La semana que transcurrió confirmó lo que se preveía, desde hace ya un tiempo, en el Senado: los pechos inflados, las “entrevistas” con perfume a gloria y la carga de videos con confites musicales -sólo por cumplir un trabajo- durante las sesiones extraordinarias se esfumaron o viraron hacia el uso del inminente mundial de fútbol. No es que el clima sea el inadecuado, ya que oficialismo y dialoguistas irán al recinto el jueves próximo y se aprobarán leyes -cada vez, con menos ganas-, pero la falta de reglas claras de parte de La Libertad Avanza -comanda Patricia Bullrich- y los constantes incumplimientos de la Casa Rosada comenzaron a limar el ambiente de la Cámara alta, mientras se acumulan iniciativas hostiles para aliados.

Una resumida cronología de las últimas semanas y jornadas: a la cómoda siesta de la reforma política -con frustradas operaciones desde Balcarce 50- se sumaron filosas críticas por la iniciativa de zonas frías que avaló Diputados. “Ya se sabía que estaba mal y había que cambiarla, pero Diputados nos dejó un quilombo y vamos a ser partícipes de un ‘tarifazo’ en un momento delicado”, sentenció un referente dialoguista.

El articulado vigente fue impulsado por Máximo Kirchner, durante el gobierno de su colega Alberto Fernández, y sirvió como una de las estocadas finales del mega descalabro energético que durante años fomentó el cristinismo; incluso, con el bolsillo del payaso ya reventado. Diputados hizo las cosas rápido, la administración central cerró con un puñado de gobernadores -curiosos guiños a zonas “cálidas”, lo que hace más delirante el debate- y, de esa manera, le pasó la pelota de titanio a la Cámara alta. Recién ahora se asoma, con mayor claridad y contundencia, el adiós a la diferencia nada menor entre el beneficio vigente sobre la boleta final, en comparación del que se haría sobre el costo de generación del gas, que es el ítem menos jugoso en comparación con la distribución.

“Nos mandaron a activar un palazo en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos el etiquetado frontal de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”, reflexionó un aliado ante Infobae a mitad de la semana que termina. Pocos legisladores presentes. Otros, de viaje. Muchos despachos, en silencio y luces apagadas. Los olímpicos de las declaraciones no pudieron responder consultas básicas.

Encima, en las picardías pinceladas dentro de zonas frías -por caso, deudas-, la Nación expuso también a las provincias, con situaciones similares y la lupa direccionada hacia cómo se fondearon campañas electorales. Un puñado de parlamentarios conoce a la perfección ciertas historias. No sólo eso: se volvió a poner, en el foco de atención, el pisotón de mamut sobre fondos fiduciarios para defender, como sea, el superávit fiscal, el corazón del programa libertario. Será interesante el primer encuentro de comisión que haya para analizar este tema y oír, por ejemplo, a la ex secretaria de Energía Flavia Royón. Su gobernador, Gustavo Sáenz, vive en un “Cirque du Soleil” constante con la Casa Rosada.

“Después de la última reunión que tuvieron senadores con el ministro de Economía -Luis Caputo-, las promesas aún no se concretaron. En cambio, acá, no se le armó un solo lío al Gobierno. Ya van meses de esto, más obras que no reactivan o que dan de baja sin notificar previamente. Ni hablar de proyectos propios, ya que siempre se discuten los de ellos. Luego mandan más leyes y todo queda difuso", se quejó un experimentado legislador del interior del país.

En la agenda de la Cámara alta deben contemplarse otras normas, además de zonas frías y la reforma política: la reciente “Hojarasca” que votó Diputados, la derogación del etiquetado frontal, y la delicada de salud mental, entre otras. Para la sesión del jueves 4 -se estima que habrá Labor Parlamentaria el martes próximo- están en fila, en principio, un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones y la -fileteada- ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Bullrich ventila que aprobará todos los pliegos judiciales ya dictaminados. Dialoguistas esperan más propuestas judiciales desde el Ejecutivo, las respectivas audiencias públicas y no son pocos los que sugieren votar “todo junto”. “¿Durante más de dos años no mandaron nada y nos apuran?“, preguntaron desde una bancada.

En otro bloque, los términos fueron menos cariñosos: “Había un despacho con las firmas requeridas y nunca publicaron -como contó este medio la semana pasada- una orden del día. Lo frenó el presidente de Acuerdos -el libertario Juan Carlos Pagotto- y es anti reglamentario. Justo él, que se cree jurista y dilapida minutos para hablarle a la nada misma. Sin avisar, el Ejecutivo pide el retiro, obligado a pasar sí o sí por el recinto. Entonces, ¿quién tiene el poder de decisión ahora? Pensaba terminado lo del mando acá. Linda manera de llegar a la sesión del jueves“.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, fue cuestionado esta semana por un influencer sobre cuántas personas en México pueden comprar una casa con valor de 12 millones de pesos, como la que él tiene en Tepoztlán, lo cual decidió no responder.

A esto se sumó que el senador morenista protagonizó una discusión con otro legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por negarse a usar una playera con las frases: “narcoMorena” y “#YoconRocha”, creadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Esto último con el objetivo de retar a que los senadores de Morena expresensu apoyo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Etsados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.

En su canal de YouTube, Fernández Noroña explicó por qué no respondió a la pregunta del joven y por qué se negó a usar la playera.

En el video recordó que el miércoles pasado fue cuestionado por un influecer conocido como ‘Proyecto Escolar’, sobre el monto actual del salario mínimo, cuando caminaba por la explanada del Senado.

En la grabación, se ve al morenista ignorar al influencer, a pesar de que lo interceptó de frente.

A dos días del hecho, Noroña arremetió contra el joven y minimizó su labor en redes sociales, al afirman que “ni es proyecto, ni es escolar” e incluso lo calificó como una persona “bastante insolente”.

Sin embargo, argumentó que decidió no responder para “no caer en su provocación”

“Yo creo que pasa de listo. Muy despolitizado, digamos, muy insolente. (...) Venía corriendo este joven con otra persona y con una cámara y entonces me soltó ahí una necedad de cuánta gente puede comprarse una casa de 12 millones. Pues yo me seguí, ¿no? O sea, como ver yo. La verdad es que decidí no caer en su provocación", aseveró.

El senador mencionó que el influencer lo acusó de agredirlo verbalmente, luego de que el joven afirmó que le dijo: “chinga tu madre”, en respuesta a la pregunta sobre la casa en Tepoztlán.

Por ello, aseguró que el influencer miente y lo retó a mostrar el audio del momento en que lo interceptó y así, comprobar la presunta agresión.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena: Dice, dice este joven que yo le dije: “Chinga tu madre”. Miente, miente, ya está bueno. Ricardo Salinas Pliego, contrátalo, ya te cubre el perfil. Es mentiroso, intrigante, majadero, provocador. Ya está. Ni mandado a hacer.

“No es cierto, no le dije nada. Que ponga el audio. No, no que ponga un subtítulo, que ponga el audio. No es cierto, no le dije nada. (...) Lo reto a que presente el audio”, insistió.

¿Por qué no usó la playera de #YoConRocha?

Noroña relató que durante la madrugada del jueves, en plena sesión del Senado, un legislador del Partido Verde Ecologista de México, a quien vinculó con el empresario Ricardo Salinas Pliego, se le acercó para entregarle una playera que decía “narcoMorena” junto a la frase “Yo con Rocha”.

Argumentó que decidió usarla porque la consideró un insulto al movimiento y al partido además de que calificó el ofrecimiento por parte del legislador como una acción de la oposicion y no de “quienes se dicen compañeros”.

Recalcó que su postura siempre ha sido la de fortalecer la unidad entre Morena, PT y Verde, y que incluso ha defendido a ambos partidos en el grupo parlamentario, llamando a superar el sectarismo.

Sin embargo, señaló que la acción del senador del Verde fue una provocación y una majadería. Cuenta que, tras su negativa a usar la playera, el legislador del Verde fue a informar a Nacho Mier, coordinador de los diputados de Morena, sobre un supuesto altercado, lo cual Noroña también desmiente.

El senador agregó que tiene videos donde se observa al legislador del Verde reportando el incidente y reitera que portar la playera con la leyenda “narcoMorena” es inadmisible por tratarse de una provocación, más aún viniendo de alguien que forma parte de la coalición.

Ante esto, anunció que presentará una queja formal ante la dirección de Morena, PT y Verde, y cuestiona abiertamente si el Verde y dicho senador están alineados con Ricardo Salinas Pliego.

Finalmente, acusó que la acción buscaba reventar la votación en el Senado y obtener atención mediática, y que el legislador del Verde actúa en contra del movimiento. Relata que en otros estados, como San Luis Potosí, el Verde ha tenido diferencias graves con Morena, y que, pese a su insistencia en la unidad, este tipo de hechos sólo generan división dentro de la coalición.

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez recuperó su escaño este viernes 29 de mayo, pocas horas después de haber pedido licencia bajo el argumento de vivir una “embestida mediática” y verse impedido a acudir al periodo extraordinario de sesiones.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, fue quien dio a conocer el regreso del legislador sinaloense al leer ante la asamblea la comunicación que él mismo remitió:

“Recibimos una comunicación suscrita por el senador Inzunza Cázares, en el que se informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 29 de mayo del año en curso. La Asamblea se da por enterada. Comuníquese”, comunicó minutos antes de que cerrara el periodo extraordinario.

La licencia duró menos de lo que duró el periodo extraordinario que la motivó. Inzunza la solicitó el jueves 28 con vencimiento ese mismo viernes a las 15:00 horas.

El jueves afirmó estar en el Senado; esa noche apareció en Culiacán

A las 12:39 horas del jueves, Inzunza publicó en su cuenta de X que se encontraba en la Ciudad de México y que había acudido al Senado desde el día anterior. Esa misma tarde el pleno aprobó su licencia y el arquitecto Omar López Campos rindió protesta como suplente.

Horas después, Ríodoce lo ubicó en Culiacán. El legislador asistió a la ceremonia de graduación de la Prepa del Tecnológico de Monterrey, donde uno de sus hijos concluyó la generación 2023-2026. Fue acompañado por su esposa, la magistrada Claudia Meza.

Cuando los reporteros le solicitaron declaraciones al término del evento, Inzunza se limitó a responder: “No, este es un evento familiar”, de acuerdo con Ríodoce. No hizo ningún otro pronunciamiento esa noche.

Pese a que el legislador afirmó haber asistido al Senado el miércoles y el jueves, nadie lo vio en el pleno durante esos días. Su única aparición pública documentada desde el 29 de abril había sido el 22 de mayo, cuando el senador Javier Corral confirmó haberse reunido con él en el restaurante del Country Club de Culiacán.

La periodista Leti Robles de la Rosa, quien cubre la fuente legislativa, precisó en redes sociales que el jueves Inzunza sí estuvo en el recinto, pero en una reunión privada de cinco horas con el senador Nacho Mier, sin aparecer en el pleno. El viernes no volvió.

De qué lo acusa EEUU

El expediente S9 23 Cr. 180, incorporado el 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York, lo señala junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los cargos son conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usar artefactos explosivos. Cada uno de esos cargos puede acarrear cadena perpetua.

La acusación sostiene que Inzunza habría estado presente en una reunión entre Rocha Moya y Los Chapitos celebrada tras la elección de junio de 2021, cuando se desempeñaba como secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían pactado que la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa.

Inzunza rechaza los cargos. Los ha descrito como un “ataque e insidia contra Morena y AMLO” y ha dicho que demostraría su inocencia desde su curul. A diferencia de Rocha Moya, quien pidió licencia como gobernador, el senador sinaloense no renunció a su fuero constitucional hasta apenas este jueves y por unas horas.

Testificó ante la FGR; la Interpol no tiene ficha roja en su contra

El 26 de mayo, Inzunza se presentó solo a las oficinas de la FGR en Culiacán, pasadas las 12:30 horas, para declarar en el marco de la investigación abierta por los señalamientos de Washington. Publicó en redes que acudió “sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, y que no se valió de la inmunidad procesal que le otorga el artículo 111 de la Constitución ni de la excepción prevista en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ese mismo día compareció ante la FGR el exdirector de la Policía de Investigación del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés, también señalado por las autoridades estadounidenses. Almanza Avilés declaró que nunca perteneció a ningún grupo delictivo y que estaba dispuesto a aclarar su caso ante cualquier instancia, incluida una corte en Estados Unidos.

El 28 de mayo, el vocero de la FGR Ulises Lara López informó que cinco de los diez acusados ya habían comparecido ante la fiscalía, y confirmó que ninguno de ellos tiene ficha roja de Interpol.

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional que incorpora una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera en los procesos democráticos de México.

La propuesta obtuvo 85 votos a favor y 42 en contra durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Cámara Alta, que inició el 28 de mayo de 2026 y se prolongó durante varias horas de la madrugada de este viernes.

Con esta modificación al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que cualquier tipo de injerencia extranjera podrá ser motivo para invalidar una elección, en caso de comprobarse su impacto en los comicios.

Buscan blindar las elecciones mexicanas

La reforma fue defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió sobre el riesgo de que actores extranjeros interfieran en la vida política del país mediante financiamiento, campañas digitales o apoyo indirecto a organizaciones vinculadas con temas electorales.

Durante sus declaraciones, la mandataria señaló que existen antecedentes de financiamiento proveniente del extranjero hacia agrupaciones que, según afirmó, participaron de forma indirecta en el escenario político nacional.

“México debe proteger su soberanía y garantizar que las decisiones democráticas correspondan únicamente al pueblo mexicano”, sostuvo Sheinbaum al respaldar la iniciativa.

La discusión en el Senado generó un intenso debate entre legisladores oficialistas y de oposición. Mientras Morena y sus aliados defendieron la reforma como una medida para blindar la democracia mexicana, senadores opositores alertaron sobre posibles interpretaciones ambiguas que podrían utilizarse con fines políticos.

Oposición cuestiona alcances de la reforma

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron preocupación por la amplitud del concepto de “intervención extranjera”, al considerar que podría aplicarse de manera discrecional contra organizaciones civiles, medios de comunicación o actores internacionales que participen en observación electoral o financiamiento de proyectos sociales.

A pesar de las críticas, la mayoría legislativa liderada por Morena y sus aliados, consiguió aprobar tanto en lo general como en lo particular el dictamen constitucional.

El documento aprobado plantea que las autoridades electorales tendrán facultades para investigar posibles actos de injerencia internacional, incluyendo financiamiento ilegal, campañas de desinformación promovidas desde el extranjero o cualquier acción destinada a influir en el resultado de las elecciones mexicanas.

Reforma aún debe ser avalada por congresos estatales

Tras su aprobación en el Senado, el decreto será enviado a los congresos locales del país, donde deberá recibir el respaldo de al menos 17 legislaturas estatales para concretar la reforma constitucional.

Posteriormente, el proyecto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar oficialmente en vigor.

Especialistas en materia electoral consideran que esta modificación podría abrir una nueva etapa en la regulación de los procesos democráticos en el país, especialmente ante el crecimiento de campañas digitales internacionales y estrategias de influencia política a través de redes sociales.

No obstante, analistas también han advertido que será fundamental definir con claridad los criterios jurídicos para determinar qué constituye una intervención extranjera y bajo qué circunstancias podría anularse una elección.

En México, el debate se intensificó luego de que el gobierno federal denunciara supuestos vínculos entre organizaciones financiadas desde el exterior y actividades relacionadas con el ámbito político nacional.

La discusión continuará ahora en los congresos estatales, donde se definirá si la reforma logra el respaldo necesario para convertirse oficialmente en parte de la Constitución mexicana.

El Senado aprobó la madrugada de este viernes 29 de mayo y en una discusión de sólo 35 minutos la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, el mecanismo que busca filtrar a aspirantes que tengan presuntos vínculos con el crimen organizado antes de que los partidos los registren ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La votación fue de 85 a favor y 40 en contra en lo general, y de 84 a favor y 41 en contra en lo particular. Al ser una reforma a ley secundaria, el decreto va directo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta aprobación el Senado concluyó sus actividades del periodo extraordinario de sesiones.

Comisiones devolvieron el turno y el pleno tomó el asunto de urgencia

El proceso fue atípico. La minuta llegó al Senado y fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, que ya habían publicado en la Gaceta del Senado una convocatoria para reunión extraordinaria el viernes 29 de mayo a las 8:00 horas en las Salas 2, 5 y 6 del Hemiciclo. El orden del día incluía la lectura, discusión y aprobación del dictamen.

Pero pasadas las 2:00 de la madrugada, las presidencias de ambas comisiones enviaron un oficio a la Mesa Directiva para solicitar que se les retirara el turno. Con eso, el pleno tomó el asunto directamente.

Al tratarse de materia electoral, el pleno lo declaró de urgente resolución y le dispensó trámites, lo que permite saltarse el paso de comisiones e iniciar la discusión de inmediato. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, justificó la urgente resolución con el argumento de que la proximidad de los procesos electorales “obliga al Senado a adoptar decisiones oportunas que permitan generar certeza jurídica y confianza ciudadana en torno a las personas postuladas para cargos de elección popular”.

La periodista Leti Robles de la Rosa documentó en redes sociales que en solo 35 minutos el pleno discutió y aprobó la minuta. En lo particular, cuatro senadores del PAN y del PRI presentaron reservas, pero fueron desechadas por la asamblea.

Un senador cambió su voto entre la votación en lo general y la votación en lo particular: de favor a contra.

El debate en tribuna

La senadora morenista Lilia Margarita Valdez Martínez defendió la reforma y dijo que la comisión operará como un órgano técnico permanente del INE que desplegará un mecanismo de análisis de riesgo sobre las candidaturas postuladas por partidos políticos y candidaturas independientes.

La panista Laura Esquivel Torres cuestionó que el proyecto no plantea sanciones, nulidad de elección ni pérdida de registro para el partido que postule a un candidato con vínculos delictivos. “Se quieren lavar las manos”, señaló.

Por el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura sostuvo que la propuesta resuelve desde la raíz la integridad de un candidato mediante un cruce de información interinstitucional y que responde a la preocupación de años sobre intereses ilícitos que intentan acercarse a espacios públicos.

El priista Ángel García Yáñez advirtió que las elecciones deben decidirse en las urnas, “no en los escritorios oficiales ni mediante interpretaciones ambiguas hechas a modo”.

El emecista Néstor Camarillo Medina fue más directo: dijo que no se necesita crear una comisión en el INE para saber quién viola la ley, sino que la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades de seguridad “hagan su trabajo y detengan a los delincuentes”.

Qué establece la ley aprobada

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas recibirá de los partidos políticos, o de quienes aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postularse a cargos de elección popular federales o locales, antes de su registro ante la autoridad electoral.

Con esos listados, en coordinación con la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizará un análisis de riesgo sobre cada perfil para determinar la existencia o no de un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas.

La participación es voluntaria para los partidos y para los aspirantes a candidaturas independientes. La información entregada puede ser total o parcial. El organismo no acusa, no juzga ni restringe derechos políticos: sus resultados son de carácter informativo y cada partido decide si los usa o no al momento de registrar a sus candidatos.

El INE emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento interno de la comisión, los plazos y los criterios aplicables, así como los mecanismos para la protección de datos personales. Las erogaciones se cubrirán con cargo al presupuesto ya aprobado al INE, sin recursos adicionales.

La minuta que llegó al Senado ya incorporaba un cambio respecto al dictamen original: la Comisión quedó integrada por tres consejeras o consejeros electorales, en lugar de cinco como planteaba la iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa reducción fue aprobada en Diputados mediante una reserva presentada por legisladores de Morena, con el argumento de eficientar la toma de decisiones.

La presidencia del organismo será rotativa y se designará anualmente entre sus propios integrantes. La comisión deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

El resto del paquete del periodo extraordinario

El narcoregistro fue el último de tres decretos aprobados durante el periodo extraordinario. Los otros dos son reformas constitucionales que aún deben ratificarse en al menos 17 de los 31 congresos estatales antes de publicarse en el DOF.

La reforma judicial aplaza la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales.

Incluye además la habilitación de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones para reelegirse en 2028, lo que les permitiría acumular hasta 17 años en el cargo. El Senado la aprobó con 87 votos a favor y 41 en contra.

La reforma al artículo 41 constitucional establece como nueva causal de nulidad electoral la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en procesos electorales mexicanos para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos.

El Senado la aprobó con 85 votos a favor y 42 en contra. Ambas reformas fueron impulsadas por el bloque de la 4T —Morena, PVEM y PT— y rechazadas en bloque por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Con mayoría calificada, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia judicial que permite aplazar la elección de jueces y magistrados del 2027 al primer domingo de junio de 2028.

De igual forma, se dio luz verde a la reelección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El bloque de la 4T —Morena, PVEM y PT— reunió 87 votos a favor en la votación en lo general, contra 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, alcanzando la mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes que exige una reforma constitucional.

En lo particular, la votación fue de 86 votos a favor y 41 en contra. La sesión arrancó alrededor de las 5 de la tarde del jueves 28 de mayo y se extendió por más de siete horas.

El decreto pasa ahora a los congresos estatales en donde también deberá ser aprobada por al menos 17 de los 31 congresos, para luego ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

“Yo con Maru” vs “Yo con Rocha”, así fue el debate

La sesión estuvo marcada desde el inicio por la confrontación entre el oficialismo y la oposición, que en buena parte se salió del tema central. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, subió a tribuna acompañado de su bancada vistiendo playeras negras con la leyenda “#YoConMaru”, en respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Llevó además playeras guindas con el logo “#YoConRocha” y retó a los senadores de Morena a ponérselas. Ninguno lo hizo.

“No hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador”, dijo Anaya, y remató con un llamado directo: “Entreguen a Rocha Moya ya”.

En primera fila del salón de plenos, presenciaba la escena Omar López Campos, secretario del Bienestar del Gobierno de Sinaloa y suplente del senador Enrique Inzunza, quien horas antes tramitó su licencia temporal para no asistir al pleno. Inzunza, señalado por autoridades de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, había publicado en redes sociales que estaba en el Senado, pero nadie lo vio y su oficina lució vacía durante toda la jornada.

Al hablar de la reforma, Anaya acusó que tiene “un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas” y apuntó a concentrar la selección de candidaturas judiciales en un comité “a modo” controlado por Morena.

El senador morenista Alejandro Murat respondió vestido con la playera verde de la selección nacional: “Si vamos a ponernos algo es ésta, la de México”. Advirtió que el objetivo de la reforma es “que la justicia deje de estar secuestrada por intereses particulares y se ponga al servicio de la ciudadanía”.

Su compañera de bancada Malú Micher le contestó a los panistas: “Yo con Maru, para ir al bote, vulnerar la soberanía, ni a la esquina voy”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, tildó la iniciativa de “la reforma de la hipocresía” y advirtió que la ampliación del periodo de magistrados electorales se ve reflejado en los favores políticos que les deben a los integrantes del Poder Judicial.

Sostuvo que cualquier cambio en el Senado habría obligado a los diputados a volver a sesionar, lo que era imposible dado que el periodo extraordinario se estaba agotando, y que ese argumento fue el que usó el coordinador morenista Ignacio Mier para sofocar las resistencias internas antes de la sesión.

En qué consiste la reforma: aplazamiento, reelección de magistrados y nuevas reglas

El cambio central del decreto es mover la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año.

El punto más polémico llegó el día antes de última hora en la Cámara de Diputados: una reserva presentada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna que eliminaba la palabra “no” del artículo Cuarto Transitorio del decreto.

Con ese cambio, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones —que el texto original impedía reelegirse— quedan habilitados para postularse en 2028.

Los beneficiados serían Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, electos en 2016 por un periodo original de nueve años. Con la reelección, podrían permanecer en el cargo hasta 2033 o 2034, acumulando más de 17 años en la Sala Superior.

La reserva generó una fractura visible en el bloque oficialista en Diputados: 22 legisladores de Morena se abstuvieron, entre ellos Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, quien la calificó de “vergüenza nacional” y advirtió que viola el artículo 99 constitucional.

En el Senado, el coordinador morenista Ignacio Mier convocó a su bancada a una reunión previa para contener las inconformidades y garantizar que las reservas se votaran en bloque, impidiendo que los senadores disidentes votaran en abstención ese punto específico.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del Congreso en su conferencia mañanera del jueves, aunque matizó que no se trata de una extensión de mandato por 17 años ni de una reelección automática, argumentando que sería la ciudadanía quien tuviera el último voto en las urnas.

El senador panista Ricardo Anaya acusó este 28 de mayo a Morena de buscar el control total del Poder Judicial para proteger al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y perseguir a opositores, durante la discusión en el Senado de la reforma judicial y de otros cambios electorales que, según dijo en tribuna, también servirían para anular comicios y silenciar voces críticas.

En su intervención, Anaya sostuvo que el cambio al artículo 96, fracción segunda, reduciría el filtro de aspirantes para la elección judicial y dejaría la decisión en un comité “a modo”. Según el senador del PAN, el nuevo esquema permitiría que de una lista amplia solo se elijan cuatro nombres y de ellos salgan dos para la boleta, lo que a su juicio elimina cualquier idea de democratización.

Antes de entrar al fondo de su argumento, el legislador realizó una protesta en el salón con playeras y retó a las y los senadores de Morena a ponerse una con la leyenda “Yo con Rocha”. Anaya dijo que la bancada panista sí porta la playera de “Yo con Maru” porque, según su postura, en Chihuahua ahí gobierna una administración de Acción Nacional que combate al crimen organizado y desmantela narcolaboratorios.

El senador cerró su participación con una otra referencia a las playeras que llevó al pleno. “No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador”, dijo Anaya, y remató con un llamado directo: “Entreguen a Rocha Moya ya”.

Anaya dijo que la reforma judicial concentra la selección de candidaturas

En tribuna, Anaya afirmó que la reforma tiene “un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas”. Según su exposición, el mecanismo previo contemplaba que, si se inscribían aspirantes a la Suprema Corte, un comité de evaluación recortaba la lista a 10 nombres, luego esos perfiles entraban a una tómbola y de ahí salían tres para la boleta electoral.

El senador panista dijo que ese modelo dejó fuera a personas cercanas al oficialismo y que la nueva redacción busca corregir ese problema a favor de Morena. En sus palabras: “Será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger a cuatro personas. Ya no a diez, ahora ya nada más a cuatro. Y va a meter esos cuatro nombres a la tómbola. Y de la tómbola ya no van a sacar tres, ya nada más van a sacar dos”.

Anaya aseguró que, con ese ajuste y con lo que llamó “la feria de los acordeones”, el oficialismo obtendría el control de la elección y después el control total del Poder Judicial. El senador ligó esa consecuencia con la presunta protección a Rocha Moya y con una supuesta persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Sobre el mandatario sinaloense, Anaya lo llamó “narcogobernador morenista” y dijo que estaría acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y solicitud de extradición.

También vinculó la nulidad a las elecciones por intervención extranjera con control político

Anaya agregó que más tarde se discutiría una reforma al artículo 41, fracción sexta, de la Constitución. Según dijo, aunque se presenta como una defensa de la soberanía nacional, en realidad tendría dos fines: permitir que se anule “la elección que se les pegue la gana” y callar a organismos, medios y organizaciones que Morena no controla.

Como ejemplo, el senador mencionó a la ONU, a Univisión, CNN, The New York Times, The Washington Post y a Artículo 19. Según Anaya, con esa modificación se buscaría impedir que esas voces hablen sobre desapariciones, persecución a periodistas o presuntos pactos con el narco sin que ello se convierta en un argumento para invalidar una elección.

El panista también se refirió a una reforma a la creación de una comisión verificadora. Según su argumento, esa figura sería una simulación para deslindar a los partidos de candidaturas vinculadas con actividades criminales y trasladar la responsabilidad al INE.

Anaya dijo que la propuesta del PAN es distinta: que los partidos se hagan responsables de las candidaturas que postulan y que, si impulsan a una persona vinculada con el narco, pierdan el registro. En la parte final de su discurso, sostuvo que Morena no acepta esa alternativa porque, según afirmó, su movimiento opera con “vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado”.

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó que Morena aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa para que las elecciones se puedan anular por “supuesta injerencia extranjera”, y sostuvo que con ese criterio pretenden decidir qué es “intervención” para “aplastar cualquier resultado” que no les convenga. El señalamiento lo publicó este 28 de mayo en su cuenta de X.

En el mensaje, Moreno afirmó que en las últimas 30 horas Morena mostró “desesperación” y calificó a la mayoría como “ilegítima”, además de comparar su actuación con la del “narcodictador Nicolás Maduro”, al que acusó de “inventar enemigos fuera del país para desviar la atención”.

Alito Moreno sostuvo que la “verdadera amenaza” a la soberanía “está aquí”, y atribuyó la situación a la “omisión” del gobierno de Morena y de Claudia Sheinbaum. También aseguró que, mientras se habla de factores externos, los cárteles “controlan regiones completas”, “cobran piso”, “reclutan jóvenes” y “asesinan a familias”, sin que “el Estado les ponga un alto”, según su publicación.

El Senado recibe minuta sobre nulidad electoral por injerencia extranjera

Ricardo Monreal frenó la discusión de la reforma electoral sobre injerencia extranjera en la Cámara de Diputados este jueves 28 de mayo al pedir que se retire del orden del día el dictamen de leyes secundarias, con el argumento de abrir diálogo entre bancadas antes de debatir una norma que busca anular elecciones federales cuando se compruebe intervención externa para influir en los resultados.

La pausa ocurrió después de que el Pleno de San Lázaro aprobó la reforma constitucional en lo general y en lo particular con 307 votos a favor y 128 en contra. Esa minuta ya fue enviada al Senado para su análisis, aunque hasta este jueves todavía no era discutida formalmente en comisiones.

Dicha solicitud se formalizó en un oficio enviado a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, donde Monreal y los coordinadores parlamentarios sostuvieron que el tema requiere más diálogo y consenso por su alcance en materia electoral. El propio Monreal señaló en el documento que la decisión busca generar “un espacio de diálogo, análisis y construcción de consensos”.

La minuta añade una cuarta causal de nulidad electoral

Esta iniciativa aprobada en San Lázaro plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para incorporar una nueva causal de nulidad en elecciones federales. Esa causal aplicaría cuando se compruebe la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en el resultado electoral.

El proyecto también busca sancionar financiamiento externo y campañas de desinformación. Con ese cambio, la Constitución sumaría una cuarta causal de nulidad electoral.

La discusión de las leyes secundarias estaba prevista para la sesión extraordinaria de este jueves 28 de mayo, pero se decidió detener el proceso para evitar una aprobación acelerada. La decisión llegó tras una reunión privada entre Ricardo Monreal, Kenia López Rabadán, Ivonne Ortega, Elías Lixa, Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval y Raúl Bolaños-Cacho.

Monreal describió ese encuentro como una sesión “tensa” enfocada en reconducir los trabajos legislativos. La jornada legislativa estuvo marcada por desacuerdos entre las fuerzas políticas.

El Gobierno deberá esperar si lo que quiere es avanzar rápidamente con la aprobación de la ley de Zona Fría en el Senado de la Nación. En la previa al inicio del debate en las comisiones, cada vez más senadores se van mostrando contrarios al acompañamiento que busca La Libertad Avanza, que es el de la aprobación sin modificaciones.

En la Casa Rosada ya sabían que no contaban con el apoyo del peronismo ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Pero en las últimas horas se fueron conociendo las opiniones de otros legisladores de la Cámara Alta que discuten la ley en su totalidad o en parte de su articulado.

La modificación de la ley de Zona Fría no solo impacta en los distritos que la pierden sino que también cambia la ecuación del subsidio en su totalidad. Las zonas que la mantendrán solo recibirán una reducción del costo del gas en boca de pozo; la distribución, el transporte y los impuestos tendrán un costo del 100%. En la actualidad el subsidio es sobre el precio final.

En una cámara donde el 25% de los votos son patagónicos, el oficialismo cuenta con 21 senadores y sabe que para poder avanzar como quiere, sin cambios, tiene que sumar a todos los provinciales, a todo el PRO y, como mínimo, a 7 de los 10 radicales. Y acá es donde empiezan los problemas.

Al rechazo de la senadora cordobesa ya se le sumó el del radical Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata, ciudad que perdería el subsidio. Quedan nueve del bloque de la UCR para ir a pescar.

En las últimas horas se puso en duda el acompañamiento de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos del radicalismo. El ex gobernador mandó a sus senadores a votar la norma cuando era el titular del Ejecutivo provincial y la senadora suele acompañar el voto de su coterráneo.

En este esquema, el radicalismo quedaría al límite del apoyo que necesita el oficialismo para poder sancionar la ley, por lo que no podría sufrir ninguna baja más. Y esto parece difícil que no suceda, ya que en las últimas horas el pampeano Daniel Kroneberger —provincia que quedaría excluida de la ayuda— señaló que aún no tiene definida su posición.

Pero además aparecen los bloques provinciales que empiezan a poner condiciones. Este es el caso de la senadora de La Neuquinidad, Julia Carrozo, que ya adelantó que tal como llegó la ley no la va a acompañar y solicitó modificar un artículo que deja en poder del Ejecutivo el porcentaje de subsidio a aplicar en la Patagonia.

El artículo que cuestiona Carrozo es el 2°, que establece que los beneficios para las regiones que quedan dentro de la Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.

A la posición de la neuquina se le sumó la de los dos senadores de Santa Cruz, que en algunos casos acompañan y en otros no.

En las últimas horas se conoció que Natalia Gadano y José Carambia se oponen al proyecto y el oficialismo sigue sumando bajas en un debate que todavía no comenzó.

“Nadie está apurando el debate porque no están los votos. En La Libertad Avanza apuestan a la relación con los gobernadores pero el artículo que habla sobre que las provincias se tienen que hacer cargo de la deuda de sus distribuidoras con Cammesa está generando mucho ruido. Nadie tiene un peso”, explicó un senador de la oposición dialoguista que seguramente votará a favor del proyecto de la Casa Rosada.

La presidenta Claudia Sheinbaum encendió las alertas este jueves durante su conferencia de prensa matutina. Al referirse a la reforma constitucional aprobada la madrugada anterior, la mandataria fue contundente: existe un riesgo real de injerencia extranjera en las próximas elecciones en México.

“Próximo año en México, se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia”, afirmó Sheinbaum, quien citó como antecedente el caso de Mexicanos contra la Corrupción, organización que —según señaló— recibió financiamiento de instituciones estadounidenses a través de la Embajada de Estados Unidos para apoyar a candidatos específicos.

“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, subrayó la presidenta.

El trasfondo legislativo: Monreal y 307 votos

La reforma fue impulsada por Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, tras más de 15 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 307 votos a favor en la madrugada del jueves y fue remitida al Senado de la República para su análisis y dictamen.

La reforma eleva a rango constitucional la posibilidad de anular una elección cuando se acredite financiamiento o intervención de actores extranjeros en el proceso electoral mexicano.

Sheinbaum, el respaldo presidencial y sus señalamientos previos

La presidenta Claudia Sheinbaum no llegó a este debate sin antecedentes. Desde sus primeros meses al frente del Ejecutivo, advirtió sobre esta posibilidad, y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución con el fin de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera.

Cuando Monreal le presentó su propuesta, la mandataria fue directa: “Aquí decidimos nosotros, y cuando digo nosotros es el pueblo de México”.

Pero Sheinbaum ha ido más allá de las frases. También señaló que México debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de intervención y reiteró que “México no es piñata de nadie”. En otra ocasión, al referirse a asesores del gobierno de Trump, dijo: “Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos (...) son algunos que lo asesoran, que como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones”.

El caso que el gobierno mexicano ha traído reiteradamente a la mesa es el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que entre 2018 y 2024, la organización recibió más de 96 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). La propia organización confirmó haber recibido dichos fondos, aunque defendió que el financiamiento se apegaba a la legalidad y que contaba con permiso del SAT para recibir donativos extranjeros.

El contexto regional: el Hondurasgate llega a México

La aprobación de esta reforma no ocurre en el vacío. Detrás del debate hay un escándalo regional que ha puesto en alerta a varios gobiernos de América Latina: el Hondurasgate.

Este escándalo político de alcance regional fue revelado a finales de abril de 2026 y expone una presunta red internacional de injerencia política y manipulación informativa. El caso se centra en la filtración de audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), quien tras ser condenado por narcotráfico en EE.UU., habría sido indultado por Donald Trump en diciembre de 2025.

Su autenticidad fue verificada mediante el Phonexia Voice Inspector, una herramienta utilizada por agencias de inteligencia en más de 60 países.

Según los audios filtrados, existe una red que busca desacreditar a los gobiernos de Colombia y México mediante desinformación dirigida contra Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, con una supuesta aportación de 350,000 dólares del gobierno de Javier Milei al proyecto.

Las críticas: ¿Escudo soberano o herramienta de control?

Legisladoras del PAN advirtieron que Morena busca crear una causal de nulidad “tan ambigua, subjetiva y expansiva” que podría utilizarse para impugnar cualquier elección incómoda para el oficialismo, y alertaron que términos como “campañas digitales”, “desinformación” o “presión diplomática” no cuentan con delimitación técnica ni jurídica clara.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anticipó que su bancada votará en contra, acusando a Morena de querer “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas” y calificando la iniciativa de generar tensión innecesaria con Estados Unidos.

“El problema es que, so pretexto de una injerencia extranjera, se usen criterios políticos arbitrarios y se pueda anular una elección cuando no convenga el resultado”.

Desde la academia y los organismos electorales, las alertas apuntan en la misma dirección. El exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, advirtió sobre el riesgo de utilizar criterios políticos para invalidar elecciones.

Lo que viene: el Senado, la discusión pendiente y el reloj electoral

La reforma llega al Senado en un momento de presión legislativa. El Congreso y las legislaturas estatales tendrían plazo hasta el 5 de junio de 2026 para armonizar su marco normativo con el decreto, en caso de aprobación.

Para declarar la nulidad de una elección bajo esta nueva figura, será obligatorio acreditar legalmente la injerencia de otros países, un proceso sobre el que Monreal no precisó cómo funcionaría en la práctica.

Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la discusión sobre quién decide en México —y cómo se prueba cuando alguien más intenta hacerlo— apenas comienza.

La minuta de la reforma judicial aprobada en la Cámara de Diputados llegó sellada a la Cámara de Senadores a las 12:34 de la madrugada del miércoles 28 de mayo, apenas 8 minutos después de que el tablero electrónico de San Lázaro registrara la votación final a las 12:26 del jueves 28 de mayo.

El oficio, con número de expediente 7791 y firmado por la diputada secretaria Julieta Villalpando Riquelme, está fechado el 26 de mayo de 2026 y va dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores.

El sello de recibido en la Cámara Alta marca las 12:34 del 28 de mayo. Una vez recibida, la minuta fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera para continuar su proceso legislativo.

La periodista Laura Brugés comentó en sus redes sociales el extrañamiento, señalando que incluso Google Maps marcaba un trayecto entre ambas cámaras en un mínimo de 17 minutos en moto y 20 en automóvil, con la mejor ruta disponible a esa hora y con suelo mojado por la lluvia.

“¿Acaso el oficio ya estaba firmado antes de la aprobación del dictamen?”, escribió.

Una sesión de 15 horas y un decreto con reelección de magistrados incluida

El decreto aprobado en lo particular fue el resultado de una sesión extraordinaria que se extendió por más de 15 horas, convocada por la Comisión Permanente del Congreso.

La votación final arrojó 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplaza la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, crea una Comisión Coordinadora de evaluación de candidatos, reduce el número de postulaciones en boleta y abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con la revocación de mandato presidencial.

Lo que no estaba en el dictamen original fue lo que fracturó al bloque oficialista: una reserva presentada de última hora por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna para permitir que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones puedan reelegirse en 2028. La medida sería aplicable a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón.

El cambio que propuso Gutiérrez Luna era quirúrgico: eliminar la palabra “no” del artículo Cuarto Transitorio. El texto original decía que los magistrados en funciones “no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028”. Sin ese “no”, podrían postularse para otro periodo y acumular hasta 17 años en el cargo.

El vicecoordinador de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar trazó la aritmética desde tribuna: “Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 2028, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”. Calificó la reserva de “vergüenza nacional” y pidió retirarla para no hacer “el ridículo nacional”.

Ramírez Cuéllar también citó el artículo 99 constitucional: “Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación duran seis años de manera irrevocable”, y advirtió que la reserva “trastoca el contenido de este artículo constitucional” y llenaría la Carta Magna de “antinomias con artículos contradictorios”.

El coordinador del PAN, José Elías Lixa, anunció que su bancada no participaría en la discusión por considerarla “un albazo que ignora el diálogo”. “Esta es una reserva conocida hace tres minutos, no podemos ser parte de la simulación”, dijo.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que el precedente podría abrir la puerta a la reelección presidencial: “Me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores, porque esto contradice todo lo que se dijo por la titular del Ejecutivo”.

Pese a las voces en contra, el coordinador de Morena Ricardo Monreal respaldó la propuesta. “Lo planteado aquí por el diputado Sergio Gutiérrez Luna es coincidente con lo que estoy opinando. ¿Quién es más honorable, la señora Piña o un magistrado del Tribunal Electoral? ¿Por qué no tener los mismos derechos y las mismas condiciones? Por eso no doy línea, cada quien en su conciencia”, dijo desde tribuna.

Votación a mano alzada cuestionada

Varios legisladores pidieron que la reserva se votara por separado mediante el tablero electrónico. La diputada secretaria Julieta Villalpando —la misma que firma el oficio de remisión al Senado— declaró a mano alzada que la mayoría se negaba a separar la votación.

La diputada de MC, Laura Ballesteros , denunció que la consulta no se llevó “de manera pulcra” y señaló que había personas que no eran legisladoras levantando la mano en el pleno. Pidió repetir la votación en el tablero electrónico. La Mesa Directiva se negó.

El diputado panista Federico Döring Casar presentó una moción de rectificación de trámite para revertir la decisión, sin éxito. La reserva quedó incluida en el paquete de artículos que se votaron de manera conjunta.

El decreto fue turnado de inmediato a la Cámara de Senadores. El TEPJF que resuelva eventuales nulidades por intervención extranjera en elecciones futuras estaría integrado por magistrados beneficiados por esta misma reforma.

Tras el nuevo lote de iniciativas que el Ejecutivo libertario envió al Congreso, la derogación del etiquetado frontal aguarda el giro a comisión en el Senado para activar su debate. Por ahora, el texto no parece más prioritario que el de salud mental -delicada de acordar- y, frente a la cautela de algunos dialoguistas, otros sectores aliados -e incluso del peronismo y kirchnerismo- creen que el articulado oficialista sólo tiene un objetivo: repuntar el consumo y la actividad económica.

“Toda ley es perfectible y sobran ejemplos en diferentes gobiernos. Quitarlo por completo está atado a una única explicación: liberar la supuesta carga negativa de los octógonos para ver si, de esa manera, levantan ventas hoy por el piso. Mi siguiente pregunta sería, con ello consumado y productos más ‘presentables’, con qué plata se van a comprar los mismos”, reflexionó ante Infobae un referente del kirchnerismo.

Desde otro despacho más ameno a Balcarce 50 marcaron la contradicción entre fomentar el adiós de los octógonos mientras que acaba de aterrizar, en la Cámara alta, el proyecto aprobado por Diputados con cambios profundos en las denominadas “zonas frías”. La norma vigente fue empujada por Máximo Kirchner y favoreció -por fuera de quienes merecen de verdad una ayuda- a que se aumentara el por entonces y ya asentado- descalabro energético.

“Nos mandaron a activar un palazo inminente en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos las etiquetas de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”, se oyó. En tanto, desde un tercero, advirtieron que “la administración libertaria ya había emitido resoluciones y readecuaciones en el pasado, dentro de las potestades que otorga la ley actual, y no hubo inconveniente alguno”.

El texto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal de alimentos lleva las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones. En los fundamentos, se observaron situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.

Sí es interesante el planteo que se realiza sobre “asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización”.

Para Balcarce 50, “tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”.

Según la Casa Rosada, “la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.

Anteayer, cuando se formalizó el aterrizaje de la ley en el Senado, desde un bloque aliado confiaron a este medio: “No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”. Otro legislador confió: “Hay pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente ya acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”.

Infobae intentó desde el inicio de la semana conocer la opinión -y los planes para este articulado- de la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. No respondió aún. La porteña tiene que convencer a espacios que votaron el etiquetado frontal años atrás de hacer, ahora, todo lo contrario: dinamitarla. Encima, se le acumulan reclamos por proyectos más candentes que no logra resolver.

Se acerca el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y no es una novedad que la Argentina entra en un proceso de paralización. El Congreso no es ajeno a esa realidad.

En este esquema, al que se suma el receso de invierno que también frena la actividad legislativa, en ambas cámaras se está pensando en una última sesión antes de que la pelota empiece a rodar.

En el caso del Senado de la Nación ya hay fecha prevista. El miércoles de la semana que viene, 4 de junio, se volverá a abrir el recinto, donde el eje central será el proyecto de ley del pago a los holdouts, que todavía está en el Senado, pendiente de aprobación y que en la última sesión quedó fuera del temario.

Otro punto que figurará en el temario y que es de interés del Gobierno nacional y de los gobernadores provinciales es el de los pliegos judiciales, por lo que el temario incluirá las 73 carpetas que ya cuentan con dictamen de la comisión de Acuerdos. En ese listado está Ana María Cristina, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene, entre otras, la causa $Libra. También integra este grupo de pliegos Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de la Nación.

El temario también incluirá un proyecto del Ejecutivo sobre propiedad privada. Con cambios respecto del texto original, establece un mecanismo de desalojo abreviado en casos de usurpación, mientras que para los inquilinos en mora se amplía el plazo de intimación a diez días antes de habilitar la vía judicial.

El proyecto del oficialismo elimina las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, por ejemplo en la zona de frontera, pero delega en las provincias la autorización o no.

En medio de esto queda latente la posibilidad de un tratamiento de Zona Fría. Sin embargo, hay pocas chances de que el oficialismo pueda avanzar por dos razones: la primera es que ya los plazos del reglamento no le alcanzan para poder llevarlo al recinto la semana que viene y, la segunda, es que el 25% de los votos en el Senado son patagónicos.

Diputados

En la Cámara Baja aún no hay fecha para una posible última sesión y, en los hechos, tampoco hay apuro ni del oficialismo ni de la oposición. Para estos últimos, la realidad indica que les cuesta conseguir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión que permita a las comisiones emplazar el tratamiento de varios proyectos, como por ejemplo la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el caso del oficialismo, están los proyectos que ingresaron esta semana, en especial el Super Rigi, que ingresó ayer a la Cámara pero que todavía no fue girado a ninguna comisión.

Esto puede cambiar si llegan rápido desde el Senado los proyectos de holdouts y propiedad privada y se obtiene un dictamen del Super Rigi. En ese caso, si el oficialismo logra un tratamiento exprés en las comisiones, podría haber sesión el 10 de junio, un día antes de que comience el Mundial de Fútbol.

“El tema de holdouts puede acelerar una sesión por el cumplimiento de los plazos del acuerdo. Hay que estar atento a eso”, explicó un diputado oficialista.

La referencia de los tiempos tiene que ver con que el acuerdo entre el Gobierno argentino y los bonistas tiene una fecha estipulada para que sea resuelto. En un principio era a fines de mayo, pero se estiró el plazo para cumplir con la aprobación del Congreso y cerrar el acuerdo hasta el 30 de junio de este año. Si no se resuelve, los bonistas retomarán la vía legal para reclamar el pago de la deuda.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de EE.UU.

Paxton obtuvo más del 62 % de los votos, frente al 37 % de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso .

En noviembre, el republicano se enfrentará al demócrata James Talarico, legislador estatal y seminarista, cuya candidatura ha generado expectativas en el Partido Demócrata de cara a una contienda en un estado donde ningún demócrata ha ganado un cargo estatal en 32 años.

Desde su fiesta de celebración en Plano, a las afueras de Dallas, Paxton agradeció brevemente a Trump por haberle dado un espaldarazo y dedicó la mayor parte del discurso de vitoria para atacar a Talarico, a quién calificó como el “candidato más extremo que los demócratas han nominado nunca”.

“Texas será la prioridad número uno de la izquierda radical en noviembre”, indicó Paxto. “Si los republicanos perdemos este estado, perdemos el país”, agregó.

Por su parte, Cornyn, senador por cuatro periodos, desde 2002, agradeció a sus constituyentes por los años en el Congreso, en un apagado discurso donde no mencionó a Paxton y recordó su récord como Senador.

“Los votantes de Texas tomaron su decisión y la debo respetar (...) el servicio público es una vocación honorable, servir a los demás es un propósito elevado, y que aunque mucho de la política es feo, elegimos servir a través de lo bueno, lo malo y lo feo”, señaló.

La segunda vuelta se convirtió en la primaria más costosa de la que se tiene registro en EEUU, con más de 25 millones de dólares gastados en publicidad entre ambos candidatos, según datos de la firma AdImpact.

Trump eligió dar su apoyo a Paxton pese al descontento de varios senadores republicanos, en una decisión que reafirma la exigencia de lealtad al presidente como condición ‘sine qua non’ para mantenerse en el partido, según filtraciones de miembros del Congreso al diario The Wall Street Journal y al portal The Hill.

Las primarias de Texas llegan también semanas después de que la falta de lealtad al movimiento MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump) fuera castigada en las primarias de Georgia, Alabama y Kentucky.

En este último estado, Thomas Massie, quien se había convertido en uno de los críticos más duros de Trump dentro del oficialismo, perdió su escaño.

La candidatura de Paxton, sin embargo, está marcada por las múltiples controversias en las se ha visto envuelto en su trayectoria como servidor público, incluyendo denuncias de corrupción y un divorcio público por infidelidad que casi le costó su puesto como fiscal general.

En 2023, la Cámara de Representantes sometió a Paxton a un juicio político con 20 cargos relacionados con sobornos, abuso de la confianza pública y obstrucción de la justicia. El Senado estatal lo absolvió, pero el proceso empañó su imagen y supuso una fractura entre los republicanos de Texas.

(Con información de EFE)

Su presencia junto al presidente subrayó el valor institucional del cargo en un escenario de internas en el oficialismo. En diálogo con Infobae al Regreso, Abdala explicó cómo se definió su participación y analizó el peso político de cada señal en la etapa actual del gobierno.

Abdala y el desafío de la unidad política en La Libertad Avanza

Abdala reconoció la tensión dentro del oficialismo y el efecto de la foto de unidad tras la misa: “El presidente está gobernando y los resultados se están viendo. Tiene un gabinete que se reúne, se reunió el día lunes, se reunió hoy día, donde se los ve todos juntos. Para mí, el tema de la interna prefiero dejarlo en un segundo plano”.

El senador admitió que, aunque las diferencias existen, “los aliados seguimos siendo 44 con opción a 47 y estamos cerca de llegar a los 48, que sería el número para poder tener los dos tercios”.

Consultado sobre su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, Abdala señaló: “Hablo con Victoria, sí. Pero respecto a este tema lo tiene que expresar ella. Entiendo que es una persona inteligente, es grande y tiene la capacidad para dar las explicaciones cuando quiera”.

En relación a la conducción política, Abdala no dudó: “En el país claramente manda Javier. La Argentina es un país presidencialista en donde tenemos que cuidar al presidente”.

Opinó que sería deseable la reelección presidencial: “Hace muchos años que Argentina no reelige el presidente. Perdió Cristina, perdió Macri, perdieron los Fernández. Los que terminan perdiendo es el pueblo, el ciudadano común”.

La figura presidencial y la polémica por Adorni

El senador abordó la polémica en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni y la demora en la presentación de su declaración jurada: “Como contador, una declaración jurada es una cosa muy fácil de hacer. Él todavía no se ha vencido, a favor de Manuel, no se ha vencido el plazo. Hasta el último día de vencimiento tiene tiempo de presentarla”.

Añadió que Patricia Bullrich “la presentó antes también”, pero insistió en que “en este caso particular es decisión de él cuándo la va a presentar”.

Sobre la posibilidad de que Adorni sea citado a indagatoria y eventualmente procesado, Abdala fue cauto: “Es difícil cuando se hace futurología. Hay que ver qué va a resolver el juez. El presidente es quien de manera personalísima va a resolver si le pide o no la renuncia”.

Reiteró: “Manuel está confiado de que no va a ser procesado. Veremos qué resuelve la justicia con toda la independencia que corresponde”. Al referirse al rol de Adorni como funcionario, Abdala fue directo: “Adorni es un empleado del presidente. Si el presidente lo tiene es porque considera que lo está cuidando. Sí, lo estaría cuidando”.

Remarcó la necesidad de proteger la figura presidencial: “No solamente los funcionarios tienen que cuidar al presidente, los legisladores, los periodistas, el pueblo. El presidente es la figura institucional más respetable que hay y tenemos todos que bregar para que gobierne de la mejor manera”.

Diálogo, Iglesia y futuro institucional

Abdala valoró el mensaje de diálogo de la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum: “Fue una homilía en donde invita a que la Argentina crezca y pone al diálogo como uno de los íconos principales. Es algo que a mí siempre me ha caracterizado”.

Respecto a las críticas del diputado Bertie Benegas Lynch sobre el papel de la Iglesia, Abdala diferenció su postura: “Claramente, esas palabras no son las mías. Soy creyente, católico apostólico romano. Si León XIV viene a la Argentina, seré uno de los tantos argentinos que nos pondremos contentos de que el Papa nos visita”.

Sobre la proyección electoral y la posible reelección de Javier Milei, Abdala sostuvo: “En el cuarto domingo de octubre va a haber una elección. Los argentinos van a tener para elegir entre el proyecto del oficialismo, que seguramente será Javier Milei, o habrá otro que seguramente va a surgir del ala kirchnerista, llámese Kicillof o alguno de los peronistas que se sumen a Cristina. Creo que va a haber un sector del peronismo racional, que es anti kirchnerista, que han entendido de que el camino correcto es el nuestro”.

El senador también se refirió a la importancia de completar la Corte Suprema: “La seguridad jurídica es algo prioritario que también te la da conformar la corte. Si pudiéramos conformarla actualmente con cinco miembros, eso nos va a dar más seguridad jurídica. Me encantaría que salgan por unanimidad los jueces de la corte para darle más confianza a la Argentina”.

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Ningún retoque: el Gobierno libertario envió al Senado un proyecto que deroga por completo la ley de etiquetado frontal -Promoción de la Alimentación Saludable 27.642-, sancionada años atrás con amplio apoyo del Congreso. En medio de otras discusiones ríspidas sin saldarse en la Cámara alta -reforma política, por caso-, las cuales interesan y preocupan más, legisladores de la oposición dialoguista deslizaron a Infobae que no hay urgencia alguna y que, además, solicitarán los argumentos de los principales involucrados antes de avanzar.

“No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”, confiaron desde una bancada aliada a este medio. “Hay otras iniciativas pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”, recordaron desde otra. En un canal paralelo, ya son varios quienes siguen de cerca la ley de lobby que fue a Diputados. Sobre todo, en los tiempos actuales.

El texto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal de alimentos lleva las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones. En los fundamentos, la Casa Rosada observó situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.

“La estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos, reduciendo los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”, detalla el mensaje de Balcarce 50.

Según expresó la administración central, “determinadas restricciones incorporadas por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642 en materia de publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en envases implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria".

En esa línea, La Libertad Avanza resaltó: “En ese marco, corresponde considerar que toda restricción regulatoria debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evaluando la existencia de mecanismos alternativos menos restrictivos que permitan alcanzar adecuadamente los objetivos de salud pública perseguidos, garantizando al mismo tiempo la protección del consumidor y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.

Sí es interesante el planteo que realiza la Casa Rosada sobre “asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización”. Y agrega: “Tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”.

“El proyecto que se remite también procura reducir sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos, promoviendo un entorno más competitivo, innovador y armonizable regionalmente, sin desatender los objetivos de salud pública y protección del consumidor. En consecuencia, la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”, concluye el Ejecutivo. Se aguarda el giro a comisiones en las próximas horas.

La semana corta y el viaje de un puñado de senadores se convertirán en un alivio para el oficialismo y la oposición en la Cámara alta, con una sesión ya postergada días atrás que quedará, de no mediar conflictos, para el jueves 4 de junio. Esto ocurre ante diversas tensiones dentro de las bancadas, por lo que el nivel de actividad -casi testimonial- servirá para calmar las aguas.

“El ritmo que impuso La Libertad Avanza en los dos períodos de extraordinarias - diciembre y febrero pasados, respectivamente- no iba a ser eterno. Lo avisamos en ese momento. Hay semanas en las que, de repente, quieren hacer de todo. Después, dudan. U operan. Pero si ni siquiera vas a tener a los tuyos, mejor no hagas nada. Algunas olas no se ven bien hacia dónde van y, mejor, ser prudente”, manifestó a Infobae un experimentado parlamentario.

Los primeros síntomas se percibieron el miércoles pasado, con ausentes en debates clave para Javier Milei, como el del proyecto que “blinda” la propiedad privada, uno de los “chiches” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: el oficialismo llegó justo con las firmas de un dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. La cabecera pertenecía al “mileísta” Agustín Coto (Tierra del Fuego). No se presentó: se encontraba en los Estados Unidos.

En dicho plenario, la jefa de LLA, Patricia Bullrich, ya dio a entender un corrimiento de la sesión para junio. La estocada final fue que, tras el aval en Diputados de las leyes “Hojarasca” y de reformuladas zonas frías -y, ahora, calientes-, nadie se mostró apurado.

Lo que sí apremia en el Senado, por la nueva fecha límite del 30-6, es el acuerdo del Estado argentino, por USD 171 millones, para cerrar un litigio con dos holdouts derivado de la crisis 2001. Como la Casa Rosada envió el articulado a esta Cámara, tendrá que ser empujado y girado rápido a Diputados para su sanción definitiva.

Otro tema pendiente fue convocado y, a las pocas horas, eliminado de la agenda. Se trata de diversos textos que apuntan al cierre de minas, que son analizados por un plenario de las comisiones de Energía; y de Ambiente. Está avanzado un consenso, aunque el mismo suma constantes idas y vueltas.

Para la cumbre en el recinto deberá resolverse, además de las iniciativas sobre propiedad privada y fondos buitre, si pasarán el filtro las decenas de pliegos judiciales con despachos de mayoría listos para ser votados. Los dialoguistas siguen de cerca los movimientos y las órdenes de Balcarce 50. Los nuevos lotes -que interesan más a aliados- aún se hallan en la etapa de avales e impugnaciones.

La resolución que aún no se adopta es si se aguardará a las nuevas audiencias públicas de la comisión de Acuerdos, y así aprobar todas las propuestas en un solo paquete -antes del receso de julio-, o si se dividirán. A medida que pasa el tiempo, se revisan y renuevan las tolerancias. El mejor ejemplo son los ascensos diplomáticos de 2024 y 2025 -ya cuentan con dictamen-, aun en siesta. Derivaron en un fuerte dolor de cabeza para el Canciller, Pablo Quirno. El Gobierno perdió, por no prestarle atención a esto, una chance inmejorable de remodelar el ministerio de Relaciones Exteriores.

Una espina para la Casa Rosada y Bullrich es el obligatorio informe de gestión que tiene que dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado. Según la Constitución -artículo 101-, el supuesto controlador de los ministerios debe asistir una vez por mes al Congreso. Ya reclamó su presencia el líder kirchnerista, José Mayans. Su tropa está abollada no solo por el reciente quiebre en la votación por cinco años extra de Carlos Mahiques como camarista federal, sino también por una cumbre de bancada en la que ocurrieron penosos y repudiables malos tratos entre pares, con un collage de lágrimas.

La ambiciosa reforma política que envió el Gobierno al Senado cumplió un mes. Si bien es reciente su aterrizaje, hasta ahora no hay nada para entusiasmarse o celebrar, ya que la iniciativa se convirtió en una bomba de tiempo no sólo para la Casa Rosada, sino también para sectores dialoguistas que ven, desde cerca, los laberintos y dilaciones que generan las volteretas oficialistas y que empujan, a muchos amantes de statu quo, hacia la meta habitual: que nada de lo involucrado se vote.

En medio de todo esto, aparecen aliados que no procuran -ni desean- romper el buen clima que se generó en la Cámara alta desde diciembre pasado. Tampoco regalarse extra ante la Casa Rosada, que siempre se queja por tener que negociar leyes que luego festeja. Poca memoria de lo que fue el Poder Legislativo en la primera mitad de la gestión.

Hoy, las condiciones para discutir una reforma política son, a priori, aceptables: año par, no hay elecciones cerca ni estallidos económicos y el Presupuesto 2027 llegará recién en septiembre. Sólo hay mermeladas virtuales para que los ingenuos repliquen y olviden lo importante. Bien efímero, pero contundente, con estrategia y narrativa. Si no rinde, no odiar lo suficiente a los periodistas.

Lo que sí ocurrió en las últimas semanas fue la aceleración de las pre-campañas nacional y provinciales. Ahí es donde juegan todos, ya sea titulares, suplentes y, sobre todo, los marginales. Los últimos abundan y distorsionan, de vez en cuando, el panorama. Rufus, Mickey, Pluto, etcétera. Quienes sí avanzan son los elefantes que pasean, delante de todos, sin ser detectados. Y, en poco, arranca el Mundial.

Para arrimarse a comprender los laberintos vigentes, al proyecto en cuestión hay que dividirlo en tres vertientes: dinamitar las PASO, profundas modificaciones electorales -financiamiento, estructura de los partidos políticos, avales, “lista completa” en Boleta Única de Papel, y unión de comicios presidencial y locales, entre otros- y la criptonita de Ficha Limpia. A primera vista, un enlatado difícil de “encarar”.

La administración central ya convirtió esta táctica en algo habitual y nadie debe mostrarse sorprendido. Octubre de 2025 ratificó el rumbo y, encima, ahora se negocia -antes, “por todo y contra todos”-, lo cual enaltece aún más la tarea de los seis senadores que acompañaron desde el comienzo a Javier Milei, a quienes enviaron a Vietnam con un tenedor.

A dicho lote habría que agregar a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Entre todos ellos -y ayuda de bloques ajenos, tampoco olvidar-, ganaron semanas clave cuando las papas tomaban temperatura. Hasta llevaban propuestas para amortiguar trompadas inevitables en el recinto, rechazadas sin cesar por Balcarce 50. Pasó hace cinco minutos, aunque la memoria es limitada. Como la mecha.

La política nunca es personal; sí, muy ingrata. Después de eso sí aparece la exposición innecesaria de Villarruel que fomenta un sector ínfimo de su equipo. Otros tantos, en cambio, la cuidan al extremo y son fieles. Son sutiles diferencias con quienes se auto perciben monjes negros. No llegan a ser, ni siquiera, fotocopias en “hot sale”.

Con la disección del proyecto consumada, se asoman las complejidades. Para las PASO, un Congreso más arisco en cuanto a votos sancionó la suspensión de las mismas en 2025. No significa que deba ser ése el único destino, aunque varios ya la pincelan como la máxima aspiración, y con la suerte de ese lado. Otros, con más años, empiezan a ver entre grietas y perciben que este debate aplica tanto para aliados como al propio Gobierno libertario.

“Por lo que vi estas semanas, te puedo decir que ellos no tienen ninguna intención que avance la ley”, reflexionó ante Infobae un experimentado senador. Desde otro despacho premium fueron más osados: “¿Por qué sólo insisten con las PASO en nosotros? ¿Me vas a decir que, sacando a Milei, no hay ningún aspirante que quiera jugar ahí? Por favor. Además, tienen varias ‘figuritas’. Si se juntan todos ahí, nos revientan en 2027“. En esto coinciden peronistas, kirchneristas y otras bancadas.

La frase se oyó el mismo día en el que empleados confiaron a este medio que vieron ingresar a la Cámara alta, con una discreción no asegurada, al híper macrista y ex multi seguridad Eugenio Burzaco. El Congreso siempre fue un lugar de encuentros. Algunos, más juguetones que otros.

De nuevo en la iniciativa, la pata de partidos políticos parece haber llegado algo tarde, según las pulsaciones a la que está acostumbrado el Poder Legislativo. “Si me tengo que guiar por las preguntas de la única reunión que hizo la comisión de Asuntos Constitucionales, te diría que habría que hacer una docena más para invitar a expositores. Son demasiados ítems a resolver. En vez de actuar, mandaron la discusión a la heladera. No tengo por qué hacerme cargo de eso. No soy oficialista”, resumió un legislador.

Para el final, la frutilla que en la báscula ya marca una tonelada: Ficha Limpia. Los zigzagueos de si se podía separar de la reforma política o no terminaron con la orden de la Casa Rosada: todo junto o, como aliciente, la insólita picardía de dictaminar ambos articulados el mismo día. Hasta diputados karinistas fueron a hacer lobby días atrás. Uno de ellos no sabía que todo esto precisa mayoría absoluta y que, por caso, las ausencias no son un arma a utilizar en estas situaciones. Ya van más de dos años y medio de gobierno.

En la última sesión, los bloques dialoguistas pensaron en pedir una preferencia -con dictamen de comisión- para el próximo convite en el recinto. No gatillaron. Fue el último gesto a cambio de una convocatoria de Asuntos Constitucionales, que comanda el libertario fueguino Agustín Coto. No sucedió y sólo se llamó para firmar el despacho de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El senador no estuvo, ya que se encontraba de viaje.

La jefa oficialista y dueña del control senatorial, Patricia Bullrich, deslizó que quizá no se sesione la semana próxima -puñado de ausentes- y todo pasaría a la siguiente. La Cámara alta debe aprobar un acuerdo con dos holdouts y girarlo rápido a Diputados. Se vencía a fines de mayo -los diputados karinistas del lobby, en una nube y ni enterados de esto- y se acordó una prórroga hasta que termine junio. Un funcionario de Economía y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, dieron la cara días atrás y respondieron las preguntas de la oposición. Toda la oposición valoró el gesto.

De esta manera, se regresa al punto inicial. Ante el problema que se avizora, no se vislumbran soluciones. Nadie quiere romper, pero tampoco hacerse cargo de la mochila. Si se convoca en Asuntos Constitucionales, y de cumplirse las predicciones de aliados -sin sorpresas mediante-, se activaría un movimiento. Ya hay un borrador con un par de cuestiones a saldar: si correrá para cargos electivos y -además- de gobierno, o cuántos delitos se contemplarán. Si no, la sesión se convertirá en un ring.

Si al arribar a dicha instancia afloran las miradas hacia los costados, se conocerá con demasiada anticipación el resultado de la compulsa. Una medalla que nadie quiere colgarse. Mientras tanto, el kirchnerismo se desangra en votaciones divididas -letal la de Carlos Mahiques para continuar, por cinco años, como camarista federal- y cumbres de bancada que abarcan gritos, furia, reproches y lágrimas.

En un canal paralelo de la galaxia vuelan los simpáticos misioneros renovadores que noquearon Ficha Limpia en 2025 -Carlos Arce, que contrató a una modelo y a los pocos días la echó, tras consultas de Infobae, y Sonia Rojas Decut-, quienes ahora apoyan en su distrito una Ficha Limpia que mezcla en la licuadora multas de tránsito, prisiones preventivas y causas elevadas a juicio para impedir postulaciones. En este ambiente de elevado raciocinio se analizan leyes en el Congreso.

Por unas horas, el peronismo dejó de lado sus diferencias en la provincia de Buenos Aires y se mostró amalgamado en un mismo reclamo: rechazar la votación de los cambios en el régimen tarifario conocido como Zona Fría que llevó adelante la Cámara de Diputados de la Nación y que buscará imitar el Senado.

Es que, como dio cuenta Infobae, la revisión impulsada por el Gobierno que se aprobó este miércoles en Diputados excluye en concreto a 90 municipios de la provincia Buenos Aires, entre los que aparecen General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, San Nicolás Bolívar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros de los descuentos que hasta el momento perciben los usuarios en sus tarifas de gas por pertencer a la Zona Fría.

La inclusión de la mayoría de las localidades bonaerenses se dio en 2021 por un proyecto de ley del diputado nacional Máximo Kirchner que ampliaba lo dispuesto por la norma original sancionada en 2002. El Gobierno plantea que, a nivel nacional, de terminar con el régimen de Zona Fría, se generaría un ahorro de $272.099 millones.

“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, consideró este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre los cambios en el régimen de la tarifa de Zona fría. También pidió que el Senado no acompañe y adelantó que irá a la Justicia si se obtiene la sanción definitiva. No es la primera vez que el mandatario recurre a la Corte Suprema. Actualmente hay 8 litigios presentados contra el Gobierno nacional de parte de su administración.

“Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo y planteó que con la eliminación de la Zona Fría “el Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”.

Durante todo este jueves, intendentes bonaerenses y distintos dirigentes del peronismo se pronunciaron públicamente, pero además empezaron a cruzar mensajes. Por ejemplo, los jefes comunales y concejales de la Quinta sección electoral mantendrán una reunión el próximo martes al respecto. Será en el distrito de Villa Gesell, donde gobierna el axelista Gustavo Barrera. De ahí saldrá un proyecto de ordenanza para tratar en todos los concejos deliberantes y, además, definir una comitiva para ir al Senado en la previa a la votación del proyecto. El objetivo es evitar su sanción definitiva.

Barrera fue uno de los intendentes que se pronunciaron al respecto, pero también cruzó al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), por acompañar los cambios en el régimen de zona fría. “¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell. A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”, planteó el gesellino a través de un video de X, recordando que el hoy diputado nacional reclamaba ante ENERGAS que Pinamar sea incluido en el R1 de consumo en los usuarios de gas como sucedía con Mar Chiquita, localidad que está a 95 kilómetros de Pinamar.

Yeza, en tanto, remarcó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.

Los cambios sobre el régimen de Zona Fría sirven de contexto para un acercamiento discursivo dentro del peronismo, en medio de su discusión interna. Es que tanto Kicillof como legisladores e intendentes que responden a Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (La Cámpora), planteó que “esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”, y que, de aprobarse, en la ciudad que gobierna " dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local", ya que el aumento en la tarifa de gas “podrían ubicarse entre el 40% y el 60%”.

En la misma línea se pronunció el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca. “El impacto negativo no será solo en los hogares de las familias que pierdan los beneficios del sistema de Régimen de Zona Fría, sino también en las económicas de las ciudades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, ya que, al incrementarse el monto de las facturas, dejaran de destinar dinero al consumo y comercio local, son recursos que las familias ahora deberán destinar para solventar los aumentos de las facturas de gas" dijo ante la consulta de Infobae.

Agregó, además, que “los cambios violan el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en Argentina y expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los más débiles".

La región sur de la provincia de Buenos Aires es una de las que podría sentir con fuerza los cambios del régimen tarifario en la boleta de gas. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, advirtió que “poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen; por eso defender la zona fría es defender al interior y a nuestras comunidades”.

Con el dictamen de propiedad privada ya obtenido, el oficialismo se apresta para avanzar en el debate de la ley de reforma electoral que pide la Casa Rosada. Pero, como viene sucediendo desde hace un tiempo, ese avance se da en medio de tensiones internas.

El Ejecutivo envió un proyecto al Senado el pasado 22 de abril y, a punto de cumplirse un mes, casi no obtuvo tratamiento de comisión. Solo hubo una reunión de carácter informativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales —presidida por el senador oficialista Agustín Coto (Tierra del Fuego)— con una exposición de Luz Landivar, asesora del Gobierno y ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Luego de ese encuentro, el oficialismo no volvió a convocar a la comisión para debatir este tema.

La razón de la falta de celeridad —algo que no suele ocurrir con los proyectos que parten del Ejecutivo y mucho menos de la Secretaría General de la Presidencia— es bastante simple: no cuentan con el apoyo de los socios parlamentarios.

El proyecto oficial tiene varios puntos, pero hay dos que incomodan a los bloques dialoguistas, que ya adelantaron que no lo acompañarán. Por un lado, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, por el otro, la incorporación de Ficha Limpia como uno de los artículos del proyecto y no como una ley propia.

En este esquema, la jefa del bloque del PRO, Patricia Bullrich, apeló a su experiencia de política profesional y abrió el juego a la discusión. La respuesta de la Casa Rosada llegó de manera tajante: el proyecto es el que se mandó. No otro.

Pero la ex candidata a presidenta de la Nación por el PRO no suele encuadrarse tan fácil y juega a ganar, por lo que mantuvo conversaciones con la oposición en busca de una salida y parece haberla encontrado. Según trascendió, el acuerdo al que intentan llegar es el de “desguazar” la ley y sacar del proyecto Ficha Limpia, pero con la condición de que se dictamine y vaya al recinto el mismo día. Por otro lado, aún se debate la posibilidad de eliminar o no las PASO.

Como sucede habitualmente, los oficialismos tienen menos debate interno para sus candidatos, por lo que no les interesan las PASO, y La Libertad Avanza no es la excepción.

En ese sentido, habría una propuesta de sacar Ficha Limpia de la ley y tratarla por separado. Pero eso se puso sobre la mesa con una condición: todo tiene que ir junto al recinto.

En este esquema, las negociaciones hoy parecen paralizadas. La llegada de la Ley Hojarasca y de la ley que modifica Zona Fría —con la promesa de crear un sistema para subsidiar la electricidad en Zona Caliente— agrega condimentos a una negociación en la que hasta ahora chocaban de frente los partidos —el PRO y la UCR versus LLA— y a la que en los próximos días se sumarán los intereses particulares de cada uno de los gobernadores, que no siempre coinciden con los partidarios, por lo que habrá más cartas negociadoras en la mesa.

La reforma

El proyecto de reforma política que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso en abril propone ocho modificaciones al sistema electoral: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la selección de candidatos a cargos nacionales, la incorporación de Ficha Limpia para inhabilitar a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) con la reincorporación del casillero de lista completa, y una reducción del financiamiento público a los partidos con ampliación del aporte privado hasta el 35%. El texto de 79 artículos también elimina los espacios gratuitos en medios audiovisuales para publicidad electoral, suprime el debate presidencial obligatorio, pone fin a las elecciones directas del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y establece nuevas exigencias para obtener y mantener la personería jurídica partidaria.

La iniciativa necesita mayoría absoluta en ambas cámaras —al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados— para convertirse en ley, un umbral que el oficialismo aún está lejos de garantizar.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República se alistan para celebrar un Período Extraordinario de Sesiones, convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En la agenda legislativa figuran cuatro iniciativas de decreto, tres de las cuales tocan directamente el sistema electoral mexicano.

La convocatoria establece que ambas cámaras conocerán los motivos que originaron el llamado a sesionar fuera del calendario regular, antes de proceder al debate y votación de los asuntos listados.

¿Qué se va a votar?

Los cuatro puntos que ocuparán a legisladores son los siguientes:

• Reforma al Poder Judicial. Una iniciativa del Ejecutivo Federal propone modificar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial.
• Integridad en candidaturas. El Ejecutivo también impulsa cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo declarado de garantizar la integridad en el registro de candidaturas.
• Nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera. El diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución, añadiendo un inciso d) que introduciría, por primera vez a nivel constitucional, la intervención extranjera como causa de nulidad de una elección.
• Ajustes al sistema de impugnación electoral. Una segunda iniciativa de Monreal busca reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, precisando las causales de nulidad tanto de votación recibida en casilla como de elecciones federales en su conjunto.

La pieza más polémica: anular comicios por injerencia foránea

El punto que concentra mayor atención política es la propuesta de constitucionalizar la nulidad de elecciones por intervención extranjera. De aprobarse, los tribunales electorales contarían con un nuevo instrumento legal para invalidar procesos comiciales en los que se acredite injerencia de actores externos, algo que hasta ahora no está contemplado de forma explícita en la Carta Magna.

La iniciativa complementaria —la reforma a la ley de medios de impugnación— definiría los mecanismos procesales concretos para hacer valer esa nueva causal ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Un paquete legislativo de alto impacto

En conjunto, el paquete que se discutirá en el Extraordinario toca tres de los pilares del sistema político mexicano: el Poder Judicial, el acceso a candidaturas y las reglas de validez de las elecciones. La agenda legislativa se perfila intensa, en un contexto en que el Congreso ya ha acumulado una serie de reformas estructurales de alto calado en los últimos meses.

Las fechas concretas de las sesiones y el orden del día detallado serán dados a conocer una vez que la Presidencia del Congreso informe formalmente sobre los motivos de la convocatoria.

Viene siendo una semana muy irritante para Javier Milei. El presidente primero quedó como árbitro de las piñas digitales entre Santiago Caputo y Martín Menem. Después, en distintas reuniones y llamados que tuvo desde Olivos, debió atender asuntos que lo aburrieron sobremanera, vinculados al devenir electoral. Al presidente le explicaron que se está haciendo difícil juntar los votos para su proyecto de reforma política, que busca derogar las PASO. El PRO y los gobernadores hoy no encuentran incentivos para ayudar al Gobierno en esa ingeniería electoral, que perjudica a la oposición.

En el medio, y a contramano de sus máximas económicas, Milei tuvo que salir a explicar por qué la inflación mayorista -que se aceleró a 5,2% en abril- esta vez no actuará como predicción de los precios al consumidor. El Gobierno ahora apuesta todo al repunte de la actividad económica (esta tarde se conocerá el dato de marzo). Ya lo dijo Luis Caputo, en una de las declaraciones más relevantes de las últimas horas: hay que mejorar la recaudación porque “seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”.

Si alguna vez el presidente confió en que una mejora en la percepción de la marcha en la economía combinada con una reforma electoral le abrirían un camino sin sobresaltos a su reelección presidencial, con toda la tropa violeta ordenada detrás de él, esa imagen se le empezó a escurrir en las últimas horas.

Fue otra semana en el pantano para el Gobierno. “La interna y lo electoral son una paja para Javier. Él no quiere esto... Él quiere economía y recibir premios por el mundo”, resumió un colaborador de diálogo directo con el mandatario.

Probablemente, el único momento de placidez que tuvo Milei fueron esos 90 minutos frente a los alumnos en la Universidad de San Andrés, en donde dio lecciones de economía, como antaño. La escena se asemejó a la vida que proyecta para cuando vuelva al llano, un futuro que, por momentos, parece querer acelerar. En esos contextos, se siente bien. Es cuando se autodefine como “uno de los tres tipos más conocidos del mundo”.

Durante el fin de semana, el jefe de Estado miró atónito como su “hermano” del alma y el principal alfil de su hermana de sangre se peleaban a muerte en el foro de Elon Musk. La red social X es el hábitat presidencial y no pudo mirar para otro lado.

De hecho, se interiorizó sobre todos los pormenores de la cuenta Periodista Rufus. Leyó con atención cada uno de los indicios que “los pibes” encontraron en los tuits para demostrar que detrás del usuario anónimo estaría Martín Menem o alguien de su primer anillo. Miró esos “dedos marcados” que exhibieron los miembros de Las Fuerzas del Cielo. La utilización de cuentas secundarias o seudónimos para decir barbaridades es una materia que ellos conocen bien.

El lunes, en tanto, Milei recibió en el chat del gabinete la explicación de Menem. El titular de Diputados explicó que su community manager, en un descuido, compartió un link en grupos de WhatsApp perdiendo el control sobre su posterior circulación en redes sociales.

Si en su fuero íntimo, en algún momento, el presidente realmente creyó que Rufus era el mismísimo Menem eso no pudo generarle más que desasosiego: ese “principio de revelación” sobre el titular de Diputados hubiera implicado confrontar con Karina.

Finalmente, Santiago Oría le dio una salida a su tormento. Le exhibió un video para mostrarle que era posible montar una zancadilla digital para vincular la cuenta de X con el usuario de Menem en Instagram. Esa pieza del camarógrafo oficial (que a esta altura está claramente encolumnado detrás del kari-menemismo) le dio al mandatario una teoría conspirativa perfecta para salir del tema.

Como siempre, Milei repartió un gesto de cariño para cada lado y trató de dejar el tema atrás. Por ahora, nada va a cambiar en el reparto de poder entre las dos facciones del Gobierno. Al video de Oría nadie lo vio. El cameraman, cada vez más prolífico en X (y con ambición de construir, junto a Lilia Lemoine, una banda tuitera obediente), no lo compartió.

Todo lo que pasó, sin embargo, habilitó a los celestiales a expresar lo que, por miedo a la guillotina, callaron por mucho tiempo. Santiago Caputo no lo dijo con todas las letras, pero por él hablaron los influencers de Carajo y un tuitero muy relevante para el asesor presidencial, Lucas “Sagaz” Luna. “Su mayor preocupación es la acumulación de poder propio, sin importarles si eso va en contra del Gobierno”, escribió sobre los Menem, sin nombrarlos. Y remató con un golpe bajo: “Cuando todo esto termine volverán a ser sinónimo de mala suerte”.

En paralelo a la guerra tuitera, no obstante, Milei atiende un problema más de fondo entre las dos facciones de su plantel. Entre ambos sectores internos no hay solo rencores o una cuestión de piel: al igual que en 2025, los Menem y Caputo difieren sobre la estrategia política.

Así, el presidente, de un lado, escucha a interlocutores del ala karinista que le cuentan que la instrucción del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, es reforzar la estructura violeta en la mayoría de las provincias para disputar las gobernaciones. Del otro lado, Caputo habla de coser acuerdos con los gobernadores aliados para asegurar el premio mayor: la reelección nacional.

Para colaborar en el Congreso, los caciques provinciales quieren garantías de que ellos también elegirán en sus distritos: si LLA compite en sus terruños, el voto de centroderecha se dividiría y le daría más chances al peronismo. Los karinistas vienen transmitiendo a distintos interlocutores políticos que serán más generosos y “flexibles” que en 2025 a la hora de cerrar acuerdos electorales, pero que son decisiones que quedarán para más adelante. Se verá si los gobernadores confían en esa promesa.

Bullrich juega fuerte

Pese al entredicho con Patricia Bullrich por el reclamo para que Manuel Adorni presente su declaración jurada, el vínculo directo entre Bullrich y Milei sigue en pie. Quizás por eso, ella ayer se sintió con espalda para volver a exponer al jefe de Gabinete: la senadora le ganó de mano con la presentación de su declaración jurada.

Adorni pretendía, a modo de gestualidad, ser el primero en presentar su informe patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Ya se cumplieron dos semanas desde que Milei anunció que se venían esos papeles, pero en el entorno del jefe de Gabinete ahora hablan de fines de mayo o, incluso, de los primeros días de junio. “Va a ser su declaración de inocencia”, dijeron a Infobae muy cerca de Adorni.

El ministro coordinador, dicen quienes lo conocen, no quiere pisar Comodoro Py. Es decir, espera que no lo citen a indagatoria. Eventualmente, presentará un escrito. ¿Cómo explicará los fondos en efectivo que obtuvo para hacer frente a sus gastos en dólares de los últimos dos años?

En la Casa Rosada ya no hablan de una, sino de dos herencias: no se descarta que, además de aludir a la sucesión de su padre, Jorge Adorni, también apunte a una herencia de su abuela. Su hermano, el legislador bonaerense Francisco Adorni, resolvió sus inconsistencias en la declaración jurada de ese modo: con un renglón que declaraba dinero en efectivo ($21 millones) fruto de una herencia.

Bullrich no solo se ve en posición de desmarcarse de Adorni, sino que también dará una pelea con el equipo judicial que responde a Karina Milei, encabezado por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La senadora no juntará las firmas en la Comisión de Acuerdos para los pliegos de Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Para la legisladora, sus nombres están asociados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Los dictámenes ya tienen siete firmas de la oposición, pero -pese a que son los candidatos del Poder Ejecutivo- faltan los avales de LLA.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del oficialismo, en el Ministerio de Justicia no se quedarán de brazos cruzados. El viceministro de esa cartera, Santiago Viola, comenzó a hacer algunas gestiones para que los senadores libertarios que integran la comisión le pongan su firma a los pliegos de Catania y Greenway contra la voluntad de Bullrich.

Mahiques y Viola son los que vienen eligiendo los candidatos para poblar los juzgados del país. Ellos elevan las nóminas para el control político del presidente y de Karina Milei, que, de todas maneras, casi no conocen a la familia judicial.

Hay algo más que hoy Bullrich le hace notar a la cúpula del Gobierno: la importancia de tener un acuerdo con el PRO para apuntalar el proyecto de reelección de Milei. El dispositivo que rodea a Mauricio Macri no tiene previsto desmarcarse en el Congreso. En cambio, coquetea con las candidaturas de 2027. Con LLA asegurando que va a disputar la Ciudad, Macri amaga con postularse a nivel nacional. El macrismo juega con la posibilidad de dividir la oferta electoral, obturando el plan de Milei de ganar en primera vuelta. “Realmente no entendemos por qué no hacen una política de seducción con nosotros… por qué juegan a mearnos… ¿Cómo van a decir que Mauricio no puede ser candidato porque le hace el juego al kirchnerismo? Nosotros le podíamos decir lo mismo a Milei en 2023”, se exasperó un ladero del ex presidente.

Nadie tiene en claro si Macri tiene voluntad real de candidatearse, pero quienes lo tratan notan que está a gusto con la reivindicación que percibe en el círculo rojo. “El año pasado la política lo arrastraba, ahora está más entusiasmado”, agregan.

Mientras la Ciudad es el eje de discordia entre amarillos y violetas, en la provincia madura la idea de que el ministro del Interior, Diego Santilli, será el candidato a gobernador de unidad de ese espectro, pese a los clamores focalizados por Sebastián Pareja. La entronización del “Colo” no será sin una prueba de amor. ¿Karina Milei le pedirá a Santilli que se afilie a LLA? “Sí, claro, va a ser todo un evento político”, dicen en las filas de la secretaría General de la Presidencia. En el PRO quisieran evitar ese trance.

Después de una semana sin verse las caras, el próximo lunes 25, cuando se conmemore la Revolución de Mayo, Santiago Caputo, Martín Menem, Adorni y Bullrich volverán a verse las caras en la reunión de Gabinete. Circuló la versión de que el encuentro sería solo con ministros -es decir, que los actores más conflictivos quedarían afuera de la mesa- pero eso por ahora no fue confirmado por la Casa Rosada. Se verá si el clima patrio los ayuda a mostrarse civilizados. En definitiva, si algo tienen en común, es que todos quieren conservar el poder más allá de 2027. A veces, pareciera, más que el propio Javier Milei.

La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados confirmó este miércoles 20 de mayo que no existe ninguna solicitud formal para retirar el fuero constitucional al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, acusado por el gobierno de Estados Unidos de mantener presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La confirmación llega cuando el legislador sinaloense acumula 21 días de ausencia en sesiones del Congreso de la Unión desde que Washington anunció los cargos en su contra el pasado 29 de abril de 2026.

“Tampoco hay ninguna solicitud hasta estos momentos para retirar el fuero constitucional al senador Inzunza de Sinaloa. En estos momentos no ha llegado nada. Me han preguntado algunos medios y nosotros todavía no tenemos ninguna solicitud y desde luego que esa sí es competencia del pleno, de la sección instructora, inmediatamente procederíamos”, declaró Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, en un breve encuentro con reporteros.

Flores precisó que la secretaría general de la Cámara de Diputados es quien turnaría el oficio a la subcomisión correspondiente, pero que dicho órgano ni siquiera está instalado.

¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza Cázarez enfrenta cargos formales en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para la importación de narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Quedó incluido en el expediente S9 23 Cr. 180 junto al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de esa entidad.

Según el expediente, Inzunza Cázarez habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021, cuando era secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Inzunza asumió su cargo como senador en activo por Sinaloa en agosto de 2024.

El senador ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra. Argumenta que son falsas y que las demostrará desde su curul, razón por la que descartó solicitar licencia. A diferencia de Rocha Moya, quien sí pidió licencia al cargo, Inzunza conserva su escaño y su fuero constitucional.

Inzunza ausente en tres sesiones desde el 29 de abril

Pese a que el funcionario asegura no temer y seguir en el país, ha tenido ya varias ausencias desde el anuncio de los cargos en EEUU.

La primera ausencia del senador se registró el mismo 29 de abril, en la sesión de la Comisión Permanente, el día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación en su contra. El 6 de mayo publicó en redes sociales que no asistiría para evitar lo que describió como “un espectáculo de la oposición”. El 13 de mayo, el senador Alejandro Murat acudió como su suplente.

Desde entonces, Inzunza no ha sido visto públicamente y en redes ha afirmado que permanece en Sinaloa y que no ha tenido contacto con autoridades de Estados Unidos.

Monreal lo respalda; dentro de Morena ya hay distancia

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, salió en respaldo del legislador sinaloense este miércoles. Consultado sobre su posible asistencia a la sesión extraordinaria prevista para este jueves 21 de mayo, en la que se discutirá la reforma que aplaza la elección judicial a 2028, Monreal fue directo.

“Él es muy responsable, seguramente estará aquí”, dijo Monreal. “Yo creo que él va a actuar con responsabilidad y seguramente va a estar aquí. Es lo que creo”, reiteró a los medios.

El coordinador también subrayó que en México se aplican las leyes nacionales y no las determinaciones de otros países, en referencia indirecta a los cargos formulados por Washington. “En México, se aplican las leyes que creamos nosotros”, sostuvo, al remarcar que los acuerdos internacionales, incluido el de extradición, deben respetarse dentro del marco de la soberanía nacional.

Su par Ignacio Mier evitó pronunciarse sobre el caso, “por respeto” a la presencia de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica de la Presidencia Luisa María Alcalde en el acto donde fue entregada la iniciativa presidencial al Poder Judicial.

Pese al respaldo de Monreal, dentro de Morena ya hay señales de distancia política con el legislador sinaloense. La hoy dirigente de Morena, Ariadna Montiel, descartó públicamente que Inzunza pueda competir en las elecciones de 2027, en una señal de que el partido toma precauciones ante el peso de las acusaciones estadounidenses, aunque sin pronunciarse sobre su situación judicial.

Tras perseguir a un par de senadores dialoguistas para el quorum y las firmas necesarias, el oficialismo obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría de la ley que “blinda” la propiedad privada. El texto inicial recibió varias modificaciones reclamadas por los aliados y libertarios buscarán llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta en las próximas semanas.

La previa fue tensa. De hecho, el kirchnerismo, al ver que las cuentas no daban para acelerar el convite -que venía de un cuarto intermedio, aunque el quorum se precisaba igual-, se retiró del salón Arturo Illia para dejar a La Libertad Avanza expuesta en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Por caso, la jefa mileista, Patricia Bullrich (Capital Federal), se fue de urgencia a otro evento a pescar al radical Flavio Fama (Catamarca). Regresaron juntos. Otro que aterrizó más ajustado, con teléfono en mano y sonriente como si nada pasara -aunque cumplió-, fue el karinista Juan Carlos Pagotto.

En medio de todo esto, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), tuvo que hacerse cargo del plenario. No le correspondía a ella, sino a su compañero de bancada y titular de Asuntos, Agustín Coto. Según confiaron fuentes de la Cámara alta a Infobae, el fueguino se encuentra de viaje en el exterior y, con ello, casi complica la actividad programada para la jornada de hoy.

Cambios

Las sugerencias que avaló La Libertad Avanza fueron comentadas por la propia Bullrich y coincidieron con lo relatado días atrás por este medio. Las más conocidas apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Además, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó Bullrich, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner durante la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, “se dinamita el plazo de 60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

La vice de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista Florencia López (La Rioja), se quejó del apuro y, seguido a ello, su colega Jorge Capitanich advirtió sobre expropiaciones. Presentará una propuesta en ese sentido.

Ya algo tarde, la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy), premiada este año nada menos que con la vicepresidencia del Cuerpo y lugares estratégicos -como una silla en la bicameral de inteligencia- sugirió juntar los aportes de los grupos justicialistas/cristinistas para un nuevo encuentro la semana próxima.

Luego, Moisés se tomó varios minutos para marcar contrapuntos. Es decir, bien alejada del dictamen. “Lo más curioso fue que su ex ladero Fernando Salino (San Luis), si bien rechaza el proyecto, reconoció que La Libertad Avanza aceptó algunos planteos que aparecen ahora en el despacho de mayoría. Incluso, sin ser parte de las comisiones".

Al final del plenario, Bullrich contempló que el dictamen podría sumar correcciones de acá al momento de aterrizar al recinto. Se pensaba una sesión para el jueves 28 de mayo, aunque la senadora porteña deslizó que esto ocurriría, quizás, en la semana siguiente. Dependerá del número que haya y si regresan los viajantes.

El senador de la provincia Samaná anunció que presentará ante el Senado de la República un proyecto de ley para que el 10% de los fondos recaudados por bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, bajo la Ley 60-23, se destine a políticas de protección y acompañamiento para mujeres sobrevivientes de violencia.

La constatación de esta brecha presupuestaria se produce en un contexto marcado por asesinatos reiterados de mujeres a manos de sus parejas, una situación que el legislador describe como pandémica y escandalosa. En los primeros tres meses del año, el Ministerio Público registró 17.552 denuncias de violencia de género, según declaraciones de Catrain Bonilla.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer las herramientas estatales para la atención integral de las víctimas. Entre las medidas previstas figura la creación de casas de acogida donde se brinde asistencia psicológica y legal, y la implementación de unidades de respuesta inmediata ante situaciones de peligro.

Catrain Bonilla remarcó que el mayor volumen de denuncias proviene del entorno familiar de las víctimas, lo que resalta la urgencia de una respuesta estatal que enfatice la prevención y la intervención temprana. Afirmó que una política efectiva requiere recursos: “no más compromisos sin presupuesto”, advirtió, y cuestionó la costumbre de aplicar soluciones solo después de cada tragedia.

El senador describió como alarmante el saldo de 22 mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales únicamente en el primer trimestre, rechazando la resignación ante el crecimiento de estas cifras. Su pronunciamiento fue enfático: “Esmeralda Moronta y Carolina Beltré no son una estadística más, son vidas arrebatadas, una familia rota, una familia destruida. No más nombres en la lista”.

El anuncio detalla que el senador Pedro Catrain Bonilla, vicepresidente del Senado y representante de Samaná, impulsará una ley que destine el 10% de los fondos provenientes de bienes en extinción de dominio a políticas públicas de protección para mujeres víctimas de violencia. La propuesta surge a partir de las 17.552 denuncias de violencia de género y el asesinato de 22 mujeres en tres meses, cifras que exhiben una crisis nacional y fundamentan la urgencia de la decisión.

La iniciativa legislativa cuenta con respaldo multipartidista: las senadoras Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís) y Ginette Bournigal (Puerto Plata) solicitaron ser coproponentes del proyecto, de acuerdo con el Listín Diario.

Catrain Bonilla anticipó la convocatoria a la Procuraduría, el Ministerio de Interior y Policía, otras dependencias estatales y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de recibir aportes al proyecto y modificar la estructura presupuestaria vigente. Las medidas previstas incluyen la educación en escuelas, la creación de casas conductuales para hombres sometidos a procesos por feminicidio y la prevención activa.

Según el legislador, la meta es que en 2026″no termine con más madres llorando a sus hijas, que no tengamos que volver a pronunciar más nombres en esta lista", defendiendo que la intervención temprana respaldada por presupuesto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para las mujeres dominicanas.

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde un proyecto del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) para crear una segunda sala en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Durante la reunión expuso el titular de la única sala allí vigente, Alejandro Osvaldo Tazza, quien habló de “colapso”. El magistrado detalló que Mar del Plata es el único lugar en el que la justicia federal de la Provincia no suma otra Cámara, a diferencia de San Martín, La Plata y Bahía Blanca.

Según Tazza, la competencia original “se fue ampliando” y, en la actualidad, ya ocupa “el 40%” de Buenos Aires. Luego, explicó: “Unos 8.900 expedientes ingresaron año pasado, con un promedio de casi 35 por día hábil y dos jueces en una sola sala”.

El magistrado añadió que el el “75% apunta al carácter previsional y de salud”, algo “imposible de abordar ante semejante cantidad de expedientes para un mismo tribunal”. En ese sentido, reconoció: “El margen de error es superior y va mellando lo físico y lo mental, con un incremento de pedido de licencias”.

Por su parte, Abad señaló que “una justicia eficaz no sólo justa, sino también rápida”. Y agregó: “La sociedad pide claramente que haya servicio y eso se lo da una justicia que esté a la altura de las circunstancias”. En los fundamentos de su iniciativa, el bonaerense resaltó que “se trata de un órgano judicial de competencia múltiple, por lo que debe resolver aquellas cuestiones vinculadas con los expedientes Civiles, Comerciales, Laborales, Contencioso Administrativo y Penales”.

Coincidió la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dijo que “de 1992 hasta ahora”, la situación es “irreconocible”, con “zona de puertos, lugares de delitos federales y complejos y una población que crece de una manera muy importante y permanente, con más de 900.000 personas viviendo en la ciudad”. La porteña dejó en claro que, en caso de avanzar este asunto, deberá contemplar el presupuesto correspondiente.

La reunión tuvo otro tema en consideración sobre una reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con dos proyectos que empujan las comprovincianas -del filo macrismo- Beatriz Ávila y -del peronismo- Sandra Mendoza.

De hecho, disertó durante el convite la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Patricia Marcela Moltini. Como Ávila y Mendoza no se pusieron de acuerdo hasta arrancado el plenario, una vez finalizado el mismo se quedaron junto a la magistrada para pincelar un despacho.

Lo más curioso de la tarde ocurrió tras bambalinas, con legisladores de diferentes espacios que comenzaron a hacer preguntas por pliegos judiciales que tienen -según sus cuentas- las firmas necesarias para ser considerados de mayoría y que, no obstante, no aparecen como tales. “A veces siento que el oficialismo se busca problemas innecesarios”, manifestó a Infobae un referente dialoguista.

El texto de Abad podría incorporarse en la sesión que piensa La Libertad Avanza para el jueves de la semana próxima. Un tema ya está asegurado: el acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, que también avanzó durante la jornada de hoy.

Otro articulado a sumarse, en caso de ser despachado mañana, es el de la Casa Rosada sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que se debatirá desde las 11.30 en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado, que comandan los libertarios Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Son varios los cambios otorgados a favor de los aliados: eliminación del capítulo sobre el RENABAP y modificaciones en cuanto a venta de tierras a extranjeros -más poder a gobernadores- y desalojos exprés con consideraciones en sectores vulnerables.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado volvieron a firmar esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos holdouts, que implicará un pago total de USD 171 millones. El Congreso tiene un nuevo plazo para sancionar esto y será hasta el 30 de junio próximo.

El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones, al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

La iniciativa ya había sido dictaminada y estuvo a punto de aprobarse en el recinto de la Cámara alta la semana pasada. No ocurrió debido a una adenda de último momento enviada por el Ejecutivo y el pleno decidió que el articulado volviera a foja cero. Esta tarde se rubricó en las comisiones que comandan el libertario Agustín Monteverde (Presupuesto) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Economía Nacional).

Una de las primeras aclaraciones que dio esta tarde el primer expositor y procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, fue que no hubo error alguno desde el Estado, sino que el fondo Attestor informó tarde que uno de los bonos -a entregar por el pago y fin del litigio- ya no estaba más en su poder, lo que obligaba a readecuar con una enmienda.

Amerio disertó junto a su segundo; Juan Ignacio Stampalija; y al secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, quienes en una hora evacuaron las consultas de legisladores opositores y dialoguistas.

De hecho, los peronistas Jorge Capitanich -el chaqueño es uno de los pocos que suele ir preparado a los debates- y el puntano Fernando Salino agradecieron a los funcionarios por haberse presentado a explicar el tema, algo tan básico como necesario.

Fue Amerio quien remarcó que la adenda en cuestión se gatilló tras una notificación sobre bonos comprometidos en el convenio que Attestor ya no tenía en su haber y que “la Argentina no tenía la posibilidad” de verificar ello “de forma independiente”. “No hay ninguna modificación sobre el otro grupo”, aseguró. Y sumó: “A pesar del cambio, no se modificó el monto del acuerdo y no generó una exposición adicional de alguna forma o condición”.

“Se eliminaron los bonos que el acreedor no estaba en condiciones de entregar, pero no hay cambio sobre monto. Todos van a ser entregados, no se modifica la sentencia y es lo que no hay que perder de vista. Es un acuerdo para cerrar juicios y los bonos serán entregados”, observó Stampalija.

Por su parte, García Hamilton detalló que la compulsa en los tribunales norteamericanos implicaba un total de USD 465 millones que, tras la quita, quedará en USD 171 millones. “De 2001, son los dos más grandes que teníamos, con sentencias firmes con ‘Discovery’ y en el juzgado de -Loretta- Preska”, añadió, y deslizó el nuevo plazo -consensuado vía mail- hasta el 30 de junio.

De todo el embrollo de 2001 y la costosa cesación de pagos quedaría una puja menor, por USD 15 millones. Los invitados también advirtieron sobre lo costoso que implica contratar abogados en los Estados Unidos para seguir este tipo de causas que, en algún caso, superan en el tiempo a los juicios que se realizan contra el país.

Un conflicto que continúa vigente apunta a los bonos atados al cupón PBI que empuja Palladium, en Inglaterra, por 1.500 millones.

El Gobierno tiene previsto enviar un tercer paquete de proyectos al Congreso hacia el fin de esta semana. Se trata del grupo de iniciativas que fueron debatidas en la última reunión de mesa política realizada la semana pasada en la Casa Rosada. Esta tuvo como resolución final el envío de cerca de 10 proyectos para ambas cámaras, entre los cuales estará el denominado Súper RIGI, que tendrá prioridad en el tratamiento legislativo.

“El viernes vamos a enviar el nuevo paquete de leyes al Congreso”, afirmó a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. La decisión se tomó en los últimos días y se efectivizará antes de que se produzca una nueva reunión de la cúpula política del Gobierno, la cual se prevé para el próximo martes 26 de mayo. La composición del paquete final de proyectos no se dio a trascender todavía: solamente la presencia de la nueva edición del RIGI.

A diferencia del RIGI vigente, la versión ampliada será un nuevo régimen de incentivos para atraer industrias que actualmente no existen en la Argentina. Reducirá la tasa de impuesto a las ganancias del 25 % al 15 %, ofrecerá una amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero), eliminará completamente los aranceles de importación y exportación vinculados a la producción, limitará el cobro de ingresos brutos por parte de las provincias adherentes al 0,5%, y prohibirá que los municipios cobren tasas sobre ventas que funcionen como impuestos encubiertos.

En tanto, la agenda legislativa de La Libertad Avanza avanza en paralelo en ambas cámaras del Congreso con una estrategia que combina la acumulación de votos propios y de bloques aliados, el bloqueo de iniciativas opositoras y la negociación a contrarreloj de proyectos que el oficialismo considera prioritarios para la gestión libertaria.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a una sesión para este miércoles a las 10 de la mañana con dos platos fuertes en el temario: la llamada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y la reforma del régimen de subsidios al gas en zonas frías.

El bloque libertario estima contar con alrededor de 132 diputados, cifra que supera el piso del quórum. Esos votos se construyen sobre los 95 legisladores propios de La Libertad Avanza (LLA), a los que se suman 12 del PRO, 9 de Innovación Federal, 6 de la Unión Cívica Radical (UCR), 3 de Elijo Catamarca, 3 de Independencia, 2 del MID y otros 2 de Producción y Trabajo.

La convocatoria tiene, además, un objetivo político preciso: neutralizar una sesión paralela pedida por la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón y otros legisladores habían solicitado al presidente de la Cámara, Martín Menem, fijar el recinto para el mismo miércoles a las 11, con un temario centrado en el control político del Ejecutivo. Ese temario incluía pedidos de informe verbal y escrito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto con iniciativas para ampliar licencias parentales, restablecer prestaciones en el PAMI y recrear el Programa Nacional Remediar. Al fijar su sesión una hora antes, el oficialismo bloquea de facto esa convocatoria: si LLA abre el recinto, la sesión opositora no puede realizarse.

La Ley Hojarasca propone derogar más de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, desde regulaciones sobre microfilmación en el Ejército hasta la obligación de tramitar un carnet especial para viajar como mochilero, vigente desde 1974. El proyecto obtuvo dictamen por mayoría el 21 de abril en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, tras modificaciones que redujeron su alcance original para sumar apoyos políticos. La oposición denuncia que el proyecto encubre la derogación de leyes sensibles, entre ellas las de preservación de Bienes y Patrimonios Culturales y la Ley de Medicamentos.

El segundo punto del temario busca revertir la ampliación territorial del régimen de subsidios al gas dispuesta en 2021 por la Ley 27.637. Esa norma extendió el beneficio desde cerca de 950.000 hogares en la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe a más de 4 millones de usuarios en todo el país.

Con el proyecto oficial, los 55 departamentos de la provincia de Buenos Aires y localidades de otras diez provincias que fueron incorporados en esa ampliación perderán la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas, y solo conservarán un subsidio adicional aquellos hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuyo umbral de acceso equivale a no superar tres Canastas Básicas Totales para una familia tipo, valuadas en unos $4.300.000 a valores de abril de 2026.

Mientras Diputados prepara su sesión, en el Senado la agenda del oficialismo también se mueve en varios frentes simultáneos. El más avanzado es la ley que “blinda” la propiedad privada: LLA aceleró las negociaciones con los bloques dialoguistas y el proyecto buscará dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, convocado desde las 11.30.

Un primer acuerdo de base ya había sido sellado a comienzos de mayo en una cumbre entre la jefa del interbloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y sus pares de la UCR, el PRO y referentes de bloques provinciales. Tal y como adelantó Infobae semanas atrás, se acordó la eliminación completa del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), una concesión que implicó una derrota para Sturzenegger, quien había propuesto delegar ese sistema en las provincias.

Quedan por resolver dos puntos sensibles: los desalojos exprés y la venta de tierras a extranjeros. Sobre el primero, se perfecciona la redacción vinculada a juicios sumarísimos y se incorpora una protección mínima para sujetos vulnerables —menores, personas con discapacidad y adultos mayores desamparados—, con intervención del Ministerio Público Tutelar. Sobre el segundo, la propuesta elimina el viejo sistema de topes generales por porcentajes, nacionalidad o hectáreas, y establece que cada distrito conservará la jurisdicción sobre su territorio, con prohibición expresa de adquisiciones por parte de Estados extranjeros o sociedades controladas por ellos. En zonas de frontera, la compra requeriría autorización previa de la Nación.

De lograr el dictamen, Bullrich proyecta una sesión para la semana próxima que incluiría también el acuerdo con dos fondos acreedores —Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP— por u$s 171 millones. Ese convenio, que estipula una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes bajo jurisdicción estadounidense, ya había sido dictaminado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión. El Estado argentino cancelaría los pasivos con un pago de u$s 67 millones al primero y u$s 104 millones al segundo. Horas antes de la sesión del jueves pasado, sin embargo, llegó desde Balcarce 50 una enmienda que devolvió el proyecto a foja cero.

El acuerdo adopta el formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales del litigio. Un avance en este expediente derivaría en la finalización de los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina, según consta en el documento enviado al Congreso con las firmas de Milei, del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Adorni.

El otro frente abierto en el Senado es Ficha Limpia, que ya se convirtió en una disputa política antes de que su debate formal haya comenzado en la comisión de Asuntos Constitucionales. Los bloques dialoguistas presionan para tratar los proyectos sobre esa materia de forma separada de la reforma política integral que impulsa la Casa Rosada —que incluye la eliminación de las PASO, entre otras modificaciones—, dado que el Gobierno no tiene los votos asegurados para esa agenda más amplia. El titular de la comisión, el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), dejó escapar en la primera reunión que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”, una señal que generó malestar en el propio oficialismo.

El Gobierno nacional resolvió frenar el tratamiento en el Senado de los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, después de que sus nombres quedaran bajo revisión política por intervenciones judiciales relacionadas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la Casa Rosada no prevé por ahora retirar formalmente las postulaciones, como se había especulado recientemente, sino que optó por postergar su tratamiento parlamentario hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resuelva la apelación presentada por Tapia y Toviggino en la causa donde ambos fueron procesados por apropiación indebida de aportes y tributos y asociación ilícita.

El Gobierno decidió suspender el avance legislativo sobre los pliegos de Catania y Galván Greenway, quienes actualmente integran juzgados con intervenciones en expedientes vinculados a la conducción de la AFA, hasta que se resuelva la situación judicial de Tapia y Toviggino, según informaron fuentes del oficialismo.

La definición tiene impacto político y judicial, dado que los dos magistrados postulados ocupan actualmente juzgados con antecedentes en causas sensibles para el fútbol argentino. En la Casa Rosada evalúan que avanzar con los ascensos podría generar cuestionamientos en medio de investigaciones que afectan a la cúpula de la AFA.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico cuenta actualmente con una integración mínima: solo el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio conforman las Salas A y B, respectivamente, mientras los demás cargos permanecen vacantes. Este tribunal será el encargado de definir la apelación presentada por Tapia y Toviggino en el expediente que investiga presuntas irregularidades tributarias y previsionales.

En el oficialismo existe la decisión de aguardar esa resolución antes de habilitar cualquier avance legislativo. Los expedientes se encuentran formalmente en el Senado y forman parte del paquete de nombramientos judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques.

Se trata del Expediente PE. 35/26, mensaje N° 46/26, que solicita acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, al doctor Alejandro Javier Catania, conforme mensaje N° 99/26. El Expediente PE. 37/26, mensaje N° 48/26, solicita acuerdo para designar vocal de la misma Cámara, Sala A, al doctor Juan Pedro Galván Greenway, también conforme mensaje N° 99/26.

Ambos candidatos ya atravesaron la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo, en el marco del procedimiento constitucional para la cobertura de vacantes judiciales.

No obstante, fuentes parlamentarias de la comisión indicaron a Infobae que no existe una definición política sobre el futuro de ambos pliegos y, por el momento, no hay fecha prevista para su tratamiento en el recinto.

La situación de Galván Greenway quedó especialmente expuesta por su intervención en una resolución favorable a Tapia en una causa sobre supuestas irregularidades en el manejo institucional de la AFA. Este antecedente provocó cuestionamientos internos en el oficialismo y observaciones políticas en sectores parlamentarios.

En el caso de Catania, las objeciones se centran en antecedentes de actuación judicial y vínculos políticos que volvieron a ser analizados en el contexto del avance de investigaciones sobre la estructura financiera de la AFA y las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La decisión de congelar los ascensos coincide con el endurecimiento de la estrategia oficial respecto al fútbol argentino. En las últimas semanas, el Gobierno designó veedores en la AFA y la Superliga, mientras distintos expedientes judiciales pasaron a fueros federales y penales económicos.

Entre estos procesos se destaca la causa que tramita en el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino fueron procesados por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Recientemente, una ampliación de denuncia presentada por ARCA incorporó sospechas de asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa.

Este expediente se convirtió en uno de los focos judiciales más sensibles para la cúpula de la AFA y es seguido de cerca por el Gobierno, sectores del Poder Judicial y el Congreso.

En este contexto, la Casa Rosada busca evitar que los ascensos de magistrados relacionados con decisiones judiciales favorables a la cúpula de la AFA queden expuestos políticamente antes de la resolución de la Cámara sobre un caso de alto impacto institucional y mediático.

Fuentes oficiales insistieron ante Infobae en que la decisión “no implica bajar los pliegos”, sino administrar los tiempos políticos y parlamentarios hasta que exista una definición judicial sobre la apelación pendiente.

La Libertad Avanza acercó posiciones con la oposición dialoguista en el Senado y la ley que “blinda” la propiedad privada intentará ser dictaminada mañana, en un plenario que realizarán las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, desde las 11.30.

En realidad, un primer consenso ya había sido sellado al comienzo del corriente mes, tras una cumbre entre la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y sus pares de la UCR, el PRO y referentes de silvestres provinciales.

Durante dicho convite, se consumó la eliminación completa del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares(ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien disertó en el Senado y denostó el sistema en manos de Nación. El funcionario quería delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una millonada en juego.

Los otros dos puntos “sensibles” apuntan hacia los desalojos exprés y la venta de tierra a extranjeros. En cuanto al primero, se mejorará la redacción relacionada con juicios sumarísimos y se mantendrá la acción contra intrusos. Además, se incorporará una protección mínima para sujetos vulnerables, con intervención de organismos locales y del Ministerio Público Tutelar cuando una situación involucre a menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.

Para el segundo caso, se modificará la lógica de la normativa sobre tierras rurales. Cada distrito conservará la jurisdicción sobre su territorio y quedarían prohibidas las adquisiciones por Estados extranjeros y sociedades o estructuras controladas por ellos.

En tanto, ya no aparecería el viejo sistema de topes generales por porcentajes, nacionalidad o hectáreas. Festejarán los mandatarios locales. No obstante, en zonas de frontera, habría una intervención de la provincia con autorización previa de Nación. Todo esto, siempre y cuando no se sumen observaciones extra de cara al plenario de mañana.

De lograr el dictamen, Bullrich ya avizora una sesión la semana próxima no sólo por este proyecto, sino por otro que vino rengo desde el Ejecutivo y ahora tiene prioridad máxima para ser sancionado, ya que ni siquiera pudo ser aprobado días atrás por la Cámara alta: un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones.

La iniciativa ya fue dictaminada por las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión. Se tendría que haber votado y girado a Diputados el jueves pasado. Horas antes del recinto, aterrizó una enmienda desde Balcarce 50. Se devolvió a comisión y, por ende, foja cero. Hay tiempo hasta finales de mayo para la luz verde del Congreso.

Para el encuentro de las próximas horas -16- se presentarán a disertar el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; su segundo; Juan Ignacio Stampalija; y el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.

El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 millones, al primero; y u$s104 millones, al segundo.

Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores gatillar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Ficha Limpia ya se convirtió en una nueva novela en el Senado, pese a que ni siquiera comenzó su debate real en la comisión de Asuntos Constitucionales. Tras un guiño en la sesión del jueves último, los bloques dialoguistas forzarán una discusión por separado de diversas iniciativas ya presentadas en la Cámara alta, ante un Gobierno que sólo aceptará siempre y cuando corra, en simultáneo, a la amplia reforma política que desea la Casa Rosada, hoy sin votos necesarios asegurados.

La semana pasada, el oficialismo no pudo ofrecer, ni siquiera, un mensaje claro pese a la orden tajante de Balcarce 50. “No hay ninguna intención de tratar todo junto”, se le escapó al -ya casi usual- oscilante titular de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto (Tierra del Fuego), en la primera reunión para analizar el articulado electoral, que apunta a dinamitar las PASO, entre otras cosas. El legislador se mostró algo ofuscado tras ese convite. Mismo caso para un puñado de ignotos “groupies” virtuales.

Quien adoptó un carril más prolijo esa jornada fue la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. En paralelo, la porteña buscó una solución que, por sobre todas las cosas, no implicase un estallido antes de una inminente sesión. Gracias a esa gestión, bancadas como el PRO, la UCR y silvestres provinciales no solicitaron la mencionada preferencia. Un ítem a seguir de cerca: la ex ministra no gatilla cumbres de su tropa hace varios días.

Bullrich no solo logró eso, sino que además ganó tiempo ante la presión aliada. Es que, para la corriente semana, la comisión de Asuntos no se juntaría para la reforma política —sí la siguiente— y/o Ficha Limpia, sin importar si esto irá o no unido. En principio, solo lo haría para intentar dictaminar la ley libertaria que “blinda” la propiedad privada. La convocatoria será en plenario, junto a la de Legislación General. Se aguardan novedades para la tarde de hoy.

Al término de la sesión del jueves pasado, una senadora dialoguista al tanto del embrollo deslizó a Infobae: “Nosotros vamos a pedir que se ponga a la vista el conjunto de proyectos sobre Ficha Limpia que sin dudas irán más rápido que una reforma política hoy trabada. El Gobierno quiere que se dictamine todo el mismo día, algo imposible a la hora de comparar el aval de cada tema. No queda más margen para esconderse de nada”.

Será interesante ver cómo resuelve no tanto el oficialismo, sino la propia Casa Rosada. Es que, ante posturas inflexibles -no hay consenso-, no firmar esta ley -aliados tienen con qué presionar- se aproximaría a la casi segura negativa del kirchnerismo. Por caso, el interbloque peronista ubicó como vice de Asuntos Constitucionales a la ex vicegobernadora Florencia López (La Rioja), una de las pocas voces que no pierde ocasión para denostar al Gobierno. Otros de sus colegas, de repente, viraron hacia un silencio -para nada- llamativo.

Round 2 por holdouts

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión volverán a rubricar mañana un despacho del proyecto que avala un entendimiento del Estado argentino con dos fondos buitre, por u$s 171 millones.

El acuerdo estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP convaliden una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, se cancelarán los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 millones al primero, y u$s 104 millones al segundo. Por una adenda que mandó el Ejecutivo, durante la reciente sesión, la iniciativa volvió a foja cero. Esto implica gestionar de manera correcta para no repetir errores infantiles.

Por otra parte, mientras se aguarda el llamado por propiedad privada, la ley de salud mental será retomada el miércoles, para oír a un nuevo ramillete de expositores. Ocurrirá en el plenario de las comisiones de Salud; y de Legislación General. Ambas son comandadas por libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

A poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral, la discusión en el Senado ingresó en una semana definitoria, con una sesión extraordinaria convocada para pasado mañana, a partir de las 11. El destino de la ley intentará ser blindado durante una reunión clave que mantendrán por la tarde de hoy la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota.

Desde que se firmó el despacho en cuestión -diciembre último-, la aprobación en general de la iniciativa estuvo asegurada, salvo para los pícaros operadores de turno que recién días atrás se enteraron que, en estas compulsas, las que importan de verdad son las votaciones en particular.

En dicha instancia es donde el asunto aún no está comprometido, con el oficialismo y algunos acompañantes -no todos- que pasaron de un 80% cerrado a un 95%, como mencionó la propia Bullrich días atrás. No sería extraño que, en las próximas horas, la ex ministra de Seguridad hable de 97 o 98%. Hasta el miércoles, este desgastante juego sin efectos reales continuaría por el mismo carril. Como si el tema no mereciera respeto y rigurosidad, tras décadas de intentos fallidos.

Durante el fin de semana, Infobae contó que los potenciales aliados del Gobierno ya le avisaron a Bullrich que, tras el guiño inicial en el recinto, para la votación en particular se sugeriría una moción que implica capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.

La instancia es compleja debido a que del lado opositor se encontrarán unidos el por ahora casi mudo kirchnerismo, un puñado de peronistas en modo amor/odio con Javier Milei, y dos o tres silvestres provinciales siempre al “salto por el bizcocho”. El análisis de la ley laboral fue poco profundo por quienes detestan a la administración central. La Casa Rosada, feliz.

Para el convite de hoy, los pasos de Bullrich parecen claros, aunque este oficialismo es incierto. Entonces, la cuenta repetida hasta el hartazgo es la siguiente: La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto.

Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Elena Gadano, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.

En el oficialismo además miran, con cierto cariño, a los cinco “justicialistas” de Convicción Federal, que regalaron gestos cuando se sancionó el Presupuesto 2026. Días atrás, volvió a inflarse el globo de ensayo de ruptura total con el interbloque “Popular”, hoy en manos del formoseño José Mayans. Lo más llamativo de los justicialistas -ahora ofuscados con La Cámpora- es que ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para votar una iniciativa. Tampoco, para las “avivadas” con inminentes anuncios de ruptura total que, hasta ahora, sólo fueron para negociar.

El panorama es más desalentador si uno revisa las declaraciones de estos meses atrás, cuando se consumó la prisión efectiva de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, ahora enemiga acérrima. Por eso, el Gobierno acelera fiel a su costumbre simplificada de “por todo y contra todos”. Del otro lado, la pelea no es por el poder -hace muchísimo-, sino por la mínima supervivencia en un sistema con menos herramientas -aunque igual de tóxicas que en los últimos largos años- y fondos. Por eso es que la puja de esta semana en el Congreso deja de ser técnica para La Libertad Avanza y vira a simbólica. Mientras tanto, hay demasiadas millonadas en contienda.

Las trifulcas principales a “resolver” apuntan: caída de la Coparticipación, con otra pirueta de mandatarios provinciales para operar una solución, tan sólo después de tres distintas ofrecidas; si los aportes en sindicatos y “entidades” empresariales serán todos voluntarios u obligatorios -guerra sin respuesta y dudas que alarman ya a varios despachos-; la esencialidad de algunas actividades; la ultraactividad y batalla gremial por convenios colectivos de trabajo; los plazos diversos para implementar nuevos mecanismos del mundo laboral o tributario; dineral hacia obras sociales; y el fondo de asistencia ante despidos, entre otras cuestiones. La apuesta opositora es aglutinar enojos para conseguir el milagro en el recinto o ir directo a Diputados -con kirchneristas, peronistas y cómplices disfrazados de radicales u otros híbridos- para forzar modificaciones y un regreso, en segunda división, a la Cámara alta.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el último 15 de mayo el conteo oficial al 100% de las Elecciones Generales 2026, confirmando el pase a segunda vuelta de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Pese a que los resultados presidenciales ya están prácticamente definidos, aún falta una etapa clave para conocer oficialmente cómo quedará conformado el nuevo Senado.

La duda se ha intensificado, ya que este proceso marca el retorno de la bicameralidad en el Perú y todavía existen procedimientos administrativos y legales pendientes antes de la proclamación definitiva de congresistas y senadores electos.

¿Qué falta para la proclamación oficial de resultados?

El balotaje presidencial del próximo 7 de junio enfrentará oficialmente a Fujimori y Sánchez. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía debe realizar la proclamación formal de resultados.

El especialista en temas electorales José Tello explicó en RPP que el siguiente paso corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE), encargados de las proclamaciones descentralizadas.

“Lo que falta ahora son las proclamaciones descentralizadas. Cada uno de los jurados electorales especiales tiene que proclamar los resultados de la elección presidencial”, detalló. En total existen 60 Jurados Electorales Especiales a nivel nacional.

Luego de ello, el Jurado Nacional de Elecciones consolidará toda la información para emitir la proclamación oficial de los candidatos que pasarán a segunda vuelta. Según el cronograma electoral, el proceso descentralizado culminará como máximo el sábado 16 de mayo y el domingo 17 el JNE realizará la proclamación oficial presidencial.

¿Cuándo se conocerá oficialmente la composición del Senado?

Aunque ya existen proyecciones bastante claras sobre qué partidos tendrán representación parlamentaria, la conformación oficial del nuevo Congreso bicameral todavía tardará algunos días más.

José Tello estimó que la proclamación definitiva de senadores podría concretarse hacia finales de mayo o durante la primera semana de junio. Después de la proclamación, comienza la etapa de entrega de credenciales: el Jurado otorga las credenciales que permiten a cada parlamentario iniciar el trámite administrativo ante la Oficialía Mayor del Congreso.

Ese procedimiento es necesario antes de la juramentación oficial prevista para el próximo 26 de julio.

¿Cuántos partidos ingresarían al nuevo Congreso?

Según explicó el especialista, actualmente existen seis organizaciones políticas que ya tendrían prácticamente asegurada representación parlamentaria. La agrupación País para Todos, vinculada a Carlos Álvarez, quedaría fuera debido a que no habría cumplido con los requisitos de la valla electoral. Aunque el partido habría alcanzado más del 5% de votos válidos, no logró obtener el número mínimo de representantes exigidos por la ley para acceder al Congreso bicameral.

Tello indicó que lo más variable en este momento es el voto preferencial dentro de cada partido político. Aunque ya se conoce aproximadamente cuántas curules tendrá cada agrupación, aún existe competencia interna entre candidatos de una misma lista para definir quién finalmente ocupará cada escaño.

“Entre los propios candidatos de un determinado partido hay una competencia por quién ocupa la curul”, afirmó Tello. Por ello, los resultados individuales para Senado todavía podrían registrar ajustes menores en los próximos días.

¿Todavía se pueden presentar impugnaciones?

José Tello explicó que la normativa contempla un plazo de tres días para presentar observaciones o impugnaciones, pero únicamente por errores materiales en las actas de proclamación.

“El marco normativo contempla un espacio de tres días para impugnar, pero básicamente por un tema de error material”, precisó.

Además, indicó que los escenarios de nulidad previstos por ley son extremadamente difíciles de configurar debido a que requerirían que votos blancos, nulos o viciados superen determinados porcentajes establecidos en la normativa electoral.

Por ello, consideró improbable que las denuncias impulsadas por sectores de Renovación Popular prosperen en los organismos electorales.

Un proceso marcado por tensión y polarización

El cierre del conteo oficial llega luego de más de cinco semanas de controversia política, denuncias de presuntas irregularidades y acusaciones de fraude electoral impulsadas principalmente desde sectores de Renovación Popular.

Aunque el JNE y la ONPE continúan avanzando hacia la proclamación definitiva, el escenario político permanece marcado por la polarización y la expectativa frente a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 7 de junio y que definirá al próximo mandatario del Perú.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lanzó fuertes críticas contra el Gabinete de Seguridad federal por la falta de vigilancia sobre dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que lograron ingresar a Estados Unidos, donde ahora enfrentan investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas estatal, quienes cruzaron la frontera hacia territorio estadounidense en medio de señalamientos sobre posibles nexos con el cártel de Sinaloa.

Durante su tradicional videocharla en redes sociales, Fernández Noroña cuestionó la actuación de las autoridades mexicanas y calificó como grave que ambos personajes hayan salido del país sin restricciones, pese a que ya eran mencionados por autoridades estadounidenses.

Noroña cuestiona falta de vigilancia

El legislador morenista consideró que el Gobierno federal debió mantener bajo vigilancia a ambos exfuncionarios, especialmente ante la presión internacional que enfrenta México en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

“Es evidente que van a decir todo lo que quiera el gobierno de Estados Unidos a cambio de que los dejen en libertad o les pongan condenas muy ligeras”, expresó el senador morenista.

“El Gabinete de Seguridad, más allá de la posición correcta de pedir que entreguen pruebas de lo que están aseverando, debería tener bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad a estas personas”, declaró.

Las críticas surgieron luego de que trascendiera que Mérida Sánchez habría sido aceptado por la justicia estadounidense como testigo cooperante, una figura legal que otorga ciertos beneficios y protección a cambio de colaborar con información relevante para las investigaciones.

De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, las autoridades estadounidenses buscarían obtener datos sobre una presunta red de protección y complicidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

“No puede ser”: Fernández Noroña

El senador también expresó sorpresa por el hecho de que las autoridades mexicanas supieran detalles específicos sobre el cruce fronterizo del exfuncionario, pero no actuaran antes para impedir su salida.

“Cómo es posible que tengan hasta la hora y el lugar por donde cruzó, ahora que nos informen cómo pasó, en qué vuelo llegó el exsecretario de Finanzas a Nueva York”, cuestionó.

Fernández Noroña afirmó que la defensa de la soberanía nacional no debe convertirse en una excusa para descuidar labores de inteligencia y vigilancia sobre personas bajo sospecha.

“¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema? Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, expresó.

Crece tensión por investigaciones en Estados Unidos

El caso ocurre en un contexto de creciente presión del Gobierno de Estados Unidos hacia México en torno al combate a organizaciones criminales y posibles vínculos de funcionarios públicos con grupos del narcotráfico.

La situación ha generado atención política debido a que ambos exfuncionarios formaron parte del gobierno encabezado por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya en Sinaloa, entidad considerada uno de los principales bastiones del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna investigación formal abierta en México contra Mérida Sánchez o Díaz Vega, ni sobre posibles órdenes de aprehensión o restricciones migratorias previas a su salida del país.

Sin embargo, las declaraciones de Fernández Noroña reflejan la preocupación dentro de sectores de Morena ante el impacto político y diplomático que podría generar el avance de las investigaciones estadounidenses.

La senadora de Morena, Sandra Simey Olvera Bautista, participó el 13 de mayo en la discusión de la Cámara Alta, donde citó frases emblemáticas atribuidas a Benito Juárez y Vicente Guerrero, aunque incurrió en un error al referenciarlas.

Durante su intervención, Olvera Bautista sostuvo: “´La patria es primero´. La patria es primero ante cualquier color, incluso”, referenciando la frase célebre del presidente Vicente Guerrero.

Posteriormente, intentó citar a Benito Juárez, sin embargo, lo hizo erróneamente “Nosotros sí nos la sabemos. Ellos yo creo que la necesitan leer. Entre indi-- entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”.

Simey Olvera Bautista destacó que la última frase forma parte de los principios de la cuarta transformación, al señalar: “Por eso, aquí en la cuarta transformación lo tenemos como máxima. Acá ni siquiera se lo saben”.

La frase de Benito Juárez es “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dicha frase la dijo en su discurso al regresar a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 luego de triunfar sobre la Segunda Intervención Francesa y al Imperio de Maximiliano.

¿Quién es la senadora Simey Olvera Bautista?

La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, representante de Morena por el estado de Hidalgo en la LXVI Legislatura del Senado de la República —periodo que abarca del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027—, cuenta con una trayectoria legislativa y política con múltiples cargos a nivel local y federal, así como experiencia en áreas de comunicación social y académica.

De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Información Legislativa, Olvera Bautista ha participado de manera activa en la vida pública, donde destaca su paso como secretaria de Bienestar e Inclusión Social en Hidalgo, además de posiciones estratégicas en comisiones legislativas que abarcan rubros como trabajo, bienestar, justicia y relaciones exteriores.

Nacida el 20 de agosto de 1983 en Mixquiahuala, estado de Hidalgo, Olvera Bautista se integró al Senado bajo el principio de mayoría relativa, fue diputada federal durante la Legislatura LXV (2021-2024) y LXIV (2018-2021) Legislaturas. Durante este periodo, ocupó la secretaría de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y fue integrante de las comisiones de Energía y Reforma Política-Electoral.

En la LXIV Legislatura, también tuvo la secretaría de la Comisión de Radio y Televisión, con integración en las comisiones de Cultura y Cinematografía, Desarrollo Social y Salud. A nivel estatal, en la LXIII Legislatura del Congreso de Hidalgo (2016-2018), presidió la Comisión de Cultura.

Simey Olvera Bautista cuenta con maestría en periodismo político

En materia educativa, Olvera Bautista cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con énfasis en estudios multiculturales (donde fue docente). Tiene una maestría en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García obtenida en 2018.

También cuenta con varios diplomados, entre ellos Programación Neurolingüística, Power of Voice y Publicidad y Tendencias de la Comunicación Integral por el Tecnológico de Monterrey. Fue certificada como locutora categoría A por la SEP y la Dirección General de Televisión Educativa.

El Senado sancionó este jueves la ley que introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto obtuvo 40 adhesiones y 26 en contra durante la votación en general.

Durante la sesión, en la que oficialismo y dialoguistas devolvieron a comisión un acuerdos con dos holdouts, el pleno también validó la continuidad, por cinco años, del vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques. Y se aprobaron convenios internacionales con Singapur, San Marino y Suiza.

El convite también sirvió para darle ingreso formal a un ramillete de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en los últimos días, los cuales eran reclamados por aliados. De esta manera, los mismos tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos para que se inicie el proceso de avales y antecedentes que derivará, en las próximas semanas, en audiencias públicas.

Para la discusión sobre armas, el kirchnerismo advirtió como “peligrosa” la iniciativa, a pesar de que se trata de un programa que transcurrió en diversas administraciones nacionales. Y que el Gobierno libertario permitió en su gestión, con la baja de edad requerida, que 1.191 elementos pasaran a estar en tenencia de personas de entre 18 y 21 años. Como era de esperar, el cristinismo, vía Martín Soria (Río Negro), trató de atar esto a una reciente masacre escolar.

Cerró el debate la titular de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Recordó que el régimen comenzó con Néstor Kirchner, en 2024, y que el Gobierno de Alberto Fernández olvidó enviar un proyecto a fines de 2023 “para dejar cubierto ese hueco” ante la asunción de Javier Milei. La porteña manifestó: “¿Saben lo que pasaba cuando llegamos? Había un mecanismo de pobres indigentes que tenían la tarjeta de compra de municiones y armas. Lo hacían por fuera de toda razonabilidad. Las armerías fueron imputadas con la ley antimafia“.

Al inicio de la sesión, el Senado quedó en pleno funcionamiento en cuanto a autoridades, con la jura de Patricio Federico Finochietto como prosecretario de Coordinación Operativa. Obtuvo 45 adhesiones, un rechazo y 24 abstenciones. Significó una victoria para la pseudo PRO Beatriz Ávila (Tucumán), quien hasta hace poco comandó la -jugosa- bicameral que administra la Biblioteca del Congreso.

Homenajes y dardos

El legislador del radicalismo Maximiliano Abad (Buenos Aires) rindió un sentido homenaje a Luis Brandoni, quien murió el 20 de abril pasado. “Fue un artista excepcional y su inmenso talento fue una expresión más del extraordinario valor humano y cívico con el que honró a nuestro país”, aseveró. Seguido a ello, sumó que el también ex político “trascendió el arte para erigirse como un ciudadano cabal, profundamente comprometido con sus pares y con su patria”.

Otro reconocimiento fue el que quiso hacer el filo kirchnerista santiagueño José Neder por un nuevo aniversario del nacimiento -7 de mayo- de Eva Perón. Aprovechó para criticar a la Casa Rosada. Bullrich respondió: “Lamento que se lo haya politizado. Es una manera de sesgar el homenaje e impide acompañarlo”.

Tras ello, aparecieron varias cuestiones de privilegio que el cristinismo y otras ramas PJ solicitaron para denostar la gestión mileísta. Por caso, la justicialista Florencia López (La Rioja) volvió a plantear lo irracional del incumplimiento desde Balcarce 50 sobre la insistencias de las leyes -con dos tercios en ambas Cámaras- de universidades y de discapacidad vetadas tiempo atrás por el jefe de Estado.

En tanto, su colega Pablo Bensusán (La Pampa) se quejó por la distribución de los recursos en detrimento de las provincias. La Libertad Avanza sí tendrá que tomar nota de la cuestión de privilegio de la peronista disidente Flavia Royón (Salta) por inconvenientes en el abastecimiento y transporte de gas en el norte del país, más obras inconclusas. Todo voto aliado es clave.

El Senado aprobó este jueves el pliego que extiende, por cinco años, la labor de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el padre del actual ministro de Justicia mileísta, Juan Bautista Mahiques.

La candidatura del camarista federal había alcanzado, semanas atrás, un dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Al momento de la definición, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos. Es decir que precisaba una mayoría simple y logró los dos tercios. Lo ocurrido no fue menor: no son pocos los que creen que su hijo, el titular de la cartera de Justicia, pueda obtener los mismos votos en caso de que el Poder Ejecutivo llegara a promoverlo para el cargo de Procurador General de la Nación, que sí requiere una mayoría agravada.

“Se cumplieron todos los pasos reglamentarios. Se escuchó al postulante, contestó todas las preguntas que se le hicieron y se leyeron todos sus antecedentes académicos y profesionales”, comenzó su alocución Pagotto, como miembro informante del tema.

El riojano leyó una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal en apoyo a Mahiques padre, en su momento dirigida al entonces -y ahora ex ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona. En la misma, sus pares destacaron la “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.

No pensó lo mismo el kirchnerismo: a través de Martín Soria (Río Negro), quien consideró que el vocal “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas”. “Sí respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron”, advirtió.

Soria resaltó: “Cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial”. Tampoco olvidó de calificar a Mahiques como “lobo con piel de cordero”, con “fallos verdaderamente peligrosos y una trayectoria atravesada por la política partidaria”, y dijo que una luz verde para este caso “representa” una “justicia que dejó de servir al pueblo”. En tanto, su hasta hace poco colega de bancada cristinista, Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), habló de la “solidez jurídica” del candidato.

Para los cierres quedaron los jefes del kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), José Mayans (Catamarca) y Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente. El primero acusó a Mahiques de ejercer “persecución política” y aprovechó larguísimos minutos para denostar el plan económico de la Casa Rosada, más dardos relacionados con supuestos hechos de corrupción en la administración central.

Por su parte, Bullrich no dejó pasar el discurso “mentiroso y provocador” y habló de Formosa -Gildo Insfrán-, “el régimen más retrógrado, feudal, anti republicano y corrupto de todo el país”. Después, añadió las condenas -y prisión- de Amado Boudou y Cristina Kirchner. “La única verdad es la realidad. Ésa se la saben“, remató. Y recordó varios fallos de Mahiques, un ”juez con más de 50 años de carrera judicial", y deslizó que tiempo atrás había sido acompañado por legisladores del PJ.

La prórroga ocurre debido a que, en noviembre, el magistrado cumplirá 75 años. Si llegaba dicha fecha, hubiese estado obligado a jubilarse. Por ello el pedido desde el Ejecutivo para que se mantuviera en funciones por un lustro más, algo que necesitaba el guiño del Senado. Llamó mucho la atención la fractura de la bancada kirchnerista a la hora de votar. Un duro golpe de absorber.

Durante el encuentro de esta tarde, que comenzó con el quorum entre libertarios y aliados se convertirá en ley un proyecto que fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y estira el sistema de entrega voluntaria -gestiones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

El convite también sirvió para el ingreso formal de una batería de pliegos judiciales que envió la Casa Rosada en los últimos días, los cuales tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos. Con ello, se inicia el proceso de avales e impugnaciones que derivarán, en las próximas semanas, en nuevas audiencias públicas.

A minutos de iniciarse la sesión de esta tarde en el Senado, oficialismo y dialoguistas acordaron devolver a comisión un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones y volverá a foja cero. Tendrá que dictaminarse de nuevo, votarse y girarse rápido a Diputados, ya que el plazo inicial de finales de abril fue corrido para el último día de mayo.

La confirmación de la decisión vino vía el legislador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), ante la señal de televisión oficial del Senado. Según pudo saber Infobae, se debe a una reciente adenda que llegó desde el Ejecutivo. Es decir, no se puede votar algo que no contemple el nuevo documento.

Una vez iniciado el encuentro en el recinto, validó todo el oficialista y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda el Cuerpo, Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires).

El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67, al primero; y u$s104, al segundo.

Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Durante el encuentro de esta tarde, que comenzó con el quorum entre oficialistas y aliados -el kirchnerismo ingresó después-se convertirá en ley un proyecto que fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

Semanas atrás, cuando se firmó el despacho de la iniciativa en un plenario de comisiones, expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.

El funcionario comentó que se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.

La sesión de este jueves también servirá para prorrogar, por cinco años, la labor del camarista federal Carlos Mahiques, padre del titular de la cartera de Justicia. Además, avanzarán convenios internacionales. Se espera que el kirchnerismo realice varias cuestiones de privilegio para plantear críticas a la gestión milelísta, lo que podría demorar el convite. Compensará el no tratamiento del tema de los holdouts.

Otro punto a saldar será la votación de un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, con guiño hacia PRO. Con ello, el pleno quedará con todas sus autoridades en total funcionamiento.

La Comisión de Acuerdos del Senado firmó este miércoles el dictamen favorable para 15 pliegos judiciales en su quinta reunión del año, con los votos del oficialismo y sus socios y sin la presencia del peronismo, que mantuvo su postura de no participar del proceso. Con esta tanda, el total de designaciones avaladas a lo largo de las cinco reuniones alcanza los 82 pliegos. El que concentró la mayor atención política fue el de Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

La postulación de Rosatti llegó al Senado con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobara la terna por unanimidad sobre un quórum de 19 consejeros. Horacio Rosatti se abstuvo de participar en esa votación. Su hijo había llegado primero en la terna definitiva pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. Los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron un proyecto pra modificar esa instancia por la “discrecionalidad” que habilita para alterar el orden de mérito.

La trayectoria de Emilio Rosatti dentro del Poder Judicial se extiende desde 2007, cuando ingresó como auxiliar en el Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe. Desde entonces ocupó cargos de escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo juzgado, hasta llegar a su actual función como secretario del Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe. Desde el entorno del presidente de la Corte sostienen que su hijo “ingresó casi diez años antes que Horacio Rosatti al Poder Judicial” y que la terna se votó sin su intervención. La postulación no estuvo exenta de antecedentes: en 2022, Emilio Rosatti había renunciado a otro concurso para magistrado luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante.

Un detalle que llamó la atención fue la presencia en la audiencia pública del camarista Diego Barroetaveña.En los pasillos del Palacio Legislativo aseguraron que fue a ver la exposición de Rosatti.

Una de las preguntas que recibió Rosatti de parte del senador radical Maximiliano Abad fue el impacto que tiene lo mediático en las causas y si eso influiría en sus decisiones.

Rosatti, que tiene una obra escrita sobre lo que denomina “justicia mediática”, hizo referencia que “el desafío de los jueces es acortar los tiempos para que no sean tan dispares de la mediatización. Es difícil desentenderse, pero para eso estamos, para ver las pruebas y lo que sucede en una sala de audiencia y tomar una decisión sobre eso y no lo que pasa afuera de la sala de audiencias".

El senador del PJ, Martín Soria, quien le preguntó a todos sobre la presentación de la Corte Suprema para modificar el reglamento de selección, en especial para bajar la discrecionalidad de la entrevista personal.

“Está dentro de las facultades de la Corte proponer, no es el único. Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el reglamento vigente. No sé que postura tomará el Consejo de la Magistratura. En el caso de que cambie quienes concurse o concursemos lo deberíamos hacer con el nuevo reglamento”, señaló el postulante hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia

La pregunta fue para todos los aspirantes que estaban en ese momento -Cacace, Rodríguez y Parma- uno a uno fueron respondiendo. El primero se mostró de acuerdo con Rosatti, el segundo le pareció razonable “bajar la discrecionalidad” -llegó a la entrevista en primer puesto y terminó segundo en la terna- y el tercero como proviene del Ministerio Público de la Defensa no pasa por esa instancia.

Entre los restantes pliegos con dictamen favorable, Gerardo Daniel Cacace para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa se distingue del resto por ser el único postulante que no proviene de la carrera judicial: su trayectoria se desarrolló en el ejercicio privado de la profesión, lo que lo convierte en una excepción dentro de un temario dominado por magistrados y funcionarios judiciales en actividad.

También figuran Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe; Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela; Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal N.º 2 de Salta; y Sebastián Guillermo Soneira como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Para los tribunales orales de la Capital Federal se propusieron Marcelo Alejandro Peluzzi y Juan Manuel Mejuto. Completan el temario Carlos Agustín Parma como defensor público oficial federal con asiento en Mendoza y Juan Ignacio Lazzaneo como defensor público de víctimas en Entre Ríos.

A lo largo de las cinco reuniones de la Comisión de Acuerdos, el peronismo sostuvo su decisión de no participar del proceso, lo que dejó el trámite en manos de la coalición oficialista y sus aliados. La ausencia del bloque opositor mayoritario no frenó el avance de los pliegos, pero alimentó el debate sobre la legitimidad política del proceso de designaciones en un año electoral. Los 82 dictámenes firmados en total quedan ahora a la espera de su ratificación en el pleno del Senado.

El pleno del Senado volverá al recinto, desde las 15, para aprobar un acuerdo con dos holdouts por u$s 171 millones, el cual deberá ser girado rápido a Diputados para su sanción. Tendrá que obtener luz verde antes del plazo límite, que será a finales del corriente mes.

Además, la Cámara alta se dispondrá a convertir en ley la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas y darle continuidad, por cinco años, al camarista federal Carlos Mahiques. El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Para el inicio de la sesión se esperan varias cuestiones de privilegio desde el kirchnerismo, que tendrán como objetivo criticar diversas andanzas Gobierno libertario. Otro punto a saldar será la votación de un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, con guiño hacia PRO. Con ello, el pleno quedará con todas sus autoridades en total funcionamiento.

Fondos buitre

En concreto, el convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67, al primero; y u$s104, al segundo.

Lo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro ítem destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei, Mahiques y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que un avance derivará en la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país”. Es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Armas

El proyecto fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

Semanas atrás, cuando se dictaminó la iniciativa en un plenario de comisiones, expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.

Allan agregó: “Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.

Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.

Allan también hizo mención a mejores detecciones vía “patrones anti fraude”. En esa línea, confió: “Se le pagaba a personas para que compren armas, las registraran y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza”.

Por otra parte, el director del RENAR dejó en claro que “la sola presentación -de la declaración- no es automáticamente una aprobación”, sino un primer paso donde luego se chequea “el origen, antecedentes y medidas cautelares sobre personas y objetos”.

En un ensayo de calmar las aguas con sectores dialoguistas, el senador oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Agustín Coto (Tierra del Fuego), blanqueó que “no hay ninguna intención de tratar todo junto” el proyecto y se diferenció de la postura de la Casa Rosada, que ordenó no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que piden aliados.

La iniciativa en cuestión tiene, como uno de los objetivos principales, dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También activa cambios profundos sobre el financiamiento, modificaciones extra en la Boleta Única de Papel (BUP) y suba de umbrales en afiliados y votos para la supervivencia de partidos políticos.

Tras la exposición de la asesora del Ministerio del Interior Luz Landívar, el radical Flavio Fama (Catamarca) consultó sobre la “vocación” real de La Libertad Avanza (LLA) para analizar el texto “unificado”, o la posibilidad de debatir varios en simultáneo. Es decir, abrir el juego. “Quizá sea conveniente no tener todos los compartimientos en una misma habitación”, planteó el legislador.

Coto manifestó que “sin duda alguna, en próximas reuniones” se podrá “trabajar en diferentes proyectos”, y que “no hay ninguna intención de tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”. “Hoy íbamos a dar esa información”, agregó.

De esta manera, ratificó lo que días atrás deslizó a un medio nacional la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que no responde a los deseos de Balcarce 50. A pesar de todo esto, en los sectores aliados desconfían de las volteretas libertarias y aguardarán a los próximos encuentros para saber, de forma fehaciente, hasta dónde está dispuesto a negociar el mileísmo.

Al momento de hacer uso de la palabra, Bullrich eligió una especie de avenida del medio y, para no confrontar con las ideas del Ejecutivo, y sugirió contemplar “en una reunión un par de capítulos, para profundizarlos y poder avanzar”, y “luego otros, ya que son seis”. Entiéndase por esto: ni una cosa, ni la otra. Por ende, alejada ahora de Coto, que quedó en soledad.

Este tipo de situaciones son normales en algunas narrativas de La Libertad Avanza: confundir con un mix de declaraciones y aprovechar pequeñas hendijas para lograr la meta. La percepción de senadores experimentados es que toda esta puja seguirá por un buen tiempo.

Detalles de la ley

Se insiste en un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).

Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.

Algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.

Más debate en la comisión

Landívar fue clara: hay 44 partidos de orden nacional y 710 de distritos. Un total de 754. “Suelto, esto no dice nada, pero el segundo país en la región es Paraguay y tiene 35. Entonces, hay un número que empieza a llamar la atención”.

Tras observaciones sobre la utilidad real de las PASO, la funcionaria de Interior ratificó que “no va a cambiar” el financiamiento anual de las fuerzas nacionales: el “Fondo Partidario Permanente” pasaría a llamarse ”Aporte Público Anual". En esa línea, resaltó: “A mayor cantidad de partidos, menos plata llega”. Y, lo más gracioso: esto es votado todos los años por el Congreso y se halla dentro del Presupuesto.

“Si no están las PASO y todos van a la elección general, no habrá límite para -fuerzas- menores y las PASO sirven para eso, para evitar la multiplicidad. Imagínese eso si se le agrega la BUP”, consultó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien sí coincidió en buscar una resolución para evitar la proliferación de los denominados “sellos de goma”.

Minutos más tarde, Bullrich dio en un blanco con un punto no menor: la contradicción entre la lupa al sistema nacional y la liviandad con la que muchas provincias manejan el financiamiento -y descontrol- de las campañas locales.

Desde el radicalismo, la radical Mariana Juri (Mendoza) mostró su disconformidad -al igual que Bensusán- por la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial. “Las explicaciones dadas no me resultan suficientes”, indicó.

Otra dialoguista, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), reforzó la sugerencia de ir por un canal paralelo sobre Ficha Limpia y recordó las palabras de Coto al comienzo de la reunión. El fueguino, en esta ocasión, evitó opinar y continuó con el comando de la comisión.

El Senado de Estados Unidos rechazó por séptima vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el conflicto con Irán, en la votación más ajustada desde que comenzó la guerra hace más de diez semanas. La medida, impulsada por el senador demócrata Jeff Merkley de Oregón, falló por 50 votos contra 49.

Por primera vez desde el inicio del conflicto —a finales de febrero—, la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska votó a favor de frenar la guerra. Se sumaron a ella los también republicanos Susan Collins de Maine y Rand Paul de Kentucky, quienes ya habían respaldado resoluciones anteriores en el mismo sentido. Del lado demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania fue el único miembro de su partido en oponerse a la medida.

La votación del miércoles fue la primera desde que venció, a comienzos de mayo, el plazo de 60 días que establece la Ley de Poderes de Guerra de 1973 —aprobada tras la guerra de Vietnam— para que el Ejecutivo obtenga autorización del Congreso. Los demócratas sostienen que Trump opera en abierta violación de esa norma desde el 1 de mayo.

La administración rechaza esa interpretación. En una carta al Congreso, la Casa Blanca argumentó que las hostilidades habían “concluido” tras el alto el fuego acordado con Teherán en abril, lo que —según el Ejecutivo— habría detenido el conteo del plazo legal. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reafirmó esa postura ante los legisladores esta semana al asegurar que Trump posee “todas las autoridades necesarias”, incluso para reanudar los ataques militares sin consultar al Congreso.

Murkowski cuestionó abiertamente ese argumento durante una audiencia con Hegseth el martes. Al referirse al bloqueo naval de puertos iraníes y al despliegue de tropas y buques en la región, la senadora afirmó: “No parece que las hostilidades hayan concluido”.

El senador Tim Kaine de Virginia, quien ha liderado la estrategia demócrata de forzar votaciones semanales, advirtió antes del recuento: “Habrá un día —y creo que podría ser pronto— en que este Senado le diga al presidente: ‘Detenga esta guerra’”. Tras la derrota, reiteró el compromiso de su partido: “Vamos a forzar esta votación cada semana hasta que el Senado diga que no deberíamos estar en guerra”.

Merkley señaló que percibe una “erosión del apoyo, erosión del entusiasmo y un aumento del escepticismo” entre los republicanos respecto al conflicto. Reconoció, no obstante, que la administración había “complicado” el debate al declarar pausado el reloj legal con el alto el fuego.

El senador republicano John Curtis de Utah —quien ha dicho que no apoyará financiamiento para la guerra sin una autorización explícita del Congreso— votó en contra de la resolución por considerarla un esfuerzo poco “serio”. Collins criticó la falta de una estrategia clara: “Me parece que ha habido un plan diferente, casi a diario, para lidiar con este problema”, en referencia a los intentos de la administración por reabrir el Estrecho de Ormuz, vía marítima por la que transitan petróleo, fertilizantes y otros recursos.

El conflicto, que ha entrado en su día 75, ha disparado los precios globales de la energía, agotado reservas de armamento de precisión del Pentágono y generado incertidumbre sobre la preparación militar del país. Los costos de la guerra se estiman en más de USD 29.000 millones, según cifras citadas en el debate legislativo.

El senador republicano Mike Rounds de Dakota del Sur planteó que ambas ramas del gobierno deberían negociar directamente sus responsabilidades constitucionales compartidas, en lugar de recurrir a votaciones de poderes de guerra o impugnar el conflicto ante los tribunales. La Ley de Poderes de Guerra ha sido históricamente difícil de hacer cumplir, dado que los tribunales suelen abstenerse de intervenir en disputas entre el Congreso y el Ejecutivo sobre acción militar.

La cúpula republicana mantuvo su respaldo al conflicto. El líder de la mayoría, el senador John Thune de Dakota del Sur, argumentó que la votación era inoportuna mientras Trump se encuentra en Pekín para una cumbre con el presidente chino Xi Jinping. El senador John Barrasso de Wyoming, segundo en la jerarquía republicana, sostuvo desde el pleno que “la economía de Irán está en soporte vital” y que la iniciativa demócrata busca únicamente socavar al presidente.

Incluso si una resolución de poderes de guerra lograra superar el Senado, enfrentaría obstáculos en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y Trump la vetaría con certeza. Los demócratas también estudian incorporar restricciones al conflicto durante el debate sobre la legislación anual de autorización y financiamiento de las fuerzas armadas.

(Con información de AFP y AP)

El miércoles 13 de mayo se escucharon ráfagas de disparos en el Senado filipino y se ordenó a la gente que corriera a refugiarse, según testigos de Reuters, mientras aumentaba el caos ante la previsión de un intento de arresto del senador de mayor rango buscado por la CPI.

No estaba claro qué sucedía ni quién había efectuado los disparos. Más de diez militares con uniformes de camuflaje habían llegado previamente al edificio del Senado, algunos portando fusiles de asalto, según pudieron observar periodistas de Reuters.

No quedó claro de inmediato el motivo de la presencia de tropas y no fue posible contactar de inmediato con los oficiales militares para obtener comentarios. Se desconocía si había otro personal de seguridad dentro del edificio y su paradero actual tras el tiroteo.

El político, ex jefe de la Policía Nacional durante la guerra contra las drogas del entonces presidente Rodrigo Duterte, quien permanece detenido en La Haya a la espera de juicio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil a reunirse “frente al Senado” para detener el plan de arresto.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerado presunto “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte.

La orden judicial, fechada en noviembre y hecha pública el lunes, busca el arresto por cargos de crímenes de lesa humanidad, los mismos crímenes de los que se acusa a Duterte, de 81 años, mientras espera juicio en La Haya tras su arresto el año pasado.

“Les pido su ayuda. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya”, dijo Dela Rosa en un video publicado en Facebook desde su oficina en el Senado.

El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, quien había prohibido a los agentes del gobierno arrestar a su aliado, dijo en su página oficial de Facebook que no sabía quién había efectuado los disparos.

“Escuchamos disparos y no sabemos qué está pasando. Todos estamos encerrados en nuestras habitaciones. No podemos salir ni poner a salvo al resto del personal”, añadió.

“¿Por qué estamos siendo atacados aquí? ... Por favor, ayúdennos”.

Se vio a una periodista de televisión llorando mientras informaba en directo desde el interior del edificio, mientras que otro senador, Robin Padilla, instaba a los periodistas a evacuar.

Dela Rosa, de 64 años, era el lugarteniente principal de Duterte y supervisaba una feroz represión durante la cual miles de presuntos narcotraficantes fueron asesinados, mientras que grupos de derechos humanos acusaban a la policía de asesinatos sistemáticos y encubrimientos.

La policía rechaza las acusaciones y afirma que las más de 6.000 personas que murieron en operaciones antidrogas estaban armadas y se habían resistido al arresto.

(con información de EFE, AFP y Reuters)

En un clima de tensión sólo explicado por la orden tajante de la Casa Rosada de no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que había sido acordado entre oficialistas y dialoguistas en el Senado y que no reviste mayores complicaciones, la comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a analizar, desde las 16, la amplia ley libertaria de reforma política, que incluye varias modificaciones en distintas áreas y un premio mayor: dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La reunión estará a cargo de Agustín Coto (Tierra del Fuego). A veces dubitativo al comandar convites o plenarios -ya tuvo que asistirlo la también oficialista neuquina Nadia Márquez, que demostró mayor temple ante observaciones kirchneristas-, tendrá que amortiguar las seguras intervenciones de aliados clave para el Gobierno, que pedirán explicaciones.

El texto del Ejecutivo está lejos de tener votos asegurados. Por caso, la eliminación de las PASO no se acerca aún a las adhesiones necesarias. Al referirse al campo electoral, este tipo de normas requieren la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 afirmativos. La Libertad Avanza tiene 21 soldados. Por eso la importancia de la UCR, el PRO y silvestres provinciales, entre otros.

Para las PASO, desde diversos bloques ya deslizaron la intención de quitar la “O” de “obligatorias” y derivar a un régimen optativo, por citar el caso del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes). En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).

Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.

Además, algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas- perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca, es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.

Más comisiones

Durante la jornada de hoy, la comisión de Acuerdos ejecutará una nueva audiencia pública para continuar con el tratamiento de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. En las últimas horas ingresaron más y, en la sesión de mañana -15-, tomarán estado parlamentario. Hay varios guiños hacia el interior del país, algo que reclamaban aliados y mandatarios locales.

En tanto, dos bicamerales más se conformarán: la de seguimiento y control del Ministerio Público; y la de Reforma del Estado y Privatizaciones. Otra ya activada, la Mixta Revisora de Cuentas -enlace predilecto con la AGN, que revisa los gastos-, tendrá temario a debatir entre legisladores. Es comandada por el ex presidente de la bancada oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche.

La Cámara alta dará luz verde a otras dos comisiones: la de Coparticipación Federal de Impuestos; y la de Población y Desarrollo Humano. En medio de la agitada actividad, nada se dijo de la ley que “blinda” el derecho a la propiedad privada. La iniciativa está bastante cerrada entre libertarios y dialoguistas, aunque un intento de dictamen quedará postergado, de mínima, para la semana próxima.

La Comisión de Salud Pública del Senado de República Dominicana, presidida por la senadora Lía Díaz de Díaz, analizó y unificó tres iniciativas legislativas enfocadas en la regulación del sistema de sangre en el país. Estas propuestas son: el proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Sangre, el que instituye el Hemocentro Nacional y la Red Nacional de Servicios de Sangre, y el que crea el Sistema Nacional de Bancos de Sangre y Donación de Sangre.

El objetivo es establecer un marco legal integral para la donación, el almacenamiento y la distribución de sangre y sus derivados, abarcando tanto el sector público como el privado, acorde al anuncio del organismo de este martes.

El texto del proyecto unificado establece que la ley regulará todos los aspectos sociales y sanitarios vinculados a la donación de sangre, plasma y otros componentes celulares. Dicha regulación tendrá alcance nacional y será supervisada por las autoridades de Salud Pública. Se declara de interés nacional la hemodonación, la hemoterapia, los bancos de sangre y los centros de transfusión.

Según la normativa, la donación debe ser voluntaria, libre, consciente y no remunerada. No se considerará donante a quien solicite alguna compensación económica. Toda discriminación por nacionalidad, orientación sexual, raza, color, etnia, religión o ideología está prohibida.

Los derechos de los donantes incluyen la gratuidad del procedimiento, acceso a reconocimiento médico gratuito, confidencialidad de los datos personales, prioridad para recibir transfusiones si las necesitan, participación en asociaciones y reconocimiento social. Está prohibido donar a menores de dieciocho años, mayores de sesenta, mujeres embarazadas hasta seis meses después del parto, personas con hepatitis A, B, C o D, con VIH/SIDA o condiciones determinadas por el reglamento.

El proyecto contempla derechos para los receptores de sangre y derivados, como el acceso libre y gratuito, productos sometidos a controles de calidad y el respeto a la intimidad y el honor.

En el apartado organizativo, los bancos de sangre se clasifican en regionales, provinciales o de área y hospitalarios. Sus funciones incluyen la promoción de la donación, la extracción, el procesamiento, la distribución y la supervisión de la calidad de la sangre. Los centros de transfusión deben cumplir normas de seguridad, informar de forma clara a los donantes, respetar su voluntad en todo momento y mantener adecuadamente los productos.

Está prohibida la venta de sangre y derivados, así como cualquier forma de lucro en la obtención, procesamiento o distribución. La importación y exportación de sangre solo podrá realizarse con autorización expresa del Ministerio de Salud Pública. En cuanto al régimen de sanciones, se definen faltas leves y graves para quienes incumplan la ley.

La Comisión de Salud Pública continuará el análisis de la propuesta unificada, con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de sangre y asegurar un marco legal que proteja a donantes y receptores en República Dominicana.

Más temas de interés para la salud pública

En la misma sesión, la Comisión revisó una resolución de la senadora María Mercedes Ortiz, que solicita al presidente Luis Abinader la finalización de las unidades de Atención Primaria en el paraje de San José, municipio de Salcedo, y en el distrito municipal Blanco Arriba, municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. Actualmente, la construcción de estas instalaciones está paralizada, lo que afecta el acceso de la comunidad local a servicios médicos esenciales.

En la reunión participaron, junto a Lía Díaz de Díaz, los senadores Daniel Rivera, Jonhson Encarnación, Dagoberto Rodríguez Adames, Moisés Ayala, Odalis Rodríguez y Alexis Victoria Yeb. La discusión se centró en avanzar hacia una legislación que garantice la seguridad, la equidad y la gratuidad en la donación y el acceso a sangre en el territorio nacional.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este martes en la Ciudad de México dejaron severas afectaciones en distintos puntos de la capital, incluyendo el recinto principal del Congreso de la Ciudad de México, donde el sótano terminó completamente encharcado.

Videos difundidos en redes sociales por la diputada Dany Álvarez mostraron a trabajadores utilizando cubetas, jaladores y escobas para retirar el agua acumulada dentro del inmueble ubicado en Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a que las filtraciones alcanzaron oficinas y pasillos del recinto legislativo, mientras personal de mantenimiento intentaba contener los daños provocados por el ingreso del agua.

Filtraciones y goteras también afectan al Senado de la República

Las lluvias no solo impactaron al Congreso capitalino. El edificio del Senado de la República también registró filtraciones y goteras en distintas áreas.

De acuerdo con reportes difundidos por el periodista Manuel López San Martín, personal de mantenimiento y Protección Civil colocó cubetas y herramientas para evitar mayores afectaciones al mobiliario y a las actividades dentro del recinto legislativo.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron techos con filtraciones constantes mientras trabajadores intentaban desalojar el agua acumulada.

Asimismo, el estacionamiento de la Secretaría de Gobernación quedó completamente inundado tras las intensas lluvias registradas esta tarde en la zona centro de la CDMX.

Centro Histórico de CDMX queda bajo el agua tras tormenta

Las precipitaciones también generaron inundaciones y severos encharcamientos en varias calles del Centro Histórico.

Uno de los puntos más afectados fue la calle República de Uruguay, donde el agua ingresó a plazas comerciales y negocios, afectando a comerciantes y peatones.

Además, autoridades reportaron inundaciones frente al Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, donde el tránsito vehicular y peatonal quedó prácticamente paralizado debido al nivel del agua.

Otro de los puntos críticos se registró en Paseo de la Reforma, entre Flores Magón y Eje 1 Norte, donde el agua cubrió banquetas, camellones y complicó la circulación de automovilistas, motociclistas y ciclistas.

Activan Alertas Roja, Naranja y Amarilla por lluvias intensas

Ante la intensidad de las tormentas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó diversas alertas meteorológicas en la capital.

La Alerta Roja se emitió para la alcaldía Gustavo A. Madero debido al riesgo elevado de inundaciones y afectaciones en zonas habitacionales.

Mientras tanto, la Alerta Naranja permaneció vigente en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tláhuac por lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento.

También se activó Alerta Amarilla en Coyoacán, Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco y otras demarcaciones por la persistencia de lluvias intensas durante la tarde y noche.

Las autoridades señalaron que el drenaje en varias zonas fue rebasado debido a la acumulación de agua y la saturación del suelo.

Cablebús, Metro y vialidades registran afectaciones por tormenta

Las condiciones meteorológicas también afectaron al transporte público y la movilidad en la Zona Metropolitana.

La Línea 3 del Cablebús Línea 3 realizó el desembarque de usuarios debido a la presencia de tormenta eléctrica en la zona.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó marcha lenta en varias líneas por las lluvias, además de un corte de energía en la Línea 9 tras la caída de un paraguas en las vías.

Las lluvias también provocaron caos vial en Calzada Zaragoza, Reforma, Circuito Interior e Insurgentes, así como afectaciones en municipios mexiquenses como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza.

Puntos afectados por las lluvias en CDMX y Edomex

• Inundación en el sótano del Congreso de la CDMX
• Filtraciones y goteras en el Senado
• Encharcamientos en República de Uruguay
• Inundación frente a Bellas Artes y Alameda Central
• Afectaciones en Paseo de la Reforma
• Desembarque en Línea 3 del Cablebús
• Marcha lenta en líneas del Metro CDMX
• Caos vial en Calzada Zaragoza y Circuito Interior
• Alertas Roja, Naranja y Amarilla activadas en varias alcaldías
• Riesgo de granizo y tormentas eléctricas durante la noche

El oficialismo y la oposición dialoguista acordaron esta tarde sesionar el jueves, desde las 15, para aprobar un acuerdo del Estado con dos holdouts por USD 171 millones y, de esa manera, cerrar un litigio de largos años. En caso de avanzar, Diputados tendrá que hacerlo casi de forma exprés, ya que la fecha límite fue prorrogada de finales de abril hasta el último día del corriente mes.

La agenda de temas fue consensuada en la reunión de Labor Parlamentaria, que se realizó en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Otra iniciativa que aterrizará en el recinto será la extensión, por cinco años, del mandato como camarista federal de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Nuevo revés para los trabajadores de la Cancillería: no se votarán los demorados ascensos diplomáticos y continúa la novela que ya roza a Pablo Quirno. Además, al inicio del encuentro tomarán estado parlamentario un reciente ramillete de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en los últimos días, que serán girados a la comisión de Acuerdos para las respectivas audiencias públicas. También habrá una extensa serie de cuestiones de privilegio que planteará el kirchnerismo.

Un proyecto que quedará a nada de sancionarse, de cara a la sesión de pasado mañana, es el que introduce cambios a la regularización de armas de fuego-agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027. Diputados aprobó en 2024 y perdería estado parlamentario en febrero próximo.

Mileístas al límite en bicamerales

Durante la jornada tuvieron luz verde varias comisiones bicamerales. Una siempre delicada es la relacionada con los derechos de la niñez. Como se suponía, volvió a regalar polémica y una situación insólita. Primero, legisladores libertarios y dialoguistas aprovecharon la ausencia de todo el kirchnerismo para votar a la senadora oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. Hasta ahí, no hubo inconvenientes.

La jujeña casi comete el mismo el papelón de la misionera renovadora Sonia Rojas Decut de la semana pasada, cuando fue votada como presidenta y pasó a leer un discurso de reojo casi por completo, como si fuese un emotivo cierre de debate en el recinto. Al menos, la libertaria tuvo el decoro de pedir permiso para hacerlo esta tarde, que es lo correcto a solicitar.

Esto no fue lo más importante, sino lo ocurrido al final de su alocución tras su frase sobre la “bendición de Dios”, que fue aplaudida -se levantó de su silla- por el director general de Cultura de la Cámara alta -no es un cargo menor-, Daniel Abate, quien debería conocer a la perfección el reglamento del Cuerpo y la prohibición para consumar dicha acción.

De hecho, Abate estuvo sentado en las filas de sillas reservadas para legisladores y la kirchnerista Juliana di Tullio, con respeto, logró correrlo hacia atrás. Lo que confirma este penoso episodio es que, en vez de los derechos del niño, se retoma la guerra sin descanso entre “celestes” y “verdes” que surgió con el primer debate de la hoy vigente ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

A los pocos segundos de la definición de autoridades y previo al discurso de Bedia -la vice fue para el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, algo más que observable-, el kirchnerismo aterrizó al salón Arturo Illia y la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) deslizó que judicializará el tema. Al peronismo lo dejaron sin integrantes por el lado de la Cámara alta. Lo increíble fue que hayan llegado tarde a la validación de autoridades, ahora 100% dependientes de la Casa Rosada. Casi como si hubiese sido a propósito, debido a que asesores varios de la bancada cristinista ya se hallaban presentes y con celulares listos para videos que terminan en redes sociales.

Tras la conformación de esa bicameral, fue el turno de la estratégica de Trámite Legislativo, que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): quedó como titular senadora libertaria María Belén Monte de Oca, una abogada fueguina con buena recepción en su bancada desde que ingresó en diciembre pasado. La secretaría pasó a manos de la silenciosa dialoguista Flavia Royón (Salta).

Después de las quejas del kirchnerismo en ambas comisiones por el tema de butacas repartidas entre fuerzas, llamó la atención la concordia en la bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior. Allí, La Libertad Avanza atrapó la presidencia y la vice. Sólo quedó una secretaría para el diputado justicialista y ex líder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.

La última bicameral -clave- fue la que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. Quedó a cargo el diputado karinista Sebastián Pareja (Buenos Aires). En tanto, en la vice se ubicó el jefe macrista en el Senado, Martín Goerling (Misiones), quien estuvo en la comisión y tiene el visto bueno de sus pares por su seriedad y discreción en cuanto a trabajo parlamentario.

Con una lista de más de 30 expositores, un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde con el debate del proyecto que modifica la normativa vigente de salud mental, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo.

Las disertaciones confirmadas para las 14 de hoy, y los ya asegurados encuentros extra que habrá para discutir este tema -hay al menos 60 invitados en total- descartan las críticas realizadas días atrás por el kirchnerismo, que acusó al Gobierno de querer avanzar rápido con la iniciativa en cuestión.

Durante la jornada se escucharán, entre otros, el titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Marcelo Corral; su par de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Marcelo Clingo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires, Julieta Calmels; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Sebastián Malgá.

El plenario está conformado por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta. Ambas son presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez, respectivamente. A finales del mes pasado se consumó la primera reunión. Allí, la administración central envió a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

La funcionaria explicó que el texto en cuestión es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.

Esto fue objetado por la senadora cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), quien le espetó: “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo. Y agregó “Los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.

Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

Tras ello, detalló conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.

La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se halle ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda supervisar -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.

Por su parte, Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, el puntano sumó: “Fue cruento”.

Se define la sesión

Los jefes de bloque mantendrán, desde las 18, la cumbre de Labor Parlamentaria. Allí se definiría sesionar pasado mañana, desde las 16. El horario, más corrido de lo habitual, se dará para darle margen a la audiencia pública -pliegos judiciales- ya fijada de antemano, que comenzará a las 10.

Excepto los dictámenes relacionados con ascensos diplomáticos -aún en duda-, el resto del temario parece consensuado: un acuerdo con holdouts por u$s171 millones; la prórroga del programa nacional de entrega de armas; y cinco años más de camarista federal para Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia.

Ficha Limpia

Antes de entrada la noche de ayer, la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, intentó descomprimir la presión que se generó en los últimos días, tras el mensaje de dialoguistas y la exigencia para discutir Ficha Limpia separada de la reforma electoral de la Casa Rosada, cuyo fin es dinamitar las PASO. Infobae corroboró que se activará una reunión informativa -no se puede dictaminar- para el miércoles, a partir de las 15. Por ahora, ningún tratamiento individual y todo en paquete, algo que hoy no tiene votos.

En paralelo a esto , los libertarios peinaron aún más el proyecto original que “blinda” la propiedad privada y quieren firmar despacho. Requiere de aliados, que siguen de cerca el ida y vuelta por Ficha Limpia.

Lo que sí ocurrirá esta tarde será la luz verde en cuatro bicamerales. La más delicada suele ser la que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. El convite siempre es de carácter reservado. En tanto, mañana se agregarán dos: la del Ministerio Público y la de Reforma del Estado.

El Senado se prepara para tener, desde mañana, tres jornadas de abultada actividad, con una agenda que incluye una potencial sesión el jueves -a confirmar- y un aparente temario sin demasiado conflicto. No obstante, la lupa de los dialoguistas estará centrada en si el oficialismo convoca a debatir, por separado, varios proyectos relacionados con Ficha Limpia, ante una Casa Rosada que pretende el combo completo con la reforma electoral, enviada semanas atrás por el Ejecutivo y cuyo objetivo principal es dinamitar las PASO, algo sin votos hoy en el Congreso.

La definición de esta cuestión, que se tensó por la postura de Balcarce 50 -no así por la Cámara alta, vía Patricia Bullrich-, tendría que precipitarse esta misma jornada, con un eventual pedido del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario fueguino Agustín Coto, para comenzar con la discusión de algo sensible y que cayó, por casi nada, un año atrás.

En aquella ocasión, los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se dieron vuelta —habían confirmado su apoyo en declaraciones en “on”, lo cual otorgó una pincelada extra de delirio— y la noquearon. Amos responden sin chistar al ex gobernador y mandamás provincial, Carlos Rovira. Ahora, los tres intentan reivindicarse como si nada hubiese pasado para algo que, esta vez, no requeriría de sus adhesiones en el Senado, tras la vergonzosa sesión de 2025.

La expectativa por Ficha Limpia dilató otras resoluciones de la semana. Por caso, La Libertad Avanza quiere acelerar un dictamen de la ley que “blinda” la propiedad privada, que se analiza en un plenario de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Le toca llamar -de nuevo- a Coto, aunque precisa las firmas de los aliados para rubricar un despacho de mayoría. Son los que reclaman por Ficha Limpia: PRO, UCR y silvestres provinciales.

En ese sentido, Bullrich cedió y se eliminará de un plumazo el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una fuerte derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Los gobernadores sí fomentan, en cambio, que los límites en cuanto a venta de tierras a extranjeros queden en sus manos, lo cual denota las contradicciones a la hora de hablar de responsabilidades.

Las bancadas que ayudan a que salgan los proyectos del Gobierno también aguardan el envío de más pliegos judiciales. De hecho, si aterrizara un nuevo lote, estos podrían ingresar y tomar estado parlamentario en la sesión pensada para el jueves. En resumen, toda una enredadera que se resolvería ante la anuencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Siempre una incógnita.

Mientras decantan estas cuestiones -de cara al miércoles-, lo que sí está fijo para mañana es la conformación de cuatro bicamerales. Se destacan la que controla el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la de Trámite Legislativo, que revisa los DNU. Este cambio le trajo un par de dolores de cabeza a la administración central en la primera mitad de la gestión de Javier Milei.

Además, pasado el mediodía del martes -a las 14- continuará el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y el tratamiento de otro articulado empujado por la Casa Rosada: las modificaciones a la ley de salud mental. Días atrás, se cerró una lista con cerca de 60 expositores y está por verse la mecánica que adoptará La Libertad Avanza para que todos los invitados puedan disertar.

Durante el primer encuentro se oyó a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró. Según la funcionaria, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno de Chiapas y legisladoras federales realizaron una visita técnica a la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoasén, con el objetivo de supervisar las operaciones de generación eléctrica y fortalecer la colaboración institucional en torno a proyectos estratégicos del sector energético.

Durante el recorrido participaron la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; así como senadoras integrantes de distintas comisiones del Senado de la República.

Proyecto Chicoasén II ampliará capacidad de generación limpia

Uno de los principales puntos de la visita fue la supervisión del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, considerado una de las obras estratégicas para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con la CFE, esta nueva infraestructura contará con una capacidad de generación de 240 megawatts (MW) mediante tres turbinas tipo bulbo de 80 MW cada una.

Las autoridades señalaron que será la primera instalación de este tipo en México y que las turbinas figuran entre las de mayor potencia en su categoría a nivel internacional.

La directora de la CFE destacó que el proyecto busca incrementar la generación de energía limpia y contribuir al suministro eléctrico en Chiapas y otras regiones del país.

Hidroeléctricas, clave para la soberanía energética de México

Durante el encuentro, Emilia Esther Calleja señaló que las centrales hidroeléctricas forman parte de la estrategia nacional para garantizar un suministro eléctrico confiable, continuo y sustentable.

También mencionó que el fortalecimiento de las energías renovables responde a la política energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

Las autoridades resaltaron que este tipo de proyectos contribuyen a la soberanía energética del país y permiten mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Gobierno de Chiapas destaca impacto económico y social

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que la administración estatal mantiene coordinación con la CFE y con dependencias federales para desarrollar obras de infraestructura en la entidad.

El mandatario señaló que el proyecto Chicoasén II podría favorecer la generación de empleos y la reactivación económica en la región, además de fortalecer el suministro eléctrico.

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno busca traducirse en programas y acciones orientadas al bienestar social en Chiapas.

Senado reconoce papel estratégico de la CFE en el país

En la visita participaron también la presidenta de la Comisión de Energía del Senado, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez; la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, Edith López Hernández; y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Las legisladoras reconocieron el papel de la CFE y del personal técnico encargado de operar la infraestructura eléctrica nacional, además de pronunciarse a favor de mantener la coordinación institucional para impulsar el desarrollo energético en Chiapas.

Datos relevantes sobre la Central Hidroeléctrica Chicoasén

• Está ubicada sobre el río Grijalva, en Chiapas.
• Cuenta con una capacidad instalada de 2 mil 400 MW.
• Opera mediante ocho unidades generadoras de 300 MW cada una.
• Su presa alcanza una altura de 265 metros.
• La energía generada se eleva de 17 kV a 400 kV para integrarse a la red nacional.
• Es considerada la central hidroeléctrica más importante del Sistema Eléctrico Nacional.

Las autoridades señalaron que este tipo de visitas técnicas permiten fortalecer el diálogo entre la CFE, el Poder Legislativo y los gobiernos estatales para dar seguimiento a proyectos estratégicos relacionados con el desarrollo energético de México.

La cuestión de la relación entre el todo y sus partes es un tema de apasionado interés en ontología, esto es, en el orden del ser. Aún manteniendo sus respectivas individualidades, la parte y el todo participan en sus propiedades, lo que permite explicar, por ejemplo y nada menos, la naturaleza social y política del individuo humano.

Pero esto no es así en todas las disciplinas. En materia legislativa, y vamos al punto, el todo es la ley y sus partes los distintos artículos, estos se encuentren o no reunidos en capítulos, títulos o numerales especiales.

Precisamente lo que tiene naturaleza y efectos de ley es el artículo, mientras que el capítulo solo sirve para una distribución racional de los artículos, ayudando así a la intelección e interpretación de la ley.

Por eso una misma ley puede regular materias absolutamente diversas, distribuidas o no en capítulos diferentes, en definitiva, a gusto del legislador quien puede ser, en esto, más o menos lógico claro.

Por ello en materia legislativa, el todo de una ley sólo expresa una unidad formal, cuya utilización depende de diversas razones, entre ellas las de estrategias legislativas (políticas) por parte del Ejecutivo y/o del Congreso. La ley, en el sentido antes expresado, es el acto jurídico formalmente unitario que el Congreso aprueba como proyecto y que el Presidente hace vigente como tal mediante el decreto de promulgación (sin perjuicio de las alternativas de aprobación total o parcial y la insistencia por parte del Congreso, además de la promulgación tácita).

En la definición anterior he querido destacar el carácter formalmente unitario de la ley (y, por ende, de su proyecto) cualquiera sea su contenido, es decir ya sea que en su articulado trate de peras, naranjas, elefantes, y buques submarinos, con o sin distribución en capítulos. Y esto es así aun cuando el legislador haya querido auto restringirse, como ocurre con el caso del art. 20 de la ley 24156, de Administración Financiera, que prohíbe la inclusión en la “ley de leyes” de disposiciones ajenas al presupuesto en sí mismo, lo que podría muy bien ser “desobedecido” por la ley presupuestaria del ejercicio de que se trate: ley posterior desplaza a la anterior.

De esta manera un mismo proyecto legislativo, como un todo, puede contener partes con diversidad de contenidos que solo se vinculen entre sí por tal razón: integrar un mismo todo formal. El art. 81 de la Constitución es muy claro al distinguir el todo del proyecto, que debe ser aprobado o desechado por la Cámara correspondiente en tanto que totalidad unitaria: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. En cambio, continúa la norma, “(S)i el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora…” vuelve a la Cámara de origen, la que podrá aprobar las adiciones o correcciones por mayoría absoluta de los presentes, o insistir en el texto original con igual mayoría que la lograda en la revisora.

No es posible confundir la parte con el todo, esto es uno o varios artículos con el proyecto como unidad, que sólo puede ser aprobado o desechado “en general”, lo que en el lenguaje parlamentario quiere decir en su totalidad. Recordemos que “general” significa lo “común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente” (RAE). Pero esta aprobación como un todo (es el término que utiliza el art. 81 CN: “totalmente”, adverbio de modo que indica “en su totalidad”) no implica la aprobación de cada artículo del proyecto, los que podrán sufrir “adiciones o correcciones” en el momento de su tratamiento “en particular” (término que el constituyente emplea en el art. 79 CN) es decir, la discusión de cada una de sus partes o artículos.

Obviamente será una “adición o corrección” el rechazo entero de un “Capítulo” del proyecto, en tanto que el Capítulo es, como vimos, una mera identificación metodológica de los artículos, que son las verdaderas y únicas “partes” del proyecto susceptibles de sufrir “adiciones o correcciones”. Lo que en este supuesto se rechaza, estrictamente, son los artículos que integran el Capítulo, pero no éste que en sí mismo no es una categoría legal (en la realidad, el operador jurídico -juez, abogado- no aplica el Capítulo X de la ley Y, sino los artículos agrupados en tal Capítulo). Estas modificaciones parciales al proyecto hasta podrían ser realizadas por la Cámara revisora antes de la aprobación en general , de manera que esta última, por lógica, incluirá el nuevo texto adicionado o corregido.

La diferencia es importante. Si el proyecto es rechazado totalmente (en general) por la Cámara revisora (o antes, por la Cámara de origen) no podrá ser vuelto a tratar en el mismo año legislativo. En cambio, si lo rechazado o modificado son partes del proyecto (uno o varios artículos, cualquiera sea su sistematización) esto podrá ser consentido por la Cámara de origen o bien, insistida su redacción original por esta última con las mayorías que la norma indica.

Confundir al todo con las partes, y viceversa, parecería una grave lesión a la lógica, además de su contradicción con la letra misma de la Constitución Nacional.

A pesar del incipiente “consenso” -aún no sellado en su totalidad- para modificar la ley que blinda el derecho a la propiedad privada, el sendero de la “buena voluntad” en el Senado comenzó a presentar espinas en las últimas semanas, tras negativas de la Casa Rosada a la hora de convalidar acuerdos entre libertarios y la oposición dialoguista. Esto pone en riesgo diálogos sobre varios proyectos y, en medio de reminiscencias del “por todo y contra todos”, genera un mal clima de cara a la eventual sesión que se piensa en la Cámara alta para el jueves 14, aún sin confirmación oficial.

El detonante ocurrió el miércoles pasado, cuando el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), anunció -vía red social X- que diversas iniciativas relacionadas con Ficha Limpia comenzarán a ser analizadas en los próximos días. Es decir, por fuera de la amplia reforma electoral que envió el Ejecutivo para dinamitar las PASO. De hecho, llamó la atención el cabildeo de diputados “karinistas” para forzar todo en el mismo paquete. Más curioso fue que éstos se enteraron tarde que, en el Congreso, corre un “deadline” hasta finales de mayo para avalar un pacto del Estado con dos holdouts. Prioridades.

De nuevo en la Cámara alta, lo cierto es que, hasta el término de la corriente semana, aún no se llamó a comisión para Ficha Limpia. Y la jugada de Goerling pone en la plana principal algo básico: demostrar si en Balcarce 50 la quieren de verdad. Votos hay en el Senado, como contó este medio durante el último período estival. Sí avanzaría propiedad privada que, de hecho, tuvo otro inconveniente: el oficialismo intentó apurar un dictamen exprés sin siquiera convocar de nuevo al plenario, que había pasado a un cuarto intermedio. Algo parecido a lo que se hizo en la ley Bases, en 2024. De mínima, desprolijo. Al final, no ocurrió.

La ley en cuestión tuvo la novedad -ya adelantada- de la eliminación, por completo, del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Todo sea por el déficit fiscal cero, el alma del plan económico.

También es cierto que, de esta manera, sobrevive un sistema de regularización de barrios populares promocionado en la era Cambiemos por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votado con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores privilegiados suelen vanagloriarlo con un exceso -para nada- sugestivo.

A los proyectos mencionados se le deben sumar los cambios a le ley de salud mental -hay cerca de 60 invitados y el martes próximo habrá plenario-, la eterna siesta en la norma sobre discapacidad -sin respetar desde el Ejecutivo la insistida con dos tercios por ambas Cámaras-, y otras delicias que marcan el pulso del Senado. Un ejemplo claro es que dialoguistas dejaron en stand by los pliegos judiciales ya analizados en la comisión de Acuerdos. No hay un solo dictamen de mayoría. Y para la potencial sesión del 14, donde hay ascensos diplomáticos en fila, ya son muchos los que piden que aparezca antes la lista de 2026.

“Hasta que no vengan los del interior, estaremos sin novedades. Ya le dimos casi todo desde diciembre a los libertarios. El problema no es con -la jefa oficialista, Patricia- Bullrich, que es una mujer de palabra. Pero sospechamos que el Gobierno nos quiera extorsionar con los jueces que nos interesan para que votemos más leyes. Se agotó esa avivada”, sentenció un experimentado legislador a Infobae.

Otro movimiento que hicieron los aliados en la Cámara alta -Bullrich incluida- y que no pasó desapercibido el miércoles último fue, tras un encuentro en la bancada radical, la cumbre informal -no fue Labor Parlamentaria- que mantuvieron con la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. “No nos metemos en sus internas. Pero ser parte de esta desconexión que quiere imponer el Ejecutivo es un delirio y no podemos intoxicar más el clima acá”, reflexionó una senadora dialoguista ante este medio.

Premios

Como se informó semanas atrás, la otrora kirchnerista Carolina Moisés (Convicción Federal) no sólo se quedó con el premio de la vicepresidencia de la Cámara: sumó un lugar en la siempre juguetona bicameral que controla los organismos de inteligencia, conocida por tener presupuesto reservado. Es lo único así en el Congreso. Al cristinismo le dejaron un solo lugar por el Senado y estallará de furia. Esto se activaría en 48 horas.

Moisés se colgó otra medalla: también aparece en la estratégica bicameral de Trámite Legislativo, que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Desde otros bloques ya hacen apuestas sobre “cuándo” se “volverá a dar vuelta”. Algo similar, en la Mixta Revisora de Cuentas, para su colega y siempre pícaro catamarqueño Guillermo Andrada, cuya botonera es direccionada sin chistar por el gobernador, Raúl Jalil. Apuestas de altísimo riesgo.

Mientras los ex kirchneristas obtienen cositas -la jujeña criticó la prisión de la ex presidenta cuando, en paralelo, ésta le destrozaba el PJ local, a favor de La Cámpora-, dialoguistas que no se movieron del cerco aliado esperan, por citar un caso, que el Ministerio de Economía confirme si los adelantos de coparticipación podrán ser devueltos no en cuatro meses, sino en ocho. Fue planteado por el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes) ante el propio Luis Caputo. Bajo esta rutina se convive en el Senado.

Lo que parece estar claro, sobre todo por Bullrich y lo del miércoles de Goerling Lara -fue astuto al hacerlo por X, el corazón de los mileístas-, más otros aliados que asoman la cabeza, es que la Cámara alta es hoy uno de los pocos terrenos donde se volvió a hacer política. Algo que olvidó hace muchísimo tiempo el kirchnerismo, que se autoproclama experto y no encuentra dos gotas de agua para cargar una discreta “pelopincho”. Ahora, la pelota pasa hacia la Casa Rosada. El resto mira desde muy lejos.

La confrontación entre la senadora del PAN, Lilly Téllez, y el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a escalar en redes sociales luego de que el legislador morenista difundiera un video desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde cuestionó que la panista pudiera ingresar a una sala VIP mientras él no pudiera hacerlo sin que se le cuestionara.

En el material publicado por Fernández Noroña, el senador explicó que se encontraba caminando por el aeropuerto cuando observó a Lilly Téllez dentro de una sala exclusiva y decidió cuestionar públicamente por qué ella sí podía utilizar ese espacio y él no.

“¿Cuál es la razón? Se llama discriminación, racismo y clasismo, una intolerancia”, expresó el legislador de Morena en el video que rápidamente generó reacciones y abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre ambos.

La respuesta de Lilly Téllez no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, la senadora panista lanzó un mensaje directo y con tono burlón contra Fernández Noroña.

“A ver, changoleón entienda: Porque a diferencia de usted, yo no soy corrupta y estoy limpia. Sí, es cierto que su presencia asusta, pero se nos pasa cuando recordamos que usted extraña Nueva York y ahora anda cabizbajo porque le da miedo ir”, escribió Téllez.

Divide opinión el uso de zonas VIP

El comentario hizo referencia a las recientes polémicas que han rodeado a Fernández Noroña, especialmente luego de las críticas y señalamientos que ha enfrentado por sus viajes y declaraciones internacionales. La publicación de la legisladora generó miles de interacciones y dividió opiniones entre simpatizantes de Morena y del PAN.

Mientras seguidores de Lilly Téllez respaldaron su postura y criticaron a Noroña por grabarla en el aeropuerto, simpatizantes del senador morenista acusaron a la panista de clasista y de utilizar descalificaciones personales para responder.

La rivalidad entre ambos legisladores se ha intensificado en los últimos meses debido a constantes intercambios de acusaciones en redes sociales y durante debates públicos. Tanto Lilly Téllez como Fernández Noroña suelen protagonizar confrontaciones verbales que rápidamente se viralizan por el tono directo y polémico que utilizan.

En esta ocasión, el tema de las salas VIP en el AICM también abrió discusión entre usuarios sobre privilegios, acceso a espacios exclusivos y el uso político de este tipo de situaciones cotidianas.

Hasta el momento, ninguno de los dos senadores ha dado señales de bajar el tono de la confrontación, la cual continúa alimentando el debate político y mediático en plataformas digitales.

El oficialismo y la oposición dialoguista llegaron a un principio de acuerdo esta tarde en el Senado y, con modificaciones no menores mediante, intentarán firmar un dictamen de mayoría sobre la ley libertaria que blinda la propiedad privada, defendida semanas atrás por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La definición del asunto se consumó durante una cumbre que mantuvieron la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), con sus pares de la UCR -allí se realizó el convite-, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales.

Como adelantó Infobae, se dinamitará por completo el capítulo -que quería borrar la mayoría de los dialoguistas- referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para Sturzenegger, que denostó el sistema en manos de Nación y quería delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una millonada en juego.

Si bien quedan otros ítems con menores rispideces a resolver -venta de tierras a extranjeros y desalojos exprés, por ejemplo-, el inconveniente más importante es que, en el último plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, se pasó a un cuarto intermedio.

Esto implicaría tener que convocar -con agilidad y lupa sobre el reglamento- a una reunión mañana mismo. En principio, no sería la intención del oficialismo. Por ende, se pasaría a rubricar un dictamen entre despachos. No es la primera vez que ocurriría, aunque volvería a ser, de mínima, desprolijo.

La sesión que toma forma para el jueves 14 de mayo tendrá, ya confirmado -aún no oficial-, la prórroga del programa de entrega de armas, un acuerdo con holdouts y, según confiaron desde diversos espacios, la continuidad por cinco años del camarista federal Carlos Mahiques. No ingresará la ley de falsas denuncias que empuja la radical Carolina Losada (Santa Fe), como contó semanas atrás este medio.

Tras el encuentro en el bloque de la UCR, los legisladores bajaron del segundo al primer piso de la Cámara alta para actualizarle la agenda y la confirmación para sesionar a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Hasta después de esta cumbre, no había indicios para avanzar exprés con el dictamen de propiedad privada.

Bicamerales

Durante la jornada de hoy se conformaron tres bicamerales, siempre una cuestión espinosa. La primera fue la trascendental Mixta Revisora de Cuentas, que es el enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), quien revisa -a posteriori- los gastos del Estado.

Allí, el ex presidente de la bancada libertaria en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), se quedó con el liderazgo de la misma, tal como anunció Infobae. En tanto, la de los fondos relacionados con la seguridad social -también estratégica- pasó a manos del senador oficialista Bruno Olivera Lucero (San Juan).

La última fue la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin hallar al sucesor de Eduardo Mondino. Fue el último defensor votado con dos tercios por ambas Cámaras. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.

Papelón

Una comisión activada este miércoles fue la de Educación. Recibió el generoso premio de la presidencia la misionera renovadora Elizabeth Rojas Decut, uno de los votos clave -junto a su colega Carlos Arce- con los se noqueó la ley de Ficha Limpia el año pasado. Hoy, son adhesiones trascendentales para el esquema libertario. Como los diez de la UCR, tres del PRO y otros provinciales.

Como es sabido, siempre son observados y criticados los discursos que varios diputados y senadores leen en el recinto a la hora de hacer uso de la palabra. Lo que nadie se imaginó, durante una reunión de comisión sin ningún tipo de conflicto, es que Rojas Decut se ubicara en la presidencia con una máquina personal y casi sin mover los ojos de la misma para seguir lo que tenía escrito, lo que generó risas y caras tapadas -por vergüenza- entre algunos presentes.

Por 24 votos a favor y 20 en contra, el Senado aprobó en general este martes en su segundo trámite constitucional el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, y tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, acordando como plazo para ingresar indicaciones el mediodía del jueves 28 de mayo próximo.

“Quisiera destacar que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país (...) Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención”, señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La iniciativa establece que quienes no cumplan con la normativa arriesgan un castigo de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), además de una multa que va desde los $350.00 (USD 391) a $705.000 (USD 780).

Asimismo, aumenta la pena a presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) a quienes entren al país por pasos no habilitados teniendo una prohibición vigente de ingreso.

Además, contempla la expulsión del extranjero una vez cumplida la sanción, excluyendo de esta medida a niños, niñas y adolescentes, así como a sus cuidadores.

Rerserva de constitucionalidad

El debate fue intenso y estuvo marcado por las críticas de la oposición, desde donde advirtieron que la ley puede terminar en una “sobrecarga operativa para la Policía de Investigaciones (PDI) y las FF.AA.”, amén de acarrear “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos”.

“Lo que hace en el fondo es que las personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se queden en nuestro país. Y al menos nosotros, desde el comité unido de la oposición, queremos que las personas que entraron de manera ilegal salgan del país”, señaló la senadora Yasna Provoste (DC), quien anunció reserva de constitucionalidad, acto formal que funciona como una alerta previa para reservar el derecho a impugnar dicha norma ante el Tribunal Constitucional (TC),

Por su parte, su par Pedro Araya (PPD), declaró que “transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita porque desordena el sistema jurídico, tensiona principios básicos de la dogmática penal y genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica”.

“Es ineficaz para el objetivo que se propone”, agregó el parlamentario.

Desde el oficialismo, en tanto, retrucaron que el proyecto se apega al derecho internacional, puesto que incluye normas explícitas para menores de edad y solicitudes de refugio, y negaron que la norma vaya a generar un colapso en el sistema judicial y penitenciario, pues establece mecanismos alternativos que evitan la judicialización.

“No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, aclararon desde la derecha, e hicieron un llamado a “legislar y mejorar este proyecto”.

Por último, el ministro Alvarado anunció indicaciones “que permitan mejorar la arquitectura de este proyecto”, por lo que el proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con el regreso desde Chile de la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el oficialismo senatorial se reunirá esta tarde -15- con la oposición dialoguista para intentar destrabar algunas de las leyes que envió la Casa Rosada y que, hasta las últimas horas, continúan sin las firmas necesarias para avanzar con dictámenes de mayoría.

Tras el cónclave, los legisladores mantendrán otro convite junto a la vicepresidenta -a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei- y titular de Cuerpo, Victoria Villarruel, para actualizarla un poco -aunque sea- sobre el estado de la agenda que piensan entre las principales fuerzas -sin contar al kirchnerismo- y vislumbrar, en caso de haber algún entendimiento, la posibilidad de sesionar la semana próxima -jueves 14- o la siguiente, que sería con temas sin conflicto y ya despachados.

El primer texto a definir es el relacionado con el blindaje a la “propiedad privada”. Fue defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y criticado por otros tantos disertantes invitados por la oposición. Como contó Infobae días atrás, el capítulo que quiere borrar la mayoría de los dialoguistas apunta es el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Durante la era Cambiemos, la regularización de barrios populares fue promocionada por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”.

No piensa igual el Gobierno que, a través de Sturzenegger, señaló: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Detrás de todo esto se asoman millonadas. No obstante, como está planteado el articulado, no tendrá luz verde y se acumulan sugerencias parar borrar, de un plumazo, el capítulo entero.

La segunda espina a quitar es la de venta de tierras a extranjeros. La bandeja de opciones incluye límites vía porcentaje, cifra o, como deslizan desde algunos pícaros despachos, que cada provincia tenga la libertad de decidir sobre ello. Algo parecido a la reciente sancionada ley de glaciares. Los votos mandan y los aliados ya no huelen el mismo perfume que post elecciones de octubre pasado. La Casa Rosada tendrá la última palabra. Mismo caso para planteos sobre desalojos exprés, otro ítem delicado para el sector más zigzagueante de la corrección política.

Otro proyecto por ahora frenado es la reforma política. Allí, el Gobierno desea dinamitar las PASO e incluyó la normativa de Ficha Limpia que hicieron caer, hace casi un año, los misioneros renovadores Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, siempre bajo las estrictas directivas del inoxidable mandamás provincial y exgobernador Carlos Rovira.

En tanto, en cuanto a la ley de salud mental, se habla de una lista cercana a 60 expositores que aterrizarían a partir de las próximas semanas. Ni una palabra se menciona sobre la iniciativa de discapacidad y, mucho menos, sobre la norma -vetada e insistida luego con dos tercios- que el Ejecutivo continúa sin cumplir.

Para la jornada de hoy se estima, de no repetir cancelaciones sorpresivas, la conformación de tres bicamerales: Mixta Revisora de Cuentas, a las 11.30; y Control de los Fondos de La Seguridad Social, desde las 16. Media hora más tarde será el turno de la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin resolver al sucesor de Eduardo Mondino. Fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.

El congresista tomó la palabra en la sesión de Senado del martes 5 de mayo y dejó constancia escrita ante sus colegas: “Por medio de la presente me permito presentar renuncia irrevocable a mi condición de senador de la República, así como a mi militancia en el Partido Liberal Colombiano”.

La salida de Gómez Amín ocurre en paralelo a su participación en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, dentro del movimiento Defensores por la Patria, lo que reordenó su actividad política fuera del Congreso. Su decisión se conoció en un momento en el que el liberalismo atraviesa diferencias frente a las posiciones electorales que asumirán sus distintas figuras.

“Durante estos últimos cuatro años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable gobierno de Gustavo Petro Urrego. Esa no es la tradición de mi partido, que muchos aprendimos a querer y a respetar”, escribió Gómez Amín y que leyó en plenaria.

El congresista, que suma doce años de servicio legislativo —cuatro como representante a la Cámara y ocho como senador—, insistió en que su salida busca preservar la disciplina parlamentaria y evitar ausencias durante las semanas finales de la legislatura.

Mauricio Gómez Amín destacó el carácter distintivo de la campaña de Abelardo de la Espriella, de la que se desempeña como jefe de debate: un movimiento “popular, que está naciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional” y con la promesa de abrir nuevas formas de relación con la ciudadanía.

“Las exigencias crecientes de esta campaña presidencial demandan de mí cada día más energía, tiempo y presencia. Por esa razón, antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, agregó el líder político.

El senador enfatizó que su decisión responde a no permanecer atado a un espacio en el que no se siente cómodo y, con pocos meses restantes para entregar su curul debido a la renovación del Congreso, prefirió dar este paso con anticipación, mostrando así la responsabilidad que implica el cargo.

“Por todo lo anterior, asumo desde este momento mi total independencia y libertad política para dedicarme por completo a este proceso histórico. Me aparto de los partidos para servir a una causa mayor: la defensa de la patria, la renovación de la política y la construcción de la patria milagro que millones de colombianos empiezan a reconocer como una esperanza real", señaló Mauricio Gómez Amín.

Presidente del Senado despidió a Mauricio Gómez Amín con sentidas palabras

Ante la renuncia, el presidente del Senado, Lidio García, colega de partido de Gómez Amín, resaltó la valentía de su decisión y destacó su carrera en el Congreso, pronunciando además unas palabras desde el atril de la mesa directiva para reconocer su trayectoria y compromiso.

Lidio García dedicó unas palabras al que ahora es su excompañero de bancada: “Yo creo que aquí no hay diferencias personales, aquí hay diferencias ideológicas, conceptuales, pero yo creo que enemistades aquí no hay. Y yo quiero resaltar (...) tu valentía, tu inteligencia, tu afecto con los que te queremos”.

“Aquí hay de todos los pensamientos (…) representamos a un país, porque nos escogieron y, quiérase o no, en Colombia odian al Congreso, pero aman a los congresistas. Doctor Mauricio Gómez, lo único es que lo vamos a extrañar muchísimo”, dijo García, al destacar que la renuncia se da en un marco de respeto y sin diferencias personales.

“Ya queda poco tiempo para cerrar el Congreso, pero tomaste una decisión, que deja un sinsabor tremendo (...) Y a usted le quiero decir algo como presidente del Congreso de la República, váyase tranquilo, váyase a hacer lo que a uno le gusta. Yo a mis hijos les digo: ‘Hagan lo que les gusta, cuenten con mi apoyo y si eso es lo que les gusta, bien ido’. Usted, doctor Mauricio Gómez, lo único es que lo vamos a extrañar muchísimo”, dijo Lidio García en la plenaria.

Este martes se celebran elecciones primarias en Indiana, Ohio y Michigan, procesos que definirán candidatos clave para cargos legislativos estatales y federales, así como para la gobernación de Ohio.

Según AP News, estos comicios se presentan como una oportunidad para observar la dinámica interna de los partidos y anticipar el rumbo que podrían tomar las elecciones legislativas federales de noviembre.

Indiana: cargos estatales bajo la lupa y competencia interna

En Indiana, el sistema de elecciones escalonadas determina que 25 de los 50 escaños del Senado estatal estén en juego. De acuerdo con CBS News, siete senadores republicanos que votaron en contra de la propuesta de modificar el mapa electoral para favorecer a su partido buscan su reelección. Estos legisladores representan distritos donde el oficialismo obtuvo ventajas considerables en 2024.

Los candidatos oficialistas enfrentan rivales respaldados por el presidente y por el gobernador estatal, mientras que agrupaciones aliadas incrementaron la inversión en campañas, superando lo destinado en ciclos anteriores.

La cobertura de CBS News destaca que la atención mediática y el apoyo financiero no son habituales para este tipo de contiendas legislativas estatales. Chad Kinsella, profesor de Ball State University, afirmó en CBS News que históricamente no se observa interés presidencial en elecciones de senadores estatales, señalando la excepcionalidad de la coyuntura. Además, el liderazgo del Senado estatal podría verse alterado si los candidatos desafiantes logran imponerse en una cantidad significativa de escaños.

Según AP News, las ofensivas internas se concentran en los distritos 1, 11, 19, 21, 23, 38 y 41, donde los senadores que rechazaron la propuesta de redistritación enfrentan adversarios con el respaldo explícito del liderazgo nacional y estatal. La agencia también señala que el control parlamentario está en juego y que el resultado podría impactar en la correlación de fuerzas dentro del partido y en la administración estatal.

Ambas fuentes coinciden en que la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la Voting Rights Act se percibe como un factor de contexto relevante, ya que podría facilitar nuevos intentos de modificar los mapas electorales.

Ohio: primarias con impacto nacional

En Ohio, se definen las candidaturas para el Senado federal, la gobernación y varios escaños en la Cámara de Representantes. AP News informó que el demócrata Sherrod Brown busca regresar al Senado tras perder su banca en 2024 frente a Bernie Moreno.

Brown compite en la interna demócrata con Ron Kincaid; el vencedor enfrentará al republicano John Husted, designado como senador en reemplazo de JD Vance. La elección especial determinará quién completa el mandato de Vance, en un estado considerado estratégico por ambos partidos.

Respecto a la gobernación, CBS News aseguró que el empresario Vivek Ramaswamy es el favorito en la interna republicana, con el respaldo del partido estatal y del presidente. Ramaswamy despejó el camino tras el retiro de otros aspirantes, como el fiscal general Dave Yost y el vicegobernador Jim Tressel.

Solo Casey Putsch, empresario automotriz, continúa en la competencia interna. El ganador enfrentará en noviembre a la demócrata Amy Acton, exdirectora de salud pública y única candidata de su partido.

Uno de los distritos clave para la Cámara de Representantes es el noveno distrito de Ohio. CBS News detalló que cinco candidatos republicanos buscan la nominación para disputar el escaño a la demócrata Marcy Kaptur, quien ocupa ese lugar desde 1983. Entre los aspirantes destacan Derek Merrin, Josh Williams, Madison Sheahan, Anthony Campbell y Alea Nadeem. La redistribución distrital en 2025 favoreció al oficialismo republicano, incrementando la competitividad en esa zona.

Michigan: una banca decisiva en el Senado estatal

En Michigan, la atención se centra en una elección primaria especial para cubrir una vacante en el Senado estatal. Según AP News, ese escaño está vacío desde hace 12 meses y su resultado podría definir el control de la cámara alta: un triunfo demócrata otorgaría mayoría absoluta al partido, mientras que una victoria republicana produciría un empate 19-19.

El distrito fue escenario de una de las disputas más ajustadas de 2024, y la votación se presenta como un nuevo test de entusiasmo y movilización para ambos partidos.

La dinámica electoral en Michigan forma parte de una serie de consultas especiales en las que el oficialismo demócrata ha reducido diferencias, incluso en regiones tradicionalmente adversas, con la posibilidad de fortalecer su posición legislativa tanto a nivel estatal como federal.

Primarias locales en Tennessee: Shelby County define candidatos para la elección general

Este martes también se celebran primarias locales de gran importancia en el condado de Shelby, Tennessee, donde los votantes eligen a los candidatos de los partidos principales para cargos como alcalde del condado, comisionados, sheriff y otras posiciones administrativas.

Según la Shelby County Election Commission, estas primarias son el paso previo a la elección general que tendrá lugar en agosto y determinarán el liderazgo político del área metropolitana de Memphis para los próximos años.

National Today informó que la lista de aspirantes a la alcaldía del condado incluye a JB Smiley Jr., Melvin Burgess, Harold Collins, Mickell Lowery, Marie Feagins, Heidi Kuhn y Rusty Qualls en la primaria demócrata, mientras que Joe Brown y John DeBerry compiten en la primaria republicana. Además, se eligen candidatos para los distritos de comisionados y otras oficinas locales.

Tal como aclara la información oficial, los ganadores de estas primarias representarán a sus partidos en la elección general del 6 de agosto de 2026. La participación y los resultados de esta jornada tendrán impacto directo en la conformación del gobierno local en el condado de Shelby, el más poblado de Tennessee, y en la política de la región de Memphis para los próximos años.

Tras años de virulentas disputas y enemistad eterna casi jurada para alimentar la “grieta”, algunos senadores cristinistas y macristas se acercan y ahora empujan, juntos, una jornada nacional obligatoria sobre bullying en establecimientos educativos públicos y privados. Al menos eso es lo que impulsan el kirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) y Victoria Huala (Pro-La Pampa).

Lo que hicieron los legisladores fue replicar un dictamen de mayoría que se firmó el año pasado y, con el recambio en las Cámaras alta y baja de diciembre último, perdió estado parlamentario. Para llegar a ese despacho, se habían juntado textos de ambos y se arribó a un consenso que no sólo involucró a ellos, sino también a radicales, a silvestres provinciales e, incluso, a la libertaria Vilma Bedia (Jujuy), pastora evangélica y una férrea defensora de la carne de burro como fuente proteica.

En concreto, en la norma propuesta se plantea “que, en todos los establecimientos educativos del país de gestión pública y privada, en los niveles obligatorios, se realice al menos una (1) vez por ciclo lectivo la jornada ‘Argentina contra el Bullying: Por una escuela libre de acoso y discriminación’, que tiene por objeto que los y las estudiantes, docentes, personal no docente, y la comunidad educativa en su conjunto, desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a abordar la conflictividad social, el acoso escolar, la discriminación y la violencia entre pares en las instituciones educativas”.

Al revisar los fundamentos, el cristinista y la macrista no dudaron en afirmar que “en tiempos en los que la agresión aparece en los discursos oficiales, cuando el desprecio y el insulto al otro parecen moneda corriente, es necesario trabajar por una sociedad más empática, que acepte a cada uno y a cada una como es y que sea capaz de aislar y neutralizar los discursos de odio, y la escuela es el espacio privilegiado para comenzar ese proceso”. ¿Qué pensará Bedia?

A casi 20 horas de publicada la nota en Infobae -siempre en base a información oficial disponible en la web de la Cámara alta-, desde el despacho de la pampeana aclararon a este medio que el párrafo sobre “discursos oficiales” fue eliminado -con una rapidez admirable- como argumento.

Huala y de Pedro aseveran que la orden del día obtenida en 2025 “fue suscripta por trece senadoras y senadores de distintas provincias y espacios políticos, lo que habla de la amplitud del consenso alcanzado”. Y agregan: “Es antes que nada, un acto de respeto hacia el trabajo legislativo realizado y una invitación a retomar ese camino de acuerdo sin dilaciones innecesarias”.

El último punto es curioso, ya que se sugiere -con posibilidad de definición en cada provincia- que la jornada se realice el 2 de mayo de cada año. El proyecto fue presentado el pasado 28 de abril. Las sesiones ordinarias comenzaron el 1 de marzo, lo que demuestra la rapidez de ambos legisladores para evitar nuevos frenos a un tema delicado.

Uñac y la contaminación lumínica

El senador -kirchnerista o peronista, según la época- y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se asomó a la grilla de eventuales precandidatos nacionales para 2027 y presentó, días atrás, una iniciativa que “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a efectos de proteger la calidad del cielo nocturno, y de prevenir y mitigar los efectos negativos de la contaminación lumínica”. Todo un mensaje de poder en la siempre feroz interna justicialista.

Uñac manifestó que “el cielo nocturno oscuro es un bien común, parte del patrimonio natural y cultural de la Nación, cuyo cuidado y preservación incide en la investigación científica, el ambiente, la biodiversidad, la salud y las actividades educativas, turísticas y recreativas”.

Pocas reuniones

La agenda de la Cámara alta solo contempla, hasta la mañana de hoy, las audiencias públicas que se consumarán entre miércoles y jueves para continuar con la tanda de pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. Se analizan en la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). Nada aparece aún sobre propiedad privada, salud mental y reforma electoral, entre otras cuestiones. Tampoco, la activación de bicamerales que se suspendieron la semana pasada.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, exigió este 4 de mayo que el Senado de la República emita la declaratoria de constitucionalidad para la reforma que eleva los salarios del personal de salud, seguridad y educación en México.

Según Vázquez Ahued, el trámite permitiría que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su anuncio de publicar el decreto, realizado el pasado 1 de mayo.

Tras más de un año de pendiente, Vázquez Ahued indicó que la reforma se encuentra detenida en el Congreso y que la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, podría autorizar el procedimiento el próximo miércoles 6 de mayo, en la sesión de la Comisión Permanente.

El legislador de MC precisó que, aunque la mandataria federal anteriormente sostuvo que no había recursos suficientes, afirmó recientemente que la medida será realidad.

En paralelo, Vázquez Ahued señaló que sigue vigente un procedimiento de amparo para obligar judicialmente tanto al Senado como a la Comisión Permanente a concluir el trámite y hacer posible la publicación de los salarios dignos. El legislador remarcó: “No hay pretextos, salarios dignos ya“.

Los salarios de docentes, personal médico y de seguridad podrían rebasar los 20 mil pesos

Pablo Vázquez Ahued impulsa una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca homologar los salarios base de maestras, médicos, elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y policías del sector público a un nivel no inferior al promedio registrado ante el IMSS.

Esta propuesta responde a que, pese a la reforma constitucional aprobada en 2024 para fijar ese piso salarial, la normativa sigue sin publicarse oficialmente, lo que impide su entrada en vigor y mantiene la desigualdad entre trabajadores de sectores estratégicos.

El pasado 24 de septiembre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 123 constitucional para fijar que ningún salario base en estos sectores podrá ser menor al salario promedio registrado ante el IMSS, el cual, al mes de abril de 2025, llegaba a 621.9 pesos diarios, aproximadamente 18 mil 657 pesos mensuales.

Posteriormente, el Senado de la República avaló la reforma el 9 de octubre de ese año con 125 votos a favor, y la envió a las 32 legislaturas estatales, cumpliendo con los requisitos del artículo 135 de la Constitución.

Sin embargo, en marzo del 2026 el IMSS registró que el sueldo promedio de los afiliados era de 663.5 pesos diarios, lo que haría del salario mensual de los derechohabientes de 20 mil 170.40 pesos. Como la propuesta busca que el pago no sea inferior al registrado en el Instituto los maestros, personal médico y de seguridad recibirían este monto si se aprobara la reforma.

Brechas salariales por sector: cifras oficiales y desigualdad persistente

Actualmente, de acuerdo con la información presentada por el diputado, los docentes de nivel básico perciben en promedio 10 mil 900 pesos mensuales, de acuerdo con cifras del INEGI, aunque hay disparidad por nivel educativo, estado y régimen administrativo. Las y los trabajadores del sector salud —médicas, médicos, enfermeras y especialistas— registran ingresos de apenas 9 mil 500 pesos al mes en el tercer trimestre de 2024.

En contraste, el salario promedio de un soldado o marino puede variar entre 12 mil y 14 mil pesos, dependiendo de la entidad federativa y la condición administrativa. Los elementos de la Guardia Nacional mantienen percepciones similares, con un promedio de 12 mil pesos mensuales. La peor situación corresponde a los policías, quienes reciben en promedio 7 mil 860 pesos mensuales.

La discusión sobre la jurisdicción agraria volvió a encenderse en el Congreso en medio de un ambiente político cada vez más tenso entre el Legislativo y el Ejecutivo -que tiene muchos intereses en sus proyectos a solo cuatro meses de entregar el poder-. Esta vez, el centro del debate no solo está en el contenido de la reforma, sino en las reglas de juego con las que se intenta avanzar su aprobación.

En ese escenario, el representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, elevó sus reparos frente a lo que considera una presión del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de acelerar el trámite del proyecto. A su juicio, el debate dejó de ser estrictamente jurídico y político para entrar en una dinámica en la que, advierte, se estaría desdibujando el papel de los jueces en este tipo de controversias sobre la tierra.

Las críticas del congresista se hicieron públicas a través de su cuenta en la red social X, en la que cuestionó el alcance que podría tener la reforma y el rol que asumiría la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la resolución de conflictos agrarios. En su mensaje dejó constancia de su inconformidad con el rumbo de la discusión legislativa y con las señales que, según él, envió el Gobierno en los últimos días.

Christian Garcés señaló que hay ‘mano’ del Ejecutivo en las votaciones de la reforma agraria en el Congreso

“El Gobierno insiste en que no sea un juez de la Jurisdicción Agraria quien defina la propiedad de la tierra, sino otorgarle esa competencia a la @Agencia Tierras, pese a que la @CConstitucional ha reiterado en varias sentencias que estas controversias deben ser resueltas por un juez (sic)”, escribió el congresista en su post.

El representante a la Cámara agregó en su publicación: “Ahora, con presión mediática por las “ausencias” de congresistas, @PetroGustavo y @AABenedetti buscan obligar a la @CamaraColombia a aprobar el martes la Jurisdicción Agraria. Con los votos de @CeDemocratico no contarán para hacer quórum en escenarios donde se pretenda vulnerar la Constitución (sic)”.

El representante también difundió el orden del día previsto para el 5 de mayo de 2026, jornada en la que está programada la discusión del proyecto en la Cámara. Para él, el punto de fondo no es la asistencia o inasistencia de los congresistas, sino la forma en que se están construyendo las mayorías para sacar adelante las reformas del Gobierno.

“Los proyectos no se hunden por “ausencias” de congresistas; se hunden por falta de concertación y de garantías jurídicas”, añadió Garcés en su publicación, al insistir en que el trámite legislativo debería estar acompañado de mayores consensos.

Esta fue la solicitud que hizo el presidente sobre el ausentismo en el Congreso

La crítica del representante Garcés surgió tras la solicitud hecha por el presidente Petro, en un contexto en el que tanto la plenaria del Senado como la de la Cámara no han podido sesionar con normalidad debido a la falta de quórum o a interrupciones tempranas que obligan a levantar las sesiones; tal y como pasó el 1 de mayo.

Frente a eso, ese mismo día el presidente intervino con un llamado directo a las mesas directivas, por lo que el mandatario pidió acciones frente al ausentismo y advirtió sobre sus efectos en el trámite legislativo, en especial en iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencia”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. En su mensaje, hizo referencia a la posibilidad de pérdida de investidura para quienes incumplan de forma reiterada.

El presidente insistió en que el ausentismo afecta el curso de reformas clave: “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.

Entre ellos mencionó la jurisdicción agraria, la reforma a la salud, una eventual reforma tributaria enfocada en capitales de mayor capacidad económica y el código minero. Según el mandatario, estos proyectos requieren discusión y votación sin más dilaciones.

Ante esta petición, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió con una carta dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente. El documento señala que ya existen mecanismos legales para enfrentar esta situación y pide activarlos para corregir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la actividad legislativa.

Tras el bombardeo de leyes libertarias en el Senado, el oficialismo comenzó con el peinado fino de algunos textos y deslizó, en los últimos días, indicios de concesiones a sus aliados para acercar posiciones. Pica en punta la iniciativa relacionada con el blindaje a la “propiedad privada”, mientras que la reforma electoral -dinamitar las PASO, más otros tantos jugueteos- y la “renovada” norma sobre discapacidad -sin cumplir la insistencia del Congreso, sancionada con dos tercios- continúan paralizadas, ni siquiera, con un debate en comisiones.

Para lo primero, un capítulo se aproxima a borrarse: el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Es decir, la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”. En el Senado se prometería -risas de fondo- analizar algo por separado y a futuro.

A pesar de haber integrado la administración del confeti amarillo, el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defenestró el Renabap el 8 de abril pasado, cuando disertó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta, que presiden -el a veces despistado- Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), de La Libertad Avanza (LLA).

Sturzenegger sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Y sumó: “Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Lo que de verdad se esconde, detrás de esto, son millonadas.

Es curiosa la oposición a este punto. El Gobierno pretende trasladar la posta a las provincias y municipios -quienes se encuentran “en el territorio” 24/7-, sin precisiones sobre los fastuosos fondos. A diferencia de lo que ocurrió con la ley de glaciares y el lema “los recursos son de los distritos” -avalado por la Constitución, en el artículo 124-, los dialoguistas ahora sugieren que una decisión -que implica estar “in situ”- continúe en Nación.

Otro que hizo uso de la palabra en el plenario fue el Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, quien sugirió no aplicar modificaciones en el ReNaBaP. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”.

En cuanto a la potestad de los distritos, sería aún más llamativa la postura que prima en algunos partidos para destrabar la puja por venta de tierras a manos extranjeras: como no hay acuerdo sobre porcentaje o número, quedaría a cargo de cada gobernador.

Algunos mandatarios locales suelen creerse los más rápidos del condado: cuando quema la papa, que la agarre Nación. Si hay algo más jugoso, defensa irrestricta de los derechos de los distritos. Esto fue bien marcado en la gestión macrista y, ahora, en la mileísta. Amplio silencio durante las kirchneristas. Explica, en parte, el hastío de algunos votantes. Y, con el ajuste brutal del Gobierno, todo se hace más evidente.

En modo siesta aguardan las leyes electoral y de discapacidad. Con más posibilidad de entendimiento se asoma la de salud mental. La oposición pidió más expositores para lo último, y libertarios quieren apurar el despacho sobre propiedad privada. Prevén una sesión -no confirmada aún- para el 14 de mayo. No obstante, ya están disponibles otras órdenes del día para armar dicho convite.

Al concluir el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, la agenda legislativa mostró un enfoque relevante en la articulación entre cultura, derechos e inclusión social.

Desde la Comisión de Cultura, se impulsaron iniciativas orientadas a actualizar el marco normativo frente a los desafíos contemporáneos, particularmente en el entorno digital.

Los retos

Uno de los temas centrales fue la modernización de la legislación en materia de derechos de autor. Las propuestas discutidas buscaron fortalecer la protección de creadores, artistas e intérpretes, en un contexto donde la tecnología ha transformado de manera significativa la producción, distribución y consumo de contenidos culturales.

Estos cambios pretenden ofrecer mayor certeza jurídica en el uso y reconocimiento de las obras, así como garantizar condiciones más justas para quienes participan en la cadena creativa.

Inclusión y reconocimiento de comunidades afrodescendientes

En paralelo, también se promovió una visión más incluyente de la política cultural, con énfasis en la integración de sectores históricamente relegados. En este sentido, cobró relevancia el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes de Guerrero.

Este tema que se posicionó dentro de la agenda legislativa nacional como parte de una discusión más amplia sobre diversidad cultural, identidad y acceso a derechos, refirió la legisladora Beatriz Mojica Morga, cuya participación se centró en ampliar e integrar la agenda cultural con una perspectiva social.

Vivienda y derechos de las mujeres en la agenda social

En materia social, la legisladora también abordó rezagos en el acceso a vivienda, señalando la necesidad de fortalecer y ampliar programas dirigidos a sectores con menores oportunidades.

Asimismo, participó en la discusión de reformas orientadas a consolidar los derechos de las mujeres, con énfasis en la equidad de género, la protección frente a la violencia y el acceso efectivo a la justicia.

Apoyo y mecanismos

El cierre del periodo legislativo también incluyó avances en otros temas clave como trabajo, seguridad y justicia, en línea con los objetivos generales del Senado como un esfuerzo por atender distintos frentes de la vida pública nacional desde una perspectiva integral, en un escenario marcado por cambios tecnológicos y sociales que exigen respuestas más incluyentes y coordinadas.

En resumen:

• La senadora Beatriz Mojica Morga cerró el periodo legislativo con una agenda centrada en cultura, inclusión y derechos sociales.
• Impulsó la actualización del marco legal en derechos de autor para adaptarlo al entorno digital y proteger a creadores.
• Promovió una política cultural incluyente, destacando el reconocimiento de comunidades afrodescendientes de Guerrero.
• Señaló rezagos en el acceso a vivienda y la necesidad de ampliar programas para sectores vulnerables.
• Participó en reformas enfocadas en fortalecer los derechos de las mujeres, con énfasis en equidad y acceso a la justicia.
• El cierre del Senado también incluyó avances en temas laborales, de seguridad y justicia.
• Su enfoque legislativo vinculó cultura con una agenda social más amplia y de inclusión.

El Gobierno nacional elevó una presión sobre el Congreso de la República con un movimiento formal que busca cerrar el paso al ausentismo en las sesiones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó un oficio ante las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes con una petición concreta: aplicar el reglamento vigente para sancionar a quienes no asisten de forma reiterada.

La iniciativa surgió tras el llamado del presidente Gustavo Petro, que pidió reportar al Consejo de Estado las faltas de algunos legisladores. La respuesta del Ejecutivo tomó forma en un documento oficial que pone el foco en la disciplina parlamentaria y en el cumplimiento de las funciones asignadas.

En ese escrito, Benedetti dejó clara la línea del Gobierno, por medio de una publicación en su cuenta en la red social X: “Siguiendo las instrucciones del señor presidente @petrogustavo he presentado al Congreso de la República la solicitud para aplicar las normas sobre inasistencia de los congresistas a las sesiones de esta corporación”.

La comunicación, dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente, advierte sobre el impacto de las ausencias en el trámite legislativo. El Ministerio del Interior sostiene que las faltas reiteradas afectan el funcionamiento del Congreso y frenan el avance de proyectos clave.

El documento plantea que existen herramientas legales suficientes para enfrentar esta conducta. En esa línea, solicita activar mecanismos que ya figuran en la Constitución y en la ley, con el fin de corregir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la actividad parlamentaria.

Entre las medidas que propone el oficio aparece el reporte de los casos al Consejo de Estado, la aplicación de descuentos salariales y la remisión de la información a las comisiones de ética. La intención apunta a que las sanciones no queden en advertencias y que tengan efectos concretos.

El texto recuerda lo establecido en la Constitución sobre la pérdida de investidura. Allí se señala: “Los congresistas perderán su investidura (…) por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

Además, el Ministerio cita la Ley 1828 de 2017, que define conductas sancionables para los legisladores. En ese marco, se incluye “abandonar la labor que le ha sido encomendada” y faltar sin justificación a tres sesiones en las que se voten iniciativas o se desarrollen debates de control político.

Otro de los puntos que destaca el documento se relaciona con las consecuencias económicas. La normativa indica que la inasistencia sin excusa válida no da lugar a salario ni prestaciones, sin perjuicio de otras sanciones que puedan imponerse.

Esta fue la solicitud que hizo el presidente sobre la situación en el Congreso

La plenaria de Senado y la de Cámara no lograron sesionar con normalidad por falta de quórum o por rupturas tempranas que obligan a levantar las jornadas del 1 de mayo; el balance del último mes y medio deja pocos proyectos discutidos y una agenda que avanza a paso lento.

El presidente Gustavo Petro intervino con un llamado directo a las mesas directivas, por lo que el mandatario pidió acciones frente al ausentismo y advirtió sobre sus efectos en el trámite legislativo, en especial en iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencia”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. En su mensaje, hizo referencia a la posibilidad de pérdida de investidura para quienes incumplan de forma reiterada.

La normativa vigente establece que un congresista puede perder su curul si no asiste, en un mismo periodo, a seis plenarias en las que se voten proyectos, actos legislativos o mociones de censura. Además, esa sanción implica la imposibilidad de aspirar de nuevo a cargos de elección popular.

El presidente insistió en que el ausentismo afecta el curso de reformas clave: “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.

Entre ellos mencionó la jurisdicción agraria, la reforma a la salud, una eventual reforma tributaria enfocada en capitales de mayor capacidad económica y el código minero. Según el mandatario, estos proyectos requieren discusión y votación sin más dilaciones.

Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de alto nivel de ese estado, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, está relacionado con las elecciones que se llevarán a cabo en ese país el próximo mes de noviembre, afirmó la presidenta del Senado de la República Laura Itzel Castillo.

Ante medios de comunicación, el pasado jueves, la legisladora dejó entrever intereses político-electorales en las solicitudes de detención con fines de extradición del gobernador Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios y exfuncionarios más.

“Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos y que hay muchos elementos que en este caso tendrían que estarse considerando, verdad, para la obtención de votos”, explicó Castillo.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había anunciado que llevaría a cabo una investigación, por lo cual habría que esperar conclusiones.

Castillo, además, aseguró que en la instalación de la Comisión permanente se violó la Ley Orgánica del Congreso General en sus artículos 118 y 120, porque se permitió que, sin acuerdo de por medio, la oposición fijara postura sobre el tema de las acusaciones contra el mandatario estatal.

“Es muy claro cuál es la ley en cuanto al procedimiento que se tiene que realizar para la instalación de la Comisión Permanente y eso es lo que debería de que haber hecho, seguir los pasos que están marcados específicamente en estos artículos. Eso es lo que yo diría, pero bueno, ¿qué podemos esperar?”, concluyó la legisladora.

Acusaciones de EEUU contra funcionarios de Sinaloa

El pasado miércoles 29 de abril, el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de cargos relacionados con el narcotráfico.

El morenista fue acusado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de delitos de tráfico de drogas y armas.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Rocha Moya y los demás funcionarios fueron vinculados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, misma que dirigen los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán en ese estado y otros del país.

“El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad (EE.UU.) con drogas peligrosas durante décadas”, señaló el fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza la acusación contra Rocha Moya y los otros acusados.

“Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo”, añadió.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que revisaría una petición de detención con fines de extradición que recibió a través ded la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, declaró ante los senadores que el presidente ruso Vladimir Putin ha ayudado al esfuerzo bélico de Irán.

Se negó a entrar en detalles, alegando el carácter público de la audiencia, pero dijo: “Sin duda, hay novedades al respecto”.

El presidente del comité, el senador republicano Roger Wicker, coincidió, afirmando que “no cabe duda de que la Rusia de Vladimir Putin está tomando medidas serias para socavar nuestros esfuerzos por lograr el éxito en Irán”.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se enfrentó por segundo día consecutivo a los legisladores demócratas en el Congreso el jueves, rechazando las acusaciones de los senadores de que la guerra contra Irán se inició sin pruebas de una amenaza inminente y sin una estrategia coherente.

En sus declaraciones iniciales, Hegseth calificó a los legisladores demócratas de “negacionistas imprudentes” y “derrotistas desde sus escaños” que no han reconocido los numerosos éxitos del ejército estadounidense contra la República Islámica en los últimos dos meses y en otras operaciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo.

Hegseth afirmó que Trump ha tenido el valor, “a diferencia de otros presidentes, de garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear y que su chantaje nuclear nunca tenga éxito. Tenemos al mejor negociador del mundo impulsando un gran acuerdo”.

El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, no se anduvo con rodeos en su declaración inicial, criticando los esfuerzos del secretario de Defensa por reformar la cultura militar y advirtiendo que sus acciones podrían tener consecuencias negativas a largo plazo.

Reed argumentó que la guerra con Irán ha dejado a Estados Unidos en una peor posición estratégica debido al cierre del estrecho de Ormuz y a la muerte de 13 militares estadounidenses. Muchos otros han resultado heridos y se ha destruido equipo militar.

“La confianza del pueblo estadounidense en nuestras fuerzas armadas tardó 250 años en construirse. La están desmantelando en mucho menos tiempo”, concluyó Reed.

El presidente republicano ofrece una cálida bienvenida

Hegseth recibió una cálida bienvenida del senador Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, quien inició la audiencia señalando que Estados Unidos se encuentra en el entorno de seguridad más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. También elogió el uso de las fuerzas armadas por parte de Trump.

Mediante la guerra contra Irán, Trump “ha trabajado para eliminar las capacidades militares convencionales del régimen y obligarlo a volver a la mesa de negociaciones para una solución permanente”, dijo Wicker.

También elogió la propuesta presupuestaria de Trump para 2027.

“Esta solicitud de 1,5 billones de dólares está repleta de programas e iniciativas importantes que son absolutamente necesarios para garantizar los intereses estadounidenses en el siglo XXI”, afirmó.

Un día antes, Hegseth se enfrentó a los demócratas durante una audiencia de casi seis horas ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde fue sometido a un duro interrogatorio sobre los costos de la guerra en dólares, vidas y la disminución de las reservas de armamento crítico.

El comité del Senado está escuchando una presentación similar sobre la propuesta presupuestaria militar de la administración Trump para 2027, que elevaría el gasto en defensa a niveles históricos. Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, vuelven a enfatizar la necesidad de más drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

También es probable que se enfrenten a preguntas difíciles sobre el número de tropas estadounidenses en Europa, después de que Trump lanzara el miércoles una nueva amenaza contra Alemania, aliado de la OTAN, sugiriendo que pronto podría reducir la presencia militar estadounidense en el país, en medio de su disputa con el canciller Friedrich Merz por la guerra con Irán.

Si la audiencia del miércoles sirve de indicación, los senadores republicanos podrían centrarse en los detalles del presupuesto militar y expresar su apoyo a la operación en Irán. Se espera que los demócratas presionen para obtener respuestas sobre la estrategia en el conflicto, actualmente en un frágil alto el fuego, y sobre el cese de altos mandos militares por parte de Hegseth.

Los demócratas califican el conflicto como una costosa guerra de elección.

Los demócratas lo califican como una costosa guerra de elección que carece de aprobación o supervisión del Congreso. Sin embargo, no han logrado aprobar varias resoluciones sobre poderes de guerra que habrían obligado a Trump a detener el conflicto hasta que el Congreso autorice nuevas acciones.

Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un plazo de 60 días, fecha límite que vence el viernes. La ley prevé una posible prórroga de 30 días, pero la administración republicana no ha indicado públicamente si Trump la solicitará.

Según un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para comentar sobre deliberaciones privadas, la administración mantiene conversaciones activas con los legisladores para abordar el plazo de 60 días.

Mientras tanto, en la audiencia del miércoles se respondieron —o se eludieron— las preguntas que los legisladores querían formular desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Por ejemplo, la guerra ha costado 25 mil millones de dólares, principalmente en municiones, según informaron funcionarios del Pentágono. Sin embargo, Hegseth se negó a responder preguntas sobre cuánto tiempo más duraría la guerra o cuánto más podría costar.

Hegseth también afirmó que el ataque mortal contra una escuela primaria iraní, que dejó más de 165 muertos, entre ellos niños, sigue bajo investigación. La Associated Press ha informado que cada vez hay más pruebas que apuntan a la culpabilidad de Estados Unidos en el ataque, que impactó una escuela adyacente a una base de la Guardia Revolucionaria.

El representante demócrata Pat Ryan, de Nueva York, cuestionó a Hegseth sobre si la muerte de seis soldados estadounidenses en un ataque con drones en Kuwait podría haberse evitado. Hegseth no respondió directamente, pero afirmó que las fuerzas armadas tomaron medidas preventivas para proteger a las tropas estadounidenses.

En otro tenso intercambio, Hegseth le dijo al representante demócrata Adam Smith, de Washington, que las instalaciones nucleares de Irán fueron destruidas en ataques estadounidenses en junio pasado. Esto llevó a Smith a cuestionar el razonamiento del gobierno de Trump para iniciar la guerra en Irán menos de un año después.

“Tuvimos que comenzar esta guerra, usted mismo lo dijo hace 60 días, porque el arma nuclear era una amenaza inminente”, dijo Smith, el demócrata de mayor rango en el comité. “¿Ahora dice que fue completamente destruida?”.

Hegseth respondió diciendo que los iraníes “no habían renunciado a sus ambiciones nucleares” y que aún poseían miles de misiles.

Smith afirmó que la guerra “nos dejó exactamente en la misma situación que antes”.

El secretario de Defensa también tuvo que responder preguntas sobre su decisión de destituir al máximo oficial uniformado del Ejército, el general Randy George, uno de los varios altos mandos militares que han sido destituidos desde que Trump regresó al cargo.

(Con información de AP)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, utilizó la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa para justificar públicamente su negativa a comparecer ante el Senado de la República.

“¿Cómo iba yo a comparecer en una reunión de trabajo del Senado? Si quienes hacen comparecer a la gobernadora de Chihuahua están en esta lista roja del gobierno de Estados Unidos; nos vamos dando cuenta de quién es quién”, declaró la mandataria panista el miércoles 29 de abril.

El contexto: extradición de funcionarios de Sinaloa

El martes 28 de abril, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador Rubén Rocha Moya.

La solicitud se produjo en paralelo a la convocatoria del Senado a Campos Galván para comparecer ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, en el marco del escándalo por la presencia de agentes encubiertos de la CIA en un operativo antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Campos aprovechó la coincidencia temporal de ambos hechos para cuestionar la legitimidad de quienes la citaron.

La polémica: agentes de la CIA en Chihuahua

El origen de la citación al Senado se remonta al 19 de abril, cuando dos agentes de la CIA y dos ciudadanos mexicanos murieron durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio conocido como “El Pinal”, en la sierra chihuahuense.

El caso desató un debate sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe la participación operativa de agencias extranjeras en territorio mexicano sin supervisión de la Cancillería. La mandataria argumentó previamente que su ausencia en el Senado respondía a la necesidad de proteger información clasificada de las investigaciones en curso.

Campos defiende su estrategia de seguridad

En paralelo a la polémica, la gobernadora siguió su agenda institucional. Tras inaugurar una obra para el DIF estatal, señaló que los menores bajo tutela presentan daños neurológicos causados por la violencia del crimen organizado, y reiteró su postura de combate frontal al narcotráfico.

La noche anterior, en un encuentro con empresarios y dirigentes de la COPARMEX en Ciudad Delicias, Campos Galván defendió su gobierno:

• Afirmó que la paz y seguridad ciudadana son “el ejercicio más acabado de nuestra soberanía”.
• Ratificó su estrategia de combate al crimen organizado pese a las acusaciones en su contra.
• Rechazó implícitamente las críticas del gobierno federal sobre el manejo del caso CIA.

La pregunta sigue sin respuesta

Con la gobernadora fuera del Senado y la Fiscalía General de la República (FGR) aún investigando qué hacían los agentes estadounidenses en Chihuahua, la pregunta central permanece abierta: ¿Quién autorizó la operación?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar, mientras el caso tensiona las relaciones entre el gobierno federal, la administración chihuahuense y Washington.

Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en un foro sobre biocombustibles en el Senado de la República, donde presentó su enfoque en materia de transición energética.

A través de su área de Transformación Energética, la empresa planteó que el impulso al bioetanol forma parte de su estrategia para reducir emisiones en el sector transporte y diversificar las fuentes de energía.

Durante el encuentro, actores del sector energético coincidieron en que los biocombustibles pueden contribuir a disminuir la huella de carbono, particularmente en segmentos donde la electrificación aún enfrenta limitaciones.

También se señaló que la infraestructura y capacidad logística de Pemex podrían facilitar la incorporación de estos combustibles en el mercado nacional.

No obstante, el desarrollo de este tipo de energías en México aún es incipiente y enfrenta retos regulatorios, de inversión y de escalabilidad.

Señalamientos sobre el rol de Pemex en la estrategia energética nacional

En el mismo foro, representantes del sector público destacaron que Pemex sigue siendo un actor central en la política energética del país, tanto por su peso en la producción de hidrocarburos como por su posible participación en proyectos de energías limpias.

La empresa ha sostenido que su estrategia busca combinar la explotación de recursos fósiles con el desarrollo de alternativas más sostenibles.

Sin embargo, analistas han señalado que la dependencia de los ingresos petroleros y la limitada inversión en energías renovables han retrasado una transición más acelerada.

Sheinbaum informa sobre posible cooperación tecnológica con Petrobras

Un día después del foro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Pemex y Petrobras mantienen conversaciones para compartir tecnología en exploración y extracción de crudo.

En conferencia de prensa, detalló que la empresa brasileña ha desarrollado metodologías avanzadas en producción petrolera, así como en biocombustibles como biodiésel y etanol, que podrían ser de interés para México.

Como parte de estos acercamientos, un equipo técnico de Petrobras tiene prevista una visita al país para trabajar con especialistas mexicanos.

La mandataria aclaró que, hasta ahora, no existe un acuerdo formal ni compromisos de explotación conjunta en el Golfo de México, y que las conversaciones se mantienen en fase de evaluación.

Crisis estructural: producción a la baja y presión financiera

El anuncio de posibles alianzas ocurre en un momento de alta presión para Pemex.

La empresa enfrenta una caída sostenida en la producción de hidrocarburos, que al cierre de 2025 se ubicó en alrededor de 1.63 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 46 años.

A esto se suma una deuda financiera superior a los 100 mil millones de dólares, así como problemas de liquidez que han afectado su operación cotidiana.

Empresas proveedoras han reportado retrasos en pagos, lo que en algunos casos ha derivado en la suspensión de servicios, incluyendo plataformas petroleras.

Entre los principales elementos de la situación actual destacan:

• Reducción de la producción por madurez de yacimientos y falta de inversión sostenida.
• Pérdidas financieras y limitada capacidad de flujo de efectivo.
• Adeudos acumulados con proveedores que afectan la cadena de suministro.
• Dependencia de apoyos fiscales y transferencias del gobierno federal.

Derrame en el Golfo de México agrava el contexto operativo

A este escenario se suma un derrame petrolero registrado en el Golfo de México, originado por una fuga en un oleoducto cercano a la plataforma Cantarell.

El incidente comenzó en febrero de 2026 y generó una mancha de crudo de más de 300 kilómetros cuadrados, con impactos en costas de Tabasco y Veracruz.

Pemex reconoció el hecho de manera posterior y confirmó que hubo omisiones en la información inicial, lo que derivó en la separación de funcionarios.

El derrame también provocó afectaciones a comunidades pesqueras y daños ambientales en zonas costeras.

En conjunto, la participación de Pemex en foros sobre energías limpias y la búsqueda de colaboración internacional contrastan con los desafíos estructurales que enfrenta la empresa, en un contexto donde su viabilidad financiera, operativa y ambiental continúa bajo escrutinio.

Un plenario de comisiones del Senado inició esta tarde el debate para modificar la normativa vigente de salud mental que envió el Ejecutivo libertario. Durante el convite, la oposición reclamó la presencia de un lote de expositores que, con aval oficialista, desliza un trámite lento para el proyecto en cuestión.

El plenario estuvo a cargo de la mileísta y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). La disertante que aterrizó por el Gobierno fue la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró.

La funcionaria explicó que el texto es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.

Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

Tras ello, explicó conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.

La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se encuentre ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda seguir todo -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.

En tanto, González dejó en claro la importancia de las familias, con expedientes donde no aparecen para retirar a internados, y de la no eximición del derecho a cuidados, con responsables que muchas veces intentan desligarse con la excusa de haber pagado una obra social.

Otros datos que dio la funcionaria: hay 6.632 camas de salud mental, o 14,5 cada 100.000 habitantes. Para la OCDE, lo adecuado son 60. En Italia, esa cifra da 9; en Alemania, 135. Anticipándose a las preguntas del kirchnerismo sobre el presupuesto destinado, deslizó: “Se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”.

Observaciones

“Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo la cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), que fue la primera que solicitó la presencia del Consejo Federal de Salud. “Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”, advirtió.

Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, sumó: “Fue cruento”.

Por su parte, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, reflexionó que “esta ley propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”. Y conjeturó: “Analicen desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles. Ahí está el sentido de esta reforma”.

González estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, quien remarcó que el proyecto ayudará “especialmente a los -casos- más vulnerables”.

Novela diplomática

Durante la mañana, la comisión de Acuerdos logró dictaminar las demoradas listas de ascensos diplomáticos de 2024 y 2025, la cuales derivaron en un hervidero en la Cancillería. Como contó Infobae, algunos nombres quedaron en el camino.

Eran 43 los postulantes que aguardaban el aval para la suba de categoría. Del total, 27 consiguieron ingresar al despacho de mayoría, ya listo para una eventual sesión. Ello no quita que, en el recinto, alguno se caiga.

De hecho, en Cancillería continuaba anoche la novela por estos pliegos, con un enojo más que elevado de un importante funcionario sobre las presiones para la nómina 2026, aún no enviada por la Casa Rosada.

La comisión de Acuerdos, que maneja el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), pudo ser completada en las últimas horas: el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya es su vice, mientras que el jefe del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), aterrizó en la secretaría.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado firmaron esta tarde un dictamen de mayoría que avala el acuerdo entre el país y dos fondos buitre, que implicará un pago total de u$s 171 millones.

Con el despacho que firmaron oficialistas y dialoguistas -se opuso el kirchnerismo-, que ahora debe ir al recinto de la Cámara alta y luego ser sancionado por Diputados, se busca amortiguar un argumento del propio mensaje enviado por el Ejecutivo, que habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Momentos antes de finalizar el plenario, el oficialismo dijo que el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, informó de una prórroga hasta el 31 de mayo próximo.

En concreto, el convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 al primero y u$s104 al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. E incluye una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro punto destacado en el documento que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Debate

“Concluir este tema es extinguir el litigio con los principales acreedores en situación de holdouts”, manifestó el libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Y agregó: “Es muy importante que, como señal, se le dé dictamen, según lo convenido con las partes“.

En tanto, el titular del PRO y de la comisión de Economía Nacional e Inversión, Martín Goerling Lara (Misiones), sostuvo que “es importante dar por terminada una etapa muy mala de la Argentina“ y resaltó la eliminación de la “incautación de activos estratégicos”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) justificó el dictamen de minoría para rechazar lo solicitado por la Casa Rosada. “Observamos que no reduce la magnitud de los efectos institucionales, fiscales y jurídicos. No se trata de un proceso integral transparente, sino de acuerdos negociados individualmente con acreedores litigantes en trato inequitativo”, sentenció.

“Cada decisión del Congreso puede generar otros procesos de litigio”, advirtió el exgobernador, y auguró que la decisión “debilita la posición negociadora del Estado”. El oficialismo le respondió rápido a través del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), que lanzó: “Dato mata relato. Hay sentencia firme desde 2004 y nuestro gobierno lo ha heredado. Nos chocamos con la deuda y nunca es feliz pagar compromisos que no hemos heredado, pero como dijo nuestro Presidente, nos tenemos que hacer cargo y podemos hacerlo, gracias equilibrio fiscal”.

Por su parte, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza-Jujuy) expresó: “Estamos mostrando una nueva forma de pensar. Pagamos la deuda, somos confiables y vamos a intentar que bajen el riesgo país y la tasa de interés”.

Seguido a ello, Atauche recordó la época de “fragatas embargadas y aviones presidenciales, o el ‘discovery’ para ver qué hay de Argentina por todos lados, como si fuésemos el típico deudor que no cumple”. Minutos más tarde, el cristinista Martín Soria (Río Negro), aseveró: “Ingresó -el proyecto- el 17 de abril, a las apuradas. ¿Por qué liquidarlo sin debate y sin datos?“.

El final de la discusión quedó para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. “Si todas las veces que votó el Congreso restructuraciones fue por unanimidad, ¿por qué no lo votan?“, preguntó. No olvidó de replicar a Soria, sobre quien observó que ”miente todo el tiempo" y cuenta siempre “la historia incompleta”.

El pasado martes, el Senado de la República aprobó las solicitudes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para permitir el ingreso de 96 soldados y marinos estadounidenses para participar en actividades de adiestramiento, entre el 8 de mayo y el 15 de octubre.

Con 104 votos a favor (mayoría) y tres en contra, de senadores del partido Movimiento Ciudadano (MC), se autorizó la entrada de 73 integrantes de las tropas extranjeras los días 6 y 10 de mayo para participar en el Ejército Multinacional Anfibio FÉNIX 2026.

El adiestramiento se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

El ejército FÉNIX 2026 es un ejército de carácter multinacional que busca fortalecer capacidades anfibias de la armada de México.

El 6 de mayo ingresarán al país 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, sin armamento y a través de vuelo comercial.

Posteriormente, el 10 de mayo, ingresarán otros 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, mientras que el 17 de mayo llegarán a territorio nacional 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento.

Estos dos últimos grupos portarán armamento y equipo militar a bordo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América.

Para el 30 de mayo, saldrán del país 60 elementos militares con el armamento y equipo empleado, a bordo de la aeronave Hércules. El 1 de junio, abandonarán el país 13 elementos militares, por medio de un vuelo comercial.

Senado aprueba acceso de Marines armados

En votación separada, con 105 votos a favor y tres en contra de emecistas, se concedió la autorización a Sheinbaum para permitir el ingreso de 23 elementos del Equipo 8 de los NavySEAL´s de la Armada de Estados Unidos.

El ingreso se autorizó para el 1 de agosto, y el grupo ingresará al país con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

Los marinos abandonarán el país el 16 de octubre, tras compartir el adiestramiento Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

El dictamen aprobado solicita a Sheinbaum a que le instruya al Secretario de Marina a enviar un informe sobre el resultado de dichos ejercicios de adiestramiento multinacional al Senado en un plazo de 30 días.

Tras modificar la agenda matutina para que senadores libertarios vayan a “bancar” a Diputados el informe de gestión que dará allí el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo de la Cámara alta intentará avanzar, desde las 13, con los demorados ascensos diplomáticos de 2024 y 2025. Luego, en dos plenarios distintos -15 y 16.30-, se debatirá un acuerdo con fondos buitre y se comenzarán a analizar cambios sobre la normativa de salud mental.

Las actividades parecen depender de repentinas volteretas, a esta altura, de casi todos los bloques. Por caso, de las cuatro reuniones para conformar comisiones bicamerales previstas para ayer, una se suspendió el lunes y, las tres restantes, a horas de consumarse. Desde un par de despachos deslizaron, por lo bajo, sobre nuevas pinceladas de nombres.

Diplomáticos

La prolongada siesta para ascensos en Cancillería se revisarán en la comisión de Acuerdos, que comanda el mileísta riojano Juan Carlos Pagotto. Esto ya se cayó en varias ocasiones y el Ministerio de Relaciones Exteriores se convirtió en un hervidero.

El evento se desarrollará en medio de acusaciones sobre generosos guiños a personas “cercanas” al kirchnerismo, supuestas influencias de diplomáticos sobre senadores para frenar o retocar listas, y algunas bancadas que mienten por default para no atarse al embrollo que ayudaron a generar.

Por fuera de las simpáticas operaciones, lo más importante a mirar de todo esto es, siempre, los espacios políticos que se mantuvieron en silencio. Lo mismo corre para pliegos judiciales. En las próximas horas, algunas subas de categoría quedarían relegadas, aunque el resto de ambas listas terminaría con respectivos dictámenes de mayoría.

Fondos buitre

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado debatirán un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo curioso del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

Ayer, oficialismo y dialoguistas mantuvieron un cónclave con el ministro de Economía, Luis Caputo, para indagar sobre el tema. Sobre el plazo del 30 de abril, quedó la impresión entre los participantes de que el mismo no sería “taxativo”, aunque se sugirió que bien vendría firmar dictamen esta tarde como gesto.

Por otra parte, todos entendieron la necesidad de cerrar los espinosos problemas económicos y legales que tuvo el país en relación con esto, aunque los aliados recordaron también las varias dificultades del primer trimestre en el plano local, tras más de dos años de ajuste. Caputo dio explicaciones similares a las que suele ofrecer en medios y reafirmó que, en el actual trimestre, habrá un repunte. Esto también equivaldría a reactivar obras que, en los últimos meses, se paralizaron casi de manera total.

Además, dos asistentes confiaron a Infobae, tras una consulta del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), que el Gobierno consideraría la viabilidad de devolución ya no en cuatro meses, sino en seis u ocho, de los adelantos de coparticipación que la Casa Rosada otorgó a un puñado de distritos. Otros ítems con indicios de respuesta de “normalización” apuntaron hacia el PAMI y discapacidad.

Salud mental

La ley del Ejecutivo tendrá su puntapié en las comisiones de Salud; y de Legislación General, desde las 16.30. Tras la presentación del articulado, se estima que la oposición de todo color reclamará una amplia gama de invitados, por lo que la discusión seguirá en las próximas semanas. El texto, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo, se sumará a otros que ya hacen fila y se le acumulan a la Cámara alta.

Ricardo Anaya acusó a senadores de Morena de sostener una postura “esquizofrénica y mentirosa” frente a Maru Campus, gobernadora de Chihuahua.

El senador del PAN afirmó que se busca linchar políticamente a la mandataria estatal por desmantelar un narcolaboratorio a partir de información de la CIA, y compara este caso con el de otros gobernadores de Morena señalados, quienes —según su versión— mantienen vínculos con casos graves sin recibir el mismo trato.

En su intervención del 28 de abril en el Senado, difundida en sus redes sociales, Anaya sostuvo que la reacción de los legisladores de Morena por la negativa de la gobernadora a acudir a una comparecencia demuestra una doble vara.

“Gravísimo que una gobernadora de oposición reciba información y desmantele un narcolaboratorio, pero tampoco les parece grave que a la gobernadora de Baja California le quiten la visa, que su esposo esté acusado de encabezar una red de crimen organizado”, afirmó el senador.

Anaya cuestiona acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua y expone casos de Morena

El legislador señaló que “para discutir con ustedes no basta con tener vocación política. Para discutir con ustedes francamente, se necesita vocación terapéutica”. Acusó a Morena de proteger a sus “narco-gobernadores y narco-gobernadoras” mientras buscan “linchar” a Maru Campos.

Anaya recalcó que, según la versión de los legisladores oficialistas, el delito de la gobernadora habría sido recibir “información de la CIA con la ubicación de un narcolaboratorio, proceder en consecuencia y desmantelar el narcolaboratorio”.

Refirió que eso contrasta con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien le retiraron la visa hace un año. Anaya agrega que “ese mismo gobernador que se iba a reunir con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, reunión en la que fue secuestrado “El Mayo”, a raíz de la cual mataron a Héctor Melesio Cuen. Y eso no les parece grave”, apuntó.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, no es posible que el gobierno mexicano no supiera de la presencia de agentes de la CIA

Anaya incluyó la declaración de Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para respaldar sus argumentos. El senador subrayó la cooperación entre México y el gobierno estadounidense en materia de seguridad: “Nuestras agencias de inteligencia están ahí para ayudar en México”.

Además, resaltó la respuesta de McCaul sobre el posible desconocimiento de las autoridades federales de México en operativos de inteligencia: “No, no hay manera de que el gobierno mexicano no estuviera enterado”.

El senador concluyó: “Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Respaldamos al gobierno de Chihuahua y nos honra que en Chihuahua no se pacta con criminales. Nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado”.

Según la versión transmitida por Harfuch este 28 de abril, la gobernadora Maru Campos le manifestó en conversación directa que no conocía de la ejecución de algún operativo en campo con agentes de la CIA en Chihuahua.

El secretario subrayó: “La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”.

Se realizó una entrega simbólica de camisetas históricas de la Selección Nacional de México que se utilizaron en 1986 marcó el cierre del acto realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la Cámara de Diputados reconoció la labor de Mikel Arriola Peñalosa al frente de la organización del Mundial 2026.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes familiares y colaboradores cercanos al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), como su esposa Jimena Galindo, su hijo Santiago Arriola, y funcionarios clave de la Federación, entre ellos Francisco Iturbide, Isidro Chávez Castillo, Lorena Mac Farland y Homero Reyes.

Mandan buena vibra a la Selección Mexicana

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán (PAN), encabezó el acto de reconocimiento a Mikel Arriola Peñalosa, destacando su papel para motivar a los jugadores mexicanos en la recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

López Rabadán subrayó que, a 44 días del inicio del torneo, la presencia de Arriola simboliza la unión y la ilusión de los 134 millones de mexicanos que, junto a los 500 diputados, depositan su confianza en la selección nacional.

“En ustedes va nuestra ilusión, nuestra esperanza como nación. Que tengan todo el éxito, y muchas felicidades”, afirmó.

El reconocimiento contó con la firma de la presidenta y de los vicepresidentes de la Mesa Directiva: Paulina Rubio Fernández (PAN), Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM).

Previamente, en las oficinas de la Mesa Directiva, López Rabadán enfatizó que la Cámara de Diputados representa un espacio para el debate y la construcción a favor del país, y remarcó que la emoción generada por la justa deportiva no implicará dejar de lado los grandes retos legislativos.

Impacto social y económico del Mundial 2026 en México

Durante su intervención, Mikel Arriola Peñalosa agradeció el reconocimiento en nombre de clubes, directivos, jugadores y millones de aficionados, reafirmando que el fútbol es el deporte más popular de México.

Detalló que el país ocupa el segundo lugar mundial en aficionados al fútbol en relación con su población, sin contabilizar a los 60 millones de seguidores en Estados Unidos.

Arriola destacó la preparación de las ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que esperan una derrama económica de aproximadamente 3.000 millones de dólares, la creación de 24.000 empleos y un incremento del 44% en visitantes internacionales.

El presidente de la FMF proyectó que el Mundial 2026 detonará la economía de las sedes y consolidará a México como referente en la organización de eventos globales.

Además, anticipó que el país será anfitrión del Mundial Femenil 2031, reflejo de su posición como séptima nación en el ranking de la FIFA.

La diputada López Rabadán concluyó que el fútbol nacional, con sus complejidades, enfrenta un reto y un privilegio: convocar a la esperanza y a la unión de todo México en torno a un solo objetivo.

En vísperas de un plenario clave en el Senado para para validar un acuerdo con fondos buitre por USD 171 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvieron una reunión junto a legisladores del denominado “Grupo de los 44 aliados”, en la que abordaron la necesidad de aprobar el entendimiento con los holdouts antes del 30 de abril. Además, analizaron el avance de las economías regionales, la importancia del equilibrio fiscal y un pedido de los parlamentarios sobre la coparticipación a las provincias.

“Con Luis Caputo y su equipo analizamos el avance de las obras estratégicas en cada provincia, la situación de las economías regionales y sus principales desafíos. Coincidimos en la importancia de sostener el equilibrio fiscal, condición indispensable para ordenar la Argentina y consolidar el progreso de todos los argentinos”, indicó Bullrich tras el cónclave.

Del encuentro participaron, entre otros, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque UCR; Carlos Mauricio Espínola, del bloque Provincias Unidas; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Beatriz Ávila, de Independencia; Flavia Royón, de Primero Los Salteños; Julieta Corroza, de La Neuquinidad; y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza.

Según lo informado, se discutieron las problemáticas específicas de las economías regionales y la evolución de las obras, en un contexto en el que el Gobierno busca sostener los “fundamentos económicos”, con especial foco en el equilibrio fiscal.

El acuerdo con los holdouts

Fuentes presentes en el encuentro explicaron en cuanto al acuerdo con los dos fondos buitre, por un total de USD 171 millones, el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso establece que, si el proyecto no es aprobado por ambas cámaras antes del 30 de abril, se podría reanudar el litigio en condiciones financieras considerablemente más desfavorables para el país.

Sin embargo, las fuentes indicaron que, según lo transmitido por Economía durante la reunión, no se trata de una fecha límite estricta, sino que la aprobación en el Senado antes del jueves representaría un gesto positivo. Por ese motivo, se espera que el dictamen correspondiente se emita en la jornada de mañana.

En efecto, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, junto con la de Economía Nacional e Inversión del Senado, tienen previsto realizar el miércoles un plenario para tratar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los fondos buitre, que incluye el mencionado desembolso. En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se establece el 30 de abril como plazo para evitar que el litigio continúe “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

El entendimiento contempla que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP aceptarían una reducción superior al 30% sobre el monto reconocido en fallos judiciales emitidos en Estados Unidos. De acuerdo con la propuesta oficial, la Argentina pagaría USD 67 millones a Bainbridge y USD 104 millones a Attestor.

El esquema elegido sigue el modelo “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se transferirán de manera simultánea a la cancelación de los bonos, mientras que los acreedores asumirán los gastos legales derivados del proceso judicial. Los convenios también contemplan una cláusula de standstill, que impide nuevas demandas o acciones legales por parte de los acreedores, así como interferencias en operaciones financieras hasta que se concrete la operación.

El texto remitido al Congreso, firmado por Javier Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señala además que la aprobación del acuerdo permitirá “la finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país, en referencia a los procesos de “Discovery” vinculados a las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos argentinos.

El pedido por la coparticipación

Por otra parte, uno de los pedidos trasladados al jefe del Palacio de Hacienda durante la reunión con el “Grupo de los 44″ fue la extensión en los plazos de devolución de los adelantos de coparticipación otorgados a varias provincias. Hasta el momento, la reembolso debía realizarse en cuatro meses, aunque se encuentra en análisis la posibilidad de extender ese plazo a seis u ocho meses, según detallaron los interlocutores.

A través del Decreto 219, el Gobierno implementó un sistema de adelantos de coparticipación destinado a doce provincias con problemas financieros. El texto oficial fija un límite máximo de $400.000 millones para estos anticipos, cuyo monto se calcula según el coeficiente de coparticipación que le corresponde a cada provincia.

La disposición habilita anticipos sobre los fondos de coparticipación federal, que deberán ser reintegrados dentro del mismo año fiscal. Estos adelantos tendrán una tasa nominal anual fija del 15% y se devolverán mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables. La definición de los montos para cada provincia quedará en manos de la Secretaría de Hacienda, que evaluará la capacidad de pago y la proporción de recaudación de impuestos nacionales correspondiente a cada jurisdicción.

Entre las provincias que podrán acceder a este mecanismo figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con algún nivel de sintonía política con el Gobierno nacional. El límite total autorizado es de $400.000 millones, a distribuirse según las necesidades planteadas por cada provincia y el análisis técnico de Hacienda.

El pleno del Senado de la República aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República (FGR), con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones, con lo que el proyecto podrá implementarse en todo el país.

La estrategia busca fortalecer el sistema de justicia mediante un enfoque centrado en las víctimas, el uso de tecnología y la atención prioritaria a delitos de alto impacto.

Plan de justicia 2026-2029: Senado da luz verde a estrategia de la FGR

La aprobación se dio luego de que la Comisión de Justicia avalara previamente el documento y lo turnara a la Mesa Directiva.

Durante la discusión, el senador Javier Corral expuso que el plan se sustenta en un diagnóstico nacional que identifica tendencias delictivas y áreas de oportunidad.

Entre los datos relevantes, se reporta un incremento del 7% en la integración de carpetas de investigación, lo que refleja una mayor actividad institucional, pero también desafíos persistentes en materia de procuración de justicia.

Diagnóstico delictivo: hidrocarburos, armas y delitos patrimoniales

El documento establece que ciertos delitos concentran la mayor incidencia a nivel federal, lo que permitirá orientar recursos y estrategias de manera focalizada.

Entre los principales rubros identificados se encuentran:

• Delitos relacionados con hidrocarburos: 11.25%
• Posesión de armas y explosivos: 21.40%
• Delitos patrimoniales: 21.01%

Este análisis servirá como base para diseñar acciones más efectivas contra las estructuras criminales.

Modelo de investigación científica y tecnológica en la FGR

Uno de los ejes centrales del plan es la implementación de un nuevo modelo de investigación basado en herramientas científicas y tecnológicas.

La estrategia busca mejorar la capacidad de la FGR para desarticular organizaciones criminales y seguir el rastro de sus recursos financieros.

Además, se contempla la modernización de la Agencia de Investigación Criminal y el fortalecimiento de la coordinación con autoridades locales y el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de hacer más eficiente la respuesta institucional.

Prioridades: feminicidio, desaparición y combate a la corrupción

El plan coloca en el centro a las víctimas y establece como prioridad la atención a delitos de alto impacto social.

Entre ellos destacan el feminicidio, la desaparición de personas, la extorsión y la corrupción.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena calificó la estrategia como un avance significativo, al considerar que coloca especial énfasis en la protección de mujeres, niñas y adolescentes, así como en delitos como la violencia sexual y la trata.

Reestructuración institucional y combate interno a la corrupción

El proyecto también plantea una reorganización administrativa dentro de la FGR, orientada a mejorar la transparencia y combatir prácticas indebidas al interior de la institución.

Asimismo, se prevé una reorientación de recursos hacia los delitos que más afectan a la población.

Con estas medidas, supuestamente se busca consolidar un sistema de justicia más confiable, eficiente y cercano a la ciudadanía.

El Partido Acción Nacional (PAN) emitió este martes un posicionamiento en el que respalda abiertamente la decisión de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, de no comparecer ante el Senado de la República para discutir la presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas dentro del territorio estatal.

El escándalo estalló luego de que trascendiera que dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fallecieron en un accidente vehicular en el norte del país mientras participaban en una operación clandestina contra el narcotráfico —ninguno con acreditación legal para operar en México—, y que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con la CIA sin notificar a la Cancillería, lo que representaría una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

El PAN: “México necesita resultados, no shows montados”

En su comunicado, el partido blanquiazul reconoció la determinación de Campos de priorizar el envío de información a las autoridades competentes antes de acudir a otras instancias, y destacó la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narcolaboratorio de “El Pinal”, en el municipio de Morelos, que ya se encuentra en operaciones y en comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El PAN adelantó que, una vez concluidas las diligencias de investigación, respaldará la decisión de la gobernadora si decide presentarse ante el Senado. Sin embargo, descartó que la comparecencia inmediata fuera una medida útil, calificando el llamado legislativo como una confrontación política antes que un ejercicio genuino de rendición de cuentas.

“En Chihuahua se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país. En lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó”, señala el documento partidista.

El contraataque: el PAN voltea la mesa hacia gobernadores de Morena

La parte más ofensiva del posicionamiento no giró en torno al caso CIA, sino en el contraataque político. El PAN enlistó una serie de señalamientos contra gobernadores del partido en el poder:

• Rubén Rocha Moya (Sinaloa): el capo Ismael “El Mayo” Zambada afirmó haberse reunido con él el día de su detención en Estados Unidos, y que no era la primera vez.
• Marina del Pilar Ávila (Baja California): le fue cancelada la visa estadounidense en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
• Américo Villarreal (Tamaulipas): nombró asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “el Z-40”, líder histórico de Los Zetas.

“En esos casos no hay exigencias ni llamados; hay silencio cómplice y hasta defensa cínica”, remató el comunicado.

El escenario político

La postura del PAN es jurídicamente sostenible: la reunión en el Senado era una invitación, no una citación de carácter obligatorio. No obstante, la ausencia de Campos deja sin respuesta pública preguntas centrales: quién autorizó la coordinación con la CIA y por qué se realizó al margen del marco legal.

Mientras el debate político se intensifica, la FGR ya inició investigaciones formales y la unidad especializada del gobierno estatal trabaja en paralelo. El Senado, por ahora, espera.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado se reunirán mañana en plenario para comenzar a debatir un acuerdo entre el país y fondos buitre que implicaría un pago total de u$s 171 millones. Lo insólito del proyecto en cuestión es que, en el propio mensaje del Ejecutivo, se habla del 30 de abril como fecha límite para que no se retome el litigio “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

En concreto, se estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelaría los pasivos litigiosos con un pago de u$s 67 al primero y u$s104 al segundo.

Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP): los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. Los convenios incluyen una cláusula de “standstill”, que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.

Otro punto destacado en el mensaje que envió la Casa Rosada al Congreso -con las firmas de Javier Milei; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- es que una luz verde derivará la “finalización de la investigación en curso sobre los bienes” del país", es decir, los procesos de “Discovery” relacionados con finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de la Argentina.

Bicameral del Niño, en espera

Para las 17.30 de hoy estaba agendada la conformación de una bicameral traumática: la del Defensor del Niño. Se suspendió horas atrás. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema terminaron con papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival.

Tras varios meses, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

En tanto, a las 14 tomará forma la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el ahora ex kirchnerista -y aparente peronista full time- Guillermo Andrada. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del justicialismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández- y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, los de Milei.

Lo que ahora quiere el oficialismo es, con las adhesiones que dice contar, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De consumarse sin inconvenientes la jornada y, después de un par de años, todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en meses recientes- y la bicameral en cuestión se hallarán en pleno funcionamiento.

La reunión extraordinaria en comisiones del Senado de la República, en la que estaba prevista la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue cancelada de último momento, apenas minutos después de que se confirmara la renuncia del fiscal estatal, César Jáuregui Moreno.

La cancelación fue notificada mediante un oficio oficial emitido por la Comisión de Estudios Legislativos, en el que se informó que la reunión programada para el martes 28 de abril de 2026 quedaba suspendida sin detallar las razones, en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional por el caso ocurrido en la Sierra Tarahumara.

Cancelan comparecencia en el Senado de Maru Campos

La reunión extraordinaria tenía como objetivo que la mandataria estatal ofreciera explicaciones ante legisladores sobre el operativo en Chihuahua que derivó en la muerte de cuatro personas, así como por la polémica en torno a la presunta presencia de agentes extranjeros.

El encuentro se llevaría a cabo en la Torre de Comisiones del Senado y contaría con la participación de integrantes de diversas comisiones, quienes buscaban esclarecer los hechos y las decisiones tomadas por autoridades estatales.

Renuncia del fiscal desata incertidumbre política

Minutos antes de que se confirmara la cancelación, se dio a conocer la dimisión de César Jáuregui Moreno como fiscal general del estado.

Su salida ocurre en medio de cuestionamientos por el operativo en la Sierra Tarahumara y por inconsistencias en la información oficial difundida.

El exfuncionario señaló que su renuncia tiene como propósito facilitar las investigaciones y permitir que se desarrollen con mayor transparencia, tras reconocer fallas en los mecanismos de control y comunicación dentro de la fiscalía.

Caso Sierra Tarahumara: eje de la controversia

El operativo que detonó la crisis institucional dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y abrió una investigación sobre posibles irregularidades, incluyendo la supuesta participación de ciudadanos estadounidenses.

Aunque autoridades estatales han señalado que no existen indicios de que agentes extranjeros hayan intervenido directamente en campo, persisten dudas sobre su presencia en el convoy oficial, lo que ha incrementado la presión política sobre el gobierno estatal.

Morena descarta “linchamiento político” contra la gobernadora

Desde el Senado, legisladores de Movimiento Regeneración Nacional aseguraron que la comparecencia de la gobernadora se realizaría en un ambiente de respeto y sin intenciones de confrontación política.

El senador Óscar Cantón Zetina afirmó previamente que el objetivo era esclarecer los hechos y garantizar transparencia, descartando cualquier intento de juicio mediático o político contra la mandataria.

Comparecencia queda en el aire tras cancelación

La cancelación de la reunión deja en incertidumbre el proceso de rendición de cuentas sobre el caso, así como la eventual comparecencia de la gobernadora ante el Senado.

Además, la renuncia del fiscal también genera dudas sobre quién asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a las investigaciones y si habrá nuevas convocatorias para abordar el tema en el ámbito legislativo.

La suspensión de la reunión y la salida del fiscal marcan un nuevo capítulo en la crisis política en Chihuahua, donde el caso continúa bajo investigación y con cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparecerá este martes ante el Senado de la República en medio de la controversia por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en operativos estatales.

La reunión fue confirmada por el senador Óscar Cantón Zetina, quien aseguró que el encuentro será público, respetuoso y con el objetivo de esclarecer los hechos.

Comparecencia en el Senado: reunión abierta y transmitida

El legislador informó que la mandataria estatal confirmó vía telefónica su asistencia tras una invitación formal del Senado, coordinada por Ignacio Mier Velazco.

La reunión se realizará ante comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, con acceso abierto e incluso transmisión por el Canal del Congreso.

Cantón subrayó que el tono será institucional: sin confrontaciones ni juicios anticipados, privilegiando el intercambio de información y la transparencia.

Senadores buscan claridad sobre actuación de agentes extranjeros

El principal objetivo del encuentro será conocer con precisión cuál fue la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, particularmente si intervinieron directamente en operativos o actividades de seguridad en Chihuahua.

De acuerdo con los senadores, se busca determinar si estas acciones ocurrieron sin conocimiento del Gobierno federal, lo que podría representar una falta grave en términos legales.

Posibles implicaciones legales en investigación

Cantón advirtió que la presencia de agentes extranjeros en tareas de seguridad podría constituir una violación a la Constitución, así como a la legislación en materia de seguridad pública y al Código Penal Federal.

En este contexto, se confirmó que la Fiscalía General de la República ya inició investigaciones para esclarecer los hechos y, en su caso, definir responsabilidades.

Críticas por presunto “entreguismo” a Estados Unidos

El caso ha generado fuertes cuestionamientos políticos. El senador Javier Corral Jurado calificó los hechos como un “entreguismo” del gobierno estatal hacia Estados Unidos.

Corral sostuvo que no se trataría de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada, en la que —según sus declaraciones— se habrían establecido acuerdos al margen de la Constitución, incluyendo el intercambio de información sensible.

Maru Campos defiende su gestión y evita detalles

Ante la polémica, la gobernadora ha defendido públicamente su administración, asegurando que su gobierno actúa con transparencia, apego al Estado de derecho y firmeza en el combate al narcotráfico.

Sin embargo, evitó profundizar en detalles al señalar que el caso se encuentra bajo investigación.

También descartó, por ahora, pronunciarse sobre posibles cambios en su gabinete o sobre otros temas relacionados.

Lo que el Senado busca que aclare la gobernadora

• Detalles sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua
• Tipo de participación de dichos agentes en operativos de seguridad
• Si existieron acuerdos formales o informales con agencias de Estados Unidos
• Nivel de conocimiento o autorización del Gobierno federal
• Posible intercambio de información sensible, incluyendo datos biométricos
• Responsabilidad de funcionarios estatales, especialmente del área de seguridad

La comparecencia ha sido calificada como un ejercicio inédito de rendición de cuentas, en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la soberanía nacional en materia de seguridad.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acudió al Senado de la República para presentar y explicar los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

La reunión se realizó ante la Comisión de Justicia, como parte del proceso legislativo para revisar y dictaminar el documento entregado el pasado 16 de abril.

El objetivo fue detallar el diagnóstico, las líneas de acción y los cambios propuestos para el funcionamiento de la institución.

El encuentro fue encabezado por el senador Javier Corral Jurado, quien señaló que el análisis del plan permitirá definir el rumbo de la procuración de justicia en los próximos años.

Cifra negra supera 90% y refleja problemas de seguridad

Durante su intervención, Godoy reconoció que en México persiste una cifra negra elevada, con niveles que superan el 90% y alcanzan hasta el 95% en algunos delitos, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Explicó que este indicador corresponde a los delitos que no son denunciados, lo que limita el conocimiento real de la incidencia delictiva y evidencia los desafíos en materia de seguridad.

La fiscal subrayó que este fenómeno preocupa tanto a autoridades como a la sociedad, debido a su relación con la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Desconfianza institucional incide en la falta de denuncias

Godoy detalló que una de las principales razones por las que las víctimas no denuncian es la desconfianza hacia las autoridades.

De acuerdo con lo expuesto, factores como el trato recibido, los tiempos de espera y la percepción de ineficacia influyen en la decisión de no acudir ante el Ministerio Público.

Esta situación, señaló, impacta directamente en la capacidad del Estado para atender los problemas de seguridad, ya que una gran parte de los delitos no entra al sistema de justicia.

Plan propone cambios ante baja judicialización e impunidad

En su presentación, la fiscal también indicó que el porcentaje de carpetas de investigación que se judicializan es bajo, lo que representa un reto adicional.

Señaló que un alto nivel de no ejercicio de la acción penal puede traducirse en condiciones de impunidad, por lo que el plan propone fortalecer la integración de los casos.

El objetivo, explicó, es que las investigaciones se sustenten en pruebas técnicas y científicas, para que los casos que lleguen a tribunales tengan mayor solidez.

Coordinación y atención a delitos de alto impacto

El Plan Estratégico incluye acciones orientadas a mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Entre los temas prioritarios se encuentran delitos que inciden directamente en la seguridad de la población, como el feminicidio, la extorsión y la desaparición de personas.

Asimismo, se plantea avanzar hacia un modelo de investigación basado en inteligencia y priorización de fenómenos criminales.

Puntos relevantes del Plan de Procuración de Justicia

• Presentación del plan ante el Senado como parte de su proceso de análisis
• Reconocimiento de una cifra negra superior al 90% en diversos delitos
• Identificación de la desconfianza como factor que inhibe la denuncia
• Propuesta de fortalecer la investigación y judicialización de casos
• Impulso a la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia
• Atención prioritaria a delitos de alto impacto

La comparecencia de la titular de la FGR se dio en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad, en el que el Senado analiza las propuestas para fortalecer la procuración de justicia y reducir los niveles de impunidad en el país.

En medio de los primeros frenos visibles al combo de leyes que envió la administración libertaria y el descarte de sesiones pre diagramadas, tanto en Diputados como en el Senado, la Cámara alta aprovechará los próximos días para continuar con su senda de “trabajo regular” y activará, durante la tarde de mañana, un puñado de comisiones bicamerales que, sin embargo, no incluye la más jugosa de todas: la de Inteligencia.

La primera de todas, a las 14, será la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el senador Guillermo Andrada, reciente ex kirchnerista y -de nuevo- peronista full time, de no aparecer otra voltereta. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández- y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, de Javier Milei.

Lo que ahora analiza el oficialismo es, con las adhesiones que cuenta, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De avanzar mañana será la primera vez, después de un par de años, que todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en los últimos meses- y la bicameral en cuestión se hallen con luz verde.

A las 17.30 de este martes se conformará otra traumática: la del Defensor del Niño. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema derivaron en papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival. Luego, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

La gran incógnita que resta es la de Inteligencia. Allí, como contó semanas atrás este medio, Consenso Federal ligaría un premio de oro: aparece la jujeña Carolina Moisés. Olvidó rápido los reclamos por la condena contra Cristina Kirchner, quien desde antes de su prisión domiciliaria forzó la intervención del sello en dicha provincia para reventarlo y cederlo a La Cámpora. Los resultados fueron estrepitosos y un -para nada inocente- regalo a la UCR local, a la que tanto rechazan. Una butaca en esta bicameral asegura, además de las reuniones secretas, apostillas diversas y contactos, una medalla especial: es la única de todo el Congreso con presupuesto reservado.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, acudirá al Senado de la República en un momento clave para la política de seguridad en el país: explicar, justificar y defender el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Su comparecencia no es solo un trámite legislativo. Se trata de un paso necesario para que el documento sea analizado, dictaminado por la Comisión de Justicia y, eventualmente, aprobado por el pleno, lo que lo convertiría en la hoja de ruta oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) para los próximos años.

Un plan bajo revisión en medio de exigencia por resultados

La comparecencia de Ernestina Godoy Ramos está programada para este lunes a las 12:00 horas ante la Comisión de Justicia del Senado, como parte del proceso de análisis del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.

Legisladores buscan conocer a detalle cómo la Fiscalía pretende enfrentar la impunidad, la baja efectividad en sentencias y la desconfianza ciudadana.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, confirmó que la fiscal deberá exponer las líneas centrales del plan y responder a cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, en un ejercicio de rendición de cuentas.

El trasfondo: fallas estructurales en la Fiscalía

La comparecencia ocurre en un contexto donde la propia FGR reconoce limitaciones importantes: saturación de expedientes, falta de recursos y dificultades operativas que han impedido avanzar con mayor eficacia en casos de alto impacto.

Además, persisten problemas como el bajo porcentaje de casos que llegan a sentencia, el uso predominante de procedimientos abreviados y una alta proporción de investigaciones sin detenidos.

Estos factores explican por qué el Senado busca revisar a fondo el plan: no solo para conocerlo, sino para evaluar si realmente puede corregir estas fallas.

De acuerdo con lo previsto, el documento podría ser dictaminado ese mismo día y turnado al pleno para su discusión y eventual aprobación el martes 28 de abril.

El llamado del Senado responde también a la creciente presión por mejorar los resultados en procuración de justicia.

Cambio de estrategia: de reacción a prevención del delito

Uno de los puntos centrales que motivan la comparecencia es el giro que plantea la Fiscalía en su forma de operar.

El nuevo plan apuesta por dejar atrás el modelo reactivo y avanzar hacia uno basado en inteligencia, tecnología y análisis de datos.

La fiscal deberá explicar cómo este enfoque permitirá anticipar movimientos del crimen organizado, desarticular estructuras delictivas completas y priorizar los delitos que más afectan a la población.

También tendrá que detallar cómo se implementará este cambio en la práctica y qué resultados concretos se esperan en el corto y mediano plazo.

Debate paralelo: Maru Campos también será llamada al Senado

En este mismo contexto, el Senado aprobó citar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para aclarar la polémica por la presencia de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en la entidad.

De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, ambos temas forman parte de la agenda prioritaria en la recta final del periodo ordinario.

Aunque se trata de procesos distintos, reflejan una misma preocupación: la coordinación en materia de seguridad y la necesidad de transparencia en las decisiones institucionales.

Lo que busca el Senado con esta comparecencia

• Evaluar la viabilidad real del Plan Estratégico de la FGR
• Exigir claridad en las acciones para reducir la impunidad
• Conocer cómo se enfrentarán las limitaciones operativas actuales
• Revisar el uso de inteligencia y tecnología en investigaciones
• Medir el impacto esperado en delitos de alto impacto
• Garantizar un ejercicio de rendición de cuentas por parte de la Fiscalía

La comparecencia de Ernestina Godoy se perfila así como un momento clave no solo para definir el futuro de la procuración de justicia en México, sino también para medir la capacidad del Estado de responder a una de las principales demandas ciudadanas: resultados concretos en seguridad y combate al crimen.

Después de la máquina sin parar que significaron las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado, el Gobierno libertario se tomó un leve respiro y, en las últimas semanas, envió al Senado un ramillete de leyes y pliegos que pondrán a prueba la política de alianzas de la Casa Rosada y, sobre todo, hasta dónde estará dispuesto a negociar.

Con el correr de los días, desde despachos dialoguistas e incluso algunos oficialistas deslizaron a Infobae que, según el panorama que se pincela, habrá tiempo hasta agosto próximo para avanzar con las iniciativas en cuestión, antes de que el foco de atención se dirija hacia las pre campañas en varias provincias -ni hablar de lo nacional-, que aún especulan sobre cómo confrontará la administración central en diferentes distritos.

“Las cosas van tomando color de a poco en mi lugar, aunque a ritmo constante. Y todo indica que se acelerará. No hay que olvidar que el Ejecutivo decidirá si va a fondo con sus candidatos y el tenor de cada uno. Es decir, si serán postulantes para competir o para ganar. O si habrá alianza entre poder local y nacional. Eso, sin dudas, empezará a afectar los votos. Que hayan sobrado hasta ahora no implica que mañana sigan estando. Y en septiembre entra el Presupuesto y cuesta creer que haya otra cosa en simultáneo discutiéndose, con la trascendencia que la ‘ley de leyes’ acaparará”, reconocieron desde La Libertad Avanza (LLA) a este medio.

En tanto, un senador aliado confió: A veces pienso en el daño que se auto inflinge el Gobierno. A la reforma electoral, para dinamitar las PASO, le meten Ficha Limpia. Después, no cumplen con la norma de discapacidad que ratificó el Congreso para mandar otra, aún sabiendo que muchos que votamos la anterior seguimos en esta Cámara. ¿Alguien hizo esa cuenta? Sí hay que reconocer, y es innegable, que todos estos carriles por ahora se mantienen en calma gracias a quien tienen como jefa“.

La cita no es menor y es una coincidencia cercana a lo unánime según las fuerzas políticas que conviven en el Congreso: la agenda del período estival fue posible gracias a Patricia Bullrich, que se tira de “palomita” para cabecear todas las granadas. “La diferencia con -el presidente de Diputados, Martín- Menem, que encima es el protegido del Gobierno, es que el riojano sólo repite directivas. Y las leyes de los últimos meses no salieron justamente por eso, sino todo lo contrario“.

Ahora, el desafío es mayor para la exministra de Seguridad de Javier Milei. “¿A Patricia le envían todas estas leyes por su capacidad demostrada y para no quemarlo a Menem? Y, si comenzaran a trabarse, ¿le echarán toda la culpa para limarla?“, se oyó, con cierta preocupación, a un legislador libertario. El resto de consultados se dividen entre ”hasta diciembre no habrá inconvenientes" y “mejor que avance todo antes de mitad de año”.

Lo cierto es que Bullrich cuenta, en la actualidad -con las gafas oficialistas y en base a lo ocurrido en las extraordinarias de diciembre y febrero-, con un “piso” de 40 votos y un máximo de 44, que varió según el texto a tratarse en el recinto. Si bien nadie se anima a restar adhesiones a ello, la realidad es que los recientes proyectos parecen no tener los apoyos necesarios. El de la reforma electoral es el más claro. Todo dependerá de los eventuales cambios.

Según un sondeo inicial de Infobae, hay buena predisposición para la de salud mental -cambios necesarios a la vigente, con áreas delicadas-, baja en discapacidad, y promesas de modificaciones en el de propiedad privada. Sobre la última ley, un experimentado soldado dialoguista dijo a este medio: “Querían dictaminar la semana pasada. Casi un delirio, aunque frenaron a tiempo. Se armó, como con la reforma laboral, un canal de propuestas que van y vienen. La previsión es que lleguemos de acá a un mes”.

En paralelo a todo esto, el Senado tiene acomodadas varias audiencias públicas por pliegos judiciales hasta que termine la primera quincena de mayo, y ya suma un puñado de dictámenes listos para armar una sesión -la pensada para el miércoles 29 se bajó días atrás, como contó Infobae-, aunque algunos no convencen. El caso más marcado es el de falsas denuncias, la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe). “Rompe el recinto”, insisten desde diversas bancadas.

Durante la noche del jueves pasado, se conoció que el miércoles 29 se conformará la comisión de Salud -16 horas- y que, media hora más tarde, habrá plenario junto a la de Legislación General para analizar el proyecto sobre salud mental. Un regalo para el kirchnerismo: Milei ya dijo que estará presente ese día, en Diputados, para el informe de gestión del inmobiliario jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, es uno de los principales críticos de los políticos de oposición e incluso, ha protagonizado diversas confrontaciones con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y legislador del mismo partido, tanto en redes sociales como de manera física.

En esta ocasión, el senador morenista anunció el nacimiento de su segunda nieta y lo que debería ser una noticia sin tintes políticos, el legislador lo utilizó para arremeter de nueva cuenta contra la oposición.

En su cuenta de X, Noroña informó que su nieta Eleonor nació hoy, por lo que se convirtió en abuelo por segunda ocasión, sin dar mayores detalles.

“Hoy nació mi nieta, Eleonora. Soy abuelo por segunda vez: a Santiago se le suma Eleonora. Feliz Feliciano de ser abuelo por partida doble”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, finalizó la publicación calificando esto como una “desgracia” para los partidos de derecha, debido a que ya se reprodujeron hasta en una tercera generación.

“Para desgracia de la derecha, ya nos reprodujimos por lo menos hasta la tercera generación, jejeje”, concluyó.

El fin de semana pasado, Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, legislador de Morena, protagonizaron una nueva confrontación pública a través de redes sociales.

El altercado inició cuando Noroña se refirió al PRI como “canallas” durante una transmisión en YouTube.

En respuesta, Moreno publicó en X un mensaje cargado de insultos, llamando a Noroña “changoleón apestoso, rata inmunda” y acusándolo de carecer de calidad moral, vivir del “grito fácil y el berrinche permanente”, y no poder presumir “un solo logro real” para México.

Moreno también criticó a Noroña por supuestamente callar ante la entrega del país al crimen organizado y por aplaudir el desmantelamiento de instituciones.

Lo calificó de “parásito del sistema” y “cómplice del peor gobierno de nuestra historia”, y aseguró que “al PRI se le enfrenta con argumentos”.

Además, reiteró acusaciones sobre supuestos vínculos entre la administración de Morena y el crimen organizado, señalando a Noroña de esconderse en su mansión de Tepoztlán.

La publicación de Moreno incluyó una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece gritándole de frente a Noroña, quien luce asustado, acompañada de la frase: “Así te gusta, parásito”.

Noroña respondió publicando otra imagen, también generada con inteligencia artificial, mostrando a Moreno sentado en una celda, replicando la misma frase: “Así te gusta, parásito”, sin añadir ningún mensaje adicional.

Este intercambio es el más reciente episodio de enfrentamientos públicos entre ambos legisladores, quienes en reiteradas ocasiones han usado sus plataformas digitales para atacarse mutuamente con descalificaciones personales, en un contexto de polarización política y señalamientos cruzados sobre el rumbo del país y la actuación de sus partidos.

El acuerdo aprobado en el Senado para convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a una reunión de trabajo derivó en una nueva exigencia de la bancada del Partido Acción Nacional: incluir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el mismo proceso de rendición de cuentas.

La mayoría integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde avaló citar a la mandataria estatal y al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para que informen sobre un operativo en el que presuntamente participaron agentes de Estados Unidos, dos de los cuales murieron en territorio mexicano. A partir de ese acuerdo, legisladores del PAN plantearon que el análisis debe ampliarse a otras entidades.

El senador Ricardo Anaya sostuvo que Rocha Moya debe explicar presuntos vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada, así como detallar los mecanismos de comunicación que habría mantenido con él. También pidió que se esclarezcan las circunstancias en torno a un encuentro previsto el día en que el líder criminal fue privado de la libertad.

El blanquiazul pide considerar también a Marina del Pilar

Además del caso de Sinaloa, el PAN solicitó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sea considerada en estos llamados, bajo el argumento de que existen elementos que ameritan una revisión más amplia sobre la actuación de autoridades estatales frente a la delincuencia organizada.

Durante la discusión en el Senado, el tema derivó en cuestionamientos sobre la legalidad del acuerdo aprobado por la mayoría. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló en tribuna que la invitación a la gobernadora de Chihuahua no cuenta con un sustento jurídico claro, al no existir una facultad expresa en la Constitución o en las leyes que permita al Senado requerir este tipo de comparecencias.

En la misma línea, el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones consideró que el punto de acuerdo carece de utilidad práctica, al no establecer mecanismos obligatorios para que las autoridades convocadas acudan o rindan información formal.

El debate reflejó posiciones encontradas sobre el papel del Senado en la supervisión de asuntos vinculados con seguridad y cooperación internacional. Mientras la mayoría defendió la pertinencia de esclarecer lo ocurrido en Chihuahua, la oposición insistió en que cualquier llamado debe apegarse estrictamente al marco legal vigente.

Comparecencia de Maru Campos

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado aprobaron convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo programada para el 28 de abril a las 11:00 horas, con el fin de que informen sobre un operativo en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses.

La decisión fue respaldada por 15 votos a favor y uno en contra. El encuentro se llevará a cabo en el Senado y tiene como propósito que las autoridades estatales detallen los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara, así como el avance de las investigaciones.

El caso se originó tras un despliegue contra un narcolaboratorio en esa región, donde perdieron la vida dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos, luego de un accidente vehicular registrado durante el operativo. De acuerdo con los reportes conocidos, los extranjeros participaban en labores vinculadas al combate al narcotráfico.

La presencia de estos agentes en territorio mexicano sin conocimiento previo del Gobierno federal generó cuestionamientos en el ámbito político. La presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional no fue notificada sobre la intervención de personal extranjero, situación que ubicó dentro del ámbito de la seguridad nacional y la soberanía.

El proyecto de reforma electoral -29 páginas, siete capítulos, cambios en varias leyes- fue enviado por el Gobierno al Congreso apenas 24 horas después de que Javier Milei lo anunciara desde Israel como una ofensiva sobre la “casta”. La consigna presidencial y las reacciones iniciales de los propios aliados indican que la iniciativa fue precipitada por la coyuntura y remitida al Senado sin consensos previos o tratativas avanzadas con los propios socios del oficialismo. No alcanzó para opacar otros temas de estas horas: nuevas declaraciones ante la Justicia que alimentan las sospechas en el caso Adorni y números preocupantes de la economía.

Milei anticipó primero y acompañó después la motorización del multiproyecto con argumento retomado: terminar con “privilegios” de la política. El texto incluye cambios legislativos que podrían provocar apoyos y rechazos cruzados -en rigor, ya asoman esas señales-, lo cual aparece como un dato significativo por una cuestión básica: este tipo de proyectos necesita mayoría absoluta de votos en las dos cámaras del Congreso para ser convertidos en ley. Y eso, salvo que se intenten interpretaciones forzadas de las normas, no asoma sencillo. Requiere apoyos del PRO, de la franja radical que lo acompaña, de provinciales y de representantes de gobernadores del PJ que juegan con Olivos. Y no todos actuarían en sintonía para apoyar cada punto de la iniciativa.

La interpretación más difundida en medios legislativos dice que la inclusión de Ficha Limpia fue incluida para lograr apoyos de aliados como el PRO al nuevo intento de eliminar las elecciones primarias. También, que en el articulado sobre Boleta Unica de Papel se abriría la posibilidad de enganchar comicios provinciales a las elecciones nacionales, como un guiño a gobernadores. Los ejemplos son de mínima parciales y hasta contradictorios.

El PRO y radicales de diferente alineamiento nacional impulsaron o se mostraron partidarios de proyectos como Ficha Limpia. Pero muchos de ellos no apoyan la derogación de las PASO, algunos por razones de fondo y otros por necesidades prácticas para dirimir candidaturas en coaliciones. Al revés, existen jefes provinciales que ven bien eliminar las primarias -entre otras razones, porque les da más poder para definir listas-, pero no adhieren a una ley de Ficha Limpia.

Para completar, los jefes provinciales definen pegar o no sus listas locales a las nacionales en función de la conveniencia local. Es decir, según las consideraciones sobre el mejor camino para asegurar reelecciones o mantener el dominio de las legislaturas. El extendido período electoral del año pasado estuvo marcado por una docena de adelantos o desenganche de comicios provinciales, en casi todos los casos con éxito de los gobernadores. La idea de pegar listas locales a la BUP en el proyecto de Olivos no cambiaría sustancialmente el panorama.

Lo dicho: las primeras señales de socios, aliados y dialoguistas son por lo menos de recelo frente a la movida oficialista. Por supuesto, eso no cierra el tema. Al revés, abre el camino de una compleja negociación, si el objetivo real del Gobierno es la sanción del proyecto, además de su necesidad de instalar temas propios en la agenda pública. En lo inmediato, la tensión legislativa pasa por otro lado: la presentación de Manuel Adorni en Diputados, el jueves de la semana que viene. La expectativa y los preparativos de oficialistas y opositores para recibir al jefe de Gabinete mantienen casi paralizado al Congreso. Esta semana, la conducción violeta decidió postergar la convocatoria para tratar la Ley Hojarasca en el recinto de la Cámara baja, a pesar de tener asegurado el dictamen de comisión.

El intento de modificar el foco de atención llega en un momento realmente complejo para el oficialismo. En el Gobierno, confiaban en que el peor tramo del caso Adorni estaba cediendo, pero en el plano judicial surgen novedades que al parecer no eran previstas sobre las operaciones inmobiliarias. Y a la vez, circulan trascendidos sobre avances con las medidas de prueba que apuntan a viajes de la familia Adorni o parte de ella.

A eso se suma el impacto en las filas violetas. Los funcionarios se muestran públicamente alineados con la decisión presidencial, motorizada por Karina Milei, de cerrarse en la defensa del jefe de los ministros. Trascienden, sin embargo, cuestionamientos con un argumento que suele aparecer en casos como éste: no cuestionan directamente al funcionario, sino que destacan la necesidad de “cuidar” a Milei. Varios relevamientos específicos -es decir, sobre el impacto del caso Adorni en la imagen presidencial- anotan costos en términos de imagen. Se habla de cinco o seis sondeos de ese tipo. No valen, claro, proyecciones mecánicas al lejano terreno electoral.

Para completar, Victoria Villarruel salió por primera vez a disputar el discurso anticasta. Tiene que ver, dicen fuentes del Congreso, con un estado de saturación por jugadas domésticas, no únicamente públicas sino también en la actividad casi rutinaria del Senado. Supera incluso a Patricia Bullrich que, por lo demás, acaba de recibir una carga del mileismo. Y se expresó en la movida que realizó el martes, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco.

La vicepresidente resolvió no asistir a la misa en Lujan y prefirió asistir a otra celebración religiosa, en el barrio porteño de Almagro. El mensaje fue que no quería quedar en primera fila con Adorni, que fue flanqueado por Martín Menem y Diego Santilli. Como era de esperar, a metros pero con cuidada frialdad de las dos partes, se encontraba la comitiva encabezada por Axel Kicillof. Villarruel dijo, sin hacer precisiones y con obvia intención, que en Luján estaba “lo peor de la casta política”.

Los temas no se mueven de manera lineal, ni exclusivamente en función de la voluntad del oficialismo. El caso Adorni suma declaraciones ante Gerardo Pollicita y versiones sobre avances con diferentes medidas de prueba. Este miércoles, el impacto fue producido por Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora -mediante hipoteca- del departamento de Caballito. Dijo que el funcionario le debe US$ 65.000 por fuera del monto de la escritura: un compromiso no documentado. Una novedad.

En cambio, no hubo sorpresa con el EMAE de febrero. Lo había anticipado Luis Caputo. Marca una significativa caída de la actividad -2,1% interanual y 2,6% respecto de enero-, que el Gobierno considera parte de una realidad “pasada”, que promete revertir a partir de este segundo trimestre. La frase repetida es que “no hay que mirar por el espejo retrovisor”. Se verá si lo que viene borra el hecho de tomar con liviandad tales registros.

En ese contexto, el Gobierno siente la necesidad de modificar el clima por partida doble y lo antes posible. En principio, la reforma electoral tiene por delante un trámite legislativo denso y difícilmente veloz.

La confrontación política en México se intensificó este miércoles luego de que el senador panista Ricardo Anaya denunciara que la reciente designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral constituye un “atraco a la democracia”.

Sus declaraciones se producen un día después de que la Cámara de Diputados avalara los nombramientos, en una votación que dividió a oficialismo y oposición.

Anaya advierte riesgo para elecciones y acusa control institucional

El excandidato presidencial lanzó un mensaje contundente en el que afirmó que la democracia mexicana “está de luto”, al considerar que Morena ha consolidado su influencia sobre el árbitro electoral.

En su posicionamiento, Anaya sostuvo que el oficialismo ha seguido una ruta para concentrar poder en distintas instituciones del país.

Según dijo, primero se aseguró el control del Poder Legislativo, después avanzó sobre el Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, y finalmente habría logrado incidir en el INE.

A partir de este escenario, advirtió que los próximos procesos electorales podrían enfrentar cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Incluso, señaló que la oposición tendrá que ganar por amplios márgenes para evitar posibles irregularidades, al considerar que el árbitro electoral ya no actuaría con plena independencia.

Cámara de Diputados aprobó ayer a nuevos consejeros del INE

La polémica surge tras la votación realizada la noche del martes en San Lázaro, donde la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, quienes ocuparán el cargo por un periodo de nueve años.

Los perfiles avalados son:

• Arturo Manuel Chávez López
• Blanca Yassahara Cruz García
• Frida Denisse Gómez Puga

La decisión fue respaldada por 334 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 127 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Con ello, se formalizó la renovación parcial del órgano encargado de organizar las elecciones federales en el país.

Morena defiende el proceso y llama a fortalecer al INE

Desde la mayoría legislativa, el diputado del PT Pedro Vázquez González defendió la legalidad del procedimiento y rechazó las críticas de la oposición.

Aseguró que la designación se realizó conforme a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y dentro del marco normativo.

El legislador enfatizó que los nuevos consejeros deberán desempeñarse con responsabilidad institucional, priorizando la defensa del sistema democrático y el interés superior del país.

También subrayó que la renovación del Consejo General no solo responde a la necesidad de cubrir vacantes, sino a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Mientras el oficialismo sostiene que el proceso fue legal y fortalece a la institución, la oposición advierte sobre un posible debilitamiento de la autonomía del árbitro electoral, en un contexto clave rumbo a las próximas elecciones.

El Senado de la República dio un paso inédito al aprobar, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y del fiscal estatal César Jáuregui Moreno, para explicar un caso que ha generado tensión política y diplomática.

Con 15 votos a favor y uno en contra, los legisladores avalaron convocarlos a una reunión de trabajo el próximo 28 de abril a las 11:00 horas, en conjunto con las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.

El objetivo central será esclarecer la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —presuntamente vinculados con la CIA—, así como detallar el avance de las investigaciones y las condiciones en las que ocurrió el operativo en la Sierra Tarahumara.

Operativo, muertes y presencia de la CIA en territorio mexicano

El caso se originó tras un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos luego de un accidente vehicular.

De acuerdo con reportes, los extranjeros colaboraban en tareas de seguridad vinculadas al combate al narcotráfico, lo que encendió alertas por su presencia en campo sin conocimiento previo del gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de agentes extranjeros, lo que calificó como un asunto de seguridad nacional y soberanía.

En respuesta, el gobierno mexicano envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar información.

Además, la propia gobernadora solicitó reunirse con la mandataria federal para abordar el caso y reforzar la coordinación institucional.

Debate político: acusaciones, defensa y confrontación en el Senado

La decisión del Senado desató un fuerte debate político entre legisladores de distintas fuerzas.

El panista Ricardo Anaya respaldó la comparecencia de Maru Campos, pero también pidió que se cite a otros gobernadores señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En tono crítico, cuestionó a mandatarios de Morena y propuso que expliquen sus presuntas relaciones con grupos delictivos.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña sostuvo que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua responde a una estrategia para desestabilizar al gobierno federal.

Afirmó que no se trataba de agentes de la DEA —encargada del combate al narcotráfico— sino de inteligencia, lo que, dijo, agrava el caso.

Cuestionamientos legales: ¿puede el Senado citar a una gobernadora?

El punto más controvertido fue la legalidad de la convocatoria. El senador Luis Donaldo Colosio cuestionó que el Senado tenga facultades constitucionales para llamar a cuentas a una gobernadora estatal.

Argumentó que la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene atribuciones para este tipo de citaciones y advirtió que se trata de un precedente “peligroso”, ya que los gobiernos estatales rinden cuentas a sus congresos locales, no al Senado.

También criticó que el tema tenga un trasfondo político y sugirió que la invitación pudo hacerse sin necesidad de un acuerdo formal.

Implicaciones: soberanía, coordinación y seguridad nacional

La reunión del 28 de abril será clave para esclarecer los hechos y definir responsabilidades, en medio de un entorno político marcado por acusaciones cruzadas.

Lo que se busca aclarar en la reunión:

• Circunstancias exactas de la muerte de los agentes estadounidenses
• Nivel de participación de agencias de EU en el operativo
• Si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional
• Avances de la investigación por parte de la Fiscalía de Chihuahua
• Mecanismos de coordinación entre autoridades locales y federales

Este episodio marca un precedente en la relación entre el Senado y los gobiernos estatales, al tiempo que reabre el debate sobre la soberanía nacional y la presencia de agencias extranjeras en el país.

La comparecencia de Maru Campos podría convertirse en un punto de inflexión tanto político como institucional.

Senadores de la República sostuvieron un encuentro con el presidente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés), Barry Sawyer, para analizar estrategias enfocadas en la defensa de los derechos humanos de migrantes mexicanos en Canadá, particularmente en el sector agrícola.

La reunión, organizada por la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, reunió a legisladores interesados en fortalecer la protección laboral de connacionales en el extranjero, así como en construir mecanismos de colaboración bilateral que permitan atender sus principales problemáticas.

📷 Senadoras y senadores se reunieron con el presidente de la United Food and Commercial Workers (UFCW Canadá) en donde plantearon la creación de una agenda conjunta para la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá. https://t.co/kduuAFUd1E pic.twitter.com/ddQUeEVVSh

— Senado de México (@senadomexicano) April 22, 2026

Propuesta de agenda parlamentaria bilateral

Durante el diálogo, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Ruth González Silva, propuso la elaboración de una agenda parlamentaria bilateral México–Canadá que incluya visitas de campo para conocer de primera mano las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas migrantes.

La legisladora subrayó la importancia de escuchar directamente a los migrantes mexicanos, con el objetivo de identificar vacíos normativos y generar insumos que permitan legislar con mayor precisión y exigir un respaldo más efectivo para este sector.

“Se trata de construir desde el territorio los insumos que necesitamos para legislar con mayor precisión y exigir mayor respaldo”, expresó, al tiempo que invitó al sindicato canadiense a establecer una relación de trabajo permanente y con resultados tangibles.

UFCW ofrece apoyo para visitas en campo

En respuesta, Barry Sawyer manifestó la disposición de la UFCW Canadá para colaborar con los legisladores mexicanos y facilitar recorridos en distintas provincias donde laboran trabajadores mexicanos.

El líder sindical destacó que estas visitas permitirían a los senadores conocer de cerca la realidad que enfrentan los migrantes, incluyendo problemáticas como:

• Barreras de idioma
• Temor a cuestionar a empleadores
• Falta de acceso a información clara sobre sus derechos

Sawyer explicó que muchos trabajadores prefieren acudir a las oficinas del sindicato para resolver dudas debido a la falta de confianza o condiciones adversas en sus centros de trabajo, por lo que consideró fundamental fortalecer los canales de acompañamiento.

Enfoque regional: derechos laborales y cooperación

Por su parte, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa enfatizó que la relación entre México, Canadá y Estados Unidos debe entenderse desde una perspectiva de cooperación regional, más que de competencia.

Señaló que garantizar los derechos laborales de los trabajadores migrantes es clave para fortalecer la integración económica de América del Norte, así como para mejorar los ingresos y condiciones de vida de quienes participan en estas dinámicas laborales.

“El verdadero entendimiento regional pasa necesariamente por garantizar los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Hacia una defensa integral de migrantes mexicanos en Canadá

El encuentro entre senadores y la UFCW Canadá marca un paso hacia la construcción de estrategias conjuntas para la defensa de los migrantes mexicanos en Canadá, con énfasis en el trabajo agrícola.

La propuesta de una agenda bilateral y las visitas en campo podrían convertirse en herramientas clave para visibilizar problemáticas, fortalecer la legislación y mejorar la protección de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero.

Las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado dictaminaron esta tarde un proyecto que aprobó en Diputados en 2024 y que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027. Si no se sanciona la ley, la iniciativa perderá estado parlamentario en febrero próximo.

Por el Gobierno expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.

Allan agregó: “Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.

Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.

Allan también hizo mención a mejores detecciones vía “patrones anti fraude”. En esa línea, confió: “Se le pagaba a personas para que compren armas, las registraran y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza”.

Por otra parte, el director del RENAR dejó en claro que “la sola presentación -de la declaración- no es automáticamente una aprobación”, sino un primer paso donde luego se chequea “el origen, antecedentes y medidas cautelares sobre personas y objetos”.

Allan es cercano a la actual jefa libertaria en la Cámara alta y exministra de Seguridad mileísta, Patricia Bullrich, quien estuvo presente en el convite. En medio de un escenario delicado y preocupante en las escuelas, la porteña no desaprovechó la ventana y explicó que “las fuerzas federales tienen un sistema para localizar armas por tipo de disparo y una base” amplia de registros.

Seguido a ello, lanzó: “Con las -recientes- amenazas, ese sistema nos protege y sería importante que las provincias firmen. Si hay una amenaza, las provincias pueden saber si familias tienen o no. Esto genera una protección a la escuela, niños y familias”. Tras ello, le consultó a su conocido Allan por los distritos que aún no adhirieron. “Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja”, dijo el funcionario.

Al enviar el proyecto al Congreso, en mayo de 2024, la Casa Rosada fundamentó en su mensaje “la necesidad de establecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: o bien su tenencia legal, para lo que se ofrece un procedimiento de regularización excepcional, o bien la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo”.

“Resulta esencial, para cualquier política de seguridad pública, garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”, argumentó el Ejecutivo.

El plenario fue manejado por la radical y titular de la comisión de Seguridad -cabecera-, Carolina Losada (Santa Fe). La segunda involucrada fue la de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario salteño Gonzalo Guzmán Coraita.

Desde el oficialismo reconocieron que Guzmán Coraita fue quien se encargó de la gestión de la iniciativa para que obtuviera esta tarde las firmas necesarias. De esta forma, el dictamen de mayoría quedó habilitado para votarse en las próximas semanas.

El presidente Javier Milei enviará al Congreso Nacional su proyecto de reforma electoral, un paquete que incluye la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), la instauración de estrictos requisitos para los partidos, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y cambios en el financiamiento político.

El anuncio realizado por el Poder Ejecutivo busca modificar la arquitectura electoral argentina, pero requiere primero un escenario de negociaciones complejas entre el oficialismo y los gobernadores provinciales, quienes no están dispuestos a facilitarle la reelección al Presidente sin tener garantías de que puedan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivos territorios.

Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que, hasta la publicación de este artículo, no se había girado la reforma al Congreso. También afirman que la cámara de origen seguramente sea el Senado. Esto tiene sentido porque el oficialismo se propone consensuar los votos con las provincias, quienes son las principales interesadas en avalar o no estos términos puestos por el Gobierno.

La propuesta de reforma electoral elimina el sistema de PASO y sustituye la afiliación partidaria en papel por un mecanismo de avales realizados de manera biométrica para evitar falsificaciones. Esto apunta a eliminar el margen para la creación o el crecimiento de los denominados “sellos de goma”, que son espacios políticos que tienen un bajísimo porcentaje de voto en los comicios y que son sostenidos por avales que distan de ser auténticos.

Una novedad que se incorpora al proyecto libertario es que buscarán modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, algo que, a priori, no estaba previsto en las últimas semanas.

La reforma eleva las exigencias que se piden para que un espacio político pueda constituirse como partido. Los espacios de distrito tendrán que demostrar afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral, con un tope sobre dos millones de electores. Para obtener la condición de partido nacional, se requerirá presencia en diez distritos, el doble de lo que exige la normativa vigente. Además, la personería se perderá si el partido no alcanza al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas.

La Boleta Única de Papel incorpora la opción de votar una lista completa mediante un casillero específico. En casos de simultaneidad electoral, la misma boleta podrá incluir cargos provinciales y municipales, junto a los nacionales.

En el apartado ético, la llamada “Ficha Limpia” establece que quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia quedarán inhabilitados para competir por cargos electivos. Esta restricción también se extiende al Poder Ejecutivo, alcanzando a ministros, secretarios, directores de empresas estatales y funcionarios jerárquicos. El objetivo, de acuerdo al mensaje reproducido por el Presidente ayer en redes sociales, es “terminar con la impunidad” y excluir a los condenados de la función pública.

El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos.

La reforma eleva los topes de aportes privados y elimina los límites de gasto de campaña para las agrupaciones. Se prohíben las donaciones de personas procesadas por delitos tributarios, lavado de activos, narcotráfico, fraude contra la administración pública y otros delitos graves. Las agrupaciones que incurran en infracciones graves o no justifiquen el origen de los fondos podrán perder el financiamiento público entre uno y cuatro años. El aporte estatal se concentrará en un único pago anual y se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales.

Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.

En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.

El trasfondo político de la reforma

El anuncio de Javier Milei representa un giro en la estrategia del oficialismo, que ahora busca instalar la discusión pública sobre la reforma política. Según fuentes de Casa Rosada , la presentación anticipada del proyecto responde a la intención de acelerar el debate y condicionar el calendario electoral del próximo año.

El oficialismo evalúa que la suspensión de las PASO en 2025 tuvo buena recepción social y que la eliminación definitiva de ese sistema puede acarrear costos políticos a los sectores opositores que resistan el cambio.

Las negociaciones para aprobar la reforma no están cerradas. En el gobierno admiten que no han iniciado un diálogo profundo con las provincias y que el avance dependerá de acuerdos futuros. Existen provincias que colaboran abiertamente con el oficialismo y otras que mantienen una postura expectante, especialmente en torno a la eliminación de las primarias. “No hay postura de si PASO sí o no, porque no está resuelto cómo vamos a votar el año que viene a nivel provincial”, explicó a Infobae un referente de un distrito patagónico.

La mesa política del oficialismo, integrada por figuras como Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el ministro del Interior Diego Santilli y los dirigentes Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, será la encargada de articular la búsqueda de consensos. La expectativa está puesta en la reunión del próximo viernes en Casa Rosada, donde se definirá la estrategia para impulsar los proyectos en ambas cámaras del Congreso y se negociarán los contenidos finales del paquete de reformas.

Algunos gobernadores, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), ya han mantenido contactos con el Ejecutivo para explorar acuerdos. Cornejo, por ejemplo, se opone a suspender las PASO en su provincia, mientras que Frigerio se muestra dispuesto a negociar. En el horizonte inmediato, el gobierno planea sumar a la conversación a mandatarios como Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).

La reforma política impulsada por Milei se presenta como una pieza central de la agenda legislativa del oficialismo. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, salió a tuitear el ministro del Interior, Diego Santilli.

La eliminación de las PASO, los nuevos requisitos para partidos y el endurecimiento de los controles sobre candidaturas y financiamiento están en el foco del debate. El Ejecutivo apuesta a que la iniciativa pueda servir como base para reanudar el diálogo con los gobernadores y negociar apoyos que resulten esenciales para su aprobación.

Las definiciones sobre candidaturas, alianzas y estructura política se pospondrán hasta después del Mundial de Fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El oficialismo estima que durante ese periodo la actividad política se ralentizará y que los distintos espacios también esperarán para formalizar sus estrategias.

Los tiempos legislativos pueden extenderse, pero la prioridad es instalar el debate y buscar los votos necesarios para aprobar los cambios. La expectativa oficialista gira en torno a la posibilidad de ofrecer a los gobernadores incentivos, como la reelección, para facilitar los acuerdos y allanar el camino hacia una reforma que modificaría de manera estructural el sistema político argentino.

La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma electoral que modifica el sistema de votación para legisladores e intendentes, consolidando el esquema de frentes electorales e introduciendo cambios que han desatado una fuerte controversia política en la provincia.

La iniciativa obtuvo el rechazo de los 9 legisladores de La Libertad Avanza, la radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista. El proyecto pasará ahora al Senado provincial, donde el oficialismo buscará transformarlo en ley.

La reforma electoral, aprobada en la Cámara de Diputados de Salta, establece un nuevo sistema donde los votos de distintas listas que integran un mismo frente se suman para definir al espacio más votado en las categorías de legisladores e intendentes, excluyendo la de gobernador. El proyecto permite que cada frente presente hasta cuatro listas, elimina los pisos mínimos de votos, requeridos para acceder a la distribución de cargos y mantiene el sistema D’Hondt.

Además, incorpora requisitos como la realización de narcotests obligatorios para los candidatos y fija nuevos plazos para la presentación de listas. El objetivo declarado es ampliar la participación, ordenar la competencia electoral tras la eliminación de las PASO y garantizar mayor transparencia e idoneidad en los postulantes.

El diputado Gustavo Dantur afirmó que la reforma “permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas” y llamó a “no subestimar al electorado”. Dantur relativizó las críticas que señalan un regreso a la “Ley de Lemas”, al argumentar que el concepto debe interpretarse como una expresión de identidad política y no como una distorsión del sufragio. “El nuevo esquema busca fortalecer la representación democrática y evitar prácticas discrecionales en la selección de candidatos”, sostuvo el legislador.

La diputada oficialista Socorro Villamayor resaltó que la reforma “ordena la legislación después de los cambios de las PASO y amplía la participación ciudadana”. Explicó que el nuevo sistema sintetiza en un solo acto electoral la instancia interna y la general, suprimiendo la “selección a dedo” de candidaturas. “Se limitará la cantidad de listas por frente y por partido, lo que facilita la comprensión del electorado”, puntualizó.

La propuesta, que aún debe ser discutida en el Senado, con un escenario de polarización que anticipa un intenso debate en la legislatura salteña. Mientras el oficialismo defiende la medida como una actualización necesaria, la oposición la considera un retroceso institucional y advierte que se trata de una variante de la ley de lemas, que podría beneficiar al poder de turno.

Qué dijo la oposición

Desde la oposición, Soledad Farfán (UCR) advirtió que el texto “no fortalece el sistema electoral”, centraliza decisiones en las cúpulas partidarias y debilita la participación ciudadana. Farfán cuestionó la ausencia de un debate amplio con especialistas y organizaciones. “El nuevo sistema podría generar una distorsión en la representación y significar un retroceso respecto de estándares de transparencia y competitividad electoral”, subrayó la legisladora.

José Gauffín, del Partido de la Reconquista, advirtió que, sin acuerdos amplios, la reforma puede convertirse en una imposición. Citó al gobernador Gustavo Sáenz, quien había señalado que “algunos están pensando en las elecciones y no en la gente”. En ese sentido, el diputado provincial alertó sobre el costo económico de aplicar la reforma: “Habrá mayor pobreza, esto va a costar fortuna, no hay dudas de esto”.

Por su parte, Guillermo Durand Cornejo denunció irregularidades en el tratamiento del proyecto y lamentó la falta de consulta a los partidos políticos. Enfatizó que una ley electoral debe garantizar confianza ciudadana, objetivo que, según su perspectiva, se ve amenazado por la falta de participación en la elaboración. De esta manera, evocó los antecedentes de la Ley de Lemas, derogada en 2002 tras un acuerdo político, y advirtió sobre los riesgos de reinstaurar mecanismos que, en su opinión, distorsionan la voluntad popular. “Un voto podía terminar beneficiando a otro candidato”, recordó.

Franco Lastra, de La Libertad Avanza, calificó la reforma de “anticonstitucional” y “poco transparente”, y sostuvo que constituye un intento encubierto de reinstalar un sistema similar al de lemas. Lastra puso en duda la fortaleza electoral del Gobierno provincial y expresó que la reforma busca condicionar el resultado de futuras elecciones.

Desde la oposición, María Elena Dadis —también de LLA— denunció la falta de coherencia en el tratamiento legislativo y resaltó que muchas iniciativas de su bancada no llegan a comisión, mientras que la reforma avanza con rapidez. Dadis criticó el uso del voto electrónico en el sistema provincial y advirtió que el apuro en el tratamiento obedece a los tiempos políticos del oficialismo y no permite un debate plural.

En Casa Rosada afirman que no está en estudio el pedido de un acuerdo con las provincias sobre diferentes puntos para ampliar la gobernabilidad. Pero reconocen que varias reformas que enviarán al Congreso en las próximas semanas servirán para reanudar el diálogo que tenían con varios mandatarios locales.

El próximo viernes se va a reunir en la Casa Rosada la mesa política, el ámbito donde se encuentran los funcionarios y líderes de mayor rango político del oficialismo y terminan de coordinar los cursos de acción para impulsar los objetivos que pide el presidente Javier Milei. El objetivo de la cumbre va a ser acordar qué proyectos se llevarán a ambas cámaras del Congreso y cómo estarán compuestos estos mismos.

El presidente Javier Milei se adelantó a esta convocatoria y ayer por la tarde anunció a través de su cuenta de X que durante este miércoles el Poder Ejecutivo iba a enviar la Reforma Electoral, la cual incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos y la incorporación del proyecto de Ficha Limpia, el cual inhabilita que personas que están condenadas en segunda instancia se postulen electoralmente.

“Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, tuiteó Milei para anunciar el proyecto, el cual había sido adelantado por Infobae en febrero.

Junto a esas medidas principales, dos importantes fuentes de la mesa política aseguraron a Infobae que en el proyecto también se agregarían dos segmentos en particular:

• la incorporación del casillero que habilita a votar la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP);
• y que se agregue el requisito para que haya una verificación biométrica para las altas en las afiliaciones partidarias.

No entró en la reforma la propuesta para transicionar hacia un sistema electoral de circunscripción uninominal, un modo de funcionamiento idéntico al que se utiliza en las elecciones de Estados Unidos. “Lo podíamos haber propuesto, pero no iba a salir. No tenía sentido”, afirmó uno de sus principales impulsores dentro del Gobierno.

Con este anuncio, el Gobierno se muestra en la discusión pública con una propuesta de relevancia y que resulta cómoda en la narrativa libertaria. Consideran que la suspensión de las PASO que hubo el año pasado tuvo una excelente recepción a nivel social y que los opositores que se nieguen a la eliminación definitiva acarrearán costos políticos.

“Nosotros estamos contentos por cómo está la cuestión electoral, pero consideramos que hay aspectos que simplifican más el momento de la votación y que hacen a un sistema más justo”, afirmó una fuente libertaria que participó en la redacción del proyecto.

Pero la discusión es más compleja. Tanto en el Gobierno como en las provincias afirman que todavía no ha existido un diálogo profuso para comenzar a destrabar este asunto. La principal razón es que falta mucho para las elecciones y todavía sigue el cálculo político de si es mejor acordar ahora o en otro momento.

Esta definición es clave porque va a condicionar el calendario electoral del año próximo. Los escándalos recientes del oficialismo hicieron que diferentes espacios de la oposición se esperanzaran con tener chances de competir electoralmente el año próximo y comenzaran a conversar sobre posibles alianzas. La cuestión es que no hay liderazgos definidos en prácticamente ningún espacio salvo en La Libertad Avanza. Las PASO son una herramienta clave para ciertos actores opositores.

Al interior del Gobierno hay quienes ven en esta jugada de Milei una suerte de reactivación de la discusión pública. “Bastante bien que introdujimos el tema de la casta con las PASO. Después se votará, eso no importa. Los tiempos legislativos serán otros. Lo veo muy comunicacional y que es una etapa inicial para ir a buscar los votos”, marca una fuente.

Una vez que se termine de acordar el nuevo paquete de reformas para mayo, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto retomar su agenda de viajes y las reuniones con gobernadores. Las últimas reuniones y encuentros estuvieron vinculados, entre otros temas, a la Ley de Glaciares, entre otras iniciativas que ya fueron abarcadas en el Congreso. “Ahora se está a la espera de cerrar el nuevo paquete de reformas para su envío y, a partir de ahí, reactivar la agenda”, afirman en su entorno.

Hay alfiles de la mesa chica de la Casa Rosada que están interesados en materializar un acuerdo con gobernadores para eliminar las PASO. “El Gobierno lo tiene que hacer lo antes posible, porque la fortaleza política la tiene prestada. Si vos les ofrecés la reelección a varios de ellos, el camino para las nacionales se allana más facilmente”, afirma un estratega libertario.

El asunto es que todavía no hay ningún acuerdo posible: en la mesa política hay posturas más optimistas que consideran que hay un margen para conseguir los votos en un futuro próximo; y otra más negativa que busca demorar el tratamiento de la reforma porque las adhesiones simplemente no están.

Hay provincias colaboracionistas con el Gobierno que ya afirman estar de acuerdo con la idea de eliminar o suspender las primarias. Pero en otras muy importantes no hay una lectura de cuál es el camino conveniente para retener sus distritos. “No hay postura de si PASO sí o no, porque no está resuelto cómo vamos a votar el año que viene a nivel provincial”, afirman desde un distrito patagónico.

Hay provincias que no se caracterizan por ser alineadas al mileísmo -como Santa Fe-, pero que tienen predisposición a analizar un acuerdo si es que se conversan varios aspectos a nivel de la política subnacional. ¿La forma en la que pueda competirles La Libertad Avanza en su distrito es un condicionante?

No es casual que se hayan reanudado cierto tipo de encuentros entre Nación y provincias. Durante la última semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó en la convocatoria de una mesa que integran el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los primos Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la fuerza, y Eduardo “Lule” Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional.

El primer encuentro operativo se realizó en el despacho de Santilli en Casa Rosada, donde la delegación nacional recibió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), dos de los cuatro mandatarios provinciales que acordaron respaldo electoral en 2025.

El gobernador de la provincia cuyana no piensa suspender sus propias PASO y sabe que el diputado nacional Luis Petri es un serio contendiente para disputar la gobernación. Hay intereses de ambos lados que hacen que puedan arribar a un punto medio. Lo mismo sucede con el caso del litoraleño, que está en una posición más favorable para negociar porque no hay figuras competitivas de La Libertad Avanza.

El oficialismo dejó trascender que las definiciones sobre candidaturas, alianzas y estructura política no se harán públicas hasta culminar el próximo Mundial de Fútbol, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026. La estrategia responde a la percepción, confirmada por fuentes internas, de que “no tiene sentido plantear algo antes. Se plancha todo por un mes. Intuyo que todos los espacios van a hacer lo mismo”. En la lista de futuras reuniones aparecen los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco), cinco de los mandatarios con los que más se ha acercado el gobierno en las elecciones legislativas del año pasado.

En nuestro sistema judicial, una denuncia puede desarmar una familia en pocas horas. No siempre hace falta prueba. No siempre hay audiencia previa. En muchos casos, ni siquiera se escucha a todas las partes. Con una sola declaración pueden activarse prohibiciones de acercamiento, interrumpirse vínculos y reconfigurarse por completo la vida familiar. El proceso llegará después. Y recién entonces se verá si la puesta en funcionamiento de esos dispositivos tenía fundamento. Esto no es una hipótesis teórica. Es lo que pasa, a diario, en los juzgados de familia (con excepciones, claro).

Hace pocos días, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen favorable respecto de un proyecto de ley que modifica el Código Penal introduciendo agravantes en los delitos de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento cuando se refieren a denuncias de violencia de género, o sexual o contra menores de edad. Es una respuesta necesaria, pero sin dudas insuficiente, en un marco sociocultural atravesado durante años por negaciones, incomodidades y lecturas ideológicas simplificadoras.

La norma será bienvenida, en primer lugar, por su valor cultural. Supone el reconocimiento formal de un fenómeno cuya existencia ha sido, durante mucho tiempo, invisibilizada o minimizada desde ciertas lecturas de género que, en su versión más extrema, han optado por prescindir de la complejidad de los conflictos familiares. La falsa denuncia no es un mito ni una rareza estadísticamente irrelevante: es una realidad documentada, conocida por operadores judiciales y padecida por miles de familias.

Si el problema no se ve, no se puede resolver. Y en este tema, durante demasiado tiempo, se miró para otro lado. En ese sentido, la reforma cumple una función simbólica significativa: desplaza el eje desde la negación hacia el reconocimiento.

Pero además el proyecto introduce una dimensión normativa imprescindible: la criminalización de conductas que generan daños profundos, especialmente en los niños. Cuando una denuncia falsa desencadena la intervención judicial, sus efectos no se limitan a respuestas procesales. En cuestión de horas, se activa un repertorio de medidas que implican el corte drástico de vínculos.

Ese impacto no es neutro. Los niños quedan expuestos a una narrativa que instala la idea de que uno de sus progenitores es peligroso, violento o dañino. Esa representación —aunque luego se demuestre infundada— se instala, se consolida y se proyecta. El vínculo se deteriora, muchas veces de manera irreversible.

Desde esta perspectiva, la sanción penal de quien formula una falsa denuncia no solo resulta justa, sino necesaria. Sin embargo —y aquí aparece el núcleo del problema— no es suficiente.

La ley mira el final, el problema empieza antes

El problema central es que el proyecto mira el final —el castigo penal al autor de la falsa denuncia—, pero deja sin abordar el funcionamiento de un sistema que permite que esa denuncia produzca efectos devastadores de manera casi automática.

Es lógico que así sea, ya que la propuesta se refiere a un cuerpo de normas penales. Sin embargo, el problema estructural no se limita a las denuncias falsas. El núcleo de la cuestión radica en la extraordinaria permeabilidad del sistema judicial frente a esas denuncias y en la forma en que, a partir de una sola declaración, se adoptan medidas de enorme impacto sin un mínimo test de credibilidad.

En la práctica, el esquema es conocido: una denuncia —no verificada, no contrastada— basta para que, en pocas horas, se dicten restricciones severas al contacto entre un progenitor y sus hijos. No hay audiencia previa. No hay contradicción. No hay análisis inicial suficiente. En los hechos, se sanciona primero y se evalúa más tarde.

El resultado es una “militarización” de los vínculos familiares. A partir de ese momento, la relación queda intervenida por el sistema judicial bajo una lógica de riesgo que, en muchos casos, nunca fue adecuadamente verificado. Este fenómeno genera una asimetría extrema: mientras una de las partes logra, con su sola declaración, la imposición de medidas restrictivas, la otra queda sometida a un proceso largo, complejo y muchas veces estigmatizante para intentar revertir una situación que, desde el inicio, carecía de sustento.

Por ello, el problema no es solo de intensidad de la respuesta penal, sino de sincronía entre los distintos planos de intervención del sistema judicial. Mientras la justicia penal actúa —cuando lo hace— sobre hechos ya consumados, el daño en los vínculos familiares se produce antes, en el ámbito civil, donde se adoptan las medidas que lo desencadenan.

El punto no es solo castigar después, sino intervenir a tiempo. Y eso depende de la normativa civil: de su capacidad para activar mecanismos de revisión desde la primera adopción de medidas cautelares que, por su alcance o falta de fundamento, resulten inapropiadas.

El tiempo judicial como factor de daño

A esta dinámica se suma un elemento decisivo: el tiempo.

El trámite de los procesos iniciados a raíz de una denuncia de violencia familiar suele extenderse por meses —en general, años—. Durante todo ese período, las medidas restrictivas —muchas veces adoptadas de manera urgente y sin suficiente fundamento— permanecen vigentes.

Es decir: el sistema primero corta el vínculo y después, eventualmente, analiza si había razones para hacerlo.

Cuando finalmente se logra demostrar la falsedad de la denuncia —es decir, cuando por fin se cuenta con los elementos para instar una acción penal—, el daño ya está hecho. El niño ha pasado un período prolongado sin contacto con uno de sus progenitores. Ha internalizado una narrativa negativa. Ha reorganizado su mundo afectivo en función de esa ausencia.

La eventual sanción penal al denunciante —si es que llega a producirse— aparece entonces como tardía e insuficiente. Puede satisfacer una necesidad de justicia, pero no repara las consecuencias psíquicas del proceso.

La evidencia científica es clara en este punto: la interrupción prolongada del vínculo con uno de los progenitores tiene efectos duraderos en el desarrollo emocional de los niños. No se trata de daños transitorios. Se proyectan sobre la adolescencia y la vida adulta, afectando la identidad, la autoestima y la capacidad de establecer relaciones saludables.

La posibilidad de una condena penal puede tener algún efecto disuasivo, pero no corrige esos daños.

No todo es delito

El proyecto presenta, además, una limitación técnica relevante. El tipo penal se estructura en torno a la falsa imputación de delitos. Sin embargo, en el ámbito del derecho de familia, no todas las denuncias que desencadenan intervenciones judiciales implican la atribución de un delito.

Es frecuente que se denuncien conductas reprochables —discutibles, inapropiadas o conflictivas— que no configuran ilícitos penales, pero que igualmente dan lugar a las prohibiciones de contacto.

En estos casos, el daño sobre los lazos parentofiliales puede ser idéntico: interrupción del vínculo, estigmatización de uno de los progenitores, deterioro de la relación. Pero la respuesta penal prevista por la ley no resulta aplicable porque no hay una imputación delictiva en sentido estricto.

Se genera así un espacio de impunidad funcional: situaciones que producen efectos gravemente dañosos quedan fuera del alcance de la norma.

La respuesta penal no alcanza

A ello se suma un dato que no puede ser ignorado: en los delitos vinculados a las relaciones familiares —como el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o el impedimento de contacto—, el índice de condenas efectivas es históricamente bajo.

El sistema penal ofrece múltiples mecanismos que, en la práctica, diluyen la posibilidad de una sanción efectiva: probation, suspensión del juicio a prueba, acuerdos, criterios de oportunidad, demoras procesales. La consecuencia es que la amenaza penal pierde capacidad disuasoria.

No hay ninguna razón para suponer que, en el caso de las falsas denuncias, el resultado será sustancialmente distinto.

En otras palabras: incluso si la ley está bien diseñada, su eficacia real como herramienta de prevención es incierta.

Hacia un enfoque verdaderamente centrado en los niños

Si el objetivo es proteger a los niños —y no simplemente sancionar a los adultos— el eje del problema debe desplazarse.

La clave no está en endurecer la respuesta penal ex post, sino en modificar el funcionamiento del sistema judicial en el momento en que la denuncia ingresa y comienzan a desplegarse sus efectos.

Esto implica repensar los criterios para el dictado de medidas cautelares en el fuero civil. No se trata de debilitar la protección frente a situaciones reales de violencia, sino de evitar automatismos que, en nombre de la prevención, terminan generando daños equivalentes o incluso mayores.

Se requieren mecanismos más sofisticados de evaluación inicial, instancias de escucha efectiva de las partes, intervenciones interdisciplinarias tempranas y medidas proporcionales que permitan preservar, en la medida de lo posible, el vínculo entre padres e hijos mientras se esclarecen los hechos.

La lógica debería invertirse: en lugar de cortar el vínculo como reacción inmediata, debería procurarse su preservación bajo condiciones de resguardo adecuadas, salvo en aquellos casos en que exista un riesgo real y debidamente acreditado.

Lo que está en juego

El proyecto representa un avance: reconoce un problema que durante años fue negado y establece una respuesta punitiva frente a conductas que pueden causar daños profundos.

Desde una perspectiva verdaderamente centrada en los niños, la prioridad no debería ser únicamente castigar a quien denuncia falsamente, sino evitar que una denuncia —verdadera o falsa— pueda, por sí sola y sin suficiente verificación, destruir un vínculo esencial.

Cualquiera sea la severidad de la sanción, la respuesta penal (represiva) es insuficiente para lograrlo. De allí la necesidad de una arquitectura legal más abarcativa, que incluya cambios sustanciales en la normativa civil. Porque cuando el sistema falla en ese punto, la condena criminal posterior puede cerrar un expediente. Pero no repara una infancia. Y es eso lo que está en juego.

La muerte de cuatro personas —entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados como presuntos agentes de la CIA— en un accidente carretero en Chihuahua desató una confrontación en el Senado mexicano, donde Morena y el PAN cruzaron acusaciones sobre responsabilidades, soberanía y coordinación con Estados Unidos.

Morena impulsa comparecencias por caso Chihuahua y agentes de la CIA

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa promovió un punto de acuerdo para citar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, con el fin de esclarecer la presencia y actividades de agentes extranjeros en la entidad.

La propuesta fue respaldada por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, quien señaló que el Congreso tiene facultades para requerir información a autoridades locales cuando se trata de asuntos de interés nacional.

De aprobarse, las comparecencias serían públicas y ante comisiones legislativas.

Accidente en operativo antidrogas desata dudas sobre intervención extranjera

El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un vehículo se desbarrancó en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. En el percance murieron cuatro personas: dos estadounidenses y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, los ciudadanos estadounidenses participaban en actividades vinculadas a operativos contra laboratorios clandestinos de droga en la sierra de Chihuahua.

Este dato abrió interrogantes sobre el alcance de la participación de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

El caso cobra relevancia porque la legislación mexicana limita la actuación directa de agentes extranjeros, permitiéndoles únicamente tareas de intercambio de información o capacitación, siempre bajo autorización del gobierno federal.

PAN acusa intento de deslinde y advierte posible crisis diplomática

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó la intención de responsabilizar a la administración estatal y acusó a Morena de intentar deslindar al gobierno federal.

El legislador planteó dos escenarios: que el gobierno federal conociera la presencia de los agentes —lo que implicaría falta de transparencia— o que la desconociera, lo cual evidenciaría un problema en la relación bilateral con Estados Unidos.

Anaya sostuvo que, según información disponible, los presuntos agentes participaban a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas mexicanas, por lo que consideró indispensable aclarar el nivel de coordinación y autorización.

Gobierno federal niega operaciones conjuntas en territorio nacional

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tenía conocimiento previo de la participación de los estadounidenses en el operativo y reiteró que no existen operaciones conjuntas en campo con fuerzas extranjeras.

La mandataria subrayó que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de inteligencia y apoyo técnico, respetando la soberanía nacional. No obstante, indicó que se investigará si hubo alguna violación a las leyes de seguridad nacional.

Claves del caso Chihuahua y agentes de la CIA

• Cuatro personas murieron en un accidente carretero en Chihuahua, incluidos dos estadounidenses.
• Medios internacionales identificaron a los extranjeros como presuntos agentes de la CIA.
• El accidente ocurrió tras un operativo contra laboratorios de droga en la sierra.
• Morena busca que autoridades de Chihuahua expliquen la presencia de agentes extranjeros.
• El PAN advierte posibles fallas del gobierno federal y riesgos en la relación con Estados Unidos.
• El gobierno federal niega operaciones conjuntas en territorio nacional y abrió una investigación.

El episodio no solo abrió un frente de confrontación política interna, sino que también colocó bajo escrutinio los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

A medida que avancen las investigaciones y posibles comparecencias, el caso podría escalar hacia implicaciones diplomáticas más amplias entre ambos países.

La definición sobre la fecha de la elección del Poder Judicial en México sigue en disputa.

Aunque el calendario original contemplaba una nueva jornada electoral en 2027, tras la primera experiencia realizada en 2025, en el Senado no existe consenso para modificarlo, mientras que Morena y el gobierno federal evalúan aplazar el proceso hasta 2028.

Calendario original: elección judicial prevista para 2027

De acuerdo con el diseño inicial de la reforma judicial, la primera elección de jueces, magistrados y ministros se llevó a cabo en 2025, y la siguiente jornada estaba prevista para el primer domingo de junio de 2027, en paralelo con las elecciones intermedias.

Ese año se renovarán múltiples cargos de elección popular, incluyendo gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que implicaría una alta carga operativa para las autoridades electorales.

Senado descarta consenso para modificar la fecha

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, afirmó que no hay acuerdos para cambiar la fecha originalmente planteada.

Indicó que, hasta el momento, no se ha discutido formalmente ni de manera informal una modificación al calendario, y que tampoco existe un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar el proceso.

Propuesta en análisis: mover la elección a junio de 2028

Pese a la falta de consenso en el Senado, legisladores de Morena trabajan en una iniciativa que propone recorrer la elección judicial al primer domingo de junio de 2028, es decir, un año después de lo previsto originalmente.

El objetivo central es separar este proceso de las elecciones intermedias de 2027 y de la posible consulta de revocación de mandato, evitando que coincidan en el mismo periodo.

Gobierno federal evalúa costos y carga electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración analiza el posible aplazamiento. Señaló que la decisión considera el impacto financiero y logístico de organizar varios procesos simultáneamente.

Realizar elecciones judiciales junto con comicios intermedios y mecanismos de participación ciudadana implicaría un aumento en el número de boletas, mayor complejidad operativa y un incremento en el gasto público.

Argumentos para separar los procesos electorales

Desde el ámbito legislativo, Olga Sánchez Cordero ha señalado que resulta conveniente que la elección judicial se realice en un año distinto al de mayor carga electoral.

La propuesta busca que estos comicios se lleven a cabo un año después de las elecciones intermedias, con el fin de permitir una evaluación más detallada de los perfiles y evitar la saturación del sistema electoral.

Ajustes a la reforma tras la experiencia de 2025

El posible cambio de fecha también responde a la evaluación del proceso de 2025, que dejó diversos retos, como baja participación, campañas poco claras y cuestionamientos sobre algunos perfiles electos.

Ante ello, Morena impulsa modificaciones para fortalecer el modelo:

• Certificación obligatoria para aspirantes
• Exámenes técnicos y filtros más estrictos
• Requisitos más altos de experiencia profesional
• Reducción del número de candidaturas
• Creación de un comité único de evaluación

Debate abierto rumbo a una posible reformaAunque el calendario original fija la elección judicial en 2027, la propuesta de aplazarla a 2028 sigue en análisis.

Cualquier cambio deberá ser discutido y aprobado por el Congreso, en un contexto donde aún no se construyen los consensos necesarios.

Fechas clave en la discusión de la elección judicial

• 2025: primera elección judicial realizada en México
• 2027: fecha originalmente prevista para la siguiente elección (junto a comicios intermedios)
• 2028: propuesta en análisis para aplazar el proceso y separarlo del resto de elecciones

La definición final sobre el calendario marcará el rumbo de la reforma judicial y pondrá a prueba la capacidad del sistema político para ajustar uno de los cambios institucionales más relevantes de los últimos años.

La sesión puso sobre la mesa una advertencia que marcó el tono político del encuentro, por lo que la senadora Andrea Padilla cuestionó la distancia entre las normas aprobadas y su aplicación efectiva.

En su intervención, la senadora aseveró que la justicia animal no depende de la acumulación de normas ni de anuncios institucionales: “Hacer justicia animal no es sacar un montón de decretos, de resoluciones, hacer promesas o mesas eternas”.

El análisis legislativo se centró en la capacidad del Estado para convertir la Ley Ángel en una herramienta operativa. El Congreso revisó la brecha entre la norma escrita y su ejecución en municipios, donde persisten fallas administrativas, ausencia de formación técnica y debilidades en los procesos de control.

¿De qué se trata la conocida Ley Ángel?

Y es que es importante señalar que la Ley 2455 de 2025 surgió tras el caso de Ángel, un perro víctima de violencia en Copacabana, Antioquia, hecho que generó rechazo nacional y reabrió la discusión sobre el antiguo Estatuto de Protección Animal de 1989. Su aprobación marcó un giro en la política pública al reconocer a los animales como seres sintientes con protección reforzada.

La reforma elevó las sanciones por maltrato grave, muerte intencional o abuso sexual contra animales, pues las penas quedaron entre 20 y 42 meses de prisión, con restricciones que limitan beneficios judiciales en los casos más severos. Las multas alcanzan hasta 60 salarios mínimos cuando el animal muere como consecuencia del maltrato.

La norma también incorporó nuevas conductas penales, entre ellas aparece la violencia vicaria contra animales, la difusión de material sexual con animales y la mutilación con fines estéticos. El debate legislativo resaltó además la creación de un registro nacional de maltratadores, bajo responsabilidad de la Fiscalía y la Policía.

Fallas técnicas en la aplicación de sanciones por maltrato animal

Durante la sesión, Padilla insistió en las dificultades de aplicación en el territorio, por lo que señaló la falta de capacidades técnicas en inspectores y la ausencia de herramientas claras para ejecutar sanciones: “Tenga resoluciones para conejos, cabras, cerdos, ovinos, caprinos, bla, bla, bla. Pero no tiene facultades sancionatorias. Entonces van los técnicos del ICA y miran sanidad animal, miran otros temas, pero no los temas de bienestar”.

La senadora añadió que el Estado requiere una acción más articulada entre las entidades y también cuestionó la respuesta institucional frente al transporte de animales. En su intervención señaló rutas intermunicipales donde, según dijo, animales viajan en condiciones de hacinamiento y llegan sin vida o en estado crítico.

“Tenemos esas denuncias constantes de los servicios públicos intermunicipales que llevan al ternero, a la gallina, al perro y al gato en la bodega y llegan asfixiados”, expresó. También mencionó el transporte de animales hacia mataderos y describió las condiciones de carga en camiones de aves, bovinos y porcinos.

Padilla insistió en la necesidad de incorporar la protección animal dentro de los planes de desarrollo territorial. Señaló que los municipios carecen de capacidad técnica para aplicar lineamientos complejos sin orientación clara desde el nivel nacional.

En su intervención dijo que los planes municipales y departamentales deben incluir criterios precisos para evitar vacíos en la ejecución. El debate también abordó la falta de recursos para el registro nacional de maltratadores. Congresistas advirtieron que, sin financiación, la herramienta pierde eficacia y corre el riesgo de quedar como un instrumento sin operación real.

Otro punto central se centró en la formación técnica para la recolección de evidencia en casos de maltrato animal. Se pidió al Gobierno avanzar en guías forenses veterinarias para sostener los procesos judiciales. Sin estos insumos, los casos pueden perder fuerza en los tribunales por falta de pruebas sólidas.

La visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al Senado de la República incluyó la entrega de documentos por parte de legisladores de oposición, quienes expusieron su postura sobre la situación de desapariciones e inseguridad en México.

Senado recibe a Volker Türk en el marco de su gira por México

El funcionario de la ONU fue recibido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado como parte de su agenda de trabajo en el país.

El senador Ignacio Mier informó que al encuentro fueron convocados presidentes de comisiones vinculadas con derechos humanos, organismos internacionales y relaciones exteriores.

El legislador destacó la relevancia del diálogo entre autoridades nacionales y organismos internacionales, en un contexto de revisión de distintos temas relacionados con derechos humanos.

PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones e inseguridad

Durante la visita, legisladores del PRI sostuvieron un encuentro con el Alto Comisionado, en el que entregaron un documento donde describen la situación de desapariciones en el país.

El diputado Pablo Angulo informó que en la carta se expone una cifra superior a 133 mil personas desaparecidas, además de señalar preocupaciones sobre la respuesta institucional ante este fenómeno.

Indicó que el documento busca visibilizar la problemática y el impacto en miles de familias.

En el mismo contexto, legisladores del PAN también han manifestado previamente su preocupación por la situación de seguridad y desapariciones, señalando la necesidad de fortalecer las acciones del Estado en materia de búsqueda e investigación, así como garantizar atención a víctimas.

Los posicionamientos de ambas fuerzas políticas se suman a los intercambios sostenidos durante la visita del funcionario internacional.

Encuentros con colectivos y testimonios de familiares

Previo a su asistencia al Senado, Volker Türk se reunió con colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México.

Durante estos encuentros, el Alto Comisionado expresó su solidaridad con las víctimas y reconoció la complejidad del problema. También destacó la fortaleza de las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

En las inmediaciones, colectivos realizaron manifestaciones y entregaron cartas en las que plantean la necesidad de mayor apoyo internacional, así como mejoras en los procesos de investigación.

Gobierno federal expone avances y reitera cooperación

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el encuentro con el Alto Comisionado se desarrolló en un ambiente de diálogo respetuoso.

Señaló que durante la reunión se abordaron diversos temas, como la búsqueda de personas, atención a víctimas, migración y libertades públicas. Asimismo, indicó que se expusieron las acciones implementadas por el gobierno en materia de derechos humanos.

También reiteró la disposición de México para mantener la colaboración con organismos de Naciones Unidas, en el marco del respeto a las distintas posturas.

Revisión internacional y seguimiento a la situación en México

La visita del Alto Comisionado ocurre en un contexto de seguimiento internacional a la situación de derechos humanos en México, particularmente en materia de desapariciones.

Durante su estancia, el funcionario ha sostenido reuniones con autoridades, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas, con el objetivo de recabar información y conocer distintas perspectivas.

Puntos relevantes de la visita

• Legisladores del PRI entregaron un documento sobre desapariciones e inseguridad.
• El PAN ha señalado la necesidad de reforzar acciones en materia de búsqueda y atención a víctimas.
• El Alto Comisionado sostuvo encuentros con colectivos y familiares de personas desaparecidas.
• El gobierno federal destacó avances y reiteró cooperación con la ONU.
• La visita incluye reuniones con distintos actores para evaluar la situación de derechos humanos.

La gira de trabajo del Alto Comisionado continúa con nuevas reuniones programadas, como parte del seguimiento a los temas abordados durante su estancia en el país.

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que comanda el legislador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), avanzó esta tarde con el dictamen que aprueba un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, rubricado por el país el 7 de diciembre de 2023, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Por la Cancillería expuso el secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun. “Es el primero que la Argentina y el Mercosur firman con el sudeste asiático”, aseguró. Luego, destacó el “alto nivel institucional” de este tipo de convenios y que, sobre todo, servirá “para poder negociar con japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”.

Seguido a ello, Brun resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.

Por otra parte, Brun remarcó que “este acuerdo tiene un capítulo de inversiones que no tiene el de la Unión Europea”. Lo resumió con las siguientes palabras: “Moderno, integral, equilibrado, potencia nuestras exportaciones en sectores menos convencionales, pero ya conocidos; mejora las condiciones de acceso a los mercados externos y atrae inversiones para consolidar la inserción argentina”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) reclamó que este tipo de mecanismos implica que “funcionen” organismos como “el INTA y el INTI, con buena calidad de supervisión e ingreso de productos aduaneros”.

En tanto, el hasta hace pocas semanas K y ahora free lance justicialista Guillermo Andrada (Catamarca) se mostró preocupado por el tipo de cambio. “Vamos a ser rehenes. Sólo vamos a ser competitivos en materias primas y no vamos a poder darle valor agregado”, dijo el legislador, que representa a una provincia minera y que avaló la ley de glaciares.

La respuesta de Brun fue contundente. “Singapur es uno de los principales países de servicios basados en el conocimiento. Estamos hablando de puro valor agregado. No me voy a meter -con el tipo de cambio-, no soy funcionario de Economía. La competitividad la ve en las cifras de comercio exterior y está mostrando un superávit que no se registraba”, manifestó.

Quien coincidió con el cristinista Capitanich fue la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal): habló de la “idea de poder tener tableros de control, seguimiento e información”. Pidió que “todos puedan conocer” el régimen para “que no quede para cinco o seis empresas”.

Otros dos convenios que también se despacharon este martes están relacionados con la seguridad social. El primero es con la Confederación Suiza, del 27 de mayo de 2024; y con la República de San Marino, el 25 de agosto de 2023.

Armas

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado analizarán, desde las 14 de mañana, una iniciativa que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria administraciones de distinto color político lo han hecho hasta el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto ya fue aprobado por Diputados en 2024 y sólo resta que lo sancione la Cámara alta. De no hacerlo -hay tiempo hasta finales de febrero próximo-, el texto perderá estado parlamentario y tendrá que comenzarse un nuevo trámite desde cero.