interna y la estrategia criminal.

El Desafío del Alto Riesgo: Narcotráfico y Gestión Penitenciaria

En el último año, el SPF ha implementado pabellones específicos para internos de alto riesgo. Esta es una respuesta directa a la consolidación del narcotráfico, donde los jefes de organizaciones delictivas seguían operando y ordenando sicariatos desde sus celdas. Estos sistemas de alojamiento, que aplican protocolos de evaluación de riesgo mucho más estrictos, buscan romper la conectividad externa del crimen organizado.

Las estructuras criminales siguen operando aún detenidas; los límites físicos de los espacios de encierro no son suficientes para que este tipo de internos dejen de cometer delitos. Pretender que voluntariamente las mismas dejen de hacerlo, habla de una normativa que fue pensada para un escenario global en el que la sociedad, sin dudas, era otra; por eso la gestión del potencial riesgo evaluado, en líderes e integrantes de estructuras delictivas complejas, viene a retomar el orden por parte del estado en los establecimientos Penitenciarios, y se celebra. Los resultados han mejorado las estadísticas y como ya sabemos, en seguridad pública el descenso de los delitos graves significa más gente viva (lo que es igual a menos personas muertas por el accionar de estas bandas).

Sin embargo, el informe del CNPT revela una realidad compleja: el 17% de la población condenada cumple penas de menos de tres años de prisión por delitos de escasa violencia. El sistema, en consecuencia, agrupa tras sus muros a pequeños ofensores con perfiles de alta conflictividad, generando en ocasiones una peligrosa “mezcla” criminológica que dificulta el control y potencia el proselitismo criminal de las bandas dentro de la cárcel, lo que eleva precisamente el nivel de potencial riesgo, pero en este caso “operativo”, obligando a una secuencia de acciones de alto profesionalismo por parte del personal penitenciario. La escasez de recursos juega visiblemente en contra de este objetivo central.

Resocialización, ¿mandato de imposible cumplimiento?

La seguridad ciudadana no se garantiza solo con más rejas, sino con la capacidad del sistema para evitar que la cárcel sea un espacio en el que la actividad criminal encuentre continuidad. Hoy, con récords de población y una infraestructura al límite, ese objetivo aparece como bastante lejano.

La construcción de plazas es solo una parte de la solución. Aunque la capacidad de alojamiento creció un 17,5% recientemente, la ocupación sigue superando los límites internacionales en casi todo el territorio nacional.

Mientras el 37% de los presos a nivel país siga siendo procesado sin condena firme, y el uso de la prisión preventiva continúe siendo la norma más que la excepción, Argentina seguirá atrapada en el laberinto de sus propios muros; esto por supuesto sin desconocer la imperiosa necesidad de seguir profundizando medidas de encierro, adecuadas a los niveles de riesgo de los integrantes de organizaciones narco criminales o terroristas que en la última década han marcado agenda.

En tanto se discuta seguridad, pero se evite discutir de cárceles, en tanto se discuta delito, pero no de política criminal, o sobre penas mas no de ejecución penal, la evidencia seguirá marcando de forma contundente a la cárcel como un espejo al que no queremos mirar; un espejo incómodo que refleja desigualdad, violencia, abandono y sobre todo cifras que ubican la resocialización como un principio de carácter utópico y en estas condiciones, de dudoso cumplimiento.

La Cámara Federal de Casación Penal concedió prisión domiciliaria a un condenado por evasión tributaria tras considerar que su estado de salud se agravó durante su permanencia en la cárcel y que el régimen intramuros no había podido garantizar un tratamiento adecuado frente a un cuadro de diabetes tipo II descompensada, que derivó en la postergación de una cirugía programada.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Sala de Feria del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Angela Ledesma, al resolver un recurso de casación interpuesto por la defensa del preso contra un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín, que el 30 de diciembre pasado había rechazado el pedido de arresto domiciliario.

El voto que lideró el acuerdo fue el de Gemignani, quien propuso hacer lugar al planteo, casar la resolución recurrida y conceder el beneficio, con la aclaración de que su procedencia deberá ser reexaminada una vez superado el cuadro médico que lo motivó.

En rigor, el condenado se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal Nº I de Ezeiza. Allí, según evaluó la Casación, no estaban asegurados de manera efectiva los controles médicos periódicos, el seguimiento especializado ni el cumplimiento estricto de la dieta y del tratamiento farmacológico indicados para su patología crónica.

El tribunal oral había rechazado la detención domiciliaria tras ponderar informes del Cuerpo Médico Forense y sostener que el establecimiento penitenciario contaba con infraestructura sanitaria suficiente para garantizar la atención médica. En ese marco, había ordenado al Servicio Penitenciario Federal gestionar turnos con la médica diabetóloga de cabecera, asegurar una dieta regulada y efectuar un seguimiento clínico exhaustivo.

Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de impugnación donde alegó "arbitrariedad" y advirtió que el rechazo de su pedido comprometía su derecho a la salud, la integridad personal y el trato digno. En su planteo, sostuvo que el cuadro clínico no solo no se estabilizó tras la detención, sino que empeoró, y que la intervención quirúrgica pendiente debió suspenderse por la persistencia de valores elevados de glucemia.

De acuerdo con las constancias incorporadas al incidente, el detenido padece diabetes tipo II, con valores de glucemia superiores a 200 mg/dl, sin lograr una compensación metabólica adecuada. El Cuerpo Médico Forense informó que se encuentra en buen estado general, que fue sometido a una cirugía de hernia inguinal derecha el 2 de septiembre de 2025, y que permanece pendiente una segunda intervención quirúrgica, cuya realización fue diferida hasta tanto se estabilicen los valores glucémicos.

La defensa también puso de relieve que el Servicio Penitenciario Federal informó dificultades y limitaciones logísticas para garantizar traslados médicos considerados “no prioritarios”, lo que impidió la asistencia regular a controles con su médica diabetóloga. Añadió a su vez que parte de la medicación indicada por los profesionales tratantes -entre ellas semaglutide y rosuvastatina- no integraba el vademécum de la unidad penitenciaria, y que eso había derivado en la interrupción y alteración del tratamiento farmacológico prescripto.

Al analizar el caso, el juez Gemignani advirtió que, a partir de las constancias del expediente, “la situación del imputado no puede ser debidamente garantizada por la autoridad penitenciaria, y su permanencia intramuros implica un riesgo concreto para su salud”. En ese sentido, precisó que no se encontraba asegurada “la realización periódica de los controles médicos pertinentes, el seguimiento especializado que requiere su patología de base, así como el cumplimiento estricto de la dieta prescripta, la actividad física periódica y el correspondiente control nutricional, extremos necesarios para garantizar su compensación y posterior cirugía”.

El magistrado recordó que el propio Cuerpo Médico Forense había indicado que la persona podía permanecer detenida en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal solo si se garantizaban esos puntos. Sin embargo, concluyó que esa condición no se verificaba en la práctica. “De los informes agregados al incidente se infiere que el estado de salud del causante ha empeorado, pues siguen desestabilizados sus valores de glucemia y, de este modo, se ha retrasado indebidamente la realización del procedimiento quirúrgico pendiente”, afirmó.

Sobre esa base, Gemignani consideró que el tribunal de la instancia anterior incurrió en una falta de fundamentación, al efectuar una valoración parcial de los informes médicos y prescindir de un análisis integral del cuadro clínico. A su criterio, la resolución impugnada no constituyó “una derivación razonada del derecho vigente" ni cumplió con los estándares exigidos por el Código Procesal Penal de la Nación.

El juez Mahiques coincidió con esa conclusión y adhirió a la solución propuesta. En su exposición destacó que los informes médicos daban cuenta del agravamiento de las condiciones de salud y recordó que el Ministerio Público Fiscal se había pronunciado a favor de la prisión domiciliaria para permitir la cirugía y el postoperatorio. En ese contexto, sostuvo que la conformidad del fiscal, fundada en una interpretación razonable de la ley penal, resulta vinculante para la jurisdicción y que el tribunal de ejecución se apartó de ese criterio sin una justificación suficiente.

Por su parte, la camarista Ledesma acompañó el voto de sus colegas y destacó que la decisión recurrida omitió un análisis integral de los elementos del caso. Además, señaló que el órgano jurisdiccional interviniente excedió el límite de su intervención al desoír una postura fiscal favorable a la concesión del arresto domiciliario, lo que -según dijo- afectaba el modelo de proceso acusatorio previsto por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

La persona en cuestión fue condenada el 15 de diciembre de 2023 a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con accesorios legales y costas, por haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturas apócrifas, en ocho hechos en concurso real entre sí.

El máximo tribunal penal federal aclaró que su intervención se limitó exclusivamente al análisis de la procedencia de la prisión domiciliaria, sin pronunciarse sobre otros planteos pendientes en el expediente principal.

La Cámara Federal de Mendoza ratificó el procesamiento de dos integrantes del Servicio Penitenciario Federal que afrontarán un juicio oral tras ser acusados de haber facilitado, por negligencia, la fuga de un reo condenado por narcotráfico desde el Hospital Central de Mendoza. La decisión coloca a los acusados en la antesala del juicio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de desecharse la apelación de sus defensores.

Según informó Diario Uno, la investigación judicial sostiene que la fuga se produjo porque ambos penitenciarios —identificados como Cristian Leonardo Luque Martínez y Adrián Exequiel Acosta Miranda— se hallaban dormidos fuera de la habitación que debían vigilar la madrugada del 25 de octubre de 2023. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Cristian Darío Pizarro Rivero, de 48 años, salió caminando con tranquilidad por la calle Montecaseros, sin que los responsables de su custodia se percataran de lo que sucedía.

El fallo de la Cámara Federal —integrada por los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Pérez Curci— recoge el informe de la División de Delitos Tecnológicos del Ministerio de Seguridad de Mendoza. Los registros muestran que ambos agentes se encontraban sentados en el pasillo, detrás de un lócker, sin tener a la vista al interno durante la fuga. El tribunal remarcó: “No se hallaban dentro de la habitación donde se encontraba el interno ni en la puerta de la misma, por lo cual no habrían advertido su egreso y posterior fuga”, según consta en el expediente.

La versión judicial fue respaldada por el testimonio de una enfermera presente esa madrugada en el tercer piso. La trabajadora indicó que los custodios permanecieron todo el tiempo fuera de la sala 303, ocasionalmente conversando o tomando mate, sin entrar a la habitación ni alertar sobre la intención de apagar la luz, algo que sí habían hecho en días previos. La misma afirmó: “Se los veía como muy relajados, no estaban en actitud de estar cuidando a alguien, no estaban alertas; creo que solo los vi levantarse para ir al baño donde cargaban los celulares”.

Frente al argumento de la defensa, que aludió al cansancio físico por exceso de tareas, los camaristas subrayaron que la simultaneidad en el descuido por parte de ambos custodiantes resulta llamativa y que esa situación no exime de responsabilidad.

El proceso judicial involucra a Cristian Darío Pizarro Rivero, quien había sido condenado en agosto de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de Mendoza a seis años de prisión como integrante de una organización que intentó ingresar a Mendoza 2.284 kilos de marihuana ocultos en un camión de arroz. El principal cabecilla, Raúl Daniel Bressi Escalante, recibió una sentencia de 19 años de prisión como responsable de organizar el transporte del cargamento.

El operativo clave que permitió desbaratar la banda tuvo lugar el 17 de febrero de 2022, cuando Gendarmería interceptó en la localidad de Gutenberg, Córdoba, un camión Mercedes Benz conducido por Pizarro Rivero. Tras registrar el vehículo, hallaron 2.474 paquetes rectangulares de marihuana, cuyo peso superó los 2.284 kilos. En ese momento, encontraron en poder del detenido $21.760 y USD 100, así como dos teléfonos móviles.

Pizarro Rivero, que cumplía condena y se encontraba hospitalizado por una cirugía, fue recapturado días después de la fuga. El avance procesal contra los penitenciarios quedó confirmado a la espera de la fijación de la fecha para el juicio oral, tras la resolución de la Cámara Federal de Mendoza recogida por Diario Uno.

La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el traslado urgente de personas detenidas en comisarías de la Policía de la Ciudad a la cárcel de Devoto. En este sentido había fallado la jueza de CABA María Mercedes Maiorano -quien además dispuso multas económicas para los funcionarios intervinientes si no cumplían la orden judicial-, y luego fue acompañada por el juez federal Daniel Rafecas.

El fallo original se firmó a fines de diciembre en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, del fuero penal de la Ciudad.

La resolución de la justicia local porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibiera de manera inmediata a mujeres y personas del colectivo trans con situación procesal resuelta, así como a todos los condenados que permanecían en alcaidías y comisarías.

La jueza Maiorano buscó así descomprimir la superpoblación en las celdas de la Policía de la Ciudad y encomendó un plan de trabajo para aumentar los cupos de ingreso al sistema federal, con un cupo mínimo de 130 traslados por semana y un plazo máximo de cuatro meses desde su inicio para resolver la problemática en las comisarías.

De no cumplirse lo resuelto, la magistrada había fijado una multa de 200.000 pesos por cada día de demora que el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, deberían pagar de su bolsillo.

Frente a este escenario, el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante un habeas corpus colectivo sobre la situación en la cárcel de Villa Devoto, acompañó con una resolución propia y llamó a priorizar el alojamiento de los presos de la Ciudad en ese complejo penitenciario, para dar una “respuesta coordinada y coherente” a la problemática.

El 23 de diciembre, Rafecas dispuso que, para colaborar con la crisis de los detenidos en dependencias de la Ciudad, el SPF debía admitir a los presos provenientes de la fuerza policial porteña.

Además, ordenó que se trasladara a otros penales a quienes ya tenían condena firme y estaban alojados en Devoto, con el fin de liberar plazas para los nuevos ingresos y “no superar la cantidad actual de alojados”.

Las autoridades del Servicio Penitenciario apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara. El organismo expuso que la medida invadía sus funciones exclusivas, ya que la organización y clasificación de los internos según su riesgo y necesidades corresponde a la administración carcelaria y no a los jueces.

La apelación

En los fundamentos de la apelación, el SPF señaló que imponer un ingreso masivo y excluyente vulneraba su capacidad técnica para gestionar la seguridad dentro de los penales.

A su vez, el organismo penitenciario advirtió que se encontraba en una situación de imposible cumplimiento. Sucede que reciben órdenes simultáneas de múltiples juzgados nacionales, federales y provinciales, todos con mandatos de igual jerarquía que exigen alojar detenidos.

Según el planteo, acatar la prioridad exigida para los presos de la Ciudad los obligaría a desobedecer otros requerimientos judiciales vigentes. También recordaron que la Cámara de Casación Penal había instado a ubicar a los detenidos en cárceles adecuadas, pero sin establecer preferencias por una fuerza de seguridad específica ni designar un penal en particular.

Al analizar el caso, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró que la decisión del juez Rafecas excedió el objetivo original de la causa, que buscaba justamente limitar la cantidad de internos en la cárcel de Devoto para evitar el hacinamiento.

Por lo tanto, habilitar el ingreso de un número indeterminado de personas iba en contra de los intereses que se intentaban proteger en ese mismo legajo, dijeron los camaristas. Y además, de acuerdo a la interpretación adoptada, el fallo transformó un recurso de habeas corpus, destinado a la tutela urgente de derechos, en una herramienta de planificación estructural del sistema penitenciario.

Aunque revocó la resolución de Rafecas, la Cámara reconoció la gravedad de la problemática de las comisarías porteñas y la necesidad de buscar soluciones coordinadas para la superpoblación carcelaria.

Un juez federal de La Pampa condenó a cuatro años de prisión a un hombre detenido en esa provincia mientras transportaba poco más de un kilo de cocaína con destino a la Patagonia, tras homologar un acuerdo celebrado entre la fiscalía y la defensa. La sentencia fue dictada luego de una investigación que se extendió durante 39 días y constituyó la primera condena obtenida por la Unidad Fiscal Santa Rosa desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la jurisdicción Bahía Blanca.

El fallo fue emitido por el titular del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa, Juan José Baric, quien validó el acuerdo alcanzado entre las partes sobre los hechos, la calificación legal y la sanción penal. Así, el magistrado declaró a Bruno Javier Benegas, de 51 años, autor del delito de transporte de estupefacientes y lo consideró reincidente por una sentencia previa por el mismo tipo penal.

La investigación estuvo a cargo, como se dijo, de la Unidad Fiscal Santa Rosa, dirigida por la fiscal federal Iara Silvestre, y se inició a partir de un procedimiento de rutina llevado a cabo por la policía provincial en un control vehicular en el ingreso a La Pampa.

Según lo resuelto, Benegas deberá cumplir la pena en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal, situada en la ciudad chubutense de Esquel. El juez dispuso ese destino por tratarse del establecimiento más cercano a la localidad de El Bolsón, donde el condenado tiene domicilio y grupo familiar.

La sentencia también ordenó el decomiso del auto utilizado para el traslado de la droga, un Chevrolet Onix, así como de dos celulares y un total de 358.550 pesos incautados durante la intervención policial. Asimismo, se dispuso la destrucción del estupefaciente hallado en el vehículo.

Según publicó este martes el portal del Ministerio Público Fiscal, el hecho que dio origen a la causa ocurrió el 17 de noviembre pasado, alrededor de las 09:45, en el Puesto Caminero Rolón, ubicado en el kilómetro 1 de la ruta provincial 18. En ese lugar, efectivos de la policía pampeana realizaban requisas aleatorias sobre los vehículos que ingresaban a la provincia cuando decidieron la detención de la marcha del auto que conducía Benegas.

Durante el procedimiento, los agentes detectaron un paquete oculto dentro del panel de la compuerta del baúl del Chevrolet. En su interior había 1,028 kilos de clorhidrato de cocaína, acondicionados en un único bloque compacto de forma rectangular. El envoltorio estaba recubierto con dos capas de cinta de empaque marrón, entre las cuales se había colocado una bolsa de nailon negra y una capa de pimienta.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la justicia federal y a la Unidad Fiscal Santa Rosa, cuya investigación logró determinar que el conductor había adquirido la sustancia ilegal en la Ciudad de Buenos Aires y se dirigía hacia la provincia de Chubut cuando fue interceptado. El destino final de su carga era la localidad de Lago Puelo, en el noroeste chubutense.

Al momento de analizar los elementos del caso, el juez tuvo en cuenta los antecedentes penales del imputado. En 2018, Benegas había sido condenado a a siete años de cárcel tras ser hallado culpable del transporte de 30 kilogramos de marihuana en un procedimiento realizado en la localidad chubutense de El Hoyo. Esa sanción fue considerada cumplida el 14 de septiembre pasado, lo que determinó su declaración de reincidencia en el nuevo proceso.

El acuerdo pleno que puso fin a la causa se celebró bajo las reglas del sistema acusatorio federal, que otorga al Ministerio Público Fiscal la conducción de la investigación penal y habilita el cierre anticipado de los procesos mediante entendimientos entre las partes, sujetos a control judicial.

El nuevo Código Procesal Penal Federal rige desde el 29 de septiembre en la jurisdicción Bahía Blanca, que abarca once partidos del sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y la totalidad de la provincia de La Pampa. El modelo reemplazó el esquema procesal mixto anterior y estableció un paradigma basado en la oralidad, la celeridad y la concentración de los actos procesales, con jueces a cargo del control de garantías y fiscales responsables de la persecución penal.

“Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente. Y cuando se recibía pollo o carne, era máximo 60 gramos, a veces el cogote o la carcaza de pollo. Y la carne era pura grasa o cartílago”.

Rubén C. estuvo detenido en el pabellón LGBT del módulo 5 del penal de Ezeiza durante tres años y salió el mes pasado. En ese tiempo que pasó privado de su libertad (condenado a seis años de prisión por “tenencia y consumo de marihuana”) presentó más de 10 habeas corpus a la Justicia por la pésima calidad de la comida que le servían a él y al resto de los aproximadamente 2.000 detenidos de esa cárcel de “máxima seguridad”.

“En varias oportunidades las comidas llegaban en mal estado o con algún ‘cuerpo extraño’ como clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas con las que se atan las hojas de acelga”, contó el hombre a Infobae, luego de que este medio revelara ayer el allanamiento ordenado por el juez federal Federico Villena a las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, por sospechas de connivencia en el negocio de la provisión de viandas dentro del penal.

Rubén C. no fue el único en presentar habeas corpus. La cantidad de reclamos a la Justicia fue tal desde 2016 -año en que el interno Diego Ariel Díaz denunció por primera vez- a esta parte, que Villena unificó todas las denuncias y armó una única causa que había terminado en 2024 con la prohibición a la empresa Food Rush S.A. de volver a brindar el servicio de catering al penal de Ezeiza.

Sin embargo, el mes pasado Villena reactivó el expediente al recibir otra catarata de habeas corpus que indicaban que la calidad de la comida seguía siendo denigrante.

Al retomar la investigación, el magistrado federal de Lomas de Zamora descubrió indicios que le permiten sospechar que la nueva empresa adjudicataria del servicio de viandas, Biolimp, es una pantalla para que siga operando Food Rush. Y que esto no podría no saberlo la autoridad máxima del penal de Ezeiza y, mucho menos, la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Federal.

Se trata de un negocio que maneja cifras millonarias. Según detallaron fuentes con acceso a la investigación, la empresa factura 17 mil pesos por cada plato que entrega. Y son tres por día, por persona, lo que, a razón de aproximadamente dos mil internos, da $102 millones diarios y 37.230.000.000 de pesos anuales. En dólares -con un cambio estimado en $1.500- se entiende mejor: 24.820.000 por año.

Desde la empresa Foodrush rechazaron las acusaciones y aclararon que ellos no participaron de la licitación y, además, que dejaron de brindar el servicio en agosto de 2024 justamente por orden de Villena. “Esa prohibición carece de sustento jurídico y por lo tanto es intrínseca y ostensiblemente arbitraria”, comentaron a este medio. Además aclararon que el traspaso de empleados de Foodrush a Biolimp se hizo dentro del marco normativo vigente para proteger las fuentes de trabajo y los convenios colectivos de trabajo.

A pesar de que 17 mil pesos es lo que cuesta en promedio un menú ejecutivo en cualquier cantina de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se infiere que la calidad debería estar a la altura de la alimentación digna de un ser humano, no es lo que relatan los detenidos consultados por este medio.

Alguien contó que en una de las unidades de Ezeiza está rota la cocina y se usa el casino de suboficiales, que no cumple con las condiciones de higiene y bromatología debidas.

Otro aseguró que la mala provisión de comida obliga a que los presos compren los alimentos en la “cantina” del penal. Pero no todos tienen los recursos para hacerlo. Un preso le pasó a este medio el listado de precios: 1 kilo de cebolla cuesta $ 1.700; 1 maple, $16.000; un morrón, $ 4.100; 1 kilo de arroz, $3.000. “Muchos productos no entran con la visita, por eso los precios son altísimos”, cuenta.

Un sobrino de otro detenido contó a Infobae: “Esta semana, cuando le llevaron la comida a mi tío, uno de los celadores le dijo ‘Así como se la entrego tírela’”.

Este interno tiene problemas de salud cardiovascular y diabetes. La alimentación saludable, para personas con este tipo de patologías, es tan importante (o más) que la medicación y la actividad física; dos aspectos que, por cierto, también son limitados en Ezeiza, en el mejor de los casos.

“Medicamentos, la misma situación. Hoy por hoy se los estamos llevando nosotros porque, o no tienen, o te dan un génerico al que el organismo no esta acostumbrado. Sé de presos que por ejemplo tomando el medicamento de ‘cuidado’ de stents y se les han tapado las arterias por la calidad de los medicamentos que les dan en el penal”, contó.

Esta misma persona relató que esta semana vio con sus propios ojos que estaban repartiendo la comida en una ambulancia. “Para no hablar de la calidad del agua. Mi tío estuvo con diarrea los primeros diez días”, relató.

Rubén C. tiene infinidad de ejemplos para dar cuenta de la falta de humanidad que existe respecto de la alimentación en la cárcel de Ezeiza.

“El almuerzo siempre llega después de las 14. Dos veces a la semana, la comida llega comible, cerdo al horno con papas hervidas y pollo al horno con ensalada. Después, tres veces a la semana llega arroz con salsa roja, fideos con salsa roja y los miércoles llega una porción de pizza asquerosa con repollo cortado. Los sábados llevan lentejas con trocitos de carne”, detalló.

“Muchas veces a la semana teníamos diarrea o acidez y era una pelea con el médico conseguir medicación. Los fideos tienen olor a cucaracha”, agregó Rubén. Y más: “Una vez por semana era seguro que venían comidas descompuestas, ensaladas fermentadas o pollo color verdoso”.

Villena mismo probó las viandas. Y sufrió una intoxicación al otro día. Su investigación no sólo se centra en la calidad de los alimentos, sino también en el incumplimiento de las dietas prescriptas por cuestiones de salud. Como si al Servicio Penitenciario Federal o a los jueces de ejecución de la pena no les importara si los condenados se mueren como consecuencia de esto.

Por orden del juez de Lomas, la ANMAT analizó las viandas que se secuestraron en el marco de la causa y el organismo del Estado determinó que no se cumplen con las especificaciones del Código Alimentario Argentino y no son aptas para el consumo humano porque superan los máximos admitidos para el recuento de la bacteria Escherichia coli.

“Su presencia en alimentos sugiere una falta general de higiene en el manejo de los mismos o un almacenamiento inadecuado. La contaminación del alimento puede ser atribuible a utensilios de cocina, superficies, manos de manipuladores o contaminación cruzada por contacto con otros alimentos contaminados”, dice uno de los varios informes de ANMAT realizados en marzo, mayo, agosto y diciembre de 2023 a los que tuvo acceso este medio, e incorporados al expediente.

También se detectó la presencia de Listeria monocytogenes y de Bacillus cereus, bacterias que también impiden el consumo humano. Por ejemplo, la Escherichia coli se encontró en mayo de 2023 en viandas con pollo y legumbres.

Rubén C. cuenta que “jamás nos entregaban la comida cuando en el penal estaba la gente de la Procuración Penitenciaria” y que las empezaban a distribuir “cuando ellos se iban”. Esto implicaría un conocimiento de parte del SPF de que la calidad de la vianda es mala.

“Siempre que iba un juez o alguna entidad repartían las mejores comidas, una pata de pollo y muslo enteros con arroz blanco o un bife de carne con tomate y lechuga. Pero al día siguiente era lo mismo. En algunos pabellones no podían denunciar porque los enviaban a alguna cárcel lejos de su familia, como las de Rawson o Senillosa”, enumeró Rubén.

Y agregó: “El SPF hacía arreglo con algunos detenidos, les conseguían trabajo o algún beneficio a cambio de no denunciar”.

Tras el fallo de Villena que le prohibía a Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. operar en la cárcel de Ezeiza, el 22 de agosto del año pasado el Servicio Penitenciario reemplazó de manera transitoria el servicio por el de Biolimp Soluciones de Calidad S.A.

Pero no tardaron en llegar nuevos habeas corpus que denunciaban que la comida era igual de pésima que con el servicio anterior, por lo cual Villena reabrió el expediente y ordenó nuevas inspecciones que le permitieron descubrir un vínculo entre ambas empresas: por ejemplo, que Biolimp usaba camiones pertenecientes a Food Rush que llevaban un ploteo de la firma Q-Chef encima de las de Food Rush observables a simple vista.

Villena detectó, además, que uno de los vehículos tiene una medida de inhibición dispuesta por una fiscalía de La Pampa.

“La mercadería que Foodrush le vendió a Bio Limp fue entregada en el complejo penitenciario con los camiones de nuestra empresa, por eso motivo fueron vistos”, explicaron desde la compañía.

Ambas compañías, Food Rush y Biolimp, además, comparten los mismos empleados. Y el domicilio de Q-Chef es el mismo que el de Biolimp, en la localidad de Dock Sud, Avellaneda. También, en otra de las direcciones fiscales de esta firma funciona una financiera.

Por eso el magistrado requirió nuevamente la intervención de ANMAT y otra vez el resultado de los análisis concluyó en que la comida no era apta para consumo humano.

El viernes pasado, 26 de diciembre, se iba a llevar la licitación para confirmar la empresa que brindará el servicio los próximos años. Aunque Food Rush no podía participar, se presentó. También lo hicieron Biolimp y otras tres compañías sin antecedentes en el rubro, lo cual las dejó afuera de la supuesta compulsa.

Villena entonces ordenó allanamientos en todas las empresas para ese mismo viernes a las 11.30 y también en las oficinas del Servicio Penitenciario Federal, incluida la de su director Fernando Martínez, nombrado en 2024 por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El juez pidió secuestrar los celulares de los empresarios y los responsables del penal de Ezeiza, incluido Martínez. Lo curioso es que el director del SPF llegó con aparato viejo. Cuando los oficiales de la Policía de la Ciudad, que habían ido por orden de Villena, se dieron cuenta, el funcionario adujo que lo había “perdido”.

El magistrado revisó el impacto de las antenas de telefonía celular y descubrió que el “extravío” se había dado apenas una hora antes del allanamiento.

La situación se puso extremadamente tensa en la oficina del director del SPF. El juez hasta pensó en detenerlo, pero luego eligió no generar un desastre institucional mayor.

Martínez, que llegó ese día a la oficina en una Toyota Hilux gris a nombre de Enrique Antequera, uno de los “reyes” de La Salada, profugado de la Justicia, no quedó bien parado. ¿Alguien le avisó del allanamiento? ¿Qué tiene para ocultar Martínez en su teléfono que prefirió deshacerse de este?

Más pronto que tarde en la Justicia creen que se sabrá. Los investigadores cuentan con los teléfonos de los empresarios y los otros funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

“Es una mafia interna enquistada hace muchos años. Villena se está metiendo en la boca del lobo. Todo lo maneja el Servicio”, contó una fuente que transita los pasillos de Tribunales de Lomas de Zamora y agregó: “Es preocupante el desafío a la justicia que tuvo Martínez. Como funcionario del Estado, si el juez te pide el celular se lo tenés que entregar. Es causal para detenerlo. Fue prudente en no detenerlo Villena, porque era un escándalo”.

Un nuevo escándalo podría desatarse en el Servicio Penitenciario Federal si las sospechas del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se concretan: el último viernes, el magistrado ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.

La situación se puso demasiado tensa, contaron fuentes policiales a Infobae, cuando Martínez entregó su teléfono a la Justicia, pero notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso.

Al comprobar que no era el celular que buscaban, los oficiales de Justicia requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía. Sin embargo, Martínez adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día.

Villena sospechó de la actitud del funcionario y pidió que mapearan los últimos impactos del teléfono del director del Servicio en las antenas de telefonía celular.

El allanamiento en la oficina del director del SPF, que asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez horas después, cuando le entregaron el informe: la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del allanamiento.

La zona donde impactó fue cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. El horario de la última conexión resultó inquietante para la Justicia.

“O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente con acceso a la investigación, e incluso fue más allá: “Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave, pero evidentemente prefirió no generar un escándalo institucional, total tiene tiempo para seguir investigando”.

La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual. Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp.

Para entender por qué el juez federal de Lomas de Zamora emprendió esta cruzada hay que remontarse años atrás cuando, tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en el penal de Ezeiza, Villena falló contra la proveedora del servicio de aquel momento, la empresa Foodrush, y le prohibió volver a participar de una licitación.

En aquellos años, los presos no querían ingerir esos alimentos y gastaban el dinero (los que tenían) en comprar la comida en “la cantina” de la cárcel, rechazando de alguna manera el derecho a ser alimentados en prisión. El habeas duró mucho tiempo, durante el cual se hicieron reuniones, inspecciones y peritajes con ANMAT que indicaron que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli, y no era apta para el consumo humano. Todos los resultados indicaban que la comida estaba contaminada.

Villena estableció un protocolo y ordenó auditar la producción de los alimentos, pero los problemas continuaron y los presos mantuvieron su reclamo por el estado de la comida. Los defensores oficiales comunicaban al Juzgado las impresiones de los presos: comer esos alimentos les resultaba imposible, “eran absolutamente asquerosos”, según contó una fuente del caso, mientras el SPF y la empresa lo negaban y poco más aseguraban que la comida era fantástica.

Hasta que un día del año pasado Villena fue a la cárcel y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después lo sintió en su cuerpo. Se descompuso y sufrió una fuerte diarrea. “Un asco, vomitiva”, les contó a sus allegados.

Así las cosas, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.

En una nueva licitación, de todos modos, Foodrush se presentó, junto a otras dos empresas sin antecedentes en el rubro y una más, Bio Limp, que sólo tenía experiencia en limpieza.

A poco de empezar a entregar alimentos, volvieron los habeas corpus al despacho de Villena. Con Bio Limp pasaba lo mismo que con Foodrush. Nadie quería comer de esos platos. Entonces, el magistrado reabrió la causa en noviembre pasado bajo la carátula de “Envenenamiento”.

“Fueron a la cárcel y detectaron, a través de sus chapas patentes, que los camiones que usaba Bio Limp eran de Foodrush”, contó una fuente cercana al caso.

A partir de eso, Villena ordenó varios allanamientos en Bio Limp y comprobó que no sólo “compartía” los camiones con la empresa sancionada sino que los empleados de la cocina de una empresa habían sido los mismos que la empresa anterior y, entre toda la documentación que todavía no analizaron, hallaron por ejemplo facturas de Biolimp a Foodrush por alrededor de 150 millones de pesos.

Consultadas por este medio, fuentes de Foodrush aclararon que la empresa “dejó de prestar el servicio de alimentación al Complejo Penitenciario Federal 1 a partir del 16 de agosto del año 2024, y el traspaso del personal se realizó el día 15 en cumplimiento de la cláusula especial incorporada al Convenio Colectivo de Trabajo 401/05″ que dice que “en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma” y que “el contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven”.

También negaron que Biolimp haya facturado a la empresa y aclararon que fue de forma inversa por cuatro ventas realizadas en enero, mayo y junio de 2025.

Villena, contaron a Infobae, concluyó que esta especie de “cartelización” del negocio de la comida en la cárcel de Ezeiza no podía hacerse sin el guiño de los responsables del penal, por lo que ordenó allanar la oficina del director de la cárcel, de su director administrativo y de Fernando Martínez porque, según él, no podían desconocer esta licitación.

En los pasillos del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora aseguran que Villena tiene elementos para ir contra el Servicio Penitenciario Federal, que no podían no saber que Bio Limp era una pantalla para que siguiera con el negocio Foodrush y sortearan su propia decisión judicial. Desde Foodrush aseguraron que nunca se presentaron a la licitación.

Durante la tensa reunión de los agentes judiciales con el director del SPF, estos le pidieron que diera una constancia del extravío del teléfono y Martínez se negó. Según cuentan, lo hizo de mala manera.

“El allanamiento empezó a las 11, el funcionario llegó 11.30 y su teléfono se apagó a las 10.15. Le avisaron del procedimiento, apagó el aparato y fue con otro. Fueron a tratar de buscar el celular y, mientras tanto, retuvieron a Martínez”, contó una fuente ligada al caso que aportó otro dato inquietante: el director del SPF se estaba moviendo a bordo de una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada y todavía prófugo de la Justicia.

Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de todo lo actuado por Villena por considerar que habilitó medidas en un día inhábil, que no mandó a sortear el juzgado tras la reapertura de la causa por la comida en mal estado y que no tenía motivos para secuestrar el teléfono de Martínez.

Cerca del juez dijeron a Infobae que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez, más siendo funcionario público”, pero advirtieron que Villena está preocupado por “el desafío a la Justicia” que hizo el director del SPF y que sabe que “se está metiendo con mafias enquistadas hace muchos años”.

Consultado por este medio, Federico Villena prefirió no hacer comentarios, pero aclaró que, teniendo en cuenta que el SPF depende de Seguridad de la Nación, se comunicó con la ministra, Alejandra Monteoliva, y que tuvo una “excelente predisposición” y le dio todo su “apoyo”.

El juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires intimó a las máximas autoridades penitenciarias nacionales a vaciar los calabozos de las comisarías porteñas, con un plazo perentorio para reubicar a los detenidos en unidades carcelarias adecuadas. Además, la Justicia local de CABA fijó sanciones económicas personales para los funcionarios en caso de incumplimiento.

El fallo, firmado por la jueza María Mercedes Maiorano, ordenó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, que comiencen el proceso de traslado en un término de diez días.

El objetivo de la disposición consistió en que todas las personas que actualmente permanecen encerradas en alcaidías o comisarías de la Policía de la Ciudad, y que ya cuentan con condena o situación procesal resuelta, sean ingresadas al sistema federal.

Para concretar esta tarea, el magistrado impuso un esquema de trabajo específico. Las autoridades federales deben garantizar un cupo mínimo de 130 traslados por semana.

Según los términos del escrito, la totalidad del operativo de descongestión de las sedes policiales tendrá que finalizar en un lapso máximo de cuatro meses desde su inicio. Esta decisión buscó dar cumplimiento a una sentencia de fondo dictada originalmente en julio de 2020, la cual ordenaba que nadie permaneciera detenido de forma permanente en lugares no aptos para tal fin.

Uno de los puntos más relevantes de la resolución recayó sobre las consecuencias de ignorar este mandato. La jueza advirtió a los funcionarios responsables que si no acatan la orden, se les aplicará una multa diaria.

Dicha sanción, conocida técnicamente como astreintes, se fijó en la suma de 200.000 pesos por cada día de demora y deberá ser abonada con el patrimonio personal de los involucrados. Además, se alertó sobre la posibilidad de iniciar causas penales por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La situación de hacinamiento en las dependencias de seguridad porteñas motivó este fallo. De acuerdo con la información recabada en el expediente, hay 2.449 privados de su libertad en instalaciones de la fuerza local. De ese total, 365 se encontraban en calabozos de comisarías vecinales, 1.978 en alcaidías y 81 en sitios de tránsito. El documento judicial destacó que la capacidad operativa de la Policía de la Ciudad se hallaba ampliamente superada.

La población carcelaria

El análisis de la población carcelaria reveló que la gran mayoría de estos internos ya no deberían estar bajo custodia policial. Las cifras indicaron que 2.170 detenidos tenían su situación legal definida: 1.764 contaban con prisión preventiva dictada, mientras que 269 poseían condena firme y otros 137 aguardaban que su sentencia quedara firme. Sin embargo, el fallo aclaró que, en esta instancia, no corresponde hacer distinciones entre condenados y procesados, ya que todos deben ser alojados en prisiones federales.

Durante el desarrollo del conflicto judicial, que lleva más de cinco años, se estableció que las comisarías no son espacios diseñados para el cumplimiento de penas ni para estancias prolongadas. La jueza, además, remarcó que la función de custodia de presos corresponde por ley y convenios vigentes al Servicio Penitenciario Federal.

Y agregó en sus fundamentos que la Policía porteña carece del entrenamiento y los recursos necesarios para suplir el rol de los guardiacárceles, lo que impide garantizar las condiciones dignas de detención y los objetivos de resocialización previstos en la normativa nacional.

El Juzgado N° 3 rechazó los argumentos presentados por la administración penitenciaria federal, que sostenía haber cumplido con cupos fijados anteriormente.

La resolución explicó que la realidad del delito y las detenciones es dinámica, por lo que aferrarse a números de ingresos establecidos tiempo atrás resultaba insuficiente frente al crecimiento exponencial de la población detenida. Actualmente, el sistema federal solo aceptaba un promedio de 80 ingresos semanales, cantidad que el Juzgado consideró inadecuada para resolver la crisis.

Además de las intimaciones a los funcionarios nacionales, la orden judicial incluyó directivas para la fuerza de seguridad local.

La jueza Maiorano se dirigió al Jefe de la Policía de la Ciudad para prohibirle alojar nuevos detenidos con situación procesal resuelta en sus comisarías una vez iniciado el plan de traslados. Si bien no se le aplicarán multas económicas, el titular de la fuerza también quedó bajo apercibimiento de enfrentar cargos penales si no respeta esta prohibición de ingreso.

La causa judicial por la muerte de 173 pacientes tratados con fentanilo elaborado y distribuido por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, empresas propiedad de Ariel García Furfaro, continúa sumando novedades de alto impacto y consolidándose como uno de los expedientes más graves del sistema sanitario y judicial argentino.

En este contexto, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó los pedidos de prisión domiciliaria presentados por Diego Hernán García, directivo de las compañías, y por Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura. Ambos fundamentaron sus planteos en razones calificadas como graves, vinculadas tanto a su estado de salud como a sus respectivas situaciones familiares. Sin embargo, el magistrado consideró que ninguno de los argumentos expuestos alcanzó el estándar legal requerido para modificar la medida cautelar. Ahora será la Cámara Federal de La Plata la que deberá decidir si les otorga el beneficio.

Abogados de pesos pesados

En paralelo, el hermano de Ariel García Furfaro volvió a cambiar de abogados defensores. Tras la renuncia de Marcos Aldazábal —abogado de Cristina Fernández de Kirchner— y de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando CFK se desempeñaba como vicepresidenta, el imputado designó a nuevos patrocinantes que generan menor suspicacia política.

Se trata de Diego Storto y Elizabeth Nancy Lires, abogados especializados en la defensa de figuras de alto perfil vinculadas al mundo del crimen y bandas organizadas. Ambos adquirieron notoriedad pública en 2006, cuando defendieron al ciudadano uruguayo Mario Vitette Sellanes, considerado el cerebro del denominado “Robo del Siglo”, y diseñaron la estrategia legal que derivó en su expulsión del país tras el millonario asalto al Banco Río de Acassuso.

En septiembre de 2024, Storto y Lires también asumieron la defensa de Alan Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, barrabrava de Nacional de Montevideo, detenido por su participación en el denominado túnel de San Isidro. Rodríguez fue arrestado luego de que sus huellas dactilares fueran encontradas en el galpón que la banda utilizaba como base operativa para cavar el túnel, ubicado sobre la calle Chacabuco, en San Isidro. En ese lugar, los investigadores hallaron herramientas, planos y una serie de instrucciones detalladas.

El túnel —con el que intentaban robar un banco, emulando el método utilizado por la banda de Vitette Sellanes— tenía una excavación de aproximadamente 200 metros. Comenzaba en un taller mecánico en desuso; sus paredes estaban encofradas para evitar derrumbes, contaba con sistema de ventilación y tendido eléctrico. Durante el procedimiento, la Policía encontró máquinas para la extracción de tierra, bolsones con material excavado y una especie de altillo con dos colchones, utilizado para dormir.

El plan delictivo se frustró el 6 de agosto de 2024, cuando un peatón advirtió que una varilla metálica emergía del suelo junto al banco. Al escuchar golpes y percibir movimientos inusuales en el asfalto mientras descargaba mercadería en un local lindero, alertó al personal de la entidad bancaria y dio aviso a la Policía.

Cabe señalar, además, que Diego Storto es también el abogado defensor del líder de la barra brava de Boca Juniors, Rafael “Rafa” Di Zeo.

Beneficios denegados

En relación con el pedido de arresto domiciliario de Diego Hernán García, la defensa -en este caso firmada por Gastón Marano, abogado de su hermano Ariel García Furfaro- presentó un diagnóstico de insuficiencia renal crónica con proteinuria significativa, hipertensión arterial sostenida y antecedentes de obesidad mórbida con cirugía bariátrica, lo que —según argumentó— lo colocaría en riesgo de evolucionar hacia una insuficiencia renal terminal. Se sostuvo que estas patologías requieren controles permanentes, dieta estricta y monitoreo especializado, y que la permanencia intramuros equivaldría a una “condena biológica anticipada”.

No obstante, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema determinó que García se encuentra “hemodinámicamente estable”, que su patología requiere seguimiento pero no es incompatible con su alojamiento en un establecimiento penitenciario, y que el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación y la capacidad de brindarle la atención médica adecuada.

El segundo eje del planteo defensivo fue la situación de MPG, hija de diez años del imputado. Según los informes psicológicos acompañados, la menor presenta un cuadro de angustia, estrés postraumático, trastornos del sueño, episodios de tristeza y disminución del rendimiento escolar, agravados por la ausencia del padre, quien quedó como único sostén tras la muerte de la madre.

La psicóloga tratante describió que el vínculo con su padre es central para su estabilidad emocional y advirtió que la separación prolongada “es perjudicial para su sano desarrollo”, consignando incluso una frase textual de la niña: “Yo necesito volver a estar con mi papá”.

Sin embargo, el Servicio Local de Moreno, tras realizar un informe socioambiental, concluyó que no existen vulneraciones de derechos visibles, que la niña convive en un entorno que satisface sus necesidades materiales y que su red afectiva se encuentra parcialmente contenida por hermanos mayores y personal de apoyo.

En cuanto a las evaluaciones oficiales, el Cuerpo Médico Forense (CMF) presentó dos informes clave. El informe clínico recomendó controles médicos, dieta supervisada y disponibilidad de traslados ante eventuales urgencias, pero confirmó que el cuadro es compatible con el encierro. El informe psicológico descartó síntomas psicóticos, trastornos graves del ánimo o riesgo inminente para sí o terceros, y concluyó que todas sus funciones psíquicas se encuentran dentro de parámetros normales. Si bien la defensa aportó dictámenes de peritos de parte que cuestionaron los datos utilizados por el CMF, el juez entendió que esos informes no lograron desvirtuar la pericia oficial.

Por su parte, la defensa de Javier Martín Tchukrán (en este caso también firmada por Gastón Marano) fundó su pedido de arresto domiciliario en razones estrictamente humanitarias. Sostuvo que el imputado es el único sostén real y cotidiano de su padre de 78 años, viudo; de su tía RIE, diagnosticada con demencia, internada en un geriátrico y absolutamente dependiente de él para medicación, traslados, insumos y gestiones administrativas; y de su hermana J, con trastorno bipolar severo, antecedentes de internación involuntaria y necesidad de contención emocional permanente. Según la defensa, la ausencia de Tchukrán dejaría sin cuidados esenciales a toda la estructura familiar y podría generar recaídas psiquiátricas graves en su hermana.

Además, se destacó que Tchukrán convive con EP, de 40 años, quien inició un tratamiento de fertilidad que requiere presencia, coordinación y continuidad, y cuya viabilidad —según se argumentó— se ve materialmente afectada por la detención. Finalmente, se señaló que el imputado padece asma y enfermedad pulmonar obstructiva, patologías que, de acuerdo con la defensa, se agravan en espacios cerrados, húmedos y con exposición a irritantes propios del encierro.

El fiscal Juan Francisco Paiva sostuvo que el entorno de la menor MPG cubre sus necesidades esenciales y que la afectación emocional, aunque real, no neutraliza los riesgos procesales previamente señalados por el juzgado. Respecto de Tchukrán, consideró que los argumentos familiares, si bien sensibles, no encuadran en los supuestos legales previstos para el arresto domiciliario, y que el Servicio Penitenciario Federal está en condiciones de garantizar la atención médica de ambos imputados, incluyendo controles externos y traslados hospitalarios.

Por su parte, una de las principales abogadas querellantes, Adriana Francese, también se opuso con duros cuestionamientos al beneficio que solicitaron los dos procesados.

Entre los fundamentos centrales para rechazar las solicitudes, el juez Ernesto Kreplak remarcó que los riesgos procesales —tanto el peligro de fuga como el entorpecimiento de la investigación— permanecen vigentes, dada la gravedad de la imputación, la escala penal prevista y el rol atribuido a los acusados en la cadena de producción del fentanilo contaminado. Señaló, además, que los informes oficiales no avalan incompatibilidades médicas con el encierro, y que las situaciones familiares expuestas, aunque sensibles, no alcanzan el umbral legal exigido para conceder el beneficio. El magistrado subrayó que la normativa contempla supuestos extremos y que las redes de apoyo familiares, institucionales y médicas existentes permiten garantizar la continuidad de los cuidados sin necesidad de modificar la medida cautelar.

En consecuencia, Diego Hernán García y Javier Martín Tchukrán continuarán detenidos en sus respectivas unidades penitenciarias mientras avanza la investigación por el fentanilo contaminado, una causa que ya es considerada una de las más graves de la historia reciente del sistema sanitario y judicial argentino.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) devolvió a la Corte Suprema de Justicia el espacio de más de 1.500 metros cuadrados donde funcionaba el Centro de Detención Judicial, conocido como “Unidad 28″, ubicado en el subsuelo del Palacio de Justicia porteño. El lugar, concebido como un ámbito de detención transitorio, había sido cuestionado durante años por la permanencia prolongada de personas detenidas y por las condiciones de alojamiento.

La restitución se concretó ayer, luego de una recorrida conjunta por las instalaciones, en la que se inspeccionaron los distintos sectores del establecimiento. El lugar contaba con 23 celdas y espacios diferenciados para integrantes de fuerzas de seguridad, personas imputadas por delitos de lesa humanidad, un pabellón femenino, un pabellón masculino de seguridad, áreas para detenidos incomunicados y sanitarios.

El Centro de Detención Judicial fue instalado en 1981 mediante la resolución 328, que aprobó un convenio entre el entonces Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y la presidencia de la Corte Suprema, que cedió el uso del espacio para su funcionamiento dentro del edificio judicial. El inmueble, de 1.572 metros cuadrados, llegó con el paso de los años a alojar hasta 200 personas que permanecían allí durante semanas e incluso meses.

Esa modalidad de uso motivó reiteradas denuncias de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que constató la permanencia de detenidos por períodos superiores a las 24 horas previstas por la legislación vigente y verificó deficiencias en materia de mantenimiento, seguridad e higiene. De acuerdo con esos informes, la utilización prolongada del establecimiento desvirtuó su finalidad original y derivó en situaciones de hacinamiento que afectaban los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

La situación de la Unidad 28 fue objeto de seguimiento por parte de la Corte Suprema. En 2012, el tribunal dictó la Acordada 12/2012, que estableció disposiciones generales vinculadas al alojamiento de detenidos en esa sede. Al año siguiente, mediante la Acordada 3/2013, se refirió a la ejecución de obras de adecuación de la ex Unidad 22 con miras a su rehabilitación.

Ese mismo año, a través de la Acordada 33/2013, la Corte emplazó al Servicio Penitenciario Federal a adoptar medidas para evitar el pernocte de internos por más de una noche y garantizar condiciones de detención adecuadas, con el objetivo de preservar el carácter transitorio del lugar. En 2016, mediante la Acordada 43/2016, el Máximo Tribunal volvió a requerir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que actuara para impedir la permanencia de personas detenidas por más de un día en condiciones consideradas inapropiadas en la Unidad 28.

Un año después, por la Acordada 8/2017, la Corte comunicó formalmente su voluntad de dejar sin efecto la cesión de uso del espacio. Esa decisión se materializó en julio pasado, cuando dictó la Resolución 1609/2025, que dejó sin efecto la cesión del inmueble al Servicio Penitenciario Federal y solicitó su devolución al Poder Ejecutivo Nacional.

Según informaron desde la máxima instancia judicial, la recorrida previa a la restitución fue encabezada por el administrador general de la Corte, Gerardo Prataviera, junto con el director de Seguridad del tribunal, el comisario retirado Roberto Varela, y funcionarios de la Secretaría Jurídica General y de la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura. Por parte del Servicio Penitenciario Federal participaron su director nacional, Fernando Martínez; la secretaria general de administración, Pierina Brandi, y el director de la Unidad 28, Alejandro Mejías.

Durante la inspección, realizada este miércoles, se constató el estado general del inmueble y se acordó que al día siguiente una comisión integrada por arquitectos de la Corte y del SPF llevaría a cabo una última verificación técnica. Tras esa instancia, se suscribió el acta de entrega formal y quedaron en poder del máximo tribunal las llaves y los espacios que ocupaba el Centro de Detención Judicial.

Eduardo Vásquez podría regresar a la calle en un futuro próximo. El ex baterista de Callejeros, condenado a perpetua por el crimen de su pareja, Wanda Taddei, y a cuatro años de prisión por el incendio culposo de la tragedia de Cromañón, intenta lograr sus salidas transitorias en la Justicia de ejecución penal.

En octubre último, luego de repetidos rechazos, el juez Axel López autorizó su ingreso al período de prueba en el sistema, lo que lo habilitaría a salidas transitorias. Los fiscales Guillermina Padín y Diego Yomha se opusieron, la familia de la víctima también.

Vásquez se encuentra detenido en la cárcel de Devoto desde 2023, tras pasar varios años en Ezeiza: el propio Consejo Correccional de la prisión, que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), consideró “desaconsejable” que se le conceda el beneficio al músico, hoy de 50 años.

Un informe de abril de 2024 destacó sus avances, con una nota de 10 en conducta y una marcada estabilidad psicológica. El SPF, sin embargo, evaluó esos avances insuficientes.

Así, 15 años después del femicidio, Vásquez redobló su buena letra penitenciaria. Realiza talleres y se convirtió en secretario general del Centro Universitario Devoto. En agosto último, aconsejado por su defensa, decidió enfrentar al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación.

El Equipo resaltó el progreso de Vásquez en su dictamen posterior, aunque dejó en claro que su opinión no es vinculante.

Ante un psiquiatra y un trabajador social, en una serie de entrevistas, Vásquez, que perdió a su madre en el incendio de Once, tomó una decisión inédita hasta hoy: finalmente, confesó el crimen de su pareja, al que fue consideró “el peor error de su vida”.

Tenía un motivo particular para confesar. Su actual novia, que lo visita con frecuencia en Devoto -una mujer de 37 años a la que conoció antes de la tragedia de Cromañón, en el momento más alto de la popularidad de Callejeros- está embarazada. Vásquez será padre el año próximo.

No es la primera vez que el asesino de Wanda Taddei habla del crimen con cierta franqueza. Lo hizo en junio de 2022, cuando decidió publicar, desde la cárcel, de forma privada, su libro de 356 páginas, editado por una docente universitaria, con 200 ejemplares impresos. Lo llamó “Callejero de la vida”.

En la portada, bajo un logotipo que imita al de su vieja banda, dos pies caminan, con las zapatillas tipo Topper que se convirtieron en el símbolo de las víctimas de Cromañón. “Si este libro ha llegado a sus manos, significa que usted ha sido parte de mi vida”, aclara Vásquez.

Allí, le dedicó un curioso mensaje a su ex suegro, Jorge Taddei. A ese capítulo, Vásquez lo llamó “Pedir perdón”.

“Pedir perdón”

“El tiempo pasó y, al final del 2015, la respuesta de la Corte Suprema hizo visible una bajada de línea por la que resolvían como ‘inadmisible’ el pedido de revisión de mi caso. Así, se cerraba un ciclo que anulaba toda esperanza de justicia. Aquel final anunciado despertó lo que me quedaba dentro de impotencia y congoja, para convertirse, paulatinamente, en una sensación de reconciliación”, afirmó en la página 330 de su libro, refiriéndose a la confirmación de su condena a cargo del máximo tribunal.

“Puedo decir que fue un proceso interno y silencioso que continuaba su curso. En ese momento comencé a notar indicios de la sanación de aquellas heridas que me lastimaban tanto... En la escuela que significó para mí Cromañón, había aprendido bien acerca del morbo de los medios y el usufructo del dolor”, continuó.

A fines de 2016, preso en Ezeiza, Vásquez despertó de un sueño. “Me dejé fluir, todavía entredormido, y, como pude, escribí, de alguna manera rompiendo el silencio”, marcó.

La definición que sigue es mecánica y fría, extraña para un hombre que fue parte de su vida. “Encabecé aquel borrador con la carta que dirigí al representante de la familia querellante, Jorge Taddei”, continuó y agregó: “Sin saberlo, la expresión de mis sentimientos sería importantísima en la curación de mis heridas, pero también las de ellos”.

“Jorge, siempre anhelé acercarme a vos”

Vásquez aseveró:

“Jorge, siempre anhelé acercarme a vos, por ser el más cercano a nosotros, y del único del que sentimos un apoyo genuino a nuestro proyecto de familia. Desde lo que nos pasó, no me dejaron acercarme, porque ‘no me querían ver’... Quedé en la vereda de enfrente, ignorando todo lo que iba a venir. En ningún momento sentí bronca o resentimiento, o rencor hacia vos por haber dudado de mí, ya que no sé lo que hubiera hecho en tu lugar. Pude entenderte y comprenderte, bajar la cabeza y aceptar una vez más lo que, por destino, me toca vivir”.

El texto es insólito. Vásquez, aquí, se victimiza, a años luz de una confesión, un mea culpa. Para Jorge Taddei, el ex baterista de Callejeros no es otra cosa que el asesino de su hija, a la que mató de una forma absolutamente cruel, con un baño de alcohol y una chispa.

El músico continuó: “Nunca es tarde, dicen, y hoy te quiero decir gracias, por ser quien me abrió formalmente la puerta en tu familia, y no te equivocaste, ya que Wanda es el amor de mi vida y yo lo soy para ella, desde chicos tuvimos el sueño de estar juntos para siempre y formar nuestra propia familia. Con mis errores y virtudes, di lo mejor de mí a tu hija... Hasta que un accidente repentino e inesperado nos arrebató toda nuestra felicidad y todos perdimos... No pretendimos arruinarles, ni arruinarnos la vida, en nombre de los dos, perdonanos”.

Es decir, para Vásquez, en su cabeza, en su celda del penal de Ezeiza en 2022, matar a su mujer fue un accidente.

Luego, cerró el mensaje de esta carta que, aparentemente, nunca envió: “Mis más sinceros respetos hacia vos. Creo que nos debíamos este contacto”.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar el hábeas corpus presentado por Ana Pietra, una mujer trans condenada a prisión perpetua por el homicidio de un hombre en la Ciudad de Buenos Aires, quien denunció malos tratos, encierro prolongado y discriminación en su lugar de detención, en el Complejo Penitenciario Federal del NOA III, en la provincia de Salta. El máximo tribunal penal, en un voto dividido, resolvió anular la resolución del tribunal de Alzada salteño que había desestimado su planteo para ser trasladada a un pabellón trans en Ezeiza, y dispuso que el juez de primera instancia convoque a una audiencia para escuchar la versión de la reclamante y luego emita un nuevo pronunciamiento.

Pietra, que al momento del crimen cometido en enero de 2023 se llamaba Raúl Martín, fue hallada culpable en diciembre de 2024 junto a su novia Ailén Ferreiro por el homicidio doblemente agravado de un hombre al que mataron tras contactarlo mediante una aplicación de citas. En efecto, tal como relató Infobae, horas antes del asesinato la víctima se comunicó a través de WhatsApp con Ferreiro, que ofrecía servicios de prostitución mediante una app. Tras coordinar la cita, estuvieron en el PH del hombre, hasta que una hora después se sumó Pietra. Según corroboraría el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 porteño durante el juicio, la víctima fue golpeada, ahorcada y despojada de sus pertenencias en su domicilio de La Boca, en cuya escena se encontraron preservativos y cocaína.

Antes de dictarse la sentencia, Raúl Martín comunicó al tribunal su cambio registral de identidad de género y su nuevo nombre, Ana Pietra. Desde entonces reclama que se la traslade a un pabellón femenino o para personas trans como el que existe en la cárcel de Ezeiza. En su habeas corpus, dirigido contra la directora del Instituto Correccional de Mujeres, Alcaide Mayor Silvana Acosta, denunció que desde hace 10 meses es mantenida “23 horas por día encerrada”, que el personal del Servicio Penitenciario Federal “desprecia su vida, su salud y la deja vulnerable dentro de un taller dado que hay 4 funcionales masculinos que le gritan y le dicen cosas, habiendo una discriminación hacia su persona”.

Tanto en primera instancia como en la Cámara Federal de Salta, el reclamo por presunto “agravamiento de las condiciones de detención” fue rechazado “in limine”, es decir, sin que se tramitaran mayores diligencias. Así, frente a la decisión de la Alzada, adoptada el 8 de julio pasado, el defensor público de la Unidad de Defensa Penal Remanente de Salta interpuso un recurso que recayó en la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por los camaristas Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.

En los agravios, el abogado de la reclamante explicó que la situación implicaba “un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”, y que la audiencia oral para explayar su caso -prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098- “no se ha llevado a cabo”. Además, afirmó que el traslado “no se va a hacer efectivo, o no puede serlo, hasta tanto se elabore el nuevo protocolo para los internos pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, esto, como todos sabemos, puede llevar un excesivo lapso de tiempo, en el cual las condiciones de detención de Pietra pueden ser insoportables, debiendo ordenarse al Servicio Penitenciario Federal que realice el traslado inmediato de su asistida”.

A la hora de evaluar el hábeas corpus, el juez Yacobucci, primero en emitir voto en el acuerdo, consideró que “el escrito de interposición del recurso de casación carece de la fundamentación mínima necesaria para demostrar su procedencia exigible según el art. 463 C.P.P.N., pues el recurrente no se hace cargo de rebatir específicamente el argumento de los jueces de la Cámara a quo, de modo de demostrar en qué consistiría el defecto de esa decisión”.

La jueza Ángela Ledesma, en disidencia, expuso: “Disiento de la solución propuesta por el colega preopinante pues considero que asiste razón al impugnante en cuanto a que durante el trámite del presente hábeas corpus se ha restringido la actuación de la defensa debido a que no se permitió al accionante brindar las razones en las que sustentaba su pretensión”.

Luego añadió: “En efecto, una mirada constitucional de este procedimiento (art. 43, CN) exigía la realización de una audiencia; la presencia de todas las partes y la adecuada notificación de los actos jurisdiccionales a todos los interesados. Estos elementos se encuentran ausentes y, por tanto, corresponde admitir las objeciones efectuadas por la defensa de Pietra”.

Y completó: “Además, el propio Ministerio Público Fiscal ante la Cámara, previo a resolver, se expidió en favor del recurso de apelación interpuesto por la defensa y solicitó que se ordene la realización de la audiencia prevista en el art. 14 de la Ley 23.098 a fin de que la amparada sea oída. Sin embargo, los jueces resolvieron confirmar el rechazo in limine de la acción de habeas corpus interpuesta por Ana Pietra".

En esa línea, la camarista propuso hacer lugar al planteo, anular la decisión del juez de primera instancia y “todo lo actuado en consecuencia y ”remitir la causa al Juzgado Federal N°2 de Salta, a fin de que, previa realización de la audiencia contradictoria (...), se dicte un nuevo pronunciamiento".

A su turno, el juez Slokar expresó su adhesión a la postura promovida por la magistrada, “sin que implique anticipar juicio respecto a la procedencia -o no- del reclamo incoado”.

Pietra permanece alojada en el anexo Pabellón “E” del Instituto Correccional de Mujeres de Salta, bajo un régimen individualizado. El Servicio Penitenciario Federal informó que esa disposición busca “resguardar su integridad física y la del resto de la población penal”, y que el lugar cuenta con “óptimas condiciones de habitabilidad”.

El traslado solicitado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza fue rechazado por el tribunal de ejecución, dado que en ese mismo establecimiento se encuentra su expareja y coautora, Ferreiro, a quien habría amenazado de muerte.

En febrero de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante decreto que “el Servicio Penitenciario Federal deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado” de condenados que cambien de género “con posterioridad al hecho por el cual se ordenó su detención”, especialmente cuando el delito implicó violencia hacia una mujer.

Con el fallo de Casación, la causa regresará al Juzgado Federal N° 2 de Salta, que deberá convocar a las partes a la audiencia omitida antes de pronunciar una nueva resolución.

Parece una noticia del siglo XX. Esta semana, la presencia de decenas de miembros de la organización de motociclistas Hell’s Angels en La Plata generó un poco de alteración. Se pasean por la capital provincial con sus característicos tatuajes y chalecos, con todo el deseo en el mundo de hacerse ver.

¿Vinieron a destruir y matar? Más probablemente, llegaron para comer un asado. En rigor, los Hell’s Angels en La Plata celebran una suerte de congreso social, un gran viaje de amigos; ya lo habían hecho en territorio porteño en 2014, donde se los podía ver por Lavalle y Florida en busca de ofertas en camperas de cuero.

Vinculados en Estados Unidos al tráfico de drogas, al crimen organizado y a sucesos infames como el festival de Altamont, California, 969, donde los Rolling Stones le delegaron la seguridad del evento que terminó con un muerto -un hecho que marcó el fin de la era hippie-, su presencia no es una novedad en Argentina.

Tienen una filial en el país desde 1999, su “Buenos Aires Chapter”, con otros seis grupos a lo largo del territorio. Marcelo Mazza, su presidente local, aseguró a un medio local que la situación en La Plata se trata de una “reunión internacional” y que la capital provincial “está de fiesta”, con 500 hombres y mujeres de la organización listos para gastar en hoteles y bares.

A nivel argentino, los Hell’s Angels tuvieron ciertos momentos incómodos. En mayo de 2016, protagonizaron una feroz batalla a la vera de la Ruta 5 en Luján con los Tehuelches, otro motoclub. La situación terminó en números: más de cien balas disparadas, cuatro heridos y doce detenidos, con una causa por tentativa de homicidio y lesiones a cargo de la UFI N°10 de la zona.

Entre los detenidos de la banda se encontraba el boxeador Gustavo Mazzitelli, acusado de dislocarle la mandíbula a golpes a su ex pareja.

En la otra punta del conurbano, en el penal de Ezeiza, su miembro más famoso en la Argentina los esperaba. Su nombre era Paul Merle Eischeid.

Ex financista y corredor de bolsa, según los diarios de su país; licenciado en finanzas, según sus amigos, eligió la vida motorizada y el delito. Eischeid había sido detenido en febrero de 2011 por la Sección Investigación Federal de Fugitivos, la entonces área de Interpol de la Policía Federal tras escapar al país, con una circular roja en su contra.

Estuvo ocho años prófugo de la Justicia estadounidense, que lo buscaba por el delito de secuestro y homicidio en Mesa, Arizona. La víctima: Cynthia García, muerta de 20 puñaladas en octubre de 2001.

El motivo del crimen: simplemente criticar a los Hell’s Angels locales.

Luego, recibió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Sin embargo, en julio de 2004, abandonó su domicilio en California. Su captura internacional, insólitamente, se dispuso cuatro años más tarde.

La investigación de Interpol para seguirle el rastro apuntó finalmente a la zona norte del Gran Buenos Aires. Cuando lo encontraron aquí, se identificó con una fotocopia de un pasaporte de los Estados Unidos de América y una licencia de conducir, documentos truchos a nombre de un tal Robert Tutokey.

Podría decirse que Eischeid cayó por amor; fue capturado en Villa Adelina, donde vivía con su concubina, una mujer argentina, madre de un chico con el que el prófugo se encariñó.

La mujer lo visitaría, más tarde, en el penal de Ezeiza, a donde entró días después de su arresto y donde pasó casi siete años encerrado a la espera de su extradición a los Estados Unidos, supervisada por el Juzgado Federal N°1 de Sandra Arroyo Salgado.

¿Podría decirse que la red local de su banda motoquera le dio cobijo durante sus años bonaerenses? Uno de los autorizados para visitarlo en la cárcel fue uno de los máximos referentes de los Hell’s Angels a nivel local.

Entre los archivos vinculados a su nombre existe un documento: la ficha de inteligencia de Eischeid durante su encarcelamiento, encerrado en la Unidad V de Ezeiza, el llamado “pabellón internacional”, con otros presos extranjeros igual de célebres como Yuri Kepych. Detalla su legajo de visitas, peleas varias, como un enfrentamiento con un hombre africano en el gimnasio. Eischeid siempre repartió; nunca cobró. Pidió casarse en el penal con su novia argentina en noviembre de 2013. Realizó un planteo formal al respecto.

También, según el Departamento de Inteligencia del SPF, Eischeid habría planeado fugarse. La ficha tiene un subtítulo, en mayúsculas: “PRESUNTA PLANIFICACION DE FUGA Y/O EVASION CON APOYO EXTERNO”.

“Como primera premisa que se estableció a partir de los datos obtenidos a través de fuentes propias, es que el interno estaría gestando su rescate en momentos de ser trasladado en comisión a hospital extramuro, movimiento que se produciría a pedido del mismo", asegura el informe. Los espías penitenciarios apuntaban a un posible “soporte logístico” “por medio de personas fuertemente armadas con vinculaciones a organizaciones criminales trasnacionales de trascendencia por su presumible capacidad de medios, capacidad y logística”. Sin embargo, Eischeid nunca escapó.

La tensión era evidente: el área de Inteligencia del SPF todavía sangraba por la fuga de la cárcel de Ezeiza ocurrida en agosto de 2013, con sus responsabilidades penitenciarias irresueltas por la Justicia hasta hoy, donde trece presos de alto perfil como “Banana” Espiasse se fueron por un supuesto túnel en medio de la noche.

En el medio, Eischeid panfleteaba dentro de la cárcel por su situación judicial. Pedía quedarse aquí. Invitaba a otros detenidos y sus familias con notas manuscritas a que firmen la proclama contra su extradición en el sitio Change.org, que cerró con 4159 adhesiones.

Su planteo para evitar su extradición llegó hasta la Corte Suprema, con un recurso presentado en 2012 ante la Corte Suprema de Justicia, que fue tratado por los jueces Zaffaroni, Petracchi, Argibay y Highton de Nolasco. En el máximo tribunal, al menos según registros consultados por este medio, Eischeid no tuvo éxito.

En marzo de 2016, dos meses antes de la batalla motoquera en Luján, la Sala I de la Cámara Federal, con los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, había rechazado su última apelación, de cara a todos los riesgos evidentes.

Dos años después, finalmente, Eischeid fue extraditado a su país.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez. La decisión, adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ratificó la resolución previa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOF 4), que había dispuesto el traslado de Báez a la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, para el cumplimiento efectivo de su condena.

El TOF 4 había resuelto el 11 de junio pasado trasladar a Lázaro Báez desde el arresto domiciliario que cumplía como medida cautelar en otra causa, hacia una unidad carcelaria, tras la confirmación de la condena en la causa conocida como “la ruta del dinero”. Esta decisión se produjo después de que la Corte Suprema de la Nación rechazara, el 29 de mayo de este año, los planteos de la defensa, lo que dejó firme la condena impuesta por el delito de lavado de activos agravado.

Los argumentos de la negativa

La resolución apelada por la defensa de Báez había sido emitida por el TOF 4 después de que Casación devolviera el expediente para que se analizaran en profundidad las constancias de la causa, especialmente las vinculadas a la situación de salud del condenado y la posible incidencia de la unificación de condenas en una pena única de quince años de prisión. Esta pena comprende la condena de diez años por lavado de activos agravado y la de seis años en la causa denominada Vialidad, por defraudación contra la administración pública.

En el análisis de la solicitud de prisión domiciliaria, el juez Carbajo consideró improcedente abordar la situación de salud de Lázaro Báez en esta instancia, señalando que la defensa debía presentar un nuevo pedido ante el TOF 4 y, solo en caso de rechazo, recurrir a la Cámara de Casación.

Por su parte, el juez Hornos sostuvo que no se encontraban acreditados los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, los cuales, según su criterio, deben interpretarse de manera restrictiva.

En disidencia, Borinsky propuso conceder la prisión domiciliaria a Báez. Fundamentó su postura en que el tribunal de ejecución omitió, en dos oportunidades, realizar un análisis efectivo sobre la situación actual de salud del condenado. El juez calificó de arbitraria la decisión de enviarlo a una unidad penitenciaria únicamente por la firmeza de una de las condenas, sin considerar que se le había otorgado arresto domiciliario por razones de salud en otra causa ante el mismo tribunal.

Además, subrayó que Báez había cumplido durante cinco años las obligaciones inherentes a la prisión domiciliaria, y que la modificación de su régimen de detención se realizó sin una revocación previa por incumplimientos, a pesar de que la unificación de condenas aún no está firme.

Báez está próximo a cumplir setenta (70) años, y padece diabetes, hipertensión arterial, arritmias, cardiopatías, insuficiencia respiratoria y asma, entre otras afecciones.

De este modo, y con el voto de dos de sus jueces, la mayoría de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la negativa a conceder la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, quien deberá continuar cumpliendo su condena en una unidad penitenciaria.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó este miércoles una queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y confirmó el rechazo a una medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 del Ministerio de Seguridad. Con esta decisión, quedaron firmes las normas dictadas por la ministra Patricia Bullrich, que regulan el dinero que perciben los internos por trabajos en prisión y establecen tareas no remuneradas obligatorias.

La Resolución 1346/2024 dispuso la “obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes”. Esas actividades, contempló la normativa, podrán extenderse hasta cinco horas diarias y “no serán remuneradas”. En sus considerandos, el Ministerio afirmó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito”.

La Resolución 429/2025 complementó esa disposición y limitó al 5% de la población penitenciaria la posibilidad de acceder a prestaciones personales remuneradas como única ocupación. Ese grupo debe cumplir un mínimo de ocho horas diarias. En efecto, el artículo 1° estableció: “Se podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones como única ocupación al cinco por ciento (5%) de las personas privadas de la libertad (…) que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”. El artículo 2° agregó que esas personas “deberán cumplir un mínimo de ocho horas diarias y se les otorgará” el pago correspondiente, sin tomar en cuenta el salario mínimo vital y móvil.

La Defensoría General, como co-titular de la Comisión de Cárceles, había solicitado una medida de “no innovar” para suspender preventivamente la aplicación de las resoluciones. En su presentación alegó que modificaban las condiciones laborales en el complejo penitenciario de Marcos Paz, con impacto sobre derechos como el trabajo y el salario. El pedido fue rechazado en primera instancia y luego en la Cámara Federal de San Martín. Ante ese escenario, la Defensoría presentó un recurso de casación que fue denegado y, finalmente, una queja directa.

Las actuaciones quedaron, así, radicadas en la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Al pronunciarse en mayoría, Borinsky y Carbajo concluyeron que el recurso no era admisible, en tanto “la decisión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”.

A su vez, señalaron que la apelante “tampoco alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el tribunal a quo, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara”.

El juez Gustavo Hornos emitió un voto en disidencia parcial y propuso la apertura de la queja y la fijación de una audiencia para tramitar el pedido. Según consideró, “el recurso de queja resulta formalmente admisible en tanto esta Cámara Federal de Casación Penal debe intervenir en su carácter de ‘tribunal intermedio’ cuando, como en el caso, se sometan a su consideración cuestiones federales debidamente fundadas”. Así, explicó que el planteo de la Defensoría estaba vinculado con “la justa remuneración y el derecho al trabajo establecidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional” y con el alcance de la vía del habeas corpus.

En la parte resolutiva, el máximo tribunal penal del país resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la Defensoría Pública Oficial “en su carácter de cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, sin costas”.

En una decisión que marca un precedente en la protección de los derechos personales en la era digital, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 54 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a dos agentes penitenciarios a indemnizar a una compañera de trabajo con $13.500.000, por la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de un grupo de WhatsApp.

El fallo, firmado el 10 de septiembre pasado por el juez Eugenio Labeau, reconoce el daño a la intimidad, la imagen y el honor de la víctima, y subraya la gravedad de la violencia digital con perspectiva de género.

El caso se inició en marzo de 2022, cuando una agente del Servicio Penitenciario Federal, descubrió que imágenes íntimas suyas, algunas junto a su entonces pareja, circulaban entre sus colegas. Según la denuncia, las fotos, originalmente enviadas en 2017 a su pareja y almacenadas en su teléfono, fueron difundidas sin su consentimiento, acompañadas de burlas y comentarios despectivos.

La situación generó un profundo impacto emocional en la víctima, quien relató haber sufrido angustia, insomnio y dificultades para cuidar a su hijo pequeño, además de la exposición ante familiares y compañeros de trabajo, incluido su propio padre.

La investigación penal, tramitada ante el Juzgado de Faltas N° 18, determinó que los abonados telefónicos desde los cuales se enviaron las imágenes correspondían a dos agentes del servicio, que fueron imputados por el delito de difusión no autorizada de imágenes íntimas, contemplado en el artículo 74 del Código Contravencional de CABA.

En agosto de 2022, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por un año, que incluyó reglas de conducta como la realización de tareas comunitarias, la participación en talleres y la prohibición de contacto con la denunciante.

La continuidad del juicio

Posteriormente, en el fuero civil, ambos agentes penitenciarios negaron los hechos, cuestionaron la autenticidad de las imágenes y argumentaron que las fotos ya se encontraban publicadas en un sitio web de acceso público. También sostuvieron que la suspensión del juicio a prueba no implicaba reconocimiento de responsabilidad penal. Sin embargo, el juez Labeau desestimó estos planteos, señalando que la existencia de las imágenes y su pertenencia a la actora quedaron acreditadas tanto en sede penal como a través de la prueba pericial y testimonial.

El magistrado enfatizó que “la acción desarrollada por los agentes demandados importó la lesión al derecho a la imagen de la actora, sin que nada permita concluir que se configura alguna de las excepciones previstas por la ley 11.723″, de propiedad intelectual.

El juez subrayó que la violencia digital, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas, constituye una de las formas más graves y extendidas de violencia contra la intimidad y la dignidad de las mujeres en la actualidad.

“La masividad, inmediatez y persistencia del entorno digital magnifican el daño de la violencia digital. Cada vez que una imagen íntima se reproduce sin autorización, la agresión se reaviva y su alcance se multiplica de forma incontrolable”, sostiene la sentencia.

Además, el fallo contextualiza el caso en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

La potestad de decidir

En cuanto a la responsabilidad civil, el juez explicó que el derecho a la imagen es un derecho personalísimo, inalienable y autónomo, que otorga a cada persona la potestad de decidir sobre la utilización de su imagen. La sola divulgación no consentida constituye una infracción, sin necesidad de demostrar la afectación de otros derechos. Además, el consentimiento para la publicación en un ámbito no habilita su reproducción en otros contextos, especialmente cuando se trata de espacios laborales y con intenciones de burla o menoscabo.

Según figura en el fallo, la pericia informática confirmó que las imágenes difundidas en WhatsApp coincidían con las publicadas en el sitio Poringa.net, aunque no fue posible identificar al titular de la cuenta que subió el contenido al sitio. No obstante, el juez consideró que la responsabilidad de los demandados radica en la toma y difusión de las imágenes en el grupo laboral, conducta que calificó como “marcadamente contraria a todo deber de respeto para con la involucrada y violatoria, por ende, del ordenamiento legal”.

La pericia psicológica

El daño moral fue uno de los ejes centrales de la condena. La pericia psicológica diagnosticó a la víctima con un trastorno adaptativo crónico mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. El informe concluyó que los sucesos “han tenido para la subjetividad de la actora suficiente entidad como para evidenciar un estado de perturbación emocional por acarrear modificaciones en diversas áreas de despliegue vital: emocional, social, familiar y corporal. El hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma”. La pericia detalló que la víctima desarrolló conductas de aislamiento, sentimientos distímicos y pensamientos de muerte, además de evitar ciertos lugares por sentirse vulnerable y expuesta.

El juez Labeau fijó la indemnización por daño extrapatrimonial en $5.000.000, y por incapacidad psicofísica en $8.000.000, a valores actuales. Además, reconoció $500.000 para cubrir el tratamiento psicológico recomendado, con una extensión estimada mayor a un año.

La decisión del Juzgado Civil 54 establece que la difusión no consentida de imágenes íntimas, aun cuando estas hayan circulado previamente en internet, constituye una violación a la intimidad, la imagen y el honor de la víctima, y genera la obligación de reparar integralmente el daño causado.

Como si fuera un nene, el narco César Morán de la Cruz aprovechó un recreo para hacer “travesuras” y provocó destrozos en la cárcel de Ezeiza, donde está alojado. Sin embargo, de la Cruz, más conocido como “El Loco”, no es ningún infante inocente. Se trata de uno de los capos más peligrosos y poderosos del país. Está preso hace más de una década, involucrado en una amplia gama de crímenes, desde las sombras, maneja los hilos de la venta de droga en la Villa 31 de Retiro e integra la nómina de los internos de “Alto Perfil”.

Ahora deberá pagar $445.033,70 por los daños ocasionados la tarde/noche del 22 de enero de 2025 en el pabellón A de la Unidad Residencial 6 del Complejo Penitenciario Federal I, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en una causa que tuvo la intervención del fiscal Sergio Mola.

En esa oportunidad, el Encargado de Turno visualizó a “El Loco César” arrojando un anafe contra una de las cámaras de videovigilancia. Luego, contra el televisor que se encontraba ubicado en el Salón de Usos Múltiples (S. U. M.).

El líder de “la Banda del Pueblo” cumplió su cometido y rompió el aparato, de manera que dejó al resto de la población sin entretenimiento diario. Dejó también inutilizado el anafe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los agentes penitenciarios presentes lograron calmar al recluso. La versión oficial indica que entablaron diálogo con él y que lograron que “entrara en razón” y desista su comportamiento hostil. Así, lograron que se “reintegre a su sector individual de alojamiento”.

Teniendo en cuenta el perjuicio que produjo sobre los bienes provistos por la administración penitenciaria- es decir, el Estado- el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Julián Curi, inició actuaciones disciplinarias.

Sucede que, con su comportamiento, “El Loco” trasgredió el orden y la disciplina del penal. Su actitud le valió una mala nota en su hoja de vida carcelaria. Esas calificaciones repercuten en las decisiones que pueden tomarse a futuro sobre beneficios y libertades.

Pero no quedó ahí. Las autoridades formalizaron una denuncia frente al Juzgado Federal y se inició una investigación. A raíz de las evidencias presentadas, el 19 de agosto el narco fue citado a declarar. Se negó por consejo de su defensa, pero expresó su deseo de llegar a una conciliación mediante el pago de la totalidad de los daños causados y hasta ofreció disculpas.

Eso sí, pidió dos cuotas, una con vencimiento este 15 de septiembre y la segunda, el 15 de octubre, para poder alcanzar el monto acordado.

El caso de “Guille” Cantero

Infobae había dado a conocer una decisión judicial similar con otro interno de Alto Perfil: Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), el jefe de la narcobanda Los Monos, condenado a 139 años de cárcel.

Este martes, el juez Federal de Campana Adrián González Charvay, resolvió hacerlo pagar por haber quemado un colchón en el penal de Marcos Paz.

El magistrado le aplicó el mecanismo de reparación integral del daño a “Guille”, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por el incendio de un colchón en el pabellón donde Cantero estaba alojado: la quema ocurrió el 8 de junio de 2021 y generó daños valuados en $4.800 de esa época.

Ahora, la defensa presentó una nueva oferta: $130.000 a descontar de manera inmediata del peculio de Cantero, con el objetivo de extinguir la acción penal. Todas las partes aceptaron el trato.

En un comunicado, el SPF explicó este miércoles que Morán de la Cruz y Cantero “manifestaron conductas delictivas que incluyeron la destrucción de mobiliario e instalaciones interiores, como también atentados contra la vida y la integridad física de personas. Por ello, el Estado no solo ha impulsado su persecución penal, sino que también accionó legalmente para buscar su responsabilidad civil y obtener una indemnización por los perjuicios sufridos”.

“La reparación integral de los daños ha sido abonada por los internos, quienes, además de afrontar sus responsabilidades penales, deberán afrontar la reparación civil en favor del Estado y sus instituciones de seguridad y administración”, aseguraron.

Este medio pudo saber que existen expedientes abiertos con relación a otros internos sin la notoriedad de los capos rosarinos y de la Villa 31 pendientes de resolución debido a la oposición de algunos fiscales por continuar la acción penal.

El juez federal Daniel Rafecas sobreseyó al ex secretario de seguridad Vicente Ventura Barreiro en la causa donde se lo investigaba por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El año pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le había pedido la renuncia.

El expediente se originó el 28 de junio de 2024, por una denuncia de la Oficina Anticorrupción a raíz de un informe elaborado por el Director Nacional de Investigaciones de ese organismo, Omar Julián Sosa a partir de la declaración del Director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez.

Según el relato de Martínez, el 12 de junio de 2024 fue citado al despacho de Ventura Barreiro, quien le consultó sobre las licitaciones de alimentos para los internos de las cárceles federales. El testigo afirmó que el entonces secretario mostró interés en la redacción de los pliegos y le pidió el contacto de un abogado de confianza para “arreglar con las empresas”.

Martínez sostuvo que ante la insistencia del entonces Secretario de Seguridad, le entregó un pliego de alimentos crudos en vez del de alimentos cocidos, que era el que realmente interesaba a Ventura Barreiro. Posteriormente, el ex funcionario le devolvió el pliego con correcciones y agregados que, de acuerdo al análisis técnico del SPF, coincidían con los pliegos tradicionales que se buscaba modificar para ampliar la competencia y la transparencia en las contrataciones.

La investigación judicial

En el expediente judicial se reconstruyó el intercambio entre los funcionarios mediante chats de WhatsApp. Martínez declaró que Ventura Barreiro le manifestó: “de todos modos, las empresas ponen plata siempre” y que le solicitó el nombre de un abogado para “arreglar con las empresas”.

El director del Servicio Penitenciario Federal también relató que el secretario le había pedido que no informara al subsecretario de Asuntos Penitenciarios sobre ese encuentro, y que -tras la negativa de Martínez a modificar los pliegos según las sugerencias recibidas- Ventura Barreiro manifestó su descontento.

El análisis técnico de los pliegos mostró que las modificaciones sugeridas por Ventura Barreiro apuntaban a restringir el acceso de oferentes, exigiendo antecedentes específicos en servicios penitenciarios, la existencia de una planta de elaboración a menos de 100 kilómetros del establecimiento y la desestimación de ofertas por debajo del 10% del precio testigo. Sin embargo, el juez Rafecas destacó que ninguna de esas modificaciones fueron incorporadas en los pliegos definitivos que se publicaron y que rigieron la licitación.

La investigación incluyó medidas como declaraciones del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y el director general de Asuntos Penitenciarios, Daniel Barberis. Ambos coincidieron en que el Secretario de Seguridad no tenía injerencia formal ni jerárquica en el trámite de las licitaciones del SPF. En su testimonio, Curi afirmó que “el SPF dependía directamente de la Ministra y que el Secretario de Seguridad no tenía relación jerárquica respecto de la Subsecretaría de la que es titular”.

Ante ese escenario, el juez Rafecas ordenó analizar los teléfonos celulares y computadoras de los involucrados. La medida fue realizada por los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que analizaron los dispositivos de Martínez y Ventura Barreiro y se recuperaron algunas conversaciones de WhatsApp entre ambos, sin embargo la mayoría de los mensajes previos al 15 de junio de 2024 no pudieron rescatarse debido a cuestiones técnicas.

Por otra parte, el informe de la DATIP dio cuenta que los peritos no hallaron información relevante para la causa en los dispositivos de Ventura Barreiro, ya que uno de los equipos había sido reseteado y los archivos recuperados correspondían a períodos anteriores a los hechos investigados.

En el fallo al que accedió Infobae, Rafecas subrayó que el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública exige que el funcionario tenga competencia funcional sobre el acto en cuestión. Asimismo, quedó acreditado que Ventura Barreiro no tenía competencia ni injerencia formal en las licitaciones del SPF, que dependían de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y del propio Servicio Penitenciario Federal.

El magistrado también valoró que los pliegos definitivos no incluyeron las modificaciones sugeridas por el ex secretario y que los funcionarios con capacidad de decisión sobre las licitaciones estaban expresamente identificados en los documentos, sin que Ventura Barreiro figurara entre ellos. En palabras del fallo: “el trámite relacionado con esas licitaciones se encontraba por fuera de las competencias de Vicente Mario Ventura Barreiro, motivo por el cual la conducta que podría traducirse en una negociación incompatible con la función pública deviene atípica”.

Rafecas concluyó que si bien los hechos denunciados ocurrieron, “el eje de discusión debe centrarse en la corroboración de si el acontecer de esos eventos resulta relevante en términos jurídico-penales, interrogante que, a partir del análisis de la prueba reunida en estos actuados, debe ser respondido negativamente”. Por lo tanto, dispuso el sobreseimiento de Ventura Barreiro, aclarando que la formación del sumario “en nada afecta el buen nombre y honor del que gozare”.

Sucedió en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde detuvieron a dos mujeres con pedidos de captura cuando intentaban ingresar como visitas a la cárcel.

Todo se descubrió durante los controles de ingreso, explicaron fuentes oficiales. Personal del área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) detectó que dos de las personas que intentaban acceder al establecimiento tenía pedido de captura activo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Tras la confirmación de la alerta, se notificó de inmediato a los juzgados competentes y se dio intervención a la Policía Local de Marcos Paz, que ejecutó las detenciones en cumplimiento de los oficios judiciales.

Fuentes oficiales dijeron que una de las prófugas identificada resultó ser Luciana Vanesa Elías, de 38 años, quien había sido declarada en rebeldía por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 a cargo de Elizabeth Paisan, Secretaria N°137 de Julio Andrés Herrera.

En base al expediente en su contra, la buscaban desde el 6 de diciembre de 2023, en el marco de una causa por falsificación de documentos públicos y uso de documento adulterado o falso.

En aquel expediente, la magistrada había ordenado la captura inmediata de Elías, nacida en Mar del Plata y con domicilio judicializado en la Ciudad de Buenos Aires.

El suyo no fue un caso aislado. En paralelo, también se confirmó el arresto de Noelia Soledad Capoblanco, de 33 años, sobre quien pesaba una orden de captura dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal el 3 de abril de 2025.

Capoblanco había sido declarada rebelde en la causa donde se la procesaba por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con utilización de un arma impropia y la participación de un menor de edad.

Según los registros judiciales, la imputada, con domicilio en Rafael Castillo, debía ser trasladada a la unidad carcelaria correspondiente una vez localizada.

El episodio también tuvo eco en el plano político. La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, se pronunció a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), donde escribió: “Fueron de visita a la cárcel y se quedaron adentro. Dos delincuentes con pedido de captura quisieron entrar al penal de Marcos Paz. El SPF las detectó y entregó a la Justicia. En las cárceles federales no entra la impunidad. Con nosotros, el que las hace, las paga”.

Más prófugos atrapados

En ese contexto, la Policía de la Ciudad detuvo este domingo en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors a un hombre de 36 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por femicidio en grado de tentativa, emitido por la Justicia de Quilmes.

El individuo fue identificado en la puerta 4 de acceso gracias al sistema Tribuna Segura, que permitió constatar la orden judicial en su contra.

En tanto, un joven de 21 años también fue arrestado en el marco del mismo programa, acusado de desobediencia y encubrimiento en una causa con origen en la ciudad de Puerto Madryn.

Las fuerzas de seguridad informaron, además, que 57 simpatizantes con derecho de admisión vigente fueron rechazados en los accesos al estadio. Asimismo, se le negó el ingreso a una persona registrada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, quien además fue sancionada con un acta contravencional.

La Cámara Federal de San Martín rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Máximo Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, quien había alegado que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizaba “controles al solo fin de incomodarlo, molestarlo y despersonalizarlo” en su lugar de detención.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, concluyó que “los argumentos en que el recurrente fundó su agravio (...) no se estiman un agravamiento que requiera de una decisión jurisdiccional para su interrupción” y resolvió confirmar la decisión de primera instancia que había rechazado la acción contra el SPF.

En rigor, la defensa del capo narco había denunciado requisas realizadas los días 3 y 5 de junio, la pérdida de acceso a un canal de música en televisión, la “omisión y excesiva burocratización” en la autorización de visitas para sus hijos menores y la suspensión de videoconferencias con sus abogados desde su encierro en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

El tribunal, tras analizar las actuaciones, señaló que “no se ha restringido la comunicación con su asistencia técnica, la que se ha mantenido por otros medios”, en tanto “ha sido un específico medio de comunicación el que sufrió alteraciones y eso (...) se debe a cuestiones operativas”. A su vez, con relación al canal televisivo reclamado, destacó que Cantero “está habilitado a ver el canal de música TV CHANEL, que fuera el que específicamente reclamara” y que “las inclemencias climáticas pueden alterar y perturbar la normal recepción” de la señal sin que ello implique una restricción arbitraria por parte de la autoridad penitenciaria.

Además, al estudiar el tema de las visitas al líder máximo de Los Monos, los jueces indiciaron que “se ha autorizado a la hermana del detenido –Melisa Cantero– a ingresar con los menores” y que, habiendo cesado el acto que se entendía como agravamiento, corresponde que la situación sea evaluada por el juez natural de la causa. Y en cuanto a las requisas, que según la defensa “tendrían la única finalidad de incomodar al detenido”, la Cámara advirtió que “se habrían fundado en las previsiones del régimen especial al cual está sometido Cantero”.

La sentencia dedicó varios párrafos a puntualizar el alcance del habeas corpus. “Debe entenderse, entonces, que la excepcionalidad de la vía, se funda, principalmente, en la existencia de una afectación actual que sufre el requirente, que la judicatura debe hacer cesar”, explicó el tribunal.

“Sentado ello -precisó después-, (...) los argumentos en que el recurrente fundó su agravio, sobre las requisas realizadas, el cambio de persona autorizada a ingresar con los hijos del detenido y la limitación del canal de música en su televisión, no se estiman un agravamiento requiera de una decisión jurisdiccional para su interrupción”.

Cantero, detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, acumula condenas que suman 139 años de prisión -aunque la ley establece un máximo de 50 años de cumplimiento efectivo- por homicidios agravados, narcotráfico, secuestro extorsivo, asociación ilícita, tenencia de armas y extorsiones. A principios de este mes aceptó un juicio abreviado y recibió siete años de cárcel por extorsionar al dueño de una agencia de quiniela en Rosario desde prisión. En diciembre de 2024, en tanto, recibió otra condena a 19 años de cárcel por otros delitos vinculados al narcotráfico.

“Los Monos” son un clan criminal familiar de Rosario, liderado por la familia Cantero, que desde comienzos de los 2000 dominó el narcomenudeo en la zona sur de esa ciudad santafecina a través del despliegue de puntos fijos de venta de droga abiertos las 24 horas, protegidos por complicidad policial. Surgidos en barrios vulnerables como Las Flores, aprovecharon la ubicación estratégica del territorio para el ingreso de marihuana paraguaya y cocaína boliviana, combinando violencia extrema -secuestros, asesinatos y sicariato- con una estructura empresarial para administrar compras, ventas y lavado de activos ilegales.

El Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo implementado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) mediante la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad, ha generado debate sobre su compatibilidad con las normas internacionales para el tratamiento de reclusos.

Sus detractores sostienen que este sistema de gestión contradice ostensiblemente el principio de convencionalidad y, en consecuencia, vulnera el bloque de Constitucionalidad Federal (artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional); en esa sintonía, varios internos segmentados con índices de Alto Riesgo y necesidades de abordaje especial en función de sus particulares características criminológicas, sometidos a la gestión del alojamiento específico para los casos de Alto Riesgo, han atacado judicialmente la normativa a través de presentaciones ante diferentes estrados. El intento fue (es) claro, lograr a través del quiebre de este sistema destinado a la incapacitación de la criminalidad organizada en el ámbito carcelario, el control de todas aquellas actividades tendientes a garantizar la continuidad criminal, aun desde el encierro, para con posterioridad y como segundo paso, consolidar la hegemonía de la empresa delictiva, que opera en el ámbito externo a las Unidades Penitenciarias, bajo el liderazgo indiscutido de sus referentes en prisión.

Días atrás, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la constitucionalidad de la resolución ministerial n.º 153/25 (Ministerio de Seguridad Nacional) por la cual se implementaron ciertas pautas actuariales, en las visitas celebradas bajo el sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el servicio penitenciario federal (SIGPPLAR); esto en el marco de una presentación efectuada por la defensa de un reconocido narcotraficante de la zona sur bonaerense quien se manifestaba afectado por restricciones a sus derechos, las que consideraba inconstitucionales. Su pretensión fue desestimada por la autoridad judicial interviniente.

Paralelamente a este rechazo, la Justicia Federal de Salta avanzaba en el reconocimiento parcial de ciertos derechos reclamados judicialmente por otro connotado narco criminal con incidencia regional, categorizado por el S.P.F. como de Alto Riesgo y alojado en el sistema destinado a internos con estas características.

La decisión judicial en el caso de Raúl Ricardo “Coya” Rojas, dictada por el juez Domingo José Batule del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 2 de Salta, puede definirse como un fallo de inconstitucionalidad parcial, respecto al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo aplicado por el Servicio Penitenciario Federal, ordenando (Su señoría) duplicar las horas fuera de la celda de alojamiento y otras cuestiones técnicas propias del abordaje en función de las necesidades que en materia de tratamiento penitenciario, el juez entendió procedentes, aun bajo el sistema de gestión, atacado judicialmente.

No obstante haber quedado el mismo en un grado de reconocimiento parcial a las demandas presentadas por un interno de probado Alto Riesgo, este señalamiento judicial abre una brecha entre los defensores de un sistema de gestión de internos con capacidad intrínseca de marcar agenda en el terreno de la seguridad ciudadana y aquellos que, de acuerdo a sus convicciones, romantizan la ejecución penal hasta extremos propios de un sistema irreal o que por lo menos no es compatible con el principio de normalidad que rige la experiencia cotidiana en nuestro país y particularmente en el ámbito carcelario.

No es lógico que, promediando la segunda década del siglo XXI, aun se piense de manera binaria en términos de seguridad/tratamiento penitenciario y mucho menos que una de las dos opciones obture el desarrollo de la otra. Son compatibles y complementarias las actividades tratamentales en un sólido marco de seguridad carcelaria, dispuesto a los fines de neutralizar cualquier intento de continuidad criminal desde los establecimientos penitenciarios. En esa lógica y con ese espíritu fue elaborado el SIGPLAR (Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo), ordenado por el Ministerio de Seguridad Nacional y aplicado desde el mes de enero del año 2024 por el Servicio Penitenciario Federal (S.P.F.).

La adopción de mecanismos de control supletorios a las tradicionales medidas de seguridad y control empleadas en la cárcel, se ha transformado en la punta de lanza de las políticas tendientes a detectar, mitigar y neutralizar (cuando esto es posible) el accionar desplegado por líderes y connotados miembros de las estructuras criminales operativas en nuestro medio, arrojando la experiencia, datos altamente satisfactorios desde el plano objetivo de la evidencia empírica, pues los resultados del plan bandera o los despliegues recientemente efectuados en materia de control securitarios a través de los planes Güemes y Roca, son más que claros al respecto. En ellos directa o colateralmente participa el S.P.F.

El Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, fue concebido como una herramienta de protección pública y en la articulación operativa con el resto de las fuerzas federales, su participación y eficacia han sido contundentes. Un solo dato para ilustrar lo expuesto, es la tasa de homicidios en Rosario y su zona de influencia, la que en el primer semestre de este año 2025 registró 67 homicidios, casi tres veces menos que en el primer semestre de 2023, destacando que los principales líderes criminales de las organizaciones que operan en la macrozona descripta se encuentran privados de su libertad bajo el SIGPLAR (sistema de Alto Riesgo) en el S.P.F.

Sistema Integral de Gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo La resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación número 35 del año 2024, se dio en el marco de la toma de decisiones tendientes al adecuado abordaje de la problemática del crimen organizado en todas sus facetas, tanto en lo que se refiere a evitar riesgos para la comunidad, como también a prevenir la afectación del adecuado funcionamiento de sus sistemas, entre ellos el Servicio Penitenciario Federal.

Esto en la lógica de comenzar un proceso de transformación, cuyo objetivo principal fue el de fomentar de manera favorable y constructiva un entorno seguro y protegido, logrado a través de procedimientos de clasificación adecuados, en línea con la responsabilidad central de las instituciones penitenciarias de salvaguardar la seguridad de las personas privadas de libertad, del personal penitenciario y de la sociedad en general.

La necesidad de adoptar medidas drásticas en términos restrictivos de algunas otras libertades que (al margen de la libertad ambulatoria) las personas obligadas a vivir en contexto carcelario legítimamente usufructúan, halla su fundamento en varias razones; una de ellas, quizá la más atendible pero la menos observada por los críticos del sistema, haya sido la del cambio de escenarios que en materia criminal se han registrado.

Estos cambios no han sido intempestivos sino más bien lentos y sostenidos, llegando a socavar las bases securitarias de la realidad social carcelaria, pues el accionar de los grupos organizados del crimen, en violenta sincronización con la apatía de un sistema poco dinámico, obsoleto y sin herramientas compatibles con la nueva realidad, fue tornando el concepto de prisión al de búnker de las organizaciones criminales. Por años funcionó en las entrañas del S.P.F. el Criminal Office, una especie de trabajo en casa, explotada por los integrantes de bandas delictivas que mantuvieron la hegemonía criminal desde un entorno seguro (quizá el más seguro), como transitoriamente lo fueron las cárceles, básicamente los primeros cuatro años de este lustro que ya se acaba.

Resultaría exageradamente extenso abarcar en detalle la cantidad de delitos que, originados desde el interior de las prisiones, quedaron registrados por los devastadores efectos ocasionados allende los muros, en el medio libre, donde la sociedad fue quien en última instancia terminó soportando los yerros del sistema; mucho más que extenso, resulta doloroso cuando estos gravísimos descuidos sistémicos, por lo general, obedecieron a devaneos políticos que poco o nada contemplaron la realidad vivida detrás de esas moles amuralladas que —dicho sea una vez más— en aquel contexto, se tornaron ineficientes a la hora de reinsertar a personas que habían delinquido (muchos de estos internos, “cuarta” generación en el difuso mundo asocial del delito) e impotentes al no poder controlar ni brindar condiciones de mínima seguridad en cuanto a la gestión del encierro de integrantes de estructuras del crimen organizado local, regional y transnacional. Todavía resuena la nunca esclarecida fuga de “caníbal” Laferrara, desde las entrañas de la cárcel de Devoto ni la frustrada fuga (por el oportuno testimonio de un arrepentido extra carcelario) desde el Módulo III del C.P.F.I de Ezeiza del narco criminal (y jefe de Laferrara) Esteban Lindor Alvarado, ambos episodios registrados en el año 2023.

Los informes elaborados por la Secretaría de Coordinación Institucional a través de la mesa de trabajo del Ministerio Público Fiscal sobre narco criminalidad en establecimientos penitenciarios y el análisis institucional sobre el fenómeno de la narco criminalidad cometida desde el interior de dichos establecimientos —entregados en el año 2021, 2022 y 2023 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— advertía muy claramente al respecto a la vez que exigía un cambio en la praxis penitenciaria que posibilitara reencausar el control estatal de las prisiones como lógica medida para contrarrestar los efectos nocivos de la continuidad criminal intramuros.

El paradigma de la seguridad física, al menos en las cárceles (a nivel global), ha evidenciado no ser suficiente para afrontar las amenazas crecientes a la seguridad penitenciaria, la que, al ser vulnerada, se transforma inmediatamente en un problema (podemos afirmar que grave) de seguridad ciudadana, de seguridad pública.

Esta complejización de los ámbitos criminales requiere del correlato político, a los efectos de generar las herramientas y sinergias adecuadas que respalden y auxilien en el marco del derecho, tanto a los organismos actuantes como a las fuerzas de seguridad intervinientes. Contrarrestar las bandas criminales desde la ejecución penal y la vida en las cárceles argentinas requiere un enfoque multidimensional que combine tecnología, capacitación, reformas estructurales y cooperación interinstitucional.

Las medidas implementadas hasta 2025, son un comienzo, pero su éxito dependerá de la persistencia, la transparencia y la capacidad de abordar las causas estructurales, como el hacinamiento, la ineficiente estructura del Sistema Penitenciario Nacional (compuesto por el S.P.F. y el resto de los Servicios Penitenciarios Provinciales), la falta de recursos, fundamentalmente del capital humano que en varios servicios provinciales resulta alarmante y, por supuesto, la corrupción. Un sistema penitenciario más robusto, junto con políticas de reinserción y prevención, puede reducir significativamente la influencia del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles, contrarrestando la capilaridad del sistema, flanco vulnerable para el desarrollo del proselitismo criminal y la captación de nuevos miembros que nutren estas estructuras delictivas.

La solución a estos problemas de segmentación y alojamiento diferenciado de internos de alto riesgo deberá necesariamente estar asociada a la construcción y puesta en funciones de nuevos espacios de encierro, y la cantidad de cupos de alojamiento que ofrezcan a un sistema que, se refuerza desde la legalidad actuarial pero aún no desde la infraestructura necesaria para contener y optimizar los logros de la actividad planificada en materia de seguridad pública. En este marco, una mirada sesgada por parte de los organismos de control, avanzando sobre los dispositivos empleados para la gestión de internos de Alto Riesgo, podría desnudar la fragilidad del encierro dejando latente una pregunta que golpea por su estridencia: ¿Quién protege a la sociedad? Para pensarlo.

M. es un narcotraficante. Un contrabandista internacional de cocaína, para ser precisos. En julio de 2023, el Tribunal en lo Penal Económico N.º 3 lo condenó a cuatro años y siete meses de cárcel por ser parte de una asociación ilícita dedicada a exportar droga en mulas, liderada por un ciudadano boliviano de 58 años, que operó desde 2017 hasta mediados de 2022. Una de sus mulas, un varón, capturado en 2019 mientras intentaba abordar un vuelo a Italia en el aeropuerto de Ezeiza, tenía 1,3 kilos de droga en el estómago, una sentencia de muerte si una cápsula acaso explotaba.

En ese contexto, el departamento de M. en un edificio de Recoleta fue allanado. Allí, las autoridades encontraron droga y dinero. Así, el narcotraficante -hoy de 31 años- fue detenido, procesado y condenado.

Todo esto ocurrió con su DNI de identidad femenina registrado en el proceso, aunque luego inició su transición hacia el género masculino en la cárcel de mujeres de Ezeiza, la Unidad IV del Servicio Penitenciario Federal.

Este viernes, M. fue el foco de un inusual fallo de la Justicia. El mismo Tribunal que lo condenó, con un fallo firmado por el juez Jorge Zabala, le otorgó la prisión domiciliaria luego de que su defensora oficial denunciara “violencia psicológica y actos discriminatorios” en el penal de mujeres de Ezeiza, según la resolución a la que accedió Infobae.

Su terapia hormonal para su transición es el punto central del caso: aseguró que no la recibía de parte de las autoridades. Su pareja, una mujer, se presentó como su garante en la Justicia para asegurar que reciba su testosterona, con un costo estimado de $100 mil mensuales.

El fallo del juez Zabala es al menos revelador. No solo por su decisión, sino por la situación en sí misma: por primera vez en la historia reciente, la hormonización de presos se vuelve el foco de un caso en la Justicia argentina.

La denuncia de M. y la respuesta de la Justicia

La denuncia detalló que en diciembre de 2023, cinco meses después de su condena, M. “adoptó el género masculino, inició un proceso de adecuación estética de su apariencia física, decidió rectificar su partida de nacimiento y comenzó el tratamiento de hormonización”.

En marzo de 2024, M. fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense. El reporte posterior informó que sus facultades mentales “al momento del examen se encontraban compensadas, que presentaba una afección compatible con trastorno de la personalidad de tipo borderline, en comorbilidad de trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, en contexto de vulnerabilidad psicosocial desde la infancia”. Para ese entonces, no recibía la testosterona hace más de un mes.

En el medio, M. pidió el arresto domiciliario por primera vez. El fiscal Nicolás Czizik se opuso. Sin embargo, pidió al SPF "garantizar el trato igualitario en el acceso a sus derechos y requerimientos de salud”.

En marzo de este año, el Tribunal N.º 3 ordenó tres veces al SPF que M. reciba su testosterona, administrada en forma de gel. Se libraron oficios y se realizaron llamadas, sin respuesta, de acuerdo al fallo del juez Zabala.

El 23 de junio último, M. aseguró en una declaración ante la Justicia federal de Lomas de Zamora -que recibe los pedidos de hábeas corpus de los presos de las cárceles federales de la zona de Ezeiza- que “le cortaron el suministro de hormonas hace 4 meses” y que “por un tema del Ministerio de Salud ya no las entregan más“.

Entonces, ¿quién se hace cargo de las hormonas de M.? ¿O quién debería? El juez Zabala sintetizó: “Desde el mes de marzo del corriente año se suspendió la provisión de su medicación hormonal, sin certeza de continuidad por la falta de datos sobre la provisión de la medicación desde la discontinuidad del suministro por parte del Ministerio de Salud”.

“Al respecto, desde este Tribunal se ha reiterado en diversas oportunidades, como manda judicial, la necesidad de proveer a los medicamentos necesarios para continuar con el tratamiento médico, sin una respuesta concreta, quedando todo supeditado a un trámite administrativo que autorice la compra de los medicamentos con una partida presupuestaria del SPF”.

Así, Zabala autorizó que M. continúe su condena en el mismo departamento de Recoleta que, años atrás, la Justicia allanó.

Infobae consultó a altas fuentes penitenciarias por este tema. “Puede haber alguna demora particular, pero no hay una orden ejecutiva de interrumpir los tratamientos hormonales, tanto del Ministerio de Seguridad como del Servicio Penitenciario Federal", asegura una fuente clave.

La hormonización de presos trans es un tema urticante en el mapa de la derecha global. En junio último, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump frenó los tratamientos con una orden ejecutiva al Bureau of Prisons. El juez Royce Lambert detuvo la orden en Columbia, luego de una demanda colectiva de más de mil detenidas y detenidos.

Bozidar Ratkovic se fue rodando en diciembre de 2023 para no volver. No es un eufemismo: estaba, literalmente, en silla de ruedas.

Apodado “Bozo”, hoy de 59 años, nacido el 6 de enero de 1966 en la ciudad de Trebinje, Bosnia Herzegovina, estaba de novio con una argentina casi 30 años más joven que él en ese entonces. También estaba bajo prisión domiciliaria en una casa del partido de Avellaneda, acusado de ser el jefe y organizador de una banda que intentó traficar 165 kilos de cocaína a Europa.

El 12 de enero de 2023, mientras estaba preso en la cárcel de Ezeiza, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que le provocó secuelas como “hemiplejía, parálisis de miembros superiores e inferiores del lado izquierdo, inestabilidad corporal y afasia, lo que generaba que requiriera asistencia y acompañamiento permanente”, asegura un documento de la causa en su contra investigada por la Justicia federal. Terminó internado, alimentado con una sonda.

Sus antecedentes de salud eran complicados de por sí, con diagnósticos de diabetes e hipertensión arterial que, según los médicos de la cárcel, derivaron en el ACV.

Su defensa pidió que continúe bajo arresto en la casa de su novia argentina, que también era la madre de su hijo. Un informe médico del Servicio Penitenciario Federal practicado en mayo de ese año fue la principal herramienta para avalar su salida.

El informe señaló que “el imputado registraba secuelas motoras que requerían un auxilio permanente para tareas cotidianas (como ir al baño), que el Servicio Penitenciario Federal no podía asegurarle”, de acuerdo un documento de la causa en su contra.

La bipedestación se encontraba “abolida en miembro derecho e izquierdo”. “Bozo”, literalmente, no podía caminar.

El Tribunal Federal N°4 de San Martín, a cargo de la causa en su contra, le otorgó la medida a “Bozo” en agosto de 2023. Se ordenó que se le colocara una tobillera electrónica. Cada 30 días, su defensa debía presentar un informe actualizado de su salud a la Justicia.

Desde luego, le prohibieron salir del país. Su novia argentina le salió de garante; la mujer asumió su “tutela conductual”, según el fallo. El lugar donde cumpliría la prisión domiciliaria estaba lejos de un country; la casa quedaba casi en el corazón de la Villa Tranquila, entre construcciones sin revoque.

Así y todo, “Bozo” escapó. Su ausencia fue notada durante un control del SPF. Nunca lo volvieron a encontrar. Sigue prófugo hasta hoy.

Los amigos y las mañas

Silla de ruedas o no, Ratkovic siempre fue un tipo escurridizo. Logró un DNI argentino, número 62 millones y el que es reservado a detenidos nacionalizados, gracias a que cayó preso; su domicilio fiscal es una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.

Estuvo encerrado por asociación ilícita en un penal del SPF entre 2016 y 2020, condenado por el Tribunal N°1 en lo Penal Económico. Allí, trabajó por el sueldo de presos para tareas menores, un empleo en blanco.

Chofer de camión, según dijo él mismo, operaba bajo varios alias como “Goran Simic”. Sus jugadas narco están registradas al menos desde 2008, con presuntos cómplices en ciudades como Medellín, Colombia. La Justicia argentina, incluso, pidió años atrás su extradición a Brasil, país donde tenía pasaporte y donde fue detenido en 2012 en Porto Alegre.

Ya preso en Ezeiza, pidió ser excarcelado en septiembre de 2022 mediante un recurso presentado por su defensor oficial, un abogado que el Estado le pagó a un narco de alto vuelo.

El Tribunal N°4 de San Martín denegó la medida con buen tino. En su fallo, los jueces recordaron que, en una requisa, le encontraron a Ratkovic 2300 dólares y documentos a nombre de un brasileño y que, horas antes de que lo detuvieran en abril de 2022, hizo un llamado donde detalló un plan para escapar a Bolivia. Precisamente, entre los papeles que le encontraron, estaba un carnet de vacunación del coronavirus emitido por el Estado boliviano.

En paralelo, le descubrieron un pedido de captura ordenado por Interpol en Sarajevo, de un expediente que databa de 1999. Cuando cayó preso, vivía en una casa alquilada por uno de sus cómplices, Diego Hernán Radinja.

La noticia de su escape rápidamente llegó a policías de alto rango que reaccionaron con fastidio ante la fuga más insólita de los últimos años, comisarios que tampoco creían en la supuesta mala salud de Ratkovic.

La alerta, por otra parte, llegó a las autoridades el mismo día que José Daniel Sofía, alias “El Tano” y vinculado a “Bozo” en una investigación de la PFA por intentar mover 1600 kilos de droga a Dubai y de amenazar a la jueza Sandra Arroyo Salgado, era condenado a 11 años de cárcel.

La Policía Federal le plantó un agente encubierto a “Bozo” y a “El Tano”, en el marco de una causa investigada por el área Hidrovías del Paraná de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y el Juzgado Federal de Campana. Ese expediente llevó a Ratkovic de vuelta a la cárcel para luego escapar. Ese agente fue testigo privilegiado de una curiosa reunión entre ambos.

El agente encubierto

La maniobra que llevó a prisión a “Bozo” y su banda comenzó en el Puerto de Zárate, sobre el Paraná de las Palmas. El 31 de marzo de 2022, la organización logró ingresar cinco bolsos con 165 kilos de cocaína de máxima pureza en el buque Grande Francia de la naviera Grimaldi, un gigante de 214 metros de eslora bajo bandera italiana. Los paquetes de polvo iban disimulados en un cargamento de cereales con rumbo a España.

Lo que no sabía la banda es que alguien los había vendido. La Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal tenía el dato, al menos desde mayo, de que alguien realizaría una jugada sucia.

Así, se abrió el contenedor y se testeó la droga, bajo órdenes de la Justicia federal. Los panes tenían cierto folklore: estaban ilustrados con la clásica imagen de Al Capone. También tenían otra imagen, una un tanto más oscura, la foto policial de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el líder del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, un verdadero terrible del negocio de la droga.

Quien vendió a la banda fue, precisamente, el agente encubierto, quien le habilitaba a la banda la entrada al puerto. Y quien le presentó a Ratkovic al agente fue Mónica Liliana Gutiérrez Valencia, una mujer colombiana que es una vieja conocida de la Justicia. Ya había sido arrestada en el país en 2012 por cocinar polvo junto a su novio argentino.

Mónica “lo presentó como la persona interesada en ingresar al puerto de Zárate para verificar las instalaciones y los contenedores”, asegura otro documento de la causa. “Bozo”, luego, “estuvo presente en una reunión llevada a cabo el 6 de agosto del año 2021 con el agente encubierto en la sede de la Oficina de Resguardo de AFIP correspondiente al Puerto de Zárate”.

Llegó al Puerto en una Volkswagen Amarok junto a un pequeño séquito; allí estaba, por ejemplo, Diego Radinjka. En ese encuentro, estuvo presente “El Tano” Sofía. Poco antes de la reunión, “El Tano” y el agente conversaron a solas. Allí, Sofía describió un poco al jefe de la banda:

Sofía: Ahora lo vas a ver. Es medio duro.

Agente: ¿Habla español?

Sofía: Habla muy poco.

Poco más tarde, “Bozo” hizo su aparición con un simple: “Hola, ¿cómo va?“. Su jerarquía sobre “El Tano” se volvió clarísima en el encuentro. Sofía hablaba de “laburar”, de exportar “harina de soja”, de una línea con el puerto de Rosario. El agente le advirtió a “Bozo”, de acuerdo a su propia transcripción del relato, que su nombre llamaría la atención.

“Bozo”, entonces, dijo:

-Está bien, está bien, yo creo todo aquí, yo quería hablar, conocer gente.

Al año siguiente, el narco serbio cayó con el resto de su organización. Les encontraron dólares, armas largas y más droga. Parte de la banda fue condenada en diciembre de 2024 por el TOF N°4 de San Martín. Entre ellos estaban Mónica y Diego Radinja, que recibieron seis años de cárcel y fueron declarados reincidentes, así como Dragan Rangelov, un hombre mitad serbio, mitad búlgaro, que recibió la misma pena.

Rangelov pidió meses más tarde el trámite de extrañamiento, que lo echaran de vuelta a Europa del Este al haber cumplido la mitad de su condena, tal como prevé la ley argentina. La Justicia se lo denegó. Tal vez, “Bozo” lo esperaba allí. Altas fuentes en los organismos de seguridad sospechan que Ratkovic habría escapado devuelta a su país. Hay un detalle clave: Serbia no extradita a sus nacionales.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó parcialmente los procesamientos contra 52 agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la causa donde investigan excesos de la fuerza durante la contención de una protesta en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Los hechos investigados se desarrollaron entre el 9 y el 13 de junio de 2019, específicamente en el Pabellón B de la Unidad Residencial III. La causa está radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por el juez Luis Antonio Armella, y se encuentra a un paso de ser elevada a juicio oral.

Los incidentes empezaron con una protesta de un grupo de internos que se quejaron de un “cambio intempestivo y arbitrario del horario de visitas”. Según los testimonios recabados, las autoridades penitenciarias habían reducido el tiempo de encuentro con familiares de tres a dos horas y modificado el sistema de visitas mixtas.

En respuesta a estas modificaciones, los internos insultaron a los celadores y a arrojar elementos contra el acrílico que recubre la guardia. Luego sacaron sus colchones de goma espuma de las celdas y los prendieron fuego.

Las filmaciones de las cámaras que hay en el pabellón mostraron a los internos blandiendo lo que serían facas y cuchillas y golpeando la celaduría, además de bloquear el acceso al pabellón.

Ante esta situación, los celadores informaron telefónicamente la situación a la Jefatura de Turno, quienes requirieron el auxilio e intervención de grupos operativos con el objetivo de ingresar al pabellón, reprimir a los internos y restablecer el orden.

Para ello, se conformó un “cuerpo de requisa extraordinario” integrado por 39 agentes provenientes de distintas unidades residenciales y del Hospital Penitenciario Central.

Este grupo, provisto de escopetas, realizó disparos con munición anti-tumulto desde la puerta de acceso al pabellón hacia el interior, en algunas ocasiones apuntando directamente a los internos, y otros uniformados arrojaron gas lacrimógeno hacia el SUM (salón de usos múltiples), siempre de acuerdo a la reconstrucción que consta en la causa judicial.

Una vez despejado el lugar, los integrantes del cuerpo de requisa ingresaron al pabellón y redujeron a los internos mediante el uso de fuerza. Varios fueron obligados a replegarse sobre un extremo del pabellón, en un rincón de las celdas 9 y 10, donde cayeron unos sobre otros, conformando una “montaña humana”.

En este lugar, ya reducidos y sin posibilidades de resistencia -según definió el Juzgado al ordenar los procesamientos-, los reclusos fueron golpeados por los agentes con elementos contundentes, les arrojaron gas pimienta en sus rostros y les dispararon con munición anti-tumulto en forma directa y a corta distancia, ocasionándoles diversas lesiones.

Las lesiones incluyeron equimosis, excoriaciones, heridas cortantes y tumefacciones, y en algunos casos, fracturas óseas. Peritos de Gendarmería Nacional constataron que eran compatibles con heridas producidas por postas de goma.

Simultáneamente, un grupo de nueve internos se refugió dentro de una de las celdas individuales (la número 10), cerrando su puerta para protegerse de las agresiones. En esta unidad, los uniformados les habrían arrojado gas pimienta desde la mirilla de la puerta y otros agentes les lanzaron un gas similar desde el patio exterior a través de la ventana, mientras les proferían insultos.

Esto provocó que los internos se ahogaran, y uno de ellos llegó a meter su cabeza en el inodoro por la desesperación de no poder respirar. La agresión en la celda 10 se extendió por al menos media hora, a pesar de los gritos de auxilio. Una vez reducidos, los internos fueron obligados a desnudarse y a dar cuenta de las lesiones sufridas.

Lo que dijo la Cámara

“La hipótesis de la fiscalía y del juez, acerca de que estamos en presencia de un hecho de tortura, resulta, en principio, razonable”, concluyó la Cámara Federal platense, en un fallo que lleva la firma de los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo.

En su resolución subrayaron que la violencia utilizada por los funcionarios fue incomparablemente mayor a la resistencia de los internos y tuvo la finalidad de infligir dolor psíquico y físico con para castigar el reclamo.

En paralelo, el tribunal revocó los procesamientos por tortura de dos agentes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS). La defensa de estos efectivos explicó que su función era la de “bomberos”, encargados de apagar los incendios y ventilar los ambientes, sin participación en las acciones directas de agresión.

La responsabilidad de los médicos

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora también procesó a dos médicos de guardia que atendieron a los presos. Por un lado les atribuyeron el delito falsificación de documentos públicos, ya que los consignaron falsamente que varios internos no presentaban lesiones visibles, con la presunta intención de ocultar los efectos de la represión.

También los habían procesado por el delito de tortura. Sin embargo, la Cámara modificó este punto a “omisión de denunciar torturas”. El tribunal de alzada consideró que los médicos tuvieron conocimiento directo de las agresiones y lesiones padecidas por los internos inmediatamente después de la requisa, pero se limitaron a observarlos a distancia y no realizaron exámenes corporales adecuados, consignando solo parcialmente lo que los internos manifestaban.

Informes posteriores de otros médicos y del Cuerpo Médico Forense demostraron que las lesiones eran mucho más extensas de lo que los médicos imputados certificaron inicialmente.

El castigo después de la represión

Posteriormente al operativo de requisa, entre el 10 y el 13 de junio, las autoridades de la Unidad III implementaron un “régimen de sectorización” en el Pabellón B. Este régimen fue propuesto por el Comité de Seguridad y aprobado por el Director de dicha unidad.

Aunque se argumentó que era una medida preventiva, el tribunal determinó que en la práctica se aplicó como una sanción colectiva e indiscriminada. El régimen consistió en un aislamiento que dividió a los internos en grupos, permitiendo salidas limitadas y escalonadas de sus celdas.

Durante este periodo, los internos no recibieron todas las raciones diarias de comida, ya que las viandas fueron dejadas en el piso del pabellón, fuera del alcance de sus destinatarios, y muchas fueron devoradas por las ratas.

Adicionalmente, no se realizó la limpieza del pabellón, se privó a los internos de luz artificial en las celdas, el SUM y las duchas, y las instalaciones sanitarias estaban tapadas o en mal estado, con muchas ventanas sin protección de policarbonato a pesar de encontrarse en periodo invernal.

Una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias visitó el pabellón el 13 de junio de 2019, y corroboró el “estado desesperante” en que se encontraban los detenidos, quienes reclamaban a gritos por comida y agua, según plasmaron en su informe. Tras esta visita, el Director de la URIII dejó sin efecto el régimen de alojamiento sectorizado.

La Cámara confirmó los procesamientos por tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos para las autoridades y los Jefes de Turno que instrumentaron este régimen -en total ocho funcionarios- al considerar que conocían las condiciones degradantes y que la modalidad tenía una finalidad de castigo.

Finalmente, el Jefe de Día del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza también vio su procesamiento confirmado por “omisión de evitar la comisión de torturas”. Si bien llegó al pabellón después de que concluyera el procedimiento de requisa inicial, los jueces determinaron que tenía competencia y conocimiento para hacer cesar las condiciones ilícitas del régimen de sectorización, lo cual no hizo hasta la intervención de la comitiva judicial el 13 de junio.

Con fundamento en la reciente ley ”Antimafias”, un juez federal de Mendoza dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y encubrimiento. La estructura, según surge de la investigación, operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, donde dos de sus integrantes -detenidos por otras causas- lideraban las distintas maniobras ilícitas.

La resolución estuvo a cargo Marcelo Garnica, juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de la jurisdicción mendocina, donde se aplicó por primera vez el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado en marzo de este año por la Ley 27.786. Dicha norma, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias, establece penas agravadas para quienes participen en bandas ilegales dedicadas a la comisión de delitos graves. “Estas conductas presentan un claro diseño delictivo estructurado y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del Complejo Penitenciario Federal de Mendoza, y responden a una lógica de coordinación funcional entre sus integrantes”, explicó el magistrado en su resolución.

Según publicó el sitio del Ministerio Público Fiscal, los procesamientos se enmarcan en un expediente iniciado el 5 de junio de 2024, a partir de una denuncia anónima radicada ante la actual Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, bajo la dirección del fiscal federal Fernando Alcaraz. Las tareas investigativas, coordinadas junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional, incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de celulares y vigilancia sobre distintos domicilios. Como resultado, se identificaron los roles de los integrantes de la organización y los sitios de acopio y distribución de estupefacientes y armas, entre ellos una propiedad al pie de la montaña conocida como “Finca La Abuela”.

Una segunda denuncia anónima aportó datos adicionales sobre la modalidad de ingreso de drogas al establecimiento carcelario: mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos a controles con escáner, habrían sido utilizados para introducir las sustancias. También se mencionó la presunta colaboración de agentes penitenciarios, aunque el juez aclaró que dichas participaciones “todavía no han sido probadas”.

En rigor, el artículo 1° de la Ley 27.786 establece que su objetivo es “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”, entendidas como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Entre esos delitos se encuentran los tipificados en la Ley 23.737 sobre estupefacientes, como es el caso.

A su vez, el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por esta norma, reprime con prisión de ocho a veinte años al que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” vinculada a delitos graves, incluso cuando la organización no cumpla con los requisitos formales del ilícito previsto en el artículo 210 bis, referido a la asociación ilícita agravada.

En el caso investigado, la banda no solo habría coordinado la venta de drogas en el exterior del penal, sino también su distribución en el interior a través de métodos que evitaban los controles penitenciarios. Según la acusación, la red también habría puesto en práctica un sistema de encubrimiento mediante vehículos con “irregularidades dominiales” y habría recurrido al uso de armas de fuego.

Entre el 14 y el 22 de marzo de 2025, se realizaron 21 allanamientos ordenados por el fiscal Alcaraz. En esas diligencias participaron fuerzas federales y provinciales, que lograron detener a los diez imputados. Durante los operativos se secuestraron seis armas de fuego, dos réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones, 498 gramos de cocaína, 647 gramos de marihuana, 14 plantas en desarrollo, semillas de cannabis, troqueles de LSD, seis balanzas, tres autos, dos motos, más de 90 celulares y documentación.

En la resolución, el juez Garnica indicó que los imputados actuaron “en concurso real” respecto de los delitos de tráfico de estupefacientes agravado -por la participación de tres o más personas, la intervención de menores y su comisión dentro de un centro de detención-, tráfico de armas y encubrimiento agravado. Bajo esos parámetros, la figura del artículo 210 ter permite acumular las penas previstas para estos delitos y aumentarlas “en el doble del mínimo y del máximo”.

Además, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía para incorporar a los dos supuestos líderes de la banda al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), según la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad. Esa disposición, firmada por la ministra Patricia Bullrich en enero del año pasado, implica un régimen de detención con mayor supervisión, articulado para “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas" alojados en dependencias del SPF.

Por otra parte, la normativa antimafias también contempla medidas patrimoniales. El artículo 10 prevé el decomiso anticipado aún sin condena, cuando exista “sospecha fundamentada del origen ilícito” de los bienes. En línea con ese principio, el juez Garnica trabó embargos sobre los imputados hasta cubrir la suma de $4.680.000 por persona.

Hay alarma en La Pampa. Es que Luis Alberto Villagra, de 65 años, se escapó de la Unidad 4 Colonia Penal de Santa Rosa.

Según pudo saber Infobae, no se trata de un preso, ahora prófugo, cualquiera: Villagra había sido condenado a 20 años de cárcel por haber secuestrado en 2015 a una pareja en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Durante el cautiverio, el hombre fue golpeado y torturado, mientras que la mujer fue víctima de abuso sexual. El agresor fue, precisamente, el hombre que se escapó en las últimas horas.

La evasión se produjo este martes alrededor de las 7:30, cuando Villagra se dirigía a la chanchería ubicada dentro del predio penitenciario, donde cumplía labores asignadas, según reportó el portal La Arena de La Pampa: “Aprovechó y se fue”.

Villagra cumple una pena de 20 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín el 11 de febrero de 2019, con intervención del fiscal general Alberto Gentili y el responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich.

No estaba solo en el banquillo de los acusados: dos de sus tres cómplices cayeron con él. Pablo Daniel Teglia y Rodrigo Nicolás Di María recibieron penas de 14 y 13 años de cárcel, respectivamente. Un cuarto sospechoso logró escapar arrojándose al río Matanza.

El caso que le valió la condena a Villagra y lo llevó a vivir al penal de La Pampa del Servicio Penitenciario Federal fue investigado por la Fiscalía Federal Nº1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso.

Fue entre el 7 y el 8 de mayo de 2015 que se sucedieron los hechos. Una pareja fue secuestrada por una banda integrada por cuatro hombres, algunos de los cuales vestían uniformes policiales.

A las víctimas las mantuvieron privadas de su libertad en una vivienda del barrio Esperanza, en Virrey del Pino, y las sometieron a violencia física y psicológica. El hombre fue golpeado y picaneado. Cuando la mujer acudió con el dinero al punto pactado, también fue capturada y trasladada al mismo lugar de cautiverio.

Tras el pago parcial, el hombre fue liberado con la consigna de reunir más fondos. Una vez en libertad, alertó a las autoridades, y se desplegó un operativo que culminó con la irrupción del grupo táctico Halcón en el domicilio, donde hallaron a la mujer maniatada.

Durante ese procedimiento, fueron arrestados Villagra, Teglia y Di María. Se incautaron teléfonos celulares, armas, municiones y dinero en efectivo. En su declaración, la víctima denunció que Villagra había abusado sexualmente de ella durante el cautiverio. Aunque no logró consumar la violación, la agresión quedó documentada en la causa y fue incorporada como agravante en la acusación fiscal.

El fiscal Gentili pidió para Villagra una condena de 22 años, señalando que el imputado había actuado como coautor de secuestro extorsivo doblemente agravado —por el número de participantes y por el cobro del rescate—, en concurso ideal con robo doblemente agravado, y en concurso real con tenencia ilegítima de armas de fuego y abuso sexual agravado por el uso de armas.

Los jueces Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Diego Leif Guardia hallaron acreditada su responsabilidad y lo condenaron.

Con domicilio en González Catán, Villagra estaba incorporado al sistema penitenciario desde el 12 de mayo de 2015, apenas cinco días después de los hechos. La libertad asistida estaba programada para el 5 de diciembre de 2034, mientras que la mitad de la condena se computó el pasado 5 de junio. Su vencimiento total de pena estaba previsto para el mismo día, pero de 2035.

En 2021, se le había concedido un estímulo educativo de diez meses, pero el nombre de Villagra saltó a los medios una vez preso en marzo de 2020, cuando pidió que le den la domiciliaria luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, ya que tenía comorbilidades. El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín le rechazó el pedido porque por ese entonces el Gobierno no había aún declarado el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

Tras la fuga, las autoridades desplegaron un operativo de recaptura y se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en que Villagra logró evadirse.

El Gobierno confirmó el inicio de una profunda reestructuración de las fuerzas federales. Los cambios, oficializados esta madrugada a través de la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial, están relacionados con un rediseño de las estructuras orgánicas y funcionales de organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión afecta a las principales instituciones encargadas de la seguridad interior, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La reforma se enmarca dentro del objetivo de optimizar los recursos disponibles, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según los textos oficiales, la reorganización responde a la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos y adaptarse a contextos dinámicos que requieren estructuras flexibles y eficientes.

Las modificaciones no solo afectan la designación de funciones y responsabilidades, sino que también introducen novedades en la administración interna y los procedimientos de actuación. La publicación de los nuevos organigramas representa un cambio significativo en la gestión del sistema federal de seguridad.

Por ejemplo, la PSA podrá cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, es decir, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.

Servicio Penitenciario Federal

En el caso del SPF, la reforma más relevante es su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio responde a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.

Además del cambio de dependencia, el SPF tiene un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantiene gran parte del contenido original, la nueva normativa incorpora una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

Se introducen reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.

Prefectura Naval Argentina

En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modifica la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.

El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganiza su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

Así, se fortalecen sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.

Policía de Seguridad Aeroportuaria

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención modificó artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto amplía el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.

Entre los cambios figura la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizan los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.

Gendarmería Nacional Argentina

Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogó la ley sancionada en 1972, y se la remplazó por un nuevo estatuto. El texto eliminó referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituyo por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.

Se redujo la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizó todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzó el control interno, se revisó el sistema disciplinario y se estableció normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.

Se clasificaron sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitó su participación en misiones internacionales.

En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.

“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo", explicaron.

El Gobierno avanza con un paper sobre una serie de reformas estructurales que reconfigurarán las funciones, la organización interna y las potestades de las principales fuerzas de seguridad federales. Los cambios que impulsan alcanzan a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el denominador común de las reformas que busca el Gobierno es la profesionalización del personal, la reestructuración organizativa, la actualización normativa y el traslado definitivo de estas fuerzas al ámbito del Ministerio de Seguridad.

Las medidas apuntan a profesionalizar el personal, fortalecer la capacidad investigativa y delimitar con mayor precisión las competencias de cada organismo.

Por ejemplo, la PSA podría cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, por ejemplo, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.

SPF

En el caso del SPF, la reforma más significativa sería su traspaso desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio respondería a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.

Además del cambio de dependencia, el SPF tendría un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantendría gran parte del contenido original, la nueva normativa incorporaría una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

Se introducirían reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.

PNA

En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modificaría la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.

El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganizaría su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

Así, se fortalecerían sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.

PSA

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención apuntaría a modificar artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto ampliará el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.

Entre los cambios figurarían la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizarían los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.

GNA

Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogaría la ley sancionada en 1972, y se la reemplazaría por un nuevo estatuto. El texto eliminaría referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituirá por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.

Se reduciría la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizaría todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzaría el control interno, se revisaría el sistema disciplinario y se establecerían normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.

Se clarificarían sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitaría su participación en misiones internacionales.

En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.

“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo", explicaron.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años y medio de prisión contra Fernando Víctor Alfonzo, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusado de abuso sexual agravado. La víctima era una mujer de 43 años que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica en su vivienda del partido bonaerense de Moreno, en el marco de una causa por trata de personas.

El máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa, al considerarlo inadmisible y dejó firme la pena.

Todo comenzó el 27 de febrero de 2019, cuando Alfonzo —entonces ayudante de tercera del SPF e integrante del equipo técnico de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación— se presentó en el domicilio de la mujer para instalarle el dispositivo de control electrónico, conforme a lo ordenado por el Tribunal Oral Federal Nº5 de San Martín.

La imputada había accedido al beneficio del arresto domiciliario por razones de salud y porque era madre de tres menores.

Cinco días después, Alfonzo regresó a la vivienda para reacomodar el equipo de monitoreo que, según dijo, había quedado mal colocado. En esa visita, la invitó a caminar por el jardín y le indicó que podía desplazarse dentro de ese perímetro. Fue en ese contexto que la tocó del hombro, le preguntó si estaba sola y le sugirió que podía drogarse o consumir alcohol sin que nadie se enterara.

Al día siguiente volvió, esta vez con otro objetivo. Según se acreditó en el juicio, el acusado regresó al lugar, la extorsionó y la obligó a subir a su Volkswagen Bora, donde le advirtió que sabía por qué había sido condenada. A continuación, bajo amenaza de presentar informes negativos que pudieran derivar en la revocación del beneficio domiciliario, la forzó a practicarle sexo oral.

No fue el único episodio. Durante el resto del mes de marzo de 2019, Alfonzo volvió al menos tres veces más a la casa de la víctima: los días 7, 8 y 28. En todas las visitas repitió el mismo patrón: extorsión, amenazas y abuso, siempre con la advertencia de que cualquier informe negativo de su parte podía alterar la situación judicial de la mujer.

El ciclo se rompió cuando una de las hijas de la víctima advirtió el cambio de comportamiento de su madre al ver llegar al funcionario. En una de esas ocasiones, lo enfrentó directamente y le exigió que se alejara.

Según la denuncia, Alfonzo respondió: “Ya se van a enterar de mí, ya van a ver lo que les va a pasar”. Tras ese episodio, la joven logró convencer a su madre de presentar una denuncia, que fue tramitada en el Juzgado Federal Nº2 de Morón, con intervención de la Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Sebastián Basso.

Durante el juicio oral celebrado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín, el fiscal general Alberto Gentili solicitó una pena de 8 años y 9 meses de prisión, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones en fuerzas de seguridad.

En su alegato, Gentili destacó que el hecho encuadraba como una forma de violencia institucional ejercida por un funcionario público sobre una mujer en situación de vulnerabilidad, y reclamó atención especial a los compromisos internacionales en materia de integridad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

El tribunal finalmente condenó a Alfonzo a 8 años y 6 meses de prisión, sumado a la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cualquier fuerza de seguridad.

En su fallo, los jueces destacaron que en este tipo de casos, cometidos en la intimidad y sin testigos presenciales, debe aplicarse el principio de amplitud probatoria de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que otorga especial relevancia a la declaración de la víctima.

A su vez, el tribunal envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitando que se evalúe la conveniencia de que el control del arresto domiciliario de mujeres no esté a cargo de personal masculino, y que se refuerce la capacitación del personal de la DAPBVE, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar el cumplimiento efectivo de las Reglas de Mandela, además de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará.

Con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme. Alfonzo permanece detenido y ya no podrá apelar su sentencia.

Un subprefecto retirado, que cumplió servicio en el Servicio Penitenciario Federal, mató de un disparo a un adolescente de 14 años que intentó asaltarlo junto a otros cómplices en la puerta de su casa del barrio Carlos Gardel, en el partido bonaerense de Morón.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió el domingo pasado en las inmediaciones de la intersección de las calles Cacique Catriel y Fluguerto, a donde llegó personal policial tras un llamado al 911.

La víctima, identificada como Joel Benjamín Trovato, con domicilio en el mismo barrio, fue hallado tendido en la vía pública, sin signos vitales y con una herida de arma de fuego.

Según el testimonio del ex prefecto, de 70 años, todo sucedió cuando llegaba a su domicilio a bordo de su Jeep Renegade blanca.

En ese momento, fue sorprendido por cuatro hombres, quienes descendieron de un Peugeot 208 de color blanco. Dos de ellos, con armas de fuego, intentaron sustraerle el vehículo. El ex agente, tras el intento de asalto, realizó un disparo con su arma de fuego personal y mató al menor.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Morón, a cargo del fiscal Oscar Marcos, quien calificó el caso como homicidio en legítima defensa y, por el momento, no tomó medidas restrictivas contra el prefecto retirado.

En tanto, los demás sospechosos se dieron a la fuga y permanecen prófugos, aunque por el momento, la investigación continúa para identificar a los restantes involucrados.

El recuerdo de Thiago

El caso del adolescente baleado por el ex agente del Servicio Penitenciario tra de inmediato a la memoria el crimen de Thiago Correa, el nene de 7 años baleado en la cabeza por un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), cuando intentaba defenderse de un robo del que era víctima junto a su mamá en Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Pese a los intentos por parte de la defensa del policía, identificado como Facundo Aguilar Fajardo, para explicar que se trató de una legítima defensa, la Justicia resolvió acusarlo del delito homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, y mantenerlo tras las rejas.

Thiago murió luego de más de 24 horas internado en estado crítico por el disparo que recibió en la cabeza mientras esperaba el colectivo junto a su papá a una distancia de aproximadamente 180 metros del lugar del robo.

La fiscalía de Homicidios de La Matanza, con intervención de Diego Rulli, decidió aplicar esta figura penal por sobre la de homicidio culposo (hasta 6 años de cárcel si es agravado) debido a la cantidad de disparos efectuados –once en total–, el horario y el lugar donde ocurrió el hecho, una avenida pública con circulación de personas.

Aguilar Fajardo fue notificado formalmente por el fiscal sobre el cambio de carátula el lunes, cuando volvió a sentarse frente a Rulli para la indagatoria de rigor.

Argumentó que el policía, de 21 años y perteneciente a la Policía Federal Argentina, pudo prever las consecuencias de disparar en esas circunstancias, aunque siguió tirando con su arma reglamentaria y aceptó el riesgo de provocar muertes.

En cuanto a la actuación del policía respecto del presunto ladrón de 18 años que murió por un tiro en el cuello, la fiscalía calificó la acción como exceso en la legítima defensa. Esa decisión se basó en las pericias y en las imágenes de cámaras de seguridad que muestran que los disparos se efectuaron cuando los asaltantes ya estaban en fuga.

En el caso de los otros dos ladrones, ambos de 21 años, resultaron heridos: uno por un disparo en la pierna derecha y el otro por una herida abdominal grave. El cuarto sospechoso logró escapar aunque fue detenido posteriormente.

El episodio ocurrió cerca de las 22.30 del miércoles 4 de junio, en la intersección de avenida Crovara y Madrid. Fabián Correa y su hijo Thiago esperaban el colectivo cuando Aguilar Fajardo, que iba acompañado por su madre y estaba de civil, fue abordado por cuatro hombres armados que intentaron robarle.

En respuesta, el agente federal extrajo su pistola reglamentaria y disparó. En medio del tiroteo, uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, perdió la vida por un tiro en el cuello. Otros dos quedaron heridos de gravedad y el último se escapó.

Durante las pericias en la escena, la Policía Científica secuestró un revólver calibre .38 sin numeración ni municiones, una vaina servida, un proyectil deformado y rastros de sangre de Thiago. El niño murió el viernes, tras pasar más de un día internado en estado crítico.

La Justicia Federal dispuso que la expresidenta Cristina Kirchner cumpla su condena bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica que portará durante seis años, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema.

La resolución, adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, establece que la exjefa de Estado deberá permanecer en su residencia de San José 1111 bajo estrictas reglas y con monitoreo constante.

En ese marco, durante la tarde de este jueves, el comisario de la dependencia 1-C de la Policía de la Ciudad fue a hacer la notificación del inicio del cómputo de la pena. En ese marco, la Justicia notificó el uso de la tobillera y se la colocó en esta jornada.

Además, este jueves, el Tribunal decidió que la ex mandataria pueda hacer uso del balcón del departamento en el que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

“Debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita. Y en cuanto al comportamiento que se le exige adoptar en el citado inciso, se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)”, señalaron en la resolución.

Mientras se completa el proceso, una delegación de la Policía de la Ciudad acudió al domicilio de la exmandataria (el martes, a las 21 horas), para tomarle las huellas digitales de forma manual. Además, le leyeron sus derechos y un acta en la que se le comunicó formalmente su detención domiciliaria y las reglas de conducta que debe mantener.

La tobillera solo podrá ser retirada por orden judicial. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, será el encargado de la colocación y el monitoreo del dispositivo, una vez que reciba la notificación correspondiente.

Cómo es el funcionamiento de la tobillera electrónica

El dispositivo que portará Cristina Kirchner es sumergible (hermético), una característica que responde a experiencias previas en las que personas detenidas intentaron eludir el control ingresando a piscinas. Además es hipoalergénico, resistente al polvo y está diseñado para no interferir en las actividades cotidianas del usuario.

Este aparato, además, forma parte de un sistema que combina una unidad transmisora —la tobillera— y una unidad domiciliaria instalada en la vivienda, similar a un teléfono celular que se instala en su departamento y funciona como un localizador o GPS.

Ambos equipos se comunican en tiempo real con el Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que opera de manera continua, las 24 horas del día y los siete días de la semana. La unidad transmisora, que se reemplaza cada año, tiene una vida útil de 104 semanas.

El sistema de radiofrecuencia permitirá el monitoreo en tiempo real y está compuesto por dos teléfonos celulares: uno que puede recibir llamadas en cualquier momento y que la expresidenta debe atender obligatoriamente, y otro que controla el perímetro de movimiento. Si se detecta una violación del arresto domiciliario, el sistema emite una alerta inmediata.

Además, la tobillera transmite señales codificadas por radiofrecuencia, informando si está correctamente colocada, si existen intentos de manipulación, el nivel de batería y si se mantiene dentro del rango de la unidad domiciliaria. Además, el dispositivo inicia comunicaciones automáticas con los servidores del centro de monitoreo, utilizando línea fija o celular, para reportar eventos relevantes como salidas no permitidas, ingresos a zonas prohibidas o desconexiones.

La unidad domiciliaria puede actualizarse de forma remota y dispone de una batería de respaldo para asegurar su funcionamiento ante eventuales cortes de energía. Además, avisa con antelación cuando requiere ser reemplazada, lo que le permite a las autoridades anticipar cualquier inconveniente técnico.

Actualmente, la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica supervisa unos 5.000 casos de personas que cumplen arresto domiciliario con este tipo de dispositivos, evaluando las condiciones técnicas y supervisando el funcionamiento del mecanismo.

Un operativo ordenado por la Justicia Federal de Salta derivó este martes en la detención de siete personas dentro del Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, en el marco de una causa por venta de estupefacientes y tráfico de teléfonos celulares. Las medidas fueron llevadas a cabo durante el horario de visitas, bajo la coordinación del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, con intervención de la jueza federal 2, Mariela Giménez.

La irrupción en el penal se produjo minutos después del mediodía y contó con la participación de fuerzas nacionales, que desplegaron un amplio operativo de seguridad. Según le confirmaron fuentes vinculadas a la investigación a Infobae, la maniobra fue parte de una serie de procedimientos que ya concluyeron y que dejaron como saldo el secuestro de numerosos celulares y la detención de siete internos y sospechas sobre personal del Servicio Penitenciario Federal.

Según consignó El Tribuno, el despliegue se activó en el momento en que se realizaban las visitas dentro del complejo. Una vez asegurado el lugar, se evacuó a los visitantes para permitir el ingreso de los uniformados, quienes sorprendieron a los reclusos en plena jornada de actividades. Al enterarse de la presencia de las autoridades, varios internos intentaron deshacerse de objetos comprometedores. Literalmente, comenzaron a lanzar envoltorios con sustancias y dispositivos móviles por las ventanas de los pabellones.

Un detalle central del procedimiento fue el uso de un dron de la Gendarmería Nacional, que sobrevoló las instalaciones y captó imágenes en las que se observa a los detenidos deshaciéndose de los elementos ilícitos. “El dron registró cómo algunos internos arrojaban teléfonos celulares al tomar conocimiento de los allanamientos”, indicaron voceros de la causa. Esa maniobra quedó documentada y se incorporó a la investigación como evidencia clave.

Además de los aparatos electrónicos, los investigadores encontraron envoltorios con drogas y otros elementos de valor para la causa, que serán sometidos a peritajes y análisis. La hipótesis que manejan los fiscales apunta a la existencia de una red de comercialización de estupefacientes dentro del penal, facilitada por agentes del Servicio Penitenciario que habrían permitido el ingreso y la circulación de los productos ilegales.

“Al parecer son algunos de los que se encargaban de vender droga en el interior del penal”, señalaron fuentes con acceso al expediente, en referencia a los reclusos detenidos.

Los videos obtenidos por los investigadores, en los que se observa a los internos realizando transacciones de drogas, ya forman parte del cuerpo probatorio. Las autoridades judiciales no descartan nuevas detenciones en los próximos días, en función del análisis del material secuestrado y del avance de las pericias en curso.

Por el momento, tanto los internos como los agentes penitenciarios arrestados continuarán detenidos mientras se evalúa su situación procesal. El caso permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Salta y el juzgado federal a cargo de Mariela Giménez.

Ahora bien, una segunda secuencia que impresiona fue captada por un dron de la fuerza de seguridad que registraba el exterior del establecimiento, ese mismo día: el video muestra cómo algunos internos arrojan celulares por las ventanas, mientras el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal auxiliar Roxana Gual participaban del procedimiento en el interior. “Gritaban ‘requisa, requisa’”, indicó un detective que estuvo en el lugar en ese momento.

Esa maniobra quedó documentada y se incorporó a la investigación como evidencia clave.

Puntualmente, el allanamiento se realizó en el sector Polimodal de Tratamiento de la prisión que había sido, hasta ese momento, dominio de “El Patrón”, un narco condenado que había trasladado su negocio ilícito al pabellón, con la ayuda de una mujer y un hombre, con domicilio en Orán, que suministraban cocaína y marihuana para la comercialización intramuros, a través del sector de visitas.

“Por esa razón, creemos que esto no pudo hacerse sin la complicidad de agentes del Servicio Penitenciario”, indicaron los investigadores a este medio.

El Sector Funcional III también fue objetivo de los gendarmes que detuvieron en la cárcel a siete internos, entre ellos, el líder, que quedó con prisión preventiva por el plazo de seis meses, es decir hasta el 12 de diciembre, en calidad de organizador, tras la formalización de imputaciones que se realizó este jueves, con intervención de la jueza federal 2 de Salta, Mariela Giménez.

Sus cómplices recibieron la misma medida por comercialización agravada, entre ellos las dos personas que facilitaban los estupefacientes. La mujer es pareja de uno de los presos detenidos.

Las fuentes detallaron que “El Patrón” ya había sido detenido con 283 envoltorios con cocaína y 5 con marihuana en su celda. Había llegado a Güemes por una causa por la que fue condenado por un trasporte agravado de droga.

Durante el procedimiento de Gendarmería secuestró aparatos de telefonía, envoltorios con drogas y otros elementos de valor para la causa, que serán sometidos a peritajes y análisis.

El penal de Güemes, de mediana seguridad, fue habilitado en 2011 y con una superficie de 60 hectáreas.

De acuerdo al sitio del SPF, el sector Polimodal de Tratamiento tiene capacidad para albergar a 48 internos, divididos en cuatro pabellones con capacidad para 12 presos cada uno.

En cuanto al Sector III tiene capacidad para albergar a 96 internos, divididos en dos pabellones con capacidad para 48 internos cada uno.

Uno de los célebres capos del narcotráfico en Argentina que pasaron por esa prisión fue Ricardo Rojas, alias el “Coya”. También sus pabellones contaron con la presencia de Delfín Reynaldo Castedo, conocido como el “patrón del Norte”, en alusión al colombiano Pablo Escobar.

Fue una seguidilla de “no” proveniente de internos de renombre alojados en celdas contiguas. Ocurrió el 17 de mayo pasado. El Servicio Penitenciario Federal se encontró con que presos de alto perfil que están detenidos en el Módulo I del Pabellón K del Complejo Federal I de Ezeiza rechazaron en simultáneo la comida provista por la administración carcelaria.

Entre los nombres que figuran en las actas aparecen varios internos conocidos públicamente: el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, el ex fiscal Julio César Castro y Elías Piccirillo, preso por plantarle droga a una pareja en connivencia con policías.

La situación, que no fue presentada como una huelga de hambre, pero sí como un rechazo al racionado que ofrece el penal, quedó asentada en documentos oficiales y por dos testigos. A eso tuvo acceso Infobae.

La decisión de no aceptar la comida oficial no implica un abandono total de la alimentación. Según las mismas fuentes, los detenidos optaron por consumir exclusivamente lo que les sea entregado desde el exterior, es decir, comida ingresada a través del régimen de visitas.

Los internos que se negaron a recibir las viandas entregadas por el penal fueron los siguientes:

• Juan Ariel Cristian Heine, alojado en la celda Nº2 y con sentencia firme a 14 años de prisión tras haber sido hallado culpable de liderar una organización criminal dedicada a usurpar propiedades entre 2005 y 2006.
• José Alberto Tomás Uriburu, alojado en la celda Nº3, el abogado preso que había cobrado notoriedad mediática en la cuarentena por la pandemia de COVID19 por haber corrido una maratón de 42 kilómetros en su departamento.
• Ulises “Pitufo” Romero Godoy, alojado en la celda Nº4, integrante de una organización narcocriminal que operaba en la Villa 1-11-14.
• Elías David Piccirillo, alojado en la celda Nº5 tras haber sido procesado junto a siete policías porteños y a un ex integrante de la Policía Federal por falsear un operativo para detener de forma ilegal a una pareja.
• Ricardo Raúl Jaime Silvestre, alojado en la celda Nº6, el ex secretario de Transporte de la Nación que cumple la condena por la tragedia de Once.
• Julio César Castro, alojado en la celda Nº7, el ex fiscal condenado a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual.
• Gustavo Alberto Semorile, alojado en la celda Nº8, el abogado vinculado al ex fiscal Claudio Scapolán.
• Mariano José Mera Alba, alojado en la celda Nº9, el ex asesor del municipio de Merlo e hijo de un ministro del Interior condenado por secuestrar a una joven que convivía con él.

En todos los casos, el procedimiento se desarrolló de la misma forma. El interno fue interrogado respecto a los motivos de su negativa y se le ofreció la posibilidad de realizar alguna manifestación adicional. Las respuestas fueron nulas. Ninguno expresó verbalmente las razones del rechazo ni incorporó aclaraciones o modificaciones al acta.

De hecho, todos se rehusaron a firmar el documento que había sido leído en voz alta por el personal penitenciario. Para constatar la validez del acto administrativo, y no habiendo testigos civiles en establecimientos carcelarios, las actas fueron rubricadas por el subalcaide y por dos agentes.

“Estos presos están acostumbrados a comer salmón del hotel Faena. Entonces, claro, cuando les llega la vianda, les llega un poquito fría y medio que les parece una porquería. Por eso se quejan. Y la humedad es la humedad típica”, deslizaron voceros con conocimiento del expediente ante la consulta de este medio.

Es que, en paralelo, los internos también manifestaron molestias por el estado de humedad dentro de las celdas, según trascendió en los registros informales del penal. Aunque esta circunstancia no fue consignada en los documentos oficiales, sí fue mencionada por quienes conocen de cerca la situación diaria del Pabellón K.

En una resolución dictada este jueves de manera unánime, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra dos jefes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por hechos de abuso sexual, violencia de género y abuso de autoridad cometidos contra dos trabajadoras bajo su supervisión en la Unidad 32 de Mendoza.

Se trata de un expediente donde la Sala IV del más alto tribunal penal del país, integrado por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, rechazó los recursos presentados por las defensas de los imputados Gabriel Martínez Zanelli y Carlos Maidana Mikunda. De este modo, quedaron firmes las penas impuestas en su contra por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 2 de Mendoza mediante veredicto del 8 de mayo de 2024.

Según esa sentencia, Martínez Zanelli, quien se desempeñaba como director del establecimiento penitenciario ubicado en la capital menocina, resultó condenado a tres años de cárcel de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones en las distintas fuerzas de seguridad. Fue hallado responsable de tres episodios de abuso sexual agravado por haber sido cometidos en el ejercicio de su función como agente de seguridad y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los hechos, por lo demás, fueron calificados como cometidos en “un contexto de violencia de género”.

Maidana Mikunda recibió una condena de dos años de prisión en suspenso por el ilícito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también en un contexto de violencia de género. Asimismo, se le impuso la obligación de realizar capacitaciones en la temática.

De acuerdo a las actuaciones, la causa se inició a partir de la denuncia presentada el 20 de marzo de 2020 por una agente penitenciaria que se desempeñaba como encargada de despacho de la Unidad 32. Según relató, el entonces director del establecimiento, Martínez Zanelli, comenzó a hostigarla tras rechazar sus avances para tener una relación íntima con él, enviándole mensajes de connotación sexual e invitaciones fuera del ámbito del trabajo. La situación se intensificó con conductas invasivas dentro del penal, como seguimientos, controles sobre sus movimientos y restricciones disciplinarias. En uno de los episodios más graves que relató, el acusado, al dejarla en su casa luego de una jornada laboral, le pasó la lengua por los labios al despedirse, y en otro, le pegó con la mano abierta en su pierna derecha a la altura del muslo y le dijo “rajá de acá antes de que esto pase a mayores”.

Meses más tarde, el 11 de octubre de 2020, otra trabajadora del mismo establecimiento -suboficial mayor con más de veinte años de servicio- denunció violencia institucional por parte de Martínez Zanelli y del jefe de Seguridad Interna, Maidana Mikunda. En su presentación señaló que ambos habían incurrido “en actos de misoginia, hostigamiento, discriminación, manipulación, violencia de género y abuso de autoridad contra su persona en su ámbito laboral”, que derivaron en un cuadro de estrés laboral y depresión.

Según reseñó, tras reincorporarse de una licencia psiquiátrica, la suboficial fue recibida con burlas relativas a su aspecto físico -había perdido 13 kilos por culpa de los nervios- y fue sometida a prácticas sistemáticas de control y presión, que incluyeron cambios de horario incompatibles con su medicación, exposición pública y situaciones de tensión frente al personal a su cargo.

Los dos testimonios fueron acompañados por informes técnicos y periciales, declaraciones de compañeros de trabajo y otras pruebas documentales incorporadas al expediente y evaluadas durante el desarrollo del debate oral que culminó con las condenas.

Frente a la decisión del TOCF 2, los abogados defensores interpusieron sendos recursos alegando una “parcialización” a la hora de valorar los elementos probatorios e impugnando la “arbitrariedad” de la resolución.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación consideró a la hora de resolver de manera unánime que los argumentos defensivos eran insuficientes para revocar el fallo de la instancia previa, por lo que decidieron rechazar las apelaciones. De hecho, según los términos del juez Carbajo, que lideró el acuerdo: “Los magistrados de la anterior intervención han transcripto escrupulosamente los relatos efectuados por las denunciantes, de los cuales surge palmaria (...) la mortificación padecida por aquellas y las secuelas emocionales y físicas que fueron consecuencia del accionar de los imputados".

También señaló: “no cabe valorar aisladamente los distintos pasajes relatados por las víctimas que, más allá de la descripción de diversas situaciones violentas, abusivas y angustiantes padecidas, reflejan una posición sostenida en el tiempo que, tal vez desde su individualidad no permitan advertir en toda su dimensión la gravedad de las conductas en juzgamiento, mas relevadas en forma conjunta adquieren ribetes inaceptables en el trato de quienes detentaban, en la faz pública estatal, sólo temporalmente y en esos lugares de trabajo, cargos de autoridad hacia sus subalternos, a lo que cabe adunar que tratándose las víctimas de mujeres se impone en el caso su examen con perspectiva de género".

A su turno, el juez Borinsky destacó el correcto encuadramiento del caso, en línea con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino de actuar para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer“. Luego afirmó: “tal como refirió el Tribunal ‘a quo’, y no fue desvirtuado suficientemente por las partes, Martínez Zanelli y Maidana desplegaron conductas ‘cuya reiteración, resulta demostrativa de una clara misoginia, incurriendo en abusos de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en clara violación a todas las leyes, convenciones y normativas nacionales dictadas en relación’ con los estándares que deben cumplirse en cuestiones de perspectiva de género (...)“.

En idéntica sintonía, el camarista Hornos dijo que el tribunal oral mendocino analizó “pormenorizadamente las evidencias producidas” y logró determinar que “los acusados cometieron los ilícitos atribuidos, en un claro abuso de sus posiciones jerárquicas sobre las víctimas, lo que revela la particular situación de poder sobre éstas que les permitió actuar de tal modo ilegítimo".

Mario Marcelino Pandiani fue un creador de éxitos de la cumbia. Manager durante años del fallecido cantante Leo Mattioli a comienzos de siglo, su vieja productora lanzó un compilado que incluía canciones de Los Palmeras y Dany Lescano, voz de Flor de Piedra. Luego, su vida se fue a pique, un disparo a la vez.

Diez años atrás, Pandiani fue condenado a reclusión perpetua por los asesinatos a sangre fría de dos víctimas, Facundo Ceballos y Ricardo Lemos, crímenes cometidos con premeditación y alevosía. Pandiani mató, creen la Justicia y las familias de sus víctimas, mató por codicia. “Le debían un millón de pesos y lo mataron”, aseguraba en aquel entonces la pareja de Lemos.

Lemos era un empresario, candidato a intendente de San Miguel; desapareció en agosto de 2010. En el marco de su búsqueda, una pila de huesos junto a trozos de ropa y carne humana quemadas fueron halladas en una estancia de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. En noviembre de 2010, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrecía una recompensa de 70 mil pesos de aquel entonces a quien lo entregara. La recompensa también incluía a Marcelo Maradei, supuesto cómplice en común.

En junio siguiente, finalmente, Pandiani fue arrestado por la Policía Bonaerense; Leo Mattioli moriría dos meses más tarde. Ya en 2015, Pandiani, lejos de la cumbia, recibió su condena.

Hoy, con 54 años, encerrado en el penal de Ezeiza, parece un preso modelo; fue presidente del Centro Universitario del lugar durante ocho años. Este año, dada sus buenas calificaciones, el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Mercedes, que supervisa su pena, decidió concederle a Pandiani -representado por la eximia abogada penalista Patricia Croitoru, defensora de pesados como Martín “Banana” Espiasse- el traslado a un penal de régimen abierto, sin salidas transitorias, un encierro con menores restricciones.

“Posee la máxima conducta alfanumérica esperable -ejemplar 10, y un concepto 5-, destacándose que el enrostrado en lo que respecta a su actitud, mantiene un buen trato hacia sus iguales y el personal penitenciario, donde ha sabido respetar las normas institucionales vigentes, no registrando sanciones disciplinarias computables en su legajo carcelario”, asegura un informe penitenciario citado por el Juzgado N°2 en un fallo de abril pasado, que también detalla “objetivos sociales cumplidos” y “estudios terciarios aprobados”.

Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal no efectiviza el traslado. Así, el juez Ricardo Fabio Oliveira Buscarini elevó la cuestión al Poder Ejecutivo Nacional, del que depende el SPF, parte del Ministerio de Seguridad.

En un fallo siguiente, Buscarini Oliveira habla del “tupé y desatino” de desobedecer a un magistrado. También, Buscarini Oliveira habla de “una cuestión sui generis”, donde el acusado no puede regresar a un penal bonaerense: Pandiani ya estuvo preso en penales del SPB, a los que no puede regresar por diversos hechos de violencia en los que no participó. También, cuestionó que si el SPF “no está a la altura de la circunstancia” para proveer un lugar acorde a la decisión del juez, “deberá aprobarse dicha sinceridad”.

Luego, el juez apuntó: “Remítase copia de la sentencia condenatoria y cómputo de pena al efecto, al nuevo lugar de alojamiento de Pandiani, quedando anotado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”.

Esto lleva a una controversia casi nunca vista en los tribunales:

“El juez lo pone a Pandiani bajo la órbita del PEN porque no le hacen caso en el SPF. Sin embargo, el juez debería resolverlo”, asegura una fuente cercana al expediente.

La controversia, en el fondo, se trata de una cuestión de nota de concepto; para el SPF, el 5 de Pandiani no es suficiente junto con la pena que le fue impuesta. “El interno tiene una pena de reclusión perpetua y una clasificación 10/5. Esta situación hace imposible su traslado a la Unidad 19, la Colonia Penal de Ezeiza, de régimen semi abierto”, asegura una fuente oficial al tanto del caso. Sin embargo, el juez de Mercedes lo aprueba. Mientras tanto, el ex manager de Leo Mattioli sigue preso en Ezeiza.

El traslado de los presos de la Penitenciaría N°34 de Ezeiza a un penal militar en Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, por parte del SPF fue confirmado a EFE por fuentes oficiales.

Desde la Armada Argentina señalaron a EFE que entre los beneficiados del traslado se encuentran el capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el capitán de navío Carlos Guillermo Suarez Mason (hijo), ambos condenados a cadena perpetua por secuestros, torturas, homicidio y desaparición de personas.

Ante esta situación, la diputada nacional de izquierda Vanina Biasi presentó en el Congreso argentino un proyecto de repudio en el cual denunció que "esta medida se inscribe en el marco de una política (...) de Milei para amnistiar a los genocidas de la última dictadura militar".

De acuerdo a la agrupación de derechos humanos HIJOS, los condenados trasladados tendrán “condiciones privilegiadas como celdas individuales, salones de usos múltiples y campos de deportes” así como otros beneficios en una sección de Campo de Mayo, que funciona como sede de instrucción militar y alberga una de las guarniciones del Ejército Argentino.

En este sentido, fuentes castrenses recalcaron que “no es una cárcel" sino "un alojamiento que termina en un alambrado del que no pueden salir” y agregaron que cuentan con comodidades como electrodomésticos y hasta una cancha de tenis.

“Tienen un trato más castrense. Los llaman por su rango y tienen más tiempo para ver a sus familiares, los cuidan más”, definieron desde el ámbito militar argentino a EFE.

El SPF justificó en un comunicado que el traslado era debido a una sobrepoblación de presos y buscaban liberar plazas y hacer una redistribución de las cárceles masculinas para reformarlo en un pabellón de mujeres detenidas.

Respecto a esto, HIJOS, conformada en parte por hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, señaló: "Volvemos a decir que la situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de su libertad. Pero el único lugar para un genocida es la cárcel común”.

En julio del año pasado, legisladores de La Libertad Avanza (ultraderecha), el partido del presidente Milei, visitaron a un grupo de militares presos por crímenes de lesa humanidad, incluidos Astiz y Suarez Mason, lo que desató un escándalo político en el país.

En esa oportunidad, el vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó distanciarse de esa situación al afirmar en rueda de prensa que se trató de “un tema del Poder Legislativo" y "una agenda de la diputada" Lourdes Arrieta, del mismo espacio y quien reveló la visita.

"No nos metemos más allá de que nos pueda parecer más o menos desafortunado lo que ha ocurrido", había dicho el portavoz. EFE

Diecinueve represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Carlos Suárez Mason y Alfredo Astiz, fueron trasladados durante la mañana del viernes del penal de Ezeiza a una unidad penitenciaria de Campo de Mayo que había sido construida en 2007 para alojar a jerarcas de la última dictadura.

La decisión, que tuvo fuerte impacto y generó acusaciones de organismos de derechos humanos, se tomó porque la cárcel de Ezeiza donde estaban alojados comenzará a ser reformada para alojar mujeres y detenidos de “alto perfil”, principalmente ligados a la narcocriminalidad.

En una declaración pública, la organización HIJOS Capital afirmó: “Al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del No al 2x1 para genocidas, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios”.

“No van a una cárcel VIP, van al mismo lugar que el kirchnerismo envió a Jorge ”El Tigre" Acosta, a Julio “El Turco” Julián, y a otros militares peligrosos", respondieron desde el Gobierno a Infobae.

El tema de los traslados a represores había sido una de las polémicas políticas que se generaron el año pasado, debido a una reunión que tuvieron diputados libertarios, entre ellas Lourdes Arrieta, que fue expulsada de La Libertad Avanza, que reclamaron el arresto domiciliario.

De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio de fuentes ligadas al ámbito castrense y chequeadas con portavoces oficiales, el listado de trasladados por el Servicio Penitenciario Federal, que está cargo de Julián Curi y responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es el siguiente:

Carlos Suárez Mason, Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Miguel Ángel Britos, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Alberto González, Lucio Nast y Luis Navarro.

La decisión fue ejecutada por el Servicio Penitenciario Federal el viernes a la mañana, luego de una notificación a cada uno de los juzgados que tienen sus procesos. Además de los 19 exmilitares, también fueron trasladados otros presos, como el ex secretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción, Ricardo Jaime, Pablo García Aliverti -hijo del periodista Eduardo Aliverti- y el exfiscal Juan Carlos César Castro, encarcelado por abuso sexual, entre otros.

El predio al que fueron enviados fue construido en 2007 en el predio de Campo de Mayo, donde había una cárcel que estaba bajo jurisdicción del Ejército. Se traspasaron las instalaciones al Servicio Penitenciario Federal en pleno gobierno de Cristina Kirchner, con el objetivo de destinar allí a esos delincuentes, bajo el número de unidad 34. De hecho, durante la gestión de Víctor Hortel -el funcionario que creó el Vatayón Militante, como herramienta de resocialición de presos- se hicieron ampliaciones y reformas en el salón de usos múltiples.

Allí estuvieron detenidos varios condenados hasta que por una fuga de dos exmilitares, se decidió el traslado a Ezeiza. Transcurrieron los años, pasó el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con ese penal alojando ex militares.

“A la llegada de la nueva gestión, ahí estaba el jefe de todos los marinos condenados por delitos de lesa, que era ‘El Tigre’ Acosta; el ex cura Christian Von Wernich; el médico Héctor Vergéz, entre muchos otros. Eso nunca fue una cárcel VIP, y si lo es, lo era cuando el kirchnerismo estaba a cargo del Ejecutivo”, afirmaron en el Gobierno.

En el ámbito castrense, el traslado se conoció de manera casi inmediata. En las últimas horas, se difundió una nota del vicealmirante retirado Jorge Manzor a los presidentes de promoción de las Fuerzas Armadas que indicó que “nuestros camaradas privados de libertad en el Penal de Ezeiza fueron trasladados, con todas sus pertenencias, al Penal de Campo de Mayo, donde fueron alojados en forma individual en sus habitaciones asignadas”.

Los represores de la reunión

La cuestión de los represores condenados retoma un capítulo que se abrió el año pasado, cuando una reunión entre libertarios y varios de los que finalmente fueron trasladados tomó estado público

El encuentro en el penal de Ezeiza ocurrió el 11 de julio y reunió a los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

• Mario “El Cura” Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario.
• Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la muerte” y condenado por infiltrarse en Madres de Plaza de Mayo, así como por desapariciones y torturas en la ESMA.
• Miguel Britos, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, condenado por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
• Honorio Carlos Martínez Ruíz, condenado a perpetua por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti.
• Raúl Guglielminetti, también condenado por su accionar en Automotores Orletti.
• Beltrán Benedit, diputado nacional LLA, sindicado como el organizador de la visita al penal de Ezeiza.
• Lourdes Arrieta, diputada nacional LLA. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, sostuvo la semana pasada sobre el encuentro. Y, de manera insólita, agregó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran”.
• Marcelo Cinto Courtaux, miembro del Destacamento 201 de Inteligencia que actuó en Campo de Mayo.
• Julio César Arguello, condenado a perpetua por delitos cometidos en el “Circuito Camps”
• María Fernanda Araujo, diputada nacional LLA.
• Juan Manuel Cordero, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
• Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), alias “El hijo de Sam”, condenado por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
• Guillermo Montenegro, diputado nacional LLA. Ex asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
• Gerardo Arraez, condenado a 25 años de prisión por delitos en el circuito represivo ABO (Atlético-Banco-Olimpo).
• Alida Ferrerya, diputada nacional LLA.
• Adolfo Donda, condenado por su accionar en la ESMA y por el secuestro de la exdiputada Victoria Donda.
• Antonio Pernías, (alias “Trueno” o “Rata”), condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA.
• Juan Carlos Vázquez Sarmiento, responsable de secuestros y torturas, prófugo de la Justicia durante casi 20 años.

Tras rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de un narco venezonalo detenido en Argentina, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la vigencia del "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo“, implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de la Resolución 35/2024.

Se trata del venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, señalado como líder de una de las mayores bandas criminales del estado de Zulia, en Venezuela, en la frontera con Colombia, y buscado por Interpol por múltiples delitos de terrorismo, homicidio, tráfico de armas y extorsión, entre otros. “Yiyi” fue capturado en la zona de Laguna Soto, en la provincia de Corrientes, en manos de la Policía Federal Argentina, tras escaparse de su país de origen.

En rigor, el fallo dictado por los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos rechazó la impugnación contra un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones correntina que presentó dos aristas: por una parte, admitió parcialmente un hábeas corpus invocado por la defensa del líder narco y, en consecuencia, dispuso que Boscán Bracho pudiera recibir una visita semanal de 60 minutos y realizar llamadas telefónicas de hasta 40 minutos por semana, tras denunciar que llevaba cuatro semanas sin poder comunicarse con su familia ni su abogado.

Por la otra, rechazó el cuestionamiento de la defensa respecto a la inclusión de su cliente dentro del régimen de alto riesgo, una medida que, sostuvo el abogado, vulneraba el derecho de defensa del detenido en tanto se basaba en hechos sobre los cuales no podía declarar por las limitaciones del artículo 30 de la Ley 24.767 de Extradición.

En efecto, la Cámara provincial desestimó ese pedido por interpretar que la vía procesal del hábeas corpus no era la adecuada para tratar cuestiones de esa índole. Frente a esa decisión, y tras un recurso de casación descartado, el apelante acudió al máximo tribunal penal del país en queja, cuya Sala IV resolvió este jueves no hace lugar.

El protocolo en cuestión fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dispone un régimen estricto para los detenidos considerados de alta peligrosidad. Las visitas carcelarias, por ejemplo, deben realizarse en locutorios sin contacto físico y las llamadas solo pueden efectuarse desde teléfonos públicos unidireccionales, sin posibilidad de recibir comunicaciones externas y bajo monitoreo. Además, las salidas transitorias de quienes integran esta modalidad están sujetas a una evaluación escalonada por parte del profesional tratante, del director del área correspondiente y de la dirección del penal.

“Se hace necesario llevar adelante todas las acciones posibles tendientes a evitar que organizaciones internacionales de crimen organizado expandan su dominio sobre territorio nacional y se instalen en los establecimientos penitenciarios”, afirma la Resolución 35/2024, firmada el 23 de enero de 2024 por la titular de la cartera de Seguridad.

También plantea que “la gestión interna de personas privadas de libertad es un proceso complejo que busca garantizar la seguridad de todos los involucrados en el sistema penitenciario. La clasificación adecuada de individuos de alto riesgo es esencial, ya que afecta directamente la prevención de situaciones indeseadas. Las personas privadas de libertad de alto riesgo son propensas a comportamientos violentos, manipulativos y de extorsión, afectando no solo a otras personas privadas de libertad sino también a sus familias".

A su vez, el anexo incorporado a la resolución ministerial describe a las personas de alta peligrosidad como aquellas que integran organizaciones criminales, poseen capacidad de fuga, ejercen violencia o dirigen delitos desde prisión. Expone también que el objetivo general de la propuesta apunta a poner en práctica “estrategias institucionales para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el -Servicio Penitenciario Federal-, mediante la evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar el alto riesgo individual que presentan”.

Con la sentencia de la Casación Federal, el protocolo penitenciario quedó confirmado para el caso de “Yiyi” Boscán Bracho. También rige actualmente para el exjefe narco Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y los líderes de la banda rosarina “Los Monos”.

En medio de un escenario económico complejo, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció una serie de aumentos salariales y ajustes compensatorios para todo el personal en actividad de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

En una resolución firmada por la titular de la cartera, Patricia Bullrich, el Gobierno oficializó una serie las subas, que se aplicarán sobre el período marzo-mayo para las cinco primeras fuerzas mencionadas, así como dispusieron una actualización específica a partir del 1° de junio para el Servicio Penitenciario Federal.

El Ministerio fundamentó la medida en la necesidad de una “adecuada jerarquización” que refleje la responsabilidad y la dedicación requeridas en el cumplimiento de funciones de seguridad federal. A continuación, los aumentos por escalafón y fuerza:

Gendarmería Nacional

El Comandante General, máxima jerarquía, pasó a percibir $2.450.784,12 desde el 1° de mayo de 2025, mientras que un Gendarme II, el escalón inicial, recibe $662.094,62. Además, se incrementaron los montos por función específica como “Prevención Barrial”, y la compensación por “Recargo de Servicio” varía entre $10.201,75 y $52.132,87, según grado y cantidad de horas extras trabajadas.

Prefectura Naval Argentina

El haber de un Prefecto General es igual al de su par en Gendarmería: $2.450.784,12 a partir de mayo. Un Marinero, en cambio, percibe $728.304,10. Las compensaciones por horas de servicio también replican los valores asignados en Gendarmería.

Policía Federal Argentina (PFA)

El salario base de un Comisario General asciende a $2.694.812,09 desde mayo, mientras que el de un Agente llega a $816.651,98. Se actualizó además el valor del Servicio de Policía Adicional, que ahora cuesta $14.746,48 por hora bajo la modalidad “continua” y hasta $20.720,92 en modalidad “explosivista”.

También se detallaron los nuevos suplementos por “zona” y los adicionales por servicios discontinuos, ferroviarios o custodias institucionales. El concepto de Recargo de Servicio tiene una escala similar a la de las otras fuerzas, alcanzando los mismos máximos por más de cinco horas trabajadas.

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Los salarios del personal de la PSA también fueron escalonados en tres etapas. Desde mayo, un Comisionado General percibe $1.309.901,86, mientras que un Aspirante a Oficial cobra $183.960,93. Los suplementos por “Tarea Jerárquica” oscilan entre $175.183,42 y $373.719,76, y se mantuvieron los viáticos diferenciados por región, con un máximo de $51.212,09 en el sur del país.

Servicio Penitenciario Federal

Este sector recibió una atención particular en la resolución. Se definieron nuevos importes para el haber mensual, además de compensaciones por fijación de domicilio, variabilidad de vivienda y títulos académicos. Desde el 1° de junio, un Inspector General pasa a cobrar $2.916.371,18, mientras que un Subayudante, categoría inferior, percibe $872.244,86.

Complemento jerárquico y ejecución presupuestaria

Finalmente, la resolución introdujo ajustes al complemento por responsabilidad jerárquica para los jefes y subjefes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. A partir de mayo, dicho complemento es de $349.158,11 para los titulares máximos de cada fuerza, y de $314.941,35 para sus segundos.

Hace una semana, el Gobierno nacional aprobó un aumento en los salarios del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. De esta manera, fijó los nuevos valores para los haberes de los meses de marzo, abril y mayo.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta 24/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Establece que las nuevas escalas salariales regirán de manera retroactiva desde marzo.

Según se detalla, esta disposición se inscribe dentro del marco legal que regula los haberes del personal militar y del Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales​.

El ajuste salarial responde a la evaluación escalonaria realizada sobre estos cuerpos y contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, además de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios.

El Gobierno nacional ordenó que desde ahora solo un 5% de los presos del Servicio Penitenciario Federal cobrará por la realización de tareas de mantenimiento en el penal. El resto, que hasta ahora también recibía una retribución económica, deberá cumplir con esas mismas obligaciones, pero como parte de su convivencia.

La modificación en el régimen laboral para las personas privadas de su libertad en cárceles federales fue publicada en la resolución 429/2025 del Boletín Oficial. Según indicaron desde el ministerio de Seguridad, fue definido a partir de un diagnóstico administrativo que señaló que en los últimos años, se incrementó en forma “considerable y alarmante” el pago a los internos que no daban ningún tipo de contraprestación a cambio.

En este sentido, la ministra Patricia Bullrich aclaró que esta nueva disposición será aplicada a los reclusos “que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”. No obstante, afirmó que esto no los exime de cumplir las tareas de mantenimiento de los penales.

“Lo establecido no modifica la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”, determinaron en el artículo 1° del documento.

Asimismo, la normativa dispuso que quienes recibirán un pago por sus labores serán destinados exclusivamente a las labores generales del penal y deberán cumplir una jornada mínima de ocho horas diarias. Este será distribuido conforme al artículo 121 de la Ley N.º 24.660, el cual no será considerado como salario mínimo vital y móvil.

“La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación”, se lee en el artículo mencionado anteriormente.

De la misma manera, argumentaron la medida al señalar que “el trabajo en contexto de encierro, entendido como un derecho y un deber de las personas privadas de la libertad en carácter de condenados y también de aquellos detenidos en forma cautelar, es formativo y especializado”.

Incluso, remarcaron que el cumplimiento de actividades productivas que forman “parte esencial del tratamiento penitenciario tiene por finalidad generar hábitos laborales, aptitudes profesionales y capacitación técnica profesional para la reinserción social y la reducción de la reiterancia”.

En el documento apuntaron que la medida también tendrá el objetivo de disminuir el pago de peculios sin asignación de tareas productivas, luego de que detectaran un incremento de estos en los últimos años. De hecho, informaron que un 66,33% de la población carcelaria (7.545 personas) había percibido sumas de dinero bajo este concepto.

En línea con esto, evaluaron que de esos 7.545 reclusos, solo 2.922 se trataban de presos que realizaban tareas productivas con fines de reinserción laboral. Y concluyeron que 4.623 internos “percibieron una suma de dinero por la realización, como ‘única ocupación’”.

Por este motivo, en el artículo 3° de la normativa se dispuso que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal deberá elaborar planes y cronogramas específicos para dichas tareas, así como controlar su cumplimiento.

El organismo deberá informar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios sobre los montos destinados al pago en concepto de peculio, tanto por actividades productivas con fines de reinserción social como por las prestaciones personales generales.

No obstante, la resolución advirtió que el pago de peculio podría ser suspendida, si llegara a detectarse que el total de la población carcelaria que participara de la contraprestación superara el 5% establecido.

Anteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional había establecido que, desde el 16 de diciembre de 2024, todos los internos estaban obligados a cumplir con las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de las cárceles en las que se encontraban alojados.

A diferencia del régimen de tareas generales, las autoridades señalaron que los reclusos contaban con un total de cinco horas diarias para poder terminar con las actividades de limpieza. Asimismo, se determinó que estas no serían remuneradas.

El juez Mariano Iturralde, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 16, resolvió hacer lugar parcialmente a una medida cautelar interpuesta por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y otros organismos de derechos humanos, al suspender la aplicación del artículo 2 de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por la ministra Patricia Bullrich el 20 de marzo pasado.

Esta cláusula restringía el acceso de los presos a los centros universitarios instalados en distintas cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) “exclusivamente al horario de clases”, impidiendo su permanencia en ese espacio físico fuera de las horas de cursadas correspondientes. El juez dejó sin efecto su aplicación de manera provisoria y, a su vez, ordenó fijar un cronograma que regule cuánto tiempo podrán quedarse los internos en los centros de estudios carcelarios, a los fines de asegurar sus actividades educativas.

La medida cautelar fue impulsada por el Procurador Penitenciario Adjunto Ariel Cejas Meliare y acompañada por Leandro Destéfano, Defensor Público Coadyuvante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. Ambos cuestionaron que la norma ministerial limitaba de forma absoluta el derecho a la educación de los internos en el SPF.

El artículo 2 de la Resolución 372/2025, en rigor, dispuso: “No permitir la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.

Según se reseñó en los considerandos de la resolución ministerial, en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Devoto- y en los Complejos Penitenciarios Federales I y IV -Ezeiza- “se encuentran organizados grupos de personas privadas de la libertad que invocan la representación de internos estudiantes y se denominan centros de estudiantes“.

Esa organización estudiantil articulada dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal “tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas de régimen de progresividad”, subrayó la ministra en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 25 de marzo pasado.

En ese contexto, la normativa expuso que “se ha detectado” que “los miembros de los denominados centros de estudiantes, so pretexto del cumplimiento de supuestas tareas inherentes a tal función, permanecen en los centros educativos de lunes a viernes, durante toda la jornada: en el CPFCABA de 9.00 a 18.00 horas; en el CPF I de 9.30 a 17.30 horas y en el CPF IV de 10.00 a 17.00 horas, fuera del horario en que cada uno debe asistir a cursar las materias asignadas".

Y agregó: “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos (...), se orientan a compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo (...)“.

Contra la disposición de la ministra de no habilitar “el funcionamiento de los centros de estudiantes” dentro del SPF -artículo 1- y de impedir la estadía de los internos en los espacios de estudio “fuera del horario” en que asisten a sus clases asignadas, la parte actora solicitó una cautelar bajo el marco de un hábeas corpus, cuya competencia aún resta por definir en manos de la Corte Suprema.

Para los solicitantes, la norma en general, y el artículo 2 en particular, implicaba una afectación en las condiciones de detención de los presos, en tanto anulaba los espacios de estudio autónomo y sus consiguientes accesos a bibliotecas, computadoras y actividades extracurriculares fundamentales para el proceso académico en contextos de encierro.

Al resolver, el juez Iturralde advirtió que “la aplicación, lisa y llana, de la resolución ministerial N° 372/2025 en cuanto acota el acceso de la población penitenciaria a los espacios de estudio solo al tiempo del dictado clases, tiene entidad para ocasionar serios obstáculos y retrasos en la carrera académica”. Aclaró que la decisión judicial se circunscribía a las unidades donde efectivamente se aplica el Programa UBA XXII, esto es, las cárceles de Devoto y Ezeiza.

El magistrado también sostuvo que “no puede perderse de vista que actualmente se encuentra en pleno desarrollo el dictado de clases de varias materias a las que asisten los estudiantes privados de su libertad, a quienes corresponde asegurar, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva -en el expediente-, que las condiciones en las que cursan sus estudios no se vean alteradas de manera tan drástica como la que aquí se denuncia”.

La resolución del magistrado tomó como fundamento, entre otros elementos, una carta enviada por el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Jorge Gelpi, a la ministra Bullrich, en la que expresó: “Los centros educativos son el ámbito más propicio para el desarrollo de actividades fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Gelpi añadió en esa misiva que “la práctica de la educación superior y su desarrollo exitoso excede, obviamente, el momento del dictado de clases”.

A su vez, la Directora del Programa UBA XXII explicó que los centros universitarios dentro de los establecimientos penitenciarios cuentan con “espacios comunes aptos para garantizar tiempo de lectura y estudio en silencio, que potencian el progreso en la carrera de cada alumno y fortalece la posibilidad de estudiar en contexto de encierro”.

El juez ordenó que se habilite la permanencia de los estudiantes privados de libertad en los centros universitarios carcelarios “durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”. Y en esa línea, encomendó al Servicio Penitenciario Federal y a las autoridades académicas del programa UBA XXII elaborar, en el plazo de cinco días hábiles, un plan de contingencia que regule las condiciones y tiempos de permanencia en esos espacios “a efectos de desarrollar las aludidas actividades autónomas y complementarias al dictado de clases”.

Por su parte, la sentencia no hizo lugar a otras dos solicitudes presentadas por la parte actora. Por un lado, rechazó la suspensión del artículo 1 de la Resolución 372/2025, referido a la no habilitación del funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del SPF. Según dijo el juez, esa cláusula debía ser debatida en profundidad en el proceso principal iniciado por el hábeas corpus, ya que excedía los parámetros de una medida cautelar.

El magistrado sostuvo que los informes aportados por el Ministerio de Seguridad, el SPF y la UBA indicaban que los centros de estudiantes no se encuentran formalmente constituidos bajo los parámetros establecidos por la Ley Nº 26.877 de representación estudiantil y el Estatuto Universitario. Por tanto, estimó que “adoptar una medida de no innovar -pedida por la parte actora- en lo que a este aspecto se refiere (...) sería coincidente con el objeto de la demanda principal”, lo que resultaría “improcedente” en el marco de un incidente cautelar.

Por otro lado, también fue desestimado el requerimiento para impedir que se reasignen las tareas laborales de los internos que hasta ahora se desempeñaban en funciones de mantenimiento y apoyo en los centros universitarios, catalogados como tareas de fajina y afines. Iturralde consideró que este reclamo “no se vincula con el objeto de la acción principal” y que los internos afectados podían presentar acciones individuales, ya sea ante sus jueces de ejecución o por vía de un hábeas corpus particular.

En las actuaciones se presentaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por Paula Litvachky, Diego Morales y Macarena Fernández Hofmann, así como la Defensoría Oficial Nº 4, quienes adhirieron al planteo inicial de la Procuración Penitenciaria. En sus escritos, remarcaron que la prohibición de permanecer en los espacios educativos fuera del horario de clase implicaba “una restricción injustificada del derecho a la educación”.

En contraposición, el Servicio Penitenciario Federal, representado por el Inspector General Gabriel Esteban Aquino, pidió el rechazo de la medida. Alegó que no se acreditaron los requisitos legales para dictar una cautelar y cuestionó la legitimación de los actores para participar en el expediente.

También sostuvo que “el acceso a la educación de la población penal se encuentra ampliamente garantizado en todos los niveles”.

La “batucada” consiste en la quema de mantas, trapos y residuos que arrojan por las ventanas para no afectar su lugar de alojamiento. También generan ruido con tachos de basura sin compromiso del patrimonio estatal. “No queman colchones”, aclararon desde el SPF a Infobae.

Las fuentes indicaron que no se registraron heridos y que no hubo intervención de los agentes penitenciarios durante el reclamo que fue captado en video por algunos vecinos.

La protesta tuvo su primera ronda el martes por la noche en los pabellones 1 y 5 del penal ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se debió a una resolución publicada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la cual confirmaba la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal.

Según argumentó la cartera que conduce Patricia Bullrich, “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”, así como aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes.

En la madrugada de este jueves, un nuevo video ratificó lo que se había manifestado durante la ejecución de la primera protesta: que los reclamos continuarían. Las quejas comenzaron pasada la medianoche y se podían escuchar gritos provenientes del Complejo Penitenciario Federal de la calle Bermúdez al 2651, en el barrio porteño de Villa Devoto.

La noche anterior habían colgado banderas en las ventanas con mensajes que rezaban: “Tenemos derecho a la educación 1985-2025″ y “La Universidad es de todos. CUD. 40 años”. De acuerdo a lo que trascendió, la protesta había durado más de una hora y media.

Qué dice el texto publicado el pasado 25 de marzo

La Resolución 372/2025 publicada hace más de una semana, hacía hincapié en uno de los principales objetivos del Servicio Penitenciario, sobre los planes de reinserción de las personas privadas de la libertad, a la sociedad.

En este sentido, recordó que “la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”.

Además, remarcó que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente. “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”, sostuvieron desde el organismo de Seguridad.

El texto explicó que los detenidos se encuentran actualmente organizados dentro de los establecimientos penitenciarios bajo la figura de centros de estudiantes, estructuras que, según las autoridades, “invocan la representación de internos estudiantes” como argumento para justificar su funcionamiento. Operan de lunes a viernes y sus integrantes permanecen durante toda la jornada en dichos espacios, generalmente entre las 9 y las 18 horas, aunque este horario puede variar en función del establecimiento penitenciario correspondiente.

La permanencia prolongada excede ampliamente el tiempo necesario para asistir a clases, ya que muchos de estos internos hacen uso de estos espacios, sin que exista un vínculo directo con propuestas educativas formales o con un programa académico que justifique tal cantidad de horas.

Tras la oficialización en el Boletín Oficial, la cartera de Seguridad hizo una publicación en su cuenta de X en la que indicaron que “las actividades educativas no pueden interferir con las obligaciones del régimen penitenciario ni comprometer la seguridad ni el funcionamiento diario del establecimiento”, lo que afecta la reinserción, según el decreto.

Además, recordaron los principales objetivos del área de seguridad. “El orden y la disciplina no se negocian: las reglas están para cumplirse”, cerró la publicación.

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció a través de una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial, la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del Servicio Penitenciario Federal. La autoridad que administra los establecimientos penitenciarios del país, argumentó la decisión señalando que esta dinámica afecta la principal finalidad que busca la readaptación social.

Además de los programas criminológicos de seguridad que el régimen desarrolla, se destacan los planes de reinserción de las personas privadas de la libertad, a la sociedad. Esta acción implica tareas obligatorias como las laborales y las vinculadas al mantenimiento de espacios comunes.

En este sentido, el documento sostiene que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales”, e incluye también “aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes que, a la par de resultar obligatorios para todos los internos —artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL—, se orientan a compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo”.

Por tanto, el Ministerio de Seguridad estableció anteriormente la obligatoriedad para todos los internos alojados en el SPF de “participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.

Al respecto, la Resolución 372/2025 explicó que la asistencia de reclusos a las jornadas educativas, exceden los tiempos establecidos y afectan las reglas de progresividad. Además, mencionó que esa dinámica genera dificultades para el cumplimiento del tratamiento penitenciario individualizado, obligatorio por ley, y que incluso se han reportado alteraciones en materia de seguridad.

No obstante, el documento oficial firmado por la ministra, Patricia Bullrich, reconoció que la educación en contexto de encierro es un derecho garantizado por leyes nacionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, este beneficio se encuentra amparado por las leyes 24.660, 26.206, 26.058 y 24.521, lo que da lugar a la existencia de programas educativos de nivel universitario en más de 30 unidades federales.

Sin embargo, el Ministerio remarca que la creación de centros de estudiantes no se encuentra contemplada normativamente. “Que en este contexto normativo, la realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento —que es obligatorio— pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema”, describen desde el organismo.

Según explicaron, los detenidos se encuentran organizados bajo la figura de centros de estudiantes que “invocan la representación de internos estudiantes”, y que permanecen de lunes a viernes durante toda la jornada en esos espacios —entre las 9 y las 18 horas, dependiendo del establecimiento—, superando ampliamente el tiempo requerido para asistir a clases, bajo el pretexto de actividades estudiantiles.

Esta modalidad “fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario”.

La medida hace mención del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV).

De esta manera, la normativa publicada recientemente, estableció en su primer artículo, “NO HABILITAR el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL”.

Mientras que en segundo lugar ordenó “NO PERMITIR la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.

“¿Por qué tengo esta sensación de que vos me entregaste?“, le preguntó A.V.T. a su marido poco después del secuestro extorsivo que sufrió en 2018 mientras circulaba con él por la autopista Camino del Buen Ayre y amamantaba en el asiento de atrás de la camioneta a su hija en común de un año y dos meses. “Es el día de hoy que nunca me dijo nada después de que lo detuvieran, tampoco me confesó nada”, relató la mujer en el reciente juicio oral que sentó, seis años después, a su ahora exesposo en un proceso del que salió condenado a prisión junto a un imputado perteneciente a la Policía bonaerense.

El hecho en cuestión ocurrió el 23 de noviembre de 2018 cerca de la medianoche. Rubén Esteban Salinas (41), prestamista, volvía en su Ford Ranger junto a su mujer de visitar a sus padres en Virreyes. Para llegar ahí, habían tomado la ruta 202 como hacían de manera habitual. A la vuelta, el hombre refirió que el auto tenía un problema con los frenos y propuso usar la autopista para evitar los semáforos.

Ya en el Buen Ayre, Salinas eligió el carril derecho para ir lento con sentido Panamericana-Acceso Oeste. De repente, se apareció una camioneta Chery Tiggo de color blanca, que se acercó a los golpes a la Ranger con dos ocupantes que, mostrando una escopeta negra, forzaron al matrimonio a detenerse.

Lo que sucedió a continuación quedó corroborado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín en octubre de 2021, donde se acreditó que los ocupantes de la camioneta blanca bajaron a la pareja del auto, captaron a A.V.T. y la dejaron cautiva en un domicilio de la localidad de Moreno atada en una silla y mirando a la pared, mientras ellos exigían a los padres de la víctima una suma de 300 mil dólares para su liberación.

Ese rescate no se concretó, y la mujer fue liberada cerca de un taller mecánico ocho horas después. Durante su cautiverio, los secuestradores le habían estado describiendo todos los movimientos que ocurrían en la casa de sus padres mientras negociaban por teléfono esa madrugada. Salinas estaba con ellos.

Los secuestradores Lucas Gastón Pérez y Pablo Sebastián Barbona -miembro de la Policía bonaerense- resultaron condenados por el tribunal de San Martín a 13 y 12 años de prisión, respectivamente. Ese fallo luego fue revisado y confirmado por la Sala II de la Casación Federal. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal consideró que la investigación daba cuenta de otros participantes en la planificación del secuestro, por lo que se inició un nuevo expediente que volvió a analizar el registro de llamadas, contactos y ubicaciones de los dos condenados.

De acuerdo a los informes policiales incorporados en las actuaciones, Pérez tenía una decena de llamados con Salinas pocos días antes de llevarse a cabo el delito. Ese indicio fue direccionando la pesquisa. El 1 de junio de 2022, Salinas fue convocado a prestar declaración indagatoria. Allí dijo no conocer a ninguno de los secuestradores de su esposa, y explicó que los contactos con Pérez, a quien no recordaba, se debían acaso a su trabajo de prestamista.

La fiscalía pidió revisar su celular para determinar, sobre todo, qué movimientos había tenido los días previos y posteriores al hecho, en base al impacto de la señal en las antenas telefónicas. Ese estudio determinó que el hombre había estado, poco antes de concretarse la acción, y de modo inusual, en las inmediaciones de la vivienda que serviría de cautiverio de su esposa. Sumado a ese dato, las víctimas “pasivas” del delito -los padres y la hermana de A.V.T.- hicieron saber a la Justicia ciertas sospechas que albergaban respecto a la actitud de Salinas durante la noche en cuestión.

El 31 de mayo de 2022 Salinas quedó detenido en prisión preventiva dentro del Complejo I de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal. La causa avanzó y fue elevada a juicio. El prestamista llegó a esa instancia acusado de ser coautor del delito de secuestro extorsivo, agravado por la intervención de tres o más personas y por la relación preexistente con la víctima, de quien a esa altura ya se había separado. El proceso, además, tuvo en el banquillo de los acusados a otro policía bonaerense, Jonatan Barsantti, detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.

El juicio oral se desarrolló en diciembre de 2024 y estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 (TOCF) de San Martín, cuyos jueces dictaron sentencia condenatoria en contra de los dos imputados en febrero pasado y pronunciaron sus argumentos esta semana, en un fallo de 152 páginas al que tuvo acceso Infobae.

El primero en emitir su voto fue el juez de cámara Matías Mancini, quien al momento de declarar la responsabilidad penal del exesposo de A.V.T. repasó la prueba documental y las distintas declaraciones oídas durante las audiencias. “Sumado a esos informes de comunicaciones existentes entre Pérez y Salinas -dijo el magistrado-, también valoro el comportamiento que tuvo el imputado, tanto en los momentos previos al secuestro de su esposa, como así también durante el cautiverio y el tiempo que le siguió luego de ocurrido, todo lo cual fue relatado en el debate por la víctima del hecho y sus familiares directos que estuvieron presentes al momento de los llamados extorsivos”.

En ese marco, luego de remarcar que el tema de los frenos del auto no tenía sustento fáctico, el juez hizo énfasis en el relato de la víctima con relación a la conducta de Salinas al momento ser interceptado en la autopista. “A.V.T. relató que: ‘Yo venía del lado de atrás amamantando a mi hija, y yo veo así de costado una camioneta que venía a toda velocidad, muy extraño, y veo el arma que saca una persona del lado del acompañante de esa camioneta, y nos empieza a golpear el parante de la camioneta nuestra, y yo empiezo a gritar, tratando de manifestar esta situación, y como vi el arma, me tiro abajo en el piso con la nena, protegiéndola a ella, y él no atinó a avanzar más fuerte, no atinó a mirar a nada’“, reseñó el juez.

“Él agarró, como vio esa situación, frenó al costado, y se bajó como si nada, porque lo hicieron bajar, y se fue para atrás, yo no lo vi más”, agregó la mujer en el juicio oral, donde también dijo que el porte y potencia de su camioneta hubiese podido “pasar por arriba” a la de los secuestradores.

Para el magistrado, “la conducta del imputado se alejó (...) de la de quien pretende proteger a su familia, en la medida en que, sea que los frenos funcionaran o no, la detención del vehículo (que, además, no parece haber tenido muchas complicaciones a la hora de desacelerar la marcha) en horas de la madrugada, en una autopista poco concurrida en ese momento, frente a sujetos que exhibieron un arma mientras detrás estaba su esposa amamantando a su hija, no dio cuenta de la adopción de medida alguna orientada siquiera a resistir el ataque”.

A su vez, ponderó “Todo ello me lleva a pensar que, con la excusa del desperfecto mecánico, Salinas se aseguró el regreso a altas horas de la noche por una zona que había sido elegida previamente por los partícipes, a baja velocidad y por el carril derecho, propiciando de tal forma un escenario ideal para sus cómplices, a quienes entregó a su cónyuge. La actitud relatada por la víctima acerca de cómo fue la reacción de Salinas al momento de ser interceptados, permite inferir además que Salinas conocía lo que iba a ocurrir, más teniendo en cuenta que en el interior del vehículo se encontraba su hija de tan solo un año y dos meses de edad“.

A.V.T. tuvo la oportunidad de ilustrar durante las audiencias cómo había sido el momento de su liberación después de las ocho horas de cautivero. También pudo contar cómo había sido el recibimiento de sus familiares cuando llegó a su casa. “Fue hermoso con mi papá, mi mamá, mi hermana y, cuando me saluda Salinas, era como un abrazo de una persona que encontré en la calle. No era que estaba contento, yo nunca sentí que él estaba contento de haberme visto. Ese día fuimos a declarar, él estaba muy alterado, no quería ir a declarar. Fuimos los cuatro a declarar y yo la pasé muy mal, todas las noches no podía dormir, estaba llorando todas las noches y él nunca me contuvo. Nunca sentí que se interesara en la causa, nunca me preguntó qué pasó”, declaró la víctima.

En torno a ese punto, el juez Mancini consideró como “llamativa” la reacción de Salinas, ya que “pareció denotar una importante distancia emocional de todo lo relativo a los hechos, que implicaron nada menos que el secuestro de su esposa, delante suyo y de su hija de un año y medio”.

Por otro lado, el móvil del secuestro habría sido, según se barajó en el debate, un intento por obligar al padre de la víctima, un contador público reconocido en la zona de Bella Vista, a entregar un dinero proveniente de una supuesta venta de un inmueble que utilizaba como oficina. Salinas, en función de los dichos de su exmujer, siempre creyó que ese inmueble se había vendido, pero en rigor, esa venta nunca llegó a concretarse.

El juez del tribunal tuvo por comprobado que Salinas se dirigió a la casa de sus suegros inmediatamente después del suceso. En ese lugar, según declaró el papá de la víctima, el imputado se negó desde un principio a hacer la denuncia y se desvinculó de las negociaciones con los secuestradores, al punto de irse a dormir. También descartó la hipótesis de los frenos rotos en tanto pudo hablar con el mecánico, a quien conocía y quien le había contado que poco antes del secuestro le había arreglado a su yerno nada más que “una pavada” de su auto.

Además, el testigo habló de ciertos movimientos “raros” del acusado, registrados en las cámaras de su casa, en las que sale de la vivienda dos veces durante esa madrugada para charlar con una persona arriba de una moto que iba y venía. Esa persona resultó ser Jonatan Daniel Barsantti, de quien se comprobó que cumplía tareas de inteligencia al merodear la casa de los padres de la víctima y conversar con Salinas sobre lo que pasaba puertas adentro.

Esa información después se la llevaba personalmente a los secuestradores en Moreno, por lo que fue condenado por el TOCF 4 de San Martín como “partícipe secundario” del ilícito, agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad.

Al volver a referirse a la conducta adoptada por Salinas, el juez dijo: “Habiendo estado en el momento de un hecho especialmente violento contra su esposa -y en el cual se encontraba presente su hija de tan solo un año y dos meses de edad-, denota una despreocupación y desinterés en saber qué ocurrió y en la salud psicofísica de su esposa frente a semejante hecho, lo cual mantuvo a lo largo de la investigación en los años siguientes, tal como fuera manifestado por la propia víctima, dado que nunca quiso involucrarse en el proceso en el que se investigaron los acontecimientos”.

Después detalló: “También, la víctima en su declaración dijo que desconfiaba de su marido, y que en muchas ocasiones le había preguntado si él la había entregado. Que cuando fue detenido y pudo preguntarle personalmente, en primer lugar ‘agachó la cabeza’ y luego le dijo que había ido a la localidad bonaerense de Moreno el día del hecho a ‘prestar plata o comprar unos dólares’”.

Frente a los tres jueces del TOCF 4, compuesto por Mancini y sus colegas Esteban Rodríguez Eggers y Nara Flores Vega, la víctima declaró que cayó en un pozo depresivo muy profundo cuando su esposo fue detenido y le contaron porqué. Por su parte, Salinas negó los cargos en su contra y calificó a los testimonios de su exmujer y de su exsuegro como falsos.

Según se consignó en el fallo, el imputado en su declaración remarcó que, con esta situación judicial, su exesposa había logrado “sacárselo de encima”, como una “oportunidad” de A.V.T., a quien acusó de tener “novios y amantes”, para “separarse definitivamente de él”.

Salinas esgrimió también que si tuviera que llevar adelante un secuestro como el que le endilgaban, “lo haría con sus clientes que tenían cinco millones de dólares en el banco, que manejaban vehículos de altísima gama” y que jamás haría “semejante barbaridad” con su familia, cuyos integrantes, en comparación con sus clientes, eran “pobres”.

La disputa entre Nación y Ciudad por quién debe alojar a los presos de una y otra jurisdicción está en su punto de ebullición. En medio de acusaciones cruzadas entre el jefe de gobierno, Jorge Macri, y la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por las fugas en las comisarías porteñas, emerge como uno de los ejes del conflicto un edificio cuya finalización aún es incierta: la nueva cárcel federal que la Ciudad que se está construyendo en Marcos Paz.

El proyecto está avanzado, aunque todavía le resta, al menos, un año más de construcción. Si la cárcel comenzó a construirse hace casi siete años. ¿Por qué todavía no está terminada? La respuesta a esta pregunta requiere conocer la gestación del proyecto.

La nueva prisión federal de Marcos Paz, que no es un anexo de la ya existente, aunque comparten el mismo predio, comenzó a construirse en 2019 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe porteño y Mauricio Macri como titular del ejecutivo nacional.

Lo pactado entre ambos era que la Ciudad construya, con fondos de ambas administraciones, un lugar para alojar allí a los 1.500 presos que tiene la cárcel de Devoto. A cambio, podría disponer del edificio vacío y de esa manera liberar el mítico penal y poder demolerlo para construir un espacio verde, en el 65% del terreno, y vender el restante 35% para torres residenciales.

En el convenio firmado por Nación y Ciudad el 17 de diciembre del 2018, al que pudo acceder Infobae, figura que la erogación para la creación del “Complejo Penitenciario Federal V” sería de 130 millones de dólares. La administración nacional se comprometía a aportar 60 millones, mientras que el resto sería provisto por la porteña.

“La Ciudad se había comprometido, porque así lo dice el convenio, a adelantar los fondos porque el repago lo tenía asegurado con la futura venta de los terrenos de Devoto”, explicaron desde el actual Ministerio de Seguridad Nacional.

En 2019, el gobierno de Mauricio Macri aportó los 60 millones de dólares que les correspondía. Por su parte, a principios de diciembre, la Legislatura Porteña aprobó un refuerzo presupuestario para que el gobierno de CABA termine de realizar la erogación de dinero.

Efectivamente, la construcción de la nueva cárcel comenzó en 2019, pero fue detenida en 2020. Según explicó en su momento el gobierno porteño conducido por Rodríguez Larreta, el freno a la actividad tuvo que ver la decisión del gobierno de Alberto Fernández de recortar la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires para aumentar el sueldo de los policías de la Provincia de Buenos Aires, que en septiembre del 2020 habían generado una inquietante protesta.

Esto provocó una demora que duró casi cinco años. A mediados de enero de este año, Jorge Macri anunció el reinicio de las obras. En ese acto, habló sobre los motivos de la demora: “La obra se había suspendido por la mala relación que había con el Gobierno de Alberto Fernández, que nos complicó la vida porque no se llevaban los detenidos en las comisarías y en las alcaidías de la Ciudad.”

Sin embargo, allegados a Patricia Bullrich reniegan de esa versión sobre la tardanza en la construcción. “Es falso que la haya frenado por el tema de la coparticipación, porque esos fondos no salían de ahí. Estaban garantizados por la venta de los terrenos de Devoto”.

Por otro lado, Infobae pudo saber de fuentes allegadas al proyecto que, por el tiempo que la obra estuvo parada, la administración de Jorge Macri tuvo que cambiar la empresa constructora.

La novedosa cárcel de Marcos Paz

El penal de Marcos Paz está organizado en módulos y pabellones, como la cárcel de Ezeiza. Además, tendrá espacios comunes, patios y celdas individuales. Cada módulo está destinado al alojamiento de entre 25 y 50 detenidos. Por otro lado, contará con la infraestructura para instalar distintos implementos tecnológicos que hace que se requieran menos recursos humanos.

El diseño de la nueva cárcel, que abarca un predio de 80 hectáreas, contará con 2.200 plazas. La estructura general de la prisión incluirá cuatro unidades que albergarán diversas instalaciones: un edificio destinado a la administración, un área para programas y servicios (EPS) que otorgará soporte al comando de la seguridad interna, y un sector enfocado en actividades de salud.

A estos espacios se suman salas de videoconferencia, diseñadas para facilitar la comunicación entre internos y profesionales, así como un gimnasio y un sector destinado a la educación, con talleres de trabajo y programas de capacitación laboral.

La superpoblación en comisarías porteñas

¿La puesta en funcionamiento de la nueva cárcel solucionaría el problema de la sobre población en las comisarías porteñas y, por ende, las fugas? Tanto en Nación como en Ciudad aseguran que no.

En el penal de Devoto hay actualmente 1500 detenidos. El nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz tendrá 2.200 plazas. Por ende, las restantes serían unas 700. El problema es que los presos en las comisarías de la Ciudad alcanzaron la semana pasada el número de 2500.

“A la Ciudad le queda un stock negativo de 1800 presos, que se va a haber agravado por la Ley de Reiterancia. Eso se traduce en, más o menos, 500 personas más por año. Las alcaidías pueden albergar cerca de mil presos, pero de forma temporaria”, cuenta una de las personas encargadas de manejar presos en la Ciudad.

¿Cuándo estará lista la cárcel? Los cálculos más optimistas hablan de diciembre de este año, mientras que los más realistas en marzo de 2026.

El fallo de la Justicia porteña que ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos condenados alojados en comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires tensionó aún más la relación entre el alcalde porteño Jorge Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de la negociación por la transferencia del servicio penitenciario que busca descomprimir los abarrotados calabozos de CABA.

En pocas palabras, la administración de Macri reclama medidas urgentes para desagotar las comisarías y, de esa manera, frenar las fugas. Alegan que Nación no se lleva la cantidad suficiente de detenidos para poder lograrlo.

La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, a cargo del juez Norberto Circo, ante un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, provocó una dura respuesta de Bullrich al alcalde porteño.

“En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas”, escribió la ministra de Seguridad Nacional en una carta dirigida al Jefe de Gobierno porteño a la que accedió Infobae.

“Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, avisó en relación al fallo del juez Circo que no citó al SPF antes de tomar la determinación, que ya fue apelada y que Bullrich llamó “una aberración jurídica”.

En ese sentido, adelantó que el Ministerio de Seguridad Nacional considera que la Justicia de la Ciudad “se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales”.

A la vez, en la misiva, la funcionaria hizo referencia a la versión brindada por la gestión de Macri sobre la cantidad de ingresos semanales a penales federales.

En ese sentido, afirmó que “en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal".

Luego, argumentó: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.

Al mismo tiempo, reveló las medidas propuestas por Nación mientras se termina de completar la obra de la prisión de Marcos Paz para los presos de la Ciudad.

“El 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad”, afirmó.

Y siguió: “En conversaciones informales posteriores se ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, haciéndose cargo la Ciudad del 50% del costo de mantenimiento de cada interno. Esta propuesta ni siquiera fue contestada”.

Añadió que se trataban de “paliativos”. “La solución era que la Ciudad termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″, aseveró.

Por su lado, desde la gestión porteña habían señalado a este medio que ya se retomaron las obras en esa penitenciaria y que estiman que estará terminada para diciembre de este año.

Para Bullrich, la actual crisis de detenidos en el territorio porteño es producto de “malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”.

En ese sentido, dio a conocer los costos para el sistema carcelario federal. “Desde que iniciamos nuestra gestión, hemos recibido más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad. Hoy el sistema federal penitenciario aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $156.639.750.000″.

Esta es una respuesta directa al Gobierno porteño que había dado a conocer esta semana que cada detenido en sus alcaldías y comisarías cuesta a los vecinos $83.576 diarios.

“Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera”, se quejó la titular de la cartera de Seguridad nacional.

La Ministra cree que las actitudes que le adjudica al gobierno porteño ponen en riesgo la transferencia. “Dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar”, sentenció. Y agregó: “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”.

La carta completa:

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SEÑOR JORGE MACRI

El Ministerio de Seguridad Nacional está comprometido en el resguardo de la seguridad pública nacional.

Con ese objetivo, se hizo cargo del Servicio Penitenciario Federal: para dar coherencia y firmeza a las políticas llevadas adelante.

Desde el inicio de la gestión entendimos que había que resolver la problemática de los presos en las comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por esa razón llevamos adelante una serie de medidas tendientes a mitigar esa situación:

- Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más;

- Ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales,

- La Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales.

Además de eso y luego de ampliar significativamente el cupo de ingresos, en el marco de un proceso judicial, el 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad.

Es más, en conversaciones informales posteriores se ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, haciéndose cargo la Ciudad del 50% del costo de mantenimiento de cada interno. Esta propuesta ni siquiera fue contestada.

Todas las propuestas fueron paliativos porque la solución era que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020.

FUERON MALAS DECISIONES POLÍTICAS QUE HOY PAGAN LOS PORTEÑOS CON SU SEGURIDAD Y LOS ARGENTINOS CON SU BOLSILLO. Esto es así porque desde que iniciamos nuestra gestión, hace poco más de un año, hemos recibido más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy el sistema federal penitenciario que sostienen económicamente todos los argentinos aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $ 156.639.750.000.

Es decir, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA.

En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas.

Es en este contexto que desde el año 2016, con la sanción de la Ley 5688, la Ciudad está en condiciones de crear su propio servicio penitenciario sin necesidad alguna de apoyo federal, así como creó la Policía Metropolitana antes de la transferencia de la Policía Federal. Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera.

En este marco y visto que este gobierno nacional tiene la fuerte convicción de fortalecer el federalismo y la autonomía porteña es que le propuso a Usted, en su carácter de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transferir las competencias de guarda y custodia de detenidos que, después de 30 años de autonomía porteña, al día de la fecha, permanecían en manos del Servicio Penitenciario Federal. Es así que desde hace unas semanas se están llevando adelante las negociaciones con la Ciudad para concretar la transferencia de las competencias.

Lamentablemente, en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal, hecho que es materialmente imposible por la falta de las plazas necesarias precisamente por el incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Hace una semana un Juzgado Nacional rechazó una primera acción y, de manera razonable, reconoció la complejidad del asunto, concluyó que disponer lo solicitado no solamente llevaría a desnaturalizar la función del Habeas Corpus sino también a la judicialización de una cuestión de política pública, mencionando que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene la División Alcaidías de forma tal que es incoherente que alegue que la institución no está preparada para la guarda de detenidos.

Frente al rechazo de esta primera acción, de forma inmediata y maliciosa se interpuso otra con el mismo objetivo pero, ahora, se eligió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Este nuevo planteo fue resuelto de un modo vergonzoso sin siquiera citar al Servicio Penitenciario Federal para que exprese las razones de la imposibilidad de recibir más presos de los que a diario recibe. Esta aberración jurídica, por haberse violado las más elementales reglas del debido proceso, fue inmediatamente apelada por el Servicio Penitenciario Federal y no está firme.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales. Si verifica la violación de derechos en dependencias de la Policía de la Ciudad, debería obligar al Gobierno de la Ciudad a ingresar a los presos en su propio sistema de Alcaidías. En las condiciones irracionales en las que se dictan estas sentencias, el Estado Nacional no está alcanzado por dichos efectos.

En el medio de una negociación política para la transferencia de las competencias que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su Gobierno, mediante distintos mecanismos, dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar.

Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta.

Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales.

Esperamos que en su carácter de Jefe de Gobierno y las demás autoridades políticas de la Ciudad se hagan cargo de las responsabilidades que les corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantiene a los internos que cometen delitos en la ciudad.

Durante la madrugada de este martes, seis detenidos lograron escapar de la Comisaría 3A, ubicada en Lavalle al 2600, en el barrio porteño de Balvanera. Fue la tercera fuga de reclusos de cárceles de la Ciudad de Buenos Aires desde que empezó el 2025. Minutos después de las 4 de la madrugada, el teléfono de Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, comenzó a sonar. Era el comienzo de un largo día. El incidente motivó que durante la mañana, Jorge Macri llamara a Patricia Bullrich para pedirle una solución al tema. La conversación telefónica fue tan cordial como tensa. El jefe de Gobierno de la Ciudad y la ministra de Seguridad de la Nación vienen cruzando dardos verbales por este tema desde el año pasado. Si bien intentaron buscar un punto común, el problema aún no encuentra un justo medio.

En la Ciudad alegan que las fugas de preses que tuvieron lugar el año pasado y durante 2025 son producto de la “superpoblación” carcelaria en las alcaidías porteñas. Explican que el 95% de los reclusos son detenidos por delitos comunes (robo o hurto), cuyas causas tramitan en juzgados nacionales de CABA. En consecuencia, argumentan, deben ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bullrich matiza esos fundamentos. La ministra no desconoce el problema, pero exige que Uspallata asuma la “responsabilidad” que le compete.

Según pudo conocer este medio, Jorge Macri le pidió hoy a Bullrich que la Nación se lleve a los presos con condenada -cerca de 400- de las comisarías de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal. De esa cifra, hay dos que fueron sentenciados a reclusión perpetua. Se trata de Sergio Araner, condenado por cometer un homicidio simple, y Horacio Cuella, quien afronta su pena por un homicidio calificado.

Este incidente, que tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana, se suma a una serie de fugas que han ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante el año, lo que ha generado tensión entre las autoridades locales y nacionales. Es en este contexto en el que jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich mantuvieron una conversación telefónica para coordinar medidas que permitan abordar la problemática.

En este contexto, Jorge Macri y Patricia Bullrich intentaron consensuar que el Gobierno Nacional trasladará a los presos con condena al Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo antes posible. Esta medida busca aliviar la presión sobre las instalaciones policiales de la Ciudad y prevenir futuras fugas.

Pero respecto al pedido de llevarse al SPF cerca de 400 presos, Bullrich no dio el visto bueno a esa cifra. El Ministerio de Seguridad intentará agilizar lo más rápido posible, pero hará un análisis de a dónde puede trasladar los presos de la Ciudad y evaluará cuántos puede llevarse. De momento, por mandato judicial, Nación recibe 60 reclusos por semana provenientes de CABA. En Uspallata lo estiman insuficiente, porque detienen más de esa cantidad en el lapso de siete días. Es una especie de loop interminable. En el Gobierno nacional apuntan a los penales de Rawson (Chubut) y Senillosa (Neuquén) para trasladar algunos presos alojados en alcaidías de la Ciudad que tienen condena.

La conversación escaló la tensión entre Nación y Ciudad. Bullrich puso sobre la mesa una condición que traba las negociaciones. Le exige a Jorge Macri que firme el convenio de transferencia del competencias del Servicio Penitenciario a la Ciudad como puntapié para agilizar el procesos de llevarse presos a las cárceles federales.

Cabe señalar que los prófugos fugados esta madrugada en Balvanera fueron identificados como los argentinos Matías Álvarez, Daniel Olivera y Leonardo Emanuel Zavala, junto con los ciudadanos chilenos Rojas Solís, Díaz Contreras y Martín Alfredo Maldonado Villalobo. La Policía de la Ciudad, en colaboración con el área de Investigaciones y el Centro de Monitoreo, se encuentra analizando las cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape. Según las imágenes obtenidas, los detenidos fueron vistos corriendo por las calles Viamonte y Larrea, en las inmediaciones de la comisaría.

El conflicto entre Nación y Ciudad tiene una pata judicial. Hay una conversación necesaria con la Justicia Nacional y Federal para articular los traslados y la situación en el SPF y en las alcaidías porteñas. Eso motivó que esta mañana también hubo contactos entre Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad, y Mariano Cúneo Libarona, su par de la Nación. Los funcionarios dirimieron sobre el asunto, intentando destrabar el avance del convenio entre ambas jurisdicciones y el proceso para trasladar presos de CABA a los penales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El 14 de noviembre de 2024, Patricia Bullrich y Jorge Macri se reunieron para avanzare en el acta de traspaso del sistema penitenciario. El cónclave fue en Gelly y Obes, sede del despacho de la ministra de Seguridad. El alcalde estuvo acompañado por Waldo Wolff, por Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, y por Néstor Grindetti, que ayer oficializó su salida del Gabinete de Macri. Ese documento busca que la Ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos.

Sin embargo, pese a haber elaborado el acta, el convenio aún no se firmó. Deben rubricarlo Javier Milei, presidente de la Nación, y Jorge Macri. Implica múltiples aspectos, entre los cuales hay transferencia de cárceles, personal carcelario, capacitaciones, y, lo más importante, presupuesto. Como ordena la Constitución nacional, toda transferencia de competencia de Nación a una jurisdicción subnacional debe hacerse con los fondos correspondientes.

En la Casa Rosada aseguran que el presupuesto ya está “validado” por el Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo. No obstante, hay algo que lo traba. “Cuando Jorge Macri firme el convenio de transferencia, la Ciudad debe hacerse cargo de los 5000 presos porteño que hoy están alojados en el Servicio Penitenciario Federal”, explicó a Infobae una fuente con acceso habitual a la Casa Rosada.

Se postergó la exposición de Wolff ante la Legislatura

En medio de esta situación, Waldo Wolff suspendió su exposición que estaba prevista para hoy a las 14 ante la Legislatura porteña. Como anticipó Infobae, el ministro había sido convocado a defender su gestión ante los diputados de la Comisión de Seguridad, en medio de las fugas de presos de las últimas semanas.

La invitación había sido cursada al funcionario el lunes de la semana pasada por parte de legisladores de La Libertad Avanza, que responden a Karina Milei, y de Unión por la Patria, ligados al referente del peronismo local Juan Manuel Olmos.

La exposición será en el marco de la Comisión de Seguridad del parlamento porteño, que preside la diputada del PRO, Gimena Villafruela, y que tiene a Claudio Ferreño, de Unión por la Patria, como vicepresidente. Se pasó, finalmente, para el miércoles 26 de febrero a las 14 en el Salón Montevideo de la Legislatura. Además, se espera la participación de representantes del bloque de La Libertad Avanza y de otros sectores aliados al oficialismo, como de la bancada de Yamil Santoro, diputado que trabaja en su candidatura a legislador en un espacio liberal propio.

La fuga de presos y la situación de las alcaidías porteñas motivó, incluso, que el legislador Santoro interpusiera ante la Justicia una acción de Habeas Corpus con el objetivo de solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional garantice de “manera urgente” el traslado de los presos a establecimientos federales y brinde “condiciones dignas de detención”. El recurso generó una mediación entre Nación y Ciudad para buscar una solución.

En un documento publicado este martes, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dio a conocer los datos del 2024 respecto a la población carcelaria que está en manos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Allí relevó un aumento del 3,4% de personas detenidas en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 11.696 presos. Dicho crecimiento se consolidó como el más grande de los últimos cinco años.

El 3,4% significó una suma de 385 más detenidos que en 2023. En ese orden, el año pasado se configuró una situación de sobrepoblación de un 6,3% en los centros penitenciarios federales distribuidos por todo el país, dando un número de 694 presos por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF, que es de 11.001 cupos.

El informe anual de 2024, llamado “Población privada de libertad en cárceles federales”, fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili. Según los objetivos planteados por dicho organismo, la publicación apunta a “producir datos sobre la composición y evolución de la población penal” del SPF y “aportar a la difusión de información sobre la situación carcelaria en nuestro país”.

Bajo esos términos, la fiscalía especializada informó que, con respecto a la situación procesal, la proporción de personas detenidas con condena creció un 9,8% durante 2024, mientras que la cantidad de detenidos en prisión preventiva registró una disminución del 4,7% respecto al año anterior. Este cambio indica que más de la mitad de los detenidos en el SPF, específicamente 6949 internos -59,4%-, ya contaban con condena firme al cierre de 2024, mientras que 4745 reos -40,6%- se encontraban aún sometidos a un proceso judicial en curso.

El informe también destacó un crecimiento de las detenciones ordenadas por la justicia nacional, que elevaron su número un 4,3% -231 personas-, mientras que las dictadas por el fuero federal aumentaron un 1,6% en comparación al 2023. Por su parte, las detenciones dispuestas por la justicia provincial registraron un incremento interanual del 10,2%.

En cuanto a la composición por género, al final de 2024, el SPF albergaba a 852 mujeres y 40 personas travesti-trans detenidas, con un crecimiento interanual del 7%. A su vez, otro de los aspectos destacados del documento es el crecimiento “relevante” en el número de mujeres embarazadas encarceladas, que pasó de 2 en diciembre de 2023 a 12 en diciembre de 2024. Además, se constató que seis detenidas tienen a sus hijos o hijas con ellas en prisión.

El documento de la PROCUVIN también reflejó una mayor cantidad de jóvenes de entre 18 y 21 años detenidos en el SPF. Ese universo, en rigor, creció un 19%, lo que da un número de 53 personas. De esta franja etaria, el 53,9% cumple prisión preventiva y, por otro lado, 7 de cada 10 de esas detenciones fueron dispuestas por la justicia nacional.

Las personas extranjeras representaron, a finales del año pasado, el 16,1% de la población total de los centros penitenciarios de jurisdicción federal del país, sumando un total de 1884 detenidos. El 69% de ese universo es oriundo de Paraguay, Bolivia y Perú. Y si a esa cifra se le agregan los detenidos provenientes Brasil, Uruguay y Chile, se registra un porcentaje superior al 80% de personas originarias de países limítrofes, siempre considerando la totalidad de extranjeros privados de su libertad.

Así las cosas, al referirse al aumento de la cantidad de personas encarceladas con condena en alojamientos federales y la disminución de detenidos con prisión preventiva en las mismas sedes, la fiscalía especializada postuló en el documento que dicho fenómeno podría explicarse “por una combinación de factores vinculados a procedimientos legales y administrativos”.

“Por un lado -sugirió el informe-, la puesta en práctica de ciertos mecanismos procesales que propician el incremento del ingreso de condenados/as, en muchos casos con condenas cortas y de cumplimiento efectivo”, tales como el efecto de la “entrada en vigencia de la Ley 27.272, aprobada en 2019, que modificó el Código Procesal Penal de la Nación, incorporando procedimiento específico por delito en flagrancia”, o la implementación parcial del “sistema acusatorio en el ámbito federal (Ley 27.063), que incluye una minuciosa regulación de la coerción procesal de carácter personal”.

Por el otro, la PROVUCIN habló de “ciertas modificaciones legales y conflictos interjurisdiccionales que afectaron la forma en que se concretan las detenciones, alargando el tiempo de cumplimiento efectivo de algunas condenas y limitando el ingreso de procesados/as al SPF”, como el “Impacto de La ley 27.375, del año 2017, que establece restricciones para acceder a beneficios en la ejecución de la pena previstos en la Ley 24.660″ y, a su vez, las “Detenciones prolongadas en dependencias policiales producto de topes en el ingreso al SPF”.

El Gobierno endureció los controles sobre los presos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal, mediante la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Desde hoy, y a un año de la implementación del Sistema de Alto Riesgo, los internos en prisiones federales bajo esa categoría verán restringidas, aún más, sus visitas con la finalidad de “neutralizar las mafias intra carcelarias”, indicaron a Infobae fuentes de la cartera a cargo de Patricia Bullrich.

De acuerdo a esas fuentes, los presos más pesados estarían echando mano a un nuevo truco para trasmitir órdenes al exterior: usar a sus familiares directos y a sus abogados defensores para dar instrucciones operativas a miembros de sus organizaciones.

“Se registraron, entre el año pasado y este, 11 casos: 9 familiares y 2 abogados que fueron arrestados por pasar información para cometer crímenes”, detallaron. Entre ellos, la esposa de Luciano “Lucho” Cantero y la hija de Ariel “Guille” Cantero, de Los Monos.

Los delitos que les imputan son asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros.

En referencia a las detenciones de los familiares y abogados de los presos de alto riesgo, las autoridades remarcaron que “son razones objetivas y fundadas para reforzar las medidas implementadas en relación con las visitas de todos los internos incorporados al Sistema, aplicando restricciones que resultan razonables y proporcionadas”.

De la misma manera, sostuvieron que el endurecimiento de los controles era estrictamente necesario “para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino vinculados con la prevención y persecución del crimen organizado”.

El miércoles pasado, agentes penitenciarios divisaron una hoja escrita por un preso rosarino de alto riesgo cuando se lo entregaba a su madre que lo visitaba. “En ella, se impartían órdenes claras para que se sigan cometiendo delitos que desencadenen más muertes, por lo que la visitante fue retenida y quedó a disposición de la Justicia, quien ordenó su detención inmediata”, aseguraron.

Aunque no es el caso, un investigador destacó a Infobae que un capo suele comunicarse con “papelitos” con los abogados que lo visitan.

A raíz de este episodio, sumado al resto, los presos de alto riesgo podrán recibir la visita de hasta 2 familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos. Además, las visitas se harán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.

Desde el traspaso a fines del 2023 del Servicio Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Julián Curi, se implementaron medidas tendientes a evitar el ingreso de droga, elementos punzantes y celulares.

Por otra parte, el Sistema reguló el régimen de visitas, de comunicaciones telefónicas y de correspondencia, en particular, estableció impedir que los internos pudieran comunicarse con el exterior con fines ilegales.

Al mismo tiempo, se habían reforzado las medidas luego de que se recibiera un alerta acerca que dos capos presos, Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, pudieron encomendar alguno de los crímenes ocurridos en la ciudad de Rosario durante 2024.

En esa oportunidad, se dispuso suspender por el término de 30 días sus comunicaciones telefónicas, a excepción de las cursadas con sus abogados defensores y con los organismos de control. A su vez, se determinó suspender por 30 días las visitas autorizadas, a excepción de aquellas que realizaran sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales.

Para eludir los controles, los internos habrían comenzado a utilizar la novedosa estrategia.

Ahora, el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema.

Si se revoca la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.

La medida dispone, al mismo tiempo, que no se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito. A su vez, los internos incorporados a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados.

“El Servicio Penitenciario Federal deberá denunciar todos los delitos de los cuales se tome conocimiento en el contexto del ‘Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, encomendaron en el artículo 2° del escrito.

En caso de que se detectara una infracción, las autoridades habilitaron a los agentes penitenciarios a poner en funcionamiento sanciones como, por ejemplo, intervención de las comunicaciones telefónicas, monitoreo de visitas, suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas, o cualquier medida que pudiera resultar útil para hacer cumplir la medida.

La decisión se toma luego de que la Cámara Federal de Casación Penal, a través de su Sala de Feria, resolviera por mayoría declarar la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 y el 14 inciso 10 del Código Penal, que restringen el acceso a la libertad condicional para condenados por delitos de narcotráfico.

El fallo, que fue apelado por el fiscal Raúl Pleé, habilitó a 15 mil presos por venta de drogas a solicitar la libertad condicional.

Por medio de la modificación realizada a la Ley N° 13.593 de Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, el Gobierno nacional anunció la creación de un directorio federal que pasará a estar encargado de la administración de los fondos públicos destinados a realizar los pagos correspondientes a los beneficiarios. Asimismo, adelantaron que la medida no solo afectará a la PFA, sino que se extenderá al resto de las fuerzas de seguridad federales.

La actualización entró en vigencia el viernes a la madrugada, luego de que fuera asentada en el Decreto 18/2025 que se encuentra disponible en el Boletín Oficial. Con el aval del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ordenó la creación de una comitiva que estará compuesta por siete miembros de las fuerzas federales.

Las autoridades definieron que el directorio estará conformado por tres representantes de la Policía Federal, uno vinculado a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), uno relacionado con la Prefectura Naval Argentina (PNA), uno en representación del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y otro que mantenga un nexo con el Poder Ejecutivo Nacional.

Al mismo tiempo que remarcaron que uno de los integrantes será designado como presidente del directorio, indicaron que los participantes podrán ser designados en carácter “ad honorem”. En este sentido, el cargo en representación no contaría con un salario correspondiente por las actividades desempeñadas en la comisión.

“La ampliación que se dispone no implica asignación de recursos extraordinarios y logrará asegurar el efectivo control interno y representatividad de las fuerzas incorporadas”, destacaron. Asimismo, el Gobierno marcó como requisito excluyente que todos los miembros deben estar vinculados a la fuerza federal que representarán, ya sea porque se encuentren en actividad, retiro y/o afiliado de la Caja.

De esta manera, determinaron que el directorio gozará de la facultad de “conceder o denegar los beneficios que otorgue en el marco de su competencia previsional y entender en el reconocimiento de servicios y aportes del personal alcanzado“, y de ”nombrar y renovar a los demás empleados de la Caja conforme a las reglas y las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Sin embargo, será vital que se constituya un quorum de 5 miembros presentes, para poder habilitar las sesiones.

A pesar de que la normativa solamente establecía las reglas de como administrar la caja previsional de la PFA, el Ministerio de Seguridad de la Nación anticipó que se presentará un proyecto para poder incluir a las demás fuerzas federales en la ley. Bajo esta ampliación de la medida, las autoridades pronosticaron que se garantizará la “transparencia en la gestión y la economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos”.

La decisión de incluir al resto de las fuerzas federales por parte del Gobierno nacional no solo formaría parte del plan de modernización del Estado trazado por la actual gestión, sino que señalaron que “con el devenir de los años -la caja provisional de la PFA- pasó a administrar todas las prestaciones nacionales contributivas de la Seguridad Social a cargo del Estado nacional”.

En este sentido, explicaron que durante todo este tiempo el organismo tomó el rol de administrar las cuestiones previsionales referentes a los miembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección General de Inteligencia de la Armada Argentina, la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Dirección General de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, Dirección General de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Dirección General de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“Se considera necesario que los objetivos estratégicos institucionales se realicen coordinadamente a través de una representación colegiada, en la que tengan adecuada participación las diversas instituciones con competencia en las materias propias de la mencionada entidad”, argumentaron al remarcar que la caja había tenido acceso a “aspectos sensibles como la seguridad de la información que administra”.

A la vez que destacaron que la creación del directorio no representaría un peligro para la meta de disminuir el déficit fiscal, las autoridades aseguraron que la medida aumentará la “transparencia de sus acciones -del Estado-, y sujetos a rendición de cuentas de lo actuado, permitiendo así fortalecer la confianza en la relación con la ciudadanía, la protección de sus derechos, proveyendo bienes y servicios de calidad”.

En medio del proceso de transformación que el Gobierno nacional anunció para las fuerzas policiales y de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.N.A.C), con el objetivo de elevar los requisitos en cuestión de transparencia, integridad y ética para los ciudadanos que formen o aspiren a formar parte de alguno de los organismos pertenecientes a la cartera.

El nuevo registro, que formará parte del módulo denominado como “Registro Legajo Multipropósito (RLM)” del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio, fue oficializado por la ministra Patricia Bullrich por medio de la publicación de la Resolución 12/2025 en el Boletín Oficial.

El RE.N.A.C funcionará para mantener un control de todas las sanciones de baja, cesantía, exoneración, destitución o cualquier otro tipo de medida por motivo de conducta que le hubiera derivado en la exclusión de un agente perteneciente a una fuerza policial o de seguridad en los últimos diez años. Una vez que los efectivos que tuvieran sumarios en su contra fueran identificados, los mismos serán dados de baja por no cumplir con los nuevos estándares impuestos.

De la misma manera, las autoridades remarcaron que no solo serán incluidos los miembros de las fuerzas federales, sino que también se tendrán en cuenta las sanciones que pudieran haber cumplido los cadetes, aspirantes o estudiantes candidatos durante su etapa de formación inicial.

Por este motivo, se determinó que el registro sea conformado con los siguientes datos de los oficiales adheridos o aspirantes a ingresar a una fuerza policial o de seguridad: nombre y apellido; documento nacional de identidad (DNI); CUIT; y número de legajo o matrícula. Además, se asentará la fuerza a la que pertenece o aspira pertenecer; último destino dentro de la fuerza; tipo de sanción expulsiva; motivo de la sanción; y número del acto administrativo, fecha, copia, transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo y observaciones.

Según explicó la resolución, la información que será volcada en el RE.N.A.C será de carácter reservado, por lo que solo podrá acceder el personal de la Administración Pública Nacional, provincial, municipal, de CABA, del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de todas las jurisdicciones disponibles.

No obstante, el RE.N.A.C no solo se sumará como una nueva herramienta de control, sino que modificará el proceso de ingreso para los ciudadanos que aspiren a formar parte de alguna de las fuerzas, entre ellas, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que será obligatorio que constatar que estos no hayan sido incluidos en la lista previo a ser admitidos y/o designados.

La base de datos fue creada para reemplazar el Registro Nacional de Sanciones Expulsivas y de Inhabilitación del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.SEI), el cual fue puesto en funcionamiento desde 2019 por la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad de la Unidad de Coordinación General, con la finalidad de garantizar la transparencia e integridad en las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La principal diferencia entre ambos se centra en la inclusión de los aspirantes y estudiantes en formación, debido a que se pretendería reforzar los niveles de transparencia, integridad y ética de los agentes que serán incluidos en cualquiera de las fuerzas policiales o de seguridad. “Resulta fundamental la aplicación de políticas de transparencia desde la etapa de ingreso en las respectivas escuelas o institutos de reclutamiento y formación”, destacaron al hacer referencia a la posibilidad de que existieran posibles actos de corrupción involucrados.

Por esta razón, la ministra consideró esencial “unificar, clasificar, verificar, coordinar y comunicar la información que hoy se encuentra registrada en cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, tanto federales como provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con la baja de sus recursos humanos por motivos de faltas a la ética, integridad y transparencia”.

Finalmente, Bullrich ordenó que las autoridades de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el director del Servicio Penitenciario Federal fueran instruidos para cargar los datos de los miembros de cada fuerza que posean algún tipo de las sanciones previamente enumeradas.

Bullrich declaró que esta cárcel simboliza “un paso fundamental en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, asegurando que la infraestructura permitirá garantizar que quienes cometan delitos graves enfrenten las consecuencias “en un entorno controlado y seguro, bajo el marco de la ley”. Además, afirmó que se trata de un esfuerzo para aliviar la sobrepoblación en cárceles provinciales, permitiendo que estas se enfoquen en la reinserción social de internos con penas menores.

La ministra subrayó que el objetivo de su gestión es transformar el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en una institución moderna y eficiente, que priorice la rehabilitación de los internos y el control efectivo de los establecimientos penitenciarios. “Se terminó el tiempo en el que los presos dominaban las cárceles. Ahora, la ley y el orden vuelven a prevalecer dentro de nuestras cárceles”, afirmó Bullrich, en un mensaje dirigido tanto a los internos como al personal penitenciario.

Asimismo, destacó el compromiso del gobierno con el bienestar del personal penitenciario, calificándolos como pilares esenciales para mantener la seguridad en los establecimientos: “Cuidar a los que nos cuidan es uno de los ejes centrales de nuestra política”.

Ubicada entre las localidades santafesinas de Coronda y Larrechea, a la vera de la ruta provincial N°64, la nueva cárcel tiene una capacidad inicial para alojar a 464 internos. Entre sus características, cuenta con:

• Cuatro pabellones: dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales.
• Áreas recreativas con patios internos diseñados para promover la integración.
• Una zona educativa con seis aulas destinadas a la formación de los internos.

El establecimiento fue diseñado para garantizar la seguridad interna, evitando que se convierta en un espacio para la consolidación de actividades delictivas. “Trabajamos para que quienes salgan de aquí lo hagan con la posibilidad de no volver a cometer delitos”, agregó la ministra.

Homenaje a Eusebio Gómez

La cárcel lleva el nombre de Eusebio Gómez, reconocido jurista y criminalista que dirigió la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires entre 1923 y 1928. Gómez impulsó reformas basadas en la disciplina y el trabajo, principios que sentaron las bases del sistema penitenciario moderno en Argentina.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, además de otros funcionarios nacionales y provinciales. La apertura de esta cárcel representa un nuevo enfoque en la gestión penitenciaria, con miras a garantizar tanto la seguridad pública como la reinserción social de los internos.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro inaugurarán mañana viernes una cárcel federal en Santa Fe. La Unidad N°36, con capacidad inicial para 464 internos, se encuentra a la vera de la ruta provincial N°64, entre las ciudades de Coronda y Larrechea, recibirá a presos federales de otras provincias del litoral, como Entre Ríos y Corrientes.

La apertura de la prisión, de mediana seguridad, era muy esperada en la región: fue licitada, por primera vez, en 1999. Es decir, hace 25 años. Sin embargo, su construcción comenzó en 2014 y se frenó durante el gobierno de Alberto Fernández, a causa de la pandemia por coronavirus.

“Cuando nosotros llegamos era una cárcel que estaba al, aproximadamente, al 90% de la construcción, con las partes más pesadas, con los equipos y el equipamiento. Pero la terminación es lo que más cuesta”, explicó a Infobae Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios.

La historia del penal estuvo rodeado de polémicas. No solo por las demoras, sino también por el presupuesto de obra. Sucede que la penitenciaria formaba parte del grupo de cárceles que fueron licitadas por el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, con Horacio Rosatti, como Ministro de Justicia. Ese proceso motivó un expediente en la Justicia Federal por supuestas irregularidades.

Finalmente, en 2008, se retomó el proyecto. “En ese momento, se tramitaron las tierras y recién en el 2015 se empezó a ejecutar con el gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno de Alberto", atravesado por la pandemia del coronavirus, estuvo prácticamente parada o se avanzó muy poco”, señaló Curi.

“Ellos querían terminar esta cárcel con fondos de ACARA. Bueno, nunca lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer y la dejaron así tirada. Si bien a nosotros nos costó porque todavía había obra que hacer, en menos de un año la terminamos. Antes no se había terminado porque no querían poner la plata, porque no tenía la decisión política", aseguró el funcionario. Antes de la gestión Milei, el SPF estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

En ese sentido, contrapuso la determinación de Bullrich: “La cárcel se termina por el impulso de Patricia. Fue uno de los objetivos que nosotros nos pusimos en la gestión, tiene que ver con el plan de seguridad que estamos desplegando, con el Plan Bandera, los pabellones de alto riesgo y todas las políticas de seguridad que estamos implementando en Rosario”, a pesar de que el penal, por lo pronto, no alojará a detenidos de alto perfil, como capos narco.

Al mismo tiempo, destacó que “desde Ezeiza a Chaco no había ninguna cárcel federal”. Por esa razón, evaluó que “era necesario para el centro del país un establecimiento penitenciario que tomara las necesidades tanto de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos”.

“Es un penal que se emplazó en la ciudad de Coronda, que está a 50 kilómetros de Santa Fe capital y en un punto neurálgico, casi en frente del río Paraná. Tiene cerca Rosario y Corrientes”, agregó sobre su ubicación que es considerada “estratégica”.

El nuevo penal no contará con pabellones de alto riesgo, pero la apertura de plazas es vital para el mapa penitenciario. “Como tenemos 464 plazas más, tenemos más nivel de rotación internos y vamos a recibir presos federales que estén en cárceles provinciales”, detalló el Secretario quien indicó que “esto va a desagotar las comisarías y va a permitir que la Policía pueda salir a hacer su trabajo de prevención comunitaria”.

“Una vez que nosotros tengamos a los internos, vamos a hacer una categorización y los que sean complicados no van a esta unidad. Porque además es una política penitenciaria nuestra alejar al delincuente peligroso. No estamos hablando de un ratero, sino de aquel que tenga la capacidad de operar desde la cárcel o corromper al servicio penitenciario o a la población penitenciaria. Si un interno presenta estas características, lo vamos a llevar a nuestras cárceles de máxima seguridad”, precisó.

La nueva prisión contará con cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales; patios internos para recreación y un área educativa equipada con seis aulas destinadas a la formación de los internos.

La polémica por el trabajo en las cárceles

El secretario de Asuntos Penitenciarios se refirió a la polémica que generó un reciente anuncio del Gobierno por el trabajo en las cárceles federales sin remuneración, tras una resolución firmada por Bullrich y publicada en el Boletín Oficial.

Desde ahora, los presos estarán obligados a limpiar y hacer tareas de mantenimiento en los centros de detención en los que estén alojados. De lo contrario, recibirán una sanción que les impedirá acceder a determinados beneficios.

En este punto, Curi aclaró que “la Ley de Ejecución Penal entiende que el trabajo en contexto de encierro tiene una finalidad de reinserción social. Entonces, vos tenés que ofrecer trabajo y el interno cobra porque así lo dice la Constitución y los tratados firmados. Pero, al mismo tiempo, el artículo 111 de la Ley establece claramente que el interno debe comprometerse con el mantenimiento y la conservación del lugar que habita”, explicó.

Y continuó: “Lo que van a hacer es lo que hice yo, lo mismo que hiciste vos y lo que hacemos todos, que es ordenar nuestra casa, limpiarla, lavar el baño, etc. Vos tenés que colaborar en el mantenimiento del lugar donde vos estás y, además, las cárceles deben ser sanas y limpias. Por supuesto, que el kirchnerismo abandonó todo eso: la cárcel estaba llena de ocio, no los obligaban a hacer nada porque había una concepción muy de victimizar al delincuente”.

“Lo que nosotros venimos a hacer es decir, por un lado: ‘Miren, muchachos, nosotros estamos comprometidos en darles trabajo productivo, como dice la ley. Por ejemplo, que fabriquen los uniformes del personal en los talleres de confección y costura”, amplió y reveló que el mobiliario de la nueva cárcel se realizaron en una carpintería del Servicio Penitenciario. “No se compró nada de afuera”, aseguró.

“Otra parte -siguió- es el mantenimiento de del lugar donde vos vivís. O sea, nosotros estamos en contra de la cultura tumbera, de vivir con todo desordenado”.

“Cuando llegamos, cambiamos la historia criminológica. Porque esa idea de dejar de lado a los internos, dejarlos sin hacer nada, tenía como contrapartida que por el solo hecho de estar presos, cumplían las etapas del tratamiento penitenciario", afirmó.

“Nosotros hacemos una evaluación de la readaptación que el interno hace en relación al delito cometido, la comprensión del delito y la necesidad de reinsertarse para progresar. El progreso, tiene beneficios y, para alcanzarlos, tiene que tener buena conducta. Si vos no limpias tu lugar, si vos no colaboras, si vos te negás a hacer lo que tenés que hacer, no progresas en el tratamiento penitenciario y no accedés cambiarte de pabellón para estar mejor o a un trabajo remunerado, entre otros beneficios", agregó. “Es un cambio de paradigma en el que, además, estamos poniendo en otro lugar a la fuerza”, afirmó.

“El guardia tiene el deber de informar que el interno no colabora y no es sencillo. Nosotros estamos imponiendo en alto riesgo restricciones a las comunicaciones, restricciones a las visitas, restricciones a lo que el interno puede tener en la celda. Imagínate la inquietud que tenía el personal, pero ¿qué hicimos? Lo firmamos desde el Ministerio, lo firma la Ministra, lo firmo yo. Y bueno, y así nos ha ido con los hábeas corpus, hemos ganado todos. ¿Por qué? Porque lo hacemos dentro de la ley. O sea, nosotros no vamos a hacer nada que la normativa vigente no nos autorice", cerró.

Se fugó dos veces de prisión; uno de esos escapes fue la huida del penal de Ezeiza ocurrida en agosto de 2013, un misterio irresuelto hasta hoy. Cayó cuatro años después en 2017, en un búnker que había construido en una zona rural de Mendoza, donde vivía con cuatro identidades falsas, un impresionante arsenal de armas de guerra, más de 20 palmeras de marihuana y 22 barras de gelignita, un explosivo plástico, con un sistema completo de detonación. Por las armas y los explosivos y las plantas, la Justicia federal de Mendoza le dio 13 años de prisión.

En prisión, donde pasó casi la mitad de su vida, lideró motines, ataques a puñaladas, incendió su colchón en protesta, un preso indomable, reconocido por otros pesados que olfateaban su jerarquía. Su último combate tumbero ocurrió a mediados de 2021 en el penal federal de Resistencia, Chaco, donde resistió un recuento de pabellón a punta de cuchillo, contra una tropa de penitenciarios armados. Luego, lo trasladaron de vuelta a su provincia, al penal federal de Rawson, en donde vivió durante los últimos dos años.

Este último viernes, por orden del Servicio Penitenciario Federal, Espiasse volvió a Marcos Paz, un penal que conoce bien, donde protagonizó varios hechos de violencia. Viajó en un vuelo de la Fuerza Aérea que aterrizó en el aeropuerto de El Palomar, rodeado de efectivos del SPF y la PSA. ¿Por qué un vuelo para un solo detenido, en una época de ajuste? Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que un viaje por tierra, dado su perfil, sería al menos riesgoso: otros nueve internos del SPF fueron trasladados de distintos puntos del país de la misma forma. Así, comenzaría su nueva vida en el Sistema de Gestión para Presos de Alto Riesgo, con un engome de veinte horas de celda cerrada por día.

En paralelo, mientras cruzaba el país por aire, ese mismo día, la Corte Suprema rechazaba su última apelación. La derrota para el hampón -sobre el cual escribí su biografía criminal, El Trueno En La Sangre, publicada por Rara Avis- era doble.

La nueva vida en el sistema de Alto Riesgo del SPF será severa: incluye una separación casi total de ambos detenidos, requisas constantes, veinte minutos por semana de llamados telefónicos a su familia, un poco más para hablar con su abogada, cuya identidad deberá ser certificada por oficio judicial. Al tuitear sobre el traslado, la ministra Patricia Bullrich lo llamó “narcoterrorista”, a pesar de que nunca se le comprobó un acto de terrorismo o se lo condenó por ello, mucho menos por menudeo de cogollos: las plantas de marihuana en su búnker eran para su voraz consumo personal.

¿Algún hecho de violencia ameritó su traslado, alguna nueva maquinación desde su celda? “Para nada”, asegura una fuente clave en el asunto. Es, simplemente, una cuestión de perfil: Espiasse vivió sus últimos años en Rawson en relativa paz, cerca de su familia, adolorido por una hernia, trabajando de fajinero, cumpliendo tareas menores en el penal. Sin embargo, carga siempre con la sospecha que despierta su prontuario.

“El SPF lo conoce bien”, dice otra fuente. Es lógico; pasó casi la mitad de su vida en prisiones federales y provinciales. Pero la frase es relativa. En su último motín, protagonizado en 2021, que terminó con varios heridos, tuvo como compañero a su histórica mano derecha, “El Cachetón” Barrientos, con el que intentó robar el Ministerio de Economía de Chubut. Una serie de secuestradores y ladrones de peso lo rodeaba. Ahora, se encuentra en la misma prisión que capos como “Guille” Cantero el jefe de la mayor facción de Los Monos. Todo, en este tipo de situaciones, se reduce a una cuestión de roce. El nuevo sistema para detenidos de alto riesgo garantiza, en teoría, un contacto casi cero con el resto de hampa.

¿Y el rechazo en la Corte Suprema, con el que intentó apelar su condena a prisión perpetua, ya confirmada por el Superior Tribunal de Justicia chubutense? El fallo firmado por los jueces Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti no detalla cuestiones de fondo. El rechazo, según el fallo mismo, se basa en defectos formales.

En un Nuevo operativo llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presas cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.

El 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% en el de Mauricio Macri, según surge del relevamiento de La Libertad Avanza al que accedió este medio.

La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, en palabras del titular de la ANDIS.

El anuncio que realizó en su conferencia de prensa diaria el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se suma a un operativo anterior en el que se identificó a 331 prófugos de la justicia que también estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De estos, 33 fueron puestos a disposición de la justicia y 14 fueron capturados en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas.

El dato de los prófugos y presos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS, surgió a partir de las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.

El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el país, y la cifra de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada jurisdicción provincial cuenta con sus propios registros de personas procesadas y condenadas. Como resultado de esta auditoría, se procedió a dar de baja a estos beneficiarios, con el objetivo de devolver esos recursos a los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.

Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años de La Matanza, quien recibió su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso similar involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo su pensión en un tiempo récord de seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.

La ANDIS ha reafirmado su compromiso de asegurar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente los necesitan, y este operativo es un ejemplo de la importancia de la vigilancia para prevenir el fraude y el abuso del sistema. “La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes”, afirmaron desde la Casa Rosada.

Los primeros distritos en ser auditados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.

“Los parásitos cayeron en su propia trampa”, dijo Adorni el 25 de octubre, fecha en que reveló el número de prófugos detenido al ser citados por la ANDIS para ser auditados, un proceso de validación de datos que puso en marcha Spagnuolo. “Lo particular de estos parásitos es que cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones se los citó con la excusa de auditar esas pensiones y allí fueron atrapados por la policía. Además se les dio de baja el ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos”, destacó el vocero presidencial.

Según pudo saber Infobae a través de funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.

De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria”.

Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.

Entre ellos destacan:

• Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
• Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
• En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
• Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal. Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.
• El vocero presidencial Manuel Adorni informó que un expediente se había iniciado con un diagnóstico en el que como prueba documental se incorporó a foto de un perro.

Nuevos requisitos

El Gobierno de La Libertad Avanza, a través de la ANDIS publicó en el Boletín Oficial el Decreto 843/2024, en el que se dispone una batería de cambios para “acceder y mantener” la Pensión “No Contributiva por Invalidez Laboral”, con el propósito de ordenar los criterios de acceso y dar fin a un sistema que utilizó los recursos del Estado para el clientelismo político, perjudicando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad “sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, e imposibilitada para trabajar”. Con la nueva normativa, el Ministerio de Salud, del cual depende la ANDIS, dio marcha atrás con las “flexibilizaciones” introducidas por el gobierno de Alberto Fernández en 2023, y que, según la interpretación de la Casa Rosada, dio lugar a “usos y abusos” que permitieron otorgar ese beneficio —que puede llegar a un máximo del 70% de una jubilación mínima— a personas que no tenían ningún tipo de dolencia.

Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ex ministro de Salud Mario Antonio Russo, -fue reemplazado por Mario Lugones- la nueva normativa “representa un esfuerzo significativo del gobierno por restaurar la confianza en el sistema de pensiones y garantizar que los recursos lleguen a aquellos que realmente los necesitan”.

La nueva norma establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Para las autoridades de la ANDIS: “Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, en un esfuerzo por mantener la integridad del sistema”. A partir del decreto publicado, los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.
• No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.
• Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. La Agencia Nacional de Discapacidad determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.
• Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.

“En un contexto de austeridad fiscal”, desde La Libertad Avanza se enfatiza en “la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos”. Y destacan: “Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y con una situación de salud desfavorable, sino también garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”.

Desde la publicación de la nueva normativa y las disposiciones de la autoridades de La Libertad Avanza, las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas. Para Spagnuolo: “Este enfoque proactivo permitirá identificar y corregir irregularidades, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las personas que realmente requieren apoyo reciban la atención que necesitan”.

La reciente fuga de 16 detenidos de una comisaría de Rosario es simplemente un capítulo más en el marco de la situación crítica que desde hace tiempo afecta al sistema penitenciario de la Argentina y que no solo pone en jaque la seguridad de los ciudadanos, sino que también implica un gasto excesivo para el Estado.

Casi todos los establecimientos están sobrepoblados. Particularmente en la provincia de Buenos Aires: según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, las 74 cárceles bonaerenses tienen capacidad para 26.876 personas, pero hay más de 53.000 detenidos, es decir, el doble de la cantidad de plazas.

Los presos en penales de Santa Fe rondan los 10.000 (tres veces más que hace una década) y en Córdoba el número asciende a más de 13.000 (un aumento del 30% en dos años), a pesar de que no se hicieron obras relevantes para aumentar la capacidad de las cárceles.

La Ciudad de Buenos Aires tiene competencias penales, pero no cuenta con un servicio penitenciario local, por lo que las comisarías vecinales y las alcaidías comunales no pueden ni están preparadas para albergar detenidos por más de 48 horas, por lo que se suceden las fugas de presos.

Estas estadísticas brindan un panorama general de la crisis del sistema penitenciario, sin tener en cuenta la devastada infraestructura de las cárceles federales. Esta situación provoca hacinamiento, falta de cupos y reiteradas fugas de los presos alojados en dependencias que, muchas veces, se encuentran en otras jurisdicciones por la carencia de plazas en las prisiones que les corresponden.

Claro está, semejante situación imposibilita o, al menos, dificulta considerablemente la realización de estrategias de seguridad serias para combatir el delito, que protejan a los ciudadanos de las fugas de los delincuentes y que éstos, a su vez, logren reinsertarse en la sociedad.

Aunque parezca una obviedad, no debemos olvidar que en algún momento los presos van a recuperar su libertad y, si durante el tiempo que estuvieron encarcelados no trabajaron, no recibieron educación ni fueron instruidos en algún oficio, probablemente cuando vuelvan a la calle sigan cometiendo delitos.

Ante esta situación, la gestión privada de algunas o todas las cárceles se presenta como una solución que, a corto plazo, podría resolver los problemas más urgentes que enfrenta el Servicio Penitenciario y que, además, permitiría un ahorro importante para el Estado, determinante para lograr el ansiado déficit cero.

Se trata de la cesión parcial o integral de servicios de parte del Estado a prestadores privados en el desarrollo de proyectos penitenciarios dentro del marco de la ley que rige la actividad. De esta manera, se logra que las cárceles puedan ser más eficientes y “baratas”, con el objetivo de optimizar al máximo el sistema penitenciario.

A pesar de estar gestionados de manera parcial o total por privados, los establecimientos deberán garantizar los derechos contemplados en la Constitución Nacional, las leyes locales y los tratados internacionales, con personal penitenciario formado y capacitado para cerciorarse de que las personas privadas de su libertad cumplan con su condena y logren la readaptación social.

Para mayor efectividad de este sistema, debería estar enmarcado dentro de una estrategia integral de seguridad, que contemple que los padres o progenitores de las personas menores de edad halladas culpables de cometer un delito sean civil y penalmente responsables de sus hijos.

Entre los principales beneficios de este sistema, se destaca que, al contar con infraestructura moderna y sofisticada, habrá menos policías destinados a custodiar a los presos, por lo tanto, podrán estar en la calle garantizando la seguridad de los ciudadanos.

Además, permitirá la rehabilitación real del preso. Ellos deberán trabajar en tareas estratégicas para el Estado, recibir educación básica si no la tienen y formarse en oficios para readaptarse a la sociedad.

No es un detalle menor los beneficios que este sistema puede traer para las arcas de Estado. Las empresas serían quienes realicen las inversiones necesarias para la construcción de las dependencias, mientras que los decadentes establecimientos que se utilizan en la actualidad, que en muchas ocasiones están situados en zonas de mucho valor en términos inmobiliarios, se pueden utilizar para otros fines más rentables.

Son muchos los países en los que hace rato se han implementado asociaciones público-privadas para el servicio penitenciario. Reino Unido fue el primero y luego, con estrategias similares, se sumaron otros 90 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Brasil y Uruguay.

Estos cambios de poco servirán si no van acompañados de una nueva cultura penitenciaria, en la que las autoridades y la ciudadanía comprendan que la Policía es la única y última barrera que nos defiende ante los criminales; y que las cárceles son el lugar donde los delincuentes cumplen su pena, pero también trabajan y se forman para regresar a la sociedad.

“Es falso de toda falsedad que haya facilitado el ingreso de los diputados para visitar a represores. Me enteré de la visita por los diarios, pero el Servicio Penitenciario Federal actuó conforme a la Ley de Ejecución de la Pena. Esta norma permite que un diputado ingrese con aparatos para registrar la situación, y aunque es una ley antigua que no contempla la tecnología actual, es la que está vigente”, afirmó Bullrich en una entrevista con la emisora Cadena 3 de Rosario.

El escándalo se originó tras la publicación de chats por parte de la diputada Lourdes Arrieta, en los que se describe cómo se coordinó la visita al penal de Ezeiza. Según dichos mensajes, Bullrich habría facilitado el acceso de los legisladores a los condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Alfredo Astiz, condenado por secuestros y desapariciones durante la dictadura militar de 1976-1983.

La funcionaria nacional negó haber tenido conocimiento previo de la visita y reiteró que ni ella ni el Servicio Penitenciario fueron responsables de coordinar el encuentro. “Si un diputado solicita entrar, el Servicio Penitenciario debe permitir el acceso de acuerdo con la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. No recibí ninguna comunicación sobre este tema. Nadie me llamó, y no tuve participación alguna en lo ocurrido”, declaró.

La ministra calificó las acusaciones como una “mentira total y absoluta”, desestimando cualquier vínculo entre su gestión y la polémica visita. Defendió al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, señalando que su área actuó conforme a la legislación vigente. “Lo que se hizo está dentro de ley, entonces querer involucrar al servicio penitenciario y más aún a mí, que no nadie me llamó por teléfono y nadie me dijo nada, es una mentira total y absoluta”, manifestó.

La controversia estalló cuando la diputada Lourdes Arrieta reveló detalles del ingreso al penal en redes sociales, indicando que la visita no había sido controlada. En los mensajes, el sacerdote Javier Ravasi habría informado a los legisladores de que el diputado Beltrán Beneditt habló con Bullrich para asegurar que los diputados que deseaban visitar a los “presos políticos” detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz pudieran hacerlo sin inconvenientes.

La publicación de estos mensajes generó un amplio rechazo político. Los legisladores socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron una solicitud para que Bullrich comparezca ante la Cámara de Diputados y explique su posible participación en el ingreso de los legisladores al penal. Paulón, en declaraciones públicas, exigió respuestas sobre si Bullrich estaba al tanto de las conversaciones entre los diputados y las autoridades del penal para facilitar el acceso a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Queremos saber si la ministra tenía conocimiento de estas gestiones y si estaba implicada en la elaboración de un anteproyecto de ley para modificar el régimen penal, incluyendo causas de lesa humanidad en esa norma”, señaló Paulón en su pedido formal.

La relación con Mauricio Macri

En otro pasaje del reportaje, Bullrich volvió a marcar una distancia con relación al expresidente Maurico Macri, y afirmó que su prioridad es apoyar al actual gobierno. “Lo hablé con Macri recientemente, y él me dijo que es opositor, mientras que yo soy oficialista. Esta es la diferencia. No se trata de una disputa interna, sino de un concepto”, dijo la ministra en comunicación con Cadena 3 Rosario.

As u vez, explicó que el PRO, hoy presidida por Macri, incluye a otros sectores políticos que están colaborando con el gobierno para avanzar en los objetivos propuestos. “Hay una coalición de gobierno. Petri y yo venimos de otro sector, pero trabajamos en conjunto. También hay legisladores que apoyan al gobierno y no buscan obstaculizarlo. Esto se reflejará en las elecciones del próximo año, y esperamos que los logros sean visibles para todos los argentinos”, añadió.

Asimismo, Bullrich evitó calificar a la vicepresidenta Victoria Villarruel como opositora, a pesar de las tensiones dentro del gobierno. “Evidentemente, hay problemas, pero no existe una ruptura total. Estos problemas los resolverán el presidente y la vicepresidenta”, concluyó.

Nuevas disposiciones de control carcelario, programas de incapacitación delictiva por abordaje de riesgos y necesidades, obturación de vectores que potencialmente vulneran la seguridad penitenciaria y toda una amplia gama de opciones que este nuevo Gobierno, a través de los órganos competentes, ha desplegado desde el minuto cero de su gestión, han logrado, hasta aquí, que los efectos de la inseguridad se perciban en franco retroceso.

Pero, (siempre hay un pero), a pesar de los esfuerzos realizados por la quinta fuerza de seguridad de la nación (Servicio Penitenciario Federal), la imposibilidad coyuntural de armonizar capacidad con legislación y practica actuarial comienza a preocupar a funcionarios de distintos poderes vinculados con la problemática Penitenciaria.

Hace apenas un mes, este medio daba cuenta de la situación al reproducir una misiva enviada por la Junta de presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales ante la Corte Suprema de Justicia, alertando sobre las falencias que en términos estructurales presenta el Servicio Penitenciario Federal (S.P.F.).

En el documento hecho público, se requería a la Corte Suprema que inste al Gobierno Nacional a que haga cesar “la crítica situación de las cárceles federales“ que se encuentran actualmente desbordadas de internos”, con hacinamiento, falta de cupos y (como saldo colateral de la situación descripta) fugas reiteradas de alojados en dependencias que, de manera contingente y bajo otra jurisdicción, suplían la carencia de lugar de alojamiento en los establecimientos Federales.

Problemas como falta de infraestructura federal en varias provincias de nuestro país (pues el SPF solo se encuentra operativo en 15 de ellas), supresión de cupos de alojamiento en función de la readecuación de espacios operada a la luz de la normativa internacional y de la misma manera, perdida de la capacidad de disposición de plazas por imposibilidad de gestión en los traslados de los internos alojados, completan la trama de una situación potencialmente explosiva de cara a los nuevos desafíos que en materia de política criminal esperan a ser operativizados en el corto plazo.

El escenario, suma complejidad si se considera que el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para bajar la ley de imputabilidad; a la par, busca la implementación en todo el país del sistema acusatorio, proyectos que deberán complementarse con los resultados de la reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24.660), cuya modificatoria (Ley 27.375) vigente desde el año 2017, reformulo el régimen de progresividad penitenciaria en la ejecución, lo que ha limitado el número de presos que podrían alcanzar morigeración en la pena con la consecuente falta de liberación de plazas de alojamiento en las cárceles federales.

Despliegue territorial e infraestructura saturada

El S.P.F. mantiene un despliegue territorial vasto, a lo largo y ancho de la república, con presencia en quince de las veintitrés provincias y en el distrito federal que representa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La infraestructura Penitenciaria Federal, esta integrada por 28 unidades, sin considerar los servicios de alcaidías (establecimientos de mero transito con prohibición legal y reglamentaria de alojar internos por lapsos mayores a las 24 horas), ni tampoco, establecimientos especiales como hospitales o centros de salud específicos de ejecución Penitenciaria. De estas 28 Unidades, 9 son Complejos (establecimientos de estructuras modulares sincronizadas actuarialmente, pero con funcionamiento autónomo), en tanto que el resto, son establecimientos de características tradicionales en la arquitectura Penitenciaria.

Los Complejos resultan ser las construcciones con menos años que posee el S.P.F., a excepción de la vieja y derruida cárcel de Devoto (a la sazón nomenclada como Complejo Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cuyo ingreso operativo al ámbito penitenciario data del año 1957, pero, su inauguración como Cárcel de contraventores bajo la responsabilidad de la por entonces Policía de la Capital, vio la luz en el año 1927; el C.P.F.IV de Ezeiza (ex Unidad 3 – Cárcel de Mujeres), fue puesta en servicio hace mas de 46 años, en 1978.

Simplificando, de las 28 cárceles Federales, mas de la mitad de su estructura operativa, se encuentra signada por la obsolescencia producto del tiempo en funciones; 16 de sus establecimientos registran un piso de antigüedad mínimo de 42 años, (U.30 de La Pampa, inaugurada en 1982) y un techo de 127 años (U10. de Formosa inaugurada en 1887). Huelgan los comentarios respecto de las instalaciones y de los estándares internacionales, aplicables en términos de plazas de alojamiento y cupo penitenciario, aspectos que retomaremos más adelante.

Emergencia carcelaria y drástica disminución de internos

El título de la columna habla de paradojas y paradojal resulta que, parte de los fundamentos que originaron la Resolución 184/2019 por la que se decretó la “emergencia Penitenciaria”, hayan desaparecido, pero la emergencia no solo continua, sino que además se ha agravado de una manera especial. Veamos.

A marzo del año 2019 la cantidad de internos alojados en el S.P.F., alcanzaba cifras récord en su historia, llegando a los 13.773 internos, en tanto que su capacidad operativa era de 12.235 plazas de alojamiento. Por consiguiente, los guarismos indicaban una tasa de sobrepoblación superior al 12%.

Actualmente el S.P.F. tiene una sobrepoblación carcelaria del 6.7 %, aunque aloja 2.103 internos menos que en 2019, pues su población penal hoy es de 11.670 presos, contando con una capacidad operativa utilizable de 11.002 plazas de alojamiento. En limpio, la emergencia carcelaria a nivel federal, desde que fue decretada en 2019, no solo no agregó una sola celda más, sino que, en el año 2021, suprimió 1233 lugares disponibles para personas privadas de la libertad. Cualquier semejanza con los internos que actualmente gestiona ciudad (2052 alojados) no es pura coincidencia.

Entonces, nada es claro en el marco de una emergencia que se dicta por falta de lugares y que se mantiene vigente aún, cuando el escenario que era deficitario en plazas de alojamiento redujo, además, 1233 espacios de encierro personal. Todo tiene una explicación, aunque la misma no necesariamente es aceptada por todos los actores involucrados en la temática, lo cual no la invalida, por cierto.

La clave para comprender lo que pareciera ser un oxímoron operativo, esta en el concepto reseñado precedentemente de cupo de alojamiento y plaza penitenciaria, a la luz de la normativa internacional de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Cupos y plazas, significados y significantes

Hemos señalado que, durante el año 2021, cuando el S.P.F. aun dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el por entonces ministro de Justicia, Dr. Martin Soria, firmó la resolución 517/2021 (aun vigente) por la cual se establecía la cantidad de internos que cada Unidad Penitenciaria Federal podría alojar, reduciendo drásticamente la capacidad operativa.

Para ello se forzó la convergencia de los estándares internacionales con la situación imperante a nivel coyuntural en el SPF, resignando en consecuencia plazas de alojamiento efectivo en honor a los tratados internacionales que, Argentina en tanto parte del mecanismo internacional de protección de los derechos humanos, estaba obligada a cumplir; las disposiciones se inspiraron en el Principio XVII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH). Dichas disposiciones exigen que la autoridad defina la cantidad de plazas disponibles de cada establecimiento Penitenciario, conforme a los estándares vigentes en materia habitacional, y produzca información pública y accesible sobre la tasa de ocupación real de cada establecimiento.

En este contexto se contemplaron las complejas características estructurales que comentamos de manera detallada anteriormente (establecimientos de distinto diseño y antigüedad basados en estándares de construcción que difieren de aquellos que fueron inaugurados a partir del año 2000), considerando que la política de fijación de la capacidad oficial de cada una de estas Unidades, debía considerar estas diferencias y fijar estándares transitorios con la premisa de su adecuación progresiva, ya que los complejos federales, construidos con posterioridad al año 2000 son acordes y van en línea con los que se aceptan a nivel internacional y son superadores a los fijados por el Comité internacional de la Cruz Roja (C.I.C.R. en su manual, “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles”, 2011) y por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (C.P.T., en su handbook “Living space per prisoner in prison establishments: C.P.T. standards”, 2015).

A partir de la resolución “SORIA” (517/2021), cupo y plaza de alojamiento, aunque ligeramente puedan considerarse sinónimos, terminan siendo el resultante de una compleja operación de cálculos que contemplan metraje cubico de celdas, complejidad edilicia de cada establecimiento penitenciario, ámbitos destinados al ocio, trabajo, educación, visitas y atención espiritual, en definitiva, exigencias para las que más del 50% de las cárceles federales no califican.

La ecuación resultante en el marco de la emergencia penitenciaria recientemente prorrogada por las autoridades actuales del Ministerio de seguridad, a pesar de los postulados ampliatorios sobre rangos actuariales con personas privadas de la libertad, ha reducido significativamente la capacidad operativa, al modificar las condiciones básicas de habitabilidad de los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, ordenando una vez fijados los cupos de alojamiento (hecho sucedido en el año 2021), a comunicar obligatoriamente cualquier modificación efectuada sobre la presente medida, a estos órganos de actuación y monitoreo;

• La Cámara Federal de Casación Penal.
• La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
• La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
• Las Cámaras Federales con jurisdicción en los establecimientos cuya capacidad operativa haya sido alcanzada.
• La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A.
• La Procuración General de la Nación.
• Los Fiscales Coordinadores de Distrito con actuación en las jurisdicciones de los establecimientos cuya capacidad operativa haya sido alcanzada.
• La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
• El Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
• La Procuración Penitenciaria de la Nación.

Por lo tanto, cualquier medida que posibilite gestionar mayor cantidad de detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, deberá necesariamente estar asociada a la construcción y puesta en funciones de nuevos espacios de encierro. Justo es señalar, que las actuales autoridades se encuentran empeñadas en conseguir la incorporación de mas de 2000 plazas de alojamiento penitenciario, hacia fines de este año, principios de 2025, con el acople operativo a la dotación del SPF, de la nueva Cárcel de Coronda en la Provincia de Santa Fe y la postergada obra del Complejo Penitenciario de Agote, en el partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires.

Conseguir que la seguridad publica se consume, a partir de la integralidad requerida para sus logros, es una obligación de todos los actores involucrados en su gestión y no solo de aquellos que, durante años, fueron reducidos al rol de meros administradores de decisiones ajenas, quizá bien intencionadas, pero sin dudas inoportunas por contexto y posibilidades en su ejecución.

El Ministerio de Seguridad informó que sin los intermediarios ni los sobrecostos que quedaron expuestos en el denominado “escándalo de los seguros” -con la utilización de comisionistas en las pólizas que pagaba el Estado- redujo en 1.900 millones de pesos por año el costo del contrato de la ART que cubre a más de 100 mil uniformados de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

El contrato de seguro de riesgos de trabajo es uno de los que mayor peso presupuestario tiene, sobre todo en una actividad como la que cumplen los uniformados. Había quedado bajo análisis a fin del año pasado cuando se empezaron a descubrir las maniobras que luego terminaron en una causa judicial que tiene procesado al propio ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios y empresarios del rubro cercanos al ex jefe de Estado.

El organismo que encabeza Patricia Bullrich explicó que después de la negociación de los contratos “se adjudicaron con mejoras en sus precios y sin lugar a ningún intermediario, en un trabajo conjunto con la compañía Provincia ART”. Y aclaró que “se logró una reducción importante en todas las alícuotas, generando un ahorro anual de 1.931 millones de pesos”. Explicaron que se llegó a ese resultado mediante una disminución en la tasa de siniestralidad y con ajustes en diversos costos administrativos y de gestión.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el contrato de la ART involucra una masa salarial total del orden de los 110 mil millones de pesos. Cubre los riesgos de trabajo de los 39.816 integrantes de Gendarmería Nacional (con un costo mensual $ 50 millones); los 33.814 efectivos de la Policía Federal (con un costo de 30 millones de pesos por mes); los 21.030 miembros de Prefectura Naval ($ 25 millones), los 15.977 agentes del Servicio Penitenciario Federal (unos $ 15 millones), y los 5.743 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (con 13 millones de pesos por mes).

“El recorte se logró porque se hizo una negociación global para todas las fuerzas”, detallaron fuentes oficiales. Es que hasta antes de la llegada de la nueva administración, cada fuerza gestionaba la cobertura de la ART de manera individual. Las reducciones en las tasas que se aplican sobre la masa salarial está en el orden de los decimales -la mayoría pasaron de 3,17 a 3,05- pero debido al volumen mensual que se paga en salarios, se trata de ahorros que se escalan y generan un impacto sensible en las erogaciones del Estado.

“Hubo una política de reducir la tasa de siniestralidad en los distintos rubros en los que estaban los riesgos que definía el prestador. Se hizo una negociación y se puso sobre la mesa todas las medidas y políticas que se pusieron en marcha para mejorar la seguridad y las condiciones en las que los efectivos cumplen su función”, explicaron fuentes oficiales, quienes anticiparon varios anuncios que se harán en los próximos días en materia de refuerzo en recursos materiales y logística.

En esa línea se inscribe tanto la adquisición de chalecos antibalas, las 10 mil nuevas pistolas adquiridas para las fuerzas de seguridad o las 280 camionetas 0KM que se incorporarán a las fuerzas de seguridad y que reducen los riesgos de accidentes. “Con cambios que pueden ser pequeños, como tener desfibriladores o mejorar la capacitación para achicar los incidentes en los entrenamientos, son medidas que bajan el riesgo y que permitieron una reducción en el costo del contrato con la ART”, explicaron.

Y pusieron como ejemplo el caso de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal, que no contaban con equipamiento especial de protección antimotines. “Ni cascos para protegerse había. Por eso terminaban todos lastimados cuando pasaba algo”, explicaron.

Escándalo de los seguros

Antes de que estallara el escándalo de los seguros, el Ministerio de Seguridad había advertido sobre la presencia injustificada de productores e intermediarios en contratos de seguros. De hecho, con la firma de Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa, se había decidido “dejar sin efecto, a partir del 11 de diciembre, la designación de septiembre de 2020 del productor asesor de seguros Bachellier, como canal para todo tipo de gestión comercial, administrativa y de asesoramiento integral respecto de las pólizas vigente y las que oportunamente sean contratadas por el este Ministerio”.

En esa carta fechada el 20 de diciembre, a la que accedió Infobae en marzo pasado, se solicitó “la designación de un Ejecutivo de Negocios perteneciente a Nación Seguros para el desarrollo de las acciones comerciales con esta jurisdicción”. Los convenios que la empresa Nación Seguros -presidida por Alberto Pagliano, amigo de Alberto Fernández- firmó con ANSES fueron los que hicieron estallar el escándalo, cuando se descubrió que empresarios amigos del poder cobraban comisiones de seguros de vida que se les cobraba a jubilados que tomaban créditos del gobierno.

Martín Siracusa recordó que cuando se detectaron las primeras irregularidades y sospechas en torno a los seguros Bullrich le bajó una orden: “No me bajes las prestaciones, pero sacame todos los intermediarios”.

El Gobierno Nacional aumentó la suma que destina de forma diaria para el alojamiento de presos en los servicios penitenciarios federales y de las provincias.

La medida se confirmó a través de la Resolución 610/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada este jueves en el Boletín Oficial. “Fíjase el monto único y total a reconocer por el alojamiento y atención integral recíproca de internos de extraña jurisdicción en establecimientos penitenciarios federales y provinciales, en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) por día y por interno desde el 1° de enero de 2024″, establece el artículo primero del texto que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich. “Cúrsense las debidas comunicaciones a las Provincias respecto de la modificación que se aprueba”, agrega la normativa.

La decisión responde al objetivo de alcanzar la cancelación de las obligaciones reclamadas por las Provincias en relación al alojamiento de internos: “Conforme al principio de solidaridad que el Estado Nacional mantiene con las Provincias y por las razones de urgencia que los asuntos de política penitenciaria demandan en cada una de las jurisdicciones, esta Administración tomó la decisión de encausar la cancelación de las obligaciones reclamadas por las Provincias”, señaló el Gobierno en los considerando.

El modelo vigente de Convenio de Adhesión al “Régimen de Fijación y Modificación del Valor Diario por el Alojamiento de Internos”, relativo a las prestaciones recíprocas de alojamiento de internos de extraña jurisdicción en los establecimientos penitenciarios federales y provinciales, se aprobó en 2013.

Dicho convenio, establece el mecanismo para la modificación del monto que se destina por día para el alojamiento de presos del Servicio Penitenciario Federal, “conforme las posibilidades presupuestarias del Estado Nacional”.

Dicho monto se estableció en el año 2016 en la suma de 375 pesos por día y por interno. Aquel importe aprobado en el 2016 se encuentra significativamente retrasado, y en tal sentido la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad remitió remitió las presentes actuaciones a la Secretaría de Coordinación Administrativa para su competente intervención mediante las áreas técnicas correspondientes”, informó el área a cargo de Patricia Bullrich.

La ministra está facultada a tomar esta decisión ya que al comienzo del Gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo determinó que el Servicio Penitenciario Federal dejara de depender del Ministerio de Justicia y pasara a funcionar bajo la órbita de Seguridad. En este marco se le transfirieron las unidades organizativas, como así también los créditos presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes, como así también el personal con sus respectivos cargos y niveles escalafonarios, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia a Seguridad, se recordó en la publicación oficializada esta madrugada.

El Servicio Penitenciario desde hace años que se encuentra en crisis en Argentina. Un relevamiento de Infobae, con información al último 15 de abril, revela que en el SPF no hay plazas disponibles en sus cárceles dado que la capacidad operativa es de 10.932 cupos, mientras que los alojados ya suman 11.532. O sea, hasta esa fecha había 600 presos más de los que debería haber.

De esos 11.532, el 58% de los internos del SPF tienen condena, mientras que el 42% está procesado. La mayoría son hombres (93%) y mayores de edad (97%). El 83% son argentinos y el resto extranjeros. El 20 % de los detenidos estaba desocupado al momento de su detención, y solo 47 de los más de 11.500 detenidos, tienen un título universitario. En cuanto al tipo de delitos, los relacionados con las drogas ocupan el mayor porcentaje: 38%; le siguen los delitos contra la propiedad (32%) y contra las personas (11%).

El 56% de este universo se encuentra alojado en el AMBA, donde hay tres complejos penitenciarios federales: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz.

Según contaron oficialmente, el hallazgo de celulares debajo de los inodoros no fue el único hallazgo inusual. Teléfono, facas y cables USB fueron encontrados escondidos en plafones de luz, cañerías, zócalos e, incluso, en el interior de una pasta dental.

Fue personal de la División Control y Registro del SPF los que se encargaron de las requisas, en el marco de la política que incluye también los controles de las visitas.

“En total se secuestraron 29 celulares, cuatro tarjetas SIM, nueve tarjetas de memoria, 12 cables USB, 19 cargadores de celular, ocho auriculares, un pendrive, un módem de internet portátil, 40 objetos corto-punzantes, ocho elementos contundentes, más de 150 gramos de cocaína y marihuana y 57 pastillas de éxtasis”, detallaron las fuentes del caso.

En tanto, también descubrieron los agentes del SPF que los internos de los penales de Jujuy y Neuquén consumían una bebida conocida como “Pajarito”. “Hecha de frutas fermentadas, provoca alucinaciones. Tenían más de 20 litros escondidos”, posteó en su cuenta de X (Twitter) la ministra Patricia Bullrich con un video en el que se ven los bidones repletos de un líquido colorido.

Bullrich en El Salvador

Este domingo, en tanto, Bullrich se encontraba en El Salvador. Tras el aterrizaje, la ministra recorrió el centro penitenciario más grande del continente, con el objetivo de interiorizarse en las políticas de seguridad que implementó el presidente de ese país, Nayib Bukele.

La funcionaria argentina estuvo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y previamente visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Fueron las primeras actividades de la agenda en El Salvador, donde llegó el sábado por la noche con el fin de conocer las distintas estrategias y acciones puestas en marcha en ese país centroamericano que permitieron reducir los índices de violencia, según informó el Ministerio.

El encargado de recibir a la ministra de Seguridad de la Argentina en la Academia Nacional de Seguridad Pública, antes del mediodía, fue César Flores Murillo, quien es el director de la institución. Conocida como la ANSP, el organismo se encarga de la formación y capacitación de los miembros de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad pública de El Salvador.

Luego fue el turno de trasladarse al Centro de Confinamiento del Terrorismo. El CECOT es una instalación de máxima seguridad que está diseñada para alojar a los integrantes de las pandillas y otros presos considerados de alta peligrosidad. Además, para el gobierno salvadoreño tiene un rol central en la estrategia para desmantelar las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en el país.

Con una capacidad para 40 mil presos, el centro de detención se emplaza en una zona rural aislada, en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, a unos 69 kilómetros al sudeste de San Salvador. Tomando como referencia este modelo, Bullrich estuvo visitando las instalaciones y conoció también las medidas de seguridad implementadas. En ese sentido, se destacó la importancia de tener centros penitenciarios especializados en la lucha contra el crimen organizado.

Jorge Néstor Mangeri, el ex portero del edificio de la calle Ravignani al 2360, el asesino de Ángeles Rawson, todavía viste el buzo polar que lo convirtió en un símbolo del crimen argentino. Sin embargo, en los últimos meses, otras cosas cambiaron en su vida.

En diciembre último, Mangeri -condenado a prisión perpetua por el femicidio y abuso de la joven de 14 años cometido en junio de 2013, una pena que fue confirmada por la Corte Suprema cinco años después del hecho- fue trasladado desde el módulo 1 del penal de Ezeiza, donde pasó la última década preso, al nuevo pabellón de ofensores sexuales del penal de Rawson, en Chubut, confirmaron fuentes tanto oficiales como cercanas al femicida a Infobae.

La medida lo separa de su esposa, Diana Saettone, que vive en el Conurbano bonaerense, a 1500 kilómetros de distancia, con quien continúa en pareja hasta hoy; Saettone -que hasta hoy sostiene la inocencia de su marido, a pesar de la doble ratificación de la condena- siempre tuvo una parte activa en la defensa de Mangeri y lo visitó regularmente en Ezeiza.

El costo económico es evidente: un pasaje de ida desde Retiro en un micro semicama, con casi 24 horas de viaje, supera los cien mil pesos. Saettone, sin un trabajo en blanco, percibe una pensión. El ex portero, por su parte, trabaja en la cárcel patagónica por el sueldo tumbero por tareas menores, con aportes en blanco, que le envía a su mujer.

La medida del traslado sorprende a los habitués del caso Ángeles. El ex portero había sido durante la última década un trabajador dedicado en la cárcel de Ezeiza, rara vez conflictivo, en un intento de replicar en la jaula su vida antes del crimen. Había, incluso, iniciado sus estudios en el CUE, el centro universitario de la cárcel, donde cursaba la carrera de sociología, con buenas notas. Sin embargo, algo se habría desgastado en el pabellón, entre otras situaciones que llevaron a una fuerte baja en la nota de concepto del femicida.

Una fuente oficial al tanto de los pormenores de su encierro desliza: “No tenía más lugar. Había rotado por donde tenía que rotar. No tenían dónde ponerlo, primero por la relación con sus compañeros. Segundo, por su condena”. Así, fue enviado al pabellón de delincuentes sexuales de Rawson. “A veces se cree que está por encima del sistema”, dice otra fuente que conoce la actual vida de Mangeri en prisión.

Su nueva abogada, la reconocida penalista Patricia Croitoru -defensora de acusados como el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez y Eduardo “Patán” Nacusse, una célebre figura del hampa bonaerense, acusado en una trama narco- protesta la medida con fuertes recursos.

Que un detenido sea enviado al otro lado del país no suele ser un buen signo en los códigos internos del Servicio Penitenciario Federal, una medida que se reserva para presos conflictivos que generan disturbios o que son capaces de corromper a penitenciarios o a los detenidos a su alrededor. En el penal de Rawson, por ejemplo, se encuentra detenido “Mameluco” Villalba, capo narco de San Martín, así como varios jugadores de las segundas líneas del negocio de la droga en Rosario, o Martín Espiasse, alias “Banana”, ladrón de bancos, condenado a perpetua por el asesinato de dos policías en el asalto al Ministerio de Economía de Rawson en 2007, que ya se escapó de la cárcel en dos ocasiones, al que también defiende Croitoru.

Mangeri, desde ya, se encuentra separado de estos pesados del hampa al ser parte del sector de delincuentes sexuales, encerrado en la celda número 2 del pabellón número 16.

Croitoru comenzó a defender a Mangeri cuando ya había sido trasladado a Rawson, luego de un encuentro con Saettone, con quien logró buena sintonía. El portero femicida pidió dos prontos despachos escritos con birome en marzo último para renunciar a su entonces abogado, un defensor oficial. La abogada, rápidamente, pidió por el reintegro de Mangeri a Ezeiza.

Así, a fines de mayo, Croitoru insistió ante el Juzgado de Ejecución Penal N°1 -que supervisa el cumplimiento de la condena de Mangeri- para que el SPF informe qué hará con el planteo de regreso. El 24 de mayo último, el juez Axel López envió un oficio al Servicio de cárceles hoy a cargo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. La respuesta al mismo se espera en los próximos días.

El Gobierno Nacional actualizó las escalas salariales del personal de las fuerzas de seguridad federales. La suba de haberes, que cobrarán a partir del 1° de junio, rige para efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria.

La decisión se hizo efectiva a través de la Resolución 441/2024 de la cartera a cargo de Patricia Bullrich, publicada este viernes en el Boletín Oficial. “Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las fuerzas policiales y de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”, señaló el Poder Ejecutivo.

En el caso del haber mensual para personal de Gendarmería varía según la jerarquía, siendo el de grado II el de menor paga con $521.957,57, mientras que un Comandante General pasará a cobrar $1.932.058,19.

Además, se establecieron los importes correspondientes al suplemento particular “por Funciones de Prevención Barrial” y de la compensación “por Recargo de Servicio”. En el suplemento, el monto mínimo pasará a ser de $251.827,85, mientras que el máximo $806.307,21. Con respecto a la compensación varía, no solo por jerarquía, sino también por la cantidad de horas (de 3 a 5, y más de 5). El mínimo oficializado será entre poco más de 8 mil pesos y $20.500; mientras que el máximo oscila entre 16 mil pesos y poco más de $41.000.

En el caso de la Prefectura Naval Argentina, se fijó el haber mensual que varía también de acuerdo al grado del personal. El haber máximo asciende a $1.932.058,20, en el caso de un Prefecto General, mientras que un Marinero -el menor grado- subirá a $574.153,34.

Con respecto a la compensación por Recargo de Servicio, el mínimo varía entre 8 mil pesos y $16 mil; mientras que el máximo oscila entre 16 mil pesos y $41 mil.

El artículo 3° fijó a partir de este mes el haber mensual, los importes correspondientes al suplemento particular por “Zona”, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones, que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa. En efecto un auxiliar de 7ma cobrará $538.891,00, mientras que un comisario general -grado mayor de la PFA- $2.124.435,90.

En el Boletín Oficial de esta madrugada, se fijaron también los importes correspondientes al “complemento por responsabilidad jerárquica” que perciben el director y el subdirector o la subdirectora Nacional de la Gendarmería; el prefecto Nacional Naval y el subprefecto de la Prefectura Naval y el jefe y el subjefe de la Policía Federal. Oscilan de acuerdo al cargo entre 248 y 275 mil pesos.

Para el personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el sueldo básico para un aspirante a oficial será de $145 mil; mientras que el máximo para un comisionado general llegará a $1.032.651,80.

Por último, el Gobierno Nacional consideró “propicio” actualizar el total de los haberes mensuales y suplementos generales y particulares correspondientes al Personal del Servicio Penitenciario Federal. En este marco, se fijó, a partir del 1º de Junio de 2024 el “Haber Mensual”, las compensaciones por “Fijación de Domicilio” y “Variabilidad de Vivienda”, el complemento particular por “Función Ejecutiva”, los suplementos particulares por “Zona Sur” y “Título Académico”, el “Régimen de Viáticos”, el concepto indemnizatorio “Resarcimiento de Gastos” y el beneficio “Reintegro de Gastos de Sepelio”, para el personal del SPF. Los haberes varían entre un mínimo de 271.512,61 pesos mensuales y el máximo que se posiciona por encima de los dos millones de pesos, dependiendo del cargo.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió por unanimidad convalidar la sentencia condenatoria del único presidiario que logró ser identificado en el homicidio de un compañero de pabellón en el penal de Marcos Paz. En la resolución confirmada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín le había impuesto a Sebastián Bautista una pena de 13 años de cárcel por el crimen investigado, que, sumado a condenas previas, conformó una pena unificada de 20 años de prisión.

La resolución estuvo a cargo de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes en sintonía resolvieron rechazar las impugnaciones presentadas por la defensa del preso y el Ministerio Público Fiscal contra la condena dictada por el TOCF 3 en agosto de 2023.

En el caso en cuestión, se investigó la muerte de Rodrigo Ruíz Rodríguez en manos de otros cuatro compañeros de Pabellón I del Módulo I del Complejo Penitenciario Federal N° 2 de Marcos Paz. En rigor, la víctima fue sorprendida cerca del mediodía por los atacantes mientras estaba sola en su celda. Le aplicaron un único puntazo letal en el pecho con una “faca” -elemento “punzo cortante” de armado casero- y falleció pocas horas más tarde en el hospital zonal.

De acuerdo a las constancias, el mismo día del hecho los agresores interactuaron entre sí dentro del pabellón, se procuraron las armas que tenían escondidas debajo de un chapón en la puerta de entrada (“rastrillo”) y eligieron el momento oportuno para abordar a la víctima. El condenado se cambió varias veces de ropa, antes y después del ataque, con la finalidad de dificultar su identificación. Sabía que sus movimientos estaban siendo registrados por las tres cámaras de video instaladas en el lugar.

El homicidio ocurrió el 5 de mayo de 2014 a las 12:30. Tras un primer debate, en octubre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 absolvió al imputado por el beneficio de la duda. En marzo de 2020, la Sala IV de la Casación hizo lugar al recurso fiscal, anuló la decisión y reenvió la causa a la instancia anterior. Integrado por nuevos jueces, en agosto de 2023 el Tribunal Oral celebró otro debate y dictó la condena ahora convalidada por el máximo tribunal penal federal.

Los recursos de las partes plantearon perspectivas contrapuestas sobre el caso. Por un lado, la defensa cuestionó la suficiencia de la prueba para tener por acreditada la participación responsable de su asistido en el hecho. En subsidio, impugnó la calificación jurídica -homicidio simple-, la pena impuesta y la unificación. Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal criticó la calificación jurídica del hecho y la pena dictada en consecuencia, por considerar arbitraria por falta de fundamentación la no aplicación de las agravantes solicitadas -alevosía y concurso premeditado de dos o más personas- que tienen prevista pena de prisión perpetua.

La Sala IV celebró la audiencia para que las partes informen, a la que comparecieron los defensores del imputado y expusieron sus argumentos. Asimismo, tomó conocimiento directo del encausado -mediante conexión por videoconferencia desde su lugar de detención- y dictó sentencia donde convalidó la condena dictada en la instancia anterior.

Cabe destacar que, a pesar de que la investigación del hecho fue deficitaria -lo que ocasionó que el Tribunal Oral dispusiera la extracción de testimonios y su remisión a primera instancia para que se evalúe la reapertura de la investigación archivada respecto de agentes del Servicio Penitenciario Federal-, los camaristas entendieron que el análisis minucioso y correlacionado de la prueba existente resultaba “suficiente” para afirmar la identificación del imputado como uno de los agresores y su participación responsable por el homicidio de la víctima.

Con relación a las agravantes del homicidio solicitadas por la fiscalía, los jueces Carbajo y Hornos convalidaron la duda afirmada en la sentencia recurrida para tenerlas por acreditadas en el caso concreto. El camarista Borinsky, por su parte, consideró improcedente ingresar en ese examen, ya que, tal como había sido planteado en el recurso, impedía hacer “casación positiva” condenando directamente en la instancia.

A su vez, consideró que la eventual corroboración de arbitrariedad sobre el punto comportaría un segundo reenvío a la instancia anterior que resultaría contrario a la garantía del imputado de ser juzgado en un “plazo razonable”.