En el discurso que brindó por el 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mandatario se refirió a lo que fue la fallida sesión y cuestionó a los parlamentarios. “Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar, cosa que históricamente en Argentina los distintos gobiernos se han dedicado a robarle a los argentinos”, comenzó en el discurso el jefe de Estado.

“Aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión, con lo cual también juega un rol fundamental el derecho de propiedad. Y es por eso que no es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, continuó.

Y sumó: “Respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente. Además, resulta interesante como principio de revelación, porque aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, está claro que esos son los enemigos del progreso”.

En ese sentido, describió: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”.

Todo surge después de que este jueves se postergó la sesión en el Senado para el próximo 6 de agosto. El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado. Además, la situación con este proyecto es tan tóxica que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.

El articulado en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -se habría mostrado en desacuerdo con el borrador final y número 15-, modifica ítems centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador planteaba: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Lo único que consiguió el mileísmo este jueves fue aprobar 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. En el primer caso, se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino -si cumplía los 75 se tenía que jubilar-, quien dio un guiño a la reforma laboral libertaria. En tanto, en el segundo, significó destrabar subas en el servicio exterior que trababan la Cancillería, manejada por Pablo Quirno.

De los dos cruces de Milei al “voy a ser reelecto”

Durante dos pasajes de su discurso en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente se cruzó con dos personas que estaban escuchando el discurso. Según pudo saber Infobae, se trató de dos personas diferentes que en distintos momentos cuestionaron la palabra de Milei y fue el mandatario quien respondió desde el estrado.

El primero ocurrió mientras el presidente hablaba sobre los ajustes en los gastos del Estado. “Para tener un stock de capital mínimo, necesitan antes generar ingresos y ahorrar. Por lo tanto, si ustedes tienen una sociedad que despilfarra el dinero, que no ahorra, por más que generen ingresos, no van a poder crecer. Si ustedes tienen un gobierno asquerosamente populista que genera quince puntos de déficit fiscal en términos de PBI, se van a estrellar”, dijo el mandatario.

Seguido a esto, apareció una respuesta de una persona dentro del público en referencia a la situación económica actual y Milei respondió: “No, ahora no, antes. Nosotros salimos de eso, justamente. Hicimos ese ajuste que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”.

A continuación, la persona en cuestión volvió a dirigirse a Milei y este replicó: “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más. Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para cien años de liberalismo. Por lo tanto, si no te gusta, andate a Cuba”.

Ya cerca del final, se cruzó con otro de los individuos presentes en la Bolsa de Comercio mientras defendía la gestión del Poder Ejecutivo con el tema YPF. “Algo hemos hecho mal y es que durante casi cien años nos hemos vivido cagando sistemáticamente sobre la propiedad privada”, apuntó.

Y, en referencia a las respuestas que estaba recibiendo, agregó: “¿Por qué no te alquilas un salón y te vas ahí si tenés tanta gana de hablar? En la época en que yo no era presidente, daba conferencias para mil, dos mil y hasta diez mil personas. Tenés una carrera si te gusta hablar tanto, kuka".

En un final que se sospechaba desde hace más de una semana, la ley de propiedad privada volvió a demorarse en el Senado: la jefa libertaria, Patricia Bullrich, pidió que la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y derivó en una nueva derrota para el Gobierno, en un tema ya muy manoseado y con una marcada mala praxis del oficialismo en la Cámara alta. La propuesta de la porteña recibió 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención.

La fecha del 6 de agosto no es menor. La semana pasada, cuando se dejó fijado el encuentro de hoy -en Labor Parlamentaria-, la propia Bullrich informó que para el mes próximo quedaba un encuentro pactado. Infobae contó ese día que, en realidad, era una especie de blindaje para dar indicios de “trabajo” y no anticipar el receso invernal que habrá por 15 días, pese a que se presuponía que la iniciativa seguía sin los votos suficientes para avanzar. Quedó como un flojo premio consuelo.

El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado. Además, la situación con este proyecto es tan tóxica que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.

Quien volvió a trastabillar fue Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El articulado en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -se habría mostrado en desacuerdo con el borrador final y número 15-, modifica ítems centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador planteaba: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Mismo caso serviría para zonas de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminó lo enunciado sobre el “silencio administrativo”, otro inconveniente comentado por este medio. A pesar de buscar adhesiones -a los ponchazos-, La Libertad Avanza (LLA) no cerró las voluntades necesarias y frenó tarde, aunque evitó un mega papelón.

Lo único que consiguió el mileísmo este jueves fue aprobar 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. En el primer caso, se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino -si cumplía los 75 se tenía que jubilar-, quien dio un guiño a la reforma laboral libertaria. En tanto, en el segundo, significó destrabar subas en el servicio exterior que trababan la Cancillería, manejada por Pablo Quirno.

Para el 6 de agosto, el interbloque de LLA había deslizado la intención de aprobar la denominada ley “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas y ya obtuvo la luz verde de Diputados, por lo que se encuentra a tiro de ser sancionada. Ahora, se le agregará propiedad privada, si es que el oficialismo resuelve un embrollo activado cuando Bullrich apuró -sin necesidad- un dictamen, a fines de mayo pasado. Desde esa fecha, se convirtió en una pesada mochila, con 15 borradores revoleados a mansalva y sin demasiadas explicaciones.

El Senado aprobó esta tarde 29 pliegos judiciales y el Gobierno dio un paso más para recuperar la lenta carrera de llenar vacantes en la Justicia. Se destacó el del Víctor Pesino, quien tuvo un guiño a favor de la reforma laboral libertaria: a pesar de la oposición del kirchnerismo y otros -35 a favor a favor y 32 en contra-, continuará cinco años más -estaba a punto de cumplir 75, lo que forzaba su jubilación- en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Durante el convite, el pleno de la Cámara alta también avaló candidaturas de magistrados que interesaban a provincias aliadas, un reclamo de legisladores dialoguistas que fue oído por el Ejecutivo. Otra nominación con luz verde fue la de Tomás Rodríguez Ponte, quien irá al estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

En tanto, al inicio de la sesión tomaron estado parlamentario otras 29 postulaciones. Allí se encuentran las de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Fueron 29 en total, las cuales fueron giradas a la comisión de Acuerdos -que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto- para su tratamiento.

Quien recibió un alivio desde el Senado fue el Canciller, Pablo Quirno: tras una enorme dilación que frenaba la carrera en el servicio exterior, se aprobaron 27 ascensos diplomáticos de las categorías A, B, C y D. Este ramillete recibió 67 adhesiones, sin un solo rechazo.

Los 29 pliegos votados

*Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Jorge Rago Gallo.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, Víctor Arturo Pesino.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, María Claudia Jueguen.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, Marina Edith Pisacco.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, Diego Javier Tula.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, Diego Fernando Manauta.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, Claudio Fabián Loguarro.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Bernardo María Rodríguez Palma.

*Conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Roberto Toledo.

*Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Provincia de Misiones, Ruth María Ponce de León.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes, Juan Marcelo Burella Acevedo.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Provincia del Chaco, María Virginia Ise.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Ángel Roger Luna Roldán.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Juan Carlos Riccardini.

*Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18 de la Capital Federal, Paula Vanesa Romeo.

*Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

*Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, Hugo Daniel Froy.

*Defensora Pública de Víctima con asiento en la Provincia de Río Negro, María Laura Irastorza.

*Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 7, Amanda Espino.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I, Santiago French.

*Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Santiago José Martín.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Provincia del Chaco, Patricio Nicolás Sabadini.

*Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 28 de la Capital Federal, Pedro Manuel Crespo.

*Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz.

*Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C, Javier Jorge Cosentino. Al igual que Pesino, su pliego fue votado aparte: 40 a 26.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 14 de la Capital Federal, José Ignacio Polizza.

*Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 5 de la Capital Federal, María Gabriela Janeiro.

*Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Capital Federal, Mariano Adolfo Klumpp.

Reclamo por IOMA

Al inicio de la sesión, el radical Maximiliano Abad pidió una cuestión de privilegio contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El legislador expresó que “alcanza con escribir la palabra IOMA en cualquier buscador para encontrarse con una realidad angustiante: prestaciones suspendidas, cirugías postergadas, tratamientos demorados y afiliados abandonados”. Y agregó: “El sufrimiento se ha transformado en el sello de una obra social que durante décadas fue un orgullo para la provincia y que hoy está siendo destruida por la desidia y la ineficiencia”.

El senador Iván Cepeda anunció que encabezará la oposición al presidente electo Abelardo de la Espriella en Colombia y sostuvo que, aunque reconoce la validez legal de los escrutinios, no le concede legitimidad política, por lo que promoverá una agenda de resistencia y desobediencia civil frente a un gobierno que, a su juicio, comprometería la soberanía nacional.

Cepeda, en entrevista con Mañanas Blu, también rechazó que el progresismo esté fracturado tras la derrota electoral y afirmó que esa corriente obtuvo la votación más alta de su historia, con 12,7 millones de respaldos. A partir de ese resultado, presentó al Pacto Histórico como una fuerza “cohesionada, coherente” y anticipó que su prioridad será defender las reformas sociales y los avances que atribuye al actual ciclo político.

Y agregó: “Pacto Histórico como partido político está hoy unido. Somos una formación política que tiene una dirección, que está preparando su congreso, que lo hará en los próximos, eh, meses. Y tenemos hoy la condición de ser la fuerza política más importante y más significativa del país”.

Cepeda aceptó su credencial, pero niega legitimidad política al presidente electo

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la aparente contradicción entre recibir su credencial de senador y declararse en desobediencia civil frente al nuevo gobierno. Cepeda respondió que su investidura proviene directamente del voto popular y planteó que ese mismo criterio debería aplicarse al mandatario electo.

“Sí acepto la credencial, sí me la he ganado en las urnas, como él ha aceptado la suya. El doctor De la Espriella también recibió una credencial. Hay que recordarlo. Ahora, si el día de mañana él renuncia a su credencial, yo también renuncio a la mía. No tiene ningún problema”, dijo al medio.

El senador basó su rechazo a la legitimidad de De la Espriella en la doble nacionalidad del presidente electo. Según explicó, el juramento de lealtad a Estados Unidos implicaría una subordinación de sus decisiones a intereses extranjeros.

“Para mí, él va a ejercer una presidencia que no respeta nuestra soberanía y, por lo tanto, nuestra Constitución. Y por lo tanto, asumo la posición de desobediencia civil”, afirmó Cepeda en el mismo diálogo.

A renglón seguido, se pronunció sobre los ataques del presidente electo a su persona: “El señor de la Espriella me ha llamado heredero de las Farc, públicamente. Lo hizo hace unos días. Hace unos días, después de esa declaración que usted dijo que supuestamente él se excusaba o se arrepentía, dijo eso. Entonces, no ha cambiado de actitud, nos está engañando, está diciéndole al país unas cosas y está haciendo otras. Eso no es honesto ni es leal”.

La desobediencia civil apuntará a medidas que afecten el Acuerdo de Paz de 2016

El excandidato presidencial Iván Cepeda precisó que la desobediencia civil, en su interpretación, es un derecho respaldado por la Corte Constitucional para escenarios extremos. Bajo ese criterio, aseguró que no cooperará con órdenes que considere inconstitucionales, en especial si están dirigidas a desmontar lo construido en materia de paz.

“El día de mañana el señor De la Espriella intenta acabar con el acuerdo de paz. Nos vamos a rebelar contra eso porque es inconstitucional”, sostuvo. En esa misma línea, remarcó que el Acuerdo de Paz 2016 ya hace parte del bloque de constitucionalidad.

Como parte de esa estrategia, anunció que el Pacto Histórico pondrá en marcha un gabinete “alternativo” o de interlocución. Su función, según explicó, será responder con argumentos técnicos a cada medida ministerial que adopte el gobierno entrante.

Cepeda también dejó abierta la posibilidad de conversaciones con otras fuerzas políticas, incluido el Centro Democrático, para asuntos de control político en el Congreso de la República. “Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo político... Ya hay antecedentes de diálogos entre el sector de la derecha del uribismo y el progresismo. No es un hecho que sería inédito”, señaló.

El oficialismo sesiona desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada.

El dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara a lo que sucederá en el recinto.

La mayoría de las bancadas buscará sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada.

Pasadas las 15, a pedido del oficialismo, la sesión entró en cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, por lo que finalmente no fue tratada la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

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La sesión entró en cuarto intermedio y no se votará la ley de propiedad privada

A pedido del oficialismo, la sesión entró en cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, por lo que no se llegó a tratar la ley de propiedad privada.

La iniciativa fue aprobada con 63 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Aprobaron todos los pliegos judiciales y los ascensos diplomáticos

El Senado aprobó 29 pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos.

En el caso de los ascensos diplomáticos, la votación fue unánime, con 67 votos a favor.

En cuanto a los pliegos judiciales, 27 fueron votados en conjunto, con 65 votos a favor y 2 negativos.

Otros dos se votaron por separado, incluido el de Víctor Pesino, que fue aprobado con un resultado ajustado de 35 votos a favor y 32 negativos.

La defensa de Patricia Bullrich al pliego de Pesino

Patricia Bullrich defendió el pliego del juez Víctor Pesino, quien busca sostenerse en el cargo por cinco años más y evitar la jubilación.

La senadora libertaria consideró que el peronismo intenta sacarse de encima al magistrado que sostuvo la Reforma Laboral.

Bullrich recordó que esa reforma se aprobó por mayoría en ambas Cámaras del Congreso y sentenció: “Los jueces no se sacan por sus fallos”.

Los senadores consideran pliegos diplomáticos y judiciales

El tratamiento de una nueva serie de pliegos diplomáticos y judiciales en el Senado transcurre sin grandes polémicas, salvo por un caso en particular, que es el que buscará evitar la jubilación del juez Víctor Pesino y prorrogar su trabajo por otros cinco años.

En total, se aprobarían 29 pliegos judiciales y 26 ascensos diplomáticos.

Mariano Recalde, en nombre del peronismo, adelantó este jueves que su espacio votará en contra. “Necesitamos que los trabajadores tengan jueces que hagan respetar sus derechos”, indicó.

Pesino dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.

Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.

A pesar de los votos en contra de la oposición, su continuidad no correría peligro.

También tomaron estado parlamentario (y fueron girados a Comisión de Acuerdos para audiencia pública) las nominaciones de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para la sala 1 de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La bandera de Malvinas

Luego del aplauso a la Selección, el senador Carlos Linares (PJ - Chubut) pidió una cuestión de proivilegio para refirió a la bandera “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los futbolistas del equipo nacional tras vencer a Inglaterra. Lo hizo para criticar al gobierno libertario

“Ver que ese puñado de jugadores jóvenes agarró ese trapo, rompiendo el protocolo de FIFA y de quien sea... los muertos en las islas son nuestros jóvenes... Yo no puedo creer a esta altura cómo hay un tema negacionista, que va de la mano con el tema tierras que vamos a tratar ahora”, reflexionó con fastidio.

En ese marco, destacó el rol del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, que generó las conidciones para que Messi siguiera en la Selección y contrató a Lionel Scaloni. “Lo hizo cuando muchos no creían... Más allá de lo que pase en la final del domingo, queda el orgullo de haber roto el protocolo para enarbolar ese trapo que dice que las Malvinas son y serán argentinas”.

Efecto Mundial

En medio del debate, el legislador Flavio Fama (UCR - Catamarca) pidió un aplauso para la selección argentina que “ganó todo y sigue pidiendo más para dejar en alto el prestigio” del país.

“Ellos son un ejemplo para todos nosotros: para que el Poder Ejecutivo entienda que la unión de los argentinos es importante; son un ejemplo para este Congreso, de que los intereses de la nación están por encima de los intereses personales y sectoriales”, argumentó en su alocución.

“Es un ejemplo que nos debe unir”, enfatizó el senador radical. “Ojalá que ganemos el domingo frente a España, pero ojalá que eso (la actitud de unidad) sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo a todos nosotros. Yo pido humildemente un aplauso por este equipo”, concluyó y dio pie al reconocimiento de sus pares.

Comienza la sesión

El quórum se alcanzó minutos antes de las 12:30 con 37 senadores presentes. Era el número necesario para que comenzara el debate en la Cámara alta. Para lograrlo fueron decisivos los representantes de Neuquén, Salta y Misiones.

La elección de la nueva mesa directiva del Senado se ha transformado en un foco de discordia entre el Centro Democrático y sectores afines al presidente electo Abelardo de la Espriella, según reveló El Reporte Coronell en Caracol Radio.

La controversia surge en torno a la definición del presidente del Senado, una posición que, conforme a la tradición, suele recaer en el partido del mandatario o en la bancada mayoritaria de la coalición gubernamental durante el primer año de gobierno.

Si se respetara esa costumbre, el Centro Democrático, con 17 congresistas, debería ocupar el puesto. Sin embargo, el respaldo del equipo de De la Espriella al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U y Cambio Radical, provocó un giro inesperado.

El ministro del Interior designado Rodrigo Lara confirmó el apoyo, generando una lectura de exclusión para el uribismo y una posible revisión de los pactos informales que han regido la distribución de cargos legislativos.

El Reporte Coronell detalló que la candidatura de Honorio Henríquez representaba la aspiración del Centro Democrático. Además, expuso el supuesto malestar en el entorno de Álvaro Uribe por la influencia de Carlos Suárez, asesor de De la Espriella, en el proceso.

Un acuerdo sellado la noche del martes 14 de julio de 2026 consolidó la postulación de Deluque, marcando el primer revés político para el uribismo en la nueva coalición oficialista.

Tras lo anterior, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su inconformidad en X sobre el apoyo político al senador Alfredo Deluque para la presidencia del Senado y sobre recientes nombramientos del Gobierno.

Uribe afirmó que el senador Deluque “votó varias reformas y recibió beneficios del Gbno Petro, incluida la ley de Paz Total”, señalando contradicciones en la alianza que respalda actualmente al legislador.

El exmandatario recordó que, durante un podcast, el presidente electo le consultó sobre las acusaciones de extrema derecha hacia su grupo político, a lo que Uribe respondió con “extrema coherencia”.

Uribe también denunció que la selección de una gobernadora reciente estuvo mediada por el saliente ministro Alfonso Prada, quien habría favorecido la recomendación de Deluque.

Según el exjefe de Estado, “era una terna de varios partidos y el Ministro del saliente Gobierno nombró la recomendada por D’Luque”. Además, criticó que “el ministro Prada le cedió a Deluque y nombró como gobernadora a una inexperta funcionaria de su UTL”.

Lo anterior, haciendo referencia a Diala Wilches, abogada vinculada al senador de La U, quien asumió la gobernación de La Guajira tras la salida de Nemesio Roys en 2023 por presunta doble militancia.

Tras las declaraciones del expresidente, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, respondió a los cuestionamientos provenientes de Álvaro Uribe Vélez y sectores del Centro Democrático, quienes objetan su posible llegada a la presidencia del Senado por supuesto respaldo a políticas del gobierno de Gustavo Petro.

Deluque, en entrevista con Mañanas Blu, subrayó su independencia y negó afinidad con el petrismo.

El congresista explicó que su apoyo inicial a la propuesta de Paz total respondió a la obligación de permitir que un gobierno electo ejecutara su programa, pero remarcó: “no he sido petrista en ningún momento, he sido oposición”. Deluque enfatizó la diferencia entre respaldar una iniciativa puntual y adherir a la administración saliente.

También rechazó haber recibido favores burocráticos o contractuales, afirmando: “eso no significa en ningún momento que hayamos estado beneficiados del gobierno de Petro, ni mucho menos”.

Deluque defendió su trayectoria y la relación de confianza con el presidente electo Abelardo de la Espriella, mientras avanzan las negociaciones para definir la nueva mesa directiva del Congreso.

Esto dijo el presidente del Centro Democrático Gabriel Vallejo sobre polémica con Alfredo Deluque

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, explicó que postularse a la Presidencia del Senado responde a un derecho histórico, respaldado tanto por la Ley 5 como por la costumbre en el Congreso.

En diálogo con La FM, Vallejo afirmó que la colectividad respaldará la candidatura del senador Honorio Enríquez y que la decisión no implica ningún acuerdo previo con el Ejecutivo ni con sectores de la oposición.

Vallejo subrayó que el apoyo expresado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, fue público desde el 31 de mayo y que, tras confirmarse el resultado electoral, el partido se declaró de gobierno sin condiciones restrictivas.

Aclaró que esta postura no afecta la autonomía política de la colectividad ni los derechos que considera legítimos dentro de la organización del Legislativo. “Ser partido de gobierno no significa perder autonomía ni ceder derechos en el Congreso”, indicó Vallejo.

El dirigente justificó la aspiración a la presidencia del Senado como un criterio aritmético, basado en la representatividad de las bancadas.

Según Vallejo, el Centro Democrático, que ha mantenido una postura de oposición frente al gobierno saliente y se opuso a la Paz total y a distintas reformas, tiene argumentos sólidos para liderar la mesa directiva.

Respecto al respaldo que varios sectores, incluido el Partido Conservador, han dado a la candidatura de Alfredo de Luque, Vallejo lamentó esa decisión y pidió respetar lo que denominó un “código de honor” congresional.

Reiteró que el partido busca mantener la tradición en la distribución de dignidades legislativas y que la discusión debe centrarse en el respeto a la autonomía del Congreso, sin vetos ni imposiciones externas.

El Senado debate una reforma profunda a la legislación que regula la propiedad y posesión de tierras rurales en Argentina, en uno de los capítulos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El nuevo proyecto introduce límites estrictos para la compra de campos por parte de extranjeros y empresas vinculadas a estados, en especial ante el crecimiento de inversiones provenientes de China. El dictamen de comisión revela los principales ejes normativos y muestra el trasfondo político que enfrenta al oficialismo y la oposición.

La iniciativa, en análisis en el Congreso, busca regular la tenencia de tierras rurales. El texto apunta a impedir que estados extranjeros o compañías bajo su control directo o indirecto accedan a inmuebles rurales, un fenómeno que generó controversias en los últimos años. Según el dictamen, las provincias mantienen la jurisdicción sobre sus territorios, pero el Gobierno nacional supervisa las autorizaciones para las operaciones de compra que involucren a extranjeros.

El documento establece que los extranjeros conservan los derechos reconocidos por la Constitución, pero introduce restricciones específicas para la adquisición de campos rurales. El límite para personas físicas y jurídicas extranjeras se fundamenta en la preocupación por el avance de fondos y empresas estatales sobre recursos estratégicos. De acuerdo al proyecto, queda prohibida la compra de tierras rurales por parte de cualquier estado extranjero. Esta prohibición se extiende a empresas con participación estatal extranjera, a menos que cuenten con una autorización expresa tanto de la provincia donde se encuentre el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El dictamen precisa que, si no hay respuesta oficial a la solicitud de autorización en los plazos previstos, la operación se considera aprobada por el mecanismo de “silencio administrativo” al cabo de 180 días de entrada en vigencia de la ley.

El texto resalta que la norma apunta a evitar maniobras para esquivar los controles: es decir, se declara ilegal la utilización de personas físicas o jurídicas como pantalla para simular titularidad y eludir límites legales. En esos casos, se considerará configurado un fraude y se aplicarán las sanciones correspondientes.

La regulación para zonas fronterizas incorpora exigencias adicionales. Para adquirir inmuebles rurales ubicados en áreas de seguridad de frontera, los extranjeros deben obtener el aval tanto de la provincia como del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el mismo esquema de plazos y aprobación automática si no hay respuesta.

La iniciativa no afecta derechos adquiridos con anterioridad a su sanción. Se derogan varios artículos de la Ley 26.737 y del decreto ley 15385/44, eliminando restricciones previas y estableciendo un nuevo marco normativo, según consta en el dictamen analizado.

La discusión en el Senado adquirió un tono de alta tensión política. La previa de la sesión estuvo marcada por un cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, dos figuras centrales del oficialismo. Infobae reveló que ambas protagonizaron un intercambio de acusaciones y mensajes críticos por la definición de la agenda parlamentaria y el control de la sesión. El entorno de Bullrich cuestionó la estrategia de Villarruel respecto a la inclusión del capítulo tierras en el temario, lo que abrió una grieta interna en el bloque gobernante.

El trasfondo internacional también impacta en el debate. El Gobierno de China emitió una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación del país asiático por sobre las normativas locales. Esta política generó inquietud en varias naciones, incluido Argentina, por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran terrenos estratégicos y actúen bajo intereses de Beijing.

Algunos sectores interpretan que el capítulo de tierras en el proyecto de ley responde a este escenario. Las restricciones a empresas con participación estatal extranjera apuntan de manera indirecta a frenar el desembarco de capitales chinos en el sector agropecuario y de recursos naturales, un fenómeno que se aceleró en los últimos años. El dictamen no menciona explícitamente a China, pero el contexto y los antecedentes internacionales alimentan la lectura de que la norma busca limitar el margen de acción de empresas asociadas a gobiernos extranjeros, en especial asiáticos.

La controversia por la venta de tierras a extranjeros se enmarca en una disputa más amplia sobre el control de los recursos estratégicos. Los defensores de la reforma argumentan que el país necesita proteger su soberanía y evitar que actores ligados a otros estados acumulen grandes extensiones de terreno. Los críticos sostienen que las trabas pueden desalentar inversiones legítimas y afectar el desarrollo productivo.

El debate promete continuar en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto en el recinto y la presión de distintos sectores económicos y políticos. El desenlace dependerá del equilibrio de fuerzas en el Congreso y de la capacidad del oficialismo para sostener el texto original frente a los pedidos de modificaciones impulsados por la oposición y algunos gobernadores.

El capítulo de tierras rurales aparece así como uno de los puntos más sensibles y disputados en la agenda legislativa, con derivaciones que alcanzan tanto la política interna como la estrategia geopolítica en el vínculo con China y otros países que promueven inversiones en el sector agropecuario argentino.

El Partido Acción Nacional (PAN) retomará la propuesta que busca modificar el Código Penal Federal para reducir la edad de imputabilidad penal en México, con el objetivo de que adolescentes de entre 15 y 17 años que cometan delitos de alto impacto puedan ser juzgados y sancionados con penas similares a las que reciben los adultos, señaló el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

La iniciativa fue impulsada por el presidente municipal de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, quien explicó que el proyecto fue presentado hace dos meses ante el Congreso local y ahora busca abrir el debate a nivel nacional.

La propuesta contempla que los menores involucrados en delitos considerados especialmente graves, como homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro, enfrenten consecuencias penales más severas debido a la naturaleza de los ilícitos.

Ricardo Anaya confirma que el PAN analizará la iniciativa

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acompañó al alcalde durante la presentación de la propuesta y confirmó que el grupo parlamentario apenas iniciará el estudio formal del documento.

Aunque evitó adelantar un respaldo definitivo, reconoció que su bancada comparte la preocupación sobre el incremento de la violencia y la participación de menores en delitos de alto impacto.

"Compartimos el diagnóstico“, afirmó el legislador, quien insistió en que la discusión debe realizarse con responsabilidad debido a las implicaciones jurídicas, sociales y de derechos humanos que tendría una modificación de esta naturaleza.

Anaya señaló que el PAN realizará un análisis exhaustivo antes de emitir una postura oficial.

"Estamos conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo en el país y lo que vamos a hacer como grupo parlamentario es un análisis exhaustivo para, en su momento, fijar nuestra posición sobre el documento“, indicó.

Proponen parlamento abierto con especialistas

Como parte del proceso legislativo, Ricardo Anaya planteó la realización de un parlamento abierto en el que participen especialistas de distintas disciplinas para enriquecer el debate.

El senador consideró indispensable escuchar a expertos en derecho penal, sociología, psicología, criminología y derechos de la infancia antes de tomar una decisión que podría modificar de manera importante el sistema de justicia para adolescentes en México.

A su juicio, un ejercicio de consulta permitiría evaluar tanto los efectos jurídicos como las posibles consecuencias sociales de reducir la edad de imputabilidad.

Alcalde de Corregidora advierte aumento de delitos cometidos por menores

En entrevista con medios realizada en el Senado de la República, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, Guerrero aseguró que existe una creciente preocupación por el incremento de delitos violentos cometidos por adolescentes.

El alcalde panista señaló que diversos casos registrados recientemente en estados como Baja California, Michoacán y Sonora evidencian una tendencia que, a su juicio, obliga a revisar el marco legal vigente.

"Hemos venido observando con mucha preocupación que, desgraciadamente, son cada vez más constantes los delitos cometidos por menores en este tipo de delitos“, afirmó.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales objetivos de la reforma es evitar que exista la percepción de impunidad derivada de la edad de los responsables.

"Es muy importante que podamos impulsar iniciativas de este tipo, para que no haya una sensación de que, por minoría de edad, hay hoy impunidad, que la minoría de edad le quita justicia a las víctimas o a los familiares de las víctimas“, expresó.

Por ahora, la iniciativa continuará en etapa de análisis dentro de la bancada panista, que definirá su posición una vez concluya la revisión técnica y, en caso de concretarse, el eventual parlamento abierto con expertos.

Tras semanas de mala praxis desde el bloque libertario del Senado, que conduce la porteña Patricia Bullrich, el oficialismo intentará sesionar desde el mediodía para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un demorado proyecto que pide desde hace meses la Casa Rosada y que ya fue desplumado por la oposición: el dictamen de la iniciativa tenía 13 borradores extra y ayer sumó dos más, lo que derivó en el hartazgo de varios despachos y un escenario de incertidumbre de cara al recinto.

La realidad es que, de lograr el quorum -37- y activar el cónclave, la mayoría de las bancadas buscarán sacarse el tema de encima lo más rápido posible y dejar la definición en Diputados, que tendrá la compleja tarea de sancionar una ley muy manoseada. Siempre y cuando el diablo no meta la cola al momento de informar cambios en una eventual votación en particular del texto.

A esta altura y, con el recinto caído la última vez, ya nada sorprendería. Todo esto se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado.

Para evitar otras tropelías, libertarios y aliados se reunirían a las 10, dos horas antes de la sesión, para cerrar grifos de incertidumbre y decidir si se baja o no al recinto. Hasta el inicio de la corriente semana, no se percibió buen clima. Entre lunes y martes, las chances crecieron. Ayer se sostenía el encuentro, aunque el festín de borradores y un potencial inconveniente con dos legisladores misioneros volvió a sembrar un manto de dudas.

El desafío no es menor para Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El proyecto en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica cuestiones centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, ley de manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.

En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador plantea: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”. El último caso servirá también para zona de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminaría lo enunciado sobre el “silencio administrativo”, otro inconveniente comentado ayer por Infobae.

Lupa

Mientras Bullrich junta número -hasta las 13.30 de ayer ni apareció por el Senado, y luego casi todos se fueron del Palacio por el partido entre la Argentina e Inglaterra-, dos semi aliados volvieron a quedar en el centro de atención. No suele ser para bien. De hecho, el ex vicegobernador Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut se hicieron conocidos por haber dicho en “on” que iban a votar Ficha Limpia para hacer, después, todo lo contrario. Voltearon el proyecto.

La culpa no sería de ellos en esta ocasión, sino de su -hasta ahora- controlador y mandamás provincial, el ex mandatario Carlos Rovira; y del actual gobernador, Hugo Passalacqua. Están enfrentados, la guerra no es menor y ambos legisladores cambiaron el nombre de su bancada.

En las últimas horas se conoció un comunicado de una red de mujeres relacionada con la prima del primero y esposa del segundo, la funcionaria misionera Viviana Rovira, en el que se pone un fuerte énfasis en no aprobar la ley de propiedad privada. ¿Sabe de esto Bullrich? La porteña sí trataba de masajear a los supuestos ex kirchneristas de Convicción Federal -Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza- para ayudar, aunque sea, con el quorum.

Para la sesión de este jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral. Si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar. También aparecen en bandeja ascensos diplomáticos que llevan larga siesta y poco consternaron al Canciller, Pablo Quirno.

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso bicameral, la situación de Rafael López Aliaga en el Senado finalmente quedó definida. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió aceptar la declinación del líder de Renovación Popular a asumir el cargo para el que fue elegido en las elecciones generales del 12 de abril, y dio paso al procedimiento para convocar a su accesitario, Absalón Vásquez Villanueva, quien ocuparía el escaño.

Con esta decisión, el exalcalde de Lima no se incorporará a la futura Cámara de Senadores, luego de un proceso que se extendió por más de tres meses y que estuvo marcado por un escenario inédito: fue proclamado senador electo, anunció que no asumiría el cargo y, posteriormente, fue incluido como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular para las elecciones municipales de octubre.

El caso de Rafael López Aliaga

López Aliaga resultó elegido senador en las elecciones generales pasadas y fue proclamado por el JNE como integrante de la Cámara Alta para el periodo 2026-2031. Sin embargo, no asistió a la ceremonia de entrega de credenciales y anunció que no juramentaría ni asumiría el escaño, luego de denunciar, sin presentar pruebas, un supuesto fraude electoral en la primera vuelta.

Mientras tanto, Renovación Popular lo incluyó como candidato a primer regidor de Lima en la lista encabezada por Luis Rubio para las elecciones municipales de octubre, lo que abrió un debate jurídico sobre si podía postular a otro cargo siendo senador electo.

Inicialmente, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura López Aliaga como teniente alcalde de Lima al considerar que mantenía vigente su condición de senador electo. Sin embargo, el Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por Renovación Popular, revocó esa decisión y dejó expedita su candidatura.

En paralelo, el máximo organismo electoral evaluó la situación de su curul en el Senado. Finalmente, determinó que López Aliaga no se incorporará a la Cámara Alta y dio paso al procedimiento para convocar a su accesitario.

¿Quién es Absalón Vásquez?

El accesitario de López Aliaga en el Senado es Absalón Vásquez Villanueva, ingeniero agrícola que ocupó el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori entre 1992 y 1996.

Tras dejar el ministerio, asumió funciones como asesor presidencial y fundó Vamos Vecino, movimiento político que sirvió como plataforma del fujimorismo para participar en elecciones municipales y regionales.

En el año 2000 fue elegido congresista por la alianza oficialista Perú 2000, aunque no concluyó su mandato debido a la caída del régimen de Alberto Fujimori.

En las elecciones generales de 2026 postuló al Senado por Renovación Popular, partido al que llegó por invitación de Rafael López Aliaga. Durante la campaña reconoció públicamente su cercanía con el expresidente Alberto Fujimori e incluso afirmó que se considera "albertista hasta la muerte“, aunque evitó pronunciarse sobre las diferencias entre el fujimorismo liderado por Keiko Fujimori y el legado de su padre.

Asimismo, sostuvo que aceptó integrar la lista senatorial de Renovación Popular luego de que López Aliaga lo invitara a participar en el proyecto político y defendió que su experiencia como exministro le permitiría impulsar iniciativas relacionadas principalmente con agricultura y seguridad ciudadana.

La condena por peculado

Vásquez también arrastra antecedentes judiciales. Fue condenado por el delito de peculado tras determinarse su responsabilidad en el desvío de recursos públicos provenientes del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos, que fueron utilizados para financiar campañas políticas durante el gobierno fujimorista, entre ellas la candidatura municipal de Juan Carlos Hurtado Miller.

La sentencia incluyó una pena privativa de libertad suspendida y el pago de una reparación civil superior al millón de soles.

Durante la campaña electoral de este año, Vásquez calificó esa condena como una "sentencia política“. Afirmó que nunca obtuvo beneficios económicos personales de los fondos públicos y negó haber conocido el origen del dinero utilizado para financiar las campañas vinculadas a Vamos Vecino.

Respecto a Vladimiro Montesinos, sostuvo que durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fujimori tuvo un papel importante en la lucha contra el terrorismo, aunque reconoció que posteriormente “se cometieron una serie de” actos irregulares, desligándose de cualquier participación en los casos de corrupción que salieron a la luz tras la caída del régimen.

Con la resolución del JNE, Absalón Vásquez se convertirá en el senador que ocupará el escaño dejado por Rafael López Aliaga cuando se instale formalmente la Cámara Alta para el periodo legislativo 2026-2031.

La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

Un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) propuso aceptar la declinación del proclamado senador Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla de no juramentar ni asumir el cargo para el período parlamentario 2026-2031 y, para que el escaño no quede vacío, convocar al senador accesitario que sigue en el orden de la lista.

El documento es el Informe N.° 000857-2026-OGAJ/JNE, fechado en Lima, 13 de julio de 2026, dirigido al presidente del JNE, Roberto Rolando Burneo Bermejo, y firmado por el director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Miguel Gerardo Burstein Augusto.

En términos simples, el informe responde a esta pregunta: ¿qué debe hacer el sistema electoral si un senador electo, antes de jurar, anuncia que no asumirá el cargo? La oficina legal del JNE señaló que la ley no regula de manera expresa ese escenario, por lo que existe un vacío normativo y corresponde que el Pleno del JNE defina las consecuencias jurídicas dentro de sus competencias.

El caso llegó al organismo electoral por un oficio del presidente del Congreso de la República, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, quien informó que López Aliaga tomó una decisión “expresa, voluntaria e irrevocable” de no juramentar ni asumir como senador. En el expediente también se incorporó un informe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso que sostuvo que, ante la falta de una regla específica para este supuesto, correspondía que el JNE resuelva.

El informe del JNE explica que ser proclamado senador no equivale, por sí solo, a ejercer el cargo. Entre la proclamación y el inicio real de funciones existe un procedimiento que incluye trámites formales y culmina con la juramentación, que es el acto que permite incorporarse al Senado y habilita el ejercicio del cargo.

Con ese marco, la asesoría jurídica concluyó que el principio constitucional que declara irrenunciable el cargo de senador (artículo 95) se aplica a un cargo ya asumido y en ejercicio, y no puede extenderse automáticamente a quien aún no se incorporó. Por eso, sostuvo que la declinación de López Aliaga de no juramentar ni asumir el cargo resulta jurídicamente viable.

Para evitar que la representación parlamentaria quede afectada por una vacancia, el informe propuso que el escaño sea ocupado por el senador accesitario inmediatamente posterior, conforme al orden de la lista. Según el documento, esa convocatoria no implica una nueva asignación de escaños ni una sustitución de la voluntad popular, sino una medida para mantener la representación que obtuvo la organización política en las urnas.

Finalmente, el texto sugirió que se ponga en conocimiento del Congreso el vacío normativo identificado para que evalúe regular expresamente qué ocurre cuando un candidato electo decide no incorporarse al cargo “sin causa objetiva o debidamente justificada”, al advertir que ese tipo de decisiones puede afectar a los electores, a la organización política y al sistema de representación.

La recomendación está contenida en un informe legal: el paso determinante será lo que resuelva el Pleno del JNE sobre la declinación y la convocatoria del accesitario.

La postulación en Lima y el periodo de tachas

En paralelo al caso del Senado, el escenario municipal de Rafael López Aliaga también dio un giro a su favor: el JNE dejó sin efecto una decisión previa del Jurado Electoral Especial (JEE) y, con ello, su postulación en la lista municipal siguió adelante, en el tramo en el que se discute su participación como primer regidor (teniente alcalde) de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre.

Sin embargo, en una entrevista con Exitosa, el abogado constitucionalista Alejandro Rospiglioso remarcó que la candidatura “aún no está formalizada” porque debe superar una instancia previa: el periodo de tachas. “Cualquier candidato, ya sea a alcalde o a gobernador regional, primero completa la declaración jurada y la registra en el Jurado Electoral Especial. Ese órgano puede inscribirlo u observar su solicitud. En este caso lo observaron; la decisión fue apelada ante el Jurado Nacional, que la aprobó y devolvió el expediente al Jurado Especial para que se inicie el periodo de tachas”, indicó.

Rospiglioso añadió que en esa fase cualquier ciudadano puede intervenir y que quienes presenten tachas “tienen derecho a exponer, a hablar, a debatir”. También sostuvo: “Solamente el senador ha tenido a su abogado. No había una contraparte que pueda rebatir los argumentos (…) Aún no se puede decir que está como candidato, falta el periodo de tachas. Quienes hagan las tachas pueden abrir otros temas de discusión”.

Por su parte, el experto en derecho electoral Martín D’Azevedo, también en Exitosa, señaló que el periodo de tachas podría fijar límites a la postulación municipal, al advertir que, como la ley “no se ha actualizado”, entre quienes no podrían ser candidatos figuran los congresistas; y trazó un paralelo con otros supuestos en los que una autoridad debería renunciar antes de postular. D’Azevedo agregó, además, que las “60 credencial” habrían llegado a la oficina del personero legal de Renovación Popular por correo electrónico.

Darline Graham Nordone, hermana del senador republicano Lindsey Graham, fue designada el lunes 13 de julio como senadora interina de Carolina del Sur para completar el mandato de su hermano, quien murió el sábado a los 71 años.

Será la primera mujer en representar al estado en el Senado de Estados Unidos, según informaron AP y la BBC.

Cómo fue la designación

El gobernador Henry McMaster llamó a Nordone “en la madrugada del domingo” tras la muerte de Graham y le pidió que ocupara el escaño. Ella aceptó “entre lágrimas”, según AP.

El presidente Donald Trump publicó en Truth Social que recomendaba a Nordone: “Sería un homenaje fabuloso a Lindsey, ¡quien la quería muchísimo!”. El senador Tim Scott (R-SC) también respaldó el nombramiento en redes sociales y estuvo presente en la conferencia de prensa, de acuerdo con AP.

McMaster la presentó ante la prensa en el Capitolio estatal de Columbia el lunes 13 de julio. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, informó que Nordone prestaría juramento el martes 14 de julio.

En la conferencia, Nordone se dirigió directamente a su hermano con dos frases que concentraron la atención de los presentes: “Lindsey siempre estuvo ahí para mí. Y ahora yo estaré ahí para él” y “Te extraño más de lo que puedo expresar con palabras. Pero voy a hacerlo. Yo me encargo”.

Quién es Darline Graham Nordone

Darline Graham Nordone tiene 62 años, vive en Lexington, Carolina del Sur, y es madre de dos hijos. Se graduó del College of Charleston y luego obtuvo una maestría en consejería de rehabilitación.

Su carrera profesional la llevó por la optometría y diversas agencias estatales hasta llegar, en 2019, a la Comisión para Ciegos de Carolina del Sur, donde ocupó el cargo de comisionada y ayudó a personas con discapacidad a encontrar empleo, según AP, The Guardian y la BBC.

Nunca ocupó un cargo electivo. Su vínculo con Lindsey Graham, sin embargo, fue tan estrecho que él la adoptó legalmente para que pudiera recibir sus beneficios militares en caso de que algo le ocurriera.

Una historia de hermanos

Cuando sus padres murieron con 15 meses de diferencia, Lindsey tenía 22 años y Darline, 13. Él se convirtió en su tutor legal y fue quien le enseñó a deletrear su nombre, aunque con un error: su acta de nacimiento dice “Darlene”, pero ella adoptó la versión con “i”. También le enseñó a andar en bicicleta, según The Guardian.

“Es como un hermano, un padre y una madre en uno solo”, dijo Nordone sobre Graham en 2015.

Estuvo presente en los momentos clave de su carrera política:

• Hizo campaña puerta a puerta en 1992.
• Apareció en un aviso electoral en 2014.
• Lo presentó cuando lanzó su candidatura presidencial en 2015.
• En 2016, Graham bromeó que, si ganaba la presidencia, su hermana sería su primera dama.

La causa de muerte de Lindsey Graham

Graham murió el sábado por la noche a los 71 años por una disección aórtica, es decir, un desgarro en la pared interna de la aorta, relacionado con arteriosclerosis, de acuerdo al informe preliminar. El certificado de defunción quedará pendiente hasta que se completen los análisis toxicológicos y microscópicos.

Según la BBC, Graham había regresado de un viaje a Kyiv, Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky el viernes, y habló con Trump la noche anterior a su muerte.

Qué pasa ahora con el escaño

El mandato de Graham vence en enero de 2027. Nordone completará ese período, pero no confirmó si se presentará a las primarias especiales del mes que viene.

El calendario electoral, según la ley de Carolina del Sur, es el siguiente:

• 21 al 28 de julio: período de inscripción de candidatos para la primaria especial republicana.
• 11 de agosto: primaria especial republicana.
• 25 de agosto: posible segunda vuelta, si ningún candidato obtiene mayoría.
• 3 de noviembre: elección general.

Hay una complicación legal: la ley federal exige que las papeletas para militares y votantes en el exterior salgan 45 días antes de cualquier elección federal. Para la primaria del 11 de agosto, esa fecha ya pasó el 27 de junio.

Entre los posibles candidatos republicanos se encuentran:

• Pamela Evette, exvicegobernadora.
• Nancy Mace, congresista.
• Ralph Norman, congresista.
• Russell Fry, congresista y aliado de Trump.
• Mark Lynch, empresario que quedó segundo en las primarias de junio.
• Mark Sanford, exgobernador.

El secretario del Tesoro Scott Bessent recibió llamados para postularse, pero según una fuente reservada citada por AP, no tiene interés en el cargo.

Por el lado demócrata, Annie Andrews, pediatra de Charleston, ganó la nominación y recaudó más de USD 8 millones. Los republicanos históricamente ganan en Carolina del Sur por amplios márgenes, según la agencia de noticias.

Una tradición en la política estadounidense

La designación de familiares para completar mandatos tiene larga historia en Estados Unidos. Se la conoce como widow’s succession (sucesión de viudas) y fue una de las vías por las que más mujeres llegaron al Congreso durante el siglo XX, según The Guardian.

Según datos de la Cámara de Representantes de 2025 citados por la BBC, 45 viudas sucedieron directamente a sus esposos en el Congreso: 38 en la Cámara y 8 en el Senado.

Entre los casos recientes más conocidos, The Guardian menciona a Jean Carnahan (Missouri, 2000) y a Lisa Murkowski (Alaska, 2002), quien fue nombrada por su propio padre.

Javier Milei recibió ayer a legisladores nacionales para explicar detalles de un proyecto que aún no nació y que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para modificar los cambios instrumentados por la entonces titular de la entidad, la kirchnerista Mercedes Marcó Del Pont, en 2012. En medio de consultas y opiniones nada trascendentes de varios invitados, el diputado y titular de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, Santiago Santurio, realizó una advertencia que llamó la atención al jefe de Estado antes de enviar la iniciativa al Congreso: blindar al INDEC para evitar picardías -en el futuro- desde las administraciones centrales.

Según pudo reconstruir Infobae, las explicaciones del primer mandatario apuntaron, como ya fue informado desde que se conoció la intención de la Casa Rosada de presentar un articulado sobre este tema, restringir al máximo cualquier ventana que encuentre un gobierno de turno para aumentar la base monetaria, más la utilización indiscriminada -bolsillo del payaso- de utilidades y dividendos. Seguido a ello, Milei remarcó la diferencia entre una situación con inflación a la de deflación, que llevaría -según la ley en estudio- a otro tipo de medidas.

A partir de ese momento es cuando Santurio recordó las causas judiciales del kirchnerismo relacionadas con las cifras del INDEC -algunas, en curso- y planteó que sería prudente revisar todo esto ante hipotéticas “subdeclaraciones” de inflación. A diferencia de las “preguntontas” -así califican desde despachos sobre los que hacen uso de la palabra delante del Presidente, en este tipo de cumbres-, el diputado por Buenos Aires recibió un guiño. Todo lo que implique o signifique no emitir dinero, será aplaudido en Balcarce 50.

Tras horas de finalizado el cónclave, el diputado Damián Arabia (La Libertad Avanza-Ciudad de Buenos Aires) señaló a este medio: “La única función será preservar el valor de la moneda de todos los argentinos. Se va a prohibir el financiamiento del Tesoro, tanto de manera indirecta como directa desde el Banco Central, así como restringir utilidades. Además, se va a fortalecer el esquema de gobernanza y a endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para futuras autoridades”.

El convite contó con parte de los principales funcionarios del Ejecutivo, quienes mantendrán este martes una nueva reunión de la denominada “mesa política” con el fin de peinar, entre otras cuestiones, el camino legislativo. Lo cierto es que hay en mente varios proyectos que aún no se materializaron y muchos más que ya se mandaron al Congreso y siguen en ansiosa espera. A diferencia de lo que uno presuponía en marzo último, Diputados se movió más rápido que el Senado y quedó con un sendero más ligero que el que enfrenta ahora la jefa libertaria, Patricia Bullrich, en la Cámara alta.

De hecho, para el jueves al mediodía hay una sesión programada allí. Hay una urgencia oficialista por el pliego judicial para que continúe en vigencia el camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar- y la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que la oposición dialoguista ya se la desplumó a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

En las últimas semanas, ya post dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, aparecieron 13 borradores extra. “Y vamos por la versión 14 para el jueves”, reconocieron anoche desde el oficialismo senatorial. Ya se dinamitó -previo a la firma del despacho- el capítulo relacionado con barrios populares y persisten quejas sobre venta de tierra a extranjeros y el manejo de fuego.

Todo esto podría saldarse, siempre y cuando el pleno logre reunirse pasado mañana. Precisará de 37 sentados. Algunos ya anunciaron que arrancó el receso invernal en sus provincias y quizá no aparezcan. En filas libertarias mantienen, por ahora, la calma. De hecho, de manera preventiva, la semana pasada ya se dejó fijada una sesión para los primeros días de agosto próximo, como una especie de premio consuelo, para que la lupa no esté direccionada ante una potencial caída del encuentro y la clásica acusación a legisladores -a veces, infundada e injusta- en cuanto a que no trabajan. En las preguntas de ayer a Milei, tan solo un diputado logró llamar la atención.

El oficialismo apura las conversaciones en el Senado para llegar al próximo jueves con los votos necesarios para darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El proyecto, enviado por el Ejecutivo nacional y modificado en las conversaciones con los bloques dialoguistas, establece entre sus puntos principales que un inquilino puede ser desalojado en 20 días por falta de pago.

En los pasillos del Senado aseguran que “todavía” no están los votos y que si es cierto lo que afirma La Libertad Avanza —que cuenta con el número necesario— es “muy finito. Si alguien de los socios no viaja, se cae”.

Impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, la iniciativa llega al Senado el jueves 16 de julio con 13 versiones previas y reformas en seis grandes áreas.

Uno de los puntos más relevantes tiene que ver con los desalojos de inquilinos por falta de pago, capítulo en el que el oficialismo aceptó la mayor cantidad de cambios.

El proyecto establece que ante la falta de pago, el propietario debe intimar al inquilino con un mínimo de 10 días corridos —ampliado desde los 3 días del texto original— para regularizar la deuda. La notificación puede hacerse en el domicilio del contrato o por correo electrónico, y debe indicar el lugar exacto de pago.

Si persiste el incumplimiento, el propietario puede iniciar la acción de desalojo, que se tramita en 10 días hábiles. Solo se admite prueba documental y pericial para evitar dilaciones.

Quienes se oponen a la medida señalan que la ciudadanía atraviesa un proceso de pérdida de ingresos y de poder adquisitivo como consecuencia de paritarias a la baja y aumentos de los servicios, y que esto impactaría con fuerza en ciudades como Buenos Aires, donde más del 50% de los tres millones de habitantes paga alquiler.

En lo que se refiere a los desalojos en ocupaciones ilegales y de tenedores precarios —barrios populares y asentamientos, por ejemplo— se inicia un proceso sumarísimo en el que el juez puede ordenar la restitución anticipada del inmueble en cinco días si el derecho invocado es verosímil, bajo caución juratoria. Dentro de las primeras 72 horas de la primera providencia, el juez debe ordenar un reconocimiento judicial para identificar a todos los ocupantes —nombre, apellido y DNI—, con asistencia del Defensor Oficial.

Para la regularización de los dominios, se exige acreditar posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años. El beneficio queda limitado a inmuebles de vivienda única y permanente, con una previsión especial para agricultores familiares.

Compra de tierras

Otro de los puntos en conflicto tiene que ver con la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

El proyecto elimina el límite del 15% del territorio para la compra por parte de extranjeros y deja que cada provincia fije sus propias restricciones. Además, suprime el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Se prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Uno de los puntos en conflicto era la compra en zona de frontera, hoy vedada para los capitales extranjeros. De aprobarse la ley, esa restricción se elimina y se crea un sistema de doble autorización para la operación, con intervención de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional.

A pesar de esa doble intervención, que podría suponer un proceso burocrático mayor, se abre la puerta a que no supere los 180 días: si en ese plazo no hay una negativa de alguno de los estados, opera el silencio administrativo positivo y el comprador queda como propietario de pleno derecho.

El proyecto de La Libertad Avanza también deroga parte de la ley de Máximo Kirchner sobre el manejo del fuego. Elimina la restricción de 30 años para cambiar el uso de suelo en superficies incendiadas de zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas, pero mantiene la veda de 60 años para bosques nativos y humedales.

El Senado se encuentra en una instancia de freno y demora de varios proyectos enviados por el Ejecutivo en los últimos meses, algo impensado a inicios del corriente año. Mientras libertarios buscan respuestas a este tapón -ya sin la excusa del indefendible Manuel Adorni en el Gabinete-, la Casa Rosada ubicó un objetivo de máxima prioridad antes de enviar -a mediados de septiembre- el Presupuesto 2027 al Congreso: sancionar lo más rápido posible las modificaciones -recorte de subsidios y suba de tarifas- de la ley de zona fría.

La iniciativa ni siquiera está dictaminada -y la época para analizarla es la peor- por lo que, de mínima, no se tratará hasta que finalice el receso invernal de las últimas dos semanas de julio. Para tener una idea del panorama vigente en la Cámara alta: recién el jueves 16, siempre y cuando haya número -en duda-, el oficialismo intentará aprobar la ley de propiedad privada -expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y cambios en manejo del fuego- tras un despacho firmado en mayo pasado, que ya sumó la delirante cifra de 13 borradores extra. La versión original fue desplumada.

El primer indicio de la urgencia de Balcarce 50, tras la cautelar reactivada a favor de las universidades y los insistentes reclamos de gobernadores por dilaciones en giros millonarios de fondos -rutas importantes en estado terminal-, fue el eje central de la primera cumbre que mantuvieron representantes de bancadas dialoguistas del Senado con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien apareció acompañado de los principales referentes del Ejecutivo en cuanto a energía.

Días atrás, la ley recibió un trompazo desde su propio espacio. El miércoles, tras la reunión de Labor Parlamentaria -donde se consensuó la potencial sesión del jueves 16-, la titular libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que la iniciativa “sigue fría”. La porteña no se privó de nada, ya que también objetó parte de las variantes para la reforma electoral -colectoras- que empuja la administración central. Es decir, ya no se trata sólo de un pliego judicial -témpera republicana- o un ex funcionario que llenó de lodo a Javier Milei. La gran pregunta es si la ex ministra hace sola su juego o si existe un tándem. Especulaciones, sobran.

Tras el convite con Santilli, Infobae consultó a tres despachos de peso y confirmaron que los diálogos con Balcarce 50 continuaron su curso y que la prioridad es zona fría -“va a salir; quizá más justa, pero va a salir”, deslizaron desde uno de ellos-, más allá de que se empiece a quitar antes algo de peso a una mochila ya muy cargada de textos sin definición. Los aliados fueron claros con el oficialismo: el primer semestre era el período ideal para acelerar leyes. Al parecer, no los oyeron. O, como sospechan otros: los mensajes llegaron distorsionados. Por ese motivo es que proliferaron vías bilaterales de legisladores dialoguistas con el Ejecutivo.

¿Qué cuentas hace la administración central? En caso de tener a sus 21 soldados, añadiría a los tres del PRO y a un puñado de radicales. En la UCR son 10 y un poco menos de la mitad -por ahora- no acompañaría. A partir de eso ingresan los silvestres provinciales y los -de nuevo- peronistas que se fueron del interbloque K, tengan o no gobernadores como terminal. La incorporación de las zonas cálidas -subsidio a la energía eléctrica- en la Cámara baja y algunas promesas a la hora de implementar una hipotética norma ayudarían a cerrar el asunto. Más los fondos anunciados -el “bis” del “bis”- y una ley de gastos 2027 que permitan meses de calma. Claro está que, primero, deberá rubricarse un despacho en comisión.

La bandeja de temas -en modo tortura- incluye, a los tres mencionados, los de salud mental, etiquetado frontal, biocombustibles, Hojarasca -ya dictaminada y con chances para el 6 de agosto, en caso de sesionar-, Sociedades, y ludopatía. Habrá que esperar si aterriza lo relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central al Senado, como insinuó Bullrich.

Si Diputados continuase con el trámite de otros textos se llegaría casi a la docena en fila, algo objetivo y fuera de discusión. Un escenario complejo para los cuatro meses que restarán del período ordinario, que finaliza el último día de noviembre, excepto que el mismo se prorrogue o se convoque a extraordinarias. Sobre el último punto es donde, en diciembre y febrero pasados, la porteña se pudo lucir. Tras ello, cedió parte del monopolio que tenía sobre la Cámara alta y, ahora, desde el Ejecutivo intentan avanzar por su cuenta. No trajo grandes resultados durante la primera mitad de gestión libertaria. Y, sobre la reforma política, no hay un solo aliado que no quiera esperar al último trimestre del año para una decisión final.

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena, advirtió que la acumulación y el sobrepeso del cableado en desuso en la vía pública puede provocar cortocircuitos e incendios.

Señaló que las líneas que cuelgan a baja altura o permanecen tiradas en banquetas y vialidades representan riesgos para ciclistas, motociclistas, peatones y personas con discapacidad.

Ante este escenario, la senadora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a acelerar la emisión de normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos sobre el reordenamiento, retiro o soterramiento de infraestructura de telecomunicaciones.

Asimismo, incluyó la petición de establecer sanciones por la falta de retiro de dicho material.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del 9 de julio y turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, solicita a las autoridades de las entidades federativas que intensifiquen las acciones y programas para el retiro inmediato del cableado aéreo en desuso, en coordinación con las empresas de telefonía e internet.

Gutiérrez Escalante remarcó que la proliferación de infraestructura pasiva en desuso es un problema nacional que afecta a las principales zonas metropolitanas del país, no solo a la Ciudad de México.

La senadora consideró que el riesgo para la seguridad y la imagen urbana exige pasar de un esquema voluntario a la aplicación de sanciones, para que las empresas concesionarias asuman la responsabilidad de limpiar el espacio público que han saturado.

Consideró que el exhorto es jurídicamente necesario para obligar a la autoridad regulatoria a vigilar el cumplimiento de la normatividad y garantizar que el desarrollo tecnológico no comprometa la seguridad ciudadana ni el equilibrio ambiental.

Miles de metros de cables retirados en la Ciudad de México

Entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2023, empresas de telecomunicaciones retiraron 626 mil 286 metros de cable de telefonía, internet y televisión en desuso en la Ciudad de México, equivalente a siete toneladas de material.

Esta acción es resultado de un Convenio de Colaboración firmado el 3 de julio entre el gobierno capitalino y la industria de telecomunicaciones, con el objetivo de reducir la contaminación visual y los riesgos de protección civil.

Durante ese periodo, se realizaron mil 024 intervenciones en 14 alcaldías, con la participación de siete empresas.

El sitio ciudadsincables.cdmx.gob.mx ofrece información detallada sobre las intervenciones y kilos de cable retirados.

Los operativos, que incluyen jornadas nocturnas, cuentan con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública y el C5 para detectar zonas prioritarias.

Las autoridades invitaron a la población a usar el SUAC para reportar cables en desuso y mantener la transparencia en el proceso.

De acuerdo con ese sitio, en la Ciudad de México se han retirado hasta ahora 1 millón 982 mil 702 metros de cableado, equivalentes a 52 toneladas.

En un giro político trascendental, el Poder Ejecutivo depositó este viernes 10 de julio, ante la Secretaría General Legislativa del Senado un proyecto de ley para modificar 18 artículos de la recién promulgada Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

La iniciativa, presentada formalmente por el Presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, surge como respuesta directa a una intensa ola de protestas ciudadanas que sacudió al país durante toda la semana con cacerolazos masivos y concentraciones en la emblemática Plaza de la Bandera.

El descontento colectivo estalló ante el temor generalizado de que la nueva legislación penal criminalizara la crítica constructiva, limitara el ejercicio del periodismo de investigación y abriera las puertas a la persecución de voces disidentes.

Con este nuevo proyecto, el Congreso Nacional y el Gobierno buscan subsanar los vacíos legales y los excesos de redacción antes de que la normativa penal entre en vigor de manera definitiva.

Ante este escenario de tensión, el presidente del Senado, aclaró que el Congreso se mantendrá como “la casa de la democracia”. El legislador garantizó de forma pública que estas enmiendas serán conocidas, debatidas y aprobadas por una Comisión Bicameral antes de la fecha límite en la que la Ley núm. 74-25 deba ejecutarse en los tribunales del país.

Para el ciudadano común y los trabajadores de los medios de comunicación, este proyecto de modificación representa una victoria de la movilización social y un blindaje a la democracia. En términos prácticos, significa que:

• Se protege el derecho a la denuncia: Los ciudadanos no temerán ir a prisión por cuestionar la gestión de un funcionario público o denunciar actos de corrupción en plataformas digitales.
• Se preserva la libertad de prensa: Los periodistas de investigación contarán con un “escudo legal” explícito (el criterio de interés público) para difundir audios, imágenes o documentos de relevancia colectiva sin ser procesados por violación a la intimidad o difamación.
• Mayor seguridad jurídica: Al corregir las ambigüedades técnicas, se evita que los jueces apliquen la ley de forma arbitraria o desproporcionada, garantizando que las penas se correspondan verdaderamente con la gravedad del delito.

Radiografía de las modificaciones: Los 18 artículos bajo la lupa

El paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo se divide en cuatro grandes bloques temáticos que impactan de forma directa la vida jurídica y civil de la nación:

1. Libertad de expresión y de prensa (5 artículos)

Este bloque concentra el núcleo de las demandas ciudadanas. Las modificaciones buscan extirpar cualquier asomo de censura previa o intimidación legal:

• Artículo 123 (Ciberbullying): Se delimita el tipo penal para evitar que las críticas legítimas o los debates encendidos en redes sociales se confundan con acoso digital.
• Artículo 192 (Difusión de audio o imágenes sin consentimiento): Se añade de forma expresa la excepción de interés público legítimo, protegiendo las filtraciones periodísticas que destapen anomalías estatales.
• Artículo 208 (Difamación) y Artículo 211 (Actos no difamatorios ni injuriosos): Redefinen las sanciones y amplían las garantías legales para quienes informen sobre figuras públicas o temas de debate nacional.
• Artículo 310 (Ultraje): Se reforma para impedir que el delito de ofensa a las instituciones o funcionarios sea utilizado por el poder político para silenciar a la oposición o a la ciudadanía.

2. Protección de personas y familias (6 artículos)

Orientado a robustecer los mecanismos de vulnerabilidad social, especialmente enfocados en la niñez y la adolescencia:

• Artículos 121 y 122 (Bullying y Hostigamiento agravado): Se precisan las definiciones para lograr una aplicación objetiva en entornos escolares y comunitarios.
• Artículo 142 (Exhibicionismo sexual) y Artículo 144 (Acoso agravado): Buscan proporcionalidad en las penas, evitando interpretaciones subjetivas por parte de los juzgadores.
• Artículos 214 y 215 (Abandono de menores y Abandono agravado): Reorganizan las agravantes para penalizar con mayor severidad la desatención parental extrema.

3. Precisión técnica y seguridad jurídica (5 artículos)

Ajustes esenciales de carpintería legislativa para evitar contradicciones en los tribunales:

• Artículo 141 (Prescripción): Corrige el cómputo de los plazos procesales para evitar impunidades por vencimiento de términos.
• Artículo 170 (Autosecuestro), Artículo 207 (Perjurio patrimonial), Artículo 248 (Bancarrota simple) y Artículo 354 (Certificación falsa de estado de salud): Mejoran la redacción técnica para que las figuras delictivas queden claramente tipificadas en el comercio y la salud.

4. Respuesta frente a delitos graves (2 artículos)

• Artículo 176 (Proxenetismo): Readecua la escala punitiva para perseguir con mayor eficacia la explotación sexual.
• Artículo 303 (Malversación de fondos públicos): Endurece de manera drástica el régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, un reclamo histórico de la sociedad dominicana.

El presidente del Senado enfatizó que el proceso de escucha activa no ha cerrado. Se ha fijado el próximo miércoles 15 de julio a las 6:00 de la tarde (hora dominicana) como el plazo definitivo para que juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil depositen formalmente cualquier otra observación ante la Comisión Bicameral.

La meta del Poder Legislativo es consensuar un texto definitivo que consolide un Código Penal moderno, pero que, por encima de todo, respete de manera irrestricta las libertades constitucionales de todos los dominicanos.

El Senado podría volver a sesionar el 16 de julio para tratar al menos 26 pliegos judiciales ya dictaminados, en una nueva tanda del impulso que el Gobierno le imprimió a los nombramientos en la Justicia y que busca acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera por razones de edad o por la demora legislativa.

Ese paquete se sumaría a los 76 cargos que la Cámara Alta ya votó y de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el Ejecutivo completó el trámite de 46 jueces mediante decreto de nombramiento y su objetivo es llegar a 300 al final del mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente que más integrantes del Poder Judicial designó entre los últimos tres gobiernos.

Uno de los casos que el oficialismo quiere aprobar es el del juez Víctor Pesino. El magistrado dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y firmó la aplicación plena de la Reforma Laboral, al rechazar las presentaciones judiciales impulsadas por los sindicatos.

Pesino cumple 75 años a fin de mes. Si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá jubilarse, porque los legisladores fijaron como alternativa volver a sesionar recién el 6 de agosto, después del receso invernal.

En el medio de esto, y a sabiendas que la sesión del 16 de julio podría no suceder, el magistrado de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habilitó la Reforma Laboral, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques negocia los pliegos que llegan al Congreso de la Nación. En esa discusión conviven nombres vinculados con la llamada familia judicial, intereses del Ejecutivo y reclamos de las provincias para cubrir cargos vacantes, en especial en juzgados ligados a las justicias electorales. En esa disputa, hasta ahora llevan ventaja los postulantes vinculados con el propio sistema judicial.

La próxima sesión, si el oficialismo consigue número para abrirla, incorporará como mínimo esas 26 carpetas ya habilitadas por comisión. La aceleración oficial apunta a sostener un ritmo de designaciones que ya dejó una primera tanda votada y otra en preparación.

Un expediente distinto es el de la magistrada María Verónica Michelli. El Ejecutivo intentó retirar su pliego del Senado cuando ya tenía dictamen de la Comisión de Acuerdos y lo hizo minutos antes de la sesión en la que iba a votarse su nombramiento.

La razón invocada fue su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, de quien es cuñada. Como el Gobierno no logró sacar el pliego a tiempo, luego la excluyó de la tanda de nombramientos publicada en el Boletín Oficial.

En el Ejecutivo sostienen que Michelli no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal ni siquiera tiene edificio asignado. Otras fuentes, sin embargo, contraponen esa explicación con otra designación oficial: la de Ana Maria San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, nombrada como jueza federal en Hurlingham, donde ese juzgado tampoco está creado.

Otro punto a tener en cuenta en el debate en la Cámara alta es que el peronismo no conformó la Comisión de Acuerdos y, aunque en general se presenta algún senador del PJ en la misma cuando se debaten los pliegos de los magistrados que tienen como destino las provincias, amenaza con no reconocer los nombramientos.

El Ejecutivo vía el ministro Mahíques sigue adelante con los nombramientos. La intención es la de alcanzar el número mágico de los 300 nombramientos, casi 30 más que los que hizo el ex presidente Mauricio Macri en la gestión de Cambiemos. En paralelo, modificó la forma de selección vía un decreto presidencial para que la entrevista personal a los candidatos pierda peso y restringir las instancias de audiencias públicas.

Las modificaciones a la ley orgánica de la Policía Nacional avanzaron en el Senado de la República Dominicana en una sesión que se extendió hasta casi la medianoche, con la aprobación en primera lectura de un proyecto que endurece sanciones, regula el uso de la fuerza y redefine las condiciones de desvinculación de agentes policiales.

En una votación realizada a las 11:43 pm, 24 de los 27 senadores presentes respaldaron la iniciativa, según informó Diario Libre. La propuesta, que no figuraba en el orden del día original, fue incorporada tras recibir un informe favorable de la comisión asignada y sumar la mayoría necesaria.

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, fue el encargado de leer el informe. Explicó que la reforma divide la institución policial en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, e introduce ajustes en el patrullaje y la formación académica de los agentes. Romero fundamentó la necesidad de “un nuevo modelo de servicio público de policía que reafirme su carácter esencial de responsabilidad exclusiva del Estado dominicano”.

En medio de un clima marcado por el reciente fallecimiento de Darlin Enmanuel Mercado, quien perdió la vida tras recibir un disparo de un policía en Santo Domingo Oeste, el debate sobre la actuación policial se intensificó. El presidente Luis Abinader condenó el hecho y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, lo calificó como “un abuso inaceptable”.

Nuevas restricciones sobre asignaciones y control del uso de la fuerza

Uno de los ejes de la reforma es la prohibición general de asignar agentes policiales a servicios permanentes para personas o entidades privadas. El nuevo artículo 146 regula la prestación de servicios policiales exclusivamente para instituciones públicas, como ministerios y empresas estatales, mientras que el artículo 147 prevé sanciones disciplinarias, investigaciones administrativas, civiles y penales para quienes ordenen o mantengan agentes en funciones ajenas a la seguridad pública.

La regulación del uso de la fuerza se vuelve más estricta. Solo se permitirá en situaciones imprescindibles y bajo criterios de proporcionalidad, restringiendo los registros personales y de vehículos a casos justificados que busquen prevenir riesgos, localizar armas o sustancias prohibidas y garantizar la seguridad en eventos públicos.

La reforma impone el uso obligatorio de cámaras corporales encendidas durante las intervenciones y permite que los ciudadanos graben la actuación policial. El texto prohíbe los registros motivados por prejuicios raciales, étnicos, de apariencia o identidad de género y exige reportes previos y posteriores para los procedimientos nocturnos.

Endurecimiento de sanciones y redefinición de la desvinculación policial

La nueva normativa amplía el listado de faltas disciplinarias muy graves, entre las que se encuentran el uso excesivo de la fuerza, la utilización de armas no asignadas, facilitar fugas, actos partidistas o participación irregular en ascensos y contrataciones estatales. Las sanciones más severas, según el artículo 231, incluyen la destitución para las faltas muy graves de primer grado y suspensiones sin sueldo de hasta 120 días para las de segundo grado. Las faltas graves y leves se sancionan con descuentos salariales.

Quienes reciban tres o más sanciones por faltas muy graves en un período de cinco años serán desvinculados de manera definitiva y no podrán volver a la institución. Diario Libre detalló que el retiro forzoso se mantiene solo para quienes reúnan los requisitos de pensión, mientras que los demás recibirán los derechos prestacionales.

El procedimiento para la desvinculación de los oficiales será por decreto del Poder Ejecutivo y, para los mandos intermedios y patrulleros, por resolución del director general de la Policía Nacional, con recomendación previa de la junta correspondiente. Además, se incorpora la desvinculación por interés personal, permitiendo que cualquier miembro de la carrera policial solicite su retiro en cualquier momento.

Regulaciones sobre armamento, ascensos y plan de pensiones

El proyecto también establece que las armas de la Policía Nacional solo podrán ser utilizadas por miembros activos, policías pensionados y representantes de los poderes del Estado, mediante autorización formal. Se regulan armas letales, equipo para el uso de la fuerza, ascensos póstumos y el sistema de denuncias internas.

Un nuevo artículo crea el Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN), que deberá implementarse en un plazo máximo de seis meses desde la promulgación de la ley.

El texto enfatiza que el ingreso, permanencia, ascensos y reconocimientos en la Policía Nacional deben regirse por criterios objetivos como capacidad, preparación académica, trayectoria profesional y conducta ética. Queda excluido cualquier tipo de favoritismo o injerencia externa.

La pieza, aún pendiente de una segunda lectura, avanza en un contexto de creciente presión social y política tras los recientes episodios de violencia policial. El Senado dedicó un minuto de silencio por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado y la discusión parlamentaria refleja la demanda de reformas profundas en las fuerzas del orden.

A pesar de que continúan las dudas en varios despachos, los jefes del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron este mediodía sesionar el jueves 16 para intentar aprobar la ley de propiedad privada. La iniciativa del Ejecutivo fue dictaminada desde hace semanas, pero ya sufrió modificaciones extra que derivaron en 13 borradores nuevos.

La definición se consumó en la reunión de Labor Parlamentaria que comandó en sus oficinas la vicepresidenta, Victoria Villarruel. De hecho, la titular de la Cámara alta advirtió su desacuerdo en el capítulo de venta de tierras a extranjeros que incluye el proyecto que desea la Casa Rosada.

El convite de la semana próxima tendría el aval de un voluminoso ramillete de pliegos judiciales que interesan a casi todos -ansiedades varias para acelerar esto- y, de ocurrir el milagro, ascensos diplomáticos frenados desde hace largos meses que generaron un problema no menor en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

Como todavía hay legisladores que toman entre pinzas la convocatoria para sesionar en los próximos días y, para evitar una acusación de “vacaciones anticipadas”, las bancadas se adelantaron y ya dejaron un plan “b”: anunciaron que la idea es regresar al recinto el 6 de agosto.

Las caras post Labor Parlamentaria no aparentaron ser las mejores. Algunos de los participantes fueron la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); la referente cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires); los titulares de la UCR y del PRO, Eduardo Vischi (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones), respectivamente, y silvestres provinciales.

Fue la propia Bullrich quien confirmó la agenda para la eventual sesión del jueves 16. La porteña también informó lo del hipotético 6 agosto, donde se podría tratar un proyecto con penas graves ante falsas denuncias -muchos creen que el texto de Carolina Losada implosionará el recinto y desde hace años rehúsan debatirla- y la denominada ley “Hojarasca” que elimina normativas vetustas.

Dicho articulado es promocionado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Además, es el ideólogo de propiedad privada y fue a defenderla al Senado, donde recibió -de manera llamativa- pocas preguntas de las diferentes bancadas.

La iniciativa sobre expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, entre otras cuestiones, fue desplumada por los aliados en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ocurrió en mayo pasado. Bullrich apuró un despacho -varias modificaciones sin resistencia- y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un articulado final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la decimotercera versión.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Ante medios acreditados en el Senado -entre los que se encontraba Infobae-, la porteña reconoció que el resto de la ya amplia mochila de leyes sigue demorada -dosis variadas, según el texto en análisis- y aspira, en el mejor de los escenarios, a llegar a septiembre con la reforma política, que incluye derogar o suspender las PASO. No es lo que piensan los bloques dialoguistas, quienes creen que esto no ocurrirá hasta octubre o noviembre, de mínima. En el mientras tanto, a la ex ministra de Seguridad le gustaría acelerar el proyecto sobre salud mental. Se busca un consenso amplio, hoy alejado.

En medio de una semana con casi nula actividad y varios legisladores que ya abrazan el receso invernal -difieren las semanas de “vacaciones”, según el distrito-, los jefes de bloque del Senado definirán este mediodía, en una reunión de Labor Parlamentaria, si sesionan el jueves 16 o si, como ya sugieren algunos aliados, se espera hasta agosto.

La posibilidad de ir al recinto ya tuvo dos frenos, situación que frustró a la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich. La porteña, que en las últimas semanas cedió el monopolio que tenía sobre el Senado -como contó Infobae-, hace números entre dialoguistas que ya avisaron que no estarán presentes y un potencial regreso que ayudaría al oficialismo a descomprimir una mochila pesada de leyes que pide el Ejecutivo y que, por diversos motivos, no logra votarse.

El escenario suma otra complicación, tras la advertencia que espacios friendly le hicieron a la propia Bullrich en marzo: el período para sacar leyes era el semestre actual. En ese entonces estimaron que, tras el receso invernal, las pre campañas provinciales y el aterrizaje del Presupuesto 2027 en septiembre implicarían menos chances de debatir el resto de los proyectos que estuviesen en bandeja. El mensaje no sólo no fue oído, sino que se perdieron valiosas ventanas. Y, como quedó claro en días recientes, el tapón que significó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no fue lo único que trabó el día a día en la Cámara alta.

“La última vez que quisimos sesionar, Bullrich y los kirchneristas no dieron quorum. Los demás casi que estábamos completos para tratar iniciativas. ¿Ahora están apurados?“, manifestó un senador de peso a este medio. Aún más ofuscado, agregó: “El problema de los libertarios es que inflan temas de manera muy artificial. En propiedad privada ya hay 13 borradores, pese a que existe un despacho y una orden del día ya publicada. Es una verguenza. Hasta me dan ganas de no estar cuando se vote”.

El texto, cuyo principal difusor es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue desplumado por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho -varias modificaciones sin resistencia- y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un articulado final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la decimotercera versión.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Una eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya rubricados -el verdadero interés de la sesión, donde todos ganarían- y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos en fila desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

Una ley que podría quedar a tiro de ser sancionada es la denominada “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados. Los aliados avisaron a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Se piensa en una excepción como gesto hacia Balcarce 50 -gobernadores también aguardan que se cumpla con la palabra empeñada-, tras meses sin una ley importante en la Cámara alta. Algo impensado meses atrás.

Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.

El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.

Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.

Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.

Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.

Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.

Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.

Por bloque político

El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.

Le sigue la UCR - que tiene 10 senadores - con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.

Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz - que integran José María Carambia y Natalia Gadano - quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal - que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada - con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).

Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)

Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.

Los senadores más prolíficos

De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.

El ranking lo encabeza - por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.

Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.

El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.

Los legisladores con menos proyectos

En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.

A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.

La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.

Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.

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Carga y chequeo: Desiré Santander

Infografías: Felipe González

Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.

El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.

En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.

Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.

Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.

Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.

La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.

Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.

El Gobierno transita por tiempos en donde se consolidan dinámicas de poder en su interior. Con la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se puso al frente de la mesa política fue automáticamente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó a una próxima reunión para el martes que viene, la primera después del recambio en la cúpula del Gobierno.

“Karina fue quien la convocó”, confirmó uno de los integrantes de la mesa política, la cual es el mecanismo que encontró el oficialismo para hacer un seguimiento de la gestión -tanto en el Gobierno como en el plano legislativo- y coordinar las políticas y reformas que impulsa la Casa Rosada. Tras la salida de Adorni, quien era el que comandaba y convocaba estos encuentros, quien se colocó como su reemplazante en el liderazgo de los mismos fue la hermana presidencial.

Además de Karina, la mesa finalmente quedará compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, por primera vez, será incorporado en estos encuentros el secretario de Comunicacíon y Prensa, Fabián Fernández. También estará el ministro de Economía, Luis Caputo, que es un asistente habitual en estos encuentros.

La incorporación de Fernández a este esquema corresponde a una decisión consensuada en la cúpula del Gobierno pero que tiene a la secretaria general como principal impulsora. En rigor, Adorni venía a representar la pata comunicacional del karinismo en ese esquema; ya que Caputo es independiente de esa esfera y responde directamente al presidente Javier Milei. Es el nuevo secretario de Comunicación quien ahora viene a ocupar ese rol.

Tal y como adelantó Infobae, el martes próximo será la primera vez que esta mesa se reúna sin Adorni. “Ese va a ser el principal cambio, pero después se van a hablar de los mismos temas de siempre”, afirma un funcionario que participará de esa cumbre.

La agenda de reformas que impulsa el Gobierno

El oficialismo definió tres prioridades legislativas para los próximos meses: la reforma política —que incluye la eliminación de las PASO—, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. La definición surgió de una reunión en Casa Rosada entre Javier Milei, Karina Milei y los legisladores de La Libertad Avanza, donde la secretaria general de la Presidencia bajó la línea sobre el rumbo parlamentario del espacio. El Presidente también adelantó allí que está trabajando con el equipo de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger en un proyecto que modifique la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El problema central es que el oficialismo no cuenta por ahora con los votos necesarios para avanzar en ninguno de los tres frentes ya anunciados. El régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados, enfrenta resistencias en el Senado: radicales divididos, gobernadores reticentes y el PRO a la expectativa. La eliminación de las PASO tampoco genera consenso en la oposición dialoguista, aunque ayer emergió la posibilidad de una alternativa mediante colectoras. Y las modificaciones a Inocencia Fiscal ni siquiera ingresaron formalmente al Congreso, por lo que no hay conversaciones entre bloques al respecto.

En el Senado la agenda parece más inmediata. La Libertad Avanza y sus aliados dialoguistas —UCR, PRO y bloques provinciales— apuntan a sesionar el miércoles 8 de julio en el Senado incluye la ley de propiedad privada, un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, en caso de que los tiempos lo permitan, el tratamiento de ascensos diplomáticos pendientes desde el inicio de la gestión. La ley “Hojarasca”, que elimina normas obsoletas y ya tiene media sanción de Diputados, quedó al filo del temario y podría no entrar.

La ley de propiedad privada llegó a este punto tras un largo proceso de negociación: el texto original fue recortado por los bloques dialoguistas, se intercambiaron al menos una docena de borradores y aún hay senadores que cuestionan la versión final. Uno de los puntos más polémicos fue la venta de tierras a extranjeros; el último texto conocido prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal foránea, salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, nada está garantizado.

Aun así, en la mesa política admiten que la reforma más importante que se debatirá en ese lugar será la reforma electoral. El gobierno de Milei está negociando con gobernadores consiste en suspender —no eliminar definitivamente— las PASO a nivel nacional, a cambio de incorporar un sistema de listas colectoras en el marco de la Boleta Única de Papel. El mecanismo permitiría que distintas fuerzas compitan por separado en algunas categorías pero “enganchen” sus listas debajo de la boleta presidencial de Milei, sin necesidad de sellar alianzas formales. Así, el PRO, la UCR y los partidos provinciales podrían preservar su identidad y sus bloques legislativos, mientras los gobernadores aliados aprovecharían la “tracción” electoral del presidente para fortalecer sus propias candidaturas locales. El objetivo político real, según el artículo, no es el ahorro fiscal sino privar a la oposición de una herramienta para ordenar sus internas y depurar candidatos competitivos.

Las negociaciones, encabezadas por el jefe de Gabinete Diego Santilli, aún están lejos de cerrarse. La reforma política requiere mayoría absoluta en el Senado —37 votos—, y las diez bancas de la UCR son determinantes: sin el radicalismo, la iniciativa no prospera. Desde ese partido advierten que un acuerdo de ese tipo debería pasar por la Convención Nacional y no resolverse entre unos pocos gobernadores. En la oposición, en tanto, señalan que el Gobierno todavía no presentó un texto concreto ni definió cuántas colectoras se habilitarían. “Nadie vio nada concreto, por ahora es un globo de ensayo”, resumió un senador consultado por Infobae. Las novedades difícilmente lleguen antes del receso de invierno, por lo que el debate en los recintos, en el mejor de los casos, se daría en agosto.

El documento, remitido por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se presentó en un contexto donde el caso carece de una norma explícita que regule la situación. Mientras López Aliaga no asuma funciones en el Parlamento, la resolución sobre su futuro político queda en manos del JNE.

Renuncia y limbo jurídico: la falta de una regla expresa

El punto central del debate radica en que la renuncia de López Aliaga no implica automáticamente la pérdida de su condición de senador electo. De acuerdo con el especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi, se trata de “una declaración voluntaria unilateral privada del ciudadano López Aliaga, pero no le quita la investidura de senador electo”.

La ausencia de una norma clara deja a López Aliaga en una situación de indefinición. Hasta que no asuma el cargo ni exista una resolución del JNE, su estatus permanece sin cambios, lo que siembra dudas sobre la viabilidad de una eventual candidatura municipal. El especialista resalta que “la renuncia no basta para extinguir su investidura y, mientras no asuma el cargo, el Jurado Nacional de Elecciones debe decidir qué efecto tiene esa situación sobre una eventual candidatura”.

El escenario ante una posible resolución parlamentaria

Si el JNE no emite un pronunciamiento inmediato, el tema podría trasladarse al nuevo Congreso Bicameral una vez que este se instale a fines de julio. Según explicó Alejandro Rospigliosi, este procedimiento requeriría la elaboración de un informe por la Comisión de Constitución y la posterior aprobación tanto en el pleno de diputados como en el de senadores.

Este proceso legislativo podría extender los plazos previstos, y la definición final podría llegar recién en octubre, una fecha que excede el calendario de las elecciones municipales. La situación genera incertidumbre tanto en el ámbito político como en el electoral.

Casos similares dentro de Renovación Popular y otras agrupaciones

El caso de López Aliaga no es el único dentro de Renovación Popular. Otros dos candidatos a regidores de ese partido, Aldo Bravo y Leo de Paz Lancho, también obtuvieron escaños en la Cámara de Diputados. En una situación similar, optaron por renunciar a sus candidaturas municipales tras haber resultado electos para el Legislativo.

A este listado se suma Yahir Manrique, de Ahora Nación, quien también figuraba como candidato a regidor municipal y resultó electo como diputado. En estos casos, la decisión de renunciar a las candidaturas municipales se tomó para evitar incompatibilidades y cumplir con los plazos legales para la inscripción de postulaciones.

El calendario electoral y la presión sobre la candidatura en Lima

El cronograma electoral establece como fecha límite el 5 de septiembre para la inscripción definitiva de candidatos a las elecciones regionales y municipales. Este plazo, ya mencionado en los debates sobre el caso, será determinante para conocer si finalmente López Aliaga podrá postular como teniente alcalde de Lima.

La presión sobre el calendario electoral afecta no solo a López Aliaga, sino también a otros postulantes en situaciones similares. El cumplimiento de los plazos y la claridad de las reglas serán clave para evitar conflictos legales y asegurar la transparencia en el proceso electoral municipal.

Práctica de postulaciones múltiples y críticas al sistema

El trasfondo político de las postulaciones simultáneas ha generado cuestionamientos. El analista Helguera calificó la práctica como “oportunismo de jugar a dos o más escenarios posibles”. Sostuvo que, si la ley lo permitiera, los candidatos optarían por postularse a más de una posición y ejercer incluso ambos cargos si fuera legalmente posible.

Además, se identificó un problema en la sistematización y en la identificación de los candidatos que participaron en las elecciones generales mientras figuraban en otras listas. Esta situación revela vacíos en el sistema electoral y la necesidad de reformas que permitan una gestión más eficiente y transparente de las candidaturas y de las incompatibilidades.

El papel del Jurado Nacional de Elecciones y las implicancias políticas

Con la situación aún abierta, la definición sobre la candidatura de López Aliaga y otros postulantes quedó en manos del JNE, que deberá emitir un pronunciamiento en breve. Esta decisión tendrá impacto tanto en la configuración del nuevo Senado como en la disputa municipal por la Alcaldía de Lima.

La resolución del organismo electoral no solo afectará a los candidatos involucrados, sino que también establecerá criterios para futuros procesos electorales en los que se presenten situaciones de incompatibilidad o renuncias posteriores a la elección. El caso pone en evidencia la necesidad de normas más claras y procedimientos ágiles para resolver conflictos en el ámbito político y electoral en Perú.

La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó la creación de una Comisión Especial de Investigación para indagar la presunta injerencia del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) en un litigio multimillonario entre dos empresas cementeras durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025).

La comisión estará conformada por seis senadores, con representación de las distintas fuerzas políticas que integran el Senado y tendrá un plazo de tres meses para presentar un informe final al pleno.

La investigación surge a raíz de los hallazgos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que sugiere indicios de influencia del expresidente español sobre un fallo que favoreció a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que pertenece al Grupo Gloria, y que debía pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) por un litigio de competencia desleal.

Según el informe de UDEF, Rodríguez Zapatero habría recibido 200 mil euros a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer al Grupo Gloria con el fallo judicial que lo eximió del pago.

Fuentes del entorno del exmandatario rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el pago realizado correspondía a una consultoría legal, mientras el caso continúa en investigación y no existe una resolución judicial definitiva.

En tanto en Bolivia, el caso salpicó al expresidente Luis Arce, a la exembajadora en España, Carmen Almendras, y a varios ministros del Gabinete.

Tras casi dos décadas de relación con Bolivia, Rodríguez Zapatero visitó por última vez el país en septiembre de 2024 para participar en actos de conmemoración del Bicentenario en la ciudad de Sucre, capital del país, junto al secretario general de la Organización Mundial del Turismo. En esa visita, que luego sería uno de los indicios de la investigación que lo acusa de tráfico de influencias, sostuvo un encuentro con Arce en La Paz.

El exmandatario boliviano reveló en un comunicado reciente que en aquel encuentro se dio “en el marco de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y detalló que abordaron temas de coyuntura política, la disputa con Evo Morales y los planteamientos de “unidad del movimiento popular”.

Asimismo, señaló que la relación entre ambos siempre fue “institucional y política” y descartó nexos con el caso que se investiga en España. En tanto, en un contacto breve con el medio Brújula Digital, la exembajadora Almendras se declaró “ajena a los hechos que se investigan”.

Un giro en el caso judicial

En medio del escándalo que involucra a los expresidentes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación y ratificó la sentencia que obliga a realizar el pago a favor de Fancesa.

Soboce rechazó esa determinación y anunció que agotará todas las vías legales para impugnar la resolución. En un comunicado, la firma con capitales peruanos expresó su “formal y profunda disconformidad” con los alcances del fallo, al considerar que fue dictado “bajo un clima de amedrentamiento” y que incumple la tutela concedida anteriormente por una Sala Constitucional.

Como parte de su trabajo, la comisión legislativa podrá convocar a exautoridades, solicitar documentación e incorporar información proveniente de la investigación que desarrolla la justicia española. Aunque sus conclusiones no tendrán efectos judiciales directos, podrían derivar en recomendaciones para promover procesos administrativos o penales en Bolivia.

El flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, ya encontró el primer escollo de su gestión en el Congreso de la Nación que le implicó un cambio en los tiempos que tenía pensados en la Casa Rosada.

Ayer el funcionario mantuvo una reunión con el grupo de 44 senadores conformado por integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el resto de los bloques provinciales. La intención del encuentro fue avanzar con el proyecto de modificación a la ley de zonas frías y reforma política. Sin embargo, el funcionario nacional se encontró con que ninguna de las dos leyes tenían los votos necesarios y fue así que lanzó la frase que marcará el ritmo del Palacio Legislativo para las próximas.

“Nos pidió 15 días para poder organizar la discusión”, reconoció un legislador del oficialismo. “Son dos semanas para hacer una ronda de negociaciones con los gobernadores para poder destrabar los temas”, agregó.

De esta manera Santilli debutó en el mundo parlamentario como Jefe de Gabinete no con una derrota pero sí con un cronograma más extenso en el tiempo porque se encontró con un escenario más complejo.

“Los radicales no te votan zona fría y los gobernadores tampoco la reforma electoral”, agregó la misma fuente que estuvo presente en la reunión. “No hay acuerdo en ninguno de los temas y las llaves para todos están en los gobernadores, tanto es así que zona fría es poco probable que tenga una definición antes de septiembre“.

Un ejemplo de esto es lo que finalmente se definió como la próxima sesión en la Cámara Alta. Ayer al mediodía desde el despacho de la senadora Patricia Bullrich hacían saber que si Victoria Villarruel no llamaba a labor parlamentaria iban a pedir una sesión para el miércoles 8 de julio. “Queremos darle dinamismo luego de los conflictos que tuvimos por el tema Adorni”.

Pero esto se cayó por varias razones. Y a pesar de que Villarruel citó a Labor para el 8 de julio a las 12 del mediodía, la jefa del bloque del PRO se enteró que no iba a contar con los tucumanos por el acto del 9 de Julio en esa provincia. A la celebración asistirá el Presidente Javier Milei y de la Vicepresidenta Victoria Villarruel -no necesariamente compartiendo el mismo espacio-. Sumado al pedido de mayor plazo del Jefe de Gabinete, decidieron avanzar con la intención de tener una sesión el próximo 16 de julio.

En la Cámara de Diputados el escenario para estirar los plazos es más simple. No hay un temario establecido para el corto plazo porque, aunque se espera que las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal ingresen por la cámara que preside el libertario Martín Menem, el propio debate de la misma en comisión cumpliría con los plazos que solicitan desde la Casa Rosada para tener conversaciones sin nada que haga “ruido”. en el medio.

El otro punto que todos miran es el receso de vacaciones de invierno. Aunque en el mundo libertario desde que asumieron en el Gobierno nacional buscan imponer la lógica de se trabaja sin vacaciones, el resto de los trabajadores del Palacio Legislativo sí quieren tenerlas por lo que se espera que a partir del 20 de julio el Poder Legislativo entre en un receso de invierno.

“No podes no darle las vacaciones a los trabajadores. Además, si no tenemos lo que venga del Senado o no ingresa ningún proyecto de parte del Ejecutivo, no tenemos una agenda que apurar ni trabajar. En el escenario de hoy, no hay apuro por nada de parte nuestra”, señaló un diputado de LLA que forma parte de la mesa chica en la Cámara Baja.

La reforma societaria que el Poder Ejecutivo remitió al Senado introduce figuras jurídicas que, desde el derecho penal, generan interrogantes que el proyecto no responde. Y en este caso me refiero, en particular, a la Sociedad Automatizada del artículo 14 y a la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO) de los artículos 258 a 265. Ambas figuras deben leerse en conjunto con la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, vigente desde 2018, porque las tensiones entre ambos textos son serias.

De esta manera, dicha ley establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas por un catálogo acotado de delitos: cohecho nacional y transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito y balances e informes falsos agravados. Pero no es un régimen general, sino uno orientado a la criminalidad corporativa en la interfaz con el sector público.

El problema de la Sociedad Automatizada

El artículo 14 del anteproyecto define a la Sociedad Automatizada como aquella que desarrolla su objeto social “sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”. Los daños causados por sus sistemas algorítmicos o agentes de IA son responsabilidad patrimonial de la sociedad.

Desde el derecho penal, esto abre una pregunta que el anteproyecto ignora: ¿quién es la “persona humana” cuya conducta activa el mecanismo de imputación de la Ley 27.401 cuando el acto dañoso lo ejecutó un algoritmo de forma autónoma?

Imaginemos una Sociedad Automatizada que, mediante su sistema algorítmico, realiza pagos a un funcionario público extranjero para obtener una ventaja comercial. Los pagos los ejecutó el protocolo, no un empleado ni un director. No hay persona humana que hubiera “ofrecido, prometido u otorgado” nada en el sentido clásico del tipo penal. ¿Puede imputarse a la persona jurídica por un delito cuya conducta típica exige una acción humana que, en este modelo societario, no existe?

La respuesta no es sencilla. La ley en cuestión no fue redactada pensando en sistemas algorítmicos con capacidad de decisión autónoma. Sus categorías -“quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica”, “tolerancia de los órganos”- asumen sujetos con voluntad. Un algoritmo no tiene voluntad, no puede tener dolo y no puede actuar con “interés” en sentido jurídico. La brecha entre ambas normas es estructural, no de interpretación.

El problema de la DAO y la representación procesal

La DAO presenta una dificultad diferente pero igualmente seria. El artículo 260 del anteproyecto exige que la representación legal esté a cargo de personas humanas, y el artículo 262 establece que el representante legal responde “conforme al régimen previsto” para los actos dolosos, abusivos o en violación normativa.

En principio, esto parece resolver el problema, dado que hay una persona humana que representa a la DAO y que puede ser imputada. Pero la DAO puede tener su gobernanza distribuida entre miles de titulares de tokens dispersos en distintas jurisdicciones, con decisiones adoptadas por el protocolo según reglas predefinidas. Si el protocolo ejecuta un acto que configura alguno de los delitos de la Ley 27.401 -por ejemplo, un pago a un funcionario resuelto por votación descentralizada de los miembros-, ¿el representante legal responde penalmente por un acto que no adoptó, que no podía vetar individualmente y que fue determinado por una mayoría algorítmica?

Aquí, la tensión con los principios penales básicos es evidente. La responsabilidad penal personal exige que la pena recaiga sobre quien cometió el acto. El representante legal de una DAO puede ser una pieza formal del organigrama sin haber participado en la decisión que derivó en el delito. Imputarlo penalmente en esas condiciones rozaría la responsabilidad objetiva en materia penal, que el ordenamiento argentino rechaza.

En síntesis, el anteproyecto de ley general de Sociedades introduce formas organizativas que operan, total o parcialmente, sin decisores humanos identificables en la cadena causal de sus actos. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en cambio, fue construida sobre la premisa de que siempre hay una persona humana cuya conducta activa la responsabilidad corporativa.

Aparecen tres problemas sin solución en el estado actual del proyecto: primero, la posible ausencia de conducta humana típica cuando el acto ilícito lo ejecuta un algoritmo autónomo; segundo, la imputación al representante legal de una DAO por decisiones adoptadas por gobernanza descentralizada en las que no participó; y tercero, la inaplicabilidad práctica del Programa de Integridad de la Ley 27.401 a organizaciones sin estructura humana.

El proceso legislativo que viene debería abordar estas cuestiones. No hacerlo significa que los mecanismos de imputación, defensa y cumplimiento diseñados por la ley en cuestion, pierden coherencia cuando se aplican a entidades cuya operación ordinaria prescinde de personas humanas.

Con un optimismo que aún no se condice en cuanto a votos, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistió esta tarde al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) del Senado y se reunió con jefes dialoguistas para intentar destrabar el reformado proyecto de zonas frías, que fue aprobado en mayo pasado por Diputados y luego frenado por aliados en la Cámara alta, quienes temen por un aumento sustancial de las facturas energéticas en pleno invierno.

Santilli arribó, pasadas las 17.40, acompañado por la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien salió a buscarlo a un pasillo -que fue liberado durante un minuto- para un ingreso a dúo y con video para redes. Tras una hora de convite, el funcionario fue consultado si empujarán la versión de la Cámara baja o si analizan la posibilidad de modificaciones. “La idea es insistir, pero bueno, se está trabajando. Yo tengo confianza en que sí. Lo que digo es hay que trabajar todos los temas”, fue su respuesta ante medios acreditados.

El jefe de Gabinete también habló de “compensaciones históricas” que “en Argentina todavía están no resueltas”. Se refirió, en ese sentido, a la delicada bola de nieve de deudas de empresas relacionadas con Nación y, sobre todo, con las provincias. Un tema espinoso para quienes siguen de cerca el asunto. Además resaltó, para la cumbre consumada esta tarde -duró poco más de una hora- la presencia de la secretaria de Energía, María Tettamanti; y del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Por otra parte, a Santilli se le preguntó por la demorada reforma política, que desde hace largas semanas se inactivó en la Cámara alta. “Es otra reunión que vamos a tener más adelante. La próxima semana, seguramente. Pero no, hoy no se tocó el tema”, manifestó. Junto a él y Bullrich estuvieron, entre otros, los jefes del PRO y de Provincias Unidas, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes); la radical Mariana Juri (Mendoza), la peronista disidente Flavia Royón (Salta) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut). Quedan dos dudas pendientes en zona fría: si estarán los votos para esta iniciativa -no llegaría al recinto, de mínima, hasta agosto o septiembre-, y si podrán salvar ajustes en una potencial reglamentación. Si no, será cambiada y estará obligada a volver, en segunda revisión, a Diputados.

Se impuso Villarruel

Ayer, Bullrich y los jefes dialoguistas habían acordado ir al recinto la semana próxima. De hecho, la porteña había presentado una nota a la vicepresidenta para que convocara hoy a Labor Parlamentaria, algo que nunca ocurrió. Desde varios despachos deslizaron a Infobae nuevos inconvenientes entre ambas. Al mediodía, la compañera de fórmula de Javier Milei lo hizo, aunque recién para el miércoles 8.

Tras horas de indefinición -Bullrich quiso empujar y luego descartó un pedido de sesión especial, para evitar Labor-, varios bloques le dieron la razón a Villarruel y evitaron una sesión a las corridas y poco organizada hasta el momento. El problema principal surgió, otra vez, con la ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto ya fue desplumado y, ahora, se evalúa convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales -pese a que ya existe un dictamen y, al menos, 13 borradores extra- en los próximos días para evitar problemas ante una potencial sesión.

De esta manera, la mayoría de los temas -ya se convirtieron en una pesada mochila- deberán esperar hasta agosto. El inconveniente es que los propios dialoguistas le advirtieron a Bullrich que el primer semestre era el ideal para aprobar leyes y temen, con pre campañas electorales -y el Presupuesto 2027 que llegará en septiembre- demoren aún más las leyes que quiere el Ejecutivo.

Un duro revés sufrió el oficialismo este martes, luego de que el Senado rechazara por 16 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones la Acusación Constitucional (AC) presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP), contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda de la administración de Gabriel Boric, por presuntas irregularidades graves y “errores financieros” en la conducción económica del país.

Y es que a pesar de que la semana pasada el libelo acusatorio había sido visado por la Cámara de Diputados con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, su aprobación en el Senado se veía harto más difícil, puesto que su composición política es de un virtual empate, mientras que varios parlamentarios del bloque oficialista mostraron sus reparos al juicio político impulsado por sus socios por carecer de “sustento jurídico”.

Las razones del rechazo

En medio del álgido debate, desde la oposición el senador Vlado Mirosevic (PL), quien finalmente se inhabilitó de la votación, sostuvo que el juicio político no está hecho “para que se construya sobre apreciaciones de mérito de la gestión pública ni como crítica política” y recordó que el libelo no acreditaba “dolo ni negligencia”.

Por su parte, Fidel Espinoza (PS) advirtió que “este mecanismo ha ido perdiendo con el tiempo su carácter excepcional”, mientras que Karim Bianchi (IND), criticó el gasto para el fisco que implicó el traslado de los parlamentarios desde sus regiones en semana distrital, la que obliga a la suspensión del trabajo legislativo en las salas y comisiones del Congreso Nacional para que los parlamentarios se aboquen a sus territorios.

Desde la vereda del oficialismo, en tanto, una de las que votó en contra fue Andrea Balladares (RN), quien afirmó que “no he logrado la convicción suficiente de que exista la causal de infracción constitucional”.

De la misma opinión fue la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien ya había advertido previo a la votación que “lo más probable” era que la AC fuera rechazada, asunto que “lo único que hace es debilitar al oficialismo”.

Los agradecimientos de Grau

Una vez finalizada la votación, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, agradeció el apoyo de su sector y valoró la decisión de parlamentarios del oficialismo de no votar a favor la acusación levantada por sus socios.

“En todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras tanto de Renovación Nacional como de la UDI (...) En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”, afirmó.

“Cuando se investigó, se discutió con calma y fueron expertos y expertas a la comisión revisora, no hubo nadie que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”, agregó Grau.

El exjefe de la billetera fiscal agradeció “que hayan existido senadores y senadoras, diputadas y diputados que, más allá de su visión política y de su legítima crítica al gobierno anterior, hayan votado en contra de esta acusación porque la hayan evaluado en su propio mérito. A mí no me corresponde ningún adjetivo a ese comportamiento, simplemente agradecerlo como la persona que estaba siendo sujeta a esta evaluación”, remató.

Tras la no sesión del jueves pasado y un intento que fue descartado rápido para la corriente semana, los jefes del oficialismo libertario y la oposición dialoguista del Senado se juntaron ayer en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR) para intentar ir al recinto el miércoles próximo, con el fin de aprobar la demorada ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No obstante, nada está asegurado.

Para que todo esto avance, los titulares de las bancadas tendrán que validar lo charlado en una reunión de Labor Parlamentaria. Según pudo saber Infobae, la misma fue sugerida para las 13 de hoy. La activación de la misma quedó en manos de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que desde el lunes recibió una solicitud formal de quien comanda La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Buenos Aires).

En caso de consumarse la cumbre y que se ratifique el acuerdo de las últimas horas, la idea de oficialismo y dialoguistas es aterrizar al recinto a partir de las 9 del miércoles que viene -8 de julio-, con el objetivo de no terminar muy tarde y permitir a legisladores el regreso a los distritos. Un caso puntual: la tucumana Beatriz Ávila desea estar por la noche en su provincia para la vigilia, en la Casa Histórica, por el aniversario 210 de la Declaración de la Independencia. Allí estará el primer mandatario, Javier Milei.

De esta manera, y si bien se estima que habrán cuestiones de privilegio y homenajes que consumarán largos minutos, el objetivo de los senadores es terminar la sesión por la tarde. Todo esto, siempre y cuando se realice Labor Parlamentaria en las próximas horas. Además, la eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos que esperan desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

En cuanto a propiedad privada, lo cierto es que la iniciativa fue desplumada por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho en un plenario de comisiones y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un texto final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la última versión. Otros, en tanto, hablaron de sesionar un lunes. Así es el clima de la Cámara alta.

Con las horas acotadas, podría quedar afuera la ley “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados, por lo que quedó al filo de la sanción. Los aliados ya le habían avisado a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Para este caso en particular no había objeciones para hacer una excepción, pero prefieren no arriesgar con los tiempos y el compromiso de terminar un potencial encuentro más temprano de lo habitual.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Durante el convite de ayer -finalizó pasadas las 17- marcaron presente, además de Bullrich -se retiró antes-, los presidentes de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); de Encuentro Misionero, Carlos Arce; y la legisladora radical Mariana Juri (Mendoza), entre otros.

El Partido Popular ha avanzado que volverá a citar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha anunciado una nueva ofensiva con otros cuatro nuevos interrogatorios en julio.

El exlíder socialista ya compareció en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado mes de mayo, donde negó su vinculación con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. El PP ha argumentado la citación en los últimos avances judiciales, entre ellos la imputación del expresidente por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales y el hallazgo de las joyas en su despacho.

El juez decidió abrir una causa separada sobre este último asunto, ante las sospechas de que puede incurrirse en un delito de contrabando. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha avisado la portavoz. García no ha querido desvelar la fecha prevista para su comparecencia, limitándose a decir que estarán a la espera de los avances judiciales.

El PP multiplica los interrogatorios en julio

Los populares se reservan un segundo interrogatorio a la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar, quien compareció este lunes, pero se acogió a su derecho a no declarar, alegando que se encuentra imputada en el ‘caso Plus Ultra’. “Ella puede acogerse a ese derecho, pero quien calla repite”, ha afirmado García.

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será la ministra Sara Aagesen el 6 de julio. El PP pone el foco en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos, que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’.

Asimismo, García ha garantizado que la ‘comisión Koldo’ del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el 7 de julio; a la directora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Soledad Fernández, el 13; y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 14.

El PP acusa a Sánchez de “atrincherarse” contra una mayoría parlamentaria

La portavoz ha acusado al presidente del Gobierno de atrincherarse contra una mayoría parlamentaria. Ha recordado las votaciones que se produjeron la semana pasada en el Congreso y el Senado, donde se aprobaron mociones para exigir a Pedro Sánchez una moción de confianza y su dimisión inmediata.

La votación en la Cámara Baja salió adelante con el voto de Junts per Catalunya, que junto a Vox y PP sumaron una mayoría absoluta. Los de Carles Puigdemont no se presentaron en la votación en el Senado, pero la mayoría popular permitió que saliese adelante. “Sánchez ya no se comporta como un demócrata”, ha acusado García, quien ha añadido que “no hay cortina de humo que tape su soledad parlamentaria”.

Tras una movida de la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, para realizar una Labor Parlamentaria -hasta anoche, no convocada- e ir rápido al recinto, los bloques dialoguistas por ahora dudan y prefieren no sesionar estos días y ver primero cómo se reacomoda el Gobierno, luego la salida de Manuel Adorni y la inminente jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

La situación ocurre cuando el vínculo de los aliados y Bullrich no es el mejor y, por eso, diversas bancadas reactivaron los canales paralelos con Balcarce 50.

El mejor ejemplo fue la no sesión del jueves último. Que no haya habido quorum no sólo salvó a Adorni, sino que evitó un potencial papelón con la ley de propiedad privada. El proyecto que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue desplumado por los dialoguistas con el correr de las semanas e iba aterrizar al recinto con un puñado de puntos aún no cerrados, lo que hubiese derivado en una votación -en particular- incierta para algunos artículos. Desde varios bloques aliados hablaron de una “irresponsabilidad” de parte de La Libertad Avanza (LLA).

Otro dato a remarcar es que, tras los exitosos períodos extraordinarios de diciembre y febrero pasados, el oficialismo no consiguió sacar una sola ley importante de las que quiere el Ejecutivo y la bandeja de temas sin resolución pesa cada vez más. Un panorama impensado pocos meses atrás. No obstante, los dialoguistas no buscan romper el esquema creado para aprobar iniciativas, aunque prefieren, a esta altura, tener el visto bueno del Gobierno y no descansar tanto en Bullrich.

La Libertad Avanza también quiso apurar la ley “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas y se dictaminó días atrás. Los aliados fueron precisos y dejaron en claro, tiempo atrás, que prefieren una ley de ese tipo por sesión. Recién en las próximas horas se presentarán en el Palacio los principales legisladores y, con ello, comenzará a despejarse parte del embrollo. El inconveniente de no sesionar esta semana -aún no descartado, pero difícil- es que la semana próxima tendrá un feriado -jueves 9- y, dentro de poco, se iniciará el receso de invierno. A inicios de año, los espacios friendly le avisaron a la Casa Rosada que un segundo semestre en modo pre campaña electoral implicaría actividad más lenta en el Congreso.

Para la jornada de hoy y mañana sí habrá movimiento en comisiones. Por caso, la de Acuerdos analizará hoy y mañana un nuevo lote de pliegos judiciales. Ambas reuniones comenzarán desde las 11. A la misma hora de esta jornada se iba a juntar la bicameral del Niño. Se suspendió. Es otra área que trajo más problemas que soluciones desde inicios del año pasado, con un concurso que empujaron kirchneristas, peronistas y algunos aliados después frenado por libertarios y otros dialoguistas, que coparon la comisión y dejaron sin lugares a parte de la oposición de la Cámara alta.

Hora atrás, ante un intento del oficialismo de acelerar una nueva metodología de concurso, el senador peronista Pablo Bensusán (La Pampa) y la cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) lograron que la justicia federal hiciera lugar a un amparo, según las palabras del legislador, que “declaró nulo el decreto que integró de manera arbitraria” la bicameral del Niño.

“La Justicia también rechazó el argumento de que esto era una cuestión política no revisable. Cuando se vulneran la ley, los reglamentos y derechos concretos de representación, el Poder Judicial debe intervenir”, manifestó Bensusán. La primera reunión de la bicameral, ahora en manos de libertaria Vilma Bedia (Jujuy) fue vergonzosa, con un discurso leído y aplausos -no se permiten en la Cámara alta- del director de Cultura del Senado, Daniel Abate, luego corrido del encuentro por la kirchnerista Juliana di Tullio (Buenos Aires).

En medio de la expectativa y preocupación de muchas organizaciones por este tema -como Infancia en Deuda- y un concurso que podría no contemplar parte del examen que se realizó siempre y restricciones para que participe la sociedad civil, lo cierto es que todo lo ocurrido en los últimos meses terminó de blanquear la verdadera guerra detrás de esto -como contó Infobae el año pasado- entre “verdes” y “celestes”, en referencia a los grupos que estuvieron de acuerdo y en contra -respectivamente- de la vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Tampoco debe olvidarse el escándalo que se armó en 2025 con la anterior defensora, Marisa Graham. Fue la gota que rebalsó el vaso y lo que llevó al embrollo actual: para un cargo que precisa un acuerdo de dos tercios de la bicameral y luego el aval de las dos Cámaras del Congreso, la ex funcionaria, al percibir que se acabaría su estadía, firmó un decreto para auto prorrogarse el mandato. Fue desactivado rápido. Pocos se preocuparon en ese momento por dicha situación. Y, ahora, se percibe una revancha para un organismo que, en lo político, tiene una caja para nada despreciable. Todo, bien alejado del verdadero objetivo final del proceso: la niñez y miles de personas hoy en condiciones más que vulnerables.

En el clip, Lilly Téllez aseguró que los aranceles “son culpa de Sheinbaum” porque, según su dicho, la condición era combatir a los cárteles y “no lo quiso hacer”. “Ahora los aranceles castigan a los mexicanos”, afirmó durante el intercambio, en el que la senadora Laura Itzel Castillo le pidió concluir y llamó al orden ante gritos en el pleno.

Téllez también lanzó acusaciones directas: “Lo importante no es cuándo nacieron (los cárteles), sino quién los llevó a la cúspide del poder. López Obrador, desde su misma oficina, con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa”.

Más adelante aclaró: “cuando Calderón era presidente, que declaró la guerra a los cárteles, como lo obliga la constitución, a Morena ya le, ya los cárteles le estaban dando dinero. Bueno, no existía Morena, pero existía AMLO. A AMLO ya le estaban dando dinero los cárteles. Por eso Morena está en contra de la guerra contra el crimen organizado y por eso siguen en contra de la guerra contra los cárteles".

Sobre la fecha en la que algunos grupos delictivos fueron fundados, Lilly Téllez declaró: “¿qué importa cuándo nacieron los cárteles? ¿Qué importa eso? Yo en el 98 denunciaba a los cárteles en la televisión mientras Sheinbaum andaba de porra en la UNAM. Desde entonces yo los denunciaba mientras ustedes andaban de parásitos. Lo importante no es cuándo nacieron, sino quién los llevó a la cúspide del poder."

Lilly Téllez atribuye a Donald Trump la ofensiva contra los cárteles

La senadora del PAN, Lilly Téllez, atribuyó a Donald Trump la ofensiva contra los cárteles y usó ese señalamiento para confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de frenar la cooperación con Estados Unidos en un momento de tensión bilateral por presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

En el tramo más severo de su mensaje, la legisladora sostuvo que la intromisión en los comicios mexicanos no proviene del exterior, sino del narco. Afirmó que el crimen organizado habría metido dinero a campañas de Morena, definido candidaturas y asesinado a otros aspirantes.

La respuesta de Téllez llegó el 2 de junio, después de que Sheinbaum declaró que no cree que el presidente de Estados Unidos encabece la ofensiva en distintos temas contra el gobierno mexicano. La presidenta también dijo que su administración mantiene comunicación permanente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Lilly Téllez acusa a Claudia Sheinbaum de frenar la cooperación con Estados Unidos

En un video difundido en su cuenta oficial de X, Téllez rechazó la postura de la mandataria sobre la relación con Washington y el combate al narcotráfico. La senadora afirmó que el impulso real contra los cárteles viene desde la presidencia estadounidense y no desde el gobierno mexicano.

La panista lo expresó así: “Por favor, presidente Sheinbaum, es precisamente Donald Trump quien ordenó la lucha contra los cárteles, quien ha hecho el trabajo que usted debería hacer”.

Ese señalamiento se conecta con otra de sus críticas centrales: la falta de coordinación entre ambos países. La legisladora calificó de “buscapleitos” la actitud de Sheinbaum frente a los socios y vecinos del norte y sostuvo que esa confrontación agrava la crisis de seguridad nacional.

Téllez también dijo que la presidenta modifica su discurso según la coyuntura internacional. En esa misma línea, planteó que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa nuevas fricciones por acusaciones de injerencia y por señalamientos sobre presuntos nexos de funcionarios con el crimen.

La decisión del ex jefe de Gabinete de dar un paso al costado, presentando su renuncia, se conoció el sábado y en pocas horas el nombre de Diego Santilli comenzó a circular como posible sucesor. Así fue que este domingo Milei, a través de un posteo en X, confirmó el nombramiento del ministro del Interior. Lo hizo con una foto junto a su hermana Karina y al flamante sucesor de Adorni.

En este sentido, Bullrich aseguró que la salida del ex vocero presidencial “genera un nuevo momento, un aire, una nueva respiración para el presidente, para todo el equipo de gobierno, y esto ayuda a que podamos retomar la agenda” que estaba “paralizada”. De hecho, el jueves pasado, el oficialismo había logrado hacer caer la sesión en la Cámara Alta ante el riesgo de que se produjera una votación que impulsara la interpelación al entonces jefe de Ministros. Con Bullrich al frente, el bloque ingresó al recinto, pero esperó que se cumplieran los 30 minutos reglamentarios y, parados al lado de sus bancas, decidieron no dar quorum dejando caer la sesión. El PRO acompañó la estrategia.

“Tuvimos una situación muy clara en el Parlamento la semana pasada, cuando era evidente que no se podía llevar adelante la sesión porque podía producir un efecto dominó, eso mostraba que la agenda parlamentaria iba a estar trabada”, explicó la ex ministra de Seguridad respecto a las intenciones de la oposición de avanzar con una interpelación a Adorni -investigado por enriquecimiento ilícito-, y posteriormente, exigir su renuncia.

“Usar algo que no se usó desde el cambio de la Constitución como es la moción era muy fuerte. A nosotros nos parecía que eso podía ser un punto negativo para el Gobierno, por eso intentamos evitarlo”, remarcó Bullrich. Al mismo tiempo, apuntó que el desenlace de esta situación “iba a dar vuelta al mundo, no era para nada positiva”.

En este contexto, la legisladora contó que habló con la secretaria de Presidencia. “Ese tapón lo teníamos que solucionar de alguna manera; yo se lo expresé a Karina (Milei) y ella me mostró mucha comprensión”, explicó en diálogo con José del Río en LN+.

Por otro lado, la senadora libertaria reconoció el impacto personal que la partida de Adorni tiene para Milei. “Este ha sido un desenlace sin duda triste para él”, señaló, y agregó: “El Presidente está consternado porque Adorni es uno de los fundadores (de LLA) que lo acompañó desde el primer momento”; sin embargo, insistió: “A veces el proyecto tiene que ser más que las personas, porque el proyecto es para 47 millones de argentinos”.

“Yo vengo de un lugar en el que le dije a millones de argentinos que voten al presidente Milei y tengo que cumplir ese rol”, continuó analizando. Desde que el caso explotó, la ex integrante del PRO mantuvo una postura severa y bien diferenciada con el mandatario y su hermana, dado que ninguno le soltaba la mano a Adorni y Bullrich buscó despegarse. Así lo demostró desde el momento en que reclamó una inmediata presentación de la declaración jurada de bienes del funcionario.

Frente a esto, la senadora subrayó que sus declaraciones públicas no responden a diferencias personales con ningún funcionario. “Es muy importante cuidar las banderas del gobierno. Yo tuve el coraje de decirlo, también lo dije con (José Luis) Espert”, también investigado por la justicia por lavado de dinero. “No es un tema personal con Adorni”, afirmó la ex ministra, y agregó: “Cuando pasan estas cosas, algunos tenemos que ser sinceros; es muy importante cuidar al proyecto, es más que cualquiera de nosotros”.

Sobre la designación de Diego Santilli, Bullrich destacó su trayectoria: “Diego ya venía trabajando sobre la agenda política desde el ministerio del interior; venía siendo el interlocutor más relevante en el Senado, coordinaba, colaboraba con nosotros”. Ahora deberá sumar a esa coordinación política “la tarea del jefe de gabinete, que es coordinar las acciones de gobierno, manejar las cuentas públicas, el presupuesto, para que ninguna tarea se quede atrás”.

“Yo respeto mucho a Diego, es una persona muy proactiva, empática con la gente; creo que le va a ir muy bien”, expresó. Y espera que la asunción pautada para el próximo martes genere “aire político para que podamos lograr que cada día la gente sienta que el esfuerzo que ha hecho hasta ahora vale la pena”.

“Este gobierno necesita reelección para sentar sus raíces”, insistió la ex titular de la cartera de Seguridad, y concluyó: “La medida del triunfo de un proyecto diferente al populismo es que la reelección. Necesitamos que estos 530 días de Gobierno sean los más despejados posibles”.

La congresista Ruth Luque, senadora electa de Ahora Nación, planteó que el próximo Congreso bicameral deberá revisar el paquete de normas que califica como “leyes pro crimen” y “pro impunidad”, pero también consideró que el nuevo escenario político puede similar al que, a su juicio, dominó el Parlamento saliente.

Aunque la senadora electa aceptó en conversación con RPP que la ganadora de la segunda vuelta es Keiko Fujimori, la representante de Ahora Nación indicó que la hija del exdictador, Alberto Fujimori, no posee la legitimidad política que necesita para gobernar el Perú. Sostuvo que un gobierno liderado por la lideresa de Fuerza Popular, podría caer en “venganzas” contra adversarios políticos.

Luque también fijó posición sobre la disputa poselectoral: dijo que reconoce el resultado legal que llevará a Keiko Fujimori al poder, pero negó legitimidad política a ese desenlace. “Para mí no es legítimo’, afirmó, luego de diferenciar entre victoria legal y legitimidad democrática.

“De más de 30 partidos, donde las dos fuerzas que han pasado (Juntos por el Perú y Fuerza Popular) no son las fuerzas que expresan lo que la mayoría de la población quiere. Ahí están los resultados. Y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no ha votado por Keiko Fujimori”, afirmó la parlamentaria electa en conversación con RPP.

Pese a que Luque negó que haya existido fraude, sí habló de cambios en las reglas electorales y de vulneraciones al principio de intangibilidad electoral. También mencionó deficiencias de comunicación institucional, estigmatización mediática contra sectores de izquierda y centroizquierda, y un rechazo persistente en el sur del país hacia la figura de Fujimori.

Luque dijo que Roberto Sánchez agotará los recursos de impugnación contra los votos del exterior y estimó que el Jurado no los amparará. A partir de ese cálculo, señaló que existe un resultado legal que inclinará la elección hacia Fuerza Popular.

Luque advierte “venganzas” contra enemigos políticos del fujimorismo

La senadora de Ahora Nación afirmó que sí cree que un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría incurrir en actos de venganza o represalia contra adversarios políticos.

“Ellos (Fuerza Popular) han actuado cinco años castigando, por ejemplo, a Delia Espinoza, cuando no le corresponde. Le han hecho una ley hasta para sacarla del Colegio de Abogados de Lima. Actúan y han generado leyes para envalentonar a la Policía y niegan que hayan sectores dentro del sector militar que tienen que responder cuando se vulneran derechos ciudadanos (...)”, indicó la vocera de Ahora Nación.

Ante el medio radial, Luque también indicó que la supuesta “venganza” del fujimorismo se produciría por medio de instituciones públicas que, en su opinión, están cooptadas por Fuerza Popular pues sus máximas autoridades fueron electas por el Congreso saliente.

Las derogatorias que dejará en el Parlamento

Al ser consultada por la propuesta fujimorista de convocar especialistas para definir qué normas favorecen al crimen, Luque descartó esa salida por considerar que ya hubo un antecedente sin resultados. En ese tramo de la entrevista recordó la comisión impulsada durante una gestión transitoria y cuestionó que el Ministerio de Justicia de entonces se dedicara a promover audiencias sobre la salida de la Corte Interamericana y la pena de muerte.

Su propuesta fue otra. “Para mí, el debate tiene que ser en el Parlamento”, dijo Luque, antes de precisar que deja siete proyectos orientados a derogar o modificar normas que, según su evaluación, beneficiaron al crimen organizado.

Entre los ejemplos, mencionó la modificación de la ley de organización criminal, la reforma sobre extinción de dominio y cambios que, según sostuvo, terminaron exonerando responsabilidades penales a partidos o ampliando beneficios a investigados. Sostuvo que esas decisiones no solo favorecieron a políticos bajo pesquisa, sino también a organizaciones criminales.

Luque fue más lejos al sostener que no le sorprendería que varias de esas leyes hayan sido coordinadas con “ciertas presuntas organizaciones”, aunque no identificó nombres concretos. Señaló que la velocidad con la que avanzaron algunas reformas y el tipo de beneficiarios que dejaron le generan esa sospecha política.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, terminó de pincelar un panorama alarmante en el Senado: la indefendible actualidad del funcionario y los ya severos errores -más la ambición desmedida- de la jefa oficialista, Patricia Bullrich, llevaron a la exministra a perder el monopolio de la conducción en la Cámara alta, algo impensado desde la máquina de sacar leyes que fue el Gobierno en las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasados. Hay algo más delicado: La Libertad Avanza expone, con sus patinadas, a todo el Gobierno de Javier Milei ante los ojos de un mercado que aún cree en el plan macroeconómico del primer mandatario, quien no tuvo una sola tormenta financiera real -sin olvidar la “generosidad” de Scott Bessent- desde el 10 de diciembre de 2023.

Que la sesión del jueves no haya tenido quorum -una posibilidad que sugirió Infobae antes del encuentro- es el menor problema. Nadie puede llorar -sí, actuar- por una estrategia que todos los oficialismos y oposiciones utilizaron a diestra y siniestra. Ya no importa quién tuvo la culpa y quiénes salieron inmunizados. Al gran tapón de toda la gestión, que es Adorni -las buenas noticias no duran, ni siquiera, un par de horas-, hay que sumarle niveles de irresponsabilidad que, en un abrir y cerrar de ojos, limaron parte del capital político que tanto le costó recuperar a LLA. Tras las penurias legislativas del pasado, sólo las elecciones de medio término reubicaron las cosas, para el oficialismo, en “su lugar”. Tras siete meses, se huele desde no tan lejos otro perfume.

Hasta el golpeado kirchnerismo, que olvida seguido su aparente pata peronista -búsqueda incesante y obsesiva del poder como forma de vida- y está cada vez más recluido -infantil nivel de interna con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof-, fue más lúcido que Bullrich. En vez de ser noticia -una de las grandes obsesiones de la porteña-, hizo lo mejor que podía hacer: nada. Así, mantuvo en la parrilla a Adorni -activo tóxico-, que era su objetivo principal. Lo dejarían hasta 2027, aunque nunca lo reconocerán en público. Encima, al no dar quorum, volvió a dilatarse la ya demorada y desplumada ley de propiedad privada. Un vaso de agua en medio del desierto para ellos. Y aún más curioso: desde el comienzo del período ordinario que la jefa libertaria no saca una de las tantas iniciativas que se presentaron desde Balcarce 50. Esto dista mucho del tuit en la red X de la ex ministra, donde se vanaglorió de una Cámara alta que no frenó su actividad, por el Mundial de fútbol, “para seguir aprobando” iniciativas “que necesita el país”. Como si fuese un mérito, más que un deber. La moral como política de Estado.

Veamos algunos detalles de la semana que se consumará en las próximas horas. Con el RIGI vigente y el súper RIGI a punto de tratarse en Diputados -se aprobó al día siguiente-, una ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión dictaminada a principios del corriente mes generó una fuerte polémica en el Senado. Tras haberlo firmado, Bullrich anunció el quite de rúbricas de parte de La Libertad Avanza. Ella también había estampado su firma. Lo realizado atropella el artículo 106 del reglamento. Son cuestiones donde, al parecer, no caen lágrimas republicanas. Esto es justo lo que ven los grandes jugadores y el mercado, que se lo indicaron -con un conmovedor cariño- a la legisladora.

A las 48 horas de eso, se cae la sesión para aprobar propiedad privada. Es válido que le echen la culpa a Adorni. Los que tienen que defenderlo, le pegan en el piso y operan. Eso percibieron varios dialoguistas cuando, la semana pasada, la porteña coincidió demasiado rápido con su par kirchnerista, José Mayans, para reinterpretar el artículo 101 de la Constitución y proceder -luego, se modificó con otra acta de Labor Parlamentaria- con un pedido de interpelación por mayoría absoluta y sin la habilitación sobre tablas, que precisa dos tercios al no contar con un despacho. Los aliados frenaron. ¿Cómo agradeció el jefe de Gabinete? Tiró nafta: cuando se reacomodaba el equilibrio, dijo estar dispuesto al informe de gestión pensado para el 2 de julio que ya habían desactivado los senadores. Una provocación innecesaria y patotera de un “deslomado” que hartó.

En medio de tanto desorden y, como ya contó este medio, algunos legisladores sintieron que Bullrich ya no hablaba por el Ejecutivo, sino por ella misma. Aprovecharon la ventana y reactivaron canales paralelos con Balcarce 50. Otro ítem generó discordia: antes de la no sesión, el Gobierno había enviado más pliegos judiciales. Según confiaron diversas fuentes, en el oficialismo de la Cámara alta hubo severas diferencias -y presiones- en cuanto si los mismos -todos, o una fracción- debían ingresar rápido por el recinto para tomar estado parlamentario y, de esa manera, comenzar con el trámite habitual, como es el giro a la comisión de Acuerdos y el proceso de avales e impugnaciones para terminar, más adelante, en audiencias públicas. Demasiada desprolijidad en tan poco tiempo.

Lo que sí logran Bullrich y la Casa Rosada es que todo el espectro político y económico sea de ellos. Lo bueno y lo malo. El resto hace lo que puede para asomarse y arañar protagonismo. Por momentos, hasta los más experimentados no logran escanear el paisaje. Por eso la feroz interna en el mileísmo y un poder que se ha convertido en una especie de “criptonita” para la oposición. Mientras tanto, en los últimos 15 días pasó, sin ser detectado, un puñado de elefantes.

Para el miércoles fue convocada Asuntos Constitucionales, con el fin de analizar los pedidos de interpelación a Adorni. A veces, las reuniones se caen la noche anterior. Allí está planchada la reforma política y, con ello, la posibilidad de que aliados aceleren un dictamen sobre Ficha Limpia. ¿Dirán algo ese día? ¿Hay oficialistas más interesados que la oposición para que no se caigan las PASO? Quien asistió a esa comisión jornadas atrás fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para defender la nueva ley de Sociedades. Ya no llama la atención las pocas preguntas hacia una persona de diálogo directo con el primer mandatario. Fue a explicar, que es lo que reclaman todos. El funcionario sí reconoció al kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) por consultas precisas sobre la temática. A las pocas horas, Bullrich coincidió con ese espacio, sólo que para otro asunto.

La decisión de Rafael López Aliaga de no juramentar como senador electo en julio próximo abrió un escenario inédito en la política peruana y desató un debate jurídico sobre qué instancia debe resolver su situación y si corresponde convocar al accesitario, tal como él mismo ha solicitado, para ocupar la curul que dejaría vacante.

El líder de Renovación Popular, quien fue proclamado senador electo para el periodo 2026-2031, comunicó mediante una carta dirigida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y posteriormente al Congreso su intención de no asumir la curul. En el documento solicitó que su puesto sea ocupado por el accesitario correspondiente.

El caso fue analizado por los constitucionalistas Aníbal Quiroga y José Elice, exoficial mayor del Congreso y exministro del Interior, quienes coincidieron en que se trata de una situación sin antecedentes claros en la historia reciente del país.

¿Puede López Aliaga renunciar antes de jurar como senador?

Durante el análisis que se dio en RPP Noticias, Aníbal Quiroga señaló que nunca antes un congresista electo había rechazado asumir el cargo para el que fue elegido por voto popular. “Es una situación inédita”, señaló.

El constitucionalista sostuvo que existe una discusión sobre la posibilidad de llamar al accesitario, debido a que, según su interpretación, para que este mecanismo opere tendría que existir una vacancia del cargo. “El cargo tiene que vacar y el cargo no ha vacado”, señaló.

En esa línea, consideró que, si no existe una salida jurídica distinta, podría generarse una situación en la que López Aliaga simplemente no juramente y el Senado funcione temporalmente sin ese representante.

Por su parte, José Elice explicó que debe diferenciarse entre la etapa electoral y la etapa parlamentaria. Señaló que López Aliaga fue proclamado como electo, pero que todavía no ejerce plenamente la función de senador porque falta el acto de juramentación.

“Ha sido proclamado como tal, pero todavía no es senador. Para que pueda ejercer tiene que pasar por el proceso de constitución del Congreso y prestar juramento”, indicó.

JNE sostiene que el Congreso debe resolver

Desde el Jurado Nacional de Elecciones se indicó que la proclamación de resultados ya fue realizada, como parte de sus comepetencias, y que corresponde al Congreso atender cualquier situación posterior.

Elice explicó que el organismo electoral no tendría una vía directa para resolver este caso porque sus competencias están vinculadas al proceso electoral y no al funcionamiento interno del Parlamento.

“Si uno lee las regulaciones sobre funciones del Jurado Nacional de Elecciones, no hay ninguna donde se pueda ubicar una situación como esta para que el JNE se pronuncie”, señaló.

Quiroga coincidió en que la función principal del JNE culmina cuando determina quiénes fueron elegidos y entrega las credenciales correspondientes. Cabe señalar que, el pasado 25 de junio, el organismo electoral realizó dicho protocolo durante una ceremonia en Miraflores, a la que Rafael López Aliaga no asistió pese a haber sido convocado como senador electo.

“El jurado cumple su función cuando dice: ‘Este es el elegido’. Le da su credencial y luego va a juramentar”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que López Aliaga no es un ciudadano común, sino una persona que recibió votos y que se encuentra en una etapa de transición hacia el ejercicio del cargo.

Ambos especialistas coincidieron en que se requiere una salida rápida para evitar una incertidumbre institucional, aunque reconocieron que actualmente existe un vacío sobre cómo proceder cuando un ciudadano elegido decide no asumir el cargo.

El retorno a la bicameralidad y el futuro del Senado

El caso ocurre además en el inicio del retorno del sistema bicameral en el Perú, con la próxima instalación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031.

Los especialistas señalaron que esta nueva etapa parlamentaria tendrá un proceso de adaptación, debido a que el país pasó más de tres décadas bajo un sistema unicameral.

Quiroga afirmó que la eliminación del Senado en la década de los 90 respondió a una decisión política y no necesariamente a una mejora institucional. “Se eliminó una cámara porque era más fácil controlar una sola cámara que dos”, sostuvo.

A su turno, Elice explicó que el nuevo esquema establece funciones diferenciadas: mientras la Cámara de Diputados tendrá un rol más fuerte en control político e iniciativa legislativa, el Senado tendrá la función de revisar y definir el contenido final de las leyes, además de participar en la designación de altos funcionarios del Estado.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, felicitó a la árbitra mexicana Katia Itzel García por su debut de este 25 de junio como la primera silbante central de México en un Mundial, en el partido Países Bajos-Túnez, según publicó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Castillo también reconoció la participación de la árbitra asistente mexicana Sandra Ramírez. La próxima secretaria de las Mujeres federal afirmó que este hecho refleja “el talento, la preparación y la capacidad de las mujeres mexicanas” en el máximo escenario del futbol.

Laura Itzel Castillo concluyó su mensaje de felicitación a las colegiadas diciendo: “Su desempeño abre camino para más mujeres que seguirán inspirando a nuevas generaciones.”

Yasmín Esquivel reconoce a Katia Itzel García por arbitrar un juego mundialista varonil

La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, celebró a Katia Itzel García por convertirse en la primera mexicana en dirigir como árbitra central un partido de una Copa Mundial masculina de la FIFA, de acuerdo con un tuit publicado este 25 de junio por la ministra.

En su mensaje en X, Esquivel Mossa señaló que, junto a García, estará la árbitra asistente Sandra Ramírez, y calificó el hecho como “un momento histórico para el arbitraje mexicano”.

“Cada logro de una mujer abre camino para muchas más”, escribió la ministra, quien añadió que la “preparación, disciplina y profesionalismo” de las árbitras son ejemplo de que “el talento, el esfuerzo y la perseverancia abren nuevas oportunidades e inspiran a más mujeres a seguir conquistando espacios”.

Katia Itzel García se convierte en la primera mexicana que dirige un partido varonil en una Copa del Mundo

Katia Itzel García debutó como árbitra central en el Mundial 2026 y lo hizo con un uniforme con franjas tricolor aprobadas por la FIFA, un gesto conmemorativo en el partido Túnez vs Países Bajos que la convierte en la primera mexicana en dirigir como jueza principal un juego varonil de Copa del Mundo.

La silbante de 33 años apareció en la cancha del Estadio Kansas City acompañada por la también mexicana Sandra Ramírez, y ambas portaron el detalle verde, blanco y rojo en camiseta y short. Ese elemento resaltó porque la FIFA mantiene protocolos estrictos sobre la indumentaria arbitral y revisa antes de cada partido las combinaciones autorizadas.

El uniforme tricolor es en un homenaje avalado por la propia FIFA por tratarse del primer juego mundialista de García Mendoza como árbitra central. La federación internacional habría permitido esa insignia como una excepción conmemorativa dentro de un diseño personalizado.

Las reglas de la FIFA establecen que los árbitros usan uniformes oficiales entregados por el patrocinador técnico, actualmente Adidas, con colores y diseños definidos para toda la competencia. La organización puede cambiar la combinación si existe coincidencia con los equipos o si la visibilidad en transmisión no es suficiente.

Entre las excepciones hay detalles conmemorativos aprobados por FIFA, como parches especiales en partidos con una carga particular. En este caso, la árbitra de la Liga MX recibió autorización para llevar la insignia tricolor en su camiseta.

La árbitra de la UNAM comenzó en 2015 y obtuvo el gafete FIFA en 2019

La mexicana estudió Derecho y Ciencias Políticas en la UNAM. En una entrevista previa explicó la relación entre esa formación y su trabajo en la cancha: “La política hacia las decisiones y al poder, el derecho hacia las decisiones y a la justicia. Estas carreras tienen que ver con lo que hago, porque los árbitros son los que hacen que funcionen las cosas y se respeten las reglas”.

Su trayectoria en el arbitraje amateur comenzó en 2015 y un año después dio el salto al sector profesional. Cuando inició en la Tercera División, de 900 árbitros profesionales en México apenas 30 eran mujeres, en un ambiente que ella describió como “hostil y fuerte”.

En 2019 obtuvo el gafete FIFA. Después acumuló participaciones en torneos internacionales y en 2024 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido del máximo circuito varonil del futbol mexicano.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió que los operadores políticos del oficialismo le extendieran por una semana cualquier tipo de iniciativa para interpelarlo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los bloques que proponían este tipo de propuestas no pudieron hacerlo ni en sesiones ni en eventuales reuniones de comisiones.

Esto no quiere decir que estas no prosperen en las próximase semanas, pero la orden de Javier Milei y Karina Milei de sostener al ministro coordinador parece haber hecho efecto. Si bien existen las profundas diferencias puertas adentro, hasta la jefa de bloque Patricia Bullrich -la principal detractora pública de Adorni al interior del Gobierno- elaboró jugadas tendientes a postergar cualquier tipo de embate opositor.

En primer término, logró que en Labor Parlamentaria se cambiara la interpretación de la cantidad de votos que se precisan para llamar a interpelación a un jefe de Gabinete, cambiándolo de mayoría absoluta a dos tercios de los presentes. También le ordenó a Adorni que no fuera a un eventual Informe de Gestión -el cual estaba previsto para el miércoles 2 de julio- porque no tenía sentido someterse a una “carnicería” opositora. Como último acto de la obra, Bullrich hizo caer la sesión prevista para hoy para evitar la interpelación que quería impulsar la oposición.

Pese a estos esfuerzos, el karinismo no está conforme. “Ya nos dio la desconfianza suficiente cuando acordó en Labor la semana pasada que para interpelarlo se precisaba mayoría absoluta. Mágicamente cambió su interpretación reglamentaria”, se quejaban. Tal y como se escribió en Infobae, el círculo de la secretaria general de la Presidencia ya manifestó ante propios y extraños que quieren intervenir la influencia de Bullrich sobre el bloque de La Libertad Avanza y en el vínculo con los aliados.

Gesto de esto fue lo que ejecutó este martes el jefe de Gabinete, que convocó a todos los senadores a su despacho en Casa Rosada para hacer un seguimiento legislativo y contarles su situación política y judicial. Como si fuera poco, Karina estuvo sentada en los tres encuentros, dando una gestualidad de apoyo rotundo. Al menos por el momento.

Adorni no pretende irse y asegura que no lo van a remover. Todo pese a que el contexto judicial que lo rodea parece recrudecerse. Este jueves se conoció que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo las últimas medidas de prueba antes de exigirle explicaciones patrimoniales a Manuel Adorni. Y es que en Comodoro Py se prepara prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

Ante los suyos, el jefe de Gabinete marca que no le queda otra que “seguir acelerando en la gestión” al interior del Poder Ejecutivo. Para demostrar ante terceros de que sigue teniendo capacidad de ejecución, afirma que metió mano en la Secretaría de Comunicación y Prensa, la cual implicó la salida de su segundo, Javier Lanari. Al parecer, es algo que esperaba hacer hace tiempo. Quienes saben lo que pasa puertas adentro cuentan que quedó decepcionado porque su mano derecha no pudo aliviar la cobertura mediática de su caso.

Una importante figura de la comunicación libertaria no coincide con esta interpretación. “La mayoría de los errores no forzados vinieron de su parte. Nadie estaba de acuerdo con que haga la entrevista del ”deslomado". También lo de la entrevista donde dijo lo de las cripto. Lo que sucede es que pretendía que Lanari se autoinculpe por las restricciones a la Sala de Periodistas [de la Casa Rosada] y que, además, tenga la capacidad de sacarle los móviles de la puerta de Indio Cuá“.

Es por eso que comenzaron a emerger versiones de que estos podrían ser los últimos días de Adorni como jefe de Gabinete. Interpretaciones que llegan desde varios despachos oficiales. Consideran además que el costo de mantenerlo es altísimo por su vínculo con la oposición.

En el Gobierno están contentos con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y más con el flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. “Es un diamante en bruto”, dicen, desde donde agregan que su designación “es un mensaje de poder a los medios y de que se viene una nueva etapa”. Fernández venía de estar a cargo del control de YPF con los medios de comunicación, así como de su política de financiamiento y pauta publicitaria.

Quienes miran de afuera esta nueva etapa de la Secretaría creen que habrá un cambio en serio en el vínculo con los medios, aunque temen que “le empiecen a hacer pedidos extrafalarios”. Aun así, reconocen que la cadena comunicacional de todo el Gobierno comenzó a tener mayor fluidez. El ejemplo que ponen es la dinámica que se dio ayer ante el terremoto en Venezuela, que incluyó comunicaciones varias en distintas cuentas y con distintos propósitos. “Ahora todo está más ordenado”, afirman.

Adorni se jacta de que por su apoyo de los Milei tiene un vínculo mano a mano con los ministros, aunque esto habría flaqueado. Días atrás se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, la cual no fue comunicada por la cuenta oficial del jefe de Gabienete, sino por el usuario institucional del área (@Jefatura_Ar). “La reunión fue para avanzar en la revisión de la agenda económica y productiva y en la definición de prioridades de gestión para el período 2026-2027″, se limitaron a comunicar.

Para esta semana se preveía llamar a una reunión de mesa política, pero finalmente no se convocó. Es una incógnita si se hará para la próxima semana. Por lo pronto, no está prevista una reunión de Gabinete, algo que está en facultades de hacer. En otros despachos del Gobierno reconocen que “no está el clima para hacerlo”. En tanto, cerca del jefe de Gabinete marcan que la solución es “fingir demencia”. “Está claro que no es lo mismo avanzar en condiciones de amor que en condiciones de tensión”, reconocen.

Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención -de Pedro Araya (PPD)-, este miércoles el Senado chileno aprobó en general el segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa.

Cabe recordar que la también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

Empero, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

Así, la propuesta volverá ahora a la Comisión de Hacienda para continuar su discusión en particular, y después será revisado por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, instancias en que los senadores podrán presentar indicaciones y proponer modificaciones antes de que el texto regrese a la Sala.

El objetivo del Gobierno es mantener la suma urgencia para despachar la iniciativa durante el mes de julio. Sin embargo, el Ejecutivo está obligado a negociar posibles cambios propuestos por la oposición para asegurar su aprobación definitiva, puesto que ahora cada norma discutida deberá reunir los respaldos necesarios para ser aprobada.

Presidente Kast: “Todo el mundo mira lo que hace Chile”

Por la tarde, en medio de su visita a la comuna de Lautaro, en la región de La Araucanía, el presidente José Antonio Kast celebró la noticia, pero recordó que aún queda camino por recorrer.

“La ley, como ustedes saben, no está aprobada. Ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, se hizo una discusión en la Comisión de Hacienda y pasó a la Sala para que se apruebe la idea de legislar”, recordó el mandatario, según consignó BioBíoChile.

De acuerdo al mandatario, “ahora vendrá el debate artículo por artículo. Y ahí vendrán las propuestas y los planteamientos que harán los parlamentarios, que es razonable, y nosotros iremos viendo en qué línea podemos seguir avanzando para garantizar el desarrollo y el progreso de Chile”.

De paso, Kast recalcó la importancia de aprobar el Plan de Reconstrucción propuesto por su gobierno, puesto que, según aseguró, "desde todo el mundo están mirando lo que hace Chile. Porque Chile ha sido faro a nivel mundial y volverá a ser líder a nivel latinoamericano y a nivel mundial si hacemos las cosas bien”.

Al cierre, el mandatario le dio las gracias “a cada uno de los ministros y subsecretarios que trabajaron incansablemente para que esto fuera realidad, y agradecerle profundamente a los senadores que permitieron que esto hoy día empiece a discutirse artículo por artículo”, remató.

La Cámara de Senadores se preparaba para una sesión de alta tensión, ya que el primer desafío era definir si habilitaba el tratamiento de los proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, no hubo quórum y el debate naufragó.

La discusión iba a estar atravesada por una compleja disputa reglamentaria sobre las mayorías necesarias para avanzar con la iniciativa y por las negociaciones de último momento entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

Además de la controversia en torno a Adorni, el Senado tenía previsto debatir pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno.

Debate fallido

Luego de esperar los 30 minutos reglamentarios, el senador Bartolomé Abdala anunció que la sesión quedaba “levantada de inmediato” porque falta de quórum. La sorpresa fue mayúscula porque no estaba previsto que el debate ni siquiera comenzara.

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El Gobierno oficializó esta mañana 47 nuevas designaciones de jueces y fiscales federales que habían sido aprobados por el Senado a comienzos de mes. En esa sesión se movilizaron un total de 74 pliegos y el presidente Javier Milei ya había decretado 23 de esos pliegos en días anteriores. Quedan un total de cuatro pliegos de nombramientos por aprobarse, pero el Gobierno afirma que no los oficializará hasta nuevo aviso porque corresponden a “tribunales no habilitados”.

La noticia de la gran cantidad de nombramientos se conoció esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial, pero pasó desapercibido que el Ejecutivo decidió no nombrar a María Verónica Michelli, quien fue aprobada por el Senado como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpretó como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En ese marco, con el pasar de los días, el oficialismo diagramó otra versión para justificar ese veto de Milei. En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, argumentó: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

En ese mismo sentido se expresaron esta mañana desde el entorno del ministro de Justicia. “Insistimos en que no hay una discrecionalidad. Los únicos cuatro nombramientos que no salieron corresponden a tribunales que hacen falta que estén habilitados”, afirman, ejemplificando nuevamente con el caso de Ana Juan, esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene bajo su paraguas el desarrollo de la causa $LIBRA, la cual compromete a los hermanos Milei.

La prueba de fuego para determinar si se trata de un argumento aplicable al de Michelli o no será cuando se constituyan los tribunales a través de los mecanismos correspondientes, porque, en un principio, Milei no puso peros a los otros tres jueces designados pero sí a Michelli. Tampoco existe normativa por la cual se establezca que una designación no puede efectivizarse hasta la constitución misma del juzgado en cuestión. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó“, elaboró Mahiques en un principio.

Para argumentar su posición, en Justicia afirman que “también hay muchos decretos que están sin firmar desde hace años”. Ponen como ejemplos tres casos particulares.

Uno es el de Martín Miguel Innocente, con acuerdo del Senado como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Roque Saenz Peña (Chaco) en octubre de 2020. Su designación sigue pendiente. El mismo caso sucede con Zunilda Niremperger, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia (Chaco). También está el caso de Luis Francisco Valencia, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta).

En tanto, el presidente Javier Milei envió al Senado 21 nuevos pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en juzgados federales de distintos puntos del país, en una ofensiva que busca acelerar la política judicial del Gobierno antes de que cambie la actual relación de fuerzas en la Cámara alta. Con esta remisión, el Ministerio de Justicia ya acumula 170 pliegos desde el inicio de la gestión.

La decisión llegó el mismo día en que se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Antes de viajar por tres días a España para participar de una conferencia, Milei firmó los decretos de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado. El nuevo paquete remitido a la Cámara alta no incluye cargos de Comodoro Py, aunque en el Gobierno aseguran que podría haber novedades en las próximas semanas. Ese movimiento coincide con el avance del Consejo de la Magistratura sobre algunos de los concursos más sensibles del Poder Judicial.

El presidente Javier Milei envió este miércoles un nuevo paquete de pliegos judiciales al Senado con el objetivo de llenar vacantes en los juzgados Federales. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Cámara alta recibió un total de 21 candidaturas, lo cual termina de computar un total de 170 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desde que empezó la gestión.

Se trata de una nuevo acelerón de la política judicial libertaria, que busca aprovechar los apoyos circunstanciales que tiene en el Senado, para llenar el amplio número de vacantes que había en la Justicia hasta el arribo de la nueva conducción del Ministerio de Justicia.

Esta mañana y antes de irse por tres días a España para participar de una conferencia, el Presidente firmó los decretos para la designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado.

La lista de 21 jueces y fiscales que Milei envió ayer y que quiere que se apruebe en el Senado está compuesta por los siguientes nombres:

1. Juan Pablo Ángel Sala — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal.
2. Leonardo Marco Toia — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal.
3. Federico Alfredo Battilana — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal.
4. Adolfo Omar Piendibene — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal.
5. Juan Santiago Ylarri — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal.
6. Pablo César Cina — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
7. María Virginia Miguel Carmona — Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
8. Facundo Carlos Cortés — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.
9. María Soledad Mancini — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.
10. Valeria Pérez Casado — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.
11. Walter Alfredo Cavassa — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal.
12. Paula Inés Lo Gioia — Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.
13. Carlos Nicolás Escandar — Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la Ciudad de Salta, provincia de Salta.
14. Esteban José Chervin — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6.
15. Leandro Gastón — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2.
16. Daniel Fernando Cano — Fiscalía N° 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
17. Matías Ezequiel Eidem — Fiscalía N° 7 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
18. Ornella Romina Riggitano — Fiscalía N° 27 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.J
19. Juan Noel Varela — Fiscalía N° 35 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
20. Patricia Luján Cisnero — Fiscalía N° 43 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
21. Germán Helvio Queipo — Fiscalía General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

En tanto, el Ejecutivo decidió excluir a María Verónica Michelli de la lista, aunque desde el Ministerio de Justicia aclaran que “no se firmó ningún decreto de los tribunales habilitados”. Y es que ese es el nuevo argumento que utilizan las autoridades del Gobierno para marcar que la abogada votada para ocupar un lugar en el Juzgado Federal de La Plata no tenga una designación formal.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpreta como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

El listado de 21 pliegos al que accedió Infobae no cuenta con juzgados o cámaras de Comodoro Py, aunque aseguran que en las próximas semanas podría haber novedades. Y es que el Consejo de la Magistratura está tratando algunos de los puestos más sensibles de todo el Poder Judicial. Por caso, a principios de mes se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Quienes corren con las chances de ser elegidos son Yadarola y Bertuzzi.

En una sesión realizada semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.

En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.

Para acercar la lupa al inevitable conflicto de las próximas horas primero debe recordarse que, la semana pasada, Bullrich acordó con su par kirchnerista, José Mayans (Formosa), que la situación de Adorni podía habilitarse con mayoría absoluta, bajo una interpretación “operativa” del artículo 101 de la Constitución, que menciona la interpelación, censura y remoción. En realidad, al referirse a proyectos de resolución, si los mismos no cuentan con dictamen, están obligados a tenerlo de la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo dice el reglamento, pese a llantos disfrazados de republicanos.

Tras varias recomendaciones de aliados, la porteña solicitó una nueva Labor anteayer y, con otros bloques, empujaron otra acta. Allí, se aclaró lo de los dos tercios. Se presumió, luego de ese convite, que la situación de Adorni quedaba suavizada. No obstante, la reciente iniciativa del presidente del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones), volvió a encender las alarmas. Para terminar de comprender todo esto, hay que remarcar que el jefe de Gabinete tuvo un ida y vuelta en cuanto si le correspondía asistir la semana próxima -2/7- a dar un informe de gestión. Anteanoche, cuando parecía resuelto que no, lanzó un tuit para dejar en offside a los legisladores. Algunos estallaron en furia y tomaron lo del funcionario como una provocación innecesaria.

Ahora, los pasos. En primer término, habrá que conseguir quorum. Sería delirante que esto no sucediera, aunque en una Cámara alta tan alocada, nunca hay que descartar nada. Pensemos que el kirchnerismo no suele bajar al inicio y deja todo en manos de libertarios y dialoguistas, aunque ahora le interesa interpelar a Adorni. De no prosperar, el cristinismo también habrá avalado para que se discuta propiedad privada más tarde.

Seguido a ello, se debatirá si se habilita con dos tercios, como plantea el acta de Labor Parlamentaria del martes. Sin embargo, la misma debe ser antes aprobada, por mayoría simple. ¿Y si esto no ocurriera? Bien podría proponerse la de la semana pasada. Por eso es importante el paso a paso. Bajo la suposición del nuevo entendimiento entre Gobierno y aliados, quedaría vigente la opción uno.

Lo más jugoso vendrá una vez ejecutada dicha acción. Es decir, la habilitación del tratamiento de los proyectos sobre interpelación. La gran pregunta es cuál será tomado, si el de Mayans o el de Goerling. ¿Esto se convertiría en un obstáculo para que no se analice, al final, ninguno de ellos? Difícil saberlo. Ambos coinciden en el jueves próximo para que asista el jefe de Gabinete. Por ende, casi que los acerca, en gran medida. ¿Y qué hará la UCR? La vivencia aún fresca de la expulsión del ex senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) agiganta las especulaciones y la moneda al aire.

El momento de la verdad, los dos tercios -de los presentes-, implica la contemplación de los siguientes parámetros. Lo lógico, ver la cantidad de sentados en bancas. Luego, si Bullrich tiene a todos sus soldados ahí. En las últimas horas corrieron rumores sobre legisladores que prefieren no estar o que, en el peor de los escenarios, no se hallarán por la Ciudad de Buenos Aires. El deber básico de quien comanda una bancada es tener entera a su tropa cuando lo precisa el Ejecutivo. Sería un papelón para la Casa Rosada y una mala señal para inversiones que miran cómo este episodio lima el control del Congreso.

La Libertad Avanza tiene 21 integrantes. En caso de ausencias, y si se visualizara un probable acompañamiento en conjunto para interpelar a Adorni del kirchnerismo y del PRO -como indican las iniciativas de Mayans y Goerling-, el radicalismo se enfrentará a un problema no menor, con gobernadores que tienen buen diálogo con Balcarce 50 y legisladores que prefieren que lo del funcionario lo resuelvan los hermanos Milei. Bajo la línea de flotación aparecen varios silvestres provinciales y dos o tres pícaros peronistas que -ahora- dicen no ser más cristinistas. Suelen moverse según el viento del día, si es que no hablaron antes con la administración central. Se presume lo último, aunque a veces puede no ser suficiente. Como le pasó a Kueider.

Bajo este escenario, lo único cierto es el riesgo de llegar al recinto con diversos senderos. Quien hizo bien alejarse de algunos primeros planos ayer -una de sus grandes obsesiones- fue la propia Bullrich, quien no quiere quedar señalada como la titiritera detrás de algo que podría terminar muy mal para La Libertad Avanza. En cambio, en otros despachos confiaban en señales relacionadas con que Balcarce 50 habría hecho su “tarea”. Se corroborará este mediodía.

De confirmarse los dos tercios, sobrará también para la mayoría absoluta y Adorni tendrá que asistir el próximo jueves. Si no, salvo que aparezca antes otra resolución a los ponchazos -¿convocar a Asuntos Constitucionales, por ejemplo?-, se continuará con la sesión. Pliegos judiciales, ascensos diplomáticos trabados hace meses, convenios internacionales y propiedad privada aparece en el acta de Labor.

La ley que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue fileteada a gusto por radicales. La ex ministra de Seguridad no puso reparos a esto y el articulado final recién se explicará durante la sesión. El texto modifica cuestiones no menores sobre expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y la quita de prohibiciones en la ley de manejo del fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la presidencia de su “compañero” Alberto Fernández. Todo esto estará en juego en el convite que liderará el titular provisional del Cuerpo, el oficialista Bartolomé Adala (San Luis), debido a que Victoria Villarruel ya reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo por el viaje al exterior del primer mandatario.

Tomado por el caso de Manuel Adorni, que se mantiene en agenda a pesar de sus intentos, el oficialismo enfrentará este jueves la segunda prueba de la estrategia para ganar tiempo en el Congreso. Después de haber demorado el tema en Diputados, llega el turno del Senado. El cuadro no es idéntico. El Gobierno exprimió al máximo la relación con sus aliados, pero en el Cámara alta juega además, y se verá hasta qué punto, la interna y su impacto entre los socios, molestos algunos por el desmanejo violeta sobre la presencia del jefe de Gabinete, que viene postergando su informe de gestión desde el mes pasado.

El Gobierno busca oxígeno legislativo, con dos objetivos después de una larga temporada de estancamiento: correr el foco sostenido sobre Adorni y avanzar con algunas de las iniciativas del Ejecutivo. El martes, logró frustrar en Diputados la sesión motorizada por la oposición dura: lo hizo en base a negociaciones con aliados que, la semana próxima, podrían buscar algún resultado en comisiones para amortiguar críticas y darle sustento a su posición. Un día después, llegó la votación de demorados proyectos propios: pago a bonistas y súper RIGI.

El oficialismo celebró esta especie de refresco, resultado de tratativas que, como era de esperar, superan las conversaciones en los despachos del Congreso. Otra vez, debió estar activo Diego Santilli, con colaboración de Economía, para conversar con gobernadores. De manera visible y reservada, el despliegue para proteger al jefe de Gabinete y comprometer apoyo a leyes incluyó a jefes locales de la UCR, del PRO, del peronismo negociador y provinciales.

La salida para el caso Adorni, en Diputados, fue mostrar la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para tratar las propuestas de interpelación. La bancada de Cristian Ritondo tomó esa citación como argumento para no dar quórum el martes y, de ese modo, mostrar distancia con la jugada opositora, que fue calificada como show K. En menor medida, fue la explicación difundida desde el bloque oficial de la UCR.

El punto es qué va a pasar entonces el martes que viene, día agendado para la reunión de comisión. Para los más críticos, sería una formalidad con el objetivo de estirar lo más posible el tratamiento del tema en el recinto. Ayer mismo, antes de tratar el acuerdo con un par de holdouts, Maximiliano Ferraro propuso emplazar a la comisión para que dictamine sobre la interpelación. Es decir, que no sea pura dilación. El planteo fue acompañado por legisladores del PRO, el MID, provinciales, peronistas alineados con un par de gobernadores. Se impuso, aunque sin lograr la mayoría especial requerida. ¿Una señal?

En las filas de la oposición más dura, destacan que en realidad debería ser convocada también otra comisión (Peticiones y Poderes). Y consideran que el apoyo a la iniciativa del legislador de la CC sería sólo una movida para tratar de “salvar” la imagen después de haber colaborado con LLA para dejar al recinto sin quórum, un día antes. Esa decisión había dejado en situación incómoda al PRO y la UCR, al menos en términos de exposición pública. Habían producido declaraciones muy duras, reclamando que el Gobierno le diera salida al jefe de Gabinete. De manera informal y al igual que otros dialoguistas, buscaban que Olivos se hiciera cargo y descomprimiera al Congreso. No fue esa la respuesta de Javier Milei.

El foco pasó al Senado, cuya agenda incluía el tratamiento del pedido de interpelación, este jueves, sin paso previo. Además, incluía para una semana después el informe de Adorni. La interna libertaria ya jugaba en ese tablero y volvió a anotar un capítulo de tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei, expresada otra vez por el jefe de los ministros. Eso, sin contar los recelos con Victoria Villarruel y la desconfianza por los manejos con el peronismo.

Parecía que todo se iba a limitar, aunque no fuera poco, a un intercambio de señales, alimento del microclima político. Adorni, con aval presencial de Karina Milei, recibió en tandas a la mayoría de los senadores de LLA, con la pretensión repetida de exponer sostenimiento doméstico. Y Bullrich, como ya había dejado trascender, eludió la cita. No estaba en los cálculos previos el cruce por el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

La jefa del bloque libertario dio un giro notable, en apenas una semana, para frenar el tratamiento de la interpelación al jefe de Gabinete. En principio, se había impuesto el criterio impulsado por el peronismo para aprobar esa propuesta en el recinto con mayoría absoluta -la mitad más uno de los miembros de la Cámara-, pero Bullrich cambió esa línea y junto a aliados impuso el criterio según el cual debería contar con el respaldo de dos tercios de los votos si no cuenta con dictamen. Así quedó escrito en al Acta de Labor Parlamentaria del martes último.

Ese papel, dicho de otra forma, expone que al oficialismo le alcanzaría con un tercio de votos para bloquear el tratamiento en el recinto, lo que significaría que inicie el camino de las comisiones. Los cálculos que circulan en medios del Senado indican que difícilmente LLA no consiga ese piso, más allá del malestar que recorre a socios y bloques que en general acompañan los pedidos del Gobierno.

Con ese cortinado de fondo, un interrogante surge de posición del PRO -de escaso peso numérico en la Cámara alta-, que decidió impulsar un planteo de interpelación en el recinto. ¿Es una posición aislada o un síntoma de enojo más amplio con los manejos del oficialismo? Ese clima resultó nutrido por el capítulo más reciente de la interna libertaria: el cruce entre Bullrich y Adorni por el informe de gestión.

Como un paso para restarle foco al funcionario -y mostrar nuevamente dominio de territorio-, la jefa del bloque de LLA manejó casi al mismo tiempo la decisión de bajar la presencia de Adorni en el Senado. Esa fecha, la del 2 de julio, había sido fijada por el jefe de los ministros, a pesar de los reclamos opositores y el fastidio en las propias filas por el largo retardo para cumplir con lo que marca la Constitución. Debía haber sido en mayo.

Cuando, a pesar de todo, parecía superado este capítulo, Adorni tuiteó que él mantenía su “disposición” a presentarse en el Senado. El punto es qué sucede si alguien plantea el tema, este jueves, en el inicio de la sesión y lo hace, por ejemplo, como una moción. Otra inquietud sin respuesta cierta. El interés está puesto en esos puntos y, lejos, aparece el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Manuel Adorni se convirtió, para propios y ajenos, en el símbolo de un capricho presidencial. La política ya no habla del jefe de Gabinete por la cascada, las jubiladas, la escribana o las criptomonedas: su incómoda permanencia en el Gobierno es, en sí misma, la que hoy irradia problemas para el oficialismo en todos los ámbitos.

“Estamos acá, sosteniendo”, soltó esta semana un ministro del gabinete. El factor Adorni tiene sumida a la gestión nacional en un sopor que provoca un hastío en todos. No es solo a Patricia Bullrich, que ya ni se gasta en disimular: numerosos funcionarios, legisladores y dirigentes del oficialismo están agotados de cargar con el tema.

Anoche, el Gobierno consiguió una victoria parlamentaria con la media sanción -ajustada- del Super RIGI en Diputados y con la aprobación del acuerdo con los holdouts. Fue solo una bocanada de oxígeno. El affaire Adorni se estiró tanto (pasaron más de cien días desde aquella primera foto de Bettina Angeletti en Nueva York) que la dinámica en el Congreso pasó a ser muy hostil para el oficialismo y la mayoría de proyectos del Poder Ejecutivo continúan trabados. No solo eso: los logros económicos siguen opacados, las redes libertarias no tienen guion y la estrategia electoral de cara al 2027 permanece en stand by. El clima interno, en definitiva, está cada vez más espeso porque todos los esfuerzos están en salvar al ministro coordinador. “La Libertad Aguanta”.

En ese contexto, esta semana cobraron enorme relevancia las negociaciones con los aliados del PRO para que no avanzara una moción de censura contra el jefe de Gabinete. El partido amarillo camina por el angosto sendero del republicanismo: dice que quiere avanzar con una interpelación a Adorni pero no quiere acelerar la burocracia para no quedar pegado al kirchnerismo.

El PRO tiene, además, sus propias fisuras. Están los colaboracionistas que, como Cristian Ritondo, le quieren dar más tiempo al Gobierno amparándose en lo institucional. El clásico “ayúdame a ayudarte”.

En cambio, aquellos que reportan más directamente a Mauricio Macri —como los diputados Fernando De Andreis o Darío Nieto— se muestran más determinados a avanzar con la interpelación. Son los que advirtieron en el comunicado del bloque PRO: “El caso Adorni se va a tratar”.

¿Y Martin Goerling? ¿A quién responde? Se trata del senador misionero y titular del bloque PRO en la Cámara Alta que ayer, sorpresivamente, presentó un proyecto de resolución para insistir con una interpelación de Adorni el 2 de julio. Hay quienes dicen que responde a Macri. Otros, en cambio, resaltan que en el fondo nunca dejó de responder a Patricia Bullrich, que supo ser su jefa política.

Se trata de la misma Bullrich que el martes negoció con los aliados en el Senado dar de baja el informe de gestión de Adorni previsto, justamente, para el próximo jueves. La cita se había fijado la semana pasada, pero se encaminaba a ser una carnicería: los senadores no enviaron preguntas al Poder Ejecutivo para no convalidar al ministro coordinador en su cargo. No quisieron prestarse a otra puesta en escena como la que tuvo lugar en Diputados a fines de abril, aquella presentación en la que el jefe de Gabinete dijo que no hubo “ocultación alguna” en sus declaraciones juradas.

En su afán por sostener a Adorni (como diría el politólogo Pablo Salinas, se da la anomalía de “un gobierno protegiendo a su fusible y no al revés”) el oficialismo incurre todas las semanas en papelones.

A Bullrich la escucharon insultar el martes a la noche cuando el jefe de Gabinete publicó un tuit para decir que él estaba a disposición del Senado. “Lo hago zafar de que no lo masacren, lo saco del centro de la escena para que empiece una comunicación distinta y él se mete de nuevo. No se puede trabajar así”, se quejó la senadora puertas adentro.

La intención de Adorni fue dejar en claro que él no “arrugó”, sino que fue el Senado el que prescindió de su informe de gestión. ¿Tiene sentido que siga cuidando su imagen con ese tipo de mensajes en redes sociales?

El tuit de Adorni, en tanto, hizo juego con el ánimo que hoy tiene Karina Milei de marcarle la cancha a Bullrich. Las reuniones en la Casa Rosada organizadas esta semana por la hermana del Presidente con los senadores de LLA estuvieron orientadas a ordenar la tropa y recordarles quién manda.

Coletazos

Si se amplía la mirada, los últimos movimientos en el Congreso se proyectan sobre el panorama electoral que seguramente crecerá apenas culmine la fiebre del Mundial: ¿PRO y LLA van a jugar juntos o separados en 2027? ¿Volverán los frenemies de centroderecha a sellar un acuerdo pragmático?

En el karinismo —donde suele imperar la lógica de la imposición— comenzaron a reconocer tímidamente que una alianza con los amarillos será necesaria para allanar el camino de la reelección de Milei. La ecuación en ese campamento es que LLA podría aceptar un acuerdo en la Ciudad (y además sellar una alianza atrás de Diego Santilli en la provincia) si eso garantiza que no habrá un candidato de PRO a la presidencia. “Aunque saquen cinco puntos, nos hacen daño”, reconoció un importantísimo referente cercano a la hermana presidencial. Y admitió: “Toda la estrategia electoral está paralizada. Así como estamos hoy, no nos podemos sentar a negociar con nadie”.

El factor Adorni se cuela en todas las esferas del Gobierno. El próximo lunes, el Ministerio de Justicia estará en condiciones administrativas de remitir al Senado los dos pliegos más trascendentes del año: el de los candidatos a camaristas de Comodoro Py en reemplazo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Tal como adelantó Infobae, en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero la versión más fuerte es que los elegidos serán el propio Bertuzzi y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico. El problema para el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, es que ahora se enfrenta a un recinto mucho más enrarecido que el que aprobó, por caso, el pliego de su padre Carlos “Coco” Mahiques a mediados de mayo.

La dinámica de las redes también se ve afectada. Ni siquiera los videos de Jesica Cirio, con una cantidad obscena de dólares en efectivo en un placard de Martín Insaurralde, lograron sacar los reflectores encima de Adorni. La consultora Ad Hoc midió que el 18 y 19 de junio, el volumen de conversación del caso Insaurralde-Cirio fue muy similar al generado por Adorni en ese mismo período.

Los tuiteros libertarios intentaron, tímidamente, extrapolar la corrupción de Insaurralde hacia todo el PJ. El diputado bonaerense y cabecilla de la estrategia digital de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, resaltó una gorra de Juan Domingo Perón al lado de los fajos de billetes. Santiago Oria, el videógrafo elegido por Karina Milei como nuevo influencer estrella, apenas retuiteó un mensaje de Marcos Galperin, que subió los videos de Cirio y comparó: “Entre $20 y $40 palos. Pero Adorni tenía una cascada…”.

Un importante referente libertario en la provincia reconoció con resignación: “Teniendo a Adorni adentro, no podemos salir a decir nada de Insaurralde. No nos da la cara”. Si se tiene en cuenta que para Milei la moral es una política de Estado, el paralelismo es muy incómodo.

La preocupación de Milei

Tras varios meses de desasosiego por la caída de la actividad y aceleración de la inflación, por fin los indicadores económicos están mostrando signos de repunte (la economía creció un 0,7% en el primer trimestre). Esos datos de la macro son la base mínima para hablarle a un ciudadano de a pie que no siente alivio en la micro y que sigue padeciendo el ajuste en el bolsillo. El affaire Adorni no está permitiendo reconstruir esas expectativas.

Milei tomó nota y mostró una reacción a medias con el nombramiento de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. El martes, en el evento de la Fundación Faro, quedó en claro cuál es la mayor preocupación del Presidente cuando dijo sobre su flamante portavoz: “La experiencia de Adrián como divulgador económico es fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión puedan llegar a todos los argentinos”.

El jefe de Estado también tiene en claro que quiere preservar del barro a Luis “Toto” Caputo. Milei dejó saber internamente que el mensaje económico tiene que ser coherente y prolijo en esta etapa. “Muy cuidado diría”, dijo un colaborador de la Casa Rosada al tanto de ese pedido, que busca no entorpecer la labor del equipo económico.

La otra novedad que arrojaron los nuevos nombramientos en la Casa Rosada es que fue Milei quien seleccionó a los nuevos funcionarios. “Fue una decisión de Javier y él se lo comunicó a Karina. Le avisó, no la consultó”, dijo a Infobae alguien que conoce de cerca a los dos hermanos. El Presidente —que tiene paciencia para Adorni, pero está harto de la puja de poder entre Santiago Caputo y su hermana— quiso que las designaciones no quedaran entrampadas en la interna.

Según informó Infobae, tanto Ravier como Fernández tuvieron, durante sus primeras horas en Balcarce 50, largas reuniones con Karina y con Caputo por separado. La hermana del Presidente se aseguró de mostrarse con ellos en sociedad durante el evento de la Fundación Faro. Pero el asesor presidencial da por descontado que, al final del día, son de su palo.

El cocktail de la Fundación Faro de esta semana tuvo lugar, una vez más, en el Yacht Club de Puerto Madero, que pertenece al Grupo Neuss, holding liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos de la infancia de Caputo y cuyos negocios se expandieron al calor de la era Milei. Esta vez no fue un evento de recaudación.

Por cierto, en el Gobierno aseguran que es “caso cerrado” el emplazamiento que le hizo la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Fundación Faro para que le informe quiénes fueron los donantes que le aportaron casi $5000 millones en 2024. El think tank es coordinado por Francisco Caputo, el hermano del asesor presidencial. Y la IGJ responde a Mahiques, del riñón de Karina. “Al otro día se presentaron los papeles. Está terminado ese tema. Pasó a ser un expediente más”, aseguró un colaborador de ese ministerio.

Fabián Fernández, en tanto, venía trabajando en la comunicación institucional de YPF de la mano de Guillermo Garat, ex socio de Caputo en la consultora Move Group. En la prehistoria, el flamante funcionario trabajó en la comunicación de Néstor Grindetti, en Lanús. Tiene, así, el expertise de lo conurbano mezclado con lo corporativo, sumado a un amplio abanico de vínculos acumulados a lo largo de los años.

Milei apeló a la pecera de Caputo para seleccionar a los funcionarios, pero todo ocurrió en la charla de seis horas que tuvo con Adorni el viernes pasado en Olivos. No sorprende que el jefe de Gabinete haya recomendado a Fernández: el ministro coordinador no llegó con un equipo propio. Importantes colaboradoras suyas, Aime “Meme” Vazquez o Belen Stettler, también vienen referenciadas de Move Group.

Esa es una gran diferencia entre los casos de corrupción que invadieron la agenda política. Insaurralde hoy es un fantasma que conserva mucho poder en la provincia de Buenos Aires. Adorni, en cambio, figura en todas las fotos oficiales, pero no tiene un dispositivo propio. Si dejara el cargo, no generaría mayores huecos en el organigrama.

Un referente libertario analizó: “Nosotros somos bomberos piromaníacos apagando el incendio de Adorni. Insaurralde, al menos, se fue el mismo día que se destapó lo del yate en Marbella”.

El PRO presentó este miércoles un proyecto de resolución para que Manuel Adorni se presente en la Cámara de Senadores el próximo 2 de julio y pueda ser interpelado por el recinto. La iniciativa se conoció después de que el mismo bloque en Diputados no dio el quórum ayer para la interpelación del jefe de Gabinete.

De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Infobae, el partido amarillo convocó a Adorni para el mismo día que estaba pensada la presentación de su informe ante la Cámara Alta. Sin embargo, esta vez el objetivo es que pueda ser interpelado, “a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

La intención es que el ex vocero “brinde las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”, según detalla la iniciativa.

En tanto, en las consideraciones, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling Lara, señaló que la citación “no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una maniobra de obstrucción política o una adopción de posturas ajenas a nuestra identidad partidaria”.

Y agregó: “Representa una oportunidad institucional indispensable para que el funcionario aclare las contradicciones señaladas, disipe cualquier sospecha y ratifique la vigencia de los principios éticos que deben regir a esta gestión”.

“Nuestra fuerza política ha nacido y se ha consolidado bajo la premisa irrenunciable del respeto absoluto a la República, la transparencia en la gestión del Estado y la rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía”, sumó.

Sin embargo, esta postura entra en contradicción con lo que ocurrió este martes en la Cámara de Diputados cuando la oposición intentó avanzar con una sesión para pedir la interpelación de Adorni. A pesar de las críticas contra el ministro coordinador, los bloques del PRO, la UCR y los partidos provinciales afines al Poder Ejecutivo decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

Hoy el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, en diálogo con Radio Mitre, explicó el motivo de la ausencia y dijo: “Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo". A su juicio, el debate no tenía efecto práctico y solo buscaba montar “un show” que impulsaba el kirchnerismo.

“La sesión de ayer era para emplazar, para obligar a la Comisión que trate los proyectos que buscan la interpelación, la censura, la moción, los informes”, apuntó el diputado nacional, quien sostuvo que ese paso ya había quedado resuelto antes del debate.

“El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó para reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, enfatizó el referente de PRO en el Congreso.

Además, el dirigente insistió en que el encuentro no agregaba nada al trámite legislativo. “Lo único que se buscaba en la sesión de ayer era obligar a la Comisión y la Comisión ya estaba llamada. Era montarnos a un show que había armado el kirchnerismo”.

A todo esto, el Senado esperaba a Adorni para que brinde su informe de gestión el próximo 2 de julio. Sin embargo, Patricia Bullrich dijo que se suspendía y continuó con la interna que se vive en Casa Rosada tras el escándalo por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

La titular del bloque libertario en el Senado se encargó de anunciar que Adorni no iría el 2 de julio a presentar su informe de gestión. En su entorno precisaron que lo hizo porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”, pero, tan solo dos horas después, el propio Adorni publicó en X que estaba a disposición de asistir a la Cámara alta.

La imprevista decisión de suspender el informe generó suspicacias porque fue el propio funcionario el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, había anunciado por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Sin embargo, quienes lo rodean argumentan que fueron los legisladores de la oposición -y algunos aliados- los que expresaron que no les interesaba que se hiciera el informe de gestión. ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcan.

Los idas y vueltas se dan en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En una reunión en la que el oficialismo senatorial -que comanda Patricia Bullrich- ni siquiera consiguió el quorum inicial en la comisión de Legislación General -se esperaron los 30 minutos reglamentarios y luego se continuó con el tercio de la misma- , el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario además buscó blindar un guiño de la administración libertaria hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos.

Según Sturzenegger, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa. “¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el ministro, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal.

Al inicio del encuentro disertó la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán. Tras conceptos generales de una normativa vigente desde 1972, mencionó siete ejes: fortalecer la autonomía de la voluntad de los socios -Estado deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo organizar sus negocios-; ordenar reglas comunes y luego las de cada subtipo; simplificación de la actividad empresarial; digitalización profunda -libros contables, por caso-; reducción de discrecionalidad de organismos públicos -continúa la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación-; inclusión de nuevas figuras de la economía; e instrumentos flexibles de financiamiento e inversión.

Seguido a ello, el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.

Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.

Tras ello, llegó el turno de Sturzenegger. Dijo que hay dos planos sobre las nuevas tecnologías: las sociedades automatizadas por robots -un subtipo de SA, pero de gestión por software o robots; y las DAO, administradas por inteligencia artificial pero con posibilidad de contratar humanos para diversas tareas. “A mediados de los ‘80, Irlanda tenía un ingreso promedio del 60%; a mediados de los 2000, 20 años después, era de 115% del promedio de la Unión Europea”.

Desde el kirchnerismo, Martín Soria (Río Negro) no perdió la chance para defenestrar a Sturzenegger y relacionar el proyecto con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) impulsadas durante el macrismo y luego utilizadas en el pasado, según relató, por bandas del narcotráfico, como “Los Monos”. También mencionó los parámetros del Papa sobre este tema y alertó sobre el domicilio electrónico, que será considerado válido y vinculante para los casos en los que no exista sede física. Quien objetó otros puntos y realizó consultas extra fue el chaqueño Jorge Capitanich, las cuales fueron bien recibidas por los representantes del Ejecutivo.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Al final de la reunión, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), informó que la discusión continuará en asesores y se descarta que habrá lista de invitados. Así, se estima que el análisis de la ley seguirá por, al menos, varias semanas.

El senador Clemente Castañeda pidió al Senado ampliar el plazo para registrar líneas móviles porque, si la fecha del 30 de junio se mantiene, podrían cancelarse cerca de 60 millones de números celulares, con efectos sobre la comunicación personal y sobre servicios bancarios, gubernamentales, educativos y de salud que dependen de la conectividad.

La propuesta plantea reformar el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para extender de 120 a 360 días hábiles el periodo previo a la suspensión de líneas no asociadas a un usuario final identificado.

El comunicado del Senado de la República fechado este 24 de junio señaló que la iniciativa ya fue turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

De acuerdo con el documento, al 13 de mayo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó 48 millones de líneas registradas. Con un ritmo de 750 mil altas diarias, la estimación es que al vencimiento del plazo solo habría 84 millones de las 144 millones de líneas activas inscritas en el padrón.

La iniciativa busca evitar la suspensión masiva de líneas móviles

Ese cálculo es el punto central del planteamiento: si la fecha no cambia, alrededor de 60 millones de líneas quedarían fuera del registro y serían canceladas. Castañeda sostuvo que esa desconexión tendría una dimensión social amplia porque el celular es, para la mayoría de la población, la principal vía de acceso a internet.

El legislador de Movimiento Ciudadano advirtió que esa dependencia es mayor entre personas de menores ingresos y habitantes de zonas rurales y comunidades indígenas. En ese sentido, afirmó que una cancelación masiva no solo cortaría llamadas o mensajes, sino el acceso cotidiano a trámites, banca móvil, educación y atención vinculada con servicios de salud.

En la exposición de motivos, citada en el comunicado, el senador reconoció que el Registro Nacional de Líneas Móviles operado por la CRT tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y combatir el uso de líneas anónimas en actividades delictivas. Su argumento no cuestionó ese fin, sino la capacidad operativa para cumplir el calendario vigente.

MC acusa una crisis operativa en el registro

Según el legislador, la implementación del padrón enfrenta una “crisis operativa de proporciones mayores”. Añadió que, aunque empresas como Telcel, AT&T, Telefónica México, Bait, Altán Redes y más de 150 operadores móviles han reforzado campañas para promover el registro, esos esfuerzos no alcanzan el volumen necesario en el tiempo disponible.

El comunicado agregó que la CRT ha descartado en varias ocasiones una prórroga, pese a que el ritmo de incorporación sería insuficiente para llegar al total de líneas activas antes del 30 de junio. Para Castañeda, mantener el plazo sin flexibilidad implicaría una desconexión involuntaria de millones de usuarios.

“Las implicaciones de una desconexión masiva de esta magnitud son de la mayor gravedad social. En México, el teléfono celular es el principal medio de acceso a internet para la mayoría de la población, particularmente para los sectores de menores ingresos y para quienes habitan en zonas rurales y comunidades indígenas”, dijo el senador.

Más adelante, el legislador sostuvo que el Estado debe garantizar que las políticas de seguridad no deriven en exclusión digital. También afirmó que un “apagón telefónico” de esa escala no puede responder a una fecha administrativa fija cuando la operación del registro no alcanza para cumplirla.

“La protección del derecho a las telecomunicaciones exige que las autoridades actúen con racionalidad, proporcionalidad y sensibilidad social, adoptando las medidas necesarias para que ningún ciudadano pierda el acceso a un servicio indispensable para su vida cotidiana”, expresó Castañeda.

Además de esta propuesta, la cual aún no se ha ratificado, se han sumado varios comentarios de usuarios de líneas telefónicas criticando el registro.

Mientras continúa la incertidumbre en el Senado por el proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá esta tarde para defender la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario y hombre de confianza de los hermanos Milei se presentará, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General, que comanda la oficialista Nadia Márquez (Neuquén).

Durante la jornada también disertarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El objetivo del Gobierno es impulsar un renovado régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades, como contó Infobae a inicios del corriente mes.

En las últimas horas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió: “La mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros. En concreto, la eliminación del requerimiento de capital mínimo, así como la supresión de la obligatoriedad de constituir la reserva legal y la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, desprotegería a acreedores ante posibles vaciamientos".

Según la CAC, “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En ese sentido, agregó: “Debería preverse una adopción optativa o al menos gradual, particularmente considerando las asimetrías existentes en las unidades productivas del país en lo que refiere a capacidad para adoptar tales transformaciones”.

La institución luego observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, por lo que “surge el interrogante de quién asume el dolo penal, el fraude o la responsabilidad civil si el patrimonio de la sociedad automatizada se vacía o resulta insuficiente”.

Esto apunta, de manera específica, a la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

Por otra parte, se habilitan las participaciones sociales digitales y “tokenizables”: el articulado reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Sturzenegger se mostrará en las próximas horas en una Cámara alta que aún le frena -por ahora sigue en pie para el este jueves- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dictaminada hace largas semanas atrás, la iniciativa se convirtió en un problema para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Las bancadas dialoguistas le desplumaron el texto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ya se tuvo que aplazar en una sesión y, pese a que faltan menos de 24 horas para un nuevo encuentro en el recinto, los aliados reclaman mayores modificaciones a la ex ministra de Seguridad, que no logra blindar una propuesta que pierde forma y volumen con el correr de los días.

Más de un mes luego de las elecciones generales y con el conteo de votos al 100 %, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene programado entregar las credenciales a los senadores, diputados y parlamentarios andinos elegidos en las Elecciones Generales 2026 esta semana, días antes de que se haga oficial al ganador de la segunda vuelta presidencial.

La entrega se realizará después de la proclamación de resultados, cuya acta suscribió el Pleno del JNE el 19 de junio pasado, un trámite que oficializa los nombres de las autoridades electas y las habilita para jurar al cargo al inicio del nuevo período legislativo en julio de este año, según informó RPP.

Las ceremonias estarán a cargo del Pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, desde las 11:00 a.m. en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en la avenida 28 de Julio, en el distrito limeño de Miraflores.

Según la proclamación oficial del JNE, seis agrupaciones políticas obtuvieron representación en el Congreso bicameral.

• Fuerza Popular
• Juntos por el Perú
• Renovación Popular
• Partido del Buen Gobierno
• Partido Obras
• Ahora Nación

Este jueves 25 de junio recibirán sus credenciales los 60 senadores electos: 30 por distrito único nacional y 30 por distrito electoral múltiple, además de los cinco parlamentarios andinos titulares y sus 10 suplentes. Para el viernes 26 de junio será el turno de los 130 diputados electos para el período 2026-2031.

Composición del Senado

Al final de la contabilidad, se confirmó que los excandidatos presidenciales, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, lograron ocupar un escaño en el Senado. Sin embargo, el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular afirmó que no ocupará su lugar en el Congreso. En ese caso, quien podría asumir su lugar -si no se considera vacío- será su accesitario, el exministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, Absalon Vásquez.

Senadores por partido político y cantidad de votos

Fuerza Popular:

1. Miguel Ángel Torres (340.275 votos)
2. Martha Chávez (127.677 votos)
3. Marco Enrique Miyashiro (98.171 votos)
4. Fernando Rospigliosi (67.293 votos)
5. Patricia Juarez (33.016 votos)
6. Martha Moyano (27 205 votos)
7. César Astudillo (26.638 votos)
8. Alejandro Aguinaga (25.642 votos)
9. Karla Schaefer (24.531 votos)
10. Jorge Velásquez (18. 906 votos)
11. Víctor Seferino Flores (16.575 votos)
12. Víctor Manuel Noriega (12.263 votos)
13. Jacques Salomon Rodrich (12.157 votos)
14. Nilza Merly Chacon (11.670 votos)
15. Juan Carlos del Aguila (11.660 votos)
16. David Julio Jiménez (11.378 votos)
17. Elard Galo Melgar (10.960 votos)
18. Rafael Gustavo Yamashiro (10.327 votos)
19. Carlos Tubino (10.155 votos)
20. Segundo Leocadio Tapia (6.797 votos)
21. José Arista (4.631 votos)
22. Héctor Ventura (4.204 votos)

Juntos por el Perú:

1. José Castillo Terrones (332.141votos)
2. Silvana Robles (187.378 votos)
3. Jaime Quito (101.134 votos)
4. Saul Andrés Armacanqui (37.774 votos)
5. José Moises Chipana (33.986 votos)
6. Iber Antenor Maravi (32.159 votos)
7. Wilfredo Verano (18.964 votos)
8. Joaquín Yauri (16.377 votos)
9. Andrés Avelino Ramos (14.336 votos)
10. Humberto Morales (13.458 votos)
11. Serafin Andrés (13.297 votos)
12. Percy Osorio (3.645 votos)
13. Hugo Isaac Ccahuana (2.895 votos)
14. Víctor Cutipa (2.233 votos)

Buen Gobierno:

1. Flavio Figallo (200.378 votos)
2. Patricia Milagros Iturregui (184.520 votos)
3. Susana Matute (144.700 votos)
4. Nora Bonifaz (81.575 votos)
5. Carlos David Caballero (48.572 votos)
6. Juver Nilson Flores (25.026 votos)
7. Luz Elena Foronda Merino (15.863 votos)

Renovación Popular:

1. Rafael López Aliaga (289.027 votos)
2. Alejandro Muñante (215.987 votos)
3. Katherine Ampuero (189.419 votos)
4. Lourdes Alcorta (135.077 votos)
5. Francisco Calisto (134.062 votos)
6. Estanislao Mancha (80.184 votos)
7. María Jauregui (68.179 votos)
8. Miguel Ángel Velásquez (8.085 votos)

OBRAS

1. Daniel Barragán Coloma (223.754 votos)
2. Agripina Flores Córdova (88.009 votos)
3. Francisco Rodríguez (36.012 votos)
4. Roger Astucuri Laura (18.127 votos)
5. Juana Ticona Cohaila (3.800 votos)

Ahora Nación

1. Alfonso López Chau (233.585 votos)
2. Jaime Ricardo Delgado (169.704 votos)
3. Ruth Luque (116.894 votos)
4. Mirtha Vásquez (105.625 votos)

Diputados por distrito electoral

Amazonas

Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), Mery Eliana Infantes Castañeda (Fuerza Popular).

Áncash

Luzmila María del Carmen Gamarra Pita (Fuerza Popular), Carlos Alberto Domínguez Herrera (Fuerza Popular), Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación), Edgar Alvarón de la Cruz (Obras).

Apurímac

Jesús Pérez Alcahuamán (Juntos por el Perú), Luz Soto Ferrari (Juntos por el Perú).

Arequipa

Edgar González Polar (Buen Gobierno), Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú), Luis Aurelio Masco Cáceres (Juntos por el Perú).

Ayacucho

Alejandro Manay Pillaca (Juntos por el Perú), Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú), Freshman Buitron Martínez (Ahora Nación).

Cajamarca

Yenifer Noelia Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Gabriel González Delgado (Juntos por el Perú), Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú), Luis Ángel Jibaja Ramos (Juntos por el Perú), Juan Villanueva Calderón (Juntos por el Perú), Segundo Ticlla Rafael (Fuerza Popular).

Callao

Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular), Ángel Bobadilla Galindo (Fuerza Popular), Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), Fernando García Huby (Buen Gobierno).

Cusco

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), César Holguín Loaiza (Ahora Nación), Edwin Espinoza Huillca (Buen Gobierno), Heber López Letona (Obras).

Huancavelica

Catherin Norma Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), Héctor Guillén Valencia (Juntos por el Perú).

Huánuco

Yuli Ambrosio Domínguez (Juntos por el Perú), Marco Flores Valdizán (Juntos por el Perú), Karina Beteta Rubin (Fuerza Popular).

Ica

Mady Yonz Núñez (Renovación Popular), Carlos Alberto Zegarra Sánchez (Fuerza Popular), José Yataco Torrealva (Obras), Lila Prado Vallejos (Buen Gobierno).

Junín

César Muedas Balbiese (Ahora Nación), Marlon Aguirre Ramos (Juntos por el Perú), Ana Patiño Urco (Fuerza Popular), Máximo Peralta Jorpa (Obras), Carmen Duarte Patiño de Pezet (Buen Gobierno).

La Libertad

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), Leticia Leiva Baylón (Fuerza Popular), Geanmarco Quezada Castro (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú), Nora Llaque Linares (Buen Gobierno), Demetrio Valqui Calderón (Obras).

Lambayeque

Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular), Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular), Liliana Milagros Takayama (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Segundo Castrejón Fernández (Buen Gobierno).

Lima Metropolitana

Norma Yarrow Lumbreras, José Isidro Baella Malca, Roxana Rocha Gallegos, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa, Frank Krklec Torres, Paola Isabel Martínez Paitán, Leo Miguel De Paz Lancho, Aldo Antonio Bravo Quispe, Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Diethell Columbus, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Pier Figari Mendoza, Marco Antonio Pacheco Quispe, Pierangeli Daniela Dodero, Flor de Jesús Meza Rivera, Óscar Reto Otero, Nathaly Molina Soto, Luis Quispe Candia, Hilda Fernández La Torre, Jessica Benítez Barrionuevo, Rossana Alayza Macera, Romina Uribe Sáenz, Harvey Colchado Huamaní, Indira Huilca Flores, Bernardino Manrique Olivera, Ángel Meneses Crispín, Jeenny Samanez González, Víctor Piñan Mamani, Andrea Dayna Medina Stein, Raúl Jesús Camargo Porta, Giannina Avendaño Vilca.

Lima Provincias

Gladys Andrade De Álvarez, Alexander Salas Rivera, Arturo Eusebio Padilla, Milagros Karina Santa Vera.

Peruanos en el extranjero

Jorge Zeballos Aponte, Liz Mendoza Bernedo.

Loreto

Nary Pinasco Montenegro, César Vidaurre Floridas, Ana Yuffra Lugo, Azucena Isla Rojas.

Madre de Dios

Jaime Holguín Aguirre, Haydée Poma Huamani.

Moquegua

Graciela Chipana Condori, Nery Fernández Nina.

Pasco

Jhon Valqui Ordóñez, Kim Tami Muñoz.

Piura

César Manuel Revilla Villanueva, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Carmela Paucará Paxi, María Silupu Inga, Félix Chang Apuy, Miguel Huamán Cornejo, Enrique Albañil Carmona.

Puno

Jessica Pérez Quispe, César Tito Rojas, Remigio Condori Flores, Helard Sonco Villanueva, Dina Hancco Hancco.

San Martín

lver Peña Córdova, Jacqueline Tapullima Insapillo, Luis Alegría García, Francisco Gatica Vega.

Tacna

Svieta Fernández González, Juan César Cabrera Nieto.

Tumbes

Rafael Celiz Castillo, María Ramos Rosales.

Ucayali

Jessica Navas Sánchez, Jaime Abensur Pinasco, Oswar Cahuaza Mitivire.

El Gobierno expuso nuevamente, de manera insólita, la interna que vive desde que Manuel Adorni está en el ojo de la tormenta por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Si bien la situación del jefe de Gabinete incomoda a todo el Poder Ejecutivo y el oficialismo, en el Congreso, es puntualmente Patricia Bullrich quien más se diferenció del ministro coordinador públicamente y en privado hizo saber que debería dar un paso al costado.

Una muestra de esto se dio este martes, cuando la titular del bloque libertario en el Senado se encargó de anunciar que Adorni no iría el 2 de julio a presentar su informe de gestión. En su entorno precisaron que lo hizo porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”, pero, tan solo dos horas después, el propio Adorni publicó en X que estaba a disposición de asistir a la Cámara alta.

La imprevista decisión de suspender el informe generó suspicacias porque fue el propio funcionario el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, había anunciado por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

Sin embargo, quienes lo rodean argumentan que fueron los legisladores de la oposición -y algunos aliados- los que expresaron que no les interesaba que se hiciera el informe de gestión.

”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcan.

Los ida y vuelta se dan en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó el jefe de Gabinete y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los invitados que sí fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

En un nuevo gesto de respaldo por parte de la cúpula del Gobierno, el jefe de Gabinete estuvo acompañado en esos encuentros, que se llevaron adelante en tres tandas, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Las convocatorias fueron a las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. La primera se realizó con Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). La segunda, con Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego). La tercera, con un grupo más reducido.

Asistió también el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que fue además la persona encargada de organizar el cónclave en la Casa Rosada.

Los otros tres senadores que tampoco pudieron estar fueron Luis Juez, que tenía compromisos en Córdoba, Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos hasta el 25 de junio, y María Emilia Orozco, que viajó a Colombia para ser veedora en las elecciones de ese país.

En paralelo, Bullrich está llevando adelante las negociaciones con el resto de los espacios para evitar que la oposición avance con los proyectos que buscan remover al ministro coordinador. La semana pasada, consiguió postergar hasta este jueves la sesión prevista para el anterior, pero acordó a cambio incorporar en el temario los pedidos de interpelación.

“La decisión de cancelar el informe de gestión fue una propuesta de Bullrich que se conversó con Karina Milei y con Devitt, que estuvieron de acuerdo”, explicó un senador.

En tanto, a las 18:00 de este martes hubo reunión de labor parlamentaria en el Senado, durante la cual los partidos terminaron de definir los asuntos que se debatirán dentro de tan solo dos días.

Se acordó mantener la sesión del jueves, únicamente para votar el pliego de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El oficialismo sostiene que la interpelación de Adorni requiere primero dictamen de comisión (algo que generó también diferentes opiniones) y advierte que si la oposición quiere avanzar antes con esa medida, necesitará el apoyo de dos tercios del recinto, una cifra difícil de alcanzar.

Hasta el momento, Adorni no le había informado formalmente a la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre su decisión de no asistir el 2 de julio.

“Tiene que venir una vez por mes a cada Cámara. Hasta ahora solo dio un informe de gestión en Diputados, así que no tiene argumentos para incumplir con el mandato constitucional“, cuestionaron en el círculo íntimo de quien fue la compañera de fórmula de Javier Milei.

La noticia también molestó a algunos de los aliados, que todavía analizaban la postura a tomar en caso de que prospere el proyecto de interpelación: “Si no viene es peor“.

“La Constitución Nacional marca que el incumplimiento del Jefe de Gabinete de su obligación de informar mensualmente a las Cámaras de acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional puede dar lugar a la promoción de una moción de censura, a una moción de remoción, incluso a juicio político por mal desempeño de sus funciones”, advirtió otra fuente parlamentaria.

Por su parte, las autoridades nacionales también argumentaron que la cancelación de la visita al Senado se debe a que ningún bloque le envió las correspondientes preguntas.

Efectivamente, en el equipo del jefe de Gabinete no habían comenzado a preparar el discurso porque todavía no tenían -según adujeron- el cuestionario por parte de los legisladores, a los que les dieron 5 días hábiles para que cumplieran con ese trámite.

Los titulares del oficialismo y la oposición dialoguista del Senado acordaron esta tarde la ratificación de la sesión de pasado mañana, donde aparece el tratamiento de un eventual pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No obstante, se confirmó lo contado por Infobae el reciente fin de semana: Patricia Bullrich tuvo que desconocer el acuerdo inicial que tenía con el kirchnerista José Mayans y, para que la convocatoria al funcionario se efectivice, deberá habilitarse en el recinto por dos tercios de los presentes.

El desenlace ocurrió en la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, - quien no estuvo presente - en un encuentro en el que se ausentó el cristinismo, que ya prepara una furia inevitable para cuando comience la sesión. Con lo ocurrido, la balanza se dio vuelta por completo y la Casa Rosada podría respirar el jueves: en caso de tener completa a su escuadra -21- y sumar cuatro -o tres, ya que dependerá de presencias- bloquearía la habilitación del tema y una votación del asunto.

¿Qué opciones le quedan a la oposición que detesta a Adorni? Pedir un emplazamiento de comisiones, algo que no suele hacerse en el Senado y así evitar el caos que suele generarse en Diputados. O reclamar que se convoque urgente a la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego). Y pedir dentro de 48 horas una moción de preferencia -con dictamen- para que, en el próximo encuentro en el recinto, se vote una potencial interpelación. Más allá de todo esto, lo cierto es que, el jueves, las dos actas de Labor Parlamentaria estarán vigentes -la de la semana pasada, y la de hoy- y habrá que optar por una.

El conflicto generado por el entendimiento Bullrich-Mayans se activó por una polémica visión sobre el artículo 101 de la Constitución, que plantea que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

La disidencia de los últimos días no estuvo sobre la Carta Magna, sino por la interpretación que hicieron, en tándem, los jefes libertario y kirchnerista. Para ellos, no hacía falta habilitar ninguna iniciativa en ese sentido y podía votarse todo directo, con mayoría absoluta. En cambio, desde la Casa Rosada e incluso varios compañeros de la ex ministra de Seguridad alertaron que, al referirse a un proyecto de resolución -como el que semanas atrás impulsó el propio Mayans- precisaría un despacho de comisión. Es decir, de la de Asuntos Constitucionales.

¿Cuál es el problema de una reinterpretación acelerada del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente hubiese sembrado y germinado una magnitud negativa descomunal. Varios despachos coincidieron ante este medio sobre la “irresponsabilidad” y las alertas de ir en camino a “parecerse a Perú”, por la cantidad de funcionarios removidos desde el Congreso. De hecho, en la cumbre de esta tarde sobraron antecedentes que destronaron la postura de Bullrich y el formoseño.

Tras estas consideraciones, para la sesión de las 11 de pasado mañana quedan en bandeja, junto con la ya ahora trabajosa definición sobre Adorni, la golpeada ley de inviolabilidad de la propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que las bancadas aliadas le desplumaron a Bullrich en las últimas semanas. De hecho, el borrador final aún no está cerrado y las críticas hacia La Libertad Avanza continúan por haber apurado, sin necesidad, un dictamen que pierde volumen ante cada respiración.

Las dudas persisten sobre la venta de tierra a extranjeros -peor, en zona de frontera- y las modificaciones a ley de Manejo de Fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández. Lo que no debe permitir LLA el jueves es que se descontrole primero lo de Adorni -se esperan muchos discursos kirchneristas- y, luego de ello, que se complique más este proyecto.

En medio de la crisis política vigente en el Senado por el desenlace de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una ley de ecocidio con penas de hasta 25 años de prisión dictaminada a inicios del corriente mes generó una fuerte polémica en las últimas horas, tras reciente el anuncio de la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, del quite de rúbricas de parte de La Libertad Avanza.

La ejecución de ese movimiento no es para nada menor ya que choca de lleno con el artículo 106 del reglamento del Cuerpo y, con la jugada, se deja expuesta a toda la cadena que intervino en el despacho, que figura vigente como orden del día -lista para ir al recinto- y con las firmas de todos los legisladores que lo hicieron -incluida la porteña- en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Ambiente.

¿Por qué se llegó a esta instancia? La cronología comenzó durante la sesión en la que la salteña Flavia Royón solicitó una moción de preferencia -con dictamen de comisión- de una iniciativa empujada por la filo radical Edith Terenzi (Chubut). No hubo inconveniente alguno. El 9 de junio, el plenario se reunió y avanzó. De hecho, según pudo saber Infobae, hasta hubo cambios de legisladores de último momento para no perder la chance de firmar el despacho. Es decir, todo calculado y sin freno alguno.

Tras ello, y mientras el Congreso analiza más propuestas del Poder Ejecutivo que, entiende, ayudarán a propulsar la actividad económica -por ejemplo, el súper RIGI-, desde diversos sectores productivos estallaron de furia al conocer la velocidad de este asunto. Los teléfonos fueron colapsados ante un inminente tratamiento de la ley.

¿Qué plantea el texto? La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena, el que, violando cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones, provoque daños especialmente graves, extensos y duraderos sobre el ambiente”. Y agrega: “Si el daño ambiental fuera irreversible, las penas serán de prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa equivalente al valor en pesos de 70 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena”.

Otra modificación en el Código Penal impondría: “Si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco (5) a veinticinco (25) años. Si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a diez (10) años. En todos los casos, se impondrá además una multa equivalente al valor en pesos de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de la condena”.

¿Qué dice el reglamento en su artículo 106? Señala que “las comisiones comunicarán al presidente de la Cámara los asuntos dictaminados” y que “una vez que los dictámenes de comisión ingresan a la Mesa de Entradas, los senadores no pueden retirar su firma de éstos”. Por eso el alarma y preocupación en muchos despachos en las últimas horas tras el movimiento de Bullrich.

Ante una eventual bola de nieve en poco tiempo, las soluciones lógicas y dentro del reglamento viables son: dormir el tema, solicitar un regreso a comisión en la próxima sesión, o trabajar sobre el mismo despacho para modificarlo a gusto y abrir la comisión -en el recinto- para anunciar un renovado texto. Nunca lo sucedido horas atrás.

Lo que ocurre ahora en el Senado, por fuera de las observaciones y elogios que se puedan realizar sobre la propuesta, es el problema de prometer leyes a dialoguistas -como Terenzi y Royón- y que, después, haya extraños retrocesos. Mucho peor, si van en contra del reglamento. Todo esto confirma lo que este medio contó el fin de semana pasado: legisladores aliados que empiezan a desconfiar y prefieren reanudar líneas directas con la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concatenó tres encuentros diferentes con senadores de La Libertad Avanza en su despacho de la Casa Rosada. Fue una decisión que tomó este fin de semana junto al círculo de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo fue explicarles sus argumentos respecto de su situación política, que se encuentra comprometida por la embestida que impulsan senadores de la oposición a través de un pedido de interpelación.

Los encuentros habían sido fechados para las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. El primero de estos se realizó con los senadores Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). El segundo con Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego).

Allí también estuvieron Karina Milei y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. En el entorno del jefe de Gabinete afirmaban que se trataba de una prueba de fidelidad de la hermana presidencial para ver quiénes están dispuestos a mostrarse en Casa Rosada o no.

Todas las cumbres se desarrollaron antes de la reunión de Labor Parlamentaria que estaba prevista para las 18 en el Palacio del Congreso, donde la intención del bloque oficialista que preside Patricia Bullrich era modificar lo acordado en el mismo encuentro celebrado la semana pasada, cuando se acordó ir al recinto con un organigrama que comprendía que la interpelación a Adorni se resolviera por mayoría absoluta. Buscaban que esto fuera a través de dos tercios de los presentes.

En ese contexto, Bullrich confirmó en la previa que no asistiría a ninguno de los encuentros en Casa Rosada porque tenía que trabajar en la estrategia parlamentaria para poder seguir mejorando la posición del jefe de Gabinete en el Senado. Lo mismo sugirieron legisladores de presencia marcada en el bloque, como Luis Juez (Córdoba) o Francisco Paoltroni (Formosa). Estos tres dirigentes han marcado diferencias públicas sobre el sostenimiento que Javier Milei realiza sobre la figura del ministro coordinador.

La convocatoria tenía varias subtramas: por un lado, no había un convencimiento genuino de buena parte de los senadores convocados por ir a la Casa Rosada. “No sé qué pretende. Yo no tengo nada que escuchar, sinceramente. Iré, escucharé y me volveré al Senado”, manifestó una importante voz del bloque que tenía previsto ir a ver al jefe de Gabinete. Menos convencidos están de que haya una foto que plasme el encuentro.

El tenor de la reunión no era menor. Adorni también pretendía ver cómo seguía la agenda legislativa del Senado, la cual está paralizada por la avanzada opositora sobre su figura. Al terminar el primer encuentro de los tres, la cuenta institucional de la Jefatura de Gabinete informó del encuentro (lo llamativo es que Adorni no lo hizo desde su usuario de X, lo cual habla de cierto repliegue hasta en la esfera digital) y marcó: “Se definieron los objetivos para avanzar en esta nueva etapa de reformas que atraviesa el Congreso de la Nación”.

En esa situación de inmovilidad se encuentran los pliegos judiciales que quiere acelerar el ministro Juan Bautista Mahiques, y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que redactó el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger. La reforma electoral que pidió priorizar el presidente Javier Milei también se encuentra en un limbo debido a que la interpelación al jefe de Gabinete está en la agenda pública más urgente.

Por este último proyecto pujan operadores políticos del oficialismo como el ministro del Interior, Diego Santilli, y el estratega nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem. Estos dos nombres no son menores, porque importantes senadores de la oposición los vieron más activos que de costumbre en las últimas dos semanas en lo que refiere a la interlocución con diferentes bloques.

Esto fue interpretado como una suerte de intromisión a la esfera de influencia que tiene Bullrich sobre el Senado. Al establecerse los roles de coordinación política una vez establecida la mesa política a fines del año pasado, se determinó que la exministra iba a tener la competencia sobre la Cámara alta. En el último tiempo, el karinismo comenzó a dar muestras de injerencia en esa área sin haber sido coordinadas con la jefa de bancada.

“El Colo y Lule están teniendo más manejo”, admiten en el círculo de la hermana presidencial, desde donde no ocultan ya su intención de quitar el monopolio de las negociaciones del Senado. Esta motivación por parte del karinismo tiene varios motivos.

En particular, le critican de que haya convalidado en la reunión de Labor Parlamentaria de la semana pasada que la interpelación pueda realizarse en sesión con mayoría absoluta y no con dos tercios. Tampoco están exentas las tensiones producto de los sucesivos desmarques que la senadora ha tenido sobre la Casa Rosada: los dos ejemplos inmediatos son el sostenimiento de Adorni y su negativa a rechazar el pliego de la juez María Verónica Micheli. Para el karinismo, esos fueron motivos suficientes para que los Milei autorizaran una suerte de avanzada sobre su esfera de influencia. Mientras que Santilli tiene encomendado rosquear las adhesiones de senadores que responden a gobernadores, Lule busca hacer valer su ascendencia sobre senadores libertarios que fueron electos exclusivamente por su decisión de ponerlos en las listas.

Desde el sector de la senadora nacional ven estos manejos y marcan: “Están nerviosos en el Equipo Rocket, pero nosotros estamos muy ocupados en seguir trabajando todo el día”. La denominación es marca registrada de usuarios de redes sociales vinculados a Las Fuerzas del Cielo, que comparan así al karinismo con el grupo de villanos con torpes peripecias de Pokémon.

No sólo en el ala de Bullrich no entienden la jugada de Adorni y compañía de llamar a reuniones con senadores nacionales. Desde un importante despacho oficial manifestaban: “No se va a interpretar como una reunión de trabajo positiva. Lo único que va a interpretar la gente es que sólo se va a buscar blindar a Manuel. Y ciertamente es una provocación a Patricia cuando no estás en posición de hacerlo. Le estás regalando una devolución. O sea, que te vaya a mear en la próxima”.

El punto central de la controversia es cómo tratar el proyecto de resolución impulsado por el jefe del bloque kirchnerista José Mayans para avanzar con una interpelación a Manuel Adorni. La discusión gira sobre si, al no tener dictamen, necesita una mayoría de dos tercios para ser habilitado en el recinto. Ese asunto ya había sido conversado durante horas y parecía claro para Bullrich y para el resto de los presentes en la reunión del miércoles pasado. Aun así, la ex ministra sostuvo la reinterpretación que fue acompañada por Mayans, mientras los representantes oficialistas en esa mesa mantuvieron una actitud pasiva.

Ese entendimiento entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo detonó el malestar de los aliados. La tensión llegó a tal punto que la propia Bullrich debió improvisar una breve reunión con integrantes de su bloque que objetaron la posición adoptada en Labor Parlamentaria.

Durante el fin de semana anterior y luego en la reunión del miércoles, Bullrich se reunió con sectores dialoguistas para fijar la sesión el 25 de junio y anticiparse al pedido que ya impulsaba Mayans para votar la interpelación al jefe de Gabinete. Si esa iniciativa se activara, Adorni tendría que presentarse ante el recinto siete días después. En caso de superar esa instancia, también debería brindar un informe de gestión el 2 de julio.

Si el oficialismo resolviera retroceder y llevar la discusión al recinto sobre la necesidad de una habilitación por dos tercios, ganaría tiempo y mantendría a Adorni en funciones, una situación que, de acuerdo con la nota, también favorece al kirchnerismo. Para lograrlo, La Libertad Avanza debería sentar a sus 21 senadores y convencer a tres o cuatro ajenos para llegar a 24 o 25 bancas.

Ese número le permitiría trabar un intento opositor, aunque no cerraría el conflicto. Para avanzar más allá de esa instancia, sería necesario reunir a la comisión de Asuntos Constitucionales. La comisión está presidida por el oficialista Agustín Coto, senador por Tierra del Fuego. Coto ya había enviado al cajón la reforma política para evitar que los sectores aliados separaran el tratamiento de Ficha Limpia.

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes la 21st Century Road to Housing Act, una ley bipartidista que prohíbe a grandes inversionistas corporativos comprar viviendas unifamiliares y flexibiliza las reglas federales de construcción.

La votación fue de 85 a 5, un margen que refleja el respaldo transversal de ambos partidos. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera su aprobación final en los próximos días.

La medida llega en un momento en que el mercado de vivienda acumula años de deterioro. El Informe Económico del Presidente de abril calculó un déficit de 10 millones de viviendas en el país, y la renta mensual mediana todavía supera en un 17,2% los niveles prepandemia, según datos de Realtor.com.

Qué prohíbe y qué habilita la nueva ley

La legislación introduce cambios en tres frentes:

Restricciones a inversionistas

• Prohíbe que cualquier inversionista corporativo compre viviendas unifamiliares si ya posee 350 o más propiedades.
• Elimina una disposición previa que habría obligado a esos inversionistas a vender las viviendas de nueva construcción en un plazo de siete años.

Medidas para ampliar la oferta

• Elimina ciertos trámites federales de construcción para agilizar la edificación de nuevas unidades.
• Amplía el acceso al financiamiento de viviendas prefabricadas.
• Aumenta la disponibilidad de hipotecas.
• Autoriza programas piloto de subsidios para mejoras del hogar y planificación de vivienda asequible.

Recuperación ante desastres

• Establece una autorización de tres años para los fondos federales de reconstrucción mediante subsidios en bloque, una fórmula de compromiso entre el Senado —que quería hacerla permanente— y la Cámara, que objetó la administración del programa.

Por qué el Congreso actuó ahora

Las elecciones de medio término de noviembre operaron como motor político de la negociación. La asequibilidad de la vivienda figura entre las principales preocupaciones de los votantes que decidirán el control del Congreso durante los últimos dos años del gobierno de Donald Trump, quien ya dio señales de respaldo a la medida.

El senador republicano Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, describió la ley como “el resultado de años de trabajo para reducir costos, ampliar la oferta de vivienda, recortar trámites burocráticos, proteger a los contribuyentes y ayudar a más estadounidenses a alcanzar el sueño de ser propietarios”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, su contraparte en el comité, afirmó a The Associated Press que es el proyecto de vivienda más significativo que aprueba el Congreso desde 1990, cuando el precio promedio de una casa era de USD 150.000. Hoy supera los USD 500.000.

El mercado que la ley intenta revertir

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos rondan un ritmo anual cercano a los 4 millones desde 2023, muy por debajo de los 5,2 millones que históricamente constituyeron la norma. El año pasado tocaron un mínimo de 30 años y se mantienen débiles en lo que va de 2026.

Un informe de junio del Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard confirmó que los inventarios crecen por los altos costos de compra, pero advirtió que “las cargas de costos tanto para inquilinos como para propietarios siguen aumentando, mientras que la asistencia continúa profundamente subfinanciada”.

Respaldo amplio, expectativas moderadas

La ley obtuvo el apoyo de organizaciones que representan tanto a arrendadores y grandes propietarios como a grupos que defienden a inquilinos de bajos ingresos. David Dworkin, director ejecutivo de la National Housing Conference —la coalición de vivienda más antigua del país—, fue claro sobre sus límites: “No hay una varita mágica que arregle esta crisis de la noche a la mañana, y ninguna pieza de legislación es perfecta”.

Dworkin igualmente reconoció el alcance del paso dado: “Este proyecto es un pago inicial significativo en un esfuerzo de largo plazo para hacer que la vivienda sea más asequible para todos los estadounidenses”.

La representante demócrata Maxine Waters, de California, quien participó en las negociaciones, calificó la aprobación de “enorme paso” para atender la crisis de vivienda asequible, aunque aclaró que no debe ser el punto final del debate legislativo.

Tras el llamativo entendimiento del miércoles pasado entre los titulares de La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo en el Senado, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, más la posterior queja de aliados, la ex ministra de Seguridad se vio forzada a solicitar una nueva reunión de Labor Parlamentaria para las 18 de hoy, donde se volverán a discutir el orden y términos de la sesión del jueves. El conflicto principal es cómo se encarará una potencial activación de un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Así, los líderes de las diferentes bancadas -oficialismo, UCR, PRO, Provincias Unidas y silvestres provinciales, si es que el kirchnerismo se ausenta- volverán a verse las caras en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien comandará el encuentro junto a otras autoridades del Cuerpo. Se estima que, en caso de presentarse, el formoseño lanzará una furia más allá de que, a esta altura, al cristinismo le conviene dejar en el foco principal de los medios a Adorni, quien se convirtió en un tapón de toda la gestión mileísta, que no puede aprovechar una sola buena noticia por la vigente crisis política.

¿Por qué se llegó a esta instancia? Como contó Infobae el reciente fin de semana y en Labor Parlamentaria del último miércoles, Bullrich se juntó con dialoguistas para definir el día de la sesión -25- y, por esa vía, anticiparse al ya instalado requerimiento de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto -de sobrevivir, también daría un informe de gestión el 2 de julio- y una potencial moción de “censura”. No sorprendió el apuro de la ex candidata a presidenta del PRO para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. La reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101 de la Constitución? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por este medio. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados, con -al menos- 129 adhesiones.

En caso de volver hacia atrás, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a LLA y a dejar a Adorni vigente, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás Infobae, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes marquen el presente esa jornada- para llegar a 24 o 25. Así, trabaría un intento opositor. Sin embargo, el embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia.

Luego de que se hiciera oficial la conformación del próximo Congreso en sus dos cámaras, la de senadores y diputados, se tendrá que definir quiénes serán los integrantes de las juntas preparatorias del Parlamento y, además, cómo se realizará el proceso de elección para determinar al senador y diputado que serán los titulares de cada una de esas cámaras.

Antes de asumir el cargo, se deberá definir a los integrantes de las juntas preparatorias del próximo Congreso. Según Mirtha Vásquez, senadora electa del partido Ahora Nación, estas se conforman de manera automática con el legislador más votado, el de menor edad y el de mayor edad.

En conversación con Exitosa, la parlamentaria detalló cómo se instalarán las primeras instancias de organización interna del nuevo Congreso bicameral antes de elegir a la Mesa Directiva.

Al ser consultada por nombres, la legisladora señaló quiénes integrarían ese órgano en la cámara alta: “En el Senado entiendo que el candidato más votado es Micky Torres. Supongo que el que tiene mayor edad es el señor (Fernando) Rospigliosi, porque lo he visto conformando esta junta preparatoria. Y también está el señor (Alejandro) Muñante".

Cómo se integraría la junta en Diputados

En la Cámara de Diputados, el diputado electo Javier Cipriani (Renovación Popular) dijo que identifica al más votado, pero no al resto de la terna que deberá integrar la Junta preparatoria de esta instancia. “Sé que Harvey Colchado es el más votado. No conozco a las otras dos personas. De repente soy el mayor. No creo", sostuvo ante Exitosa.

Cipriani también planteó que el funcionamiento terminará de definirse con la práctica parlamentaria, sobre todo para aquellos que ocupan el cargo por primera vez. "La práctica es lo que nos va a dar a nosotros la experiencia de cómo vamos a elegir a los miembros. Entiendo que ya hay mesas preparatorias en ambas cámaras y ahora viene lo bueno. De eso se trata esto, hay que hacer política".

Vásquez indicó que la votación para la Mesa Directiva sería el 26 de junio, cuando se definirán las conducciones de ambas cámaras: “Sí, aparentemente sería el 26 ya que se tendría que votar la mesa directiva de ambas cámaras”.

La senadora electa agregó que cada cámara tendrá su propia conducción y que se prevé un esquema alternado en la presidencia del Legislativo. “Cada cámara va a tener una mesa directiva y van a ir rotando, entiendo, las presidencias para que presidan el Congreso, entre la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados“, afirmó.

¿Cómo estará compuesto el nuevo Congreso?

La nueva representación estará conformada por 60 senadores, 130 diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, tras los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril.

La distribución de escaños estará conformada por seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral. Entre las bancadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación - AN.

El Gobierno comienza a redefinir la estrategia defensiva por la situación de Manuel Adorni luego de haber conseguido un poco de aire tanto en el Congreso, con la postergación de la sesión en el Senado, como en la opinión pública, gracias al video que se difundió en el que se ven bolsas herméticas con millones de dólares presuntamente guardadas en la casa de un ex intendente peronista.

Después de algunas semanas intensas en las que incluso salieron a la luz tensiones internas por la situación del jefe de Gabinete, la cúpula libertaria parece alinearse nuevamente detrás de un mismo objetivo.

A pesar de las críticas de propios y ajenos, el presidente Javier Milei mantuvo su respaldo al funcionario y lo ratificó en el cargo, aunque optó por quitarle la Vocería para entregársela al pampeano Adrián Ravier.

Economista de profesión, el dirigente es un liberal clásico que supo tener sus diferencias académicas con el mandatario nacional cuando ninguno de los dos estaba plenamente metido en la política.

Sin embargo, luego de algunos acercamientos previos, en el 2025 finalmente se sumó al oficialismo y consiguió una banca en la Cámara de Diputados dentro de La Libertad Avanza.

La incógnita ahora es si mantendrá también su rol legislativo a la par de la comunicación presidencial o si renunciará en el Congreso, lo que podría abrir una discusión con el PRO.

Si llega a dejar su cargo parlamentario, quien lo reemplazaría sería, en principio, Martín Matzkin, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y hombre leal a Patricia Bullrich.

No obstante, el bloque que encabeza Cristian Ritondo entiende que, a partir de la reorganización libertaria, podría interpretarse que en su lugar debería asumir una mujer, para cumplir la ley de paridad de género.

En ese escenario, se produciría el conflicto porque la persona que ingresaría es alguien del PRO, que integró la lista en el marco de la alianza que el partido firmó con el Gobierno en las últimas elecciones.

Mientras todo esto ocurría, también empezaron a trascender videos en los que se ve a la modelo Jesica Cirio mostrando miles de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones, en lo que sería la casa de su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

La polémica logró que por un momento la atención de los medios pasen de las denuncias contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito a las dudas sobre cómo el ex intendente de Lomas de Zamora habría hecho ese dinero.

En Balcarce 50 son pocos los funcionarios que se prestan para hablar sobre este tema y en su mayoría prefieren guardar silencio y dejar que las grabaciones generen impacto por sí mismas.

“Esperemos que la Justicia actúe con celeridad. Las imágenes son obscenas“, opinó a Infobae una de las pocas personas del Poder Ejecutivo que sí se refirió al asunto.

En este sentido, en el entorno de Milei consideran que la investigación de estos hechos debería ser igual de exhaustiva y veloz que lo fue la que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita contra el ministro coordinador.

Por su parte, Adorni aprovechó la ventana que le consiguió Bullrich en el Congreso y convocó a todos los senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para el martes próximo.

Si bien se hizo con la excusa de analizar los proyectos que hay en agenda, es muy probable que gran parte del encuentro se hable sobre la intención de la oposición de avanzar con una interpelación del jefe de Gabinete.

Esa medida fue incluida en el temario de la sesión del próximo jueves y es una cuestión que le preocupa a la cúpula libertaria, que no tiene los votos garantizados como para evitar que la iniciativa prospere.

Los legisladores serán recibidos en tres tandas a partir de las 14:00 y todos confirmaron excepto dos que se encuentran de viaje: Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos, y María Emilia Orozco, que fue una de las veedoras internacionales de las elecciones en Colombia.

Incluso Bullrich, que viene cuestionando muy fuerte a Adorni, sería de la partida, por lo que todo el bloque escuchará las explicaciones del funcionario antes de tener que defenderlo en el recinto.

Después del paso arrollador de las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasados, y en medio de la crisis política por Manuel Adorni, la jefa oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cedió una fracción considerable de la agenda legislativa a manos de aliados que, desde hace largas semanas, manejan los tiempos y cambian a gusto las leyes que reclama el Ejecutivo en la Cámara alta, sin importar lo que haga o diga la porteña. Y, clave: los recientes tándems de la ex ministra de Seguridad con el líder del kirchnerismo, José Mayans, preocuparon aún más a dialoguistas, quienes a esta altura reactivaron los canales informales con Balcarce 50 para no quedar atrapados en las picardías “republicanas” de la legisladora.

Lo que comenzó con iniciativas que aterrizaron gracias a la supuesta muñeca de Bullrich derivó rápido en proyectos despedazados por aliados, sin resistencia alguna. El caso más concreto es la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”. Su dictamen fue apurado de manera innecesaria por la libertaria. Vale recordar que, ese día, hasta se encontraba de viaje en el exterior su colega de bancada y titular de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), cabecera del plenario que discutía el asunto.

Tras deslizar en -al menos- dos o tres ocasiones que había un consenso blindado por este tema con bloques dialoguistas, Bullrich tuvo que volver sobre sus pasos y blanqueó la desprolijidad a la hora de cerrar un asunto. Fácil de detectar para quienes tienen votos clave y no dejan llevarse de las narices. Esto llevó, por caso, a que en la última sesión se aplazara el debate sobre propiedad privada, con bancadas que desconocían, ante tanta voltereta, el texto final que empujaba la titular de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta.

Otro de los límites ya notificados a Bullrich y al Ejecutivo es que cada sesión tendrá, como mucho, un solo tema de los “pesados” que interesen a Balcarce 50. Por ejemplo, en caso de ir al recinto este jueves -por fuera de Adorni-, aparece propiedad privada. Podría haberse incluido la ley “Hojarasca”, otro de los articulados que pretende el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Su despacho fue rubricado el miércoles último, donde la porteña dio a entender un supuesto adiós al libre estacionamiento y circulación de legisladores como algo que contenía la iniciativa. Era falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio.

De regreso en propiedad privada, en mayo pasado desapareció el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), un duro golpe para el funcionario. También se modificaron ítems sobre expropiaciones y se amortiguó la situación de los desalojos exprés. Como espina sí quedó la flexibilización en la venta de tierra a extranjeros. De tantos borradores, ya hay un mareo generalizado. Para la zona de frontera se incorporaría, además del aval de Nación, un guiño obligatorio desde el Congreso. El resto, cedido a voluntad de los gobernadores. Pocos se animan a agregar que también habría reparos para dinamitar las prohibiciones que por largos años impuso Máximo Kirchner en la ley de Manejo del Fuego, durante la era Alberto Fernández. Suele ser el problema cuando uno se ocupa más de lo personal que de lo colectivo. Lo que menos precisa la Casa Rosada es que se sume otro conflicto.

AGN

El renovado y -de nuevo- peronista friendly y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, asistirá mañana a la bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que comanda el senador libertario Ezequiel Atauche (Jujuy). Será interesante conocer lo actuado por el organismo -que revisa los gastos a posteriori del Estado- sobre áreas que interesaron tanto a la oposición y también al oficialismo durante 2025.

Messi manía en medio del drama

Antes que finalizara la semana pasada, llamó la atención la aparición de un ambiente estilo Fan Fest en el edificio anexo de la Cámara alta. Según corroboró Infobae, en un pasillo hasta se dispuso la gigantografía de Lionel Messi, junto a globos celestes y blancos. Dos preocupaciones surgieron. Primero, una bandera nacional tapó por completo un plano de salidas de emergencia. Y, la más curiosa: una mini urna para depositar notas o cartas bajo la leyenda “si gana Argentina, prometo...”.

La crisis política vigente en el Congreso por las tropelías del jefe de Gabinete, el ya indefendible Manuel Adorni, terminaron de ratificar el mega tapón generalizado sobre toda la gestión de Javier Milei -ni un solo logro de la Casa Rosada queda encima del escándalo actual- y una agonía que, por ahora, se estiraría. En el Senado, la radiografía de las horas más álgidas de la semana que finaliza destapó una insólita jugada en la que coincidieron los titulares del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente, que dejará un muy riesgoso antecedente a futuro para cualquier persona que se encuentre al comando de la administración central.

Que Bullrich sea la única política que aprovechó rápido las penurias del Gobierno -al que dice defender- es más que conocido. Nadie del arco opositor le sacó tanto jugo como ella. Un puñado de supuestas pinceladas republicanas le dieron primeras planas. No obstante, la estrategia de jugar siempre al fleje -y que, sin temor, algunas pelotas piquen fuera del mismo- le jugó una mala pasada durante la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles pasado. Allí, la sacó del estadio. Para comprender esto, es imprescindible realizar una cronología de cómo se inició y finalizó dicha jornada.

La ex ministra de Seguridad comenzó el día con una imagen subida a la red X para celebrar la primera victoria de la Argentina en el mundial de fútbol. Todos desean un cuarto campeonato. Sin embargo, la experimentada política salió con una camiseta y un tres generado con los dedos del medio de su mano izquierda. Curioso. Por la mañana, diversas bancadas se reían de la picardía de la legisladora, siempre bien acompañada en los pasillos por un grupo de personas que supera, en varias ocasiones, los cinco empleados que dice tener en su oficina, según la web oficial de la Cámara alta.

Previo a Labor Parlamentaria, Bullrich se reunió con aliados para definir si la sesión sería al día siguiente o el jueves 25. Y, por esa vía, anticiparse al ya instalado pedido de Mayans para votar una interpelación a Adorni que implicaría, a los siete días, la asistencia del jefe de Gabinete al recinto y una potencial moción de “censura”. No sorprendió su apuro para dar por liquidado al funcionario, aunque se demoró tanto esa cumbre que, mientras otros aguardaban en la oficina de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el convite no finalizaba. Tras minutos de incertidumbre, uno de los participantes cantó “humo blanco”.

Ya en Labor, el punto principal y conocido tanto por Bullrich y el resto de presentes era si lo impulsado por el formoseño precisaba, al ser un proyecto de resolución no dictaminado, los dos tercios para que fuese habilitado en una sesión que, al final, se pospuso. Parecía más que claro el asunto -y validado por el reglamento- y hasta había sido charlado durante horas. No ocurrió. De manera llamativa, la reinterpretación de la ex ministra fue acompañada por Mayans, ante una pasividad extrema entre los oficialistas sentados en esa mesa. De hecho, la senadora hasta tuvo que improvisar una mini cumbre con otros compañeros de bloque que objetaron este punto. Es decir, los muy pocos que jugaron a favor de Balcarce 50. A esta altura, una situación delirante.

¿Cuál es el problema de la reinterpretación del artículo 101? Si bien el pleno es soberano y la decisión final, de ser avalada, no podría ser objetada, lo cierto es que el precedente que dejará marcado tendrá una magnitud negativa descomunal. Aquí coincidieron varios despachos consultados por Infobae. Por caso, desde uno se oyó: “Es una torpeza lo que están haciendo. Si llegamos a ese punto, a partir de allí, cualquiera podrá reclamar eso. Otros jefes de Gabinete de otros gobiernos fueron igual de impresentables que Adorni, pero si tengo que ser realista por el país en el que vivo, algo así te dejaría a las puertas de lo que hace el Congreso peruano con sus presidentes y funcionarios. Un nivel de irresponsabilidad absoluta”.

En otro, reconocieron: “Es simple. Al kirchnerismo le sirve mantener en la parrilla a Adorni, más allá de que se quieran colgar la medalla de ser los primeros en reventarlo. Si es una máquina de malas noticias. Ojo, también es útil para el resto. No queremos ser los que tapemos con diarios al jefe de Gabinete. Pero parece será eso, ya que el Ejecutivo lo defiende sin cesar. El asunto es tan grave que la unanimidad ya no se acerca sólo en los propios que sugieren, por lo bajo, un paso al costado, sino también en el Congreso y, sobre todo, en la sociedad. Ahí está lo más delicado: pega en la base social por la vara que dijeron tener en cuanto a transparencia en la función pública. No hay grieta. Un verdadero papelón”.

Un detalle del pedido de Mayans que pasó desapercibido. En la iniciativa de resolución, habla de moción de “censura”. Esto es muy distinto a una remoción, ya que sería una especie de apercibimiento y nada más. Ambas necesitan mayoría absoluta del Cuerpo, 37 voluntades. Por supuesto que nadie cree que ocurra lo primero, sino lo segundo, que luego deberá ser refrendado por Diputados. El resultado parece cantado y lo que muchos desean saber, de acá hasta el 2 de julio, es qué pirueta harán los estrategas de la Casa Rosada ante una eventual eyección de Adorni, bajo la premisa de ganar aún en la derrota. Allí abundaría la libertad de opinión, el odio al periodismo y acusaciones de golpismo. Sería una jungla de operaciones. Como los meses de penuria de 2024 y 2025. Esta receta fue copiada a la perfección por Bullrich. Se la comieron, de manera olímpica, el propio Gobierno y sus diseñadores. La gran pregunta es si hay más soldados o generales en tándem con ella.

Durante la noche del jueves, apareció un indicio de racionalidad. Se convocaría a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para pasado mañana para analizar, una vez más, la interpretación del artículo 101 de la Constitución. Hay dialoguistas a los que no le cierra en absoluto la idea de Bullrich. Entonces, ya no logra contener a su bancada -que votó de tres formas distintas un simple pliego judicial agitado por ella-, no convence suficiente a aliados -que le despluman todos los proyectos que impulsa Balcarce 50- y lima la otrora confianza que había en el corazón del mileísmo. Ganar aún en la derrota, o perder aún en la victoria. O todos contentos, como cuando se consumó la Labor del miércoles último. No todo es lo que parece.

En caso de volver hacia atrás en los próximos días, una discusión en el recinto sobre la habilitación por dos tercios ayudaría a ganar más tiempo a La Libertad Avanza y a dejar a Adorni en la parrilla, como “prefiere” el kirchnerismo. La tarea no será sencilla: como contó días atrás este medio, requerirá tener sentados a sus 21 soldados y convencer a tres o cuatro ajenos -en principio, según quienes estén presentes- para llegar a 24 o 25. Así, bloquearía cualquier intento opositor. El embrollo continuará. Por ende, para avanzar, será obligatorio que se junte la comisión de Asuntos Constitucionales. La preside el oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego), que mandó al cajón la reforma política para que los friendly no separen Ficha Limpia. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, colecta álbumes de fotos con gobernadores para sostener, como sea, el supuesto interés del Gobierno en la iniciativa libertaria.

La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.

En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.

La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.

“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.

“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.

La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.

“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.

“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.

“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.

En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.

En una especie de tardío intento de control de daños, Javier Milei resolvió que Manuel Adorni mantenga el cargo de jefe de Gabinete, pero sin el arrastre como vocero presidencial. Se supone que la designación de Adrián Ravier como portavoz busca oxigenar la comunicación oficial y alejarla del caso que daña al Gobierno desde hace más de tres meses, en continuado. Ese objetivo, sin embargo, debe convivir con el sostenimiento del funcionario investigado por su vertiginoso crecimiento patrimonial. Este sábado, la foto de apoyo -un recurso gastado- será en Rosario, mientras persisten versiones sobre un recambio final. Todos los movimientos de Olivos, aunque asomen contradictorios, están marcados por el mismo trazo.

El cambio de vocero fue anunciado por el propio Adorni al final de un encuentro en Olivos. El trascendido sobre la reunión, que se extendió varias horas, repitió la letra del gesto de respaldo, esta vez frenteal virtual plazo que se había dado el Senado para tratar la interpelación al funcionario. El recorte de una de sus funciones anotó el dato nuevo, aunque reiterado como objetivo: correrlo del foco de atención político y público. Nada sencillo después de intentos fallidos.

Por lo pronto, la designación de Ravier alimentó esa consideración -es decir, restarle visibilidad a Adorni y a su caso- y también otra especulación, casi una esperanza para algunos funcionarios: que esta sea la última línea de sostén al jefe de los ministros. En segundo plano aparecieron otras lecturas, vinculadas a la interna en el círculo de Olivos, es decir, entre Karina Milei y Santiago Caputo. En general, tal vez por la gravedad del cuadro, las reacciones posteriores al anuncio sobre el cambio de vocero evitaron ese costado de la historia.

Ravier tiene relación con el Presidente desde mucho antes de llegar a ser diputado violeta por La Pampa. Compartieron el llano, no sin disgustos, que en las redes fueron rápidamente recordados: mensajes con descalificaciones como las que Milei suele utilizar, ahora contra opositores, periodistas o economistas críticos. El legislador llega al Gobierno para ocupar parte del lugar de Adorni, pieza de Karina Milei. Y tiene vínculos con el espacio de Santiago Caputo. Pero lo dicho: por ahora, no tendría relación con los equilibrios o desequilibrios internos.

Antes que nada, la decisión de contar con nuevo vocero busca encarar de otro modo el camino transitado sin éxito desde mediados de marzo: “mostrar gestión”. En sus primeras declaraciones luego del anuncio, Ravier dijo que su objetivo será “comunicar los logros del Gobierno”. Eso está asociado, como concepto, a la visión libertaria sobre el efecto Adorni, entre quienes lo respaldan cerradamente -y más bien atribuyen todo a un motor externo, mediático- y los que preferirían su alejamiento. Creen que opaca o directamente oculta datos positivos de gestión. Sólo esos.

De hecho, Luis Caputo quedó expuesto casi como solitario “vocero” en ese terreno, con acompañamiento de alguna franja de tuiteros violetas. Esas andanadas exponen de algún modo enojos y lamentos por el efecto del caso Adorni, junto a datos del mundo financiero, superávit o desaceleración inflacionaria. Por supuesto, la realidad es bastante más matizada: esos números conviven con informes estadísticos sobre la persistente caída del consumo o la crisis en diferentes rubros de la industria.

Como sea, la incorporación de Ravier llega en el umbral del nuevo gesto de apoyo a Adorni decidido por Olivos. Se trata, otra vez, de una escenificación del respaldo de los ministros y otros funcionarios, convocados especialmente para ir a Rosario, al igual que los jefes legislativos, entre ellos Patricia Bullrich. En cambio, la presencia de Victoria Villarruel necesitó de una diagonal en las invitaciones, por vía provincial. De todos modos, el tema del quiebre entre la vicepresidente y Olivos aparece un escalón por debajo de la tensión mayor de estos días.

Si no hay cambios, será la segunda vez consecutiva en que una celebración patria pierde el sentido propio y queda subordinada al juego doméstico del Gobierno. Antes había sido el 25 de Mayo, de manera visible en el Tedeum y las posteriores imágenes que buscó asegurarse Olivos. También entonces eran postales de respaldo al jefe de Gabinete.

No termina allí la serie. La agenda de los días que vienen expone hasta qué punto el caso Adorni tiñe el terreno político. La mira estará puesta en el Congreso, en una semana marcada además por una nueva gira presidencial.

Diputados enfrenta una doble prueba. Para el martes, está convocada una sesión especial que fue motorizada por la oposición para tratar de iniciar el trámite de la interpelación. Existen dudas sobre el número para lograr quórum. Y eso en buena medida depende hasta ahora de cómo juegan dialoguistas y aliados -amarillos, radicales, provinciales-, en parte por la expectativa que generó el Senado y también de acuerdo con lo que empujen los gobernadores, siempre con negociaciones abiertas por cuestiones de fondos.

A la par, el oficialismo tiene que resolver si realmente sostiene el llamado a la sesión del miércoles, para tratar proyectos que se vienen demorando: la ampliación del RIGI y el aval al acuerdo con holdouts. El compromiso de legisladores para garantizar número suficiente también depende del clima político más amplio y no sólo del repetido objetivo del oficialismo, necesitado de mostrar resultados.

En el Senado, el cuadro es más denso, porque puso a prueba la relación entre LLA y bloques que suelen acompañar sus iniciativas, muchas veces con cambios en los proyectos y en función de tratos más amplios con jefes provinciales. La semana pasada, Bullrich cerró un entendimiento con los jefes de otros espacios en base a dos putos: levantar la sesión programada para tratar el postergado proyecto sobre propiedad privada y fijar el jueves próximo para ir al recinto con el pedido de interpelación a Adorni como primer punto.

Pero antes, el martes, habrá que ver si el mileismo logra frenar por unas semanas la carga sobre el jefe de Gabinete. Se trata de una vuelta de tuerca sobre las mayorías necesarias para tratar ya el tema o tener que pasar antes por comisión. En otras palabras, ganar tiempo. Pero ocurre que, más allá de la tensión que genera esa jugada -y de las negociaciones “reservadas” con aliados-, Adorni debería ir al Senado a principios de julio para dar su informe, muy demorado.

Por supuesto, la repercusión y la persistencia del caso no depende exclusivamente de lo que haga Olivos y de lo que suceda en el Congreso. Las novedades en el frente judicial parecen inagotables. Y nada indica que la sucesión sea cerrada por el penoso capítulo de la compra de colchones y artículos de blanquería, en efectivo y a nombre de una empleada de la Casa Rosada. Más bien, al contrario.

Luego de más de un mes contando votos, finalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que ha concluído el escrutinio del 100 % de actas de las elecciones generales 2026 y tiene los resultados definitivos de votos para la conformación del nuevo Congreso bicameral que entrará en funciones el próximo 28 de julio.

Como ya se había proyectado, el Senado tendrá una mayoría de Fuerza Popular, que ocupará poco más de un tercio de los escaños disponibles (60), mientras que Juntos por el Perú se consolida como la segunda fuerza en esta cámara del parlamento.

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó este sábado 13 de junio el 100 % de actas electorales correspondientes a las elecciones congresales y representantes peruanos ante el Parlamento Andino”, indicó la ONPE en un comunicado oficial.

Al final de la contabilidad, se confirmó que los excandidatos presidenciales, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, lograron ocupar un escaño en el Senado. Sin embargo, aún no se sabe con total seguridad si el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular ocupará su lugar en el Congreso o si quien asumirá será su accesitario, el exministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, Absalon Vásquez.

Composición del Senado

• Fuerza Popular: 22 escaños.
• Juntos por el Perú: 14 escaños.
• Renovación Popular: 8 escaños.
• Partido del Buen Gobierno: 7 escaños.
• Partido Obras: 5 escaños.
• Ahora Nación: 4 escaños.

Senadores por partido político y cantidad de votos

Fuerza Popular:

1. Miguel Ángel Torres (340.275 votos)
2. Martha Chávez (127.677 votos)
3. Marco Enrique Miyashiro (98.171 votos)
4. Fernando Rospigliosi (67.293 votos)
5. Patricia Juarez (33.016 votos)
6. Martha Moyano (27 205 votos)
7. César Astudillo (26.638 votos)
8. Alejandro Aguinaga (25.642 votos)
9. Karla Schaefer (24.531 votos)
10. Jorge Velásquez (18. 906 votos)
11. Víctor Seferino Flores (16.575 votos)
12. Víctor Manuel Noriega (12.263 votos)
13. Jacques Salomon Rodrich (12.157 votos)
14. Nilza Merly Chacon (11.670 votos)
15. Juan Carlos del Aguila (11.660 votos)
16. David Julio Jiménez (11.378 votos)
17. Elard Galo Melgar (10.960 votos)
18. Rafael Gustavo Yamashiro (10.327 votos)
19. Carlos Tubino (10.155 votos)
20. Segundo Leocadio Tapia (6.797 votos)
21. José Arista (4.631 votos)
22. Héctor Ventura (4.204 votos)

Juntos por el Perú:

1. José Castillo Terrones (332.141votos)
2. Silvana Robles (187.378 votos)
3. Jaime Quito (101.134 votos)
4. Saul Andrés Armacanqui (37.774 votos)
5. José Moises Chipana (33.986 votos)
6. Iber Antenor Maravi (32.159 votos)
7. Wilfredo Verano (18.964 votos)
8. Joaquín Yauri (16.377 votos)
9. Andrés Avelino Ramos (14.336 votos)
10. Humberto Morales (13.458 votos)
11. Serafin Andrés (13.297 votos)
12. Percy Osorio (3.645 votos)
13. Hugo Isaac Ccahuana (2.895 votos)
14. Víctor Cutipa (2.233 votos)

Buen Gobierno:

1. Flavio Figallo (200.378 votos)
2. Patricia Milagros Iturregui (184.520 votos)
3. Susana Matute (144.700 votos)
4. Nora Bonifaz (81.575 votos)
5. Carlos David Caballero (48.572 votos)
6. Juver Nilson Flores (25.026 votos)
7. Luz Elena Foronda Merino (15.863 votos)

Renovación Popular:

1. Rafael López Aliaga (289.027 votos)
2. Alejandro Muñante (215.987 votos)
3. Katherine Ampuero (189.419 votos)
4. Lourdes Alcorta (135.077 votos)
5. Francisco Calisto (134.062 votos)
6. Estanislao Mancha (80.184 votos)
7. María Jauregui (68.179 votos)
8. Miguel Ángel Velásquez (8.085 votos)

OBRAS

1. Daniel Barragán Coloma (223.754 votos)
2. Agripina Flores Córdova (88.009 votos)
3. Francisco Rodríguez (36.012 votos)
4. Roger Astucuri Laura (18.127 votos)
5. Juana Ticona Cohaila (3.800 votos)

Ahora Nación

1. Alfonso López Chau (233.585 votos)
2. Jaime Ricardo Delgado (169.704 votos)
3. Ruth Luque (116.894 votos)
4. Mirtha Vásquez (105.625 votos)

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la senadora nacional por Jujuy describió el clima parlamentario que atraviesa el Congreso frente a la crisis del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Intenso”, resumió Moisés la dinámica de las últimas jornadas, y dejó claro que “esto ha rebotado en el Senado en estos últimos días y nos ha modificado la agenda”.

El Senado prepara la interpelación a Adorni tras el pedido opositor

Moisés detalló que el escándalo en torno a Manuel Adorni lleva más de cien días y que, aunque al principio muchos legisladores optaron por la prudencia, la situación escaló hasta volverse ineludible: “Era un problema del gobierno que tenía que resolver el gobierno, pero terminó estallando en el Senado con los pedidos de interpelación de varios bloques”.

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito. La semana pasada presentó su declaración jurada y aseguró que su incremento patrimonial fue costeado con ganancias que obtuvo en el mercado de criptomonedas y no había informado previamente a las autoridades administrativas.

La vicepresidenta de la Cámara alta remarcó: “Esto nos cambió la agenda totalmente. Tuvimos que poner foco en esta situación”. Según relató, la sesión que se preveía que se iba a realizar este jueves se suspendió tras más de tres horas de discusión en labor parlamentaria y se convocó a una nueva para la semana siguiente, donde finalmente se podría votar la interpelación.

“No hay antecedentes de un proceso de interpelación a un jefe de Gabinete. Estamos siendo iniciáticos en esto”, subrayó la legisladora. Explicó que el único marco normativo claro es el artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación del funcionario de informar y prevé la posibilidad de moción de censura. “Queremos que el proceso se realice cumpliendo con todos los pasos que corresponden, porque nunca se hizo, no está reglamentado”, aseguró.

La oposición acordó que Adorni no debe concurrir al Senado a dar un informe de gestión, sino a ser interpelado por las acusaciones. Para Moisés, “es una burla que el día antes nos tire la notificación de que va a venir a hablar del estado de la Nación. Si no podés hablar del estado de tu declaración jurada, menos del país”.

El oficialismo, sin argumentos para sostener a Adorni

Consultada sobre por qué se dio una semana más al oficialismo antes de votar la interpelación, Moisés lo atribuyó a la dinámica interna del Congreso y no a un gesto de concesión. “El gobierno lleva cien días dilatando esta decisión, con lo cual una semana más o menos no nos afecta. No es responsabilidad nuestra cuánto daño más le pueden hacer a su propio gobierno”, indicó.

Relató que el temario original de la sesión de hoy incluía el proyecto de propiedad privada, designaciones judiciales y acuerdos internacionales, pero la crisis de Adorni desplazó todo: “El tema más importante va a ser Adorni. Dijimos: es el tema de agenda, lo ponemos en el primer punto, se vota la interpelación y seguimos con los otros temas”.

Sobre la posibilidad de una moción de censura, Moisés fue cauta: “No quiero adelantar la decisión sobre la moción de censura, respetemos el proceso. En lo personal, creo que no va a ser suficiente su explicación”.

La senadora describió la soledad política del jefe de Gabinete: “Hoy no puede darles instrucciones ni a su secretaria más que para mandarla a comprar sábanas”. Y agregó: “Miente en el Congreso, miente adelante de todo el gabinete. Ya debería haber renunciado”.

El impacto institucional y el debate por la agenda parlamentaria

Durante el programa, Moisés también advirtió sobre el daño que la crisis genera en la institucionalidad y la imagen internacional: “Cualquier país del mundo, vos decís jefe de Gabinete y ocupa como que en el imaginario el rol del primer ministro. La construcción de confianza en Argentina está dañada”.

La legisladora criticó la reacción del oficialismo ante la interpelación: “En general hay una desazón en el ámbito libertario, porque claramente no pueden decir lo que piensan en términos de ‘este muchacho tendría que irse’. Tampoco tienen herramientas para defenderlo. Aunque quisieran, no pueden”.

A pesar del clima de crisis, Moisés subrayó que el trabajo legislativo no se detiene: “Ayer tuvimos casi cuatro horas de un plenario de la Comisión de Minería recibiendo invitados por la ley de biocombustibles. Es una enorme oportunidad de crecimiento que está en stand by como toda la Argentina, con falta de planificación”.

Respecto al futuro del peronismo, la senadora fue contundente: “El peronismo tiene que darse la oportunidad de reconstruir su vínculo con la sociedad y no lo va a hacer en la medida que siga pensando en Cristina. La realidad es que está presa y nadie va a sacarla de ahí. O superamos este trauma o el problema somos todos los demás”.

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“Esto es un despellejo lento. No nos sirve”. Patricia Bullrich se lo transmitió a la mesa chica del Gobierno. Planteó, puertas adentro, que no tenía sentido dar de baja la sesión prevista para hoy en el Senado porque implicaba estirar una agonía absurda. La oposición insiste con una moción para interpelar a Manuel Adorni y desplazarlo del cargo. Una situación que -a los ojos de la senadora- solo somete a la gestión a un continuo “agujereo”.

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta no encontró eco alguno en la Casa Rosada. En las últimas 48 horas, las espadas políticas del oficialismo estuvieron abocadas a negociar con los senadores y gobernadores aliados la baja de una sesión que el propio oficialismo había convocado para votar el proyecto de Propiedad Privada, iniciativa de gran interés para Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En Balcarce 50 decidieron salir al salvataje del jefe de Gabinete para evitar que hoy hubiera una carnicería en el recinto del Senado. Finalmente, luego de una trabada reunión de labor parlamentaria ayer por la tarde, se llegó a un acuerdo para postergar la sesión para la semana que viene. Esta vez, con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete incluido en el temario y una fecha límite: el 2 de julio. Adorni obtuvo una sobrevida de dos semanas. Pero en el Gobierno no hay un plan. Es solo ganar tiempo y esperar —nadie sabe decir cómo— que cambien las circunstancias.

Los bloques dialoguistas siguen reclamando que sea Javier Milei, y no el Congreso, el que le ponga fin al affaire. Hace tres meses que toda la política está girando en círculos sobre un funcionario que no puede explicar su vida de “new rich”. Por cómo se están dando las cosas, ayer quedó en claro que ni siquiera la selección brillando en el Mundial será el salvavidas del ministro coordinador como alguna vez se pensó.

Las tratativas de las últimas horas volvieron a generar desgaste y sospechas cruzadas en el Gobierno. Es que, durante la mañana del miércoles, se instaló fuerte el falso rumor de que el jefe de ministros iba a renunciar. El runrún creció porque a algunos senadores les insinuaron que el Poder Ejecutivo finalmente buscaría una salida al tema Adorni. No era cierto.

“Primero llamaron para decir que evaluaban el tema y que podía haber un desenlace en el Poder Ejecutivo. Pero nunca lo dijeron con tanta firmeza o claridad”, señaló por esas horas uno de los senadores dialoguistas. O fue una mentira piadosa para que los aliados escucharan lo que querían oír, o fue una expresión de deseo de algunos miembros del oficialismo que creían que la situación de Adorni era insostenible.

Cuando la versión tomó fuerza, el jefe de Gabinete se enfureció. Finalmente, la Casa Rosada, con Karina Milei muy encima del tema, habilitó a Bullrich para que ofreciera una variante que permitiera, sencillamente, patear el asunto para adelante.

Ahora el Gobierno quedó entrampado. En la Casa Rosada algunos aspiran a que pase con Adorni lo mismo que ocurrió con Eduardo “Lule” Menem en el caso ANDIS: en algún momento tenía un pie afuera pero, por la resistencia de Karina, el funcionario sobrevivió al escándalo, bajó el perfil unos meses y volvió al ruedo.

En el caso de Adorni, hay más de uno que lo sostiene. Primero, es el propio presidente el que se niega a soltar su mano. “La oposición no entiende que, para Javier, hoy echar a Manuel es entregarse al sistema”, dijo una alta fuente de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete tampoco quiere irse: prefiere aguantar la presión bajo los reflectores a transitar su causa judicial a la intemperie del poder.

A los otros dos vértices del extinto “triángulo de hierro” tampoco les conviene la salida del ministro coordinador. Karina dio señales de mayor frialdad hacia el jefe de Gabinete y ya no manifestó públicamente un “apoyo intacto” como hizo al principio del caso. Pero entiende que desplazarlo pone en jaque su propio poder. “Ella es su mentora, él siempre fue su pollo, correr a Manuel implica reconocer que eligió mal”, dijo un colaborador que trata con la secretaria general de la Presidencia. Santiago Caputo, por último, tiene en Adorni un “tapón” para evitar que sus rivales internos, los Menem, ganen terreno.

El asesor de Milei le dio una mano discreta a Adorni cuando le acercó a un experto tributarista para preparar la estrategia que derivó en la versión de las criptomonedas y del ahorro en negro, supuestamente previo a la función pública. El jefe de Gabinete se concentró en su coartada impositiva y legal. Pero ni él -ni nadie en el Gobierno- pensó en el impacto político y comunicacional. No controló las contradicciones en su narrativa. Y pasó lo peor que podía pasar: nadie le creyó.

El papelón no hizo más que crecer. Y la Justicia reaccionó con nuevas medidas de prueba. La causa, lejos de aminorar, sigue su curso y arroja novedades pronto: el informe que el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para auditar el patrimonio de Adorni ya está listo y llegaría a la fiscalía esta misma semana.

Impacto en la gestión

El Gobierno está haciéndole gestos a la Justicia, pero nada indica que una mejor sintonía con la familia judicial vaya a tener un impacto concreto en una causa como la de Adorni, que ya tiene el ojo público muy encima del expediente. Quienes conocen la comidilla judicial aseguran que, por caso, el viaje a París que (por la cumbre del GAFI) compartían por estas horas el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Ariel Lijo (el juez que tramita el caso por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete y el caso ANDIS) debe entenderse con una mirada panorámica. “Es una señal para un gran acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia”, dijo una figura de los tribunales que compartió cenas y hasta partidos de paddle con los dos viajeros.

En el mismo sentido se debe leer el decreto -impulsado por Mahiques- que modificó el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema (suprimió una instancia de impugnaciones de la sociedad civil) y agilizar el nombramiento de todos los jueces. Milei no tiene previsto avanzar con nuevos candidatos para el máximo tribunal. Pero el Gobierno dio una señal de que quiere apurar los nombramientos en general. Y eso es muy celebrado por un sistema judicial, que espera el desenlace de los concursos durante años.

Sorpresivamente, Santiago Caputo elogió el decreto de Mahiques para designar jueces. Hay quienes creen que el asesor presidencial sí es de la idea de avanzar con los pliegos de la Corte.

El otro costado del caso Adorni, menos visible, es el impacto en la gestión diaria. Hubo muy poca intervención del jefe de Gabinete en varios temas mientras, en lugar de ejercer la coordinación, se abocaba a su defensa personal. Por caso, las idas y venidas para llegar a un acuerdo con las universidades. “Capital Humano llevó cuatro soluciones distintas a Economía, hasta que finalmente consiguió la autorización del gasto. Sandra (Pettovello) creció mucho como gestora”, contó un funcionario.

Otros temas, en cambio, quedaron completamente cajoneados. En 15 días debería comenzar la concesión privada de Tecnópolis. Pero en el Gobierno no van a firmar la adjudicación de ese contrato. Según fuentes privadas, al inicio del proceso de licitación había un ganador claro: la UTE de DirecTV Argentina y Torneos y Competencias S.A, ambas controladas por el grupo Werthein. El proceso comenzó en diciembre de 2025, cuando la Agencia de Bienes del Estado (AABE) publicó los pliegos para la concesión del predio de 54 hectáreas ubicado en Villa Martelli por un plazo de 24 años.

La diputada Marcela Pagano denunció en Comodoro Py que hay vínculos societarios entre el holding que está interesado en quedarse con la privatización de Tecnópolis y la productora de eventos Foggia Group, fundada por Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei. Foggia no figura como oferente de la licitación de Tecnópolis. Pero, según está acreditado por facturación que ARCA remitió a la Justicia, esa empresa fue una de las clientas de MasBe, la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. El último responsable de la adjudicación del contrato de Tecnópolis es Adorni, que controla a la AABE. “Eso no va a salir porque ya saltó una ficha. Nadie lo va a firmar”, advirtió en las últimas horas un colaborador al tanto del proceso.

Pese al nerviosismo que genera en los pasillos de la Casa Rosada, Milei está concentrado en defender sus logros económicos en redes sociales. La semana próxima encararía una nueva gira internacional por España, Paraguay y los Estados Unidos, donde participará de las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia en pleno WorldCup. Este sábado, si no hay sorpresas, tendrá una foto con Adorni durante el acto patrio del Día de la Bandera en Rosario. También participará en una cena de recaudación de la Fundación Faro.

El escándalo político interminable le impide a Milei capitalizar los logros económicos que está cosechando su gestión. La inflación mayorista mostró una nueva desaceleración. Y el Banco Mundial aprobó un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, clave para despejar los vencimientos que hay antes de las elecciones de 2027.

Hay, dentro del Gobierno, quienes esperan que Milei reaccione cuando asimile que no hay batalla cultural que alcance para torcer el estigma de Adorni en la conversación pública o para frenar a la oposición conforme se acerque la temporada electoral. Pese a las buenas noticias en materia económica, las últimas encuestas que llegaron a la Casa Rosada apuntan a que el capítulo cripto del caso Adorni asestó un nuevo golpe a la imagen presidencial.

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene quedó en fila -más no en el acta de Labor, lo que deja dudas- la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado dictaminaron esta tarde ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Con la firma del despacho de mayoría -las últimas rúbricas, varias horas después del encuentro-, quedó a tiro de ser sancionada.

En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en la Cámara baja. Las comisiones que debatieron esta tarde son presididas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

"Hojarasca" agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos.

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

Qué se dijo en el plenario

Desde La Libertad Avanza, la ex macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) señaló que la ley Hojarasca “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya perdieron su razón de ser”.

En tanto, el senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), aseguró que el proyecto “viene a dejar en claro la infinidad de leyes que ya se han vuelto obsoletas y vetustas a través del avance la tecnología y los cambios”.

No fue una buena tarde para la jefa libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien dio a entender un supuesto adiós a la libre circulación y de legisladores como algo que contenía el articulado, pero ello es falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio y el dictamen de esta tarde valida esa decisión.

El que criticó la propuesta del oficialismo -en el espíritu no pareció tan en desacuerdo- fue el cristinista Martín Soria (Río Negro), quien observó: “El Congreso tiene una comisión permanente de Digesto Jurídico que actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga”. Lo que sí queda claro es que, entre lo que comentó y lo que se discute ahora, algo se trabó hace tiempo. En una línea similar se mostró su ex colega -y de nuevo ex kirchnerista- Carolina Moisés (Jujuy).

Voltereta con un pliego militar

Sin debate, la comisión de Acuerdos se reunió para analizar el pliego de ascenso de grado del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. Como ningún legislador quiso hacer uso de la palabra, se pasó rápido a la firma del dictamen.

El inconveniente fue que, como no sumó rúbricas de aliados, hasta pasadas las 16 no se había convertido en un despacho de mayoría. No le pareció lo mismo a la dirección de comunicación del Senado, que envió un comunicado con un grosero error y, a los pocos minutos, apuró una fe de erratas. Lo ocurrido no invalida que en los próximos días se salde este asunto y se obtenga el dictamen en cuestión. Si no, quedará en espera. Pasadas las 20 de este miércoles, las firmas seguían sin aparecer.

La actuación histórica de Lionel Messi en el debut mundialista de la Selección Argentina trajo algo de aire al Gobierno en términos mediáticos, pero esto podría ser temporal. Es que esta mañana comenzaron a circular fuertes versiones respecto de la continuidad de Manuel Adorni, sobre quien se posa una fuerte presión de la oposición (y de actores propios del oficialismo) para que dé un paso al costado. Por lo que pudo saber Infobae, el jefe de Gabinete no evaluó renunciar por estas horas y tampoco lo tiene en el horizonte de posibilidades.

En esta última semana se configuró una suerte de esquema informal compuesto por la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; con el objetivo de frenar la avanzada que la oposición dialoguista impulsa en ambas cámaras del Congreso en referencia a la situación de Manuel Adorni.

Una figura de la Casa Rosada los denomina “el Grupo de los 5″, que tienen encomendado por la cúpula libertaria el objetivo de postergar cualquier tipo de pedido de interpelación o de tratamiento de moción de censura por estas semanas. Al menos hasta el 2 de julio, cuando se prevé que Adorni vaya a brindar su Informe de Gestión al Senado. “Estuvieron hablando mucho este martes, pero hace tiempo que vienen repartiéndose tareas para poder frenar la embestida”, afirma una persona cercana a los referentes oficialistas.

Pese a que entienden que tienen más posibilidades de retardar una interpelación en el corto plazo, creen que habrá más insistencia en la medida que el tema de Adorni siga en la agenda mediática. No son muy optimistas sobre lo que vaya a pasar en las próximas semanas por varios factores. Uno de ellos es que el Gobierno está imposibilitado de anunciar medidas porque se empastan con la cuestión que involucra a Adorni. “Nada le gana a la historia del pendrive. Nada es tan denso”, afirma una fuente palaciega.

Es por eso que, por estas horas, surgieron versiones en el Senado sobre un posible mensaje del oficialismo a los alfiles opositores, en relación a que el jefe de Gabinete podría dimitir esta semana.

Ante los rumores, una fuente inobjetable cercana a Adorni afirmó a Infobae que “no hay nada de cierto” en que el jefe de Gabinete esté evaluando dar un paso al costado. En ese sector del Gobierno se limitan a apuntar a Bullrich. “Quiere ser jefa de Gabinete antes de la elección. Es su naturaleza. A ella no le importa apuntar contra alguien protegido por el Presidente”, afirman.

La lectura de que “Pato” quiere ser jefa de Gabinete es vista con extrañeza por los mismos compañeros de bancada de la senadora. Y no precisamente por aquellos que responden a ella. “Jamás renunciaría. Jamás. Nadie siente más el teorema de Baglini que un senador”, afirma a Infobae un importante alfil parlamentario del bloque.

Minutos después de publicada una nota periodística en La Nación sobre conversaciones entre operadores del oficialismo y senadores de una posible salida de Adorni, fue el mismo funcionario quien publicó en X un anuncio sobre los profesionales de la salud que egresen de universidades nacionales tendrán la opción de gestionar su título y matrícula nacional en un único trámite. La gestualidad no es menor: si bien el anuncio es prácticamente irrelevante en materia de agenda pública, lo que importó es el timing de ese tuit, el cual da a entender que va a seguir haciendo anuncios pese a que, supuestamente, tiene los días contados.

Quienes conocen muy bien al Presidente afirman que cualquier cambio de Adorni va a surgir de alguien que lo trate de convencer en la esfera privada. Son pocas las figuras del Gobierno que pueden hacerlo.

A muy pocas personas del oficialismo les resulta cómoda la salida de Adorni. El Presidente no quiere hacerlo porque siente que si lo habilita lo estaría entregando ante sectores ajenos que presionaron. Eso, según la lógica mileista, sería un aval para que utilicen el mismo modus operandi contra otros integrantes del Gobierno. Karina Milei ya no lo defiende como antes, pero su salida implicaría una derrota de su sector, ya que fue este el que lo puso en ese rol. En tanto, el sector ligado a Santiago Caputo ve en el jefe de Gabinete un tapón a la llegada de un eventual karinista más duro que quiera horadarlos.

“Manuel no renuncia no solamente porque no quiere. Sino porque tampoco lo dejan”, afirma una importante fuente del Gobierno. Por otro lado, quienes lo quieren ver afuera opinan que el factor clave que determinará si es “game over” o no es si la oposición consigue los votos en ambas cámaras para poder echarlo. De ser así, creen que la Casa Rosada debería adelantarse a esa jugada.

No es menor una cosa. Un importante actor de la mesa política que eran consultados la semana pasada sobre los rumores de reemplazo del jefe de Gabinete decía tajantemente que no había posibilidad y que “lo iba a defender”. Hoy, ese mismo funcionario fue contactado nuevamente y viró esa posición a un solemne “no la veo”. Una variación enunciativa que resulta sugerente, cuanto menos.

En ese sentido es que un funcionario que circula por los pasillos de la Casa Rosada describió que en el palacio ejecutivo hay “histeria y nerviosismo”. No son asuntos tranquilizadores para el clima del Gobierno, que no tiene fecha prevista para una reunión de Gabinete en el corto plazo. Solo se mostrarán todos juntos cuando viajen este sábado a Rosario por el acto del Día de la Bandera que encabezará Milei.

¿Pero quién sería un reemplazante? ¿Pablo Quirno? El karinismo no termina de tragarse ese eventual reemplazo por el acercamiento que tuvo en el último tiempo con Santiago Caputo. Y el asesor tampoco va a persuadir al Presidente para hacerlo para no darle la excusa a nadie del entorno de la hermana presidencial de que precipitó una salida de un funcionario tan importante como un jefe de Gabinete. Aun así, los rumores que surgen al respecto de este movimiento no son menores.

Nadie está convencido de la opción de Federico Sturzenegger porque les repele los niveles de dogmatismo que administra su sector, pudiendo hacer más mella con los pedidos de recortes y motosierra que fascinan al Presidente. Sobre todas las cosas, sería fuerte en términos simbólicos que esté arriba en el organigrama respecto al ministro de Economía, Luis Caputo. Con esa baja posibilidad, son pocos los que que se animan a sentarse en la silla eléctrica de la jefatura de Gabinete. Ni Diego Santilli ni Sandra Pettovello, figuras con buena valoración en todo el Gabinete, integran este grupo.

Así es que se conjuga una suerte de dulce espera sobre las adhesiones que logre conseguir la oposición en ambas cámaras del Congreso.

La jefatura de Gabinete informó el martes por la noche al Senado que Adorni concurrirá a presentar su informe de gestión el 2 de julio. El primer objetivo del oficialismo es que fracase la sesión prevista para este jueves en la Cámara alta, cuya organización debía terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El oficialismo quiere ganar tiempo hasta entonces y que un posible tratamiento primario de la moción de censura se dilate por casi un mes.

Milei opina que si la situación de Adorni no comprometió el último mes de buenas noticias económicas del Gobierno, esto podría ser igual en los meses posteriores. “Y ahora tenemos el changüí de la Selección. Eso sí, si perdemos en 16avos el clima puede virar”, afirma un estratega comunicacional del oficialismo.

Por lo pronto, Martín Menem quiere sesionar el 24 de junio para tratar el Súper-RIGI. En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados creen que no habrá adhesiones del PRO, de la UCR y de ciertos gobernadores que tienen intenciones de realizar acuerdos electorales con el oficialismo. “No veo a muchos aliados votando con el kirchnerismo y clavándonos el cuchillo con Manuel”, afirman cerca suyo. Hay quienes piden estar atentos a la Comisión de Asuntos Constitucionales: para que salga la firma del dictamen de censura de esa área, la oposición precisaría sí o sí un apoyo del PRO.

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez publicó este miércoles en su cuenta de X un extenso mensaje sobre su trayectoria personal, en el que incluyó una frase que comenzó a leerse como una respuesta indirecta a la posibilidad de que buscara la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en 2027.

El mensaje se da antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada en su conferencia matutina sobre este escenario, y de que dirigentes de Morena hubieran señalado en semanas previas que el senador no estaba descartado como aspirante.

La frase que cambia la lectura del mensaje

Hacia el final de su publicación, Inzunza escribió: “Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, en referencia a su cargo como senador, electo para el periodo 2024-2030.

Esta frase resulta significativa porque, de buscar la candidatura a gobernador en 2027, el senador tendría que solicitar licencia a su escaño antes de concluir su periodo, como ya lo hicieron el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos también señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

• Inzunza no mencionó de forma explícita la palabra “candidatura” ni se refirió directamente a la gubernatura en su mensaje.
• La interpretación de que se trata de un descarte se desprende del contexto y de la temporalidad de la publicación, no de una declaración categórica del propio senador.

Casi 50 días fuera de la vida pública

El mensaje llega después de que Inzunza acumulara cerca de 50 días de ausencia en actividades legislativas y de bajo perfil público, contados desde el 29 de abril, fecha en que el DOJ lo señaló junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.

Durante este periodo, el senador ha evitado acudir a sesiones clave del Senado, incluidas las de la Comisión Permanente, y ha sido sustituido en ocasiones por su suplente, Omar Alejandro López Campos, o por el senador Alejandro Murat. De acuerdo con reportes periodísticos, hasta el momento Inzunza no ha solicitado licencia a su cargo ni se ha presentado una solicitud formal de desafuero en su contra.

El contexto: la acusación del DOJ y la presión política

Este mensaje se suma a una serie de pronunciamientos públicos que Inzunza ha hecho desde que, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.

Entre los puntos relevantes del caso:

• La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 21 de mayo que Inzunza cuenta con ficha roja de Interpol, aunque otras dependencias de seguridad han señalado falta de confirmación oficial al respecto.
• El senador solicitó una licencia temporal a su cargo a finales de mayo, que duró menos de 24 horas, y se reincorporó al pleno del Senado.
• El Senado ha reconocido que desconoce el origen de los pagos que recibe el legislador tras el bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
• Hasta el momento, no existe una imputación formal en su contra en México, y el senador ha calificado los señalamientos del DOJ como “calumnias” e imputaciones “mendaces”, según declaraciones previas recogidas por medios nacionales.

Inzunza no hizo referencia directa a la acusación estadounidense en esta publicación más reciente, aunque cerró su mensaje con la frase que da pie al título: “Siempre recto, nunca enderezado.”

Nota: Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos forman parte de una investigación en curso. Hasta el momento, no han sido confirmadas como hechos definitivos por autoridades mexicanas, y el senador ha negado los señalamientos en su contra.

El Senado de la República aprobó en último debate la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que impone capacitaciones obligatorias sobre violencias basadas en género para funcionarios públicos con el objetivo de prevenir la revictimización de mujeres y niñas durante sus denuncias y trámites ante el Estado.

La votación en la plenaria, el martes 16 de junio de 2026, terminó con 52 votos a favor y uno en contra. La decisión responde también a una medida de reparación ordenada al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, sobreviviente de violencia sexual ocurrida en el 2000.

Durante la sesión, la comunicadora colombiana agradeció a los legisladores que respaldaron la iniciativa y lo consideró como un gran paso para salvar a miles de mujeres y niñas del país.

“Esta ley salva vidas. Seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar no lo tenga que enfrentar ninguna otra mujer en este país. Mi dolor y sacrificio han sido muy grandes, pero hoy, a cada uno de los hombres y mujeres que han dado su voto positivo, les digo que ha valido la pena y que no es hora de callar”, dijo Bedoya.

La norma llega en un escenario marcado por 121 feminicidios, 30 transfeminicidios, 15.785 casos de violencia intrafamiliar y 16.947 casos de violencia sexual reportados por la Fiscalía en el año 2025.

Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación indicó que el 92% de las quejas por acoso laboral con componente de género no llega a pliego de cargos. La misma fuente señaló que el 88% de los procesos por acoso termina archivado sin sanción.

Polémica en la sesión

Antes de su aprobación, se registró un momento que generó incomodidad en el Senado. La congresista Karina Espinosa (Partido Liberal) presentó ocho proposiciones para modificar el proyecto al considerar que estaba relacionado con la supuesta “ideología de género”.

“Para nadie es un secreto que ONU Mujeres y la Corte IDH nos quieren imponer la Agenda 2030 y la agenda de género”, indicó la senadora durante la sesión.

A esa postura se opusieron las congresistas Aída Avella, Martha Peralta, Isabel Cristina Zuleta, Aida Quilcué (Pacto Histórico) y Norma Hurtado (ponente del proyecto de ley), quienes argumentaron que Colombia ha ratificado compromisos internacionales para erradicar las violencias basadas en género, que esa supuesta ideología no existe y que bloquear la medida agregaba nuevas barreras para las víctimas.

De hecho, la misma periodista sostuvo que la postura de Espinosa se consideraría como una nueva revictimización en su contra. “Ella no se imagina lo que es pararse aquí, delante de ustedes, después de haber sufrido todo lo que yo he sufrido. Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada”, respondió Bedoya.

Ante esta situación, las proposiciones no fueron avaladas por las mayorías de la plenaria del Senado.

Detalles de la iniciativa

Uno de los puntos centrales de la normativa es que el Estado colombiano deberá capacitar a quienes reciben, tramitan, investigan o acompañan denuncias de violencias basadas en género para evitar que las víctimas vuelvan a ser agredidas por las instituciones.

También prevé mecanismos de seguimiento para verificar que esos conocimientos se reflejen en la actuación institucional.

“Esta ley orienta a que todo el Estado colombiano debe capacitarse buscando un solo y gran objetivo, el no revictimizar, el no hacer que la víctima repita una y mil veces la situación presentada, como le tocó a Jineth Bedoya que fueron 13 veces las que estuvo en diferentes instancias del Estado colombiano contando la misma historia, incluso frente a los victimarios. Evitar la revictimización de las mujeres es el gran objetivo de esta ley”, explicó la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), ponente de la normativa.

La iniciativa establece también revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de la formación, que cobijará a funcionarios de carrera administrativa, contratistas y particulares.

Tras superar sus cuatro debates en el legislativo, el proyecto quedó a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro para su entrada en vigor.

En medio de la germinación de una “Moncloa” opositora contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los titulares de los bloques del Senado deberán verse las caras esta tarde y desde las 18, en la reunión de Labor Parlamentaria que comandará la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para definir si sesionan o no mañana. A nadie le importa el temario del eventual encuentro y, como informó ayer Infobae, muchos dialoguistas se preguntan, desde hace varios días, por qué se insiste con ir al recinto -como empuja el kirchnerismo- en una semana “corta”, lo que eleva los dobles pensamientos y las desconfianzas en el corazón del propio mileísmo.

“Ni siquiera están los cambios extra en la ley de propiedad privada y ya la volvió a criticar la Iglesia horas atrás. Entiendo hubo alguna sugerencia para levantar Labor Parlamentaria, pero no se concretó. Al parecer, en nuestro propio espacio no hay coincidencias. Será interesante revisar la cronología de todo esto si el jueves termina de quebrarse todo para saber bien, a cara descubierta, de qué lado está cada uno”, reconoció a este medio un resignado legislador de La Libertad Avanza (LLA).

Con el vigente panorama y, de continuar igual, el sendero sería el siguiente: en Labor Parlamentaria se decidirá la sesión o unos días de alivio. Para el primer caso, al otro día, aterrizaje en el recinto. Si se planteara incorporar sobre tablas el pedido de interpelación de Adorni -presentado por el kirchnerismo-, el oficialismo apuntaría a que el mismo no fue dictaminado en la comisión de Asuntos Constitucionales y precisaría, para discutirse, la habilitación con dos tercios de los presentes. Por eso será trascendental lo que se opine en la cumbre de las 18. En caso de frenar, quedará todo atado con hilo.

En caso de trabajar mañana, que aparezcan dos tercios tras la máquina de sacar leyes que fueron los libertarios en las extraordinarias de diciembre y febrero pasado sería una herida muy fuerte sobre el control político real de la Casa Rosada nada menos que en la Cámara alta. Casi que tiraría todo lo construido -si es que puede llamarse de esa manera- en los últimos meses. El segundo, en tanto, sale solo: con ese número, también estaría garantizada la mayoría absoluta para validar el pedido de interpelación.

“Somos 21. Si los nuestros no nos fallan, cosa que no descarto a esta altura, y agregamos cuatro más, llegaríamos a 25 y bloquearíamos los dos tercios. Será algo arriesgado encontrar esas voluntades, pero no imposible. Todo esto, en caso de sesionar. Es increíble que siga firme Labor Parlamentaria. Como si alguien quisiera que el drama llegue igual”, lanzaron desde un despacho que defiende a la Casa Rosada.

Que el oficialismo consiga una resolución de ese tipo no deberá ser tomado como una victoria, ya que la misma será parcial. Lo más grave es que pondrá en juego toda su política de alianzas en la Cámara alta y, si dialoguistas votaran a favor de la habilitación sobre tablas por lo de Adorni, estarán obligados a demandar -después del recinto- que se convoque a Asuntos Constitucionales. Derivaría todo en una situación tóxica como la del reciente pasado, cuando la Casa Rosada no llamaba a debatir, por caso, una recomposición en jubilaciones. El final de aquel episodio es conocido.

Por otra parte, la bandeja de iniciativas que desea la Casa Rosada suma mucho volumen y hay textos en larga siesta que no logra destrabar la jefa de LLA, Patricia Bullrich. Otros, en tanto, fueron despedazados por los aliados antes de dictaminarse, sin objeción alguna de parte de la porteña. Y hay despachos ya firmados con reclamos de nuevas modificaciones, como la ley de propiedad privada que está -aún débil- anotada para la potencial sesión de mañana.

Durante la jornada de ayer, de lo único que se habló fue de Adorni, tanto defensores como detractores. Lo que no queda claro es si, en el primer grupo, todos los libertarios están alineados. Vale recordar que días atrás, en la votación de un simple pliego judicial, el mileísmo se dividió en tres. Son 21 senadores. Bullrich, la supuesta conductora.

La última del jefe de Gabinete: recién anoche envió su conformidad para activar, de manera oficial, el mecanismo de preguntas de cara al informe de gestión que ofreció dar, en principio, el 2 de julio. Tendría que haberlo dado en mayo, según el artículo 101 de la Constitución. Nadie en ese cargo lo cumple al 100%.

Luego de que la oposición, aliados y la vicepresidente, Victoria Villarruel, presionaran al jefe de Gabinete para que presente el informe de gestión, Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado de la Nación el próximo jueves 2 de julio. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae este martes por la noche.

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 02 de julio”, manifestó en la nota que el jefe de ministros envió al despacho de Villarruel.

Según el escrito al que tuvo acceso este medio, Adorni presentará “el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”. Tal como había anticipado, la visita será concretada en julio y no en junio, como esperaban los bloques aliados y opositores.

El anuncio llegó en medio de tensiones con diferentes bloques que buscaban avanzar con una moción de censura; en ese caso, sería el primer titular del Gabinete en ser sometido a este proceso. De hecho, en la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para este miércoles, los bloques esperaban definir si se incorporaría al temario tratar sobre tablas la interpelación del jefe de los ministros, en el caso de que se sesione el jueves.

El pedido comenzó a tomar fuerza durante la última semana, cuando los sectores dialoguistas, Villarruel y el bloque peronista manifestaron su rechazo a que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara alta recién en julio para brindar su informe de gestión. Por este motivo, legisladores de diferentes espacios presionaron para que Adorni se presente durante el corriente mes tras no haberlo hecho en mayo.

Durante la jornada del jueves, Villarruel había reiterado la solicitud a Adorni de que cumpla con su obligación constitucional y publicó en redes la carta enviada al funcionario. En su mensaje, la Vicepresidenta subrayó que Adorni no asistió al Senado desde que asumió en noviembre de 2025, por lo que exigió su presencia en junio.

“No habiéndose usted puesto a disposición de asistir a esta Cámara desde que ha asumido tan alta responsabilidad, le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”, apuntó la titular del Senado, tras convocar la Labor Parlamentaria para este miércoles 17 de junio a las 18:00 horas.

La fecha fue fijada luego de que el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, reclamara públicamente la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria con el mismo objetivo y recordara que el último informe fue el número 143, presentado el 26 de junio de 2025 por el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. De esta manera, mañana se definirá el cronograma y la agenda junto a los jefes de bloques oficialistas y opositores.

No obstante, el reclamo hacia Adorni se remonta a una semana atrás, cuando el jefe del kirchnerismo, José Mayans, solicitó formalmente a Villarruel que estableciera la fecha de presentación. Según constató este medio, el 8 de mayo envió una carta a la presidenta del Senado para requerir que el jefe de Gabinete asista al recinto y se indique el plazo para la presentación de preguntas por parte de los senadores.

“El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es que, como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”, criticó, según consta en la versión taquigráfica.

En ese mismo documento especificaron que, previo al informe, los legisladores pueden enviar centenares de requerimientos para que sean respondidos por escrito antes de la comparecencia. Sin embargo, hasta el día de la fecha, ninguna de estas acciones se habría concretado.

De acuerdo con la estrategia que planteó el jefe de Gabinete, la cita buscaría obligar a los legisladores a que el tradicional receso de invierno quede trunco, al menos, por 48 horas. Aunque se planteaba que el funcionario habría intentado retrasarlo por un mes y medio, solamente consiguió tener dos semanas de ventaja hasta el día de la cita.

La senadora hizo un repaso de su trayectoria, presentó un balance de su tarea como legisladora y expresó agradecimientos a sus colegas y a la ciudadanía.

“Cierro en este recinto del Senado de la República un ciclo vital, político y emocional. Me despido del Congreso de la República después de ocho años de trabajo, de debates, de luchas y con muchos de ustedes, de sueños compartidos. Fueron cuatro años como representante a la Cámara por Bogotá y cuatro años como senadora de la República”, dijo.

En su mensaje de despedida, Pizarro habló de los compromisos que guiaron su labor como la paz, la educación pública, la juventud, la memoria y los derechos de las mujeres colombianas.

“Llegué desde el primer momento a trabajar por la paz, por una educación pública para todas y para todos, por los jóvenes, por la memoria, por las mujeres colombianas y por construir un país siempre a la altura de nuestros sueños. Lo dije desde el primer día, siempre con un pie en la calle y otro en el Congreso. Quienes me vieron estos ocho años saben que jamás abandoné las calles ni su gente y que cumplí con rigor mi trabajo en este Congreso de la República”, agregó la funcionaria.

Por eso, agregó que se retira con la satisfacción del deber cumplido, “con la frente en alto” y aseguró que no sólo honró su palabra, sino a los colombianos: “Fue un honor haberles representado estos ocho años. Nos veremos en las calles y podré tener la tranquilidad de abrazarles, porque me voy con la satisfacción del deber cumplido. En este Congreso transcurrieron ocho años de mi vida. Aquí debatí”, concluyó.

El retiro de María José Pizarro es el cierre de una etapa en el legislativo colombiano, pero es de la misma manera la apertura a otras tareas de carácter político.

Lo que sigue en la carrera de María José Pizarro

El proyecto político del progresismo en Colombia también contará con el apoyo de la hasta ahora senadora; especialmente, por el papel que ha cumplido como jefe de debate de la campaña del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su último mensaje fue clara en afirmar que buscará abrirse un espacio más amplio con la gente en las calles del país con tareas como la que ya está ejerciendo en la campaña presidencial.

Al respecto, las tensiones en el escenario electoral se incrementan motivadas por la senadora que, en la recta final de disputa por la Casa de Nariño, está dirigiendo críticas directas al candidato presidencial opositor, Abelardo de la Espriella, a quien acusó de incoherencia y de promover propuestas regresivas.

En algunas de sus publicaciones más recientes en redes sociales, Pizarro cuestionó la consistencia del discurso del aspirante. “A días de las elecciones vuelve a cambiar su discurso y pretende borrar lo que ha dicho a lo largo de toda su vida y en esta campaña”, afirmó que insiste en calificar a De la Espriella como “tenebroso”.

Entre los puntos centrales de su cuestionamiento, Pizarro advirtió sobre las promesas de “seguridad total en 90 días”, la propuesta de gobernar por decreto, la eliminación de derechos fundamentales y la intención de “destripar a la oposición”. Según la senadora, “van en contra del espíritu de la Constitución del 91” y representan riesgos para la democracia colombiana.

La legisladora también puso en duda el entorno que rodea a De la Espriella y su supuesta intención de renovación política. “Promete mano dura contra los delincuentes, pero hizo carrera defendiéndolos. Dice que va a gobernar con los nunca, pero está rodeado de los de siempre”, denunció.

La senadora del Pacto Histórico insistió en que la propuesta de De la Espriella “no es un cambio, es un regreso al pasado, pero con más rabia, con mucho más odio y con mayores riesgos para ti y para tu familia”.

Mediante una seguidilla de decretos, el Poder Ejecutivo oficializó este martes 15 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Las publicaciones forman parte del proceso de cobertura de vacantes que derivó de la aprobación de 75 pliegos en el Senado, durante la sesión del 4 de junio.

Los designados ocuparán cargos en juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires: 11 de ellos corresponden al Poder Judicial y 4 al Ministerio Público —3 del Ministerio Público de la Defensa y 1 del Ministerio Público Fiscal—.

En el fuero penal federal del conurbano bonaerense, Claudio Ricardo Silvestri fue designado juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata por el decreto 453/2026, y Pablo Ezequiel Wilk ocupará el mismo cargo en el TOF N° 2 de esa misma ciudad, por el decreto 455/2026. Ambas posiciones estaban vacantes en una jurisdicción con múltiples tribunales sin magistrado titular.

Para la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala I, el texto 464/2026 nombró vocal a Laureano Alberto Durán, quien hasta su designación se desempeñaba como secretario de ese mismo organismo. Se trata del hijo del fallecido camarista de la capital provincial, Alberto Ramón Durán.

Por otro lado, en el ámbito de la Capital Federal, los nombramientos abarcaron distintos fueros. Paula Fuertes y Soledad Eugenia Mariño fueron designadas juezas en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N° 14 y N° 18 —bajo los decretos 460 y 462—, respectivamente.

José Miguel Guerrero cubrirá el Juzgado N° 1 del mismo fuero, según estableció el texto oficial 457/2026, y María Gloria Capanegra el N° 17, designada a partir del decreto 461. En tanto, la normativa 459/2026 Laura Wiszniacki nombró jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 62.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó también la designación de Jorge Djivaris como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, y Analía Victoria Romero ocupará el mismo rango en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, de acuerdo a los decretos 463 y 465.

En el fuero de la seguridad social, Diego Allievi fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10, según el escrito 452/2026 que lleva la firma del presidente, al igual que el resto de los documentos.

Ministerio Público

Los cargos dentro del órgano independiente del Poder Judicial quedaron ocupados de la siguiente manera: como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, fue designado Santiago Vismara reconocido por llevar adelante la investigación en el caso del empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado por la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues en una fiesta. El nombramiento de Vismara quedó firme con la publicación del decreto 454/2026.

En el Ministerio Público de la Defensa, Lucas Marcelo Bellotti San Martín (decreto 458/2026) y Marcela Lorena Sasso (466/2026) fueron nombrados Defensores Públicos de Menores e Incapaces, ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo de la Capital Federal —Defensorías N° 2 y N° 3, respectivamente—.

Mientras que María Inés Reston fue designada Defensora Pública Oficial ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1, de acuerdo al texto oficial 456/2026.

Todos los designados con acuerdo del Senado de la Nación se sumaron a las oficializaciones que el Gobierno hizo la semana pasada, entre los que figura Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti.

Los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026 dejaron firme a Rosatti frente al Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; Walter Alberto Rodríguez, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción, y Santiago Joaquín Saux, quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

En paralelo a la evasión del debate de la reforma política para, de esa manera, no hablar de Ficha Limpia, el oficialismo senatorial, que lidera Patricia Bullrich, intentará desde mañana que las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General debatan la ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Otro articulado de este funcionario podría incluso ir al recinto el jueves, si es que la Casa Rosada logra coincidir con la oposición dialoguista para más cambios en propiedad privada. En las últimas semanas, los aliados le despedazaron el proyecto a la porteña, que cedió bastante para un dictamen y, ahora, deberá soltar aún más en algo importante para Balcarce 50. Siempre y cuando no estalle la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en Diputados. Se discutirá ahora en un plenario de dos comisiones comandadas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

"Hojarasca" agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó durante el debate en comisiones de la Cámara baja que el proyecto apunta a “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la sustitución de marcos jurídicos antiguos por articulados más modernos.

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

El desinterés de Bullrich y la Casa Rosada para abrir el juego de la reforma política y así evitar que aliados intenten separar Ficha Limpia -y firmar un dictamen- queda ratificado no sólo por el temario del plenario para las 15: Asuntos Constitucionales -es decir, Coto- convocó una hora más tarde para tratar un proyecto de -la casi nada dialoguista- Natalia Gadano para avalar el convenio de creación del parque interjurisdiccional marino “Monte León” entre el Estado nacional y Santa Cruz. Es el nivel de prioridades que manejan la porteña y el Gobierno.

Más allá de todo esto, lo trascendental de mañana ocurrirá a las 18, en la reunión de Labor Parlamentaria que convocó la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí, los líderes de las bancadas definirán la eventual sesión del jueves. El kirchnerismo presiona para dinamitar la suerte de Adorni esa jornada, mientras radicales y macristas avisaron que prefieren no poner las manos en el fuego por un mimado de los hermanos Milei.

El panorama es delicado y muchos se preguntan, a esta altura, por qué se insiste con ir al recinto en una semana “corta”, lo que eleva los dobles pensamientos y las desconfianzas en el corazón del mileísmo. De hecho, el escenario actual fue aprovechado a la perfección por Bullrich, que se le adelantó hasta la oposición más férrea. El inconveniente de la ex ministra de Seguridad es que lo hace como jefa libertaria y, días atrás, su propio espacio se partió en tres por un simple pliego judicial, lo que reventó la visión de control sobre la Cámara alta. Sí ganó un puñado de primeras planas, una de sus obsesiones desde ingresó al mundo “casta”, hace ya varias décadas.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, perdió el control del recinto días atrás -mientras aprovecha el caso Adorni para limar a su propio Gobierno- y le sumó un nuevo inconveniente a los hermanos Javier y Karina Milei por el ascenso del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. No se sabe aún si esto se repite en la Cámara alta, tras los groseros tropiezos del oficialismo legislativo -a cargo de la porteña- de las recientes semanas.

Bullrich terminó de ceder varios botones del comando tras el escándalo por un pliego judicial en el que su propio bloque, La Libertad Avanza, votó a favor, en contra y tuvo la abstención de la ex ministra de Seguridad. Complejo operar un futuro prominente para alguien que fractura en tres a una bancada de 21 integrantes. A esto se agrega que, desde hace meses, la otrora líder macrista no resuelve simples ascensos diplomáticos ya dictaminados, los cuales inhiben al resto en la carrera de la Cancillería. También aportó lo suyo Pablo Quirno.

Otra lupa grande se direcciona hacia el presidente de la comisión de Acuerdos, el aparente “karinista” Juan Carlos Pagotto. Fue él quien pisoteó y no publicó el despacho judicial que generó el embrollo. Días atrás, por orden de la Casa Rosada, buscó acelerar las firmas. Si esto ocurriese el miércoles y, de aprobarse pronto en el recinto, el postulante quedaría a tiro de una idea que circuló por el Ejecutivo: ubicarlo como número uno del Ejército. El conflicto surgió por el inevitable freno que activó la oposición dialoguista, clave para que salga todo lo que desea Balcarce 50.

“En la última sesión tuvimos que aplazar la discusión de la ley de propiedad privada y quedó para los próximos días, si logramos llegar en paz al recinto. En vez de serenarse, Pagotto y Bullrich llamaron sin avisar a Acuerdos. Para un punto solo. Un delirio. Piensan que es gratis tomar el pelo a quienes suelen ayudar. Si llegamos a la comisión, espero no aparezcan nuevas cosas raras con el pliego”, sentenció un aliado a Infobae. La referencia apunta hacia informes periodísticos relacionados con supuestas irregularidades en compras militares.

Lo más curioso es que, en Acuerdos, Bullrich sobrepasó todos los límites de convivencia -gracias a que fue avalada por el número en el recinto- y le aplicó al kirchnerismo una fuerte piña: de 17 lugares, le dejó dos en vez de cinco, que era el plan “original” avalado por oficialismo y dialoguistas. ¿Qué hizo la porteña? Como el cristinismo no se quería presentar a trabajar, le dio un lugar extra a la tucumana Sandra Mendoza, a la salteña Flavia Royón y al riojano Fernando Rejal.

Vale recordar que aquí es donde se inició el estallido por el pliego judicial que tanto dañó a la Casa Rosada y sobre el que se subió la ex ministra para hacer política. En la definición en el recinto y, luego de tanto drama, se abstuvo en vez de apoyar a una candidata observada sólo por ser familiar de un periodista que no cae bien en Balcarce 50.

Ibáñez está propuesto para pasar de general de brigada a general de división. Tras ello, le restaría el grado de teniente general, que es el máximo. La oposición dialoguista se pregunta por qué tanto apuro y si vale la pena acompañar el miércoles con las firmas. A partir de ahí, se ramifica: por fuera de la dupla Milei, en el Senado hay quienes comentan que al ministro de Defensa, Carlos Presti, no le agradaría el ascenso en cuestión. En tanto, otros le restan importancia a las acusaciones y creen que el militar tiene una carrera sólida que le permite soñar con lo que la secretaria general de Presidencia tenía pensado tiempo atrás y, por ahora, se encuentra bloqueado.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, festejó días atrás el arribo a los 70 años con salud -lo más importante-, pero sin un control del recinto que terminó de perder la semana pasada y luego de una caótica sesión que llevó a pensar, entre líneas, la incongruencia entre operar una eventual candidatura y no poder ordenar, ni siquiera, a su propio bloque. Mientras transcurren los meses y la Casa Rosada ve el freno de leyes que desea, y cómo los dialoguistas le despluman las iniciativas a la ex ministra de Seguridad, el vaso de Ficha Limpia se llenó y está a dos gotas de rebalsar, con legisladores que comenzaron a hartarse de las volteretas de la porteña y actuarían en los próximos días.

A pesar de la -hasta ahora- voluntad de ayudar en lo posible al Gobierno, la crisis por Ficha Limpia terminó de estallar el martes pasado, cuando oficialismo y aliados se reunieron en las oficinas principales de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, que comanda el correntino Eduardo Vischi (Corrientes). Allí se le preguntó a Bullrich por la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales -la maneja el libertario Agustín Coto- para continuar el debate de la reforma política que no sólo incluye ese tema, sino también modificaciones profundas en los partidos, el botón de “lista” completa en Boleta Única de Papel (BUP) y el objetivo mayor de la Casa Rosada: dinamitar las PASO. Hoy, casi nada de esto tiene adeptos.

Semanas atrás, Coto señaló delante de senadores -cotejable con la versión taquigráfica de ese encuentro-, en la primera reunión para analizar la reforma política, que no había “ninguna intención de tratar todo junto”. No fue lo que planteó la porteña el martes: reconoció que no convoca a la comisión porque “no están los votos” para la ley completa, algo que ya se sabía. El problema de la mentira que saltó en esa cumbre es que el titular del PRO, Martín Goerling (Misiones) ya pule un borrador de dictamen junto a la filo radical Edith Terenzi (Chubut) y, ni bien se abra una oportunidad, propondrían a quienes integran Asuntos Constitucionales que firmen un despacho. Engloba recomendaciones de otros legisladores que empujan articulados parecidos sobre Ficha Limpia.

La senda de esta novela parece más despejada este año, salvo para la “casta”. El Gobierno libertario dice odiarla aunque, cada vez que puede, parece ser funcional a ella. Meses atrás, Infobae contó que, en esta ocasión, la mayoría absoluta de 37 ya estaría asegurada, en base a quienes ya la votaron y quienes representan bancadas que defienden Ficha Limpia. Por eso hay que prestar atención al llamado de atención de Goerling, que semanas atrás recibió de Mauricio Macri una sugerencia clara para acelerar la iniciativa. Anteayer, el misionero participó de un evento en su provincia junto a Gastón Marra, principal impulsor del proyecto en representación de movimientos ciudadanos.

El inconveniente para Bullrich es que, de no haber novedades, dialoguistas ya analizan realizar una reunión similar en la propia Cámara alta y dejar expuesta la negativa -ahora, reconocida- de la porteña y los hermanos Milei para no tratar Ficha Limpia -si es que no se vota en conjunto con la reforma política-, que es el máximo aspiracional del kirchnerismo. Cuando se cayó la ley, en mayo de 2025, el interbloque lo celebró como un gol en un mundial. Ese día también voló la témpera justicialista que algunos intentan usar para venderse como alejados del kirchnerismo. Son los más peligrosos y los primeros que, después, agachan la cabeza. La foto de la reciente conferencia de prensa para criticar la “injusta condena” contra la ex presidenta es una muestra de ello. Otros, más pícaros, juegan a diferenciarse y llevan y traen información.

Lo que demuestra todo esto es que la brújula del peronismo está rota desde mucho tiempo y no hay nadie que quiera, busque o desee de verdad el único insumo vital para el peronismo: el poder. Encima, en Diputados y el Senado votan de manera diferenciada como si fuese algo habitual y rutinario. La distancia entre los representantes y la militancia se encuentra más abultada que nunca y sólo sobreviven aduladores, un puñado de operadores y los otrora poderosos gobernadores, una “liga” más pintada que nunca. Bajo todo esto, celebran que los libertarios dilaten el tratamiento de Ficha Limpia, enviada a siesta. La última de Bullrich: avaló que Asuntos Constitucionales trabaje la semana próxima -miércoles- para la ley “Hojarasca” y un convenio de “Creación del Parque interjurisdiccional marino Monte León”. Silencio y zigzagueo sobre lo otro. Pretende, al día siguiente, que los “friendly” vayan al recinto y le den los votos para el proyecto de propiedad privada, que será más fileteado y desagradará al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Luego de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento del 100% de las 92.766 actas electorales correspondientes a la elección de la nueva Cámara de Senadores, integrada por 60 escaños. Con ello, quedaron definidos los resultados oficiales de la votación al Senado, en la que participaron 35 organizaciones políticas a nivel nacional.

Los datos publicados por la ONPE muestran que Fuerza Popular obtuvo la mayor cantidad de votos válidos, seguida por Juntos por el Perú y Renovación Popular, consolidándose como las tres fuerzas políticas más respaldadas por los electores en esta elección legislativa.

En total se registraron 14.795.241 votos válidos y 20.194.622 votos emitidos, mientras que los votos nulos y en blanco superaron conjuntamente los 5,3 millones de sufragios.

Fuerza Popular lidera la votación

De acuerdo con los resultados oficiales, Fuerza Popular ocupó el primer lugar con 2.227.962 votos, equivalentes al 15,059% de los votos válidos y al 11,032% de los votos emitidos.

El segundo puesto fue para Juntos por el Perú, que alcanzó 1.808.783 votos (12,225%), mientras que Renovación Popular quedó en tercer lugar con 1.633.110 votos (11,038%).

Completaron los primeros lugares el Partido del Buen Gobierno con 1.549.920 votos, Partido Cívico Obras con 1.307.340 votos y Ahora Nación con 1.210.147 votos.

Los 10 partidos más votados

Según la ONPE, las diez organizaciones políticas con mayor respaldo ciudadano fueron:

1. Fuerza Popular — 2.227.962 votos
2. Juntos por el Perú — 1.808.783 votos
3. Renovación Popular — 1.633.110 votos
4. Partido del Buen Gobierno — 1.549.920 votos
5. Partido Cívico Obras — 1.307.340 votos
6. Ahora Nación — 1.210.147 votos
7. Partido País para Todos — 859.371 votos
8. Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso — 524.212 votos
9. Partido SíCreo — 405.601 votos
10. Alianza para el Progreso — 392.855 votos

Más atrás se ubicaron agrupaciones como Podemos Perú, Partido Aprista Peruano, Frente de la Esperanza 2021, FREPAP y Somos Perú, entre otras organizaciones participantes.

Más de 5 millones de votos nulos y en blanco

La información oficial también revela una importante cantidad de sufragios que no fueron asignados a ninguna organización política.

Los votos nulos sumaron 3.123.742, cifra equivalente al 15,468% de los votos emitidos. Por su parte, los votos en blanco alcanzaron 2.275.639 sufragios, representando el 11,269% del total.

En conjunto, ambos conceptos acumularon 5.399.381 votos, una cantidad superior a la obtenida individualmente por cualquiera de los partidos que participaron en la elección senatorial.

Resultados finales del Senado 2026

Con el procesamiento del 100% de las actas electorales, la ONPE dio por concluido el conteo oficial para la elección de senadores. Los resultados servirán como base para la asignación de los 60 escaños del Senado, conforme a las reglas establecidas en la legislación electoral vigente.

La culminación del cómputo marca el cierre de una de las principales etapas de las Elecciones Generales 2026, en las que los ciudadanos eligieron a los representantes que integrarán la nueva cámara legislativa durante el próximo período parlamentario.

Los resultados completos pueden ser consultados por la ciudadanía a través de la plataforma oficial de la ONPE, donde se encuentra disponible el detalle de la votación obtenida por cada una de las 35 organizaciones políticas que participaron en los comicios.

Después de la crisis que generó por los pliegos judiciales y la conducción -y capital- que dilapidó en la caótica sesión del jueves pasado, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, ya tiene a tiro otro tema para exponer aún más a Javier Milei y a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei: la marcada demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para asistir a la Cámara alta y ofrecer un informe de gestión.

Las visitas del funcionario están reguladas por la propia Constitución, en el artículo 101: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Nadie cumplió desde la reforma de la Carta Magna de 1994. Recién en abril lo hizo en Diputados.

Hoy se cumple un mes de la solicitud consumada por el líder del kirchnerismo en el Senado, José Mayans. En aquella ocasión, el formoseño envió -8 de mayo- una misiva a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que “fije la fecha” y Adorni “concurra” a dar “cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Además, en la carta requirió que se notifique “el plazo para la presentación de los requerimientos al Sr. Jefe de Gabinete por parte de los/as señores/as senadores/as”. Es decir, centenares de preguntas para el documento que luego se entrega -con respuestas- a los legisladores y por escrito antes de la exposición en el recinto. Nada de esto ocurrió aún.

El jueves último, Mayans no perdió la chance -frente a Bullrich- y señaló, según consta en la versión taquigráfica: “El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”.

Al inicio del convite, el cristinista Carlos Linares (Chubut) reclamó, al igual que Bullrich tiempo atrás, por los papeles de Adorni. En ese sentido, aseveró: “Queremos que pase rápido, queremos hablar del mundial -en referencia, al de fútbol-, pero todavía estamos esperando que encuentre su declaración y que la presente, que sea pública, para ver cómo hizo para crecer económicamente este hombre que en sus declaraciones a la prensa de todos los días hablaba de su honestidad“.

La porteña abrió el recinto para esto y ni siquiera pudo aprobar la ley de propiedad privada -los dialoguistas se la desplumaron en comisiones-, que fue aplazada. En principio, la ex candidata a presidenta por el macrismo se juntaría mañana con los jefes aliados para intentar reacomodar el complejo panorama que desataron sus picardías. Esta semana cumple 70 años.

Diferenciación por discapacidad

Mientras la Casa Rosada continúa con la no aplicación de una ley vetada por Milei, pese a haber sido insistida por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, Villarruel firmó un decreto para crear un “Taller de Símbolos Patrios” destinado a “personal con discapacidad que preste servicios” en el Senado, cuya “participación será de carácter voluntario”.

El taller tendrá “por objeto fomentar la elaboración, utilización y difusión de símbolos patrios, elementos ornamentales y recuerdos institucionales en festividades patrias, visitas guiadas, viajes oficiales, actividades institucionales, actos protocolares, culturales, y su exhibición y comercialización en la tienda de presentes institucionales del Organismo”.

La Cámara alta cumple, desde hace muchos años y con diversas administraciones, con la ley que impone un 4% de personal con discapacidad en entes públicos. Según su propia web, hasta agosto de 2025 marcó un 6,07% de empleados.

Otro problema en el Senado: dialoguistas, Victoria Villarruel y el peronismo no quieren que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente recién en julio para dar un informe de gestión en el recinto de la Cámara alta y presionan para que lo haga durante el corriente mes, tras no haberlo hecho en mayo, algo que le corresponde según la Constitución.

Las visitas del funcionario están reguladas por el artículo 101 de la Carta Magna, que plantea: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Nadie cumplió desde la reforma de 1994. Recién en abril lo hizo Adorni en Diputados.

Días atrás se cumplió un mes de la solicitud consumada por el líder del kirchnerismo, José Mayans. En aquella ocasión, el formoseño envió -8 de mayo- una misiva Villarruel para que “fije la fecha” y el empleado público “concurra” a dar “cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Además, en el documento requirió que se notifique “el plazo para la presentación de los requerimientos al Sr. Jefe de Gabinete por parte de los/as señores/as senadores/as”. Es decir, centenares de preguntas para el mega bloque de respuestas que luego se entrega a los legisladores antes de la exposición en el recinto. Nada de esto ocurrió aún.

Pasado el mediodía, el titular del PRO, Martín Goerling, reclamó a la titular de la Cámara alta que llame a una reunión de Labor Parlamentaria con el mismo fin y recordó que “el último informe recibido ha sido el 143, de fecha 26 de junio de 2025, brindado por el Dr. Guillermo Francos”.

Tras ello, Villarruel aprovechó y cargó en un tuit la carta que mandó a Adorni para que “cumpla con su obligación”. En el mensaje en redes, ahondó: “Sin embargo, el Jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en, noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”.

El jueves último, Mayans no perdió la chance y señaló, según consta en la versión taquigráfica: “El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”.

Durante la jornada de hoy, Villarruel también remarcó: “No habiéndose usted puesto a disposición de asistir a esta Cámara desde que ha asumido tan alta responsabilidad, le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”. La vicepresidenta ya convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles que viene -18 horas- y así definir con los titulares de bancadas oficialista y opositoras. Hay una sesión en agenda para el jueves y aún hay dudas sobre la ley de propiedad privada que pretende la Casa Rosada.

El deseo de Adorni de aterrizar en la Cámara alta para julio tiene una picardía y una trampa. La primera: forzar a legisladores a que el tradicional receso de invierno quede trunco, al menos, por 48 horas. La segunda es la peor y va en contra del funcionario: intentar ganar más de un mes y medio de plazo extra para mostrarse en el recinto.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, acumula sin parar leyes que pretende la Casa Rosada desde hace largas semanas y no logra destrabar, ni siquiera, una. La de “zonas frías”, que en Diputados salió con esfuerzo tras crear guiños hacia sectores “cálidos”, se hundió rápido en la Cámara alta y, ahora, un filo dialoguista -acompaña casi nada al Gobierno- reclama que se declaren áreas “polares”, por lo que el destino del proyecto, si no es de siesta, involucrará inevitables modificaciones y un regreso, en segunda revisión, a la Cámara baja.

El sistema actual fue impulsado por Máximo Kirchner, durante la era de su “compañero” Alberto Fernández, y sirvió como una de las estocadas finales del mega descalabro energético que por años fomentó el cristinismo; incluso, con el bolsillo del payaso ya reventado. Diputados hizo las cosas rápido, la administración central cerró con un puñado de gobernadores -curiosos guiños a zonas “cálidas”, lo que hizo más delirante el debate- y, de esa manera, le pasó la pelota de titanio al Senado.

Con el aterrizaje del texto a la Cámara alta se asomó, con mayor claridad y contundencia, un eventual adiós a la diferencia nada menor entre el beneficio vigente sobre la boleta final, en comparación del que se haría sobre el costo de generación del gas, que es el ítem menos jugoso en comparación con la distribución. A fines de mayo pasado, un aliado reflexionó ante Infobae: “Nos mandaron a activar un palazo en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos el etiquetado frontal de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”.

Días atrás, el silvestre provincial y semi dialoguista José María Carambia (Moveré Santa Cruz) presentó un proyecto para imponer una “bonificación adicional por ‘Zona Polar’, aplicable a los consumos residenciales de gas natural por redes y al gas propano” para su distrito y Tierra del Fuego, que será “equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS”. En tanto, el segundo artículo plantea que “los usuarios residenciales comprendidos en el Régimen Zona Polar gozarán de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de la prestación del servicio público de gas natural por redes y gas propano”.

“Durante los últimos años, los aumentos tarifarios impactaron fuertemente sobre los usuarios residenciales de la región, generando facturas imposibles de afrontar para miles de vecinos. La eliminación de bonificaciones, la reducción de subsidios diferenciales y el incremento sostenido de tarifas provocaron un deterioro significativo en la capacidad de pago de los hogares patagónicos”, señaló Carambia en los fundamentos de su propuesta.

Según el -por momentos- indescifrable legislador, “a ello se suma una realidad paradójica: Santa Cruz es una de las principales provincias productoras de gas natural de la Argentina”. Y agregó: “La región aporta recursos energéticos estratégicos para el país, mientras sus habitantes afrontan costos crecientes para acceder a un servicio esencial”.

En las picardías pinceladas dentro de lo que aprobó Diputados sobre zonas frías -por caso, deudas-, la Nación expuso también a las provincias, con situaciones similares y la lupa direccionada hacia cómo se fondearon campañas electorales. Un puñado de parlamentarios conoce a la perfección ciertas historias. No sólo eso: se volvió a poner, en el foco de atención, el pisotón de mamut sobre fondos fiduciarios para defender, como sea, el superávit fiscal, el corazón del programa libertario.

Bullrich nunca tuvo en cuenta a Carambia para la aprobación de leyes, desde diciembre pasado. Tampoco, a Natalia Gadano. No obstante, a la observación del primero se suman aliados que siempre buscan un entendimiento más viable y sano con el Ejecutivo y que, en este caso, ya no sólo le avisaron a Bullrich, sino también a otros funcionarios relacionados con el tema y responsables políticos de peso.

Para el último caso, se empezó a sospechar de los mensajes que traslada la porteña hacia Balcarce 50. El papelón por los pliegos judiciales de la semana pasada y el insólito -y casi eterno- cruce de llamadas en medio de la sesión confirmaron las dudas de un puñado de legisladores -incluso, propios- sobre ex ministra de Seguridad. Esto ya ocurrió durante la primera mitad de la gestión. No terminó bien para el oficialismo.

La sesión de la Comisión Permanente en el Senado terminó en un choque entre Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán, después de una discusión entre morenistas, panistas y priistas sobre crimen organizado, el “Halconazo” de 1971 y el triunfo del PRI en Coahuila el pasado 7 de junio, un intercambio que derivó en reclamos sobre el control del debate y el papel de la presidencia de la Mesa Directiva.

El choque estalló después de que Castillo Juárez sostuvo que los cárteles del narcotráfico no surgieron en gobiernos de Morena, sino en administraciones del PRI y del PAN. La morenista enumeró que el Cártel del Golfo se fundó en 1984, el Cártel de Sinaloa en 1987, el Cártel de Juárez en 1989 y los Zetas en 1997, además de que este último grupo se separó del Cártel del Golfo en 2010.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado afirmó también que “el daño del neoliberalismo ha sido muy profundo” y dijo que lo hecho al país por el régimen del “PRIAN” no se remedia “en un día o de la noche a la mañana”. Añadió que la guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón “fue más bien una alianza entre el gobierno panista con el Cártel de Sinaloa” y ligó ese señalamiento al encarcelamiento de Genaro García Luna en Estados Unidos.

El PRI respondió con la senadora Carolina Viggiano, quien reconoció que México arrastra desde hace años el problema de la delincuencia organizada, pero sostuvo que actualmente “está peor que nunca, porque se coludió con el gobierno, porque pone gobernadores, porque pone alcaldes, porque pone presidentes de la República”.

Viggiano agregó: “Y es imposible poder combatir a la delincuencia si son tus aliados, si son tus compañeros de lucha. Por eso no lo han podido hacer. Rompan el pacto de impunidad”.

Lilly Téllez desató el momento de mayor tensión en el salón

El desorden subió cuando la diputada de Morena, Andrea Navarro, tomó la tribuna. En ese momento, la senadora panista Lilly Téllez comenzó a increparla desde su escaño, gritó “narcos” a los morenistas y exigió que entregaran a Rubén Rocha Moya.

Ese episodio provocó un conflicto entre ambas bancadas y obligó a intervenir a Castillo Juárez. Desde la presidencia, la senadora preguntó: “¿Tiene que haber un coordinador, no hay un coordinador en Acción Nacional para que coordine a su grupo parlamentario?, por favor”, y después le dijo a Téllez: “Respétese a sí misma”.

Castillo Juárez también cuestionó que no hubiera control sobre la legisladora panista y, al referirse a López Rabadán, sentada a su lado, señaló: “Pues no hay nadie que la coordine, desde aquí del área de la Mesa Directiva tendría que verse que es una senadora del Partido Acción Nacional debería de haber orden”. La presidenta del Senado decretó entonces un receso para bajar la tensión y permitir que se calmaran los ánimos. Minutos después, la sesión se reanudó.

Kenia López respondió desde tribuna y pidió a Laura Itzel Castillo comportarse “como una mujer de Estado”

Ya reabiertos los trabajos, Kenia López Rabadán pidió la palabra desde tribuna para responder a la presidenta de la Comisión Permanente. La panista le reclamó que debía “comportarse a la altura de la responsabilidad que tiene”.

López Rabadán sostuvo: “Usted preside un cuerpo colegiado, no importa si lo que aquí se dice a usted le gusta o no. Yo he presidido la Cámara de Diputados y lo he hecho con honor, y a mis compañeros diputados les consta. Jamás, desde el micrófono de la Presidencia, me he atrevido a citar a su coordinador. Nunca, incluso cuando sus diputados han estado intentando boxear hasta con sus propios compañeros”.

Enseguida lanzó la frase: “Compórtese como una mujer de Estado, porque claramente aquí cada legislador y legisladora tiene derecho a fijar su posición, cada legislador y legisladora representa a millones de mexicanos”.

La legisladora panista añadió: “Hoy usted, señora presidenta, se atrevió a citar a su padre, hónrelo, hónrelo con pluralidad, hónrelo con respeto, hónrelo con altura de miras, porque, por supuesto, aquí cada legisladora y cada legislador tiene derecho a defender su posición política e ideológica. Señora presidenta del Senado, no se comporte como Noroña. Usted merece respeto”.

Antes de levantar la sesión, Laura Itzel Castillo Juárez sostuvo que “fueron los actos de una persona legisladora del grupo parlamentario del PAN los que rompieron el orden, en una abierta intención de impedir los trabajos de este órgano legislativo”.

La senadora de Morena dijo que seguirá cumpliendo con su responsabilidad para que los trabajos de la Comisión Permanente se desarrollen en orden, con respeto y en apego a las normas. También afirmó que mantendrá esa conducta “a pesar de que a algunos y algunas les incomode” e invitó a los legisladores a conducirse a la altura de sus investiduras.

No fue en un palenque ni en una plaza pública. Esta vez, los acordes de “El Sinaloense” resonaron en el recinto legislativo más importante del país: La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga tocó en el Senado de la República, donde recibió un reconocimiento oficial por sus más de 60 años de trayectoria artística.

El homenaje fue organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM, y contó con la presencia de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien entregó personalmente el reconocimiento a la agrupación.

“Por el trabajo que realizan a favor de la cultura de nuestro país”

Esas fueron las palabras con las que Castillo Juárez justificó el galardón, reiterando que desde la Cámara Alta se reconocen “nuestras tradiciones, la música y a los artistas” que han llevado el nombre de México más allá de sus fronteras.

Silva Romo, por su parte, destacó que la banda sinaloense representa una fusión única: el talento mexicano combinado con instrumentos de viento de origen europeo, una síntesis que, según el legislador, ya no pertenece a una sola entidad federativa sino al mundo entero.

“Estas expresiones culturales musicales que encienden las fiestas, que encienden los corazones, que elevan el espíritu de tantas y tantos mexicanos”, dijo el senador.

Del Limón de los Peraza al mundo

La historia de la banda es también la historia de una comunidad. Todo comenzó en el pequeño poblado de Limón de los Peraza, en Sinaloa, donde un grupo de músicos locales empezó a animar fiestas patronales y eventos sociales bajo el nombre de Banda El Limón. Con el tiempo, la agrupación emigró a Mazatlán, donde profesionalizó su propuesta musical y comenzó su ascenso imparable.

Juan Luis Barbosa Lizárraga, hijo del fundador y actual director artístico de la banda, recordó la filosofía de su padre: Salvador Lizárraga amaba la música, sí, pero también buscaba el sustento de su familia. Esa combinación de pasión y trabajo, dijo Barbosa Lizárraga, es la clave de una longevidad que pocos grupos pueden presumir.

“Cumplir más de 60 años se debe al trabajo y la suma de muchas personas para poder llevar la música de Sinaloa y de México a todo el mundo”, afirmó.

Un set que fue repaso de la historia musical de México

La visita al Senado no fue solo protocolo. La banda interpretó un repertorio que recorrió décadas de historia:

• “El Sinaloense”
• “Derecho de Antigüedad”
• “Bésame Mucho”
• “Cielito Lindo”
• “El Sauce y la Palma”
• “Pídeme la Luna”, entre otras piezas icónicas.

Así, entre sones y reconocimientos, La Original Banda El Limón demostró que los géneros musicales que nacen del pueblo —y que el pueblo alimenta— son los que más duran. Seis décadas después, la música de Mazatlán sigue encendiendo corazones, ahora también en el Senado.

Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de ex secretario de Gobernación durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se negó a declarar este miércoles si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada, como ayer dio a conocer el periodista Raymundo Riva Palacio en una columna periodística.

El hoy senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue cuestionado por reporteros en el Senado, sin embargo, no quiso abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de medios de comunicación, se limitó a decir que “yo no doy declaraciones, gracias”.

Reporteros insistieron, a lo que el senador morenista dijo que “No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración”.

Se le pidió que, sin ser una declaración, señalara “en corto” con los presentes que había ocurrido con su visa, a lo que insistió que “No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, si no con mucho gusto”.

El único tema que tocó el senador fue acerca de una intervención quirúrgica que tuvo recientemente para corregir un problema de cataratas. Confirmó la información que dio a conocer Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en el sentido de que el tabasqueño se sometió a una cirugía ocular. “Ya me operé uno (un ojo) y mañana me operó el otro”, dijo.

Dan a conocer que visa de Adán Augusto López fue revocada

El pasado martes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó una columna periodística en la que señaló que la visa del senador fue revocada, y que presuntamente era investigado en Estados Unidos por huachicol.

En su columna Estrictamente Personal, titulada El turno de Adán Augusto, Riva Palacio da a conocer que la visa del senador fue revocada como parte de la profundización de la investigación de Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

De acuerdo con el comunicador, en septiembre de 2025, tras el encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, se le entregó a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur de México, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual habría financiado ocho campañas políticas para gobernador en 2021.

La información que recibió Harfuch fue la razón de la insistencia de la mandataria nacional para que aceptara una embajada, misma que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por AMLO, señala el periodista, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que renunció a ella en febrero.

Sin embargo, López Hernández no fue sujeto a ninguna investigación en México, algo que había sugerido Rubio, en buena parte porque, señala Riva Palacio, esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex mandatario, sobre el cual existen evidencias en ambos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.

La confirmación del Departamento de Estado al gobierno de México de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción contra López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del ex presidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente.

En su columna, el periodista señala que los hijos de AMLO, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente con el contrabando de combustible.

De acuerdo con el texto, el gobierno de EEUU le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Sin embargo, ambos han señalado que esa información es falsa. La realidad, se asegura, “es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales”.

Cuatro senadores presentaron su renuncia a la curul cuando falta poco más de un mes para que finalice el periodo constitucional 2022-2026 del Congreso de la República. Las dimisiones fueron leídas durante la plenaria del Senado y corresponden a Alejandro Carlos Chacón Camargo, Óscar Barreto Quiroga, Miguel Ángel Pinto Hernández y León Fredy Muñoz, quienes dejarán sus escaños en diferentes fechas de junio.

Las salidas obedecen a distintas razones, entre ellas problemas de salud, proyectos personales y decisiones de carácter profesional. Con estas renuncias, los congresistas anticipan el cierre de su actividad legislativa en el actual cuatrienio y ponen fin a su participación en el Congreso antes de la terminación oficial del periodo constitucional.

Ninguno de los cuatro regresará al Congreso para el periodo 2026-2030, por lo que sus renuncias marcan el cierre definitivo de una etapa en su trayectoria política dentro del Legislativo. Según información publicada por La República, cada uno presentó comunicaciones individuales explicando las razones que motivaron su decisión.

Alejandro Carlos Chacón Camargo presentó una renuncia irrevocable a su investidura como senador y solicitó que fuera puesta a consideración de la plenaria para que produjera efectos a partir del 16 de junio de 2026. En su carta expresó agradecimientos a los integrantes del Congreso, a los funcionarios y colaboradores de la corporación y a los ciudadanos que respaldaron su trabajo legislativo.

El senador también destacó el papel que desempeñó durante su permanencia en el Capitolio, señalando que su gestión estuvo orientada a representar los intereses de la ciudadanía y a contribuir al fortalecimiento institucional del país. Su salida se convertirá en la primera de las cuatro renuncias que comenzarán a hacerse efectivas durante este mes.

Salud y proyectos personales impulsan las salidas

La segunda renuncia corresponde a Óscar Barreto Quiroga. En la comunicación dirigida al Senado explicó que el pasado 4 de febrero sufrió un quebranto de salud relacionado con una enfermedad coronaria severa. Aunque el episodio fue atendido oportunamente, aseguró que las recomendaciones médicas actuales exigen un proceso de rehabilitación cardíaca integral durante los próximos cuatro meses.

Barreto argumentó que esa situación le impide participar plenamente en las sesiones previstas para el cierre del periodo legislativo. Por esa razón presentó una renuncia irrevocable y explicó que la decisión también busca garantizar la participación efectiva del Partido Conservador durante la etapa final del cuatrienio.

La tercera dimisión fue presentada por Miguel Ángel Pinto Hernández. El senador solicitó que su renuncia fuera sometida a consideración de la plenaria con efectos a partir del 23 de junio. Según explicó en su carta, la decisión responde a razones profesionales y a proyectos personales que desarrollará junto a su familia una vez concluya su paso por el Congreso.

Pinto aprovechó la comunicación para agradecer a los ciudadanos que respaldaron su labor, así como a sus colegas y al personal administrativo de la corporación que lo acompañó durante el ejercicio de sus funciones legislativas.

Salidas definitivas antes del cierre del periodo

La cuarta renuncia fue presentada por León Fredy Muñoz, quien informó su decisión irrevocable de abandonar el cargo de senador a partir del 26 de junio de 2026. Su salida será la última de las cuatro anunciadas durante la plenaria del Senado.

Las renuncias se producen en la recta final del actual Congreso y reflejan diferentes circunstancias personales entre los legisladores. Mientras una de ellas está directamente relacionada con una condición médica, las demás obedecen a decisiones individuales vinculadas con nuevos proyectos y planes fuera del Legislativo.

Con la salida anticipada de Chacón, Barreto, Pinto y Muñoz, el Senado afrontará las últimas semanas del periodo constitucional con cambios en su composición. Las decisiones también representan el cierre definitivo de la actividad parlamentaria de estos congresistas, quienes no harán parte del Congreso que ejercerá funciones durante el periodo 2026-2030.

Durante una entrevista en Canal N, la excongresista expresó su preocupación por la calidad de los cuadros políticos que llegarán al Senado y sostuvo que las diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas representadas podrían trasladarse al trabajo legislativo. Además, se escandalizó sobre propuestas que, según afirmó, son impulsadas sectores de izquierda relacionados con cambios en la Constitución y el modelo económico vigente. En ese contexto, defendió el respaldo que Renovación Popular decidió brindar a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Lourdes Alcorta cuestiona a los futuros integrantes del Senado: “Es de terror realmente”

La exparlamentaria no ocultó su preocupación al referirse a la composición del próximo Senado. Aunque reconoció que la Cámara Alta tendrá una función más revisora y técnica que la Cámara de Diputados, consideró que el perfil de varios de sus integrantes genera incertidumbre.

“Si el listado que yo he visto que vamos a entrar ahí al Congreso, al Senado sobre todo, es de terror realmente”, afirmó durante la entrevista.

Según explicó, la futura Cámara Alta estará integrada por representantes con posiciones políticas muy distintas y eso podría dificultar la construcción de consensos en temas clave para el país. Alcorta sostuvo que el Senado tendrá responsabilidades específicas relacionadas con la revisión de leyes y otras funciones constitucionales, pero remarcó que el desempeño de sus miembros será determinante.

“Va a ser bien complicado”, señaló al ser consultada sobre las perspectivas del nuevo Parlamento bicameral.

La dirigente de Renovación Popular también cuestionó la idea de que la edad garantice una mejor preparación política. Durante la conversación, recordó que uno de los argumentos que históricamente ha acompañado la existencia del Senado es que sus integrantes suelen contar con una mayor experiencia. Sin embargo, rechazó que ello sea necesariamente una garantía de capacidad o criterio.

“Se puede tener cuarenta y cinco años y no ser nada también. Y tener sesenta también es la misma historia”, sostuvo.

En otro momento, insistió en que el Senado reunirá a personajes con trayectorias muy distintas y que la convivencia política no será sencilla. “Ahí hay de todo”, expresó al describir el panorama que encontrará cuando asuma funciones en la nueva legislatura.

Alcorta también hizo referencia a la necesidad de que los futuros senadores comprendan el rol que les corresponderá desempeñar dentro de la estructura del Estado. Según indicó, la Cámara Alta deberá diferenciarse de los constantes enfrentamientos que suelen producirse en el actual Congreso unicameral.

“Piensan en cambiar la Constitución”: el miedo de Alcorta sobre el nuevo escenario político

Además de cuestionar la composición del Senado, Lourdes Alcorta aprovechó la entrevista para expresar sus diferencias con las propuestas que, según afirmó, impulsan algunos sectores políticos que también tendrán representación parlamentaria.

La senadora electa señaló que existe una marcada distancia entre quienes defienden la actual economía social de mercado y aquellos que promueven reformas estructurales en el país.

“Yo soy una persona de derecha, soy constitucionalista, soy principista”, declaró.

En esa línea, aseguró que una parte importante de los futuros legisladores buscará impulsar modificaciones profundas en distintos ámbitos. “La otra mitad del otro lado no piensa lo mismo, piensan en cambiar la Constitución, en sacar a Julio Velarde, en nacionalizar las cosas”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de una segunda vuelta electoral marcada por una fuerte polarización política. Para Alcorta, el resultado de la primera vuelta ha vuelto a reflejar una división entre dos visiones opuestas sobre el rumbo que debe seguir el país.

“Otra vez el país está fraccionado”, sostuvo.

La representante de Renovación Popular también confirmó que participó en la reunión interna donde su agrupación debatió el respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori. Según explicó, existían opiniones distintas dentro del partido respecto a la conveniencia de emitir un pronunciamiento público.

“Había quien estaba a favor y quien estaba en contra”, indicó.

Finalmente, la posición favorable a respaldar a la lideresa de Fuerza Popular se impuso durante una votación realizada entre los asistentes al encuentro.

“Sí se votó. Fue una mayoría a mano alzada”, señaló Alcorta, quien además reconoció su cercanía con la candidata presidencial. “Espero que salga y que sea la próxima presidenta del Perú”, agregó.

Durante la entrevista también insistió en que los resultados del proceso electoral deben respetarse una vez culminen las etapas de revisión e impugnación. “Se tiene que respetar el resultado honesto, claro, transparente, la voluntad del país”, manifestó al referirse al escenario político que afrontará el Perú en las próximas semanas.

Tras la caótica sesión del jueves pasado y una lesión aún abierta que se generó el propio oficialismo, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una cumbre con los jefes de bloque dialoguistas esta tarde con el objetivo de salvar la ley que “blinda” la propiedad privada, una norma que aliados le desplumaron a la porteña en comisiones. Con la promesa de cambios extra, se intentará llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima, junto a un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy.

Lo acordado deberá validarse en una futura reunión de Labor Parlamentaria, donde se definen los temarios de sesiones junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En la cumbre de esta tarde se presentaron, además de Bullrich, los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes), que estuvo junto a Mariana Juri (Mendoza); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales como Flavia Royón (Salta) y el misionero renovador Carlos Arce.

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

El ítem de zonas de frontera es el que generó ruido en algunas bancadas. No es fácil de resolver, aunque tampoco imposible. La pregunta a saldar es: ¿cómo se toman a potencias que tienen el control sobre empresas importantes y que podrían realizar grandes inversiones? Después de la cumbre entre oficialistas y aliados, se inició un ida y vuelta para rearmar el artículo conflictivo, sobre todo, para sellar los votos necesarios e ir en calma al recinto.

Además, y mientras Bullrich no logra destrabar otros proyectos clave para la Casa Rosada, se deslizó que la semana próxima habría reuniones informativas sobre las leyes de etiquetado frontal y de sociedades. Es decir, trámite lento.

Convenios internacionales

Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Justicia y Asuntos Penales, que comandan los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, avanzaron esta tarde con dos tratados ya aprobados por Diputados, los cuales quedaron en fila para ser convertidos en ley.

El primero avala el convenio de extradición con la República de Chile, suscrito el 5 de diciembre de 2023. En tanto, el segundo está relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”).

La Cámara de Representantes de Estados Unidos debate la aprobación de casi USD 70.000 millones destinados a reforzar la política migratoria impulsada por Donald Trump.

Según reportó AP News, el paquete busca asegurar recursos suficientes hasta 2029 para las principales agencias encargadas de la aplicación de la ley migratoria, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

El proyecto establece que USD 38.000 millones se asignarán a ICE, USD 26.000 millones a la Patrulla Fronteriza y otros USD 5.000 millones quedarán reservados para imprevistos.

El proceso legislativo y las posiciones partidarias

De acuerdo con AP News, la iniciativa llega tras semanas de negociaciones marcadas por tensiones internas en el oficialismo y el rechazo demócrata. Propuestas como la asignación de USD 1.000 millones para seguridad en la Casa Blanca o la creación de un fondo de USD 1.800 millones para compensar a aliados de Trump que alegan persecuciones fueron excluidas del texto final ante su impacto político.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, del Partido Republicano, enfrenta el reto de mantener la disciplina de su bancada, ya que solo podrían permitirse perder unos pocos votos si todos los legisladores asisten a la sesión.

Los demócratas manifestaron su oposición a entregar fondos adicionales sin introducir cambios en los protocolos de las agencias migratorias, especialmente después de muertes recientes en operativos. Entre las condiciones planteadas, figuraban la obligación de que los agentes muestren credenciales y la necesidad de órdenes judiciales para ingresar en propiedades privadas. Sin embargo, el paquete fue redactado sin exigir modificaciones de fondo a las agencias, según AP News.

Impacto y contexto de la medida

El nuevo paquete financiero, que se suma a los casi USD 140.000 millones ya transferidos a ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el año pasado, representa un impulso inédito para la agenda de deportaciones.

Si la Cámara aprueba la medida, pasará a la firma de Trump, lo que garantizaría un flujo constante de recursos para deportaciones masivas y operativos fronterizos hasta el final de la actual administración. El propio Johnson defendió la iniciativa al afirmar: “Tenemos que financiar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria, y es triste que los republicanos tengamos que hacerlo solos”, según recogió AP News.

El Senado ya había dado luz verde al proyecto con una votación de 52 a 47, casi en línea con las divisiones partidarias, y solo la republicana Lisa Murkowski se sumó al rechazo demócrata.

Cambios en la administración y futuros desafíos

La llegada de Markwayne Mullin como nuevo secretario de Seguridad Nacional, tras el reemplazo de Kristi Noem en marzo, coincide con la presión de sectores antiinmigración que reclaman el cumplimiento de la promesa de la mayor operación de deportación en la historia del país.

Según AP News, la administración todavía no alcanza el objetivo de un millón de deportaciones anuales, aunque el responsable de frontera, Tom Homan, anticipó nuevas operaciones focalizadas, incluidas posibles acciones en Nueva York.

A la par, el gobierno busca restringir vías de regularización, como el Estatus de Protección Temporal, endurecer los requisitos para la residencia permanente y genera demoras en la renovación del estatus de dreamers.

El debate legislativo se intensifica, mientras la oposición denuncia que el Departamento de Seguridad Nacional utilizó recursos para comprar aviones privados y mantener a inmigrantes en condiciones precarias, según declaraciones del congresista Jamie Raskin recogidas por AP News.

“Darles ahora otros USD 70.000 millones a estas agencias fuera de control cuando todavía tienen USD 100.000 millones en caja del año pasado nos haría cómplices de la corrupción creciente y de las acciones de este departamento”, afirmó Raskin.

Frente a las críticas, la congresista Michelle Fischbach defendió la iniciativa: “Lo que está en juego es la seguridad pública y la protección de los estadounidenses”.

El gobierno de Javier Milei propone la desregulación del mercado de biocombustibles en la Argentina y fundamenta el cambio en la madurez alcanzada por el sector, el impacto fiscal del régimen vigente y las posibilidades de inserción internacional. Según la posición oficial, el esquema de protección establecido en 2007 ya no responde a las condiciones actuales de la industria.

La semana pasada ingresó al Senado un proyecto promovido por Patricia Bullrich, resultado de casi dos años de diálogo entre la Secretaría de Energía y representantes de la cadena productiva. La iniciativa, que cuenta con amplio apoyo político, plantea aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil de 7,5% a 10% y el de bioetanol en las naftas de 12% a 15%, incorporar motores Flex Fuel y establecer un sistema electrónico para la comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

Los argumentos del Gobierno

La Ley 26.093 fijó la mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, estableciendo un corte del 12% de bioetanol en la nafta y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, junto con incentivos fiscales para la construcción de plantas productoras. El objetivo fue promover alternativas energéticas renovables en un contexto internacional marcado por el alto precio del petróleo.

De acuerdo con la visión oficial, el sector productivo argentino de biocombustibles, principalmente biodiésel y bioetanol de maíz, alcanzó una escala industrial y tecnológica que permite competir sin precios administrados ni un mercado cautivo. El Gobierno considera que la industria cuenta con capacidad instalada y acceso a materias primas competitivas a nivel internacional.

Entre los argumentos presentados, el Gobierno señala el costo fiscal del régimen actual. Estima que los beneficios impositivos generaron un gasto de 6.000 millones de dólares en 15 años, sumado a una pérdida de divisas de 1.400 millones de dólares por exportaciones agrícolas no realizadas, debido a la obligación de destinar parte de la producción de maíz y soja al mercado interno de biocombustibles.

La estructura del sector es otro punto central de la argumentación oficial. Si bien el objetivo original fue promover la participación de pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de la capacidad productiva está concentrada en grandes grupos empresarios.

La eficiencia energética de los biocombustibles es un aspecto señalado por el Gobierno y se sirve de datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) que indican que el etanol ofrece un 75% del poder energético de la nafta y el biodiésel un 87% del gasoil. Esta diferencia reduce la autonomía de los vehículos y representa un costo adicional para los usuarios.

El oficialismo considera que el contexto internacional resulta favorable para la inserción externa de los biocombustibles argentinos. La Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el principal proveedor global de aceite de soja, materias primas esenciales para la producción de biodiésel y bioetanol. De acuerdo con la visión oficial, la apertura del mercado permitiría desarrollar una industria menos dependiente de regulaciones locales y con mayor proyección exportadora.

En el caso del bioetanol de caña de azúcar, la posición oficial reconoce las particularidades de las economías regionales del noroeste argentino, donde la sobreoferta global y las restricciones a la exportación plantean la necesidad de un tratamiento diferenciado para ese segmento.

El debate legislativo en torno a la desregulación se desarrolla con posiciones encontradas entre distintos sectores, pero el Gobierno sostiene que un mercado más abierto responde a la necesidad de mejorar la asignación de recursos públicos, reducir distorsiones y fortalecer la competitividad de la producción nacional.

Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), entidad que agrupa a las pymes regionales elaboradoras de Biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, manifestaron su rechazo al proyecto de ley porque aseguran que la iniciativa concentrará aún más el negocio en los grandes grupos del sector.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunirá esta tarde con sus pares dialoguistas para recuperar el orden y la agenda legislativa, tras la caótica sesión del jueves último y una discusión por pliegos judiciales que derivó en una pérdida -de parte de la porteña- del comando en el recinto, lo que afectó la visión de control del Congreso que tenía, hasta la semana pasada, la Casa Rosada.

El encuentro, que adelantó ayer Infobae, servirá para conocer también si Bullrich logra destrabar el ramillete de proyectos que envió el Ejecutivo y que la ex ministra de Seguridad no puede aprobar desde hace casi tres meses, cuando se activaron las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

Dentro del paquete de iniciativas se encuentran la que “blinda” la propiedad privada -se tuvo que aplazar a último minuto el reciente jueves, en pleno recinto-; la delicada reforma política -dinamitar las PASO, como pretenden libertarios, y Ficha Limpia, que reclaman aliados-; la que modifica la ley de salud mental; ludopatía; zonas frías; Hojarasca; y eliminar el etiquetado frontal, entre otras. Nada avanzó.

A la espera de respuestas que esquiva Bullrich, la Cámara alta tendrá, por ahora, una actividad reducida en comisiones. No obstante, algunas trabajarán y hasta podrían avanzar con dictámenes, si hubiese voluntad en el oficialismo. Por caso, en una de ellas se analizarán, este martes, textos relacionados con la obligatoriedad de la educación vial en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de nivel inicial, primario y secundario.

Uno de los proyectos es de la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) que, en realidad, agarra un despacho de mayoría de 2025 -que cayó con el recambio legislativo de diciembre- y plantea sumar, en la ley de educación nacional, el “conocimiento de las normas de tránsito y de las prácticas y hábitos que fomenten el respeto por la seguridad vial”.

“El índice de siniestros viales es cada vez más alarmante”, manifestó la senadora. En esa línea, agregó: “En Argentina, el Informe de Siniestralidad Vial 2024 (parcial y preliminar) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer que, durante ese año, se registraron 4.054 víctimas fatales (un promedio diario de 11,1) y se registraron 3.394 Siniestros fatales (un promedio diario de 9,3)”.

La otra cara del debate es inobjetable y se da por descontado que será aprovechada para criticar al Gobierno: el estado de todas las rutas nacionales. Las advertencias crecen y, en casa sesión que realiza la Cámara alta, quienes no viajan en avión y lo hacen por ruta comentan, cada vez que se les consulta, una situación que ya pasó el límite de lo absurdo en varios puntos del país.

Bullying

En la reunión de la comisión de Educación -16.30- también aparece en bandeja un texto para establecer una jornada nacional obligatoria sobre bullying en establecimientos educativos públicos y privados. Lo impulsan, en conjunto y sin grieta, el camporista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) y la macrista Victoria Huala (La Pampa).

Con esta ley hubo una picardía de De Pedro que, por una publicación de este medio, quedó trunca a las pocas horas. Como el proyecto es la recopilación de un dictamen que cayó con el recambio de diciembre, el bonaerense y la pampeana lo presentaron en conjunto para dar un gesto de consenso. El despacho del primero fue responsable de cargarlo en la web oficial.

El inconveniente apareció en los argumentos del articulado. Según pudo averiguar Infobae, el equipo del cristinista subió la iniciativa e incorporó, en los fundamentos, una opinión en contra del Gobierno. No era lo que había acordado con Huala, a quien la dejó expuesta, sin motivo alguno.

La frase de la discordia decía que la ley era necesaria “en tiempos en los que la agresión aparece en los discursos oficiales, cuando el desprecio y el insulto al otro parecen moneda corriente”. Infobae chequeó la versión original -en papel- y no incluía dicha oración. En menos de un día, la misma fue quitada del documento digital.

La publicación que dura menos de un minuto que realizó la titular de la bancada libertaria en el Senado rápidamente se replicó en X y mostró tanto a personajes de la oposición como del oficialismo. Por el lado del peronismo aparecieron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti o Jorge Capitanich, identificados con el kirchnerismo.

En tanto, desde el lado oficialista aparecían rostros como el de Ezequiel Atuche, Bartolomé Abdala o María Emilia Orozco. El único rostro que aparece reflejado en las imágenes que compartió la senadora del Gabinete fue el canciller Pablo Quirno.

Por su parte, una de las imágenes que llamó la atención fue un fragmento de un programa de TN realizado con inteligencia artificial en el que se muestra a la exministra por entrar a un laberinto con tres salidas posibles: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. Todo esto en el momento en el que la milonga dice: “Los hombres de mí, hablando están”.

Todo esto se generó después de semanas de tensión dentro de La Libertad Avanza tras la comunicación pública que realizó Bullrich anticipando que desacataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista de La Nación.

Finalmente, el jueves pasado el pliego de la candidata a jueza fue aprobado por el Senado de la Nación con la abstención de la exministra y a pesar del rechazo del bloque libertario.

En ese marco, antes de la sesión y con el objetivo de bajar las tensiones políticas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en la Casa Rosada y compartieron una foto para descontracturar las relaciones: "Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente“, fue el texto que acompañó.

El retrato, que fue replicado por el presidente Javier Milei en su cuenta, tuvo lugar en las oficinas de la menor de los Milei, luego de una hora de reunión, en la que ambas integrantes de la mesa política analizaron la agenda legislativa venidera. “Fue para distender. Nadie va a romper nada, tienen que dejar de hacerse la película”, sostuvo un funcionario del entorno de la titular de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo buscó dar un mensaje de pragmatismo. Pese al malestar que generaron las demostraciones de autonomía, Bullrich “está firme” en su cargo. “Nadie va a romper. La confianza no se pierde. Puede haber diferencias. Es normal, pero el rumbo es claro y común”, sostuvo un alfil que reporta a Milei, pero también a la secretaria general de la Presidencia.

La postal no exime el malestar que produjo en Karina Milei el primer gesto de distancia, cuando la senadora libertaria presionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentara su declaración jurada en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, en el oficialismo garantizan que hay plena conciencia de la importancia política de la legisladora de cara a 2027.

“Algún costo se hizo, me imagino. No podemos prescindir de Patricia Bullrich”, se sinceró ante Infobae una importante voz con acceso al despacho presidencial. “Amor y paz y que quede claro”, agregó otra voz del ecosistema libertario.

Sin embargo, y pese a la gestualidad, son varios los que detectan como un gesto “forzado” que tuvo lugar en un momento complejo para la administración, aunque celebran la desescalada de un nuevo conflicto que atraviesa al Gabinete y que se suma a la puja abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

A varios días de que el Senado aprobara el pliego de la futura jueza federal María Verónica Michelli, el presidente Javier Milei se encuentra todavía analizando si firmar el decreto con su nombramiento formal, aunque de todas formas la designación quedará congelada hasta que se cumplan con varios requisitos previos que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

De esta manera, a pesar del apoyo que recibió en el Congreso el jueves pasado, no será inmediata la asunción de la aspirante al Tribunal Oral N°3 de La Plata, que generó polémica luego de que la administración libertaria intentara retirar la candidatura -que previamente había presentado- al descubrir que era la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga hechos de presunta corrupción en la cúpula del Poder Ejecutivo.

El lugar al que iría la magistrada fue creado en el 2010, pero nunca entró en funcionamiento por falta de autoridades, por lo que desde ese momento operó siempre con subrogancias y sin un espacio físico.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes judiciales, debido a esta situación, incluso si el Gobierno avanzara con el drecreto, recién entonces se iniciaría un proceso que derivaría en una acordada de Habilitación de la Corte Suprema.

Se trata de un trámite muy complejo y que, “habitualmente, demora como mínimo un año o más”, aunque técnicamente las autoridades correspondientes “no tienen tiempo ni plazos para hacerlo porque dependen de múltiples factores”.

“Lo primero que tiene que pasar es que el Consejo de la Magistratura encuentre un inmueble para ello y lo ponga en condiciones. Hecho eso, nos manda el informe correspondiente diciendo que ya está todo para que funcione y con eso se habilita", detallaron en el cuerpo que encabeza Horacio Rosatti.

Asimismo, como se trata de un tribunal nuevo, los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa tienen que hacer lo propio y preparar las condiciones para los fiscales y defensores que también van a empezar a trabajar en esa área.

En cuanto a la locación, las fuentes consultadas remarcan que “no suele ser rápido y fácil encontrar un inmueble, porque tiene que tener las dimensiones aptas y las funcionalidades” y, en este caso en particular, además estar ubicado en La Plata, donde tiene jurisdicción.

Una vez que se defina el lugar, lo siguiente es adaptarlo, porque generalmente son establecimientos que se utilizaban para otros rubros, por lo que se deben hacer reformas para, por ejemplo, “crear entrada para detenidos y las salas de audiencia y de espera de testigos”.

Asimismo, el Poder Judicial tiene que comprar el mobiliario, tanto para el tribunal en cuestión como para el resto de los ambientes, y el equipamiento tecnológico, como computadoras y aparatos de audio y video para la sala de audiencia.

Por último, los cargos a crear tienen que estar presupuestados, por lo que además el Consejo de la Magistratura debe adaptar los fondos con los que cuenta para hacer frente a estos nuevos gastos.

“Solo una vez que están cumplidos los pasos anteriores, se comunican todos los informes técnicos a la Corte Suprema que, recién en ese momento, puede decidir habilitar o no el tribunal. Para ello dicta una acordada autorizando que tomen juramento los jueces designados y se creen los cargos”, se aclaró.

No obstante, dado que se espera la implementación del sistema acusatorio en septiembre, “todo lo anterior puede demorarse más aún por la exigencia de instalar salas multimedia”.

El pliego de Michelli había generado polémica debido a que fue el propio Poder Ejecutivo el que envió la propuesta al Senado, pero luego intentó retirarla al descubrir que la candidata en cuestión es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La situación provocó incluso rispideces dentro del oficialismo, ya que la jefa del bloque en el recinto, Patricia Bullrich, alegó una objeción de conciencia y se abtuvo de votar en contra del pliego, como pretendía la Casa Rosada.

Finalmente, el nombramiento fue aprobado con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, pero para que el trámite se complete el Presidente tiene que firmar el decreto correspondiente, para lo cual no tiene plazo.

Mientras en el Congreso se discutían otros asuntos, Milei habría en la Quinta de Olivos al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para analizar todas las alternativas que tenía.

La primera reacción del jefe de Estado fue celebrar la victoria parlamentaria con un mensaje que publicó en su cuenta de X en el que calificó el triunfo como “un verdadero hito” que marca “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

Por su parte, Mahiques sostuvo que “la aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”.

“Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, escribió en la misma red social.

Las autoridades nacionales defienden la decisión de postergar la designación de la jueza al remarcar que no hay obligación de hacerlo de inmediato y que existen otros magistrados que también fueron avalados por el Senado y continúan esperando asumir incluso desde el 2020.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

Y cuenta con numerosos títulos: es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia; Diplomada Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura por la Universidad Nacional del Oeste; Diplomada en Litigación Oral por la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Diplomada en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica por la Universidad Champagnat.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También participa en unamentoría jurídica destinada a personas privadas de la libertaden laUnidad N.º 18 de Gorina, como proyecto de extensión de la UNLP.

La penosa sesión del jueves último pinceló un panorama inesperado en el Senado: la crisis por los pliegos judiciales limó el capital que tanto le costó a La Libertad Avanza y sólo consiguió gracias a las elecciones de octubre pasado, tras largos meses de penuria legislativa, entre 2024 y 2025. La bancada se mostró desbandada y sin conducción y la sensación que quedó en la noche de esa jornada, tal como indicaron a Infobae desde un despacho mileísta, es que “todo el mundo se llevó todo del recinto, menos el Presidente”, y lo peor: en la Cámara alta, a la Casa Rosada se le escapan leyes de peso e interesan de verdad desde hace más de tres meses, salvo el reciente acuerdo con holdouts que debe ser sancionado rápido por Diputados.

Para tener una idea de la magnitud del error que cometió el oficialismo: en la definición de María Verónica Michelli, votó a favor el incontrolable showman Francisco Paoltroni; se abstuvo la titular de bloque, Patricia Bullrich, quien armó el lío y eligió ir por la ancha avenida del medio nada menos que para un pliego judicial; y, la restante mayoría, rechazó. El formoseño, una vez finalizado el convite y después de una mini cumbre libertaria -forzada- para calmar las aguas, solicitó en el chat de senadores que, si lo vuelven a echar, que al menos le avisen antes. En tanto, el usual saltarín Luis Juez (Córdoba) aprovechó el papelón para ofuscarse y retirarse de forma anticipada. Era lo más fácil de hacer para la inmunidad. Llora la República.

“¿Desde cuándo no se vota una ley importante acá? Revisá las cuatro sesiones que tuvimos entre marzo, abril, mayo y después decime. Nos salvó hoy -por el jueves- lo de holdouts, que fue una piedra en el zapato bien resuelta y ahora falta Diputados. Lindas las épocas cuando terminaban acá y se sacaban fotos triunfantes. Lo que más da bronca es que el jueves se nos rieron en la cara no sólo los opositores, sino también varios de los propios“, sentenciaron desde La Libertad Avanza a este medio. Al lado de quien lo dijo había otra persona, que bajó la mirada y asintió. Los semblantes no eran los mejores.

La referencia es por el frenético ritmo del oficialismo en los períodos extraordinarios de diciembre y febrero pasados. Lo cierto es que el Senado tuvo cuatro encuentros desde el 1 de marzo. También lo es que Balcarce 50 demoró semanas en enviar iniciativas. Fuera de ello, hasta ahora no prosperaron propiedad privada -se aplazó el jueves, en pleno recinto-, la reforma política -se viene una escalada por Ficha Limpia desde el lado dialoguista y habrá que prestar atención al jefe del PRO, Martín Goerling-, descremar zonas frías y la ley de salud mental, entre otras. También estarán, del otro lado del casete, loas babosas.

Lo objetivo: la máquina de sacar iniciativas viró de Turismo Carretera a karting. Encima, al motor le mezclan nafta, aceite y agua. Como la votación de Michelli. Trascendental para un inversor mega millonario que requiera mirar, desde arriba de la nave, si se controla al Congreso. Un experimentado parlamentario solía remarcar una frase que reapareció hace poco: “Si te das muchos tiros en los pies, llega un momento que te quedás sin pies”.

El otro foco es Bullrich. Fue una semana de pura primera plana para la porteña, una de sus obsesiones. Detrás de ello, también hay viveza a la hora de aprovechar las ventanas abiertas: es la única persona en toda La Libertad Avanza que, ante dramas oficialistas, sacó jugo de entre las piedras. Sólo hay que mirar el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el reciente de los pliegos judiciales. El resto -leal- miró desde la tribuna. Lo delicado de estas picardías disfrazadas de “republicanas”: muchos libertarios pueden respetar -o temer- en exceso al triángulo de hierro, pero nadie llegó tan lejos de ir contra el propio Presidente. A la vista de todos y con la misma camiseta violeta. Difícil conocer el desenlace de este embrollo.

Para el martes podría germinar otra semilla, salvo que, en esta ocasión, le hayan avisado con tiempo al primer mandatario. Sería un bochorno. La comisión de Acuerdos, que comanda el oficialista Juan Carlos Pagotto - el riojano quedó desdibujado e imprudente en su actuar-, tiene agendada una nueva audiencia pública. Son pocos los pliegos a considerar, aunque hay uno que, de nuevo, relacionaría a una postulante a magistrada con un periodista. Milei acusó a este comunicador de “antisemita”, en 2024. La semana que transcurrió en la Cámara alta fue de las más delirantes de las últimas épocas. Del otro lado, nadie se asoma. Sólo Bullrich cabecea todas las granadas. Ahora, también tira.

El peronismo está transitando su crisis interna. Los posibles candidatos, Cristina Kirchner detenida, los gobernadores que se acercan y se alejan de la Casa Rosada. Y todas esas líneas que van en paralelo se cruzan cada tanto en el Congreso de la Nación, donde buena parte de los temas hacen que se crucen.

El miércoles por la noche, y luego de dos reuniones los días anteriores, el presidente del bloque del peronismo en el Senado, José Mayans, organizó una cena para todos los senadores en la sede del Partido Justicialista, en Matheu 130. Como había sesión el jueves, la asistencia fue casi perfecta: solo estuvo ausente Mariano Recalde, el único senador porteño del PJ.

La intención del encuentro era conversar posicionamientos de una manera menos tensa, en medio de una comida. Mayans, oriundo de Formosa, se encargó de llevar sopa paraguaya y chipa guazú. Luego, asado, vino, agua y gaseosas.

Pero ese clima ameno duró poco. Según contaron algunos de los participantes, cuando se sacó el tema de los pliegos judiciales esa tranquilidad se perdió. “Juliana estuvo fuerte”, dijo uno, señalando a la senadora Di Tullio. “Primero lhizo referencia a la votación a Mahíques —Carlos, padre del ministro de Justicia Juan Bautista— y después fue por los pliegos que se votaron el jueves. Y adelantó que iba a votar a la jueza que quería retirar Milei —Verónica Michelli—”.

La senadora es una de las espadas del cristinismo en la Cámara alta y no suele guardarse sus posiciones, sino que las expone y las defiende. Y más en un bloque en el que se mezclan peronistas, cristinistas y representantes de gobernadores. Aseguran que fue muy gráfica al señalar que la iba a votar.

Aunque la respuesta no llegó en el mismo tono, lo que se dijo fue que “los gobernadores —peronistas— mandaron a votar a Mahíques". Los interlocutores de Di Tullio agregaron: “Hasta Gildo Insfrán —gobernador de Formosa— mandó a votarlo y ves los votos: María Teresa González votó a favor y Mayans en contra”.

Hubo senadores que no suelen tomar mucho la palabra en el recinto pero que cuentan con una vasta trayectoria y que también plantearon posiciones respecto del bloque. “Se mezcla la gobernabilidad con el rol de opositores. Hay un ala más dura que es el sector más kirchnerista y otro más dialoguista, pero la intención es no tener más grietas. Votamos divididos el pliego de Mahíques, votamos divididos la Ley de Glaciares. Tenemos que unirnos porque el segundo semestre se acelera todo”.

La referencia a que “se acelera todo” es que en el peronismo entienden que muchos gobernadores van a desdoblar los procesos electorales. Hay 17 jefes de estados provinciales —incluyendo a la Ciudad Autónoma— que tienen habilitada la posibilidad de una reelección. En todos los distritos entienden que el presidente Javier Milei buscará colocar candidatos propios, por eso no quieren ir a una elección en donde se vote presidente y gobernador.

Así se lo hicieron saber algunos senadores libertarios a sus pares peronistas. “En las conversaciones ya te avisan que van a jugar y van a jugar fuerte”, explicó una senadora del PJ.

Otro punto que se conversó en la sede del PJ, y que tiene que ver con esas charlas cruzadas entre los diferentes bloques, es el apuro que tiene el oficialismo con diferentes temas. “Ya avisaron que después del Mundial van a bajar el ritmo y, a no ser que necesiten algo en particular, van a intentar cerrar el Congreso hasta el Presupuesto”, agregó la misma senadora.

Este punto también estuvo en la conversación del miércoles a la noche, en busca de organizar una agenda propia y consensuar posiciones respecto de la agenda del oficialismo. “Intentamos ordenar, esa fue la función del encuentro. Discutimos, y lo hicimos fuerte, pero siempre discutimos así. El asado salió muy bien”, graficó el encuentro un senador peronista del sector que responde a Cristina Kirchner.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este viernes que el presidente Milei no está obligado a firmar el decreto de nombramiento de Michelli. Explicó que “cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará” y remarcó que “el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”.

Por su parte, Maqueda, en una entrevista con el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel en Radio Con vos, afirmó que, después de la intervención del Consejo de la Magistratura, la selección presidencial y la aprobación del Senado, “es solamente un acto formal. El presidente tiene que designarla”.

El ex juez remarcó además que el pliego de Michelli fue aprobado por el Senado con 44 votos, aun cuando ya eran conocidos los cuestionamientos del Presidente. Para Maqueda, ese dato vuelve más grave cualquier intento de frenar ahora la designación, porque el Congreso ya convalidó el nombramiento con la mayoría exigida.

Maqueda describió el último paso pendiente como un trámite administrativo y no como una instancia discrecional abierta. “El presidente tiene que firmar un decreto, que es el último paso, pero eso no está establecido en la Constitución. Eso es un mandamiento administrativo”, dijo.

También planteó una derivación institucional si Milei no firma. “Si no lo firma, para mí el Senado está en condiciones de pedirle cuentas al presidente”, dijo Maqueda a Radio con Vos, al señalar que la Cámara alta ya prestó acuerdo y que, a su entender, se cumplieron todos los pasos previstos para la designación.

Maqueda dijo que Milei no puede revertir una candidata que él mismo eligió

El núcleo del planteo del ex integrante de la Corte está puesto en la secuencia constitucional del proceso. Según explicó, el Consejo de la Magistratura elevó una terna, el Presidente eligió a Michelli entre esos nombres y luego el Senado aprobó el pliego.

A partir de esa reconstrucción, Maqueda cuestionó que la Casa Rosada pretenda retroceder sobre una decisión ya adoptada por el propio Ejecutivo. “Si el presidente cuando tuvo la oportunidad la eligió a ella teniendo tres personas para elegir, hoy no puede alegar su propia torpeza y volver atrás”, dijo.

El ex juez también usó una definición política para describir la obligación presidencial en este tramo final. “Yo creo que el presidente tiene que actuar con razonabilidad en este sentido. O sea, no se puede dejar llevar por caprichos”, afirmó.

“Este sistema de amor y odio, odio y amor, no es sano ni siquiera para las relaciones personales, mucho menos para las relaciones políticas. Y mucho menos cuando está la institucionalidad”, dijo Maqueda al mismo medio.

El ex juez calificó como “grave” el caso por su impacto político y judicial

Maqueda insistió en que la controversia no se limita a una discusión técnica sobre la firma de un decreto. Señaló que el caso “es un tema grave” no solo por el tema “constitucional”, sino también “desde lo político y desde lo judicial”.

Para sostener esa afirmación, repasó el recorrido de la candidata dentro del sistema: concurso, examen, entrevistas, paso por el Consejo de la Magistratura, selección presidencial, tratamiento en la Comisión de Acuerdos y aprobación final del Senado. En su lectura, cada una de esas instancias ya agotó las verificaciones exigidas para el cargo.

Cuando le preguntaron si, en ese marco, Michelli ya debía ser considerada jueza, Maqueda respondió sin matices. “Para mí, sí”, dijo. Ante la repregunta sobre si la firma de Milei era un trámite, respondió: “Es un trámite. Y lo tiene que hacer”.

Otro de los puntos más duros de la entrevista fue la lectura política que hizo Maqueda sobre el motivo del bloqueo. Rechazó que el vínculo familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon pueda ser usado como argumento para objetar su nombramiento.

“No se le puede cuestionar a la jueza porque el marido es funcionario judicial, es magistrado”, dijo primero sobre otro de los señalamientos mencionados durante la entrevista. Luego fue más directo sobre el caso de Alconada Mon: “Lo que se está haciendo contra la cuñada por parte del presidente de la Nación, por un capricho del presidente de la Nación, por dejarse llevar por los impulsos de amor y odio”.

En ese tramo, Maqueda formuló la crítica más severa al Presidente. “Le está haciendo pagar a la cuñada de Hugo Alconada Mon, que es un excelente periodista de investigación, el vínculo familiar. Es una cosa que... es un delito no tipificado el delito de ser cuñada”, consideró.

El ex ministro de la Corte también defendió el rol del periodismo frente al poder. “¿Cuál es el delito que cometió Alconada Mon? ¿Haber investigado al poder? Si esa es la función y la obligación del periodista. Es incomodar al poder”, afirmó.

Para Maqueda, el estilo de Milei afecta a la Justicia

Consultado sobre cuánto favorece o perjudica a la Justicia un presidente con las características de Milei, Maqueda respondió: “Yo creo que mucho. Yo creo que mucho”.

Después precisó: “Cuando el presidente no tiene en cuenta la Constitución y participa o quiere participar de las causas en trámite, y opina sobre las causas en trámite y se manifiesta sobre las decisiones que toman otros poderes del Estado, me parece que eso es malo para la justicia”, dijo.

Esa mirada estuvo acompañada por otra objeción al tono presidencial frente a la prensa. “La crítica es natural. Ahora, la descalificación no es natural. Y el presidente cae en la descalificación permanentemente”, sostuvo Maqueda en la misma entrevista.

El Gobierno acaba de ser víctima de sí mismo, una vez más, con variados costos. La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado deja una lista larga de daños autoprovocados, que incluye el revés para Olivos en su intento de voltear el trámite legislativo, una derrota que dejó al bloque violeta en soledad y fisurado, y la exposición de internas sin freno que desarman otros planes del oficialismo. Con todo, la peor señal es el significado final de la carga sobre la jueza. Fue apuntada por su parentesco con un periodista de investigación, integrante, sin dudas, del 95% de colegas que Olivos dice no odiar lo suficiente. Un mensaje intimidante que incluye y supera el caso: una advertencia desde el poder político para críticos de cualquier origen.

De este modo, Javier Milei convirtió en tema nacional -más allá de los límites reducidos la política- el caso de Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El oficialismo no logró articular nunca un argumento más o menos sostenible, ni cuando intentaba retirar el pliego enviado al Senado, ni después de la abrumadora aprobación en el recinto. Y ahora el Presidente debe decidir si prolonga aún más el deterioro -propio e institucional- que representa su decisión. Es decir, si da vuelta la página -aunque eso mismo no borre lo escrito- o agrava el mensaje evitando firmar el decreto de nombramiento de la jueza.

Eso último es lo que sostienen en estas horas desde el Gobierno. Se plantan en que el Presidente no tiene obligación de firmar el decreto y coronar el largo proceso de designación de jueces. Por lo bajo, dicen que Milei de ninguna manera dará ese paso. Si es así, aunque suene paradójico, mantendrá abierta una discusión y cerrará otra: seguirá el debate sobre las atribuciones presidenciales en este punto y reafirmará a la vez el sentido discriminatorio del empeño de Olivos contra la jueza.

En cuanto a las atribuciones discrecionales del Presidente, y aún en un sistema fuertemente presidencialista como el argentino, existe discusión sobre los alcances de esa potestad. Hay posiciones encontradas entre juristas. De manera lineal, podría decirse que unos interpretan que la designación efectiva de un juez depende finalmente sólo del Ejecutivo -es decir, la firma del decreto correspondiente- y otros consideran que una vez aprobado el pliego por el Senado, el decreto formaliza el final del recorrido y es una “obligación constitucional”.

Se verá cómo sigue el tema en ese terreno. Pero por lo pronto, queda a la vista el objetivo de la obstinación de Olivos, que Karina Milei trató de imponer en la Cámara alta y ahora queda otra vez en terreno del Ejecutivo. La cuestión del sentido discriminatorio, que tiene abierta una vía judicial, queda expuesta además por la escasa y débil explicación del oficialismo cuando buscaba retirar el pliego y, ahora, para alimentar la intención de no firmar el decreto de nombramiento.

Por la vía del trascendido, el Gobierno ensayó un primer argumento frente a la creciente y fuerte repercusión del caso de la jueza. Insólito, pero intentó instalar que la postulación debía ser frenada bajo el supuesto de un “conflicto de intereses” por su condición de cuñada de un periodista. Insostenible desde cualquier punto de vista, jurídico y ético. No funcionó ni siquiera como consigna entre los oficialistas más alineados y menos, entre aliados o socios. Resultado: la idea de retirar el pliego fracasó sin vueltas.

Después de la votación a favor del pliego, y de manera inmediata, desde el Gobierno se hizo trascender que Milei no firmaría el decreto correspondiente. Eso fue destacado como decisión tomada, en algunos casos agregando que al menos así sería por ahora. Se verá. En concreto, la explicación fue otra. Se dijo que el tribunal que debe integrar Michelli -el TOF número 3 de La Plata- aún no fue constituido. Es algo que se sabía al firmar el envío del pliego. Por lo demás, la resolución de la cuestión práctica -la formalización del tribunal- estaría en la órbita del Poder Judicial y no del Ejecutivo.

Por supuesto, y aún poco sólida, esa letra busca atender a una cuestión de fondo. Parece discutible el alcance de la atribución discrecional del Presidente, pero resulta claro que debería tener algún sustento para no suscribir el decreto en cuestión. Se trataría de no dejar en evidencia el trazo discriminatorio de este cuadro. Tarea para la propia Justicia.

En la búsqueda de antecedentes, las fuentes del Gobierno transmiten sin disimulo similitudes con un par de casos de la etapa de Cristina Fernández de Kirchner. Es llamativo: no preocuparía quedar asociado al kirchnerismo, aunque agregue un daño al discurso anticasta. El tema, de todos modos, es más complejo y también, inquietante.

Lo que se recuerda es la carga contra un juez con pliego aprobado para ser camarista, Juan Manuel Yalj, en 2011. Hubo entonces cuestionamientos no muy sonoros de kirchneristas duros por algunos de sus antecedentes, pero fue un episodio del momento -el choque de dos trenes y su secuela de acusaciones cruzadas sobre responsabilidades- lo que terminó provocando enojo y presiones del gobierno de CFK. El final de aquella serie fue la renuncia del magistrado.

¿Alguien en el Gobierno imagina posible algo parecido, es decir, forzar la renuncia de Michelli? Son épocas diferentes y nada está escrito, salvo el deterioro que supone mirarse en el espejo K. Y las huellas en el frente interno.

En la Cámara alta, el oficialismo necesita encarar sin demoras una tarea antes que nada doméstica. El bloque violeta quedó golpeado por el caso Michelli. Patricia Bullrich, que ya lleva un mes de tensiones en ascenso con Olivos, se abstuvo a la hora definir el tema en el recinto, después de días agitados por la difusión de su rechazo a la jugada de Karina Milei. Luis Juez prefirió ausentarse. Francisco Paoltroni votó a favor. Los otros 18 integrantes de la bancada violeta se mantuvieron en contra, solos. La UCR, el PRO y los bloques provinciales avalaron mayoritariamente el pliego.

La interna asomó a cada paso. Bullrich volvió a anotar sus propias líneas, después de buscar diferenciarse ya hace un mes frente al caso de Manuel Adorni. De arrastre pero de menor impacto en la estructura de LLA, tuvo su exposición Victoria Villarruel. Y la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo motorizó en parte la ampliación del listado de pliegos a tratar en el recinto, causante a la vez del clima áspero que derivó en el tratamiento del ascenso de Michelli.

Son cuentas que tiene pendientes Olivos puertas adentro del oficialismo y que copan el temario político. Más grave, sin dudas, es el mensaje sobre la concepción de poder. De eso se trata también y casi exclusivamente el caso Michelli.

El Mundial de Fútbol paraliza al país. En el Gobierno, sin embargo, buscarán que esa parálisis no pegue de lleno en el Parlamento y ya piensan en, por lo menos, una sesión durante el proceso en el que la pelota ruede en México, los Estados Unidos y Canadá.

“Como mínimo vamos a avanzar en una sesión”, reconoció un operador libertario en los pasillos del Senado. “Nosotros queremos tratar algunos temas antes del segundo semestre”, agregó un hombre de la Casa Rosada que está muy al tanto de los designios de Karina Milei.

La razón del apuro la desnudó una senadora libertaria que no dudó en señalar que “después de las vacaciones de invierno ya no vamos a tratar casi nada y, además, en el Mundial el foco no está puesto en nosotros —el Congreso—”. “Vamos a intentar como mínimo una sesión. Si podemos, dos. Hay una orden de tratar de no viajar al Mundial y de estar a disposición”, explicó.

El temario que quiere impulsar el oficialismo, si es posible antes de que termine junio —cuando termina la primera ronda—, incluye temas difíciles y controversiales en el debate. En esa lista aparecen el Super RIGI, las modificaciones de la Ley de Sociedades, la Reforma Política, la Ley Hojarasca y, como consecuencia de lo que sucedió en la sesión de ayer en el Senado, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Para la que todavía no hay fecha es la Zona Fría, que tiene media sanción de Diputados pero que en el Senado el 25% de los votos son patagónicos, lo que complica su tratamiento.

“Está todo frenado, por lo que se va a seleccionar para avanzar en ese momento. Hoy no podemos avanzar con nada, ni siquiera Hojarasca, donde los senadores aliados nos están pidiendo cambios”, explicó un libertario que aseguró que están analizando que la salida para la reforma electoral es que las PASO dejen de ser obligatorias, como pide el PRO y la UCR. “Son todos proyectos de ley muy sensibles y complejos que tienen muchas críticas”.

Cada una de las leyes tiene su razón pero, para diferentes sectores de la oposición, todas apuntan a brindar beneficios a un sector representado en los tecnooligarcas y que tiene su cara más visible a nivel internacional en Peter Thiel, dueño de Palantir, y local en Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre.

El oficialismo espera impulsar el proyecto antes de que finalice junio porque entiende que después de ese momento los aliados empezarán a trabajar en sus respectivos proyectos electorales. “Lo tenés a Macri —Mauricio— de recorrida por diferentes ciudades. La UCR no muestra candidatos nacionales pero los gobernadores van a empezar a buscar una reelección teniendo en cuenta que le vamos a poner candidatos propios en cada uno de los distritos, eso va a complejizar todo”, agregó.

Hay 17 de los 24 gobernadores que tienen habilitada la reelección y en el mundo libertario entienden que los que hasta ahora se mostraron más cercanos a la Casa Rosada comenzarán a alejarse, y evitar el tratamiento de algunos de los proyectos que busca el Ejecutivo es una de las opciones con menos costo político.

“No damos quórum en las comisiones y no avanza. Pedimos modificaciones y se frena todo porque no son permeables a los cambios. Ese será un punto fundamental porque la apertura de las comisiones también conlleva el riesgo por la cantidad de proyectos que tiene la oposición y que hasta ahora el oficialismo contiene sin abrir las comisiones”.

La zanahoria que hasta ahora viene utilizando el oficialismo para “convencer” a los gobernadores es trasladar parte de la recaudación a las provincias, que se muestran cada vez más acuciadas de fondos. Sin embargo, la pelea por la continuidad de los gobiernos provinciales podría hacer que esa zanahoria ya no sea tan efectiva.