El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de Morón dictó una sentencia de alto impacto jurídico y social al condenar a un hombre a 20 años de cárcel por una serie de delitos sexuales cometidos contra una niña durante más de tres años mediante redes sociales, mensajería instantánea y videollamadas.

De esta manera, los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez reconocieron que puede existir abuso sexual con acceso carnal sin contacto físico y a través de medios digitales. Un fallo sin precedentes, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Fuentes del caso indicaron que el agresor, identificado como Orlando Tristán Novillo, sometió a la víctima a un dominio psicológico, amenazas y coacción que la obligaron a realizar actos sexuales sobre su propio cuerpo.

La investigación fue llevada adelante por los fiscales Claudio Oviedo, Marisa Monti y Patricio Pagani, integrantes de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Morón.

Según se acreditó en el juicio, el ahora condenado manipuló a la víctima desde que tenía 12 años, utilizando identidades falsas y ocultando su verdadera condición de adulto. Las fuentes agregaron que, a lo largo del tiempo, la sometió a un esquema de intimidación constante, amenazas de difusión de material íntimo, exigencias sexuales y videollamadas de contenido explícito, logrando un control sostenido de su voluntad.

“Durante ese período, la víctima permaneció sometida a una situación de control y coacción permanente durante más de tres años, lo que en los hechos configuró un verdadero cautiverio de carácter psicológico y digital. En ese contexto, se trata de una sobreviviente”, destacaron.

En tanto, el perfil del condenado revela una persistencia delictiva en el tiempo: registra condenas en 2008, 2012 y 2017 por hechos similares.

Además, el imputado obtuvo datos de tarjetas y documentación personal para realizar operaciones ilegales, cuya trazabilidad permitió su identificación: se trataba de un hombre preso en un penal bonaerense.

El caso salió a la luz cuando la víctima confió en una docente y le contó su padecimiento. Este hecho permitió activar la intervención judicial.

“La sentencia reconoce que este tipo de violencia digital puede generar un sometimiento real y profundo de la voluntad. El fallo deja un mensaje claro: la violencia también se ejerce a través de entornos digitales y marca un camino para la adaptación del Derecho penal a nuevas formas de violencia en la era digital”, remarcaron desde la fiscalía.

El caso: “Dormía con un cuchillo”

Los hechos ocurrieron en Ituzaingó y Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y se extendieron entre enero de 2020 y febrero de 2023. De acuerdo a la investigación, Novillo empleó usuarios falsos en Instagram y WhatsApp para entablar contacto con la menor, ocultando su identidad y simulando ser un adolescente.

“El acusado comenzó el requerimiento de imágenes del cuerpo de la niña como a la madrugada del 13 de enero de 2020, a las 5:13, le solicitó fotografías en ropa interior para lo que le dijo era una campaña de modelaje, accediendo la niña,” detalla la resolución a la que tuvo acceso este medio.

Luego, la violencia digital escaló: el imputado exigía imágenes y videos desnudos y la sometía a videollamadas en las que la obligaba, mediante amenazas, a exhibirse y realizar actos sexuales sobre sí misma.

Las intimidaciones incluían la divulgación de material íntimo y la exposición ante familiares y amigos si la víctima no cumplía. “Mucho tiempo fue esto de fotos y videos, después fueron más videollamadas, que él me pedía... todo en contra de mi voluntad. Yo no quería,” sostuvo la menor en Cámara Gesell.

Incluso después de obtener imágenes, Novillo amenazó con publicarlas y a partir de allí comenzó a extorsionarla económicamente. Novillo, valiéndose del estado de sometimiento psíquico, obligó a la víctima a enviar imágenes de las tarjetas de crédito y débito de sus padres.

La familia denunció un perjuicio que estiman en $350.000, además de transferencias directas a billeteras virtuales con datos de terceros. La madre relató que “el daño sufrido es inconmensurable... fueron 48 plásticos que tuvimos repuestos en este tiempo, es una suma aproximada la de la pérdida económica,” y vinculó también ese estrés con un deterioro en la salud de su esposo, a quien le diagnosticaron cáncer.

La investigación identificó operaciones “Pago Fácil” y “Rapipago” redirigidas a una billetera digital “Prex Card”, creada a nombre de Johanna Agüero pero controlada por el propio Novillo desde su lugar de detención.

En el celular del agresor los peritos hallaron al menos 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

En tanto, el informe psicológico oficial, realizado cuando la víctima tenía 15 años, concluyó que presentaba síntomas de trauma psíquico severo, baja autoestima, perturbaciones en el sueño y tendencia autodestructiva.

“No me gusta que me vean llorando, pienso que me vería débil,” expresa la adolescente durante las entrevistas. También relató el miedo constante: “las primeras noches después de contarlo dormí con un cuchillo al lado o con mis papás.”

Novillo fue hallado culpable de delitos de abuso sexual con acceso carnal, producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, promoción de la corrupción de menores, extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito.

El Servicio Penitenciario Bonaerense, que controla las cárceles y alcaidías de la provincia, lanzó su nueva convocatoria para la preinscripción a su carrera de oficiales, que se dicta en la Escuela de Cadetes de La Plata. La convocatoria continuará hasta el 15 de mayo. La inscripción podrá realizarse de manera online en el sitio web del Servicio.

Cursar la carrera, que tiene una duración de dos años, implica una salida laboral inmediata en un destino del SPB -que depende del Ministerio de Justicia bonaerense- así como un título oficial, con el rótulo de Tecnicatura Superior en Gestión Penitenciaria para la Inclusión Social.

Quienes egresen, además, serán incorporados al SPB con la jerarquía de Oficial Adjutor del Escalafón General. El título es emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, con el aval de la Dirección General de Cultura y Educación.

Los candidatos, desde ya, deberán superar un proceso de selección antes de ingresar a la Escuela de Cadetes “Inspector General Baltasar A. Iramain”, que funciona en el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6001, situado en la calle 44 al 2000.

Los requisitos para postularse a la carrera de oficial en el SPB son los siguientes, de acuerdo a un reciente comunicado del Servicio:

. Haber nacido entre el 5 de abril de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.

. Ser argentino, nativo o por opción.

. Tener el certificado de estudios secundarios completos.

. No poseer antecedentes penales.

. Entregar la documentación en tiempo y forma. La inscripción deberá ser formalizada de manera presencial entre el 18 de mayo y el 19 de junio en la propia Escuela en La Plata. Tras el proceso de preinscripción, el SPB realizará pruebas eliminatorias con exámenes psicotécnicos, de aptitud física, conocimientos generales y salud, así como una entrevista personal con oficiales jerárquicos.

El SPB -que enfrenta problemas como el uso de celulares para delinquir entre sus internos, lo que generó fuertes polémicas en la Justicia- controla 60 penales en toda la provincia, así como 19 alcaidías ubicadas en el conurbano bonaerense y en la periferia de La Plata. De acuerdo a estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, registraba más de 55 mil detenidos en 2024, 25 mil de ellos sin condena en primera instancia, la última estadística oficial disponible. El 39% de estos detenidos son varones de 25 a 34 años. Más de la mitad de los detenidos no participan de programas educativos o de capacitación laboral. El 91% de los detenidos no cometió infracciones disciplinarias en aquel año.

Un famoso delincuente conocido como “Cara de Camión” murió este viernes en su celda de la Unidad 18 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ubicada en la localidad de Gorina, La Plata. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el preso, de 31 años, y acusado por varios robos, fue descubierto en su calabozo cuando intentaba ahorcarse. Un operativo de emergencia se desplegó de inmediato para intentar salvarle la vida.

El hecho tuvo lugar cerca de las 17:20. Fuentes del SPB informaron a Infobae que el personal de vigilancia detectó la situación y actuó con rapidez. Al intervenir, Axel Leonel Álvarez, nombre real del recluso, todavía tenía signos vitales y fue trasladado con urgencia a la unidad sanitaria del penal, donde los médicos iniciaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a las 17:45, el facultativo de guardia confirmó oficialmente el fallecimiento.

La historia de Álvarez se remonta a su adolescencia, etapa en la que comenzó a acumular antecedentes policiales por asaltos y robos. El apodo “Cara de Camión” surgió luego de un grave accidente que sufrió a los 15 años, cuando fue atropellado por un camión en la vía pública. Según reconstruyó el portal 0221, este hecho le dejó lesiones permanentes en el rostro, motivo por el que recibió ese apodo entre los internos y en el circuito delictivo de la región.

De acuerdo con el Servicio Penitenciario Bonaerense, Álvarez se encontraba alojado en un sector especial del penal, identificado como S.A.C., reservado para internos con problemas de conducta y antecedentes de conflictos dentro de la prisión. El hombre estaba detenido a disposición del Tribunal Oral Criminal N° 4 del Departamento Judicial La Plata en el marco de una causa por robo doblemente agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuentes del SPB precisaron que, tras constatar la muerte, se dio aviso inmediato a la Policía para que tomara intervención y se iniciara una investigación judicial. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar si se trató efectivamente de un suicidio o si existieron otros elementos involucrados. Por estas horas, la justicia platense analiza las evidencias recolectadas en la celda y toma declaración a los agentes que participaron del operativo.

Tras el escándalo desatado por las revelaciones del celular de uno de los líderes de ”La Banda del Millón”, 19 de sus integrantes presos fueron trasladados a la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero y alojados en un pabellón sin acceso a celulares ni tecnología, en respuesta a los reiterados pedidos del Ministerio Público Fiscal de frenar la coordinación de delitos desde prisión.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, se trata de una decisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en respuesta a una serie de presentaciones impulsadas por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien busca la prohibición absoluta de uso, tenencia o acceso a teléfonos móviles por parte de los detenidos de esta organización.

El SPB adoptó la medida a través de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, mientras los tribunales aún no han dictado una resolución definitiva sobre el planteo del fiscal, con excepción de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty.

Entre los trasladados se encuentran Brandon Imanol Brites, Elian Castillo, Esteban Fernández, Lucas Merelles, Francisco Gaitano, Jonás Gallardo, Nicolás Gamarra, Diego Ezequiel Gómez, Thiago González, Adrián Eloy Ledesma, Kevin Leites, Jairo León, Francisco Lubo, Bautista Luna, Juan Moyano, Pablo Paletta, Santiago Paz, Hugo San Martín, Thiago Sandoval y Sofía Gómez, todos identificados como miembros activos de la banda.

La decisión tiene por finalidad “garantizar las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, así como asegurar su adecuado cumplimiento y control", remarcaron.

En el Ministerio Público consideran que la medida es un avance concreto y eficaz, “orientado a prevenir la reiteración de hechos de extrema gravedad y a desarticular toda posibilidad de coordinación criminal desde el ámbito penitenciario”, según mencionaron las fuentes judiciales consultadas por este medio.

Al mismo tiempo, informaron que se mantendrán reuniones de trabajo entre la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, “con el objeto de reforzar las acciones necesarias para hacer cesar las conductas investigadas, como así también determinar si desde otros establecimientos penitenciarios pudieran generarse comunicaciones con idénticos fines”.

Por otro lado, señalaron que la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, bajo la conducción del intendente Ramón Lanús, puso a disposición de la Justicia recursos tecnológicos y humanos para fortalecer las tareas de prevención y neutralización del accionar de la organización.

La Banda del Millón es señalada por múltiples hechos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense, entre ellos asaltos a viviendas, asesinatos y robos.

Investigaciones judiciales y policiales han revelado que gran parte de los delitos eran planificados desde las cárceles, donde los líderes ordenaban y coordinaban ataques. La estructura utilizaba menores de edad para tareas de vigilancia y apoyo logístico.

La medida se tomó tras detectar que, a pesar de las detenciones, el grupo había marcado al menos 167 domicilios para futuros robos, según información recuperada del teléfono de Hugo Castillo San Martín, uno de los principales jefes.

Además, llega a pocos días de que se conociera el contenido de un aparato autorizado en manos de Lucas Merelles, desde el cual ordenaba golpes y dirigía a la banda en vivo, a través de videollamadas.

El reclamo a la Justicia

En tanto, Ferrari volvió a requerir a la Justicia que se tomen medidas excepcionales respecto a los miembros de la banda encerrados en penales.

El fiscal reclamó a los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Federico Vales Garbo, del Tribunal Oral Criminal N°3, que respondan a su petición presentada el 12 de febrero de este año, donde exigió una prohibición absoluta de uso, tenencia y acceso a cualquier tipo de teléfono celular o dispositivo con acceso a internet para todos los internos implicados, salvo para comunicaciones con sus abogados defensores.

Dentro del mismo requerimiento, la Fiscalía propuso además la instalación de bloqueadores de señal móvil y revisiones diarias en las celdas, siguiendo el objetivo de impedir el ingreso y utilización clandestina de aparatos electrónicos que faciliten la continuidad de actividades criminales desde el interior de los penales.

E incluyó otra demanda concreta: impedir que terceros puedan ingresar o facilitar dispositivos tecnológicos destinados a los reclusos, bajo la advertencia de sanciones para quienes violen la orden judicial. El escrito también dejó abierta la posibilidad de aplicar “cualquier otra medida” que el tribunal considere necesaria para garantizar la efectiva interrupción de la actividad criminal organizada.

El tribunal optó por derivar pedidos de información a los establecimientos carcelarios en vez de resolver el fondo del planteo fiscal. De los relevamientos ejecutados surgieron nuevos hallazgos relevantes: el Servicio Penitenciario Bonaerense informó que en las celdas de Moyano, Gaitano, León y Ledesma se incautaron varios teléfonos celulares que no estaban registrados legalmente dentro del penal y fueron obtenidos y usados de forma irregular por los imputados.

La fiscalía subrayó que estos secuestros corroboran la hipótesis de trabajo que sostiene la acusación pública sobre la continuidad delictiva de la banda, a pesar de la prisión preventiva.

Sin embargo, a pesar de la evidencia obtenida y la urgencia de la situación, el tribunal tampoco resolvió qué destino tendrán los celulares incautados ni formalizó la prohibición expresa reclamada.

La nota de Ferrari recalca la gravedad del estancamiento, estimando que resulta urgente decidir sobre la prohibición integral de teléfonos solicitada y ordenar el secuestro formal y entrega judicial de todos los aparatos electrónicos ya incautados.

La insistencia remite al principio de articular “un abordaje coordinado” entre los distintos organismos intervinientes, con el propósito común de garantizar la continuidad del proceso judicial y preservar el orden y la seguridad pública mientras se impida que la actividad criminal siga operando desde los establecimientos penitenciarios.

Al cierre del escrito, el fiscal reclamó una providencia inmediata para asegurar la protección efectiva del proceso y el cumplimiento de la ley.

En el mismo sentido, Ferrari le reclamó lo mismo a la jueza Victoria Santamaría Guglielmetti, tras el hallazgo de un celular no registrado en poder de un detenido. Se trata de Esteban Fernández. El Servicio Penitenciario Bonaerense informó que, tras una requisa, se incautó un teléfono en situación irregular, sin registro en el establecimiento, en su celda.

De acuerdo al informe, tras ese hallazgo la causa se centró en recopilar información sobre el dispositivo (como el patrón de desbloqueo y demás datos del equipo), pero sin resolver aún sobre la medida general de restricción solicitada ni poner a disposición de la fiscalía el aparato incautado.

El pedido del intendente

En tanto, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal y urgente ante la Justicia provincial para que deje sin efecto la autorización que permite el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses.

En una carta dirigida al tribunal de Casación Penal, argumentó que esta medida fue una disposición excepcional y temporal. “No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, enfatizó el intendente.

Así, solicitó de manera extremadamente urgente que Casación arbitre los medios necesarios para revocar la autorización general, poniendo fin a una excepción sin sustento actual que contribuye directamente a la persistencia de la inseguridad ciudadana.

En el pabellón del ala femenina de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora donde se encuentra detenida, Paola, o “Malala”, reunió a sus compañeras de cárcel para celebrar con una torta rosa a tono con las paredes, globos dorados, un costoso equipo de música y una gaseosa. Luego, el video fue posteado en redes sociales, viralizado.

Llegó a usuarios y periodistas que se indignaron, en medio del punto más intenso del debate por el uso legal de celulares entre los presos del Servicio Penitenciario Bonaerense, permitido por orden de la Justicia desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

El planteo es evidente. Semanas atrás, los líderes adolescentes de la “Banda del Millón”, una de las organizaciones más eficaces y sangrientas del hampa bonaerense, fueron allanados por comandar más asaltos a jubilados desde prisión. Una banda liderada desde un penal en Magdalena fue acusada de cometer la estafa sexual que llevó al suicidio al soldado Rodrigo Andrés Gómez, que se quitó la vida en una garita de la Quinta de Olivos. Galeano, por su parte, baila hits de La Joaqui en TikTok. “¿Por qué estás en Canadá?“, le preguntan sus seguidores, netamente masculinos.

Y entonces, tras la viralización del video, llegó la requisa. El SPB le quitó el teléfono el miércoles por la tarde. Galeano no contesta sus mensajes de WhatsApp desde ese entonces. No es la primera vez que ocurre. Paola desafía a las autoridades hace tiempo. En las cárceles, el uso de redes sociales está totalmente prohibido.

Ya le habían quitado el teléfono en agosto del año pasado, cuando este cronista la entrevistó y reveló su historia. Tenía 177 mil seguidores en TikTok en ese entonces. “Malala”, con el hashtag #BarrioPrivado, Ya era un pequeño fenómeno.

Canje tumbero

Paola recuerda bien el nombre de la víctima del caso que la llevó a prisión: Carlos Alberto Gauna fue muerto a tiros por una camioneta. La presa tiktoker, según la condena en su contra, fue clave para señalarlo.

Ella, tal vez, sabe que la familia del hombre al que ayudó a que lo maten podría estar mirando sus bailecitos. En su cabeza, encontró una justificación. También, encontró un negocio.

-¿Cuándo comenzaron los videos?

-Después de estar tantos años acá adentro, sin posibilidad de poder disfrutar un poco de la vida en sociedad, encontré en las plataformas digitales mi salida, mi libertad a través de una pantalla. Es una comunidad grande y me ayudo a comprender la vida de otra manera.

-¿Te ofrecen canjes de productos?

-Me dan canjes y me ofrecen trabajo, me hablan para publicidad, para casinos, más que nada.

-Podrías tener problemas con tu juzgado de ejecución penal, o con el Servicio Penitenciario.

-Es la forma en la que gano dinero legalmente, sin dañar a terceros.. Hice todo bien durante mi condena para poder irme con un beneficio y no me lo dieron por los cambios legales en 2017. Ya aprendí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar robándole a la gente con las tarjetas como hace todo el mundo en los penales? Mi familia viene cada cuatro meses, trabajan todos, tengo que mantenerme sola.

Después de este reportaje, publicado en agosto de 2025, Galeano recuperó su teléfono y continuó con sus posteos, que incluyeron transmisiones en vivo con otras presas de otras prisiones. Sumó más de 30 mil seguidores en TikTok en seis meses.

Durante el allanamiento al calabozo en el que se aloja Mereles, encontraron el celular desde el que hizo la videollamada junto a Brandon Brites, otro de los jefes de “La Banda del Millón”, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Se trata de un Samsung A32 de color celeste y funda negra con un papel pegado en su interior: “U-45, grupo requisa, interno Ezequeil Flores Mereles”. Es decir, ese teléfono estaba registrado y permitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Al peritarlo, el aparato aportó aún más evidencias a la causa en manos del fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari.

El funcionario del MPF de San Isidro también investigó a la banda por los homicidios del empresario Enrique De Marco, el crimen de la jubilada María Susana Rodríguez Iturriaga y los robos al hermano del intendente Ramón Lanús y a Baby Etchecopar, entre otros asaltos que se le adjudican a la banda.

Los forenses encontraron capturas de Google Maps de casas marcadas, fotografías de armas a la venta, imágenes de Mereles y Brites dentro de la cárcel y transferencias de dinero que obligaron a enviar a Mancini.

También hallaron videos que acompañan esta nota:

• El primero es una videollamada tras el robo de Mónica Mancini, con parte del botín.
• El segundo, un video de la marcación de la propiedad de la influencer que fue enviado por Thiago Sandoval, también preso en el centro para menores de Virrey del Pino, a Mereles.
• El tercero, imágenes registradas en el pabellón de Melchor Romero donde está alojado. “Parece un boliche”, resume una fuente del caso.

Y hay más: audios en los que Mereles “explica” la modalidad que usan para ejecutar los robos desde la unidad penitenciaria. “Hermano, es cuestión de que vayan y lo miren nomás. Y si nada, si les gusta, trabajamos, y si no, no hay problema, hermano, si es así. Las cosas se hablan sin pelo en la lengua, vos sabés”, dice contemplativo.

Los chats

El celular aportó chats de WhatsApp que completan el mapa de cómo operan con “Nosis”, “Telexplorer” y “Datacar”, con fines de obtener información de víctimas y vehículos para robar.

También ponen en evidencia la compra de armas desde el penal. “Qué te den la Glock, cinco gambas arriba, decile”, negocia Mereles.

Incluso, también salió a la luz cómo el líder de “La Banda del Millón” intentó incursionar en una nueva modalidad: las estafas en línea.

“Me segundeas en algo, hacer una cuenta en Skokka (NDR: una red social para adultos); yo después te tiro una moneda... Para robar a un par de viejos”, le planteó Mereles a una mujer.

El 4 de enero pasado, cinco días antes del robo a Mancini, le propuso a su hermana: “¿Quién pone la movilidad para robar hoy para laburar un rancho (una casa), bastante plata?”. El objetivo es una propiedad en Martínez.

“Hay una vieja con 250 mil dólares, falta la movilidad”, insiste a otro cómplice. “Ayer robamos en Martínez, agarraron 10 mil dólares y 150 gramos de oro”, indica.

“Confírmame bien”, le pide y sigue: “Así hablo acá con mi rancho, armamos la coreo con los wachos, rescatamos cosas, todo, ya tenemos el rancho y todo listo. Vos tenés celular para hacer llamada de afuera y hay que rescatar otro que tenga celu para llamada de adentro y hacemos videollamada con los wachos y ustedes se quedan afuera y así entendés”, le explica sobre la operatoria.

También hay una conversación con una joven que sería la destinataria de las transferencias de Mancini realizadas desde la prisión. “Me van a dar más años. Ayer me fui a robar, puse mi cuenta y fue, me pasaron plata de un rancho que era de una famosa de San Isidro. No te voy a ver más, porque yo sé que mañana pasado allanan acá y mi casa. Acordate", estima Mereles.

“Si allanan, tengo que romper el celular todo antes que encuentren todo lo que tengo acá...”, señala.

Al parecer, no logró destruir el aparato ni borrar todo su contenido, aunque, de acuerdo a las fuentes, intentó hacerlo antes de que la Policía Bonaerense requisara su celda.

El caso se conoció en redes sociales como el de una presunta jefa penitenciaria que pedía dinero a cambio de usar sus contactos políticos para lograr ingresos en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Siempre según las publicaciones, lo hacía en un parque platense mientras entrenaba a jóvenes que se pensaban que eran aspirantes a la Fuerza y que recibían sus órdenes: tiene un carácter digno de un coronel del Ejército. Un detalle coronaba la historia: había estado presa. Pero...

No todo eso es cierto.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que sí la Justicia la investiga tras una denuncia, pero, hasta ahora, no hay elementos que confirmen que pedía dinero a cambio de sus servicios ni de sus contactos, o sea, no hay nada que configure que se trate de una estafa.

Eso no quita que surjan pruebas comprometedoras más adelante. Es que la mujer en cuestión fue allanada por la Policía Bonaerense, al igual que otros dos hombres más que daban clases con ella en el Parque San Martín de La Plata, y les secuestraron los teléfonos, que serán peritados. Sospechan que allí pueden encontrar algo más.

“De las 10 personas con las que se dio que se entrenaban con ella ninguno pagó y a nadie le pidieron plata, por lo que no es una estafa“, detalla una de las fuentes del caso consultada por este medio y completa: “No es cierto que estuvo presa. Al menos en La Plata no hay registros de ello”.

Sí una parte del mito que circula por las redes sociales coincide con la realidad: daba clases gratis en el parque platense y decía que tenía contactos en el Servicio Penitenciario, añadieron los informantes.

El fiscal Martín Almirón, de la UFI N°8 de La Plata, es quien investiga la denuncia presentada por el Servicio Penitenciario Bonaerense el viernes pasado, según un comunicado oficial al que accedió este medio.

Es que el SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense instaron la denuncia por la “presunta maniobra de falso ingreso laboral” y dijeron que la sospechosa “no integra” la Fuerza.

“La pesquisa apunta a un grupo de personas que habría ofrecido supuestos puestos de trabajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense, mediante procedimientos y exigencias que simulaban instancias reales de selección”, se explayaron en el comunicado.

Y desde el SPB denunciaron: “Bajo esa apariencia de autoridad, solicitaba abundante documentación sensible, como copias de DNI, CUIL, certificados de nacimiento, títulos analíticos, constancias de domicilio y certificados de antecedentes penales. También requería la participación en reuniones virtuales, entrega de formularios y realización de actividades físicas obligatorias”.

Para finalizar, detallando que a las clases que se daban en el parque “los aspirantes concurrían con consignas de vestimenta y presentación personal específicas” y que “manifestaron haber sido convocadas para una preparación vinculada a un supuesto ingreso al SPB previsto para el año 2026″.

Incluso, hablaron de un grupo utilizado para la convocatoria y denominado “Camaradas 2026”: allí se difundían instrucciones, cronogramas de entrenamiento y material de estudio, explicó el SPB en su comunicado.

Lo cierto es que la sospechosa y los otros dos entrenadores, todos con domicilios en distintas localidades de La Plata, son el eje de la investigación del fiscal Almirón, quien por el momento no recibió a ninguna víctima que le haya pagado a la falsa penitenciaria por su oferta ficticia.

Sí el fiscal busca determinar si la sospechosa tiene la capacidad para comprender la criminalidad de los actos, por lo que no se descarta que le solicite a la justicia de Garantías una pericia para establecer si padece de alguna patología psiquiátrica.

La Justicia de Mar del Plata condenó mediante juicio abreviado al suboficial mayor Fabián Esteban Astete del Servicio Penitenciario Bonaerense por suministrar y almacenar drogas dentro de la Unidad Penal N°15 de Batán, y al interno Ricardo Daniel Guzmán Acosta por vender estos estupefacientes entre los presos.

El 23 de diciembre pasado, la jueza Paula Mariela Soulé consideró acreditado que ambos operaban en connivencia, aprovechando su vínculo familiar, para sostener un circuito narcocriminal en el interior de la cárcel.

Según describió el fiscal Fabián Uriel Cistoldi, se “probó la existencia del hecho” a partir de la detención de Guzmán Acosta durante una requisa ocurrida el 10 de octubre de 2023, cuando cargaba en su mochila 136,7 gramos de cocaína fraccionada en 17 envoltorios de nailon y 64,3 gramos de marihuana distribuidos en dos bolsas, todo “con evidentes e inequívocos fines de comercio”.

La investigación administrativa interna permitió develar que Astete —concubino de la hermana de Guzmán— utilizaba su condición de jefe de taller para introducir drogas en la cárcel, que luego entregaba al interno para su distribución.

Uno de los testimonios resaltó: “Astete los días lunes ingresaría material estupefaciente para que el interno Guzmán la distribuya en el establecimiento carcelario”.

Las tareas de inteligencia incluyeron informes de desempeño de ambos involucrados, con antecedentes previos de infracciones por drogas y reiteradas suspensiones laborales en el caso de Guzmán, gestionadas para su reincorporación por el propio funcionario imputado.

El tercer episodio clave de la causa ocurrió el 26 de octubre de 2023. Un allanamiento en la vivienda de Astete, también en Mar del Plata, permitió incautar 56,8 gramos de cocaína, 84,8 gramos de marihuana y tres balanzas de precisión.

La concubina de Astete y hermana de Guzmán estaba presente al momento de la irrupción policial. El informe pericial confirmó que la sustancia permitía preparar hasta 827 dosis de efecto estupefaciente para un adulto. Se secuestró, además, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En su defensa, ambos acusados intentaron desvincularse de parte del material incautado. Guzmán atribuyó la tenencia de la mochila a un compañero, versión demolida por el registro de asistencia.

Astete, por su parte, admitió haber ingresado objetos para su cuñado en reiteradas ocasiones, pero alegó desconocer el contenido. Para la jueza, esa explicación resultó “inverosímil” dada su experiencia como agente de control y la modalidad clandestina del ingreso.

“No sólo no efectuó ninguna denuncia penal al respecto—expresó el fallo— sino que el mismo admite que el suministro se produjo en más de una ocasión… sus dichos difieren de la versión expuesta por su cuñado”.

Para la determinación de las penas, la sentencia ponderó como agravante los abundantes antecedentes condenatorios de Guzmán Acosta, quien había sido previamente sentenciado a 11 años y dos meses de prisión por unificación de condenas por robos agravados cometidos en 2019 y 2020.

La calificación legal establecida para los hechos fue doblemente agravada: suministro de estupefacientes cometido por funcionario público en contexto de encierro y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, también por un agente penitenciario y en perjuicio de los presos.

La modalidad, cantidad y distribución de las sustancias sirvieron, según la magistrada, para “acreditar la ultrafinalidad comercial del material detentado”.

En función de este análisis, Fabián Esteban Astete fue condenado a ocho años de prisión y multa mínima, con inhabilitación en el ámbito público y costas judiciales. Mientras que Ricardo Daniel Guzmán Acosta recibió una pena de seis años y seis meses de prisión y se declaró su reincidencia, fijando el vencimiento provisorio de su condena para el 9 de abril de 2030, considerando la detención efectiva e ininterrumpida desde octubre de 2023. El fallo reconoció que la fecha de extinción de la pena de Astete será el 29 de octubre de 2031.

Las investigaciones evolucionan conforme la prueba se incorpora al expediente. A veces, esa evidencia sostiene la hipótesis inicial y otras la modifica, lo que puede provocar un giro. Y esto último sucedió en la causa por el crimen de Cristian Moyano, el cadete de la Policía Federal asesinado penitenciarios bonaerenses dentro de la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela.

Según pudo saber Infobae, el jefe de noche de la cárcel ahora está detenido como autor del crimen y su segundo, también. Eran las máximas autoridades en el penal ese día.

Pero no son los únicos tras las rejas. Dos penitenciaros más de menor rango quedaron presos y se sospecha que ellos fueron los que atacaron con mayor virulencia a Moyano ese 1 de noviembre en el sector de máxima seguridad, a donde lo llevaron tras sacarlo de su celda.

La autopsia determinó que Moyano tenía más de 25 lesiones: fracturas de costillas, la boca rota, golpes en la cara, las piernas y los brazos y una lesión en el cuello que llevó a los médicos forenses a pedir más pruebas para determinar si también lo asfixiaron.

Pero estos cuatro nuevos detenidos no son los cinco que habían sido arrestados originalmente, en un expediente bajo las directivas del fiscal Christian Granados, de la UFI N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios.

La prueba y los testimonios contaron mejor la historia durante este casi mes de investigación. Y, entonces, esos primeros agentes del SPB sospechosos de haber asesinado a Moyano sí siguen procesados, pero fueron liberados a instancias del juez de Garantía N°5 de Florencio Varela, Julián Busteros. ¿Por qué? Hay una discrepancia entre el fiscal y el magistrado en el rol que habrían tenido.

“Esos cinco fueron los que lo sacaron de la celda, a quien les pegó Moyano, pero no fueron los que estuvieron cuando le dieron la paliza que lo terminó matando en el sector de máxima seguridad”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El fiscal cree que estos cinco liberados fueron partícipes del crimen, que tuvieron un rol determinante en el resultado posterior. Para el juez, no es tan así. Por eso los soltó.

Cuatro nuevos detenidos

Lo cierto es que desde hace 10 días, el jefe de noche de la cárcel, su segundo y otros dos más agentes del SPB están imputados como coautores del homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía y por ser miembros del servicio penitenciario.

O sea, para el fiscal Granados los acusados actuaron sobre seguro ante una situación de indefensión de la víctima y lo mataron con sufrimiento desmedido. “El chico era boxeador y del pabellón salió ileso, pero llegó al sector de Sanidad, que queda a no más de 500 metros, casi muerto”, habían comentado inicialmente.

Con dos de sus hermanos como integrantes de la Policía Federal, Moyano estaba en el penal de Florencio Varela desde el 29 de octubre pasado por una denuncia de abuso sexual de una colega de la escuela de cadetes de PFA en el marco de una fiesta en el partido de San Isidro. Ocupaba una celda en el pabellón de mediana seguridad 1, donde se aloja a los internos de perfil trabajador, no estaba en el de ex policías.

La noche que terminó con su crimen, Moyano pedía a los gritos que lo sacaran de allí. “Seguro le dio un ataque de ansiedad o de pánico y gritaba: ‘Quiero salir’. Y ahí se pudrió todo con los penitenciarios“, dijo un testigo y su relato figura en el expediente.

A la celda de Moyano llegaron los cinco penitenciarios que hoy están procesados pero en libertad, y se lo llevaron. Ahora se sabe que ellos sí recibieron golpes del cadete y que lo entregaron a los nuevos cuatro presos, entre los que están la autoridad máxima de la Unidad esa noche y su segundo. Según la causa, le pegaron en el sector de máxima seguridad.

Lo que sigue en el expediente es que Moyano llegó al sector de Sanidad ya “inconsciente”. Así, fue derivado de urgencia al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, distante a unos 15 kilómetros de la unidad carcelaria, pero llegó muerto.

Aún se intenta determinar si Moyano murió asfixiado o si, por la fractura de las costillas y el sufrimiento que le provocaron al darle tremenda golpiza, falleció de un paro cardio respiratorio.

Tenía más de 25 lesiones: fracturas de costillas, la boca rota, golpes en la cara, las piernas y los brazos y una lesión en el cuello que llevó a los médicos forenses a pedir más pruebas para determinar si también lo asfixiaron. Eso reveló la autopsia al cuerpo de Cristian Moyano, el cadete de la Policía Federal asesinado por agentes penitenciarios bonaerense dentro de la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela, donde estaba detenido desde el 29 de octubre pasado por una denuncia de abuso sexual de una colega en el marco de una fiesta en el partido de San Isidro.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que se intenta determinar si Moyano murió asfixiado o si por la fractura de las costillas y el sufrimiento que le provocaron al darle tremenda golpiza, entonces falleció de un paro cardio respiratorio.

Por lo pronto, los cinco imputados, que van de los 20 a los 50 años y son todos miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), fueron indagados por el fiscal Christian Granados este lunes y quedaron detenidos formalmente por disposición del juez Julián Busteros.

Uno solo de los imputados declaró ante el fiscal y se desligó del caso, dijo que no vio nada, que él no estaba ahí y que Moyano no tenía lesiones cuando lo sacaron del pabellón, según pudo reconstruir este medio.

A los cinco imputados les endilgaron el homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía y por ser miembros del servicio penitenciario de Moyano. O sea, para el fiscal Granados los acusados actuaron sobre seguro ante una situación de indefensión de la víctima y lo mataron con sufrimiento desmedido.

“El chico era boxeador y del pabellón salió ileso, pero llegó al sector de Sanidad, que queda a no más de 500 metros, casi muerto”, ampliaron las fuentes del caso. La víctima fue trasladada desde la prisión al hospital Mi Pueblo, al que llegó sin vida. Ninguno de los detenidos tenía lesiones, algo que llamó la atención de los investigadores, ya que la víctima era boxeador semi profesional.

Por lo pronto, según figura en la causa, uno de los testigos relató que, al principio, a los nuevos les cuesta adaptarse y Moyano llevaba preso desde el 29 de octubre en el pabellón: “Seguro le dio un ataque de ansiedad o de pánico y gritaba: ‘Quiero salir’. Y ahí se pudrió todo con los penitenciarios“.

El caso

Moyano, que tiene a todos sus hermanos como integrantes de la Policía Federal, había ingresado al penal el jueves pasado, luego de permanecer detenido en una comisaría de San Isidro. Estaba preso en el pabellón de mediana seguridad 1, donde se aloja a los internos de perfil trabajador.

Tras los gritos de Moyano para que lo sacaran de allí, los cinco penitenciarios hoy presos se lo llevaron de su celda. Pero al sector de Sanidad llegó “inconsciente”.

“Algo pasó en ese trayecto de cuatro o cinco cuadras que hay entre Sanidad y el pabellón y los que estaban con él están todos detenidos”, destacaron las fuentes del caso lo que fue la base de la acusación del fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios.

Moyano fue derivado de urgencia al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, distante a unos 15 kilómetros de la unidad carcelaria, pero llegó muerto. Fue entonces donde se le dio aviso al fiscal Granados, quien al ver el cuerpo, de inmediato ordenó la aprehensión de cinco agentes penitenciarios.

Además, el fiscal solicitó el secuestro de 20 teléfonos celulares. Todos los dispositivos serán peritados en busca de pruebas que puedan ser de valor para la causa.

Este lunes el juez Busteros, titular del Juzgado de Garantías N°5 de Florencio Varela, le dio la derecha al fiscal y dejó presos a todos los imputados.

Cristian Moyano, un cadete de la Policía Bonaerense, murió este sábado luego de ser víctima de una presunta golpiza dentro de la Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela, donde estaba detenido por una denuncia de abuso sexual en el marco de una fiesta de cumpleaños a la que había asistido en el partido de San Isidro.

En plena noche, el joven preso fue trasladado desde la prisión al hospital Mi Pueblo, donde, por causas que se encuentran bajo investigación, llegó sin vida. Ante este escenario, el fiscal Christian Granados, a cargo del caso, ordenó la aprehensión de cinco agentes del Servicio Penitenciario provincial, y este lunes fueron indagados.

Moyano, de 24 años y con varios familiares integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), había ingresado al penal el jueves pasado, luego de permanecer detenido en una comisaría de San Isidro.

Las fuentes del caso consultadas por Infobae confiaron que la víctima estaba preso en el pabellón de mediana seguridad 1, el cual suele ser “tranquilo” porque es donde se aloja a los internos de perfil trabajador.

En medio de la noche, Moyano solicitó que lo sacaran de su pabellón y lo trasladaran al área de Sanidad, pero ante su pedido se habría desatado una fuerte discusión con agentes penitenciarios.

En este contexto, Moyano fue retirado del lugar por el personal penitenciario y a las pocas horas llegó a Sanidad “casi muerto, inconsciente”, según se desprende de una veintena de testimonios que los investigadores recabaron esa misma noche, tanto de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como de otros presos.

Con escasos signos vitales, el recluso fue derivado de urgencia al hospital Mi Pueblo, distante a unos 15 kilómetros de la unidad carcelaria, y los médicos de turno confirmaron su muerte.

“Tenía fracturas y golpes por todo el cuerpo”, aseguraron las fuentes del caso consultadas por este medio a la espera del informe final de la autopsia.

El estado del cuerpo de Moyano llamó la atención del fiscal Christian Granados, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios.

El funcionario ordenó la aprehensión de cinco agentes penitenciarios, uno de ellos, de 20 años, quien hace poco había egresado de la Escuela de Cadetes del SPB. Además, solicitó el secuestro de 20 teléfonos celulares. Todos los dispositivos serán peritados en busca de pruebas que puedan ser de valor para la causa.

Desde el SPB comunicaron que las autoridades de la Unidad Penal N°24 y del Complejo Penitenciario Florencio Varela colaboraron con todo lo solicitado por la Justicia y desde Asuntos Internos se inició un sumario administrativo para investigar de manera interna lo ocurrido.

En simultáneo, la celda en la que se produjo el incidente -donde se incautó un elemento cortopunzante- y el sector Sanidad fueron preservados para las pericias de rigor a cargo de la Policía Científica, con la colaboración del personal de la Comisaría 5ª de Florencio Varela.

A la espera de que el juez Julián Busteros, titular del Juzgado de Garantías N°5 de Florencio Varela, convierta las aprehensiones de los sospechosos en detenciones, el fiscal Granados los indagaba este mismo lunes.

Los cinco agentes están acusados por homicidio doblemente agravado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por ser integrantes del servicio penitenciario.

La Justicia liberó al agente del Servicio Penitenciario Bonaerense y su pareja que habían sido detenidos el martes por una denuncia de abuso sexual contra su beba de 6 meses. Sin embargo, el informe médico no pudo confirmar la existencia de una presunta violación. La misma familia había sido quien llamó a la Policía Bonaerense para advertir que la madre de su hija había atacado a la pequeña de apenas 6 meses.

“No había signos de abuso sexual”, concluyeron los médicos del Hospital de Niños de La Plata tras la revisión de la menor, que había sido trasladada de urgencia luego de una denuncia por presunto abuso.

Esta información, al que accedió El Día de La Plata, resultó determinante para que la Justicia dispusiera la liberación de la pareja acusada, ambos de nacionalidad paraguaya, quienes habían sido detenidos en la localidad de Olmos tras la denuncia presentada por la abuela paterna de la menor.

La mujer relató ante el fiscal Juan Menucci, de la UFI N.º 5 de La Plata, que en la madrugada del martes, aproximadamente a las 06:00, su hijo llegó a su vivienda con la bebé en brazos y le advirtió: “Mamá, agarrá a la nena que R. (madre de la bebé) la quiere violar con un destornillador”.

Según su declaración, la niña vestía únicamente la parte superior de un body y estaba envuelta en una manta rosa, sin pañal ni prendas en la parte inferior. La abuela aseguró que revisó a su nieta en busca de lesiones o rastros de sangre, pero no halló ninguna evidencia.

En su comparecencia ante la Fiscalía, la abuela describió episodios previos de violencia y consumo problemático de sustancias por parte de la madre de la menor.

Afirmó que “R. tiene problemas de consumo” y recordó incidentes en los que la mujer habría apuñalado a su hijo y la habría agredido físicamente. Además, sostuvo que la madre de la bebé “vende drogas y se prostituye”, y manifestó su deseo de obtener la custodia de su nieta: “Ahora quiero que mi nieta se quede conmigo”.

La abuela relató también que la madre de la menor irrumpió en la vivienda y comenzó a destruir muebles y electrodomésticos. Por ello, fue necesario un operativo policial en el domicilio ubicado en la calle 196 entre 46 y 47, donde la situación se tornó violenta y se necesitó la intervención de cuatro agentes para contenerla, tal como comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae.

Al llegar al domicilio, los policías se encontraron con un cuadro de extrema tensión. En el lugar, un hombre mantenía reducida a una mujer, al tiempo que aseguraba que era su pareja y que momentos antes había abusado de la beba.

Ante esa escena, el personal actuó con lo que calificaron como “la fuerza mínima e indispensable” para controlar a la femenina y proceder a su aprehensión.

A pocos metros de allí, los uniformados identificaron a otra mujer, la madre del hombre, que sostenía en brazos a la criatura que lloraba intensamente. Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, todas las partes fueron trasladadas a la dependencia policial.

En paralelo, se solicitó la intervención del SAME, que trasladó de urgencia a la beba al Hospital de Niños de La Plata. En un primer momento, tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que presentaba lesiones. No obstante, los profesionales aclararon que no se pudo establecer si esas lesiones eran recientes o de días anteriores. De todas maneras, informaron que la menor se encontraba fuera de peligro.

Con estos resultados y ante la gravedad de las acusaciones, se dispuso la aprehensión de ambos progenitores. Se trata de N.A., de 33 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad Nº9 La Plata), y de Rosana C., ciudadana paraguaya de 32 años, actualmente desocupada. Al día siguiente, con los nuevos datos periciales, ambos fueron liberados.

Mientras la Fiscalía aguarda los informes complementarios del hospital, se iniciaron los trámites para resguardar a la menor y evitar el contacto con su madre. El padre de la niña evalúa la posibilidad de presentar cargos penales.

María Paola Galeano es una presa de verdad. Vio la serie junto a sus compañeras de encierro en el televisor de su celda, con la reja pintada de rosa, un equipo de música, un caloventor y un empapelado simil piedra. “Me gustó, es como la realidad, pero un poco alterada”, asegura desde su celular: “Cuando la empezamos a ver, pensamos en cada uno de los pabellones que existen y cuáles son los que más se parecen a estas realidades”

La entrevista que Paola y yo mantenemos está fuera de la ley: el reglamento interno del Servicio Penitenciario Bonaerense, tras una decisión de la Corte Suprema durante la pandemia, permite a los detenidos de la provincia el uso de WhatsApp para comunicarse con familiares, defensores y para fines educativos. No pueden usar ninguna otra red social, sea Facebook, Tik Tok, Instagram, nada. Paola, desafiando sanciones de las autoridades penitenciarias, convirtió ese celular en un fenómeno y en una pequeña empresa.

Encerrada en el ala femenina de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora, comenzó a bailar hits del momento en pequeños videos un año atrás, en su pabellón color rosa, en el patio de la cárcel, junto a sus compañeras de encierro, con filtros en la cara, peinados, calzas adherentes y uñas casi perfectas, mientras se hace la planchita del pelo. Creó un hashtag, que parece una fina ironía: #barrioprivado. Hoy, Paola tiene 177 mil seguidores en Tik Tok, 123 mil en Facebook. “52 mil personas se conectaron para verme en un live”, asevera. “Hola reina”, la piropean sus fans, en su gran mayoría hombres.

Desde ya que sus seguidores la googlearon para conocer un poco más su historia. La pregunta más frecuente al respecto en el buscador es: “¿Por qué está presa?“.

Simple: por asesinato.

En 2014, Galeano aceptó un juicio abreviado como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo en el Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial La Matanza, con una pena de trece años y cuatro meses de prisión que computó una condena previa, dictada tres años antes. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Gauna; un grupo de hampones lo mató en 2013 mientras intentaban robarle la camioneta. Galeano, aseguran fuentes del caso, habría sido clave para señalarlo. En 2016, su defensora oficial presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, que fue rechazado.

Paola recuerda bien el nombre de su víctima, pero no habla mucho del expediente. “Mi participación fue necesaria para el hecho, dice el juez. Había tres personas más conmigo, que no fueron aprehendidos. A mí me agarraron un año después”, recuerda. A esos cómplices, Paola jamás los entregó.

Paola, tal vez, sabe que la familia del hombre al que ayudó a que lo maten podría estar mirando sus bailecitos. En su cabeza, encontró una justificación. También, encontró un negocio.

-¿Cuándo comenzaron los videos?

Después de estar tantos años acá adentro, sin posibilidad de poder disfrutar un poco de la vida en sociedad, encontré en las plataformas digitales mi salida, mi libertad a través de una pantalla. Es una comunidad grande y me ayudo a comprender la vida de otra manera

-¿Te ofrecen canjes de productos?

-Me dan canjes y me ofrecen trabajo, me hablan para publicidad, para casinos, más que nada.

-Podrías tener problemas con tu juzgado de ejecución penal, o con el Servicio Penitenciario.

-Es la forma en la que gano dinero legalmente, sin dañar a terceros, hace 11 años y 3 meses que estoy detenida, hice todo bien durante mi condena para poder irme con un beneficio y no me lo dieron por los cambios legales en 2017. Ya aprendí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar robándole a la gente con las tarjetas como hace todo el mundo en los penales? Mi familia viene cada cuatro meses, trabajan todos, tengo que mantenerme sola.

La tendencia de los videos de presos bonaerenses cambió con la pandemia. Las escenas de motines bestiales en el pico del encierro del coronavirus dieron paso a monólogos confesionales con sabiduría del hampa, tutoriales de supervivencia y escenas casi idílicas como las que muestra Paola: coreografías y festejos del Día del Niño en penales perfectamente limpios donde no se ven el hacinamiento de la sobrepoblación, las ollas de guiso y la violencia. En Instagram, la cuenta Vida de Presos tiene 223 mil seguidores, con escenas similares a las de Paola y otras más tenebrosas, enfrentamientos con facas y mantas en el antebrazo, detenidos que se combaten como toreros.

Ante el fenómeno, Paola tiene un mensaje, uno al menos honesto.

“Yo apunto siempre a la reinserción. Si la cárcel se usara no para castigar y sí para reinsertar positivamente, sería muchísimo mejor, que no sean criaderos de parásitos. A nosotros nos están dejando acá, nos están pagando la luz, el agua, el gas, nos están dando de comer, nos están dando salud. Salimos a una sociedad siendo unos parásitos. Entonces, después, ¿qué nos pasa? Volvemos de vuelta acá adentro. Lo mejor sería que el sistema carcelario cambie y que dé oportunidades de trabajo y de educación, para crear hábitos positivos, no solo reprimir“, asevera en su último audio.

En un año, el Tik Tok de Galeano se terminará, al menos tras las rejas. Su condena se dará por cumplida. Espera que este reportaje no la perjudique.

Una hora después de la publicación de esta nota, personal penitenciario llegaba a la celda de Galeano para quitarle el teléfono.

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense y su pareja quedaron aprehendidos en una causa por abuso sexual luego de que el agente llamara a la Policía de la provincia de Buenos Aires para advertir que la madre de su hija había atacado a la pequeña de apenas 6 meses. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron al hombre sujetando a la acusada, pero los dos terminaron presos.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que todo comenzó cuando personal de la Comisaría 15ª de Lisandro Olmos fue convocada a una vivienda ubicada en calle 196 entre 46 y 47, también en el partido de La Plata y a metros del penal que lleva el nombre de esa localidad platense.

En un primer momento, se informaba que debían acudir ante un conflicto familiar. Sin embargo, la situación tomó un giro mucho más grave cuando la ampliación del llamado alertó que un hombre denunciaba a su pareja por haber abusado de su hija de apenas seis meses.

Al llegar al domicilio, los policías se encontraron con un cuadro de extrema tensión. En el lugar, un hombre mantenía reducida a una mujer, al tiempo que vociferaba que era su pareja y que momentos antes había abusado de la beba.

Ante esa escena, el personal actuó con lo que calificaron como “la fuerza mínima e indispensable” para controlar a la femenina y proceder a su aprehensión.

A pocos metros de allí, los uniformados identificaron a otra mujer que sostenía en brazos a una criatura que lloraba intensamente. Se trataba de la víctima, M., nacida el 18 de febrero, quien de inmediato fue puesta bajo resguardo. Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, todas las partes fueron trasladadas a la dependencia policial.

En paralelo, se solicitó la intervención del SAME, que trasladó de urgencia a la beba al Hospital de Niños de La Plata. Allí, tras los exámenes médicos correspondientes, se confirmó que presentaba lesiones. No obstante, los profesionales aclararon que no se pudo establecer si esas lesiones eran recientes o de días anteriores. De todas maneras, informaron que la menor se encontraba fuera de peligro.

Con estos resultados y ante la gravedad de las acusaciones, se dispuso la aprehensión de ambos progenitores. Se trata de N.A., de 33 años, empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad Nº9 La Plata), y de Rosana C., ciudadana paraguaya de 32 años, actualmente desocupada. Ambos quedaron detenidos mientras avanza la investigación.

La causa, que se investiga como “abuso sexual”, quedó bajo la órbita de la UFI Nº5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Mennucci, y con intervención del Juzgado de Garantías Nº3 de ese departamento judicial.

Según consta en el parte oficial, la auxiliar letrada Maitena Betelú avaló las detenciones y ordenó el cumplimiento de diligencias de rigor, estableciendo además que los aprehendidos deberán presentarse en la fiscalía.

Condenado por abusar de su hija

Un hombre identificado como H.R.M. fue condenado este lunes a 16 años de prisión tras haber sido declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado reiterado contra su propia hija en el departamento de Garay, provincia de Santa Fe.

La decisión, adoptada por el juez Luis Octavio Silva, atendió la solicitud de la Fiscalía y marcó el cierre de un proceso que repasó una secuencia de episodios cometidos contra la víctima desde la infancia hasta su adolescencia.

La condena se basó en la investigación realizada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que expuso cómo H.R.M. ejerció agresiones sexuales sobre su hija en repetidas ocasiones mientras compartían la vivienda familiar.

Según lo revelado durante el proceso, los ataques no se limitaron al ámbito doméstico: también ocurrieron en una zona costera cercana, espacio donde el acusado tenía oportunidad de encontrarse a solas con la víctima.

El recorrido judicial detalló que los hechos comenzaron cuando la joven cursaba el jardín de infantes y se extendieron hasta los primeros años de la escuela secundaria.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que la propia víctima, en 2023, confiara los hechos a su pareja, revelación que motivó la denuncia formal y desencadenó las actuaciones judiciales y la detención del hombre, que al momento contaba con 61 años.

La fiscal Luciana Escobar Cello, responsable de la investigación, sostuvo la existencia de agresiones físicas y psicológicas sostenidas en el tiempo, además de evidenciar cómo el agresor se valía de amenazas para mantener oculta la situación y garantizar así su continuidad.

El procedimiento avanzó bajo la modalidad de juicio abreviado. Y el tribunal estableció la pena de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y promoción a la corrupción de menores.

Un violento episodio ocurrido en Berisso terminó con un detenido, acusado de haber irrumpido junto a otras personas en el domicilio de una mujer y de haberla agredido físicamente, tanto a ella como a sus dos hijas menores de edad. La sorpresa llegó cuando cargaron sus datos en el sistema: debía estar preso, condenado por intento de homicidio.

“Tiene 22 años y tenía un pedido de captura activo por no haber regresado al penal del Servicio Penitenciario Bonaerense tras una salida transitoria", explicaron fuentes del caso consultadas por Infobae.

La denuncia fue radicada por la mujer atacada de 43 años, quien relató ante las autoridades que un grupo de personas irrumpió con violencia en su vivienda, ubicada en calle 159 de Berisso.

Según su testimonio, tanto ella como sus hijas, de 17 y 13 años, resultaron agredidas físicamente y sufrieron lesiones leves. Antes de retirarse, uno de los agresores habría extraído un arma de fuego de entre sus ropas y las habría amenazado de muerte.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso, el origen del conflicto se remontaría a una pelea entre menores ocurrida en la puerta de un establecimiento escolar.

Una de las hijas de la denunciante habría discutido con una adolescente vinculada familiarmente con los agresores, hecho que habría motivado la posterior agresión domiciliaria.

El caso fue investigado por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Berisso Segunda, que logró identificar a tres personas presuntamente involucradas: Jonathan Molina Correa y otras dos mujeres.

Tras establecer los respectivos domicilios, el personal policial solicitó cuatro órdenes de registro domiciliario autorizadas por la autoridad judicial correspondiente y ejecutadas ese mismo día.

Los procedimientos se realizaron en los siguientes puntos: un pasillo con acceso por calle Pascual Ruperto, una propiedad en 160 y 25, otra en 160 entre 25 y 26 donde funciona una feria americana, y una casilla color verde también en la misma cuadra. Del operativo participaron efectivos del GTO local, el GTO Departamental, diversas comisarías de la ciudad y el grupo motorizado.

El resultado fue positivo en uno de los objetivos: en el primer domicilio se logró la detención de Jonathan Joaquín Molina Correa, quien tenía un pedido de captura vigente desde el 3 de enero de 2025, emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de La Plata.

Los registros policiales confirmaron que Molina Correa había sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión por un hecho ocurrido en el año 2020 en las calles 21 y 162 de Berisso, donde —en el contexto de una pelea— lesionó gravemente con un arma blanca a otro hombre.

El imputado fue alojado en la Unidad Carcelaria Nº 9 de La Plata, a la que ingresó en 2021, y permaneció allí hasta enero de 2025, momento en el que accedió al beneficio de salidas transitorias. Desde entonces, nunca regresó al penal, lo que motivó la activación de la orden de captura.

Durante los allanamientos, no se secuestraron armas de fuego. Las nuevas imputaciones contra el detenido incluyen ahora los delitos de lesiones leves, violación de domicilio y daños.

Por lo pronto, Jonathan Molina Correa permanece bajo custodia y a disposición de la justicia penal.

También dijeron las fuentes del caso, que investiga el fiscal Christian Granados como “daño agravado”, que las autoridades dispararon más de 500 postas antitumultos para poder controlar a los presos de la unidad que albergaba esta noche a 990 internos.

En uno de los videos que ilustra esta nota se escuchan las detonaciones. “Se pudieron hacer los traslados previstos y, por suerte, no se escapó nadie”, avisaron y explicaron que no hubo heridos graves, pero sí varios lesionados.

Todo comenzó pasadas las 5 de este jueves, cuando se inició el operativo previsto por el SPB para hacer los traslados acordados con la Justicia, entre los que había algunos detenidos con un historial delictivo complejo.

Tal como pudo saber este medio, los reclusos trasladados fueron ocho referentes evangelistas, que acopiaban mercaderías para vender. Frente a esto, la reacción de los integrantes de los pabellones no se hizo esperar.

“Y ser tan pesado significa que, de la reja para adentro, manejan ellos y entonces comenzaron las protestas”, describieron respecto a cómo fue que tres horas después los reos empezaron a ganar los techos, que algunos están a 10 metros de alto.

En la protesta inicial pedían que no trasladen a ciertos referentes y luego empezaron las demanda generalizadas: “Rompieron totalmente varios sectores de la unidad: techos, ventanas, pabellones“.

Las fuentes del caso comentaron que los penitenciarios dispararon “mucho” para recuperar el dominio de la unidad: “Se calculan más de 500 tiros, hasta esta noche se seguían juntando los cartuchos antitumulto que quedaron por todos lados". De igual forma, aclararon que fueron “disparos disuasivos”.

Las autoridades contaron que quedaron muchas celdas rotas, y paredes también. Había focos ígneos por todos lados y estiman que demandará varias semanas poner la unidad en orden.

“Rompieron hasta sus cocinas”, graficaron la violencia de lo que sucedió este jueves en Florencio Varela.

De acuerdo con los datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, el penal se encuentra en Ruta Prov. 53 Km. 15,5 (1888) - Bs. As. Se inauguró en 1999 y consta de un régimen cerrado-moderado. Al tratarse de un sistema más restrictivo al que cuentan otras unidades de la localidad, los presos allí tienen más limitadas sus actividades. De igual forma, posee un amplio patio para realizar deportes y tareas de entretenimiento.

Esta unidad forma parte de un complejo penitenciario mucho más grande, que comprende también las secciones 23, 24, 31, 42 y 54.

En una de esas unidades fue donde se desarrolló el brutal motín de 2020, en donde los presos mataron a un recluso. Todo había comenzado por la difusión de un audio falso de WhatsApp.

Ocurrió en la Unidad N°23 en pleno inicio de la pandemia. En ese contexto, se difundió un mensaje en el que un presunto médico que decía que si el virus ingresaban al penal todos morirían. Con esta información, los presos se revelaron, dejaron sus celdas y ganaron los techos. La revuelta se extendió por casi 12 horas y dejó un salgo de un muerto y 20 heridos.

Las fotos de los destrozos

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, ordenó el traslado de Felicitas Alvite, la joven influencer conocida como “La Toretto”. Luego de que ratificaran el rechazo al pedido de prisión domiciliaria, presentado por la defensa, sentenciaron que la detenida cumplió con el plazo permitido para las detenciones en la Alcaidía de Melchor Romero.

La resolución se dio a conocer en las últimas horas del miércoles, lo que implicará que deberá permanecer detenida en otra unidad del Servicio Penitenciario hasta que se celebre el juicio. Actualmente, la joven de 21 años se encuentra acusada como autora del homicidio de Walter Armand, un motociclista que perdió la vida tras ser atropellado a alta velocidad en la madrugada del 12 de abril de 2024.

Según la acusación formulada por la Fiscalía, Alvite fue imputada por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”. Previamente, la carátula del caso era por “homicidio culposo”, pero su situación procesal se agravó al considerarse que había participado de una picada ilegal junto a una amiga, quien fue acusada como “penalmente responsable del delito de prueba ilegal de velocidad”.

De esta manera, se espera que en las próximas horas la influencer abandone la celda que ocupó en la Alcaidía Roberto Pettinato de Melchor Romero, para ser ingresada a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). No obstante, su destino aún no habría sido definido.

Desde el Tribunal de Casación Penal decidieron trasladar a la joven a una cárcel común, luego de que argumentaran que ya había superado el límite de seis meses permitidos para su detención en ese centro de detención. En línea con esto, la decisión del juez evitó que la influencer fuera beneficiada con el arresto domiciliario, según la información publicada por el medio local 0221.

Previo a esto, la Sala IV de Casación resolvió en diciembre de 2024 que no existían riesgos procesales que justificaran la detención en prisión preventiva, por lo que Alvite era elegible para recibir la morigeración. Sin embargo, la medida no se implementó, debido a las impugnaciones presentadas por la querella.

En el documento presentado a la Cámara de Casación Penal, los abogados de la familia, Delfina, Julio y Fernando Burlando, criticaron que la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a la detenida había sido “absurda y arbitraria”. Asimismo, remarcaron que el fallo vulneraba los derechos constitucionales y convencionales como el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

Como parte del recurso, la familia de Armand solicitó que se investigue el accionar de los magistrados de la Cámara de Casación Penal, por posibles irregularidades en la resolución de un caso judicial. La controversia se centró en la intervención de un tribunal de feria, ya que la resolución anulada no había adquirido firmeza al momento de ser revisada.

En línea con esto, se requirió que los antecedentes del caso sean remitidos tanto a la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense como a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. En caso de confirmarse las presuntas irregularidades, los jueces involucrados podrían enfrentarse a sanciones o incluso a investigaciones disciplinarias.

Frente a esto, los abogados de la joven, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, consideraron que los recursos presentados por los representantes de la familia de la víctima fueron inadmisibles y apuntaron que la negativa a implementar la morigeración como una “decisión arbitraria” e “ilegal”, por parte de la Justicia. En ese sentido, señalaron que la detención de su cliente seguía siendo un “exceso ritual manifiesto”.

Luego de que la joven sea trasladada a un penal bonaerense, restaría esperar a la llegada del juicio. A pesar de que la fecha no fue confirmada, se estipula que este podría celebrarse en el segundo semestre de 2025. Además, está confirmado que se tratará de una instancia de características técnicas y tradicionales por pedido de la defensa, por lo que se descartó la posibilidad de que Alvite fuera sometida a un juicio popular.

Un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense murió este domingo tras protagonizar una violenta pelea de tránsito en la ciudad de La Plata, donde el policía discutió con dos hombres por una mala maniobra y recibió un fuerte golpe en la cabeza por el que falleció horas después.

El episodio tuvo lugar en el playón de estacionamiento de un supermercado mayorista ubicado en las calles 23 y 520, según informaron fuentes policiales. Todo comenzó en la tarde del sábado, cuando el hombre -identificado como Jorge Luis Castells, de 40 años- se enfrentó con un automovilista y su hijo, ambos mayores de edad, por un mal movimiento vehicular dentro del predio.

De acuerdo al relato de los involucrados, la primera queja de la víctima, que se desempeñaba como suboficial principal, ocurrió inmediatamente después de la maniobra. Sin embargo, en ese primer momento, la situación no escaló a mayores y tras un cruce de palabras, el policía se retiró del lugar a bordo de una camioneta.

El problema vino minutos después, cuando Castells volvió al lugar a bordo de una moto marca Honda, los increpó y continuó con la discusión, según señalaron testigos del episodio a los agentes policiales que intervinieron en el hecho.

Fue entonces cuando la violencia de la pelea escaló y comenzaron los golpes. En este escenario, y por causas que aún no fueron esclarecidas, el agente del SPB se cayó al piso y sufrió una fuerte lesión en la cabeza que lo dejó tendido e inmovilizado en el suelo.

A esta escena llegó la policía local, que había sido alertada del enfrentamiento un rato antes a partir de un llamado al 911. Al arribar al estacionamiento, los oficiales se encontraron con la víctima ensangrentada sobre el asfalto. Medios locales describieron que estaba inconsciente y con un intenso sangrado en el rostro.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME para su inmediato traslado al Hospital San Roque, donde fue ingresado de urgencia y quedó internado. Allí estuvo hasta este domingo a la mañana, cuando finalmente falleció producto del impacto en su cabeza.

Por el hecho fueron detenidos los otros dos involucrados en la pelea: un hombre de 53 años y su hijo de 37, quienes contaron su versión a la policía de La Plata y quedaron aprehendidos a disposición de la Justicia, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se desató el hecho.

En el caso tomó intervención la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N.º 7 de La Plata, quien imputó a ambos acusados del delito de “homicidio”. Ambos serán indagados en las próximas horas.

Asimismo, Bravo ya ordenó diligencias de rigor en la zona donde ocurrió el enfrentamiento. A fin de determinar cómo se desarrolló la pelea y si hubo responsabilidad de los imputados en la muerte de Castells, la fiscal solicitó un relevamiento de las cámaras de seguridad del estacionamiento y alrededores para analizar la secuencia de imágenes.

También secuestró una moto marca Honda CB 250 cc sin patente, que fue hallada en el lugar de la pelea. El vehículo coincide con el que habría utilizado el agente del SPB cuando volvió al playón para continuar la pelea, según la descripción brindada por testigos. No obstante, esto aún no fue confirmado por las autoridades judiciales.

Hoy jueves por la mañana, un hombre que asegura ser un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense se esposó a un andamio en La Plata. Reclamó ser recibido por Juan Martín Mena, titular del Ministerio de Justicia provincial, del que depende el SPB.

El hecho ocurrió hoy a las 8:30 en la esquina de 12 y 53, en las inmediaciones del Ministerio. hombre se identificó ante personal de la Comisaría 1° de la Policía Bonaerense como Marcelo Díaz, de 44 años, con domicilio en Ezpeleta, destinado a la Unidad N°13, ubicada en Junín. Dio su número de DNI. Un chequeo en registros provisionales reveló que, efectivamente, es un empleado del Ministerio.

Díaz, dijo desde el andamio, reclamaba por su situación laboral: fuentes oficiales aseguraron que Díaz habría sido exonerado de sus funciones y pide que lo reincorporen. Personal de la Policía Bonaerense alertó al fiscal Matías Almirón y organizó un operativo en el lugar con personal de Bomberos y una ambulancia. El penitenciario continuaba esposado sobre el andamio poco después de las 9:30.

En simultáneo, fuentes oficiales revelaron que Díaz fue convocado a una reunión en la jefatura de gabinete ministerial. También revelaron el motivo de por qué fue exonerado: una denuncia por violencia de género.

“Enfrenta una causa ante la Justicia y Asuntos Internos por violencia de género”, ratificaron las mismas fuentes: “El agente fue denunciado por su ex pareja por amenazas y se lleva adelante un proceso judicial desde mayo de 2021″.

El área de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos avanzó con un sumario y ante las pruebas recolectadas se resolvió en septiembre de 2023 la destitución de Díaz. La causa judicial fue elevada a juicio tras una investigación de la UFI N° 6 de Junín en el Juzgado de Familia N° 1.

Finalmente, Díaz descendió del andamio pasadas las 10 AM, asistido por personal de Rescate de la Superintendencia de Siniestral de la fuerza provincial.

“El propio Estado argentino, a través de sus organismos, ha puesto en riesgo la vida misma del padre de mis hijos argentinos sin reparo alguno… Mi propio país está dejando a mis hijos sin padre”. Con esta contundencia, y con otras frases de alto impacto, se presentó Cintia Enciso ante los tribunales de Lomas de Zamora para interponer un amparo y conseguir la “reunificación” de su familia. Esa acción fue dirigida contra la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Vicejafatura de Gabinete del Interior y Migraciones, encargado este último organismo de expulsar al marido de Enciso a su tierra de origen, Uruguay, por cometer un delito penado con más de cinco años de prisión. El expediente, aun sin resolución definitiva, tiene como partes incorporadas a dos menores de edad, uno de ellos diagnosticado con retraso mental.

Elbio Ceferino Bacigalupe, de 57 años, llegó desde la ciudad de Carmelo en 1992. Ya con su residencia permanente, se instaló en el partido de Almirante Brown y se dedicó a trabajar como fletero. En abril de 2015, el Tribunal en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora lo sentenció a cinco años y cuatro meses de cárcel por cometer un delito de homicidio simple en grado de tentativa. La pena la cumplió en la Unidad 37 del Servicio Penitenciario bonaerense, ubicada en la localidad de Barker.

A raíz de esa sentencia, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió en febrero de 2017 cancelar la residencia de Bacigalupe, expulsarlo del territorio nacional y prohibirle su reingreso una vez que se cumpliera la totalidad de la pena. Para eso, se apoyó en el artículo 62 inciso b) de la ley migratoria N°25.871, que establece ese curso de acción para el caso en que un ciudadano extranjero “hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos”.

Esa medida, firmada por el entonces director nacional Horacio García, le fue informada a Bacigalupe el 3 de julio de 2017. En las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae constan su firma y su huella en la notificación de la disposición. El hombre terminó de purgar su condena el 1 de marzo de 2019, y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 porteño firmó, en diciembre de 2023, su “retención” y posterior “expulsión” del país.

Así las cosas, al recuperar su libertad el ciudadano uruguayo volvió a sus quehaceres habituales. Retomó su trabajo y se asentó con su familia en la localidad de Longchamps. De acuerdo al escrito que luego presentaría su esposa ante la justicia, Bacigalupe, sin saber nada acerca de la resolución que pesaba sobre él, se dirigió a la Dirección de Migraciones de Burzaco con el fin de renovar su DNI, que “ya se encontraba deteriorado por su uso”.

En ese momento, el lunes 7 de octubre pasado, “sin más trámite lo retienen y se lo llevan a la Alcaidía de Palermo”, relató su pareja en el escrito de amparo, donde agregó: “Lo retuvieron en su afán de hacer las cosas bien y así como si nada a los tres días, sin avisarnos, por la madrugada del jueves 10 de octubre se lo llevaron de Palermo al aeropuerto, lo subieron a un avión a primera hora y lo abandonaron a su suerte a media mañana en Montevideo”. Luego exclamó: “El propio Estado argentino a través de sus organismos, ha puesto en riesgo la vida misma del padre de mis hijos argentinos sin reparo alguno… Mi propio país está dejando a mis hijos sin padre”.

La demanda contra el Estado Nacional en general, y la Jefatura de Gabinete, Vicejefatura del Interior y Migraciones en particular, fue firmada el 18 de octubre por la abogada Johanna Martino, en nombre de Cintia Enciso, quien se presentó en representación de sus hijos M. y J. invocando la vulneración de derechos fundamentales “como el interés superior del niño, derecho a la familia, derecho a la identidad, derecho alimentario, derecho de las personas con discapacidad”.

En la acción judicial, la patrocinante reclamó que se ordene “la dispensa de expulsión y no retorno por arraigo y reunificación familiar”. También exigió “restituir de forma inmediata al señor Elbio Ceferino Bacigalupe al territorio nacional y a nuestros hijos menores de edad con centro de vida (...) en la localidad de Longchamps (...), a su exclusivo costo”.

Según expuso la esposa del ciudadano uruguayo, Bacigalupe “es el único sostén económico de su familia”, ya que él se dedica a realizar ”trabajos de fletero y junto a esos magros ingresos, también percibimos la pensión por discapacidad de J. y la asignación universal por hijo de M., que todos sabemos que no son suficientes, pero ayudan”.

“Quien suscribe es ama de casa dedicada a la tarea exclusiva de los cuidados de nuestros hijos y en especial de J., que por su discapacidad requiere de mi completa dedicación y tiempo, por lo que no puedo trabajar. Acredito sus patologías de trastornos del habla y del lenguaje, epilepsia, retraso mental, deterioro del comportamiento, ataxia, parálisis cerebral atáxica por trastornos relacionados con duración corta de gestación y bajo peso (nació cincomesino) con el -Certificado Único de Discapacidad- que acompaño y el certificado suscripto por la médica (...) donde consta su alto grado de vulnerabilidad social”, expresó la mujer.

A su vez añadió: “Vale destacar que como parte de la familia, también era integrante B.M. Enciso, hija mía de una pareja anterior. La mencionada falleció en julio de 2021 dejando la familia totalmente devastada, especialmente a sus hermanitos menores. Es dable destacar que junto a esa partida tan sentida y ahora la falta de su padre, J. se encuentra afectado a tal punto, que hasta ha tenido episodios de convulsiones que ponen en grave riesgo su vida. Y M. se ha cerrado a todo tipo de comunicación y expresión de sus emociones, ha adquirido una postura muy rebelde que complica aún más la poca estabilidad emocional de su hermanito y de quien suscribe”.

Y aseveró: “Debo resaltar la gravedad del daño que provoca sin duda alguna a mis hijos y a la unidad familiar, la expulsión abrupta de mi esposo, que lo ha dejado a él personalmente y nosotros, en un estado de vulneración e indefensión absoluta en todos nuestros derechos. Derechos que se continuarán vulnerando y violentando hasta que no lo restituyan al terreno nacional, a los brazos de sus hijos”.

Para la denunciante, Bacigalupe fue “abandonado a la buena de Dios” en el aeropuerto de la capital uruguaya en condiciones precarias, incomunicado y sin los recursos básicos para subsistir. Dijo que estuvieron más de 50 horas sin saber nada de él, por lo que su familia biológica “se vio obligada a radicar la denuncia por desaparición de persona”. Apuntó que, luego de dos días, su marido “llegó a pie hasta la casa de su madre en Carmelo (...). Mientras tanto acá en Argentina, mis hijos y la que suscribe, desesperados sin saber qué hacer y sin que nadie nos diera una respuesta. Lo abandonaron a él y a nosotros”.

La mujer también consideró que la cancelación de la residencia de su marido “aparentemente le fue notificada” mientras estaba en prisión. En ese orden, denunció que “nadie le explicó a mi esposo lo que estaba firmando... Mi esposo no entendió ni le fue explicado, por el personal que lo notificó ni por su abogado defensor, los alcances de lo que estaba informando ni lo que podía hacer si no estaba de acuerdo”.

Con todo, Cintia Valeria Enciso solicitó que se garantice la reunificación familiar de su esposo con sus hijos. Ese pedido se basó en el artículo 10 de la Ley 25.871, que establece que “el Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes”.

“Téngase especial consideración -aclaró en el escrito- que desde que mi esposo cumpliera su condena, jamás ha estado involucrado en otro delito o situación que ponga en duda su conducta intachable como ciudadano funcional y reinsertado de forma correcta y útil a nuestra sociedad. Se dedicó a reconstruir nuestras vidas trabajando de fletero, educando y criando a nuestros hijos”.

Y subrayó: “Sería un sin sentido que ante toda la situación que estamos viviendo con nuestros hijos, alguien venga a proponer como solución que nos radiquemos en Uruguay si es que mis hijos pretenden tener a su padre en su vida familiar y cotidiana. De recibir esto como respuesta, se verían aún más vulnerados los derechos de mis hijos, siendo que deberían de cambiar su centro de vida, colegio, médicos especialistas y tratantes, círculo de amigos y personas que frecuentan, desvinculación del resto de su familia en nuestro país con quienes tienen vínculos forjados desde su nacimiento”.

Tras el amparo con medida cautelar incluida, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°3 de Lomas de Zamora remitió las actuaciones por cuestiones de “conexidad” al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 porteño, que había dictado la expulsión de Bacigalupe a fines de 2023. Desde esa sede rechazaron la competencia para intervenir, por lo que se elevó el expediente a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata.

Previo a la resolución de la alzada, y entre envíos y remisiones del expediente, la abogada Martino presentó un “Pronto Despacho” para acelerar el trámite y acceder a la medida cautelar solicitada “con urgencia”. En ese documento, esbozó que “J. (el menor discapacitado) continúa con convulsiones cada vez más violentas por la ausencia de su padre”.

En ese marco, los jueces de Cámara Jorge Di Lorenzo y César Álvarez dirimieron este jueves el conflicto de competencia en un fallo al que accedió este medio. Allí, el tribunal declaró que el juzgado porteño era el órgano competente para abocarse al análisis del amparo de Enciso, en línea con la postura del fiscal general de Cámara.

Efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detuvieron durante la jornada del domingo a un suboficial de la misma fuerza que intentaba ingresar drogas y alcohol a una cárcel de Campana.

Tal como pudo saber Infobae, todo sucedió en la Unidad 21 cuando se realizaba la requisa al personal que ingresaba de guardia. Así, los penitenciarios hallaron en la mochila del hombre envoltorios con marihuana y con cocaína. Además, llevaba también una botella de fernet. La droga incautada alcanza un total de 1 kilo 94 gramos de marihuana y 230 gramos de cocaína.

En consecuencia, el cabo primero resultó detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno. A su vez, se dio intervención a la Policía Federal Argentina (PFA) para que realice las tareas de rigor.

Pese a que la identidad del oficial detenido no trascendió, se sabe que fue trasladado a la sede policial por el delito de infracción a la Ley 23.737. En simultáneo, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires le iniciaron un sumario al agente, por orden del gobernador Axel Kicillof.

No es la primera vez que se registra un hecho de estas características. De hecho, hace tan solo cuatro días, otro agente penitenciario fue detenido por intentar ingresar drogas a una cárcel de La Plata.

Al igual que como sucedió en Canpana, el hombre cayó durante un procedimiento habitual del cambio de guardia en la Unidad Penitenciaria N°9, ubicada en las calles 76 y 10 del barrio Villa Elvira. Se trató de una requisa sorpresiva a los agentes que se encontraban en servicio.

El procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con agentes del SPB. Mediante esta revisión, los oficiales encontraron entre las pertenencias de uno de sus compañeros, identificado como E.G. Quintana (24), dos envoltorios que contenían 67,5 gramos de cocaína y una bolsa con 43,7 gramos de marihuana en forma de cogollos, así como también portaba un teléfono celular.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°18, a cargo de Hugo Terson y el Juzgado de Garantías N°3, dirigido por Pablo Nicolás Raele.

Esta situación tampoco es exclusiva del Servicio Penitenciario Bonaerense, puesto que en la provincia de Córdoba son varios los casos de guarda cárceles que son capturados con estupefacientes en los penales.

En el penal de Bouwer, a modo de ejemplo, dos suboficiales de la policía cordobesa fueron detenidos luego de que se les encontraran 21 envoltorios con sustancias compatibles con cannabis sativa, ocultos en la guantera de su auto. Esta situación se registró en junio pasado, cuando querían ingresar los estupefacientes al Complejo Carcelario N°1 “Reverendo Francisco Luchesse”.

Meses antes, en la misma prisión, dos agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba fueron detenidos mientras querían pasar drogas a los penales de Cruz del Eje y Bouwer. Tras el operativo del Grupo Especial Antinarcotráfico y Requisa, se supo que uno de los guardias portaba dosis de cocaína y marihuana ocultas en un envase de yerba mate, con un peso aproximado de 500 gramos cada una. La Fuerza Provincial Antinarcotráfico (FPA) confirmó el hallazgo luego de realizar pruebas de narcotest.

Como consecuencia, el subadjutor Jorge David Vidal, de 24 años, fue detenido en la prisión de Bouwer con 95 gramos de marihuana, un teléfono Samsung y varias tarjetas SIM, elementos que fueron incautados durante el procedimiento.

En el marco de la investigación, realizaron un allanamiento en el domicilio de uno de los implicados, ubicado en Villa de Soto. Este operativo permitió la confiscación de $1.447.010, un vehículo y otros objetos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), realizó un operativo que culminó con la detención de un guardia penitenciario en posesión de sustancias estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo durante el cambio de guardia en la Unidad Penitenciaria N° 9, ubicada en las calles 76 y 10 del barrio Villa Elvira, en La Plata.

Según informaron las autoridades, el encargado de requisa de la unidad ordenó una inspección sorpresa a los agentes que ingresaban al servicio.

Durante esta revisión, se hallaron entre las pertenencias de E.G. Quintana, de 24 años, dos envoltorios que contenían 67,5 gramos de cocaína y una bolsa con 43,7 gramos de marihuana en forma de cogollos, además de un teléfono celular.

La Fiscalía N° 18, a cargo de Hugo Teson, y el Juzgado de Garantías N° 3, dirigido por Pablo Nicolás Raele, tomaron intervención en el caso, en una investigación dirigida a prevenir el ingreso de sustancias prohibidas en unidades penitenciarias.

El detenido permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes, previstas para este jueves 5 de diciembre.

Antecedentes

No es la primera vez que sucede un caso de estas características. Por caso, en Córdoba son varios los hechos de guardiacárceles capturados con estupefacientes en los penales. Por ejemplo, el penal de Bouwer, dos suboficiales de la policía provincial fueron sorprendidos con estupefacientes en su vehículo mientras trataban de ingresar al Complejo Carcelario N°1 “Reverendo Francisco Luchesse” en junio pasado.

Según el reporte oficial de la Policía de Córdoba, durante un control rutinario realizado por la Unidad de Control Penitenciaria (UCP), se descubrieron “21 envoltorios con sustancias compatibles con cannabis sativa” ocultos en la guantera del coche.

Los efectivos pretendían acceder a la sección Dactiloscopia del módulo MX2 con el propósito de retirar fichas de dos individuos detenidos, siguiendo una orden judicial.

Un incidente previo en la misma prisión se produjo el 6 de abril, cuando se detuvo a dos agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba por intentar ingresar drogas a los penales de Cruz del Eje y Bouwer.

Un operativo del Grupo Especial Antinarcotráfico y Requisa detectó que uno de los guardias penitenciarios traía consigo dosis de cocaína y marihuana ocultas en un envase de yerba mate, que pesaban alrededor de 500 gramos cada uno. La Fuerza Provincial Antinarcotráfico (FPA) verificó el hallazgo mediante pruebas de narcotest.

Subsecuentemente, un allanamiento en el domicilio del implicado en Villa de Soto permitió la incautación de $1.447.010, un vehículo y otros elementos relacionados con la comercialización de drogas. Al día siguiente, otro subadjutor, Jorge David Vidal (24), fue capturado con 95 gramos de marihuana en la prisión de Bouwer, junto con un teléfono Samsung y tarjetas SIM, objetos que también fueron confiscados.

La investigación está a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N°5 de Morón, quien solicitó el arresto y el allanamiento a la casa del penitenciario, en la ciudad de Mercedes, concedida por el Juzgado de Garantías N°6 de Karina De Luca. En el procedimiento, efectivos de la DDI de Merlo secuestraron celulares del imputado, quien no opuso resistencia a la detención.

Los aparatos serán peritados en busca de evidencia digital que constate el hecho denunciado u otros, debido a que los investigadores sospechan que existiría una segunda víctima.

Según el relato del primer hecho, Barraza habría atacado a la interna mientras se encontraba “trasladando mesas y sillas en la escuela que funciona dentro del establecimiento”.

El 18 de septiembre, el acusado convocó a la detenida a su oficina. De acuerdo a la acusación, “el imputado Barraza cerró la puerta y la tomó violentamente del brazo ingresándola al baño donde le dijo “a vos te quieren coger todos los presos, ahora te voy a coger yo”, tras lo cual, la colocó de espaldas a él, le bajó el pantalón, calza y ropa interior en un sólo movimiento, a la vez que le tapó la boca al mismo tiempo le dijo que no grite”.

La calificación para ambos hechos es la de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el rol de funcionario de Barraza: los abusos habrían sido cometidos mientras cumplía sus funciones, lo que empeora los cargos en su contra.

Fuentes del SPB indicaron que otros penitenciarios notaron que la víctima no estaba bien de ánimo, por lo que le preguntaron qué había ocurrido. La mujer relató el presunto abuso y, de inmediato, las autoridades dieron aviso a la UFI en turno y, al día siguiente, la trasladaron para que pudiera prestar declaración.

En tanto, Asuntos Internos del SPB inició un sumario administrativo y dispuso la disponibilidad preventiva del agente denunciado.

Antecedente

En junio pasado, la Justicia dictó prisión preventiva para el jefe de Sanidad de la cárcel de Batán, Juan Carlos Salas, quien está acusado por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal contra dos de los internos de la Unidad Penitenciaria 15 a cambio de drogas.

El pedido había sido realizado por la fiscal Florencia Salas puesto que “existía riesgo procesal y de entorpecimiento de la investigación”, según dio a conocer Noticias Argentinas.

En este sentido, desde el medio local 0223 informaron que la decisión de la Justicia tuvo lugar un día después de la audiencia, en la que estuvieron Salas, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, el abogado Augusto Infante por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), y el abogado defensor Matías Castro.

Juan Carlos Salas está acusado de abusar de dos de los presos a cambio de “favores sexuales”. De acuerdo a la denuncia en su contra, el jefe de Sanidad facilitaba pastillas y otros medicamentos para abusar de los reclusos.

El radiólogo fue detenido el pasado 23 de mayo por la DDI de Mar del Plata cuando salía de su domicilio. De forma simultánea, aquel jueves los efectivos allanaron la Unidad Penitenciaria 15, donde ocurrieron los hechos.

La denuncia penal del caso fue realizada un mes antes de la detención por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que conoció los hechos durante una inspección realizada en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura. Así, se presentó en la causa como particular damnificado institucional luego de entrevistar a una de las víctimas.

Hoy por la mañana, un grupo de policías de la Federal llegó a la Alcaidía Departamental de La Matanza, ubicada en González Catán, para llevarse a Erika Belén Aguilar Valinotti, efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, que trabajaba como guardia en el lugar. Se la llevaron ante la mirada de su jefe, claramente incómodo.

La imputación en contra de Erika Belén, a cargo de la UFI N°7 de Lomas de Zamora, no era muy cómoda tampoco: tentativa de homicidio.

Erika Belén, de 22 años, según confirmaron fuentes judiciales, había sido acusada como partícipe necesaria en un intento de asesinato. La víctima se llama Luis, paraguayo, de 26 años, un albañil que trabaja en una empresa tercerizadora, vecino de Ingeniero Budge. El hecho ocurrió el 6 de agosto del año pasado en la esquina de Quiroga y Magaldi, también en Budge.

Allí, Luis oyó una voz que no pudo reconocer, no de inmediato. La voz le hizo una pregunta: “¿Viste cómo te regalás?”. El guion es propio de un ratero con ínfulas, pero no aquí. El hombre que lo sorprendía por la espalda estaba lejos de querer robarle. Así, el agresor inesperado tomó un arma y le disparó. Sangrando, logró contactar a su padrastro, que lo trasladó al hospital Allende. Los médicos descubrieron que había recibido seis tiros. Sin embargo, lograron estabilizarlo y quedó fuera de peligro.

Así, declaró ante los funcionarios de la causa, a cargo del fiscal Nicolás Espejo y el secretario Alejandro Semisa. Finalmente, logró reconocer a su agresor. Era parte de una historia que guardaba, un poco, en secreto.

Lo señaló con nombre, apellido y apodo: Fabián Nicolás Sosa, “El Meca”, otro lomense de 21 años, mecánico, empleado en una empresa del rubro de reparación y venta de artículos para motos en Villa Domínico.

Dijo, sin tapujos, que Sosa era la pareja de su amante, Erika, la penitenciaria.

Hoy, “El Meca” está detenido por el hecho. Pero Luis no sabía de la mano de su amante. La investigación posterior descubrió que la penitenciaria había citado a Luis en el lugar donde casi fue baleado hasta la muerte para entregarlo a su novio, tal vez tan celoso, lo suficiente como para matar.

La indagatoria de Erika Belén se espera en las próximas horas.

Ayer por la tarde, Hernán Eugenio Coronel, de 39 años, fue detenido por la DUOF Tres de Febrero de la Policía Federal en la calle Ustarroz, zona de San Miguel. Lo encontraron en plena calle. Lo habían rastreado durante las últimas semanas, luego de que el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Mercedes diera la orden de capturarlo el 14 de diciembre de 2022. Primero, dieron con su rastro en la zona de Trujui, Moreno, donde registraba un domicilio de larga data.

Así, comenzaron a unir las piezas y fueron por él.

El delito por el que lo buscaban era un doble homicidio en ocasión de robo, una historia de larga data. Lo había cometido en 2003, para ser condenado finalmente en 2008, cuando un tribunal mercedino le dio prisión perpetua. Con los años, su defensa insistió para lograr un tipo de beneficio. Al no poder acceder a la prisión domiciliaria, insistieron con las salidas transitorias, las que finalmente lograron. El 13 de diciembre de 2022, a Coronel se le ocurrió no volver a la Unidad N°9 de Ituzaingó, donde estaba alojado y debía cumplir su pena. Al día siguiente, pidieron su captura.

El crimen por el cual lo condenaron fue particularmente cruel. Las víctimas fueron una pareja de jubilados, Ester Blanca Moile y Oscar Ernesto Castronovo.

Coronel ingresó junto a su banda a la casa del matrimonio, en busca de dinero. No se llevaron nada; solo dejaron tortura y muerte. De acuerdo a la autopsia, Castronovo sufrió múltiples heridas en sus extremidades superiores, tórax, cabeza y cuello, que le provocaron un paro cardiorrespiratorio traumático. El informe forense detalló que el hombre presentó una fuerte resistencia, tal vez, para proteger a su mujer.

Moile, quien se encontraba postrada tras una operación de cadera, también fue atacada con saña. Las heridas en su cara y cuello, junto con varios hematomas, le causaron la muerte.

Así, tras su captura, Coronel fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de doble homicidio criminis causae y robo simple. Por los delitos de violación de domicilio, abuso de arma y portación ilegal de arma de uso civil también fue imputado delincuente, llamado Sergio A.

Así, tras el arresto de Coronel a cargo de la Policía Federal, se espera su traslado de vuelta a una prisión del Servicio Penitenciario Bonaerense. El beneficio de la salida transitoria, desde ya, podrá ser revocado. Las fugas en transitorias conforma la inmensa mayoría de los escapes de interno del sistema, con varios casos en los últimos años.

Brian Emanuel Politano, preso en la cárcel bonaerense de Saavedra desde 2021, condenado a cuatro años de cárcel por venta de drogas, decidió darle un giro radical a su vida poco tiempo después de entrar al penal: comenzó a estudiar Derecho y a menos de dos años de comenzar a recibir clases, está muy cerca de convertirse en abogado. Según indicaron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a Infobae, el hombre ya aprobó 33 materias en 28 meses.

Politano, de 31 años y oriundo de la localidad de Tres Arroyos, ingresó a la cárcel en septiembre de 2021 con una pena por venta de estupefacientes. “En la cárcel escuché que me podía inscribir en la Universidad y eso hice. Y arranqué en el 2022. Ahora tras dos años y cuatro meses ya aprobé 33 materias, el 66 por ciento de la carrera de Derecho”, contó.

La carrera es dictada por la Universidad Nacional del Sur bajo la modalidad a distancia. Politano es uno de los 82 estudiantes de Derecho que se encuentran alojados en la Unidad Nº 19 de Saavedra y según dijo, aprovecha la mayor parte del tiempo que pasa alojado para prepararse académicamente y convertirse en abogado.

“Estudio prácticamente todo el día. Quiero aprovechar cada minuto. Y comparto el tiempo con mis funciones de presidente del Centro Universitario y como tutor educativo”, agregó el interno.

Con la Universidad Nacional del Sur se encuentra vigente un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que permite garantizar el acceso a carreras de grado a las personas que están privadas de su libertad.

Politano espera cumplir su condena en mayo de 2025. “Cuando caí detenido, mi señora estaba embarazada, ya teníamos dos hijos. Nunca me abandonaron y por eso desde que llegué acá quiero hacer todo lo posible para salir mejor y darle a mi familia lo que merece”, sostuvo Politano.

Los números de la educación en el penal

El ritmo de estudio es intenso. En la actualidad, el detenido -con una pena supervisada por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca- cursa cinco materias y explicó cómo es que avanza tan rápidamente: “Apruebo una materia cada un mes y medio”, indicó. “Me queda un largo camino, pero tengo un hermano abogado y me espera para darme trabajo”, adelantó Politano, quien además es presidente del centro de estudiantes universitarios de la Unidad Nº 19.

En la Unidad 19 de Saavedra, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay 800 internos, transitan los niveles de educación formal o cursos de formación profesional 405 personas privadas de libertad. Es decir, casi el 50 por ciento de la población carcelaria.

Bajo la actuación de Silvina Galvarino, la coordinadora educativa de la Unidad, la matrícula del nivel primario es de 81 alumnos, el secundario de 123, el nivel terciario con la carrera de Martillero y Corredor Público es de 31, por un convenio con la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), y 88 son los internos que participan de los cursos de formación laboral.

Esteban Roldán, el director del penal, destacó la importancia de la educación en el tratamiento penitenciario. “Es una de las claves para bajar la reincidencia en el delito y para una efectiva inserción social”, dijo.