El Senado de la República declaró constitucional la reforma electoral conocida como Plan B, por lo que, tras la validación también de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto quedó listo para ser promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Senado avala constitucionalidad del Plan B electoral en México

La Cámara Alta emitió la declaratoria luego de que 19 congresos estatales aprobaran la reforma, alcanzando así la mayoría requerida para modificar la Constitución.

Con este paso, se completa el proceso legislativo y se formaliza el envío del decreto al Ejecutivo federal para su publicación.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó al Pleno que se recibió el expediente remitido por la Cámara de Diputados, el cual contiene la declaratoria correspondiente a las modificaciones constitucionales.

Reforma electoral modifica artículos clave de la Constitución

El denominado Plan B contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas modificaciones buscan redefinir aspectos del funcionamiento de los gobiernos municipales, congresos locales y órganos electorales.

Entre los ajustes más relevantes, se establece un nuevo marco para la organización política local y el manejo de recursos públicos vinculados a procesos electorales.

Objetivo del Plan B: reducir gasto público y privilegios

De acuerdo con Castillo Juárez, la reforma parte de la necesidad de hacer más eficientes las instituciones públicas.

Señaló que el propósito central es eliminar privilegios, reducir gastos excesivos y ordenar el uso de los fondos.

Además, subrayó que se busca corregir prácticas burocráticas que se alejaron del servicio público, impulsando una administración más austera y funcional.

Cambios clave en municipios, congresos y órganos electorales

El contenido de la reforma incluye medidas concretas que impactarán distintos niveles de gobierno:

• Se fija un número determinado de regidores por municipio
• Se limita el presupuesto de los congresos locales al 0.7% del gasto estatal
• Se establecen topes salariales en organismos electorales
• Se promueve una mayor racionalización del gasto público
• Se busca homologar criterios administrativos en entidades federativas

Estos ajustes pretenden generar ahorros y mayor control en el ejercicio del presupuesto.

Estados que respaldaron la reforma constitucional

La aprobación del Plan B fue posible gracias al respaldo de 19 congresos estatales, entre ellos:

• Baja California
• Estado de México
• Oaxaca
• Puebla
• Veracruz
• Ciudad de México
• Yucatán
• Sinaloa
• San Luis Potosí

Con estos avales, se cumplió el requisito constitucional para validar la reforma a nivel nacional.

Publicación en el DOF, último paso para su entrada en vigor

Tras la declaratoria del Senado, se instruyó remitir el decreto al Diario Oficial de la Federación. Una vez publicado por el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum, el Plan B entrará formalmente en vigor.

Este proceso marca un momento clave en la agenda política del país, al tratarse de una de las reformas más relevantes en materia electoral, con implicaciones directas en la organización institucional y el uso de recursos públicos en México.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó con 109 votos la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general de feminicidio para homologar la tipificación y sanción del delito en todo el país.

Actualmente, cada entidad federativa cuenta con su propia definición y sanción para el feminicidio, lo que genera vacíos legales y diferencias en la impartición de justicia.

El artículo aprobado establece bases homogéneas para la identificación, persecución y sanción del delito en los 32 estados y la Ciudad de México, y busca que ninguna muerte violenta de mujer quede impune o interpretada por prejuicio.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, subrayó que la modificación al artículo 73 no es solo un cambio normativo, sino una decisión de Estado. Sostuvo: “Esta reforma establece una legislación general que unifica criterios, homologa tipos penales y punibilidades, y define estándares de investigación con perspectiva de género”.

La senadora por Morena Martha Lucía Micher Camarena advirtió que la violencia feminicida debe atenderse sin demoras, ya que representa una grave violación a los derechos humanos. Insistió en que el feminicidio exige una respuesta articulada e integral del Estado.

¿Qué se busca con la nueva reforma?

Esta reforma planea erradicar la impunidad y garantizar justicia y reparación del daño para las víctimas, bajo un marco homogéneo que refuerce la coordinación entre los órdenes de gobierno y extienda protección integral a niñas, niños y adolescentes afectados.

El dictamen aprobado este martes surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e instruye la elaboración de una ley que defina el tipo penal de feminicidio, establezca sanciones, agravantes y protocolos de investigación con perspectiva de género. El documento destaca que esta modificación constitucional no implica impacto presupuestario adicional, ni para este ejercicio fiscal ni para los futuros.

En resumen, la nueva ley permitirá:

• Definir el delito de manera legal y precisa
• Obtener justicia para las víctimas
• Evitar la impunidad a toda costa y fijar sanciones correctamente
• Eliminar vacíos legales de los diferentes códigos penales, estableciendo una legislación general para todo el país

Proponen atención integral y reparación para víctimas indirectas

El dictamen enviado a la Cámara de Diputados contempla protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de un feminicidio. Según el documento, esta población enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen sus derechos, por lo que el Estado mexicano deberá garantizar atención médica, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación del daño.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo en tribuna: “No hablamos sólo de leyes; hablamos de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar”. Se reconoce que muchas familias viven con la “silla vacía”, expresión del vacío y dolor que deja una víctima de feminicidio.

El dictamen señala que el 90 % de los feminicidios en México se consuman por parte de la pareja, expareja, familiares o amigos de la víctima. Cantón Zetina consideró que existe una deuda de Estado con las mujeres, “llena de omisiones, de impunidad y de silencios”.

La senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández argumentó que la aprobación busca una protección efectiva a las mujeres mexicanas, dado que el feminicidio representa “una de las expresiones más crueles, dolorosas e indignantes de la violencia”.

La senadora del PVEM Virginia Magaña Fonseca manifestó que el voto a favor responde a la memoria de las niñas y mujeres que han sido víctimas y a las exigencias de los movimientos feministas.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que permitirá la creación de una Ley General de Feminicidio en México.

Con 109 votos a favor, el pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de establecer criterios homogéneos en todo el país para combatir este delito.

La propuesta, que fue enviada al Senado el pasado 31 de marzo, avanzó sin votos en contra y ahora será turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

De ser aprobada en su totalidad, permitirá al Congreso de la Unión expedir una legislación general que unifique la forma en que se previene, investiga y sanciona el feminicidio en México.

Reforma constitucional para enfrentar la dispersión legal

Durante la discusión, legisladores coincidieron en que el actual sistema presenta una dispersión normativa entre entidades federativas, lo que ha generado diferencias en la tipificación del feminicidio y en las sanciones aplicables.

Esta falta de uniformidad ha dificultado una respuesta coordinada por parte de las autoridades y, en algunos casos, ha contribuido a la impunidad.

La reforma busca corregir estas inconsistencias al establecer las bases para una legislación general que obligue a todas las autoridades a actuar bajo los mismos estándares.

Homologación de criterios en todo el país

Con esta modificación constitucional, el Congreso podrá definir parámetros mínimos obligatorios para todas las entidades. Entre ellos se incluyen la tipificación del delito, las agravantes, las sanciones y los protocolos de actuación.

Senadoras y senadores destacaron que esto permitirá que cualquier caso de feminicidio sea investigado bajo criterios similares, independientemente del lugar donde ocurra, lo que representa un paso hacia una justicia más equitativa.

Acceso a la justicia y fortalecimiento institucional

Otro de los objetivos centrales es garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

La futura ley también contempla fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar los estándares de investigación con perspectiva de género.

Además, se plantea que las fiscalías deberán actuar de manera homogénea y transparente, lo que contribuiría a reducir los márgenes de discrecionalidad en la investigación de estos delitos.

Atención integral a víctimas y menores afectados

La iniciativa también pone énfasis en las consecuencias sociales del feminicidio. En particular, se busca atender a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad, quienes enfrentan afectaciones emocionales, económicas y sociales.

La legislación prevé garantizarles acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicológico y mecanismos de reparación del daño, reconociendo la obligación del Estado de brindarles protección reforzada.

Cuestionamientos sobre su implementación

A pesar del respaldo unánime, legisladoras de oposición advirtieron que el éxito de la reforma dependerá de su correcta aplicación.

Señalaron que de poco servirá una nueva ley si las autoridades no garantizan su cumplimiento ni atienden de manera efectiva a las víctimas.

También subrayaron la necesidad de que la legislación coloque en el centro a las mujeres y no se limite a un cambio normativo sin impacto real en la reducción de la violencia feminicida.

¿Qué contempla la futura Ley General de Feminicidio?

La legislación que se busca crear incluirá diversos elementos para combatir de manera integral este delito:

• Unificación del delito en todo el país: Se establecerá una definición única de feminicidio, evitando diferencias entre estados que actualmente complican su identificación y sanción.
• Sanciones equivalentes y agravantes claras: Todas las entidades deberán aplicar penas similares y reconocer circunstancias agravantes bajo los mismos criterios, lo que busca cerrar espacios a la impunidad.
• Investigación obligatoria con perspectiva de género: Las autoridades deberán iniciar todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres como feminicidio, evitando que los casos sean minimizados o mal clasificados.
• Protocolos homologados de actuación: Se definirán lineamientos claros para policías, ministerios públicos y peritos, con el fin de garantizar investigaciones más eficaces y profesionales.
• Coordinación entre niveles de gobierno: La ley obligará a la Federación, estados y municipios a trabajar de forma conjunta, compartiendo información y estrategias para atender este delito.
• Prevención del feminicidio: No solo se enfocará en sancionar, sino también en generar políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres.
• Reparación integral del daño: Se garantizará que las víctimas indirectas reciban apoyo económico, psicológico y social, así como acceso a la justicia.
• Protección a menores en orfandad: Se incluirán medidas específicas para niñas, niños y adolescentes afectados, asegurando su acceso a educación, salud y acompañamiento emocional.
• Mayor transparencia y rendición de cuentas: Las fiscalías deberán actuar bajo estándares claros, lo que permitirá evaluar su desempeño y evitar negligencias.

El dictamen aprobado será ahora analizado por la Cámara de Diputados y, posteriormente, deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para que el Congreso de la Unión pueda emitir la nueva Ley General de Feminicidio.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva, dejó claro que aún no ha tomado una decisión sobre competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.

Durante un encuentro con medios en el Senado, afirmó de forma directa: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”, subrayando que su prioridad actual es el trabajo legislativo.

Aunque su nombre ya circula como una de las principales aspirantes, insistió en que los tiempos políticos aún no llegan y que será hasta finales de año —entre noviembre y diciembre— cuando evalúe si participa, dependiendo de las condiciones internas del partido y del respaldo ciudadano.

Definición dependerá de encuestas y del contexto político

González Silva explicó que el proceso interno del partido será clave para determinar quién encabezará la candidatura.

Señaló que existen diversos perfiles competitivos dentro del Verde, tanto hombres como mujeres, y que la decisión se tomará con base en encuestas.

En ese sentido, evitó confirmar si ya está siendo impulsada como candidata, pese a cuestionamientos directos, y reiteró que esperará a que el partido abra formalmente el proceso.

PVEM perfila competir sin alianzas en 2027

Uno de los elementos más relevantes del contexto es que el Partido Verde, encabezado a nivel nacional por Karen Castrejón Trujillo, ha planteado competir en solitario en San Luis Potosí, lo que marcaría una ruptura con Morena en la entidad.

La propia González respaldó esta postura al asegurar que su partido tiene la fuerza suficiente para ganar sin alianzas.

Argumentó que el PVEM es actualmente la primera fuerza política en el estado, a diferencia de Morena, que —según sus dichos— ha quedado rezagado en elecciones recientes.

Tensión con Morena por reglas contra nepotismo

El distanciamiento entre el Verde y Morena se ha intensificado por los lineamientos internos del partido guinda, que buscan impedir candidaturas de familiares de gobernadores en funciones.

Esta medida impacta directamente en la figura de González Silva, quien es esposa del actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

Aunque la senadora evitó profundizar en el tema, afirmó que por ahora no le preocupa el debate sobre nepotismo, ya que su enfoque está en impulsar iniciativas legislativas.

“Ley esposa” y antecedentes que alimentan la polémica

El nombre de Ruth González también ha estado ligado a la llamada “ley esposa”, una reforma local que buscaba garantizar que la próxima gubernatura fuera encabezada por una mujer, lo que fue interpretado por críticos como un intento de allanar el camino para su eventual candidatura.

Este contexto, sumado a su cercanía con el actual gobierno estatal, ha colocado a la senadora en el centro del debate político nacional, especialmente en la relación entre Morena y el Partido Verde.

Una figura clave rumbo a 2027 en San Luis Potosí

Con una trayectoria vinculada al trabajo social y a la gestión pública, González Silva se ha consolidado como uno de los perfiles más visibles del Verde en San Luis Potosí.

Su posible candidatura no solo definiría el rumbo político del estado, sino también el equilibrio de fuerzas entre aliados a nivel nacional.

Por ahora, la senadora mantiene la incógnita abierta, mientras el escenario político se reconfigura rumbo a las elecciones de 2027.

Miguel Ángel Yunes Márquez se reincorporó a sus labores como legislador de Morena en el Senado de la República, tras haber solicitado licencia a su cargo previo a la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, la Mesa Directiva del Senado detalló que el senador morenista retomó su cargo ayer, 13 de abril, después de un periodo de separación aprobado por la asamblea senatorial.

“La Mesa Directiva informó al Pleno del Senado de la República que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena, se reincorporó a sus actividades legislativas desde el lunes 13 de abril.

“El 25 de marzo la asamblea senatorial avaló la solicitud de Yunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas a partir de esa fecha”, indicó la Cámara Alta.

Durante la ausencia de Yunes Márquez, quien funge como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Senadores, su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupó la curul.

El regreso de Yunes Márquez ocurre luego de que se ausentó durante la votación del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

El periodo de licencia abarcó del 25 de marzo al 15 de abril, lo que generó atención en el ámbito político ya que el legislador no participó en la discusión del tema.

Esta no es la primera ocasión en la actual legislatura que su padre lo sustituye en medio de discusiones relevantes y en cada reincorporación, el exgobernador evita profundizar en polémicas sobre su apoyo a reformas del gobierno federal.

El Senado de México analizó la posibilidad de que las bebidas alcohólicas incluyan advertencias sobre el riesgo de cáncer en sus etiquetas, como parte de una iniciativa presentada en el Foro legislativo “Etiquetado de bebidas alcohólicas en México para mejorar la salud”.

La propuesta busca modificar la normativa actual que solo exige la leyenda “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” e incorporar información detallada, pictogramas y advertencias específicas sobre enfermedades asociadas al alcohol.

En México, el consumo de alcohol se vincula a cerca de 39 mil muertes anuales, cifra que representa alrededor del 6 % de los decesos en el país. Si se suman enfermedades asociadas a accidentes y violencia, las estimaciones superan las 50 mil muertes al año, según datos expuestos en el foro por la senadora Alejandra Barrales Magdaleno y especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.

📷 Especialistas analizaron el panorama de la salud en México y las enfermedades asociadas al consumo de alcohol, así como la importancia de contar con un etiquetado más claro en las bebidas para destacar sus posibles riesgos. https://t.co/qAZWGjcoZ4 pic.twitter.com/tIoZ7Yo1Fn

— Senado de México (@senadomexicano) April 13, 2026

El cáncer y otras enfermedades asociadas al consumo de alcohol

Durante el evento, la senadora Barrales subrayó que el alcohol está relacionado directamente con al menos siete tipos de cáncer. Entre ellos se encuentran cáncer de mama, hígado, colon, recto, esófago, boca y garganta. De acuerdo con cifras presentadas, más de 740 mil casos de cáncer en el mundo se atribuyen cada año al consumo de bebidas alcohólicas. En México, los tumores malignos ya constituyen la tercera causa de muerte, con más de 95 mil defunciones anuales, muchas de ellas asociadas a este consumo.

Las advertencias actuales en las etiquetas se consideran insuficientes, pues no informan sobre los riesgos específicos ni traducen la evidencia científica en datos útiles para la ciudadanía. La doctora Vivian Pérez, asesora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que menos de un tercio de la población en países como Reino Unido reconoce el vínculo entre alcohol y cáncer, reflejo de una brecha de información estructural.

Propuesta de etiquetado obligatorio y experiencias internacionales

La iniciativa presentada en el Senado propone que todas las bebidas alcohólicas incluyan etiquetas claras, visibles y basadas en evidencia, con advertencias sobre el vínculo con cáncer y otros daños a la salud. El modelo sugerido contempla el uso de pictogramas para facilitar la comprensión. La doctora Pérez afirmó que esta política tiene bajo costo y alto alcance, y citó la experiencia de Yukón en Canadá, donde la introducción de etiquetas visibles y múltiples mensajes se asoció con un aumento del conocimiento y una reducción consistente en las ventas de alcohol.

En contraste, la Unión Europea ha comprobado que los esquemas voluntarios o graduales resultan insuficientes para llegar efectivamente al consumidor. Irlanda y Corea del Sur ya cuentan con sistemas de etiquetado obligatorio para el alcohol, mientras que en México el tema permanece en discusión legislativa.

Prevalencia y patrones de consumo en México

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 reveló que 73.7 % de la población mexicana consume alcohol. El consumo excesivo afecta a unos 27 millones de personas. Aunque la prevalencia de uso se redujo entre adolescentes, más de dos millones de hombres y mujeres menores de edad ya han iniciado el consumo, con una edad promedio de inicio de 13.2 años.

El consumo de alcohol en México se concentra en fines de semana y celebraciones, donde es común la ingesta de grandes cantidades en cortos periodos. Según la doctora Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, solo 28.6 % de quienes presentan consumo problemático buscan tratamiento, y la mayoría de quienes llegan a atención médica por otras drogas también reportan consumo de alcohol.

Efectos sociales y sanitarios

Además de cáncer, el uso de alcohol se asocia a accidentes de tránsito, violencia doméstica, agresiones sexuales y problemas de salud mental como ansiedad y depresión. El alcohol es la tercera droga por la que se solicita tratamiento en el país. El etiquetado propuesto busca elevar la conciencia social sobre estos riesgos y dotar a la población de información para tomar decisiones informadas, sin recurrir al prohibicionismo.

Las proyecciones iniciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalan que el partido Fuerza Popular superaría los 20 escaños en el nuevo Senado Nacional, mientras que Renovación Popular y Junto por el Perú alcanzarían cerca de 10 asientos cada uno.

Según los resultados mostrados en la web de la ONPE al 69.057 % de actas contabilizadas, ATV indica que se estaría concretando el regreso al Congreso de políticos que ya estuvieron en el Poder Legislativo hace más de 10 años y que ahora ocuparán un lugar en el Senado.

Rostros conocidos en el Senado

Es el caso de Martha Chávez, histórica protagonista de la presidencia del Congreso durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90, junto a la incorporación de Miguel Torres, cercano a Keiko Fujimori, marca las novedades más sobresalientes en la lista de Fuerza Popular.

En el caso de Renovación Popular, Lourdes Alcorta expresó su confianza en lograr una bancada relevante, en un Senado que, de acuerdo con las proyecciones, quedaría principalmente en manos del fujimorismo y la agrupación de Rafael López Aliaga, como indicó la cobertura del medio.

Dentro de los posibles nombres para representar a Fuerza Popular figuran Cecilia Chacón y Diethell Columbus. Por parte de Renovación Popular sobresalen Norma Yarrow y el exgeneral de la policía José Baella.

Por Junto por el Perú, ingresarían figuras como José Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo. En el partido Buen Gobierno, se destaca la presencia de Flavio Figallo y del militar en retiro Óscar Reto; para el partido Obras, la candidata referida es Jenny Samanes.

Triple empate en la elección presidencial

La definición por quién será el candidato presidencial que acompañará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se disputa entre tres candidatos que están empatados estadísticamente en el segundo lugar: Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), quienes aún tienen chances de llegar a esta segunda etapa del proceso electoral.

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.

En simultáneo al debate del pliego para que el camarista federal Carlos Mahiques continúe por cinco años en su sitial -este año cumple 75 y, si no se avanza con la nueva postulación, tendría que jubilarse-, la comisión de Acuerdos del Senado analizará pasado mañana, desde las 10, ascensos diplomáticos que, a esta altura, generan una olla a presión en la Cancillería, que comanda el libertario Pablo Quirno.

La puja por esta cuestión fue contada por Infobae semanas atrás y, ahora, todas las miradas de funcionarios y empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto estarán puestas en el convite de pasado mañana. En caso de dictaminarse -Acuerdos es presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto-, los ascensos podrían ser votados en la sesión que libertarios y dialoguistas piensan, en principio, para el 29 o 30 de abril.

Todos los años, la junta calificadora de Cancillería arma una lista de funcionarios para pasar al grado superior. Los más complicados o delicados son los embajadores, así como los ministros de primera y segunda. Son quienes requieren la luz verde de la Cámara alta.

El primer “semáforo amarillo” se percibió cuando el ex Canciller Gerardo Werthein restringió la cantidad de vacantes, que fueron las señaladas por aliados como “infladas de kirchneristas”. “Nunca se negoció nada a partir de ahí y dejaron a mucha gente a la deriva. Todo se manejó como si fuese un trámite burocrático, pero ya sabemos que no es así”, confiaron desde una bancada.

Con los cupos disminuidos, se gatillaron rencillas y operaciones por doquier. La búsqueda por ascensos -merecidos, en gran parte, por personas profesionales del servicio exterior- incluyen algo peor y que castiga a los de más “abajo”: por una especie de “usos y costumbres”, en Cancillería siempre se aguarda a que se consuman lo del Senado para ir luego a las decisiones, vía resolución ministerial, de guiños hacia los secretarios de tercera, segunda, primera y consejeros.

“Si asciendo, cobro más. Antes, si se demoraba, te pagaban luego de forma retroactiva. Creo que el PRO no convalidó eso una vez y ahora lo repite La Libertad Avanza. Recién cobrás cuando ya estás recategorizado, aunque te reconocen la antigüedad y eso ayuda, ya que cada tres años podés pelear por el grado siguiente. Si uno llega a ministro de segunda, ya podría ser embajador. Si todo se frena, las chances se pierden. Ni hablar si no llegás ni a consejero, debido a que no podrías ser ni director simple. Genera mucha frustración. A nadie le importa y no hay una sola persona que negocie por nosotros”, fue la lapidaria frase que una funcionaria dio a Infobae el mes pasado.

En Acuerdos, oficialistas y dialoguistas suman 14 de 17 butacas. Esto ocurrió debido a que el kirchnerismo, que sostiene el reclamo por un reparto injusto de lugares, evitó sumar sus nombres a la grilla, lo cual no impide que cualquier senador pueda asistir al encuentro y evacuar dudas.

Resto de agenda

La Cámara alta tendrá mañana la reactivación del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General, para seguir con el análisis del proyecto de la Casa Rosada que busca “blindar” el derecho de propiedad privada.

El primer expositor de la semana pasada fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Llamó la atención el discreto silencio de varios legisladores kirchneristas y peronistas, que tuvieron la posibilidad de decirle de todo, a dos metros al funcionario libertario. Sólo se animaron los de siempre. Al día siguiente, en la sesión que realizó el pleno, aparecieron los clásicos insultos hacia uno de sus enemigos favoritos, aunque ya sin el ex macrista presente.

Millones de peruanos y peruanas acudieron este domingo 12 de abril a las urnas para elegir a los miembros del nuevo Senado del Congreso, que regresa al sistema bicameral tras más de 30 años.

En total serán 60 senadores: 30 elegidos por todos los peruanos y otros 30 elegidos por distrito electoral.

En la Elección Cámara de Senadores - Distrito Electoral Múltiple (Regional), el avance del conteo de actas reportado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica un resultado del 35.972 %. El proceso contempla un total de 26,368 actas, de las cuales 9,485 han sido contabilizadas hasta el corte realizado el 13 de abril de 2026 a las 12:07 p. m.

No se reportan actas enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE), lo que representa un 0 % en esta categoría. Permanecen pendientes 16,883 actas, equivalentes al 64.028 % del total.

El avance del conteo para la Elección Cámara de Senadores - Distrito Electoral Único (Nacional), correspondiente al proceso electoral supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), alcanza el 12.339 % de actas contabilizadas. Según el reporte actualizado al 13 de abril de 2026 a las 11:47 a. m., el total de actas previstas asciende a 92,766.

Del total, 11,446 actas han sido contabilizadas, mientras que 19 actas, equivalentes al 0.020 %, están destinadas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE). Permanecen pendientes de procesamiento 81,301 actas, lo que representa el 87.641 % del total.

De acuerdo con las actas contabilizadas por la ONPE al 0,015%, 13 senadores del distrito único nacional serían de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 4 de Ahora Nación, 4 de Fuerza Popular y 3 del Partido Cívico Obras.

A estos resultados preliminares se le deberán sumar los votos al Senado por distrito electoral múltiple, que se encuentra en un 0.004% de procesamiento de actas contabilizadas.

Cabe precisar que los partidos políticos deberán cumplir 2 requisitos simultáneamente para acceder a la distribución de escaños en el Senado:

• Obtener al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional para el Senado. Este porcentaje se calculará sumando los votos válidos obtenidos en las dos modalidades de elección para el Senado: la lista nacional (distrito electoral único) y las circunscripciones regionales (distritos múltiples).
• Lograr al menos el 5% del número legal de miembros del Senado, es decir, al menos tres senadores 

Si no se cumple alguno de esos requisitos, el partido no obtendrá curules en el Senado.

Este criterio fue definido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a mediados de marzo de 2026, ante el vacío legal en la ley que reintrodujo la bicameralidad en el sistema parlamentario peruano.

También se debe mencionar que el conteo de votos para el Senado y la Cámara de Diputados se procesa de una manera más lenta. Personal del ONPE recomendó a los miembros de mesa contabilizar los votos desde la izquierda a la derecha de la cédula de sufragio. Es decir, primero se suben al sistema de cómputo los votos de la elección presidencial y luego las del Congreso y Parlamento Andino.

¿Cuáles son las funciones del Senado?

El Senado de la República se perfila a tener un poder sumamente importante. Estas son algunas de las funciones que tendrá a su cargo:

• Revisar, modificar y aprobar proyectos de ley que hayan sido presentados y aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados. El Senado tendrá la última palabra sobre el texto final de las leyes.
• Elegir a autoridades clave del Estado, entre ellas: los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (y ratificar a su presidente), el Contralor General de la República, el Superintendente de Banca y Seguros y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
• Ejercer funciones de control político sobre altos funcionarios del Estado, incluyendo la posibilidad de su remoción en ciertos casos.
• Aprobar el presupuesto nacional junto a la Cámara de Diputados en sesiones conjuntas.
• Ratificar tratados internacionales y autorizar el ingreso de tropas extranjeras o la salida del presidente del país.
• El Senado no podrá ser disuelto bajo ninguna circunstancia por el Poder Ejecutivo.

¿Dónde ver los resultados de la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó la apertura del conteo de votos tras el cierre de las elecciones generales en Perú el 12 de abril de 2026. Desde ese momento, la entidad puso a disposición de la ciudadanía una plataforma en línea que permite monitorear en tiempo real el avance del registro de actas procesadas y los resultados preliminares de las cinco elecciones hechas en la jornada, según información de la ONPE.

A través de la dirección web (resultadoelectoral.onpe.gob.pe), la población puede acceder instantáneamente a la actualización de datos diferenciales para presidencial, senadores (nacional y regional), diputados y parlamentarios andinos. La interfaz ofrece, al hacer clic sobre la foto de cada candidato o partido, la cantidad exacta de votos obtenidos, tanto a nivel nacional como por distrito electoral, incluido el segmento de ‘Peruanos en el exterior’.

En paralelo a las audiencias públicas para avanzar con los más que demorados pliegos judiciales que empezó a enviar -por secciones- el Ejecutivo, el oficialismo senatorial ya armó un esquema provisorio junto a dialoguistas para volver al recinto, en principio, el 29-30 de abril y el 13-14 de mayo próximo.

La Cámara alta “trabajó” el jueves pasado. Allí, en una sesión de escaso vuelo y algunos discursos para el olvido, el pleno activó a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. También se aprobaron ascensos de los jefes de las tres fuerzas militares y, sobre todo, ingresó un lote de más de 70 pliegos judiciales.

Este paso es clave para que las designaciones en cuestión tomen estado parlamentario y, de esa manera, sean giradas a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Allí, La Libertad Avanza (LLA) fileteó al kirchnerismo y le dejó, de 17 lugares, tres.

La bancada cristinista, que lidera el formoseño José Mayans, volvió a tener que contener días atrás a algunos integrantes que ya repiten su incomodidad por no “laburar” y ni siquiera ubicar, en agenda, iniciativas sin demasiado conflicto. Ni hablar de las bicamerales, con nombres de oficialistas y dialoguistas que acrecentarán, sin dudas, la puja entre peronistas y libertarios, como contó Infobae.

Si bien no se descartan otras reuniones en las próximas horas, hasta el fin de semana, la única en pie y oficial es la de Acuerdos, por un único tema: la propuesta de la Casa Rosada para que Carlos Mahiques continúe, por cinco años, en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto ocurre debido a que el juez está a meses de cumplir los 75 años. Es el límite para jubilarse, excepto que el Ejecutivo pida una extensión por el plazo mencionado.

El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Como los legisladores pueden participar de cualquier comisión, por más que no formen parte de ella, se aguardan fuertes cruces con el kirchnerismo. Y será un buen termómetro para saber si Pagotto, el “amigo” de casi todo el Senado -según su visión-, merece su sitial en Acuerdos, que es estratégico.

La postulación de Mahiques -padre- había tomado estado parlamentario en la penúltima sesión, y por ello el proceso de avales e impugnaciones que corrió desde hace varios días. En tanto, para los que aterrizaron el jueves pasado en el recinto, se tendrá que esperar casi al cierre del corriente mes. Y seguirá en mayo.

Junto a ello, LLA dejó prefijado el 29-4, por un lado, para dar luz verde a Mahiques, si es que consigue el dictamen en Acuerdos. En segundo término, aparece el despacho -exprés- rubricado días atrás sobre falsas denuncias, la gran manía de la radical Carolina Losada (Santa Fe). En Diputados no parece ser prioridad -por ahora-, ni siquiera, para la propia UCR. Allí perciben a su colega legisladora como “demasiado” teñida de violeta, en referencia al color partidario del oficialismo.

Sí se espera, para la corriente semana, que se reactive el análisis del texto que blindaría la propiedad privada. Lo empuja la Casa Rosada y, en particular, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya asistió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ambas son presididas por oficialistas.

La primera es liderada por Agustín Coto (Tierra del Fuego); la segunda, por Nadia Márquez (Neuquén). El libertario intentó no pelearse con cristinistas y hasta se preocupó por repetir, en un puñado de ocasiones, que ese día no dictaminarían. En cambio, su compañera pastora, cuando quedó a cargo de manera parcial -por algunos minutos-, lo hizo sin titubear y no ofreció gestos extra a quienes denostan sin cesar a sus jefes, Javier y Karina Milei. Como el texto aún presenta dudas, quizá quede en línea para la sesión de mayo. O no, si el despacho logra rápido las firmas.

En una semana en la que podrían surgir novedades en torno a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará participando de actividades oficiales, aparecerá públicamente y volverá a ponerse al frente del armado de la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ya tiene definidas las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso.

Este lunes, a partir de las 9:00, comenzarán a declarar como testigo las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario bajo juramento de decir la verdad y con el compromiso de entregar toda la documentación que pudiera ser relevante, tal como anticipó Infobae.

Se trata de Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria Cancio, que actualmente es miembro de esa misma fuerza de seguridad, a quienes el ministro coordinador conoció a través de su escribana, Adriana Nechevenko.

En el círculo íntimo de Adorni remarcan que “todavía ni siquiera está imputado” en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por lo que niegan que vaya a renunciar, porque “siempre tiene que regir el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.

Sin embargo, el otrora vocero de esta gestión se muestra poco desde que se generó la polémica alrededor de sus propiedades y viajes al exterior, y todavía no tiene definido si va a asistir al tradicional foro de negocios de AmCham Summit.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei les confirmó a los organizadores del evento que va a dar el discurso de cierre, que será escuchado por cientos de inversores y empresarios de distintos rubros.

Ese mismo día, un poco antes de que tome la palabra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación correspondiente a marzo, por lo que se espera que el mandatario vuelva a defender el rumbo de su administración.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, remarcó que "los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos" y pidió “paciencia” para aquellos sectores que todavía no fueron alcanzados.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, señaló.

Entre los oradores están, por ejemplo, representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, habrá varios integrantes del Poder Ejecutivo y referentes de La Libertad Avanza, como los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli, y de Salud, Mario Lugones; y los jefes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.

Luego de la victoria que consiguieron la semana pasada con la modificación de la Ley de Glaciares, las autoridades nacionales intentan continuar en esa línea y sancionar otras reformas que tienen el carpeta.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones, el objetivo en el corto plazo es conseguir los votos para tratar el 22 de abril los proyectos de Hojarasca y de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

La primera iniciativa busca derogar cerca de 70 normas que siguen vigentes, pero que se consideran obsoletas, mientras que la segunda es una medida que se viene discutiendo desde 1998, cuando tuvo media sanción del Senado, aunque nunca terminó de aprobarse.

Ahora, el país se comprometió a adherirse a ese régimen antes de que termine el mes. Así se comprometió cuando firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que pasó a ser la prioridad.

Una vez que finalicen las negociaciones en Diputados, la actividad pasará por la Cámara alta, donde el Gobierno pretende avanzar con el paquete de propuestas vinculadas a la propiedad privada y el enduecimiento de las penas por falsas denuncias, aunque para el tratamiento de estos textos todavía no hay fecha exacta.

Por lo pronto, y en un nuevo respaldo de la cúpula del Ejecutivo hacia el funcionario, Adorni tiene previsto convocar para el viernes a otra reunión de la mesa política, en la que se analizarán los pasos a seguir.

Como es habitual, de ese encuentro participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Un día antes, el jefe de Gabinete se mostrará, si no hay ningún cambio de último momento, junto a la hermana del líder libertario en una recorrida por Vaca Muerta, muy probablemente también acompañados por el titular de YPF, Horacio Marín. “Él vive prácticamente allá, así que lo más seguro es que vaya a estar”, explicaron fuentes de Balcarce 50.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo anunció este 12 de abril la agenda para la próxima semana en la Cámara Alta, con actividades clave como la discusión el martes 14 de abril de la reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión en la expedición de una ley general sobre prevención y persecución del delito de feminicidio, según la información publicada en sus redes sociales.

Dicha propuesta pretende establecer un marco uniforme a nivel nacional para la tipificación, investigación y sanción del feminicidio. De acuerdo con Laura Itzel Castillo, la nueva ley deberá definir el tipo penal, sanciones y agravantes en colaboración con la Federación, los estados y los municipios, con el propósito de asegurar “una justicia integral a las víctimas”.

Durante el mismo martes, la Mesa Directiva sesionará para fijar el orden del día y se tomará protesta a una jueza y dos magistrados de circuito ante las vacantes existentes, conforme al marco constitucional vigente. Más tarde, se realizará una ceremonia solemne para nombrar el salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez y develar un busto en su honor.

Plan B podría recibir la declaratoria de constitucionalidad a mediados del mes de abril

El miércoles 15 de abril, el Senado estima concretar, tras la aprobación de al menos 17 congresos estatales, la declaratoria de constitucionalidad del llamado “Plan B” de reforma política y electoral, que reducirá el gasto en congresos estatales, ayuntamientos y disminuirá el presupuesto de la Cámara.

La agenda legislativa incluye la discusión de la nueva Ley Federal de Cine para consolidar el acceso universal a la cultura, la conservación y el aprovechamiento del patrimonio nacional por todos los medios disponibles. Las actividades y el calendario señalado están sujetos a modificaciones.

Cambios que busca la reforma sobre el feminicidio

Hace unas semanas, la presidenta de México Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual introduce penas de 40 a 70 años de prisión, busca homologar la tipificación del feminicidio en todo el país y establece una nueva metodología de investigación obligatoria con perspectiva de género.

El objetivo es frenar la incidencia de este delito y combatir la persistente violencia letal contra mujeres, una problemática que afecta a todas las entidades.

La propuesta de Sheinbaum define el feminicidio como el asesinato de una mujer por razones de género. Señala que se configuran casos donde existen violencia sexual, ataques motivados por prejuicios o estereotipos, antecedentes de agresión o condiciones de desigualdad de poder. Incluye situaciones en que las víctimas son niñas, adolescentes, mujeres mayores, embarazadas o con discapacidad.

El proyecto, que consta de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio como feminicidio. Obliga al Ministerio Público a solicitar inteligencia y peritajes, con el apoyo de unidades especializadas en la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.

Estas deberán operar con atención continua y protocolos con perspectiva de género. También impone a las autoridades el análisis de antecedentes de violencia aunque no existan denuncias previas.

El Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por abuso sexual en casos donde exista violencia física o psicológica. La medida busca reforzar la protección de las víctimas y dejar claro que el consentimiento debe ser explícito, libre y sin presiones.

Con estos cambios, se establece de manera puntual que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no constituyen consentimiento, lo que representa un avance clave en la legislación mexicana con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.

Consentimiento: eje central de la reforma

Uno de los cambios más importantes en el Código Penal Federal es la redefinición del consentimiento, colocando en el centro la voluntad libre y expresa de la persona.

Para entenderlo de forma clara, la reforma establece lo siguiente:

• Solo el “sí” explícito es consentimiento: debe ser claro, libre, informado y sin presiones.
• El silencio no es consentimiento: no decir nada no implica aceptar.
• La pasividad tampoco cuenta como aprobación: quedarse inmóvil o no resistirse no significa que la persona esté de acuerdo.
• La falta de resistencia física no justifica el acto: muchas víctimas no reaccionan por miedo, intimidación o shock.
• El consentimiento puede invalidarse si existe:
• • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Amenazas o intimidación
  • Engaño o abuso de confianza
  • Relaciones de poder o autoridad

En términos prácticos, la ley deja claro que cualquier acto de carácter sexual sin un consentimiento expreso puede ser considerado abuso, incluso si la víctima no se opuso activamente.

Con este enfoque, la legislación mexicana cambia de paradigma: ya no se centra en si la víctima resistió, sino en si realmente dio su consentimiento.

Penas más severas por violencia física y psicológica

La reforma contempla un aumento en las sanciones cuando el abuso sexual involucre violencia física o psicológica, así como cualquier tipo de coerción o intimidación.

En estos casos, las penas de prisión serán más altas, con el objetivo de castigar con mayor rigor a quienes ejerzan este tipo de violencia. Además, se reconoce que el abuso sexual no solo es físico, sino que también puede manifestarse de forma verbal o visual, por ejemplo, al obligar a una persona a observar contenido íntimo que le genere incomodidad.

Mayor castigo si la víctima es vulnerable

Otro punto clave es el endurecimiento de las sanciones cuando la víctima no tenga la capacidad de comprender el acto, ya sea por edad, condición mental u otra situación de vulnerabilidad.

Esto fortalece la protección de niñas, niños, adolescentes y personas en situación vulnerable, quienes enfrentan mayores riesgos ante este tipo de delitos.

Llamado a denunciar el abuso sexual

Las autoridades hicieron un llamado a no guardar silencio frente a cualquier forma de abuso sexual. La reforma también busca generar conciencia sobre la importancia de respetar los límites personales y reconocer todas las formas de violencia.

El mensaje es contundente: decir “no” debe ser suficiente, y cualquier conducta que vulnere la voluntad de una persona será sancionada con mayor severidad en México.

La ex vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido citada para el 16 de abril a comparecer en la comisión de investigación en el Senado que investiga sobre las anomalías en la SEPI, en plena precampaña a las elecciones andaluzas.

El Grupo del PP en el Senado, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha acusado a Montero de ser la “directora de esa sucursal” y el “nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista”.

Los populares rechazan que esto sea una maniobra para perjudicar la campaña electoral de Montero y defienden que el plan de trabajo de la comisión, planteado en febrero, ya contemplaba que el interrogatorio a la exministra de Hacienda fuese uno de los primeros. “En ese momento, en febrero, María Jesús Montero dijo que no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta. Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas, no”, subrayan fuentes del PP.

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

Los rescates a Plus Ultra y Air Europa y los “números rojos” de Correos

El grupo popular anunció que la investigación se centrará en cuestiones como la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rescate a Air Europa, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las cuentas de Correos, y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. “No se si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, critica el PP.

La comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de otra investigación similar —esta vez judicial— de la Audiencia Nacional, que tiene a la SEPI bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El enfoque también está en las operaciones de Plus Ultra y en por qué se le consideró una “empresa estratégica”. Los investigadores están analizando la influencia política y el impacto que pudieron ejercer diferentes actores en las decisiones tomadas en años pasados, tanto del Estado como de fuera del país.

Noticia con información de agencias

En medio de la persistente puja del kirchnerismo por lugares que el oficialismo y la oposición dialoguista le “quitaron” en comisiones unicamerales del Senado -las perdieron por poca viveza en el recinto-, en silencio ya se activó otra guerra por la repartija de butacas en bicamerales estratégicas como la de Inteligencia -con el siempre pícaro presupuesto privado, único en el Congreso- y la Mixta Revisora de Cuentas. La última sirve de enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -a posteriori- de los gastos del Estado.

La semana senatorial casi que finalizó el jueves, luego de una sesión sin grandes estridencias. Más bien fue un convite en el que quedó demostrado que, año tras año, la consistencia de los discursos y el raciocinio legislativo se acercan un poco más hacia el abismo. Hay pocas excepciones, claro está, mientras que Diputados mantiene pegada al pecho la medalla del circo final. Más allá del esperanzador panorama, en el post recinto de la Cámara alta comenzaron a volar los nombres que cerraron libertarios y -por ahora- aliados. Durante el fin de semana, la versión fue confirmada con discreción a Infobae por tres espacios.

Entre lo más jugoso, la trifulca por la bicameral de Inteligencia se llevó la marca no sólo por la estrategia numérica, sino también por el eventual ticket de oro para la peronista Carolina Moisés (Jujuy), quien hasta hace poco pidió por redes sociales -mensajes emotivos- la liberación de la hoy condenada Cristina Kirchner. Y fue acompañada por La Libertad Avanza -entiéndase, Patricia Bullrich- y aliados para ser hoy nada menos que vicepresidenta del Cuerpo.

La Cámpora -Cristina- intenta cancelar a toda costa a Moisés desde hace tiempo. Sin sororidad mediante y con el mayor veneno posible. Ya son decenas de idas y vueltas de una relación con amores y odios curiosos, en medio de una política general ultrajada que ya no recuerda, ni siquiera, los mínimos no imponibles. Por momentos, nada parece importar. Todos contra todos. Allí, el Gobierno se cansa de ganar, con consecuencias reales a conocer en corto y mediano plazo.

Al Senado le corresponden siete de los 14 lugares en Inteligencia. Se sabe, pese a que no fue formalizado, que la UCR -Maximiliano Abad-, el PRO -Martín Goerling- y Moisés tendrían el espacio asegurado. Y seguiría la filo radical Edith Terenzi (Chubut). El kirchnerismo supo acumular tres. La pregunta es si pasará a dos o se irá al extremo de uno. Pareciese ser la última opción.

Con la partida del inolvidable Oscar Parrilli de la Cámara alta, allí quedaron hasta horas atrás la peronista Florencia López (La Rioja) y el camporista Eduardo de Pedro (Buenos Aires). No obstante, desde un castillo cristinista deslizaron a este medio que, de ser dos, “Wado” preferiría ir a la de Acuerdos y pasarle la posta al eufórico rionegrino Martín Soria. La Libertad Avanza irá por dos, con su exjefe Ezequiel Atauche (Jujuy) y el recién aterrizado y aún verde -premio llamativo- Agustín Coto (Tierra del Fuego). De esta manera, el oficialismo filetearía sin descanso al cristinismo, mientras que otros aliados ya direccionan la lupa hacia Moisés y dudan sobre su rol y a quién responderá. Siempre, debajo de la línea de flotación.

Otro peronista freelance con coronita es el catamarqueño Guillermo Andrada, “compañero” de Moisés en la bancada Convicción Federal. Es soldado y terminal legislativa sin chistar del gobernador, Raúl Jalil. Se está por ganar una butaca en la Mixta Revisora de Cuentas. Allí también saldría perjudicado el kirchnerismo. “El problema es que ya sabemos para dónde van a saltar si se mueve la brújula para el otro lado”, sentenciaron sobre el dúo justicialista desde un despacho dialoguista top a Infobae. La tercera pata de esta selección justicialista es la tucumana Sandra Mendoza, más conocida por la “espada de Dómacle”.

El último presidente de la bicameral de enlace con la AGN fue el actual diputado multi PJ Miguel Pichetto, quien logró cerrar con oficio los trabajos demorados para chequear gastos de las eras de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Así está el Congreso. Por eso el margen de acción que disfruta, por ahora, la Casa Rosada.

Esta semana se difundió un video en el que José Ramón Gómez Leal, senador de Morena, llamó “chayoteros” a periodistas, al acusar que hay alcaldes y alcaldesas que le pagan a medios de comunicación para desprestigiarlo.

En respuesta, Artículo 19 México y Centroamérica, colectivo dedicado a la defensa de la libertad de prensa y acceso a la información, condenó las y adviertió que este discurso estigmatiza y pone en riesgo a la prensa.

En un comunicado, la organización señaló que expresiones como estas, hechas desde el poder público, no son una crítica legítima al periodismo, sino un mensaje que desacredita a reporteros y debilita la confianza pública en los medios.

Artículo 19 México y Centroamérica afirmó que al generalizar y atribuir motivaciones ilegítimas al trabajo informativo se eleva el peligro para quienes ejercen el periodismo.

Recalcó que acusar a periodistas de ser “pagados” o “corruptos” es una forma de presión que busca quitar valor al escrutinio social y desviar la atención de temas importantes.

La organización puntualizó que en contextos de alta violencia contra la prensa, como el mexicano, estos discursos pueden derivar en agresiones, campañas de desprestigio o inhibición de la labor periodística.

Esto afecta el derecho de la sociedad a estar informada. Para el colectivo, “la estigmatización desde el poder no es opinión: es una forma de presión que debilita la democracia”.

Comentó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que funcionarios públicos deben evitar declaraciones que estigmaticen o desacrediten a periodistas, ya que pueden aumentar su nivel de riesgo.

A esto sumó que, según el Sistema Interamericano, quienes ocupan cargos públicos están sujetos a mayor escrutinio y deben responder a la crítica con argumentos, no con descalificaciones.

En este sentido, Artículo 19 México exige al senador Gómez Leal abstenerse de emitir expresiones que desacrediten a la prensa y le pide conducirse con respeto al ejercicio de la libertad de expresión y al papel del periodismo en la democracia.

También llama a autoridades federales y actores políticos a evitar discursos que deslegitimen el trabajo periodístico y a generar condiciones seguras para la libertad de expresión.

¿Qué dijo el senador?

En el video, el senador se refirió a los periodistas como “chayoteros” y acusó que hay alcaldes que “los alimentan”, para atacar a través de los medios.

“Aprovecho para saludar a todos esos chayoteros, y a esos alcaldes o alcaldesas que los alimentan, que les dan dinero, mejor usen sus recursos para pavimentar calles, es muy importante pavimentar más, falta infraestructura, entonces en lugar de andar atacando con medios, pagándoles, hagan calles, agua, luz, drenaje”, dijo.

Esta semana, Artículo 19 presentó el cortometraje “Bullet Machine” para denunciar la violencia que enfrentan periodistas y sus familias en México.

La pieza, lanzada junto con la agencia GREY México y Diario La Unión, expone cómo cada nota puede poner en riesgo la vida de quienes ejercen el periodismo y de sus seres cercanos.

El filme muestra a un periodista de investigación que, al escribir, genera disparos metafóricos que afectan a su esposa e hijas, reflejando el miedo cotidiano en los hogares de periodistas.

La organización señala que en México, cada 14 horas un periodista y su familia son atacados por informar, detalló que desde el 2018 ha documentado 176 asesinatos de comunicadores y 31 desapariciones.

Tan solo en 2024, la agrupación registró 639 agresiones, con ocho de cada diez casos sin justicia. El colectivo remarca que México es el segundo país más peligroso para la prensa, después de Gaza.

“Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”, es el mensaje central del cortometraje, que busca generar conciencia social y exige respeto y protección para quienes defienden la verdad.

Artículo 19 dedica la campaña a periodistas y familias que, pese al miedo, mantienen su labor informativa.

De cara a las Elecciones Generales de 2026, Renovación Popular busca fortalecer su posicionamiento en Lima Metropolitana a través de un programa enfocado en la seguridad ciudadana y el impulso a la inversión privada. La organización ratificó a su líder y actual alcalde de Lima con licencia, Rafael López Aliaga, como postulante a la Presidencia, liderando una fórmula que propone implementar en la capital y en todo el país un modelo de gestión basado en el orden institucional y la simplificación de la burocracia.

En el contexto de la nueva bicameralidad, Lima Metropolitana adquiere un peso determinante en el Congreso. Los electores limeños votarán por sus representantes en la Cámara de Diputados, así como por una lista específica para el Senado a través del distrito electoral metropolitano, además de participar en la elección de la lista nacional de la Cámara Alta.

La plataforma de Renovación Popular para Lima Metropolitana prioriza la lucha contra la delincuencia, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de los valores ciudadanos, así como el apoyo a la inversión privada y la eficiencia administrativa.

Durante el proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la agrupación presentó una lista completa de candidatos para ambas cámaras, integrando figuras con experiencia parlamentaria y profesionales de distintos sectores de la capital. Según la información oficial publicada, la nómina quedó conformada de la siguiente manera:

Candidatos al Senado por Lima Metropolitana

Para la Cámara Alta, la lista de Renovación Popular por el distrito múltiple de Lima Metropolitana está integrada por:

1. Francisco José Calisto Giampietri
2. María de los Milagros Jackeline Jauregui Martínez de Aguayo
3. José Ernesto Cueto Aservi
4. Andrea Edith Matías Muñoz de Figueroa

Estos postulantes fueron seleccionados por su experiencia en gestión pública y su participación previa en procesos legislativos, cumpliendo con los criterios de paridad y alternancia establecidos por la normativa vigente.

Candidatos a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana

La lista de Renovación Popular para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana incluye a:

1. Norma Martina Yarrow Lumbreras
2. José Isidro Baella Malca
3. Roxana María Rocha Gallegos
4. Gustavo Alexander Segura Figueroa
5. Lizzi del Rocío Sueldo Matos
6. José Antonio Cacho Sousa de Cárdenas
7. Deborah Carmen Inga Zapata
8. Jhony Benito Bacón Terrones
9. María Teresa Dulanto Guinea
10. Javier José María Cipriani Thorne
11. Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda
12. Alfonso Felipe Velásquez Tuesta
13. Olinda Salcedo Arellano
14. Frank Krklec Torres
15. Patricia Ysabel Mejía Hidalgo
16. Vicente Martín Sotelo Montenegro
17. Lida Esperanza Valdivieso Solís
18. Omar Antonio Vargas Córdova
19. Paola Isabel Martínez Paitán
20. Aldo Antonio Bravo Quispe
21. Silvia Gensollen Martinelli
22. Roberto Emilio de la Tore Aguayo
23. Aquelina Solórzano Espinoza
24. Leo Miguel de Paz Lancho
25. Evelyne Cristina Melgar Herrera
26. Isaac Estephano Escobedo Ríos
27. Betzabé Noriega Sarria de Chu
28. Robert Joel Ludeña Guerra
29. Stefanie del Pilar Sinchituyo Clavijo
30. Luciano Martín Revoredo Rojas
31. Deysi Alicia Carrasco Guaylupo
32. José Alberto Guerra Velásquez

La inscripción de estas candidaturas fue validada por el Jurado Nacional de Elecciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para su participación en la contienda electoral del 12 de abril.

Candidatos al Senado a nivel nacional de RP

La organización política Renovación Popular presenta una lista de 29 aspirantes al Senado en el ámbito nacional para las Elecciones Generales 2026. El grupo está encabezado por Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, quien postula de manera simultánea a la presidencia de la República y al Senado.

La lista completa de candidatos al Senado nacional por Renovación Popular, con los números asignados oficialmente, es la siguiente:

1. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
2. María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero
3. Alejandro Muñante Barrios
4. Katherine Milagros Ampuero Meza
5. Absalón Vásquez Villanueva
6. Gladys Margot Echaiz de Núñez Ízaga
7. Jorge Guillermo Solís Espinoza
8. Lourdes Nilda Sebastiana Espinoza Rivera
9. Estanislao Edgar Mancha Pineda
10. Susana Ayquipa Soto
11. Edward Rodolfo Yabar Gutiérrez
12. Ahura Hires Rocha Salazar de Trujillo
13. César Alfredo Vignolo Gonzales del Valle
14. (sin candidato)
15. Juan Pablo Fernández Chávez
16. Susana Maribel Revilla Tello
17. Mario Octavio Salomón Manzur Merino
18. Martha Rosa Febe Díaz
19. Paolo Freddy Maldonado Farje
20. María Jesús Fung Loh
21. Ramón Lucianet Parirazman León
22. Angélica Capuñay Ríos
23. César Alberto Jordán Brignole
24. Rina Silvana Huacre Meza
25. Gelqui Ger Gómez Guerrero
26. Ruth María Guerra Velásquez
27. Danny Kevin Mendoza Lozano
28. Celmira Saldaña Zevallos
29. Wilder Augusto Ruiz Silva
30. Yulisa Yovana Puertas Gordillo

Bicameralidad y representación de Lima Metropolitana

Con el restablecimiento del sistema bicameral, Lima Metropolitana asume una función clave en la definición de las mayorías parlamentarias y la fiscalización nacional. La conformación de las listas de Renovación Popular responde a la estrategia de priorizar perfiles con experiencia legislativa, liderazgo en gestión municipal y representación de los distintos sectores sociales de la capital.

Desafíos y propuestas para Lima Metropolitana

Lima Metropolitana enfrenta retos estructurales que inciden de manera directa en la calidad de vida de sus habitantes. Entre los principales desafíos se encuentran el incremento de la inseguridad ciudadana, la congestión vehicular, el déficit de infraestructura urbana y la informalidad en el empleo y el comercio. La expansión desordenada de la ciudad ha generado zonas con escaso acceso a servicios públicos básicos, mientras que los problemas ambientales, como la contaminación del aire y la gestión de residuos, afectan la salud de la población.

Ante este panorama, Renovación Popular plantea un conjunto de propuestas que priorizan el fortalecimiento de la seguridad mediante la modernización de los sistemas de videovigilancia, el aumento de patrullaje policial y la coordinación con gobiernos locales para combatir la delincuencia. En materia de transporte, el partido propone la ampliación de corredores viales, la integración eficiente de los sistemas de transporte público y la promoción de proyectos destinados a mejorar la movilidad urbana.

En cuanto a desarrollo económico, la agrupación apuesta por incentivar la formalización de pequeñas y medianas empresas y facilitar la tramitación de licencias comerciales, con el objetivo de generar empleo sostenible y atraer inversión privada. También contempla iniciativas para mejorar la gestión de residuos sólidos y promover la recuperación de espacios públicos, así como programas orientados al fortalecimiento de los valores ciudadanos y la participación comunitaria en la toma de decisiones locales.

En el centro del debate legislativo, la senadora Geovanna Bañuelos colocó una problemática histórica: la precariedad laboral en el campo mexicano. Desde la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la legisladora defendió un dictamen orientado a establecer un sistema de certificación laboral que permita garantizar condiciones dignas para quienes sostienen uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

Durante su intervención, subrayó que el crecimiento del sector agroalimentario no puede seguir desligado de la justicia laboral. De acuerdo con los datos expuestos, alrededor de tres millones de personas trabajan en actividades agrícolas, y ocho de cada diez lo hacen en condiciones de informalidad. Esta situación implica la ausencia de seguridad social, contratos formales y acceso a derechos básicos.

Certificación laboral: eje de la propuesta

El dictamen impulsado por Geovanna Bañuelos plantea la implementación de mecanismos de verificación que obliguen a las empresas agroexportadoras a acreditar el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. Esto incluye garantizar seguridad social, condiciones de trabajo adecuadas y respeto a los derechos de los trabajadores.

La propuesta cobra relevancia en un contexto donde el sector agroalimentario representa más del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y mantiene una balanza comercial positiva. México se ha consolidado como un actor clave en la exportación de productos agrícolas; sin embargo, este posicionamiento no ha ido acompañado de mejoras proporcionales en las condiciones laborales del campo.

La legisladora fue enfática al señalar que no es sostenible que los productos mexicanos cumplan con estándares internacionales de calidad para exportación, mientras quienes los producen continúan en situación de vulnerabilidad.

Competitividad con justicia social

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es articular la competitividad económica con la justicia social. La certificación laboral no solo funcionaría como un mecanismo de regulación interna, sino también como una herramienta para fortalecer la reputación internacional de los productos mexicanos.

En mercados globales cada vez más exigentes, el cumplimiento de estándares laborales y sociales se ha convertido en un factor determinante. Bajo esta lógica, la propuesta busca que México no solo compita en calidad y volumen, sino también en responsabilidad social.

Enfoque ambiental y sostenibilidad

El dictamen también incorpora un componente ambiental al reconocer la relación entre la degradación de los ecosistemas y la precarización de las comunidades rurales. En este sentido, la certificación contempla medidas orientadas a prevenir la deforestación y promover prácticas productivas sostenibles.

Este enfoque integral apunta a transformar el modelo agroexportador mexicano, alineándolo con criterios de sostenibilidad y respeto al entorno natural. La iniciativa reconoce que el deterioro ambiental impacta directamente en las condiciones de vida de las comunidades rurales, por lo que ambas problemáticas deben abordarse de manera conjunta.

Hacia un nuevo modelo agroalimentario

Con esta propuesta, Geovanna Bañuelos perfila una agenda que busca redefinir las reglas del sector agroalimentario en México. La certificación laboral se presenta como un instrumento para equilibrar la balanza entre crecimiento económico y derechos laborales.

El debate en el Senado abre la puerta a una posible transformación estructural del campo mexicano, donde los trabajadores dejen de ser el eslabón más vulnerable de la cadena productiva y se conviertan en el eje central de la política pública.

De avanzar esta iniciativa, México podría dar un paso relevante hacia un modelo más justo, competitivo y sostenible, en el que el éxito exportador no se construya a costa de la dignidad laboral.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó este 9 de abril que la Cámara atiende cinco solicitudes enviadas por Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, para autorizar la salida de Fuerzas Armadas mexicanas fuera del país durante 2026.

Entre las peticiones sobresale la participación en el Evento No. SOF28, enfocado en la capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos, según informó Laura Itzel Castillo en su cuenta oficial de X.

El paquete que revisará el Senado incluye la intervención en el ejercicio multinacional TRADEWINDS 2026 del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda, así como el alistamiento para “Flota 205” (FLEETEX 250) en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, del 15 al 30 de junio, seguido por la Revista Naval Internacional 250 en Nueva York del 1 al 8 de julio.

Otras salidas contemplan la colaboración en el ejercicio RIMPAC 2026, programado en las Islas Hawái entre el 24 de junio y el 31 de julio, y la integración en el Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026 en Panamá, del 3 al 14 de agosto de 2026.

Todas las solicitudes serán turnadas a las comisiones competentes, confirmó Laura Itzel Castillo en la red social.

Miembros de la Sedena fueron a recibir capacitación a Estados Unidos

Elementos de Fuerzas Especiales de la Sedena concluyeron hoy un adiestramiento conjunto en Camp Shelby, Mississippi, realizado entre el 18 de enero y el 13 de marzo, dirigido a perfeccionar tácticas de operaciones especiales en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos.

Esta operación, autorizada por el Senado y comunicada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a la estrategia bilateral de seguridad que busca fortalecer la respuesta ante escenarios complejos en la frontera común, bajo la premisa de reciprocidad, confianza y respeto a la soberanía.

Dentro del periodo de casi dos meses, 40 efectivos de las Fuerzas Especiales de Sedena participaron en el evento SOF28, enfocado en la actualización de técnicas de combate avanzado, integración de inteligencia mediante tecnología satelital y empleo de drones, indican las fuentes consultadas por Milenio. Adicionalmente, el programa contempló la adopción de estándares internacionales y el intercambio de experiencias operativas entre ambas fuerzas armadas.

El grupo viajó en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, portando armamento reglamentario, después de contar con la aprobación formal del Senado en noviembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre.

Durante la estancia, los militares mexicanos perfeccionaron estrategias de inserción discreta en zonas de alto riesgo, protección de instalaciones críticas y protocolos para la ejecución coordinada de misiones conjuntas. La instrucción, en ambientes simulados, facilitó la alineación doctrinal y permitió consolidar canales eficientes de comunicación entre cadenas de mando.

El ejercicio transcurrió bajo un esquema constitucional estricto que permitió a los soldados mexicanos entrenar en condiciones similares a las operaciones reales. Las instalaciones de Camp Shelby, con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, han operado como centro de adiestramiento para fuerzas internacionales desde la Primera Guerra Mundial y ofrecen simulacros a nivel de batallón con empleo de tanques M1 Abrams, vehículos Bradley y obuses Paladin.

El pleno de la Cámara alta aprobó este jueves, en una sesión sin mayores estridencias, los ascensos de los tres jefes militares y activó a la experimentada exsenadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá. Durante el encuentro también se consumó un paso clave: ingresó el combo de pliegos judiciales -más de 75- que envió en los últimos días el Ejecutivo libertario, los cuales tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos para avanzar con las audiencias públicas.

La suba de grado abarcó a los líderes del Ejército, Oscar Santiago Zarich; de la Armada, Juan Carlos Romay; y de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Valverde. Misma situación para el del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. En tanto, otros dos ascensos fueron apartados.

Previo a esto y, a través de la radical Mariana Juri (Mendoza), se realizó un minuto de silencio para homenajear “a los 649 fallecidos en el conflicto” y “a todos los que fallecieron desde aquel momento hasta ahora”. Luego, el peronista Daniel Bensusán (La Pampa) solicitó una cuestión de privilegio para criticar a la administración libertaria por la discrecionalidad en adelantos de coparticipación a diversas provincias. También fue denostado por legisladores kirchneristas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus curiosas novedades inmobiliarias.

Sobre el final de esta sección, el titular del interbloque K -ahora se llama “Popular”-, José Mayans, repartió dardos a Javier Milei y a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por la fallida criptomoneda $LIBRA, y observó la política de créditos hipotecarios a funcionarios libertarios. “Robo a cara descubierta”, lanzó.

El senador no olvidó mandar cariños al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con quien intercambió un diálogo fuera de micrófono -que no pareció conflictivo, sino más bien respetuoso- ayer, en un plenario de comisiones.

Hoy, el clima cambió. “Flor de hijo de puta”, “estúpido” y “vive en una nube de pedos” fueron parte de las caricias discursivas del soldado de Gildo Insfrán. El funcionario, esta vez, no estaba presente para responder. Además, los legisladores tienen inmunidad de opinión. “Esto va a reventar”, alentó.

La oposición kirchnerista se opuso a Crexell. Por caso, la peronista Florencia López (La Rioja) dijo que su excolega “aceptó un soborno y una coima”, ya que “permitió que se sancione la ley Bases y negoció un cargo en la embajada de Canadá”. Esto ya fue desestimado por la Justicia. El interbloque intentó, sin éxito, igualar este caso al escándalo del entrerriano Edgardo Kueider.

No sorprendió la postura de Julieta Corroza (La Neuquinidad), quien adhirió al cristinismo. La senadora, que responde al alicaído gobernador, Rolando Figueroa, hizo una llamativa referencia sobre Crexell: se refirió a ella como una persona “a la que nunca le faltó nada” para opinar sobre una eventual embajadora.

En realidad, la recién llegada Corroza quiso despejar dudas en cuanto a cómo accionó Figueroa -al que enaltece con obsesión- cuando se debatió la ley Bases. Luego, apuntó a la cuestión de género. Todo derivó en un momento patético y cínico, en plena sesión. Quedó grabado y registrado en la versión taquigráfica.

Lo peor de todo: cuando la senadora vote una ley del Ejecutivo la lupa quedará, según su vara, enfocada bien grande hacia ella. Vale recordar que a la reforma laboral no la rechazó, sino que se abstuvo. De manera indirecta, ayudó al Gobierno de Javier Milei.

Cerca del final de la sesión, la presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital Federal), hundió a Corroza. “Fue dos veces elegida por Neuquén, por más que digan ahora que no la quieren. En dos períodos la eligieron con votos de neuquinos, no de los porteños”. “No les importa las sentencias, como con Cristina Kirchner”, agregó.

La jefa oficialista resaltó que se haya cerrado el capítulo de ascensos militares demorados y, en particular, la luz verde a las autoridades de Defensa de la Competencia tras un “mecanismo riguroso, con más de 100 postulantes inscriptos con un concurso” para una “institución autárquica” que ahora tendrá “la calidad que necesita nuestro país para defender las buenas prácticas, que son recomendadas por la OCDE”.

Detalle de las votaciones

*Militares: 70 a favor, dos en contra (Florencia López y Carlos Linares).

*Defensa de la Competencia: 72 a 0 (unanimidad de todo el pleno).

*Crexell: 45 a favor, 26 en contra. Se ausentó el neuquino Pablo Cervi.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la integración de tres comisiones bicamerales clave para la supervisión de la seguridad nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y la operación del Canal del Congreso, marcando un paso relevante en la coordinación legislativa tras más de un año y medio de retraso.

Seguridad nacional en el Senado: nuevas comisiones bicamerales entran en funciones

El Pleno avaló los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política para designar a las y los legisladores que integrarán las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional; de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; y del Canal de Televisión del Congreso.

De acuerdo con el senador Ignacio Mier Velazco, la aprobación se realizó conforme al reglamento y a la decisión soberana del Pleno, estableciendo las bases para la futura designación de presidencias, las cuales serán determinadas por las propias comisiones bajo un esquema rotatorio entre ambas Cámaras.

Comisión de Seguridad Nacional: facultades clave y vigilancia estratégica

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional será presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez y contará con la participación de Enrique Vargas del Villar y Juanita Guerra Mena.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la solicitud de informes al Centro Nacional de Inteligencia, el análisis de reportes del Consejo de Seguridad Nacional y la emisión de recomendaciones en la materia.

Además, podrá conocer documentos estratégicos como la Agenda Nacional de Riesgos.

Supervisión de Fuerzas Armadas en seguridad pública: funciones y alcance

Por su parte, la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será encabezada por el senador Higinio Martínez Miranda.

Su función principal será analizar y dictaminar los informes enviados por el Ejecutivo federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluyendo reportes periódicos con indicadores verificables sobre el cumplimiento de criterios como legalidad, regulación, fiscalización y respeto a los derechos humanos.

En esta comisión participan legisladores de diversas fuerzas políticas, lo que garantiza una integración plural.

Canal del Congreso y transparencia: el papel de la tercera comisión bicameral

La tercera comisión bicameral estará enfocada en el Canal de Televisión del Congreso, considerado un instrumento clave para la transparencia y la difusión de las actividades legislativas.

Este órgano será presidido por el senador Homero Davis Castro y contará con la participación de legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN aún tiene pendiente definir a su representante.

Coordinación legislativa: el objetivo de las comisiones bicamerales

Las comisiones bicamerales son órganos integrados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión para atender temas de interés común.

Su creación busca fortalecer la coordinación entre diputados y senadores en áreas estratégicas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la relevancia de estos mecanismos para mejorar la articulación institucional y atender asuntos prioritarios de manera conjunta.

¿En qué consisten las comisiones bicamerales?

• Son órganos integrados por senadores y diputados para atender temas de interés común
• Permiten la coordinación directa entre ambas Cámaras del Congreso
• Analizan, supervisan y emiten recomendaciones sobre políticas públicas específicas
• Pueden solicitar información a instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia
• valúan informes del Ejecutivo federal en temas estratégicosFortalecen la transparencia y la rendición de cuentas
• Sus presidencias son rotatorias entre las Cámaras y los grupos parlamentarios

Con la aprobación de estas comisiones, el Senado da un paso hacia el fortalecimiento del control legislativo en materia de seguridad y transparencia, a la espera de que la Cámara de Diputados designe a sus integrantes para completar la instalación de estos órganos.

Las elecciones generales del domingo 12 de abril de 2026 marcan el regreso del Senado en Perú, una instancia clave para la gobernabilidad y la estabilidad política de los próximos cinco años. En esta jornada decisiva, se elegirán 60 senadores, distribuidos en dos listas: 30 de representación regional y 30 de lista nacional. La composición del Senado será determinante para el equilibrio de poderes, tan relevante como la elección del presidente de la república.

El Senado no solo es un contrapeso al Poder Ejecutivo, sino también una pieza fundamental en la aprobación de leyes y la designación de altas autoridades constitucionales. Elegir estratégicamente a los senadores permitirá a los ciudadanos influir en la calidad y la orientación de las políticas públicas durante el próximo quinquenio.

¿Cómo se eligen los senadores en las elecciones 2026?

Este 12 de abril, además de presidente y vicepresidentes, los peruanos votarán por 60 senadores y 130 diputados para conformar el próximo Congreso bicameral. De los 60 escaños del Senado, 30 corresponden a la representación nacional y los otros 30 a la representación regional.

La elección regional se realiza por distrito electoral múltiple: cada departamento del país elige un senador, Lima Metropolitana elige cuatro, la provincia constitucional del Callao uno y los peruanos residentes en el extranjero uno. Por su parte, los 30 senadores de lista nacional son elegidos por todos los votantes del país, en un distrito único nacional.

Para conocer el listado completo de candidatos al Senado y sus hojas de vida, los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones: Consulta aquí la lista de candidatos al Senado.

¿Cómo marcar correctamente tu voto para senador?

De las cinco columnas que presenta la cédula de sufragio para estas elecciones, dos están dedicadas a la elección de senadores: una columna para senadores por distrito nacional y otra para senadores por distrito regional. Cada elector deberá marcar su preferencia en ambas columnas de manera independiente.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto una cédula de sufragio con dos columnas específicas para la elección de senadores: una para senadores nacionales y otra para senadores regionales. En ambas, el elector debe marcar solo una organización política por columna, utilizando una cruz (+) o un aspa (x) dentro del recuadro del símbolo o nombre del partido político.

• Para senadores nacionales, se puede escribir hasta dos números de candidatos preferidos del mismo partido (doble voto preferencial).
• Para senadores regionales, solo se puede consignar un número de candidato preferido dentro del recuadro correspondiente.

Si la marca se realiza fuera del recuadro, o si se marcan varias organizaciones en la misma columna, el voto será declarado nulo. Si no se marca ninguna opción, el voto será considerado en blanco. La ONPE recuerda que un error en una columna no invalida el resto del voto, por lo que es fundamental revisar cada sección antes de entregar la cédula.

Funciones principales del Senado peruano

El Senado, tal como establece la Ley N° 31988 de reforma constitucional, será responsable de aprobar, modificar o rechazar leyes que provengan de la Cámara de Diputados. Además, tendrá la facultad de elegir al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a tres directores del Banco Central de Reserva.

Otras funciones clave incluyen la designación del Contralor General de la República, la ratificación del Superintendente de Banca y Seguros, la autorización para la salida del presidente del país y el ingreso de tropas extranjeras, y la revisión de decretos de urgencia o de excepción dictados por el Ejecutivo.

El Senado deberá ejercer control sobre tratados internacionales y suscribirlos antes de su ratificación, así como fiscalizar los actos del gobierno durante los periodos de receso parlamentario. Estas competencias lo convierten en un actor esencial para el buen funcionamiento institucional del país.

El nuevo reglamento del Senado en Perú establece que la Cámara de Senadores no puede ser disuelta por el Ejecutivo. Con la implementación de la bicameralidad, solo la Cámara de Diputados podría ser disuelta tras dos negativas de confianza, blindando al Senado para brindar mayor estabilidad política.

Para votar de manera informada y evitar errores, la ONPE recomienda a los ciudadanos revisar su local de votación, llevar su DNI vigente y consultar previamente el número de orden en la mesa electoral. Se aconseja practicar la forma correcta de marcar la cédula y revisar el portal de la ONPE y el JNE para conocer a los candidatos y sus propuestas.

El Senado aprobó los ascensos de tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá.

El cónclave en el recinto comenzó con el quorum requerido gracias al oficialismo y dialoguistas -37, aunque rápido hubo 39-, sin inconveniente alguno. Después, esa cifra se abultó con el kirchnerismo, que ingresó más tarde.

Durante el encuentro en la Cámara alta, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, leyó todos los pliegos judiciales (alrededor de 75) que envió días atrás el Ejecutivo. Con esto, los mismos tomaron estado parlamentario y se girarán a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto.

Seguido a ello, el interbloque kirchnerista -ahora se denomina “Popular” y lo maneja el formoseño José Mayans- aprovechó la sesión para cuestiones de privilegio y, así, denostar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las novedades inmobiliarias de las últimas semanas.

En la jornada también avanzaron las propuestas para completar las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat.

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Las duras palabras que usó una senadora de La Rioja para calificar a Lucila Crexell, postulada como embajadora de Canadá

La senadora de La Rioja, Florencia López, -al igual que su par de Neuquén, Julieta Corroza (La Neuquinidad)- se expidió negándose a apoyar el pliego que envió el Poder Ejecutivo de la Nación respecto de la postulación de la ex senadora por la provincia de Neuquén, Lucila Crexell como futura embajadora de Canadá.

“Vamos a oponernos a esta postulación por una cuestión muy simple: no es ni más ni menos que la perfección o el perfeccionamiento del delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal, que es el cohecho, el soborno o la coima“, expresó la legisladora riojana.

Y prosiguió: “La postulada a la Embajada de Canadá ha aceptado un soborno, una coima, porque ha permitido que se sancione en este Senado de la Nación la ley bases y ha negociado para su voto, ni más ni menos, que un cargo, la Embajada de Canadá”, sostuvo. “Es una coimera”, dijo López, sin vueltas minutos después en su exposición.

Y agregó: “La voluntad de esta senadora estuvo viciada, que su voluntad no era libre. Y esto lo decimos con un conocimiento de causa. Porque es evidente el cambio de opinión que ha tenido esta senadora hoy postulada a la embajada".

José Mayans le apuntó a Sturzenegger con insultos: “Es el autor ideológico de todo esto”

El senador y jefe del bloque justicialista, José Mayans, apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, de quien recordó su papel en la transferencia de deuda privada al Estado durante la gestión de Domingo Cavallo y la generación de la “bicicleta financiera” con las LEBACs por 70 mil millones de dólares.

Se refirió a Sturzenegger como “el autor ideológico de todo esto” en referencia a las políticas actuales de la gestión del presidente Javier Milei, asociando su nombre a momentos críticos como el default de 2001, bajo la órbita de Fernando de la Rúa, y la crisis bajo la presidencia de Mauricio Macri. Y también lo tildó del representante del “antipatria” y “cipayaje”, para luego insultarlo: “Es el título con el que nosotros conocemos como flor de h... de p...”, dijo sin eufemismo.

La sesión también estuvo atravesada por cuestionamientos al ministro de Economía, a quien se atribuyó una total desconexión de la realidad social. El senador denunció que el funcionario vive en “la nube de Ubeda” y no percibe las consecuencias concretas de su gestión.

Alicia Kirchner apuntó acerca de la credibilidad del INDEC

La senadora justicialista Alicia Kirchner planteó en la Cámara alta las fuertes alzas en los servicios públicos para los sectores de menores ingresos en la provincia de Santa Cruz -con incrementos que en el gas alcanzaron el 2.093 %- para acentuar el debate legislativo.

Además, la legisladora reclamó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), bajo intervención estatal, debe ser reformulado para garantizar autonomía y fiabilidad, en un contexto donde sus indicadores resultan “fuera de contexto” y no reflejan los impactos sociales que los propios legisladores observan a diario en sus distritos.

La senadora, en complemento a una intervención previa del senador peronista Jorge Capitanich, señaló que la última medición del INDEC mostró una disminución de la pobreza en su provincia, aunque la indigencia -medida a partir de la canasta alimentaria- aumentó.

Subrayó que los instrumentos de medición vigentes datan de 2004, mientras que otras dimensiones trabajadas en 2012, 2013, 2017 y 2018 no fueron incorporadas. Esto genera, según la parlamentaria, una distorsión en el diagnóstico social que condiciona la orientación de las políticas públicas.

De acuerdo con los datos expuestos en el debate, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la tarifa eléctrica subió 845% para las familias de menores ingresos y solo 3,48% para los de altos ingresos en Santa Cruz.

Minuto de silencio por Malvinas

A través de la radical Mariana Juri (Mendoza), el pleno realizó un minuto de silencio para homenajear “a los 649 fallecidos en el conflicto” y “a todos los que fallecieron desde aquel momento hasta ahora”.

Tras ello, el peronista Daniel Bensusán (La Pampa) solicitó una cuestión de privilegio para criticar a la administración libertaria por la discrecionalidad en adelantos de coparticipación a diversas provincias.

El senador remarcó que el decreto autoriza un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Bensusán explicó que estos anticipos son adelantos de coparticipación federal que los gobernadores deberán devolver en un plazo de 30 días, dentro del mismo ejercicio fiscal y con intereses. Según el legislador, esta modalidad implica una carga adicional para las provincias, y la comparó con un préstamo oneroso.

El gobierno de Javier Milei prepara un conjunto de reformas legislativas que abarcan cambios en la justicia, el sistema electoral, el Código Penal y la adhesión a tratados internacionales. Tras la aprobación de la reforma de la ley de Glaciares, el oficialismo prioriza la discusión de nuevos proyectos que no habían podido entrar en la agenda legislativa de las últimas semanas y que tienen ascendencia en la política desreguladora y exterior del Ejecutivo.

En la madrugada de hoy, el Gobierno logró sancionar la modificación sobre la ley de Glaciares y permite ampliar inversiones mineras por 165.000 millones de dólares para la próxima década, según cifras informadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esa normativa que beneficia a varias economías regionales, el oficialismo espera una mayor concesión de parte de estas regiones para algunas iniciativas que el oficialismo impulsará en las próximas semanas.

De acuerdo a fuentes inobjetables, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la votación de la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), medida considerada estratégica para afianzar el vínculo comercial con Estados Unidos. El compromiso forma parte del acuerdo comercial firmado recientemente entre ambos países y exige la sanción de esta norma antes de fin de abril.

Asimismo, confirmaron que se buscará tratar de manera rápida en comisiones el denominado proyecto “Hojarascas”, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. La intención del oficialismo es eliminar regulaciones y burocracias que generan sobrecostos e ineficiencias para el Estado y los actores económicos.

Esto sería tratado en primer término mientras se buscan afianzar y negociar las adhesiones políticas para una de las iniciativas que más impacto tienen de cara a la campaña electoral del año próximo.

Se trata de la reforma política, que contempla la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. El borrador de la iniciativa ya se encuentra en su etapa final y que su presentación en el Congreso y podría concretarse en los próximos días.

Diferentes voceros de La Libertad Avanza (LLA) ratificaron su postura que no se optará por proponer una suspensión de las PASO, sino por su eliminación. “Es algo que el electorado legitimó el año pasado y que varios bloques tienen la presión de apoyar pese a que todavía no están convencidos”, afirmó un estratega libertario.

El oficialismo reconoce que, para avanzar con su paquete legislativo, resulta imprescindible negociar apoyos entre aliados y sectores del peronismo. Voceros parlamentarios admiten que la eliminación de las PASO enfrenta resistencias en bloques dialoguistas y que la obtención de votos requerirá un trabajo minucioso en ambas cámaras.

Aunque planea tratarse más adelante, el paquete de reformas incluye, además, un nuevo proyecto de ley que anticipa la futura reforma integral del Código Penal. El Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, presentará una iniciativa que incorpora nuevas figuras delictivas y aumenta penas para delitos existentes, como “viudas negras”, “motochorros”, “salideras”, fraudes piramidales y delitos migratorios. También se contempla la creación de un criterio de interpretación “pro-víctima” y la participación obligatoria de las víctimas en decisiones procesales clave, como la suspensión del juicio a prueba.

Se prevé que la reforma penal incluya penas específicas para la tenencia de armas en cárceles, incremento de castigos por picadas callejeras, endurecimiento de sanciones por maltrato animal y protección especial para menores en casos de abuso sexual y grooming. El proyecto buscará aprobación inmediata de los puntos urgentes y reservará para más adelante la discusión integral del Código Penal, que ya cuenta con propuestas previas elaboradas por comisiones de jueces y fiscales.

En el ámbito judicial, el Senado prevé tratar más de sesenta pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La sesión prevista para el jueves marcará el inicio del trámite parlamentario de estas designaciones, que incluyen jueces, defensores, fiscales y conjueces.

Entre las figuras incluidas en este paquete inicial se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal oral de Santa Fe, y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en la causa conocida como $LIBRA sobre presunta estafa con criptomonedas promocionadas por el propio Milei. Además, destaca la candidatura de María Julia Sosa, secretaria del juzgado federal de Julián Ercolini, postulada a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata.

La jornada también incluirá acuerdos diplomáticos y militares, además de la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, un paquete de ascensos militares y nombramientos en el Tribunal de Defensa de la Competencia. En el listado de ascensos militares destaca la promoción del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich; los vicealmirantes Juan Carlos Romay (Armada) y Marcelo Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas) y otros 80 oficiales de las tres fuerzas armadas. En contraste, el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, ha quedado pendiente por falta de votos luego de ser impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

A la espera de la presentación formal de los proyectos, no se descarta que la semana que viene se reúna la mesa política encabezada por Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt.

La reforma para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales fue avalada por unanimidad en el Senado, pero sin modificar el criterio vigente de seis días de trabajo por uno de descanso, un punto que se ha convertido en el principal foco de críticas entre trabajadores y algunos legisladores.

El dictamen, que ahora será enviado a la Cámara de Diputados, establece la reducción de la jornada en la Ley Federal del Trabajo, aunque evita incluir de manera explícita un modelo de cinco días laborales con dos de descanso.

Jornada laboral de 40 horas avanza sin cambio en días de descanso

Con el respaldo de 104 senadores de todas las fuerzas políticas, el pleno avaló la inclusión de la jornada máxima de 40 horas semanales en la legislación secundaria.

Sin embargo, el documento mantiene intacta la lógica actual de organización del trabajo, lo que implica que la reducción de horas no necesariamente se traducirá en más días de descanso para los trabajadores.

Este aspecto ha generado inconformidad, ya que uno de los principales reclamos sociales era transitar hacia un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso.

Reducción de jornada será gradual hasta 2030

El proyecto contempla una implementación progresiva para permitir la adaptación del sector productivo. El calendario aprobado es el siguiente:

• 48 horas en 2026
• 46 horas en 2027
• 44 horas en 2028
• 42 horas en 2029
• 40 horas en 2030

Este periodo de transición fue destacado por legisladores como un mecanismo para equilibrar los derechos laborales con la viabilidad económica de las empresas.

Nuevas reglas para horas extra y control laboral

La reforma también redefine el marco del trabajo extraordinario.

Se establece que:

• Las horas extra se pagarán al doble del salario ordinario
• No podrán exceder 12 horas semanales
• Se distribuirán en un máximo de cuatro días

En caso de rebasar ese límite, el tiempo adicional deberá pagarse al triple y no podrá superar cuatro horas extra por semana.

Además, se incorpora la obligación de que los empleadores registren de forma electrónica las jornadas laborales, lo que busca dar mayor transparencia y facilitar la supervisión por parte de las autoridades.

Protestas en el Senado por falta de dos días de descanso

Durante la discusión, un grupo de trabajadores ingresó al recinto para manifestar su rechazo a la redacción del dictamen, al considerar que deja fuera una de las demandas más importantes: garantizar dos días de descanso obligatorios.

Algunos legisladores coincidieron en esta preocupación y adelantaron que buscarán modificar el contenido en la siguiente etapa del proceso legislativo.

Senado aprueba también certificación laboral para agroexportación

En la misma jornada, el Senado avaló otro dictamen para crear una certificación laboral en el sector agroexportador, orientada a garantizar el cumplimiento de derechos laborales y estándares ambientales en productos destinados al comercio internacional.

La medida busca fortalecer la competitividad del sector y responder a las exigencias globales en materia de responsabilidad social.

Reforma de 40 horas pasa a Diputados entre críticas y pendientes

El proyecto será analizado ahora por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate centrado en la distribución de la jornada y, especialmente, en la posibilidad de establecer de manera clara dos días de descanso por semana.

Aunque la aprobación representa un avance histórico en materia laboral, la discusión de fondo permanece: si la reducción de horas será suficiente sin una modificación directa en la organización de los días de trabajo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió esta tarde la ley que blinda la propiedad privada que Javier Milei envió semanas atrás al Congreso. El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, la mayoría cristinistas o de izquierda-, tierras rurales e incluso el criticado régimen de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.

Sturzenegger fue el principal expositor del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado -presidió el libertario fueguino Agustín Coto, que por momentos se dejó manejar los tiempos por cristinistas-, que comenzó a analizar una iniciativa que consta de seis capítulos y 53 artículos. La ,misma también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y cambios en el Registro de Propiedad para fomentar la incorporación de tecnología.

“El único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto a los derechos de propiedad. Por ejemplo, tenemos tantos recursos mineros, pero nadie vino a explotarlos porque no hay certezas sobre los derechos de propiedad”, aseguró en los primeros minutos de su disertación.

Tras ello, Sturzenegger dio detalles de cada capítulo. En cuanto al primero, relacionado con las expropiaciones, señaló que las mismas “no pueden ser discriminatorias” y deberán ser “específicas y bien fundadas, como ya sucede en tratados bilaterales de inversiones” firmados desde hace larguísimos años por la Argentina. Es decir, alinear la ley con documentos que el país ya tiene vigentes con otras naciones y suelen rubricar todas las administraciones centrales.

Además, el funcionario habló de compensaciones “al valor del mercado”, la contemplación del “lucro cesante” y la preservación de dicho derecho ante eventuales declaraciones del sector público, así como la “no transferencia de dominio sin previo pago” y la “clarificación del proceso judicial cuando no se logre definir un valor”.

Sobre procesos de desalojo, confirmó un “cambio sustancial” para activar “juicios sumarísimos” y así “tener otros tiempos y velocidades”, con el fin de un proceso “más efectivo”. En dicho capítulo se incorpora la notificación electrónica y la falta de pago como condicionante, lo que objetó parte de la oposición.

No llamó la atención, pese a haber sido parte del Gobierno de Cambiemos -Mauricio Macri-, cómo defenestró la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. En este sentido, sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Para Sturzenegger, hay una explicación “clarísima” por haber “transferido responsabilidades territoriales, como la municipalidad o la provincia”.

“Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Después habló de una “ley tapón” y usó de ejemplo de eficiencia en este problema al intendente -en uso de licencia- de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El gran problema aquí, como en otras cuestiones, es quién pondrá millonadas que, hasta ahora, no sirvieron de nada.

Seguido a ello, observó el límite de compra de hectáreas a extranjeros, diferenció los casos en los que sí se blindarían -si se sanciona el proyecto- ante cuestiones de seguridad nacional, y a posterior denostó la ley de fuego de Máximo Kirchner. “O sea que si tengo una catástrofe -en un campo ganadero- no puedo hacer otra cosa -por 30 años- mientras crece. ¿Alguien pensó que podía tener algún sentido?”, preguntó, y calificó el régimen como un “dislate”.

Tras la exposición, los primeros senadores en preguntar fueron kirchneristas: José Mayans (Formosa-jefe del espacio), Martín Soria (Río Negro), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis). Varios de ellos lanzaron varios dardos venenosos por su pasado amarillo y el endeudamiento, más su gestión actual en Desregulación. No obstante, el último alertó sobre desalojos con juicios sumarísimos a personas “que no puedan pagar el alquiler”.

Salino fue al único de este lote al que Sturzenegger le agradeció un requerimiento concreto. Más tarde, a modo general, resaltó que el objetivo es “un país sin cercos que nos hemos puesto a la inversión”. Para esta altura, la libertaria y titular de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), pareció tomar el control del plenario, que le correspondía en realidad a Coto. Luego, esto se reacomodó.

Otra senadora opositora, la peronista riojana Florencia López, castigó a quien Milei califica de “coloso” y lo halagó por su “capacidad para la creación de términos faranduleros”, en relación con el nombre de su Ministerio, y por haber tomado medidas que afectaron “a los más vulnerables”. “El estado atrasa”, replicó Sturzenegger.

Por el oficialismo, uno de los que hizo uso de la palabra fue el exjefe de la bancada, Ezequiel Atauche, quien se refirió a “privados que tenían que salir a proteger sus tierras en Jujuy por grupos políticos sostenidos por el gobierno anterior”, con “gente encapuchada con palos entrando a la privada a robártela”, y recordó a la condenada Milagro Sala. “No hubo nunca voluntad política de proteger”, finalizó el legislador.

Una de las espadas cristinistas, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, consultó al jerarca libertario “qué estimación oficial tiene ante el -eventual- aumento de extranjerización de la tierra que generará proyecto en 10 y 20 años, desagregado por provincia y departamento”, así como un análisis geopolítico por los dichos del ministro sobre “seguridad nacional”, y mostró su preocupación por acuíferos y zonas fronterizas. Este último punto fue aclarado por otro funcionario nacional, que ratificó continuará igual. En cuanto a tierras extranjeras, la senadora kirchnerista llevó un mapa del Conicet y dijo que, del límite de 15%, hoy hay un 5%.

Pedido por el ReNaBaP

El Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, sugirió no aplicar modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que hundió Sturzenegger horas atrás. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”. Tras sus palabras, Mayans y Márquez mantuvieron un intercambio entre religión y teología.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directivas del Senado de la República, informó que las comisiones de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.

La reforma surgió como una antesala de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en marzo pasado.

En un comunicado, el Senado indicó que el dictamen recibió 16 votos a favor de la Comisión de Puntos Constitucionales, 13 votos a favor de la Comisión para la Igualdad de Género y 16 votos a favor de la Comisión de Estudios Legislativos.

“Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen a la Iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum por el que se reforma el Art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de feminicidios”, escribió Laura Itzel Castillo en su cuenta de X.

En la misma red social, la presidenta del Senado consideró que “esto significa un paso fundamental para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres” en México.

Agregó en la Sesión de hoy se le dará Primera Lectura y se discutirá en las próximas sesiones del Pleno de la Cámara de Senadoras y Senadores.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, destacó la importancia de legislar sobre el femincidio al calificarlo como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, porque no sólo daña física, psicológica, económica o patrimonialmente, sino que tiene la intención de acabar con su vida.

Señaló que la ley general buscará establecer reglas comunes para todo el país, obligando a Federación y estados a actuar bajo los mismos criterios y evitar diferencias normativas, afirmando que esto permitirá que los feminicidios se investiguen y sancionen con un mismo estándar en todas las entidades.

Consideró pertinente y necesaria la reforma constitucional ante el contexto actual, al mencionar que, según la CEPAL, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en la región los últimos cinco años.

Comentó que en México, sólo en 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reporta 4 mil 523 carpetas de investigación por feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades estatales para prevenir, investigar y sancionar este delito.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que esta es la reforma constitucional número 27 y reconoce el diálogo y debate entre senadores de las distintas comisiones legislativas.

La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena, sostiene que investigar y sancionar el feminicidio de forma distinta según la entidad es también una forma de violencia. Señala que “no hay vidas que valgan distinto” y celebra la reforma para que la igualdad sea una realidad.

Verónica Rodríguez Hernández, senadora del PAN, adelanta que su grupo parlamentario acompañará el dictamen y subraya la necesidad de cuidar la elaboración de la ley y asegurar un presupuesto digno para su implementación.

Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, considera que el dictamen subsana una deuda histórica con mujeres y sus familias, y advierte que la falta de homogeneidad en la tipificación del feminicidio abre espacios a la impunidad.

Mely Romero Celis, senadora del PRI, afirma que la desigualdad normativa es también impunidad. Advierte que la falta de tipificación del feminicidio en grado de tentativa permite que muchos casos se valoren solo como lesiones dolosas, por lo que la ley general debe cerrar la puerta a esas violencias.

Lizeth Sánchez García, senadora del PT, subraya que hoy un mismo crimen puede recibir respuestas distintas. Considera que la reforma permitirá armonizar el tipo penal y mejorar la coordinación estatal con perspectiva de género.

Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, denuncia que ocho mil 735 mujeres, adolescentes y niñas han muerto por feminicidio en México en los últimos 10 años. Llama a dotar de recursos suficientes a la ley general y garantizar su efectividad.

En uno de los momentos más tensos de su comparecencia ante el Senado de la República, el canciller recién ratificado Roberto Velasco Álvarez abordó este 8 de abril el tema que ha puesto al gobierno mexicano en el centro de la polémica internacional: el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que por primera vez llevó el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La postura del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue de frente y sin ambigüedades: México cuestiona el informe, pero no niega el problema.

“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de las familias”

Antes de entrar al terreno técnico, Velasco marcó el tono humano del mensaje. “Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares”, afirmó ante los senadores. Las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda, dijo, “tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad”.

Esa aclaración fue deliberada: el gobierno no quiere que su rechazo al informe se lea como indiferencia ante las miles de familias que buscan a sus desaparecidos.

¿Qué cuestiona México del informe?

Velasco identificó dos objeciones concretas al reporte del CED.

1. La primera tiene que ver con el alcance normativo del Comité. Según explicó, el organismo hace referencia al Estatuto de Roma y redefine el concepto de desaparición forzada, dos acciones “para las cuales el Comité no tiene facultades”.
2. La segunda objeción apunta directamente al artículo 34 de la Convención Internacional, que se aplica a países que niegan la cooperación internacional y que cometen desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante acción gubernamental. Para Velasco, esa caracterización no corresponde a la realidad mexicana: “Cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito”.

Esta postura coincide con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado días antes, al cuestionar también la metodología del informe: el reporte analiza casos de solo cuatro estados del país y cubre el periodo de 2009 a 2017 — durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto — para luego extrapolar sus conclusiones hasta 2025, lo que el gobierno considera metodológicamente cuestionable.

La exigencia: más calidad al sistema de la ONU

El canciller cerró su postura con un mensaje directo hacia el sistema multilateral: México seguirá cooperando, pero también seguirá exigiendo. “Vamos a seguir exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tome en cuenta también los avances que ha habido en particular en los últimos años en esta materia tan delicada”.

La instrucción, dijo, viene desde la cima: “Esa es la instrucción que tenemos de la presidenta”.

El gobierno también busca una comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura, mientras que tanto la SRE como la Secretaría de Gobernación ofrecerán mayores detalles sobre el proceso en los próximos días.

Durante los primeros dos años de la actual legislatura, el Senado de la República ha contabilizado 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores de distintos partidos, de acuerdo con información recabada por la revista Proceso.

Alito Moreno lidera las faltas injustificadas

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, se posiciona como el senador con mayor número de faltas injustificadas.

Entre el 3 de septiembre de 2024 y el 25 de marzo de 2026, el legislador acumuló al menos siete u ocho inasistencias sin justificar, lo que lo coloca en el primer lugar de este registro dentro de la Cámara alta.

Además, el priista también suma varias faltas justificadas, elevando su nivel total de ausencias durante el periodo legislativo.

PAN “brilló por su ausencia”

A nivel de grupos parlamentarios, el PAN destaca como la bancada con mayor número de inasistencias acumuladas en el Senado durante el mismo periodo.

Este comportamiento refleja una tendencia de ausencias recurrentes entre sus integrantes, particularmente en sesiones clave, lo que ha sido interpretado en algunos casos como una forma de protesta política frente a decisiones de la mayoría oficialista.

Ausencias como protesta y sanciones económicas

Legisladores de oposición —incluidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— han argumentado que algunas de sus ausencias forman parte de acciones de protesta ante reformas impulsadas por el bloque mayoritario.

No obstante, el reglamento del Congreso establece que cada falta injustificada implica el descuento de un día de salario, lo que representa una sanción económica directa para los senadores.

Un problema extendido en el Senado

En total, 67 senadores han incurrido en faltas injustificadas, lo que evidencia que las inasistencias no son un fenómeno aislado, sino una práctica extendida en el Senado mexicano.

Algunos de estos episodios coincidieron con debates de alto impacto, como reformas constitucionales, donde incluso bancadas completas optaron por no asistir al pleno.

Cuestionamientos al desempeño legislativo

El elevado número de faltas ha generado críticas sobre el compromiso de los legisladores con su labor, especialmente en un contexto de discusión de reformas clave para el país.

El caso de Alito Moreno resalta no solo por la cantidad de inasistencias, sino por su papel como dirigente nacional del PRI, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre su desempeño en el Senado.

El secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, compadeció en el Senado de la República, previo a su ratificación como canciller del organismo.

Durante la conferencia aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es la mayor prioridad para la política exterior mexicana, el cual tiene una revisión programada para el próximo 1 de julio.

"El T-MEC representa el acuerdo comercial de mayor relevancia para México. En consecuencia, respaldaremos desde la perspectiva política su proceso de revisión, garantizando que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país. Con Canadá hemos profundizado una relación que va mucho más allá del marco trilateral“, declaró el funcionario.

En cuanto a Canadá, manifestó que es un socio con una visión del mundo que, en distintos rubros, coincide con la del país, por lo que se mantienen vínculos sólidos en los ámbitos económico, cultural, turístico y social. Esta relación refleja una cooperación constante y una coincidencia en prioridades internacionales.

Situación en Medio Oriente

Por otro lado, aseguró que con Medio Oriente seguirá una relación de respeto mutó, donde el diálogo constructivo y la cooperación económica y cultural serán primordiales, al ser una región con gran relevancia estratégica en energía, finanzas y comercio global.

Ante los conflictos, el país sostendrá una postura guiada por el derecho internacional, la paz y la no proliferación. Desde el inicio de la reciente guerra, autoridades mexicanas han hecho un llamado urgente a privilegiar la vía diplomática y evitar el uso de la fuerza.

Asimismo, reconoció el alto al fuego anunciado recientemente y reiteró su intención de seguir impulsando esfuerzos para preservar la estabilidad regional y promover la paz.

"Sobre la situación de Palestina, se mantendrá la posición histórica de nuestro país en la defensa de la solución de dos estados y de la construcción de una paz duradera basada en reglas internacionales y en el derecho humanitario. Con Europa nos une la historia, la cultura y el comercio", declaró Velasco.

Puntos clave de la política exterior de Roberto Velasco

• Uno: La política exterior busca generar bienestar en México mediante la defensa de la soberanía, el impulso económico y un entorno internacional favorable.
• Dos: México aprovecha su integración global para diversificar socios, atraer inversión y fortalecer su participación en mercados internacionales.
• Tres: El Estado protege a los mexicanos en el exterior y promueve una migración ordenada, segura y regular.
• Cuarto: El respeto al derecho internacional, la autodeterminación y la igualdad entre Estados es clave para el diálogo y acuerdos duraderos.
• Cinco: La seguridad se basa en cooperación internacional efectiva, guiada por soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.
• Seis: México mantiene su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional para promover la paz y estabilidad global.
• Siete: La acción climática es una prioridad para impulsar la sustentabilidad y enfrentar crisis globales.
• Ocho: La promoción y protección de los derechos humanos es un eje central de la política exterior.
• Nueve: México asume la reconfiguración del orden internacional con responsabilidad ante nuevos desafíos.
• Diez: El respeto mutuo y la responsabilidad compartida guían todas las acciones de política exterior.

La plenaria del Senado aprobó un proyecto de acto legislativo que busca restablecer un pago adicional anual para los docentes pensionados en Colombia, conocido como la Mesada 14.

El anuncio fue divulgado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de la red social X, donde señaló que la iniciativa obtuvo respaldo en el Congreso.

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El beneficio corresponde a un ingreso equivalente a una mensualidad pensional que durante años formó parte del esquema de pagos del magisterio. Sin embargo, fue eliminado en 2005 mediante una reforma constitucional que redujo el número de mesadas anuales, con el argumento de controlar el gasto público.

Desde su eliminación, el ingreso adicional dejó de aplicarse a la mayoría de los educadores, lo que generó diferencias frente a otros regímenes especiales que conservaron ese pago. Esta situación dio lugar a diversas propuestas orientadas a recuperar el beneficio, en medio de reclamos del sector educativo.

El proyecto aprobado pretende revertir esa decisión y restituir el pago a los docentes oficiales, incluidos aquellos del orden nacional, nacionalizado y territorial, que hacen parte del régimen especial del magisterio. Según lo discutido en el Congreso, la medida cobijaría a más de 160.000 profesores pensionados en todo el país.

En el sistema pensional colombiano, los jubilados reciben actualmente 13 pagos al año: 12 mesadas correspondientes a cada mes y un ingreso adicional en diciembre. La Mesada 14 representaba un pago extra a mitad de año, generalmente entre junio y julio, que incrementaba los ingresos de los pensionados.

Este beneficio fue establecido con la Ley 100 de 1993, pero posteriormente fue limitado mediante el Acto Legislativo 01 de 2005. La reforma dispuso su eliminación para nuevos pensionados desde julio de ese año y su cierre definitivo en 2011. Mientras algunos regímenes conservaron este pago, más de 60.000 docentes dejaron de recibirlo, lo que marcó una diferencia en las condiciones pensionales.

El texto que avanzó en el Senado plantea modificar el artículo 48 de la Constitución, que regula el derecho a la seguridad social. La propuesta incluye un parágrafo que permitiría a los docentes recibir más de 13 mesadas al año, exceptuándolos de la restricción vigente.

Uno de los argumentos expuestos durante el trámite es que los docentes hacen parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que administra sus recursos de manera independiente. Bajo ese esquema, se sostiene que la medida puede aplicarse sin extenderse automáticamente a otros sistemas pensionales.

La iniciativa también contempla que el pago adicional se reconozca a beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, como cónyuges, viudos o hijos que dependían económicamente de un docente fallecido. De esta forma, el alcance de la medida incluiría tanto a pensionados actuales como a futuros.

Otro punto incluido en el proyecto es la ausencia de retroactividad. Esto significa que no se reconocerán pagos correspondientes a años anteriores desde la eliminación del beneficio en 2005. El ingreso adicional comenzaría a aplicarse únicamente una vez la reforma entre en vigencia, en caso de completar su trámite.

El proceso legislativo de este tipo de iniciativas exige ocho debates en el Congreso, distribuidos en dos periodos consecutivos. El avance en la plenaria del Senado representa una etapa dentro de ese procedimiento, pero aún restan discusiones para que el texto pueda convertirse en una reforma constitucional.

De acuerdo con lo expuesto en el Congreso, la propuesta busca modificar una condición que ha permanecido por cerca de dos décadas y que ha sido objeto de discusión en distintos escenarios. Con su eventual aprobación, los docentes pensionados volverían a recibir un pago adicional anual dentro de su esquema de ingresos.

El Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan la participación conjunta de los sectores público, privado y social en el desarrollo de proyectos estratégicos.

El dictamen fue avalado con 84 votos a favor y 28 en contra, y fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.

SHCP podrá autorizar contrataciones sin suficiencia presupuestaria

Uno de los puntos centrales de la reforma es la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para autorizar, de manera excepcional, el inicio de procedimientos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria.

La legislación establece que las dependencias deberán gestionar las adecuaciones necesarias para garantizar los recursos antes de emitir el fallo o formalizar la adjudicación.

Contratos mixtos: nuevo modelo de inversión en infraestructura

La ley incorpora esquemas de contratos mixtos, que permiten la colaboración entre el Estado y la iniciativa privada en distintas fases de los proyectos.

Estos contratos contemplan la participación empresarial en:

• Financiamiento de obras
• Diseño y desarrollo de proyectos
• Construcción y operación
• Mantenimiento de infraestructura

Además, se establece que los riesgos, costos y beneficios deberán compartirse conforme al interés público.

Creación de vehículos financieros para canalizar inversiones

El nuevo marco legal prevé la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE), que podrán constituirse como fideicomisos o sociedades para facilitar la inversión en infraestructura.

Entre sus funciones se encuentran canalizar recursos, emitir instrumentos financieros y mejorar las condiciones de financiamiento de los proyectos, incluso con apoyo de la banca de desarrollo.

Asimismo, la ley contempla la posibilidad de incorporar recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Sectores estratégicos y plazos de los proyectos

Los proyectos contemplados en la legislación abarcan sectores como energía, transporte, agua, salud, educación, turismo y desarrollo urbano.

También se establece que los contratos de inversión estratégica tendrán una duración de entre 4 y 40 años, y podrán participar empresas nacionales, extranjeras y consorcios.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia para impulsar la inversión en infraestructura.

Posturas en el Senado: financiamiento y control estatal

Durante la discusión, legisladores expresaron distintas posturas sobre los alcances de la reforma.

Por un lado, senadores de la mayoría señalaron que el esquema mantiene la rectoría del Estado sobre los proyectos estratégicos.

Por otro, integrantes de la oposición manifestaron preocupaciones sobre el uso de recursos y el inicio de obras sin respaldo presupuestario.

En ese contexto, la senadora Claudia Anaya declaró: “Vamos a tomar el dinero de las Afores para que el Estado haga proyectos de inversión productiva”, al referirse a la participación de estos fondos.

Puntos relevantes de la reforma en infraestructura

La legislación aprobada contempla, entre otros elementos:

• Participación del sector privado y social en proyectos estratégicos
• Autorización excepcional para iniciar contrataciones sin recursos disponibles
• Implementación de contratos mixtos
• Creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE)
• Posible uso de recursos de Afores
• Contratos con vigencia de entre 4 y 40 años

La reforma forma parte de una estrategia para ampliar las fuentes de financiamiento en infraestructura, en un contexto de reducción de la inversión pública en este rubro.

Según relató Losada en la entrevista, el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias ha transitado un largo recorrido legislativo. “La verdad que lo vengo luchando desde el año 2022. La primera vez que presento el proyecto fue en 2023. Pierde estado parlamentario, lo volvemos a presentar en 2025. Ahí lo dictaminamos. Ya lo dictaminamos dos veces y mañana va a ser la tercera”, explicó la senadora. La expectativa es que el dictamen alcance ahora el recinto y obtenga la media sanción necesaria.

El respaldo al proyecto, detalló Losada, involucró a diferentes fuerzas políticas. “Desde la Unión Cívica Radical, todos votaron a favor del dictamen desde la primera vez. De hecho, todos acompañaron con su firma el proyecto que yo presenté. Con el PRO también. Con el cambio de autoridades, cuando empieza a haber más, senadores de La Libertad Avanza, ellos también nos apoyaron. Y hoy podemos decir por eso que tenemos la posibilidad de sacarlo”, describió la legisladora.

Durante la entrevista, Losada hizo hincapié en la percepción extendida dentro del Senado sobre la necesidad de legislar en esta materia: “Cuando vos hablás con los senadores y senadoras en privado, te dicen todos: ‘Tenés razón, esto tiene que salir’”.

La senadora compartió además testimonios que recibió de colegas y de trabajadores del sector privado, quienes manifestaron temores respecto al impacto de las falsas denuncias en el ámbito laboral. “Yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”, le habría confesado un senador según contó.

Carolina Losada relató casos concretos de personas que, según su testimonio, sufrieron graves consecuencias por denuncias que luego resultaron infundadas. Uno de los episodios citados fue el de Pablo Ghisoni, un ginecólogo que, según contó la legisladora, estuvo diez años alejado de sus hijos y tres años en prisión tras ser acusado de abusos que la justicia finalmente desestimó.

“Ese hombre estuvo tres años preso, privado de su libertad y encima con la carga mental de saber que están acusándote de violar a tus hijos. Y era mentira. Recién ahora la justicia lo absuelve”, detalló Losada .

Respecto a la estructura del proyecto, Losada explicó que la propuesta eleva las penas para el delito de falsa denuncia: “Hoy es de dos meses a un año, y nosotros llevamos las falsas denuncias en general de uno a tres años. Y en caso de violencia, y porque la mayoría de los casos se dan por ese lado”. El texto, según su exposición, fue consensuado con varios bloques parlamentarios.

La referencia a la resistencia de algunos sectores políticos también se hizo presente en la entrevista. Losada mencionó la influencia de figuras como Juliana Di Tullio en la bancada del Frente de Todos o Frente para la Victoria, a quienes atribuyó la decisión de bloquear el avance de la ley en función de los temas de género.

“El partido del Frente de Todos o como se llamen, es un partido totalmente verticalista y tienen una persona que se dedica a los temas de género. Juliana Di Tullio. Entonces, si Juliana Di Tullio dice: ‘Esto no se aprueba’, el resto no lo aprueba. Por lo menos eso es lo que me dicen los senadores y senadoras que quieren aprobarlo”, sostuvo Losada.

Frente a preguntas sobre la falta de estadísticas oficiales, la senadora enfatizó su decisión de abstenerse de citar cifras no verificadas. “En el observatorio de falsas denuncias hay estimaciones. Yo no quiero repetir cifras que no son oficiales, porque me parece que yo como funcionaria pública no puedo repetir cifras que no son oficiales”, aclaró.

La senadora expuso que el nuevo marco legal busca proteger tanto a víctimas reales como a quienes resultan afectados por acusaciones sin sustento. En su visión, la mejora de la justicia requiere normas que contemplen todas las aristas posibles y que eviten que el sistema penal sea manipulado. “Las leyes no son para esa gente, las leyes son para la gente que sea víctima. Esta ley es para defender la verdad”, concluyó Losada.

El Senado de la República prevé ratificar este miércoles 8 de abril a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara formalmente su nombramiento a la Cámara Alta.

Como parte del proceso legislativo, el funcionario comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, paso previo a que el dictamen sea discutido y votado por el Pleno.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del nombramiento y señaló que el órgano ejercerá su facultad exclusiva para resolver la ratificación.

Experiencia en América del Norte respalda perfil de Velasco

El senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó confianza en la trayectoria de Velasco, quien se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

El legislador destacó que su experiencia resulta relevante, dado que Estados Unidos concentra cerca del 80% del comercio exterior de México. “Está muy enterado y ha sido participativo en la SRE”, afirmó.

Velasco ha liderado negociaciones clave en materia de migración, seguridad y economía con Estados Unidos y Canadá, lo que lo posiciona como un perfil técnico en la conducción de la política exterior.

Relación con Estados Unidos y revisión del T-MEC, prioridades

Durante reuniones previas con senadores, el canciller designado delineó su visión de política exterior, enfocada en mantener una relación de coordinación con Estados Unidos, sin subordinación, y con respeto a la soberanía nacional.

Murat Hinojosa explicó que uno de los ejes será trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, para garantizar una revisión “tersa” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, se abordaron temas estratégicos como migración, geopolítica regional y la relación bilateral con Washington, considerados prioritarios en la agenda exterior.

Diversificación comercial y acuerdos internacionales en la agenda

El senador también subrayó la oportunidad de ampliar los vínculos económicos de México con otras regiones del mundo.

Entre los objetivos planteados se encuentran:

• Impulsar la firma del tratado modernizado con la Unión Europea, prevista para mayo.
• Fomentar la llegada de inversión extranjera de países sin acuerdos comerciales vigentes con México.
• Reducir la dependencia comercial con Estados Unidos mediante la diversificación de mercados.
• Debate sobre informe de la ONU en materia de derechos humanos

Otro de los temas que se prevé aborde Velasco en su comparecencia es el informe reciente de Naciones Unidas sobre derechos humanos.

Al respecto, Murat Hinojosa rechazó que se equiparen las desapariciones vinculadas al crimen organizado con acciones atribuibles al Estado.

“Eso no se puede aceptar de ninguna manera”, sostuvo, al tiempo que defendió las políticas implementadas por el gobierno mexicano para prevenir estos delitos.

El legislador agregó que México ha mantenido apertura a la participación de organismos internacionales, pero subrayó que existen desacuerdos con algunas conclusiones del informe.

Relevo en la Cancillería tras salida de De la Fuente

El nombramiento de Velasco ocurre tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud. Desde el 1 de abril, el nuevo canciller designado asumió funciones de manera provisional mientras se completa el proceso de ratificación.

Previo a su comparecencia, Velasco sostuvo reuniones con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los distintos grupos parlamentarios plantearon inquietudes y prioridades en materia de política exterior.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, destacó la disposición al diálogo del funcionario, mientras que legisladores de otras bancadas señalaron que será en la comparecencia donde se detalle su estrategia diplomática.

La resolución del Senado marcará el inicio formal de la gestión de Velasco en un contexto internacional complejo, con desafíos en comercio, migración y relaciones bilaterales clave para el país.

En una sesión previsible y adelantada por Infobae la semana pasada, la Cámara alta volverá al recinto el jueves para votar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. La definición se consumó esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de las diversas bancadas y la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión se iniciará a las 11 y, como se estima, lo más jugoso podría ocurrir al principio, con cuestiones de privilegio más que aseguradas desde el interbloque kirchnerista -comanda el formoseño José Mayans-, hoy llamado “Popular”, contra el Gobierno libertario.

El aumento de grado en líderes militares, junto con la designación de Crexell, fueron debatidos y dictaminados hace poco menos de dos semanas por la comisión de Acuerdos del Senado, cuyo titular es el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Durante dicha jornada también avanzaron las propuestas para completar a las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval pasdo mañana y será dejado de lado, al menos, por ahora.

Se presenta Sturzenegger

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzará esta tarde, desde las 16, la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Defenderá la iniciativa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque se espera la presencia de, al menos, tres funcionarios más.

El encuentro será de carácter informativo y no habrá dictamen. Los dialoguistas pidieron no apresurar los tiempos, oír las exposiciones de los disertantes y luego empezar el ida y vuelta con la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La norma que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones-antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares-se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

El texto de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita- volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Según confiaron en ese entonces varias bancadas a este medio, el despacho iba a “dinamitar el recinto”. Lo que ahora se busca evitar son tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996. Esta noche, un puñado de senadores deslizaron a Infobae que “tienen dudas” y quieren “opinar”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre este tema, que se convirtió casi en una obsesión de la radical Carolina Losada.

Agenda estimada

Previo a Labor Parlamentaria, oficialismo y dialoguistas diagramaron un esquema de sesiones en caso que se obtengan los dictámenes de propiedad privada y/o falsas denuncias -finales de abril-, y los pliegos judiciales para mitad de mayo. Las audiencias sobre este último punto comenzarían el 30-4 y durarían hasta el 7-5.

El Senado de la República avanza en el proceso para ratificar a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara formalmente su nombramiento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, confirmó que el funcionario comparecerá este miércoles ante la Comisión de Relaciones Exteriores, como lo establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea votado en el pleno.

Mier explicó que este procedimiento permitirá evaluar la idoneidad del perfil propuesto y subrayó que forma parte de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior.

Ignacio Mier destaca diálogo político en proceso de ratificación

Tras una reunión privada entre Velasco Álvarez y los coordinadores parlamentarios, el legislador destacó que se trató de un ejercicio de interlocución política.

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior”, afirmó.

El senador también defendió el papel de la Jucopo como espacio de construcción de consensos entre fuerzas políticas, al señalar que el diálogo es esencial para concretar acuerdos en nombramientos clave.

Agenda legislativa y pronunciamiento de Morena

El presidente de la Jucopo adelantó que el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, emitirá un posicionamiento oficial sobre el tema.

En paralelo, informó que el Senado discutirá otros asuntos relevantes en la misma semana, entre ellos:

• La aprobación de iniciativas económicas y fiscales provenientes de la Cámara de Diputados
• La regulación de esquemas de inversión público-privada en infraestructura
• Modificaciones al Código Fiscal para reducir cargas a productores
• Propuestas relacionadas con la jornada laboral de 40 horas
• Certificación de productores de aguacate para exportación

Estas discusiones forman parte de la agenda legislativa que se desarrollará mientras se concreta la ratificación del nuevo canciller.

Postura del canciller ante informe de la ONU sobre desapariciones

Uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la postura del próximo canciller frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

De acuerdo con Mier, Velasco sostuvo que el documento “no se ajusta a la realidad” y que incluso redefine el concepto de desaparición forzada al atribuirlo como una política de Estado.

El legislador calificó el informe como “sesgado” y rechazó que exista una política generalizada de desapariciones impulsada por el Estado mexicano.

Además, cuestionó la activación del artículo 34 del mecanismo internacional, al considerar que debió privilegiarse el diálogo previo.

Perfil de Roberto Velasco y retos en política exterior

Velasco Álvarez cuenta con una trayectoria dentro de la SRE, especialmente en temas vinculados a América del Norte.

Se ha desempeñado como subsecretario para esa región y previamente ocupó cargos estratégicos en la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá.

Entre los principales desafíos que enfrentará destacan:

• La revisión y consolidación del T-MEC
• La relación bilateral con Estados Unidos en materia comercial y migratoria
• La participación de México en organismos multilaterales

Su ratificación podría concretarse este mismo miércoles, una vez concluido el proceso de comparecencia y votación en el pleno del Senado.

El Senado de la República recibió este martes al Roberto Velasco Álvarez, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien se reunió en privado con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, confirmó el encuentro a través de sus redes sociales y dio la bienvenida al funcionario al recinto legislativo. Por su parte, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, informó la recepción del oficio formal de nombramiento y señaló que la Cámara Alta ejercerá su facultad exclusiva para determinar la ratificación.

Velasco Álvarez fue designado el 1 de abril para conducir la política exterior del país, tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud. Su ratificación ante el Pleno del Senado se espera para este miércoles.

Ratificación prevista para este miércoles

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, confirmó que la votación para ratificar a Velasco Álvarez está programada para este miércoles, con la intención de arrancar temprano y tener el resultado ante el Pleno hacia el mediodía.

La senadora Cynthia López Castro anticipó el voto favorable con entusiasmo, destacando la trayectoria del diplomático dentro de la SRE.

El perfil del próximo canciller

Velasco Álvarez acumula una carrera consolidada dentro de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, con énfasis en la relación con América del Norte:

• Subsecretario para América del Norte — octubre 2025 a la fecha
• Jefe de la Unidad para América del Norte — 2021 a octubre 2025
• Director General para América del Norte — cargo previo

Su especialización en la relación con Estados Unidos y Canadá cobra relevancia en un contexto marcado por la renegociación del T-MEC y las tensiones comerciales con Washington.

La agenda que le esperaría como canciller

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a Velasco Álvarez se le solicitará poner sus “mejores oficios” en dos frentes prioritarios:

• La ratificación del T-MEC, en medio de presiones comerciales con Estados Unidos
• Mantener la candidatura de Michelle Bachelet ante organismos de Naciones Unidas

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Con 38 años, Velasco Álvarez es uno de los funcionarios más jóvenes en alcanzar un cargo de este nivel dentro de la cancillería. Nacido el 14 de septiembre de 1987 en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Su vínculo con la SRE inició en 2018, cuando el entonces canciller Marcelo Ebrard lo incorporó durante la transición de gobierno. Desde 2020 ha coordinado la agenda con América del Norte, primero como director general del área, luego como jefe de la Unidad para América del Norte y, desde octubre de 2025, como subsecretario para América del Norte, cargo para el que fue ratificado por el propio Senado.

Ha participado en negociaciones bilaterales con Estados Unidos en materia de aranceles, seguridad, movilidad humana y cooperación regional, así como en reuniones trilaterales del T-MEC.

El nombre de Bernardo Bosch Fernández comenzó a ganar fuerza en el escenario político rumbo a la elección intermedia de 2027. El joven empresario, además de ser hermano de la Miss Universo Fátima Bosch, encabeza las preferencias para una diputación federal en Tabasco, de acuerdo con una encuesta reciente.

Un estudio hecho por QM Estudios de Opinión coloca a Bosch Fernández en el primer lugar con 49.5 por ciento de intención de voto. La ventaja resulta significativa frente a sus competidores. El mismo sondeo muestra el dominio de Morena en la entidad, con 56 por ciento de preferencia, muy por encima de Movimiento Ciudadano, que alcanza 10 por ciento. El resto de los partidos se mantiene con cifras menores.

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández?

Bernardo Bosch Fernández nació el 25 de diciembre de 1996 en Teapa, Tabasco. Es hijo de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa. Su formación académica incluye Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

En el ámbito político, ha trabajado como asesor legislativo en el Senado y ha colaborado con la senadora Verónica Camino. También ha participado en campañas locales y en iniciativas vinculadas a la llamada Cuarta Transformación.

Además de su actividad política, Bosch Fernández mantiene presencia en el sector empresarial. Participa en el negocio familiar enfocado en la ganadería Brahman, una tradición arraigada en su entorno.

En 2025 recibió el reconocimiento como Ingeniero Destacado, otorgado por organismos del gremio en Tabasco.

La elección intermedia de 2027 renovará la Cámara de Diputados, con seis distritos federales en disputa en Tabasco. En ese contexto, el posicionamiento actual de Bernardo Bosch Fernández lo coloca como uno de los perfiles a seguir.

Los Bosch y sus vínculos con la 4T

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, marcada por la controversia, centró la atención sobre una de las familias con más poder político en Tabasco.

El padre, Bernardo Bosch Hernández, ocupa un cargo relevante en el sector energético como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Su trayectoria incluye labores en enlace institucional, relaciones públicas y programas de desarrollo social, como el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), enfocado en la responsabilidad social de la empresa con las comunidades.

Además, ha participado en la creación de estrategias para fortalecer la relación de Pemex con el Congreso, lo que ha llevado a especulaciones sobre su cercanía con la Cuarta Transformación.

Vanessa Fernández Balboa, madre de Fátima, ha mantenido un perfil bajo, aunque es reconocida en Tabasco por su participación en actividades sociales y culturales.

La tía de Fátima Bosch, Mónica Fernández Balboa, es una destacada política tabasqueña y figura clave en la 4T. Fernández Balboa ha sido senadora por Morena, presidenta de la Mesa Directiva del Senado (2019-2020) y directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) desde 2024.

Hace unas semanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de implementar múltiples acciones que castiguen a las personas que cometan este delito.

Con condenas de entre 40 y 70 años y multas de mil a dos mil UMS, se busca homologar este crimen en todo el país, obligando a las autoridades a investigar el asesinato violento de mujeres con perspectiva de género desde la apertura de la carpeta.

Esta iniciativa de ley, que se compone de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, se prevé que sea discutida en el Senado de la República esta semana, tras el receso de Semana Santa. Al mismo tiempo, al ser contemplada como una legislación general deberá aprobarse de forma individual en cada uno de los estados.

Su aprobación marcaría un avance en materia de violencia contra la mujer, y una oportunidad para frenar las altas cifras de feminicidios en México.

Puntos clave de la Ley General contra el feminicidio

• Homologación Nacional

El delito de feminicidio se configura cuando una persona priva de la vida a una mujer por razones de género. Entre los elementos que lo caracterizan se encuentran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia contra la víctima y condiciones de desigualdad de poder, como cuando se trata de una niña, adolescente, adulta mayor, una mujer embarazada o con alguna discapacidad.

• Investigación obligatoria

La iniciativa establece que el Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para fortalecer las investigaciones. También plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales cuenten con unidades especializadas que garanticen atención continua, con protocolos específicos y perspectiva de género. Se analizarán antecedentes de violencia, aun sin denuncias previas, y toda muerte violenta de mujeres será investigada como feminicidio. El proceso buscará la verdad y la reparación del daño, evitando estereotipos. Además, contempla medidas de igualdad y protección a menores en orfandad, así como la obligación de respetar la dignidad de las víctimas.

• Penas contra el feminicidio

La propuesta plantea sancionar este delito con penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a 2 mil UMAS. Estas penalizaciones aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad, o sea periodista, defensora de derechos o migrante. Por otro lado, aplicará el incremento si se emplearon sustancias como ácido o si el responsable es servidor público. Además, no se permitirá justificar el delito bajo ninguna circunstancia. El agresor perderá derechos como la patria potestad y herencia, quedará inhabilitado para cargos públicos y no podrá acceder a beneficios como libertad anticipada o amnistía.

El secretario designado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión con el cuerpo directivo de la Cancillería como parte de los preparativos rumbo a su proceso de ratificación en el Senado de la República.

Reunión en la SRE define prioridades de política exterior

De acuerdo con la propia Cancillería, el encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a los avances de cada área y establecer los temas prioritarios que marcarán la agenda diplomática en la nueva etapa.

Durante el diálogo, se revisaron líneas de trabajo alineadas a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior, en un contexto internacional caracterizado por cambios en alianzas, tensiones geopolíticas y reconfiguración económica.

Preparan ratificación de Roberto Velasco en el Senado

La reunión ocurre en paralelo al proceso legislativo que se alista en el Senado, donde se prevé analizar la propuesta del Ejecutivo para formalizar el nombramiento de Velasco como titular de la SRE.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, así como el coordinador Ignacio Mier, han indicado que están a la espera de la solicitud oficial para iniciar su revisión y posterior votación.

Cambio en la Cancillería tras salida de Juan Ramón de la Fuente

El relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores se da luego de la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Su gestión estuvo vinculada al periodo de transición política y a una etapa inicial del nuevo gobierno, en la que predominó una diplomacia con énfasis institucional.

Velasco: experiencia en operación diplomática y relación con Estados Unidos

Roberto Velasco, de 38 años, ha desarrollado su trayectoria dentro de la Cancillería, especialmente en el ámbito de la relación bilateral con Estados Unidos.

Su perfil se caracteriza por la participación en procesos de negociación y coordinación diplomática, lo que lo posiciona como un funcionario con experiencia operativa en temas estratégicos.

Ajuste en la política exterior ante un entorno global cambiante

El contexto internacional ha impulsado ajustes en la conducción de la política exterior mexicana, con un enfoque en mantener estabilidad y fortalecer relaciones clave.

En este escenario, el nombramiento de Velasco se interpreta como una apuesta por la continuidad operativa y la coordinación institucional.

• La SRE realizó una reunión interna encabezada por Roberto Velasco
• Se revisaron avances de áreas y temas prioritarios de política exterior
• El encuentro se da previo a su proceso de ratificación en el Senado
• El relevo ocurre tras la salida de Juan Ramón de la Fuente
• La agenda internacional influye en el rediseño de la estrategia diplomática

Cancillería busca continuidad y coordinación en nueva etapa

La reunión en la SRE marca el inicio de una fase de transición en la política exterior mexicana, en la que se busca mantener la coordinación interna y responder a un entorno internacional más complejo.

El proceso de ratificación en el Senado será el siguiente paso para formalizar el nombramiento y definir el rumbo de la diplomacia mexicana en los próximos años.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado comenzarán a debatir pasado mañana, desde las 16, el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el expositor principal para defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La disertación de uno de los funcionarios más respetados por el jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se convertiría en el plato fuerte del día para el kirchnerismo, que suele denostarlo en el recinto y diversas entrevistas. El golpeado interbloque, que comanda José Mayans, envió sus representantes para la de Legislación General. En tanto, ninguno aparece en la de Asuntos Constitucionales y ambas son manejadas por oficialistas. No obstante, cualquier senador podrá hacerse presente en el convite y preguntar lo que desee.

El texto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

La ley de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita- volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

El texto fue empujado por una radical -Carolina Losada- y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para su amiga y dejó de lado otras normas que reclamaban senadores. Hoy lidera nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Por otra parte, los jefes de las diferentes bancadas se verán las caras mañana, desde las 19, en la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de sellar una sesión para el jueves. Allí, el pleno debatirá ascensos militares -incluidos líderes de las tres fuerzas- dictaminados a finales de marzo por la comisión de Acuerdos. Mismo caso para la dos veces senadora y postulante a embajadora -política- argentina en Canadá, la experimentada neuquina Lucila Crexell. Durante el cónclave en el recinto tomarán estado parlamentario los pliegos judiciales que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada.

El Senado se prepara para iniciar, desde pasado mañana, el debate de la ley sobre propiedad privada que el Ejecutivo envió al Congreso, con un oficialismo que además consensuó, con parte de la oposición dialoguista, una nueva discusión del proyecto que pena las falsas denuncias, un tema que no llegó al recinto en el pasado por ser calificado de “rompe bloques”.

Por otra parte, La Libertad Avanza también dejó una ventana abierta para poder sesionar este jueves, para que los recientes pliegos judiciales puedan tomar estado parlamentario y se pueda activar a la ex legisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

La definición de la agenda comenzaría en las próximas horas, con la convocatoria a diversas comisiones. En tanto, para el potencial encuentro en el recinto de la Cámara alta, el oficialismo -comanda Patricia Bullrich- y la oposición dialoguista aguardan la cumbre que se consumará mañana -ya toma la forma de cónclave semanal rutinario- para definir esta cuestión. Los aliados quieren agregar sus propias leyes a la agenda senatorial.

El proyecto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada norma sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asistan funcionarios nacionales.

La segunda ley está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue ratificada por el Congreso en 1996.

El texto original de falsas denuncias fue empujado por una radical -Carolina Losada- y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

De cara al jueves, siempre y cuando se confirme la idea sobre el recinto que tienen libertarios y dialoguistas, la finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, más la definición de la postulación como embajadora -política- argentina en Canadá de la experimentada exsenadora Lucila Crexell.

El kirchnerismo fue a confrontar a Crexell a la comisión de Acuerdos y la de nuevo 100% peronista Carolina Moisés, que hasta hace poco tiempo pedía por la liberación de Cristina Kirchner junto a la ahora “odiada” La Cámpora -hay publicaciones suyas con la leyenda “no es justicia, es venganza”, tras la condena contra la ex presidenta-, acusó a sus excompañeras de sororidad “demagógica” y las dejó en una posición más que incómoda.

El legado del ingeniero y luchador social Heberto Castillo Martínez sigue marcando la vida política mexicana a veintinueve años de su muerte.

En un testimonio difundido este 5 de abril a través de sus redes sociales, su hija, Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado, subrayó no solo el recuerdo personal, sino la vigencia de los ideales democráticos que impulsaron a su padre a desafiar la represión estatal y a impulsar la organización de una oposición auténtica en México.

El papel de Castillo Martínez en la historia reciente del país adquiere mayor dimensión cuando se recuerda que, en 1994, asumió la senaduría por Veracruz y trabajó en la Comisión de Concordia y Pacificación creada tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, según relató Laura Itzel Castillo en el video publicado en sus plataformas. Murió el 5 de abril de 1997.

Heberto Castillo y el movimiento del 68: persecución, clandestinidad y resistencia

La participación de Heberto Castillo en el movimiento estudiantil de 1968, respaldando la causa de los estudiantes, marcó los capítulos más críticos de su resistencia.

De acuerdo con el testimonio de Laura Itzel Castillo, durante cerca de nueve meses Heberto vivió en la clandestinidad como consecuencia de la represión. Terminó siendo detenido y sometido a golpes fuera del hogar familiar, en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán.

Logró escapar hacia Ciudad Universitaria, donde fue atendido por alumnos de la Facultad de Medicina por haber recibido una paliza. Allí, el 15 de septiembre, protagonizó el Grito de Independencia en el campus, en un acto que, según Laura Itzel Castillo, “se recuerda con mucha efusividad por lo que representaba”.

A raíz de esos episodios, Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente, lo apodó el “Presidentito” y llegó a acusarlo de usurpación de funciones, según lo recordó la presidenta del Senado en el video difundido en su aniversario luctuoso. Castillo Martínez fue encarcelado durante dos años acusado de participar en las protestas, pero tras su liberación reafirmó su compromiso con la transformación democrática en el país.

La fundación de la oposición moderna y el impulso democrático

Después de la prisión, Heberto Castillo, junto con Demetrio Vallejo y un pequeño grupo de militantes, fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), primero de sus intentos por consolidar una fuerza política de masas capaz de desafiar al régimen predominante.

Según Laura Itzel Castillo, ella misma empezó a involucrarse en el PMT desde muy joven, enfrentando la vigilancia y represión policial que acompañaban toda actividad opositora en esa época.

Posteriormente, Castillo Martínez fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista. En 1988, en una decisión de alto impacto político, declinó sus aspiraciones en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El núcleo de esta conmemoración destacó no solo la dimensión política sino también la científica de Castillo Martínez. Como recordó su hija, fue un “distinguido científico, inventor, matemático, ingeniero” y creador de la estructura tridilosa, tecnología utilizada en la construcción de puentes y edificios, siempre desde su función como ingeniero calculista y supervisor de obra.

En la reflexión final de su mensaje, Laura Itzel Castillo abordó las preguntas sobre la relación entre los ideales de su padre y el contexto político actual, particularmente su pertenencia al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al respecto afirmó: “Estoy segura que, como dice un lema, si mi padre viviera, con nosotros estuviera”.

Una nueva encuesta elaborada por Datum revela cuál podría ser la composición del próximo Senado nacional como resultado de las próximas Elecciones Generales 2026 en el que, según el estudio de opinión, podría estar integrado por al menos ocho organizaciones políticas de un total superior a los 30 partidos políticos que lucharán por un escaño el próximo 12 de abril.

Según el estudio hecho por la encuestadora Datum, los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular serían las principales fuerzas en un eventual Senado Nacional, pues juntos alcanzan el 26.4 % de los votos válidos de los ciudadanos (16.4 % para Fuerza Popular, y 10 % para Renovación Popular).

Según el análisis hecho por la encuestadora, solo ocho partidos consiguen alcanzar o superar la valla del 5 % de votos válidos. Además de Fuerza Popular y Renovación Popular, los otros partidos que integrarían un puesto en el Senado serían: País Para Todos (8.2 %), Juntos Por el Perú (7.8 %), Buen Gobierno (7.4 %), Ahora Nación (5.7 %), Obras (5.1 %) y Primero La Gente (5 %).

Aunque las cifras puedan parecer alentadoras para los partidos políticos, esta composición solo es válida para la elección del Senado con representación nacional.

En el caso del Senado regional por Lima Metropolitana, la cantidad de partidos que superan la valla electoral del 5 % se reduce y pasa a ser solo de cinco: Renovación Popular (14.9 %), Fuerza Popular (14 %), Buen Gobierno (12.8 %), País para Todos (10.2 %), y Primero la Gente (7.1 %).

Partidos necesitan un millón de votos y tres escaños

Según explicó el experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos, con las nuevas normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el ingreso al Senado para los partidos que participan en las Elecciones 2026 dependerá del cumplimiento de dos condiciones: alcanzar al menos el 5% del total de votos válidos sumados en ambas modalidades de elección (Senado regional y Senado nacional), además de obtener un mínimo de tres escaños.

“Si en la elección del Senado por distrito único nacional votan 10 millones de peruanos, y en la elección del distrito múltiple también votan 10 millones, la suma será 20 millones de votos. El 5 % de esos 20 millones de votos es un millón de votos, que será la totalidad de votos como mínimo que deberá obtener un partido para pasar la valla, además de ganar sus tres senadores”, sostuvo el especialista en conversación con Canal N.

Villalobos precisó que el Senado estará compuesto por 60 miembros: “30 se eligen en distrito único nacional; los partidos presentan 30 candidatos que hacen campaña en todo el Perú y en el extranjero”. En paralelo, “26 se eligen, uno por cada región o departamento, y cuatro se eligen en Lima”.

Cuarta parte de peruanos no decide su voto

La encuesta de Datum también revela que, a una semana de las Elecciones Generales, la cuarta parte de los peruanos en edad de votar aún no han definido a qué candidato presidencial darle su voto o prefieren no votar por ninguno.

El estudio indica que el voto en blanco es predominante con un 21.8 %, mientras que el voto nulo es 3.9 %, lo que genera un total de 25.7 % de ciudadanos que aún tienen pendiente definir en qué candidato confiar.

El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado mantuvieron una reunión virtual días atrás y volverán a juntarse el martes próximo para definir una cuestión central para las bancadas aliadas: para que “camine” la agenda legislativa, el Gobierno tendrá que ceder ante diversas iniciativas que desde diversos bloques anti K reclaman a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La bolsa de proyectos se encuentra abultada por una simple razón: durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, casi nada fue tomado en cuenta. En la primera mitad de gestión libertaria, sólo a los ponchazos y en disputas tóxicas. En la actualidad, muchos dialoguistas están “a gusto” con la “muñeca” para negociar de Bullrich.

También es cierto que varias leyes aliadas volverían a generar rispideces. Sobre todo, si en el medio entra en juego el “equilibrio fiscal”, el mandamiento principal -hasta ahora- de Javier Milei. La idea de los senadores más experimentados es representar iniciativas que quedaron en cómoda siesta en los últimos seis años y ver hasta dónde “afloja” el Gobierno.

“Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”, lanzaron desde un despacho de peso a Infobae. En la carrera para agregar temas, los dialoguistas mantienen sus propias batallas. Todo es recibido por Bullrich, que cabecea cualquier granada en la Cámara alta y ya quedó consolidada como la única interlocutora real con el Ejecutivo.

Entre los puntos que algunos bloques deslizaron ante este medio se encuentran las áreas de educación, lobby -“gestión de intereses”, comentan para suavizarlo- y minería y juego de azar, entre otros. Un escalón más arriba se asoman, en paralelo a lo que la Casa Rosada ya insinuó, ideas sobre financiamiento político y las elecciones primarias, con un puñado de legisladores que no ven con malos ojos que no sean obligatorias.

“La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?“, graficó un referente dialoguista. Más allá de la buena relación, otros -los menos- aún desconfían. También el oficialismo, que ve cómo algunas personas que prometen una línea de acción, luego votan junto al kirchnerismo. De hecho, participan en los cónclaves entre libertarios y aliados y, de esa manera, cuentan con todo el ”panorama" de todos los sectores. Se consideran los más rápidos del condado. No lo son y ya hay colegas que ya los califican de “extorsionadores seriales”, algo común en el Congreso.

¿Qué se espera para la semana entrante? Si bien no fueron convocadas, lo charlado en los últimos días derivaría en una convocatoria a comisiones para el miércoles para comenzar la discusión de dos leyes. La primera es del Gobierno y única de las anunciadas por Milei que aterrizó en la Cámara alta: la que “blinda” la propiedad privada.

El texto en cuestión modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asista algún funcionario nacional. Se resolverá el lunes.

La segunda está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

Otro ítem es la confirmación -en el peor de los casos, quedará para la semana siguiente- de la sesión que se piensa para el jueves. La finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos enviados judiciales por el Ejecutivo, más la activación de la experimentada exsenadora Lucila Crexell como embajadora -política- de la Argentina en Canadá.

La más reciente encuesta nacional de Ipsos Perú sobre intención de voto para el Senado confirma la hegemonía de tres partidos: Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. El sondeo, encargado por Perú21 y realizado los días 1 y 2 de abril de 2026, revela además el avance sostenido de País para Todos, impulsado por el fenómeno de Carlos Álvarez, y una reconfiguración entre las principales fuerzas que aspiran a curules en las próximas elecciones generales.

El simulacro presenta la siguiente distribución de votos válidos a nivel nacional: Fuerza Popular lidera con 17,1%, seguido por Renovación Popular (10,5%) y Juntos por el Perú (9,7%). El partido País para Todos se posiciona en cuarto lugar con 9,3%, desplazando a otras agrupaciones que hasta marzo figuraban entre las seis principales.

En cuanto a la metodología, el estudio se aplicó a una muestra de 1.192 encuestas presenciales en hogares de 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. El margen de error es de ±2,8% y el nivel de confianza, de 95%. La encuesta fue estratificada por región y ámbito, seleccionando viviendas según cuotas de sexo y edad, y abarca población urbana y rural mayor de 18 años.

Resultados generales y cambios en la preferencia electoral

La encuesta de Ipsos revela que seis partidos superarían la valla electoral en el Senado:

• Fuerza Popular: 17,1% de votos válidos a nivel nacional
• Renovación Popular: 10,5%
• Juntos por el Perú: 9,7%
• País para Todos: 9,3%
• Alianza para el Progreso: 5,9%
• Partido del Buen Gobierno: 5,0%

Entre los datos destacados, País para Todos exhibe un crecimiento de 5,8 puntos porcentuales respecto al estudio anterior, mientras que Ahora Nación cae de 6,2% a 4,4% y queda fuera de la representación senatorial.

Distribución regional del voto y fortaleza de cada agrupación

El estudio evidencia diferencias territoriales significativas:

• En Lima, Renovación Popular obtiene 17% y País para Todos 13,2%.
• Fuerza Popular domina en el oriente (30,5%) y el norte (20,1%).
• Juntos por el Perú se destaca en el voto rural, con 22,4%.

Las preferencias en otras regiones y ciudades del interior también muestran variaciones según la oferta partidaria y los liderazgos locales. Este comportamiento refuerza la importancia del voto regional y rural en la composición del próximo Senado.

Contexto político y fichas de los principales protagonistas

El ascenso de País para Todos se relaciona con la visibilidad de Carlos Álvarez, cuya candidatura presidencial ha dinamizado la campaña en regiones tradicionalmente esquivas para nuevas fuerzas. Según el exministro Juan Sheput, postulante al Senado por este partido, el avance territorial y la estrategia diferenciada —con presencia en el sur y zonas mineras— han sido clave para disputar espacios frente a partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular.

Entre las propuestas que concentran el debate público figura el endurecimiento penal. Sheput precisó que, aunque la instauración de la pena de muerte para violadores y sicarios no está en el plan oficial presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, la discusión responde a una demanda social concreta por mayor severidad frente a la inseguridad.

Ficha técnica de la encuesta Ipsos

• Muestra: 1.192 encuestas presenciales en hogares urbanos y rurales de 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.
• Fecha de aplicación: 1 y 2 de abril de 2026.
• Margen de error: ±2,8%.
• Nivel de confianza: 95%.
• Universo: población mayor de 18 años.
• Sistema de muestreo: conglomerados estratificados, selección aleatoria de localidades y viviendas, cuotas de sexo y edad.
• Página web: www.ipsos.com/es-pe

La presidenta del Senado de México, Laura Itzel Castillo Juárez, publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de X, cuestionando el informe emitido por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 2 de abril, sobre las desapariciones forzadas en el país.

“La falta de rigor del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU puede abrir la puerta a intereses injerencistas, en vez de contribuir a la cooperación y al fortalecimiento institucional en favor de las víctimas”, escribió la funcionaria.

Aseguró que el documento refleja que el propio organismo reconoció no haber encontrado indicios de una política de Estado sobre este delito, además de omitir avances e información presentados recientemente por el Gobierno de México durante la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aún así, pidió llevar la situación de México a la Asamblea General”, manifestó Laura Itzel Castillo Juárez.

Castillo Juárez, también expresó que estas declaraciones exponen un contraste con la lentitud y ausencia del sistema de la organización frente a tragedias internacionales de alta urgencia, como la situación de Palestina.

Senador cuestiona las acciones de la ONU ante informe sobre desapariciones forzadas en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó como “inaceptable, tendencioso e injerencista” el informe del organismo sobre las desapariciones forzadas en México. Esta postura surge luego de que el Comité solicitara al Secretario General de la ONU remitir de manera urgente el reporte a la Asamblea General, con el objetivo de dar seguimiento al tema.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el senador criticó la actuación de la organización internacional al considerar que omite problemáticas globales de gran relevancia. Señaló que existe una falta de congruencia en su actuar, al tiempo que cuestionó el silencio frente a conflictos mundiales.

Asimismo, hizo un llamado a priorizar la coherencia en los posicionamientos del organismo y evitar posturas que calificó como parciales.

“La ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México, mientras deciden ignorar la viga en el ojo propio, guardan silencio cómplice ante las tragedias en Gaza, Ucrania y Líbano, por citar solo tres. Menos retórica tendenciosa y más coherencia con la paz mundial. Seamos serios”, publicó el legislador.

SRE rechaza documento y reitera compromiso con la erradicación del delito

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el documento de la ONU, asegurando que es tendencioso y parcial. El gobierno sostuvo que el informe no considera los avances institucionales recientes ni la información actualizada proporcionada.

Además, cuestionó la solidez jurídica y posibles conflictos de interés en el Comité. La SRE afirmó que México no tolera ni ordena desapariciones forzadas y destacó reformas legales e institucionales implementadas desde 2025.

Las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso con la erradicación de este delito y la cooperación internacional, siempre que refleje la realidad actual del país

La complejidad de la cédula electoral, la falta de familiaridad con el retorno al sistema bicameral y el desconocimiento de las reglas básicas han contribuido a que buena parte del electorado llegue a la recta final de la campaña sin información clara sobre el proceso.

Esto es lo que debes saber

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha explicado que, para garantizar la representación regional en el Senado, el país se ha dividido en 27 distritos electorales: los 27 departamentos, Lima Provincia, la Provincia Constitucional del Callao y el distrito de peruanos en el extranjero. Cada uno elegirá un senador, salvo Lima Metropolitana, que por su mayor número de electores designará a cuatro. De este modo, se escogerán 30 senadores bajo esta modalidad.

Para votar por el Senado, ubica la tercera columna de la cédula electoral. Allí debes marcar con una cruz (X) o un aspa (+) el símbolo del partido de tu preferencia. Asegúrate de que el cruce quede dentro del recuadro, porque si se sale, el voto puede no ser válido.

Si deseas, puedes dar un voto preferencial escribiendo el número de un candidato de ese mismo partido en el espacio en blanco. También es válido si solo escribes el número del candidato, sin marcar el símbolo del partido.

Tu voto se anula si mezclas opciones: por ejemplo, si marcas un partido y escribes el número de un candidato de otro, o si marcas dos partidos distintos en la misma columna. En resumen, vota por un solo partido y, si quieres, por un candidato de ese mismo partido.

Cómo funciona la nueva votación para el Senado y por qué genera confusión

La ONPE ha desplegado campañas informativas para orientar a los electores, pero los resultados han sido limitados. El 50% de los peruanos no conoce la cédula de votación, la cual es la más grande en la historia electoral del país y contiene información para tres tipos de elección: presidente y vicepresidentes, Senado y Cámara de Diputados. Entre quienes han visto la cédula, la mayoría la califica como confusa, especialmente en la sección destinada al Senado.

El desconocimiento sobre la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados también persiste. Solo el 40% de los encuestados por Datum puede distinguir entre ambas cámaras, pese a la campaña oficial. El sistema de voto preferencial, la obligación de marcar correctamente el símbolo del partido y las reglas para evitar la anulación del voto han elevado la percepción de dificultad, en particular entre adultos mayores y jóvenes que votan por primera vez en este nuevo sistema.

Factores que dificultan la participación informada

La falta de información clara y la rapidez con la que se implementaron los cambios normativos han dejado a muchos ciudadanos sin tiempo suficiente para familiarizarse con las nuevas reglas. La ONPE ha advertido que el desconocimiento puede afectar la validez de millones de votos, y ha instado a la población a informarse a través de sus canales oficiales. Los expertos señalan que el diseño de la cédula, la multiplicidad de listas y candidatos, y la novedad del sistema bicameral explican, en parte, la dificultad para ejercer un voto informado y válido en las próximas elecciones.

El desafío de garantizar una participación ciudadana efectiva y consciente será central en la jornada electoral, y el éxito del proceso dependerá no solo de la logística oficial, sino de la capacidad de los peruanos para adaptarse a las nuevas reglas y ejercer su derecho al voto con pleno conocimiento.

Diferencias entre la Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso

La Cámara de Diputados está formada por 130 diputados, elegidos por regiones para representar a toda la población. Ellos proponen y aprueban leyes nuevas.

El Senado tiene 60 senadores: uno por cada región, cuatro por Lima Metropolitana y los demás por lista nacional. Los senadores revisan, mejoran o rechazan las leyes aprobadas por los diputados y ratifican nombramientos importantes.

Para ser senador, la mayoría de los candidatos ya ha sido congresista antes, porque uno de los requisitos es haber ocupado ese cargo previamente o tener al menos 45 años y experiencia política. Por eso, muchos postulantes al Senado son políticos conocidos.

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, se colocó en el centro de la conversación digital tras publicar un video en el que se compara con Goku, el personaje principal del anime Dragon Ball.

El contenido formó parte de una dinámica en redes sociales en la que buscó presentarse ante nuevas audiencias.

En el video, la legisladora compartió aspectos personales como sus gustos por el pan, la música y la serie japonesa.

Sin embargo, lo que generó mayor reacción fue la analogía con el personaje ficticio, al explicar que se identifica con su capacidad de fortalecerse en momentos adversos.

“Él es más fuerte cuando está al límite de la muerte… de cada batalla donde me derrotan, siempre me levanto más fuerte. Soy como Goku”, expresó Rivera.

La declaración se viralizó rápidamente y generó diversas interpretaciones sobre su mensaje y estilo de comunicación política.

Estrategia digital y posicionamiento rumbo a Tlaxcala 2027

Aunque Ana Lilia Rivera no ha confirmado oficialmente su intención de competir por la gubernatura de Tlaxcala en 2027, distintos reportes y plataformas digitales la ubican como una de las figuras mejor posicionadas dentro de Morena en la entidad.

En ese contexto, el video ha sido interpretado como parte de una estrategia para conectar con audiencias más amplias, particularmente en redes sociales, donde el lenguaje informal y las referencias culturales suelen tener mayor alcance.

¿Quién es Ana Lilia Rivera?

Ana Lilia Rivera es una política con trayectoria en la izquierda mexicana y presencia en la vida pública de Tlaxcala desde hace más de dos décadas.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ha participado tanto en estructuras partidistas como en organizaciones sociales.

Trayectoria política en partidos de izquierda

Rivera inició su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde permaneció entre 2000 y 2014.

Posteriormente se integró a Morena, donde ocupó cargos dentro de la dirigencia estatal.

Entre sus principales antecedentes se encuentran:

• Diputada local en Tlaxcala entre 2008 y 2011
• Candidata a la presidencia municipal de Calpulalpan
• Secretaria técnica en el Congreso local
• Integrante de estructuras fundacionales de Morena en el estado

Experiencia legislativa y trabajo en el Senado

Desde 2018, Ana Lilia Rivera forma parte del Senado de la República, acumulando tres periodos consecutivos como legisladora federal.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa, ha presentado diversas iniciativas durante su actual encargo, enfocadas en distintos temas de política pública.

Además de su labor legislativa, ha desempeñado funciones en organizaciones y espacios de cooperación, entre ellos:

• Presidencia de la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo
• Participación en fundaciones de carácter social
• Coordinación del Frente Parlamentario contra el Hambre en México, vinculado con la FAO

Controversias recientes: críticas a la prensa y errores públicos

A inicios de 2026, la senadora también ha estado envuelta en diversas controversias que han incrementado su visibilidad mediática.

Entre los episodios más señalados se encuentran:

• Señalamientos a periodistas: En enero de 2026, calificó como “estúpidos” a periodistas que cuestionaron su labor legislativa. Posteriormente, argumentó que el término hacía referencia a quienes, a su juicio, niegan la verdad, y sostuvo que seleccionaría a qué medios responder.
• Confusión sobre Taiwán: Durante un evento público en Tlaxcala, afirmó que Taiwán era “uno de los lugares de México con gran desarrollo tecnológico”, lo que generó reacciones en redes sociales por el error geográfico.
• Denuncia de campaña en su contra: Tras las críticas, aseguró ser objeto de una “campaña negra” impulsada por desinformación y el uso de cuentas automatizadas, que —según dijo— buscan afectar su posicionamiento político rumbo a 2027.•
• Relación con la prensa: Sus declaraciones han abierto debate sobre su postura frente a los medios de comunicación y la manera en que responde a cuestionamientos públicos.

Pese a estos señalamientos, Rivera ha sostenido que los cuestionamientos forman parte de intentos por desacreditar su trayectoria política.

La combinación entre narrativa personal —como su comparación con Goku—, su trayectoria en la izquierda y las recientes controversias, mantiene a Ana Lilia Rivera como una figura visible en el escenario político de Tlaxcala rumbo a las elecciones de 2027.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que el Senado de México espera la solicitud formal de ratificación de Roberto Velasco Álvarez como próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para su revisión en comisiones y posterior votación en el pleno.

Ignacio Mier informó este 1 de abril, a través de un mensaje en redes sociales, que expresó a Rafael Velasco Álvarez su beneplácito por la postulación al cargo y destacó la experiencia del funcionario público, señalando que su trayectoria “es la mejor garantía para una política exterior digna y eficaz en beneficio de México”.

Coordinador de Morena en el Senado manda sus mejores deseos a Juan Ramón de la Fuente

En ese mensaje, Mier Velazco también transmitió sus deseos de pronta recuperación al excanciller Juan Ramón de la Fuente, a quien calificó como “hombre de Estado y académico de excepción” y cuyo prestigio, dijo, ha sido reconocido por el Senado mexicano.

Durante la comunicación, el presidente de la Junta de Coordinación Política recordó la colaboración con Rafael Velasco Álvarez en las negociaciones en Washington para proteger las remesas enviadas por migrantes mexicanos, describiendo el resultado como fruto de la capacidad técnica y estratégica del propuesto canciller.

La designación de Rafael Velasco Álvarez, enfatizó Ignacio Mier, será sometida “en los próximos días” a los procedimientos establecidos en la Constitución para la ratificación de los titulares de la política exterior en México.

Sheinbaum anunció la salida de Juan Ramón de la Fuente de la SRE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció oficialmente la salida de Juan Ramón de la Fuente como titular de la SRE por razones de salud y propuso como relevo a Roberto Velasco Álvarez, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

De la Fuente, figura central en la política exterior durante la gestión de Sheinbaum, dejará el cargo de manera temporal para someterse a una rehabilitación que se considera delicada, pero la mandataria anticipó su eventual reincorporación al gabinete una vez concluido el tratamiento, según informó este 1 de abril.

En el video difundido por Sheinbaum, de casi seis minutos de duración, se detalló el motivo concreto de la renuncia: un problema de espalda que desde noviembre de 2025 ya había obligado a De la Fuente a solicitar licencia médica.

De acuerdo con la presidenta, “hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y que requiere una rehabilitación muy delicada, deja la Secretaría de Relaciones Exteriores”. Este antecedente, además de la persistencia del cuadro a lo largo de varios meses, explica la decisión personal del excanciller de apartarse temporalmente, aunque la jefa del Ejecutivo subrayó su deseo de que De la Fuente permanezca dentro del “proyecto de transformación” gubernamental.

Claudia Sheinbaum enfatizó que De la Fuente: “Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea”, afirmó la presidenta.

La transición dentro de la SRE será asumida por Roberto Velasco Álvarez, quien ha desarrollado su carrera dentro del servicio exterior y posee experiencia específica en las relaciones bilaterales con Estados Unidos y Canadá. De confirmarse la propuesta en el Senado de la República, Velasco tomará formalmente el control de la secretaría.

Diversos bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo senatorial avanzaron en los últimos días con un nuevo proyecto para un tema delicado: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

La iniciativa original fue empujada por una radical Carolina Losada (Santa Fe) y fue casi prioritaria en su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

El último despacho -ahora, en foja cero- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Otro artículo establecía: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

Meses atrás, uno de los que acompañó fue el exmacrista y actual violáceo “con reparos” Luis Juez (Córdoba), quien consideró: “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”.

Un experimentado legislador que siguió de cerca el asunto denostó la idea que empujaban, en aquella ocasión, el tándem Losada-Pagotto. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, expresó a este medio.

“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, analizó este miércoles una legisladora. Además, deslizó a Infobae que un nuevo articulado ya circula entre bloques. Incluso, no se descarta que la semana próxima o la siguiente se analice en la comisión de Asuntos, hoy en manos del discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta).

Con perfil más bajo y menos pomposidad que Losada o Pagotto, Guzmán Coraita se acerca a un mejor entendimiento con otras bancadas y, en principio, lograría mantener el esqueleto de la última versión. Siempre, avalado por la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. De esa manera, se evitaría un desastre en el recinto por un tema que, sin dudas, generará fuertes cruces con el kirchnerismo e incluso algunos aliados.

El Senado de la República se prepara para desahogar en los próximos días el proceso de ratificación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de su designación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, confirmó que el órgano legislativo se mantendrá atento a la llegada de la propuesta formal para activar el procedimiento correspondiente.

“En el Senado mexicano estaremos atentos a la propuesta de nombramiento (…) para iniciar el proceso de ratificación correspondiente en apego a la Constitución”, señaló.

Desde la Junta de Coordinación Política, el senador Ignacio Mier adelantó que el trámite será turnado a comisiones y posteriormente al pleno para su votación.

Salida de De la Fuente abre relevo en la Cancillería

El proceso ocurre tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó la Cancillería el 1 de abril de 2026 por motivos de salud, relacionados con una intervención quirúrgica en la columna vertebral.

Diversos actores políticos e instituciones reconocieron su gestión al frente de la política exterior mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, una vez concluida su recuperación, el exfuncionario podría reincorporarse al gobierno federal en otra responsabilidad.

Quién es Roberto Velasco, perfil del nuevo canciller

Roberto Velasco Álvarez es un diplomático y funcionario con experiencia en la política exterior, particularmente en la relación de México con América del Norte. Antes de su designación, se desempeñaba como jefe de la Unidad para América del Norte dentro de la SRE.

Desde esa posición, participó en temas clave como la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá, la agenda migratoria, la cooperación en seguridad y las negociaciones vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Su perfil técnico y su cercanía con los temas estratégicos de la región han sido señalados como factores para su nombramiento, en un contexto donde la continuidad en la política exterior es uno de los principales objetivos del gobierno federal.

Tras su designación, Velasco agradeció la confianza del Ejecutivo y reconoció el trabajo de su antecesor.

Qué sigue en el Senado: etapas del proceso constitucional

Para que Roberto Velasco asuma formalmente la titularidad de la SRE, deberá cumplir con el proceso de ratificación en el Senado. Las etapas contempladas son:

1. Turno a comisiones: La propuesta presidencial será enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis.
2. Comparecencia: El designado deberá exponer su plan de trabajo ante senadores.
3. Dictamen: La comisión elaborará un dictamen que será sometido a votación.
4. Ratificación en el pleno: Se requiere mayoría de votos para su aprobación.
5. Toma de protesta: En caso de ser avalado, rendirá protesta ante el Senado.

Este procedimiento es obligatorio para cargos de esta naturaleza, conforme al marco constitucional mexicano.

Continuidad en política exterior, eje de la nueva etapa

La eventual llegada de Velasco a la Cancillería apunta a mantener la línea de política exterior basada en la “cooperación sin subordinación”, con énfasis en el diálogo internacional.

Entre las prioridades identificadas se encuentran:

Consolidar la relación estratégica con Estados Unidos y Canadá

Atender temas de migración y seguridad regional

Dar seguimiento a la implementación y revisión del T-MEC

Fortalecer la protección de mexicanos en el exterior

Además, se prevén ajustes internos en la estructura de la SRE para consolidar el equipo de trabajo del nuevo titular, sin afectar la operación de servicios como pasaportes y visas.

Reacciones políticas e institucionales

Tras el anuncio, distintos actores expresaron respaldo al relevo.

Funcionarios federales destacaron la continuidad en la defensa de la soberanía nacional, mientras que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas reconocieron la gestión de De la Fuente y manifestaron disposición para mantener la cooperación con México.

En paralelo, legisladores reiteraron que el Senado actuará conforme a sus facultades constitucionales para evaluar el perfil del nuevo canciller.

La definición en el Senado marcará el inicio formal de una nueva etapa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que el perfil de Roberto Velasco y su eventual ratificación serán clave para garantizar la continuidad de la política exterior mexicana en un entorno internacional prioritario para el país.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que la reforma constitucional en materia electoral conocida como “Plan B” no contempla la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), como se ha mencionado en algunos espacios durante los últimos días.

En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora explicó que parte del debate público se ha generado por versiones que, afirmó, no corresponden con el contenido del proyecto.

“Se ha dicho que el plan B desaparece al Instituto Nacional Electoral. Esto es falso, ya que de ninguna manera se desaparece esta institución, que es una institución fundamental para el desarrollo de las elecciones en nuestro país”, señaló.

Castillo Juárez indicó que el objetivo central de la iniciativa es reducir gastos dentro del sistema electoral y disminuir estructuras burocráticas.

De acuerdo con su explicación, también se plantea que los funcionarios de autoridades electorales no reciban salarios superiores al de la persona titular del Ejecutivo federal, así como orientar recursos públicos hacia obras y programas.

La senadora sostuvo que la reforma busca mejorar la eficiencia administrativa y revisar el uso del presupuesto en distintas áreas del sistema político.

Senado aprueba la reforma electoral tras un debate entre partidos

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral con 87 votos a favor y 41 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

El proyecto fue avalado tanto en lo general como en lo particular y posteriormente fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

Durante la sesión, senadores de diversas fuerzas políticas fijaron postura sobre el dictamen y presentaron propuestas para modificar algunos artículos. La mayoría de estas reservas no fueron aceptadas por el pleno.

Uno de los cambios relevantes fue la aprobación de una reserva que eliminó modificaciones relacionadas con la revocación de mandato.

Con esta decisión, esa figura se mantiene en los términos actuales establecidos en la Constitución.

En el debate participaron legisladores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, quienes expusieron distintos argumentos sobre el impacto de la reforma en el sistema político y electoral.

Cambios planteados en la reforma electoral

A lo largo de la discusión legislativa, se han detallado algunos de los puntos que contempla la reforma para entender el alcance de las modificaciones propuestas en el llamado Plan B:

• Se propone reducir gastos dentro del sistema electoral y limitar beneficios considerados excesivos en distintas instituciones públicas.
• Se establece que funcionarios de autoridades electorales no podrán recibir una remuneración mayor a la de la presidencia de la República.
• La reforma plantea ajustes en la integración de ayuntamientos, estableciendo un número máximo de regidurías en los municipios.
• También se incluyen límites al presupuesto de los congresos locales en relación con el gasto total de cada entidad.

Estos cambios han sido parte central del debate político en torno a la iniciativa impulsada desde el gobierno federal.

Consejeros del INE advierten posibles riesgos en leyes secundarias

Tras la aprobación en el Senado, consejeros electorales han señalado que algunos efectos de la reforma podrían observarse en las leyes secundarias que se deriven de la modificación constitucional.

Arturo Sánchez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, advirtió que parte del debate se centra en cómo se implementarán los ajustes planteados.

“Ahí es donde está el riesgo, lo más grave de una reforma, en la legislación secundaria que esté ordenada por estas ideas de que ‘con eso ahorramos’, pero en realidad con eso lo que quieren es controlar”, señaló.

Entre los puntos que han generado discusión se encuentran posibles cambios en la estructura operativa del INE, incluyendo áreas relacionadas con la organización de elecciones y el servicio profesional electoral.

Especialistas han advertido que modificaciones en estas áreas podrían impactar la forma en que se preparan y desarrollan los procesos electorales en el país.

También se ha mencionado que algunos ajustes podrían implicar la reorganización de juntas distritales o cambios en los tiempos de ciertos procedimientos electorales, aspectos que forman parte de la discusión sobre el funcionamiento del sistema electoral.

Mientras tanto, el tema sigue siendo uno de los asuntos centrales en la agenda legislativa y política del país, debido a su impacto en la organización de elecciones y en el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar los procesos electorales en México.

El Senado de la República aprobó una reforma que amplía las facultades de la Guardia Nacional para participar directamente en la protección del medio ambiente, incluyendo la vigilancia de Áreas Naturales Protegidas y el combate a diversos delitos ambientales en el país.

La modificación al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional permitirá que esta corporación no solo realice labores de seguridad pública, sino que también intervenga en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales.

¿Qué delitos ambientales podrá combatir la Guardia Nacional?

Con esta reforma, la Guardia Nacional tendrá atribuciones para actuar frente a actividades ilícitas que afectan directamente a los ecosistemas. Entre los principales delitos que podrá combatir se encuentran:

• Tráfico de especies (flora y fauna silvestre)
• Tala ilegal
• Cacería furtiva
• Degradación de ecosistemas

Estas conductas han sido identificadas como amenazas clave para la biodiversidad de México, uno de los países con mayor riqueza natural del mundo.

Vigilancia en Áreas Naturales Protegidas

Uno de los puntos centrales de la reforma es que la Guardia Nacional podrá vigilar y resguardar las Áreas Naturales Protegidas terrestres, en coordinación con autoridades ambientales.

Esto implica ampliar su actuación más allá de parques nacionales, para abarcar todas las categorías de zonas protegidas del país, que representan una parte importante del territorio nacional.

Además, los elementos de la corporación podrán realizar:

• Operativos de vigilancia
• Acciones de prevención
• Investigaciones de delitos ambientales
• Combate directo a actividades ilícitas

Una respuesta ante amenazas a la biodiversidad

Legisladores señalaron que la reforma responde al incremento de delitos ambientales vinculados incluso con redes del crimen organizado, como el tráfico ilegal de especies o la explotación forestal clandestina.

El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para proteger ecosistemas estratégicos como bosques, selvas y reservas naturales, mediante una mayor presencia institucional en estas zonas.

¿Qué sigue tras la aprobación?

El dictamen fue aprobado por unanimidad en el Senado y fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.

De ser avalado, la Guardia Nacional consolidará un nuevo papel como actor clave en la seguridad ambiental, sumando estas funciones a sus tareas tradicionales de seguridad pública en el país.

El Tribunal Supremo se prepara para iniciar el juicio correspondiente al conocido caso 'Mascarillas', que analiza procedimientos para la adquisición de material sanitario en plena emergencia sanitaria. En este contexto, la comparecencia prevista de Francisca Muñoz Cano ante la comisión de investigación en el Senado genera atención pública y política por su coincidencia temporal con el proceso judicial. Según informó Europa Press, la comparecencia de Muñoz Cano está agendada para este lunes en el marco de la llamada 'comisión Koldo'.

De acuerdo con fuentes del Partido Popular citadas por Europa Press, Francisca Muñoz Cano, esposa de Santos Cerdán —quien desempeñó el cargo de exsecretario de Organización del PSOE—, acudirá el lunes a las 16:00 horas ante el grupo de trabajo parlamentario que investiga la gestión de contratos durante la pandemia. El mismo lunes, pero en la mañana, está previsto que el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, también asista al Senado para declarar ante la comisión relacionada con el caso.

La investigación parlamentaria, conocida como 'comisión Koldo', trabaja para esclarecer los mecanismos seguidos en la contratación de suministros sanitarios durante la crisis pandémica. Tal como publicó Europa Press, las pesquisas apuntan a determinar si se produjeron irregularidades en los procesos de adquisición, así como identificar posibles responsabilidades políticas o administrativas. La comparecencia de Muñoz Cano busca aportar información sobre el rol de distintos actores en la gestión de los contratos.

Las diligencias judiciales que se ponen en marcha en el Tribunal Supremo están relacionadas con la adquisición de artículos como mascarillas y otros insumos médicos durante la etapa más crítica de la pandemia. Según detalló Europa Press, el caso examina posibles delitos asociados al procedimiento de contratación pública y su impacto en la gestión de la crisis sanitaria.

El proceso de investigación desarrollado en la cámara alta ha incluido la citación de diversas personalidades y representantes de empresas, con el objetivo de recabar testimonios y documentos que permitan contextualizar los hechos. La presencia conjunta de Muñoz Cano y Samper Rivas marca un día relevante dentro de la investigación parlamentaria, ya que ambos participan en calidad de comparecientes en una fase clave del proceso, coincidiendo con la apertura del juicio por el caso 'Mascarillas'.

Santos Cerdán, mencionado en la información publicada por Europa Press como esposo de Muñoz Cano, ocupó durante la emergencia sanitaria un puesto destacado en la dirección del PSOE, lo que otorga especial interés al desarrollo de las comparecencias relacionadas con figuras cercanas al entorno político. Las fuentes populares citadas por Europa Press han confirmado la convocatoria y explican que se trata de un procedimiento habitual en el trabajo de la comisión Koldo.

El caso que examina el Tribunal Supremo se originó en denuncias sobre posibles anomalías en la contratación de material sanitario que puso en marcha varias administraciones durante el periodo más agudo de la emergencia por la pandemia. Los investigadores parlamentarios y judiciales buscan aclarar la responsabilidad de los distintos actores implicados en la compra de insumos, con especial énfasis en garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.

En la sesión programada para el lunes, los senadores podrán formular preguntas a Francisca Muñoz Cano y a Fernando Samper Rivas, intentando esclarecer las dudas surgidas en torno al proceso de contratación. El enfoque está puesto tanto en la determinación de responsabilidades individuales como en la revisión de los procedimientos internos de contratación seguidos durante la emergencia sanitaria, según ha destacado el medio Europa Press en su reporte sobre las convocatorias.

La simultaneidad de las audiencias en el Senado y el arranque del juicio en el Tribunal Supremo evidencia la multiplicidad de investigaciones abiertas sobre la adquisición de material sanitario. Europa Press contextualizó el caso recordando que el interés público se ha centrado en la búsqueda de explicaciones y en asegurar que los recursos empleados en la pandemia se utilizaran conforme a los principios establecidos de legalidad y transparencia.

A lo largo de las últimas semanas, la comisión del Senado ha oído a numerosos comparecientes, entre responsables políticos, representantes empresariales y funcionarios, en un intento de reconstruir la cadena de decisiones tomadas durante la urgencia sanitaria. La sesión del lunes, con la presencia de Muñoz Cano y Samper Rivas, representa un nuevo capítulo de las diligencias parlamentarias, en paralelo a lo que sucede en la máxima instancia judicial.

Una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3, ha encendido el debate sobre el futuro del área de Recursos Humanos (RH) en las empresas. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una medida vigente, sino de una iniciativa que aún debe ser discutida y aprobada.

La propuesta plantea prohibir el uso de términos como “Recursos Humanos” y “Capital Humano” dentro de las empresas.

Hasta ahora, esta es solo una iniciativa presentada en el Senado, no ha sido aprobada, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y no es obligatoria para las empresas

¿Por qué quieren eliminar el término RH?

El argumento principal es que este tipo de lenguaje “deshumaniza, cosifica y subordina la dignidad de las personas al capital”.

Según la iniciativa, llamar “recursos” a las personas puede implicar una visión utilitaria del trabajo. Indican que las personas trabajadoras no deben ser tratadas como “recursos” o “activos”, sino como sujetos con dignidad y derechos.

La propuesta busca reforzar una perspectiva donde el empleo no solo sea productivo, sino también un espacio de desarrollo personal y bienestar.

¿Desaparecerá el área de Recursos Humanos?

No. Incluso si la reforma avanzara, el área no desaparecería, sino que cambiaría su denominación.

Las funciones clave como:

• Reclutamiento
• Capacitación
• Nómina
• Relaciones laborales

seguirían existiendo, ya que son esenciales para el funcionamiento de cualquier organización.

¿Qué nombres podrían sustituir a RH?

La iniciativa sugiere adoptar términos más centrados en las personas, como:

• Gestión de personas
• Relaciones laborales
• Experiencia del empleado

Esto responde a una tendencia global que busca humanizar el entorno laboral.

¿Qué sigue para esta propuesta?

El siguiente paso será su análisis en el Congreso. En caso de avanzar, podrían introducirse cambios o ajustes antes de una posible aprobación.

Conclusión:Por ahora, Recursos Humanos no desaparecerá, y las empresas no están obligadas a hacer ningún cambio. La iniciativa representa, más bien, un intento por transformar el lenguaje y la visión del trabajo en México, pero aún está en etapa legislativa.

A un mes de cumplirse el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno comenzó a dar muestras de reactivación en los proyectos legislativos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La finalidad es comenzar a mostrar gestión y proactividad en una agenda mediática que está signada -en términos políticos- por los diferentes sucesos que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los siguientes pasos en materia de agenda política fueron abordados ayer a la tarde en Casa Rosada en la reunión de mesa política encabezada por Karina Milei y Adorni, donde estuvieron Santiago Caputo (asesor presidencial), Luis Caputo (ministro de Economía), Diego Santilli (ministro del Interior), Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Eduardo “Lule” Menem (armador nacional) e Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos).

El encuentro duró algo más de dos horas, lo cual da cuenta de la reactivación de estas gestiones políticas. Según confirmó una altísima fuente de Gobierno, habrá una primera etapa en las próximas semanas donde el foco pasará particularmente por la Cámara de Diputados. “Nuestra idea es que las negociaciones se enfoquen en la Ley de Glaciares, clave para el Presidente. La semana que viene se reactivan las exposiciones”, afirman.

El próximo paso para el oficialismo de La Libertad Avanza es decidir una fecha para que se retome el plenario informativo sobre esa iniciativa, que tuvo más de 100.000 inscriptos a pocos días de haberse abierto esa convocatoria. La idea del Gobierno es pedirle a cerca de ocho gobernadores -quienes comandan los territorios que se beneficiarían por el incremento de la actividad minera que dispone el proyecto- para que convenzan a legisladores de que voten afirmativamente. También hay diferentes funcionarios que se preparan para hablar ante los diputados nacionales para dar detalles técnicos de cómo se aplicará la normativa en caso de salir.

Si el oficialismo libertario no avanzó antes con la Ley de Glaciares es porque no tenían los votos asegurados para llevarlo al recinto. En el Gobierno consideran que deben gastar los recursos de negociación que tienen para estas semanas en la sanción definitiva de la normativa. Javier Milei considera fundamental que se destraben las condiciones para efectivización de inversiones en el país en el marco de los cuestionamientos de sectores opositores por la política laboral e industrial de la Casa Rosada. El Ministerio de Economía estima 30.000 millones de dólares en inversiones mineras para la próxima década, principalmente en cobre.

El siguiente paso será el del proyecto “Hojarascas”, orientado a derogar más de setenta normas consideradas obsoletas. El texto busca eliminar la acumulación de legislación “inútil” o que no se aplicó, la cual, a los ojos de los ideólogos de esta Ley, entre ellos Federico Sturzenegger, sólo genera “burocracia y sobrecostos”. Ejemplos incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.

En mesa política también se definió algo que será novedoso en las próximas horas: seguramente mañana se conocerá un borrador de una primer proyecto que antecederá a la reforma del Código Penal. Es decir, será una iniciativa previa antes de los cambios profundos que preveía impulsar el Gobierno meses atrás a través de un único proyecto de más de 900 artículos.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, decidió adelantar un paquete con nuevas tipificaciones e incrementos de penas para que tengan la posibilidad de salir de manera más rápida y no queden atados al resto de modificaciones penales que el Gobierno tiene en carpeta desde hace al menos un año.

Al día de hoy, el borrador de este nuevo proyecto estaba terminando de ser confeccionado. En tanto, el documento que se dará a conocer por estos días tendrá artículos que incorporarán un “criterio de interpretación Pro-Víctima” que obligue a los jueces a interpretar “en favor de estos”. Como un ejemplo, los casos de participación de la víctima buscan a pasar de ser opcional a obligatoria, con rol en decisiones como la suspensión del juicio a prueba (Probation), que requiere de su consentimiento.

A este paquete de medidas se le suman nuevos tipos penales en los delitos migratorios, la incorporación de las estafas piramidales como modalidad particular, la tipificación de los robos de “viudas negras”, motochorros y de las salideras y entraderas. También se busca crear un delito específico para la tenencia de armas en cárceles, aumentos de las penas por picadas y por daño animal; entre otros.

¿Qué pasará con el resto de la reforma del Código Penal? Desde 2024 que la anterior conducción del Ministerio de Justicia había armado una mesa con jueces, fiscales y catedráticos -liderados por el juez Mariano Borinsky- para terminar un paquete con modificaciones integrales. Seguramente, Mahiques quiera hacer algunos cambios y darle una impronta propia a ese proyecto. En la Casa Rosada afirman que no es cierto que el proyecto de reforma no tenga un incremento de penas por causas de corrupción. “Es absolutamente falso”, afirman.

En el oficialismo buscarán acelerar con la presentación de la reforma política en las próximas semanas. “Esto lo vamos a reactivar de acá en adelante”, afirmó uno de los miembros de la mesa política a Infobae. La Libertad Avanza (LLA) no solo apuesta a implementar cambios en el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires sino que busca además modificar la forma en la que se financian los partidos políticos para “distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña”. De cualquier manera, el aspecto central de la reforma es la eliminación de las PASO.

En el Senado la prioridad pasará por el tratamiento de las postulaciones de 50 jueces, cinco defensores, un fiscal y seis conjueces para cubrir 62 de las más de 300 vacantes que persisten en el Poder Judicial de la Nación. El primer envío fue hecho ayer por el ministro Mahiques a través de la firma de las candidaturas hechas por Milei.

Respecto de la situación interna, en el encuentro de ayer se habló de que Manuel Adorni “sigue 100% firme en el cargo”. El funcionario ha sido blanco de críticas de la oposición y de denuncias judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito, asunto que cobró notoriedad tras la información surgida sobre la compra de una casa en un country en 2024, y la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito, donde reconoció que vive desde hace algunos meses.

En esta oportunidad, entre los 16 distinguidos hubo ocho veteranos de Ejército, tres de Fuerza Aérea, dos de la Armada, y los tres restantes son civiles: una radiooperadora de 19 años del buque San Blas, dos radioobservadores y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien cuando estalló el conflicto se había anotado como voluntario.

El acto en cuestión se realiza cuatro veces al año, y en la tarde de ayer se desarrolló el primero, que coincide con la cercanía del 2 de abril. El siguiente será en junio, mes en que terminó la guerra; hay otro en agosto que remite a la figura de José de San Martín y el último, el de noviembre, se hace en consonancia al combate de la Vuelta de Obligado.

Nicolás Kasanzew, director de La Gesta de Malvinas, destacó que “Malvinas es una epopeya nacional, porque Argentina era un país de tercer o cuarto grado y se enfrentó a una potencia mundial”. Remarcó que entonces todo el país estaba cohesionado tras las recuperación de las islas, y recordó declaraciones de personalidades de la talla de Raúl Alfonsín, Ernesto Sábato y Félix Luna. “Ninguno fue a pelear por Galtieri, sino que lo hizo por el uniforme de San Martín y por la bandera de Belgrano”, destacó.

El capitán Ricardo Manuel Frecha, de la Compañía Comandos 601, habló en nombre del Ejército. Señaló que “fue un orgullo participar en esa gesta y lo volveríamos a hacer”, remarcó.

Recordó que los veteranos tuvieron diversos reconocimientos, y destacó que “los verdaderos héroes fueron nuestros conscriptos, los que estuvieron en los pozos, llenos de agua, mal alimentados, pensando que tal vez esa era la última noche de su vida, y que no siempre fueron reconocidos”.

Por la Armada, el entonces comandante del submarino Santa Fe el capitán de navío Horacio Bicain aseguró que le constaba que “la idea de Gran Bretaña era la de venir a pasear a Malvinas, que estarían solo unos días y volverían a casa. Nunca se imaginaron la cantidad de buques hundidos y averiados que tendrían, así como las bajas, cuestión que es información clasificada por muchas décadas más”. Pronosticó que Malvinas argentinas volverán a ser nuestras porque las colonias es un concepto antiguo que está desapareciendo en el mundo.

Alberto Filippini, brigadier retirado, en representación de la Fuerza Aérea, pidió recordar a “los 55 halcones que cayeron, ellos son los verdaderos héroes”. Admitió que mucho se improvisó y que con el armamento adecuado, otro habría sido el desenlace.

Luego habló Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, quien recibió una distinción por la labor desarrollada en la difusión de todo lo referido a Malvinas.

Contó que cursaba el cuarto año de Derecho en la Universidad Católica Argentina y que el 2 de abril de 1982 lo sorprendió en la sede de esa casa de altos estudios en Moreno y Defensa. Junto con algunos de sus compañeros, coincidieron que no podían permanecer ajenos ante tamaño acontecimiento, y se anotaron para ir a pelear a las islas como voluntarios. “Es un sentimiento difícil de racionalizar”, explicó.

Confesó su frustración al ver que su sueño de recibir la cédula de citación, no se cumplió.

Remarcó “el olvido, la desmalvinización y las calumnias” de las que fueron objeto algunos de los veteranos, y que para él es incorrecto dirigirse a ellos como “los chicos de la guerra, ya que fueron hombres”.

“Gracias por este reconocimiento, pero no es para mi, sino para los 649 caídos, para sus familiares y para los que regresaron: ellos son los verdaderos distinguidos”. Para cerrar, subrayó que “aprendí a respetarlos. Ellos merecen nuestra gratitud, ya que son miembros vitales e irrepetibles de la historia argentina”.

En los fundamentos del reconocimiento, se destacó que en Radio 10 puso al aire el primer programa dedicado a Malvinas y que además, que fue el organizador del primer gran homenaje a los caídos y ex combatientes, llevado a cabo en el Campo Argentino de Polo el 2 de abril del 2000.

Durante el acto, se proyectó un fragmento de la filmación registrada por Alfredo Lamela, el camarógrafo de Kasanzew en la guerra, mostrando a los obuses Oto Melara de 105 disparando sin parar, y donde se escucha en más de una oportunidad repetir el apellido “Rodríguez”. Lo curioso es que y por mucho tiempo pocos sabían quién era. Uno de los distinguidos en el acto fue el entonces cabo Odín Rodríguez. Muchos, como no podía ser de otra manera, corearon su apellido.

Otro de los momentos más emotivos fue en el cierre, cuando se reconoció al primer teniente Luciano Guadagnini, caído en combate. Lo recibió su viuda Graciela Cabrera y su hija Andrea Verónica. Al agradecer la distinción, ésta última aseguró que su papá “eligió servir a la patria con honor. Nosotros vivimos con su historia y, gracias a sus compañeros y amigos, pudimos conocer al hombre que había detrás del héroe”.

Las historias de los homenajeados

El cabo Juan Antonio Barroso quien, durante la noche del 12 al 13 de junio, cubrió en la retirada en el Monte Dos Hermanas a los soldados del cabo primero Irigoitía y dio apoyo de fuego a una compañía del Regimiento 4 de Infantería, disparando con su mortero como si fuera un fusil, manejándolo con sus propios brazos.

El submarino Santa Fe, comandado por el entonces capitán de fragata Horacio Bicain, rechazó en Grytviken un ataque de seis helicópteros artillados con fuego reunido de fusiles; el enemigo reconoció que por lo menos dos de sus aeronaves fueron averiadas.

El soldado Martin Bourdieu, quien participó del contraataque en Wireless Ridge, en la posguerra se especializó en psiquiatría, se convirtió en un referente mundial en sindrome de estrés postraumático y se dedicó a atender a veteranos. Actualmente es Director del Centro de Salud Mental “Malvinas Argentinas” de las Fuerzas Armadas.

Integrando la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10, el suboficial Ricardo Chiapa, cuidó a sus soldados, posicionados en las afueras del cuartel de Moody Brook, como si fueran sus propios hijos. Cuando otros jefes hacían mutis por el foro -como se señaló en el acto- Chiapa fue herido mientras recorría todos los pozos de zorro, bajo los bombardeos aéreos y navales del enemigo, conteniendo y alentando a los soldados.

Enrique Culasso fue uno de los legendarios soldados conscriptos del teniente Roberto Estévez, En medio de una lluvia de proyectiles en la batalla de Darwin, dejó su posición para ir a buscar los cohetes para el lanzacohetes. Esos hombres detuvieron el avance de los ingleses por cinco horas.

Alberto Filippini, siendo primer teniente de la Fuerza Aérea Argentina, en el Estrecho de San Carlos el 21 de mayo, al frente de una escuadrilla puso fuera de combate a la fragata misilistica “Argonaut”. El piloto pasó rasante tan bajo, que le arrancó una antena al buque. A bordo de su Skyhawk A4B, participó en cinco misiones. En una, un proyectil antiaéreo alcanza su avión y le voló la nariz al aparato.

El capitán Ricardo Manuel Frecha, de la Compañía Comandos 601, participó en numerosas misiones, amén de haber sido el creador del Grupo de Emboscadas Antiaéreas, el cual con efectivos armados de lanzamisiles portátiles Blow Pipe, abatió a un cazabombardero Harrier en la Gran Malvina.

Cuando en el Monte Dos Hermanas el subteniente Marcelo Llambías había quedado rodeado de enemigos, el soldado Eduardo González descargó sus 20 tiros de su fusil automático pesado contra el enemigo, lo que posibilitó que el oficial saliera de su encerrona.

Con las últimas luces del 21 de mayo, el hoy comodoro Luis Longar, piloto de un helicóptero Bell 212 logró dar con el mayor Carlos Toma, piloto de Pucará, quien debió eyectarse, y del que no se tenía una ubicación concreta. Longar también participaría del rescate de los náufragos del guardacostas Río Iguazú.

El timonel Miguel Oroño pertenecía al Aviso Alférez Sobral, seriamente atacado por helicópteros enemigos cuando iba al rescate de dos pilotos eyectados. La nave sufrió ocho muertos, y Oroño pudo sacar al buque de la zona de peligro.

En el combate de Monte Longdon, donde el Regimiento 7 sufrió graves bajas, la Primera Sección de la Compañía de Ingenieros 10 del teniente Quiroga avanzó contra toda una compañía británica, que les disparaba con sus ametralladoras y morteros, mientras eran bombardeados por la artillería naval. La sección tomó la tercera y la segunda hoya del monte, y combatió durante más de dos horas, creando un paraguas de fuego que facilitó el repliegue de los hombres, muchos de ellos heridos.

Al mando del teniente primero Luis Antonio Caballero, durante 60 horas los cañones Oto Melara de la Batería A del Grupo de Artillería 3 mantuvieron un duelo de artillería con el enemigo, con el riesgo de que los obuses estallaran por el recalentamiento. Uno de los artilleros era el cabo Odín Rodriguez.

Con apenas 19 años, Mariana Florinda Soneira decidió quedarse a bordo del buque San Blas cuando comenzaron las hostilidades. Fue radiooperadora de una nave que navegaba, indefenso, sin luces y en silencio radioeléctrico en medio del Atlántico Sur. Ella hacía escucha permanente y se decodificaban los mensajes que recibía.

Tras el primer ataque de los británicos el 1 de mayo de 1982, Terciano Zampieri y Julio Rotea, dos radio observadores civiles de la Fuerza Aérea, se negaron regresar al continente y siguieron con su mision, aún durante el combate de Pradera del Ganso, donde participaron de la defensa de la Base Aérea Cóndor.

El 23 de mayo el primer teniente Luciano Guadagnini, como integrante de una escuadrilla de cuatro aviones Skyhawk A-4B, fue atacado en el Estrecho de San Carlos por la defensa antiaérea de las fragatas británicas, y el fuego enemigo alcanzó su avión en su ala derecha. En lugar de eyectarse, lanzó su bomba, que impactó a la fragata Antílope, y también estrelló su propio avión contra el buque británico, lo cual causó su hundimiento al explotar la bomba cuando intentaban desactivarla. Por tales motivos, recibió un reconocimiento post mortem.

El cierre fue en las escalinatas del Congreso, con una foto grupal, en medio de los sones de la marcha de Malvinas y muchos “vivas a la Patria”. Como en 1982, cuando defendieron el suelo malvinero.

Alma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacó que la radiotelevisión pública cuenta con un superávit de 55 millones de euros, los índices de audiencia más altos de la última década y el gasto público por ciudadano más bajo hasta la fecha. Tras poner de relieve estos datos, defendió la gestión de la corporación y cuestionó la propuesta del Partido Popular de establecer una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE, presentada recientemente en el Senado. Según informó el medio, Saiz puso en duda el interés del grupo impulsor de la investigación por la pluralidad informativa y lanzó la sugerencia de que, si existe una preocupación genuina en ese sentido, la investigación podría extenderse a otras televisiones autonómicas de gestión pública, como Telemadrid.

El Gobierno señaló, según consignó el medio, que la Comisión Mixta en el Parlamento ya ejerce control público sobre RTVE, por lo que la iniciativa del Partido Popular en el Senado supone, en palabras de Saiz, un “uso partidista” de la Cámara Alta. En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Saiz subrayó que los resultados financieros y de audiencia de la radiotelevisión pública reflejan una gestión eficiente y transparente. La portavoz del Ejecutivo hizo énfasis en que defiende la gestión de RTVE y expresó que los números demuestran el desempeño del ente público.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, anunció la propuesta de creación de una comisión de investigación centrada en lo que describió como "corrupción directiva, financiera y patrimonial" dentro de RTVE. Según detalló el medio, esta comisión, impulsada el lunes, tiene como objetivo “rescatar y regenerar” el servicio público. García responsabilizó directamente al presidente de RTVE, José Pablo López, de haber obstruido o minimizado informaciones que, a juicio del Partido Popular, tienen relación con casos de corrupción vinculados al círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La representante popular afirmó que, bajo la actual gestión, RTVE "ha dejado de ser la televisión al servicio de todos".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Saiz respondió a las críticas y mostró sorpresa ante "el interés" del Partido Popular por la pluralidad informativa, sugiriendo que si existe una intención real de promover una mayor transparencia, la cobertura de la comisión podría abarcar tanto a RTVE como a otras emisoras públicas de carácter autonómico. De acuerdo con lo publicado, la representante gubernamental defendió que los mecanismos de control actuales ya ofrecen garantías suficientes sobre la gestión del ente, destacando que el control parlamentario es una herramienta que da cuenta periódica de su funcionamiento y resultados.

El anuncio de la comisión de investigación, reportó el medio, generó debate sobre la utilización del Senado como espacio de fiscalización política entre Gobierno y oposición. Desde el Ejecutivo, se insistió en la legitimidad y eficacia del control parlamentario ya existente, y se reiteró que los datos económicos y de audiencia avalan la gestión realizada por el equipo actual de RTVE. La ministra reforzó la posición gubernamental afirmando que nunca se había alcanzado una relación tan baja entre gasto público y usuario, al tiempo que defendió la gestión frente a los cuestionamientos lanzados desde el Partido Popular.

García, en representación de la bancada popular, alegó la existencia de una supuesta ocultación de información relevante sobre casos de corrupción que afectarían al entorno del jefe del Ejecutivo nacional. Según lo expuesto, el Partido Popular señaló al actual presidente de RTVE por considerar que su gestión impidió una cobertura adecuada de esos asuntos y sostuvo que es necesario abrir una investigación detallada para restablecer la confianza pública en el medio estatal.

Entre las posturas enfrentadas, Saiz aludió durante su comparecencia al debate sobre la pluralidad informativa, tema que según la portavoz gubernamental, motivó la propuesta de ampliar el alcance de la investigación a otros canales autonómicos si el objetivo es realmente garantizar el derecho a una información plural y veraz. Según publicó el medio, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones insistió en la importancia de evaluar los resultados positivos logrados, entre ellos el nivel de audiencia y el equilibrio presupuestario.

La disputa entre Gobierno y Partido Popular sobre el control, la transparencia y la pluralidad de la televisión pública se produce en el contexto de otras discusiones políticas centradas en el uso de las instituciones para el control parlamentario y la fiscalización de los órganos públicos. La propuesta del Partido Popular, reportó el medio, quedó registrada en el Senado como parte de las acciones parlamentarias dirigidas a la supervisión de los organismos de titularidad estatal.

La portavoz gubernamental cerró su intervención reiterando la defensa de la gestión de la radiotelevisión pública, haciendo hincapié en que la materia económica y los índices de audiencia constituyen indicadores claros de la administración del ente y de la respuesta del público al servicio que presta la cadena pública. Según informó el medio, Saiz mantuvo una actitud crítica hacia la intención del Partido Popular, incidiendo en que la actual regulación y supervisión aportan transparencia al funcionamiento de RTVE y descartando la necesidad de nuevas comisiones más allá de los controles legislativos existentes.

El debate parlamentario sobre la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Ejecutivo quedó marcado por acusaciones sobre posibles consecuencias para la protección nacional y europea. Según informó la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, se ha decidido constituir una ponencia de diputados y senadores encargada de analizar los eventuales riesgos del proceso iniciado por el Gobierno de España. Esta medida fue aprobada tras una propuesta del Partido Popular, que logró la mayoría absoluta en la comisión con el apoyo de Vox, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra.

De acuerdo con el medio, la ponencia tendrá la función de examinar los efectos que la nueva regularización pueda tener en el ámbito de la política de Seguridad Nacional. El diputado del Partido Popular Rafael Hernando explicó que se busca “supervisar, analizar y estudiar el conjunto del proceso, así como en su caso exigir responsabilidades”. La iniciativa se centra en un análisis exhaustivo del citado proceso impulsado por el Ejecutivo, tras la aprobación de un trámite de urgencia por parte del Consejo de Ministros, realizado el 27 de enero, que plantea la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes.

Según publicó la fuente, la justificación del Gobierno para este procedimiento parte de un acuerdo entre PSOE y Podemos, que ha dado lugar a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el país. Este real decreto retoma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas en 2004, la cual fue considerada en el Congreso con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios en esa fecha, con excepción de Vox. Pese a ese amplio apoyo, la ILP había quedado bloqueada en los procedimientos legislativos.

Durante el debate parlamentario, detalló la fuente, Rafael Hernando manifestó que el proceso de regularización presenta riesgos considerables tanto por su contenido como por la forma en la que se ha llevado a cabo. Hernando acusó al Gobierno de actuar de modo unilateral mediante un decreto urgente en enero, en lo que denominó un “decretazo” realizado durante una campaña electoral. Según el diputado, esta decisión se tomó para “tapar sus casos de corrupción”, abriendo así la puerta a una regularización masiva para los inmigrantes que no cumplen las condiciones legales necesarias, sin la existencia de garantías suficientes y fuera de los procedimientos habituales.

El Partido Popular y Vox argumentaron que la medida pudiera debilitar los controles de seguridad interna y favorecer la actividad de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas. Según consignó el medio, Hernando advirtió que la regularización convierte a España en un punto de entrada atractivo para estas redes, lo que plantea riesgos no solo para el país sino también para otros Estados miembros de la Unión Europea. Además, alertó sobre la posibilidad de que personas con antecedentes delictivos o vinculadas a actividades terroristas logren ingresar y permanecer tanto en España como en otras naciones europeas bajo el amparo del proceso de regularización.

La oposición parlamentaria, formada principalmente por PSOE, ERC y EH Bildu, rechazó la constitución de la ponencia y la premisa de que el procedimiento de regularización sea una amenaza para la seguridad nacional. Estos grupos consideraron que los planteamientos del Partido Popular y Vox carecen de fundamento y defendieron que la regularización responde a criterios de derechos humanos y adaptación a la realidad migratoria, tal como reportó la fuente.

El alcance de la ponencia incluirá un análisis detallado del impacto en las estructuras de seguridad fronteriza, interna y en el marco cooperativo comunitario, considerando especialmente la integración de España en los mecanismos de seguridad europeos. La comisión buscará contrastar los argumentos políticos y técnicos procedentes tanto de expertos como de agentes sociales involucrados, con el objetivo de elaborar un dictamen sobre la conveniencia o no de la medida gubernamental. El proceso se inicia tras meses de presión desde distintos ámbitos políticos y sociales, subrayó la fuente, que han solicitado una revisión exhaustiva de las políticas migratorias en el contexto de la seguridad nacional y la cooperación europea.

El debate sobre los efectos de la regularización extraordinaria constituye uno de los puntos más controvertidos de la agenda política actual, en la que los partidos de la oposición apuntan a la gestión migratoria como un tema clave en la estrategia del Gobierno. A la vez, asociaciones civiles y entidades pro derechos humanos han mostrado posturas favorables al proceso de regularización, recordando el respaldo ciudadano expresado a través de la ILP que dio origen a la propuesta.

El desarrollo de la ponencia parlamentaria se encuentra pendiente de los procedimientos establecidos por la comisión mixta, que deberá organizar las sesiones de trabajo, solicitar comparecencias especializadas y reunir la información necesaria para evaluar con detenimiento los riesgos alegados. Según detalló el medio, la comisión tendrá la responsabilidad de presentar conclusiones que serán claves para determinar la continuidad o modificaciones del proceso impulsado desde el Ejecutivo.

El oficialismo libertario y la oposición dialoguista aprovecharán una reunión virtual que se consumará esta tarde, desde las 17, para definir la agenda del Senado de cara al mes próximo, con bancadas aliadas que ya revisan la iniciativa que blinda la propiedad privada y algunas dudas de aliados sobre eventuales propuestas sobre corrupción en el Código Penal que el Ejecutivo promete enviar, en algún momento, a Diputados.

La última cuestión, sin el proyecto presentado de manera oficial, se activó por trascendidos que, como suele ocurrir, levantan la guardia de un par de bloques que sí o sí precisa La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta. “Si es cierto que se revisan penas sobre algunos delitos contra la administración pública, en el sentido de si algunas llegaran a disminuir, estaremos en problemas”, sentenció un referente dialoguista a Infobae.

“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente, Javier Milei, en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales. A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y ‘entraderas’, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas. También impulsaremos el agravamiento de la pena para: casos de incumplimiento de deberes alimentarios; trapitos; grooming y abuso sexual infantil”, manifestó el martes pasado el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Vale recordar que, durante largos meses, un equipo de expertos liderado por Jorge Buompadre, y acompañado por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti y Ricardo Basílico, entre otros, entregó una documento actualizado, detallado y fundamentado a la Casa Rosada para renovar el Código Penal.

Propiedad privada

Tras la ansiedad que generaron las leyes lanzadas por el primer mandatario el 1 de marzo pasado -inauguración de sesiones ordinarias-, el texto sobre propiedad privada ingresó el viernes último a la Cámara alta. Llegó más que completo: modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se votó durante el macrismo, con amplísimo apoyo-, tierras rurales e incluso la criticada ley de manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández.

“El derecho de propiedad no sólo protege intereses individuales, sino que constituye un presupuesto esencial para el desarrollo económico, la inversión, la previsibilidad y la autonomía personal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional no se limita a la titularidad formal del bien, sino que se extiende a su contenido económico, y comprende el uso, el goce y la disposición de éste”, argumentó el Ejecutivo.

Uno de los capítulos resaltó que el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RANABAP), “lejos de lograr su objetivo, luego de más de siete años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08% del suelo” a los que “apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo”.

Esto implicaría un punto delicado si se considera, cuando se discutió la ley, el “consenso” entre movimientos sociales -el hoy diputado nacional Juan Grabois- hoy criticados por la Casa Rosada, la iglesia y la entonces ministra de Desarrollo Social del macrismo, Carolina Stanley. La nueva ley dinamita varios artículos y aclara que los procesos en curso no se verán afectados.

Para el Manejo del Fuego, en tanto, se reformula el artículo 22 bis y derogan el 22 ter y 22 quater. Los primeros hablan de no tocar tierras -tras incendios- por 60 y 30 años, respectivamente. Ya no aparecen más esos plazos, pero sí otras prohibiciones relacionadas con superficies de bosques nativos, por ejemplo.

Desde las frenéticas sesiones extraordinarias de diciembre pasado y del reciente febrero, el Senado no encuentra una agenda real gracias al Ejecutivo libertario, que se demora en enviar proyectos anticipados tiempo atrás por Javier Milei, y las bancadas aliadas ya piden precisiones para no regalar espacio a un golpeado kirchnerismo que, por diversas tropelías y disparatadas internas de la Casa Rosada, busca recuperar sin éxito algo de protagonismo. “Traigan leyes”, es la frase que sale desde sectores dialoguistas y resume el estado actual de la Cámara alta.

“En lo inmediato, no veo sesión. La semana que viene es corta -Malvinas y Pascuas- y no sólo no hay iniciativas a la vista, sino que los dictámenes del jueves pasado tampoco podrían tratarse el próximo miércoles, debido a que no tendrán los siete días reglamentarios y es imposible que la oposición peronista habilite con dos tercios”, reconocieron a Infobae desde un bloque dialoguista clave en cuanto a votos.

Desde otro despacho señalaron: “Veo cierta inconsistencia. No se puede vivir de ingreso de pliegos y votaciones para ascensos militares o un embajador. Aún esperamos los judiciales. Es como arrastrar a la fuerza a aliados sin ninguna justificación. Y no estamos para eso ahora, con tantos escándalos que no son nuestros dando vueltas”.

Otro bloque fue más directo y deslizó a este medio que, desde el último encuentro en el recinto, el mensaje a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, fue que, si no se avanzan con despachos sobre iniciativas de ley, no habría anuencia para sesionar. “Nosotros no podemos arriesgar cosas si no tenemos una base de 38-40″, reconocen desde el oficialismo.

“Se equivocaron la última vez. Y dudaron mucho sobre el texto sobre el 24 de marzo. Eso no te puede pasar como oficialismo. Los agarraron con las defensas bajas. La Libertad Avanza quedó como prestamista del recinto a soldados de Cristina Kirchner para lanzar acusaciones de todo tipo. Lo peor de todo es que no se supo reaccionar, lo cual fue más insólito”, lanzó un experimentado senador, que también ratificó que hubo sanos consejos que desoyeron los jerarcas libertarios antes del tropiezo.

Como interlocutora única de LLA con la administración central, Bullrich consiguió un puñado de precisiones. Lo cierto es que fue informada que las leyes relacionadas con usurpaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros -ley anti Máximo Kirchner- y sobre expropiaciones ingresarían por el Senado en los próximos días. Es un combo prometido por Milei -propiedad privada- hace casi un mes, cuando abrió un nuevo período de sesiones ordinarias. Ingresó el viernes, todo junto, en un mismo articulado.

Según confirmaron a Infobae, la reforma del Código Penal aterrizará en Diputados. “Eso va para Martín”, se oyó en un pasillo, en referencia al titular de la Cámara baja, el libertario Martín Menem. De esta forma, quedaría descartada la curiosa idea de crear una bicameral para apurar el trámite de un tema tan sensible para el sistema de poder y la sociedad en su conjunto.

Con ninguna reunión de comisión agendada, en la web oficial del Senado sólo aparecen actos relacionados sobre la “semana de Malvinas”. No obstante, referentes del oficialismo y la oposición dialoguista se juntarían -en principio- el martes próximo, con el fin de hallar un sendero más concreto de proyectos a analizar desde abril.

Otra de las iniciativas que sonó, aunque un poco más de lejos, fue la relacionada con las falsas denuncias, cuyo dictamen cayó con el recambio legislativo del 10 de diciembre último. En 2025 llamó la atención la energía que el entonces presidente de la comisión de Justicia y hoy de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, le metió al asunto. Fueron varios encuentros en medio de un vendaval opositor contra el oficialismo. Sobre todo, porque el proyecto original nació de una radical que buscó cargarse la camiseta titular del asunto. Fue uno de los pocos textos que se pudo firmar. No pasó de ahí.

Las tensiones institucionales y políticas en torno a la radiotelevisión pública han aumentado conforme nuevas voces han planteado dudas sobre el futuro y la autonomía de RTVE. Según informó RTVE este lunes en un comunicado oficial, la propuesta de crear una comisión de investigación en el Senado impulsada por el Partido Popular (PP) representa un intento de "tutela" sobre el servicio público y pone en cuestión la libertad editorial que, de acuerdo al Reglamento Europeo 2024/1083, debe garantizarse a los medios de titularidad estatal. Esta advertencia de la Corporación se difundió tras conocerse la iniciativa parlamentaria, que ha suscitado debate y reacciones encontradas entre distintas formaciones y organismos.

El medio RTVE detalló que la solicitud del PP se enfoca en poner bajo escrutinio la gestión y la actual línea informativa de la corporación, objetivo que —según el comunicado— entra en conflicto con las exigencias europeas sobre la independencia de los medios públicos. RTVE citó textualmente el artículo 4.2 de la normativa de la Unión Europea, que prohíbe la interferencia o influencia de autoridades estatales o reguladores sobre las decisiones editoriales y políticas informativas de los proveedores públicos. Desde la entidad subrayaron que la intervención de la Cámara Alta podría ejercer una presión disuasoria sobre el trabajo periodístico y recordaron la existencia de mecanismos de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión de Control Mixta, instrumentos que, según RTVE, ya supervisan adecuadamente la labor de los profesionales y las decisiones corporativas.

El comunicado, citado por RTVE, señala que sustituir los canales regulatorios actuales por una comisión parlamentaria supondría "una forma de juicio político" al trabajo de los equipos internos y añade que estas comisiones pueden convertirse en "un tribunal de medios" que evalúe el contenido editorial con criterios ajenos a los estándares de la profesión periodística. Además, la corporación ha manifestado preocupación por recientes posturas políticas que ponen en duda la existencia misma de la entidad, señalando que tales planteamientos no tienen precedentes en etapas anteriores de la democracia y representan "una amenaza directa" al servicio prestado a la ciudadanía.

La declaración de la radiotelevisión pública se refirió a la disparidad en el trato hacia la RTVE respecto a otras radiotelevisiones públicas de distintos territorios, donde —apuntó el comunicado— también se denuncian deficiencias en el servicio sin que se impulsen medidas similares. RTVE cuestionó la motivación última de la iniciativa y se preguntó si la intención real es mejorar el servicio o si responde a consideraciones políticas.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, anunció el lunes el impulso de la comisión de investigación para abordar lo que describió como "corrupción directiva, financiera y patrimonial" dentro de RTVE. De acuerdo con declaraciones recogidas por RTVE, García responsabilizó al presidente de la corporación, José Pablo López, de "ocultación y minimización" de información relacionada con casos de corrupción supuestamente vinculados al entorno del jefe del Gobierno. Añadió que, en opinión de su grupo, la cadena pública ha dejado de cumplir su función de servicio general para transformarse en un canal "a medida" de Pedro Sánchez, señalando un deterioro tanto en calidad informativa como en reputación institucional.

La reacción del grupo socialista en el Senado se produjo de inmediato. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la cámara alta, Alfonso Gil, aseguró según publicó RTVE que la comisión "nace muerta", basándose en los últimos resultados económicos y de audiencia presentados por la corporación pública. Gil indicó que la iniciativa responde a tácticas de "filibusterismo institucional" que, según su punto de vista, buscan el enfrentamiento político. También destacó el reciente cierre del ejercicio fiscal 2025 con un superávit de 55.670.000 euros, resultado aprobado por el Consejo de Administración de RTVE con mayoría absoluta y contrastante con las pérdidas cercanas a los 13 millones registradas el año anterior. Según consignó RTVE, estos fondos serán destinados a las reservas de la corporación para cubrir posibles contingencias futuras, tal como explicó el presidente José Pablo López en su más reciente comparecencia parlamentaria.

La controversia en torno a la creación de la comisión llega en un momento donde la polarización política ha elevado la fiscalización institucional sobre los medios públicos. RTVE remarcó que las actuales discusiones exceden la simple crítica al modelo de funcionamiento y se adentran en la viabilidad de los servicios audiovisuales bajo mandato público. Además, advirtió que este clima puede inhibir el ejercicio profesional y convertirse en un precedente para la injerencia política en otras regiones, afectando potencialmente a numerosas redacciones y equipos periodísticos fuera de la capital.

Finalmente, el debate en torno a la autonomía de RTVE dentro del actual contexto normativo europeo se ha convertido en un nuevo campo de discusión sobre la función del periodismo público y sus límites en relación con el poder legislativo. La referencia reiterada al artículo 4.2 del Reglamento Europeo forma parte central de los argumentos institucionales, mientras los grupos políticos mantienen su desacuerdo sobre la naturaleza y finalidad real de la iniciativa propuesta en el Senado, según reiteraron tanto RTVE como los portavoces de los partidos implicados.

El envío de la fragata Cristóbal Colón al área de conflictos en torno a Irán, efectuado sin que el Congreso haya ofrecido autorización ni recibido explicaciones previas, figura entre los puntos que el Partido Popular exige aclarar al Ejecutivo en materia de operaciones militares recientes. Según consignó Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá este martes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para detallar las consecuencias que han tenido las decisiones adoptadas tras el ataque contra Irán impulsado hace un mes por Estados Unidos e Israel, así como el posterior cierre del espacio aéreo español a aviones involucrados en esas operaciones.

El medio Europa Press detalló que la comparecencia de Robles en el Congreso responde a una solicitud presentada por el Partido Popular. De acuerdo con la formación opositora, entre las acciones objeto de la petición figura el bloque al uso de las bases militares de Rota y Morón, además de las restricciones para la utilización del espacio aéreo nacional por aeronaves relacionadas con la llamada operación ‘Furia Épica’, tanto en vuelos procedentes de Reino Unido o Francia como en los que parten de instalaciones bajo control de Estados Unidos en territorio español.

Europa Press reportó que Robles ya declaró anteriormente que el Gobierno no se plantea la retirada estadounidense de las bases en suelo nacional. Además, la titular de Defensa subrayó que la postura expresada por España consiste en oponerse de manera “firme, clara e inequívoca a cualquier guerra”, según recogió el citado medio. La ministra se dispone ahora a explicar ante los representantes parlamentarios el alcance de las decisiones tomadas, en el contexto de un aumento de la tensión internacional vinculada a las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

La comparecencia de la ministra se enmarca en una ofensiva del Partido Popular registrada hace dos semanas para solicitar explicaciones tanto por el despliegue militar como por la gestión presupuestaria en Defensa y Seguridad. De acuerdo con Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, apuntó que el Ejecutivo enfrenta en 2026 el cumplimiento de “nuevos compromisos de inversión” en esos ámbitos, al mismo tiempo que sigue operando bajo unos Presupuestos Generales prorrogados desde el año 2023.

Europa Press informó que la formación opositora incluyó en su demanda la transferencia de 1.339 millones de euros aprobados en el último Consejo de Ministros, operada sin notificación previa ni información detallada al Parlamento sobre el destino de dichos fondos. Además, el PP solicita que el Gobierno explique los criterios empleados para la adjudicación de los 33.936 millones de euros ya comprometidos para el gasto en Seguridad y Defensa durante el ejercicio 2025, así como detalles sobre la capacidad industrial y tecnológica de los beneficiarios de estos contratos.

El desglose de partidas presupuestarias, los mecanismos de financiación y la planificación prevista para 2026 figuran igualmente entre las cuestiones por las que la oposición exige transparencia, según publicó Europa Press. La formación reclama, además, claridad en los procedimientos de subcontratación utilizados en los contratos ya adjudicados.

La sesión programada para este martes se produce bajo la presión de una oposición que exige respuestas sobre la ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Europa Press consignó que el PP ha solicitado la comparecencia no solo de Margarita Robles, sino también de los ministros de Industria y Hacienda, para aportar explicaciones relativas a la gestión de estos fondos y compromisos asumidos por el Ejecutivo.

En el escenario internacional, el cierre del espacio aéreo español para vuelos vinculados a las operaciones estadounidenses e israelíes forma parte de una serie de medidas políticas adoptadas por el Gobierno para distanciarse de los ataques contra Irán y sus repercusiones para la seguridad nacional. Según relató Europa Press, la restricción afecta a vuelos militares que utilizan bases españolas o sobrevuelan el país tras iniciar ruta desde Reino Unido o Francia.

Esta comparecencia se inscribe en un contexto marcado por demandas de mayor control y supervisión parlamentaria sobre las decisiones relativas tanto al despliegue de medios militares como a las asignaciones presupuestarias en Defensa y Seguridad. Europa Press subrayó que la actuación del Gobierno, tanto en la adopción de medidas frente a la crisis internacional como en la gestión financiera, será objeto de escrutinio en una sesión a la que se otorgó el carácter de comparecencia urgente a instancias de la oposición.

El interés por la comparecencia de la ministra de Defensa resulta relevante, además, porque el Gobierno había defendido hasta ahora su proceder frente a la crisis generada por la escalada militar en Oriente Medio, reiterando la necesidad de preservar la seguridad nacional. La postura en torno al uso de las bases militares por parte de fuerzas extranjeras y la restricción del espacio aéreo refuerzan la línea definida por el Ejecutivo en el actual contexto geopolítico, según dejaron constancia las declaraciones recientes recogidas por Europa Press.

El foco de la sesión también abordará los compromisos adquiridos a futuro en materia industrial y tecnológica, en el marco del programa de inversión para Seguridad y Defensa previsto para los próximos años. La oposición demanda un mayor nivel de información pública y parlamentaria sobre los adjudicatarios y la ejecución de nuevas partidas económicas, mientras prosiguen las conversaciones sobre el presupuesto y la planificación sectorial.

Según reportó Europa Press, la sesión de la Comisión Mixta añadirá un nuevo capítulo al debate parlamentario sobre el alcance y la naturaleza de las decisiones estratégicas del Gobierno español ante la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio, enfrentando las reclamaciones de control del gasto y supervisión de las operaciones militares por parte de los principales partidos de la Cámara.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió una petición formal al Congreso para que defina el proceso de posesión del senador Wadith Manzur, quien permanece detenido por su presunta relación con el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).

En un documento de 10 páginas, el alto tribunal citó una petición hecha por Francisco Javier Araújo, abogado defensor del congresista del Partido Conservador, solicitó al alto tribunal que precisara si su cliente podía asumir la curul y bajo qué condiciones debía aplicarse la medida de aseguramiento.

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El defensor también pidió que se esclarezca si la detención —sin sentencia— imposibilita al congresista asumir el mandato representativo o si sería posible recurrir a un traslado temporal para la posesión, siempre bajo estricta custodia.

“Considera que, aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos, lo que sobrevendria, en su criterio, a la «prohibición absoluta de materializar el acto de posesión»“, indicó la defensa de Manzur.

Otra de las peticiones plantea si corresponde la pérdida de derechos políticos tras ser capturado en la investigación vinculada a la Ungrd, o si debe aplicarse la figura de «silla vacía», ya vigente contra Manzur en la Cámara de Representantes.

“De igual modo, indíquesele que, la Ley 600 de 2000 reglamenta, en su articulo 359, que, cuando se imponga ese tipo de medidas de aseguramiento en contra de un servidor público, se dispondrá solicitar a la autoridad competente que proceda con la suspensión en el ejercicio del cargo. En este asunto, dado que, el sindicado Manzur Imbett ostenta el cargo de representante a la Cámara, en la misma providencia mencionada, la Sala ordenó oficiar a la Mesa Directiva y a la Secretaria General de la Cámara de Representantes para que procedieran de conformidad”, se lee en el oficio.

Ahora la decisión sobre si el dirigente podrá asumir la senaduría queda exclusivamente en manos del Senado de la República, según lo establecido en el oficio remitido por la Corte Suprema de Justicia.

Por el momento, la presidencia de la corporación legislativa no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el tema en particular.

Por qué está siendo investigado Wadith Manzur

El congresista Wadith Manzur enfrenta actualmente una medida de aseguramiento en centro carcelario desde el 12 de marzo de 2026, tras entregarse a las autoridades por su presunta implicación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Corte Suprema de Justicia dictó su captura en marzo, relacionándolo con un esquema de compra de votos en el Congreso a cambio de beneficios económicos y posiciones burocráticas.

La investigación de la Corte señala que Manzur habría recibido pagos ilegales para impulsar iniciativas del Gobierno. Entre los hallazgos, se destaca una sesión en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, calificada como la “sesión más eficiente” por la rapidez inusual con la que se aprobaron seis de nueve operaciones de crédito público, lo que sugiere la existencia de acuerdos ilícitos.

Según la investigación de la Corte Suprema, Manzur actuó como vocero de un grupo de congresistas que condicionaron su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de millonarios contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.

Exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, hoy también recluidos en centros penitenciarios, mencionaron a Manzur en sus declaraciones, detallando la presunta entrega de dinero a legisladores para facilitar el trámite de leyes.

A pesar de permanecer recluido en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, Manzur fue elegido como uno de los senadores con mayor votación en marzo de 2026 y ha intentado conseguir mecanismos legales para asumir el cargo desde prisión.

Por el momento, el congresista conservador permanece recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras avanza la investigación en su contra.

El Partido Popular ha planteado la posibilidad de abrir una nueva comisión de investigación en el Senado, esta vez centrada en la gestión de Radiotelevisión Española (RTVE), después de haber impulsado seis investigaciones parlamentarias desde el inicio de la legislatura. Según informó el medio, la formación conservadora utiliza su mayoría absoluta en la Cámara Alta para intensificar el control sobre organismos estatales y analizar distintos episodios de la administración pública.

De acuerdo con lo reportado, la futura comisión sobre la corporación audiovisual pública se sumaría a otras ya establecidas sobre diversos temas de relevancia política y social. Entre las comisiones activadas hasta la fecha se encuentran la investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, los efectos de la dana ocurrida en octubre de 2024, la situación de la red ferroviaria tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), el funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el llamado 'caso Koldo'.

El medio detalló que, en febrero de 2026, el Senado constituyó la comisión para analizar la gestión de la SEPI y que el Partido Popular ya solicitó la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las sesiones de esta comisión se desarrollarán durante el periodo previo a la campaña electoral andaluza. Por su parte, la comisión sobre el estado de la red ferroviaria nació como consecuencia del accidente producido en Adamuz el 18 de enero, lo que motivó la llamada al Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente; del anterior titular, José Luis Ábalos, y del exasesor Koldo García, junto con otros responsables.

La investigación sobre el apagón energético de abril de 2025 completó sus jornadas tras recibir las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Próximamente, la comisión presentará sus conclusiones en relación con ese incidente según publicó el medio. Igualmente, la comisión que analizó las actividades del CIS finalizó sus trabajos, tras las comparecencias del presidente del centro, José Félix Tezanos, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras autoridades.

El Partido Popular anunció la semana pasada una querella por un supuesto delito electoral contra Tezanos. La formación acusó, según consignó el medio, a Tezanos de utilizar las encuestas del CIS para "inflar sistemáticamente" y "beneficiar" al PSOE, con el objetivo de alterar la voluntad de los ciudadanos, movilizar al electorado socialista e incidir en el resultado de las urnas. Esta acción legal surge tras las conclusiones de la comisión de investigación sobre el centro demoscópico.

En cuanto a la catástrofe generada por la dana del 29 de octubre de 2024, la comisión correspondiente continúa su trabajo en el Senado. Ya ha citado a comparecer, entre otras, a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no compareció ante este órgano, aunque sí lo hizo en la comisión homóloga del Congreso que analiza el fenómeno de las riadas.

El denominado ‘caso Koldo’ destaca como la comisión de investigación más extensa en la Cámara Alta, acumulando dos años de labores parlamentarias, más de cien comparecientes y sucesivas ampliaciones en la lista de citados por parte del Grupo Popular, según detalló el medio. Esta comisión ha contado, en distintos periodos que coincidieron con procesos electorales autonómicos, con la presencia de responsables políticos como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exmilitante socialista Paco Salazar, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Si el pleno del Senado avala la creación de la comisión sobre RTVE, se elevaría a siete el número total de investigaciones parlamentarias impulsadas por el Partido Popular durante esta legislatura, consolidando el uso de la mayoría absoluta por parte de esta formación para aumentar la fiscalización de la gestión pública en diferentes ámbitos, señala el medio.

El consejo de administración de RTVE divulgó recientemente las cuentas auditadas correspondientes al ejercicio 2025, en las cuales se refleja un superávit de 55.670.000 euros. Estas cifras contrastan con las pérdidas cercanas a los 13 millones de euros registradas en 2024. Ante estos datos, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Alfonso Gil, manifestó que la iniciativa del Partido Popular de poner en marcha una comisión de investigación en la Cámara Alta para analizar la gestión en RTVE “nace muerta”. Según informó el medio, la propuesta del grupo popular surge en un contexto donde la corporación pública reporta resultados económicos positivos y una mejora significativa en sus índices de audiencia.

De acuerdo con el medio, Gil atribuyó a esta iniciativa un carácter de “filibusterismo institucional”, alegando que responde únicamente a una estrategia de confrontación política empleada por el Partido Popular. El dirigente socialista sostuvo que la formación conservadora estaría utilizando su mayoría absoluta en el Senado para “retorcer las normas de forma arbitraria y contra natura”. En sus declaraciones, Gil argumentó que tales movimientos tienen el efecto de degradar las funciones propias del Senado y desvirtuar el sentido de los instrumentos parlamentarios disponibles.

El medio detalló que la reacción del PSOE se produce tras la publicación de los resultados financieros y de audiencia de RTVE para 2025. Según la corporación pública, estos resultados presentan un crecimiento en el seguimiento de su programación, unos índices de audiencia que, según palabras de la dirección, “no se veían desde hacía años”. Este balance positivo se contrapone directamente a los motivos esgrimidos por el grupo parlamentario popular para solicitar la apertura de una investigación sobre la gestión de RTVE.

Gil advirtió además —según consignó el medio— que las comisiones de investigación en el Senado constituyen un mecanismo excepcional, diseñado para dar respuesta a situaciones extraordinarias, no para ser empleado de manera ordinaria. Desde la perspectiva socialista, el uso reiterado que el Partido Popular hace de este instrumento responde a una táctica de desgaste institucional dentro de “una estrategia de conflicto permanente”.

Según publicó el medio, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta remarcó que la corporación ya cuenta en la actualidad con un mecanismo específico de fiscalización parlamentaria: la Comisión Mixta Congreso-Senado para el control de RTVE. Este órgano permite la comparación periódica del presidente de la entidad, José Pablo López, ante las cámaras, lo que para Gil constituye suficiente garantía de transparencia. Sostuvo que promover la creación de una nueva comisión, existiendo ya este órgano de fiscalización, solo puede tener por objetivo generar “ruido” y favorecer escenarios de confrontación en el ámbito político, en lugar de buscar una fiscalización real.

En este contexto, la posición expresada por el Grupo Socialista en el Senado pone de relieve las tensiones en torno al control parlamentario de RTVE y la utilización de las comisiones de investigación como herramientas dentro del debate partidista. Según indicó el medio, el PSOE defiende la validez del sistema de control actual y mantiene que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta se emplea para impulsar dinámicas de enfrentamiento político, utilizando instrumentos excepcionales de forma recurrente.

María Jesús Montero enfrentará una citación a finales de abril ante la comisión de investigación del Senado que examina presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según informó el Partido Popular, cuya mayoría en la Cámara Alta permitirá impulsar este llamamiento antes de la campaña de las elecciones andaluzas, que comenzará oficialmente el 1 de mayo. La comparecencia de Montero, quien encabeza la candidatura socialista para los comicios autonómicos programados para el 17 de mayo, coincide con un momento crítico del calendario electoral.

Tal como consignó el Partido Popular, la decisión de citar a Montero en este periodo responde al interés de obtener su testimonio sobre la situación en la SEPI mientras se desarrollan los preparativos para la campaña electoral andaluza. De acuerdo con fuentes de la formación, la intervención de la exvicepresidenta y exministra de Hacienda está prevista para finales de abril, siendo esta una estrategia ligada al contexto político actual, en el que la dirección socialista recae sobre Montero en Andalucía.

Según publicó el medio, hace aproximadamente un mes, María Jesús Montero había manifestado su disposición a acudir al Senado tantas veces como fuera necesario y recalcó que ya había brindado declaraciones en la Cámara Alta sobre temas vinculados a la SEPI. Sus palabras al conocer la intención del PP fueron: “volveré al Senado las veces que me llamen y que haga falta”, remarcando que previamente discutió en esa sede aspectos que involucran a la sociedad pública investigada.

La comisión de investigación sobre la SEPI trabaja en la revisión de supuestas irregularidades relacionadas con la gestión de este ente público, y la citación de Montero ha sido interpretada en clave tanto política como institucional, dado su papel como candidata socialista al gobierno andaluz. El Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, desarrolla una agenda de comparecencias centradas en altos cargos con responsabilidad sobre los hechos investigados.

En paralelo al anuncio de la citación, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, abordó en rueda de prensa las perspectivas de su partido para los comicios andaluces. Según reportó el medio, García se refirió a los resultados de las encuestas electorales y señaló que “el Partido Popular va a ganar las elecciones y el Partido Socialista las va a volver a perder”. También hizo alusión a los recientes procesos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, declarando: “parece todo indicar que será 4-0”.

Durante su intervención, Alicia García contrastó el “gobierno del cambio”, la “estabilidad” y la “bajada de impuestos” encarnados en la figura de Juanma Moreno, actual presidente andaluz y líder del PP en la región, con la propuesta representada por Montero, a quien vinculó con una política de “gran poder”, “infierno fiscal” y tres años sin Presupuestos Generales del Estado, lo que denominó como “rebeldía constitucional”.

El medio detalló que la portavoz del PP insistió en la importancia de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y enfatizó las intenciones de su formación de no solo ganar, sino gobernar la comunidad para “dar estabilidad”, una línea argumental que vinculó con la gestión de Juanma Moreno al frente del gobierno autonómico. A preguntas de la prensa sobre si el PP se conformaría con una victoria en las urnas, García respondió que el objetivo esencial es gobernar: “los gobiernos del cambio de Juanma Moreno han funcionado desde la gestión, la bajada de impuestos, la certidumbre, la estabilidad y el buen hacer. Y eso es lo que queremos, ganar y gobernar”.

La comparecencia de María Jesús Montero en la comisión se desarrollará en el contexto de una intensa agenda política y bajo el escrutinio de las fuerzas parlamentarias y la opinión pública, por su doble dimensión de investigación institucional y protagonismo electoral. La exministra participará en este proceso como declarante al tiempo que mantiene su liderazgo en la carrera para las elecciones andaluzas, cuya campaña formal se inicia inmediatamente después, según información divulgada por el Partido Popular.

Durante la comparecencia, Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado, hizo hincapié en que la gestión de la dirección de Radiotelevisión Española (RTVE) ha sido motivo de atención no solo a nivel nacional, sino también internacional, al citar que la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo mantiene el caso bajo observación. Según informó el medio proporcionado, el PP impulsa la instauración en la Cámara Alta de una comisión de investigación centrada en lo que califican como “corrupción directiva, financiera y patrimonial” en el seno de la corporación pública.

Tal como publicó la fuente, García anunció esta iniciativa con el objetivo de “rescatar y regenerar” el servicio público de RTVE, tras afirmar que la corporación ha perdido su carácter de televisión al servicio de la ciudadanía y pasó a ser una radiotelevisión “hecha a medida de Pedro Sánchez”. Acusó directamente a José Pablo López, actual presidente de RTVE, de desempeñar un papel clave en la “ocultación y minimización” de informaciones relacionadas con casos de corrupción en el entorno del actual jefe del Ejecutivo, y manifestó que dichas prácticas han supuesto un deterioro, tanto en la calidad informativa como en la reputación institucional de la entidad.

El medio detalla que la comisión de investigación propuesta por el PP pretende contar no solo con la comparecencia de expertos en el sector, sino que contempla la posibilidad de llamar también a profesionales del ámbito periodístico, cuyo listado definitivo será definido al presentar el plan de trabajo correspondiente. García especificó que el debate y la votación sobre la constitución de dicha comisión se abordarán en el pleno del Senado previsto para la próxima semana.

En relación a la situación interna de la corporación, la portavoz del PP en el Senado hizo alusión a diversos informes emitidos por el Consejo de Informativos, donde se documentan supuestas deficiencias en la gestión y la cobertura periodística de los hechos de interés público. Según reportó la fuente, García presentó como argumento adicional la difícil situación económica de RTVE, señalando que la corporación se encuentra “al borde de la quiebra”. Detalló que la entidad devolvió más de 30 millones de euros de fondos europeos y pagó 1,3 millones de euros en intereses, junto a pérdidas acumuladas que superan el millón de euros, consecuencia de la ruptura o incumplimiento de un contrato.

La portavoz atribuyó estos datos a lo que considera una gestión negligente basada en mecanismos irregulares de contabilidad y criticó la supresión de los controles internos y de los sistemas de supervisión orientados a prevenir irregularidades. En ese mismo contexto, alertó sobre lo que describió como “el gran fraude de las oposiciones” en el ente público, subrayando que las convocatorias debieron repetirse por irregularidades por primera vez en la historia de RTVE, lo que, desde su óptica, refuerza la percepción de que la corporación fue transformada en “una agencia de colocación al servicio del poder”.

La comparecencia también incluyó críticas a la política de externalización de contenidos informativos, que la portavoz consideró encubierta bajo la etiqueta de infoentretenimiento, y denunció la posible existencia de “listas negras” de profesionales, así como la supuesta purga de voces independientes dentro de RTVE. García sostuvo que estos procesos habrían dañado directamente a los trabajadores de la corporación, afectando su estabilidad y autonomía profesional, según consignó la fuente original.

A estas denuncias, sumó la insistencia en que las deficiencias del servicio público han sido observadas y recogidas en los mencionados informes del Consejo de Informativos y están bajo el escrutinio del Parlamento Europeo. El medio indicó que el Partido Popular, mediante la propuesta de la comisión de investigación en el Senado, busca esclarecer estos asuntos y aplicar medidas inmediatas para garantizar la transparencia y la regeneración institucional dentro de la corporación pública. La iniciativa será sometida al trámite parlamentario la próxima semana, donde se decidirá su su puesta en marcha y la composición precisa de los comparecientes.

La reciente decisión del Ejecutivo español de restringir el espacio aéreo a vuelos militares involucrados en el conflicto en Irán generó cuestionamientos en el Senado, especialmente por la exclusión de este asunto en la última comparecencia parlamentaria del presidente Pedro Sánchez. Según informó Europa Press, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, expresó su descontento y señaló que el mandatario no ofreció explicaciones sobre esta medida cuando compareció una semana antes ante el Pleno del Congreso, centrando su intervención en otros episodios pasados como la guerra de Irak.

De acuerdo con Europa Press, la medida adoptada por el Gobierno consiste en prohibir el paso por el espacio aéreo español de aeronaves militares pertenecientes a la operación ‘Furia Épica’, impulsada por Estados Unidos e Israel en el marco de las tensiones con Irán. Además de restringir el vuelo sobre el territorio nacional, España niega el uso de bases militares, como Rota y Morón, a los aviones vinculados a la mencionada ofensiva. Esta operación militar, en la que España niega participación directa, estuvo en el centro del debate político tras el ataque de Irán y la reacción internacional.

Durante una rueda de prensa recogida por Europa Press, Alicia García manifestó que la actuación del Ejecutivo resulta “improvisada”, reclamando mayor transparencia en torno a los criterios y objetivos de la restricción. García calificó de contradictorio el proceder del Gobierno y de sus ministros, enfatizando declaraciones previas de la titular de Defensa, Margarita Robles, en las que aseguraba el cumplimiento de los convenios internacionales. García, citada por Europa Press, declaró: “Yo creo que es una hipocresía, una más. Hemos visto como incluso la ministra de Defensa decía que se estaban cumpliendo los convenios y hemos visto cómo han salido fragatas”, refiriéndose al desplazamiento de la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre tras el ataque iraní.

A juicio de la portavoz popular, las decisiones recientes y los movimientos de fuerzas militares españolas exponen posibles contradicciones en la política exterior del Ejecutivo, al tiempo que ponen en cuestión la coherencia del mensaje político que el presidente ha transmitido en otras ocasiones frente a operaciones militares internacionales. Según detalló Europa Press, García sostuvo que “parece” que la salida de la fragata y “los aviones que han estado circulando” muestran que la postura de Sánchez frente a la guerra es inconsistente.

El medio Europa Press también subrayó el cuestionamiento directo planteado por García al jefe del Ejecutivo en relación con el porqué de la restricción aérea. La dirigente popular preguntó: “si no estaba ocurriendo nada, ¿por qué toman esta decisión? Si ellos han negado que no estaban cooperando o volando aviones”, para luego remarcar la falta de comunicación oficial sobre la restricción durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

En la misma comparecencia, García criticó que el presidente optara por abordar la guerra de Irak, acontecida hace 23 años, sin informar sobre la decisión reciente de cerrar el espacio aéreo a aeronaves militares destinadas a operaciones relacionadas con Irán. Según relató Europa Press, la portavoz insistió en que Sánchez dejó fuera del debate una medida relevante para la actualidad nacional e internacional, lo que atribuye a una supuesta “improvisación” y a cierta debilidad de la política exterior española.

Europa Press reflejó también otras áreas de crítica por parte del Grupo Popular. Consultada sobre la reacción del presidente Sánchez a la decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de impedir la celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén -una medida que luego fue revocada-, García redirigió su valoración hacia el propio presidente español. Sostuvo que Sánchez utilizó sus mensajes en redes sociales criticando a Netanyahu como un intento de “redención”, coincidiendo con una semana en la que varios miembros del PSOE afrontaban comparecencias judiciales.

Ante la insistencia sobre si el Partido Popular fijaba posición entorno a la decisión del mandatario israelí de impedir la ceremonia religiosa, Alicia García reiteró que ya había respondido sobre ese tema, según recogió Europa Press. Los reproches del Grupo Popular, según detalló el medio, se centraron principalmente en la gestión del Gobierno español sobre el espacio aéreo y la falta de información directa al Parlamento sobre una cuestión que consideran de máxima relevancia para la política internacional española.

En este panorama, Europa Press resaltó que la controversia sigue abierta respecto a la transparencia del Ejecutivo en asuntos de defensa y relaciones exteriores, así como al modo en que comunica y justifica las restricciones y acciones militares ante los representantes públicos y la ciudadanía. El debate refleja tensiones políticas en el contexto actual de las relaciones internacionales y en la respuesta de España a las iniciativas lideradas desde Estados Unidos e Israel ante el conflicto con Irán.

En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

La persistencia de la violencia, la desigualdad salarial y la sobrecarga de cuidados evidencian que la igualdad de género sigue siendo un desafío global, pese a avances institucionales, advierte el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

El análisis del organismo del Senado mexicano subraya que, aunque existen marcos legales y compromisos internacionales como la Agenda 2030, los datos duros muestran que la brecha de género continúa afectando a millones de mujeres en el mundo.

Agenda 2030: la importancia de las leyes para reducir violencia

En el marco del Organización de las Naciones Unidas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 establece que las tasas de violencia en la pareja pueden ser hasta 2.5 veces menores en países que cuentan con:

• Sistemas integrales de leyes
• Políticas de prevención
• Sistemas judiciales especializados

Esto confirma que el diseño institucional tiene un impacto directo en la reducción de la violencia.

Una de cada ocho mujeres sufre violencia

Las cifras globales reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud:

• 1 de cada 8 mujeres entre 15 y 49 años ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja actual o anterior

Además, se estima que una proporción significativa de mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que confirma su carácter estructural.

Feminicidios: la expresión más extrema de la violencia

El documento retoma datos regionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que muestran:

• Alrededor de 4,050 feminicidios al año en América Latina
• Un promedio cercano a 11 mujeres asesinadas al día

Estas cifras evidencian la gravedad de la violencia feminicida en la región.

OPS 2026–2031: la equidad de género como eje de salud

El Plan Estratégico 2026–2031 de la Organización Panamericana de la Salud establece que la equidad de género es clave para garantizar el acceso a la salud.

Entre sus prioridades destacan:

• Reducir la violencia contra mujeres
• Atender desigualdades estructurales
• Incorporar la perspectiva de género en los sistemas de salud

Impacto económico: la violencia cuesta puntos del PIB

El documento señala que la violencia contra las mujeres no solo es un problema social, sino también económico.

Diversos estudios estiman que:

• Representa entre 1% y 3% del PIB de los países

Esto incluye costos en atención médica, pérdida de productividad y gasto institucional.

Brecha salarial: lo que dice el Informe Mundial sobre Salarios

El análisis retoma hallazgos del Informe Mundial sobre Salarios, que advierte que:

• Las mujeres ganan menos que los hombres
• La brecha salarial persiste incluso con niveles educativos similares

Esto limita la autonomía económica y reproduce desigualdades.

Trabajo de cuidados: qué es y por qué es una carga desigual

El trabajo de cuidados se refiere a todas las actividades necesarias para el bienestar de las personas, como:

• Cuidado de niñas, niños y personas mayores
• Atención a personas enfermas
• Tareas domésticas como cocinar, limpiar o administrar el hogar

Estas labores pueden ser remuneradas o no remuneradas, pero en la mayoría de los casos recaen de forma desproporcionada en las mujeres.

El documento destaca que:

• Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado
• Incluso cuando participan en el mercado laboral, mantienen una doble carga

Esta situación limita su acceso a oportunidades económicas y de desarrollo.

Avances y retrocesos a nivel global

El documento identifica contrastes entre países:

• Países con políticas integrales han logrado reducir brechas de género
• Otros mantienen rezagos o retrocesos por debilidad institucional

A nivel global, ningún país ha alcanzado la igualdad plena.

Igualdad formal no es igualdad real

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques concluye que la igualdad sustantiva aún no se alcanza.

La persistencia de la violencia, la desigualdad económica y la sobrecarga de cuidados demuestra que:

• Las leyes son necesarias, pero insuficientes
• Se requiere implementación efectiva
• Es necesario transformar estructuras sociales

La igualdad de género sigue siendo un desafío central para el desarrollo sostenible.

La duda queda resuelta con la aclaración de que cada candidato recibirá una cantidad proporcional al dinero que reportó como gastos durante la campaña. Uno de los aspirantes que más recibió votos fue Luis Carlos Rúa Sánchez, más conocido como Elefante Blanco, que obtuvo el apoyo de más de 124.000 ciudadanos, y decidió revelar cuánto efectivo recibirá por ello.

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A través de su cuenta de Instagram, Rua Sánchez mencionó que podría solicitar más de 1.000 millones de pesos, pero eso sería faltar a sus códigos morales, ya que indicó que no buscará inflar sus gastos de campaña.

“No voy a cobrar lo que no me gasté, como debe ser”, indicó Rúa, que aseguró que no pagó por aparecer en medios nacionales, vallas publicitarias o estrategias de marketing.

¿Cuánto se gastó Elefante Blanco en su campaña?

Elefante Blanco reveló que solo contrató a una gerente, una contadora y una abogada para gestionar lo relacionado con su campaña, en la que se gastó poco más de 20 millones de pesos.

Además, añadió elementos de publicidad y pedagogía por los que pagó alrededor de ocho millones de pesos; por último, lamentó que tuviera que reportar como “gastos” los 12,5 millones de pesos que recibió como donaciones por parte de sus seguidores.

“Invertimos 41.600.000 pesos para llevar al elefantico hasta el Senado. Nuestra campaña fue el reflejo del trabajo recorriendo el país denunciando elefantes y peajes”, indicó el senador electo.

Rúa Sánchez se mostró orgulloso de haber protagonizado la “posible campaña más austera de la historia” e indicó a sus seguidores que no cambiará su forma de actuar durante sus cuatro años en el Congreso. Por último, aseguró que en las próximas semanas confirmará en qué va a gastar los más de 40 millones que recibirá por los votos obtenidos.

En una entrevista con RCN, luego de ser elegido, Rúa Sánchez habló de su proyecto e indicó que no terminará con su llegada al Senado, sino que esto lo impulsará a seguir adelante con las denuncias.

“Lo primero es decir que esto no era una estrategia electoral, es un proyecto de veeduría que nació hace cuatro años y yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Decidí usar este símbolo poderoso que va a seguir aun estando en el Congreso precisamente porque la idea es que los procesos continúen.

Precisamente, Rúa confesó que sale disfrazado en los videos de las denuncias por temas de seguridad, algo en lo que, en teoría, podrá tener más confianza en su cargo como senador.

“No fue una estrategia electoral, sino que es un paso para tener seguridad. El tema del esquema de seguridad... saben que los congresistas podemos tener eso y de esa manera. Por eso ahora es más factible mostrarse, porque es un deber constitucional que los congresistas podamos estar protegidos”.

Rúa Sánchez reveló cómo será su trabajo en el Senado y confirmó que los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) serán elegidos a través de convocatorias públicas.

“La idea es que esas personas, según el perfil técnico, como yo voy a tener una UTL, esa UTL precisamente es algo que elige el congresista, pero la otra mitad de esa UTL va a estar seleccionada por mérito. Yo voy a hacer una convocatoria pública para elegir abogados especialistas en temas constitucionales y de proyectos de ley”.

En la Cámara de Diputados de México, el fútbol dejó por un momento la tribuna y se instaló en el campo de juego.

Legisladores, autoridades del deporte y personal del recinto participaron en la segunda edición del “Mundialito Legislativo”, un torneo que busca promover la inclusión y la actividad física en el marco de las celebraciones previas a la Copa Mundial FIFA 2026.

El evento, realizado en San Lázaro, reunió a figuras políticas y deportivas, quienes inauguraron la competencia con un tiro simbólico, según reportó la Cámara de Diputados.

Personalidades que estuvieron en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal ávila, encabezó la ceremonia inaugural y destacó el poder del fútbol para unir a personas con ideas distintas.

“El fútbol no es solo el deporte más popular en México y el mundo, sino que también es el que más une, cohesiona y solidariza a quienes creemos distinto y diferente”, expresó el diputado.

Acompañaron a Monreal figuras como Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026; Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Junta Directiva del Club Universidad.

Cuevas Barrón resaltó que a partir del 11 de junio, México será el primer país en albergar por tercera vez la Copa Mundial de la FIFA.

“Estamos sumando esfuerzos para que niños, niñas y jóvenes más talentosos encuentren todas las oportunidades para lograr sus sueños en el fútbol profesional”, afirmó la funcionaria, de acuerdo con la Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

Durante el acto, Pacheco Marrufo subrayó que la presidenta de México considera el deporte como un pilar para transformar vidas, señalando que la CONADE impulsa seis copas deportivas adicionales, entre ellas la Copa Escolar y la Copa Paralímpica.

“El deporte transforma vidas”, aseguró el funcionario, recogió Talla Política.

El torneo contó con la presencia de legisladores de diversos partidos, equipos universitarios, personal de la Cámara y periodistas.

González Pérez reconoció el valor del fútbol como herramienta para la formación integral de jóvenes, la promoción de la salud física y mental, la inclusión y el respeto.

Fuentes oficiales detallaron que el “Mundialito Legislativo” se integra a la estrategia nacional para que la Copa Mundial FIFA 2026 sea una celebración de alcance nacional, con más de 70 torneos y copas en desarrollo en todo México.

La inauguración concluyó con la ejecución del penal inicial, marcando el inicio de los partidos en la sede parlamentaria.

En palabras de la Comunicación Social de la Cámara de Diputados, el evento refuerza el compromiso institucional con el deporte como vía de convivencia sana y desarrollo juvenil, en sintonía con los objetivos sociales que acompañan la próxima Copa Mundial FIFA 2026.

Durante el debate parlamentario sobre la Ley Integral de Impulso a la Economía Social, integrantes del sector pusieron especial énfasis en la falta de medidas para fortalecer la actividad empresarial y productiva de las cooperativas de trabajo. Según detalló la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), esta ausencia ha motivado inquietud y malestar entre los representantes del cooperativismo, quienes consideran que el nuevo marco jurídico deja sin resolver aspectos esenciales para la competitividad y sostenibilidad del modelo cooperativo. COCETA trasladó públicamente su valoración sobre la ley tras la aprobación definitiva del texto este jueves en el Congreso de los Diputados, asegurando que se ha desaprovechado una oportunidad clave para avanzar en este ámbito.

De acuerdo con lo publicado por COCETA, el presidente de la organización, Luis Miguel Jurado, valoró los avances incorporados en la normativa para determinados subsectores de la Economía Social, pero remarcó que “el cooperativismo de trabajo ha quedado diluido en un marco excesivamente amplio, como advertíamos”. Jurado, quien estuvo presente durante el pleno del Congreso, expresó que la integración de diversos textos legislativos en una sola norma ha complicado el abordaje específico de las necesidades del cooperativismo de trabajo. El dirigente volvió a identificar la ausencia de medidas concretas como “una oportunidad perdida para hacer más competitivo nuestro modelo empresarial”.

La ley aprobada finalmente en la Cámara Baja busca modernizar el conjunto de normas que rigen la Economía Social, con la intención de combatir el intrusismo y clarificar la delimitación de las entidades que forman parte del sector. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, según reportó el propio Departamento, el texto definitivo comprende cuatro artículos que modifican legislaciones clave: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Durante la tramitación, el Congreso rechazó la mayoría de las enmiendas propuestas por el Partido Popular que se habían introducido en el Senado, dejando la redacción de la ley tal y como salió inicialmente del Congreso antes de llegar a la Cámara Alta, informó COCETA.

Pese a las reservas expresadas sobre el alcance de la nueva ley, la Confederación reconoció determinados avances. Según detalló la propia COCETA, resultan positivos aspectos como el fortalecimiento del marco de las empresas de inserción, la clarificación en el catálogo de entidades de la Economía Social y la protección contra el intrusismo. En particular, la organización celebra el reconocimiento explícito a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. “Son pasos importantes que contribuyen a consolidar el ecosistema de la Economía Social en su conjunto”, apuntó Jurado.

No obstante, COCETA subrayó que el texto aprobado deja pendientes cuestiones consideradas estructurales. Entre las demandas trasladadas al Ejecutivo, la Confederación señala la necesidad de actualizar los criterios en materia de fiscalidad para ajustarlos a las especificidades de las cooperativas, una regulación más precisa sobre la relación entre las horas de trabajo de los empleados por cuenta ajena y las personas socias trabajadoras, la actualización del fondo de reserva obligatorio y la ampliación de los supuestos que permiten capitalizar el desempleo. Otras prioridades citadas por la entidad son el fomento de la recuperación de empresas por parte de su plantilla a través de fórmulas cooperativas.

Respecto al propósito del sector, Jurado sostuvo: “No pedimos privilegios, sino herramientas para competir en igualdad de condiciones y seguir generando empleo estable”. Además, hizo un llamamiento al Gobierno para que incorpore las mejoras pendientes y manifestó la plena disposición de COCETA para colaborar en la elaboración de las normativas que puedan corregir las carencias detectadas.

Según la información proporcionada por el propio sector y confirmada por COCETA, la Economía Social en España agrupa a más de 20.000 cooperativas de trabajo, representa el 11% del Producto Interior Bruto nacional y sostiene más de 2,2 millones de empleos. Desde la Confederación se considera que este modelo empresarial es un soporte clave para el trabajo estable, la arraigada vinculación territorial y la cohesión social, según manifestó Jurado.

En el Palacio de la Zarzuela, Carlos Cuerpo y Arcadi España juraron sus cargos como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y ministro de Hacienda, respectivamente. Este acto se produce tras la designación de ambos dirigentes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda. En ese contexto, el Partido Popular (PP) ha solicitado que ambos comparezcan en el Senado para esclarecer si el Ejecutivo propondrá unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y si habrá cambios en el sistema de financiación autonómica.

Según reportó el medio, Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, informó este viernes que la solicitud busca que los nuevos responsables de Economía y Hacienda expongan sus planes ante la Cámara Alta. García comunicó en rueda de prensa en el Senado que su grupo reclama respuestas claras sobre si el Gobierno planea presentar un proyecto de PGE y si resolverá la actualización de la financiación autonómica, asuntos que permanecen sin resolver durante la presente legislatura.

El nombramiento de Carlos Cuerpo y Arcadi España ha generado inquietud dentro del propio Ejecutivo y entre las filas políticas. El medio detalló que García señaló que la crisis de Gobierno resulta también "inquietante" para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por la relación de Arcadi España con la Comunidad Valenciana. Además, la portavoz subrayó que el PP quiere saber si los nuevos ministros centrarán sus esfuerzos en la aprobación de los presupuestos generales y en la reforma de la financiación autonómica, o si, en cambio, optarán por priorizar temas como el "cupo" o la "deuda", dos cuestiones pendientes que atribuyó a la gestión de la exministra Montero.

Durante la comparecencia en el Senado, García criticó que el presidente Sánchez haya realizado cambios que calificó como únicamente estéticos en su gabinete: “Ha hecho cambios estéticos, pero él sigue, él sigue al pie del cañón como presidente del Gobierno y con los mismos problemas de siempre", dijo la portavoz, citada por el medio. Añadió que el Gobierno actual se halla "sin Presupuestos Generales del Estado, dividido, con una gran debilidad parlamentaria y sin más proyecto que resistir". García también afirmó que el Ejecutivo se encuentra "acorralado por la corrupción", subrayando que "el problema del Gobierno es el Gobierno, pero sobre todo es Sánchez".

El PP cuestiona además la capacidad del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para presentar unos presupuestos que aún no se han registrado durante toda la legislatura. García afirmó, según consignó el medio, que de no lograrse presentar unas nuevas cuentas públicas, se estaría demostrando la “incapacidad de María Jesús Montero”, quien hasta ahora ocupada esa cartera. El partido plantea dudas sobre si España logrará acordar un nuevo sistema de financiación autonómica, tema sensible que afecta a diferentes comunidades.

Las designaciones de Cuerpo y España, según sostiene García, suponen un "gran disgusto" para algunos integrantes del gabinete de Sánchez, en especial para Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, debido a sus aspiraciones dentro del Gobierno. García también señaló a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a la que, según su interpretación, no habrían agradado estos cambios.

La portavoz popular remarcó que la solicitud de comparecencia ante el Senado se ha dirigido a las comisiones correspondientes, reclamando que ambos ministros aclaren "si efectivamente van a aprobar los Presupuestos y la financiación autonómica o van a priorizar el cupo o la deuda". García resaltó que estos son asuntos que “siguen pendientes desde la etapa de María Jesús Montero”, según publicó el medio.

La reorganización en el Ejecutivo ocurre en un momento de incertidumbre política. El PP ha subrayado en sus declaraciones que el Gobierno aparece dividido y debilitado desde el punto de vista parlamentario, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del gabinete para sacar adelante nuevos presupuestos y negociar la financiación autonómica con los distintos territorios. La salida de Montero y la posterior toma de posesión de Cuerpo y España representan una nueva etapa en la que los principales partidos de la oposición exigirán explicaciones y soluciones a los temas fundamentales del debate fiscal y territorial en España.

La decisión de solicitar la comparecencia de los titulares de Economía y Hacienda en sede parlamentaria pretende otorgar mayor transparencia al proceso de elaboración de los presupuestos y definir los compromisos del Ejecutivo respecto a la financiación de las comunidades autónomas, asuntos centrales en el debate político y económico nacional. Según publicó el medio, el PP busca que estos responsables expliquen también si se mantendrán las prioridades del anterior mandato o si se introducirán nuevas estrategias para abordar el reparto de fondos estatales entre los territorios.

La petición registrada por el PP ante el Senado incluye la solicitud de comparecencia de los ministros Cuerpo y España en las comisiones correspondientes de la Cámara baja. De acuerdo con las declaraciones recogidas, la formación opositora intentará obtener información precisa sobre los planes del Ejecutivo y la disposición de los nuevos responsables para afrontar los retos presupuestarios y de financiación autonómica en el corto plazo.

La situación política se mantiene expectante, ya que la respuesta del Gobierno frente a estos retos será determinante para la estabilidad institucional y para la gestión económica en los meses que siguen.

El PSOE sostuvo que la publicación de transcripciones literales de audios incorporados al expediente parlamentario del Senado influyó de manera directa en la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según consignó el medio, los socialistas presentaron un escrito dirigido al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico en el que denunciaron una “quiebra evidente del deber de confidencialidad” tras la difusión de este material, clasificado como reservado por la propia comisión parlamentaria. El caso pone el foco en las prácticas de custodia de documentos oficiales y los límites de la divulgación en procedimientos parlamentarios.

De acuerdo con lo informado por el medio, el PSOE atribuyó la filtración de los audios al Partido Popular en el Senado y anunció que estudia dirigir el asunto a la justicia, reservándose el derecho a emprender “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”. El origen de los documentos en cuestión se remonta a la documentación remitida por Iberdrola, relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, y que según fuentes parlamentarias, había sido clasificada como reservada mediante acuerdo de la Mesa de la comisión. Este protocolo especial incluía medidas de seguridad estrictas: acceso restringido solo al personal autorizado, control presencial de los asistentes, prohibición de portar dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro de la información en áreas habilitadas del Senado.

El PSOE manifestó que los hechos no solo representan una alteración significativa en el funcionamiento interno de la comisión de investigación, sino que podrían constituir una infracción de los deberes legales de custodia y confidencialidad que se exigen a los cargos públicos. El partido subrayó la gravedad de la situación, indicando que la revelación de información reservada podría derivar en la imposición de responsabilidades disciplinarias, políticas o incluso penales para los autores. Los socialistas alegan que los hechos denunciados estarían en el marco de los delitos referidos a la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.

En relación con las implicancias políticas, el PSOE remarcó que la intermediación del PP en la exposición pública del contenido reservado incide en la percepción pública sobre la gestión del apagón y afecta la integridad de la investigación parlamentaria. Según publicó el medio, los socialistas responsabilizan directamente al grupo popular y apelan a la normativa interna del Senado para exigir una investigación sobre la custodia y posible escape de la información.

Por su parte, la respuesta del PP se dio a conocer mediante una intervención de su portavoz en el Senado, Alicia García, quien argumentó en rueda de prensa que los audios filtrados sirvieron para demostrar que “el Gobierno estaba alertado días antes del apagón y no hicieron nada”. García descartó la gravedad atribuida por el PSOE e interpretó sus acciones como una reacción defensiva. Según reportó el medio, la portavoz del PP expresó: “Como se ha destapado la verdad, pues es la pataleta de unos niños que quieren hacer ruido, pero el ruido ya está y es que nos han mentido a todos los españoles”.

Mientras el enfrentamiento entre ambos partidos continúa, el foco queda puesto sobre el acceso y la protección de documentos clasificados en entornos parlamentarios y las posibles consecuencias legales sobre su divulgación. Según detalló el medio, la comisión parlamentaria sobre el apagón había establecido un protocolo reforzado para asegurar la confidencialidad y evitar cualquier acceso o reproducción no autorizada de la información, lo que añade complejidad a la localización de responsabilidades.

El debate sobre la transparencia y la reserva de las investigaciones parlamentarias se plantea ante la opinión pública, mientras el Gobierno y la oposición presentan argumentos en torno al derecho a la información y al deber de preservar la confidencialidad en comisiones de este tipo. El medio señaló que el PSOE insiste en que la difusión de los audios podría llevar a consecuencias legales severas, mientras el PP sostiene que el contenido de los mismos contenía elementos de interés público que justificaban su conocimiento por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con lo publicado, la investigación sobre el origen y la distribución de las grabaciones se enmarca en los procedimientos internos de la comisión, que deberá evaluar si existió negligencia en la custodia, así como en el posible incumplimiento de normativas y leyes de protección de información clasificada. La situación incrementa las tensiones políticas y reabre el debate sobre los límites del secreto oficial y la función de control institucional de los órganos legislativos.

La propuesta del Partido Popular para la comisión de investigación en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz incluye el análisis detallado de todas las comunicaciones y decisiones tomadas durante los días del siniestro, así como la solicitud de expedientes relacionados con las obras en el tramo afectado. Además, el grupo ha solicitado acceder a las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en el uso de fondos comunitarios, junto a los informes enviados a los juzgados acerca de presuntos contratos amañados dentro de Adif y documentos que avalen los cambios implementados en los límites de velocidad en la red ferroviaria. Según informó el medio, estas exigencias forman parte de un plan de trabajo que contempla un enfoque exhaustivo sobre la gestión y supervisión de la infraestructura ferroviaria en el periodo relacionado con el accidente.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presentó este viernes el cronograma y el alcance de la investigación, subrayando la convocatoria de comparecencias clave por parte de las máximas figuras responsables del sector en los últimos años. Alicia García confirmó que la comisión llamará a declarar al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a sus predecesores Raquel Sánchez y José Luis Ábalos. Además, se prevé la citación de Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial actualmente en prisión preventiva. Según consignó el medio, la representante popular remarcó que “la actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente”, y acusó a Puente de priorizar la confrontación y la narrativa pública sobre la resolución efectiva de los problemas originados tras el accidente.

El listado de personas convocadas por el PP asciende a 73, abarcando a altos cargos ministeriales, responsables técnicos y directivos de entidades públicas y privadas vinculadas al transporte ferroviario y a la gestión de infraestructuras. Entre los convocados figuran la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, y el director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez. También han sido citados la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, el subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas, el director del Observatorio para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Transportes, Fernando Moreno, y el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

Según detalló el medio, el plan de comparecencias propuesto incluye la integración a la comisión de responsables autonómicos, como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto a sus homólogos de otras regiones bajo gobiernos del PP. En lo referente a las infraestructuras en Cataluña, se ha citado a la consellera de Territorio, Silvia Paneque, al secretario de Movilidad, Manel Nadal, al comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías, y al consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, Oscar Playá. El PP también ha citado a directivos de empresas operadoras privadas como Iryo y Ouigo, así como a responsables de Renfe y a varios cargos de Adif.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la dinámica propuesta para la comisión otorga un mínimo de cincuenta minutos de intervención a cada grupo parlamentario para interrogar a los comparecientes, replicando el modelo empleado en la comisión del ‘caso Koldo’. Como novedad, los portavoces podrán disponer de un segundo turno de cinco minutos, formato que no cuenta con antecedentes en otras investigaciones parlamentarias del Senado. El PP se ha asegurado también prioridad para ser el primer grupo en formular preguntas, permitiendo que el resto proceda según la representación de cada partido.

Entre los documentos solicitados destacan no solo las comunicaciones internas de los días en los que ocurrió el accidente de Adamuz, sino también la totalidad de los informes y expedientes relativos a todas las obras ejecutadas en el tramo afectado. La petición de acceso a las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Europea responde a sospechas de irregularidades en la gestión de fondos europeos, así como a la existencia de investigaciones judiciales sobre contratos presuntamente manipulados en el ámbito de Adif. El PP también reclama los expedientes justificativos de cualquier modificación en la regulación de velocidades en la zona objeto del siniestro, en busca de aclarar las circunstancias y posibles responsabilidades.

La intervención de Alicia García, difundida por el medio, enfatizó que la gestión gubernamental tras el accidente no ha alcanzado niveles de respuesta adecuados y avanzó que la estrategia del PP al frente de la comisión busca no solo esclarecer los hechos sucedidos en Adamuz, sino profundizar en la transparencia de la contratación y supervisión pública en el sistema ferroviario nacional. La única mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado permite a la formación impulsar la agenda y las comparecencias propuestas, así como definir los requisitos y el orden de las sesiones investigadoras.

La filtración de audios reservados relacionados con el apagón eléctrico y difundidos a medios de comunicación tuvo, según la denuncia del PSOE, un impacto directo en la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ante la comisión de investigación del Senado. El partido sostiene que la exposición pública de estos materiales, considerados confidenciales, afectó el desarrollo de dicho acto parlamentario. De acuerdo con la información publicada por el medio, la denuncia presentada por el PSOE va dirigida a la supuesta actuación de miembros del Partido Popular en la Cámara Alta.

Según consignó el medio, los socialistas formalizaron la denuncia mediante un escrito enviado al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico, en el que señalan una vulneración del deber de confidencialidad tras la divulgación de fragmentos textuales de los audios considerados reservados. El PSOE comunicó que se reserva el derecho de iniciar “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”, al considerar que los hechos pueden implicar consecuencias jurídicas y disciplinarias.

El medio detalló que la documentación en cuestión había sido remitida por Iberdrola e incluía comunicaciones con Red Eléctrica de España. Esta información fue clasificada como reservada por acuerdo de la Mesa de la comisión y, para protegerla, se adoptó un protocolo de custodia reforzado, con medidas como el acceso restringido a los expedientes, el control presencial de las personas autorizadas, la retirada de dispositivos electrónicos y el almacenamiento seguro del material en dependencias del Senado. El objetivo de este protocolo fue garantizar la confidencialidad e impedir la circulación no autorizada de la información incluida en el expediente parlamentario.

El PSOE argumentó, según publicó el medio, que la divulgación de los audios representa una “quiebra evidente” del compromiso de confidencialidad que rige para los representantes con acceso a material reservado. En el texto dirigido a la comisión, la formación subrayó que “estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos”.

La denuncia también advierte, según la información aportada por el medio, que la revelación de información protegida puede dar lugar a responsabilidades de carácter político, disciplinario e incluso penal. El PSOE aludió a la posible comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios, en función del contenido compartido y la presencia de normas legales que exigen confidencialidad en el tratamiento de documentos reservados.

El desarrollo de la investigación parlamentaria sobre el apagón, según puntualizó el medio, se ha visto alterado por la publicación de las transcripciones reservadas, lo que ha motivado un debate sobre los límites de la función parlamentaria y la protección de la información clasificada. La Mesa de la comisión, como órgano supervisor del acceso y custodia de los expedientes, fue la encargada de establecer las medidas para mantener la confidencialidad que, a juicio del PSOE, quedaron gravemente comprometidas tras la filtración.

Este conflicto abre la posibilidad de acciones adicionales tanto dentro del ámbito parlamentario como en el judicial, según manifestó el partido afectado, que no descarta elevar la denuncia a instancias jurídicas a raíz de las presuntas infracciones cometidas por los representantes implicados en la divulgación de contenidos protegidos.

La aprobación parcial del llamado “Plan B” de la reforma electoral en el Senado marcó un ajuste relevante en la propuesta impulsada por el gobierno federal.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, reconoció que no se alcanzaron todos los cambios planteados originalmente, luego de que se retiraran las modificaciones al artículo 35 constitucional relacionadas con la revocación de mandato.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la senadora explicó que el resultado fue producto de negociaciones entre Morena y sus aliados legislativos, particularmente el Partido del Trabajo (PT), que manifestó reservas sobre ese punto de la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Eh, así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que haber construcción de consensos, y eso es lo que se pudo consensar”, afirmó la legisladora al referirse al proceso de acuerdos dentro del Senado.

Castillo reconoció que la reforma no avanzó en todos sus componentes. “No se logró todo porque quedó fuera la reforma al artículo treinta y cinco.

Sin embargo, el ciento quince, el ciento dieciséis y el ciento treinta y cuatro sí fueron aprobados y creemos que es una reforma profunda en esta lucha por eliminar los privilegios y seguir trabajando por la justicia social y la igualdad”, sostuvo.

Plan B electoral avanza en el Senado con cambios al proyecto original

El dictamen fue aprobado con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada necesaria para modificar disposiciones constitucionales.

Tras la votación, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

La discusión evidenció que el proyecto avanzó con ajustes respecto a la propuesta inicial del oficialismo.

Durante la votación en lo particular, la mayoría aceptó una reserva presentada por la senadora del PT Lizeth Sánchez García para eliminar los cambios relacionados con la revocación de mandato.

La legisladora argumentó que la revocación y los procesos electorales responden a objetivos distintos dentro del sistema democrático, por lo que su combinación podría alterar su funcionamiento.

Cambios aprobados en la reforma electoral

A pesar de la exclusión del artículo 35, el Senado avaló modificaciones a otros apartados constitucionales que forman parte del paquete legislativo.

Estos cambios se centran en ajustes administrativos y presupuestales dentro del sistema político.

Entre los puntos aprobados destacan:

• Reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.
• Límites salariales para consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal.
• Reducción de recursos a congresos estatales y ajustes en su presupuesto.Cambios en la integración de ayuntamientos, con una sindicatura y hasta 15 regidurías.
• Disminución progresiva del presupuesto del Senado con una meta acumulada de 15 por ciento en los próximos cuatro ejercicios fiscales.

De acuerdo con la mayoría legislativa, estas medidas buscan reducir costos del sistema político y reforzar la política de austeridad en las instituciones públicas.

Morena defiende avances pese a críticas

Desde Morena, la aprobación del dictamen fue presentada como un avance legislativo pese a los cambios que sufrió el proyecto.

El coordinador del partido en el Senado, Ignacio Mier, sostuvo que la oposición no logró frenar la reforma en su totalidad.

En ese contexto, el oficialismo defendió que el resultado refleja la dinámica parlamentaria y la necesidad de construir acuerdos dentro del Congreso.

Reforma electoral pasa a la Cámara de Diputados

Con la aprobación en el Senado, el llamado “Plan B” continuará su discusión en la Cámara de Diputados, donde se definirá si la reforma avanza en los términos aprobados o si se proponen nuevos ajustes.

El debate se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda política nacional, especialmente por las implicaciones de los cambios en el sistema electoral y en la organización institucional del país.

La exfuncionaria de Monterrey, Karina Marlén Barrón Perales, obtuvo su libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio dentro del proceso penal promovido por el senador Waldo Fernández, luego de que se reconociera la existencia de una denuncia falsa en su contra.

La resolución fue avalada por un juez federal, quien determinó suspender el proceso por 18 meses bajo diversas condiciones, entre ellas el pago de una reparación del daño por más de tres millones de pesos.

Durante una audiencia de aproximadamente una hora, la autoridad judicial autorizó la salida alterna al proceso penal, lo que permitirá a Barrón abandonar la prisión preventiva en la que permanecía desde marzo.

El acuerdo también involucra a otras dos personas vinculadas al caso, quienes deberán cumplir medidas similares durante el periodo de suspensión.

Tras la resolución, el senador explicó ante medios que el objetivo central del proceso fue esclarecer los hechos y recuperar su reputación pública. “Defendí mi nombre y la verdad salió a la luz”, afirmó el legislador, al tiempo que detalló los alcances del acuerdo alcanzado con las personas imputadas.

Acuerdo reparatorio fija pago millonario y condiciones judiciales

Uno de los puntos principales del acuerdo es el pago de aproximadamente 3.2 millones de pesos como reparación del daño, monto que será cubierto en mensualidades cercanas a 179 mil pesos durante los 18 meses que durará la suspensión del proceso.

De acuerdo con lo expuesto por el senador, dicho monto corresponde a los gastos que tuvo que asumir durante la investigación, particularmente en materia de seguridad para su familia y defensa legal.

El legislador anunció que los recursos serán donados a causas sociales.

“Son cerca de tres millones doscientos mil pesos y los vamos a donar a la beneficencia pública”, señaló. Según explicó, la decisión fue tomada junto con su familia como una forma de devolver a la sociedad los recursos derivados del proceso.

Disculpas públicas y reconocimiento del daño

Como parte del acuerdo judicial, Barrón difundió una disculpa pública en la que reconoció las consecuencias de sus decisiones en el contexto político en el que ocurrieron los hechos.

En su mensaje admitió que las acciones emprendidas generaron afectaciones personales y familiares al senador.

En su posicionamiento, la exfuncionaria señaló que las decisiones tomadas “pusieron en riesgo algo que ninguna ambición política justifica: la honra, la tranquilidad y la integridad de una persona y de quienes la rodean”.

Asimismo, reconoció el impacto del caso y expresó: “Reconozco el daño causado por instrumentar un falso delito… Waldo Fernández González y su familia cargaron con consecuencias que nunca les correspondieron”.

Restricciones durante 18 meses de suspensión del proceso

La suspensión del procedimiento judicial implica una serie de medidas que deberán cumplir Barrón y los otros implicados para que el caso pueda cerrarse definitivamente al finalizar el plazo establecido por el juez.

Entre las principales condiciones destacan:

• Pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño en mensualidades.
• Prohibición de ocupar cargos públicos durante el periodo de suspensión.
• Disculpa pública dirigida al senador y difusión de mensajes sobre denuncias falsas.
• Prohibición de contacto con el legislador y restricciones para hablar del caso.
• Participación en acciones de sensibilización y prevención de conductas similares.

Además, se estableció la obligación de mantener residencia fija y cumplir con actividades comunitarias y campañas informativas relacionadas con el impacto de las denuncias falsas.

Waldo Fernández afirma que el caso buscó restablecer la verdad

Durante su mensaje, el senador subrayó que el proceso judicial estuvo enfocado en el derecho a la verdad y en la defensa de su reputación.

También señaló que el origen del conflicto estuvo vinculado con prácticas de guerra sucia en el ámbito electoral.

“El buen nombre de mi familia y de mis hijos es lo más importante”, expresó al referirse a las consecuencias que el caso tuvo en su entorno personal.

El legislador agregó que dentro de las medidas de no repetición se solicitó a las autoridades mejorar los protocolos para la atención de denuncias falsas, con el objetivo de evitar afectaciones similares a otros ciudadanos.

Caso podría extinguirse si se cumplen las condiciones

El expediente quedará en pausa durante un año y medio, periodo en el que el juzgado dará seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas.

Si las obligaciones se cumplen en su totalidad, el proceso penal podría extinguirse de forma definitiva.

De lo contrario, la causa judicial se reactivaría y continuaría su curso legal.

Por ahora, la resolución marca la salida de prisión de Barrón y el inicio de una etapa de supervisión bajo las condiciones establecidas por el juez.

El “Plan B”, iniciativa sobre la reforma electoral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado en lo general y en lo particular la tarde del pasado miércoles 25 de marzo, obteniendo 87 votos a favor y 41 en contra y entre la polémica decisión del Partido del Trabajo tras rechazar la fecha de revocación de mandato sugerida por la presidenta.

Tras más de seis horas de debate, la reforma mantiene las principales medidas de austeridad, pero deja fuera la posibilidad de adelantar la consulta sobre la continuidad presidencial al 2027.

El dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, condicionó su respaldo a la reforma a cambio de suprimir cualquier cambio al artículo 35 constitucional sobre la revocación de mandato. Esta decisión resultó determinante para alcanzar la mayoría calificada, que fue posible gracias a que el bloque conformado por Morena y el PT aprobó la iniciativa en lo general.

El debate legislativo se centró en la naturaleza democrática de la revocación de mandato, defendiendo a su vez las propuestas sobre la reducción de recursos. El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, junto con Enrique Inzunza Cazarez de Estudios Legislativos, destacaron el objetivo de ampliar las opciones para que la ciudadanía evalúe a la persona titular del Poder Ejecutivo. Inzunza instó públicamente a los senadores del PT a respaldar el proyecto de la presidenta Sheinbaum, afirmando: “La revocación de mandato no es un mecanismo de confrontación, sino de responsabilidad. Es la posibilidad de que el pueblo evalúe”.

“Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y dividirse, se equivocan. La alianza que hoy permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”, expresó el dirigente del Partido del Trabajo (PT) ante la votación. Esta declaración generó una ovación poco habitual, celebrada tanto por líderes de Morena como de la oposición, incluyendo el coordinador morenista Ignacio Mier.

Plan B pasa a Cámara de Diputados

Si bien la Cámara de Senadores acordó aprobar este miércoles el dictamen en lo general sobre la reforma constitucional, decidió excluir los cambios al artículo 35 relacionados con la revocación de mandato tras una reserva presentada por el bloque de la 4T. El resultado implicó que este apartado específico no obtuvo apoyo suficiente en la votación en lo particular.

La iniciativa, que recoge estas modificaciones, fue turnada esta madrugada a la Cámara de Diputados para su análisis.

Reforma electoral: sin los cambios al mecanismo de revocación

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que retirar el tema de la revocación no representa un fracaso, y aseguró: “Sería un fracaso haberlo rechazado en su totalidad, como el plan A”.

En definitiva, el Senado de la República logró avanzar con la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum, centrada en la reducción de presupuestos para los congresos estatales y el Senado, y el ajuste en las remuneraciones de los funcionarios electorales. Al dejar fuera la modificación para anticipar la revocación de mandato, la iniciativa mantiene inalterado el procedimiento constitucional vigente, cuya consulta debe realizarse en el cuarto año de gobierno.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján aseguró que la aprobación del Plan B es una buena noticia para el pueblo de México, a pesar de que hayan quedado temas pendientes en la discusión legislativa.

Según Alcalde Luján, la reforma aprobada cumple con el objetivo central de disminuir los privilegios dentro del sistema político, lo que consideró fundamental para la ciudadanía y un fundamento de Morena.

La funcionaria destacó que la reducción de privilegios es una demanda histórica de la sociedad y que la reforma aprobada responde a la necesidad de fortalecer la equidad y la transparencia en el ámbito electoral.

Destacó que de ninguna manera es una derrota, a pesar de que la oposición busque que sea así. Argumentó que esta interpretación busca restar valor a los logros alcanzados en el Congreso, pero desde su perspectiva, el resultado representa un triunfo para la democracia mexicana.

“Yo no vería esto de ninguna manera como una derrota, digo, así lo quiere plantear la oposición porque no tiene de otra, pero yo creo que es un triunfo de la democracia”, enfatizó la dirigente.

Además, reiteró el compromiso de Morena con la consolidación de un sistema político más justo, transparente y abierto a la participación ciudadana.

Todavía hay temas pendientes

La dirigente del partido guinda resaltó que si bien la aprobación de esta reforma es un logro, todavía quedan temas que serán debatidos después.

“El debate de los plurinominales aquí no concluye, quedará para una discusión si queremos seguir manteniendo diputados que llegan al Congreso sin haber hecho campaña”, señaló la funcionaria.

De igual manera, afirmó que el debate sobre la revocación de mandato queda pendiente para futuras discusiones.

“Si bien no fueron aprobados estos temas, pues ya quedaron instalados”, señaló.

La principal razón por la que la aprobación de este Plan B representa un triunfo para México, de acuerdo a María Alcalde, es que desde un inicio, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó como objetivo primordial reducir los privilegios de algunos.

Desde la primera versión de esta reforma electoral, donde se buscaba eliminar a los plurinominales, se buscaba eliminar privilegios y fortalecer la democracia.

“Nosotros siempre hemos defendido que se acaben con los privilegios y que haya un gasto racional del dinero que es de la gente”, aseveró.

Acciones futuras en Morena

La dirigente de Morena anunció también el inicio de su proceso interno para la selección de Coordinadores en Defensa de la Transformación.

El método elegido para esta selección será la encuesta, herramienta que comenzará a aplicarse a partir del 22 de junio para definir las coordinaciones estatales.

Actualmente, destacó, el movimiento guinda reporta más de 12 millones de afiliadas y afiliados, de los cuales el 62% son mujeres y cerca de 2 millones son jóvenes de entre 18 y 29 años.

La dirigencia señaló que el Consejo Nacional determinó que no se permitirá la postulación de familiares de quienes actualmente ocupan cargos de gobierno.

Reiteró que esta regla será obligatoria y sin excepción, aplicándose en Morena desde 2027 y extendiéndose a todos los partidos a partir de 2030.

Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.

Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.

“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.

Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.

En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.

Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Luego, reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.

Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.

“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.

Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.

Qué dijo la justicia

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.

Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

El Senado de la República aprobó una reforma para prohibir que escuelas públicas y privadas utilicen la voz, imagen o datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales, sin autorización expresa de madres, padres o tutores. La medida busca cerrar vacíos legales y frenar prácticas de promoción institucional que, hasta ahora, podían realizarse sin un consentimiento plenamente informado.

Durante la discusión, participaron legisladores como Raúl Morón Orozco, presidente de la Comisión de Educación; Cynthia Iliana López Castro, y María del Rocío Corona Nakamura, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de la niñez frente al uso indebido de su imagen y datos personales, especialmente en entornos digitales y con fines comerciales.

Con este cambio, se refuerza el principio del interés superior de la niñez, al establecer reglas claras sobre el uso de contenidos que involucren a menores en materiales publicitarios, redes sociales o campañas escolares. La reforma también responde a preocupaciones crecientes sobre la protección de datos personales y los riesgos asociados al uso indebido de imágenes en entornos digitales.

¿Qué establece la reforma sobre el uso de imagen de menores?

De acuerdo con el dictamen avalado, ninguna institución educativa podrá difundir o utilizar fotografías, videos, audios o cualquier dato personal de estudiantes para publicidad, mercadotecnia o promoción institucional sin consentimiento previo, informado y por escrito.

La medida aplica para todos los medios, incluidos:

• Redes sociales
• Páginas web
• Material impreso
• Plataformas digitales

Además, el permiso otorgado por madres, padres o tutores podrá ser revocado en cualquier momento, sin afectar la situación académica del menor.

Protección de datos y derechos de la niñez, eje central

La reforma busca cerrar vacíos legales en la legislación educativa y se sustenta en el principio del interés superior de la niñez, establecido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales.

Legisladores señalaron que esta práctica era común, especialmente en escuelas privadas, donde se utilizaban imágenes o testimonios de estudiantes para promocionar servicios sin autorización familiar, lo que podía derivar en riesgos como:

• Acoso digital
• Robo o suplantación de identidad
• Uso indebido de datos personales
• Manipulación de imágenes con inteligencia artificial

Escuelas deberán pedir autorización expresa

Uno de los puntos clave del proyecto es que el consentimiento deberá ser previo, expreso, informado y por escrito.

Esto implica que no bastará con autorizaciones generales o implícitas, sino que cada uso con fines comerciales deberá contar con aval claro de los tutores.

¿Qué sigue para la reforma?

Tras su aprobación, el dictamen deberá continuar su proceso legislativo para su eventual entrada en vigor.

Con esta medida, el Senado busca poner límites al uso de la imagen infantil en el ámbito educativo y evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados como herramientas de promoción, reforzando así su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales.

El Senado de México aprobó esta semana el ingreso al país de 35 elementos militares de Estados Unidos, quienes capacitarán a integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas en técnicas de reacción, manejo de crisis y seguridad. ¿El motivo?: preparar al país para uno de los eventos más grandes que ha organizado en su historia, el Mundial de Fútbol 2026.

El legislador Carlos Lomelí fue quien explicó públicamente el alcance de la medida. Los instructores estadounidenses trabajarán de manera directa con personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, enfocándose en fortalecer los protocolos de seguridad para las tres sedes mexicanas del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Son 35 elementos que vienen a capacitar a nuestras Fuerzas Armadas para poder dar certeza y seguridad en el manejo de nuestro próximo evento, que es el Mundial”, señaló el senador ante medios de comunicación.

La estancia del personal estadounidense tendrá una duración aproximada de 36 días, durante los cuales impartirán formación técnica y operativa especializada.

No es la primera vez

Esta autorización no llega sola. En febrero pasado, el Senado ya había aprobado el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto en el estado de Campeche. Días después, se autorizó la llegada de otros 12 elementos para una capacitación adicional. La de esta semana es, por tanto, la tercera aprobación de este tipo en menos de dos meses.

Lomelí subrayó que, una vez concluida la misión, las Fuerzas Armadas mexicanas seguirán colaborando estrechamente no solo con Estados Unidos, sino con otros países con los que México mantiene acuerdos de cooperación en materia de defensa.

Un contexto que no se puede ignorar

Las autorizaciones llegan en un momento de tensión diplomática entre México y Estados Unidos. Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos, sumadas a reportes de sobrevuelos de drones estadounidenses en territorio nacional, han puesto la relación bilateral bajo una presión poco habitual.

En ese contexto, la aprobación de militares extranjeros en suelo mexicano —aunque sea con fines de capacitación— no pasa desapercibida. Para el gobierno mexicano, sin embargo, la lectura es otra: se trata de cooperación técnica ordinaria, del tipo que México mantiene con múltiples países, orientada esta vez a garantizar que el Mundial 2026 sea un evento seguro para los millones de visitantes que llegarán al país.

“Consideramos que es muy importante que este tipo de adiestramiento se reciba para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los visitantes, tanto internacionales como mexicanos”, afirmó Lomelí.

El Mundial 2026 será el primero en la historia organizado de forma conjunta por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá.

Las modificaciones impulsadas en el Senado, que determinan la entrada en vigor de las nuevas normas el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —y no tras veinte días como se había previsto inicialmente—, marcarán la aplicación inmediata de medidas que endurecen el tratamiento penal de la multirreincidencia en España. El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal enfocada en contener la reincidencia delictiva, destacando el aumento de penas y sanciones para determinados delitos. Según informó El País, la iniciativa se envía ahora al BOE tras recibir el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, incluyendo al Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

El texto aprobado en el Pleno del Congreso responde a una proposición de ley impulsada originalmente por Junts, partido que logró desbloquear la tramitación del proyecto luego de anunciar la ruptura de relaciones con el Gobierno. Según detalló El País, la actitud del Partido Socialista de Desbloquear la propuesta resultó decisiva para alcanzar el acuerdo, que contó con votos a favor de fuerzas de distinto espectro político, si bien se encontró con el rechazo de partidos de izquierda como Bildu, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Compromís. Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, decidió abstenerse.

Al paso del proyecto por el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, se incorporaron enmiendas de calado. Entre ellas destaca una modificación a la Ley de Extranjería, promovida en consenso por PP, Vox y Junts, que establece que en procesos de regularización de personas inmigrantes se verificará que los solicitantes carezcan de antecedentes penales, procedimientos abiertos o causas penales activas en España o en otros estados de residencia previa. El medio El País informó que esta medida surge en el contexto del proceso de regularización en marcha por parte del Ejecutivo.

En la Cámara Alta también prosperó otra propuesta del Partido Popular encaminada a aumentar el número de plazas en la Fiscalía. Esta reforma preveía ampliar, durante un periodo de dos años, la dotación de fiscales en fiscalías de área, provinciales y autonómicas, según un baremo de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000. No obstante, tanto esta enmienda sobre la Fiscalía como la relacionada con Extranjería quedaron vetadas en el Congreso por el Gobierno alegando razones presupuestarias.

De acuerdo con lo consignado por El País, Moncloa ejerció su facultad de veto sobre ambas enmiendas, sustentando su decisión en el incremento del gasto público que implicarían: la enmienda de Extranjería supondría contratar a 400 funcionarios adicionales en comisarías, con un coste medio de 42.000 euros por plaza, lo que supondría un sobrecoste de 16,78 millones de euros. La ampliación de fiscales requeriría convocar 491 nuevas plazas, con un coste adicional de 53,79 millones de euros. La Mesa de la Cámara Baja, gracias a la mayoría combinada de PSOE y Sumar, avaló el uso de esta prerrogativa, frenando así el debate sobre propuestas que supongan un aumento de gasto público o una disminución de ingresos.

Entre las enmiendas procedentes del Senado que sí alcanzaron la aprobación definitiva destacan dos nuevas figuras delictivas, según reportó el medio El País: la primera fija penas de prisión de entre seis y 18 meses, o multas de uno a dos años, para quienes cometan fraude energético dirigido al cultivo de marihuana. La segunda establece penas de entre tres y cinco años de cárcel para el suministro ilegal de combustible a embarcaciones utilizadas para el narcotráfico, práctica conocida como ‘petaqueo’. Estas enmiendas complementan la reforma penal añadiendo herramientas contra nuevas modalidades de criminalidad organizada.

Además, durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, los votos de PSOE y Junts permitieron introducir otras reformas punitivas. Entre ellas sobresale el endurecimiento de las penas para el robo de teléfonos móviles, que pasan a castigarse con hasta tres años de prisión, así como el incremento de castigos para ciertos tipos de estafa. El País detalló que las penas contempladas para quienes cometan una estafa inferior a 400 euros —siempre que sean personas multirreincidentes y acumulen al menos tres condenas por este delito— se fijan en una horquilla de entre uno y seis años de privación de libertad.

La nueva normativa, reportó El País, responde a la preocupación por el incremento de delitos cometidos por reincidentes, un fenómeno que ha suscitado debate público sobre la eficacia de las penas vigentes para disuadir la reiteración delictiva. A través de la reforma, el legislador pretende reforzar los elementos de prevención y represión de la delincuencia habitual, introduciendo sanciones más severas y ampliando el alcance de las conductas punibles. Las disposiciones recientemente aprobadas forman parte de un paquete más amplio de reformas legislativas encaminadas a actualizar el marco penal frente a las dinámicas delictivas actuales y las demandas surgidas desde diversas administraciones y colectivos ciudadanos.

Por otro lado, la tramitación parlamentaria ha evidenciado la división política respecto a la orientación penal y migratoria del nuevo texto legal. Mientras que la mayoría formada por PSOE, PP, Vox y Junts encontró puntos de acuerdo, los grupos situados a la izquierda del Gobierno expresaron su rechazo señalando las posibles consecuencias sociales de un endurecimiento penal. Según publicó El País, estos partidos centraron sus críticas en el riesgo de sobrepenalización y en el impacto que las nuevas medidas podrían tener sobre colectivos vulnerables.

Con la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado, las nuevas disposiciones legales comenzarán a aplicarse en todo el territorio de inmediato, tal como contempla la modificación introducida durante el proceso en el Senado. El País consignó que la inmediatez en la entrada en vigor responde a la voluntad política de afrontar de forma urgente el fenómeno de la multirreincidencia y a la presión social y política ejercida por sectores afectados por el incremento de delitos contra la propiedad y el fraude.

Las modificaciones aprobadas afectan tanto a delitos tradicionalmente perseguidos —como los robos y estafas— como a formas emergentes de criminalidad asociadas con la economía sumergida y el narcotráfico. En la práctica, el cambio legal implica una variación sustancial en la respuesta penal ante la reiteración de conductas delictivas, con la expectativa de reducir la impunidad percibida y dotar a jueces y fiscales de nuevos instrumentos para intervenir ante la reincidencia.

Pasadas las 11 de la noche del miércoles, el Senado de la República dio un giro inesperado. El Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado, pero con una modificación de última hora: las bancadas eliminaron los cambios al artículo 35 constitucional, el que habría permitido adelantar la revocación de mandato al 2027.

El protagonista del momento: Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo, quien puso sobre la mesa una condición y la cumplió.

¿Qué era el Plan B y qué tenía de polémico?

La iniciativa buscaba reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución para regular la revocación de mandato, establecer límites al número de regidurías en los municipios, recortar el presupuesto de congresos estatales y ajustar los salarios de funcionarios del INE y sus homólogos en los estados.

El punto de fuego era el artículo 35: la propuesta original permitía que la revocación de mandato se aplicara al tercer o cuarto año de gobierno —es decir, en 2027— y que la propia presidenta pudiera promoverla. La oposición lo llamó abiertamente una “ratificación de mandato disfrazada”.

87 votos a favor, pero con reserva

El dictamen alcanzó mayoría calificada con 87 votos a favor y 41 en contra. El PT votó junto a Morena en lo general, pero inmediatamente presentó una reserva en lo particular para eliminar todo lo relativo a la revocación. Fue la condición que Anaya puso para avalar la otra parte de la iniciativa: las medidas de austeridad republicana.

Con esta decisión, la revocación de mandato se mantiene tal como está en la Constitución, y seguirá prevista para 2028.

De madrugada, la minuta llegó a San Lázaro

Ya entrada la madrugada del jueves, Alberto Anaya se presentó físicamente en la Cámara de Diputados para encontrarse con su bancada. Llegó a las 2:43 horas. Les explicó las negociaciones, los llamó a la calma y les dijo: “En la mesa se resuelven las cosas.”

La minuta fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que el dictamen se aprobará en comisiones el 7 de abril y se votará en el pleno al día siguiente.

¡Claro! Aquí va reescrito ese cierre:

¿Fracaso o pragmatismo?

Monreal salió a dar la cara. Lejos de asumir el recorte al artículo 35 como una derrota, el coordinador de Morena en San Lázaro lo reencuadró: la reforma avanzó, los privilegios de funcionarios serán recortados y las reglas de los congresos locales cambiarán. Para él, el mensaje es claro — la coalición gobernante sigue funcionando, aunque a veces con fricciones.

La apuesta inmediata de Morena tiene nombre: “operación cicatriz”. El objetivo es cerrar la herida abierta con el PT tras semanas de tensión por la revocación de mandato, y garantizar que ambos partidos lleguen unidos a las elecciones de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y varios gobiernos estatales. La cohesión del bloque oficialista es, en ese horizonte, un activo que no pueden darse el lujo de desperdiciar.

Luego de que el Gobierno decidiera fusionar las embajadas argentinas en Bélgica y la Unión Europea, esta madrugada oficializaron la designación del embajador Fernando Iglesias como el único representante nacional ante ambos desde la única sede que estará habilitada en Bruselas.

Por medio de la publicación del Decreto 191/2026 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno ordenaron: “Nómbrase en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto funcionario de la categoría ‘A’ embajador extraordinario y pleripotenciario al señor Fernando Iglesias”. De igual forma, aclararon que esto no afecta sus funciones en las representaciones diplomáticas de Bélgica y la Unión Europea (UE).

Esto llega luego de que el Senado aprobara el pliego de la desginación de Iglesias, que anteriormente había sido nombrado “en comisión”. La postulación fue votada durante la sesión celebrada el 26 de febrero de este año, en donde el recinto también aprobó el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Previo al tratamiento en la Cámara Alta, la oposición había intentado evitar que el pliego obtuviera el dictamen por parte de la Comisión de Acuerdos. A pesar de esto, el oficialismo logró imponerse, debido a que contaba con una mayoría a su favor.

El 19 de febrero la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagoto de La Libertad Avanza, analizó la postulación de Iglesias como embajador en un contexto de objeciones del sector kirchnerista, que, pese a no integrar la comisión formalmente, participó a través de Juliana Di Tullio y Mariano Recalde.

La instancia incluyó cuestionamientos públicos y la anticipación de votos negativos a la designación. Incluso, Di Tullio cuestionó al embajador por tener una denuncia penal en su contra. Un hecho que fue reconocido por el propio Iglesias, quien aclaró que “esto es una campaña de difamación abierta al diputado Tailhade. La causa está durmiendo hace dos años y medio. Extraño cuando se hacían bien las operaciones”.

Semanas antes de la votación, también se conoció la unificación de las embajadas argentinas. Mediante el Decreto 94/2026, las autoridades dispusieron la fusión de sus representaciones diplomáticas en Bruselas, donde hasta ahora operaban dos embajadas separadas. Por un lado, estaba la sede ante Bélgica y otra acreditada ante la Unión Europea, con especial relevancia en las negociaciones del acuerdo con Mercosur.

De esta manera, el Gobierno ordenó que la Embajada ante Bélgica absorbería también las funciones de representación frente al bloque europeo. Asimismo, dictaminaron que el diplomático a cargo deberá ejercer simultáneamente como embajador ante la Unión Europea.

Respecto a los motivos detrás de la medida, las autoridades explicaron que el objetivo apuntaba a racionalizar el gasto público. Así, el cambio estaría en línea con la política gubernamental de reestructurar las áreas del Estado y mantener el equilibrio fiscal, sin afectar el funcionamiento habitual de la actividad diplomática.

Iglesias ocupó la vacante en Bruselas que se encontraba libre desde junio de 2025. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el Poder Ejecutivo valoró la experiencia del ex diputado en el área de las relaciones internacionales, para decantarse por él.

Incluso, ya había sido convocado para acompañar al mandatario en varias giras en el exterior. Además, tenía antecedentes de haber participado en reuniones en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, lo que habría aceitado su comunicación con el país europeo.

Desde el Gobierno nacional también hicieron mención a la aprobación del nombramiento de Iglesias por parte del Senado de la Nación.

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El Senado aprueba en lo general y en lo particular el Plan B

Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular los artículos 115, 116 y 134, así como los transitorios sexto, séptimo y octavo del dictamen del Plan B de la reforma electoral.

Al alcanzar la mayoría constitucional requerida, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo conforme al artículo 135 constitucional.

De esta manera, los cambios en materia de reducción de privilegios y ajustes en la integración de ayuntamientos avanzan en el Congreso, mientras que el artículo 35, relativo a la revocación de mandato, quedó fuera de las modificaciones y permanecerá como está en la Constitución.

Senado rechaza reformar artículo 35; revocación de mandato seguirá en 2028

Durante la discusión en lo particular, el Pleno del Senado aceptó la reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, para eliminar las modificaciones al artículo 35 constitucional.

Con esta decisión, la figura de la revocación de mandato se mantiene en los términos actuales de la Constitución, descartando cualquier cambio para adelantar este mecanismo. Así, la revocación de mandato presidencial seguirá prevista para 2028, tal como está establecido en la legislación vigente.

La noticia fue celebrada por la oposición.

El Senado aprueba en lo general el Plan B electoral

Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen del Plan B de la reforma electoral. La votación, en la que participaron los 128 senadores, permitió que el proyecto avanzara a la discusión de los artículos reservados, marcando un paso clave en el proceso legislativo de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

Nacho Mier confirma retiro del artículo sobre revocación de mandato

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, confirmó ante la prensa que el artículo 35, referente a la revocación de mandato, será retirado de la minuta del Plan B antes de la votación en el pleno.

“Todo el 35 se retira para que quede en sus términos como está en la Constitución actualmente”, indicó Mier, descartando que la decisión tenga como fin priorizar solo la coalición con el PT, y asegurando que responde al objetivo de mantener la estabilidad y la gobernabilidad del país.

Mier defendió la estrategia de Morena y sus aliados, rechazando que se trate de una derrota o que el proyecto quede “descafeinado”. Señaló que la coalición ha logrado reformar más de un centenar de artículos constitucionales en los últimos años y sostuvo que el Plan B mantiene la función sustantiva del Instituto Nacional Electoral, al tiempo que ajusta temas de austeridad conforme a la ley de remuneraciones.

Morena podría retirar el artículo 35 antes de votar el Plan B en el Senado

Morena alista un cambio en la forma en que se discutiría el Plan B en el Senado. La bancada busca que, antes de la votación en lo general del dictamen, se retire el artículo 35, relacionado con la revocación de mandato.

El procedimiento habitual en el pleno es votar primero el proyecto en lo general y después analizar los artículos reservados de manera particular. En este caso, la propuesta sería separar ese artículo desde antes de esa votación inicial, lo que modificaría el orden tradicional del proceso legislativo.

Choque en el Senado: Lilly Téllez y Saúl Monreal se enfrentan por acusaciones de “narco

Lilly Téllez protagonizó un enfrentamiento con el senador Saúl Monreal durante la sesión del Senado. La discusión comenzó cuando Téllez lo acusó de “narco”, a lo que Monreal respondió desafiándola a presentar pruebas.

El intercambio generó gritos y un conato de confrontación en el pleno, provocando tensión entre los legisladores presentes y la intervención de quienes intentaban calmar la situación.

Lilly Téllez inició su ponencia exigiendo respeto para Grecia Quiroz, señalando que los senadores de Morena no se lo dieron. Durante su intervención, hizo referencia a un video que se volvió viral, en el que la alcaldesa aparecía asomada a una ventana, y criticó que se le haya pedido que se centrara en su exposición, limitando su tiempo de palabra.

La senadora acusó a Morena de corrupción y narcotráfico, mencionó el tema del petróleo y advirtió que el Plan B de la reforma electoral podría convertirse en “la mayor lavadora de los cárteles de México”. A pesar de que le retiraron el micrófono, se negó a abandonar la tribuna, manteniendo su postura de denuncia ante el pleno.

Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, criticó la reforma electoral por irregularidades en la revocación de mandato y aseguró que por memoria y dignidad su bancada no la avalará.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, criticó a Morena por su falta de congruencia y aseguró que pretende transformar a México al estilo de Venezuela.

Fernández Noroña comenzó su ponencia con un saludo a Raúl Morón, criticó al PRI, PAN y MC por ser ‘inútiles’ y afirmó que la revocación de mandato facilita la democracia, mientras que los esfuerzos de la oposición por dividirse resultaron infructuosos.

El panista Francisco Javier Ramírez Acuña afirmó que el oficialismo no ha seguido los procedimientos adecuados y confirmó el voto en contra de su partido.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra de la reforma electoral, señalando que la revocación de mandato es anticonstitucional y parte de un nuevo intento por debilitar la democracia, en línea con reformas previas de Andrés Manuel López Obrador.

Raúl Morón Orozco, de Morena, afirmó que la alianza con el PT y el Verde garantizará el éxito de la reforma.

La senadora panista Mayuli Martínez Simón afirmó en el pleno del Senado que ‘Morena está en crisis y por eso quieren llevar a la Presidenta a las elecciones’ y exhortó a los morenistas a romper cualquier pacto con el crimen organizado.

Con los 128 senadores presentes, la mayoría calificada se fija en 86 votos; el bloque oficialista suma 87 votos en lo general.

La legisladora panista Verónica Rodríguez Hernández afirmó que la reforma viola la Constitución, divide poderes y adelantó que el PAN la rechazará.

Los legisladores Waldo Fernández González y Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, aseguró que la reforma es constitucional y contribuye a eliminar privilegios, además de respaldar la revocación de mandato.

Los legisladores del PRI Manuel Añorve Baños y Claudia Anaya Mota rechazan la reforma electoral desde la tribuna, citando la caída en popularidad de Morena por los escándalos recientes.

Alberto Anaya, dirigente del PT en el Senado, confirmó el respaldo a Claudia Sheinbaum hasta 2030, aunque aclaró que su partido se separa del dictamen del Plan B conforme a la revocación de mandato.

El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, anunció que su bancada rechazará la reforma electoral.

Se da inicio a los posicionamientos de los grupos parlamentarios

Agustín Dorantes Lámbarri, senador del PAN, solicita que el dictamen sea regresado a comisiones, argumentando que la reforma es innecesaria y riesgosa. Se somete a votación su petición pero es rechazada con 39 votos a favor y 77 en contra.

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez toma la tribuna en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos para resaltar los objetivos de la iniciativa. Exhorta a los senadores del PT a respaldar el Plan B.

Óscar Cantón Zetina, diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, inicia la lectura del dictamen de la reforma electoral.

Inicia la segunda sesión del día en el Senado, donde se discutirá el Plan B de la reforma electoral.

En el Senado, Grecia Quiroz se encuentra presente en los escaños de Morena. Durante la sesión, senadores de Morena gritaron “¡Morón! ¡Morón! ¡Morón!” desde el fondo del salón de plenos, esto debido a que la edil ha señalado a Raúl Morón, Leonel Godoy y Nacho Campos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo.

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Se dio inicio a la primera sesión del pleno del Senado de México: aprueban licencias e ingreso de tropas estadounidenses a México

• Durante la sesión, se concedió la licencia a Miguel Ángel Yunes Márquez y en su lugar asumió su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares.
• Asimismo, se autorizó la licencia de Yeidckol Polevnsky, reincorporándose su suplente, Denisse Ortiz.
• Con 110 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el pleno del Senado aprobó la entrada de 35 militares de Estados Unidos, quienes capacitarán a marinos mexicanos en labores de seguridad en el Mundial 2026.

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Previo al inicio de la discusión: licencias y votos adelantados

• Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, señaló que podrían reservarse algunos artículos durante la votación en lo particular, a fin de dejar fuera el tema de la revocación de mandato. Asimismo, afirmó que Morena, el Partido Verde y el PT votarán a favor del Plan B en lo general.
• El morenista Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia, por lo que su lugar será ocupado por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.
• La legisladora del PT, Yeidckol Polevnsky, pidió licencia por dos días, siendo sustituida por su suplente, Denisse Ortiz.
• Alfonso Cepeda, senador y líder del SNTE, decidió cancelar la licencia que había solicitado.

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El Senado de la República inicia esta tarde la discusión del dictamen del Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de incertidumbre por la postura del Partido del Trabajo (PT), cuyos votos pueden ser determinantes.

La propuesta plantea que la revocación de mandato coincida con la elección federal de 2027.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requieren 86 votos; sin embargo, Morena y el Partido Verde no alcanzan esa cifra sin el respaldo del PT, por lo que también se contempla modificar el dictamen y retirar ese punto para facilitar su aprobación.

El Senado de la República aprobó en lo general y particular el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras una jornada de más de seis horas marcada por tensiones políticas, negociaciones de última hora y un giro clave en el contenido de la iniciativa.

Aunque el bloque oficialista logró la mayoría calificada, tuvo que ceder en uno de los puntos centrales del proyecto: la modificación a la revocación de mandato, que finalmente quedó fuera del dictamen.

La sesión, que reunió a los 128 senadores, estuvo atravesada por confrontaciones en tribuna, críticas de la oposición y la presión del Partido del Trabajo (PT), cuyo respaldo resultó determinante para destrabar la votación y definir el rumbo final del llamado Plan B electoral.

Así fue el debate

Durante la presentación del dictamen, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, defendieron la propuesta del Ejecutivo, resaltando que permitiría adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027 y facultar al Ejecutivo para promover el mecanismo.

Inzunza pidió a los “compañeros de viaje” del PT que avalaran la reforma en sus términos y enfatizó que la revocación de mandato “no es un mecanismo de confrontación, sino de responsabilidad”.

La oposición anticipó su rechazo y durante la discusión varios senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la iniciativa.

Claudia Anaya (PRI) celebró que “el PT se haya separado de la revocación de mandato”. La panista Mayuli Martínez Simón acusó: “Se está llevando la chingada a su partido y por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones”, mientras Carolina Viggiano (PRI) cuestionó que la narrativa de quitar privilegios solo buscaba darle a la presidenta el privilegio de promocionarse con recursos públicos. Clemente Castañeda (MC) afirmó que el plan B no tiene impacto positivo y desnaturaliza la revocación.

Las intervenciones de la oposición insistieron en que la reforma era una simulación de austeridad y que el objetivo real era permitir que la presidenta Sheinbaum hiciera campaña en 2027 ante la caída de Morena en preferencias y la crisis en algunos gobiernos estatales.

La jornada estuvo marcada por momentos de tensión y confrontaciones personales. Uno de los momentos más álgidos fue el enfrentamiento entre Lilly Téllez (PAN) y Saúl Monreal (Morena), donde Téllez acusó a Monreal de “narco” y el senador exigió pruebas y la retó a acudir a instancias jurídicas, en medio de gritos y un receso decretado por la Mesa Directiva. Este incidente reflejó el nivel de polarización y crispación presente durante la discusión.

La postura del PT: punto de inflexión en la jornada

El Partido del Trabajo (PT) fue el actor central de la jornada. Desde el inicio, su dirigente Alberto Anaya dejó clara la posición: el PT votaría a favor en lo general, pero no acompañaría la reforma en lo relativo a la revocación de mandato.

Anaya subió a tribuna y declaró: “Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y dividirse, se equivocan. La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”.

Minutos antes de la votación en lo general, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó a la prensa que el artículo 35 sería retirado para “mantener gobernando este país con estabilidad, la gobernabilidad y el respaldo al activo más importante que tiene nuestro movimiento, que es la Presidencia de la República”. Mier rechazó que esto significara una derrota para Morena y defendió que la coalición ha logrado reformar más de 100 artículos constitucionales desde que está en el poder.

Después de más de cuatro horas de debate, el dictamen fue aprobado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada gracias al apoyo del PT, Morena y el Partido Verde.

Dejan fuera modificación al artículo 35

Tras la aprobación en lo general, la sesión del Senado continuó con la discusión en lo particular del Plan B electoral. Se presentaron un total de 18 reservas para modificar el dictamen, pero la atención se concentró en la presentada por la senadora Lizeth Sánchez, del Partido del Trabajo (PT).

Desde tribuna, Sánchez planteó la eliminación de todas las propuestas que buscaban modificar el artículo 35 constitucional, es decir, dejar fuera cualquier posibilidad de adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027.

La legisladora del PT argumentó que mezclar la consulta de revocación con la elección intermedia “corre el riesgo de distorsionar el sentido democrático” y que su partido no buscaba debilitar la participación ciudadana, sino protegerla y garantizar la estabilidad democrática del país.

“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de ese dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla”, expuso ante el pleno.

Al someterse a votación, la reserva del PT fue respaldada por la mayoría, lo que implicó que el artículo 35 del dictamen fuera eliminado y permaneciera tal como está actualmente en la Constitución: la revocación de mandato presidencial seguirá siendo en el cuarto año de gobierno, es decir, en 2028, y no en 2027 como proponía la iniciativa original.

La votación nominal de los artículos reservados (115, 116 y 134) y los transitorios se resolvió con el mismo resultado que en lo general: 87 votos a favor y 41 en contra.

El desenlace fue recibido con júbilo por la oposición. Cuando se anunció que quedaba fuera el cambio a la revocación, senadores y senadoras de diferentes bancadas opositoras gritaron “¡Sí se pudo!”.

Qué sigue para el Plan B electoral

La reforma constitucional avalada por el Senado mantiene la reducción de recursos a congresos estatales y al Senado, limita a 15 el número máximo de regidores en los municipios, elimina prestaciones onerosas en órganos electorales y prohíbe la contratación de seguros con recursos públicos.

Todas las entidades públicas federales, estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deberán ajustar las remuneraciones de sus servidores.

La minuta aprobada fue remitida a la Cámara de Diputados pasada la medianoche, donde continuará su trámite legislativo. Después, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor.

Después de una temporada silenciosa y a la vez expresiva del fuerte impacto de su caso en el Gobierno, Manuel Adorni regresó a los micrófonos con una atípica conferencia de prensa. Fue acompañado por más de medio gabinete, recibió respaldo presidencial por X y sumó un nuevo apoyo público de Karina Milei, además de la asistencia de Santiago Caputo, como gesto para desandar o postergar un poco la interna. El jefe de Gabinete formalizó la fecha de su debut ante el Congreso -será el 29 de abril- y la información fue seguida por otro anuncio, inusual: Javier Milei tuiteó que acompañará a su funcionario en el Senado. Una novedad absoluta que, de hecho, potencia políticamente el caso.

Desde el Gobierno, habían trascendido en los últimos días versiones encontradas sobre la reacción frente al caso Adorni, es decir, diferentes especulaciones sobre costos de sostenerlo o no en el cargo. La movida de la primera línea violeta expone la necesidad de respaldarlo y al mismo tiempo, bajar el tema. No es sencillo, en un cuadro marcado además por los trazos del criptogate. En todo caso, nada parece posible sin dar batalla.

Por eso mismo, es un dato significativo que Milei le agregara condimento fuerte a la ahora confirmada presentación de Adorni en el Congreso. De todos modos, no generó lectura lineal en medios legislativos, por varias razones. En primer lugar, porque, se trataría de un hecho fuera de registro, que los senadores analizan ahora. Además, porque si la apuesta es a borrar este renglón de la “agenda pública”, se aseguraría una nueva entrega en cinco semanas. “No me lo pierdo. Ahí estaré”, fue el mensaje presidencial.

Estuvo lejos de ser una señal aislada. Fue parte de una entrega más amplia. Buscó reforzar la imagen de dureza para el combate, algo que a su manera mostró también el jefe de Gabinete. Con inocultable nerviosismo, en el segundo tramo de la conferencia de prensa retomó el tono descalificante frente a las preguntas, que rechazó sin aclarar temas, salvo uno, a medias: confirmó que se mudó al barrio porteño de Caballito.

El funcionario no explicó si alquila o es propietario reciente de ese departamento, como todo lo indica. Y más bien, apuntó a dejar abierta la discusión sobre si corresponde que lo haga recién en la nueva declaración jurada. El tema, por supuesto, es el impacto social de las novedades que se suman como en una serie. Resultó débil, de mínima y no sólo en términos legales, el argumento según el cual no daba explicaciones porque algunas cuestiones, como el de los pasajes a Punta del Este, ya están instaladas en el terreno judicial.

Adorni dedicó unos veinte minutos a exponer temas de gobierno y, en ese tramo, reiteró que será enviado al Congreso una decena de proyectos, que en buena medida ya habían sido anunciados. Por ahora, títulos. Fuentes legislativas dicen que ni siquiera los bloques violetas o aliados saben qué temas serían impulsados primero, los ritmos pretendidos para tratarlos y el momento de reabrir seriamente las negociaciones con otros espacios y con gobernadores.

Antes que eso, asoma el nuncio oficial sobre la fecha del informe de gestión, que sería el primero de Adorni. En rigor, hasta ahora estaba claro que el oficialismo eludía marzo, lo cual suponía apostar a cierta declinación mediática de los casos que impactan en el Gobierno -el del jefe de Gabinete y $LIBRA-, antes de enfrentar este paso. La referida conferencia de prensa y el mensaje presidencial indicarían menos expectativa sobre el paso del tiempo como remedio para mejorar el cuadro. Adorni anudó respuestas destempladas con el reiterado giro defensivo que intenta colocar al Gobierno como blanco de “operaciones” u “operetas”, organizadas por medios y políticos opositores.

El implícito del mensaje de Milei es que Adorni estaría recompuesto y eso anticiparía una fuerte batalla con legisladores. Se verá el grado de intensidad cuando llegue el 29 de abril. Podría ser un punto culminante del caso o podría reponerlo si antes baja de intensidad. Y al menos en parte, influirá el clima extendido en el Congreso.

La foto del momento mostró a Adorni acompañado por cinco de los nueve ministros: Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno y Mario Lugones. Karina Milei, que no asistió -estuvo, sí, Martín Menem-, se encargó de difundir un mensaje claro: “Mi apoyo, intacto”. Santiago Caputo hizo su aporte. La situación de Adorni estaría frenando la interna mayor, marcada por la ofensiva de la funcionaria y hermana del Presidente con foco en la SIDE y ARCA.

Precisamente esa especie de tregua, cuyo alcance y duración genera dudas incluso en filas de LLA, expondría el nivel de impacto provocado por la sucesión de episodios que arrancó con la inclusión de la esposa del jefe de Gabinete en el vuelo a Nueva York, hace un par de semanas. La idea de motorizar una intensa actividad en el Congreso, para dejar fuera de agenda el caso Adorni, resulta desdibujada, insuficiente y de momento, imprecisa.

El Gobierno reiteró la intención de avanzar con una serie de reformas y otros proyectos. La mayor precisión fue acerca de una primera tanda de pliegos de jueces y fiscales, que sumarían 60 sobre más de trescientas vacantes. Tarea para Patricia Bullrich en el Senado, que demandará acuerdo con socios y aliados de la Cámara, y conversaciones con jefes provinciales. Esto último, trabajo para Diego Santilli, que viene sondeando a gobernadores.

Las tratativas con las provincias siempre son dominadas por números sobre fondos. Ahora, en un momento delicado. La baja de la recaudación repercute naturalmente en la relación con los gobernadores: disminuye la coparticipación y afecta también el manejo de fondos discrecionales. El último reparto de ATN no resuelve las necesidades de cada distrito. Y se suma la caída de ingresos por impuestos locales.

Están claras las necesidades de las provincias. Y el oficialismo aún debe precisar el temario. El caso Adorni agrega un elemento fuera de cálculo.

La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.

La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.

Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

Militares

Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.

Premio consuelo

Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.

Un fuerte intercambio protagonizaron Saúl Monreal Ávila, senador de Morena, y Lilly Téllez, senadora del PAN, durante la sesión del Senado de la República en la que se discutía el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La acusación directa de Téllez contra Monreal, a quien llamó “narcopolítico”, detonó una de las discusiones más tensas de la jornada y derivó en la exigencia de Monreal para que la legisladora panista demostrara sus señalamientos ante instancias jurídicas.

Así fue el enfrentamiento

El episodio se registró la noche del miércoles 25 de marzo durante la discusión en el Pleno, cuando Lilly Téllez tomó la tribuna y acusó a los senadores de Morena de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Este plan B hará de las elecciones en México la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales. Todos ustedes están manchados de dinero sucio”, afirmó Téllez. Luego llamó “narcopolítico” a Monreal.

Téllez sostuvo que “con este plan B se ratifica el narcopacto de López Obrador”, refiriendo que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Suecia e incluso el gobierno estadounidense, han advertido sobre el supuesto control de los cárteles en México.

Durante su intervención, Téllez fue interrumpida en varias ocasiones por la Mesa Directiva y otros senadores, quienes le pidieron que se centrara en su exposición y respetara el orden. Pese a que le retiraron el sonido al micrófono, la panista se negó a abandonar la tribuna y mantuvo sus denuncias, creando un clima de tensión en el salón de plenos.

Monreal responde y exige pruebas ante el pleno

La intervención de la panista fue respondida por Saúl Monreal Ávila, quien, visiblemente molesto, exigió a Téllez que probara sus acusaciones en instancias jurídicas:

“Demuéstreme que soy un narco y se lo demuestro yo, no tiene derecho a acusar, demuéstremelo en las instancias jurídicas. No voy a permitir que usted me esté acusando de eso. No somos eso. No se equivoque, usted es una hipócrita, es una farsante”, dijo mientras sus compañeros de bancada le aplaudían.

El senador insistió en varias ocasiones en que la legisladora debía retractarse y la retó públicamente: “Si no me demuestra se va del Senado. Demuéstremelo”.

Monreal sostuvo su postura a pesar de los llamados de la Mesa Directiva a no caer en provocaciones y a dirigirse únicamente a la asamblea. En su intervención, la calificó repetidamente de “hipócrita” y “farsante”, y afirmó que “no permitirá insultos ni injurias en la máxima tribuna”.

En medio de la confrontación, Monreal también señaló que a la oposición “le da coraje que nuestra presidenta tenga el 80% de aceptación”.

El enfrentamiento entre ambos legisladores escaló hasta el punto en que la Mesa Directiva decretó un receso para restablecer el orden, subrayando el ambiente polarizado y la intensidad con la que se desarrolla la discusión del Plan B en el Senado.

El trasfondo: discusión del Plan B y clima de polarización

La discusión del Plan B de la reforma electoral se desarrolló en un ambiente de alta tensión política, con el pleno del Senado dividido entre quienes respaldan la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y quienes la rechazan, principalmente las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El debate se dio también en medio de las dificultades que enfrentó el partido oficialista tras el bloqueo momentáneo del PT, que inicialmente se negó a respaldar el dictamen en sus términos originales debido al tema de la revocación de mandato.

Durante la sesión, varias senadoras y senadores de oposición acusaron a Morena de pretender debilitar los contrapesos institucionales y de mantener supuestos pactos con el crimen organizado.

Otras voces, como la de la senadora Mayuli Martínez Simón (PAN), afirmaron que Morena busca llevar a la presidenta a las elecciones “porque están en crisis”, mientras que legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la reforma por considerarla un intento de debilitar la democracia y violar la Constitución.

Finalmente, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen del Plan B con 87 votos a favor y 41 en contra, tras retirar del documento el artículo 35 sobre revocación de mandato.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra legisladores de Morena luego del incidente ocurrido en el Senado de la República durante la visita de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

A través de redes sociales, el también senador calificó como una “infamia” la actitud de integrantes de Morena que, durante la sesión, corearon el nombre del legislador Raúl Morón Orozco mientras la edil se encontraba en el recinto.

“Lo que hicieron hoy los Senadores de MORENA en el Senado es una infamia”, escribió Moreno, al señalar que gritar el nombre de un político mencionado en señalamientos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo, esposo de Quiroz, evidenció —a su juicio— el ambiente político dentro de la Cámara Alta.

El líder priista sostuvo además que el episodio reflejó un trato inadecuado hacia la alcaldesa y criticó el comportamiento de los legisladores involucrados en la escena registrada durante la sesión.

Gritos en el Senado marcan la visita de Grecia Quiroz

La polémica se originó cuando Quiroz acudió al Senado en un día marcado por la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia de la edil ocurrió por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien la saludó públicamente durante la sesión.

El ambiente se tensó cuando un grupo de legisladores de Morena comenzó a corear “¡Morón! ¡Morón!” dentro del recinto.

Entre quienes participaron en los gritos se encontraba también el senador Gerardo Fernández Noroña, en un episodio que se registró mientras medios de comunicación se encontraban presentes en la Cámara Alta.

Grecia Quiroz responde y califica el gesto como provocación

Tras el incidente, la alcaldesa de Uruapan ofreció declaraciones a la prensa en las que interpretó los gritos como un acto de provocación.

“Pues de echarle esta porra a Morón, que usted está ahí presente como de complicidad… no se ha comprobado que él sea responsable, ¿no? Pero digo, como una ofensa, como una provocación”, expresó ante medios.

Quiroz aclaró que su visita al Senado no estaba relacionada con el legislador mencionado y que acudió únicamente para saludar a personas con quienes mantiene vínculos políticos o institucionales.

“La realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él… vine a saludar a personas con quienes tengo relación”, añadió.

Asesinato de Carlos Manzo y denuncias ante la Fiscalía

El episodio se da en un contexto marcado por la investigación del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

En las últimas semanas, la alcaldesa ha insistido en que se analice una posible línea política en el caso.

Entre las acciones que ha realizado ante autoridades se encuentran:

• Solicitud para que se investigue al senador Raúl Morón Orozco dentro de las indagatorias.
• Inclusión del diputado federal Leonel Godoy Rangel en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
• Señalamientos contra el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua por antecedentes políticos con su esposo.
• Entrega de videos y materiales que, según la alcaldesa, contienen acusaciones previas realizadas por Carlos Manzo.
• Petición para que no se descarte un posible móvil político en el homicidio.

Por su parte, Morón Orozco ha rechazado cualquier vínculo con el crimen y ha señalado que analiza emprender acciones legales por las acusaciones, al considerar que se trata de señalamientos sin sustento.

Plan B de la reforma electoral se discute en medio de confrontación política

El incidente ocurrió en una jornada clave para el Senado, que se prepara para discutir el dictamen del Plan B de la reforma electoral.

El tema forma parte de la agenda legislativa impulsada por el gobierno federal y ha generado un ambiente de tensión entre fuerzas políticas. En ese contexto, la visita de Grecia Quiroz y la reacción de algunos legisladores se sumaron al clima de confrontación que rodea el debate en la Cámara Alta.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que enviará el pedido formal a la Cámara de Senadores para cubrir los cargos vacantes que hay en el Poder Judicial. Esto se da después de un nuevo encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei.

Según publicó en su cuenta de X, el titular de la cartera judicial señaló: “Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”.

Y agregó: “Se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”.

Hoy por la mañana, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el envío a la Cámara Alta y sostuvo: “Para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía. Hoy, 364 mil cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60 % de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”.

“Durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina”, continuó.

En una entrevista con Infobae, el propio Mahiques sostuvo que el Presidente "quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo“.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

En las últimas horas, el ministro también anunció que comenzarán a redactar un nuevo Código Penal por pedido del mandatario. De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el encuentro se realizó el martes por la tarde y contó también con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Entre las figuras que se van a incorporar, y tal como había anticipado este medio, están temas “migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

Si bien era uno de los proyectos a tratar en estas sesiones ordinarias, antes de remitirlo para su tratamiento legislativo, el funcionario se propuso revisar el texto que había dejado preparado su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, y optó por hacer varios cambios.

“El envío del proyecto se mantiene pero, conscientes de que es un proceso y que el nuevo código requiere revisiones, el Presidente considera que hay temas que no pueden seguir demorándose porque son delitos que están afectando el día a día”, explicaron fuentes calificadas.

Así las cosas, si bien la intención del Gobierno es presentar un texto integral en un futuro cercano, por el momento será un paquete más reducido.

“Van a debatir con el Presidente todos los puntos de la iniciativa, con la visión del ministro, pero la idea es tener un Código Penal que respete los principios liberales”, señaló una persona al tanto de las conversaciones, momentos antes de la reunión.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que toda la bancada priista en el Senado votará en contra del llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje difundido en redes sociales justo cuando comenzó la sesión legislativa para discutir la iniciativa.

A través de su cuenta, el dirigente priista aseguró que las y los senadores de su partido firmaron un acuerdo interno para fijar una postura común frente a la propuesta.

En su mensaje, sostuvo: “Las y los senadores del PRI firmamos un acuerdo de bancada y lo decimos de frente: vamos a votar todas y todos en contra del Plan B de Morena”.

El líder del tricolor argumentó que la reforma electoral modificaría reglas del sistema democrático y advirtió que su bancada buscará frenar la iniciativa durante el debate parlamentario.

Además, subrayó que su grupo parlamentario mantendrá presencia completa en la sesión para participar en la votación.

Senado inicia sesión para discutir el Plan B de la reforma electoral

La discusión del Plan B comenzó en el pleno del Senado en medio de un escenario político complejo para la coalición oficialista.

La propuesta ya fue aprobada previamente en comisiones, pero requiere mayoría calificada para avanzar en el proceso legislativo.

La sesión arrancó con la asistencia de 100 senadores, mientras que otros legisladores de distintas fuerzas políticas no estuvieron presentes al inicio del debate.

El desarrollo de la jornada legislativa es clave para definir si la reforma puede avanzar hacia la siguiente etapa en la Cámara de Diputados.

En paralelo, la titular del Ejecutivo federal defendió el proyecto y sostuvo que la discusión permitirá evidenciar las posiciones de quienes respaldan o cuestionan los cambios planteados al sistema electoral.

Ausencias marcan el inicio del debate en la Cámara alta

Durante el arranque de la sesión se confirmó que algunos legisladores solicitaron licencia temporal.

Entre ellos se encuentra la senadora del Partido del Trabajo Yeidckol Polevnsky, quien pidió separarse del cargo por dos días y será sustituida por su suplente.

También solicitó licencia el senador de Morena Miguel Ángel Yunes Márquez, por lo que su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, se incorporará al pleno para participar en la discusión.

Estas ausencias se producen en un momento en el que cada voto resulta relevante para la votación final de la reforma electoral.

Morena enfrenta dificultades para reunir la mayoría calificada

Uno de los factores que ha marcado el debate es la posibilidad de que el oficialismo no alcance por sí solo los votos necesarios para aprobar el proyecto.

En el Senado, Morena cuenta con 67 legisladores, lo que le permite tener mayoría simple, pero no suficiente para reformas constitucionales.

Para lograr la aprobación del Plan B, la coalición oficialista requiere el respaldo de sus aliados.

En este contexto, el apoyo del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo resulta determinante para alcanzar el número de votos requerido en el pleno.

Posturas encontradas dentro y fuera de la alianza oficialista

El escenario legislativo se ha complicado debido a diferencias entre partidos aliados y a la postura de la oposición, que ya adelantó su rechazo al proyecto.

Además del PRI, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano confirmó que votará en contra de la reforma electoral.

Legisladores de esa bancada señalaron que mantendrán su postura durante la votación, independientemente de cuándo se lleve a cabo.

Dentro del propio bloque oficialista también han surgido críticas.

Algunos senadores del Partido del Trabajo han cuestionado puntos específicos de la propuesta, particularmente la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato coincida con las elecciones intermedias de 2027.

Etapas que debe seguir la reforma electoral

Para que el Plan B pueda concretarse como reforma constitucional, aún debe cumplir varias fases dentro del proceso legislativo:

• Aprobación por mayoría calificada en el Senado
• Revisión y votación posterior en la Cámara de Diputados
• Aval de al menos 17 congresos estatalesDeclaratoria final de constitucionalidad

La discusión en el Senado se desarrolla así en un contexto donde la definición del Partido del Trabajo y la posición de la oposición podrían influir directamente en el resultado de la votación.

Mientras tanto, el posicionamiento del PRI encabezado por Alejandro Moreno marca desde el inicio del debate una postura clara de rechazo al proyecto electoral impulsado por el gobierno federal.

El Senado de la República aprobó en lo general la autorización para permitir el ingreso temporal de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano, como parte de ejercicios de capacitación conjunta con corporaciones nacionales.

La votación se resolvió con 110 votos a favor, 1 en contra y cinco abstenciones, lo que dio luz verde al esquema de cooperación en materia de seguridad.

La medida forma parte de los preparativos del Gobierno de México rumbo a la Copa Mundial de Futbol de 2026, un evento que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó al Senado la necesidad de fortalecer la coordinación operativa ante la magnitud del torneo internacional.

De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo federal, el ingreso de personal militar extranjero se limita a tareas de adiestramiento y cooperación institucional, bajo supervisión de autoridades mexicanas y dentro de los mecanismos legales establecidos.

Entrenamiento militar conjunto rumbo al Mundial 2026

La autorización aprobada contempla la participación de 35 elementos militares estadounidenses que colaborarán con la Armada de México en un ejercicio especializado de preparación para eventos de alto impacto.

El entrenamiento se desarrollará en el marco del ejercicio denominado “SOF 32”, identificado como “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Según la documentación presentada al Senado, estas actividades se realizarán del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

Durante ese periodo, las fuerzas participantes trabajarán en la coordinación de protocolos de seguridad, la evaluación de escenarios de riesgo y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante contingencias durante el torneo internacional.

Sedes y coordinación entre instituciones de seguridad

Las actividades de capacitación se llevarán a cabo en instalaciones estratégicas y con la participación de unidades especializadas de la Secretaría de Marina.

Entre ellas destacan:

• La Unidad Naval de Operaciones Especiales
• La Unidad Naval de Protección Aeroportuaria
• La Fuerza de Tarea encargada de la seguridad del Mundial.

El plan contempla la colaboración de la Agencia Federal de Aviación Civil, con el objetivo de integrar capacidades de seguridad aérea, marítima y terrestre en un mismo esquema operativo.

La información presentada ante el Senado señala que este tipo de ejercicios se han programado en distintos puntos del país y en futuras etapas, incluyendo sedes en Campeche y el Estado de México, así como en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Marco legal y debate sobre presencia militar extranjera

La Constitución mexicana establece que el ingreso de tropas extranjeras al país debe contar con la autorización del Senado. Por ello, la solicitud enviada por el Ejecutivo fue turnada a comisiones y posteriormente sometida a votación en el pleno.

Este procedimiento forma parte del control institucional sobre la cooperación militar internacional y establece límites claros sobre el tipo de actividades que pueden realizar elementos extranjeros dentro del territorio nacional.

En distintos análisis sobre seguridad regional, especialistas han señalado que este tipo de ejercicios refleja un nivel creciente de coordinación entre México y Estados Unidos, especialmente en la protección de eventos internacionales que implican grandes concentraciones de personas.

Preparativos de seguridad ante un evento internacional

El Mundial de 2026 representa uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad para los países anfitriones.

En el caso de México, las autoridades han planteado un modelo basado en cooperación internacional, intercambio de experiencia y simulación de escenarios de riesgo.

A la par de estos ejercicios en México, Estados Unidos ha incrementado la presencia de tropas en su territorio, especialmente en la zona fronteriza, como parte de acciones relacionadas con el combate a la migración irregular y al narcotráfico.

En ese contexto, la coordinación entre instituciones de ambos países busca fortalecer la preparación ante situaciones de emergencia y mejorar la comunicación entre fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del torneo.

La autorización aprobada por el Senado abre paso a la implementación de estos ejercicios en los próximos meses, dentro de la estrategia de seguridad que México prepara para uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

Previo a que iniciara la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado aprobó la solicitud de licencia del senador Miguel Ángel Yunes Márquez.

La decisión se tomó minutos antes de que se abriera el debate del Plan B electoral, lo que generó atención en el ámbito político debido a que el legislador no participó en la votación del tema.

Tras la aprobación del pleno, quien ocupó el escaño fue su suplente y padre, el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, quien regresó temporalmente a la Cámara alta durante el periodo de licencia solicitado por su hijo.

La solicitud fue presentada por motivos personales y avalada conforme al procedimiento legislativo.

El momento en que se aprobó —justo antes de la discusión de la reforma— volvió a colocar a la familia Yunes en el centro del debate político en el Senado.

El regreso del suplente: Yunes Linares toma la curul

Con la licencia aprobada, Yunes Linares asumió nuevamente como senador suplente.

No es la primera vez que esto ocurre durante la actual legislatura, ya que desde el inicio del periodo ha ocupado la curul en más de una ocasión cuando su hijo se ha separado temporalmente del cargo.

Durante su reincorporación, el exgobernador evitó profundizar en polémicas pasadas relacionadas con su respaldo a reformas del gobierno federal.

En declaraciones públicas, señaló que los episodios previos forman parte del pasado político y que su presencia en el Senado responde a la suplencia legal que le corresponde.

La presencia del exmandatario veracruzano coincidió con un momento de alta actividad legislativa, en el que el Senado analiza diversas reformas promovidas por el oficialismo.

Antecedentes: la licencia en la reforma judicial de 2024

La decisión de pedir licencia antes del debate electoral tiene antecedentes en lo ocurrido durante la discusión de la reforma al Poder Judicial en septiembre de 2024.

En ese momento, el Senado también aprobó la separación temporal de Yunes Márquez, lo que permitió que su padre tomara protesta como suplente.

Horas después, el senador reapareció en la sesión y emitió un voto a favor de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.

Ese voto resultó determinante para que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada necesaria en el Senado.

El episodio generó fuertes reacciones dentro del Partido Acción Nacional (PAN), donde militaba entonces, y derivó en un proceso que culminó con su expulsión de ese instituto político, junto con su padre.

Ruptura con el PAN y acercamiento al oficialismo

Tras la reforma judicial, la relación de Yunes Márquez con la oposición se deterioró.

En sesiones posteriores del Senado protagonizó confrontaciones con dirigentes panistas, entre ellos Marko Cortés Mendoza, quien lo acusó de haber cambiado de postura política en votaciones clave.

El propio senador defendió su decisión de respaldar iniciativas del gobierno federal y afirmó que actuó conforme a sus convicciones.

Desde entonces, su actuación legislativa ha sido observada por la oposición debido a su influencia en votaciones cerradas.

En 2025, el legislador solicitó su afiliación a Morena, lo que abrió un nuevo capítulo de controversia política.

Polémica dentro de Morena por su afiliación

El intento de integrarse al partido oficialista generó críticas dentro del propio movimiento.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, expresó reservas sobre su incorporación y señaló que debía revisarse su trayectoria política.

El proceso fue analizado por las instancias internas del partido, mientras el tema provocaba debate entre militantes y dirigentes.

La familia Yunes, que durante años fue identificada con el PAN en Veracruz, pasó a convertirse en un actor polémico dentro del escenario político nacional.

Este contexto explica por qué cada movimiento legislativo del senador —incluida la solicitud de licencia previa al debate electoral— genera reacciones entre distintos actores políticos.

Un episodio más en la trayectoria reciente de los Yunes

La licencia solicitada antes de la discusión de la reforma electoral se suma a una serie de decisiones políticas que han marcado la trayectoria reciente de Yunes Márquez en el Senado.

Su participación en reformas clave, los cambios de afiliación partidista y las confrontaciones públicas han mantenido su figura en el centro de la discusión política.

Mientras el Senado avanza en el análisis de nuevas reformas impulsadas por el gobierno federal, la presencia —o ausencia— de legisladores con antecedentes en votaciones decisivas continúa siendo un factor observado por partidos y analistas.

Momentos que han marcado la presencia de los Yunes en el Senado

• Toma de protesta de Miguel Ángel Yunes Márquez como senador tras las elecciones federales recientes.
• Primera ocasión en que Miguel Ángel Yunes Linares ocupó la curul como suplente durante la actual legislatura.
• Designación de Yunes Márquez como presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.
• Confrontaciones públicas en tribuna con legisladores de oposición durante debates legislativos.
• Reincorporación temporal de Yunes Linares al Senado mientras su hijo se encuentra con licencia.

Estos episodios ayudan a entender por qué el movimiento reciente en el Senado, previo al debate del Plan B electoral impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, volvió a colocar a la familia Yunes en el foco de la conversación política nacional.

Yeidckol Polevnsky solicitó este 25 de marzo de 2026 licencia para ausentarse de su cargo como senadora en el Senado de la República a partir de la fecha, con reincorporación programada para el viernes 27 de marzo de 2026.

La petición de Yeidckol Polevnsky, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, se fundamenta en la reglamentación del Senado y ya ha sido aprobada.

Polevnsky también pidió que se considere la incorporación de Dennise Ortiz Pérez, a partir de la licencia concedida por la asamblea, según consta en el oficio publicado en la Gaceta Legislativa del Senado.

Por su parte, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de Morena, también solicitó licencia de su puesto del 25 de marzo al 15 de abril. La solicitud ya fue aprobada, entrará como su reemplazo el padre del legislador: Miguel Ángel Yunes Linares.

Ausencia de Yeidckol Polevnsky se da en medio de la discusión al Plan B de Claudia Sheinbaum

La licencia de Yeidckol Polevnsky ha generado dudas, pues su ausencia se da mientras se debate el “Plan B” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La senadora ha mostrado críticas contra el proyecto original presentado en febrero, afirmando que:

“Lo que, por ejemplo, se pretende que los pluris, acá en la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción... imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad”.

Avanza el Plan B en el senado, pasa las Comisiones

El avance del denominado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, superó su primera prueba en el Senado de México. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen con una votación dividida el pasado 24 de marzo: 24 votos a favor y 11 en contra.

La propuesta establece, entre otros puntos, la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato federal se celebre en la misma fecha que las elecciones intermedias de 2027 o 2028, lo que busca modificar el calendario electoral y reducir costos operativos en futuros procesos.

Uno de los datos más destacados que acompañan este avance es la magnitud electoral prevista para 2027. Ese año coincidiría la consulta de revocación de mandato con la elección de 17 gubernaturas, la renovación de los 500 diputados federales, así como la elección de integrantes de congresos estatales y la mayoría de los ayuntamientos del país.

El dictamen propone modificar el artículo 35 constitucional para permitir que la revocación pueda celebrarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo presidencial. Esta coincidencia pretende evitar una sobrecarga de movilización ciudadana y ajustar los recursos requeridos durante el año electoral.

La votación refleja tensiones dentro del Senado: la bancada del Partido del Trabajo no estuvo presente en la sesión de comisiones, resintiéndose en la suma final de apoyos, mientras que Morena y el Partido Verde Ecologista de México respaldaron el dictamen, y los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobaron 11 votos a favor y 5 en contra; en la de Estudios Legislativos, 13 a favor y 6 en contra.