La tarde de este jueves 17, a las 16:00 horas, concluye el plazo legal para que la jueza Rosalba Pacheco determine si Harold N. será vinculado a proceso por el homicidio de Marco Antonio Suástegui, reconocido líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Fiscalía de Guerrero afirmó contar con pruebas sólidas que señalan a este sujeto como el autor de los disparos que, el pasado 18 de abril de 2025, acabaron con la vida del defensor en la playa Icacos.

Semanas antes de este delito, Marco Antonio había denunciado ante autoridades federales de protección a defensores de derechos humanos la gravedad de las amenazas en su contra. Asimismo, solicitó la presencia de la Guardia Nacional tras advertir seguimientos y hostigamientos por parte de personas vinculadas a la delincuencia organizada. A pesar de sus repetidas alertas, su petición no fue atendida y las autoridades minimizaron su testimonio.

El activista relató en varias ocasiones que, incluso durante reuniones del CECOP en Cacahuatepec, recibía agresiones verbales y advertencias de represalias si continuaba denunciando la desaparición de su hermano Vicente. Derivado de esta situación enfrentó extorsiones de grupos que controlaban las playas de Acapulco, operando bajo la protección de autoridades locales.

El asesinato de Marco Antonio Suástegui

El 18 de abril, aprovechando la gran afluencia turística del Viernes Santo, Suástegui acudió temprano a instalar su negocio en la playa Icacos. Sin saberlo, Harold y otros individuos lo vigilaban desde la mañana, identificando sus movimientos y a quienes lo apoyaban. Cuando él líder social y su esposa se retiraban al anochecer, el atacante se acercó, lo llevó hacia la banqueta y, minutos más tarde, comenzaron los disparos.

El defensor intentó refugiarse en la playa, pero fue perseguido y herido de gravedad ante decenas de turistas. Ya herido, alcanzó a decirle a su esposa: “fue Harold”.

A pesar de ser trasladado de inmediato al hospital, falleció ocho días después debido a las lesiones sufridas. Cámaras de seguridad registraron el ataque y forman parte de la carpeta de investigación C-211/2026, en la que la Fiscalía General del Estado de Guerrero sustenta la acusación, señalando además la relación de agresor con una célula criminal dirigida por Jesús Zamora, recientemente detenido.

El legado del líder de CECOP

La trayectoria de Marco Antonio como defensor ambiental y social es reconocida en el Acapulco rural. En 2003 encabezó la oposición a la presa La Parota, lo que le valió persecución y encarcelamientos. Pese a la desaparición de su hermano, continuó visibilizando la lucha, especialmente en apoyo a comunidades afectadas por huracanes.

Por estos antecedentes, familiares y colectivos exigen a la jueza que valore su labor, así como la evidencia presentada, para garantizar que el responsable reciba un castigo ejemplar. Consideran que la detención de Harold es solo un primer paso y solicitan que el proceso legal se conduzca con imparcialidad, conforme a la ley y tratados internacionales.

La resolución de este caso representa una oportunidad para que el sistema judicial envíe un mensaje claro: la defensa del territorio y los derechos humanos debe ser protegida, y los crímenes contra quienes la ejercen no pueden quedar impunes.

El mexicano Jesús Rauda Ávila fue sentenciado a 14 años de prisión en Estados Unidos por su participación en la conspiración para importar aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína, proveniente de Sudamérica.

Según investigaciones reveladas por el Departamento de Justicia de EEUU este este martes 16 de junio, Rauda, de 46 años, operó como enlace logístico de una organización de tráfico de drogas liderada por Marisela Flores Torruco, conocida como “La Dama de Hierro”, la cual funcionaba desde México y se le vincula extraoficialmente con el Cártel de Sinaloa.

El caso fue procesado en el Distrito Este de Virginia y la condena fue resultado de una investigación del Homeland Security Task Force (HSTF), iniciativa establecida por Estados Unidos para desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Además, las autoridades reafirmaron que la causa también forma parte de la Operación Take Back America, programa del Departamento de Justicia orientado a eliminar organizaciones de tráfico y migración ilegal.

La organización obtuvo cocaína de Colombia y la distribuyó en Nueva York y Texas

Según datos revelados tras la sentencia, la red liderada por “La Dama de Hierro” y de la cual formaba parte Rauda, tenía operaciones en Nueva York, Texas y otros estados de la unión americana.

La organización criminal compraba la cocaína en Colombia y apoyaba de forma logística y financiera para trasladarla a través de Centroamérica y México hasta cruzar la frontera de EEUU.

Durante la investigación, las autoridades decomisaron aproximadamente 971 kilogramos de cocaína el 21 de abril de 2017, y otros 500 kilogramos el 10 de mayo del mismo año. Casi la totalidad de ambos comisos fue atribuida a la organización.

Rauda fue detenido en febrero de 2024 en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) gestionó su extradición en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.

Su entrega a agentes estadounidenses se efectuó el 5 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Las autoridades afirman que entre 2016 y octubre de 2017, Jesús Rauda Ávila organizó el transporte de fondos, choferes y vehículos desde el norte de México hacia el sur del país para adquirir cocaína y trasladarla a Estados Unidos.

Realizó al menos diez operaciones de compra en coordinación directa con la organización de “La Dama de Hierro”, cada una de entre 100 y 400 kilogramos.

Rauda se declaró culpable del cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. La fiscalía estuvo a cargo de la abogada Chelsea R. Rooney de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia, junto con los fiscales Edgardo J. Rodríguez y Christopher M. Carter del Distrito Este de Virginia.

Tres coacusados ya fueron condenados por sus roles dentro de la misma red

“La Dama de Hierro” se declaró culpable de posesión y distribución de droga y fue sentenciada a 16 años y 8 meses de prisión.

Qiyun Chen, responsable de la red de lavado de dinero de origen chino vinculada a la organización, recibió 10 años de prisión por conspiración de lavado de dinero.

José Francisco Mendoza Gómez, alias Yiyo, fue sentenciado también a 10 años de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Los tres acusados anteriores y Rauda fueron procesados en el Distrito Este de Virginia. Varios integrantes de la red de lavado de dinero de origen chino también fueron condenados en el mismo tribunal.

La DEA coordinó la investigación desde cinco países

La División de Operaciones Especiales de la DEA, a través de su Unidad de Investigaciones Bilaterales, dirigió la investigación contra la red de “La Dama de Hierro”, con apoyo de sus oficinas en Cartagena, Bogotá, Ciudad de Panamá, Ciudad de México y Ciudad de Guatemala.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Seguridad Diplomática brindaron asistencia en el proceso.

La agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Cindy Marx, señaló que el caso “expone el alcance de las conspiraciones internacionales de tráfico de drogas”.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, indicó que “este nivel de importación por parte de organizaciones mexicanas es la raíz de la inyección de drogas y violencia en nuestras comunidades”.

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Héctor “N” y José “N” tras acreditarse su responsabilidad penal por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal de carga, asociación delictuosa y posesión de inhibidor de señales.

El caso se originó en junio de 2021, cuando se inició una investigación a partir de la puesta a disposición asentada en un Informe Policial Homologado elaborado por elementos de la Guardia Nacional, quienes detuvieron a los dos hombres en el kilómetro 14 300 del Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, en Nuevo León.

De acuerdo con la acusación, ambos viajaban en un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo plataforma con placas del Servicio Público Federal de carga que tenía reporte de robo. En esa intervención, las autoridades rescataron al conductor, quien se encontraba privado de la libertad.

La FGR informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad, presentó las pruebas necesarias ante la autoridad judicial para sustentar los delitos y obtener la pena de prisión dictada contra los sentenciados.

Durante la detención, los uniformados aseguraron el tractocamión y dos semirremolques, además de un vehículo tipo Dolly. También decomisaron un inhibidor de señales equipado con 12 antenas, presuntamente destinado a bloquear comunicaciones o sistemas de rastreo.

En el mismo operativo, la Guardia Nacional aseguró la carga que transportaba la unidad: dos rollos de acero con un peso aproximado de 20 toneladas. La FGR señaló que estos aseguramientos formaron parte de los elementos integrados a la carpeta de investigación que se inició a nivel federal.

Además de la pena corporal, la autoridad judicial impuso una sanción económica. La Fiscalía detalló que la multa fijada fue de $430,176, como parte de la sentencia condenatoria dictada contra Héctor “N” y José “N”.

• Sentenciaron a Héctor “N” y José “N” a 60 años por secuestro exprés agravado, robo de autotransporte federal y otros delitos.
• La detención ocurrió en junio de 2021 en el Libramiento Noreste, a la altura de García, Nuevo León, tras un reporte de robo del tractocamión.
• Aseguraron un inhibidor con 12 antenas, unidades remolcadas y una carga de acero de 20 toneladas; el conductor fue rescatado.

Homicidio doloso en México registra baja tras repunte de abril: ocho estados concentran el 54% de los casos

Ocho estados concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante mayo de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El mes cerró con un promedio de 47.3 casos diarios, a comparación de abril con el 52.6 por ciento.

La cifra representa una caída de 6.4 por ciento frente al mes anterior, lo cual representó mayo como el periodo más bajo desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

Los estados con mayor concentración de casos

De acuerdo con las estadísticas, Guanajuato encabezó la lista con 8.8 por ciento de los homicidios del país, seguido por Baja California (7.8 por ciento) y Chihuahua (7.7 por ciento). Completaron el grupo Sinaloa (6.8 por ciento), Morelos (5.9 por ciento), el Estado de México (5.9 por ciento), Guerrero (5.5 por ciento) y Veracruz (5.3 por ciento).

La distribución territorial no es nueva: las mismas entidades han encabezado los registros de violencia en meses anteriores, con Guanajuato como el estado de mayor incidencia acumulada en lo que va del año.

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, presentó los datos durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La funcionaria explicó que la serie analizada abarca de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

En ese periodo, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. Esa diferencia equivale a 39 homicidios dolosos menos por día al cierre del quinto mes del año.

Sin embargo, la funcionaria detalló que el acumulado de enero a mayo de 2026 también establece un mínimo: el promedio de 50.4 homicidios diarios en ese período es el más bajo desde 2016 para los primeros cinco meses de cualquier año.

28 estados con tendencia a la baja

Según las cifras presentadas desde Palacio Nacional, la disminución no se concentró en unas pocas entidades. Al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo período de 2026, 28 estados presentaron una reducción en su promedio diario de homicidios dolosos.

El proceso contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, continúa su curso luego de que este lunes se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que autoridades de Tabasco presentaron las pruebas en contra del exfuncionario por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Durante la diligencia -realizada a distancia y en la que se conectó Bermúdez Requena desde el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México- la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena acumulada de 154 años de prisión.

De acuerdo con reportes, el Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación para sustentar la acusación en su contra como parte de la causa penal 213/2025. La petición de la sentencia la realizó por 24 años de cárcel por el delito de asociación delictuosa, de 30 años por extorsión agravada y de 100 años por secuestro agravado, dando un total de 154 años de prisión.

¿Qué sigue en el proceso en contra de Bermúdez Requena?

La audiencia del proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco continuará en los próximos días cuando el juez determine la admisión de pruebas y establezca los siguientes pasos rumbo a la etapa de juicio oral.

Cabe señalar que además de este proceso penal, Bermúdez Requena enfrenta otras investigaciones por los delitos de desaparición forzada y peculado, por los que ya fue vinculado a proceso.

Además, cuenta con una orden de aprehensión pendiente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, la cual no ha podido ser cumplimentada debido a que cuenta con un amparo que lo impide.

Actualmente se encuentra recluido en el penal del Altiplano luego de que fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, país que lo expulsó y lo entregó a las autoridades mexicanas para que enfrentara la justicia.

Su caso se ha visto empañado por solicitudes de amparos y negativas a desbloquear sus cuentas bancarias

El caso de Hernán Bermúdez Requena ha avanzado en medio de intentos por desbloquear sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo añadió a la lista de personas bloqueadas al detectar operaciones inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Sus intentos por que le sean concedidos amparos se han visto frustrados debido a que los jueces se los han negado. Además, Bermúdez Requena llevó a cabo una última solicitud contra una posible extradición a Estados Unidos luego de que escuchó a sus custodios afirman que se encontraba en proceso de ser enviado a ese país.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, fue cinco días antes de solicitar el amparo que el exfuncionario escuchó a los encargados de la seguridad del Altiplano.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en el recurso.

Ante la negativa, el exfuncionario volvió a insistir en que sea reconsiderada su solicitud de amparo ante la posibilidad de ser enviado a Estados Unidos.

En las próximas semanas continuarán avanzando las audiencias de Hernán Bermúdez como parte de este proceso para que finalmente se determine si es hallado culpable y se establezca una sentencia definitiva, así como las correspondientes por los dos nuevos procesos que las autoridades abrieron en su contra.

La condena a 35 años de prisión para Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf durante un evento escolar en Frisco, Texas, provocó un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre violencia juvenil, justicia y tensiones raciales en el sur de Estados Unidos.

Según New York Post, el crimen ocurrió el 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo. Austin Metcalf, de 17 años, recibió una puñalada mortal de Anthony, quien tenía 19 años al momento del juicio.

El jurado del condado de Collin no aceptó el argumento de defensa propia y dictó un veredicto de asesinato en primer grado tras menos de tres horas de deliberación.

El padre de la víctima, Jeff Metcalf, expresó “un poco de tristeza” por el joven condenado y remarcó que el caso “nunca” estuvo vinculado a la raza. “Perdonar no era para él. Perdonar era para mí. Para no cargar con la rabia, el odio y eso; me consumirá como un cáncer”, declaró Metcalf a CBS News. También afirmó que asistirá a la audiencia de libertad condicional para oponerse a la excarcelación anticipada.

Un proceso judicial bajo atención nacional

Según Fox News, la investigación y el juicio recibieron amplia cobertura mediática y generaron manifestaciones en las afueras del tribunal de McKinney. El proceso se realizó sin cámaras ni transmisión en vivo, por decisión del juez del 296th District Court, quien consideró que preservar el orden y la integridad del juicio era prioritario.

La fiscalía del condado de Collin presentó como prueba principal el arma blanca utilizada y testimonios de testigos presenciales, incluyendo la admisión de Anthony de haber portado y utilizado la navaja.

La defensa, liderada por el abogado Mike Howard, alegó que Anthony actuó en defensa propia luego de una confrontación relacionada con la ocupación de una carpa del equipo escolar.

Sin embargo, el jurado no encontró evidencia suficiente para reducir los cargos o considerar una condena menor. De acuerdo a Fox News, una vez dictada la sentencia de 35 años, Anthony fue trasladado al Texas Department of Criminal Justice, donde cumplirá la condena con opción de revisión de libertad condicional tras 17 años y medio.

Durante y después del proceso judicial, la familia de Austin Metcalf recibió amenazas y mensajes hostiles, según reportó Fox News.

Por otro lado, la familia y los seguidores de Anthony denunciaron supuesto racismo en la selección del jurado y en la rapidez del proceso, argumento que según el entorno del condenado, será parte de la apelación ya presentada por la defensa.

Debate social y tensiones en Frisco

La cobertura de NPR subraya que el caso de Austin Metcalf y Karmelo Anthony expuso profundas divisiones en la comunidad de Frisco, una ciudad marcada por un rápido crecimiento y diversidad étnica. Ambos jóvenes eran estudiantes destacados y atletas reconocidos en sus escuelas, lo que amplificó la conmoción social.

Testigos y allegados describieron una comunidad impactada por la violencia y la sensación de que el sistema judicial enfrenta desafíos para equilibrar justicia, percepción pública y tensiones raciales.

Según NPR, la fiscalía y la defensa coinciden en que la disputa surgió por la presencia de Anthony en la carpa de otro equipo.

La secuencia de los hechos fue confirmada por testimonios y videos presentados en la corte: tras un intercambio verbal y un empujón, Anthony utilizó una navaja y apuñaló a Metcalf en el pecho, lo que derivó en la muerte del estudiante en el lugar del incidente.

El debate sobre posibles motivaciones raciales se mantuvo en el centro de la discusión pública. Jeff Metcalf y las autoridades reiteraron que “el caso nunca fue sobre la raza”, una postura que la defensa y los seguidores de Anthony discuten y que podría ser clave en la apelación en curso.

La ciudad de Frisco permanece atenta a la resolución de los recursos judiciales, mientras familiares, estudiantes y autoridades buscan respuestas para reducir la violencia y restaurar la confianza en el sistema de justicia.

La creadora de contenido de OnlyFans Michaela Rylaarsdam fue sentenciada a cuatro años de reclusión en la cárcel del condado de San Diego por la muerte de Michael Dale durante un encuentro sexual de fetichismo ocurrido en Escondido, California, en 2023.

El caso, que derivó en un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, expuso una compleja trama de intercambios económicos, prácticas extremas y debates judiciales sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad penal, según The San Diego Union-Tribune.

Un vínculo marcado por dinero y fetichismo

La relación entre Dale y Rylaarsdam comenzó semanas antes del incidente, cuando el hombre contactó a la creadora de contenido a través de internet y le pagó más de USD 11.000 para mantener comunicación y concretar encuentros privados.

De acuerdo con Los Angeles Times, la interacción incluyó solicitudes precisas: envoltura total con film plástico, pegado de botas de mujer a los pies y, en reiteradas ocasiones, el pedido de que le cerraran los párpados, aunque este último nunca se cumplió. La sesión fatal fue filmada por Rylaarsdam con el objetivo de publicarla en su cuenta de OnlyFans.

Ocho minutos bajo plástico y una llamada desesperada

Según la acusación fiscal citada por The San Diego Union-Tribune, Dale permaneció con una bolsa de plástico en la cabeza, cinta adhesiva y varias capas de envoltorio durante al menos ocho minutos antes de perder el conocimiento. La mujer, al notar que su cliente no respondía y comenzaba a mostrar signos de asfixia, llamó al 911 e intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron a la víctima con los brazos sujetos por encima de la cabeza, envuelto en film transparente desde los muslos hacia abajo y vestido con pantalones deportivos y botas negras brillantes.

Entre las pruebas presentadas ante el tribunal se incluyeron ocho videoclips breves que documentaron parte del encuentro. Además, se presentaron mensajes y registros del intercambio previo entre ambos, donde Dale detalló sus preferencias y límites.

Pruebas, testimonios y tensión en la sala

Durante la audiencia preliminar, Court TV informó que uno de los compañeros de vivienda de la víctima declaró haber escuchado a Dale pedir que la sesión se interrumpiera y ofrecer más dinero para detenerla.

La fiscalía sostuvo que, a pesar del consentimiento inicial, la situación se volvió riesgosa y terminó en tragedia por la prolongación de la privación de aire.

El proceso incluyó testimonios sobre el contexto emocional de Rylaarsdam, quien, según su defensa, ya asistía a sesiones de terapia antes de enfrentar cargos formales. La acusada expresó en la sala que se sentía responsable por lo sucedido y transmitió sus disculpas a la familia de la víctima.

Del cargo de asesinato al acuerdo por homicidio involuntario

La investigación penal demoró casi dos años en avanzar, y la acusación original contra Rylaarsdam fue por asesinato. El juez a cargo del caso, citado por The San Diego Union-Tribune, consideró que existían pruebas suficientes para ir a juicio, aunque aclaró que la evidencia no demostraba intención de matar.

En sus palabras, el caso planteaba la necesidad de distinguir entre prácticas de bondage y fetichismo y la existencia de malicia implícita.

El proceso concluyó con un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, figura legal que en California se aplica a muertes ilícitas resultantes de actos deliberados, pero sin intención de matar ni desprecio consciente del riesgo para la vida humana.

Durante la audiencia de sentencia, la defensa expuso que Rylaarsdam buscó ayuda profesional desde el inicio y que la resolución alcanzada tomó en cuenta tanto la evidencia como la opinión de la familia de la víctima, que manifestó conformidad con el fallo, según un comunicado de la fiscalía citado por Los Angeles Times.

El caso generó debate en distintos foros legales y sociales sobre los límites del consentimiento, la responsabilidad penal en el contexto de prácticas sexuales extremas y la exposición de estos contenidos en plataformas digitales como OnlyFans.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de tres exelementos de la policía municipal de Ecatepec, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés cometido en octubre de 2023.

Los sentenciados fueron identificados como Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías en activo de la corporación municipal.

La resolución judicial fue emitida por un Juez con sede en Ecatepec, luego de que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar la participación de los tres acusados en la privación ilegal de la libertad de una persona, a quien utilizaron para obtener un beneficio económico mediante amenazas y extorsión.

Así ocurrió el secuestro exprés en Ecatepec

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el 12 de octubre de 2023, cuando la víctima fue interceptada por los entonces policías municipales y subida a una unidad oficial bajo el argumento de que se encontraba detenida.

Durante el traslado, los uniformados aprovecharon su posición de autoridad para despojar a la persona de su teléfono celular y comenzar una serie de actos de extorsión.

Las indagatorias revelaron que los responsables se comunicaron con familiares de la víctima para exigirles la cantidad de 50 mil pesos a cambio de no presentarla ante el Ministerio Público y permitir su liberación.

Además de las amenazas, uno de los implicados utilizó la aplicación de banca móvil instalada en el dispositivo de la víctima para realizar una transferencia de dinero, incrementando así el daño patrimonial ocasionado.

Horas después, la persona afectada fue liberada en la colonia Polígonos, ubicada en el municipio de Ecatepec.

Investigación permitió identificar a los responsables

Tras la denuncia y el inicio de las investigaciones, la FGJEM reunió diversos elementos de prueba que permitieron identificar plenamente a los tres servidores públicos involucrados en el delito.

Con la evidencia recabada, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión en contra de los acusados, las cuales fueron autorizadas por la autoridad judicial correspondiente.

Una vez cumplimentados los mandamientos judiciales, Eduardo Aguilar de los Santos, Erick Guardado Moreno y Valeria Gómez Silva fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde permanecieron sujetos a proceso penal.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes y otros datos de prueba que acreditaron la responsabilidad de los tres acusados en el secuestro exprés.

Juez impone condena ejemplar

Luego de analizar todas las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, el Juez determinó la culpabilidad de los tres exintegrantes de la Policía Municipal de Ecatepec.

Como resultado, dictó una sentencia de 50 años de prisión para cada uno de ellos por el delito de secuestro exprés.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, medida que forma parte de las sanciones derivadas de la condena.

Este caso representa una de las sentencias más severas impuestas contra servidores públicos involucrados en delitos de privación ilegal de la libertad en el Estado de México y refleja los esfuerzos de las autoridades para combatir actos de corrupción y abuso de poder cometidos por integrantes de corporaciones de seguridad.

La Fiscalía mexiquense reiteró que continuará investigando y persiguiendo cualquier conducta delictiva cometida por funcionarios públicos, especialmente aquellas que vulneren la confianza ciudadana y atenten contra la seguridad de la población.

Una autoridad judicial sentencia a Juana N. a 75 años de prisión por secuestro agravado de tres adolescentes hondureños en Villahermosa, Tabasco, informa la FGR este lunes 1 de junio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el caso se integra a partir de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), que presenta pruebas para sustentar la responsabilidad penal de la acusada y obtener el fallo condenatorio.

La FGR detalla que los hechos ocurren en julio de 2016, cuando tres adolescentes, de nacionalidad hondureña, cruzan por territorio mexicano con destino a Estados Unidos, tras una gestión realizada por su madre.

Según la FGR, al llegar a Villahermosa, tres personas armadas bajan de una camioneta, privan de la libertad a los tres menores y los trasladan a una casa de seguridad, donde permanecen bajo cautiverio.

La Fiscalía indica que el proceso ministerial permite acreditar “plenamente” la participación de Juana N. y que, tras la etapa de juicio oral, la sentencia se dicta en una audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Villahermosa.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impone una multa equivalente a $438,240 pesos, una amonestación y la suspensión de derechos civiles y políticos, precisa la FGR.

En su comunicado, la Fiscalía sostiene que la resolución se inscribe en acciones contra delitos que afectan a personas en movilidad humana y que buscan frenar la impunidad en casos que implican violaciones graves a la libertad de niñas, niños y adolescentes que transitan por México.

La FGR señala que las víctimas son menores de edad: dos mujeres y un hombre, todos de origen hondureño, y que el delito por el que se dicta sentencia corresponde a secuestro agravado en perjuicio de los tres adolescentes.

La institución agrega que la investigación y la presentación de elementos ante la autoridad judicial se desarrollan desde la representación social de la Federación, a fin de sostener la acusación en juicio oral y obtener una condena.

• Juana N. recibe 75 años de prisión por el secuestro agravado de tres adolescentes hondureños en Tabasco, según la FGR.
• Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurren en julio de 2016 cuando las víctimas transitan por México rumbo a Estados Unidos.
• La sentencia incluye multa de $438,240 pesos, amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos, precisa la FGR.

La estrategia era utilizar una conocida red social para contactar a varios adolescentes a quienes, una vez ganada su confianza, les solicitaba fotografías y videos de carácter íntimo.

Hoy, la justicia lo sentenció: fue condenado a 15 años de prisión, acusado del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil.

Este ciudadano panameño había sido detenido días atrás por la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, en las afueras de la ciudad de Panamá.

La Policía Nacional indicó que las diligencias de investigación permitieron la aprehensión de este ciudadano, a quien las autoridades le decomisaron diversos equipos tecnológicos que contenían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), elementos que fueron incorporados al proceso judicial como parte de las evidencias.

El pasado 20 de mayo, mediante diligencia de allanamiento y registro en un apartamento ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, en la ciudad de Panamá, fue aprehendido otro ciudadano panameño presuntamente vinculado igualmente al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de pornografía infantil.

Este caso fue alertado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ubicada en la embajada de Estados Unidos en Panamá, luego de recibir una denuncia remitida por la plataforma TikTok al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), en la que se hacía referencia a 10 posibles víctimas menores de edad.

En la diligencia se decomisaron indicios tecnológicos como celulares, laptop, dispositivos de almacenamiento de información y más.

El sujeto, de 29 años de edad, fue trasladado ante las autoridades para los trámites correspondientes.

Durante esta acción operativa también fue conducido para investigación un ciudadano de nacionalidad colombiana que se mantenía en el lugar de los hechos al momento de la diligencia.

El registro policial también da cuenta de una acción judicial realizada junto al Ministerio Público a principios de año, donde en el corregimiento de Ancón aprehendieron a un hombre requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de corrupción de menores y pornografía infantil.

El sujeto de 32 años de edad, de acuerdo con la Policía Nacional, era investigado desde el 2025 cuando fue señalado por supuestos delitos sexuales en perjuicio de una menor, cuando fungía como profesor en un centro educativo.

De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades, se pudo localizar material de abuso sexual infantil en equipos tecnológicos que le habían sido decomisados en diligencias judiciales anteriores.

El hombre fue trasladado para los trámites correspondiente y puesto a órdenes de las instancias judiciales.

En el último año, Panamá ha registrado un incremento significativo en las denuncias por delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación sexual de menores.

Entre enero y abril de 2026, las denuncias por pornografía infantil aumentaron un 117%, pasando de 18 casos en 2025 a 39 en el periodo actual. El mayor registro se presentó en febrero, con 16 denuncias.

El Ministerio Público informó que en los primeros cuatro meses del año se recibieron 1,980 denuncias por delitos sexuales, frente a 1,892 del año anterior.

En 2025 las autoridades judiciales condenaron a un ciudadano venezolano a 13 años de prisión por difundir y poseer material de abuso sexual infantil.

La investigación determinó que el acusado compartió de manera masiva un video explícito en un grupo de WhatsApp en La Chorrera, al oeste de la ciudad de Panamá.

La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval sentenció a 54 años de prisión a Jesús Ángel A.G., elemento de la Guardia Nacional declarado culpable por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, ocurrido el 27 de abril de 2022 en el municipio de Irapuato.

Además, otro agente identificado como Iván I. fue condenado a 33 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que durante el mismo ataque una estudiante resultara herida de bala.

El fallo judicial marca un precedente en Guanajuato al tratarse de la primera sentencia condenatoria contra elementos de la Guardia Nacional por hechos de esta naturaleza en la entidad.

La resolución fue emitida luego de que la jueza considerara válidas y contundentes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), así como los argumentos presentados por los asesores jurídicos de las víctimas.

“En principio debemos decir que estamos satisfechos y contentos porque fueron cuatro años de batallar, desde el 27 de abril de 2022 hasta el día de hoy. Contentos por las víctimas que en este caso son las personas más importantes”, declaró el asesor jurídico Juan Arredondo Rodríguez tras conocerse la sentencia.

El ataque contra estudiantes de agronomía

De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2022 Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca, luego de asistir a una reunión con estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Copal, donde elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto e iniciaron una persecución.

La situación terminó de manera violenta cuando los agentes federales dispararon contra la unidad. Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte.

En el mismo ataque, Edith Alejandra resultó herida de bala en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo salió ileso.

El caso generó indignación entre la comunidad universitaria y organismos defensores de derechos humanos, debido a que las víctimas eran estudiantes y no existían indicios que justificaran el uso letal de la fuerza.

Juicio se prolongó durante casi cuatro años

Tras los hechos, los guardias nacionales Jesús Ángel A.G. e Iván I. fueron consignados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, el proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a la presentación de amparos y recursos legales promovidos por las defensas.

El juicio permaneció estancado durante casi cuatro años hasta que los procedimientos legales concluyeron a finales de 2025 y la audiencia pudo reanudarse en marzo de este año.

Finalmente, la jueza emitió las condenas correspondientes, decisión que fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas, quienes durante años exigieron justicia por el homicidio del estudiante universitario.

La sentencia también reabre el debate sobre el actuar de las corporaciones federales y el uso de la fuerza en operativos de seguridad pública en México.

Dos hombres, entre ellos quien se desempeñaba como subcomandante municipal de Santo Domingo Petapa, fueron sentenciados por el asesinato de Gerardo Robles Lara, entonces director de la policía municipal de Santo Domingo Petapa en el estado de Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los dos hombres, identificados con las iniciales E.M.M. y J.M.G.G., fueron sentenciados a 70 años de prisión tras ser halladas responsables del homicidio calificado con ventaja en agravio del director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa, en el Istmo de Tehuantepec.

El crimen, ocurrido la madrugada del 17 de marzo de 2024, fue resultado de un ataque ordenado por el entonces subcomandante de la corporación, quien actuó como autor intelectual, y llevado a cabo por el segundo sentenciado como autor material, informó la Fiscalía.

Las investigaciones de la Vicefiscalía Regional del Istmo permitieron esclarecer la mecánica y estructura detrás del homicidio. De acuerdo con el expediente, E. M. M. instruyó el ataque por inconformidades con la gestión del director policial. El plan se ejecutó en un camino de terracería que conduce a Guiaguda, donde la víctima fue emboscada y recibió múltiples disparos de arma de fuego que le causaron la muerte.

Dos días después del homicidio, la Fiscalía del Estado informó la detención de cuatro personas durante un operativo en el municipio de Santo Domingo Petapa.

De acuerdo con los reportes, durante la madrugada del 19 de marzo elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fue agredido cuando realizaba un cateo en un domicilio. Tras responder a los disparos, detuvieron a dos hombres de iniciales O.C.C. y J.M.G.G.

En el sitio fueron aseguradas varias motocicletas que habrían utilizado para perpetrar el asesinato de Gerardo Robles, así como armas de fuego de diferentes calibres también usadas en el crimen.

En una segunda acción, la Fiscalía detuvo a dos elementos activos de la Policía Municipal de Petapa, identificados como E.M.M. (el subcomandante hoy sentenciado) y la agente O.M.M.

Las autoridades detallaron que las cuatro detenciones estaban relacionadas con los homicidios del entonces director de la policía municipal, así como de la agente Fabiola “E”, ocurrido el mismo día pero en hechos distintos.

Detalles de la investigación y aseguramiento de pruebas

Tras la realización del cateo en dicho municipio, así como del aseguramiento de varias armas de fuego y la recuperación del arma de cargo del mando policial asesinado, las autoridades pudieron presentar datos de prueba suficientes para que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara la sentencia condenatoria e impusiera, además de la pena privativa de libertad, un pago superior a 542 mil pesos como concepto de reparación del daño.

El ataque al director de la Policía Municipal de Santo Domingo Petapa fue orquestado por el subcomandante de la misma corporación, quien, según la FGEO, dio la orden debido a desacuerdos en la forma de trabajo del entonces director de la corporación.

La ejecución fue cometida por al menos dos personas, incluidas las que ahora han sido sentenciadas.

Cinco personas fueron sentenciadas luego del rescate de 135 migrantes de diferentes nacionalidades que permanecían secuestrado en un domicilio del municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Jesús “N” y de 17 años y seis meses para Santiago “N”, Guadalupe “N”, Jesús “N”, Vianey “N” y Ana “N”, por su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El fallo fue dictado por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Mexicali, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Rescate de migrantes y proceso judicial en contra de los hoy sentenciados

De acuerdo con la investigación, fue en mayo de 2023 cuando agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) escucharon gritos de auxilio provenientes de un domicilio en San Luis Río Colorado durante recorridos de vigilancia.

Al ingresar al inmueble, liberaron a 135 personas de diferentes nacionalidades que estaban privadas de la libertad, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

En diciembre de 2023, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los ahora sentenciados, vinculados con el secuestro de los 135 migrantes en Sonora.

Las pruebas recabadas permitieron acreditar la responsabilidad penal de los implicados por delincuencia organizada destinada al secuestro, de acuerdo con la FGR.

Así fue la liberación de 113 migrantes en Sonora

La Fiscalía de Sonora informó el 06 de mayo de 2023 la liberación de 113 migrantes en San Luis Río Colorado que permanecían secuestrados en un predio de la colonia El Mezquite. Los datos concuerdan en fecha y lugar con los cinco sentenciados por el secuestro de migrantes, por lo que presume podría tratarse del mismo hecho.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió cuando las autoridades daban seguimiento a la privación de la libertad de 10 migrantes colombianos rescatados un día antes, quienes fueron ubicados cerca de una gasolinera sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a 2 kilómetros de la caseta de salida a San Luis Río Colorado.

“Los 7 hombres y tres mujeres se encuentran en buen estado de salud y reciben atención en el Centro Integral de Justicia, donde reciben acompañamiento e información sobre su situación”, indicó la Fiscalía de Sonora.

Sobre ese caso, trascendió que los colombianos huyeron de su país por amenazas de una organización criminal y buscaban cruzar a Estados Unidos, pero antes de llegar a San Luis fueron bajados por la fuerza del autobús en el que viajaban.

Las 113 víctimas eran originarias de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, India, Perú, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brasil y Afganistán.

Después de ser puestos en libertad, los migrantes fueron trasladados a la Academia de Policía Municipal para recibir atención médica por parte de una brigada de la Secretaría de Salud y acompañamiento del Centro de Atención a Víctimas de Delito.

Las autoridades informaron que durante el operativo también fueron detenidas cinco personas en flagrancia como presuntas responsables del secuestro.

Los arrestados fueron identificados como Jaime Noé “N.”, de 20 años, y Axcel Yoan “N.”, de 22 años, ambos originarios de Honduras, además de Leobardo “N.”, de 49; Carlos Aarón “N.”, de 34, de Hermosillo, Sonora, y Jesús Armando “N.”, de 40, originario de Nacozari de García, Sonora.

En el operativo participaron la UECS, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria contra la expresidenta municipal de Capulhuac, su hija y una policía municipal por golpear a una psicóloga del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en mayo de 2025.

Según información oficial, las tres deben cumplir su condena en prisión y no podrán reemplazarla por el pago de una multa, trabajo comunitario o arresto domiciliario.

La exalcaldesa Selenne Hernández Herrera recibió la condena más severa: 5 años y 5 meses de prisión, la destitución de su cargo y una multa de 12 mil 445 pesos por el delito de abuso de autoridad.

El de próximo 22 mayo de 2026 se celebrará la audiencia de explicación de sentencia.

Hija y policía municipal también fueron sentenciadas por la agresión

Ana Lucía Ríos Cano, entonces policía municipal de Capulhuac, fue condenada a 3 años y 2 meses de prisión, la destitución de su cargo y una multa de 10 mil 182 pesos por abuso de autoridad. Su papel en la agresión impidió a la víctima defenderse.

Andrea Shantty Anzástiga Hernández, hija de la expresidenta municipal, recibió una pena de 2 años de prisión y una multa de 11 mil 314 pesos por el delito de lesiones. A diferencia de las otras dos sentenciadas, no ejercía un cargo público al momento de los hechos.

La víctima fue convocada a una reunión de trabajo antes de ser golpeada

Los hechos ocurrieron el 2 de mayo de 2025 en las instalaciones de la estancia infantil del DIF de Capulhuac, en el Barrio de San Miguelito. La víctima, Miriam “N”, se desempeñaba como psicóloga de la Unidad de Apoyo Psicológico del sistema municipal.

La alcaldesa convocó a la servidora pública bajo el pretexto de una reunión de trabajo con personal del DIF municipal. Una vez reunidas, Hernández Herrera y su hija la agredieron físicamente frente al resto de sus compañeros.

Según el reporte oficial, Ana Lucía Ríos Cano -policía involucrada- la sujetó de las manos para impedirle defenderse.

Los hechos cobraron visibilidad después de que Miriam publicó un video en redes sociales donde denunció directamente a la alcaldesa, a su hija y a la policía municipal. En la grabación, responsabilizó a las tres de cualquier situación que pudiera comprometer su integridad física y pidió acción legal inmediata a las autoridades.

Del Cabildo a la detención

El 7 de mayo de 2025, el Cabildo de Capulhuac celebró una sesión extraordinaria en ausencia de Hernández Herrera. Síndicos y regidores aprobaron por mayoría solicitar al Congreso del Estado de México su destitución.

“La separación inmediata del cargo como presidenta municipal de Capulhuac 2025-2027, de la licenciada Selenne Hernández Herrera, hasta que se resuelva su situación legal”, leyó uno de los regidores previo a la votación.

Dicha solicitud fue aprobada y el 24 de junio de 2025, agentes de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Selenne Hernández Herrera. Fuentes de seguridad indicaron a Infobae México que la edil fue puesta a disposición por delito flagrante, ya que opuso resistencia durante su detención.

Tras el proceso legal, la Fiscalía aportó ante el juez las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de cada una en los delitos investigados. La Autoridad Judicial declaró culpables a Hernández Herrera y Ríos Cano por abuso de autoridad, y a Anzástiga Hernández por lesiones.

Actualmente el municipio de Capulhuac es encabezado por Sarita Arellano Hernández.

La noche del 11 de julio de 2025 la tragedia volvió a la provincia de Colón. En el sector de Cartagena, en el corregimiento de Puerto Pilón, Ibrahim González, de 61 años, se cubrió bajo la oscuridad de la noche y dirigió sus pasos hacia la residencia de su expareja, una joven de 24 años, con la malsana intención de asesinarla.

Una vez en la residencia, con lo que no contaba el agresor en potencia era que allí se encontraba el padre de la joven, Federico Ramírez Rodríguez de 63 años de edad, dispuesto a evitar una agresión en contra de su hija, aunque minutos después falleciera producto de las múltiples heridas que con un arma blanca le propinara quien hasta unos meses era su yerno.

Diez meses después de ocurrido el fatal desenlace, a la jueza de Garantías de la provincia de Colón, Bernalda Martínez Suazo, no le tembló la mano para sentenciar al agresor a la pena de 30 años de prisión, por los delitos de homicidio doloso agravado y femicidio en grado de tentativa.

La sentencia llegó luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre las partes intervinientes, informó el Órgano Judicial.

La jueza Martínez Suazo también estableció como pena accesoria la prohibición a González del porte y uso de armas de fuego por el mismo período de la condena principal, una vez cumplida la pena de prisión.

En otro caso judicial, el Tribunal de Juicio Oral de Descongestión de la provincia de Veraguas condenó de manera unánime a 37 años de prisión a un ciudadano por la comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de violación agravada, corrupción de menores y actos libidinosos, en perjuicio de dos menores de edad.

Esta causa penal guarda relación con hechos ocurridos en noviembre de 2024, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

En la audiencia de lectura de sentencia, efectuada la mañana del viernes 15 de mayo de 2026, los jueces Ana Carolina Vernaza, Marta Díaz Gutiérrez y Omar Cañizales emitieron la sentencia condenatoria.

Las representantes de la ley ordenaron como pena accesoria, de acuerdo con el Órgano Judicial, la inhabilitación por el término de 14 años, una vez cumplida la pena, ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen personas menores de edad.

La información indica que el tribunal tomó esta decisión luego de analizar los alegatos y las pruebas, entre testimoniales, periciales y documentales, presentadas por las partes durante los tres días que duró el juicio.

Por otro lado, la jueza de Garantías de la provincia de Colón, también decretó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de tres personas.

La medida de privación de libertad se aplicó al considerar la autoridad la gravedad del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales como la posible desatención del proceso, la destrucción de medios de prueba y el peligro para las víctimas.

El hecho se registró en horas de la noche en el sector de Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón, donde un menor de aproximadamente 17 años de edad resultó herido por impactos de bala.

Un jurado federal en Del Rio, en Texas, Estados Unidos, declaró culpable al estadounidense Bobby Brandon Galván, conocido como “Puravidarecia”, de dos cargos de tráfico de armas de fuego en un caso relacionado con el envío de armas a La Nueva Familia Michoacana.

Las investigaciones revelaron que Galván, de 30 años de edad, realizó compras fraudulentas de armas, entre ellas 24 fusiles tipo AK-47 que fueron trasladadas a Toluca, Estado de México, para ser utilizadas por el cártel.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que un fusil Ak-47 fue recuperado tras ser empleado en un enfrentamiento armado entre integrantes de la organización criminal y fuerzas del orden mexicanas.

Actividad delictiva y conexión con el cártel mexicano

De acuerdo con las investigaciones, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, Galván adquirió y transfirió armas de fuego que, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), terminaron en posesión del cártel en México.

La manera en que “Puravidarecia” operaba era que adquiría las armas, luego intentaba borrar los números de serie y las tranfería a sus cómplices, quienes las terminaban por traficar a México por cómplices del acusado.

La Nueva Familia Michoacana es liderada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez” y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

Las autoridades estadounidenses informaron que el caso permitió rastrear la ruta de los rifles desde Texas hasta México. Este es uno de los primeros juicios en el país bajo la nueva ley federal de tráfico de armas, marcando un precedente en la lucha contra el flujo ilícito de armamento hacia organizaciones criminales transnacionales.

Proceso judicial, cargos y penas

Galván fue arrestado el 29 de julio de 2025 y formalmente acusado el 20 de agosto por conspiración para traficar armas de fuego y compra fraudulenta de armas de fuego. En total, 26 personas enfrentan cargos relacionados, que incluyen tráfico de armas, contrabando de inmigrantes ilegales y lavado de dinero, de los cuales 18 ya se declararon culpables y esperan sentencia.

Galván enfrenta una pena máxima de hasta 40 años de prisión federal por cada uno de los dos cargos. El caso está bajo la supervisión de la jueza principal Alia Moses del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

El fiscal federal Simmons destacó que el juicio permitió rastrear el tráfico de armas y constituye un caso pionero bajo la nueva legislación. Simmons agradeció la labor conjunta de fiscales y fuerzas del orden, subrayando el mensaje de que el Distrito Oeste de Texas no tolerará el suministro de armas a adversarios de Estados Unidos.

El agente especial a cargo de la ATF en Houston, Michael Weddel, afirmó que la condena refleja el compromiso de las autoridades para frenar el tráfico de armas a organizaciones criminales violentas. Añadió que las acciones de Galván contribuyeron directamente a la violencia armada en México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Jesús Efrén Lozada Aragón, de 26 años de edad, tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su madre y abuela, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero de 2024 al interior de un domicilio ubicado en la colonia Marina Nacional, donde las víctimas —una mujer de 95 años y otra de 63— se encontraban en ese momento. Fue en ese contexto que el ahora sentenciado ingresó al inmueble y comenzó a agredirlas físicamente.

Las indagatorias señalan que, derivado de la violencia ejercida, ambas mujeres perdieron la vida a causa de los golpes recibidos.

Agresor intentó ocultar los cuerpos

Posteriormente, el agresor intentó ocultar los cuerpos dentro de la misma vivienda, con la finalidad de evadir la acción de la justicia, para después huir del lugar.

Tras el hallazgo de los cuerpos, el Ministerio Público de la FGJEM inició las diligencias correspondientes, lo que permitió recabar pruebas suficientes para identificar a Jesús Efrén Lozada Aragón como probable responsable del doble feminicidio. Con base en los datos de prueba obtenidos, la autoridad solicitó y consiguió una orden de aprehensión en su contra.

El imputado fue detenido en Tlaltizapán, Morelos y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Durante el proceso, el órgano jurisdiccional analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas peritajes, testimonios y evidencia recabada en el lugar de los hechos.

Luego de valorar los elementos probatorios, el juez determinó dictar una sentencia condenatoria de 70 años de prisión. Además, se estableció la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, como parte de las sanciones impuestas por este delito.

Edomex, con 11 municipios por AVG

Este caso pone nuevamente en el centro de la discusión la violencia feminicida en el Edomex, una de las entidades con mayor incidencia de este delito a nivel nacional, tomando en cuenta que tiene 11 municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2015.

Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, así como mejorar los mecanismos de atención a mujeres en situación de riesgo. Asimismo, destacan la importancia de la denuncia oportuna y la actuación inmediata de las autoridades para evitar que estos hechos se repitan.

La sentencia contra Jesús Efrén Lozada Aragón representa un avance en la procuración de justicia, al tiempo que envía un mensaje sobre las consecuencias legales de cometer delitos de alto impacto como el feminicidio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia condenatoria de 110 años de prisión contra cinco individuos identificados como Ángel Oswaldo González Soto, Josué Hernández Barrera, Erson Montero Santamaría, Oscar Alexis García Parente y Héctor Rodríguez Nava, tras acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo ocurrido en el municipio de Jilotepec.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se registraron en abril de 2025 sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 113, en el poblado El Rosal.

En ese punto, las víctimas viajaban a bordo de un tractocamión de la marca Freightliner que transportaba un cargamento de cigarros con valor comercial superior a los seis millones de pesos, acompañado por dos vehículos que fungían como escoltas.

Las indagatorias señalan que, en un momento determinado, la unidad de carga y los vehículos de apoyo fueron interceptados por los ahora sentenciados y otros cómplices, quienes se desplazaban en diversas unidades, entre ellas una camioneta Volkswagen Tiguan, un Jetta, un Virtus color gris, un vehículo Kia, un camión de redilas y un tractocamión Kenworth. Los agresores, portando armas de fuego, sometieron a las víctimas, privándolas de la libertad y obligándolas a subir a una de las unidades utilizadas para cometer el ilícito.

Acción rápida de las autoridades mexiquenses

El operativo de rescate se activó tras una alerta emitida por la empresa de seguridad privada al sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, lo que permitió la movilización inmediata de elementos de la FGJEM, así como de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales de Aculco y Jilotepec. Estas corporaciones participaban en un despliegue interinstitucional enfocado en combatir el robo al transporte de carga en la región.

Gracias a la rápida coordinación, las autoridades lograron la detención en flagrancia de Héctor Rodríguez Nava y otro individuo. En tanto, Erson Montero, Oscar Alexis García y Josué Hernández fueron retenidos por habitantes de la comunidad de San Martín, en el municipio de Aculco, quienes intervinieron al percatarse de los hechos.

Por su parte, Ángel Oswaldo González Soto fue localizado a un costado de la autopista México-Querétaro, en la localidad de El Rosal, donde pobladores lo mantenían atado e intentaban lincharlo antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, que lograron ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Los cinco detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, donde enfrentaron el proceso judicial correspondiente. Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional determinó su plena responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Además de la pena privativa de libertad, el juez dictó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La Fiscalía mexiquense destacó que este caso forma parte de las acciones emprendidas para combatir de manera frontal el robo al transporte de carga, uno de los delitos que más afectan a la economía y a la seguridad en las principales vías de comunicación del país.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante denuncias anónimas ante los diversos delitos que se registren.

Una sentencia de 120 años de prisión dictada por la autoridad judicial del Estado de México alcanzó a Marlon Jesús Fiesco Nuño, señalado como integrante de Cártel Jalisco Nueva Generación, por el asesinato de tres hombres en el municipio de Chalco el pasado 14 de noviembre de 2024.

La condena, lograda por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), incluye el pago de 713 mil 334 pesos por reparación del daño y 227 mil 997 pesos de multa, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La investigación de la FGJEM determinó que las víctimas circulaban en dos Pick Up sobre la avenida Nacional en San Pablo Atlazalpan. En el sitio, fueron interceptados por una camioneta gris, de la que descendieron Fiesco Nuño y otro hombre armados.

Los agresores dispararon contra los ocupantes y, aunque uno de ellos intentó huir a pie, fue perseguido y atacado nuevamente por el sentenciado, según el comunicado oficial.

La Fiscalía Edomex atribuye los hechos a célula del CJNG

La autoridad ministerial identificó a Marlon Jesús Fiesco Nuño como miembro de una célula delictiva ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación. La investigación reunió pruebas que vincularon al sentenciado con el ataque armado.

Tras los disparos, las tres víctimas perdieron la vida en el sitio.

El Ministerio Público de la FGJEM llevó a cabo actos de investigación que permitieron ubicar y detener a Fiesco Nuño.

El implicado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La causa penal incluyó la revisión de datos de prueba presentados por la fiscalía. El fallo condenatorio se dictó tras el proceso legal, al acreditarse la responsabilidad directa del acusado en el triple homicidio.

El comunicado de la fiscalía subrayó que la sentencia de 120 años de cárcel responde a la gravedad del delito y la participación del sentenciado en una estructura criminal con operaciones en el Estado de México y vínculos en Jalisco.

Condenas recientes ligadas al CJNG

En otros hechos, el 15 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que un juez sentenció a Marcelino Terreros Rivera a 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

Las autoridades señalaron que Terreros Rivera se presentaba como integrante del CJNG para intimidar a un comerciante de Chalco, a quien exigió pagos periódicos bajo amenazas contra su integridad, su familia y su negocio

La investigación estableció que, desde agosto de 2020, la víctima comenzó a recibir amenazas directas en su local. Por temor a represalias, realizó varias entregas de dinero a Terreros Rivera. La Fiscalía logró identificar al responsable, detenerlo y presentarlo ante un juez del distrito judicial de Chalco, quien finalmente dictó la condena.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York dio por cerrado el proceso judicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández al desestimar de forma definitiva todos los cargos relacionados con narcotráfico y armas.

Esta decisión, ejecutada por el juez federal Kevin Castel el 9 de abril de 2026, es resultado de la instrucción recibida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos tras el indulto presidencial que Hernández obtuvo en diciembre de 2025.

La condena inicial de 45 años de prisión contra Hernández, dictada en junio de 2024, fue anulada luego de la apelación que ordenó la desestimación por “carecer de objeto jurídico” tras el indulto presidencial concedido por Donald Trump en diciembre de 2025.

Un aspecto relevante del desenlace es la duración del proceso judicial, que inició con la extradición de Hernández el 21 de abril de 2022 y se prolongó durante más de tres años.

El texto de la sentencia de anulación incluyó la frase: “la verdad es más poderosa que cualquier estadística”, citando a Hernández, quien participó en una videollamada tras conocerse la decisión judicial.

Hernández declaró: “Mi caso hoy está oficialmente cerrado. Nunca cedí mi inocencia, no acepté los señalamientos”. Argumentó que todo el proceso se basó en “mentiras y testimonios falsos” y sostuvo que el fallo del tribunal estadounidense respalda lo que defendió desde el inicio.

Además, afirmó que la apelación “se iba a ganar”, considerando la resolución como una confirmación de su postura frente a las acusaciones.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos determinó en abril de 2026 la anulación total de la condena. El argumento principal fue la existencia del indulto presidencial otorgado por Donald Trump en diciembre de 2025, lo que dejó sin fundamento legal la sentencia de 45 años emitida en 2024.

A raíz de esta decisión, la corte ordenó el cierre definitivo del expediente y el juez Kevin Castel formalizó el cumplimiento del fallo, cerrando un proceso de casi dos años en tribunales federales.

El exmandatario manifestó inquietud ante posibles riesgos a su integridad en Honduras, aunque no compartió detalles sobre amenazas específicas. Concluyó su intervención con un mensaje internacional: “Díganle al mundo que yo, Juan Orlando Hernández, soy inocente y que de la mano de Dios volveré a Honduras”.

El expediente de JOH se transformó en uno de los juicios de mayor impacto en la última década en materia de justicia internacional y corrupción política. La intervención de cortes federales estadounidenses y la incidencia de un indulto presidencial pusieron de manifiesto la complejidad y los múltiples factores en juego.

El expresidente Juan Orlando Hernández fue arrestado en Honduras tras terminar su mandato y extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022. Al día siguiente compareció ante una corte federal en Nueva York, acusado de integrar una red de narcotráfico entre 2004 y 2022 y de enviar cargamentos de cocaína a territorio estadounidense, según el expediente formal.

Tanto Hernández como su equipo legal negaron los cargos desde el inicio del proceso. El caso atrajo atención internacional por el perfil del acusado y la magnitud de los delitos señalados.

En junio de 2024, fue condenado a 45 años de prisión, sentencia posteriormente anulada por el indulto presidencial. El desenlace definitivo, la desestimación, marcó la salida formal de Hernández del sistema judicial de Estados Unidos.

Durante la videollamada posterior al cierre del caso, Hernández afirmó que la justicia estadounidense “limpió su nombre” y reiteró sentirse reivindicado. Manifestó su intención de reunirse con su familia y expresó: “No creen que después de todo lo que he vivido tengo derecho a abrazar a mi familia. Lo único que pido es que se me permita estar con mi familia”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que una mujer identificada como Paola Campos Villa fue sentenciada a 40 años de prisión, luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de un comerciante en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Tierra Blanca. Ese día, la ahora sentenciada llegó al domicilio de la víctima acompañada de otra mujer cuya identidad no fue determinada. Ambas tocaron la puerta de manera insistente y agresiva, lo que alertó al comerciante, quien salió para atenderlas.

En ese momento, Paola Campos amenazó al hombre con denunciar a su hijo por un supuesto delito de violación, acusación que posteriormente se determinó como falsa. Bajo esta amenaza, exigió una suma de dinero a cambio de no proceder legalmente, además de advertir que, en caso de no cumplir con sus demandas, atentaría contra la vida de toda su familia.

Las indagatorias también revelaron que la mujer pretendía establecer un esquema de cobro periódico, ya que exigía a la víctima el pago de una cuota mensual a cambio de no causarle daño, configurando así un patrón de extorsión continuada.

La situación fue advertida por personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal. Los uniformados acudieron al lugar de manera oportuna y lograron la detención de la implicada en flagrancia, evitando que el delito se consumara en su totalidad.

Tras su aseguramiento, Paola Campos Villa fue puesta a disposición de la autoridad judicial e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Durante el proceso legal, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que permitieron acreditar su responsabilidad en los hechos, incluyendo testimonios y elementos que evidenciaron la falsedad de las acusaciones utilizadas como medio de presión.

Luego de analizar las pruebas, un juez dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de la acusada. La resolución fue confirmada, consolidando así el fallo en su contra por el delito de extorsión.

La Fiscalía estatal destacó que este caso refleja la importancia de denunciar este tipo de conductas delictivas, ya que la oportuna intervención de ciudadanos y autoridades permitió la detención de la responsable y evitó que la víctima continuara siendo objeto de amenazas.

Asimismo, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo a través de los canales oficiales, como el correo electrónico institucional, líneas telefónicas y aplicaciones móviles disponibles, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir delitos que afectan directamente al patrimonio y la tranquilidad de las familias.

El hombre condenado por arrancar parte de la oreja de otro durante una pelea en Ronda deberá abonar a la víctima una indemnización de 16.591 euros, cantidad establecida por los daños permanentes ocasionados. La decisión, adoptada originalmente por la Audiencia de Málaga, ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó el recurso presentado por la defensa, según detalló el medio de comunicación. Los jueces confirmaron así tanto la condena de prisión como el pago de la compensación económica tras rechazar los argumentos de defensa del acusado.

De acuerdo con la información difundida por el TSJA y recogida por medios de Andalucía, los hechos datan de una noche frente a una discoteca de la localidad malagueña de Ronda, donde se produjo una discusión entre el acusado y la víctima. Según la sentencia, las causas del altercado no se conocen, pero la confrontación evolucionó a un forcejeo en el que ambos cayeron sobre una jardinera situada a las puertas del recinto. Fue entonces cuando, aprovechando la posición, el acusado mordió la oreja izquierda de la víctima, arrancando parte de ella y escupiéndola después.

El incidente no solo significó la pérdida de un fragmento de la oreja del afectado. El tribunal precisó que la agresión también ocasionó una fractura y arrancamiento de la base de la tercera falange de uno de los dedos de la mano derecha de la víctima. Las lesiones resultaron lo suficientemente graves como para requerir atención médica urgente e ingreso hospitalario. A consecuencia de la violencia ejercida, el perjudicado presenta secuelas permanentes.

Respecto a la responsabilidad del acusado, la defensa argumentó ante el TSJA que su cliente solo habría actuado pretendiendo defenderse de una supuesta agresión previa de la víctima. También señaló que la única declaración incriminatoria provenía del afectado sin que existiera testimonio o prueba adicional que corroborara los hechos en su totalidad. Los jueces, según consignó el medio, analizaron el recurso y concluyeron que la sentencia inicial establecía que no consta que la víctima haya realizado un ataque previo y que, en cualquier caso, la reacción del acusado habría superado cualquier marco de proporcionalidad respecto a un posible empujón inicial.

Durante el juicio, la víctima explicó que se encontraba junto a un amigo en la puerta de la discoteca cuando observó que el acusado, quien ya había sido rechazado al querer ingresar al local, comenzó a insultarlo y a increparlo, según información presentada en los tribunales y compartida por el TSJA. El agredido afirmó no conocer al acusado ni haber tenido ningún tipo de conflicto anterior con él. Según su relato, trató de alejarse e incluso pudo haberle dado un empujón, pero en ningún caso inició la agresión.

El TSJA, reportó el medio, consideró probados los hechos descritos y reiteró que la reacción del acusado frente al hipotético empujón en modo alguno se consideraría adecuada o proporcionada. Así, el tribunal andaluz ratificó la condena a tres años y medio de prisión y el abono de la indemnización a la víctima, rechazando de manera categórica el argumento de la defensa y validando la suficiencia de la declaración de la víctima ante la ausencia de pruebas exculpatorias que modifiquen lo establecido en la sentencia de primera instancia.

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind acusado por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión, la misma pena que había solicitado durante la jornada de alegatos el abogado de la víctima, Roberto Castillo.

Tras conocerse la sentencia, Emily habló con las cámaras de Puro Show (El Trece) y no pudo contener las lágrimas: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”, expresó. Y con evidente emoción, agregó: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.

Consultada sobre el impacto de la condena, Emily reconoció: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”. Sin embargo, no ocultó sus miedos: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”.

Emily también relató el sufrimiento vivido durante el proceso judicial, incluyendo amenazas y hostigamiento de la familia de Martínez: “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Sobre el momento de la sentencia, describió: “Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo”. Y recordó que su exmarido le pidió disculpas en su declaración y le dijo que aún la amaba, algo que solo generó más dolor: “Yo no dije nada, pero mi hermano se extralimitó y le dijo: ‘Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón’. Mi hermano es la persona más tranquila que pueden llegar a conocer, jamás se pasa de un límite, pero en ese momento habló por todos”.

El proceso judicial comenzó el miércoles pasado, pero tuvo un avance rápido luego de que la denunciante declarara por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. A lo largo de su exposición, reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos evolucionaron hasta el día en que el acusado la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida.

Aunque el testimonio de la participante de Love is Blind fue clave, también pasaron por la sala de audiencia varios otros testigos. Uno de los más fuertes y llamativos fue el padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones.

Ya con las pruebas y las declaraciones expuestas, el tribunal analizó el material y dio a conocer la sentencia este miércoles, al declarar Martínez culpable por el delito de intento de femicidio.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció por violencia de género e intento de homicidio a su entonces marido. A un día de conocerse la sentencia, la joven reconoció durante su participación en el programa A la Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, que estaba atravesando un momento muy duro. “Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, afirmó.

“Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso”, relató al indicar que le costó presentarse en el estudio de televisión. Junto a ella también se encontraba su madre, Andrea Rivero, y su abogado, Roberto Castillo.

Al recordar el momento en el que se animó a denunciar a su ex pareja, Ceco contó que el episodio de violencia se desencadenó después de que fuera a una despedida de soltera que le habían organizado sus familiares el 8 de febrero. Se suponía que ambos iban a volver a casarse, tras haber dado el “Sí, quiero” durante su participación en el reality show.

“Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo”, confesó la joven. Incluso, admitió que la situación que le tocó atravesar le había dado vergüenza, sobre todo el hecho de tener que contarles a sus padres.

Por esto, decidió escaparse del domicilio que compartía con Martínez y quedarse en la casa de su hermana. Una vez que estuvo lista para hablar con ellos, recordó que había ido a la casa familiar por la noche y que se había maquillado para que no pudieran ver las lesiones en su rostro.

Respecto a la relación que mantuvo con su agresor, Ceco indicó que al comienzo no había mostrado signos de agresividad. “Se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado, la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”, apuntó.

En este sentido, señaló que los primeros signos aparecieron al “mes y medio o dos de relación”. Así, ejemplificó con una escena de celos que tuvo lugar durante una reunión con colegas del reality show donde se conocieron.

“Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

Frente a esto, su madre indicó que existían imágenes del reality donde se evidencian estos comportamientos: “Parte de los capítulos son escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”. No obstante, reconoció que solo una vez había notado algo extraño durante unas vacaciones familiares en Villa Gesell, por lo que había decidido preguntarle a su hija al respecto.

Asimismo, recordó que para ella fue un shock el momento en el que descubrió que su hija había sido golpeada. “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar de que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada”.

El órgano judicial analizó las interacciones entre el acusado y el menor, quienes concretaron varias citas después de haber conversado por teléfono tras conocerse en una plataforma digital de encuentros. De acuerdo con lo publicado por el TSXG, el tribunal examinó el contenido del perfil y las conversaciones mantenidas antes de los encuentros, destacando que el acusado basó su percepción en la información consignada en la cuenta del menor, en la que aparecía la mayoría de edad.

El fallo difundido por el TSXG señala que no existieron indicios suficientes que permitieran suponer que el acusado tuviera conocimiento o dudas razonables respecto a la edad real del menor. El tribunal subrayó que "no puede concluirse que el acusado conociera la edad exacta del menor ni que pudiera albergar dudas sobre la misma", precisando que en ningún momento se evidenció que el denunciado imaginase que la persona con la que mantuvo relaciones no había alcanzado la edad legal establecida de 16 años.

La resolución pone de manifiesto que la actuación del acusado se ajustó a la información facilitada por el denunciante en la red social, y subraya la ausencia de pruebas que demuestren que el acusado pudiera o debiera haber sospechado del verdadero rango de edad de su interlocutor. El medio TSXG recoge que, en coherencia con esa valoración, el tribunal determinó que procedía la exoneración de responsabilidad penal en este caso.

El TSXG explicó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo aún no es definitiva, pues se trata de una resolución provisional contra la que cabe recurso ante este mismo órgano judicial. La decisión se fundamenta en la interpretación del tipo penal aplicado y observa que el desconocimiento de la edad exacta del menor, frente a la apariencia de mayoría de edad, ha sido determinante para el fallo absolutorio.

Según detalló el TSXG, el tribunal revisó tanto el contenido de los perfiles digitales como las declaraciones y pruebas aportadas durante el proceso para verificar si existía algún elemento que permitiese inferir que el acusado pudiera haber cometido el delito intencionadamente o con conocimiento de la minoría de edad. El TSXG publicó que, ante la ausencia de tales elementos, la Audiencia Provincial optó por la absolución.

El caso pone bajo consideración judicial el papel de las aplicaciones de citas y la información que los usuarios facilitan en estos entornos digitales, aspecto que el tribunal incorpora de forma explícita en los fundamentos de su sentencia. El fallo describe cómo esa información fue determinante en la percepción del acusado sobre la edad del denunciante, según lo consignó el TSXG.

El acuerdo entre la defensa y la Fiscalía fijó que la autora del asalto debía indemnizar a los familiares de la víctima: 46 euros por los objetos robados, 2.770 euros por las lesiones sufridas y el pago de las costas judiciales. Según reportó Europa Press, este consenso fue alcanzado el miércoles pasado en la Sección Penal número 2 del Tribunal de Instancia de Ourense, tras la acusación por un caso que involucró graves consecuencias para una mujer de 79 años.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la sanción contra la acusada incluye dos años de prisión por el delito de robo con violencia y seis meses por el delito de lesiones. La procesada, que presenta antecedentes penales no computables, asumió la responsabilidad de los hechos tras lograr un pacto con el Ministerio Fiscal y su letrado defensor, lo que permitió la aplicación de una condena conforme a su aceptación.

El fallo judicial recoge que los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del 9 de diciembre de 2022. En esa jornada, la acusada atacó a la mujer de 79 años, quien usaba un andador para desplazarse, y le arrebató el bolso mediante un fuerte empujón. A causa de la violencia empleada, la víctima cayó al suelo, situación que la asaltante aprovechó para continuar forcejeando hasta apoderarse del bolso.

Europa Press detalló que, tras el asalto, la mayor parte de los objetos robados regresaron a manos de la dueña, salvo un teléfono móvil valorado en 16 euros y 30 euros en efectivo. El ataque, sin embargo, tuvo consecuencias graves: la mujer sufrió traumatismo en la cadera izquierda y una fractura de pelvis. Las lesiones requirieron atención médica y tratamiento quirúrgico.

Durante la tramitación del proceso judicial, la afectada falleció, según recogió Europa Press, complicando el desarrollo legal del caso. El tribunal también ordenó que la condenada pague la correspondiente indemnización a los herederos de la víctima, tomando en cuenta las secuelas físicas y las pérdidas materiales derivadas del robo y las lesiones.

El pronunciamiento de la corte se fundamentó en la aceptación de los hechos por parte de la acusada y su colaboración en los procedimientos, factores que influyeron en la concreción de la pena señalada y evitaron la celebración de un juicio oral, mantuvo la agencia de noticias. Todo el proceso quedó consignado en la sentencia dictada en Ourense.

El juicio contra Santiago Martínez, el ex participante del reality show Love is Blind, acusado por el intento de femicidio de su ex pareja, Emily Ceco, llegó a su fin este jueves con la jornada de alegatos, donde el abogado de la víctima, Roberto Castillo, pidió una pena de 15 años de prisión para el acusado. Ahora resta conocer el veredicto de la Justicia, que se conocerá el próximo 25 de marzo a las 13 horas.

El proceso judicial comenzó el miércoles de esta semana, pero tuvo un avance rápido luego de que la denunciante declarara por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. A lo largo de su exposición, reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos evolucionaron hasta el día en que el acusado la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida.

Aunque el testimonio de la también participante de Love is Blind fue clave, también pasaron por la sala de audiencia varios otros testigos. Uno de los más fuertes y llamativos fue el padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones.

Ya con las pruebas y las declaraciones expuestas, el tribunal valorará el material y daría a conocer la sentencia el próximo 25 de marzo, cuando dirá si Martínez es o no declarado culpable por el delito de intento de femicidio.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció por violencia de género e intento de homicidio a su entonces marido. A un día de conocerse la sentencia, la joven reconoció durante su participación en el programa A la Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, que estaba atravesando un momento muy duro. “Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, afirmó.

“Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso”, relató al indicar que le costó presentarse en el estudio de televisión. Junto a ella también se encontraba su madre, Andrea Rivero, y su abogado, Roberto Castillo.

Al recordar el momento en el que se animó a denunciar a su ex pareja, Ceco contó que el episodio de violencia se desencadenó después de que fuera a una despedida de soltera que le habían organizado sus familiares el 8 de febrero. Se suponía que ambos iban a volver a casarse, tras haber dado el “Sí, quiero” durante su participación en el reality show.

“Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo”, confesó la joven. Incluso, admitió que la situación que le tocó atravesar le había dado vergüenza, sobre todo el hecho de tener que contarles a sus padres.

Por esto, decidió escaparse del domicilio que compartía con Martínez y quedarse en la casa de su hermana. Una vez que estuvo lista para hablar con ellos, recordó que había ido a la casa familiar por la noche y que se había maquillado para que no pudieran ver las lesiones en su rostro.

Respecto a la relación que mantuvo con su agresor, Ceco indicó que al comienzo no había mostrado signos de agresividad. “Se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado, la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”, apuntó.

En este sentido, señaló que los primeros signos aparecieron al “mes y medio o dos de relación”. Así, ejemplificó con una escena de celos que tuvo lugar durante una reunión con colegas del reality show donde se conocieron.

“Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

Frente a esto, su madre indicó que existían imágenes del reality donde se evidencian estos comportamientos: “Parte de los capítulos son escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”. No obstante, reconoció que solo una vez había notado algo extraño durante unas vacaciones familiares en Villa Gesell, por lo que había decidido preguntarle a su hija al respecto.

Asimismo, recordó que para ella fue un shock el momento en el que descubrió que su hija había sido golpeada. “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar de que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada”.

Durante más de dos décadas, una ciudadana extranjera realizó aportes al sistema pensional colombiano sin cuestionar el fondo al que estaba afiliada. Cotizó de manera constante, primero como trabajadora independiente y luego a través de distintos empleadores. Ese comportamiento sostenido, según concluyó la Corte Suprema de Justicia, terminó siendo clave para definir su situación jurídica frente al sistema de pensiones.

La decisión se conoció a través de una sentencia de la Sala de Casación Laboral que analizó el caso de esta mujer, que buscaba trasladarse del fondo privado en el que había cotizado al régimen público administrado por el Estado. Sin embargo, tras revisar su historial de aportes y las circunstancias de su afiliación, el alto tribunal concluyó que no procedía ese cambio.

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El punto central del debate estuvo en determinar si la mujer había sido afiliada de manera válida al fondo privado, aun cuando no existiera un documento claro o un acto formal que confirmara esa vinculación. A simple vista, el caso parecía abrir la puerta a cuestionar la legalidad de su afiliación. No obstante, los magistrados analizaron otro elemento fundamental, la conducta de la afiliada a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la Corte, los aportes realizados durante un periodo prolongado pueden interpretarse como una manifestación de voluntad. En otras palabras, cuando una persona cotiza de forma constante al mismo fondo durante años, esa conducta puede considerarse como una aceptación implícita de la afiliación.

El alto tribunal explicó este criterio al señalar que, “aportes a pensiones por un periodo significativo, sin un acto expreso y claro de vinculación y ante el silencio de la AFP, configuran una aceptación tácita de la afiliación por voluntad real de la persona.” Este concepto jurídico se conoce como afiliación tácita.

La sentencia analizó el comportamiento de la demandante durante aproximadamente 20 años. En ese tiempo, sus aportes fueron dirigidos de manera continua al mismo fondo privado de pensiones, sin que ella presentara objeciones ni solicitudes de cambio. Incluso, en diferentes etapas laborales tanto como independiente como empleada, se mantuvo el mismo destino para sus cotizaciones.

Para los magistrados, esa trayectoria demuestra que existió una decisión práctica y sostenida de permanecer en ese régimen. Aunque no se halló un documento inicial que probara una afiliación formal, el hecho de cotizar durante tanto tiempo terminó validando la vinculación.

En consecuencia, la Corte Suprema confirmó la decisión que negaba el traslado al régimen público. El tribunal concluyó que la afiliación al fondo privado quedó consolidada por la conducta reiterada de la afiliada, lo que impide modificarla después de tantos años.

La sentencia, identificada como SL2539-2025, se convierte además en una referencia importante para otros casos similares. En Colombia, muchas personas cuestionaron su afiliación a determinados fondos de pensiones argumentando falta de información o errores en el proceso inicial. Sin embargo, este fallo deja claro que el comportamiento posterior del afiliado también tiene peso jurídico.

En términos sencillos, la Corte estableció que no solo cuentan los documentos firmados. Las acciones de una persona a lo largo del tiempo, como cotizar de forma constante a un mismo fondo, pueden interpretarse como una confirmación de su decisión. Esto no significa que cualquier afiliación irregular quede automáticamente validada. Cada caso debe analizarse según sus circunstancias. No obstante, el fallo señaló que la continuidad de los aportes, sin reclamos ni cambios durante muchos años, puede ser vista como una aceptación de la afiliación.

El pronunciamiento también reflejó cómo los tribunales interpretan la voluntad real de los afiliados dentro del sistema pensional. Más allá de los trámites iniciales, los jueces consideran el comportamiento efectivo de las personas en su relación con el sistema.

Durante las declaraciones realizadas en la alfombra roja de los Premios Goya, Jedet relató que tras conocer la sentencia judicial, atravesó un periodo marcado por problemas para dormir y altos niveles de ansiedad. La actriz y cantante explicó que, tras la resolución del caso por agresión sexual durante los Premios Feroz 2023, sintió que vivía “con una baldosa en el pecho” durante unos tres años. Según consignó el medio, Jedet destacó cómo el episodio supuso un impacto duradero en su vida cotidiana, identificando que todavía experimenta las secuelas emocionales del proceso y señalando que tales reacciones son una respuesta habitual después de experiencias traumáticas de este tipo.

Tal como publicó el medio, en enero pasado Jedet comunicó en sus redes sociales el fallo a su favor en el proceso judicial que entabló contra el productor Javier Pérez Santana por agresión sexual. Durante el evento, la intérprete trasladó a los medios el alcance de sus sensaciones posteriores al juicio. “No me he metido mucho ahí, en lo que siento, porque es algo que me sigue generando mucha ansiedad”, afirmó. La artista detalló que las consecuencias psicológicas del episodio han persistido más allá de la sentencia, manifestándose en alteraciones del sueño y una actitud de constante “defensiva”.

De acuerdo con la publicación, Jedet manifestó que a pesar del sufrimiento durante el proceso judicial, considera importante que las víctimas se animen a denunciar. La actriz subrayó que el procedimiento legal puede resultar extremadamente complicado y doloroso para quienes lo atraviesan, pero animó a quienes hayan sufrido hechos similares a presentar las denuncias pertinentes.

El medio recogió también la postura de Jedet sobre el caso de una segunda víctima, aparentemente también actriz y reconocida públicamente, que recientemente ha presentado una denuncia por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón. Jedet declaró que comprende que la víctima haya optado por proteger su identidad como parte de su derecho a la privacidad, enfatizando que enfrentarse a este tipo de procedimientos resulta “tan horrible” que nadie desea pasar por ello. “Yo lo he pasado y lo entiendo”, puntualizó la intérprete, según reportó la fuente.

Durante la conversación con los medios presente en el evento, Jedet abordó las dificultades personales implicadas en todo el proceso previo y posterior a la denuncia, ejemplificando el impacto a largo plazo sobre el bienestar emocional. Detalló que la vivencia se extendió a lo largo de varios años, explicando que la presencia de una sensación opresiva y el estado de alerta son reacciones frecuentes en quienes han transitado experiencias similares.

Por su parte, la publicación recogió las recomendaciones de la actriz dirigidas a quienes puedan enfrentar contextos similares, insistiendo en la importancia de que las víctimas denuncien, aun reconociendo que el camino judicial resulta arduo y puede ejercer un coste psicológico considerable. Jedet reiteró la necesidad de preservar los derechos de quienes eligen mantener en privado su identidad como denunciantes y marcó la relevancia de sostener espacios de apoyo y comprensión para las personas involucradas en estos procesos.

De acuerdo con los hechos descritos y con las declaraciones completas recogidas por el medio, el desarrollo y la visibilidad mediática de estos casos continúan abriendo nuevos debates sobre la protección y el acompañamiento a víctimas en el entorno judicial y en el espacio público, así como sobre la adaptación de los sistemas institucionales para atender de forma efectiva las necesidades emocionales, legales y personales de quienes denuncian agresiones sexuales.

En el municipio de Tultitlán, un hombre identificado como Juan José Navarrete Saldaña recibió una condena de 70 años de prisión por el delito de extorsión cometido contra dos comerciantes de la zona. La sentencia, dictada por una autoridad judicial local, se fundamentó en la responsabilidad directa del acusado en hechos ocurridos en mayo de 2025.

La investigación estableció que Navarrete Saldaña, junto a otros seis individuos, acudió a varios locales comerciales haciéndose pasar por integrantes de un grupo criminal. El grupo presionó a los dueños de los establecimientos mediante la entrega de teléfonos celulares, obligándolos a recibir llamadas en las que se exigía un pago inicial considerable y cuotas semanales para permitirles continuar con sus actividades sin represalias.

Durante el desarrollo de los hechos, las víctimas alertaron a otros comerciantes de la zona. La respuesta coordinada de los locatarios permitió que Juan José Navarrete fuera retenido antes de que pudiera abandonar el lugar. Posteriormente, fue entregado a las autoridades, quienes procedieron con su detención formal.

El acusado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde comenzó el proceso judicial. A lo largo de la investigación, la autoridad ministerial reunió elementos de prueba que demostraron la participación directa de Navarrete Saldaña en la extorsión contra los comerciantes. Entre las pruebas presentadas se incluyó el testimonio de las víctimas, la recuperación de uno de los teléfonos empleados para las amenazas y otros indicios recabados en la zona de los hechos.

La resolución judicial, emitida tras casi un año de procedimiento, consideró contundentes las pruebas aportadas por la fiscalía estatal. El juez responsable del caso dictó la pena máxima prevista para este tipo de delitos, con lo que Navarrete Saldaña deberá cumplir 70 años de cárcel.

El caso ha generado atención en la comunidad de Tultitlán, donde los comerciantes han señalado la importancia de la colaboración entre vecinos para enfrentar situaciones de riesgo y denunciar actos de extorsión. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier intento de intimidación o cobro ilegal, a fin de prevenir nuevas agresiones y fortalecer la seguridad local.

La sentencia de 70 años de prisión fue impuesta a Juan José Navarrete Saldaña tras comprobarse su participación en un caso de extorsión a comerciantes en Tultitlán.

El acusado, junto con seis cómplices, utilizó amenazas y exigió pagos semanales a las víctimas, simulando pertenecer a un grupo criminal.

La detención fue posible gracias a la coordinación de los locatarios, quienes retuvieron al agresor y lo entregaron a las autoridades.

Combate a la Extorsión 2025: autoridades detuvieron a más de 700 extorsionadores en 24 estados

Acciones de seguridad llevaron a la detención de personas en 24 estados

El informe del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025, presentado por las autoridades de seguridad, detalla que las acciones llevaron a la detención de 721 personas, las cuales se extendieron a un total de 24 entidades federativas, incluyendo:

Chiapas

Chihuahua

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Puebla

Campeche

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Querétaro

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Quintana Roo

Zacatecas

Los datos oficiales señalan que se atendieron 119,864 llamadas por extorsión al número nacional de denuncia anónima 089 en el mismo periodo. Del total de reportes, el 75.5% correspondió a extorsiones no consumadas, atribuidas a la orientación brindada en tiempo real a las víctimas, lo que permitió frustrar los intentos de los delincuentes antes de que lograran sus objetivos.

Las autoridades identificaron que 13.8% de las denuncias provino de personas que informaron sobre intentos de engaño o extorsiones previas. En tanto, el 10.7% de los casos correspondió a extorsiones consumadas, es decir, situaciones en las que se realizó un pago o se contaba con datos suficientes para iniciar carpetas de investigación.

Durante el periodo de referencia, las fiscalías estatales iniciaron 4,350 carpetas de investigación relacionadas con extorsión, consolidando la respuesta institucional frente a este delito. La estrategia nacional puso énfasis en la atención de denuncias ciudadanas, la reacción oportuna y la judicialización de los casos con elementos de prueba suficientes.

De acuerdo con la información difundida por el TSXG, la denuncia surgió tras un encuentro concreto ocurrido en agosto de 2023 en la vivienda de la mujer, después de que ambos compartieran una comida en ese domicilio de A Estrada. La sentencia de la Audiencia Provincial recoge que la relación sentimental había iniciado dos meses antes y que durante ese tiempo ambos convivieron episodios íntimos que frecuentemente se desarrollaron en la casa de la denunciante. En el día referido, el varón mantuvo un acto sexual por vía vaginal sin preservativo, concluyendo con una eyaculación en el encuentro, y posteriormente abandonó la vivienda.

En su resolución, la Audiencia Provincial de Pontevedra había considerado probado que el encuentro descrito por la denunciante había contado con consentimiento, negando así la existencia de la agresión sexual denunciada. Por ello, el procesado resultó absuelto, a pesar de la petición de la Fiscalía, que solicitaba hasta catorce años de prisión, según publicó la cobertura judicial pertinente.

El TSXG, al analizar los argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto por la denunciante, concluyó que no existían elementos suficientes para revocar la sentencia inicial. El tribunal gallego indicó que la valoración de las pruebas realizada por la Audiencia Provincial se ajustó a los hechos y al contexto aportado durante el juicio, insistiendo en que no se constató ausencia de consentimiento en la relación.

El medio informó que la resolución del TSXG, aunque firme a efectos ordinarios en el tribunal gallego, permite la posibilidad de interponer un nuevo recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por el momento, la sentencia de absolución del acusado se mantiene como la vigente, tras ser corroborada por el TSXG.

Las actuaciones y decisiones judiciales en este caso se han centrado en los testimonios y pruebas aportadas sobre la naturaleza de la relación mantenida entre el acusado y la denunciante, así como en la credibilidad de ambas versiones. Los tribunales han determinado que la perspectiva probatoria centrada en el consentimiento ha sido determinante para fallar a favor de la absolución, como recogieron tanto la Audiencia Provincial como el TSXG en sus respectivas fundamentaciones.

El proceso también ha estado condicionado por la relevancia de los hechos específicos referidos por las partes implicadas y por la valoración de la Fiscalía, cuya solicitud inicial de hasta catorce años de prisión no prosperó al no encontrarse fundamentos que acreditaran la agresión sexual alegada en la denuncia.

Por este motivo, el TSXG ha confirmado la decisión adoptada previamente, señalando que la resolución se basa en los hechos probados y en los testimonios evaluados durante el proceso judicial. Tal como informó el tribunal gallego, la sentencia incluye la descripción detallada de la relación sentimental y los encuentros íntimos mantenidos, destacando el consentimiento expreso de las partes involucradas en el episodio central de la causa.

Según publicó el TSXG, con la negativa a admitir el recurso, se consolida la posición de la Audiencia Provincial en lo relativo a la inocencia declarada del acusado, habilitando no obstante a la parte denunciante a acudir a la vía de revisión ante el Tribunal Supremo. Por el momento, la conclusión de las instancias gallegas es la confirmación de la inexistencia de delito, a la espera de los pasos legales que la denunciante pueda decidir emprender ante la máxima instancia judicial.

La defensa del expresidente surcoreano Yoon Seok Yeol ha sostenido que la sentencia dictada contra su cliente contiene errores legales importantes y decisiones contradictorias relacionadas con las aportaciones de la Fiscalía y antecedentes políticos del caso. Según detalló la agencia Yonhap, los abogados presentaron este martes un recurso ante las autoridades judiciales con el objetivo de dejar constancia de las presuntas deficiencias no solo ante los tribunales, sino también para la historia. Esta acción legal responde a la condena a cadena perpetua impuesta al exmandatario el pasado jueves, tras declararse que lideró una insurrección en el contexto de la implementación de la ley marcial en Corea del Sur en diciembre de 2024.

El análisis del equipo jurídico de Yoon Seok Yeol, consignado por Yonhap, expone que el fallo de primera instancia incluyó una interpretación inadecuada tanto de los hechos como de la aplicación de la legislación vigente. En un comunicado, los abogados puntualizaron que su labor consiste en exponer públicamente los desaciertos judiciales y lo que calificaron como una acusación “excesivamente celosa” por parte del Ministerio Público. El recurso argumenta, además, que existe una contradicción en la decisión del tribunal, cuyo fallo se habría visto influido por los antecedentes políticos de Yoon, según la defensa.

Durante su primera declaración posterior a la sentencia, el expresidente manifestó que la declaración de la ley marcial buscó un beneficio para el país, aunque también reconoció la existencia de errores en su ejecución. Según documentó Yonhap, Yoon presentó disculpas y transmitió su pesar a la ciudadanía por las consecuencias originadas a raíz de aquellas decisiones tomadas en el contexto de la crisis de diciembre de 2024.

En la nota difundida un día después de su condena, Yoon expresó sus dudas respecto al sentido de disputar su caso a través de los procedimientos de apelación, indicando que no observa garantías de independencia judicial ni perspectivas de una resolución basada en parámetros legales y éticos independientes en las actuales circunstancias. Estas declaraciones, recogidas por la agencia de noticias surcoreana, apuntan a la falta de confianza del exmandatario en el sistema judicial de su país ante casos de alta carga política y social.

La condena a cadena perpetua fue emitida el día viernes por el tribunal correspondiente, el cual desestimó la solicitud de la Fiscalía que proponía la pena de muerte para Yoon Seok Yeol, acusado de encabezar actos de insurrección. Aunque el Código Penal surcoreano contempla la pena capital y la cadena perpetua (sin obligatoriedad de trabajos forzados) para tales delitos, el tribunal optó por esta última, según registró Yonhap.

El equipo legal de Yoon insistió, de acuerdo con la agencia Yonhap, en que su responsabilidad profesional y ética les motivó a emprender este recurso, cuyo objetivo es corregir lo que consideran una decisión injusta y política. El comunicado de la defensa cuestiona la congruencia del fallo y señala la presión supuestamente ejercida por la Fiscalía y la influencia de elementos políticos al momento de emitir la sentencia.

La situación de Yoon Seok Yeol, documentó Yonhap, surge tras la declaración de la ley marcial durante diciembre de 2024, un hecho que generó profunda polémica en Corea del Sur y desencadenó procedimientos judiciales que concluyeron en la sentencia de cadena perpetua. El caso ha suscitado debate sobre la interpretación de la legislación en materia de insurrección, el papel de las autoridades en situaciones de emergencia nacional y los límites de la actuación presidencial de acuerdo con la legislación surcoreana.

Yonhap reportó que la defensa continuará presentando sus argumentos ante instancias superiores, alegando errores en la valoración de los hechos, interpretación errónea de las leyes aplicadas y parcialidad en la sentencia inicial. Las próximas etapas del proceso judicial podrían definir el curso definitivo de la causa, cuyo desenlace es motivo de atención tanto en el ámbito político local como en el internacional.

Francisco Cosenza admitió su culpabilidad en agosto de 2025 al reconocer su implicación en un esquema que desvió y blanqueó fondos de la Tasa de Seguridad en Estados Unidos, evidenciando la magnitud del desvío de recursos públicos originalmente destinados a la seguridad ciudadana.

El proceso judicial se vio marcado por la confesión de Cosenza, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado de aceptar sobornos a cambio de conceder contratos públicos de manera ilícita. Documentos presentados ante la corte describen que la red operó durante años, permitiendo el desvío sistemático de dinero hondureño a cuentas y sociedades en territorio estadounidense.

El tribunal federal de Miami, principal escenario del juicio, recibió de la fiscalía un informe sobre el funcionamiento concreto del esquema. Los representantes del Ministerio Público detallaron que empresarios interesados en licitaciones relacionadas con la seguridad ofrecían sobornos, que luego se canalizaban mediante sofisticadas estructuras financieras.

De acuerdo con los fiscales, este mecanismo integró fondos provenientes de la corrupción al sistema financiero legal de Estados Unidos, justificando así la competencia federal en el caso.

Las exposiciones de la fiscalía incluyeron registros bancarios, documentos y testimonios que mostraron cómo se concertaban las reuniones, se pactaban las sumas y se repartían los beneficios ilegales. Las investigaciones señalan que el desvío comprometió a altos funcionarios de la administración en Honduras y a empresarios que colaboraron de forma activa.

La existencia del esquema perjudicó gravemente los objetivos del fondo hondureño, que debía financiar programas para combatir la criminalidad. La práctica de sobornos impedía que los contratistas idóneos fueran seleccionados, disminuyendo la efectividad y legitimidad del sistema.

El fiscalía estadounidense resaltó que el traslado de dinero se realizó mediante transferencias electrónicas y sociedades fantasma, mecanismos que dificultan su rastreo. Parte de esos fondos se destinó a inversiones y operaciones dentro de Estados Unidos, reforzando el carácter internacional de la investigación.

La defensa de Cosenza solicitó al tribunal que contemple como atenuantes la declaración voluntaria de culpabilidad, la colaboración con la investigación y la falta de antecedentes penales en Estados Unidos. Afirmaron que el exfuncionario asumió total responsabilidad por los hechos y cooperó activamente con la justicia, argumentos que la legislación federal prevé para dictar sentencia.

Entre las posibles consecuencias figuran penas de prisión, multas y medidas accesorias típicas en casos de lavado de activos y conspiración. En el sistema federal estadounidense, los jueces ponderan tanto las guías de sentencia como las posiciones de las partes al resolver cada proceso.

pameEl dictamen será seguido atentamente por autoridades y la opinión pública en Honduras y Estados Unidos. Se prevé que el desenlace impacte más allá de lo personal para Cosenza, al resaltar la colaboración bilateral en el combate a delitos de corrupción que afectan fondos dirigidos a la seguridad.

El uso intensivo de transferencias bancarias y sociedades en distintas jurisdicciones genera retos que exigen respuestas conjuntas y cooperación transfronteriza.

La audiencia fijada para el 18 de marzo será clave desde el punto de vista penal y como referencia para desalentar futuros desvíos en la administración de fondos públicos destinados a la seguridad. Hay quienes consideran que la resolución evidenciará las consecuencias legales del uso indebido de recursos y delimitará la responsabilidad individual de los funcionarios implicados en delitos de corrupción.

En diciembre de 2025, una sala judicial del norte del país emitió una sentencia que reconfigura el tratamiento penal de los delitos ambientales dentro de áreas naturales protegidas. El caso, seguido durante varios años, puso en debate la capacidad del Estado para responder con firmeza frente a la tala ilegal en espacios bajo protección oficial y con límites claramente definidos.

El proceso se desarrolló lejos de los reflectores, con trabajo técnico, denuncias documentadas y coordinación institucional. Guardaparques, fiscales y policías reunieron pruebas sobre una intervención forestal realizada dentro del Parque Nacional de Cutervo, uno de los espacios de conservación más antiguos del país, situado en la región Cajamarca.

La resolución judicial no solo estableció una pena privativa de libertad y una sanción económica, sino que también dejó constancia de la responsabilidad penal directa del autor del delito. El fallo refuerza la idea de que las áreas naturales protegidas no constituyen zonas sin control estatal y que las infracciones dentro de sus límites generan consecuencias penales concretas.

Una condena penal por tala ilegal dentro de un parque nacional

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante la Resolución 16 del 3 de diciembre de 2025, impuso ocho años de prisión efectiva y el pago de S/20 000 por reparación civil contra Arturo Díaz Alarcón. La sentencia lo reconoce como autor del delito contra los recursos naturales, en la modalidad agravada de tala ilegal cometida dentro de un área natural protegida de administración nacional.

De acuerdo con lo señalado por el tribunal, la intervención forestal se produjo dentro del ámbito territorial del Parque Nacional de Cutervo. El juzgado precisó que el sentenciado actuó con pleno conocimiento de que el terreno intervenido se encontraba bajo protección del Estado, lo que vulneró de manera directa los límites legales establecidos para esta área.

La tipificación agravada se sustentó en la condición especial del espacio afectado, dado que la legislación peruana establece mayores sanciones cuando el delito ambiental se produce dentro de áreas naturales protegidas. La resolución judicial dejó constancia de este criterio y lo aplicó de forma expresa en la dosificación de la pena.

El rol del Sernanp y la denuncia penal inicial

El caso se originó a partir de la denuncia penal presentada por la Jefatura del Parque Nacional de Cutervo, instancia que documentó la actividad ilegal detectada en su jurisdicción. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, brindó soporte técnico y legal durante todas las etapas de la investigación.

El trabajo incluyó la recopilación de información de campo, informes técnicos y seguimiento del proceso judicial. Guardaparques y especialistas del parque aportaron elementos clave para acreditar que la tala se produjo dentro de los límites oficiales del área protegida y que el responsable conocía dicha condición.

Esta labor se articuló con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque y con la Policía Nacional del Perú, a través de su Unidad de Medio Ambiente. La coordinación entre estas entidades permitió sostener la acusación fiscal y responder a los argumentos de la defensa durante el juicio oral.

La investigación y el juzgamiento del caso evidenciaron un esquema de trabajo conjunto entre distintas entidades del Estado. El Ministerio Público dirigió la investigación penal, mientras que la Policía brindó apoyo operativo y pericial. El Sernanp aportó información especializada sobre el régimen legal de las áreas naturales protegidas y sobre las afectaciones registradas en el parque.

Este esquema permitió que el tribunal contara con elementos suficientes para determinar la responsabilidad penal del acusado. La sentencia recoge la participación técnica del personal del parque, así como la consistencia de los informes presentados durante el proceso.

El expediente judicial también señala que la intervención estatal no se limitó a la etapa inicial, sino que se mantuvo durante todo el trámite del caso, desde la investigación preliminar hasta la lectura de sentencia.

El exfuncionario priista Javier López Zavala, condenado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, fue trasladado la madrugada del 2 de febrero de 2026 al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

El traslado se realizó en coordinación entre autoridades estatales y federales, bajo protocolos de alta seguridad y con estricto apego a los derechos humanos, explicó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González. El exfuncionario fue trasladado desde el penal de San Miguel en Puebla para cumplir con la estabilidad en ese centro penitenciario.

Las autoridades señalaron que la decisión de mover a López Zavala obedece a una estrategia para preservar la seguridad al interior de los centros penitenciarios, luego de su permanencia en cárceles de la entidad poblana.

Caso Cecilia Monzón

El 31 de diciembre de 2025, un tribunal del estado de Puebla sentenció a Javier López Zavala y a dos hombres más a 60 años de cárcel por su responsabilidad en el feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, crimen que conmocionó al estado y al país.

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró acreditar que López Zavala actuó como autor intelectual del feminicidio, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, donde Monzón fue asesinada por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras conducía su camioneta.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso a los sentenciados multas económicas y la obligación de cubrir la reparación del daño moral e indemnización, como parte de la sanción impuesta por este crimen.

El caso de Monzón generó una amplia movilización social y legal, impulsando reformas conocidas como “Ley Monzón”, orientadas a proteger a menores cuando su padre sea condenado por feminicidio de la madre, las cuales han sido adoptadas en varias entidades del país.

El traslado de López Zavala a un penal federal de máxima seguridad marca una nueva etapa en el cumplimiento de su sentencia, en un caso que ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género en México.

La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia ratificó la sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020 en la ciudad de Morelia, Michoacán.

La resolución fue emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal y mantiene firme la condena dictada originalmente en febrero de 2023.

De acuerdo con el fallo, la pena deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020, fecha en la que el sentenciado fue detenido.

Además de la prisión, se determinó la suspensión de sus derechos políticos y la obligación de cubrir la reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.

Confirman condena tras revocarse reducción de pena

La ratificación de la sentencia ocurre luego de que en noviembre de 2023 un magistrado redujera la condena de 50 a 42 años y seis meses de prisión, al argumentar la edad del acusado y su posible reinserción social.

Esta decisión generó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos feministas y organizaciones civiles.

Posteriormente, dicha reducción fue impugnada y revocada, con base en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que el derecho a la reinserción social no puede ser utilizado como atenuante en delitos de feminicidio.

Con ello, se restituyó la pena original de 50 años.

Reparación del daño y sanciones complementarias

Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal estableció que Diego Urik deberá pagar un millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos por concepto de indemnización y gastos mortuorios.

Asimismo, se ratificó la obligación de cubrir la reparación del daño moral causado a los familiares de Jessica González, cuyo monto será definido durante la etapa de ejecución de la sentencia.

El Poder Judicial de Michoacán señaló que esta resolución reafirma su compromiso con la justicia pronta y expedita, así como con la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas.

El feminicidio de Jessica González Villaseñor

Jessica González Villaseñor, de 21 años de edad y docente de profesión, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 en Morelia. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado el 25 de septiembre en una zona boscosa al sur de la capital michoacana.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán determinaron que la joven presentaba signos de violencia física y sexual, por lo que el crimen fue clasificado como feminicidio agravado.

Como principal responsable fue señalado su entonces pareja sentimental, Diego Urik Mañón Melgoza.

Detención y proceso judicial

Luego de ser identificado como sospechoso, Diego Urik huyó de Michoacán y fue detenido el 30 de septiembre de 2020 en el estado de Jalisco, tras un operativo de búsqueda.

Posteriormente fue trasladado a Michoacán, donde permaneció en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.

El juicio se prolongó por casi tres años e incluyó la presentación de más de 120 pruebas por parte de la fiscalía, las cuales acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

Durante el juicio, la fiscalía le imputó los siguientes cargos:

• Feminicidio, por el asesinato de Jessica González Villaseñor
• Violencia física y psicológica, ejercida previamente contra la víctima
• Violencia sexual, acreditada mediante dictámenes periciales
• Privación de la libertad, en el contexto de la desaparición de la joven

Indignación social y reconocimiento a la lucha por justicia

El caso de Jessica González provocó una amplia indignación social en Michoacán y a nivel nacional, convirtiéndose en un referente de la exigencia de justicia frente a la violencia feminicida.

Familiares, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos realizaron movilizaciones y protestas, especialmente tras la reducción de la pena en 2023.

En diciembre de 2025, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán otorgó la Presea al Mérito en Derechos Humanos 2025 a Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica González, en reconocimiento a su lucha constante por justicia en este caso y por su acompañamiento a otras mujeres víctimas de feminicidio.

Con la ratificación de la sentencia de 50 años de prisión, el proceso judicial queda firme y se mantiene la clasificación del delito como feminicidio, cerrando uno de los casos más relevantes en materia de justicia penal y derechos de las mujeres en Michoacán.

Tras comparecer durante varias horas vía remota, un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia inicial se llevó a cabo este sábado 24 de enero de 2026, cuatro días después de su detención, y fue presidida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Debido a que el imputado permanece bajo custodia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la diligencia se realizó de manera virtual desde la Ciudad de México.

De acuerdo con la información de El Universal, Sepúlveda Arellano será trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, luego de admitir ser el líder de Los Blancos de Troya y reconocer su participación en el delito de extorsión contra el sector limonero en Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR) también lo señaló como presunto responsable de diversos homicidios, entre ellos el del líder citrícola Bernardo Bravo, ocurrido el 20 de octubre de 2025.

Durante la comparecencia, y pese a las recomendaciones de su abogado de guardar silencio, “El Bótox” aceptó haberse dedicado durante años a la extorsión de productores de limón, carniceros, transportistas y otros trabajadores de la región de Tierra Caliente. Asimismo, afirmó que no es el único generador de violencia en la entidad y señaló a otros grupos delictivos que operan en Michoacán.

Según el Gabinete de Seguridad, Sepúlveda Arellano encabezaba una célula criminal considerada generadora de violencia y mantenía el control de la venta del limón amarillo en comunidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, ubicadas en los municipios de Buenavista y Apatzingán. El presunto líder criminal cuenta con siete órdenes de aprehensión vigentes: dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio.

La captura de “El Bótox” se realizó la mañana del jueves 22 de enero en la comunidad de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán, durante un operativo conjunto del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales. Tras su detención, fue trasladado a la Ciudad de México, mientras fuerzas federales intensificaron operativos en la región, principalmente en Cenobio Moreno, bastión de Los Blancos de Troya, donde se aseguraron inmuebles, drogas, municiones y equipos de comunicación utilizados presuntamente para actividades criminales.

El exdiputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Romeo Auerbach, presentó un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Sentencia de San Salvador que ordenó medidas de protección en favor de la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro.

La resolución, de vigencia anual, prohíbe a Auerbach cualquier tipo de contacto o mención hacia la legisladora de Arena, como respuesta a una denuncia de acoso y violencia digital. La noticia, que fue confirmada por medios locales, detalla que el proceso judicial involucra más de 100 publicaciones, entrevistas y mensajes en redes sociales y medios de comunicación atribuidos al exparlamentario.

Según fuentes judiciales, el tribunal dictaminó que Romeo Auerbach no podrá acercarse ni comunicarse con Villatoro de manera directa o indirecta, ya sea mediante terceras personas, plataformas tecnológicas o redes sociales. La resolución también impide “toda mención, publicación, hostigamiento, desacreditación, amenaza, insulto o incitación a terceros para emitir comentarios denigrantes” sobre la diputada Villatoro o su grupo familiar. Además, la instancia judicial incluyó la posibilidad de intervención policial si se detecta riesgo psicológico, físico o emocional para la legisladora o su entorno más cercano.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Marcela Villatoro afirmó: “Este abusador tiene prohibido referirse a mí, a mi familia, publicar contenido sobre nosotros e incluso hacer mención de mi persona”. La parlamentaria remarcó que quienes ejercen funciones públicas están expuestos a cuestionamientos, pero subrayó que los límites legales se activan cuando la crítica deriva en hostigamiento, burlas reiteradas o difusión de imágenes que considera denigrantes.

Tras la emisión de la resolución, Romeo Auerbach decidió apelar la decisión ante una instancia superior. La diputada Villatoro, que informó sobre la resolución el pasado martes, aseguró que, posteriormente a la sentencia, el exparlamentario habría realizado comentarios de manera pública.

Villatoro destaca que los comentarios y mensajes públicos infringen el fallo judicial, por lo que solicitó a la Corte que examine el conjunto total de pruebas, compuesto por más de 100 mensajes, entrevistas, tuits y declaraciones de testigos.

Durante las primeras declaraciones tras la denuncia, Villatoro optó por no revelar abiertamente el nombre del señalado, argumentando respeto por el proceso judicial en curso. Más adelante, extendió su agradecimiento al equipo legal que la respalda, reconociendo la importancia de la defensa de una vida libre de violencia para las mujeres en el ámbito público. La parlamentaria ha insistido en la revisión exhaustiva del material probatorio por parte de los magistrados encargados de la apelación.

La medida de protección tiene vigencia anual, según informó Villatoro. El fallo especifica restricciones estrictas para Auerbach, quien, de acuerdo con la denuncia, habría incurrido en acciones de acoso y violencia digital en más de un centenar de intervenciones públicas. La diputada de Arena ha sostuvido que la reiteración de los hechos motivó su decisión de acudir a la justicia.

Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva sobre la apelación presentada por Auerbach. El proceso judicial continúa abierto, y las partes esperan el pronunciamiento de la instancia superior encargada de revisar el expediente. La situación mantiene la atención sobre los mecanismos legales de protección para funcionarios públicos ante casos de violencia digital y acoso en redes sociales en El Salvador.

Durante el proceso judicial, la defensa de Tetsuya Yamagami argumentó que influencias externas y situaciones personales complicadas, como el impacto de la Iglesia de la Unificación sobre su familia, motivaron sus acciones. No obstante, el tribunal japonés desestimó estas alegaciones y, en la jornada del miércoles, dictó la condena de cadena perpetua por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Según informó la agencia de noticias Kyodo, la fiscalía había solicitado la máxima sentencia posible al considerar que se trató de “un crimen sin precedentes en la historia de posguerra del país”, petición que fue finalmente respaldada por la autoridad judicial competente.

De acuerdo con lo publicado por Kyodo, la resolución judicial responde al ataque perpetrado por Yamagami en julio de 2022, cuando Abe, antiguo jefe del Gobierno japonés, resultó mortalmente herido por disparos durante un acto público en la ciudad de Nara. El caso conmocionó no solo a la sociedad japonesa sino también al ámbito internacional, dada la relevancia de la figura política de Abe y el escaso número de homicidios violentos en Japón en tiempos recientes.

El tribunal consideró que la magnitud de la agresión, junto con la premeditación demostrada, revestían una gravedad excepcional. Durante el juicio, la defensa intentó convencer al panel judicial de que Yamagami estaba profundamente afectado por las consecuencias de la relación de su madre con la Iglesia de la Unificación, organización que, según detalló la defensa y recogió el medio Kyodo, habría provocado dificultades significativas en el entorno familiar del acusado. Según la misma fuente, los abogados señalaron que el vínculo entre Abe y la mencionada iglesia alimentó la decisión de Yamagami de cometer el delito.

La fiscalía, por su parte, enfatizó el carácter inadmisible del acto y subrayó que el asesinato tuvo lugar con plena consciencia de las implicancias, recalcando la inexistencia de justificaciones válidas para la violencia mortal contra la figura de un ex primer ministro. El medio Kyodo consignó que los representantes del Ministerio Público destacaron la importancia de emitir una sentencia ejemplar por su impacto en la seguridad pública y en la preservación de la confianza institucional en el país.

Durante las audiencias, se reconstruyeron los momentos previos al atentado, detallando cómo Yamagami fabricó el arma utilizada para el ataque y el tiempo dedicado a planificar la acción. Tras el atentado, Shinzo Abe fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento pocas horas después. El juicio analizó tanto las pruebas materiales como las declaraciones de testigos presenciales y expertos en salud mental.

La defensa solicitó una pena menor, proponiendo que la condena se limitara a un máximo de 20 años de prisión. Basaron su petición en el historial personal del acusado y en el supuesto daño psicológico derivado de los problemas familiares y la relación con la Iglesia de la Unificación. Sin embargo, el tribunal resolvió que estas circunstancias no justificaban una reducción en la pena dictada.

La cadena perpetua decretada para Tetsuya Yamagami dio cierre a un proceso judicial que mantuvo el interés público desde el primer momento, dada la trascendencia nacional e internacional del caso. Según informes de Kyodo, la sentencia fue bien acogida por los fiscales, quienes subrayaron que el fallo transmite un mensaje firme frente a la violencia política.

En las jornadas posteriores a la sentencia, se registraron expresiones de respaldo a la decisión del tribunal en diversos sectores de la sociedad japonesa, recalcando la necesidad de preservar la integridad de los líderes y figuras públicas. Asimismo, el caso ha reavivado el debate sobre la protección de funcionarios y la influencia de grupos religiosos sobre la vida política y social del país, temas que continúan ocupando espacio en la agenda pública, según el registro del medio Kyodo.

La Autoridad Judicial del Estado de México sentenció a Fernando Martínez Martínez a 62 años de prisión luego de que se demostrara su responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido en agosto del año 2020 en el poblado de San Miguel Ameyalco, municipio de Lerma.

Según informes realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FJGEM), este fallo se alcanzó tras recabar y presentar pruebas contundentes durante el proceso penal.

La Fiscalía destacó que la sentencia es resultado de una investigación que logró acreditar plenamente la participación del sentenciado en los hechos.

Además de los 62 años de prisión, se le impusieron sanciones económicas para reparar el daño.

Detalles del crimen ocurrido en San Miguel Ameyalco, Lerma

Los hechos que derivaron en la sentencia se remontan al 4 de agosto de 2020, cuando Fernando Martínez Martínez y la víctima, quien era su pareja sentimental, se encontraban en su domicilio ubicado en el paraje El Arenal, dentro de la comunidad de San Miguel Ameyalco, en Lerma, Estado de México.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ese día el sentenciado inició una agresión física contra la mujer al interior de la vivienda.

La violencia ejercida fue tal que terminó por privarla de la vida, según los datos aportados por las autoridades.

Tras cometer el crimen, Fernando Martínez Martínez huyó del lugar, lo que motivó el inicio de las indagatorias que permitirían su posterior identificación y aprehensión.

El domicilio donde ocurrieron los hechos quedó registrado como la escena del crimen por parte de la Fiscalía mexiquense.

Proceso de investigación y detención de Fernando Martínez Martínez

Después de identificar a Fernando Martínez Martínez como presunto responsable del feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó a un juez la emisión de una orden de aprehensión.

La petición se fundamentó en los indicios recabados durante la investigación ministerial, los cuales señalaban su implicación directa en el feminicidio.

Una vez que la orden fue autorizada, elementos policiales ejecutaron su cumplimiento, logrando la detención del acusado.

Tras su captura, Fernando Martínez Martínez fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal.

La Fiscalía mexiquense resaltó que la aprehensión fue resultado de un trabajo coordinado entre agentes ministeriales y la autoridad judicial, asegurando así que el imputado respondiera ante la ley por los hechos ocurridos en San Miguel Ameyalco.

Sanciones adicionales impuestas al sentenciado

Además de la pena de 62 años y seis meses de prisión, la Autoridad Judicial impuso a Fernando Martínez Martínez una serie de sanciones de carácter económico y civil. Entre ellas figura una multa de 341 mil 4 pesos, la cual debe cubrir como parte de la condena.

El sentenciado también fue obligado al pago de 1 millón 848 mil 300 pesos por concepto de reparación del daño, cantidad que corresponde a la indemnización para la familia de la víctima. Esta medida busca resarcir, en la medida de lo posible, las consecuencias materiales del delito cometido.

Finalmente, la sentencia incluye la suspensión de los derechos políticos y civiles de Fernando Martínez Martínez durante el tiempo que dure la condena, restringiendo su participación en asuntos públicos y el ejercicio de derechos ciudadanos básicos mientras permanezca privado de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 18 de enero de 2026 que logró obtener una sentencia de 55 años de prisión contra tres personas por su responsabilidad en un caso de secuestro exprés ocurrido en el municipio de Jilotepec.

Las pruebas presentadas permitieron acreditar la participación de los implicados en el delito cometido contra un conductor de transporte, lo que derivó en una de las penas más altas dictadas en la entidad para este tipo de ilícitos.

De acuerdo con la autoridad judicial, los sentenciados fueron identificados con los siguientes nombres:

• Antonio Ramos Xinaxtle
• Jesús Albino Castro Acevedo
• Mónica Alejandra Solis Gómez

Detalles del secuestro exprés al conductor de transporte y el modus operandi

En abril de 2025, un conductor de transporte circulaba por el municipio de Jilotepec, Estado de México, en un tractocamión cargado con costales de cera.

Durante el viaje, detectó una falla mecánica en los frenos, lo que lo llevó a detener la unidad para revisar el desperfecto.

Aprovechando la vulnerabilidad del momento, los ahora sentenciados se acercaron al operador estando armados.

Según los reportes oficiales, lo intimidaron y lo obligaron, bajo amenazas, a subir al camarote del tractocamión.

Este acto de privación de la libertad se realizó de forma rápida y violenta, rasgo característico del secuestro exprés, cuyo objetivo principal es la obtención inmediata de un beneficio, generalmente económico o logístico.

Una vez que controlaron a la víctima, los secuestradores entregaron el tractocamión a una cuarta persona.

Tras la entrega del vehículo, los responsables despojaron al conductor de todas sus pertenencias, reforzando la naturaleza del delito como un acto de aprovechamiento inmediato.

Posteriormente, la víctima fue obligada a abordar otro automóvil, marcando así una segunda etapa del delito.

Los secuestradores intentaban trasladar al conductor a otro punto, posiblemente para dificultar su localización inmediata por parte de las autoridades o para asegurar su huida del lugar.

Detención de los responsables y proceso judicial

Después de obligar al conductor a abordar un segundo vehículo, los secuestradores avanzaron solo unos metros antes de que elementos de la policía municipal de Jilotepec interceptaran el automóvil, logrando asegurar a los tres implicados en el acto.

De inmediato, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Durante el proceso legal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó pruebas que resultaron determinantes para acreditar su participación en el delito.

Finalmente, tras la valoración de las evidencias, la autoridad judicial dictó la sentencia de 55 años de prisión para Antonio Ramos Xinaxtle, Jesús Albino Castro Acevedo y Mónica Alejandra Solis Gómez.

Datos relevantes de la noticia

• Sentencia de 55 años de prisión dictada por la autoridad judicial
• Tres personas condenadas: Antonio Ramos Xinaxtle, Jesús Albino Castro Acevedo y Mónica Alejandra Solis Gómez
• El delito fue un secuestro exprés cometido en el municipio de Jilotepec
• La víctima fue un conductor de transporte que manejaba un tractocamión con costales de cera
• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó las pruebas determinantes para la condena

De acuerdo con la información publicada, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo resolvió absolver a un joven que enfrentaba acusaciones de agresión sexual contra dos menores en su domicilio particular. El proceso abordó hechos acontecidos el 8 de junio de 2021, cuando el acusado, que entonces tenía 18 años, se reunió en su vivienda de la ciudad con dos menores de 15 y 17 años. El tribunal recogió como hechos probados que en un momento los tres fueron a la habitación del joven, donde él les propuso mantener relaciones sexuales en grupo, propuesta que ambas menores rechazaron.

Según consignó el medio, los tres se acostaron juntos y el joven realizó tocamientos a ambas, luego mantuvo relaciones sexuales con una de ellas y solicitó a la otra que saliera de la habitación. La denuncia partió cuando una de las menores comunicó a una educadora que había tenido una relación sexual con el procesado sin su consentimiento. Posteriormente, la menor fue examinada en un hospital donde se verificó la existencia de un hematoma en el cuello, descrito como un “chupón”, y una lesión en la vulva, aunque el himen permanecía intacto.

El tribunal, según informó la fuente, consideró que los hechos respecto a los diversos tocamientos a una de las menores, por encima de la ropa y en el pecho, no constituyeron delito. En cuanto al testimonio de la menor que denunció la relación sexual no consentida, la Sala valoró que no puede afirmarse que su relato resulte falso, pero estimó que su versión carece de apoyos periféricos necesarios para fundamentar una condena. El fallo señala, según detalló la fuente, que “a falta de corroboraciones periféricas la versión resulta insuficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio”.

El tribunal subrayó en su sentencia que “la condena presupone la certeza de la culpabilidad, la absolución no presupone la certeza de la inocencia”. La Sala enfatizó que el ordenamiento penal exige probar la culpa de manera concluyente para dictar una condena, responsabilidad que no alcanzó el grado exigido en este caso. Igualmente, recogió el tribunal que las lesiones localizadas en la denunciante, aunque puedan ser valoradas de modo diferente, cabe comprenderlas “dentro de una relación consentida”.

En el fallo, de acuerdo con lo informado, también se aprecian “inconsistencias” en la narración de los hechos por parte de la denunciante. Tales contradicciones, argumentó el tribunal, deben favorecer al acusado bajo el principio de presunción de inocencia y la exigencia de que cualquier condena penal esté sustentada en pruebas suficientes e inequívocas.

La resolución del caso ha puesto de manifiesto, según relató el medio, los límites procesales que enfrenta la justicia cuando las pruebas no permiten disipar todas las dudas razonables respecto a lo ocurrido. La decisión se fundamentó en la ausencia de elementos suficientes que permitan descartar otras interpretaciones posibles de los hechos o probar la culpabilidad más allá de lo exigido por la ley penal.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que un Tribunal dictó una sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala y dos hombres más por su responsabilidad en el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.

En el comunicado se confirmó el papel que tuvo Zavala y los otros dos hombres, identificados como Silvestre “N” y Jair “N”.

La resolución se alcanzó tras la audiencia de Individualización de Sanciones, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) logró acreditar la responsabilidad penal de los tres sentenciados mediante la presentación de pruebas consideradas suficientes por el Tribunal.

Javier López Zavala ocupó cargos como Secretario de Gobernación de Puebla, Director general del DIF estatal y Secretario Técnico en la Secretaría de Gobernación de Puebla, además de haber desempeñado diversos puestos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ser diputado local en la LV Legislatura del Congreso de Puebla.

Sentencia contra los asesinos de Cecilia Monzón

Durante el juicio, la FGE presentó una investigación que incluyó la exposición de pruebas documentales y periciales.

El Tribunal determinó que Javier López Zavala actuó como autor intelectual del delito, mientras que Silvestre “N” y Jair “N” participaron como autores materiales.

Además de la pena de prisión, los tres sentenciados deberán cubrir una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), el pago de la reparación del daño moral por tres mil UMAs y mil doscientas UMAs por concepto de indemnización.

En la audiencia, el Ministerio Público y las partes involucradas expusieron sus alegatos finales, basándose en las pruebas admitidas y desahogadas previamente durante el proceso oral.

El Tribunal consideró todos los elementos aportados antes de emitir la condena que representa la máxima penalidad prevista para este tipo de delitos.

Contexto del caso de Cecilia Monzón

El feminicidio de Cecilia Monzón ocurrió el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla. La abogada y activista fue asesinada por dos sicarios que, a bordo de una motocicleta, dispararon contra ella mientras conducía su camioneta.

La investigación judicial determinó que Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Puebla y figura política del PRI, planeó el crimen como represalia por las demandas legales que enfrentaba, relacionadas con pensión alimenticia y derechos parentales sobre su hijo menor, cuya madre era Monzón.

Junto a López Zavala, el tribunal halló culpables a su sobrino Jair N. y a Silvestre N., identificados como autores materiales del asesinato.

El proceso judicial estuvo marcado por tácticas dilatorias, numerosos aplazamientos y fuerte presión social para obtener justicia.

El caso tuvo un impacto legislativo importante con la creación de la llamada “Ley Monzón”. Esta reforma, primero aprobada en Puebla y luego replicada en otros estados, establece la pérdida automática de la patria potestad para padres condenados por feminicidio en contra de la madre de sus hijos.

La ley busca garantizar que los hijos de víctimas de feminicidio no queden bajo el cuidado del agresor. Actualmente, la Ley Monzón está vigente en entidades como Puebla, Sinaloa, Colima y la Ciudad de México, consolidándose como un referente nacional para la protección de menores en casos de violencia extrema.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha insistido en que, tras establecerse judicialmente que la denunciante proporcionó información falsa sobre los hechos objeto de juicio, queda sin sustento toda la estructura condenatoria que llevó a la sentencia contra el acusado. Según informó Europa Press, la decisión del alto tribunal ocurre después de que la mujer reconociera ante el juez haber mentido en su denuncia y haberse autoinfligido las lesiones que, en su momento, sirvieron de base probatoria contra el acusado. A partir de este reconocimiento, el Supremo ha dictado la absolución del hombre que había sido condenado en 2016 por delitos de violencia de género.

La sentencia, publicada por Europa Press, recoge que el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el condenado el pasado mes de enero. La clave de la revisión estuvo en el hecho de que la condena previa “se basó, de manera esencial, en el testimonio” de la denunciante, testimonio que una sentencia firme de 2024 emitida por un juzgado de Jerez de la Frontera ha declarado como falso. Esta sentencia no solo reconoció la falsedad, sino que también condenó a la mujer como autora de un delito de falso testimonio, según detalla el Supremo.

El alto tribunal afirmó que la documentación incorporada al recurso demostraba que la condena previa descansaba de manera primordial en la declaración de la mujer. El resto de pruebas —incluyendo la negativa del acusado y los informes médicos que certificaban las lesiones de la denunciante— solo resultaban válidas en la medida en que podían ser corroboradas por su testimonio. El valor acreditativo de estas pruebas dependía, entonces, exclusivamente de la veracidad de la información suministrada por la denunciante, algo que la justicia finalmente descartó.

El medio Europa Press expuso que la firmeza de la sentencia de falso testimonio transformó el panorama probatorio y llevó al Tribunal Supremo a concluir que la acusación perdía validez legal. Con este fundamento, el Supremo estimó el recurso de revisión y anuló la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal de Jerez de la Frontera.

En su sentencia, el Supremo también hizo alusión a la postura de la Fiscalía en este caso. El Ministerio Público había presentado un informe abogando por el rechazo del recurso solicitado por el acusado, una petición que el alto tribunal no compartió. Según lo consignado por Europa Press, la Sala de lo Penal enfatizó en las obligaciones reforzadas de jueces y fiscales para prevenir manipulaciones y riesgos asociados a posibles falsedades en contextos de violencia doméstica y de género.

Los magistrados destacaron, como recoge Europa Press, la importancia de que las investigaciones judiciales en situaciones de violencia de género cuenten con un estándar riguroso y suficiente en la fase preliminar. El objetivo consiste en asegurar que la construcción de la acusación se sustente en un conjunto de pruebas lo bastante sólido, y no únicamente en el testimonio de la presunta víctima. Así lo remarcó el alto tribunal al recordar el deber de jueces y fiscales de efectuar investigaciones eficaces antes de proceder a formulaciones penales basadas en una única fuente primaria.

En consecuencia, la resolución adoptada por el Tribunal Supremo representa no solo la anulación de la condena del acusado, sino una advertencia sobre la necesidad de evitar condenas sustancialmente fundamentadas en pruebas cuestionadas o insuficientes. El caso se erige, según Europa Press, en un motivo para que los operadores jurídicos refuercen la atención en las fases previas de instrucción penal.

La decisión, enmarcada en la interpretación exigente de los principios de carga de la prueba y fiabilidad de los testimonios, concluye con la absolución del hombre condenado por violencia de género y la invalidación de la sentencia dictada en Jerez de la Frontera, tras constatarse que el relato clave para incriminarlo resultó ser falso.

De acuerdo con la información recogida por la Audiencia Provincial, la sentencia le atribuye dos delitos de agresión sexual, dos de lesiones vinculadas a la violencia de género y uno de coacciones leves, todos cometidos en un contexto de convivencia sentimental con la víctima. Mientras tanto, el tribunal absolvió al acusado del cargo de maltrato habitual —también contemplado durante el proceso— al no considerarlo suficientemente acreditado, según consignó la resolución. Los hechos ocurrieron mientras la pareja mantenía una relación sentimental que, según el tribunal, se prolongó aproximadamente durante un año y estuvo marcada por episodios de violencia física y sexual.

En uno de los sucesos que describe la sentencia, el hombre propinó varias patadas y puñetazos a la mujer, obligándola a mantener relaciones sexuales desde “una posición dominante como varón”, frase textual extraída del fallo. En otro episodio documentado en la resolución, tras un nuevo episodio de agresión física, el acusado la expulsó del domicilio que compartían y le impidió volver a entrar, dejándola fuera con apenas una prenda de vestir. Como relata el texto judicial citado por la Audiencia Provincial, la víctima se vio obligada a solicitar ayuda a una vecina para poder comunicarse con los servicios de emergencia, circunstancia constatada por varios testigos.

El medio informa que la fundamentación clave de la sentencia gira principalmente en torno al testimonio de la mujer, que el tribunal califica de “coherente y persistente”, interpretando que no existen contradicciones relevantes en su relato y que se corresponde con el contexto y la cronología de los hechos declarados. Las declaraciones de agentes policiales y de otros testigos, incluido el auxilio prestado por la vecina, sirvieron para reforzar la credibilidad del testimonio principal y para aportar elementos objetivos sobre el estado tanto físico como emocional de la víctima tras los incidentes violentos, detalló la Audiencia Provincial.

El tribunal, siguiendo los procedimientos habituales en causas de violencia de género, analizó también la prueba aportada en el proceso respecto a la acusación de maltrato habitual, resolviendo finalmente en favor de la absolución en ese punto. Según resaltó el fallo, pese a que existieron episodios de violencia graves múltiples, no se consideró acreditada la existencia de una dinámica continuada y sistemática de maltrato más allá de los episodios concretos por los que se formula condena.

La sentencia emitida por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra no agota la vía judicial posible, ya que, según recuerda el propio fallo, el acusado puede recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), manteniéndose la resolución como no firme y abierta a revisión. El proceso, según relató la fuente judicial, se caracterizó por la relevancia dada a los relatos presenciales y a la valoración de las pruebas testimoniales y periciales, además de la documentación médica que corroboró las lesiones sufridas por la mujer.

La condena acordada, informó la Audiencia Provincial, es resultado directo de la suma de las penas correspondientes a cada uno de los delitos imputados, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección y tutela frente a la violencia sobre la mujer. El tribunal, al individualizar la pena, tuvo en cuenta tanto la gravedad de los hechos probados como las circunstancias personales y antecedentes del acusado.

En definitiva, según reportó la Audiencia Provincial de Pontevedra, este caso se suma a los procesos judiciales que examinan la violencia en el ámbito de las relaciones sentimentales, enfatizando el valor probatorio del testimonio de la víctima cuando es corroborado por datos objetivos y declaraciones coincidentes de terceros, circunstancia que resultó determinante para la condena principal.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión contra una ex empleada bancaria de BBVA por el delito de disposición indebida de recursos de clientes de instituciones de crédito, en hechos ocurridos en el estado de Nuevo León.

La resolución fue dictada por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, tras acreditarse plenamente la responsabilidad penal de la acusada.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada de Control Regional, la sentenciada fue identificada como Miriam “T”, quien se desempeñó como cajera en una sucursal bancaria ubicada en el municipio de Monterrey. La ahora sentenciada aprovechó su cargo y el acceso a los sistemas de la institución para realizar movimientos irregulares en perjuicio de diversos cuentahabientes.

El caso se originó a partir de las reclamaciones presentadas por dos clientes de la institución financiera, quienes detectaron disposiciones de efectivo que no reconocieron en sus estados de cuenta. Ante esta situación, la institución bancaria inició una revisión interna y posteriormente presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades federales.

Víctimas denunciaron faltantes en sus cuentas

Las investigaciones realizadas por la FGR permitieron establecer que Miriam “T” ejecutó las operaciones indebidas de manera directa, sin autorización de los titulares de las cuentas afectadas.

La indagatoria incluyó el análisis de registros bancarios, movimientos financieros y testimonios que confirmaron la participación de la ex empleada en los hechos denunciados.

Durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba suficientes para demostrar la culpabilidad de la acusada. Tras valorar las evidencias, el juez determinó emitir una sentencia condenatoria en su contra, al considerar plenamente acreditado el delito de disposición indebida de recursos.

Deberá resarcir el daño

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso diversas sanciones económicas. La sentenciada fue condenada al pago de una multa equivalente a mil días multa, lo que representó un monto de 89 mil 620 pesos.

Asimismo, se le ordenó cubrir la reparación del daño por un total de 250 mil pesos a favor de la institución bancaria afectada.

La FGR destacó que esta sentencia representó un avance en el combate a los delitos financieros y reafirmó su compromiso de perseguir conductas que vulneraron la confianza de los usuarios del sistema bancario. La dependencia reiteró que continuará con acciones firmes para sancionar a quienes incurrieron en prácticas ilícitas dentro de las instituciones de crédito.

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La Audiencia Provincial de Granada retira la obligatoriedad a un padre de abonar pensión alimentaria a sus dos hijas adultas. La extinción se resuelve tras la modificación de las medidas que se habían establecido tras el divorcio de los progenitores. La decisión, adoptada por la Sección Quinta, revoca la sentencia de primera instancia y marca un precedente sobre la vigencia de la obligación alimentaria en casos de ruptura total del vínculo afectivo entre padres e hijos mayores de edad.

El caso se originó a partir de la demanda presentada por el padre, quien solicitó la revisión de las medidas fijadas en la sentencia de divorcio de 2013, alegando que sus hijas, hoy de 32 y 30 años, mantenían una ausencia absoluta de relación con él desde hacía más de una década. El padre argumentó que la negativa de las hijas a mantener cualquier tipo de contacto, sumada a su independencia económica, justificaba el cese de la pensión, ya que su mantenimiento supondría “un enriquecimiento injusto a costa del padre, al que han alejado de sus vidas”, según se lee en el documento.

La sentencia de primera instancia, dictada en febrero de 2024, había extinguido únicamente la pensión de alimentos de la primogénita, desestimando el resto de las pretensiones del padre. Disconforme, el progenitor apeló, señalando que la resolución era incongruente por no pronunciarse sobre la falta de vínculo afectivo y por no valorar adecuadamente la prueba sobre la situación económica y personal de las hijas. Por su parte, la madre se opuso a la apelación e impugnó la sentencia, defendiendo la necesidad de mantener la pensión para ambas hijas y atribuyendo la mala relación al comportamiento del padre durante la convivencia familiar.

Dos hijas en la treintena se quedan sin pensión alimentaria

Durante el proceso, se acreditó que la primogénita había trabajado en distintas empresas, colaboraba con marcas comerciales y, en el momento del juicio, tenía un empleo estable con un salario mensual de 700 euros. Además, figuraba de alta laboral desde enero de 2023 en una nueva empresa. La Sala consideró que estos datos demostraban su independencia económica, por lo que no resultaba acreedora de la pensión de alimentos.

En cuanto a la hija menor, se constató que, aunque no tenía actividad laboral y preparaba oposiciones desde 2017, el tiempo transcurrido y la falta de relación con el padre justificaban también la extinción de la prestación. Uno de los puntos centrales del fallo fue la valoración de la ruptura afectiva entre las hijas y el progenitor. Ambas reconocieron en la vista oral que no mantenían contacto con su padre desde hacía años.

La Sala subrayó que “las dos han mantenido una conducta reiterada de desapego y falta de afecto contra su padre, hasta el punto de que han omitido todo contacto con él, limitándose a continuar exigiendo el pago de los alimentos”. Para fundamentar su decisión, el tribunal citó doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la obligación de prestar alimentos a hijos mayores de edad se basa en el principio de solidaridad familiar, pero que esta puede cesar cuando la necesidad proviene de “mala conducta o de falta de aplicación al trabajo”, según el artículo 152.5 del Código Civil.

Los bienes no declarados del padre, sin contabilizar en la resolución

En palabras del tribunal, “la sentencia de instancia no ha valorado una de las pretensiones del actor, en el sentido del desafecto que las hijas mantenían con él”. Por este motivo, “carecían de cualquier contacto, lo que justificaba la extinción de la pensión de alimentos”.

En cuanto a la situación económica del padre, la Sala analizó los ingresos declarados y las pruebas aportadas por ambas partes. Si bien la madre sostuvo que su marido tenía ingresos adicionales no declarados y propiedades arrendadas, el tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar una capacidad económica superior a la reconocida oficialmente. En el ejercicio fiscal de 2022, el padre había percibido 21.346,82 euros y mantenía saldos bancarios modestos.

La sentencia, que no admite recurso ordinario, impuso las costas de la primera instancia y de la impugnación a la demandada y ordenó la devolución del depósito constituido por el apelante. El tribunal dejó constancia de que “la pensión de alimentos de las dos hijas ha de considerarse extinguida por el desafecto continuado que mantienen con su progenitor, que impide que sigan siendo acreedoras de las prestaciones que abonaba el recurrente”.

Marcelo “N” fue sentenciado a más de 30 años de prisión luego de ser declarado culpable de violación agravada y robo en dos hechos distintos, en los cuales se detectó que tenía como modus operandi el hacerse pasar como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ahora condenado utilizaba indumentaria y elementos oficiales para ingresar a los domicilios de sus víctimas con el pretexto de realizar revisiones de medidores o instalaciones eléctricas, cometiendo posteriormente agresiones sexuales y despojando a las mujeres de sus pertenencias y dinero.

Las autoridades indicaron que las dos sentencias emitidas en su contra suman un total de 37 años, 10 meses y 15 días de prisión.

Dos hechos lo condenaron a más de 30 años de prisión

El primer caso en el que fue implicado ocurrió el 21 de septiembre de 2016, en el que la autoridad judicial estableció una pena de 11 años y 6 meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima.

En el segundo fallo, relacionado con hechos del 14 de noviembre de 2022, el tribunal le impuso 26 años, 4 meses y 15 días de cárcel, una multa, la reparación del daño moral y material, así como el pago de los gastos médicos de la persona afectada.

La detención de Marcelo “N” fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en diciembre de 2022.

El sujeto enfrenta 6 procesos penales más por hechos similares, en los cuales el agente del Ministerio Público sostiene acusaciones bajo el mismo patrón delictivo en el que se disfrazaba como trabajador de la CFE para agredir mujeres.

Al ingresar a los domicilios con el argumento de realizar revisiones de medidores o instalaciones, el sujeto violentaba sexualmente a las mujeres y las despojaba de pertenencias y dinero en efectivo

Desde la Fiscalía capitalina se subrayó que estos resultados judiciales reflejan la solidez de las pesquisas realizadas, así como la coordinación entre áreas especializadas, destacando que estas acciones buscan asegurar justicia a mujeres víctimas de violencia sexual.

Procesan a presunto implicado en el asesinato del regidor de Reynosa, Brayan Vicente

Este hecho se suma a la reciente vinculación a proceso en contra de Yael “N” por su presunta participación en el asesinato de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, ocurrido en un departamento de la colonia Tabacalera de Ciudad de México.

El mandato se ejecutó por los delitos de narcomenudeo y cohecho, luego de que fue detenido el 8 de diciembre de 2025 en la colonia San Pedro Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde le aseguraron más de un kilo de probable droga.

Yael “N” también se encuentra relacionado con el asesinato del regidor de Tamaulipas, quien fue localizado sin vida por personal de limpieza.

La autoridad judicial también ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante el plazo de 3 meses que se fijó para el cierre de la investigación complementaria.

Durante el proceso judicial seguido por el asesinato ocurrido en Carabanchel, los especialistas que participaron en la valoración técnica del caso descartaron la versión de la defensa que aludía a arrebatos emocionales o a una posible legítima defensa, inclinándose por la existencia de premeditación. Esta conclusión técnica fue determinante en la configuración tanto de la condena impuesta de diecisiete años de prisión como de un régimen de restricciones particulares para el condenado, que afectan de manera directa a su relación con los familiares directos de Lisardo G. Tal como consignó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó esta pena y estableció la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto entre el penado y las personas allegadas a la víctima.

De acuerdo con Europa Press, la protección para familiares y allegados de Lisardo G. no depende únicamente del tiempo de reclusión del condenado. El sistema diseñado contempla una vigilancia flexible y adaptativa, en la que diferentes organismos judiciales, cuerpos policiales, expertos forenses y servicios sociales colaboran para garantizar la seguridad frente a amenazas que puedan surgir debido a la evolución del contexto judicial o social. Estas medidas se revisan periódicamente para ajustar los niveles de protección en función de la conducta del reo, los cambios procesales o la aparición de cualquier factor relevante que incida sobre el riesgo potencial existente.

El modelo de protección relatado por Europa Press incluye la posibilidad de modificar las condiciones de resguardo si se detectan variaciones en los indicadores de amenaza o si se produce alguna novedad dentro del proceso judicial, como podría ser una progresión en el régimen penitenciario o una excarcelación anticipada. Cuando esto sucede, los mecanismos de control y observación se intensifican para reducir al máximo el peligro de un nuevo incidente, y pueden sumarse tecnologías de vigilancia o refuerzos físicos de protección si las circunstancias así lo justifican y los recursos lo permiten.

Desde Europa Press se detalló que, en la instrucción del caso, la coordinación entre jueces, policías y forenses permitió tanto la detención como la identificación del autor del crimen, además de la elaboración de estrategias de protección personalizadas, adaptadas al entorno de quienes se consideran bajo amenaza. Para la investigación fueron fundamentales registros audiovisuales recogidos de cámaras cercanas al escenario del crimen y de la autopista M-30, complementados con declaraciones de testigos, exámenes balísticos y valoraciones psicológicas disponibles en los informes periciales.

Esta estructura multidisciplinar permite que la respuesta institucional sea inmediata y flexible ante cualquier riesgo nuevo detectado, implicando una gestión continua de la información y la formulación de recomendaciones al órgano judicial competente. Europa Press indicó que la recopilación de datos actualizados sobre la situación del condenado y el contexto externo facilita la modificación en tiempo real de las medidas, garantizando que las condiciones de protección evolucionan al ritmo de las circunstancias procesales y sociales.

El modelo, tal como describió Europa Press, integra tribunales, fuerzas de seguridad y entidades sociales en una única plataforma operativa, capaz de responder ante eventuales modificaciones en la peligrosidad del contexto, afianzando la seguridad para los protegidos durante todo el periodo en que los análisis técnicos reconozcan la existencia de una amenaza significativa.

La finalidad principal de este sistema es evitar que el nivel de protección disminuya por el paso del tiempo o por cambios judiciales que puedan afectar el entorno del condenado. Las estrategias planteadas incluyen tanto dispositivos físicos y tecnológicos como intervenciones preventivas respaldadas por la cooperación estrecha de los equipos involucrados. Europa Press recalcó que el seguimiento sobre los factores de riesgo y la actualización de las medidas preventivas se mantiene activo desde la emisión de la sentencia, garantizando una cobertura judicial continua.

En cuanto a la adaptación de las condiciones del régimen de restricción, Europa Press aclaró que cada vez que los informes expertos indican un cambio en el escenario de riesgo, las autoridades revisan y modifican las restricciones aplicables. El grado de protección, así, permanece ajustado a la realidad concreta y puede endurecerse o relajarse según lo que determinen los análisis técnicos y las resoluciones judiciales.

Este enfoque de vigilancia constante y flexible no solo contribuye a la seguridad de los allegados de Lisardo G., sino que busca prevenir situaciones similares en un futuro, a través de la combinación de prevención, intervención coordinada y modificación dinámica de los dispositivos de protección. Según publicó Europa Press, la organización del operativo de resguardo permite que las personas bajo protección mantengan garantías suficientes frente a eventuales amenazas, mientras los equipos implicados continúan con la supervisión y el ajuste de las medidas conforme avance la situación legal y social.

Una sentencia de casi 100 años de cárcel fue dictada contra Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N” por su responsabilidad en el homicidio de un bebé de 23 días de nacido y Gustavo Elit “N” en la ciudad de Hermosillo, presuntamente realizado en 2023.

Además de la condena, autoridades judiciales también les asignó una multa de más de 90 mil pesos y el pago de más de 100 mil pesos para la reparación del daño moral a los familiares de las víctimas.

La sentencia fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), mediante sus canales oficiales.

A pesar de los informes de la FGJES, una nota periodística realizada en 2021, por el medio Info Cajeme detalla el mismo caso y señala fechas diferentes a las publicadas por las autoridades de Sonora este 9 de diciembre.

Sentencia tras juicio oral en Sonora

La FGJES publicó este 9 de diciembre de 2025, la sentencia contra Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N”, detallando que se emitió tras un juicio oral que se prolongó desde el 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2025.

Según reportes, durante el proceso, el Tribunal examinó pruebas presentadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), declaraciones de testigos y peritajes que llevaron a la conclusión sobre la participación activa de ambos acusados en los hechos.

Tras el juicio, se designó que Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N” deberán pagar una condena de 98 años, 1 mes y 15 días de prisión.

Además, las autoridades señalaron que los sentenciados tendrán que saldar una multa económica y la reparación del daño para los familiares del bebé y el hombre asesinados.

“En la misma resolución, el Tribunal impuso una multa total de 93 mil 48.48 pesos y ordenó el pago de 101 mil 475.84 pesos por concepto de reparación del daño moral en favor de las personas ofendidas, familiares de ambas víctimas”, detalló la FGJES en su informe.

Los hechos: ataque armado en Hermosillo

Según lo informado por la FGJES, los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2023 poco antes de las 22:00 horas, cuando los sentenciados y otros individuos llegaron armados a una carreta de alimentos en la colonia El Ranchito de Hermosillo.

De acuerdo con lo señalado, los sentenciados, quienes portaban armas de fuego, amenazaron a los presentes y atacaron a Gustavo Elit “N”, quien intentó huir tras los disparos pero fue perseguido y asesinado por Martín Ernesto “N” y Javier Emilio “N”.

Sobre el asesinato del bebé, las autoridades informaron que sucedió de la siguiente forma: “En su retirada, los agresores realizaron nuevos disparos hacia el exterior, impactando el vehículo donde una familia resguardaba a su bebé de 23 días, quien resultó lesionado y falleció horas después mientras recibía atención médica”.

Información de medios locales sobre el caso

Según una nota publicada el domingo 14 de diciembre de 2021 por el medio Info Cajeme "Martín Ernesto “N”, alias “El Wity”, y Javier Emilio “N”, apodado como “El Topo”, recibieron las penas dentro de la causa penal 861/2020: 70 años por el delito de homicidio infantil y 25 más por homicidio calificado para un global de casi 100 años de prisión".

Los hechos, según el medio local, ocurrieron el 23 de febrero de 2020 en una carreta de suchi ubicada en la colonia El Ranchito, de Hermosillo, Sonora; mientras que la FGJES señala que habría sucedido el 23 de febrero de 2023.

La nota detalla que se trataría de padre e hijo los asesinados.

Además, el medio local detalló que Gustavo Elit “N”, el hombre asesinado, habría tenido 23 años de edad cuando ocurrió el ataque que lo privo de la vida a él y a su hijo de 23 días de nacido.

El abogado de Ismael Zambada García, señalado como líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó al Tribunal del Distrito Este de Nueva York una ampliación de plazo para la entrega del memorando de sentencia.

Según consta en una carta formal firmada por Frank A. Pérez el 9 de diciembre de 2025, la solicitud de retrasar 90 días la sentencia del 12 de enero es debido a que existe una “mayor violencia e inestabilidad” en México.

Además, otra de sus razones es porque ha tenido dificultades para contactar a “testigos y familiares” necesarios para preparar los documentos judiciales.

La carta de Frank Pérez, abogado de El Mayo

Agregó que “es necesario el tiempo adicional para preparar y presentar el memorando de sentencia" en nombre de su cliente, Ismael Zambada García.

Asimismo, argumentó que “a pesar de los esfuerzos diligentes, circunstancias recientes", fuera de su control, “han obstaculizado significativamente” su "capacidad de recopilar la información mitigante necesaria”.

Por otro lado, Frank Pérez señaló que “una parte sustancial de la evidencia mitigante debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente experimentan mayor violencia e inestabilidad”.

Tal motivo, según el abogado, es la razón por la que “obtener otra información de antecedentes esencial de los testigos y familiares" sea complicado, así como el hecho de que “los retrasos en los viajes y las comunicaciones han sido inevitables”.

Además, señaló que “varias personas han podido confirmar recientemente su disponibilidad para ayudar” pero derivado de sus desafíos actuales, considera que “se necesitan 90 días adicionales para ejercer la debida diligencia y brindar una representación efectiva.

Agregó que previamente consultó con Francisco J. Navarro, el Fiscal Federal Auxiliar asignado a ese caso y aseguró que “no se opone a la presentación y concesión de esta moción”.

Para finalizar la carta, Frank Pérez agradeció la consideración de la jueza y dijo estar “a su disposición si el Tribunal requiere más información”.

Esto ocurre luego de que se adelantara unas horas la audiencia, pues el juez Brian M. Cogan la adelantó para el 12 de enero de 2026, cuando originalmente estaba prevista para el día 13 del mismo mes.

La notificación fue dada el pasado lunes 1 de diciembre. Sin embargo, anteriormente, en el mes de junio de 2025 también se solicitó una prórroga de 60 días para el Mayo.

Esta solicitud fue emitida por parte de la defensa y la parte acusadora bajo el discurso de que habían intercambiado materiales descubiertos; además aseguraron que habían discutido la posibilidad de una resolución antes del juicio.

Un jurado federal en Houston declaró culpable a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, empresario de origen mexicano, por su participación en un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP), lo que le permitió obtener beneficios ilícitos por al menos USD 2,5 millones.

El fallo, difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, subraya la gravedad de la corrupción transnacional y anticipa una posible condena de hasta quince años de prisión para el acusado.

En la etapa final del proceso, el jurado determinó que Rovirosa, de cuarenta y seis años y residente permanente legal en The Woodlands, Texas, fue responsable de un cargo de conspiración y dos cargos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). El empresario resultó absuelto de un cuarto cargo relacionado con la misma ley.

Cómplice prófugo

Su cómplice, Mario Alberto Ávila Lizarraga, de sesenta y un años y también ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos, permanece prófugo.

La investigación judicial reveló que, entre 2019 y 2021, Rovirosa y sus colaboradores entregaron más de USD 150.000 en sobornos, así como artículos de lujo y otros bienes de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP.

El objetivo era asegurar la retención de contratos, agilizar pagos y obtener ventajas indebidas para empresas vinculadas al empresario. Según el fallo, estas acciones permitieron a las compañías asociadas con Rovirosa acceder y mantener negocios por un valor mínimo de USD 2,5 millones.

El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, enfatizó la postura de las autoridades estadounidenses: “El soborno a funcionarios para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. No toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”.

Por su parte, Douglas Williams, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Houston, destacó el alcance de la condena: “Alexandro Rovirosa violó las leyes estadounidenses mediante una red de corrupción y engaño. Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros. Sin embargo, su plan no sólo le costó un lujoso estilo de vida en Texas, sino también su libertad”.

El agente especial a cargo Jeffrey D. Pittano, de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, Región del Atlántico Medio, subrayó la importancia del veredicto: “La condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él”.

Ismael “H” y Juan “R” fueron sentenciados luego de ser detenidos cuando transportaban veinte migrantes guatemaltecos a bordo de un tráiler en el estado de Chihuahua.

Ambos sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN) en un operativo realizado en enero de 2023, luego de que los agentes escucharan gritos de auxilio provenientes de la caja seca de un camión de carga y decidieran inspeccionar el vehículo.

Durante la revisión, las autoridades rescataron a las personas extranjeras y decomisaron una suma de dinero en efectivo, mientras que los dos hombres quedaron bajo custodia y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal de la entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ejercitó acción penal con base en delitos de cohecho y transporte agravado de extranjeros, sancionados en la Ley de Migración.

Tras presentar las pruebas correspondientes, el Ministerio Público Federal logró que el Juez de Control dictara sentencia condenatoria este miércoles 3 de diciembre para ambos hombres.

Fue así que Juan “R” recibió 18 años de prisión y una multa de 971 mil 822 pesos, mientras que Ismael “H” fue condenado a 16 años de cárcel y una multa de 962 mil 200 pesos.

Sentencian a tres hombres por tráfico de 16 migrantes en Chiapas

Esta sentencia se suma a la realizada el pasado 20 de noviembre por la Fiscalía General de la República en Chiapas en contra de tres hombres por tráfico de personas.

De acuerdo con los datos, los 16 migrantes eran originarios de Guatemala, Nicaragua y Honduras.

La FGR logró que un tribunal dictara sentencia contra Óscar “E”, Gerardo “O” y Genaro “P”, quienes deberán cumplir 5 años y 4 meses de prisión, así como el pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos y la reparación del daño a las víctimas.

La investigación se inició en noviembre de 2023 tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de tres vehículos con extranjeros en la localidad de Arriaga, Chiapas.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a los acusados, quienes estaban a cargo del traslado de las víctimas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), a través de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los detenidos, por lo que se les dictó sentencia dos años después.

La resolución judicial, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, representa un avance en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y en la lucha contra las redes de tráfico de personas en la región.

El caso de María Teresa Suárez, una exfiscal reconocida por su labor en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, dio un giro inesperado tras la emisión de una sentencia condenatoria en su contra por prevaricato.

La funcionaria, que durante más de veinte años formó parte de la Fiscalía General de la Nación y llegó a recibir el prestigioso premio Enrique Low Murtra, se encuentra actualmente prófuga de la justicia, según informaron fuentes del proceso.

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La investigación judicial reveló que Suárez, que ocupó cargos de alta responsabilidad en la dirección contra el narcotráfico, utilizó su posición para favorecer a miembros de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la exfiscal intervino en procesos relacionados con el camuflaje de drogas en furgones y camionetas, adoptando decisiones que beneficiaron directamente a los procesados.

La gravedad de sus actuaciones fue tal que varios jueces alertaron sobre las irregularidades detectadas en los procedimientos.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalló que Suárez no solo omitió fundamentos jurídicos sólidos para justificar la participación de los procesados en los hechos investigados, sino que actuó de manera dolosa para favorecerlos.

El documento señala que “la Fiscalía no ofreció ningún sustento jurídico para explicar el grado de participación de cada uno de los procesados en las conductas puntuales aquí investigadas y únicamente se limitó a indicar que dicha adecuación típica fue producto de un concienzudo análisis de los elementos materiales probatorios”.

El fallo emitido el miércoles 19 de noviembre por un magistrado del Tribunal de Bogotá concluyó que Suárez era penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acción agravada y continuada.

La sentencia subraya que la exfuncionaria ejerció sus funciones de manera irregular y a cambio de beneficios económicos. La acusación advierte.

“En los hechos presentados es evidente que pretendieron conocer las posturas judiciales y los principios constitucionales que consultar, obviamente doloso, pretendió favorecer a los procesados en el acto de imputación, pues es claro que con base en que los medios de conocimiento advirtieron la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes”, dice en la sentencia.

Tras conocerse la primera condena y luego de haberse pensionado, Suárez optó por huir de la justicia. Diversas versiones apuntan a que se encontraría fuera del país, específicamente en Estados Unidos. Ante esta situación, la Fiscalía anunció que solicitará órdenes de captura internacional con el objetivo de lograr su detención y que responda en Colombia por los delitos que se le imputan.

Corte Suprema impone pena a exmagistrado por cancelar orden de captura

La Corte Suprema de Justicia condenó a Tailor Ivaldy Londoño Herrera, exmagistrado del Tribunal Superior de Cartagena, a cuatro años y tres meses de prisión domiciliaria por el delito de prevaricato por acción, tras cancelar la orden de captura contra un exmilitar sentenciado por secuestro y homicidio.

La decisión judicial subrayó la gravedad de la conducta del exmagistrado, al afirmar que “la conducta desplegada por el acusado reviste superlativa gravedad porque con ella desconoció de manera palmaria el propósito de las medidas provisionales conforme el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, cuya teleología no es otra que servir de herramienta para proteger derechos fundamentales vulnerados o bajo amenaza de afrenta mientras se dicta fallo en la acción constitucional de tutela”, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Además de la pena privativa de la libertad, Londoño Herrera deberá pagar una multa de 70,83 salarios mínimos y estará inhabilitado durante 85 meses para ejercer funciones públicas. Para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, el exmagistrado tendrá que consignar una garantía equivalente a cinco salarios mínimos.

La investigación se originó después de que Londoño Herrera anulara, el 7 de octubre de 2015, las medidas de captura contra Alexander Moreno Carvajal, exintegrante del Ejército Nacional condenado a 33 años de prisión por secuestro y homicidio. El proceso también determinó que el exmagistrado modificó documentos y retrasó trámites para que vencieran los plazos de una tutela relacionada con el caso.

En la misma sentencia, la Corte Suprema absolvió a Londoño Herrera de los cargos de falsedad ideológica y material en documento público, y declaró prescrita la acusación por prevaricato por omisión.

El tribunal justificó la prisión domiciliaria al considerar que “la patología ostenta la condición de grave e incompatible con la vida en reclusión formal”, según el diagnóstico médico legal presentado por la defensa.

La decisión es de primera instancia y admite recurso de apelación, aunque hasta el momento no se ha informado si Londoño Herrera lo presentará.

Tras algunos señalamientos de que cometió infracciones dentro de prisión, la defensa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, dijo que “estas faltas graves, la fiscalía ha intentado manejarlas, sabiendo que habían medios en la audiencia, como que encontraron alcohol, insinuando que hacía fiestas y cosas por el estilo pero lo aclaramos en la misma audiencia”.

Según el abogado, lo que ocurrió fue que hallaron alcohol sólido, el cual a veces usan para cocinar porque “naturalmente ni Javier Duarte ni nadie de los que están privados de la libertad tienen acceso a una estufa o una cocina como para cocer, usan latas de alcohol sólido y eso es lo que se encontró. Así fue aclarado en la audiencia y así está el reporte por escrito de esta situación”, sentenció.

Luego de que se leyeran los objetos presuntamente asegurados (cuatro latas de bebidas alcohólicas, un aparato Blue Ray, un módem modificado con internet de banda ancha, un teléfono celular y una pluma con una cámara de video grabación), el abogado negó que se le encontrara un teléfono.

Sobre los objetos peligrosos asegurados a Javier Duarte

“Nunca le encontraron un teléfono celular y justamente quiero ser contundente, porque es el ruido que quieren hacer, por el año 2019″, que fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El abogado reiteró que las latas eran de alcohol sólido y “así lo aclaró el testigo. En ningún momento mencionaron que tuviera un celular y el módem me parece que lo encontraron en un pasillo en el que no estaba él, pero pagó todo el pasillo”. Con esto, aseguró nuevamente que la fiscalía buscó tener beneficios indebidos con la audiencia.

Sin embargo, en una carta de conducta emitida por Espinoza Espinoza, los señalamientos fueron formulados ante tres de los cinco testigos presentados por los abogados de Duarte: el subdirector de seguridad del Reclusorio Norte, Daniel de Nazareth Espinoza Espinoza; Osvaldo González Rojas, quien ocupó el mismo cargo; y Diego Quiroz Rodríguez, director General de Control Jurídico de Sentenciados.

En dicho documento indicó que el exgobernador recayó en tres faltas, las cuales ocurrieron en 2019, 2020 y 2021, respectivamente. La primera fue una sanción por haberle encontrado cuatro latas de alcohol, así como un Blu-ray, y un módem modificado. También se le encontró una cámara en un bolígrafo.

En 2020, se le sancionó por modificar su celda con tablas de madera en su baño, además de que la FGR le dijo que también metió un colchón ortopédico. Por estas dos faltas, se le impuso una sanción de 15 días sin visita.

En 2021 existió una tercera falta, aunque no ameritó sanción, por alterar el orden en el área médica. Duarte de Ochoa pidió a la jueza Ángela Zamorano Herrera que continuara su audiencia lo más pronto posible, aunque derivado de un oficio girado por la FGR, se aplazó hasta el próximo 19 de noviembre.

“La fiscalía no pudo llevar a sus testigos. Nosotros logramos incorporar las pruebas que buscábamos a pesar de cierta resistencia por parte de la fiscalía en cuanto a formalidades que fueron superadas ahí mismo en la audiencia”, declaró Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Agregó que están concentrando su trabajo en cuestiones muy puntuales, “jurídicas, estrictamente hablando y nos topamos más bien, a veces, con una fiscalía que no es la primera vez que lo hace en manejar ese argumento sensacionalista para hacer cierto ruido, que además está basado en cosas sacadas de contexto que fueron aclaradas en la misma audiencia”.

“Las autoridades penitenciarias han emitido los documentos idóneos para dar por cumplidos ciertos requisitos, entonces cuando una persona ingresa a un reclusorio, tiene un plan de reinserción. El cumplir con ese plan de reinserción conforme a la Consitución, por diversas reformas y conforme a la ley Nacional de ejecución penal, prevé ciertos beneficios preliberacionales, eso es lo que estamos pidiendo”, mencionó la defensa de Duarte.

El abogado aseguró que los requisitos son muy puntuales y están respaldados por documentos muy puntuales también y que “la incorporación a esta audiencia tiene que ser por medio de testigos que reconozcan haber emitido estos documentos”.

Luego de asegurar que ha cubierto el 96% de la sentencia, Campuzano anunció que busca que Duarte salga de prisión “conforme a un derecho que está previsto” y aseguró que las autoridades están manipulando la información de modo que comparten datos sensacionalistas.

Los motivos de la detención de Duarte

El miércoles 19 de noviembre tiene una nueva audiencia Duarte, quien según la carpeta 103/2018 dio instrucciones de exhumar el cuerpo de David Lara, quien había acudido a la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar exámenes de confianza y que al salir de la dependencia, fue detenido de forma irregular por algunos de sus compañeros, policías estatales, quienes lo asesinaron y trasladaron su cuerpo al municipio de Alto Lucero, donde su gobierno informó el hallazgo oficial del cuerpo.

El cuerpo fue arrojado a una barranca en el municipio de Emiliano Zapata, donde posteriormente hallaron aproximadamente 20 cadáveres. Esta maniobra, presuntamente habría tenido la intención de disminuir el número de cadáveres reportados, así como frenar el escándalo por la desaparición de seis jóvenes originarios de Tierra Blanca, a manos de policías estatales.

Además, luego de su detención en 2017, Javier Duarte fue acusado por desviar más de 3 mil millones de pesos durante su gestión en el estado de Veracruz. Dos años más tarde recibió su sentencia por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 25 años de prisión contra Feliciano Álvarez Mesino, alias “El Saurin”, por el delito de secuestro, tras un proceso jurídico que se desarrolló en el estado de Guerrero.

El caso fue coordinado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Federal en Guerrero. El ahora sentenciado fue arrestado en 2014 luego de que se le cumplimentara una orden de aprehensión relacionada con hechos documentados en 2012 y 2013.

De acuerdo con informacióin proporcionada por fuentes de seguridad a Infobae México, Feliciano Álvarez Mesino formaba parte una célula de la organización criminal “La Familia Michoacana”, que operaba en la región norte del estado de Guerrero.

La sentencia de “El Saurín”

Durante el proceso judicial, el Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, con sede en Iguala, dictó la pena de 25 años de prisión y una multa de un millón 666 mil 660 pesos para Álvarez Mesino. En la actualidad, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 “CPS-Coahuila” en Ramos Arizpe, Coahuila.

La sentencia de Mesino llegó luego de que el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron su participación en la privación ilegal de la libertad de múltiples personas.

Según la información publicada por periódicos de la época, entre ellos La Jornada, el entonces alcalde de Cuetzala del Progreso y el grupo delictivo mantuvieron un dominio criminal basado en secuestros, extorsiones y asesinatos.

Entre los casos más graves se encuentra el plagio simultáneo de 17 habitantes del municipio de Cocula, donde los secuestradores solicitaron rescates de hasta 2 millones de pesos por persona.

“Sólo aquí en Tianquizolco (de mil 200 habitantes), entre el 12 y el 14 de marzo de 2013 fuimos secuestradas 11 personas, por las que se pedía rescate de 500 mil a 2 millones de pesos”, mencionó Fabián Lagunas, ex comisario de esa comunidad, para La Jornada.

Los hechos de secuestro estuvieron conectados a la reacción de los pueblos ante los abusos delictivos. Según relatos recogidos por la misma fuente, vecinos y líderes comunitarios fueron privados de la libertad poco después de organizarse para crear una policía comunitaria bajo la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), buscando responder a las agresiones cometidas por Álvarez Mesino y su grupo.

En una de estas acciones colectivas, 11 representantes de distintos pueblos resultaron secuestrados luego de una asamblea realizada en Iguala. Ministeriales y declaraciones en la causa penal 31/2013 involucraron también a otros líderes criminales de la región, como Felipe Viveros García, también conocido como “El Efe”, quien fue arrestado a finales de 2013 junto a sus colaboradores directos en un operativo militar.

Las víctimas y testigos de aquellas privaciones relataron a La Jornada que durante su cautiverio vieron en las mismas condiciones a más de una docena de personas adicionales. Sólo una parte de los cautivos fue liberada tras negociaciones o pagos, mientras se reportaron al menos nueve ejecuciones atribuidas al grupo en Mextitlán.

El medio EFE reportó que la solicitud del equipo legal de Combs subrayó la necesidad de que el entorno penitenciario facilitasen su proceso de recuperación y reforzaran los lazos familiares mientras dure la privación de libertad. La prisión de Fort Dix, que funciona dentro de una base militar en Nueva Jersey, dispone de acceso a programas de rehabilitación y ha sido utilizada antes por figuras públicas de notoriedad mediática, según consigna la misma fuente.

La sentencia impuesta a Combs alcanza los 50 meses de reclusión. De acuerdo con la información difundida por EFE, el tribunal determinó que el músico no incurrió en los delitos más graves que enfrentaba, como tráfico sexual y crimen organizado, motivo por el cual fue absuelto de estos cargos. No obstante, se consideró probado el delito de transporte de personas para la prostitución, conducta por la que además de la condena de prisión, el juez impuso una multa de 500.000 dólares y estableció un periodo de cinco años de supervisión judicial tras la libertad.

El cálculo sobre el tiempo de reclusión toma en cuenta los meses ya cumplidos por Combs en prisión preventiva desde su arresto. Según publicó EFE, la fecha estimada para su liberación —de no más modificaciones— sería el 8 de mayo de 2028. Este plazo, sin embargo, podría reducirse si el artista logra completar con éxito todos los requisitos del programa de rehabilitación y demuestra buena conducta durante su estadía en el centro carcelario.

El traslado a Fort Dix marcará un cambio en las condiciones de vida diarias de Combs, según consignó EFE, al permitir su integración en rutinas y actividades específicas orientadas a su recuperación y facilitar la cercanía familiar, considerados puntos relevantes por sus abogados.

La decisión judicial de excluir los cargos más graves generó diversas reacciones en la opinión pública, aunque, de acuerdo al reporte de EFE, la jueza a cargo enfatizó el carácter serio del delito que sí se acreditó y la necesidad de imponer tanto la sanción económica como la vigilancia posterior a la excarcelación como parte integral de la sentencia.

De acuerdo con la información entregada por EFE, la defensa de Combs mantuvo como argumento que las condiciones del Metropolitan Detention Center en Brooklyn eran menos favorables para la rehabilitación de su cliente, motivando así la petición de cambiar de centro penitenciario. La aceptación de este requerimiento por parte de las autoridades penitenciarias permite ahora a Combs el acceso a un entorno orientado a su tratamiento y bienestar durante el periodo restante de su condena.

Calixto de Jesús Ojeda fue hallado responsable del homicidio calificado por alevosía de Leonardo Sebastián Figueroa, de 43 años, la noche del 15 de octubre. La investigación determinó que el condenado actuó impulsado por conflictos personales ligados a los celos y a la sospecha de que la víctima mantenía una relación sentimental con su esposa de 30 años, identificada como J.M.

En la causa quedó determinado que aquella fatídica noche la secuencia comenzó minutos antes de las 20:34, cuando finalmente se produjo la agresión. Ojeda abordó el colectivo conducido por Figueroa, quien realizaba su recorrido por la zona de Glew, en el partido de Almirante Brown. El acusado se subió a la unidad portando una gorra azul y un barbijo, lo que dificultó su identificación en las cámaras de seguridad.

Se puso guantes de látex para evitar dejar huellas digitales y envolvió un cuchillo en un buzo tipo rompevientos, que mantuvo consigo hasta el momento del ataque. Encima, llevaba una campera roja.

Mientras circulaba por la calle Gumercindo Pereyra, entre Renato Presa y Sargento Eufrasio Rojas, el agresor se acercó a la cabina del conductor y lo apuñaló en dos oportunidades. Automáticamente, descendió del colectivo aún en movimiento e intentó escapar por las calles de la zona, pero lograron capturarlo gracias a los pedidos de auxilio de los pasajeros y testigos del ataque.

Un hombre que circulaba por la zona oyó los gritos y corrió tras el agresor, hasta que lo atrapó en la esquina de Rojas y Cabo Cañas. Allí lo retuvo hasta que llegó la Policía Bonaerense. Durante su traslado a la comisaría, el detenido se golpeó reiteradas veces contra las paredes del patrullero, causándose una lesión en el cuero cabelludo. Por ese motivo, fue llevado a un centro de salud donde permaneció bajo custodia policial.

En tanto, el chofer quedó gravemente herido dentro del colectivo al aguardo de los servicios de emergencia, y poco después fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Cecilia Grierson de Guernica, donde ingresó con heridas producidas en zonas vitales. Los médicos que lo atendieron confirmaron el deceso pocos minutos después.

Durante las horas posteriores, la hipótesis que manejaban los investigadores referían a un intento de robo, pero esa opción fue descartada tras el testimonio de la esposa del homicida. La mujer reveló en su declaración que el móvil del crimen fueron los celos, debido a que ella tenía un affaire con la víctima, oriundo de La Plata, quien no estaba casado y tenía hijos.

El mismo día del ataque, Ojeda cumplía 57 años. Horas antes del homicidio, ella le había dedicado un posteo en Facebook en donde daba a entender que existía una especie de crisis en la pareja: “Que sea una tormenta pasajera y volvamos a estar más fuertes que nunca”.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora, presidido por Federico Carrillo, validó que el hecho constituyó un homicidio calificado por alevosía. En la resolución detallaron que Figueroa fue atacado sin posibilidad de defensa.

El fiscal del caso, Juan Manuel Baloira, sostuvo en la etapa de instrucción que el autor del ataque actuó armado, preparado y aprovechó la indefensión de la víctima. Las imágenes obtenidas en los medios muestran que Figueroa, en el momento de la agresión, apenas logra levantar el brazo por reflejo tras recibir la segunda puñalada.

Hace aproximadamente un año, la vida de un joven francés de 30 años dio un giro inesperado y trágico. Mientras disfrutaba de una jornada recolectando setas con amigos en el bosque de Bormes-les-Mimosas, al sureste de Francia, fue baleado por un cazador de 83 años que lo confundió con un cerdo. El disparo le destrozó la pierna izquierda, que debió ser amputada.

El tirador, que participaba en una cacería de jabalíes organizada en la zona, declaró a la policía que vio “algo negro” entre los arbustos y disparó creyendo que se trataba de un animal salvaje. “Para mí, era un cerdo”, dijo durante su declaración, según reportó el medio local Nice-Matin.

El impacto del disparo fue devastador. Uno de los amigos de la víctima logró improvisar un torniquete en la pierna, lo que resultó crucial para salvarle la vida antes de la llegada de los servicios de emergencia. A pesar de varias cirugías y una prótesis, un año después, el hombre aún no puede caminar sin muletas.

“No vi cazadores, no escuché perros. Pensé que había pisado una mina”, relató la víctima ante el tribunal. Su testimonio expuso la gravedad del hecho y las secuelas físicas y emocionales que aún arrastra.

El incidente ocurrió temprano en la mañana, antes de que se colocaran las señales de advertencia que suelen marcar la zona de caza. Esta omisión fue uno de los elementos centrales del proceso judicial, donde se debatió la responsabilidad del cazador y la falta de información para los transeúntes.

La sentencia judicial

El tribunal condenó al hombre de 83 años a ocho meses de prisión condicional por haber disparado sin identificar con certeza a su objetivo. Además, se le revocó permanentemente la licencia de caza y se le prohibió poseer armas de fuego.

Durante la audiencia, el cazador pidió disculpas a la víctima, mientras su abogada, Elsa Poncelet, aseguró que su cliente cumplía con todos los requisitos legales: portaba chaleco fluorescente, no había consumido alcohol y seguía el protocolo habitual. Sin embargo, el abogado de la víctima, Régis Durand, enfatizó que los daños son “innumerables y, en algunos casos, permanentes”. Como compensación, el tribunal estimó que el cazador tendrá que pagar 35.000 euros en concepto de daños morales a la víctima y su familia.

La caza, una tradición que sigue cobrándose vidas en España

Aunque el incidente ocurrió en Francia, España no se queda atrás a la hora de reflejar datos similares y preocupantes. En 2024, al menos once personas han muerto (diez de ellos cazadores), a los cuales se suman 19 heridos, según el recuento realizado por Colectivos contra la Caza, como informa Europa Press.

Estas cifras reflejan un problema recurrente que reabre el debate sobre la seguridad en las prácticas cinegéticas. Numerosas asociaciones medioambientales insisten en la necesidad de reforzar la formación obligatoria y los controles de armas, especialmente en zonas donde coincide la presencia de senderistas, recolectores o ciclistas.

La mayoría de los accidentes ocurrieron en entornos rurales o de monte bajo, donde la visibilidad puede verse reducida por la vegetación y el relieve. Los especialistas apelan a una mayor conciencia y prudencia por parte de los cazadores para evitar tragedias como la ocurrida en Francia.

La justicia mexiquense dictó una condena de 40 años de prisión contra Omar Leyva Montalvo, ex Subdirector de Seguridad Ciudadana del municipio de Naucalpan, acusado de encabezar una red de extorsión y de proteger a un grupo criminal durante la pasada administración municipal.

El fallo judicial se da en el marco del Operativo Enjambre, coordinada por instancias estatales y federales, que busca depurar los cuerpos policiales y avanzar en el combate a la corrupción institucional vinculada al crimen organizado.

El proceso contra Leyva Montalvo comenzó tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que documentó actos de extorsión a ciudadanos y la entrega de información privilegiada a bandas delictivas, usando su rango y recursos institucionales para delinquir.

Los delitos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando el exfuncionario exigió 4 mil pesos, amenazó y agredió a víctimas, valiéndose de su posición y una patrulla oficial.

Detención en noviembre de 2024

Cabe recordar que la detención de Leyva Montalvo se logró en noviembre de 2024 mediante un operativo conjunto entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad estatal, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

La sentencia es una de las más importantes en la lucha contra la infiltración criminal en corporaciones públicas del municipio, donde durante años se denunciaron abusos y colusión de mandos policiales con grupos delictivos.

Sumado las constantes quejas ciudadanas sobre los diversos actos de corrupción de los elementos hacia los automovilistas.

Situación que continúa, ya que en redes se sigue denunciando la detención arbitraria y donde se piden fuertes sumas de dinero a cambio de no generar supuestas multas.

Alta incidencia delictiva

Este escenario gris se suma al alto índice delictivo, donde el alcalde Isaac Montoya Márquez no ha logrado tener resultados eficientes, donde 8 de cada 10 naucalpenses perciben la inseguridad en el municipio, según datos de la encuesta ENSU-INEGI.

De acuerdo con datos de la FGJEM, ya suman siete exfuncionarios sentenciados en el marco de la Operación “Enjambre”, todos con vínculos comprobados a delitos como extorsión, homicidio, secuestro exprés y evasión.

El caso de Leyva Montalvo se suma a una lista de altos mandos municipales procesados o detenidos en el Estado de México por delitos graves relacionados con la delincuencia organizada, lo que refleja la magnitud del reto de sanear los cuerpos de seguridad pública en la entidad.

El Tribunal de Nimes, en el sur de Francia, ha condenado este jueves a diez años de prisión a Husamettin Dogan, de 44 años, uno de los 51 hombres responsables de las violaciones y agresiones sexuales sufridas por Gisèle Pelicot durante casi una década. Dogan era el único condenado que había recurrido la sentencia dictada en 2023 por el Tribunal de Aviñón, que le impuso una pena de nueve años. En esta apelación, un jurado popular formado por cinco hombres y cuatro mujeres ha considerado probado de nuevo el delito y ha sido más severo que la primera instancia.

La Fiscalía francesa había solicitado una condena de doce años de cárcel, tres más que los que Dogan recibió inicialmente. El fiscal Dominique Sié defendió ante el tribunal que el acusado debía ser declarado culpable “porque es un hombre completamente responsable de sus actos, que ha cometido un acto monstruoso”. Finalmente, los jueces optaron por imponer una pena intermedia, aunque más dura que la anterior.

Un crimen cometido bajo sumisión química

Los hechos se remontan a la madrugada del 28 al 29 de junio de 2019, cuando Husamettin Dogan violó a Gisèle Pelicot en la vivienda familiar de la víctima, en Mazan, una localidad del sur de Francia de poco más de 6.000 habitantes. Pelicot se encontraba inconsciente, bajo el efecto de somníferos y ansiolíticos administrados por su marido, Dominique Pelicot, quien la drogaba de manera sistemática desde 2011 para permitir que distintos hombres abusaran sexualmente de ella.

El exmarido fue condenado en diciembre de 2023 a 20 años de prisión, la pena máxima prevista por la ley francesa, por haber orquestado durante casi una década una red de violaciones en grupo contra su propia esposa. Las agresiones, cometidas entre 2011 y 2020, fueron grabadas en centenares de fotos y vídeos, muchos de ellos con la complicidad de los agresores. En las imágenes, la víctima aparece completamente inmóvil mientras los hombres posan o levantan el pulgar frente a la cámara.

Durante el juicio en Nimes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, director de la policía judicial de Aviñón, confirmó la contundencia de las pruebas. “Los vídeos son claros, en ningún momento puede haber dudas”, afirmó ante el tribunal. Las 14 grabaciones analizadas muestran, según explicó, a Dogan “plenamente consciente” de sus actos mientras forzaba a Gisèle Pelicot, que permanecía “totalmente inerte”.

“Caí en su trampa”

Pese a la contundencia de las pruebas, Dogan negó la violación durante todo el proceso. En su declaración, aseguró que fue manipulado por Dominique Pelicot, a quien calificó de “psicópata”. “Caí en su trampa”, afirmó ante el jurado, alegando que creyó participar en una “fantasía libertina” consentida por la pareja. Su abogada defensora, Sylvie Menvielle, insistió en esa línea, asegurando que su cliente “no tenía intención de cometer una violación” y que, a diferencia de otros acusados, “nunca volvió a la casa de los Pelicot”.

La Fiscalía desmontó esa versión y subrayó la falta total de evolución del acusado, que “sigue negando los hechos a pesar de las pruebas irrefutables”. En palabras del fiscal Sié, “esta pena de doce años que se pidió cobra todo su sentido cuando se observa que el acusado no quiere asumir responsabilidades”. Durante su intervención final, recordó que “los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación, porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento”.

“¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca”

Gisèle Pelicot, que asistió a la vista, intervino con firmeza. “¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca”, exclamó ante el tribunal, mirando directamente al acusado. La mujer, que hoy tiene 72 años, exigió a Dogan que “asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía”. Su testimonio volvió a recordar la magnitud del daño sufrido y la persistencia de su lucha judicial.

Desde que el caso se hizo público, Pelicot ha optado por renunciar al anonimato y a la celebración de un juicio a puerta cerrada, con el objetivo de que “la vergüenza cambie de bando”. En su intervención inicial, durante el primer juicio celebrado en Aviñón, declaró sentirse “como un boxeador que se cae y se levanta una y otra vez”. Un año después, su resistencia sigue simbolizando el combate de muchas mujeres contra la violencia sexual y el silencio que la rodea.

Durante el proceso, el representante del Ministerio Público se dirigió a Gisèle Pelicot con palabras de reconocimiento: “La vergüenza aún no ha cambiado de bando, pero la sociedad, tal vez, lo está haciendo dentro de una nueva conciencia colectiva”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que desestimó la demanda de un abogado, identificado como D. Felicisimo, quien acusaba a dos antiguos clientes y al periódico Hoy de haber vulnerado su derecho al honor mediante denuncias, escritos y una publicación periodística. La resolución, dictada por la Sección 25ª el pasado 26 de junio de 2025, rechaza todos los argumentos del letrado y ratifica que las actuaciones de los demandados estaban amparadas por la libertad de expresión, el derecho de defensa y el ejercicio legítimo de la información.

La disputa tiene su origen en un conflicto profesional entre el abogado y un matrimonio, D. Camilo y D.ª Carmen, que habían contratado sus servicios para gestionar una compleja herencia familiar. Según relatan las resoluciones judiciales, el proceso derivó en varios pleitos infructuosos y en importantes gastos en honorarios y costas, lo que llevó a los clientes a presentar diversas quejas ante los Colegios de Abogados de Cáceres y de Madrid. También interpusieron una denuncia penal por presunta deslealtad profesional, que finalmente acabó con la absolución del letrado en 2019.

En paralelo, en agosto de 2017 el diario Hoy, editado por Ediciones Digitales Hoy S.L.U., publicó un artículo firmado por el periodista D. Román en el que se recogían las declaraciones del matrimonio y se mencionaba que el abogado había sido condenado previamente por un delito de estafa y falsedad documental. En el reportaje se explicaba que los denunciantes se sentían engañados y que existía una nueva investigación penal relacionada con otra herencia. El texto incluía datos extraídos de una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cáceres y citas literales de los afectados.

Del conflicto personal a los tribunales

El abogado consideró que tanto las manifestaciones de sus antiguos clientes como el contenido del reportaje constituían una intromisión ilegítima en su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. En su demanda, solicitó que se declarase la vulneración de sus derechos y que los demandados fueran condenados a indemnizarle con 60.000 euros cada uno en el caso del matrimonio y con 30.000 euros al periodista y a la empresa editora. Además, pedía la retirada inmediata del artículo del sitio web y de los buscadores.

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid, en una sentencia de octubre de 2023, desestimó todas sus pretensiones. La jueza entendió que las quejas, denuncias y escritos presentados por los clientes formaban parte del legítimo ejercicio del derecho de defensa y que el artículo periodístico se basaba en hechos veraces y de interés público. El abogado recurrió entonces ante la Audiencia Provincial, alegando error en la valoración de la prueba, vulneración de su derecho a un juez imparcial e incongruencia en la sentencia. También insistió en que el reportaje contenía expresiones difamatorias y datos falsos.

Priman la libertad de expresión y la información veraz

La Sección 25ª de la Audiencia Provincial, con ponencia de la magistrada Cristina Doménech Garret, descarta de plano todos los motivos del recurso. En su resolución, el tribunal explica que las quejas y denuncias de los clientes se enmarcan dentro del derecho de defensa y la libertad de expresión, al haberse presentado ante instituciones competentes para examinar la actuación de un profesional colegiado. Añade que no contienen insultos ni expresiones vejatorias, sino valoraciones críticas sobre un desempeño profesional que los demandados consideraban inadecuado.

Respecto al artículo periodístico, la Audiencia subraya que el contenido era de interés general y respondía al deber de veracidad, ya que informaba sobre hechos judiciales contrastados y de relevancia pública. La mención a una investigación penal, aunque finalmente terminara en absolución, no supone vulneración del honor del afectado, pues en el momento de la publicación la causa estaba abierta y existían indicios razonables. “La libertad de información no exige exactitud absoluta, sino una diligencia razonable en la comprobación de los hechos”, señala la sentencia, citando la doctrina del Tribunal Constitucional.

El tribunal considera además que el periodista actuó conforme a los estándares profesionales, citando sus fuentes y diferenciando claramente las opiniones de los entrevistados de los datos objetivos. Las frases entrecomilladas de los clientes, aunque duras o desagradables, se encuadran en el ámbito de la libertad de expresión, que protege la crítica incluso cuando resulta incómoda para quien la recibe. Tampoco aprecia expresiones insultantes ni lenguaje desproporcionado que exceda el propósito informativo.

La Audiencia Provincial concluye que no existe intromisión ilegítima alguna en el honor del abogado, ni por las denuncias, ni por los escritos judiciales, ni por la publicación periodística. Recuerda que el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen debe convivir con las libertades de información y expresión, especialmente cuando los hechos tienen relevancia pública y el afectado desempeña una actividad profesional sujeta al escrutinio social.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que Sara Luz Herrera, exalcaldesa de Alvarado, fue sentencia a 20 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de quien era su secretario particular.

De acuerdo con las pesquisas, la exedil ordenó el asesinato del secretario, identificado con las iniciales M.M.C., cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 3 de agosto de 2013 en la colonia Lomas del Rosario, municipio de Alvarado.

El juez también suspendió sus derechos civiles y políticos, y estableció un pago por concepto de reparación del daño dentro de la causa penal 50/2021.

La exalcaldesa fue detenida en enero de 2014. Desde entonces se encuentra recluida en el penal de La Toma, ubicado en el municipio de Amatlán de Los Reyes.

Su administración al frente de la alcaldía de Alvarado fue del año 2011 al 2013.

Sara Luz Herrera ya había sido sentenciada por homicidio

Cabe recordar que en enero de 2018, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó el fallo condenatorio de 30 años de pena privativa de la libertad en contra de la exalcaldesa de Alvarado luego de que se comprobó su participación como autora intelectual en el delito de homicidio doloso calificado.

En ese entonces, las pesquisas arrojaron que Sara Luz Herrera entregó dinero en efectivo a dos presuntos autores materiales, a quienes citó en su domicilio, para asesinar a la víctima identificada como M.M.C., cuyo cuerpo fue localizado en un predio de la colonia Lomas del Rosarito.

Dicho proceso se encontraba en la causa penal 427/2017, la cual derivó de la causa inicial 19/2024, en la que el juez dictó la sentencia de 30 años de prisión, fijó un pago de reparación del daño por 306 mil 900 pesos y la aplicación de una multa pecuniaria.

Infobae México consultó a la Fiscalía para conocer el motivo por el que la exalcaldesa cuenta con dos sentencias por este delito, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Además de este proceso, la exalcaldesa fue aprehendida en febrero de 2024 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, que habría cometido durante su gestión frente al municipio.

Este mandato judicial se cumplimentó en prisión por la causa penal 04/2022, por la que además fueron detenidos tres miembros del Ayuntamiento de Alvarado por el mismo delito, identificados como Fernando “N”, Raquel “N” y Julián “N”.

La sentencia de cuatro años de prisión a Sean “Diddy” Combs por delitos relacionados con la prostitución ha causado un fuerte impacto en la industria del entretenimiento.

Una de las voces más contundentes en reaccionar a la noticia es la de Aubrey O’Day, exintegrante de Danity Kane y exprotegida del magnate musical.

A través de un poderoso mensaje en redes sociales, la cantante advirtió a las nuevas generaciones de artistas sobre los peligros de trabajar con figuras que abusan de su poder.

“Que esto sirva como recordatorio para los jóvenes que persiguen sus sueños. La verdadera advertencia no es que un jurado pueda dudar de tu testimonio, ni que las pautas de una sentencia reflejen inadecuadamente los años de sufrimiento que viviste”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Y añadió: “La verdadera advertencia es esta: en el momento en que alguien en una posición de poder sobrepase tus límites o exija más de lo que legítimamente corresponde, aléjate y no mires atrás”.

Las palabras de Aubrey O’Day no solo resonaron entre sus seguidores, sino también entre quienes han seguido su historia junto a Combs desde el reality show Making the Band, donde fue seleccionada por el propio “Diddy” para formar parte del grupo Danity Kane.

Con el paso de los años, la artista ha alzado la voz sobre el ambiente tóxico que vivió bajo su tutela, acusándolo de grooming y de crear dinámicas laborales marcadas por el miedo y el control.

Tras conocerse la sentencia del productor musical de 55 años —quien fue hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, pero absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado—, la artista fue clara al denunciar un sistema que, en su opinión, aún favorece a los poderosos.

“Quienes abusan de su poder suelen enfrentar muchas menos consecuencias que el daño que infligen a sus víctimas. Protéjanse al primer signo de coerción o conducta inapropiada. Si algo se siente mal, confíen en ese instinto y aléjense. Su bienestar vale más que cualquier oportunidad”, añadió en su publicación.

Cabe destacar que la respuesta de Aubrey O’Day no es nueva. En julio, tras el veredicto del jurado, también había expresado su decepción y dolor.

“Estoy todavía procesando la magnitud de todo esto. El peso cultural de esta decisión es inmenso. Es desgarrador ver cuántas vidas han sido afectadas por sus experiencias con Sean Combs, solo para que esas historias no sean suficientes ante un jurado”, sentenció.

Asimismo, la celebridad aseveró que “no hay sueño que valga más que tu integridad o tu salud mental” y destacó que “ningún escenario, ningún contrato, ningún mentor vale el precio del silencio cuando lo que está en juego es tu bienestar”.

Más allá de sus vivencias personales, la cantante se ha convertido en una de las pocas figuras públicas con pasado cercano a “Diddy” que se ha atrevido a criticarlo abiertamente.

En entrevistas anteriores, la artista ha detallado cómo fue víctima de manipulación emocional y profesional durante su paso por el reality, y ha denunciado que muchas de sus compañeras temen hablar por miedo a represalias.

Por si fuera poco, Sean “Diddy” Combs, quien además deberá pagar una multa de 500 mil dólares y participar en programas de salud mental y abuso de sustancias, ha cumplido ya un año de prisión preventiva, lo que significa que podría recuperar su libertad en menos de tres años.

Christian Iván M. R. fue sentenciado a 53 años y siete meses de prisión por la violación de una menor de edad en Ciudad Juárez, Ch¡huahua tras ser declarado penalmente responsable de agredir sexualmente a la víctima en reiteradas ocasiones.

Según lo que reportó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, además de la condena, el sentenciado deberá pagar 210 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño.

El fallo se dictó después de que el Ministerio Público, mediante pruebas durante el juicio oral, acreditó que los ataques ocurrieron en diferentes periodos y domicilios: de enero a mayo de 2014, en junio de 2019 y entre octubre y diciembre de 2022. En el caso más reciente, Christian Iván M. R. drogó a la menor con una droga conocida como cristal, lo que aumentó la gravedad de los hechos.

Operativo de la AEI en Chihuahua

La víctima sufrió los abusos al interior de domicilios ubicados en la colonia Parajes del Valle y el fraccionamiento Portal del Roble. El agresor fue detenido gracias a que se le giró una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Estatal de Investigación.

Por la naturaleza de los actos, el tribunal determinó la penalidad agravada y el cumplimiento de la condena en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

Según definiciones de UNICEF y especialistas recogidas en el documento “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y suele ser cometido por conocidos o familiares que, aprovechando la confianza y la convivencia, prolongan sus acciones durante largos periodos.

Las víctimas, en muchos casos, sufren daños irreparables en su integridad física, psíquica y moral, además de ver vulnerados derechos fundamentales protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por leyes nacionales y estatales.

El informe de UNICEF destaca que la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, y que los agresores pueden emplear amenazas, engaños, manipulación y, en ocasiones, sustancias para controlar a las víctimas y mantener el secreto. La guía enfatiza la importancia de la detección temprana, la escucha adecuada y el acompañamiento profesional para la recuperación de los menores afectados.

La sentencia impuesta en este caso resulta de una política de castigo severo a la violencia sexual infantil, en línea con las recomendaciones internacionales y la protección reforzada a las víctimas. El documento de UNICEF señala al respecto: “El abuso sexual contra los niños y adolescentes exige medidas de prevención, denuncia y asistencia integral, para asegurar justicia y evitar la revictimización”.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Pasco consiguió que se declare la responsabilidad penal del médico José Díaz, miembro de la Comisión Médica de Calificaciones de Incapacidad del Hospital II de EsSalud en dicha región. La sentencia se dictó tras comprobar que el profesional recibió S/8.000 de un paciente a cambio de elaborar informes médicos favorables con el fin de obtener una pensión por invalidez.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en 2018, cuando el galeno, en su calidad de neumólogo y parte de la comisión evaluadora, solicitó dinero al ciudadano Rubén Salazar. Este accedió al pago para obtener un documento que certificara males relacionados con enfermedades profesionales y así garantizar beneficios laborales.

Cohecho pasivo en agravio al Estado

La fiscal adjunta provincial Jaquelyne Milagros Criollo Díaz detalló que a José Díaz se le atribuyó el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, al aprovechar su cargo dentro de EsSalud. El caso fue considerado de alta gravedad, pues se trata de un funcionario que utilizó su posición para fines personales en perjuicio del Estado.

Como resultado, la autoridad judicial impuso una pena de cinco años de prisión suspendida, bajo un régimen de prueba de cuatro años. Asimismo, se le aplicó una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, además de cumplir reglas de conducta específicas que incluyen no volver a cometer un delito doloso, bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la pena.

Condena contra médico y paciente

Además de la sanción penal, el médico condenado deberá pagar S/10.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado y una multa de 365 días-multa, que equivale a más de S/24.000. La sentencia establece que, en caso de incumplimiento de las reglas o reincidencia, la pena privativa de libertad suspendida se convertirá en efectiva.

La FECOF destacó que este fallo constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el sector salud, ya que busca desalentar prácticas indebidas que afectan a pacientes y al funcionamiento de las instituciones públicas.

El caso también involucró a paciente Juan Salazar, quien entregó los S/8.000 al médico en representación de su hermano Rubén Salazar. Por este hecho, se le atribuyó el delito de cohecho activo genérico, en agravio del Estado peruano. A Salazar se le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida, con un régimen de prueba de dos años, además de cuatro años de inhabilitación y el pago de S/3.000 de reparación civil. Asimismo, deberá abonar una multa equivalente a 365 días-multa, calculada en más de S/2.700.

Mensaje contra la corrupción

La fiscal provincial resaltó que tanto el cohecho pasivo propio como el activo genérico son delitos que afectan directamente a la administración pública y socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud. “Este tipo de prácticas deben ser sancionadas de manera ejemplar, pues comprometen recursos del Estado y vulneran derechos de los pacientes”, puntualizó Criollo Díaz.

Con esta sentencia, la Fiscalía reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción en instituciones clave como EsSalud, donde la transparencia y la ética profesional son fundamentales para garantizar una atención justa y adecuada a los asegurados.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit, obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años de prisión contra Nancy Huerta Ramírez, según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, así como posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea de México.

De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer fue detenida en 2014 en un inmueble ubicado en la colonia Granjas de San Isidro, en Puebla, y quedó a disposición del órgano jurisdiccional del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4 “Noroeste”. Desde entonces, la FGR inició un proceso penal que culminó con la presentación de pruebas sólidas por parte del Ministerio Público Federal.

Además, la sentencia incluye una multa de 132 mil 322 pesos y forma parte de las acciones que la FEMDO y la FECOR desarrollan para combatir delitos de alto impacto, como el secuestro y el tráfico de armas.

Los líderes de Los Zetas no irán a pena de muerte: esto sucedió en la corte federal de Columbia

La Fiscalía General de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como “El Z-40” y “El Z-42”, exlíderes del cártel de Los Zetas. La solicitud fue presentada ante la Corte del Distrito de Columbia, donde se desarrolla el proceso judicial en su contra tras su extradición en marzo de 2025.

El oficio, dirigido al juezTrevor McFadden, señala que la fiscalía “respetuosamente” ha decidido no aplicar la pena capital, a pesar de que esta opción había sido autorizada previamente. El documento incluye firmas de representantes del Departamento de Justicia; entre ellos Sophia Juárez, jefa interina de la sección de Narcóticos.

Los hermanos Treviño Morales enfrentan cargos federales por narcotráfico, crimen organizado transnacional, tráfico de drogas y violencia extrema. Durante la primera audiencia formal, celebrada el 12 de junio de 2025, las autoridades estadounidenses presentaron casi cinco millones de archivos como evidencia, incluyendo 490 mil llamadas interceptadas, transcripciones, informes de inteligencia y documentos judiciales.

El expediente también acusa a los exlíderes de coordinar operaciones delictivas desde prisión en México, incluyendo su presunta responsabilidad en la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en marzo de 2011.

Hasta el momento, no se ha manifestado interés en negociar un acuerdo de culpabilidad o reducción de pena. La defensa, representada por abogados de renombre, continúa en el proceso, mientras que la próxima audiencia está programada para el 14 de octubre de 2025.

David Solórzano, alias “El Chombo”, presunto exlíder de Los Zetas, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que se obtuvo la sentencia condenatoria en contra del hombre.

“El Chombo” fue detenido en abril de 2016 y posteriormente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México.

David Solórzano fue identificado como presunto líder de Los Zetas, con centro de operaciones en Guatemala y los estados de Chiapas y Tabasco.

Cabe señalar que su captura se dio luego de que el Gobierno de Guatemala entregó en extradición a las autoridades mexicanas a David Solórzano, quien era acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en diversas modalidades, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas, así como de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Tras llevarse a cabo diversos procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias para obtener del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, una sentencia condenatoria de 12 años y seis meses de prisión en contra de “El Chombo”, además de una multa de 157 mil 698 pesos con 80 centavos.

Procesan a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos

Este jueves la FGR también obtuvo vinculación a proceso para Constantino “S”, alias “El Pelón”, identificado como presunto lavador de dinero de Los Chapitos.

De acuerdo con el Ministerio Público Federal, la vinculación a proceso se dio por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención de Constantino “S” se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble del municipio de Metepec, Estado de México, en el que participaron elementos de seguridad federal, estatales y de las Fuerzas Armadas.

“El Pelón” fue ubicado en el sitio y, durante su detención, le fue asegurado clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, un arma de fuego corta y ocho cartuchos de uso exclusivo.

El juez del Centro de Justicia Penal Feral en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, decretó la vinculación a proceso, le dictó prisión preventiva oficiosa y estableció tres meses para la investigación complementaria.

A pocas semanas de que se dicte la sentencia en el caso federal contra el productor musical Sean “Diddy” Combs, su madre, Janice Combs, presentó una carta de apoyo dirigida al juez encargado del proceso.

En ella, reconoce los errores de su hijo, pero pide indulgencia para poder pasar con él los últimos años de su vida.

“Mi hijo ha cometido errores terribles en su vida, lo sé y sé que él también lo reconoce”, señaló.

Por si fuera poco, la mujer de 84 años recordó las dificultades que marcaron la infancia de Diddy, como la muerte de su padre cuando tenía apenas dos años y la de su tío cuando tenía nueve.

Según escribió, esas pérdidas tempranas dejaron huellas profundas, pero no impidieron que su hijo trabajara desde joven para apoyar a su familia y más tarde a sus propios hijos.

En un pasaje especialmente emotivo, Janice destacó el impacto personal que ha tenido la separación.

“El 21 de diciembre cumpliré 85 años. Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido dolorosa y sumamente difícil para mí y para sus hijos. Quisiera pasar los últimos años de mi vida con mi hijo, Sean”, expresó.

Cabe recordar que el fundador de Bad Boy Records, arrestado en septiembre de 2024 en Nueva York, fue condenado por dos cargos de transporte para participar en prostitución, aunque quedó absuelto de acusaciones más graves, entre ellas trata sexual y crimen organizado.

La resolución llegó tras un juicio federal seguido de cerca por medios internacionales y la industria del entretenimiento.

Actualmente recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el rapero enfrenta una pena que podría extenderse por varios años. El juez Arun Subramanian será quien determine la sentencia en una audiencia programada para octubre.

Cabe destacar que la defensa de Sean “Diddy” Combs incluyó en el memorando decenas de cartas de apoyo, entre ellas mensajes de sus hijos, amigos y personas cercanas.

Además, los abogados pidieron al juez que la sentencia no supere los 14 meses de prisión, lo que equivaldría aproximadamente al tiempo que el artista ya ha cumplido tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano.

La última palabra la tendrá el juez Subramanian, quien deberá equilibrar la gravedad de los delitos probados con los testimonios de apoyo que buscan una sentencia más leve.

Sean “Diddy” Combs planea su regreso triunfal a la música pese a seguir en espera de su sentencia

Sean “Diddy” Combs ya tiene en mente un escenario para su esperado regreso: el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Así lo reveló su abogado principal, Marc Agnifilo, durante una entrevista con CBS Mornings, en la que adelantó que el artista sueña con encabezar un concierto en el emblemático recinto una vez recupere su libertad.

“Va a volver al Madison Square Garden, y le dije que yo estaré allí”, declaró Agnifilo. El abogado explicó que su cliente quiere “volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan”, y reconstruir una relación presente y afectuosa con sus siete hijos.

Cuando se le preguntó si el rapero de 55 años le había hablado de regresar a la música, Agnifilo respondió con cautela: “No, honestamente no… Lo único que me dijo es que va a volver al Madison Square Garden”.

Aun así, el abogado considera que el músico “siempre va a aspirar a hacer algo excepcional, probablemente exigente y desafiante”.

El deseo de un concierto en el mítico recinto llega en un momento en que el equipo legal del artista mantiene conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un indulto.

Nicole Westmoreland, otra integrante de su defensa, confirmó a CNN que se han producido contactos para solicitar el perdón presidencial. Según Westmoreland, Combs se mantiene “muy esperanzado” y confía en que Trump, con quien mantiene una relación de décadas, acceda a concederlo.

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ha comunicado que la defensa de Jeanine Áñez dispone de la opción de presentar un nuevo recurso, siempre que base sus argumentos en motivos distintos a los ya expuestos. Según informó la agencia abi, la Sala Plena de la máxima corte del país declaró inadmisible la solicitud de revisión presentada por Áñez con el objetivo de dejar sin efecto la sentencia de 10 años de prisión impuesta en su contra en el llamado caso Golpe de Estado II. Esta decisión responde a que el recurso presentado el 25 de agosto no corrigió las deficiencias ya señaladas en instancias anteriores.

De acuerdo con lo consignado por la agencia abi, los magistrados aclararon que la inadmisión no significa el cierre total de posibilidades para la defensa de la expresidenta, quien podría volver a tramitar un Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, siempre que lo sustente en causales diferentes a las previamente rechazadas. El pedido, que buscaba anular la pena dictada en 2022, ha sido devuelto sin avances concretos en favor de Áñez.

Jeanine Áñez fue condenada hace dos años tras su autoproclamación como presidenta interina de Bolivia. El tribunal determinó que, el 12 de noviembre de 2019, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de la Cámara Alta y, de manera posterior, del Estado, en procesos considerados irregulares. La resolución judicial indica que tales actos se efectuaron sin el quórum necesario ni la intervención de la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS), formación política liderada hasta entonces por Evo Morales.

La sentencia que ahora quería revertir la defensa de Áñez la responsabilizó de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución y las leyes. El tribunal sostuvo que la asunción presidencial no se realizó conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente, aspecto que fue central en la fundamentación de la condena.

En paralelo, en días recientes otro tribunal dispuso la liberación de Jeanine Áñez en una causa separada. Dicha medida estaba sujeta a la condición de que no pesaran sobre la exmandataria otras órdenes de detención. Ese caso relacionado acusaba a Áñez de genocidio y genocidio en grado de tentativa, cargos vinculados a su gestión durante las protestas sociales que sucedieron a la renuncia de Evo Morales y que dejaron más de 30 muertos. Este episodio ocurrió durante las manifestaciones organizadas tras el retiro del expresidente, que derivaron en su autoproclamación como jefa de Estado interina.

Tal como reportó la agencia abi, el desarrollo de ambos procesos judiciales refleja la compleja situación política y legal entorno a la figura de Jeanine Áñez, quien ha impugnado en diversas ocasiones las decisiones judiciales que la mantienen privada de libertad. Por ahora, la posibilidad de revisar la condena en el caso Golpe de Estado II dependerá de que la defensa pueda presentar un recurso fundado en motivos distintos a los ya descartados por la máxima instancia judicial boliviana.

Luego de que Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, llegara a México este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por delitos del fuero común, además de los que enfrenta a nivel federal por delincuencia organizada.

Esta detención se realizó por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el marco de su ingreso al Centro Federal de Reinserción Social No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

La autoridad ministerial se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad fije la hora de la audiencia inicial para la formulación de imputación, donde será resuelta la situación jurídica del también exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López.

La Fiscalía detalló que solicitará la vinculación a proceso de Bermúdez Requena, con base en los datos de prueba que se encuentran en la carpeta de investigación, y que sean dictadas las medidas cautelares correspondientes.

“Se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales. Destacando que al momento de ser ingresado al sistema penitenciario federal, a Hernán ”N" se le hicieron de conocimiento los derechos que la ley le otorga en razón a su calidad de investigado", afirmó el Ministerio Público local.

Además, se informó que Bermúdez Requena fue revisado por un médico especialista que dio cuenta de su “óptima integridad física” al llegar a México, esto luego de ser expulsado por las autoridades de Paraguay tras ser detenido el pasado 12 de septiembre.

Estos son los años que Bermúdez podría pasar en la cárcel

El Fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó en entrevista con medios que en caso de ser encontrado culpable y de recibir sentencia, Hernán Bermúdez Requena podría recibir de 50 a 100 años de prisión por el delito de secuestro exprés; de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa y de 20 a 40 años por extorsión.

En total, en caso de recibir las sentencias máximas, Bermúdez Requena podría pasar hasta 158 años en prisión, sin contar las que corresponderían a los delitos federales por los que mantiene una orden de aprehensión pendiente.

“Estamos todavía a mucha distancia de ello, hay que ir por varias etapas del proceso penal, pero les estaremos informando”, detalló.

Además, explicó que aún faltan las posibles sentencias por delitos del fuero federal o los que podrían surgir en el futuro con las autoridades de Tabasco.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con un orden de aprehensión en contra del exfuncionario de Tabasco por los cargos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, expresó críticas frente a la sentencia impuesta al secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el desarrollo del proceso de justicia transicional.

López sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debería establecer restricciones más estrictas para quienes hayan sido condenados por crímenes graves.

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En sus declaraciones, recogidas después de conocerse la decisión de la JEP, Claudia López señaló que “para lograr la desmovilización y que dejaran de matar, con los paramilitares y las Farc hicimos el sacrificio de establecer penas muy cortas, de 8 años. Pero, como mínimo, la JEP debería limitar a los condenados por graves crímenes de las Farc a un sitio de pena específico y no permitir que sean, al mismo tiempo, condenados y congresistas. ¡Sin eso no hay justicia ni reconciliación!”, dijo.

Dijo, durante una entrevista con Caracol Radio que “para desmovilizar a los paras, que fue una tarea que hizo Álvaro Uribe con Justicia y Paz, y para desmovilizar a las Farc, que eran otro tormento de los colombianos, que fue una tarea que hizo Juan Manuel Santos, en ambos procesos pagamos un costo, es pa’ que esa gente entregara las armas, se desmovilizara, dejara de matar, de reclutar, de secuestrar, de desplazar. En ambos casos dijimos que la pena máxima iban a ser ocho años”, explicó.

Y es que trece años después del inicio de las negociaciones de paz, y casi una década después de la firma del Acuerdo, los exjefes de la antigua guerrilla aceptaron públicamente su responsabilidad penal, reconocieron su papel en delitos como la esclavitud y pidieron perdón a las víctimas.

Entre las medidas dispuestas, la JEP ordenó trabajos relacionados con la búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario y reparación simbólica. Estas sanciones, en esencia, se materializarán mediante trabajos como la recolección de datos de víctimas, elaboración de mapas y apoyo a proyectos ambientales en distintas regiones del país.

En ese sentido, López afirmó que, sobre penas máxima de 8 años, “eso es un sacrificio grande, pues porque esa gente se merece una condena de por vida, pero era para que no siguieran matando y no siguieran reclutando. Entonces, que la pena iba a ser cortica ya era un lapo que nos habíamos dado”.

En ese sentido, afirmó que “yo sí quiero hacerle una reflexión a la JEP. Lo menos que los colombianos y las víctimas esperaban es que no es eso que dice pastora, es una carga moral, es un crimen de lesa humanidad. Así es como se lo tienen que decir con claridad. Y segundo, esperábamos que esos señores, está bien, acordamos que no iban a estar en una cárcel, pero en un sitio".-

Continuó: “Digan un sitio donde van a estar allá quietos, detenidos, en la práctica. que es en un sitio para sacar minas, pues quedaron enterradas, para descubrir o para ayudar a encontrar gente que desaparecieron, pero en un sitio, carajo. No puede ser que no le suspendan los derechos políticos. O sea, ¿van a ser condenados y congresistas al tiempo? Eso es inadmisible. Mientras pagan su pena ocho años, no deberían ser congresistas. Es como lo obvio de sentido común".

La sentencia de la JEP

El pronunciamiento de la JEP subrayó que estos crímenes incluyeron asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, según consta en el fallo.

Las cifras reportadas por la Comisión de la Verdad dan dimensión a la tragedia: 127 mil personas asesinadas, 21 mil secuestradas, 12 mil niños reclutados y 50 mil desaparecidas entre 1985 y 2019.

El tribunal de paz resaltó que, aunque lo habitual en crímenes de lesa humanidad es el juzgamiento ante instancias internacionales, este caso representa una excepción porque el proceso se realiza en la jurisdicción colombiana.

La sentencia indica que la antigua cúpula de las Farc no fue condenada solo por secuestro, sino porque los delitos perpetrados alcanzaron el umbral del derecho internacional para considerarse atentados contra toda la humanidad.

Martha Maya, experta en justicia transicional y directora de Ifit, resumió el alcance de la decisión: “Al condenar a las extintas FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad, por asesinato y desaparición forzada, tortura, tratos crueles, entre otras cosas, la sentencia envía un mensaje a la humanidad y deja establecida una verdad innegable e incontrovertible”, según citó La Silla Vacía.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la mañana del 16 de septiembre de 2025, reveló la sentencia en contra de siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.

De acuerdo con la JEP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, alias El Médico, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez, Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez, fueron sentenciados a 8 años.

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El Tribunal de Paz les impuso esta Sanción Propia, que deberán cumplir a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de “búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”, informó la jurisdicción, tal como se estipuló en la sentencia de 663 páginas.

Esta decisión causó un sinfín de reacciones, entre ellas, la del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, funcionario que desaprobó una condena “simbólica” que tardó más de siete años en resolverse.

“Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay descanso para las víctimas. Esta decisión de la JEP me deja varios sinsabores. El primero, ¿por qué siete años para tomar la primera decisión? Cuando una justicia lenta no es justicia. Y solo una condena simbólica para siete integrantes del secretariado, cuando son hechos notorios los delitos que el secretariado cometió en secuestros, en masacres, en tomas a municipios”, expresó.

De igual manera, Lizcano rememoró un hecho de lesa humanidad del que fue una de las víctimas, especificando que nunca se conocieron las verdaderas motivaciones de este: “Además, todavía no sabemos la verdad de lo que ocurrió. En el caso de mi padre, no sabemos cuáles fueron las motivaciones políticas o quién tomó la decisión de secuestrarlo ocho años y cómo fue y quién está detrás de todo eso. No lo sabemos, pero así millones de víctimas hoy no tienen la verdad”.

Finalmente, el precandidato considera muy débil la forma de reparación hacia los miles de afectados.

“Y tercero, la reparación. A mí me parece que en esta sentencia debe haber también un componente de reparación por parte del secretariado más fuerte y más estructurado para que a todos sus victimarios, especialmente a los de más escasos recursos, les den reparación económica. Me parece que la JEP, aunque yo creo en ella, se quedó corta por ahora en esta sentencia”, concluyó.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dirigió un mensaje a las 4.200 víctimas de secuestro reconocidas en el proceso, destacando que ellas han sido el motor de la investigación. “El día de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz les está cumpliendo a las víctimas, a las organizaciones, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”.

La investigación determinó que las Farc emplearon el secuestro como una política criminal sostenida en tres patrones sistemáticos y generalizados en todo el país. Desde 1993, el secuestro se utilizó como mecanismo de financiación, intensificándose a partir de 1998 con el objetivo de forzar intercambios por guerrilleros presos y como instrumento de control social y territorial.

La JEP concluyó que el llamado buen trato a los cautivos se limitaba a mantenerlos con vida, mientras se les sometía a condiciones que vulneraban su dignidad humana. Las sanciones propias establecidas por la JEP contemplan penas de 5 a 8 años para los principales responsables y de 2 a 5 años para los partícipes no determinantes, bajo la supervisión de la ONU y mediante proyectos restaurativos concretos.

El magistrado Camilo Andrés Suárez subrayó que, aunque la sentencia no elimina el sufrimiento, constituye un acto de reconocimiento y una invitación a rechazar toda forma de violencia: “Esta sentencia no borra el dolor, pero es un acto de reconocimiento, es una sentencia que abre una página nueva para la memoria, la paz y la justicia. Es una invitación a condenar sin titubeos toda forma de violencia”.

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Eleazar Medina-Rojas, conocido como El Chelelo, a más de 31 años de prisión y al pago de 26.5 millones de dólares, tras hallarlo culpable de liderar una conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana.

Según informó el Departamento de Justicia estadounidense, Medina-Rojas, de 53 años y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, operó como alto mando dentro del cártel de Los Zetas, encargado de controlar rutas clave de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial emitida por el gobierno estadounidense, Medina-Rojas utilizó la violencia y la intimidación para preservar los corredores de contrabando que conectan México con ciudades texanas como Brownsville, Laredo y McAllen.

Contexto de la situación

Durante cuatro años, aseguraron las autoridades, sometió con mano de hierro los trayectos por donde circularon más de 3 mil toneladas de narcóticos hacia la frontera sur estadounidense.

Su captura y extradición a territorio estadounidense en julio de 2023 debilitó las operaciones de Los Zetas, de acuerdo con declaraciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El Departamento de Justicia detalló que Los Zetas surgieron como brazo armado del cártel del Golfo, organizándose en su momento bajo el nombre de “La Compañía” tras una alianza criminal.

El propio Medina-Rojas ejerció el cargo de “plaza boss” en Monterrey, dirigiendo decenas de subordinados y coordinando el paso de al menos 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana hacia territorio estadounidense.

Además, enfrentó acusaciones por instrumentar actos de violencia en conflictos con grupos rivales por el control de plazas, según el Departamento de Justicia de EEUU.

El caso, procesado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, junto con agentes de la DEA en Houston y fiscales de la sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, formó parte de la iniciativa nacional “Operation Take Back America”.

Esta operación federal, según Estados Unidos, “busca instruir y movilizar recursos para combatir la inmigración ilegal, arrestar a integrantes de organizaciones criminales transnacionales y proteger a comunidades ante delitos violentos".

“La sentencia de hoy recuerda que el Departamento de Justicia perseguirá a los integrantes violentos de carteles y los hará responsables por sus crímenes en Estados Unidos y en el extranjero”, declaró Matthew R. Galeotti, fiscal general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Por su parte, Jonathan C. Pullen, agente especial de la DEA en Houston, sostuvo: “El trabajo persistente de nuestros agentes permitió interrumpir las rutas delictivas de Medina-Rojas, lo que contribuyó a debilitar a la organización”.

El Departamento de Justicia reveló que el caso reflejó la colaboración judicial entre autoridades estadounidenses y mexicanas, así como la coordinación internacional para la captura y extradición del jefe criminal.

El pasado 13 de agosto se celebraron las exequias de Miguel Uribe Turbay, exprecandidato presidencial, que murió tras un atentado ocurrido en el sector de Modelia, Bogotá, el 11 de junio de 2025.

El caso adquirió notoriedad nacional tanto por la relevancia de la víctima como por la identidad de su agresor: un menor de edad, conocido bajo el alias de Tianz, sobre quien recientemente recayó una condena judicial.

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De acuerdo con las autoridades, el joven responsable del homicidio tendrá que cumplir siete años de privación de la libertad en un centro especializado para menores. La sentencia generó reacciones entre familiares, personalidades políticas y representantes del sector jurídico, que pusieron en debate la suficiencia de las leyes actuales frente al delito juvenil.

La controversia también llegó al ámbito político, después de que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, empleara su cuenta en la red social X, plataforma en la que reúne 2,8 millones de seguidores, para emitir un mensaje crítico frente al fallo judicial.

Claudia López se pronunció

En su publicación, López increpó el alcance de las penas contempladas para estos casos: “Es incomprensible que la pena por asesinar a Miguel Uribe sea solo de 7 años. El joven de 14 años que atentó contra Miguel sabía perfectamente que la intención era matarlo. Además de impunidad inaceptable, es un incentivo para que el crimen organizado reclute más y más menores para delinquir y matar. Si la Ley vigente permite eso debe cambiarse”, manifestó. Con este pronunciamiento, la líder política no solo expresó su rechazo a la decisión de la justicia, sino que también propuso impulsar ajustes legislativos que incrementen las penas y refuercen el marco punitivo para menores implicados en delitos de gravedad.

El debate generado a raíz de este caso pone de relieve una problemática recurrente en el sistema judicial actual, la respuesta institucional ante la criminalidad cometida por adolescentes. La utilización de menores por estructuras criminales, que aprovecharían los beneficios legales e inferiores tiempos de privación de libertad, se complica aún más ante hechos tan graves como el asesinato de figuras públicas. La sanción impuesta a alias Tianz se convierte en un símbolo de las tensiones entre garantías de justicia restaurativa para los menores y la necesidad de brindar respuestas proporcionales a las víctimas y a la sociedad en general.

Esto dijo el abogado de víctimas

El abogado de las víctimas, Víctor Mosquera Marín, se refirió al alcance de la condena y sus repercusiones legales. Según explicó, la pena impuesta de 84 meses representa una de las sanciones más severas contempladas bajo la Ley de Infancia y Adolescencia para menores infractores.

Pese a ello, Mosquera expuso sus reservas respecto a la proporcionalidad de la sanción: “Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”. Mosquera, quien también asesora internacionalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, instó a revisar las normativas vigentes, por lo que sugirió que la legislación actual puede estar facilitando el uso de menores por parte de bandas criminales, al brindar penas que resultan poco disuasivas frente a delitos graves como el homicidio.

Las honras fúnebres de Uribe Turbay sirvieron, además, como espacio donde se reiteró la exigencia de cambios en la legislación, orientados a impedir que menores de edad sean instrumentalizados por el crimen organizado. La protesta pública de familiares, abogados y líderes políticos no solo gira en torno a la memoria de la víctima, sino que busca impulsar un debate profundo sobre la política criminal y el futuro de los jóvenes involucrados en hechos delictivos graves.

La condena judicial de siete años para el joven alias Tianz cierra un capítulo judicial, pero abre múltiples interrogantes sobre la capacidad del sistema para enfrentar el fenómeno de la participación de menores en la criminalidad organizada, y deja sobre la mesa la necesidad de reformas que eviten situaciones similares en el futuro.

Cinco años de pericias, tratamientos, espera sin tregua. La actriz lo cuenta con sinceridad en una entrevista para el ciclo de Ángel de Brito: “Ahora, por supuesto, esperando que se terminen de dirimir cuestiones de apelaciones en casación y ya está, que se dé un cierre”. Pero el proceso judicial no es una página que se pasa sin mirar atrás: “No estoy encima de la causa. Pero sería imposible no tener un ojo vigilante, porque existen esas instancias, por más de que es muy baja la posibilidad de que le hagan lugar a la apelación y a volver a tener un juicio como pretenden, cuando todo eso se discutió hace más de un año en la justicia y fue él quien no quiso tener un juicio por jurados. Así que entiendo que no va a suceder, pero bueno, uno ya quiere la sentencia firme y, y poder dar vuelta la página.”

La vida insiste, avanza, se reinventa. Ella lo siente y lo expresa: “Mi vida actual es la de una mujer feliz. Estoy muy feliz con mis hijos, estoy muy enamorada. Estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Amo hacer la radio”.

La experiencia de Julieta se convierte en mensaje para otras mujeres, una advertencia pero también una esperanza, en particular hacia Wanda Nara, quien también acusó a Mauro Icardi de situaciones de violencia de género. “Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, de abuso… Desconozco los casos de particulares de cada una, pero tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo. Fueron cinco años donde tuve que pasar por muchísimas pericias, por muchos tratamientos, por mí y por la justicia, las dos cosas, que es durísimo el proceso. Que se encuentra justicia, sí, yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino”. El costo emocional de iniciar y sostener una denuncia está presente en cada palabra, en el cuerpo que acusa recibo y reclama descanso.

Incluso ella, la mujer entera que hoy habla, reconoce que estuvo al borde de renunciar. “Incluso en algún momento pensé en bajar los brazos, lo que hubiera significado que ese hombre hoy esté libre. Seguiría amedrentándome. Entonces, por eso lo digo. Es para todas las que necesiten hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación o las que ya lo vivieron”, sostuvo.

Ahora elige el silencio prudente: “Prefiero mantenerme al margen y creo que lo sabrán entender los medios. Muchos me escriben. No estoy con ganas de ir a ningún programa ni nada, porque quiero también seguir con mi vida y las cuestiones legales que las manejen los abogados. Yo ya le puse el cuerpo mucho. Ahora necesito poner el cuerpo en otras cosas”.

El presente sigue marcando agenda. Wanda Nara reveló en los últimos días que Mauro Icardi la tuvo secuestrada en tres oportunidades. Al respecto, Prandi es cauta: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia, claro”.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez dictó una sentencia condenatoria de 293 años de prisión en contra de José Luis Luquin Delgado, también conocido como “El Jabón”, quien estuvo relacionado con el secuestro y asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la FGR comunicó que obtuvo la sentencia condenatoria por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, todos ellos relacionados con el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del periodista Javier Sicilia.

De igual manera, dentro del ejercicio de la acción penal, el juez determinó la imposición de una multa de MXN 2 millones 530 mil 386 por los delitos citados.

Cabe recordar que, en marzo del año 2011, el cuerpo del hijo del escritor Javier Sicilia fue hallado, junto con seis personas, en el interior de un vehículo. De acuerdo con reportes realizados por medios de comunicación de la época, junto con los cuerpos fue hallado un narcomensaje.

Según dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) en el comunicado, un grupo de individuos armados, entre quienes se encontraba el personaje sentenciado, privó de la libertad a siete personas en el municipio de Jiutepec.

Posteriormente, en la colonia Villas del Descanso, dentro del mismo municipio, los delincuentes privaron de la vida a las siete personas y trasladaron los cuerpos a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del estado (FGE) recibió el informe y confirmó el hallazgo del vehículo con los cuerpos.

En diciembre del año 2024, un juez también dictó sentencia de cerca de 300 años de prisión en contra de dos personajes relacionados con el mismo suceso, es decir, Julio de Jesús Radilla Hernández y Ángel Taboada Villanueva.

El personaje conocido también en el sobrenombre de El Negro Radilla y/o El Padrino fue sentenciado a 309 años con ocho meses de prisión y se le impuso una multa de MXN dos millones 535 mil 171. Por otro lado, Ángel, alias El Coney/o El Conejo, fue sentenciado a 290 años de prisión con una multa de MXN dos millones 405 mil 781.

Ellos dos, así como “El jabón” están relacionados con el Cártel del Pacífico Sur. Dicha organización fue formada por antiguos integrantes de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el portal InSight Crime.

Una mujer del estado de Minnesota fue condenada a prisión tras protagonizar un esquema de fraude que se extendió durante 25 años, haciéndose pasar por su madre muerta para recibir beneficios de jubilación del gobierno estadounidense. Según USA TODAY y una comunicación de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Minnesota, Mavious Redmond, de 54 años, fue sentenciada a un año y un día de encarcelamiento por apropiarse indebidamente de 360.627 dólares del programa de Seguridad Social.

Los hechos se remontan a enero de 1999, cuando la madre de Redmond falleció. Desde entonces, la mujer asumió la identidad de su progenitora, presentando documentos oficiales con sus datos biográficos y el número de Seguro Social de la fallecida, además de falsificar firmas y hacerse pasar por ella tanto en conversaciones telefónicas como en visitas presenciales a las oficinas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), según detallaron las autoridades estadounidenses en un comunicado proporcionado a USA TODAY.

El engaño se mantuvo activo hasta junio de 2024, cuando las autoridades federales descubrieron el ardid (engaño). Durante ese periodo, Redmond continuó percibiendo los pagos mensuales de jubilación asignados a su madre y llegó incluso a cobrar 3.200 dólares adicionales, correspondientes a los pagos de alivio económico por la pandemia de COVID-19 que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) depositó en la cuenta de la fallecida. Después de cumplir con la sentencia de un año y un día de prisión, Redmond enfrentará un periodo de libertad supervisada de otro año.

El inicio y el desarrollo del fraude: cómo Redmond se apropió de la identidad de su madre

Según la información oficial recogida en el comunicado de prensa citado por USA TODAY, la estrategia de Redmond arrancó poco después del fallecimiento de su madre. La acusada se presentó ante el sistema oficial empleando toda la información personal de su madre, incluidos su fecha de nacimiento y su número de Seguro Social, elementos indispensables para mantener la apariencia legal ante las autoridades que gestionan los beneficios de jubilación federal.

Las investigaciones señalan que Redmond no solo remitió formularios que requerían la firma de su madre (facilitados con firmas falsificadas), sino que también personificó la voz de su progenitora durante llamadas telefónicas y en entrevistas presenciales en oficinas gubernamentales. Además, apenas semanas después de la muerte de su madre, Redmond contactó a la SSA para consultar, en términos hipotéticos, qué ocurriría con los beneficios si la titular fallecía.

En aquella ocasión le indicaron que debía reportar la defunción para cancelar los pagos, pero Redmond optó por ignorar esa instrucción y continuar con el cobro de los fondos, según el comunicado oficial citado en USA TODAY.

El fiscal federal Joseph H. Thompson expresó en el anuncio de la sentencia que “esta no era una suma de dinero gratuita. Era dinero de los contribuyentes, robado de un programa financiado por el esfuerzo de los habitantes de Minnesota que aportan en cada sueldo”. Sus palabras, reproducidas por USA TODAY, subrayan la gravedad del acto y su impacto en la confianza y sustentabilidad del sistema público.

Impacto en la vida personal, dificultades económicas y reacciones de la defensa

Las circunstancias personales de Redmond, recogidas por la defensa en documentos judiciales consultados por USA TODAY, muestran una historia marcada por la precariedad. A lo largo de la mayor parte de su vida, Redmond residía con sus padres en la misma vivienda. Tras la muerte de su madre, la acusada quedó completamente sola y sin red de apoyo, situación que la dejó en una posición vulnerable.

Su defensor público federal, Robert Meyers, argumentó ante el tribunal que Redmond no es “una criminal endurecida” sino una persona atrapada en la desesperación. Según los datos recabados en la sentencia y difundidos por USA TODAY, Redmond trabajaba a jornada completa en una sucursal de Subway, donde su salario era de ocho dólares la hora, una cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades básicas incluso con el apoyo de bancos de alimentos. El defensor señaló que este contexto explica el “crimen de oportunidad” que cometió la acusada, aunque en ningún caso intenta justificar sus acciones.

Los mismos documentos judiciales agregan que, tras descubrirse el fraude, Redmond logró obtener empleo en un restaurante McDonald’s, donde trabajó unas 25 horas semanales durante ocho meses. La relación laboral se terminó una vez su empleador tuvo conocimiento del caso penal, como consta en el relato de los hechos divulgado por USA TODAY.

Las repercusiones tras la condena: reinstalación, búsqueda de empleo y asistencia social

Después de su destitución en el restaurante, Redmond emprendió un nuevo intento de reinsertarse profesionalmente. En el mes de junio, se trasladó a la región de Twin Cities, a un refugio para personas sin hogar. Según los registros judiciales expuestos en los informes de prensa citando a USA TODAY, Redmond cuenta ahora con un defensor legal de vivienda y se encuentra en proceso de solicitar nuevos empleos en cuanto sea liberada, así como programas estatales de estabilización.

El defensor Meyers resaltó en los textos judiciales el esfuerzo de Redmond por “hacer las cosas de manera correcta” y aprender de los errores cometidos, enfatizando que el contexto de aislamiento y pobreza en el que quedó tras la pérdida de su madre fue determinante para sus decisiones.

El caso de Mavious Redmond pone en evidencia tanto las vulnerabilidades del sistema de beneficios sociales como el impacto de las condiciones económicas y emocionales en la vida de las personas que recurren, muchas veces con fines de subsistencia, a transgredir las leyes. El caso continuará bajo la vigilancia de las autoridades federales, especialmente durante el periodo de libertad supervisada asignado tras su salida de prisión. Según USA TODAY, Redmond recibió la sentencia el 21 de agosto.

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió sancionar al presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, por ejercer violencia política en razón de género contra la sexta regidora, Xiadani Baños Camacho.

De acuerdo con la resolución emitida dentro del expediente 14/2025, aprobada por mayoría de votos, se acreditó que el alcalde y hermano del diputado federal de Morena, Pedro Zenteno Santaella, vulneró los derechos políticos y laborales de la funcionaria municipal mediante diversas acciones.

Las acciones fueron negarle el uso de la voz en sesiones de Cabildo, asignarle una oficina sin mobiliario ni personal de apoyo, retenerle el pago correspondiente a su salario del mes de febrero sin causa justificada y obstaculizar su desempeño de forma reiterada.

El tribunal determinó que estos actos limitaron directamente la capacidad de la regidora para ejercer plenamente su cargo y participar en la toma de decisiones del Ayuntamiento, lo que constituye una afectación grave a su derecho a la participación política y a un ambiente laboral libre de violencia.

Sanciones de la Contraloría del Congreso y de Teoloyucan

En la Trigésima Segunda Sesión Pública, celebrada el 14 de agosto de 2025, el Pleno del TEEM resolvió el Procedimiento Especial Sancionador 14 de este año, derivado de una demanda presentada por la regidora del PRI, en contra del presidente municipal y del director de Administración, Christian Julián Mendoza Cortés.

El Pleno del tribunal declaró la existencia de violencia política, acreditando un trato diferenciado en la contratación del personal adscrito a la sexta regiduría.

Según la ponencia, esta conducta representó una violación de mayor entidad que la simple obstrucción del cargo, pues se dirigió exclusivamente hacia ella, de forma sistemática y con la finalidad de demeritar su función pública.

En consecuencia, se dio vista a la Contraloría del Poder Legislativo de la LXII Legislatura del Estado de México y a la Contraloría del Ayuntamiento de Teoloyucan, para que determinen las sanciones administrativas correspondientes.

Este fallo marca una continua defensa de los derechos de las mujeres que ejercen cargos públicos, reforzando la obligación de las autoridades de prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género.

El caso también podría ser registrado en el catálogo de personas sancionadas, lo que limitaría la posibilidad de que el edil sea postulado a futuros cargos de elección popular.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) obtuvo una sentencia de 40 años de prisión para Rosa “N” por el delito de secuestro agravado cometido en el municipio de Pilcaya.

El fallo fue emitido luego de que el tribunal confirmó la responsabilidad de la acusada en los hechos ocurridos el 7 de junio de 2010, en el poblado Mogote, en agravio de Maribel “N” y Geovanni “N”.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la sentencia se determinó tras la presentación de pruebas recabadas durante una investigación exhaustiva.

A 15 años del delito

La FGE indicó que el trabajo coordinado entre agentes ministeriales y peritos permitió establecer la participación de la imputada en el secuestro.

Además de la condena de prisión, el juzgado impuso a Rosa “N” el pago de una multa económica como reparación integral a las víctimas. La Fiscalía destacó que la pena refleja el compromiso institucional con la justicia y la lucha contra la impunidad.

El caso marca un precedente debido a que los delitos de secuestro mantienen alta preocupación en la entidad, considerada entre las de mayor incidencia delictiva en el país.

Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refieren que en los primeros meses de 2025, Guerrero registró dos víctimas de homicidio doloso en un solo día, de acuerdo con el monitoreo federal de fiscalías estatales.

El contexto de violencia y criminalidad en Guerrero impone constantes desafíos a las autoridades. Reportes del Gobierno de México muestran que la entidad ha experimentado repuntes cíclicos en homicidios durante el último año, ubicándose entre los estados más vigilados por su incidencia de delitos de alto impacto.

Durante el mes de julio de 2025, se documentaron 1,754 víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, siendo Guerrero uno de los territorios con informes periódicos de agresiones vinculadas a grupos criminales.

El municipio de Pilcaya, donde se ejecutó la sentencia, forma parte de las regiones donde la presencia de organizaciones delictivas ha derivado en situaciones de riesgo para la población. Las autoridades estatales insisten en el fortalecimiento de las estrategias de investigación y persecución de delitos, especialmente en zonas rurales como Mogote, escenario del secuestro sancionado esta semana.

La sentencia contra Rosa “N” responde, según la Fiscalía General del Estado de Guerrero, al objetivo de procurar justicia y garantizar el acceso de las víctimas a una vida libre de violencia. El organismo reiteró que mantiene procesos judiciales activos y operativos especiales para combatir el secuestro y otros delitos de alto impacto en la región.

Con este fallo, la Fiscalía de Guerrero reafirma su postura de sancionar con firmeza a quienes vulneren la seguridad de las personas, y dar respuesta a la demanda social de justicia ante el fenómeno delictivo que afecta a las familias guerrerenses.

La audiencia había comenzado pasadas las 11 de la mañana y la sentencia se leyó en cuestión de minutos, sin la presencia de Julieta en la sala. Ella llegó con algunos minutos de retraso, subida a un auto negro y acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, y sus abogados, Fernando Burlando y Javier Baños. El vehículo avanzó entre cámaras y periodistas que aguardaban en la puerta del tribunal. Mientras trataban de ingresar al recinto, Baños bajó la ventanilla y recibió la noticia de que ya habían dado la sentencia que condena a Contardi. “¿Cómo que acaban de leer la sentencia?”, preguntó, visiblemente confundido, observando a las cámaras que seguían cada movimiento.

Prandi, sentada a su lado, giró la cabeza, asimiló la noticia y mantuvo la mirada adelante, sorprendida y anonadada por el hecho de que el veredicto se había dictaminado antes de su llegada. Pese a no haber estado presente en la lectura de la sentencia, un momento bisagra, tan esperado como temido, la actriz se mostró decidida a ingresar al tribunal, acompañada de sus allegados y su equipo legal.

Al llegar a la sede judicial, la actriz fue abordada por una impresionante guardia periodística, ansiosa por conocer su testimonio. La modelo repetía: “Quiero escucharlo adentro”, confirmando su necesidad de atravesar personalmente ese momento. Incluso Ortega, a su lado, aclaró: “No sé, nosotros no escuchamos nada”. Fueron palabras breves antes de cruzar el umbral del tribunal, y pocos minutos más tarde de conocer el fallo, Julieta sufrió una descompensación.

El clima en el interior fue de profundo desgaste. Una vez adentro, la conductora se abrazó con sus padres, con Burlando y hasta con el fiscal del caso, un gesto poco frecuente en la escena judicial. Casi al mismo tiempo, el empresario abandonaba el tribunal escoltado por la policía, con destino a la DDI de Campana.

Según pudo saber Infobae, Prandi no estuvo presente al momento exacto del veredicto porque tanto ella como su entorno creían que no iba a soportar la tensión de la lectura. De hecho, la conductora y uno de sus abogados llegaron a la sala 11:27 cuando la lectura del veredicto se había convocado para las 11.

Poco después sufrió la fuerte reacción emocional: se tiró al piso entre lágrimas y fue rápidamente asistida por personal de salud. Le suministraron “algo dulce” y comenzó a recuperarse. Un médico explicó a este medio: "Es más un problema emocional que otra cosa. Está bien, está contenida. La presión está bien”.

El fallo judicial, firmado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, representa para los especialistas en este tipo de casos, un precedente fundamental en este tipo de causas. Los magistrados ordenaron la condena luego de un proceso extenso, con revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

En ese marco, Contardi fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados. Así, la justicia da una respuesta tras años de lucha y dolor para la actriz, que pudo escuchar finalmente una sentencia que marca para ella y para muchas víctimas un día diferente, con la esperanza de un nuevo comienzo tanto para ella como sus allegados.

El Tribunal de Juicio de Mercedes sentenció a una pena de prisión en suspenso al abogado Marcelo Hanson, por el delito de defraudación con abuso de la necesidad e inexperiencia de un incapaz. Se trata del defensor de Mónica Millapi y su marido, Daniel “Fierrito” Martínez, ambos detenidos en la causa que investiga el caso Loan Danilo Peña.

Este martes la Justicia fijó una condena de tres años de prisión para el letrado y la prohibición de ejercer durante el mismo lapso, además de la obligación de cumplir diversas pautas de conducta bajo control judicial. Esta medida surge poco tiempo después de que los fiscales de la causa que investiga la desaparición del niño de 5 años, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la provincia de Corrientes, solicitaran la elevación a juicio. Tanto Millapi como Martínez se encuentran en la lista de las personas que serán juzgadas.

La reciente condena contra Hanson tuvo como víctima a su prima. Según consta en la sentencia N° 48/2025, mencionada por el portal República de Corrientes los jueces determinaron que el 22 de diciembre de 2017, el abogado solicitó judicialmente una restricción en la capacidad de la familiar y, al mismo tiempo, la hizo firmar una dación en pago de aproximadamente 302 hectáreas. El intento de escriturar este inmueble puso en evidencia la maniobra fraudulenta ante la Justicia, lo que derivó en la presentación de una acción penal por parte de familiares de la damnificada.

El delito conocido como circunvención de incapaces ocurre cuando alguien se aprovecha de la falta de experiencia o de la situación de vulnerabilidad de una persona, como un menor de edad o alguien que no puede valerse por sí mismo, para convencerla de hacer algo que le causa daño a ella o a otros. La ley castiga este acto porque implica aprovecharse de alguien que no está en condiciones de comprender o defenderse por completo.

En este sentido, el tribunal integrado por los doctores Muschietti, Troncoso y Ríos resolvió tras más de una hora de deliberación que Hanson es responsable de los hechos ocurridos en un domicilio de la ciudad de Curuzú Cuatiá, en perjuicio de la mujer.

La condena

Además de la prisión en suspenso y la inhabilitación profesional, el fallo estipula normas de conducta estrictas durante tres años. El acusado deberá abstenerse de cometer nuevos delitos, fijar un domicilio estable sin mudarse sin aviso al tribunal, evitar consumir estupefacientes o abusar del alcohol y mantener absoluta prohibición de contacto, ya sea directo o a través de medios digitales, con la damnificada. También deberá inscribirse y acreditar la realización de un curso académico sobre ética profesional para abogados.

A su vez, está obligado de entregar la credencial profesional bajo acta, notificando de ello al Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial y al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la provincia; y asumir las costas procesales derivadas del juicio.

La sentencia aclara que la condena es en suspenso, lo que implica que Hanson no cumplirá prisión efectiva, salvo que infrinja alguna de las normas de conducta impuestas por el tribunal.

La responsabilidad penal del abogado ya había quedado establecida por unanimidad el viernes 8 de agosto, cuando el tribunal leyó el veredicto tras la primera parte del debate. En esa instancia, los jueces valoraron tanto la prueba documental como los testimonios y peritajes recabados a lo largo de la instrucción y del desarrollo oral.

Tan solo un día antes, la Cámara Federal de Corrientes confirmó la elevación a juicio oral de José Fernández Codazzi, el ex abogado de Laudelina Peña—tía de Loan Danilo Peña—, en una causa de presuntas irregularidades ocurridas durante su gestión como interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor en la localidad de Esquina.

Si bien este proceso no tiene vinculación con el caso de la desaparición de Loan, la trayectoria de Fernández Codazzi tomó notoriedad pública cuando asumió la defensa legal de la principal testigo en esa investigación.

El expediente judicial refiere a prácticas detectadas tras una auditoría nacional realizada el 8 de mayo de 2018. Durante los años 2017 y 2018, periodo en el que Fernández Codazzi encabezaba el Registro, se detectó el cobro irregular en más de 425 trámites.

En primera instancia, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo le atribuyó a Fernández Codazzi los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes y peculado, aunque la Cámara Federal declaró prescriptos los dos primeros y solo avanzó con el juicio por presunto peculado, es decir, el supuesto desvío de fondos públicos bajo su administración. Los camaristas mantuvieron además un embargo preventivo de $1.000.000 sobre los bienes del imputado.

Fernández Codazzi permanecerá en libertad durante el proceso, ya que no tiene antecedentes, colaboró con la justicia y no se consideró riesgo de fuga.

Después de las tres audiencias que se celebraron en el primer piso del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana, este miércoles se dará a conocer la sentencia del juicio por abuso sexual en contra de Claudio Contardi, el ex esposo de la modelo y conductora Julieta Prandi. La decisión estará a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

El veredicto del Tribunal se dará a conocer pasadas las 11:00 horas, luego de que se revisaran las pruebas presentadas, los testimonios y las declaraciones de ambas partes. De esta manera, se evaluará si Contardi sería encontrado culpable de los cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”.

La investigación que permitió llegar hasta esta instancia se inició en 2021, tras una denuncia realizada por Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar, que contaba con competencia en la jurisdicción, ya que los hechos denunciados habrían ocurrido en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado “Septiembre”. Según la causa, los episodios de violencia intrafamiliar se produjeron entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

Durante la última audiencia, que se desarrolló el pasado viernes 8 de agosto, la defensa de Contardi solicitó que el proceso fuera declarado nulo, tras asegurar que todo habría sido inventado por la denunciante. En contraposición, el fiscal Christian Fabio pidió que el acusado sea condenado a una prisión efectiva de 20 años, la pena máxima por el delito de abuso sexual, de acuerdo con el Código Penal argentino.

Frente a esto, la querella, representada por Javier Baños, requirió a la Justicia que el acusado fuera condenado a 50 años de prisión. “Pedimos 50 años por una cuestión técnica, no porque con esa cantidad de pena se pueda hacer que se haga Justicia, sino porque es el máximo legal que permite que establece el artículo 55. Hubiéramos pedido prisión perpetua de haber podido”, explicó el abogado en declaraciones con la prensa.

Hasta que se conozca la sentencia, el acusado tiene prohibida la salida del país. La medida fue ordenada, días después de que descartaran el pedido de prisión preventiva presentado por la querella. Asimismo, habilitaron una restricción perimetral para que el empresario no pueda acercarse a la modelo.

Luego de que se constataran detalles técnicos de la denuncia como, por ejemplo, que el domicilio señalado como el lugar donde habrían sucedido los actos de violencia, los jueces deberán analizar las declaraciones de las partes y los testigos que participaron del juicio.

Prandi fue la primera en comparecer ante el tribunal el miércoles pasado. De esta forma, ratificó los episodios denunciados y pidió que la Justicia imparta “una condena ejemplar”. Y remarcó: “No estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica”.

Esa misma jornada, Contardi hizo uso de su derecho de declarar ante los jueces. Fue así que durante su relato habría mencionado una frase que indignó a la actriz, tras presuntamente haber tenido un acto fallido. “Y él terminó de condenarse al decir: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’. No tengo nada para decir, lo tomé como justicia divina porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”, declaró al finalizar la audiencia.

Otro de los testimonios disponibles es el del conductor y compañero de trabajo de la actriz, Mariano Peluffo, quien avaló las situaciones de violencia denunciadas y contó cómo fue que se enteró de lo que había atravesado en los últimos años. “Algunos los vivimos, en 2019 vivimos un evento, llegó de un auto, pálida, sus papás estaban acá conmigo, pero ella tuvo que volverse apenas terminamos el trabajo. Estaba angustiada, y a los días se fue de la casa“, recordó.

El conductor apuntó que, al momento de separarse y posteriormente realizar la denuncia, el trabajo en radio que compartían era el único que tenía la actriz. Por esto, al ser consultado por la defensa si había notado episodios de violencia económica expuso que en 5 años Contardi no habría cumplido con la cuota alimentaria y sostuvo que “quería dinamitarle su único ingreso”.

Además, señaló que “ella vivía nerviosa, mirando el teléfono”, cuando todavía mantenía el vínculo con el acusado, quien habría ejercido diferentes tipos de control sobre ella. “Es una forma de control, la posibilidad de mandarle la ubicación, también es una herramienta de control”, interpretó.

Entre los testigos que fueron citados en la audiencia del jueves, se dieron a conocer los relatos que ofrecieron Ángel Peloso, el jefe de seguridad del barrio privado “Septiembre”, y Verónica Maciel, una amiga que la actriz conoció por la amistad que sus hijos desarrollaron en el jardín de infantes.

Mientras que el hombre de seguridad declaró nunca haber notado actitudes irregulares en el matrimonio Contardi-Prandi, pero sí convalidó que la conductora siempre solía salir del lugar acompañada de su ex pareja. Asimismo, indicó que estas salidas podían darse en taxi, remis e, incluso, a pie.

Por su parte, la amiga de Prandi recordó haberla visto mal emocionalmente en una oportunidad que había visitado la casa de Martínez, a la que el matrimonio se había mudado en 2019. Según sus palabras, la actriz se veía angustiada y sin poder sostener la mirada, aunque le había pedido: “Quédate tranquila, voy a estar bien”.

Poco después, afirmó que le había confesado las situaciones de violencia que habría atravesado a lo largo de tres años. También se refirió a la falta de recursos que tenía para comprar medicación para su hijo o alimentos. Finalmente, consideró que sería “incapaz de hacer una denuncia por falso abuso”.

Para el final del juicio, ambas partes también presentaron sus alegatos. En el caso de Contardi, se apegó a sostener que la denuncia habría sido falsa y que su ex esposa tendría motivos económicos para hacerla. Bajo este relato fue que la defensa pidió la absolución y nulidad del caso.

En contraparte, Prandi alegó ante los jueces y terminó por descompensarse, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. “Fue luego de hacer un alegato, donde hizo muchos pedidos y luego de enterarse todo lo que había declarado la defensa de Contardi, de que todo esto era un invento de Julieta“, relató el periodista Alejandro Guatti en el programa Intrusos, de América.

Al ser consultado sobre el cuadro de la conductora, el cronista indicó que la descompensación se habría desatado “cuando tenía que decidir la Justicia, la tenencia de los hijos, ella hizo su alegato y por la emoción contenida durante todo este tiempo, estalló en crisis Julieta Prandi”.

“Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas”, reconstruyó el abogado de Prandi en diálogo con la prensa, tras recriminar a la Justicia por no haber ordenado la prisión preventiva en contra del acusado. Y concluyó: “Esperemos que termine el calvario de Julieta. Confío plenamente en la Justicia, confío que se haga justicia”.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 10 meses de prisión por delitos sexuales contra Armando R. M.

La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de tentativa de violación, violación y abuso sexual agravado en perjuicio de dos menores de edad.

El proceso se desarrolló ante el Juez del Distrito Judicial Morelos, en la ciudad de Chihuahua, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

Detalles del caso

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, las agresiones sexuales ocurrieron de manera reiterada entre junio del 2012 y diciembre del 2019. Los hechos tuvieron lugar en domicilios ubicados en la colonia Infonavit Nacional y Nuevo Paraíso, ambos sectores residenciales de la capital estatal. Las víctimas, menores de edad al momento de los hechos, sufrieron ataques sexuales por parte de Armando R. M., quien mantenía una relación de proximidad con su entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua señaló que el caso fue documentado mediante un conjunto de pruebas y peritajes aportados durante la investigación. Estas evidencias incluyeron testimonios directos de las víctimas, dictámenes psicológicos, informes médicos y la recopilación de datos circunstanciados sobre los periodos en los que ocurrieron las agresiones.

La recolección y análisis minucioso del material probatorio permitió robustecer la imputación y facilitar la obtención de la sentencia condenatoria en un plazo reducido, indicó el área de comunicación de la FEM.

Informes oficiales detallaron que el procedimiento abreviado fue solicitado por la defensa del acusado, luego de que se reconociera de manera expresa la responsabilidad penal de Armando R. M. en los hechos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la aceptación de los delitos permitió que el proceso judicial culminara sin la necesidad de un juicio oral prolongado, agilizando la administración de justicia y evitando una revictimización de las personas afectadas.

“La conclusión expedita de este caso contribuye significativamente al acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos con componentes de género”, mencionó la Fiscalía Especializada en una declaración formal difundida a medios.

De igual forma, organismos dedicados a la protección de los derechos de la niñez en Chihuahua reconocieron el acompañamiento psicológico y legal brindado por la Fiscalía durante el proceso. El fallo se inscribe en el marco de la legislación estatal vigente, que establece penalidades agravadas por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad.

El caso de Armando R. M. se sumó a una serie de procedimientos similares tramitados en el estado de Chihuahua durante el último año, de acuerdo con reportes de la Fiscalía.

Las víctimas y familiares contaron con el respaldo de instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La Fiscalía Especializada reiteró su compromiso con la investigación y persecución de delitos con alto impacto en la seguridad y bienestar de mujeres y menores de edad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de las víctimas ni información personal de las familias para salvaguardar su integridad y privacidad, en conformidad con los lineamientos legales aplicables.

En una audiencia reservada adelantada el martes 5 de agosto de 2025, el adolescente de 15 años que le disparó el 7 de junio de 2025 a Miguel Uribe Turbay aceptó los tres delitos imputados por la Fiscalía: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El proceso, supervisado por un juez especializado en ley de infancia y adolescencia, estuvo marcado por la expectativa de que el joven obtuviera beneficios judiciales a través de un principio de oportunidad. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta posibilidad al comprobar que la identificación de los demás implicados se logró mediante cámaras de seguridad y labores de investigación, y no gracias a la colaboración del menor.

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“Por eso, si bien el joven infractor colaboró con la administración de justicia, no se le aprobó el principio de oportunidad”, detallaron fuentes de la Fiscalía al El Tiempo.

El entramado criminal se ha visto alterado por hechos recientes: el 29 de julio, otro adolescente de 17 años que afirmó haber sido el primer contratado para ejecutar el ataque abandonó un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), lo que añade incertidumbre sobre la totalidad de los responsables y la dinámica interna de la organización.

El caso ha permitido desarticular parte de la estructura criminal detrás del atentado. Hasta el momento, seis personas han sido capturadas: una de las detenidas es Katerine Martínez, alias Gabriela, responsable de transportar la pistola Glock 9 milímetros utilizada en el ataque: la mujer fue arrestada en Florencia, en el departamento de Caquetá, región en la que según las autoridades se habría empezado a gestionar el atentado.

En la misma zona del país operaba Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, quien fue capturado en Bogotá. También en la capital del país fueron arrestados William González Cruz, alias El Viejo; Elder Arteaga, alias El Costeño o “Chipy”, señalado como el articulador del atentado; y Christian González, conductor de la motocicleta que serviría para la huida del sicario.

Sentencia del sicario adolescente ya tiene fijada la fecha

La sentencia contra el sicario que perpetró el ataque se conocerá el miércoles 27 de agosto de 2025: fuentes del caso le establecieron a El Tiempo que el menor de edad recibirá una condena de ocho años de privación de libertad en un centro especial.

Las investigaciones han apuntado hacia un presunto determinador del atentado: “Zarco Aldinever”, disidente de las Farc de la Segunda Marquetalia. Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el director de la Policía, Carlos Fernando Triana, han sostenido esta hipótesis.

No obstante, versiones extraoficiales citadas por El Tiempo indican que “Zarco Aldinever” habría sido asesinado recientemente en Venezuela durante una emboscada del ELN, una versión que coincide con la que entregó la disidencia al mando de “Iván Márquez”. Ante este escenario, el abogado penalista Víctor Mosquera, representante legal de la familia Uribe Turbay, solicitará que la investigación incorpore esta línea y que se presenten las pruebas que respalden las afirmaciones de Benedetti y Triana, aseguró el citado medio.

La captura en flagrancia del joven sicario, minutos después de haber perpetrado el atentado, se logró tras una persecución que hicieron algunos policías y ciudadanos: el agresor recibió un disparo en la pierna, lo que obligó a su traslado inmediato a la Clínica Colombia para una cirugía de urgencia.

La investigación del caso destaca la actuación del equipo de seguridad de Uribe Turbay: la respuesta inmediata de los escoltas no solo frustró el objetivo del joven atacante, sino que también permitió preservar su vida.

El análisis balístico realizado por el CTI aportó detalles técnicos que agravan la situación: el arma utilizada, una Glock 9 milímetros, había sido modificada para disparar en ráfaga, una característica que incrementa su letalidad. Los peritos determinaron que las vainillas recuperadas en el lugar del ataque estaban recubiertas con bronce y latón, una alteración que, de acuerdo con los expertos, busca maximizar el daño de los proyectiles.

Una mujer que practica la santería cubana presentó una demanda de amparo contra el Código Penal de la Ciudad de México argumentando que violaba su derecho a la libertad religiosa.

En su demanda, la santera argumentó que los artículos referentes al delito de crueldad y maltrato animal eran inconstitucionales pues le impedirían ejercer su religión donde realizan sacrificios de distintas especies.

Cuando parecía que su caso sería rechazado en primera instancia, una serie de recursos legales provocaron que la demanda avanzara hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El caso fue resuelto el pasado 22 de enero de 2025, pero fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación apenas este 9 de mayo de 2025. Esta es la historia.

¿Libertad religiosa o crueldad animal?

Parecía un día cualquiera, scrolleando su celular, viendo la redes sociales, todos desde la comodidad de su casa. Hasta que una publicación en Facebook le hizo poner el grito en el cielo.

El motivo: un post del Congreso de la Ciudad de México en el que se anunciaba una serie de modificaciones al Código Penal entre ellas la tipificación de delito de maltrato o crueldad animal a quien les cause lesiones o muerte, aumentando el castigo a quien use métodos que provoquen sufrimiento y prolonguen su agonía.

Su molestia provenía de sus creencias religiosas: desde hace 25 años es sacerdotisa de la religión llamada “ifá-orisha” popularmente conocida como “santería cubana”.

Dentro de la práctica de esta religión se llevan a cabo ceremonias y rituales en el que se inmolan animales con “carácter de veneración y alimentación de sus divinidades”.

Después del sacrificio, dichos animales son consumidos por los sacerdotes y demás participantes.

Por eso, el 15 de marzo de 2023, la sacerdotisa promovió una demanda de amparo indirecto en el que aseguró que estas modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México eran inconstitucionales pues atentan contra su derecho a la no discriminación y al de libertad religiosa.

Además, argumentó que esta ley se redactó de forma vaga e imprecisa sin definir claramente qué es maltrato o crueldad, lo que viola el principio de taxatividad ya que una persona no puede saber con exactitud qué conducta está prohibida.

Con su demanda de amparo, comenzó una larga batalla en los tribunales.

¿Te puedes amparar antes de cometer un delito?

Primero, la Jueza Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó su demanda bajo el argumento de que la ley no afectaba de manera directa a la sacerdotisa toda vez que no había sido denunciada, investigada, ni sancionada.

Inconforme con esta decisión, la mujer presentó una queja que quedó en manos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

El tribunal consideró fundada la queja de la sacerdotisa ya que podría existir una afectación a su libertad religiosa por la simple vigencia de las normas, por lo que ordenó admitir su demanda original.

Aún así, la jueza archivó el caso insistiendo en que no existía ninguna imputación contra ella, por lo que no había interés jurídico, ni legítimo, para promover amparo.

Ante esta situación, la religiosa presentó un recurso de revisión que volvió a manos del tribunal colegiado. En su sentencia consideró que sí había un interés legítimo porque la ley afectaba su derecho a la libertad religiosa y producía un efecto disuasorio inmediato, aun sin existir proceso penal.

Lo anterior, explicó el tribunal colegiado, porque la modificación al Código Penal enviaba el mensaje de que su ritual sería considerado un delito, limitando su derecho de culto. Por ello, no era necesario esperar a ser sancionada para acudir al amparo.

En su decisión, el tribunal colegiado remitió el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decisión de la SCJN: la libertad religiosa tiene límites

Finalmente, el 22 de enero de 2025 –casi dos años después del inicio de la batalla legal–, la SCJN falló en contra de la sacerdotisa.

La Corte rechazó que las modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México en materia de maltrato o crueldad animal sean inconstitucionales, como argumentó la mujer demandante.

El máximo tribunal señaló que la ley no regula, ni prohíbe religión alguna y su finalidad es proteger a los animales.

La SCJN también rechazó que la legislación de este delito viole el principio de taxatividad, como acusaba la sacerdotisa, ya que los conceptos están suficientemente claros para que las personas sepan qué conductas son, en efecto, un delito.

Por otra parte, la Corte recordó que la libertad religiosa no es absoluta y que puede limitarse si entra en conflicto con otros derechos, como el bienestar animal, y enfatizó que el derecho a practicar una religión no incluye el derecho a causar sufrimiento a un animal fuera de los parámetros legales.

Con esta decisión, la SCJN no protegió, ni amparó a la sacerdotisa contra la crueldad y maltrato animal por lo que debe cumplir con la ley: si realiza sacrificios de animales fuera de lo permitido, será procesada penalmente.

Sean “Diddy” Combs seguirá tras las rejas hasta su audiencia de sentencia, luego de que el juez federal Arun Subramanian negó su solicitud de libertad bajo fianza.

La decisión, emitida este lunes 4 de agosto, llegó una semana después de que el equipo legal del artista presentó un documento de 62 páginas abogando por su liberación anticipada, en vista de la audiencia programada para el 3 de octubre.

“Combs no logra cumplir con la carga de demostrar que tiene derecho a ser liberado”, escribió Subramanian en la carta dirigida al tribunal. El juez fue claro y aseveró que no hay condiciones de libertad que puedan garantizar la seguridad o evitar el riesgo de fuga en este caso.

Cabe recordar que el rapero de 55 años fue absuelto el pasado 2 de julio de los cargos más graves de tráfico sexual y asociación delictiva, pero fue declarado culpable de dos cargos menores relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, bajo el Mann Act.

La fiscalía ha recomendado una sentencia de entre cuatro y cinco años de prisión, tomando en cuenta los casi 11 meses que el artista ya ha cumplido en detención desde su arresto en septiembre de 2024.

Durante el juicio, el equipo de defensa argumentó que el Mann Act ha sido históricamente utilizado para procesar casos relacionados con proxenetismo o delitos sexuales contra menores, y que el caso de Combs no encajaba en ese marco.

“Sean Combs ha sido condenado básicamente por utilizar los servicios de un trabajador sexual, y eso ya no se procesa actualmente”, dijo su abogado principal, Marc Agnifilo, en una entrevista con Variety.

Sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio pintaron un cuadro mucho más perturbador.

Según los fiscales, durante más de dos décadas Sean “Diddy” Combs organizó lo que llamaban “freak-offs”: fiestas prolongadas en hoteles, alimentadas por drogas, donde el músico contrataba a escorts masculinos para mantener relaciones sexuales con sus novias, mientras él observaba y grababa.

Algunas de las víctimas, incluyendo a su ex pareja Casandra “Cassie” Ventura, alegaron que no todas estas situaciones fueron consensuadas. Según los testimonios, en múltiples ocasiones hubo coerción mediante violencia, amenazas o consumo de drogas forzado.

Los abogados de Combs reconocieron durante el juicio que su cliente tenía un historial de conductas violentas.

En uno de los episodios más impactantes del juicio, se mostró un video de vigilancia en el que se ve al artista pateando y arrastrando a Ventura en el vestíbulo de un hotel, después de que ella saliera de una habitación donde se llevaba a cabo uno de estos “freak-offs”.

Para el juez Subramanian, este tipo de violencia doméstica “que ocurre a puertas cerradas” y que supuestamente continuó hasta junio de 2024, “es imposible de controlar con condiciones de libertad”.

“En cuanto al riesgo de fuga o de peligro, Combs no cumple con la carga de la prueba de manera clara y convincente por las razones establecidas en el expediente de la audiencia del 2 de julio de 2025″, expresó el juez Arun Subramanian.

Y añadió: “Aumentar la fianza o imponer más condiciones no cambia el análisis, dadas las circunstancias y la pesada carga probatoria que recae sobre Combs. Por esta razón, se niega su solicitud”.

Respecto a la defensa basada en el Mann Act, el juez también fue tajante y afirmó que “los argumentos de Combs podrían tener peso en un caso que no involucrara evidencia de violencia, coerción o sometimiento en relación con los actos de prostitución, pero en este caso hay evidencia de los tres”.

“Mientras Combs pueda argumentar en la sentencia que lo ocurrido fue un caso de ‘swingers’ voluntarios utilizando los servicios de escorts por placer mutuo, el Gobierno sostiene lo contrario: que Cassie Ventura y Jane fueron golpeadas, coaccionadas, amenazadas, engañadas y victimizadas por Combs como parte de esos eventos”, sentenció.

Con estas contundentes observaciones, el juez dejó claro que este caso no entra dentro de ninguna excepción legal que permita su liberación anticipada. Combs, por tanto, permanecerá en prisión hasta conocer su destino final en octubre.

Seis hombres residentes en Deland, Florida, Estados Unidos, recibieron sentencias federales tras ser declarados culpables de participar en una red de tráfico de armas que enviaba armamento de uso militar a cárteles mexicanos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los sentenciados fueron procesados por conspirar para traficar armas, entre las que se incluían rifles y dispositivos de conversión, hacia organizaciones criminales radicadas en México.

De acuerdo con el acta de la fiscalía estadounidense del Distrito Medio de Florida, las autoridades identificaron a los involucrados como Patrick James Siwek, Joshua Matthew Ortiz, Orion Guadalupe Rodriguez Rodríguez, Ricardo Hernández Colón, Antonio José López López y Elvis Z. Márquez Márquez.

Contexto de la situación

La investigación, realizada en colaboración con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), permitió determinar que los acusados adquirieron, ensamblaron y modificaron armas de fuego para dotarlas de capacidad automática antes de transportarlas hacia México.

Mediante el Programa de Notificación de Recuperación de Armas de Fuego eTrace, las autoridades mexicanas pudieron confirmar la presencia de al menos una de las armas de fuego traficadas en México.

El 22 de marzo de 2023, la Policía Estatal de México y personal militar mexicano participaron en un tiroteo con presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zitácuaro, Michoacán, dos personas murieron durante el intercambio de disparos.

Tras el tiroteo, se recuperó un rifle Barrett, modelo 82A1, calibre .50, adquirido por Jesús Hernández el 8 de noviembre de 2022. En algún momento, los miembros de la conspiración de tráfico de armas de fuego comenzaron a quitar los números de serie de las armas antes de su envío.

“Desmantelar esta red de tráfico de armas de fuego con sede en Florida Central es una gran victoria para la seguridad pública en México y Estados Unidos”, declaró Kirk Howard, agente especial a cargo de la División de Campo de Tampa.

“El CJNG es una organización criminal transnacional notoriamente brutal, designada como organización terrorista extranjera, que ahora cuenta con menos recursos para sus actividades delictivas violentas, gracias a este equipo conjunto”.

La operación desarticulada consistía en la compra de partes y componentes de armas de fuego en Estados Unidos, los cuales eran ensamblados para convertirlos en rifles de asalto con capacidad para disparo automático.

Parte del arsenal incluía dispositivos de conversión conocidos como “switches” o “auto sears”, que transforman armas semiautomáticas en automáticas, y no están permitidos para uso civil.

Posteriormente, los artefactos eran ocultos y transportados hacia la frontera con México, para ser entregados a intermediarios que abastecen a cárteles dedicados a actividades delictivas, entre ellas el tráfico de drogas, secuestros y homicidios.

En el marco del operativo, la ATF recuperó múltiples ejemplares de armas de fuego, así como municiones, componentes electrónicos y dispositivos de modificación.

Las sentencias, dictadas por un tribunal federal, varían entre los distintos procesados, incluyendo penas de prisión de larga duración por violaciones a la ley federal sobre tráfico de armas y exportación ilícita de material militar.

El Departamento de Justicia destacó la importancia de la colaboración entre agencias federales para combatir el flujo ilícito de armamento hacia México, señalando que este fenómeno contribuye a la violencia y al fortalecimiento de los cárteles en territorio mexicano.

La persecución penal se realizó conforme a las disposiciones de la Ley de Control de Exportaciones de Armas (Arms Export Control Act) y la Ley Nacional de Armas de Fuego (National Firearms Act).

Situación actual de la seguridad México-Estados Unidos

La cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene como uno de los ejes prioritarios en ambos gobiernos. De acuerdo con la Casa Blanca, el “Entendimiento Bicentenario” representa el marco actual de relación estratégica en torno a la seguridad, enfocado en el combate al tráfico de armas, drogas y el flujo ilícito de divisas.

A través de este programa, ambos países comparten inteligencia, impulsan operativos conjuntos y despliegan estrategias orientadas a frenar la circulación de armas de alto poder hacia organizaciones criminales en México.

Autoridades estadounidenses reconocen que el tráfico de armas desde su territorio hacia México alimenta la capacidad operativa de los grupos delictivos que generan violencia en distintas regiones mexicanas.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia reportan acciones coordinadas para reforzar revisiones fronterizas y aumentar la incautación de armamento ilegal dirigido a organizaciones criminales como parte esencial de la política bilateral.

Por su parte, reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México reflejan que la cooperación con Estados Unidos ha permitido decomisos importantes de armamento, así como la identificación de rutas y redes de tráfico que facilitan el flujo de armas hacia cárteles mexicanos. Ambos países reconocen que la reducción del tráfico ilícito de armas constituye un desafío central para la seguridad regional y la contención de la violencia.

Surat Thani (Tailandia), 4 ago (EFE).- El español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, dijo en declaraciones a EFE que espera que con el recurso a su sentencia "se haga justicia" y "se llegue a la verdad", cuando se cumplen dos años de su detención en la isla tailandesa de Phangan.

"Tengo esperanzas de que se haga justicia, de que se llegue a la verdad. Que no solo se me juzgue por las apariencias, como pasó en la primera sentencia", dijo este viernes a EFE el español de 31 años desde la prisión de máxima seguridad de Surat Thani (sur de Tailandia).

Sancho, que fue detenido oficialmente el 5 de agosto de 2023 tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, un crimen cometido dos días antes, cumple condena en esa prisión desde que fuera sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Tailandia el 29 de agosto del año pasado.

La defensa de Sancho, que ha recurrido la sentencia, sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente fruto de una pelea en la que el condenado actuó en defensa propia, por lo que rechaza la condena por asesinato premeditado.

El hijo del actor Rodolfo Sancho dijo este viernes que se ha "adaptado" a las condiciones de la prisión, donde en estos momentos comparte celda con otros 10 presos, y que espera que se resuelva ya el recurso a su sentencia.

La defensa del español presentó el 26 el marzo un extenso recurso contra la sentencia en el que además de apelar el fallo pedían la celebración de una nueva vista oral o la repetición del juicio en primera instancia, tras la supuesta aparición de nuevas pruebas y más testigos.

Los representantes en España de la familia de Arrieta, los letrados Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, dijeron a los medios el pasado jueves en Madrid que "no hay ninguna prueba que avale su inocencia" y que dos años después del crimen la familia está viviendo momentos "muy difíciles", dado que "siguen sin poder descansar en paz".

Sancho dice que dedica la mayor parte de su tiempo en la prisión a hacer ejercicio y a la lectura y mantiene videollamadas semanales con su padre y su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo, quien lo ha visitado en varias ocasiones desde que fue condenado.

El español se encuentra en una celda destinada a los presos extranjeros y a los recién llegados, por lo que no está tan masificada como otras del centro, que pueden llegar a acoger una treintena de reos.

En los últimos días, la reciente condena a Álvaro Uribe Vélez ha revivido intensos debates en los escenarios políticos y familiares de las víctimas de emblemáticos casos judiciales en Colombia.

Un ejemplo es la posición pública de Jorge Colmenares, que no solo es conocido por su incansable lucha por esclarecer la muerte de su hermano, Luis Andrés Colmenares, sino por su actual rol como concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, donde el respaldo a Uribe es significativo.

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El caso de Luis Andrés Colmenares, ocurrido el 31 de octubre de 2010 bajo circunstancias aún hoy envueltas en misterio, marcó profundamente a su familia. Desde ese fatídico día, la búsqueda por la verdad y la justicia ha sido incansable, especialmente para Jorge, que decidió formarse como abogado, motivado por el anhelo de encontrar respuestas. Sin embargo, con el tiempo, sus esfuerzos lo llevaron más allá del ámbito judicial, abriéndole camino en la política, donde halló un nuevo escenario para la defensa de sus ideales.

Pronunciamiento de Jorge Colmenares

Jorge Colmenares, ahora concejal por Bogotá, ejercita activamente su voz en redes sociales, convirtiéndolas en una tribuna para expresar críticas respecto a decisiones de la justicia colombiana y asuntos de interés público. La condena a doce años de prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, desencadenó una oleada de pronunciamientos, entre ellos los del propio Colmenares.

El joven político expresó en redes su inconformidad con lo que percibe como una doble vara en la justicia, asegurando lo siguiente: “Felices gritando justicia en el caso Uribe y calladitos en la lentitud de la justicia con Nicolás Petro, callados con los fugitivos, callados con el asesinato del coronel Dávila, callados con el abuso a Marelbys Meza, callados con el falso Pastor… En fin, la hipocresía”.

Con estas palabras, Colmenares criticó abiertamente lo que considera una inequidad en la atención judicial y mediática que distintos casos reciben en Colombia, y el silencio frente a situaciones polémicas de alto perfil. Posteriormente, reforzó su postura frente a los detractores del expresidente Uribe, declarando: “Dicen los mamertos Uribe, condenado, sí condenado a ser el mejor presidente de la historia de Colombia. No pueden existir dos justicias, una para él y una para el resto”. Las críticas de Colmenares han generado respuesta inmediata, tanto entre quienes lo respaldan como entre quienes cuestionan alguna cercanía política o percepción de impunidad respecto al uribismo.

Dentro del contexto de la condena, la figura de Jorge Colmenares ilustra la manera en que la política y lo personal se entrelazan en la opinión pública actual. No solo por su historia familiar y la tragedia de su hermano –que lo convirtió en símbolo de la lucha por la justicia–, también por el poder de su voz desde el espectro político vinculado al Centro Democrático y al propio Uribe. Su situación refleja cómo los actores políticos emergen no solo de trayectorias convencionales, sino de vivencias que los impulsan al activismo y a la vida pública.

Sentencia del expresidente Álvaro Uribe

La condena de Álvaro Uribe Vélez opera como catalizador de profundas divisiones políticas y sociales en Colombia. Mientras algunos ven en el fallo judicial un avance hacia la igualdad ante la ley, otros, como Jorge Colmenares, lo interpretan como un reflejo de una justicia selectiva y motivada por intereses ajenos a la objetividad. Las declaraciones de Colmenares ponen sobre la mesa la persistencia de resentimientos históricos y la percepción de ciertos sectores sobre la legitimidad de los procesos judiciales cuando involucran a líderes fundamentales en el acontecer nacional.

Por su parte, la familia Colmenares sigue siendo símbolo tanto de vulnerabilidad frente a la justicia como de perseverancia en la búsqueda de respuestas. El paso de Jorge desde la lucha privada por claridad sobre la muerte de su hermano hacia la esfera política y pública representa la compleja transformación de las víctimas en actores políticos, conscientes de que la defensa de sus derechos individuales puede convertirse en una plataforma para abogar por cambios estructurales en la administración de justicia.

Margarita Rosa de Francisco celebró en redes sociales la noticia sobre la reciente condena a Álvaro Uribe Vélez, decisión que ha generado reacciones de amplio alcance en el escenario político y cultural colombiano.

La actriz y escritora, destacada por su participación en producciones emblemáticas como Café con aroma de mujer y Gallito Ramírez, no dudó en expresar públicamente su opinión tras conocerse la sentencia de doce años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal impuesta al exmandatario.

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De Francisco, que hace varios años tomó la decisión de establecerse en Miami junto a su pareja para emprender nuevos proyectos profesionales, ha mantenido una postura activa respecto a la coyuntura social y política de Colombia. Aunque residenciada fuera del país, la artista suele compartir opiniones sobre temas relevantes que impactan a la sociedad colombiana, lo que la ha convertido en una figura que genera debates entre sus seguidores y detractores.

Al confirmarse la resolución judicial en contra de Uribe Vélez, la reacción de Margarita Rosa de Francisco se sumó a la de otras personalidades del sector político y del espectáculo, quienes tampoco han guardado silencio frente al histórico fallo. La frase mencionada por la caleña, “La horrible noche lleva doscientos años y está cesando”, alude al himno nacional colombiano y ha sido interpretada por muchos como un mensaje de esperanza ante lo que consideran un avance en la lucha contra la impunidad.

El fiel respaldo de Margarita Rosa al Gobierno nacional

No obstante, la publicación no pasó inadvertida ni libre de polémica. El respaldo de Margarita Rosa de Francisco hacia Gustavo Petro—que actualmente se desempeña como presidente del país—ha sido foco de reproches desde el inicio de la campaña presidencial. Aunque la actriz ha admitido públicamente que no está de acuerdo con todas las decisiones y posturas asumidas por el actual gobierno, su apoyo a Petro y a algunas de sus propuestas le ha significado enfrentar comentarios negativos y seguidores críticos.

Diversos usuarios en redes sociales, en respuesta a las declaraciones de Margarita Rosa, han dirigido duras observaciones señalando lo que consideran deficiencias y controversias de la gestión de Petro. Destacaron el tiempo pendiente para que culmine el período presidencial y recordaron los episodios en los que el mandatario se ha visto envuelto en polémicas. A pesar de ello, la condena a Uribe también ha sido celebrada por simpatizantes, que han manifestado su respaldo a la posición expresada por la actriz. “Hoy aplauden la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, manifestaron varios de los que siguen la opinión de De Francisco.

Por su parte, Margarita Rosa de Francisco ha dejado claro que su postura política proviene de una visión crítica y documentada sobre la realidad nacional. Durante el periodo electoral, mantuvo su apoyo a Petro, aunque ha marcado distancia con ciertas posturas y decisiones gubernamentales recientes. En ocasiones pasadas, la actriz ha insistido en que el país atraviesa por una transformación social y política sin precedentes y que el proceso judicial en contra de Uribe simboliza un giro significativo en la justicia nacional.

Pronunciamiento de Margarita Rosa

Desde la publicación de la sentencia, se ha observado cómo el debate público se intensifica. Figuras políticas y del entretenimiento, así como ciudadanos del común, han convertido las redes en un espacio para el intercambio de argumentos a favor y en contra de la decisión judicial. La referencia de De Francisco a la “cesación” de la noche, en clara relación al periodo de impunidad y violencia estatal en la historia, resonó entre los que consideran que el fallo representa un momento de inflexión en la sociedad colombiana.

Finalmente, el caso de Álvaro Uribe Vélez constituye uno de los procesos más relevantes en la historia judicial reciente, con repercusiones directas en la percepción pública sobre la justicia y la democracia. Su condena a prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal ha dejado ver que, para amplios sectores, el país inicia una etapa distinta, tal como lo expresó Margarita Rosa de Francisco en su mensaje. La sociedad permanece a la expectativa de nuevas reacciones y cambios, mientras el ámbito político, mediático y ciudadano no deja de debatir sobre los alcances y consecuencias de este hecho.

Troy Koehler, un niño de siete años, fue hallado muerto el 28 de julio de 2022 dentro de una lavadora de carga superior en el garaje de su casa familiar de Texas, luego de que sus padres reportaran su desaparición ante las autoridades locales. La noticia, seguida de un proceso judicial de alto perfil, culminó con la sentencia de 50 años de prisión para su padre adoptivo, Jemaine Thomas, de 45 años, tras haberse declarado culpable de asesinato, de acuerdo con la información publicada por la revista PEOPLE y fuentes oficiales de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris.

La muerte de Troy generó inquietud desde sus primeros reportes, despertando el interés tanto de la comunidad como de las instituciones encargadas de la protección de menores debido a la crudeza del hallazgo y al historial previo de la familia con Child Protective Services del estado. De acuerdo con registros de la corte consultados por PEOPLE, la madre adoptiva del menor, Tiffany Thomas, de 38 años, enfrenta cargos por causar lesiones a un menor de 15 años y permanece en espera de juicio, con una fianza fijada en 300.000 dólares y la sentencia programada para el 10 de septiembre.

El niño había sido adoptado por la pareja en 2019. El día de la tragedia, tras notificar la desaparición, la policía local llegó hasta la vivienda y tras una breve entrevista, realizó una inspección exhaustiva. “Cosas observadas en el entorno llevaron a los agentes a registrar minuciosamente la casa. Fue entonces cuando hallaron a un menor de siete años, ya fallecido, en la lavadora” declaró el teniente Robert Minchew del Departamento del Sheriff del Condado de Harris en una conferencia anterior, según recordó la publicación de PEOPLE.

Hallazgo del cuerpo en la lavadora desencadenó investigación sobre cuidados y ambiente familiar

La localización del cuerpo de Troy vestido en una lavadora de carga superior a las 07:20 horas del 28 de julio de 2022 puso en marcha una investigación sobre las circunstancias exactas de su muerte y las condiciones en las que vivía en el hogar adoptivo. La autopsia, efectuada por especialistas forenses y referida públicamente por el alguacil del Condado de Harris, Ed González, reveló que Troy presentaba lesiones recientes y anteriores al suceso, elementos que condujeron a las autoridades a catalogar el caso como un homicidio.

La intervención de Child Protective Services en la familia ya había existido antes de la muerte del menor, según recoge la cadena local KPRC 2 Houston, lo que añadía una capa adicional de preocupación sobre los procedimientos de seguimiento y la protección efectiva de la infancia bajo custodia adoptiva. El informe detalla que las instituciones estatales certificaron el vínculo anterior de los servicios sociales con la familia Thomas.

Mensajes de texto y maltrato previo se convierten en prueba clave durante el proceso judicial

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó como evidencia distintas comunicaciones electrónicas donde tanto Jemaine como Tiffany Thomas manifestaban frustraciones y amenazas en torno al comportamiento de Troy. Entre los textos leídos por la acusación y divulgados por KPRC 2 Houston, figura uno en el que el padre adoptivo expresa: “Necesito conseguir [los cerrojos]. Voy a terminar matándolo”, tras supuestamente descubrir que el niño había comido algunos de sus palitos de dona.

Asimismo, los documentos de la investigación señalan que la madre adoptiva, Tiffany Thomas, habría amenazado al menor con meterlo en un horno después de que este presuntamente comió sus pasteles de avena. Pese a que se formalizó un cargo adicional por lesiones por omisión bajo la responsabilidad de Tiffany, el mismo fue posteriormente desestimado, según muestran los registros judiciales revisados por PEOPLE.

Sheryl Reed, maestra de Troy en primer grado, intervino en la audiencia de sentencia leyendo un mensaje sobre el carácter del niño: “Hoy lector, mañana líder. Así era siempre Troy. Le encantaba leer. Si terminaba pronto, iba directo a la biblioteca del aula y luego regresaba para compartir las historias con sus compañeros”, relató emocionada, poniendo de manifiesto el impacto personal y educativo que el niño había tenido en su entorno escolar.

Desarrollo judicial y cargos pendientes para la madre adoptiva

Con la declaración de culpabilidad y la sentencia de medio siglo para el padre adoptivo, el proceso legal continúa en torno a Tiffany Thomas, quien ya admitió responsabilidad por el cargo de causar lesiones a un menor. Su audiencia de sentencia está fijada para el próximo 10 de septiembre, conforme consta en los expedientes recogidos por PEOPLE.

El caso mantiene la atención de la opinión pública ante la expectativa generada por el desenlace judicial que involucra a la madre, así como por la revisión potencial de protocolos y controles en la agencia estatal que supervisa los hogares adoptivos. La condena de Jemaine Thomas, sin derecho a libertad condicional inmediata, cierra una primera etapa en la búsqueda de responsabilidad por la muerte de Troy, mientras las secuelas jurídicas y sociales permanecen en curso.

Las fuentes consultadas, entre ellas la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris, PEOPLE y KPRC 2 Houston, han documentado cada paso relevante desde el descubrimiento del cuerpo, la investigación policial, el desarrollo judicial y el involucramiento de agencias de protección infantil, perfilando el caso como uno de los más impactantes de los registros recientes en Texas.

Tras años de sufrir violencia física, psicológica y hasta económica, una mujer de Guanajuato presentó una demanda contra su ex pareja.

El agresor fue detenido, llevado a juicio, sentenciado culpable y condenado a prisión gracias a la abrumadora evidencia en su contra.

Sin embargo, el criminal comenzó una batalla legal con la que consiguió reducir los años de su pena.

Pero no se quedó ahí, llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consiguió que le anularan la condena gracias a un agujero legal. Esta es la historia.

6 años de infierno: “Me golpeó, acosó y hasta destruyó mi auto”

Lo que comenzó como una bella historia de amor terminó en un largo infierno para Alejandra.

Originaria de Guanajuato, empezó una relación con Ricardo en 2011. Como la mayoría de los noviazgos en un inicio todo era color de rosa, hasta que las actitudes de él hacia ella comenzaron a cambiar radicalmente.

Rápidamente Ricardo emprendió actitudes violentas contra Alejandra, tanto física como psicológicamente.

Muchas personas fueron testigos sobre cómo Ricardo agredía a Alejandra constantemente mediante insultos y amenazas, ya sea por teléfono, en su propia casa, hasta en su trabajo y demás espacios públicos.

Pese a ello, la relación se mantuvo por más de seis años, hasta enero de 2018. Sin embargo, cuando terminaron la violencia no terminó, él siguió agrediéndola aún con más intensidad.

Una noche, cuando Alejandra llegaba a su casa, Ricardo la sorprendió por la espalda, la tomó por el cuello y comenzó a golpearla. Desde adentro del domicilio, la hermana de la víctima escuchó la agresión y salió a rescatarla. Cuando él se dio cuenta de ello huyó corriendo del lugar, no sin antes llevarse el celular de ella.

Meses después, Ricardo dejó amenazas y causó daños a los automóviles de Alejandra y su hermana que se encontraban también afuera de su casa.

El agresor no se limitó ahí: contactó a sus compañeros de trabajo y hasta a sus familiares por celos.

Cansada de todo esto, Alejandra presentó una denuncia contra Ricardo y el 22 de enero de 2021 fue declarado culpable por el delito de violencia familiar y se le condenó a dos años de prisión, la suspensión de sus derechos electorales y al pago de la reparación del daño, a la par que tenía que recibir un tratamiento psicoterapéutico integral.

Inconforme con la sentencia, Ricardo interpuso un recurso de apelación y la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado disminuyó la pena a un año y 11 meses de prisión.

La palabra ante la Corte que lo cambió todo

La reducción de la condena no era suficiente para Ricardo quien presentó una demanda de amparo con una peculiar estrategia legal que buscaba tirar la sentencia en su contra.

El agresor alegó que el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato –con el cual fue declarado culpable– era inconstitucional.

Para defender su punto, Ricardo utilizó una palabra: “análoga”. De acuerdo con dicha ley, la violencia familiar ocurre cuando hay relación de “parentesco, matrimonio, concubinato o análoga”.

En su caso, se definió la relación de noviazgo que él mantenía con la víctima como “análoga” al concubinato o matrimonio”. El argumento del agresor es que el término “análoga” es demasiado vago, sin quedar claro a que se refiere dando mucha libertad al juez para interpretarla arbitrariamente.

Pese a todo lo anterior, el Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito le negó el amparo a Ricardo asegurando que la ley sí es clara, rechazó que sea inconstitucional y consideró que no se violó ningún derecho fundamental del agresor.

Para el tribunal, la decisión de considerar al noviazgo que el agresor y la víctima tuvieron como una relación análoga al concubinato o matrimonio es acertada pues su relación duró seis años, por lo tanto sí aplica el delito de violencia familiar.

Ante este escenario, Ricardo lanzó su última carta: presentó un recurso de revisión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, el 28 de febrero de 2024, la SCJN falló a favor de Ricardo, le concedió el amparo y revocó su sentencia.

Si bien para la Corte es cierto que sancionar la violencia ejercida en las relaciones –ya sean formales, informales, permanentes, transitorias o esporádicas de pareja– es acorde a garantizar a las mujeres el derecho de una vida libre de violencia, no se puede hacer utilizando términos tan ambiguos e imprecisos que puedan vulnerar otros derechos.

El máximo tribunal le dio la razón a Ricardo al considerar que el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato sí es inconstitucional ya que no cumple con el principio de legalidad penal, que exige leyes claras y precisas.

Lo anterior argumentando que la expresión “análoga” no tiene la claridad, ni el grado de determinación exigidos a las normas penales y en su lugar se pudo haber recurrido a otro término para referirse a noviazgos, como lo es “relaciones interpersonales”.

Pese a todo lo anterior, la SCJN reconoció que Alejandra sí había sido víctima de violencia por parte de Ricardo y que un error en la ley no podría dejarla a la deriva, por eso exhortó a las autoridades a protegerla.

Se acabaron los días en los que era posible otorgar nuevas licencias de explotación minera en el páramo de Santurbán y es que, el Tribunal Administrativo de Santander emitió una sentencia este martes, 29 de julio, en la que el ecosistema que ve de cerca el nacimiento del agua fue declarado “sujeto de derechos”.

La noticia fue celebrada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que adjudicó esta decisión histórica a los esfuerzos del “gobierno del cambio” por cuidar del medio ambiente:

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“Santurbán es intocable. Allí solo debe nacer, y transformarse en líquido el agua para la vida de Santander y Norte de Santander. (Era una) Orden desde que comenzó el gobierno del cambio. Vamos a organizar con la población de Santander la gran movilización por la pensión, el agua, la tierra y la vida en Bucaramanga”.

Tras el anuncio, el páramo pasará a tener un representante legal, que bien puede ser una entidad, organización o grupo, que proteja sus intereses, al entender que, con la sentencia, entra a ser:

Una “entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades que lo habitan y que dependen de sus servicios ambientales”.

Con esto en mente, se deberán tomar “decisiones administrativas y judiciales que ponderen la preservación de la integridad y salud del Páramo de Santurbán como un fin en sí mismo, no solo como un medio para el bienestar humano”.

Las actividades que amenacen su estado actual, entre ellas, “todas las políticas sectoriales (minera, energética, agrícola, etc.) deberían armonizarse con la preservación del Páramo de Santurbán, integrando su conservación y uso sostenible en los planes de desarrollo”.

Y en caso de que el páramo sea perjudicado, quedó establecido que debe trabajarse en restaurarlo “a su estado original o, en su defecto, a las condiciones que garanticen su resiliencia y funcionalidad ecológica”.

¿Por qué son importantes los páramos?: esto dice el Ministerio de Ambiente

La relevancia de los páramos en Colombia radica en su papel esencial en la regulación del ciclo hidrológico, lo que permite asegurar el suministro de agua para el consumo humano y el desarrollo de actividades económicas para más del 70% de la población nacional.

Estos ecosistemas, únicos en su tipo, actúan como enormes esponjas naturales que capturan, almacenan y liberan agua de manera gradual, lo que garantiza la disponibilidad del recurso hídrico a lo largo del año. Además de su función en la conservación del agua, los páramos son espacios con alta diversidad biológica y conservan una riqueza cultural significativa, representando territorios vitales tanto para la biodiversidad como para las comunidades que los habitan.

Las condiciones particulares de los páramos, adaptadas a enclaves de altitud y clima especializado, sostienen una variedad de especies de flora y fauna que no se encuentran en otros lugares. Este patrimonio biológico, junto con su relevancia sociocultural, acentúa la necesidad de preservar estos ecosistemas. El cambio climático, que afecta de manera evidente su equilibrio natural, ha incrementado la preocupación por su conservación a nivel nacional, llevando a que los páramos sean considerados estratégicos para la supervivencia humana y el mantenimiento de actividades productivas.

Esta preocupación histórica se ha incorporado en la legislación colombiana, donde la protección de los páramos constituye un asunto de interés constitucional y figura como uno de los principios fundamentales en la Ley 99 de 1993. Sin embargo, la exclusión formal de actividades productivas en los páramos, orientada a su preservación, solo se estableció con claridad desde la Ley 1382 de 2010, que reformó el Código de Minas y subrayó la importancia de definir geográficamente estos territorios para poder salvaguardarlos de manera efectiva.

La responsabilidad de delimitar los páramos se asignó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a la Ley 1450 de 2011, afianzada por la Ley 1753 de 2015 y ratificada por la Ley 1930 de 2018. Este proceso legal busca limitar el impacto de actividades mineras e industriales en estos ecosistemas estratégicos. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-035 de 2016, exige que el Ministerio fundamente científicamente cualquier definición de límites, ateniéndose a los criterios proporcionados por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH).

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Erick Alí Gutiérrez Rodríguez y Rigoberto Fructuoso Gutiérrez Rodríguez por su responsabilidad penal en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

De acuerdo con el comunicado oficial de la fiscalía, en 2022, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión en la Comisaría de la Prisión Preventiva de Jalisco, donde ambas personas se encontraban internas por una causa penal diversa.

Según la misma entidad, las dos personas fueron identificadas como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva que ya cuenta con presencia en las 32 entidades federativas del país.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó las pruebas suficientes para que, en audiencia de juicio oral, el Juez los sentenciara a 10 años de prisión por el delito referido.

Hechos recientes vinculados con el CJNG

El 26 de julio de 2025, un grupo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a una familia en la localidad de El Coire, municipio de Aquila, Michoacán. Durante la irrupción en una vivienda, los agresores asesinaron a tiros a dos niños de 11 y 12 años, así como a un adulto. Autoridades indígenas de la región Sierra-Costa dieron a conocer estos hechos y exigieron justicia para las víctimas.

Este ataque se suma a otro ocurrido un día antes en el municipio colindante de Coahuayana, donde integrantes del mismo grupo criminal agredieron con armas de fuego y explosivos a la comunidad de Los Viveros, según información de El Universal.

En ese incidente, una niña de 13 años resultó herida en ambas piernas y la pelvis al estar en una tienda de abarrotes. La menor fue rescatada por la Policía Comunitaria y trasladada a un hospital en Tecomán, Colima.

Otro caso sucedió el 25 de julio, autoridades federales detuvieron en Zacatecas a cinco supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos Mauro Yuriel Jauregui Muñoz, ex alcalde de Apulco, y Juan Antonio López García, ex secretario del ayuntamiento de ese municipio.

Los operativos se realizaron con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal.

Las autoridades cumplieron dos órdenes de cateo en distintos inmuebles del estado; durante el primer cateo fue detenido Jauregui Muñoz, de 30 años, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa. En septiembre de 2024 desempeñó el cargo de alcalde de Apulco, pero posteriormente fue desaforado y removido del puesto.

También era investigado por asociación delictuosa, homicidio y secuestro. En esa misma acción se detuvo a Andy Edgardo Jauregui Muñoz, Ricardo de la Cruz García y Eduardo Gabriel Cuatepotzo Guzmán.

En el lugar se aseguraron armas largas y cortas, cartuchos, cargadores, dosis de droga, un vehículo y chalecos balísticos con las siglas del CJNG.

En el segundo operativo fue aprehendido Juan Antonio López García, ex secretario del ayuntamiento de Apulco, también vinculado con el mismo grupo criminal, según información del Gabinete de Seguridad.

El Poder Judicial condenó al dirigente del grupo ultraconservador autodenominado La Resistencia, Juan José Muñico Gonzales, por el delito de difamación agravada en agravio del Instituto de Defensa Legal (IDL), a raíz de una serie de publicaciones y actos considerados ofensivos e injuriantes contra dicha organización.

En su resolución del 24 de julio de 2025, la jueza Mónica Noriega Chu le impuso inicialmente una pena privativa de libertad de un año y seis meses. No obstante, dicha pena fue convertida a 78 jornadas de prestación de servicios comunitarios, de conformidad con el artículo 52 del Código Penal. El sentenciado deberá cumplir esta sanción presentándose ante la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde será evaluado y asignado a una unidad receptora. La sentencia también incluye 120 días multa, equivalente a S/ 1.200, así como el pago de S/ 50 mil por reparación civil a favor del IDL, monto que deberá ser abonado mediante depósito judicial electrónico en el Banco de la Nación.

Según la resolución, la jueza consideró que las expresiones vertidas por el querellado en redes sociales, vía X (antes Twitter), constituyen “calificativos que agravian el honor” y que buscan “denigrar a la persona jurídica Instituto de Defensa Legal”, superando los límites de una crítica legítima o del ejercicio de la libertad de expresión.

Denuncia de IDL

Según la querella presentada por el IDL, el dirigente de La Resistencia utilizó de forma sistemática sus redes sociales para lanzar ataques contra organizaciones de derechos humanos, con especial énfasis en el IDL y sus miembros. Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 17 de enero de 2023, cuando Muñico y otros miembros de su agrupación realizaron un plantón frente a la sede del IDL en San Isidro.

Según la denuncia, Juan José Muñico Gonzales lanzó frases ofensivas contra el Instituto de Defensa Legal (IDL) durante una protesta con altavoz, y luego continuó con publicaciones en la red social X que fueron consideradas difamatorias. En su querella, el IDL sostuvo que términos como “organización filoterrorista” o “criminal” dañaban gravemente su reputación, construida en más de 40 años de labor en derechos humanos. “Acusarnos sin pruebas constituye una afectación directa al buen nombre y trayectoria del IDL”, declaró su abogado, Carlos Rivera Paz.

La organización también destacó que el querellado ya había sido condenado por un hecho similar en 2021, lo que —a juicio del IDL— evidencia un comportamiento reiterado y un dolo deliberado para dañar su imagen pública.

Defensa del dirigente de La Resistencia

Según la resolución, en su defensa, Muñico señaló que sus expresiones se basaban en hechos públicos, como la defensa legal brindada por el IDL a personas procesadas por terrorismo en décadas anteriores. Afirmó que lo que hacía era “decir la verdad”, y que el uso del término “filoterrorista” era una calificación válida, derivada de los vínculos históricos entre el IDL y algunos sentenciados por terrorismo.

Además, denunció que él mismo y su agrupación fueron blanco de ataques y calificativos como “La Pestilencia”, usados por periodistas como Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios y Jaime Chincha, y que sus publicaciones fueron una respuesta a dichos agravios. “Yo no les llamé con ningún tipo de insulto. Lo que les dije fue lo que habían hecho: la defensa de los terroristas”, sostuvo durante el juicio.

Decisión del tribunal

En su análisis, el juzgado evaluó si las expresiones difundidas por Muñico estaban protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Tras revisar los tuits y el contexto, concluyó que las publicaciones “no resultaban necesarias ni pertinentes para ejercer su libre derecho a dar una información o ejercer una crítica”, sino que evidencian “claramente un menosprecio hacia la parte querellante”.

La jueza indicó que el uso de términos como “filoterrorista”, aunque pueda tener un significado gramatical —“amigo de terroristas”—, fue utilizado en un contexto específico que no tenía relación con hechos concretos ni verificados, sino con el fin de “denigrar al querellante”. Además, destacó que Muñico ya había sido condenado por un hecho similar, también en perjuicio del IDL, lo cual agrava su responsabilidad penal.

El tribunal fue enfático en señalar que “no se protege, por tanto, a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado”, y citó jurisprudencia nacional y comparada para sustentar que el uso de expresiones abiertamente insultantes no puede escudarse bajo el derecho a la libertad de expresión.

Primero, el criminal consiguió una importante reducción a su pena, pero le pareció insuficiente por lo que buscó que se anulara el delito por el que fue sentenciado.

La insistencia del secuestrador provocó que el caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El caso se resolvió el 7 de febrero de 2024, sin embargo, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación apenas este 11 de abril. Esta es la historia.

Un caso de secuestro exprés

Eran las 16:40 horas del 4 de noviembre de 2020. La víctima bajaba de su vehículo en las congestionadas calles de la Ciudad de México cuando dos sujetos lo amagaron.

Armados con objetos punzocortantes, aquellos extraños le ordenaron que regresara de nuevo al automóvil, pero en la parte trasera.

Ambos criminales también abordaron el vehículo y emprendieron marcha.

Durante el traslado, mientras uno de los delincuentes manejaba el auto, el otro mantenía inmóvil a la víctima a la vez que le quitaba sus pertenencias.

Después de viajar por un lapso de diez a quince minutos, los sujetos arrojaron a la víctima de su vehículo y huyeron con todo y el automotor.

En ese momento, la víctima caminó hasta encontrarse con una persona que le ayudó y le prestó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia.

Al poco tiempo llegaron elementos de la policía a atender lo sucedido, la víctima se subió a su patrulla y comenzaron a buscar su vehículo y a los delincuentes que se lo llevaron.

Durante su patrullaje encontraron al automóvil aún con los criminales abordo. Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes intentaron darse a la fuga pero fueron perseguidos por los uniformados, quienes solo lograron detener a uno de ellos.

El detenido fue identificado por la víctima y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

En poco más de un mes, el detenido fue declarado culpable por el Juzgado Octavo del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer robo.

Por este crimen, el ahora secuestrador sentenciado recibió una pena de 70 años de prisión. Sin embargo, interpuso un recurso de apelación y la Cuarta Sala Penal le redujo la condena a 50 años de cárcel.

¿Secuestro o robo?

Aún inconforme con esa sentencia, el criminal presentó una demanda de amparo directo en la que aseguró que no estaba acreditado el delito de secuestro exprés, ya que la intención era robar el vehículo y las pertenencias de la víctima, pero no privarlo de la libertad.

Para demostrar su punto, el secuestrador minimizó el tiempo en el que la víctima permaneció privada de la libertad dentro de su propio vehículo diciendo que solo fueron de 10 a 15 minutos.

También cuestionó cómo fue que la víctima lo reconoció si durante todo el tiempo estuvo en la parte trasera del vehículo con la cabeza agachada y cerca de la puerta.

Además, acusó a los policías que formaron parte de su detención de dar declaraciones contradictorias y a los peritos de la fiscalía de presentar pruebas insuficientes.

Incluso calificó de inconstitucional la pena establecida para el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer el delito de robo porque vulnera el principio de proporcionalidad.

Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le negó el amparo al secuestrador.

Para el tribunal se comprobó que la intención de los criminales no sólo era robar el vehículo y las pertenencias de la víctima, sino también mantenerla privada de la libertad.

Rechazó que los policías hayan incurrido en contradicciones y que aquellas diferencias en sus testimonios no afectaron el cómo sucedieron los hechos, incluso se confirmaron con imágenes de cámaras de seguridad.

El tribunal consideró que las acusaciones de inconstitucionalidad por parte del criminal eran infundadas, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en casos anteriores, aseguró que la pena por el delito de secuestro exprés no vulnera el principio de proporcionalidad.

El secuestrador lanzó su última carta e interpuso un recurso de revisión llegando el caso a manos de la SCJN.

La última decisión de la SCJN

Finalmente, 7 de febrero de 2024 –casi cuatro años después de los hechos– la SCJN falló en contra del secuestrador.

La Corte rechazó que la pena que el criminal recibió por el delito de secuestro exprés haya sido desproporcionada y por lo tanto no es inconstitucional.

El máximo tribunal argumentó que el hecho de que los castigos por cometer este delito sean altas se debe a que en su momento la incidencia delictiva del secuestro estaba por la nubes y las penas de ese entonces eran insuficientes.

Con esta decisión, la SCJN ordenó que se mantuviera la sentencia de 50 años de prisión contra el secuestrador.

Andrey José Piñarete Galindo, el colombiano que amenazó desde España a Federico Gutiérrez el 10 de agosto de 2022, conoció su condena tras la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, diligencia que se llevó a cabo en las últimas horas.

Los mensajes que Piñarete le envió en su cuenta de Instagram al hoy alcalde de Medellín, tuvieron tal impacto que luego de un par de años de investigación entregaron como resultado la sentencia a 6 años y 4 meses de prisión del ciudadano colombiano por violentar los derechos humanos de los servidores públicos.

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“Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”, fueron las palabras que tenían como objetivo generar un escenario de pánico en Gutiérrez y expresar su deseo de acabar con la vida del político.

Por estos hechos, Federico llegó hasta la Fiscalía General de la Nación el 16 de agosto de 2022 a interponer la denuncia en contra de este ciudadano, caso que fue recibido y gestionado por el Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, tomó el caso.

Para el 18 de enero de 2023 se hizo válida la imputación, y desde entonces este hombre no aceptó los cargos.

No obstante, el ente investigativo pudo comprobar, gracias a la colaboración de la expareja de este hombre, que la cuenta y ubicación geográfica de Andrey en el momento de enviar los mensajes correspondían a los datos arrojados en la inspección de los especialistas en el tema.

De acuerdo con Semana, este fue el argumento de la Fiscalía para pedir la condena contra el implicado: “En consonancia, enfatizó que el carácter violento que resaltó la excompañera sentimental del encartado, por el que debió denunciarlo penalmente, es indicativo del dolo que exige el tipo penal en discusión; que las amenazas se dieron en razón de la calidad de líder político y no por motivo diferente; que las cuentas de aquel están asociadas al mismo número de teléfono, tienen un dominio colombiano y otro español”.

Finalmente, la Fiscalía fue clara al afirmar que tras las inspecciones no se presentaban rastros de otras cuentas similares, con la misma ubicación especial y activas a la hora de realizar el envío del mensaje:

“Hizo hincapié en que no se hallaron más perfiles con el mismo nombre y que se supo que hubo actividad en la cuenta de Instagram desde España el 10 de agosto de 2024 a las 23:42 y que no obstante que en el escrito de acusación se dice que la amenaza se produjo a las 22:57, es importante a la hora de emitir el fallo, tomar en consideración las diferencias horarias y que no solo se recibió un mensaje”, concluyeron.

Finalmente, la togada, en la diligencia comentó que el mensaje de Andrey “puso de manifiesto un odio visceral, la intención de generarle temor e intranquilidad en lo personal y familiar y se mostró el interés de atentar contra su vida, en razón a su condición”.

Y agregó que el mensaje que recibió el político antioqueño, no fueron solo palabras, sino que estuvo cargado de un sentimiento genuino que llegó a poner en riego la vida de Federico desde el punto de vista de las autoridades y el análisis del comportamiento: “estuvo cargado de un enconado rencor intersubjetivo que sin duda generó terror y zozobra en su destinatario, pues le indicaba que le iba a llenar la cabeza de balas y que eso era poco para lo que merecía; lo que resulta a todas luces alarmante y preocupante”.

El caso desató una batalla legal por la guardia y custodia de los menores que se extendió por años.

Cuando todo parecía inclinarse a favor de los abuelos, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lo cambió todo. Esta es la historia.

De perder a su esposa a perder a sus hijos

Estaban a un par de meses de cumplir 10 años de casados, ya tenían un hijo y estaban esperando el segundo. Eran un feliz matrimonio originario de Veracruz.

Todo cambió el 26 de diciembre de 2017, cuando ella entró en labor de parto. El bebé nació en perfectas condiciones, sin embargo, la madre falleció tras dar a luz.

Tras la repentina muerte de su esposa, él siguió su vida como padre soltero, cuidando de sus hijos.

Durante este tiempo, la familia materna de los niños también se involucró en su crecimiento, particularmente sus abuelos y una de sus tías.

Cuando llegó la pandemia de covid-19, a principios de 2020, la normalidad de la familia se alteró nuevamente.

Con el fin de las clases presenciales, los niños se quedaban solos en casa mientras él estaba en el trabajo. Ante esta situación, sus suegros se ofrecieron a cuidar a los niños.

En un principio, los menores se quedaban con sus abuelos en lo que su padre trabajaba, cuando terminaba su jornada laboral iba por ellos y volvían a casa.

Pero al poco tiempo, sus suegros le pidieron que los niños se quedaran de tiempo completo en su casa para no exponerlos al virus con tanto traslado.

El padre aceptó ya que en su trabajo estaba muy expuesto al virus, incluso semanas después se contagió de covid-19.

Ya no te voy a regresar a los niños

Tras seis meses viviendo con sus abuelos, el padre de los niños fue a recogerlos para regresarlos a su casa, sin embargo, se llevó una sorpresa cuando sus suegros se negaron a entregarlos.

Ante la negativa, el padre promovió un juicio ordinario civil contra sus suegros exigiendo la guardia y custodia de los niños.

Durante el juicio, los abuelos se justificaron acusando a su yerno de no haberse hecho responsable todo este tiempo del cuidado y las necesidades de sus hijos, a quienes –dijeron– desatendió moral y económicamente.

También sugirieron que sus nietos sufrían maltrato físico y psicológico bajo el cuidado de su padre, ya que uno de los menores expresó temor por regresar a su casa.

Los abuelos exigieron que la guardia y custodia de los niños quedara en sus manos bajo el argumento de que ambos son muy felices viviendo con ellos y que tienen todo el tiempo necesario para cuidarlos.

El caso quedó en manos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla quien determinó que los niños quedaran en guardia y custodia de sus abuelos, a la vez que fijó una convivencia de un fin semana cada quince días entre el padre y sus hijos.

El juzgado aseguró que, bajo el cuidado de los abuelos, los niños se desarrollaban de manera adecuada y habitaban un entorno apropiado para su integridad emocional, por lo que debía privilegiarse el interés superior de los menores, incluso si ello afectaba los derechos del padre.

Cuando todo parecía perdido, una victoria para el padre

El padre no se quedó con los brazos cruzados e interpuso recurso de apelación contra la sentencia original, la cual fue concedida por la Octava Sala en Materia de Familia quedando la guarda y custodia de los niños a favor del señor.

Como parte de su decisión, la sala de apelación fijó una serie de convivencia más amplias a favor de los abuelos quienes podrían ver a sus nietos todos los martes y jueves por lapso de dos horas, así como un fin de semana cada quince días y durante vacaciones.

Asimismo, la sala de apelación ordenó terapias psicológicas a favor de los niños, proceso en el que su padre y abuelos deberán acompañarlos.

Claramente inconforme con la decisión, los abuelos promovieron un juicio de amparo directo en el que argumentaron que la sala de apelación no juzgó a favor de los intereses de los niños.

Los abuelos recordaron la negativa de uno de los niños de regresar a vivir con su padre, también señalaron que una valoración psicológica arrojó que los menores se sienten bien viviendo con ellos y que incluso han mejorado su rendimiento académico, a la vez que sostuvieron que el padre no se hizo responsable de ninguna forma por sus hijos durante todo este tiempo.

El caso quedó en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que negó el amparo a los abuelos dejando como efectiva la sentencia de la sala de apelación a favor del padre.

El tribunal colegiado argumentó que al fallecer la madre, la patria potestad pasa automáticamente al padre y la única forma en la que los abuelos puedan interferir al respecto es que los niños estén en riesgo, lo cual no ocurre en este caso.

Respecto al argumento de que uno de los niños se niega a regresar con su papá, el tribunal aseguró que no es suficiente. Si bien los abuelos sugirieron que los niños pudieran ser maltratados por su padre, no hay pruebas que respalden estas acusaciones.

Incluso, durante el juicio los niños nunca presentaron rechazo hacia su padre, dijeron que les gusta convivir con él ya sea por videollamada o durante sus visitas de fin de semana.

Ante esta situación, los abuelos lanzaron su última carta: interpusieron recurso de revisión contra la decisión del tribunal colegiado.

Ahora, los abuelos apuntaron más alto y aseguraron que el Código Civil de Veracruz –la ley en la que se basó la decisión del amparo– era inconstitucional al otorgan automáticamente la patria potestad al progenitor, sin considerar el contexto y el bienestar de los niños.

Esto, argumentaron los suegros, presupone que el progenitor vivo siempre será el más adecuado para los niños, lo cual es una suposición errónea y no se alinea con el interés superior de la infancia.

Para los abuelos, el tribunal debió analizar si era mejor para los niños seguir viviendo con quienes ya los cuidaban y con quienes tenían un vínculo fuerte, en vez de simplemente aplicar una norma en beneficio del padre.

Además, insistieron que se tuvo que valorar la opinión de los niños, especialmente del mayor, quien había dicho que no quería regresar con su padre.

Fue así que el caso llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La decisión final de la SCJN

Finalmente, el 9 de abril de 2025 –casi cinco años después del inicio del caso–, la SCJN falló en contra de los abuelos y a favor del padre.

Si bien los argumentos de los suegros son parcialmente fundados para la Corte, a su vez son insuficientes para fallar a su favor, mucho menos para calificar de inconstitucional al Código Civil de Veracruz.

En un principio el máximo tribunal le dio la razón a los abuelos al señalar que no siempre el perfil más idóneo para cuidar a un menor de edad es el padre o la madre. Sin embargo, aseguró que en este caso sí lo era.

La SCJN le dio la razón al tribunal colegiado al considerar que no había motivo alguno para que los niños no regresaran con su padre.

Que si bien uno de los menores había manifestado no querer regresar a vivir con su papá, esta no era una razón suficiente para ello. Aunque los abuelos temieran que sus nietos fueran víctimas de maltrato por parte de su padre, lo cierto es que no hay prueba alguna al respecto.

La Corte incluso criticó la primera sentencia del juzgado a favor de los abuelos pues se basó en la idea errónea de que los niños siempre vivieron con sus abuelos, cuando en realidad los niños vivían con su padre.

Con esta decisión la SCJN mantuvo firme la decisión de la sala de apelación que le dio la guardia y custodia de los niños al padre fijando una amplia serie de convivencias para los abuelos.

A pesar del arresto y la condena de Bryan Kohberger por el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, la incógnita sobre sus motivos persiste. Durante la audiencia de sentencia celebrada el miércoles 23 de julio, familiares de las víctimas expresaron su frustración por la falta de explicaciones del responsable, cuya declaración era esperada para esclarecer los hechos que conmocionaron a la comunidad universitaria en noviembre de 2022.

El caso atrajo la atención nacional tras descubrirse que cuatro estudiantes —Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin— fueron hallados muertos a puñaladas en una vivienda fuera del campus.

Las autoridades informaron que no existían señales previas de violencia o amenazas hacia el grupo de amigos, lo que generó un ambiente de inquietud y búsqueda de respuestas tanto en Idaho como en el resto del país.

Según los fiscales, la noche de los hechos, Kohberger ingresó a la vivienda, se dirigió primero al tercer piso y atacó a Madison Mogen y Kaylee Goncalves. Posteriormente bajó al segundo piso y asesinó a Xana Kernodle y a su novio, Ethan Chapin.

La policía logró relacionar a Kohberger, estudiante universitario de una escuela cercana, con el crimen tras una investigación que incluyó evidencia forense y análisis de ubicación celular.

Sin teoría definida ni confesión

Durante el proceso legal, los fiscales evitaron detallar la posible relación entre Kohberger y las víctimas. Hasta ahora, no se ha presentado una teoría sobre el motivo de los asesinatos ni se ha confirmado un vínculo previo entre el acusado y los jóvenes universitarios.

El silencio fue reafirmado en la audiencia de sentencia, donde Bryan Kohberger optó por no hacer ninguna declaración sobre los hechos. La jueza encargada del caso, Steven Hippler, se dirigió a los familiares de las víctimas mostrando comprensión por su sufrimiento, pero fue enfático al señalar que insistir en obtener respuestas directas del acusado solo reforzaría su protagonismo en el caso.

“Incluso si pudiera obligarlo a hablar, lo cual legalmente no puedo, ¿cómo podríamos estar seguros de que lo que diga sea verdad?”, cuestionó el juez. Según Hippler, volcar la atención hacia una explicación del acusado podría no brindar el cierre ni la honestidad que las familias buscan.

Frustración de las familias

La falta de explicaciones ha sido motivo de creciente frustración entre algunos familiares. Consideran que el acuerdo alcanzado en la corte, que permitió a Kohberger recibir una condena sin necesidad de declarar sobre el caso, les privó de la posibilidad de obtener claridad y entender el porqué de la tragedia.

“Queríamos saber por qué. Todo esto ha sido devastador, y lo mínimo que merecíamos era una respuesta”, expresó uno de los familiares durante una declaración pública tras la audiencia, de acuerdo con el reporte de The New York Times.

La incertidumbre sobre los motivos también se replica en el ámbito académico. Katherine Ramsland, profesora de psicología forense en DeSales University y exdocente de Kohberger, manifestó sorpresa ante la noticia de su arresto y dijo que le resultaba difícil aceptar que un exalumno suyo pudiera estar detrás de los asesinatos.

“Pensé: ‘Tienen que estar equivocados. No es el Bryan Kohberger que conozco’”, relató la experta en una entrevista con el mismo medio. Pese a haber estudiado y escrito sobre casos de asesinos de alto perfil, Ramsland indicó no tener elementos para explicar lo ocurrido ni entiende qué pudo haber motivado las acciones de su antiguo estudiante.

Aunque la resolución judicial ha concluido con la condena de Kohberger, el misterio sobre sus intenciones se mantiene. Las autoridades y los analistas coinciden en que, hasta ahora, nadie ha podido ofrecer claridad sobre si hubo alguna conexión significativa entre el acusado y las víctimas o si existió alguna razón concreta para los homicidios.

En el año 2020, agentes de la policía de Greenwich en Connecticut recuperaron residuos domésticos de la vivienda de Janita Phillips en Lake Mary, Florida. Pruebas de ADN realizadas a partir de aquellos objetos permitieron identificar, décadas después, que tanto Phillips como su esposo eran los padres biológicos de un bebé hallado muerto en 1986 en un camión de basura.

A partir de esa revelación, las autoridades reabrieron un caso que había permanecido sin resolver durante más de treinta años y detuvieron a la mujer bajo cargos de homicidio.

Según reportó CBS News, la investigación policial había quedado estancada durante décadas, hasta que en 2019 se anunció la utilización de técnicas forenses avanzadas de ADN para intentar arrojar luz sobre la muerte del infante, conocido públicamente como “Baby John”.

El crimen que marcó a toda una comunidad

Adicionalmente, el departamento policial ofreció una recompensa de 20.000 dólares a quienes pudieran proporcionar información relevante que condujera a la detención del responsable. Un año después, el avance de la tecnología permitió realizar nuevas pruebas que, finalmente, enlazaron la evidencia biológica en la escena del crimen con la mujer que entonces residía en Florida.

El martes, después de declararse culpable en abril de un cargo reducido de homicidio imprudente, Janita Phillips, de 65 años, fue sentenciada a cinco años de libertad condicional por un tribunal en Stamford, Connecticut. Esta condena resulta poco común en casos de homicidio infantil.

Tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en que Phillips actuó bajo una “angustia emocional extrema” en el momento de los hechos, según un análisis psicológico revisado por pares. El juez Gary White consideró que era un caso donde “la misericordia” resultaba apropiada.

Los hechos se remontan al 16 de mayo de 1986. Trabajadores que vaciaban un contenedor en el edificio de apartamentos donde vivía Phillips en Greenwich descubrieron el cadáver de un recién nacido al inspeccionar el camión de basura.

El informe de la oficina del médico forense de Connecticut determinó que la muerte se debió a estrangulamiento poco después del nacimiento y la catalogó como homicidio.

De acuerdo con el abogado defensor Stephen DeLeo, ella atravesaba una situación de vulnerabilidad aquel año. Hacía poco que la familia había conseguido mudarse a un apartamento tras un periodo de indigencia y afrontaba dificultades económicas severas.

Una pista que condujo al hallazgo de la culpable

Phillips, su esposo y su hijo mayor se habían instalado en la localidad mientras lidiaban con la incertidumbre sobre la manutención familiar. El marido —quien desconocía y no estuvo involucrado en el hecho, señalaron las autoridades— le había manifestado que no deseaba tener más hijos.

El propio DeLeo relató que la imputada ocultó el embarazo tanto a su esposo como al resto de los familiares. Phillips y su marido, quienes permanecen casados después de cuarenta y dos años de matrimonio, tienen otros tres hijos que actualmente son adultos. Uno de ellos, con discapacidad, reside en una institución de vida asistida.

El esposo de Phillips también enfrenta problemas de salud, por lo que ella se encarga de sus cuidados. Respecto a su comportamiento tras los sucesos de 1986, DeLeo afirmó que encarcelarla ahora no tendría ningún propósito. Además, señaló que la imputada perdió su empleo en el sector asegurador como consecuencia del proceso penal.

Durante la vista de sentencia, Phillips rompió en llanto y expresó un profundo sentimiento de arrepentimiento. Asumió por completo la responsabilidad por sus actos, según indicó DeLeo. Si incumple condiciones de la libertad condicional, podría enfrentar hasta veinte años de prisión. La fiscalía sostuvo que la condena respondía excepcionalmente al informe de evaluación psicológica independiente, que concluyó que la acusada padecía un estado de perturbación emocional extrema la noche de los hechos.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su sitio oficial compartió el comunicado 486/25 el día de hoy 23 de julio, notificando que a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas por su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado.

En diciembre de 2018, “elementos federales ejecutaron orden de aprehensión en contra de Emilio “S”, Diana “L” y Adrián “L”, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, quienes participaron en el secuestro de una víctima ese mismo año en la demarcación Cuajimalpa, en dicha ciudad", señala el comunicado.

Además, detalla que posteriormente, tras múltiples procedimientos, un Juez del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, dictó sentencia de 70 años de prisión y multa de 678 mil 840 pesos, para cada uno.

Penas por secuestro agravado

De acuerdo con el artículo 366 del Código Penal Federal, aquella persona que prive de la libertad a otro, podrá recibir penas que dependerán de la gravedad del caso.

Se aplicarán “de 15 a 40 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener rescate, detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño con la finalidad de que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera”.

Esta pena igualmente se aplica si el fin es “cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro”.

Además, el Código Penal Federal estipula que estas sanciones son independientes de otras que correspondan por otros delitos y que sean resultado del culpable.

Por otro lado, la pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a cuatro mil días multa, se da cuando “en la privación de la libertad que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo; que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; que se realice con violencia, o que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad".

También establece que se aplicarán de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa, cuando la privación de libertad se efectúe con el fin de trasladar a un menor de dieciséis años fuera de territorio nacional, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega del menor.

“Se impondrá una pena de 30 a 50 años de prisión al o a los secuestradores, si a la víctima del secuestro se le causa alguna lesión; en caso de que el secuestrado sea privado de la vida por su o sus secuestradores, se aplicará pena de hasta 70 años de prisión“, estipula el Código Penal Federal.

Además se establece que “si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias previstas, la pena será de dos a seis años y de 50 a 150 días multa".

Finalmente el mismo artículo señala que “en los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin lograr alguno de los propósitos, las penas de prisión aplicables serán de cinco a 15 años y de 250 hasta 500 días multa.