El encuentro de este domingo en el Palacio Libertad será una de las primeras ocasiones en mucho tiempo en que los principales integrantes del oficialismo volverán a compartir un mismo espacio después de una sucesión de cortocircuitos que ya dejaron de ser subterráneos. La visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina desde Uruguay, obligará a Javier Milei a convivir durante algunas horas con dos de las dirigentes con las que mantiene los vínculos más deteriorados: Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la vicepresidenta, cuya ruptura con el Presidente se da prácticamente por consumada, el caso de la senadora todavía tiene capítulos abiertos. Y esta vez empezaron a aparecer advertencias que hasta hace poco nadie se animaba a formular en voz alta.

El domingo será, además, una jornada de contacto entre libertarios enfrentados. La recepción institucional del Papa está prevista para las 18.30 en el Palacio Libertad, con la presencia de Milei, su gabinete, legisladores de todos los espacios políticos, gobernadores, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. También fue invitada Villarruel. El encuentro concluirá con unas palabras del Presidente y del Pontífice, que serán transmitidas por cadena nacional. Al día siguiente, ambos volverán a coincidir en la misa que León XIV celebrará a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En el entorno de Bullrich saben que buena parte de las miradas estarán puestas sobre ella. Incluso hubo bromas anticipadas sobre la ropa que elegirá para las actividades religiosas. “Patricia bromeaba esta semana con que, si se pone la misma capa que Karina, van a hacer interpretaciones sobre eso”, contó alguien que la conoce. Aunque en su círculo no descartaban ayer que, por cuestiones personales, finalmente no pudiera asistir a esa actividad.

La última vez que Milei y Bullrich se vieron personalmente fue el 9 de octubre, en una reunión de más de dos horas en la Quinta de Olivos. La senadora había hablado entonces de una “conversación profunda” y de haber planteado todos los temas que venía reclamando. Pero en el Gobierno reconocen que el encuentro no dejó el resultado esperado.

La distancia se profundizó desde entonces. No hubo reunión de la mesa política durante las últimas dos semanas y tampoco está previsto que se junten en los próximos días. En el oficialismo atribuyeron las suspensiones a cuestiones de agenda, vinculadas con los viajes nacionales e internacionales de Karina Milei y, ahora, con la visita papal. Pero dirigentes que conocen de cerca el funcionamiento de la cúpula libertaria sostienen que la secretaria general de la Presidencia no tiene ningún interés en volver a sentarse con Bullrich.

La senadora, mientras tanto, no hizo demasiado para bajar la temperatura. Por el contrario, acumuló movimientos y declaraciones que en la Casa Rosada interpretaron como una decisión deliberada de seguir marcando diferencias con el Presidente. El problema para el Gobierno es que esa estrategia se desplegó, además, en una semana especialmente adversa para los principales aliados internacionales de Milei.

Para el Presidente, la política internacional ocupa un lugar casi tan importante como la doméstica. Y en los últimos días recibió una sucesión de noticias difíciles de procesar para su esquema de alianzas: Donald Trump sufrió una derrota contundente en las elecciones legislativas de Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva le ganó a Flávio Bolsonaro en el balotaje brasileño y Benjamín Netanyahu quedó sin una mayoría parlamentaria propia en Israel. A eso se sumó la crisis paraguaya, que terminó con la destitución de Santiago Peña, su renuncia rechazada por el Congreso y su posterior detención domiciliaria en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al caso Ueno Bank.

En Balcarce 50 eligieron el silencio. “Sin comentarios”, fue la respuesta que repitieron distintas fuentes consultadas sobre los resultados electorales y las crisis políticas de los aliados internacionales. Tampoco hubo referencias en las cuentas de redes sociales de Milei ni del canciller Pablo Quirno. En ese contexto, los movimientos de Bullrich sumaron un ingrediente adicional de incomodidad.

La senadora no se limitó a las declaraciones públicas. En su territorio legislativo, el Senado, avanzó con una agenda que en distintos sectores del oficialismo consideran inoportuna y que abrió nuevos frentes de discusión. Uno de ellos fue el proyecto sobre delitos contra la integridad sexual de menores, presentado el jueves pasado, que propone declararlos imprescriptibles y modificar el régimen general de prescripción del Código Penal. La iniciativa recoge el reclamo que se instaló a partir del caso Segovia, en el que un hombre acusado de abusar de una niña permaneció prófugo durante casi 15 años y terminó beneficiándose con la prescripción de la causa.

El tema ya tenía un recorrido parlamentario propio en Diputados. Allí se había iniciado el debate de distintas iniciativas, entre ellas una impulsada por el bullrichista Damián Arabia y otra trabajada por la diputada Laura Rodríguez Machado. El proyecto de Bullrich abrió, por eso, interrogantes en el oficialismo sobre la coordinación legislativa y la decisión de presentar una iniciativa propia mientras el asunto ya estaba en tratamiento en la Cámara baja.

Otro de los puntos de fricción fue la ludopatía. Bullrich anunció que impulsará en el Senado el tratamiento del proyecto de prevención de las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y que corre riesgo de perder estado parlamentario a fin de mes. La iniciativa contempla restricciones a la publicidad del juego, controles biométricos para impedir el acceso de menores y herramientas de prevención. En el entorno de la senadora explicaron que tomó la decisión “porque era un tema de la Iglesia“, en la antesala de la llegada de León XIV y después de los reiterados reclamos de la Conferencia Episcopal para que el Congreso avance con la regulación.

En el oficialismo, sin embargo, la lectura fue otra. No cuestionan necesariamente la gravedad del problema, sino la oportunidad y la forma en que Bullrich decidió instalarlo, sin una coordinación previa con la mesa política. En el bloque hay senadores que respaldan la discusión, aunque advierten que existen diferencias sobre el contenido de los proyectos y el alcance de la regulación. La media sanción de Diputados, además, no es idéntica a otras iniciativas que se discuten en la Cámara alta.

El tercer frente fue discapacidad. Durante el plenario de comisiones del Senado, la discusión sobre el proyecto volvió a dejar expuestas diferencias respecto de los cambios que pretendía introducir el Gobierno. En el oficialismo molestó que Bullrich no incorporara las modificaciones que le habían pedido. La acumulación de los tres temas —discapacidad, ludopatía y delitos sexuales— empezó a ser leída en distintos despachos como parte de una misma secuencia.

Pero la señal que más inquietó a la Casa Rosada fue política. La fotografía que difundió Damián Arabia después de una reunión con legisladores, asesores y dirigentes cercanos a Bullrich terminó de darle forma a una tensión que hasta entonces se expresaba de manera más dispersa. La imagen fue interpretada como una demostración de fuerza de la senadora y como un mensaje hacia la conducción del oficialismo.

Atisbos de un contraataque

Después del primer revuelo, en Balcarce 50 empezaron a contraatacar. Distintas fuentes de sectores diferentes del Gobierno aseguraron que varios de los dirigentes que aparecieron en la foto se comunicaron luego con referentes oficiales para aclarar que no quieren romper con Milei y que tampoco estaban de acuerdo con que la imagen se publicara. “Entre los que fueron con ella no hubo unanimidad”, resumió una fuente del oficialismo. “No quieren ir tan viscerales y todos quieren que reelija Javier”, agregó otra.

La respuesta desde el sector de Bullrich fue muy directa. “Hasta donde sabemos, era toda gente mayor de edad y no había ninguna pistola en la mesa”, dijeron. Para sumar argumentos contaron una intimidad: “Cuando terminó la reunión, uno de los diputados dijo: ‘¿Podemos sacar una foto?’. Y Patricia dijo: ‘Yo no la voy a publicar, corre por su cuenta’“.

Iracundos, en el Gobierno empezaron a introducir advertencias de cara al armado de las listas del año que viene. Varios de los legisladores que acompañan a Bullrich deberán renovar sus bancas el año próximo y, según la lectura de algunos dirigentes oficialistas, podrían quedar condicionados por una eventual disputa por los lugares que se les asignen a los propios de la senadora. “El día de mañana, los cinco o seis que renuevan van a pedir cupo de Patricia y no sabemos si...”, deslizó un referente del oficialismo, en una advertencia que apunta directamente a las negociaciones electorales de 2027.

La interpretación que circula en la Casa Rosada es que Bullrich está jugando un “todo por el todo” para mostrar que la reunión con Milei en Olivos no fue satisfactoria, que se siente desplazada y que quedó afuera de las decisiones centrales. Desde esa perspectiva, sus movimientos buscarían “aumentar su poder interno” y asegurarse más lugares para sus dirigentes en las listas del año próximo. Algunos van incluso más allá: creen que no pretende romper con Milei, sino conseguir un lugar más relevante en una eventual fórmula presidencial y avanzar hacia una suerte de “cogobierno”.

En el bullrichismo rechazan esa lectura y la consideran demasiado lineal. “Si van a empezar con esa lógica, están al horno”, respondieron frente a la introducción de los puestos en las nóminas. En el oficialismo hay quienes recordaron que Bullrich “no tiene sello propio” y que depende de una estructura que no controla por completo.

La discusión se volvió todavía más áspera después de las declaraciones de Juan Pablo Arenaza sobre Santiago Peña en Radio con Vos. En el Gobierno interpretaron sus palabras como una nueva amenaza de Bullrich, esta vez más directa, sobre la posibilidad de construir un camino alternativo si el Presidente pierde centralidad o se debilita. “Comparó indirectamente a Milei con Peña. Es una locura. Está diciendo que tiene que haber un plan B por si se cae Milei. Es peligroso”, resumió un funcionario en off.

En el entorno de la senadora rechazaron esa interpretación y pidieron escuchar el contenido completo de la entrevista. Consideraron una “maldad” la lectura del Gobierno y negaron que exista una estrategia para precipitar una ruptura.

En la Casa Rosada hay quienes prefieren eximir a la senadora y atribuir parte de los movimientos a su entorno. “Tiene demasiada gente alrededor que le ceba la cabeza”, resumió una fuente oficial.

La tensión con Bullrich se suma a otros focos de desgaste que atraviesan al oficialismo. La interna entre los Menem y Santiago Caputo permanece aplacada, pero no resuelta. En el caputismo recuerdan que durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad no prosperó la idea de crear una versión argentina del ICE, el organismo estadounidense de control migratorio, una iniciativa que el sector había impulsado. También siguen con atención los movimientos de Stephen Miller, uno de los referentes de la derecha estadounidense, después de su designación como jefe de Gabinete de Trump. Caputo volvió a reivindicarlo públicamente y escribió: “Soy pro Stephen Miller y anti-anti Stephen Miller”, en un mensaje que sus seguidores leyeron como una reivindicación de su propia visión política, aunque en su entorno sostienen que nunca tuvo un interés real en ocupar la Jefatura de Gabinete.

En ese contexto, la visita del Papa funcionará como una pausa institucional en una interna que no encuentra un mecanismo estable para procesar sus diferencias. En el Palacio Libertad se cruzarán dirigentes que hace tiempo dejaron de compartir una mesa política y que, sin embargo, deberán mostrarse juntos ante el jefe de la Iglesia católica. “Sí, ¿y qué? Es más de lo mismo", respondió con resignación un dirigente consultado sobre la posibilidad de que los desencuentros queden expuestos durante la actividad.

El presidente Donald Trump encabezó una transformación de la Corte Suprema que dio paso a una supermayoría conservadora, pero pronto se enfrentará a un Senado envalentonado, liderado por los demócratas y dispuesto a resistir sus nominaciones judiciales.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien probablemente volverá el próximo año como líder de la mayoría, prometió en una entrevista con The Associated Press que los demócratas impedirán que el mandatario republicano instale a un “derechista” en la Corte Suprema y “no vamos a permitir nominados deficientes” ni en el poder judicial ni en el gabinete de Trump.

Los demócratas tendrán al menos 54 escaños en el Senado de 100 miembros el próximo año -- quizás 56, dependiendo de los resultados finales en Mississippi y Alaska -- lo que les da una mayoría significativa para bloquear a los nominados de Trump o simplemente ignorarlos por completo.

Tras años de quedar del lado perdedor en disputas de confirmación contra los republicanos, especialmente en nominaciones a la Corte Suprema, los demócratas ahora podrán emplear el mismo tipo de tácticas agresivas.

Esto prácticamente borra cualquier posibilidad de que Trump pueda ampliar la huella que dejó en la corte, la cual consolidó en su primer mandato al nombrar a tres de los magistrados actuales. En el pasado, Trump había especulado en privado que podría terminar nominando hasta a siete de los nueve integrantes antes del final de su segundo mandato, según una persona con conocimiento de esos comentarios.

Schumer declinó precisar si mantendrá vacante algún puesto en la Corte Suprema hasta después de la próxima elección presidencial, como hizo en 2016 el entonces líder republicano del Senado, Mitch McConnell, lo que despejó el camino para que Trump nominara al primero de sus tres elegidos para la Corte Suprema.

“En resumen, no vamos a permitir que un derechista llegue a la corte”, afirmó Schumer.

La Casa Blanca indicó el jueves que “los demócratas extremos tienen un historial de politizar la Corte Suprema, incluso contemplando planes para ampliar la Corte con magistrados liberales”.

“El presidente Trump nunca permitirá que amplíen la Corte Suprema y arruinen el poder judicial independiente”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

Ninguno de los dos magistrados de mayor edad de la corte -- Samuel Alito, de 76 años, o Clarence Thomas, de 78 -- ha indicado públicamente un retiro inminente. Los nombramientos vitalicios suelen conllevar un distanciamiento de la política, incluso en casos como las elecciones del martes, en las que los demócratas recuperaron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“Creo que los magistrados deben saber que si se retiran ahora, en este momento, justo antes de que los demócratas tomen el Senado, habría una enorme presión para hacer cambios serios en la corte”, señaló Dale Carpenter, profesor de derecho en la Southern Methodist University.

Alito ha reflexionado públicamente sobre el retiro en meses recientes y le dijo a The Associated Press que no está seguro de “cuánto tiempo podré seguir haciendo este trabajo”. Pero también ha dicho que permanecerá en la corte hasta el final del próximo verano y le dijo a Bloomberg que no renunciará bajo un gobierno con Congreso opositor.

Mientras tanto, Thomas se convertirá en el magistrado con más tiempo de servicio en la historia del país si permanece hasta mayo de 2028.

Trump ha mostrado una deferencia inusual hacia Alito y Thomas, incluso mientras ha atacado a otros magistrados que han fallado en su contra; ha elogiado a ambos por su pericia jurídica y ha evitado decir si deberían retirarse para así poder nominar a sus sucesores.

En una entrevista con Fox News Channel en abril, Trump dijo que tiene una lista corta de posibles nominados, pero no sabía si habría otra vacante este año, citando la “muy buena salud física” de Alito.

Los amplios márgenes de los demócratas en el Senado también obstaculizarán el esfuerzo de los republicanos por recuperar terreno en las elecciones de 2028, en las que el Partido Republicano defenderá estados como Wisconsin, Carolina del Norte e Iowa, donde los demócratas lograron avances significativos el martes.

“Probabilidad de confirmar a un sucesor digno del juez Thomas y/o Alito durante el mandato del presidente Trump: cero”, publicó en X el gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de las elecciones del martes. “Probabilidad de confirmar a un sucesor digno durante una hipotética administración republicana 2029-2033: probablemente cero (el Partido Republicano no podrá recuperar suficientes escaños en el 28)“.

Históricamente, algunos magistrados han programado sus retiros pensando en el presidente que nombrará a su sucesor, pero esa no es la única consideración en su toma de decisiones.

Por ejemplo la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg resistió los esfuerzos de progresistas para que se retirara cuando el presidente Barack Obama, demócrata, estaba en el cargo, y murió en el último año del primer mandato de Trump, lo que le permitió reemplazarla con la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, quien participó en la decisión que eliminó el derecho constitucional al aborto.

Incluso si hubiera una vacante sorpresiva en la Corte Suprema en las próximas semanas, las confirmaciones mientras los republicanos aún permanecen en el poder no son algo seguro.

Trump, en la práctica, obligó al senador Thom Tillis de Carolina del Norte a abandonar su intento de reelección. Ese escaño lo ganó el martes uno de los exgobernadores del estado, el demócrata Roy Cooper. El presidente también se opuso a dos republicanos en funciones en sus primarias: el senador Bill Cassidy de Luisiana y el senador John Cornyn de Texas. Los demócratas voltearon el escaño en Texas. La senadora de Maine Susan Collins, otra republicana que perdió, atribuyó su derrota en parte a Trump.

The Associated Press

John D. “Jay” Rockefeller IV, exgobernador y exsenador por Virginia Occidental, murió este viernes en su casa de Washington a los 89 años, según confirmó a The New York Times una representante de la familia, Shelley Rodgers. Bisnieto del fundador de Standard Oil y único demócrata de una dinastía republicana, Rockefeller dedicó más de cinco décadas al servicio público en uno de los estados más pobres del país.

Su legado político descansa sobre dos ejes. El primero es la cobertura médica infantil: fue coautor de la legislación que en 1997 creó el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), que provee atención a millones de niños de familias de bajos ingresos. El segundo es su posterior rechazo a la guerra de Irak.

Rockefeller IV votó en 2002 a favor de autorizar la invasión liderada por Estados Unidos, pero más tarde reconoció públicamente que ese voto fue un error y, como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, supervisó un informe que concluyó que la administración de George W. Bush condujo al país a la guerra “sobre premisas falsas”, según señaló Reuters.

Quién fue Jay Rockefeller y sus orígenes en una dinastía política

John Davison Rockefeller IV nació en Manhattan el 18 de junio de 1937, semanas después de la muerte de su bisabuelo, que había sido el hombre más rico de Estados Unidos. Creció en Manhattan y el condado de Westchester, cursó estudios en la Phillips Exeter Academy y se graduó de Harvard en 1961 con una licenciatura en lenguas e historia del Lejano Oriente.

El apellido imponía expectativas concretas. Sus tíos Nelson, David y Winthrop Rockefeller ocuparon cargos de primer nivel: gobernador y vicepresidente de Nueva York, presidente del Chase Manhattan Bank y gobernador de Arkansas, respectivamente.

Jay fue el único demócrata de esa generación. A los 21 años le escribió a su padre para adoptar el apellido completo y asumir la responsabilidad que ese nombre implicaba, según contó a la revista Life en 1966.

Cómo llegó Jay Rockefeller a la política de Virginia Occidental

En 1964, Rockefeller se unió a Voluntarios al Servicio de América (VISTA, por sus siglas en inglés) y fue destinado a Emmons, una localidad de Virginia Occidental ubicada a seis kilómetros de la carretera pavimentada más cercana. Allí convivió con unas 60 familias, en su mayoría receptoras de asistencia social y sin educación formal, según The New York Times. Los autobuses escolares no podían circular en invierno y las minas de carbón operaban con personal mínimo.

La experiencia fue determinante. “Emmons hizo que todo empezara a encajar para mí”, declaró Rockefeller al diario. “Llegué a querer a estas personas y a darme cuenta de que realmente podía marcar la diferencia en sus vidas”.

En 1966 se trasladó a Charleston, capital del estado, y ganó un escaño en la Cámara de Delegados antes de cumplir 30 años. En 1968 fue elegido secretario de Estado de Virginia Occidental, desde donde se postuló a la gobernación en 1972. Perdió ante el republicano Arch A. Moore Jr. por 73.000 votos, en parte por su postura contraria a la minería a cielo abierto del carbón.

En 1976 ganó la gobernación con el respaldo de la industria minera, luego de moderar esa posición, un cambio que sus críticos calificaron de oportunismo político. Fue reelegido en 1980, pero su segundo mandato coincidió con una recesión que elevó el desempleo en el estado al 21%, el nivel más alto del país, lo que obligó a la administración a realizar drásticos recortes presupuestarios.

El legado de Jay Rockefeller en la salud pública de Estados Unidos

En 1984, Rockefeller ganó un escaño en el Senado federal, donde permanecería 30 años. Fue reelegido en 1990, 1996, 2002 y 2008. De acuerdo con NBC News, con información de Reuters, sirvió cinco mandatos de seis años representando a Virginia Occidental e hizo de la ampliación de la cobertura médica el eje de su agenda legislativa.

En la década de 1990 fue uno de los principales impulsores del plan del presidente Bill Clinton para una cobertura de salud casi universal, junto al senador Edward M. Kennedy. Ese proyecto fracasó ante la oposición de la industria aseguradora. Cuatro años después, Rockefeller fue coautor de la legislación que creó el CHIP en 1997, que cubre a millones de niños de familias de bajos ingresos, según The New York Times.

“Eso no me convierte en liberal”, declaró Rockefeller al diario durante el debate sobre la reforma sanitaria. “Me importa.” También fue autor de leyes para brindar atención médica domiciliaria a veteranos y votó a favor de la reforma de salud de 2010 promovida por el presidente Barack Obama.

De acuerdo con NBC News, Rockefeller intentó además que el gobierno federal ofreciera un programa público de seguros médicos como alternativa a los planes privados, una iniciativa que no prosperó.

Su cambio de postura sobre la guerra de Irak y el informe del Senado de 2008

En 2002, Rockefeller votó a favor de la resolución que autorizó la invasión de Irak, respaldada por la administración Bush con argumentos sobre armas de destrucción masiva y vínculos entre el régimen de Saddam Hussein y la red Al Qaeda. Reuters señaló que, como presidente del Comité de Inteligencia, supervisó en 2008 un informe que contradijo esos argumentos.

“Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría votado en contra”, declaró Rockefeller al Charleston Gazette en 2004, según la misma agencia. “Creo que la información de inteligencia fue manipulada. Y creo que la interpretación de esa información también fue manipulada”.

El informe concluyó que Bush, el vicepresidente Dick Cheney y otros altos funcionarios exageraron los hallazgos de inteligencia e ignoraron disputas internas sobre las armas iraquíes y los supuestos vínculos con Al Qaeda.

“Presentar ante el pueblo estadounidense la idea de que ambos países mantenían una alianza operativa y representaban una amenaza única e indistinguible fue fundamentalmente engañoso y condujo a la nación a la guerra basándose en premisas falsas”, declaró Rockefeller al publicarse el informe, de acuerdo con Reuters.

Tres décadas en el Senado y el retiro de la vida pública

Durante su mandato en el Senado, Rockefeller presidió los comités de Comercio, Ciencia y Transporte; Inteligencia; y Asuntos de Veteranos. En 2013, a los 75 años, anunció que no buscaría un sexto período. Se retiró en enero de 2015.

“Defender a los más necesitados ha sido la vocación de mi vida y nunca dejaré de luchar para marcar la diferencia para las personas que tanto significan para mí”, declaró entonces, según Reuters.

Le sobreviven su esposa, Sharon Percy Rockefeller, directora ejecutiva de WETA, la emisora pública de radio y televisión de Washington; sus cuatro hijos, John D. Rockefeller V, Valerie, Charles y Justin; dos hermanas, Hope Aldrich y Alida Messinger; y nueve nietos.

La legalización de la marihuana en México podría volver a la agenda legislativa después de varios años sin avances en la construcción de una regulación integral. Fernando Cárcamo Díaz Rivera plantea reabrir la discusión desde su nueva posición como coordinador legislativo de la vicepresidencia del Senado de la República.

El planteamiento busca poner nuevamente sobre la mesa un tema que permanece pendiente desde 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis.

A pesar de ese pronunciamiento, el Congreso no ha concretado una legislación que establezca las condiciones para regular de manera integral su producción, comercialización y consumo.

Cárcamo considera que México necesita reglas claras para atender una actividad que existe en el país, pero que continúa desarrollándose en un escenario de incertidumbre jurídica. Desde su experiencia en la industria, sostiene que la falta de un marco normativo genera problemas tanto para los consumidores como para los pacientes y los emprendedores.

Fernando Cárcamo busca impulsar la regulación de la marihuana desde el Senado

La incorporación de Fernando Cárcamo Díaz Rivera a la vicepresidencia del Senado como coordinador legislativo abre una nueva posibilidad para discutir la regulación del cannabis en México.

Su trayectoria empresarial está vinculada directamente con este sector. En 2015 fundó Paradise, una de las redes de tiendas de cannabis más visibles del país, por lo que conoce los desafíos que enfrenta una industria que ha operado durante años sin contar con una legislación integral.

A partir de esa experiencia, el empresario sostiene que la discusión no debería limitarse a permitir o prohibir el consumo, sino que tendría que considerar las condiciones legales para quienes participan en las distintas actividades relacionadas con el cannabis.

“Por eso no vengo a pedir un privilegio: vengo a pedir reglas para todos. Para quien produce, para quien consume y para quien hoy opera sin garantías”, expresó Cárcamo en declaracuiones a la prensa al referirse a la necesidad de establecer un marco regulatorio.

El empresario también señaló que la ausencia de reglas tiene consecuencias para distintos sectores de la población, entre ellos las personas que consumen cannabis, quienes lo utilizan con fines médicos y quienes buscan desarrollar actividades comerciales dentro de esta industria.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre el consumo de marihuana en 2021?

El antecedente más importante de esta discusión ocurrió el 28 de junio de 2021, cuando el Pleno de la SCJN resolvió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 y eliminó la prohibición absoluta del consumo recreativo de cannabis y THC contemplada en la Ley General de Salud.

La resolución representó un cambio en el marco jurídico mexicano, pues reconoció que las personas adultas pueden solicitar autorización sanitaria para realizar determinadas actividades relacionadas con el autoconsumo, entre ellas la adquisición de semillas, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de marihuana con fines recreativos.

Sin embargo, esta decisión no significó la legalización comercial de la sustancia ni abrió la posibilidad de venderla libremente en establecimientos. La propia Corte estableció que las autorizaciones no podían incluir actividades como importar, comerciar, suministrar o distribuir cannabis.

Además, el ejercicio del autoconsumo quedó sujeto a condiciones para proteger a terceros. Por ejemplo, no puede realizarse frente a menores de edad ni en espacios públicos donde haya personas que no hayan dado su consentimiento.

Por ello, aunque la resolución judicial eliminó la prohibición absoluta, todavía quedó pendiente establecer una legislación que defina las reglas generales para los distintos participantes de esta actividad económica y social.

¿Qué falta para legalizar la marihuana en México?

Uno de los principales pendientes es construir un marco normativo que establezca las condiciones para la producción, comercialización, distribución y consumo del cannabis, así como los mecanismos de supervisión y protección a la salud pública.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reiteró en julio de 2026 que la resolución de la Suprema Corte se limita al autoconsumo lúdico y recreativo bajo los lineamientos correspondientes. La dependencia precisó que no reconoce un derecho general para comercializar, suministrar, enajenar o distribuir cannabis, actividades que continúan sujetas a la legislación vigente.

Esta distinción permite entender por qué la discusión legislativa continúa siendo relevante: el reconocimiento del autoconsumo no equivale a contar con un mercado regulado.

Para Fernando Cárcamo, quien también es cofundador de la empresa Paradise, la falta de certeza jurídica también afecta a quienes buscan desarrollar negocios relacionados con esta industria. Desde su experiencia como empresario, considera que México necesita dejar atrás la indefinición legal y establecer condiciones que permitan identificar las responsabilidades de productores, comerciantes y consumidores.

Al respecto, sostuvo que durante años el país ha ignorado la existencia de un mercado que genera empleos y del que dependen distintas familias.

“El no ya lo tenemos desde hace mucho. Lo que nos falta es atrevernos a preguntar: ¿Y si dejamos de administrar el miedo y empezamos a construir la ley que este país lleva años debiéndose?“, expresó.

Convocarán a mesa de diálogo para discutir el futuro del cannabis

Como siguiente paso, Cárcamo plantea organizar próximamente una mesa de diálogo en la que participen legisladores, especialistas en salud, representantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo será generar un espacio de intercambio para analizar los desafíos y las posibilidades de una regulación integral del cannabis en México.

Entre los asuntos que podrían abordarse se encuentran la salud pública, la seguridad, los derechos individuales y las oportunidades de desarrollo económico relacionadas con esta industria.

De acuerdo con la propuesta, el encuentro todavía no tiene fecha ni formato definidos, por lo que no existe un calendario legislativo confirmado para retomar el tema ni una iniciativa de regulación integral anunciada como resultado de esta convocatoria.

La intención, por ahora, es abrir nuevamente la conversación y reunir distintas perspectivas sobre una legislación que permanece pendiente desde el pronunciamiento de la Suprema Corte en 2021.

¿Entonces se legalizará la marihuana en México?

Por el momento, no existe una fecha confirmada para que la marihuana cuente con una regulación integral en México. La propuesta de Fernando Cárcamo representa un nuevo intento por colocar el tema en la agenda legislativa, pero su planteamiento todavía debe traducirse en acuerdos y, eventualmente, en iniciativas y reformas que sean discutidas por el Congreso.

Mientras eso ocurre, continúa vigente la distinción entre el autoconsumo recreativo autorizado bajo determinadas condiciones y las actividades comerciales relacionadas con el cannabis, que no quedaron legalizadas por la resolución de la SCJN.

La eventual regulación dependerá de las decisiones que tomen los legisladores y de los acuerdos que puedan construirse entre las autoridades, especialistas y sectores involucrados.

Por ahora, la convocatoria a una mesa de diálogo constituye el primer paso anunciado por Cárcamo para intentar reactivar una discusión que lleva varios años sin resolverse en el ámbito legislativo.

La victoria de Talarico se produjo en uno de los estados históricamente más difíciles para los demócratas en las elecciones de medio término de 2026 y en medio de una campaña marcada por el financiamiento extraordinario de grandes donantes.

El resultado se enmarca en una noche favorable para el partido, que, según las proyecciones, obtendrá el control del Senado con 54 bancas tras ganar 10 de los 11 escaños considerados competitivos.

Musk aportó más de USD 158 millones para impulsar a Ken Paxton en las elecciones al Senado de Texas

El flujo de dinero que Musk canalizó hacia la contienda de Texas tomó dos caminos. Por un lado, el Senate Leadership Fund PAC (SLF) —el principal super PAC de apoyo a candidatos republicanos en las elecciones legislativas— recibió USD 75 millones el 9 de septiembre y otros USD 83 millones el 23 de ese mes, ambas transferencias de parte de Musk, que luego el SLF derivó al Texas PAC, la organización que trabajó directamente por la elección de Paxton.

Por otro lado, el fideicomiso de Musk aportó USD 10 millones al Lone Star Liberty PAC, otro grupo orientado a sumar votos para el fiscal general republicano, según informó CBS News.

La magnitud del desembolso convirtió a Texas en uno de los escenarios centrales del debate sobre el peso del dinero privado en la política estadounidense. Ningún candidato de la contienda alcanzó una cifra comparable a la que Musk movió a través de esas estructuras de financiamiento.

Talarico acusó a Musk de buscar un senador por Texas que favoreciera sus intereses sobre tierras, agua y fondos públicos

Al ser consultado sobre los motivos del magnate, Talarico ofreció su propia interpretación. El senador electo sostuvo que Musk buscaba “su propio senador personal”: alguien dispuesto a ceder tierras del estado para instalar centros de datos, a facilitar el acceso al agua estatal y a derivar fondos de los contribuyentes en su beneficio, según declaró en CBS Mornings y recogió CBS News. Esas afirmaciones corresponden exclusivamente a Talarico y no cuentan con verificación independiente.

El demócrata también señaló que su historial en la política estatal de Texas lo posicionaba como un adversario incómodo para los grandes donantes. “Tengo un historial de enfrentarme a los multimillonarios en el gobierno estatal. Tengo un historial de combatir la corrupción y limpiar el gobierno, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el Senado de Estados Unidos”, afirmó Talarico en declaraciones al medio.

Talarico lleva a Texas una agenda de reformas al financiamiento de campañas y políticas públicas en el Senado

Talarico interpretó su triunfo como un mandato para modificar las reglas del financiamiento político. En su aparición en CBS Mornings, planteó la necesidad de sacar el dinero privado de la política “de una vez por todas” y de establecer límites a la influencia de los grandes donantes sobre las instituciones.

También mencionó como prioridades la aprobación de políticas económicas amplias, la implementación de un sistema de salud universal y la inversión en educación pública en Texas y en el país, con la ambición de avanzar “de forma bipartidista”, según CBS News.

El senador electo también describió un patrón de conducta que atribuye a los propietarios de empresas tecnológicas: el uso de sus plataformas para profundizar divisiones sociales. “Nos dividen por partido, por raza, por género, por religión, por cultura, para que no nos demos cuenta de que nos están vaciando los bolsillos”, afirmó.

El desafío de Talarico en Texas: convertir sus promesas en legislación dentro de un Senado demócrata

Con el Senado proyectado bajo control demócrata, Talarico deberá convertir sus compromisos de campaña en iniciativas legislativas concretas. La reforma al sistema de financiamiento electoral, la limitación de los super PAC y las políticas de gasto público que prometió durante la campaña en Texas requerirán negociaciones en una cámara donde la mayoría no garantiza unanimidad de criterios.

El senador electo tampoco definió aún su posición sobre el liderazgo del bloque. Cuando le preguntaron si respaldaría al senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York como líder de la mayoría, Talarico respondió que espera reunirse con él para conocer “su visión” para el Senado y el país, antes de tomar una decisión.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó este jueves al Senado que apruebe antes de fin de mes el proyecto que regula las apuestas online y previene la ludopatía infanto-juvenil, a pocos días de que el papa León XIV pise suelo argentino. “Les pedimos desde acá, aprovechando esta conferencia de prensa, a los senadores que se pongan las pilas y que no la dejen morir”, afirmó monseñor Marcelo Colombo, presidente general de la CEA, durante el encuentro con la prensa realizado en la sede de la calle Suipacha 1032.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias. Pizarro vinculó de manera directa la urgencia legislativa con la agenda social que marcará el recorrido papal por el país: “Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes. Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto-juvenil”.

El Padre Máximo, secretario de Comunicación de la CEA, encabezó la presentación de la visita, que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre bajo el lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. Según explicó, la primera parte expresa “este máximo deseo inclusivo en que todos se sientan partícipes de esta alegría” y la segunda apunta a un “envío misionero” que “viene a movilizar” las energías de los creyentes “en favor de la evangelización”.

El sacerdote enmarcó el viaje del Pontífice dentro de una gira regional que también incluye Uruguay y Perú, con etapas “interrelacionadas y complementarias” que, dijo, no repiten contenidos sino que presentan “distintas facetas de la acción pastoral de la Iglesia” en cada país. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA, definió el encuentro como un momento de “mucha plenitud interna” para los obispos argentinos, que por primera vez se reunirán como cuerpo con León XIV.

La visita al Cottolengo y el mensaje sobre la discapacidad

Uno de los puntos centrales de la agenda será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, programada para el lunes 9 de noviembre. El predio, de 50 hectáreas, alberga a 410 personas con discapacidad en 14 edificios, además de una escuela, un centro educativo terapéutico y talleres de rehabilitación. Según el cronograma difundido por la Iglesia, el Papa recorrerá un pabellón en un encuentro privado de unos 40 minutos, con la “privacidad” necesaria “para respetar incluso a las personas que viven allí”.

Colombo explicó el significado de ese gesto: “La visita al Cottolengo expresa nuestra cercanía con esa vulnerabilidad que se manifiesta en la discapacidad de un hermano o una hermana nuestra. Y los hacemos solidarios también de esa forma con sus familias y con la sociedad toda, que tiene dificultades muchas veces para acompañar y sostener esa vulnerabilidad”. El arzobispo agregó que “allí hay verdadera vida, allí hay dignidad que debe ser respetada, acompañada y sostenida”, en referencia al trabajo de la obra fundada por Luis Orione.

Pizarro completó la idea al vincular ese gesto con otras formas de vulnerabilidad que preocupan a la institución: “Estos dos gestos simbólicos no terminan ahí. Simbolizan otros mundos de vulnerabilidad. Con el tema de la ludopatía, para nosotros es muy importante y estamos muy interesados en que eso no quede de lado e invisibilizado”. Y añadió una definición sobre el alcance del mensaje papal: “No quedamos solamente en algo más político, sino en algo más religioso, espiritual y también humano”.

El miércoles 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en momentos en que la cárcel atraviesa un proceso de traslado de internos hacia otro penal de la provincia de Buenos Aires. Consultado sobre si ese vaciamiento había sido previsto por la organización, Colombo respondió: “Había un cronograma de traslado de la cárcel y sí, en el caso de la visita papal, el deseo de hacer un gesto de cercanía con ese grupo. De parte nuestra no hemos notado nada que haya querido afectar en modo alguno la naturaleza del encuentro”.

El presidente de la CEA aclaró que la presencia del Pontífice en el penal no implica ninguna intervención en causas judiciales: “De ninguna manera significa meterse en causas judiciales o penales. Todo eso sigue por sus carriles institucionales propios, sino hacerse presente ante la persona concreta del que está privado de libertad para hacerle un anuncio de esperanza”. Citó el pasaje bíblico de Mateo 25 (“estuve preso y me viniste a ver”) y recordó el antecedente de Juan Pablo II, que visitó en prisión al hombre que había intentado asesinarlo.

El recuerdo de Francisco y la salud de León XIV

La agenda incluye, el lunes 9 por la tarde, un encuentro en la Catedral de Buenos Aires dedicado a “hacer memoria del legado pastoral del ministerio, de la vida y del ministerio del papa Francisco”. Colombo subrayó el vínculo entre ambos pontífices: León XIV fue “estrecho colaborador” de Francisco “no solo como prefecto de la Congregación para los Obispos, sino también como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina”, lo que anticipa, según el arzobispo, una presencia constante del antecesor en los mensajes del viaje.

Sobre el estado de salud del actual Papa, que había generado dudas entre fieles a la hora de inscribirse para los actos masivos, Colombo descartó cualquier condicionamiento especial en la organización: “No tenemos ninguna indicación especial. Sabemos que la recuperación es muy importante porque lo está haciendo muy bien”. El arzobispo relató, incluso, una anécdota sobre la vitalidad del Pontífice: “Suele decirle a sus colaboradores cuando le dicen que están cansados, dice: ‘No, ustedes están cansados, yo estoy bien’”.

Pizarro detalló los tramos en los que el Papa utilizará el papamóvil para tener contacto directo con los fieles: siete cuadras antes de llegar al Cottolengo, dos kilómetros previos a la misa del Monumento a los Españoles, recorridos en Córdoba durante la misa de FADEA y el encuentro con jóvenes, y casi tres kilómetros antes de la misa en Luján. En la Plaza de Mayo, en cambio, no habrá papamóvil ni instancias de saludo espontáneo, ya que el encuentro con los obispos en la Catedral “estará todo vallado” y no forma parte del programa público.

Respecto de la convocatoria, la Iglesia buscó despejar dudas entre quienes no llegaron a inscribirse en los actos masivos de Luján y Palermo. “Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení. Hoy todos los que quieran, que vengan, que los estamos esperando y cada uno es bienvenido como tal”, señaló Colombo, quien pidió además cuidado y sentido común en la organización espontánea de los grupos que asistirán a las celebraciones.

Una pregunta sobre Milei que la Iglesia evitó responder de manera directa

Durante la conferencia, un periodista de Radio Mitre consultó si la CEA hubiera deseado un encuentro específico entre el presidente Javier Milei y la Iglesia católica, en el marco de los recientes encuentros del mandatario con representantes de otros credos en la Casa Rosada. Colombo evitó un pronunciamiento directo sobre el vínculo con el Gobierno: “En este momento estamos abocados a la visita como tal y nuestra máxima atención está en el visitante. Todo lo que hagamos en estos días quiere ser también como un signo, un auspicio de un crecimiento en las relaciones entre las instituciones y entre los sectores”.

Ante una segunda pregunta sobre si el lema “bienvenidos todos” implica una lectura crítica sobre la polarización política del país, el presidente de la CEA tampoco profundizó en una valoración directa: “El bienvenido a todos lo dice la Iglesia, que es la que quiere recibir a todos en su casa. De parte nuestra, lo mejor para todos. Bienvenidos todos”.

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para crear un mecanismo mediante el cual las instituciones públicas de salud entreguen a los pacientes vales electrónicos que podrán usar en farmacias privadas, cuando no les puedan dar directamente algún medicamento por cuestión de desabasto.

La iniciativa plantea reformas a la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e incluye la creación de una Receta Electrónica Nacional y un Padrón Nacional de Farmacias Adheridas.

En la propuesta, Téllez argumentó que el denominado Vale de Surtimiento Garantizado permitiría a los pacientes obtener sin costo los medicamentos faltantes en establecimientos privados inscritos en el padrón, es decir, la institución pública cubriría el costo del insumo.

La senadora sostuvo que el acceso oportuno a medicamentos forma parte del derecho a la protección de la salud, pues advirtió que el suministro incompleto puede interrumpir tratamientos, deteriorar la calidad de vida y generar gastos para las familias.

¿Cómo funcionaría el Vale de Surtimiento Garantizado?

De aprobarse, las personas atendidas en instituciones públicas tendrían derecho a recibir completa y oportunamente los medicamentos indicados en su Receta Electrónica Nacional. La prioridad sería surtirlos de inmediato en las farmacias institucionales.

Si una farmacia pública no cuenta con todos los medicamentos, la institución tendría dos opciones: entregar el faltante en el domicilio del paciente o en la unidad médica que indique, en un plazo máximo de 48 horas, o expedir de inmediato un Vale de Surtimiento Garantizado.

Para medicamentos oncológicos, urgentes o destinados a enfermedades crónicas de alto riesgo, el plazo sería de hasta 24 horas. Si no se suministran dentro de ese periodo, la institución tendría que emitir el vale electrónico.

El comprobante permitiría al paciente, o a su representante, obtener el medicamento sin costo en cualquier Farmacia Adherida. Después, la institución pública pagaría al establecimiento conforme al precio de referencia que determine la Secretaría de Salud o al precio vigente de adquisición en el sector público, dentro de los 30 días naturales posteriores a la validación del surtimiento.

¿Qué instituciones entregarían el vale?

La iniciativa incluye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que brindan servicios de salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos y los servicios médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Para el IMSS, el proyecto propone adicionar un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social. La medida establecería que la asistencia farmacéutica se preste en las farmacias del Instituto o mediante el vale en Farmacias Adheridas.

En el caso del ISSSTE, se plantea añadir el artículo 35 Bis a su ley para que el suministro se realice preferentemente en sus farmacias y unidades médicas mediante la Receta Electrónica Nacional. Ante desabasto o falta temporal de inventario, tendría que garantizarse la entrega a través de establecimientos privados adheridos.

Receta Electrónica Nacional y Farmacias Adheridas

La propuesta establece que la prescripción de medicamentos en instituciones públicas se realice obligatoriamente mediante una Receta Electrónica Nacional.

El documento deberá incluir la denominación genérica del fármaco, la cédula profesional del médico, su firma electrónica avanzada y un folio único registrado en el sistema nacional.

Los pacientes podrían consultar y descargar sus recetas por medios electrónicos o solicitar una versión impresa sin costo, además de que en localidades sin conectividad, se emitiría una receta impresa con código de verificación, que tendría que registrarse dentro de las 24 horas posteriores al restablecimiento de la conexión.

Las farmacias privadas deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento sanitario vigente e inscribirse en el Padrón Nacional de Farmacias Adheridas. La Secretaría de Salud operaría el registro y emitiría los lineamientos para incorporar y validar los establecimientos.

La iniciativa prohíbe que el personal de salud dirija a los usuarios a una farmacia específica o reciba comisiones e incentivos de establecimientos privados.

Transparencia, datos personales y sanciones

La Secretaría de Salud administraría el Sistema Nacional de Receta Electrónica y tendría que proteger los datos personales sensibles de los pacientes conforme a la legislación aplicable.

Además, publicaría trimestralmente los indicadores de abasto, las recetas emitidas, los vales generados y los montos pagados por cada unidad médica. Las instituciones mantendrían la compra y suministro directo de medicamentos para hospitalización, quirófano, urgencias, vacunas, biológicos, medicamentos de control especial y zonas rurales sin Farmacias Adheridas.

La inobservancia de las obligaciones por parte de servidores públicos sería sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Argumentos de la iniciativa y plazos de implementación

Téllez argumenta que no existe una receta electrónica nacional interoperable ni un mecanismo obligatorio para obtener medicamentos en farmacias privadas cuando las instituciones no pueden entregarlos. También señala la falta de indicadores públicos sobre surtimiento por unidad médica.

El documento cita el sistema de receta electrónica interoperable de España y la jurisprudencia 1a./J. 152/2023 (11a.) de la Primera Sala de la SCJN.

De entrar en vigor, el decreto aplicaría al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Salud tendría 180 días naturales para emitir lineamientos, mientras que las instituciones contarían con hasta 365 días para interconectar sus sistemas.

“Ponente Briceño, es una pregunta para usted. Necesito ver al ponente, que poco me sostiene la mirada, nunca”, afirmó la militante del Pacto Histórico durante una plenaria en la Cámara el lunes 2 de noviembre de 2026, cuando Briceño era uno de los ponentes del debate de la Ley de Sometimiento.

Lo anterior generó todo tipo de comentarios y montajes de videos con Inteligencia Artificial, donde afirmaron que Carrascal estaba enamorada de Briceño, y que ese cruce de miradas entre ambos dejaba mucho que pensar.

Tras ser cuestionado recientemente por la situación, el dirigente del Centro Democrático afirmó que busca concentrarse en las discusiones legislativas y descartó participar en lo que definió como actos para generar atención dentro del Capitolio.

En una entrevista con Semana, Briceño dijo que mantiene una relación respetuosa con los integrantes de la corporación, incluidos quienes pertenecen a sectores opositores. Según explicó, su prioridad está en las deliberaciones sobre los proyectos que pasan por el Congreso de la República.

“Yo simplemente tengo un trato muy respetuoso con todos mis compañeros aquí en el Congreso de la República, incluso los compañeros de oposición. Yo trato de dar debates de fondo”, aseguró el representante durante la conversación.

Briceño dijo que no participará en “actos” dentro del recinto

Frente a dicha escena, el congresista sostuvo que la representante del Pacto Histórico suele llevar las discusiones hacia asuntos que, a su juicio, se alejan del contenido de los debates. También mencionó las acusaciones sobre presuntas campañas de reproducciones y mensajes que circulan en internet.

“Yo siempre miro a los ojos a mis colegas, siempre miro a los ojos cuando hablo, pero porque siempre hablo con la verdad, ella quiere que uno le preste atención a todo”, afirmó Briceño. Acto seguido, agregó que Carrascal pretende que él reaccione a “todo y cada uno de los actos que quiere generar o actos que quiere montar en el Congreso”.

El representante indicó que no aceptará esa dinámica. “No me voy a prestar”, expresó. Para Briceño, cada dirigente tiene su propia forma de ejercer la política y el ambiente parlamentario permite observar estrategias diversas en medio de las sesiones.

Durante la misma entrevista, el periodista le señaló que algunos usuarios de redes sociales interpretaron la situación como una disputa personal e incluso difundieron mensajes en los que insinuaban una relación sentimental entre ambos congresistas. Briceño respondió que Carrascal había mencionado ese tipo de comentarios en una discusión legislativa.

Según relató, la congresista habló de supuestos “bots” y “máquinas internacionales” que instalarían la versión de que ella está enamorada de él. Briceño situó ese episodio en un debate sobre el artículo 16 de una iniciativa relacionada con el reclutamiento infantil.

“Ese fue el mensaje ayer en medio de una discusión del artículo 16, donde estábamos hablando de reclutamiento infantil y ella salió con este tipo de cosas”, declaró. Para el representante, esa intervención reflejó el nivel de confrontación que se produjo durante la jornada.

El congresista recordó una respuesta sobre Carrascal fuera del recinto

Santos también le preguntó a Briceño por un video anterior, en el que habría respondido que Carrascal era “la más churra de la Cámara”. El legislador sostuvo que esa declaración ocurrió en una entrevista informal, fuera del recinto legislativo, y que no debería confundirse con su comportamiento durante los debates oficiales.

“Esto fue una entrevista equis y, si usted se da cuenta, estas entrevistas que le hacen a uno todo el tiempo, en donde le preguntan cosas triviales de la vida, se hizo por fuera de recinto”, señaló. Añadió que dentro de la corporación procura intervenir sobre los asuntos de fondo.

Briceño extendió su crítica a otros miembros del Pacto Histórico. Afirmó que algunos recurren a la confrontación, la descalificación y la producción de clips virales para las redes sociales. “Yo creo que ese no es el ejercicio que hacemos”, dijo al dirigirse también a su compañero de partido Hernán Cadavid.

Cadavid coincidió con la valoración de Briceño y sostuvo que hay una búsqueda de confrontaciones dentro del Congreso. “Es un escenario donde ellos buscan la confrontación permanente, la provocación. No hay otro instrumento que tengan para guardar vigencia”, manifestó.

El representante del Centro Democrático agregó que su sector debe diferenciarse mediante discusiones serias y evitar que las provocaciones definan el rumbo de los debates legislativos.

Hija de la reserva indígena White Earth y figura central de la política estatal, la vicegobernadora demócrata Peggy Flanagan consiguió una victoria histórica para el Senado de Estados Unidos por Minnesota, tras imponerse sobre la candidata del Partido Republicano, Michele Tafoya, en las elecciones de 2026. Las proyecciones de las cadenas y agencias de noticias confirmaron el triunfo de una dirigente que construyó su carrera desde el activismo de base hasta la cúspide del poder local y cuyo ascenso a la Cámara Alta federal derriba una barrera de siglos para los pueblos originarios en Washington.

Con esta victoria en las urnas, Flanagan tomará el relevo de la senadora Tina Smith, quien decidió no presentarse a la reelección, y asegurará la continuidad del control del Partido Demócrata sobre una banca estratégica en Minnesota.

El desenlace frustra las aspiraciones de la oposición republicana de arrebatar una plaza del Medio Oeste que permanece esquiva para sus filas desde hace más de dos décadas.

Peggy Flanagan consolida su perfil y se convierte en la primera mujer nativa norteamericana en el Senado de Estados Unidos

De cuna humilde y madre soltera durante parte de su juventud, Flanagan, de 47 años, pertenece a la tribu Ojibwe de White Earth y forjó su identidad pública en la organización comunitaria antes de ingresar a la política partidaria. Su triunfo la consagrará como la primera mujer nativa norteamericana que integrará el Senado de Estados Unidos, un hito inédito en los más de dos siglos de historia parlamentaria.

Tras integrar la Junta Escolar de Mineápolis, ejercer como diputada estatal y compartir la gestión ejecutiva desde 2019 como compañera de fórmula del gobernador Tim Walz, la dirigente corona una trayectoria definida por la visibilidad de las comunidades indígenas en las esferas de decisión institucional de Washington.

La agenda progresista de Peggy Flanagan marcó el pulso de la campaña en las elecciones de 2026

Durante los meses de campaña, la líder demócrata imprimió a sus discursos un tono cercano y reivindicativo, anclado en su experiencia de vida como beneficiaria de programas sociales en su infancia. Como informó NBC News, su plataforma congregó al ala progresista gracias a un firme compromiso con la ampliación de los derechos laborales y el cuidado infantil asequible, además de una férrea defensa del acceso irrestricto al aborto frente a los avances conservadores en otros estados.

Flanagan recorrió los condados agrícolas e industriales con un mensaje enfocado en el bienestar de las familias trabajadoras y la transición hacia energías renovables, con la premisa de que las políticas públicas deben proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Michele Tafoya compitió por el Partido Republicano con una narrativa enfocada en la seguridad y la economía

En la vereda opuesta, Michele Tafoya intentó capitalizar su notoriedad pública tras décadas de labor como periodista y presentadora de la televisión deportiva para dar el salto al Capitolio por el Partido Republicano. La aspirante articuló un discurso crítico hacia la gestión económica nacional, en el que señaló el impacto del costo de vida y el descontrol del gasto federal como los males primordiales que aquejan a los hogares de Minnesota.

Tafoya buscó captar el voto de los distritos suburbanos con promesas de mayor rigor frente al delito urbano y un respaldo irrestricto a las fuerzas policiales, aunque su mensaje con tintes conservadores no logró convencer a los votantes independientes necesarios para quebrar el bastión demócrata.

Minnesota ratificó su lealtad electoral demócrata tras el retiro de la senadora Tina Smith

La contienda cobró una intensidad inusual tras el anuncio de la senadora Tina Smith de apartarse de la vida parlamentaria, lo que desató un duelo abierto en un estado donde los republicanos no ganan una elección senatorial desde el año 2002.

Pese a que los comicios locales recientes mostraron un avance opositor en las zonas rurales, el aparato demócrata demostró una vez más su eficacia territorial, indicó la agencia Reuters. La alta concurrencia en Mineápolis y Saint Paul contrarrestó las ventajas republicanas en los condados del interior y sostuvo la prolongada racha triunfal del partido en las votaciones federales.

El triunfo en Minnesota deja intacto el difícil panorama demócrata en el Senado de Estados Unidos

Aunque la victoria de Flanagan aporta una bocanada de alivio a su partido, el equilibrio de poder en el Congreso mantiene un horizonte restrictivo para los demócratas en las elecciones de 2026. El bloque oficialista requería un desempeño perfecto en múltiples estados para disputar el control de la mayoría absoluta de 51 escaños en la Cámara Alta, una meta que las proyecciones electorales en otros distritos clave alejaron de manera drástica.

La banca asegurada en el Medio Oeste evita un retroceso mayor en Washington, pero sitúa a la nueva legisladora dentro de un bloque que deberá operar a la defensiva.

El arribo de Flanagan al Capitolio proyecta una figura emblemática para Minnesota y una voz progresista renovada para el Partido Demócrata, en momentos en que la Cámara Alta se apresta a un período de fuerte polarización política.

Un nuevo foco de tensión en torno al delicado e insistente tema de los fondos para el área de discapacidad volvió a desnudar tensiones dentro del Gobierno con Patricia Bullrich.

Desde Balcarce 50 le pidieron a la jefa del bloque libertario que introdujera cambios en el dictamen de la ley en el Senado que se debatía ayer. La ex PRO, en pos de la negociación con los aliados, no lo hizo. Y el texto salió sin modificaciones, tal como lo había aprobado Diputados.

El pedido era bajar prestaciones, y en el bloque de LLA consideraron que “generaba más incompatibilidades”. Lo calificaron como “descabellado”. En el oficialismo circulan versiones sobre quién los impulsaba.

Este miércoles, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano dictaminó el proyecto que ya aprobó Diputados. La nueva ley deja atrás la emergencia actual, que vence a fin de año. Mantiene la pensión no contributiva con actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. Y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión.

El episodio llegó después de que Bullrich redoblara la apuesta con un tuit en un video con Coninagro, donde sostenía que el camino que ella marcó tiene que seguir, tras el anuncio de Luis Caputo sobre las deudas de las Pymes. Esas directivas al estilo “yo te avisé” generaron enojo en Hacienda y una fuerte reacción de Luis Caputo.

En la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde dialogó con Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más respetados y cercanos a Milei, el ministro defendió el liderazgo del Presidente, que no pudo asistir por su viaje a España. Dijo que hoy cualquiera se cree que puede ser Presidente y sostuvo que “no cualquiera” puede reemplazarlo. No mencionó nombres.

Discapacidad es también un punto aparte en la previa de la llegada del Papa León XIV. Es uno de los temas sensibles en la relación con la Iglesia, y la agenda del Pontífice incluye una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, un hogar que asiste a personas con discapacidad.

La interna por discapacidad quedó expuesta en septiembre y los roces continúan. La Libertad Avanza avanzó en Diputados con un proyecto consensuado con el PRO, la UCR y bloques provinciales para reemplazar la emergencia por un régimen permanente. Menem y los negociadores parlamentarios defendían ese camino. Economía cuestionaba el costo fiscal y que se hubiera avanzado sin consultar al resto del Ejecutivo.

El 15 de septiembre, el Gobierno envió el Presupuesto 2027 con un capítulo que iba en sentido contrario. Reforzaba el criterio de invalidez laboral, eliminaba el CUD como vía directa de acceso, establecía la incompatibilidad de las pensiones con el empleo formal y eliminaba el nomenclador único. Se desató un pase de facturas en la Casa Rosada, con versiones cruzadas sobre quién conocía el texto.

El 13 de octubre, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió en Diputados: “Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, pero el oficialismo aceptó los cambios de la oposición y el proyecto obtuvo media sanción con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Conservó la pensión equivalente al 70% del haber mínimo, la compatibilidad con el empleo formal hasta dos salarios mínimos, el nomenclador y la actualización automática.

En el Senado, el respaldo al dictamen fue muy amplio. Llamativamente, la cordobesa Alejandra Vigo fue la excepción entre los bloques que participaron. Bullrich anunció desde el inicio el acompañamiento de su bancada, pese a las resistencias de Caputo. Y ahora el texto podría llegar al recinto el 19 de noviembre.

La tensión con Bullrich aparece ahora con el eje del debate por discapacidad pero escala a niveles inusitados y viene de meses. Caputo anunció en la UIA la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. Bullrich dijo en X que el anuncio era positivo y que ella lo venía planteando: “Lo planteé durante mucho tiempo”, sostuvo. Tras la suspensión de la mesa política y la reunión de la “mesa de Patricia”, Caputo le contestó en la conferencia FIEL, sin nombrarla.

Todo esto sucede mientras Javier Milei está en España, en otro viaje relámpago, y Karina Milei sigue en Buenos Aires. En Balcarce 50 crecen las sospechas que se comentan hace rato: que Bullrich se plantea como alternativa al Presidente en 2027.

Adam Hamilton se convirtió el 3 de noviembre de 2026 en el primer demócrata elegido para el Senado de Estados Unidos por Kansas desde 1932, al derrotar al senador republicano Roger Marshall en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Con el 51,1% de los votos, según el conteo de AP, el pastor metodista puso fin a una racha de 94 años sin victorias demócratas en ese escaño.

El triunfo convirtió a Kansas en uno de los escenarios más inesperados de estas elecciones de mitad de mandato. La campaña costó alrededor de USD 110 millones —un récord histórico para un estado de bajo gasto electoral—, según WGAL.

El Cook Political Report la clasificó como toss-up semanas antes de los comicios, su categoría para las disputas donde ningún candidato parte con ventaja

Adam Hamilton ganó el Senado por Kansas y rompió una racha de 94 años

El último demócrata en ganar un escaño senatorial en Kansas fue George McGill, un abogado de Wichita, en 1932. Desde entonces, ni siquiera hubo una carrera verdaderamente competitiva: la más cercana fue en 1974, cuando el republicano Bob Dole renovó su banca por menos de dos puntos porcentuales tras el escándalo Watergate. Hamilton no solo cortó esa racha, sino que lo hizo frente a un incumbente que en 2020 había ganado por más de 11 puntos.

Varios de los condados que Marshall conquistó en su elección anterior se volcaron a favor de Hamilton, y los que el republicano retuvo lo hicieron con márgenes mucho más ajustados, de acuerdo con datos electorales de AP. La geografía del resultado ilustra un desplazamiento político que va más allá de un candidato.

Quién es Adam Hamilton, el pastor que derrotó a Roger Marshall en las elecciones legislativas de 2026

Hamilton, de 62 años, es el pastor fundador de la Church of the Resurrection, con sede en el área de Kansas City, la congregación metodista unida más numerosa del país, con 25.000 miembros. Autor de varias decenas de libros, construyó una presencia pública que excede los límites de su iglesia y que le sirvió como plataforma de campaña.

Se definió durante toda la contienda como un “demócrata de pensamiento independiente” y adoptó el eslogan leading from the middle (“liderar desde el centro”). Su propuesta más repetida fue que Kansas se beneficiaría de tener un senador de cada partido: el otro escaño del estado lo ocupa el republicano Jerry Moran.

Su mensaje central apuntó al costo de vida: en una entrevista con The Guardian el martes previo a la elección, afirmó que su primera prioridad sería poner fin a la guerra con Irán, que casi duplicó el costo del diésel y los fertilizantes para los agricultores del estado. Alrededor del 88% del territorio de Kansas es tierra de cultivo y aproximadamente uno de cada cinco residentes trabaja en la industria agropecuaria, según el Departamento de Agricultura del estado.

Por qué Roger Marshall perdió la banca republicana en Kansas

Marshall, de 66 años, obstetra retirado, llegó al Senado de Estados Unidos en 2021 tras dos mandatos en la Cámara de Representantes. Su campaña cargó con varios frentes que debilitaron su posición frente al electorado.

El más dañino fue el que reveló The New York Times: durante su carrera médica, Marshall y su consultorio demandaron a más de 700 pacientes por facturas impagas. En 81 casos, los arrestaron por no presentarse a las audiencias judiciales. Dos expertos consultados por el diario calificaron esas tácticas de “extremas”. En el único debate televisado, Marshall rechazó las críticas como una “caracterización grotesca” de su historial.

A eso se sumó el distanciamiento con sus propios votantes: su último ayuntamiento abierto con ciudadanos de Kansas fue a comienzos de 2025, cuando abandonó el evento ante preguntas incómodas. En el plano económico, siguió la línea de Trump al sostener que la economía marchaba bien, un mensaje que chocó con la experiencia cotidiana de los agricultores del estado, afectados por el encarecimiento del diésel y los fertilizantes a raíz de la guerra con Irán.

Cómo cambió Kansas en las elecciones legislativas de 2026

Kansas tiene fama de estado republicano sólido, pero su mapa político tiene matices que esa etiqueta no captura del todo. La gobernadora saliente, Laura Kelly, es demócrata y ocupó ese cargo desde 2019.

En esta campaña, tres factores ampliaron el margen de competitividad: el peso de los votantes moderados e independientes que se inclinaron hacia Hamilton por su perfil centrista; el crecimiento de los suburbios de Kansas City, progresivamente más favorables a los demócratas; y el deterioro de la imagen de Trump a nivel nacional, que arrastró a candidatos republicanos en estados hasta hace poco considerados seguros.

Los republicanos intentaron revertir la tendencia con dos actos de campaña de Trump en el estado —el 19 y el 31 de octubre— y visitas del vicepresidente JD Vance. No alcanzó.

Qué implica la victoria de Hamilton para el Senado de Estados Unidos

La victoria de Hamilton suma un escaño a la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos y profundiza el retroceso republicano en las elecciones legislativas de 2026. Para los demócratas, el resultado en Kansas —donde Trump ganó con amplitud en 2024— refuerza la idea de que el descontento con el gobierno se extiende más allá de los estados bisagra tradicionales.

La campaña generó un gasto total de alrededor de USD 110 millones: USD 65 millones aportados por grupos demócratas y USD 45 millones por republicanos, según la firma de seguimiento publicitario AdImpact, citada por WGAL. En el tramo final, los republicanos redirigieron fondos desde Carolina del Norte para intentar sostener a Marshall, pero los demócratas volcaron más de USD 27 millones solo en la segunda mitad de octubre.

Hamilton llega al Senado con un perfil diseñado para la negociación: se comprometió a trabajar junto a Moran y descartó apoyar al senador Chuck Schumer como líder demócrata. Si ese posicionamiento se traduce en acuerdos concretos es una pregunta que Kansas comenzará a responder en 2027.

El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, reconoció que su partido enfrenta problemas de corrupción, impunidad y gobiernos que no han cumplido con las expectativas ciudadanas, factores que podrían afectar sus resultados en las elecciones de 2027.

Además, identificó diversas entidades que requieren especial atención por sus condiciones políticas y de seguridad.

En una entrevista con el diario EL PAÍS, el legislador mexiquense expresó su inconformidad con el rumbo que ha tomado el movimiento político por el que luchó durante décadas para desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder en el Estado de México.

“El proyecto que soñé cuando quitáramos al PRI en mi Estado no era así. Ya no está el PRI. Lo que hay hoy, no era lo que yo soñé y por lo que luché tantos años”, afirmó.

Martínez Miranda sostuvo que una de las principales preocupaciones es que las prácticas de corrupción que Morena cuestionó durante años al PRI y al Partido Acción Nacional (PAN) continúen presentes en gobiernos surgidos del movimiento.

Corrupción y impunidad

El senador señaló que existe conocimiento público sobre presuntos actos de corrupción en diversos niveles, más allá de las denuncias que han llegado a los medios de comunicación (haciendo referencia al caso Taddei).

“Porque es vox populi la corrupción que corroe todavía, a ocho años del cambio democrático en este país, en el ámbito estatal y municipal”, dijo.

Por ello, consideró necesario que las autoridades tomen decisiones para establecer sanciones y terminar con la impunidad.

“Una buena parte de quienes somos integrantes de Morena, toda nuestra vida acusamos al PRI y al PAN de corrupción. Y duele saber que hay muchos elementos”, expresó.

También advirtió que no basta con señalar las irregularidades, sino que es indispensable actuar contra quienes incurran en ellas. “No hay corrupción si no hay impunidad”, enfatizó.

Desempeño de gobiernos, factor para las elecciones de 2027

Al referirse a los comicios del próximo año, el legislador consideró que Morena deberá concentrarse en seleccionar a sus mejores perfiles para competir por gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales.

Sin embargo, advirtió que la elección de candidatos no será el único factor determinante, pues los ciudadanos también evaluarán el desempeño de los gobiernos emanados del partido.

Explicó que una administración estatal que no cumpla sus compromisos ni responda a las expectativas de la población puede generar una percepción negativa que termine afectando a Morena en las urnas. Esta situación, agregó, puede agravarse cuando también existen malos resultados en los gobiernos municipales.

“El ciudadano, a la hora de emitir su voto, tomará en cuenta la actuación de su alcalde o de su gobernador. Y ahí creo que tenemos varios negativos, no en todos lados, pero tenemos varios”, sostuvo.

El senador, quien ha sido dos veces alcalde de Texcoco, tres veces diputado local y tres veces senador de la República, reconoció así que el partido enfrenta retos internos que podrían convertirse en obstáculos electorales.

Sinaloa y Michoacán, entre los focos rojos

Sobre los posibles conflictos que Morena deberá atender antes de las elecciones de 2027, Martínez Miranda mencionó particularmente a Sinaloa y Michoacán, debido a las condiciones políticas y de seguridad que atraviesan.

“Indudablemente nos debe preocupar Sinaloa, para empezar; Michoacán, por las condiciones políticas y de seguridad que se viven ahí”, señaló.

También mencionó la posibilidad de que surjan dificultades en otras entidades por las disputas internas dentro del partido, entre ellas Campeche, donde llamó a evitar que las diferencias políticas se conviertan en un problema electoral.

Transporte, agua e inseguridad, pendientes del Edomex

En el ámbito mexiquense, el senador identificó el transporte público, el acceso al agua y la inseguridad como algunos de los principales problemas que todavía afectan a la población.

Uno de sus mayores señalamientos fue la falta de un sistema de Metro en el Estado de México, pese a que cuenta con aproximadamente 18 millones de habitantes, el doble de la población de la Ciudad de México, que dispone de alrededor de 240 kilómetros de este sistema de transporte.

Consideró que la falta de infraestructura de transporte masivo, eficiente y accesible representa una de las injusticias históricas para los habitantes de la entidad, una situación que, dijo, se ha mantenido durante los últimos 50 años.

A este rezago sumó el problema del agua, cuya atención acumula décadas de retraso, así como la inseguridad, que continúa afectando a los mexiquenses pese a los avances registrados.

Martínez Miranda aclaró que sus críticas no se limitan a la actual administración estatal, sino que corresponden a una problemática histórica que, desde su perspectiva, no ha sido resuelta.

El senador sostuvo que la transformación de su municipio demostró que los cambios son posibles, pero insistió en que el resultado actual no corresponde al proyecto político que imaginó durante tantos años de lucha.

Finalmente, reiteró su decepción por el rumbo que tomó el cambio político en la entidad, al recordar que hace cinco décadas decidió enfrentar al PRI porque consideraba que representaba uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país, del Estado de México y de Texcoco.

El Senado de la República reeligió por octava vez consecutiva a Astrid Salamanca como directora administrativa de la corporación. La abogada recibió 96 votos a favor y uno en blanco, con lo que continuará durante dos años más en una dependencia que tendrá a su cargo la ejecución de un presupuesto superior a $490.000 millones para la próxima vigencia.

La elección se realizó después de que la plenaria terminara la votación del texto de la ley de sometimiento. Luego de esa discusión, los senadores escucharon a los aspirantes incluidos en la terna para la Dirección Administrativa y avanzaron con la designación.

Salamanca ocupa el puesto desde 2012. El nuevo periodo le permitirá llegar a 16 años en esa función, después de haber sido ratificada en siete ocasiones anteriores por las distintas plenarias del Senado.

El cargo administra contratación, proveedores y funcionamiento interno

La Dirección Administrativa del Senado está encargada de buena parte de los procesos necesarios para el funcionamiento de la corporación. Entre sus tareas están la gestión de proveedores, la contratación de bienes y servicios, la administración de espacios, el mantenimiento y otros asuntos operativos.

También debe ejecutar los recursos destinados a las necesidades internas del Senado. Por esa razón, la dirección interviene en los procesos contractuales requeridos para garantizar el funcionamiento de oficinas, instalaciones y servicios de la corporación.

La reelección de Salamanca implica que seguirá al frente de esa dependencia durante un periodo en el que deberá administrar recursos cercanos a $490.000 millones. El presupuesto contempla obligaciones de funcionamiento y los gastos asociados a la operación administrativa del Senado.

La directora administrativa no participa en la discusión ni en la aprobación de proyectos de ley. Sin embargo, su despacho tiene responsabilidades sobre la ejecución de recursos públicos y la contratación que requiere la institución para cumplir sus actividades.

Salamanca recibió más apoyos que en la elección anterior

La votación de este periodo superó el resultado que Salamanca obtuvo hace dos años. En aquella oportunidad, la funcionaria recibió 94 votos a favor y dos en contra. En la elección más reciente, consiguió 96 respaldos y la plenaria registró un voto en blanco.

Su llegada inicial a la Dirección Administrativa estuvo vinculada al respaldo del entonces senador Roy Barreras, en 2012. Desde entonces, Salamanca ha mantenido el cargo durante los sucesivos periodos de dos años.

La continuidad de la funcionaria se ha dado en medio de cambios en las mesas directivas del Senado y en la composición política de la corporación. Su nueva designación asegura que permanecerá en el puesto hasta completar ocho periodos consecutivos.

Antes de la votación, Salamanca presentó ante los senadores un balance sobre la gestión administrativa de los últimos dos años. En su intervención, agradeció el respaldo de la plenaria y se refirió a la necesidad de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.

“Quiero comenzar este recuento reconociendo su apoyo y su respaldo fundamental en este periodo para fortalecer la transparencia y proteger el patrimonio público”, afirmó.

La directora se refirió a limitaciones para mantenimiento y mobiliario

Durante su discurso, Salamanca sostuvo que la disponibilidad de recursos impidió atender por completo la renovación de mobiliario y algunas necesidades de mantenimiento. Aun así, señaló que la administración ejecutó el presupuesto asignado bajo criterios de control fiscal.

“No pudimos actualizar mobiliario y temas de mantenimiento al 100%, pero logramos ejecutar con rigor el presupuesto asignado”, dijo ante la plenaria.

La funcionaria agregó que la Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República otorgó fenecimiento de cuentas sin salvedades a la administración del Senado. Según explicó, esa revisión calificó la gestión como eficiente.

El fenecimiento de cuentas corresponde a una decisión de control fiscal sobre la rendición presentada por una entidad pública. En este caso, Salamanca lo citó como parte del balance de su administración antes de solicitar el respaldo de los congresistas para un nuevo periodo.

En el cierre de su exposición, la directora administrativa habló de la rendición de cuentas y del trabajo institucional del Congreso. “Un Senado fuerte y eficiente es fundamental para la democracia”, expresó.

El nuevo periodo comenzará con la ejecución del presupuesto de la corporación

Tras la elección, Salamanca continuará como responsable de los procesos administrativos que requieren las distintas dependencias del Senado. La oficina que dirige deberá atender la planeación, la contratación y el uso de los recursos asignados a la corporación.

Entre las labores que estarán bajo su responsabilidad figuran la relación con proveedores, la gestión de servicios requeridos por el Senado y los procedimientos asociados al mantenimiento y la operación de sus instalaciones.

La directora administrativa también deberá responder por la ejecución del presupuesto ante los organismos de control competentes, de acuerdo con los procedimientos aplicables a las entidades públicas.

El representante Chris Pappas, demócrata, ganó la elección al Senado en New Hampshire, según informó The Associated Press, y retuvo para su partido una banca en un estado pendular que ambas fuerzas consideraban clave. Su victoria lo convierte en el primer hombre abiertamente gay de la historia de Estados Unidos en obtener un escaño en el Senado.

Pappas derrotó a John E. Sununu, un exsenador que perdió su reelección en 2008. Heredero de una familia política republicana —su padre y su hermano fueron gobernadores—, Sununu intentó mostrarse como una figura distinta del movimiento MAGA del presidente Trump. Pero no logró superar el rechazo al presidente en New Hampshire, un estado que nunca respaldó a Trump en una elección presidencial.

Pappas, de 46 años, representó durante cuatro mandatos al competitivo Primer Distrito Congresional del estado con un estilo político sobrio, similar al de la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata saliente a la que reemplazará. Shaheen derrotó a Sununu en 2008.

Durante su campaña, Pappas habló poco sobre el hito histórico que lograría si ganaba. En entrevistas, dijo que prefería mantener el foco en los votantes y no en sí mismo. Sin embargo, defensores de los derechos de las personas LGBTQ+ de todo el país celebraron su triunfo como una señal de progreso, casi cuatro décadas después de que Barney Frank, de Massachusetts, se convirtiera en 1987 en el primer integrante gay del Congreso en declarar voluntariamente su orientación sexual.

«La realidad es que hoy estoy viviendo algo que no creía posible cuando estaba creciendo, hace apenas unas décadas», dijo Pappas en una entrevista durante la campaña. «Mi estado, nuestro país, ha avanzado mucho».

Nacido en Manchester, New Hampshire, Pappas regresó a su ciudad tras la universidad para trabajar en el restaurante de su familia y postularse a un cargo local. En la campaña buscó nacionalizar la disputa y recordó reiteradamente a los votantes que el control del Senado podía definirse en el estado.

Calificó a Sununu como «otro voto para la fracasada e imprudente agenda de Donald Trump» y presentó a su rival como un pilar del statu quo. No mencionó que era él, y no Sununu, quien había pasado buena parte de los últimos 20 años en cargos electivos.

El apellido Sununu tiene tanta presencia en el estado que Pappas y sus aliados bromeaban con frecuencia con que los votantes en realidad no sabían qué integrante de la familia figuraba en la boleta. Su carismático hermano, Chris Sununu, fue gobernador entre 2017 y 2025; su padre, John H. Sununu, fue jefe de Gabinete de George H.W. Bush y gobernador de New Hampshire de 1983 a 1989.

John E. Sununu, de 62 años, trabajó intensamente para distanciarse de Trump en temas como los aranceles y la guerra con Irán, con la esperanza de atraer a votantes independientes y republicanos moderados. Difundió un anuncio en el que afirmaba que «ni siquiera había conocido al hombre». También presentó su candidatura como una propuesta sobre lo que vendría después de Trump.

«En dos años, el presidente dejará el cargo», dijo Sununu durante un debate el mes pasado. «Y mi pregunta es: ¿adónde vamos después?».

La respuesta que dieron los votantes de New Hampshire fue: no volver a un candidato al que muchos asociaban con el pasado.

El Senado de la República aprobó el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca establecer una ruta jurídica para que los integrantes de estructuras criminales, bandas o grupos armados ilegales se sometan a la justicia ordinaria, sin negociaciones de paz de carácter político.

La corporación dio el visto bueno a la iniciativa con 57 votos a favor y 24 en contra, durante su tercer debate y en medio de una tensa discusión con el Pacto Histórico. El proyecto aún debe superar el trámite en la Cámara de Representantes y, si surgen diferencias entre los textos, una eventual conciliación.

La iniciativa establece un marco para el sometimiento individual o colectivo de estructuras criminales de alto impacto, condicionado a la entrega de armas y bienes, la colaboración con la verdad y la reparación a las víctimas. El proyecto no concede estatus político a los grupos armados ilegales ni suspende automáticamente las órdenes de captura o las solicitudes de extradición.

El Congreso tramita la propuesta antes del vencimiento de la prórroga de la Ley de Orden Público, Ley 418 de 1997, previsto para el 4 de noviembre de 2026. El proyecto se diferencia del modelo de paz total del Gobierno anterior y tendrá una vigencia de cuatro años, en lugar de los 10 años contemplados inicialmente.

Condiciones para acceder al sometimiento

Tras la aprobación, el ministro del Interior, Iván Cancino, señaló que quienes aspiren a acogerse deberán entregar un inventario completo de sus bienes. “No se va a devolver dinero, tienen que entregar el inventario absoluto de bienes”, afirmó, y subrayó que el mecanismo no constituye una negociación política.

Cancino precisó que el texto fija un límite de seis años para acceder a la libertad condicional, aunque reconoció que persisten “algunas pequeñas inconformidades” sobre el articulado. También advirtió que quien incumpla las exigencias regresará de inmediato a la justicia ordinaria y perderá cualquier opción de reducción de pena o libertad condicional.

Los mandos o jefes de las estructuras podrán obtener reducciones de pena de hasta 30%, mientras que los demás integrantes tendrán rebajas de hasta 50%.

Por su parte, la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, subrayó que los cabecillas no podrán recibir condenas inferiores a 10 años y rechazó que el sometimiento derive en impunidad.

“Someterse a la justicia no puede convertirse en sinónimo de impunidad”, afirmó Blel. La legisladora añadió que los beneficios estarán sujetos a aportes verificables de verdad y reparación, y que los condenados por reclutamiento de menores de edad quedarán excluidos de esos beneficios.

Transparencia y garantías en el debate del Senado

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió el trámite legislativo tras una sesión de más de 10 horas. “Más de 40 senadores han intervenido, sobre todo de la oposición”, aseguró, al destacar que la discusión se realizó con garantías y de cara al país.

Por su parte, la senadora María Clara Posada celebró la eliminación unánime de un artículo que permitía reservar información sobre gastos de contratación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior.

Posada sostuvo que el fondo no podía operar sin acceso a los documentos de contratación ni claridad sobre el destino de los recursos públicos.

La aprobación en el Senado cerró la puerta a esa reserva en el Fonsecon, pero dejó pendiente el desenlace del proyecto en la Cámara. Los recursos estatales deberán mantenerse sujetos al escrutinio público dentro de un trámite que todavía no convierte la iniciativa en ley.

Trámite de la ley de sometimiento estaría viciado

Pese al respaldo, senadores del Pacto Histórico como Felipe Hernández dijeron que la iniciativa legislativa “estaría viciada por un presunto mal procedimiento de la mesa directiva que, en su afán de querer aprobarlo a pupitrazo, incurrió en varios errores”. Anotó que “aquí seguiremos discutiendo, con argumentos, sobre este proyecto de ley que va en contra de la paz y el diálogo”.

Alaska celebra este martes su elección al Senado con dos candidatos casi homónimos en la boleta y un sistema de votación que pocos estados del país utilizan. Bajo ese sistema, el resultado no depende únicamente del candidato más votado: si nadie supera el 50%, los votos se redistribuyen según las preferencias marcadas en la boleta y la presencia de dos Sullivan hace ese cálculo todavía más incierto.

Los cuatro candidatos que llegaron a la elección general son: el senador republicano en funciones Dan S. Sullivan, la demócrata Mary Peltola, el también republicano Gerald Heikes y Daniel J. Sullivan, un exdocente cuyo nombre casi idéntico al del legislador titular generó una disputa legal que llegó hasta la Corte Suprema estatal. La elección en Alaska puede ser determinante para el control del Senado de Estados Unidos.

Cómo funciona el voto por orden de preferencia en Alaska

El sistema es más simple de lo que parece. En lugar de marcar un único candidato, cada votante puede ordenar a los aspirantes según su preferencia: primero el que más le convence, segundo el que le sigue, y así hasta el último. A ese mecanismo se lo conoce como voto por orden de preferencia, o ranked choice voting en inglés.

La regla principal, según CBS News, es la siguiente: si un candidato obtiene más del 50% de los votos de primera preferencia, gana directamente. Pero si nadie alcanza esa mayoría —lo que ocurre con frecuencia cuando hay cuatro candidatos—, el que menos votos reunió queda eliminado. Los electores que lo habían puesto primero no pierden su voto: ese sufragio pasa automáticamente al candidato que marcaron en segundo lugar. El proceso se repite hasta que alguien supere el 50%.

Para ilustrarlo con un ejemplo: si 100 personas votan y el candidato A obtiene 50, el B obtiene 40, el C obtiene siete y el D obtiene tres, ninguno llega a 51. El candidato D —el menos votado— queda afuera. Los tres electores que lo pusieron primero tienen su segundo favorito contabilizado.

Si uno de esos votos va al candidato A, este llega a 51 y gana. Si no, la eliminación continúa con el siguiente candidato de menor caudal.

Por qué este año el sistema es más difícil de seguir: hay dos Dan Sullivan

La complicación particular de 2026 es la presencia de dos candidatos con apellido Sullivan. Uno es Dan S. Sullivan, el senador republicano en ejercicio, militar retirado y ex funcionario del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush. El otro es Daniel J. Sullivan, un exmaestro que se postuló en junio y cuya candidatura desató un litigio judicial para sacarlo de la boleta, sin éxito.

La Corte Suprema de Alaska lo mantuvo en la contienda. Para reducir la confusión, la boleta identificó al legislador como “Sullivan, Dan S. (Registered Republican) Incumbent”, mientras que el ex docente figura solo con su nombre, sin ningún identificador adicional, de acuerdo con la cadena estadounidense.

Qué mostraron los resultados de la primaria de agosto

El sistema electoral de Alaska incluye una primaria no partidista previa: todos los candidatos compiten juntos sin distinción de partido, y los cuatro más votados avanzan a la elección general. Así llegaron a este martes los cuatro aspirantes al Senado.

En esa primaria de agosto, Peltola lideró con el 49,5% de los sufragios. Dan S. Sullivan obtuvo el 41,4%, y Daniel J. Sullivan alcanzó apenas el 2,5%. La fuente consultada no informó el total de votantes que participaron en esa instancia. Esos resultados anticipan el peso relativo de cada candidato, aunque en la elección general el sistema de preferencias puede modificar el orden final.

Qué antecedentes tiene este sistema en Alaska

El voto por orden de preferencia se usa en Alaska desde 2022, cuando reemplazó al sistema de primarias partidarias tradicionales. Su estreno fue en una elección especial a la Cámara de Representantes: ningún candidato superó el 50% en la primera ronda, y la tabulación por preferencia determinó el resultado 15 días después de la jornada electoral.

Peltola ganó esa contienda y se convirtió en la primera demócrata en representar al estado en la cámara baja en 50 años. Más adelante ese mismo año, al buscar un mandato completo, volvió a ganar en segunda ronda con el 55% de los votos, luego de haber obtenido el 48,8% en la primera ronda.

Cuándo se conocerá el resultado definitivo en Alaska

El resultado de esta elección al Senado no se sabrá el mismo martes. CBS News informó que Alaska acepta votos por correo recibidos hasta 10 días después de la jornada electoral, o hasta 15 días en ciertos casos por la geografía extensa y remota del estado. Recién cuando se completa ese último recuento comienza la tabulación de las rondas del voto por orden de preferencia, lo que puede prolongar el proceso varias semanas si ningún candidato supera el 50% de los votos de primera preferencia.

Las autoridades electorales de Alaska prevén certificar los resultados el 25 de noviembre. En 2022, Peltola obtuvo la certificación de su mandato completo el 30 de ese mismo mes.

El Senado acaba de poner en marcha el trámite que, finalmente y después de muchas batallas, permitiría sancionar la ley sobre discapacidad antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, a fin de mes. Mucho más comprometido en materia de fechas, el proyecto sobre ludopatía y apuestas online fue rescatado del olvido y podría ser tratado en la Cámara alta si los legisladores cumplen el compromiso expuesto ahora, a casi dos años de la aprobación en Diputados. Son dos temas reclamados por organizaciones civiles, especialistas en la materia y espacios opositores. Y también, desde hace rato pero con mayor eco en estos días, por la Iglesia Católica: la visita del Papa expone así su impacto político también en el Congreso.

Se trata de dos movimientos que, sin son coronados, quedarán expuestos como marcas concretas en una agenda que el Gobierno no vislumbraba cuando trascendió el viaje regional del Papa, que incluye a Uruguay en el inicio y a Perú en el final. Por entonces, se especulaba únicamente sobre el efecto enorme de la simple presencia de León XIV, sin considerar su mensaje amplio en un cuadro social como el de la Argentina.

Los días posteriores, pasada además la incertidumbre por la intervención quirúrgica que debió enfrentar el Papa, colocaron el foco en los puntos que viene destacando desde los primeros días de su pontificado, entre ellos los efectos del manejo de la IA en términos de poder, la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad y hasta el arte desde el punto de vista ontológico. Estarán presentes en su actividad pastoral. Y le darán marco a otros gestos, como la visita al Cottolengo Don Orione.

La confirmación de esa actividad, cuyo relieve creció en espejo con la incomodidad que se dejaba trascender desde pliegues del oficialismo, se produjo en momentos en que seguía abierto el debate sobre la emergencia en el área de discapacidad. El ruido había tenido un pico cuando llegó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un ajuste intolerable incluso para legisladores oficialistas, dedicados a negociar una nueva iniciativa con socios y dialoguistas. Ese tejido le permitió a LLA amortiguar la ofensiva de la oposición más dura, que motorizaba la prórroga de la emergencia en el sector, resistida por el Gobierno, judicializada y cumplida sólo parcialmente.

Llegó en ese contexto la sesión de Diputados convocada por LLA y aliados luego de hacer fracasar el intento previo de la oposición. La Iglesia, para entonces, había realizado varios gestos a modo de reclamo para que el tema -en rigor, el panorama para el año que viene- fuera despejado y se asumiera el pago de las deudas, algo demandado por organizaciones del sector, desde familiares hasta prestadores. Hubo incluso un encuentro convocado por el ministro Mario Lugones al que asistieron integrantes de la Pastoral Social y de la Conferencia Episcopal Argentina.

El cuadro legislativo ya estaba cruzado por la cercanía de la visita papal. Y representantes de la Iglesia ratificaron su posición ante legisladores libertarios y de la oposición el día previo al tratamiento del tema en el recinto de Diputados, hace poco más de diez días. Al final, el oficialismo hizo concesiones ante la demanda de aliados para garantizar la efectividad de una nueva ley. Las tratativas incluyeron a espacios de la oposición y el texto -que toma en buena medida los puntos centrales de la emergencia- fue aprobado con 237 votos a favor. Esa postal, fuera de lo común, expuso una mayoría que no dejaría margen para contratiempos.

El interés se corrió entonces hacia la otra ala del Congreso. En principio, está previsto tratar el tema de discapacidad en plenario de comisiones, este miércoles. La agenda incluye más de un “expediente”, pero se supone que el texto aprobado por abrumadora mayoría en Diputados no debería enfrentar inconvenientes en el Senado. La duda, en todo caso, tendría que ver con la convocatoria en una semana de poca actividad legislativa. Los trascendidos indican que la idea es avanzar con el dictamen y sancionar la ley a fines de mes.

Más jugado de tiempo viene el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Es una cuestión sensible -no son novedad las advertencias sobre los efectos de enorme gravedad entre chicos y adolescentes, y su mundo familiar-, sin avance hasta ahora en el Senado. El proyecto fue aprobado en Diputados a fines de noviembre del 2024 y desde entonces, no logró avanzar, a pesar de reclamos y algún intento de abrir el debate.

El jueves último, la sesión de la Cámara alta anotó la aprobación por mayoría total de una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada antes de que pierda estado parlamentario, en el final de noviembre: en ese caso, quedaría en la nada como si no hubiese logrado la aprobación de una de las dos cámaras.

En lo que hace a la Iglesia, la secuencia previa a esa movida en el Senado está a la vista. El 19 de octubre, la Pastoral Social volvió a reclamar una respuesta del Congreso. Y una semana después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, reiteró el mensaje en una entrevista: dijo que el Senado estaba “dejando morir” el proyecto y advirtió sobre “intereses muy grandes” que operan para frenarlo.

Se verá ahora cómo se manejan los tiempos para superar la instancia de comisiones y pasar al recinto. No parece fácil, habida cuenta de las trabas registradas durante dos años. El contexto, por cierto, fue cambiando. Y la visita del Papa no es un elemento menor.

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar, a las 19, de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez. El acto se realizará durante el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y congregará a referentes nacionales y provinciales del oficialismo.

La construcción del edificio comenzó hace 15 años en la capital neuquina y el auditorio tendrá capacidad para unas 4.000 personas. La familia Márquez informó que la obra fue financiada con los diezmos y las ofrendas de los fieles.

La presencia presidencial pondrá en primer plano a Nadia Márquez, una de las dirigentes más cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro del Senado. Su nombre comenzó a circular como posible compañera de fórmula del Presidente para las elecciones de 2027, aunque esa alternativa aún no derivó en una definición política formal.

Lo más probable es que no lo sea. Márquez es vista como una de las senadoras más importantes del círculo karinista. En las próximas semanas, su nombre será postulado por el bloque de La Libertad Avanza para formar parte del Consejo de la Magistratura como enviada de la Cámara Alta. Es uno de los pocos miembros de su bloque que puede integrarlo, por ser abogada de profesión.

Además, Milei se reserva la posibilidad de que su compañero de fórmula sea un aliado partidario o alguien de confianza de su hermana, pero que no tenga múltiples responsabilidades.

Lo interesante es que a la actividad en la iglesia evangélica donde Márquez es pastora asistirá el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien el Presidente mantiene un buen vínculo. En su último viaje a la provincia, Milei lo felicitó por los avances de Vaca Muerta en su distrito. Pese a todo, esa cordialidad no se replica con los referentes distritales de La Libertad Avanza, siempre en el plano político.

Los armadores nacionales de La Libertad Avanza ya decidieron presentar a Márquez como candidata a gobernadora. “El modelo de Rolo y el nuestro son muy diferentes”, afirma una fuente de primera línea en ese armado. Las críticas que realizan desde la esfera libertaria apuntan a que el oficialismo local no llevó adelante bajas tributarias. “Parece que ellos quieren un Estado presente, nosotros no”, agregaron. Un segmento más dialoguista de la Casa Rosada no está de acuerdo con esta confrontación y consideran que debe existir un pacto de convivencia, incluso para esos comicios.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, tiene en sus manos la decisión más importante del calendario político provincial: la convocatoria a elecciones es una atribución exclusiva del Ejecutivo. La ley electoral neuquina no establece una fecha fija para los comicios provinciales, lo que deja en manos del mandatario la posibilidad de adelantar o postergar los tiempos con amplio margen de maniobra. La fecha que circula con más fuerza es el domingo 14 de febrero de 2027, aunque en los pasillos del poder provincial nadie descarta que el anuncio llegue antes de que termine noviembre de 2026.

El límite que impone la norma es procedimental: una vez que Figueroa firme el decreto de convocatoria, el juez electoral tiene la obligación de solicitar los padrones provisionales a la Justicia Nacional Electoral con al menos 90 días de anticipación. Eso significa que, si la elección fuera el 14 de febrero, el gobernador debería oficializar la convocatoria, como máximo, en noviembre. El precedente más cercano data de la última elección provincial: Omar Gutiérrez firmó la convocatoria el 3 de enero de 2023 para unos comicios que se realizaron el 16 de abril.

Karina Milei también asistirá a la ceremonia junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y legisladores nacionales de La Libertad Avanza. Milei estuvo en Neuquén como presidente en dos ocasiones. La primera fue el jueves 8 de agosto de 2024: en una visita exprés que no dejó anuncios, pisó por primera vez Vaca Muerta y fue recibido en la pista del aeropuerto por Figueroa. La segunda visita fue el lunes 19 de octubre de 2026, cuando inauguró la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 en el Espacio DUAM de la capital neuquina.

El viaje se producirá en medio de las diferencias entre la senadora Patricia Bullrich y el sector alineado con Karina Milei por la conducción política del bloque oficialista en la Cámara alta. La disputa quedó expuesta en torno a la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Ese cargo quedó vacante tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. La comisión analiza, entre otros asuntos, los pliegos de jueces y de otros funcionarios que requieren acuerdo parlamentario, por lo que su conducción tiene peso en la agenda legislativa.

Una primera versión que trascendió fue que se le había propuesto a Márquez esa comisión. Esa opción quedó descartada porque prefieren impulsarla para el Consejo de la Magistratura y consideran poco habitual que una misma persona lidere tanto el espacio que propone a los jueces como el que los aprueba.

Aun así, las intenciones de designarla sí existieron. Esto generó enojo en Bullrich, ya que considera que se trató de una imposición directa de la Casa Rosada hacia el Senado. En rigor, quien pidió su designación fue Karina Milei. “Lo que no termina de entender es que no se puede despreciar a los aliados poniendo a alguien que no tiene consenso”, explican en el entorno de la jefa de bloque.

Entre los senadores aliados surgió la posibilidad de que el radical Maximiliano Abad, actual vicepresidente de la comisión, asumiera de manera transitoria hasta la renovación de autoridades prevista para marzo próximo. Esto no cuenta con el aval del oficialismo. “Se trata de una comisión de gobierno que corresponde informalmente al oficialismo”, justifican. El sector de Bullrich tampoco descartó impulsar a un candidato propio para impedir que la presidencia quedara en manos de la Unión Cívica Radical.

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

La presencia del caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, en el Senado el miércoles 28 de octubre generó reacciones de dirigentes políticos y figuras públicas, después de que la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta defendiera su permanencia en el recinto.

El dibujante acudió con una pancarta alusiva a la primera dama Ana Lucía Pineda, hecho que motivó cuestionamientos desde distintos sectores. La llegada del dibujante al recinto incluyó un intercambio entre González y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. El congresista le gritó “bandido”, mientras el artista respondió con besos al aire.

Tras lo anterior, el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, publicó un mensaje en el que rechazó la asistencia del caricaturista al Congreso. El cabildante formuló señalamientos sobre presuntos hechos de violencia contra una expareja de González y cuestionó sus críticas a la esposa del presidente.

“Un miserable que al parecer cogía a golpes a su pareja y la violentaba y que llama ‘rata’ a la primera dama no puede ir al Congreso a posar de buen ciudadano”, escribió Amín. “Lo de ese señor Matador es totalmente repudiable. ¡Misógino!”, agregó.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también se pronunció por la situación. En su cuenta de redes sociales vinculó la llegada de “Matador” al Legislativo con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico y reprochó sus cuestionamientos hacia Pineda.

“Matador, apoyado por el Pacto Histórico, llegó al Congreso para seguir atacando a la primera dama Ana Lucía Pineda. Ya parece una psicopatía”, manifestó Dávila.

A su turno, la exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán sostuvo que el Capitolio debe mantener una posición de rechazo ante cualquier expresión que, a su juicio, pueda constituir violencia de género. La exdirigente retomó acusaciones sobre antecedentes personales del caricaturista y pidió respeto hacia la primera dama.

“¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia contra su propia esposa, @Matador000, entre al Senado a insultar a otra mujer?”, expresó Roldán. La exmandataria agregó que “el Congreso debe ser ejemplo, no escenario de misoginia”.

En el mismo mensaje, Roldán señaló que la violencia basada en género “no tiene cabida en ningún espacio” y menos en el recinto legislativo. Además, acompañó su publicación con etiquetas como “Defender a las mujeres”, “No a la violencia contra la mujer”, “Respeto a las mujeres” y “No a la misoginia”.

La exsenadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia se sumó a las críticas contra González. Valencia afirmó que el caricaturista ha dirigido expresiones ofensivas contra ella y contra Pineda, y sostuvo que esas conductas deben ser cuestionadas públicamente.

“Matador, maltratador. Me lo hizo a mí, a la primera dama Ana Lucía Pineda, y lo seguirá haciendo si no alzamos nuestra voz para exigir respeto”, escribió la dirigente. También aseguró que “en el Congreso de la República no hay espacio para misoginia disfrazada de humor”.

El integrante del Centro Democrático Hernán Cadavid reaccionó de forma breve a la polémica y pidió la salida del dibujante del Senado. “Matador fuera. En el Congreso no vamos a escuchar misóginos como usted”, publicó.

La senadora Norma Hurtado centró su pronunciamiento en los límites de la libertad de expresión. La congresista afirmó que cuestionar decisiones de funcionarios o personalidades públicas hace parte del debate democrático, aunque consideró inadmisibles los mensajes que, según su interpretación, humillen o deshumanicen a una mujer.

“Lo ocurrido hoy en el Senado es inaceptable. La libertad de expresión no puede convertirse en excusa para humillar, animalizar y atacar la dignidad de una mujer”, señaló Hurtado. La legisladora rechazó los ataques atribuidos a “Matador” contra Pineda y expresó solidaridad con la primera dama.

Hurtado añadió que la Fiscalía General de la Nación debe avanzar “con rigor” en las investigaciones que puedan estar relacionadas con el caso. “El respeto por las mujeres no tiene color político”, concluyó.

El senador Carlos Felipe Mejía respaldó la intervención de Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, quien solicitó el retiro de González durante la plenaria. “Así se le habla a ese sinvergüenza de Matador. Aplauso de pie, senador Jota Pe Hernández”, escribió.

Por último, el senador del Centro Democrático Christian Garcés se sumó a las críticas por la presencia del caricaturista Julio César González, “Matador”, en el Senado y pidió su salida del recinto.

“La misoginia no tiene cabida en el Senado. ¡Matador, fuera del recinto!”, escribió Garcés en su publicación, que acompañó con la etiqueta “Matador desdibujado”.

El episodio surgió tras la presencia del dibujante con una pancarta alusiva a la primera dama Ana Lucía Pineda. Legisladores del Centro Democrático, Salvación Nacional y otros sectores solicitaron su retiro, después de cuestionar publicaciones que consideraron ofensivas.

Zuleta sostuvo la ilustración y se ubicó frente a los uniformados. “No me toque (...) es que no me pueden sacar porque soy senadora”, dijo durante el procedimiento, según grabaciones difundidas por el senador Hernán Cadavid.

La confrontación incluyó un intercambio entre González y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. El congresista le gritó “bandido”, mientras el artista respondió con besos al aire.

Tras lo anterior, el caricaturista Matador cuestionó las reacciones que han generado sus ilustraciones sobre figuras públicas y afirmó que el debate político debería centrarse en las consecuencias sociales de decisiones oficiales.

Durante un pronunciamiento ante medios, el dibujante sostuvo que parte del Congreso ha dado mayor relevancia a una viñeta que a situaciones que, según dijo, afectan a habitantes de Pereira.

“La gente se escandaliza más por una caricatura, pero no se escandalizan por un acto que es lesivo con la población que sufre”, manifestó tras polémica por caricatura donde cuestionaba a la primera dama por las donaciones del terremoto del 10 de agosto de 2026.

González señaló que hay familias que habrían perdido a sus padres, hijos y fuentes de ingreso. También afirmó que la ciudad enfrenta una crisis laboral y educativa. “En Pereira se perdieron 60 mil puestos de empleo de la noche a la mañana; 55 mil niños están desescolarizados porque sus colegios no pueden dar clase”, declaró.

El artista rechazó las acusaciones de misoginia que han surgido por sus críticas a la primera dama. Según explicó, sus cuestionamientos no se relacionan con el género de las personas retratadas, sino con las decisiones que toman y los hechos que les atribuye.

“Cuando yo vengo, a través de una caricatura, cuestiono al poder, entonces ahí sí salen: ‘No, es que es misógino’. No, yo no la critico porque es mujer, la critico por sus actos”, expresó.

En esa misma intervención, “Matador” denunció que recibe amenazas de forma cotidiana y dijo que su esquema de protección fue reducido. El caricaturista planteó que esa situación incrementa su preocupación por eventuales riesgos contra su integridad y la de sus familiares.

“Si el día de mañana aparezco en una bolsa o me desaparecen, le pasa algo a mi familia, hago responsable al presidente del Arco de la Esperanza, a su esposa, al director de la UNP, al director del DAP, al colectivo de abogados De la Espriella Lawyers, al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, y a su esposa, María Irma Noreña”, afirmó.

González también señaló que ha recibido mensajes intimidatorios. “Amenazas de [pitido] me llegan todos los días. Es más, el esquema de seguridad me lo debilitaron”, sostuvo.

Esto fue lo que le dijo Jota Pe Hernández a Matador en el Senado

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, pidió el retiro del caricaturista Julio César González, “Matador”, de la plenaria del Senado y lanzó acusaciones en su contra durante la discusión por una pancarta sobre la primera dama Ana Lucía Pineda.

El congresista cuestionó que el dibujante tuviera la posibilidad de intervenir en el recinto. “El Congreso se respeta. Aquí defendemos a las mujeres”, afirmó ante la mesa directiva.

Hernández sostuvo que más de 25 senadores respaldaron una solicitud para que la Fiscalía investigue al activista Levy Rincón por expresiones contra Pineda. También mencionó iniciativas legislativas relacionadas con la ablación, la violencia vicaria, digital y política hacia las mujeres.

El senador acusó a González de haber ejercido violencia contra su expareja y de insultar a la primera dama. “Lo deben sacar. La Policía lo debe sacar”, insistió el legislador, quien criticó a la senadora Isabel Zuleta por respaldar al caricaturista y exhibir el cartel durante el incidente.

El cruce de expresiones de rechazo —así como de apoyo por parte de congresistas como la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, que usó una pancarta del artista—generó un epidosio de caos en el recinto legislativo.

Tan fue así, que desde el Centro Democrático se emitió un comunicado para rechazar que a “Matador” se le permitiera intervenir ante la corporación, particularmente, por sus publicaciones contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien denonimó como “ratita”.

La colectividad uribista difundió estas palabras: “El Centro Democrático rechaza categóricamente la presencia e intervención del misógino Matador en la plenaria del Senado, por sus ataques contra la primera dama, Ana Lucía Pineda”.

“El respeto a las mujeres es un principio irrenunciable”, añadió el partido en su declaración.

Jota Pe Hernández pidió que retiraran al caricaturista del recinto

El senador de la Alianza Verde fue el primero en cuestionar la presencia del caricaturista durante la sesión y pidió la intervención de la Policía para que el hombre saliera de la plenaria. También lanzó acusaciones contra el caricaturista relacionadas con presunta violencia contra su expareja, señalamientos que presentó durante su intervención.

“No puedo creer que los congresistas vayan a permitir que aquí hable este sujeto que se apoda Matador, que violentaba a su esposa, la agarraba a golpes y que hoy llama rata a la primera dama de la nación, la doctora Ana Lucía Pineda”.

“No vamos a permitir eso, el Congreso se respeta. Aquí defendemos a las mujeres”, agregó.

El senador también alegó que el dibujante se apareció con un cartel con la imagen de la primera dama en la sede legislativa, y algunas congresistas del Pacto Histórico, como Isabel Zuleta, respaldaron la escena.

“Aquí hemos hecho leyes para defender a las mujeres en contra de la ablación, de la violencia vicaria, de la violencia digital y política contra la mujer. Yo no voy a permitir que esta vergüenza venga aquí con carteles a humillar a las mujeres. Se va a enfrentar a la policía. En este momento estamos solicitando que salga de la plenaria, que la policía retire la plenaria a este sujeto despreciable y que hoy trae aquí un cartel al Senado donde dibuja a la primera dama como una rata. Es un violento y está siendo defendido por las senadoras del Partido Histórico. ¡Fuera, fuera, violento!”, dijo.

El senador Jota Pe Hernández aseguró que ‘Matador’ salió del recinto del Senado

Tras el altercado, Jota Pe Hernández publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Matador fue retirado del recinto.

“Expulsamos a Matador del Senado. No permitiremos que un violento que golpeaba a su mujer y que hoy calumnia e insulta a la primera dama tenga atril y voz en el Congreso”, escribió el parlamentario.

En el mismo mensaje, Hernández reiteró su cuestionamiento contra la senadora Zuleta:

“Lo más insólito que va a ver Colombia es que Isabel Zuleta, mientras hablaba, levantaba ese cartel, como ustedes lo están viendo en las imágenes, ella violentando también con ese cartel a una mujer. Ustedes no defienden a las mujeres, a las mujeres las cogía el presidente para acostarse con ellas y cambiarles por contratos esas acostadas, y ustedes no han dicho ni una palabra”, dijo.

A la protesta de Hernández se sumaron senadores como Sara Castellanos, que puntualizó que el Pacto Histórico estaba “dándole voz a un maltratador, un misógino y agresor, mientras se autoproclaman defensores de las mujeres. ¡La incoherencia en su máxima expresión!”.

El dibujante acudió al Congreso con una pancarta gráfica sobre la primera dama Ana Lucía Pineda, en medio de su controversia con la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. El hecho provocó el rechazo de congresistas de varias bancadas.

El artista asistió como invitado de la bancada del Pacto Histórico, cuyos integrantes buscaban concederle el uso de la palabra desde el atril principal para que expusiera sus cuestionamientos sobre la gestión gubernamental. González los ha planteado desde que llamó “ratita” a la primera dama, en referencia a las donaciones que recibió su fundación para ayudar a la comunidad pereirana tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La iniciativa fue objetada por senadores del Centro Democrático, Salvación Nacional y otros sectores afines al Gobierno nacional, quienes exigieron la salida inmediata del recinto del dibujante debido a los señalamientos por mensajes considerados desobligantes hacia la primera dama en redes sociales.

Isabel Zulelta ‘saltó’ en defensa del caricaturista

Ante la negativa del sector opositor a desalojar el espacio, la mesa directiva y varios legisladores solicitaron el ingreso de miembros de la Policía Nacional para gestionar el retiro del invitado. En ese instante, la congresista Zuleta se interpuso físicamente entre los uniformados y el caricaturista para bloquear la orden de desalojo; en algunos momentos sostenía en sus manos la ilustración que “Matador” llevó al Capitolio.

La actuación de la senadora desató reclamos de sus colegas de corporación, quienes calificaron la escena como un quebrantamiento del orden institucional en el legislativo, además de un irrespeto.

Durante la retirada del caricaturista escoltado por personal de seguridad, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, confrontó de manera verbal a “Matador” gritándole el término “bandido”, a lo que el dibujante respondió lanzando besos al aire con sus manos, lo que calentó cada vez más la situación.

De hecho, Hernán Cadavid difundió grabaciones en las que se aprecia a los uniformados pidiendo la salida voluntaria al caricaturista y allí se veía cómo Isabel Zuleta se ubicaba al frente para impedir el procedimiento policial; allí ella alegaba: “no me toque (...) es que no me pueden sacar porque soy senadora”.

Isabel Zuleta no solo defendió a ‘Matador’ en el Senado, también en redes sociales

Tras el altercado, la legisladora del Pacto Histórico publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de la red social X para justificar su respaldo y advertir sobre supuestos hechos de censura estatal.

“La censura y el autoritarismo están llegando al Senado. En plenaria, los senadores de derecha, entre ellos Jota Pe Hernández, intentaron intimidar y maltratar al caricaturista Matador por exhibir un cartel que denuncia irregularidades de la primera dama en el manejo de la tragedia del terremoto”, escribió la senadora.

Zuleta agregó en su mensaje que los órganos legislativos deben admitir los reparos de la ciudadanía frente a la administración pública: “Es gravísimo que se pretenda silenciar la crítica mediante la intimidación y el uso de la fuerza contra un ciudadano en el Congreso. A esto se suman las denuncias de persecución laboral contra su esposa”.

“El presidente ilegítimo no manda en el Senado. La libertad de expresión no se somete al poder ni se silencia con amenazas. De inmediato trabajaremos en un debate de control político sobre la censura a la prensa, represalias por el ejercicio de la crítica al poder Ejecutivo y violaciones a la libertad de expresión en Colombia”, escribió para referirse a Abelardo de la Espriella.

Zuleta señaló en su post al referirse a la caricatura de la discordia, la cual ella compartió en una foto sosteniendo desde el atril del Senado: “Este es el cartel que han querido censurar. Les pido que lo compartan. La censura no puede imponerse sobre el derecho a denunciar. ¿En dónde está la plata de los damnificados?”.

El pleno del Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL de Estados Unidos. Participarán en un programa de adiestramiento con personal de la Armada de México. De acuerdo con lo publicado por la reportera Leti Robles de la Rosa, la votación fue de 80 votos a favor y 5 en contra.

¿En qué consiste el adiestramiento?

La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante la Secretaría de Gobernación. Se turnó a la Comisión de Marina el 26 de octubre, según informó el Senado. El programa se denomina Evento No. SOF 19 “Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES”, en referencia a la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada mexicana.

Los puntos centrales del oficio son:

• Periodo: del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.
• Sedes: el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y el Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.
• Personal a capacitar: 87 integrantes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval.

Llegada con armamento y equipo táctico

De acuerdo con el boletín del Senado, los integrantes del Equipo 4 ingresarán a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con equipo táctico, municiones y armamento orgánico. El arribo se prevé en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

Seis fases de entrenamiento

El programa contempla seis fases. La primera se realizará del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en Puerto Cortés, Isla Margarita. Según Infobae, el contingente permanecería vinculado al programa hasta abril de 2027, con una pausa durante el periodo vacacional de diciembre y enero.

La autorización del Senado

La entrada de personal militar extranjero al país requiere el aval del Senado. Esto se debe a que se trata del ingreso de tropas de otro país a territorio mexicano.

Antecedentes en 2026

Esta no es la primera autorización de este tipo en el año:

• En febrero, el pleno aprobó el ingreso de 19 elementos del Equipo SEAL 2, con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención. Su adiestramiento se desarrolló en Campeche.
• En julio, el Senado autorizó la entrada de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL. Las actividades incluyeron una fase de paracaidismo en Donato Guerra, Estado de México.

¿Qué son los Navy SEAL?

Los Navy SEAL son una fuerza de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, preparada para misiones de alto riesgo en el mar, el aire y la tierra.

El Senado de la República eliminó de su portal de internet la información administrativa correspondiente al periodo 2014-2024, lo que incluye datos sobre el uso de 10 mil 200 millones de pesos de su ejercicio presupuestal, denunció la organización Artículo 19 México y Centroamérica.

En un comunicado, el colectivo indicó que en su lugar, la Cámara Álta colocó un aviso que remite a los usuarios a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para realizar cualquier búsqueda.

No obstante, Artículo 19 exige sanciones contra el Senado por esta decisión, la cual calificó como un acto contrario a la ley. ¿Qué ocurrió?

Senado justifica la eliminación

El Senado argumentó que la medida responde al cumplimiento del artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, la organización explicó que dicho artículo no establece que los portales de transparencia deban eliminar la información resguardada y transferirla al Portal de Transparencia.

El texto legal, según Artículo 19, indica que todo portal debe incluir, además de la información ya conservada, un vínculo de acceso directo a la PNT y un buscador.

Indicó que la norma señala que “la página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio [PNT] donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador”.

La PNT no tiene la función de reemplazar los portales de transparencia gubernamentales. Mientras la plataforma nacional es el medio donde la ciudadanía presenta solicitudes de información, impugnaciones y realiza búsquedas de datos públicos, el portal institucional es el espacio donde cada dependencia debe mantener actualizada toda la información que gestiona.

Eliminación de datos incumple obligación legal, acusa Artículo 19

Al borrar la información de 2014 a 2024, el Senado incumple su obligación legal de garantizar el acceso a datos públicos y de promover su máxima publicidad. La ley exige que la información publicada en los portales sea “veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable”.

Los datos eliminados cumplían con esos criterios y debían permanecer disponibles para consulta ciudadana. Artículo 19 sostuvo que la antigüedad de la información no condiciona su utilidad pública ni justifica su retiro.

Los Lineamientos Técnicos de la Actualización y Conservación de la Información, establecidos por Transparencia para el Pueblo, obligan a las autoridades a actualizar cada tres meses los datos de sus portales.

Entre la información que debe difundirse se encuentra la remuneración bruta y neta de todas las personas servidoras públicas, así como los programas, subsidios, estímulos y apoyos otorgados por la institución.

Estos datos deben conservarse, como mínimo, durante el ejercicio presupuestal en curso y los dos ejercicios anteriores.

En caso de contener información reservada o confidencial, la autoridad debe elaborar una versión pública con las partes clasificadas señaladas de forma genérica, fundada y motivada, sin eliminar el documento completo.

Senado tampoco publicó información de 2025 y 2026

Artículo 19 acusó que además de eliminar la década anterior, el Senado incumplió con la publicación de información correspondiente al periodo fiscal 2025-2026, por lo que su portal carecía de datos desglosados sobre contratos de licitaciones públicas, compras e inversiones, así como recursos entregados a las bancadas parlamentarias.

Tampoco se encontraban disponibles las nóminas completas ni el gasto mensual en salarios, materiales y servicios.

La falta de actualización constante impide realizar análisis comparativos, conocer cambios en la gestión administrativa e identificar tendencias en el manejo de recursos.

Indicó que este caso se suma a otras prácticas de opacidad documentadas recientemente en el Estado mexicano, entre ellas filtraciones derivadas de solicitudes de información, ausencia de autoridades en la PNT y un aumento en solicitudes desatendidas o incompletas.

La organización atribuyó este fenómeno a reformas de simplificación orgánica, de transparencia y del poder judicial que eliminaron al órgano garante autónomo del derecho de acceso a la información.

Antes de la reforma de 2025, cualquier queja ciudadana por incumplimiento en materia de transparencia se dirigía al INAI, organismo autónomo e independiente de la administración pública.

Artículo 19 afirmó que esa independencia era esencial para generar contrapesos frente a las arbitrariedades de instituciones y servidores públicos. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública establece que la autonomía del órgano garante es necesaria para el pleno ejercicio de sus funciones, mientras que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala que “es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública”.

Comentó que con el esquema actual, las autoridades garantes forman parte del propio gobierno. En el caso de la eliminación de datos del Senado, cualquier denuncia ciudadana sobre este hecho será remitida a la autoridad garante del propio Senado.

Exige sanciones y medidas de apremio contra el Senado

Artículo 19 exige que Transparencia para el Pueblo imponga las medidas de apremio y sanciones correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la ley.

La organización plantea que la información pública no puede eliminarse bajo el argumento de su antigüedad, pues la temporalidad de los datos no condiciona su publicación ni su consulta.

“Por supuesto que resta. No veo lugar donde eso sume”, precisó ante Infobae en estricta reserva una fuente que transita a diario Casa Rosada. La valoración remite a las definiciones del presidente Javier Milei, quien durante su visita a Neuquén a principios de semana volvió a relativizar las dificultades de los sectores de la sociedad que no llegan a fin de mes. La polémica suma un nuevo frente de preocupación para un Gobierno que busca ordenarse rumbo a las elecciones de 2027.

Aferrado a la literalidad de su planteo, el mandatario insistió en preguntarse cómo hace la gente para “comer y beber” los 10 días que restan del mes, mientras el ala política intenta resolver sus diferencias internas para sellar los acuerdos necesarios con los gobernadores aliados. Además de intentar sentar las bases para un nuevo mandato en 2027, objetivo central de los libertarios, el Poder Ejecutivo busca avanzar en la agenda legislativa trazada.

La decisión de Milei de confrontar con lo que definió como “una pelotudez del tamaño de una casa”, en referencia a los planteos sobre las dificultades de las familias para cubrir sus gastos hasta fin de mes, parece empantanar la labor de los propios funcionarios. A eso se suman sus recientes cruces con periodistas españoles por la situación económica, que también colocan a la administración libertaria en una posición incómoda.

“Sus posiciones muy extremas como la de España nos complican porque nos pone en una situación muy border”, confesó un integrante del Gabinete. “Es una mala idea, pero es un Presidente que nunca recula. Si está pensado comunicacionalmente es extraño y nos puede meter en un quilombo grande porque el bolsillo no deja de ser el órgano más sensible”, coincidió un legislador libertario, que parafraseó a Perón. El dirigente aclaró que detrás de esa confrontación se esconde una ofensiva del Presidente contra los medios de comunicación y la oposición.

Pese a que hay coincidencia en que la formulación no fue la adecuada, al menos desde lo comunicacional, quienes lo justifican aseguran, irónicamente, que no hay que tomar su expresión de manera literal. “No fue literal, quiso cuestionar el eslogan que quiere instalar la oposición. La forma supone un riesgo, sí, pero es un presidente que estila tomarlos”, intentó explicar un funcionario.

Fiel a su olfato político, la senadora Patricia Bullrich se anticipó con un planteo que apuntó a correr el foco del periodismo y reubicarlo en las respuestas que el Gobierno debe dar a la sociedad. “Tenemos que definir a quién le hablamos. ¿Comentamos lo que dice el periodismo o salteamos todo y vamos a la gente? Tenemos que dejar eso e ir a la gente donde encotramos los problemas reales. Tenemos que atender al ciudadano y mediar lo menos posible”, expresó Bullrich en una entrevista en Infobae En Vivo.

Desde su entorno aseguran que la legisladora, que volvió a sorprender el pasado viernes con un sugestivo video en clave electoral, intentó abordar el tema desde una perspectiva más cercana a los problemas cotidianos y mostrarse “comprensiva” con la realidad de una parte de la sociedad. Con ese desmarque, Bullrich busca contener dentro del oficialismo a quienes toman distancia de las expresiones del mandatario y evitar que el malestar se traduzca en un alejamiento del espacio.

Tanto la reacción de Milei como el contrapunto de la senadora se producen en un contexto en el que las principales demandas de la sociedad continúan siendo económicas, según distintas mediciones.

Un informe realizado por la consultora Zentrix indicó que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes y que la proporción asciende al 72% entre los menores de 40 años y al 83,3% en la clase baja. El endeudamiento es otra señal de las dificultades para llegar al final del mes: el 56,2% tomó deuda en los últimos seis meses. A la par, el 81,8% de los consultados siente que su salario no le gana a la inflación.

En otro indicador del endeudamiento de los hogares, un informe del Banco Central reflejó que la mora de las familias registró una leve baja en agosto y se ubicó en el 12,81%, lo que representó un descenso de 0,13 puntos porcentuales respecto de julio. La evolución fue dispar: cayó la morosidad de las tarjetas de crédito, pero los préstamos personales y, en menor medida, los prendarios mostraron leves subas.

Las expectativas económicas a futuro tampoco muestran señales de mejora. La encuesta mensual que elaboran AtlasIntel y Bloomberg refleja que, en septiembre, el 55% de los encuestados respondió que considera que la situación económica empeorará en los próximos seis meses, el 31% prevé una mejora y el 14% cree que permanecerá igual.

El contraste entre sus dichos y los datos económicos obligó al presidente libertario a aclarar su postura y a reconocer que los indicadores de pobreza e indigencia arrojan cifras complejas. “No es que no entendemos el problema de que las personas estén teniendo postergaciones, está reflejado en el treinta y dos por ciento de pobreza. La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia a su regreso de España.

La formal incomodidad de los aliados

La preocupación interna es compartida por los aliados, que reconocen malestar ante determinadas expresiones, aunque eso —al menos por ahora— no se traduce en una quita de apoyos al rumbo del Gobierno.

“Los dichos caen muy mal y a nosotros nos deja en una posición incómoda. Nunca nos pudimos separar porque nuestro electorado no lo permitía, pero ahora se retiran por estas cosas y nos dejan pegados”, explicó un legislador de un espacio aliado.

El malestar también se hizo oír entre los representantes de las provincias. “Nadie entiende esas declaraciones o por qué dice lo que dice. En las provincias las cosas no andan bien. Pero bueno, hay que concentrarse para que el Congreso funcione sacando las leyes”, plantearon ante este medio desde el entorno de un gobernador del norte.

Tampoco fue casual la advertencia del salteño Gustavo Sáenz, quien esta semana estuvo en Buenos Aires y pidió acelerar la “reactivación del consumo”. “Cuando el Presidente se enoja y toma literalmente lo del día 20, que la gente no llega al día 20, por supuesto se enoja y en su forma lo toma muy literal. Lo que estamos diciendo es que claramente la gente no está bien, que la gente no la está pasando bien”, sentenció el gobernador en una entrevista a TN.

Sin embargo, en Casa Rosada le bajan el precio a la posibilidad de que las diferencias impacten en el vínculo con los aliados y confían en que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizará, en coordinación con Karina Milei, los canales de diálogo con los gobernadores. En paralelo, el Congreso aún debe tratar la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas clave.

“A los políticos no les importa la gente”, argumentó una fuente con acceso al despacho presidencial. “Los aliados no se tienen que hacer cargo necesariamente de lo que dice el Presidente. Solo defender el modelo y apoyar las reformas”, sumó un funcionario.

Una muestra del estado de las conversaciones quedó plasmada durante la última sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo logró anotarse victorias pírricas luego de verse obligado a modificar algunos proyectos para avanzar en su aprobación. Las gestiones se dieron con el Presidente afuera del país, en Madrid, abocado a apuntalar la campaña electoral de la derecha española. Una escena que se repitió en las últimas semanas desde distintos puntos de mundo.

Tras la media sanción en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorporó las restricciones a la compra de tierras impulsadas originalmente por el kirchnerismo, los libertarios avanzaron además con una nueva Ley de Discapacidad, pese a las quejas del Ministerio de Economía, y lograron bloquear las propuestas opositoras en torno al tema de morosidad.

¿Pragmatismo o entreguismo?

Como todo, el avance en la agenda legislativa da lugar a una serie de lecturas internas respecto a la posición de La Libertad Avanza en el Congreso. Por un lado, están los que destacan el pragmatismo y la muñeca política que se jactan de haber adquirido en el último tiempo como una vía para cumplir con los objetivos.

“Hay momentos en los que sabemos que hace falta negociar. Estamos ante un cambio de estilo. Hay tiempo para todo”, expresó un funcionario que responde a este grupo. Entre quienes se muestran abiertos a consensuar con los aliados están Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

En Balcarce 50 destacan que la experiencia negociadora de Diego Santilli refleja el músculo político que logró construir la administración libertaria. En contraposición, sostienen que, pese a la vocación dialoguista de Guillermo Francos cuando ocupaba la Jefatura de Gabinete, el contexto político no era el mismo.

No obstante, esta postura encuentra resistencia entre los Caputo, que cuestionan algunas concesiones porque consideran que desvirtúan las iniciativas. Distanciado de las definiciones políticas que estila a delegar en su hermana, Javier Milei evita tomar postura e influir en las decisiones de la mesa política.

La discusión excede la táctica parlamentaria. Mientras algunos defienden la negociación como una herramienta para sostener la agenda legislativa, otros advierten sobre las consecuencias que las concesiones podrían tener para los proyectos. En medio de esas diferencias, el ala política también debe lidiar con un escenario económico complejo, una serie de definiciones pendientes y los traspiés del mandatario, que profundizan las dificultades en la relación con los aliados.

Hace meses que Patricia Bullrich viene publicando videos que tienen un propósito comunicacional pensado hasta el más mínimo detalle, tanto por el momento en el que se lanza como por los elementos que se muestran y los que no. Ayer por la tarde reunió a cinco dirigentes de su círculo más chico en el Senado y decidió proceder con una nueva jugada. En ese instante difundió en redes una foto suya con el texto “se vienen cositas”. Ese anuncio no tardó en concretarse: este viernes por la mañana publicó un sugerente video que volvió a poner interrogantes sobre su futuro político.

El video de 28 segundos juega con diferentes tomas. Un plano aéreo del Palacio del Congreso, un paneo del recinto del Senado, la banca en la que se sienta, la silla de la Presidencia de la Cámara (ocupada por el Vicepresidente de la Nación) y, hacia el final, solo aparece la mismísima Bullrich. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”, figura como descripción del video.

“Hasta ahí pensaba que era otro de los videos que suele hacer, aunque me pareció que faltaba algo”, reconoció un importante legislador de La Libertad Avanza, que se enteró más tarde que la clave de todo ese montaje estaba en la música de fondo, la versión instrumental de “Es un secreto”, el clásico de reggaetón del dúo puertorriqueño Plan B. Muchos de quienes se enteraron por las redes de la existencia de esa canción, terminaron sacándose el sombrero por la elección.

La alusión al dúo Plan B remite a lo que sucedía en los albores de la administración de Mauricio Macri, cuando su popularidad se desdibujaba al calor de la crisis económica y había integrantes del PRO que impulsaban un Plan V, en referencia a una eventual candidatura de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Esto no quiere decir que haya una correlación con el panorama político-económico actual, pero la elección es sugerente.

Quienes están cerca de Javier Milei afirman que no hay un panorama similar y que la nueva movida comunicacional de la senadora configura “otra de muchas”. “Me parece que está muy bien, está en línea con lo que viene expresando con algunos gestos particulares”, agrega otro funcionario. Al igual que en los casos anteriores, la Casa Rosada eligió no recoger el guante.

Esta saga de videos comenzó en febrero cuando celebró la media sanción de la reforma laboral con un clip musicalizado con “Vogue”, de Madonna. En junio recurrió a “Se dice de mí”, de Tita Merello, en la versión de La Joaqui, tras diferenciarse de Milei por el pliego de una jueza federal. En septiembre sacudió los despachos de la Casa Rosada con “No me importa”, de Lali Espósito, luego de denunciar que el Gobierno le había ocultado cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

¿Cuál fue el sentido comunicacional de este nuevo video? Los estrategas de la senadora reconocen que el posteo especulativo de ayer tuvo la intención de poner el foco sobre la siguiente acción que iban a realizar. “Transmite el rol que tiene Patricia, su trabajo en el Senado y que es una dirigente que se planta”, explican. Bullrich también modificó su foto de perfil esta mañana. Se la ve con el mismo look que en el video. Su descripción de usuario solo dice “Senadora Nacional por CABA”. Ninguna alusión a La Libertad Avanza.

También afirman que hay un sentido político más determinante. En cierta manera, afirman, es un lanzamiento a un cargo que todavía no está decidido. “Ella dice que va a estar en el lugar donde la gente le diga”, sugieren. No niegan que pueda ser la Presidencia, la Vicepresidencia o su vigencia en el Senado. Agregan que habrá una pausa y que no se publicarán nuevos videos por el momento. “Tal vez otro antes de que termine el año”, convalidaba, en tono socarrón, una figura de su entorno.

En el bullrichismo están muy atentos a los vientos que soplan de distintas latitudes, y su principal líder afirmó en múltiples oportunidades que no dio de baja su intención de competir para la Presidencia. Los oficialistas que creen que lo puede hacer afirman que la condición indispensable es que Milei se deteriore de una manera rotunda en los sondeos. “No existe lanzarse si no hay agua en la pileta”, afirma un estratega.

El clip, sin una sola palabra de la senadora de La Libertad Avanza, se difundió apenas un día después de su paso por el programa Infobae a las 9, donde la exministra de Seguridad dejó una de las frases más comentadas de la jornada: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”.

Quienes la acompañan de manera casi diaria afirman que “no se va a presentar como candidata a Presidenta solo porque se lo pidan cuatro gobernadores o dos empresarios importantes”. Para ese entorno resulta indispensable que exista un correlato con las encuestas y el momento político. En las entrevistas que brindó en las últimas semanas se mostró en favor de que reelija “el modelo”, sin hacer mención puntual de Milei. Si su presentación no tiene un sentido político y facilita abiertamente las posibilidades de una vuelta del peronismo, no habrá atisbo para moverse.

La canción del dúo liderado por Chencho Corleone y Maldy -con temas conocidos como Candy, Fanática Sensual, Choca y Mi Vecinita- abre con la frase “será cuestión de tiempo... De un lugar, de un momento...” y continúa con “conozco tu debilidad”. Más de un perspicaz dirigente del oficialismo afirma que esa última parte es una alusión indirecta a la incertidumbre económica actual, evidenciada en la suba del Riesgo País a niveles superiores a los 700 puntos básicos.

Los detractores de la senadora nacional basan sus críticas en que, justamente, ese momento político para lanzarse “no existe ni va a existir”. Así, consideran que Bullrich genera especulación e incertidumbre política con una eventual candidatura cuando “en realidad lo que está haciendo es negociar poder para posicionarse como compañera de fórmula de Javier Milei para 2027 y buscar lugares en las listas para incrementar poder”.

Los usuarios libertarios interpretaron el posteo de manera diferente, según el caso. Algunos la insultaron por considerar que estaba mellando políticamente al Gobierno. Eso no movió el avispero bullrichista. “Nosotros venimos de la batalla naval con Larreta que nos mandaba todos los trolls a putearnos. No nos importa”, redoblan. Los coordinadores de la comunicación digital son Carlos Cortés y Lucas Palatnik. También asesoran la publicista Federica Suárez Santiago, la productora Silvia Peschiera, el especialista en comunicación, Eduardo Pino, y la prensera Melina Cicero. En materia política, son clave en su armado el diputado Damián Arabia, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, el asesor parlamentario Christian Larsen y el intendente en uso de licencia Diego Valenzuela, entre otros.

Durante el diálogo que se produjo ayer con Infobae, la legisladora esquivó cualquier compromiso formal con una futura candidatura y repitió que las postulaciones deben resolverse más cerca de los comicios. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente lo sienta”, planteó, en alusión a la necesidad de que la recuperación económica se traduzca en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La postura de Bullrich se enmarca en un debate más amplio dentro de La Libertad Avanza sobre el armado electoral para 2027. En esa línea, reivindicó el electorado que la acompañó en la interna de Juntos por el Cambio y que luego respaldó a Milei en el balotaje de 2023.

Por ese motivo, dos senadores de La Libertad Avanza que fueron contactados por este medio opinaron que la jefa de bloque comenzó a adoptar una postura conciliadora con los espacios aliados: “Su relación con los radicales y del PRO está fuertísima. Las especulaciones de que quiere sacar las PASO son lisa y llanamente falsas. Si quisiera, ella podría romper puentes poniendo otros proyectos en discusión, pero hace todo lo contrario, nos pide que consideremos las iniciativas que impulsa parte de la oposición para poder conciliar”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la solicitud de un grupo de senadores para acceder al salón de protocolo del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), un espacio reservado para diplomáticos extranjeros, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada en su conferencia mañanera de hoy sobre la petición de los senadores, que derivó de una queja por el cambio de reglas para el uso de las salas Premium de Aeroméxico, la mandataria reiteró su llamado a que los legisladores tengan “cero privilegios” y mantengan una relación directa con la ciudadanía.

“No, pues claro que no. Cero privilegios. No, que no se nos olvide nunca de dónde venimos. Todos venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”.

“No puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio. Hay que sentarse con todos. ¿Cuál es el problema? Todos somos iguales. Por eso luchamos siempre”, puntualizó.

Posteriomente, informó que el canciller Roberto Velasco confirmó que la SRE recibió la solicitud, pero fue rechazada.

“El canciller Roberto Velasco informa. Confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la respuesta de la Cancillería fue negativa. Ya, dijo la información”, dijo.

Presidente del Senado niega acuerdo de la Mesa Directiva

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aclaró que no existe ningún acuerdo de la Mesa Directiva para solicitar al secretario de Relaciones Exteriores alguna atención especial que diera facilidades a los legisladores dentro del AICM.

Afirmó que jamás instruyó al secretario técnico para dirigir ese oficio a la Cancillería, porque no es su función.

Martínez Miranda informó que la Mesa Directiva, en su próxima reunión, tomará decisiones respecto a este “garrafal error”, que subrayó nada tiene que ver con los 128 senadores y senadoras que integran los grupos parlamentarios.

“Ni se acordó en la Mesa Directiva que se pidiera eso al secretario de Relaciones Exteriores”, afirmó.

El legislador explicó que el asunto se comentó en una reunión de la Mesa Directiva por parte de una o dos senadores que no forman parte de Morena, quienes señalaron que existe una sala de protocolo que, en ocasiones, da servicio no solo a legisladores, sino a integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, fundamentalmente por razones de salud.

Reiteró que el asunto se trató solamente entre los 12 integrantes de la Mesa Directiva, por lo que el resto de la Cámara no tiene relación con el tema. Reconoció que el secretario técnico se asignó una atribución que no le corresponde al dirigir un oficio al secretario de Relaciones Exteriores.

Martínez señaló que Sibaja González aceptó que no tiene facultades para dirigirse a un secretario de Estado.

“Es un error garrafal”, insistió el presidente del Senado, quien resaltó que no se planteó ninguna atención especial para las y los senadores.

“Veremos más adelante qué se hace ante estos errores”, añadió.

Expresó que un secretario de Relaciones Exteriores no tiene por qué dar respuesta a una solicitud hecha por un funcionario como el secretario técnico.

“Primero tendrían que consultar a la Mesa Directiva si esa información era correcta”, puntualizó.

Monreal habló con medios en San Lázaro, donde dijo no tener información sobre las supuestas indagatorias. Señaló que son asuntos de competencia del Ministerio Público y la Fiscalía.

“Ciudadanos que no han cometido ningún delito”

Al ser cuestionado por el tema, el legislador sostuvo que conoce desde hace años a Nieto y a su esposa. Los describió como personas correctas y los consideró “ciudadanos que no han cometido ningún delito hasta que se demuestre lo contrario”.

Monreal vinculó los señalamientos con el contexto electoral. Afirmó que Nieto crece en las encuestas como representante de Morena y está “muy parejo con el PAN en Querétaro”. Según su lectura, eso provoca golpes y descalificaciones.

Advirtió que no será el único caso. Dijo que habrá “muchos golpes” contra quienes hoy encabezan las coordinaciones de Morena en los 17 estados con elecciones en 2027, y después contra diputados y presidentes municipales.

Ante la pregunta de si podría retirarse la candidatura a Nieto en caso de comprobarse algo, tras la investigación de probidad a los aspirantes, Monreal respondió: “Yo no creo eso, para mí es guerra sucia”.

¿Qué se publicó sobre Nieto?

El origen del tema es una columna del periodista Miguel Badillo en Contralínea, publicada el 19 de octubre. Según el texto, la UIF y el SAT investigan a Nieto, actual coordinador estatal de Morena en Querétaro. Badillo escribió que se habrían detectado inconsistencias y que, con esos expedientes, podría ser removido de la coordinación.

El diario El Independiente publicó una nota similar. Menciona que la indagatoria incluiría una red de empresas presuntamente de fachada. Entre ellas destaca Entra Consulting México, operada por Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Nieto. Sergio es hermano de Carla Humphrey, consejera del INE y esposa de Nieto. Ella es la “Karla” que menciona la transcripción.

Ninguna autoridad ha confirmado estas investigaciones. La información proviene de reportes periodísticos.

La respuesta de Nieto y de Morena

Nieto rechazó los señalamientos en una rueda de prensa en Querétaro. Dijo que las investigaciones realizadas en su contra concluyeron sin acreditar responsabilidades penales ni administrativas. Mostró resoluciones de no acción penal y atribuyó los cuestionamientos a una campaña de desprestigio de quienes buscan frenar a la Cuarta Transformación en el estado.

La delegada nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Querétaro, Karla Valeria Gómez Blancas, informó el 21 de octubre que el partido ratifica a Nieto como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación. Descartó que se evalúe un cambio.

Explicó que Nieto pasó por un protocolo de transparencia de la Comisión Electoral del partido. Según la dirigente, fue designado el 26 de agosto y avalado después por el Consejo Nacional.

Un historial que vuelve a la conversación

La polémica revive episodios previos. Nieto encabezó la FEPADE y después la UIF, desde donde impulsó casos de alto perfil. Salió de la UIF en 2021, tras la controversia por su boda en Guatemala. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó de “escandalosa”. Ese año se presentó además una denuncia anónima por presunto enriquecimiento ilícito.

Nieto sostiene que esas carpetas se cerraron sin consecuencias penales. Su nombramiento en Querétaro fue anunciado por la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel. Se interpreta como un paso hacia la candidatura de 2027 en un estado gobernado por el PAN.

El proceso de Morena rumbo a 2027

El caso se da en plena definición de coordinadores estatales de Morena. Estas figuras funcionan como referentes para las elecciones del próximo año. El partido ha dicho que aplica filtros de honestidad y revisión de perfiles antes de definir candidaturas.

En ese contexto, Monreal ofreció un respaldo político a Nieto, pero dejó la verificación de los hechos a las autoridades. No descartó que, con el arranque de las campañas, aumenten los ataques contra los aspirantes del partido.

Lo que se sabe y lo que falta

• Confirmado: Monreal defendió a Nieto y lo calificó de ciudadano sin delito probado. Morena lo ratificó como coordinador en Querétaro.
• Reportado, no confirmado oficialmente: investigaciones de la UIF y el SAT contra Nieto, su esposa y empresas ligadas a su cuñado.
• Postura de Nieto: niega responsabilidad y afirma que sus expedientes previos se cerraron sin acción penal.
• Pendiente: que la UIF, el SAT o la FGR se pronuncien sobre la existencia o el estado de cualquier indagatoria.

Senadores de distintas bancadas pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acceso al Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un espacio destinado a diplomáticos extranjeros.

La petición se dio en medio de la polémica por los privilegios de los legisladores en los aeropuertos, luego de que la senadora de Morena Martha Lucía Mícher cuestionara las nuevas restricciones de Aeroméxico para el ingreso a sus salas premier.

Las “facilidades” que pedían los senadores

La senadora del PRI, Claudia Anaya, fue quien reveló en sus redes sociales el documento en donde se hacía la petición. “Los legisladores de Morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos. Ahora piden las salas de protocolo exclusivas para diplomáticos”, escribió.

El oficio, fechado el 5 de octubre de 2026 y con número de referencia LXVI/ST/261/2026, estuvo dirigido al canciller Roberto Velasco Álvarez. Lo firmó el secretario técnico de la Mesa Directiva, Daniel Andrés Sibaja González.

El texto argumentó que las y los legisladores requerían realizar traslados aéreos con motivo de las sesiones en el Senado. La petición buscó “facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias”.

Entre los legisladores que aparecieron en copia del oficio hubo integrantes de distintas bancadas: Verónica Noemí Camino Farjat, María Marivel Solís Barrera, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Claudia Tello Espinosa, de Morena; José Carlos Ramírez Marín y Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Lizeth Sánchez García, del PT; Mauricio Vila Dosal y Gina Gerardina Campuzano, del PAN, y Claudia Anaya Mota y Néstor Camarillo Medina, del PRI.

Anaya aclaró que, pese a formar parte de la Mesa Directiva, ella no solicitó el beneficio. “Y de una vez aclaro que aunque yo soy parte de la mesa directiva; yo no pedí nada, ellos mandan”, apuntó en la misma publicación.

Trascendió que la Cancillería rechazó la petición

Después de que el documento se viralizara, la periodista Leti Robles de la Rosa aseguró que la SRE y las autoridades del AICM respondieron de forma negativa a la petición de la Mesa Directiva.

“EXTRA Estoy en condiciones de informarles que la Cancillería y las autoridades del AICM respondieron NO a la petición de la Mesa Directiva del @senadomexicano El acuerdo en la Mesa existió. El escrito es auténtico, como constata la senadora @ClaudiAnaya, pero no les resultó”, se lee en un tuit.

La disputa surgió tras el reclamo de Mícher contra Aeroméxico

La petición al canciller se dio en medio de la polémica de la senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, quien cuestionó las nuevas políticas de Aeroméxico para el uso de sus salas premier. En un mensaje publicado un viernes por la noche, Mícher señaló que la clientela frecuente ya no puede utilizar esos espacios salvo en vuelos internacionales o con tarjeta American Express.

“Ahora sí se pasaron en Aeroméxico”, escribió la senadora, quien agregó que la aerolínea no tuvo “la cortesía de avisar” sobre el cambio y que el acceso implicó subir y bajar escaleras sin elevadores disponibles.

El mensaje acumuló más de un millón de visualizaciones y 4,000 comentarios. La mayoría señaló la contradicción entre el reclamo y el discurso de austeridad republicana de la Cuarta Transformación.

Mícher explicó después, en un foro en el Senado, que su enojo se debió a que vio a una mujer con una manga de linfedema subir y bajar escaleras sin apoyo del personal de la aerolínea. “Me conmoví muchísimo... me enojé tanto de lo que estaba pasando, que abrí la boca. Y así me fue”, dijo.

Los cambios en las salas premier no eran recientes. Aeroméxico había anunciado la medida desde agosto, casi dos meses antes del reclamo de Mícher. La empresa canceló el acceso a los Salones Premier en los aeropuertos, aunque los pasajeros hubieran pagado boletos de Clase Premier en vuelos nacionales.

La queja de la senadora generó críticas de usuarios en X. “Para eso le pagamos a su equipo, para que ‘esté’ pendiente de estas cosas que la afectan a usted y a su trabajo legislativo. ¿No? Ojalá hiciera así de efectivo las acciones contra víctimas de la violencia, madres buscadoras o enfermos de cáncer sin medicinas”, escribió una usuaria. La senadora panista Lilly Téllez calificó a Mícher de “prepotente” y acusó: “Solo quiere privilegios mientras fue cómplice y promotora de la destrucción del sistema de salud”.

El Senado aprobó este miércoles 21 de octubre la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana, el Callao, Cajamarca y Madre de Dios. La solicitud, remitida por el Poder Ejecutivo, autoriza extender por 60 días calendario las medidas vigentes en esas jurisdicciones. Los nuevos plazos empezarán el 28 de octubre, según los oficios sometidos a votación durante la sesión plenaria.

En Cajamarca, la ampliación fue aprobada con 55 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM comprende a Encañada, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmín, en Celendín; Hualgayoc y Bambamarca, allí.

También alcanza a San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe, en la provincia de San Ignacio, además de Bellavista, en Jaén. La medida busca responder a minería ilegal, delitos conexos y hechos violentos.

El Senado aprobó después la extensión para seis distritos de Madre de Dios, cuyo plazo actual vence el 27 de octubre. La votación reunió 55 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

La disposición abarca Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe, en Manu. El Ejecutivo solicitó mantener el régimen para enfrentar criminalidad y situaciones de violencia registradas allí.

Para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, el pleno respaldó la prórroga con 54 votos a favor y una abstención. El pedido se relaciona con el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, cuyo periodo concluye el 27 de octubre.

El nuevo plazo de estado de emergencia en Lima y Callao tendrá una duración de 60 días calendario desde el 28 de octubre. La iniciativa prevé continuar acciones frente a la criminalidad y otros escenarios de violencia urbana.

Policía Nacional conservará el control del orden interno

Los decretos que entraron en vigencia el 28 de agosto establecieron que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La PNP define las zonas de intervención mediante información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito.

Durante el régimen, se suspenden derechos constitucionales referidos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personales. La realización de actividades públicas masivas requiere permisos de autoridades.

La documentación aprobada señala que los permisos para actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán solicitarse ante las autoridades competentes. Estas evaluarán cada pedido dentro del periodo de excepción.

El marco también fija que la actuación de policías y militares se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La regulación cita los decretos legislativos 1095 y 1186, vinculados con el empleo y uso de la fuerza en territorio nacional.

Al término de cada prórroga, la Policía Nacional deberá presentar al ministro del Interior un informe sobre las acciones y resultados obtenidos. Ese documento deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al fin de la medida.

Los oficios aprobados por el Senado fueron planteados por el Poder Ejecutivo tras una sesión del Consejo de Ministros realizada el viernes 16 de octubre, según la información remitida al Parlamento.

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó su propio noticiero a través de redes sociales en respuesta a lo que considera actos de censura en su contra en las sesiones de la Cámara Alta.

En un video publicado en su cuenta de X, la legisladora indicó que el proyecto llamado: ‘Voz Valiente con Lilly Téllez’ surgió tras cuestionar a sus seguidores sobre “si les gustaría que hiciera un noticiario” y sostuvo que el espacio le permitirá hablar sin interrupciones.

“Hace unos meses en mis redes sociales les pregunté si les gustaría que hiciera un noticiario y ustedes me dijeron que sí. Bueno, algunos chairos no, pero la mayoría me dijeron que sí.

“Hoy abro este espacio para que conozcas la verdad. Este espacio es para ustedes. Aquí nadie me va a interrumpir, nadie me va a callar y nadie me apagará el micrófono, porque la verdad se tiene que conocer”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

Asimismo, resaltó que previo a su carrera política laboró como periodista y aseguró que es la primera senadora con su noticiario.

De acuerdo con la senadora panista, su programa se publicará cada domingo y, con base en su primera emisión, el video tendrá una duración aproximada de 16 minutos.

¿De qué habló en su primer episodio?

La senadora dedicó el estreno de Voz Valiente con Lilly Téllez a cuestionar a Morena, al Gobierno federal y a varias decisiones legislativas.

La panista abrió la emisión con acusaciones contra Morena, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Atribuyó al partido oficialista prácticas de corrupción, censura, debilitamiento institucional y endeudamiento, señalamientos que expresó sin presentar pruebas durante el programa.

Téllez sostuvo que México atraviesa una crisis por la situación de seguridad, la falta de inversión y el deterioro de los servicios públicos.

También afirmó que desde el Senado se busca limitar su participación mediante cambios en los tiempos, reglas y temas de discusión.

Desabasto de medicamentos ocupó uno de los bloques

La senadora habló de protestas de pacientes, familiares y trabajadores sanitarios por la falta de tratamientos e insumos.

Señaló que las movilizaciones ocurrieron en 25 ciudades y mencionó medicamentos para cáncer, diabetes y enfermedades crónicas que, según dijo, llevan tiempo sin surtirse.

Además, cuestionó las condiciones de hospitales públicos y del personal médico. Sostuvo que el sistema de salud está colapsado y afirmó que los manifestantes mantendrán sus reclamos hasta recibir los tratamientos que necesitan.

Téllez retomó los casos de Neuronic Mexicana y Birmex, a partir de investigaciones periodísticas y datos atribuidos a la Auditoría Superior de la Federación.

Mencionó contratos, entregas incompletas de medicamentos y presuntas anomalías, aunque aclaró que ni la empresa ni las autoridades habían dado explicaciones detalladas, según su versión.

Contratos, predial y deuda para 2027

La legisladora también dirigió acusaciones contra Jorge Amílcar Olán, a quien vinculó con contratos públicos y con los hijos del expresidente López Obrador.

Citó reportes sobre negocios en los sectores de medicamentos, combustible, balastro y la refinería de Dos Bocas.

En otro segmento, rechazó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

Dijo que la creación de una clave única catastral puede derivar en un “predialazo” y en mayor control sobre la propiedad privada.

Finalmente, cuestionó la Ley de Ingresos de la Federación 2027 por el endeudamiento interno de hasta $ 1,7 billones y la deuda externa de hasta USD 13.500 millones, además de un déficit previsto de 3,9% del producto interno bruto.

El esquema de seguridad del senador de la Alianza Social Independiente (ASI), Gustavo Moreno, fue blanco de un ataque armado durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre de 2026 en Bogotá. El funcionario, que se dirigía a la residencia del congresista, recibió dos impactos de bala en un aparente intento de hurto de una patineta.

El hecho ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, en el occidente de la ciudad. También, se conoció que el escolta utilizó su arma de dotación en defensa propia. En su cuenta de X, Gustavo Moreno informó que su escolta permanece bajo atención médica por la gravedad de las heridas.

“Esta mañana, un integrante de mi equipo de seguridad fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a mi residencia”, señaló el parlamentario en sus redes sociales. Minutos después, se conoció que fue trasladado al Hospital de la Policía, según informó el congresista a Caracol Radio.

En su intervención pública, el senador del partido ASI pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; al comandante de la Policía Metropolitana, y al Gobierno nacional, especialmente al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro del Interior Rodrigo Lara Restrepo, que se adelante una investigación para precisar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

“Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de hurto. Solicito al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, una investigación pronta y rigurosa que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables”, denunció.

Hasta ahora no se ha establecido de forma oficial si el ataque estuvo relacionado exclusivamente con el robo ni se han informado capturas. La investigación deberá revisar las cámaras de seguridad, los testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Muerte de escolta del exalcalde de Jamundí tras atentado

El caso del escolta del senador Gustavo Moreno se suma a otros hechos que han generado repudio en el país.

Uno de ellos hace referencia al episodio del esquema asignado al exalcalde de Jamundí (Valle del Cauca), Andrés Felipe Ramírez, que fue víctima de un atentado sicarial en ese municipio del suroccidente colombiano.

En el ataque, que se registró el 21 de octubre, murió Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte de su esquema de seguridad, según informó el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde).

Sánchez comunicó inicialmente que Ramírez había sido atacado poco después de una reunión que sostuvo con él y que el hombre de protección estaba herido. Más tarde, afirmó que las autoridades le confirmaron el fallecimiento de López, quien, de acuerdo con la información divulgada, recibió tres disparos.

“Las autoridades me informan que el hombre de protección de Andrés Felipe Ramírez acaba de fallecer producto del atentado sicarial”, expresó el senador en un mensaje publicado en X. Sánchez identificó a López como oriundo de Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca, y dijo que había compartido con él durante esa jornada.

El congresista sostuvo que Ramírez integra su equipo político y es su fórmula a la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca. También solicitó medidas de protección y un esclarecimiento rápido del ataque.

“El exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío, fórmula a la Cámara, ha sufrido un atentado sicarial después de que sostuvimos una reunión conmigo, nos vimos, se despidió”, manifestó el legislador.

Tras el atentado, Ramírez publicó un video en el que pidió no aplazar conversaciones, disculpas ni muestras de afecto y llamó a acercarse, incluso, a quienes tienen posiciones distintas. “Podemos pensar distinto, tener orillas distintas, pero al final somos igual de humanos”, afirmó el exalcalde. El exmandatario también sostuvo que los días posteriores al ataque no han sido fáciles e invitó a abrazar a los seres queridos y a quienes existen diferencias, como una forma de buscar empatía y paz.

“A veces dejamos de hacer cosas importantes que llenan el espíritu, que hacen que nos acerquemos a las personas, porque pensamos que después lo podíamos hacer y tal vez ese día no vuelva”, afirmó.

El senador Higinio Martínez Miranda llamó a la militancia de Morena, particularmente a los aspirantes del Estado de México, a mantener la calma y evitar confrontaciones mientras el partido desarrolla el proceso de encuestas para definir a quienes encabezarán las coordinaciones municipales y distritales federales, posiciones que anteceden a la selección de candidaturas para las elecciones de 2027.

Tras concluir los registros de quienes buscan las coordinaciones en los municipios del país, así como de los aspirantes a las correspondientes a los distritos federales, el legislador señaló que la siguiente etapa será la evaluación de los perfiles mediante encuestas, mecanismo con el que Morena pretende determinar quiénes cuentan con mayor respaldo ciudadano y reconocimiento territorial.

Durante su mensaje, Martínez Miranda pidió a quienes participan en el proceso no adelantar disputas ni intensificar actividades que puedan provocar divisiones dentro del partido, pues consideró que la decisión corresponde a los órganos partidistas responsables de la selección.

“Ahora esperemos el resultado de las encuestas, porque se alistaron muchísima gente”, expresó al referirse al número de personas que se registraron para participar en la definición de las coordinaciones.

El senador explicó que, de acuerdo con el procedimiento que describió, se seleccionará a un grupo reducido de aspirantes para ser evaluados mediante encuestas. Los perfiles considerados podrían ser dos, cuatro o hasta seis, dependiendo de sus posibilidades, reconocimiento y respaldo dentro de la estructura territorial del partido.

Morena definirá coordinaciones mediante encuestas

Martínez Miranda sostuvo que la intención es que las personas seleccionadas para encabezar las coordinaciones sean aquellas que obtengan mejores resultados en las mediciones, por lo que pidió a los participantes confiar en el procedimiento y respetar la determinación de la dirigencia.

“Dejen que defina el partido quiénes van a ser los coordinados a través de este proceso de encuesta”, señaló.

El legislador enfatizó que la conclusión de los registros no significa que las personas inscritas tengan asegurada una candidatura, ya que todavía deben esperar los resultados de las encuestas y las decisiones que adopte Morena conforme avance su proceso interno.

En ese sentido, recordó que las coordinaciones municipales y distritales federales forman parte de una etapa previa a la definición de candidaturas, por lo que pidió a los aspirantes distinguir entre el procedimiento partidista actual y los tiempos establecidos por la legislación electoral.

También exhortó a quienes buscan participar en la contienda a conducirse dentro del marco legal, particularmente para evitar problemas con las autoridades electorales.

“Lo que tienen que hacer es un trabajo sencillo dentro del marco de la ley para no generarse problemas con el INE”, afirmó al referirse a quienes no resulten seleccionados para las coordinaciones y mantengan aspiraciones de reelección.

Pide evitar conflictos entre aspirantes de Morena

Uno de los principales mensajes del senador fue la necesidad de preservar la unidad interna, en un contexto en el que el registro de múltiples perfiles puede generar competencia por las posiciones que estarán en juego en el siguiente proceso electoral.

Martínez Miranda pidió a los militantes evitar ataques entre compañeros y mantener una relación de cordialidad, independientemente de quiénes sean elegidos para encabezar las coordinaciones.

“No hay enemigos dentro de Morena, los adversarios están fuera”, sostuvo.

El legislador insistió en que los participantes deben privilegiar la cohesión partidista por encima de los intereses individuales, con el objetivo de llegar fortalecidos a las elecciones de 2027.

En su llamado, también planteó que quienes actualmente ocupan cargos públicos continúen con sus responsabilidades y eviten que la competencia interna interfiera con sus funciones.

Respecto a los presidentes municipales que aspiren a las coordinaciones, señaló que deben concentrarse en su trabajo mientras el partido determina quiénes serán los seleccionados.

El senador resumió su postura en una petición dirigida a los aspirantes:

“Yo les llamo a la calma, la tranquilidad, a la confianza, a la cordialidad, a la unanimidad, a la unidad, si se puede y se debe”.

Morena busca conservar la mayoría en la Cámara de Diputados

El presidente del Senado vinculó la necesidad de mantener la unidad partidista con los objetivos electorales de Morena para el próximo año, entre ellos conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y obtener el mayor número posible de presidencias municipales.

De acuerdo con su planteamiento, la competencia interna debe resolverse mediante los mecanismos establecidos por el partido, para después concentrar los esfuerzos en las campañas y en la disputa electoral frente a otras fuerzas políticas.

“Es ganar las próximas elecciones, ser mayoría otra vez en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados Federal y ganar el mayor número de municipios para seguir gobernando y dando resultados”, manifestó.

Entre los puntos centrales de su mensaje destacan:

• Esperar las encuestas: los aspirantes deberán aguardar los resultados antes de conocer quiénes encabezarán las coordinaciones.
• Respetar las decisiones del partido: la definición de los perfiles corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y a los órganos competentes de Morena.
• Evitar confrontaciones: la competencia interna no debe convertirse en una disputa entre compañeros.
• Cumplir con la ley electoral: quienes mantengan aspiraciones deberán actuar dentro de los plazos y las reglas aplicables.
• Priorizar los objetivos de 2027: el partido buscará conservar su mayoría legislativa y ampliar su presencia en los municipios.

Finalmente, Martínez Miranda dejó en manos de la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, la comunicación sobre los tiempos en que se darán a conocer las definiciones.

El senador reiteró que las candidaturas se determinarán cuando correspondan los tiempos electorales y pidió a los militantes mantener la confianza en el procedimiento.

“Llévensela tranquilo, llévensela en la paz. Somos compañeros de Morena. No agiten las aguas”, concluyó, al insistir en que la prioridad debe ser fortalecer al partido y preparar su participación en los comicios de 2027.

El señalamiento fue publicado en las redes sociales de Hernández, quien afirmó que encontró la diferencia junto con Lina García Sierra, defensora del Pueblo Regional de Bogotá. Posteriormente, ambas explicaron los detalles de su revisión en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, en su programa El Reporte Coronell, donde también se discutieron los posibles efectos de la situación sobre la aprobación del presupuesto.

“¡Tumbamos el Presupuesto de Abelardo!”, escribió Hernández en sus redes sociales. En la misma publicación sostuvo que, por la rapidez con la que se desarrollaron las votaciones, el Congreso terminó aprobando textos distintos sin realizar la conciliación que, según su interpretación, exigía el procedimiento legislativo.

La controversia se conoció después de que la Cámara de Representantes aprobara el presupuesto durante la madrugada del martes 20 de octubre, fecha en la que vencía el plazo legal para completar su trámite en el Congreso.

El artículo 65, el punto central de la denuncia de Esmeralda Hernández

En el video difundido en sus redes sociales, Hernández explicó que la diferencia se encuentra en el artículo 65, relacionado con la estabilización de fondos frente a las fluctuaciones internacionales del petróleo y el valor de la gasolina.

Según su versión, durante la plenaria del Senado se aprobó el artículo en su redacción original, tal como aparecía en la ponencia. La congresista indicó que, durante la discusión, el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, retiró una proposición que buscaba modificarlo y decidió dejarla como constancia.

El propio senador manifestó durante la sesión: “Yo, como autor único de la proposición, la retiro y la dejo como constancia”.

Hernández sostuvo que esa decisión significaba que la modificación no había sido incorporada al texto aprobado por el Senado. Sin embargo, al revisar la versión votada en la Cámara de Representantes, ella y García encontraron que el artículo incluía la proposición y dos parágrafos adicionales.

“En Senado aprueban el texto original y en Cámara aprueban el texto con la proposición de Caicedo firmada por un representante de la Cámara y queda un texto distinto”, explicó la senadora durante la entrevista con Coronell.

La diferencia señalada no se refería, por tanto, a la totalidad del articulado, sino a una disposición específica cuya redacción habría cambiado entre las votaciones de las dos plenarias.

Por qué Hernández considera que era necesaria una conciliación

Durante El Reporte Coronell, la senadora explicó que, una vez identificada la discrepancia, debía establecerse un procedimiento para unificar el contenido aprobado por ambas corporaciones.

Hernández señaló que las reglas legislativas exigen una conciliación cuando el Senado y la Cámara de Representantes aprueban textos diferentes. Ese trámite permitiría acordar una versión definitiva que posteriormente pudiera remitirse para sanción presidencial.

En la entrevista, Daniel Coronell le preguntó si las normas aprobadas por las dos cámaras eran distintas. La congresista respondió afirmativamente y reiteró que, a su juicio, la diferencia en el artículo 65 impedía considerar culminado el trámite legislativo.

La senadora también explicó que, debido a la hora en que terminó la votación en la Cámara, ya no había tiempo para completar el procedimiento dentro del plazo establecido.

“Se aprueba hoy a las tres y media de la mañana en Cámara, ya no les da el tiempo porque hubieran tenido que nombrar comisión conciliadora”, afirmó.

Según su interpretación, la conciliación debía convocarse y tramitarse antes del vencimiento del plazo legal, que correspondía al 20 de octubre. Por ello, consideró que la aprobación del presupuesto no había completado todas las etapas requeridas.

La Cámara defendió que los textos aprobados eran iguales

La denuncia de Hernández contrasta con la posición expresada durante el debate por John Édgar Pérez, representante de Cambio Radical y ponente coordinador del proyecto en la Cámara.

Durante la sesión, el congresista afirmó que no era necesaria una conciliación porque, según su postura, el texto aprobado por el Senado y el votado en la Cámara eran iguales.

En la discusión también anunció que se había radicado una proposición para que la Cámara de Representantes se adhiriera al texto aprobado por el Senado.

La plenaria de la Cámara finalmente aprobó el presupuesto con 96 votos por el sí y uno por el no. La votación se produjo en la madrugada del 20 de octubre.

La discrepancia entre la versión expuesta por Pérez y la revisión presentada por Hernández constituye el centro de la controversia: mientras el representante defendió que no se requería una conciliación, la senadora sostuvo que los documentos contenían diferencias que debían resolverse antes de completar el trámite.

Lina García advirtió sobre una posible demanda de inconstitucionalidad

Durante el video publicado en redes sociales, García afirmó que la revisión realizada junto con Hernández permitió identificar lo que consideran una falla en el procedimiento de aprobación.

La defensora del Pueblo Regional de Bogotá sostuvo que, si las dos cámaras aprobaron textos diferentes y no se realizó la conciliación correspondiente dentro del plazo, el proyecto no habría completado su trámite legislativo.

En la entrevista con Coronell, García fue consultada sobre si la diferencia afectaría únicamente el artículo 65 o la totalidad de la iniciativa.

“En realidad, lo que pasa es que tumba la legalidad de todo el proyecto de ley”, respondió. Según su interpretación, la ausencia de conciliación comprometería el trámite completo y dejaría sin fundamento jurídico la sanción presidencial.

García también advirtió que, si el Gobierno sancionaba el proyecto pese a la presunta irregularidad, presentaría una demanda de inconstitucionalidad junto con quienes respaldan la denuncia.

Estas declaraciones corresponden a la postura jurídica de García y Hernández. La denuncia no constituye por sí misma una decisión judicial que declare inválido el presupuesto.

Qué podría pasar con el Presupuesto General de la Nación

Hernández sostuvo que, si el Congreso no completó la aprobación del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno podría acudir a un decreto. Sin embargo, indicó que esa alternativa tendría que basarse en el texto que hubiese quedado aprobado en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas.

La senadora afirmó que, bajo esa hipótesis, habría que revisar las modificaciones incluidas durante los debates posteriores. Entre los temas mencionados en la entrevista está el recorte de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre el cual Hernández aseguró que se añadieron reducciones adicionales durante el trámite en las plenarias.

En la conversación participaron también el exministro del Interior Guillermo Rivera y la analista Karol Solís. Rivera consideró que, si el proyecto es sancionado, el debate podría llegar a la Corte Constitucional mediante una demanda contra la ley. También planteó que el Ejecutivo tendría la opción de objetar la iniciativa, aunque aclaró que esa decisión dependería del Gobierno.

Hernández, por su parte, señaló que antes de una eventual sanción deben intervenir las secretarías y las mesas directivas del Senado y la Cámara, que tendrían que certificar el cumplimiento del trámite legislativo y suscribir el texto que se enviaría a la Presidencia de la República.

El estado del proyecto dependerá de la revisión formal de los documentos aprobados por ambas corporaciones y de la decisión que adopten las autoridades del Congreso frente a la advertencia planteada sobre el artículo 65. La senadora anticipó que promoverá acciones judiciales si considera que el Presupuesto 2027 avanza sin haberse surtido la conciliación que, según su interpretación, exige la ley.

La funcionaria abordó el tema durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado. Allí afirmó que el esquema de salud del magisterio presenta fallas que, de acuerdo con el Gobierno, han afectado los derechos de los maestros.

“A más recursos, menos servicios”, sostuvo la alta funcionaria, en cuanto a las sumas destinadas al sistema y la atención que reciben los afiliados. Incluso, puntualizó un patrimonio negativo de $3,1 billones.

Durante su intervención, la ministra indicó que existen 43 otrosíes en los contratos, asociados a prórrogas y modificaciones. Además, señaló que el Ministerio prepara un informe sobre la situación del Fomag.

La jefa de la cartera educatuva cuestionó el modelo administrado a través de un contrato de fiducia. Según explicó, “esa figura está encargada de gestionar recursos, pero la fiducia no está encargada de prestar ni el servicio de salud, ni tampoco hacerse cargo de las prestaciones relativas a pensiones y cesantías”.

“Y tal se ha desnaturalizado que el modelo anterior al adoptado en el año 2024 ya tenía sus falencias, pero de alguna forma, digamos que funcionaba con las limitaciones que se dan en Colombia en relación con el servicio de salud”, dijo.

La ministra aseguró que el esquema anterior al modelo implementado en 2024 tenía deficiencias, aunque funcionaba dentro de las limitaciones del sistema de salud en Colombia. “Estamos ante una vulneración de los derechos de los maestros”, afirmó.

Hoyos Castañeda anunció un nuevo Consejo Directivo del Fomag para el 30 de octubre de 2026, en aras de “responder a la situación recibida con decisiones que permitan sacar adelante el Fondo y proteger efectivamente la salud y los derechos de los maestros”.

Desde el Ministerio de Educación también se informó que, además de la auditoría forense, la institución acudió a la Fiscalía General de la Nación y eventualmente adelantará gestiones con los ministerios de Hacienda y Salud, así como con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

La cartera señaló que busca una salida concertada que permita garantizar una atención “digna y oportuna” para los docentes afiliados al fondo.

La ministra Hoyos Castañeda y los viceministros Álvaro Cifuentes y Octavio Ibarra se reunieron también con funcionarios de la Secretaría de Educación de Bogotá. En ese encuentro trataron asuntos relacionados con proyectos universitarios, el estado del sector educativo y la infraestructura escolar en el Distrito.

Las cifras del déficit

La senadora Claudia Margarita Zuleta también estuvo en el debate de control político, luego de indagar y percatarse del déficit presupuestal de $3 billones, tras el giro de $ 1,1 billones de los recursos pensionales para cubrir necesidades del sistema de salud que se realizaron en la administración anterior.

La congresista señaló que sus conclusiones provienen del análisis de más de 100 derechos de petición respondidos por los ministerios de Educación, Hacienda, Salud y Trabajo, además de la Fiduprevisora, la Superintendencia Nacional de Salud y la Vicepresidencia del Fomag.

Según Zuleta, el modelo de salud que entró en vigencia en mayo de 2024 no resolvió los problemas de atención y elevó los costos administrativos y asistenciales del sistema.

De acuerdo con los datos expuestos por la senadora, el costo mensual por afiliado pasó de $32.033 en 2024 a $43.878 en 2025, un aumento nominal cercano al 37%. Para los primeros meses de 2026, la cifra reportada se ubicó en $36.089.

La congresista también indicó que la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio es 62% superior a la de otros afiliados del sistema general de salud y que llega a cerca de $ 7 millones por persona.

Zuleta afirmó que más del 30% de los municipios cuenta con un solo prestador para los docentes, situación que, según advirtió, limita la posibilidad de elegir médico o institución de atención.

La senadora sostuvo que el cambio en el modelo llevó a la Fiduprevisora a suscribir unos 2.500 convenios con instituciones prestadoras y proveedores. También advirtió que el 89% de la contratación se hace por eventos asistenciales y de medicamentos.

Según la información difundida, las cuentas por pagar del Fomag llegaron a $2,3 billones y aumentaron 154% entre 2024 y junio de 2026. Los gastos administrativos, añadió, pasaron de más de $ 187 mil millones en 2024 a $ 435 mil millones en 2025.

¿Qué es lo que se sabe de la comparecencia?

De acuerdo con la agenda difundida por la Coordinación de Comunicación Social el Senado, la reunión está programada a las 10:00 horas en el Sótano 1.

• Formato: privado, sin acceso para medios.
• Participantes: la Jucopo y las comisiones de Economía y del T-MEC.
• Marco: análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Parte de la glosa del Segundo Informe

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, informó que las comparecencias del gabinete iniciarían el 5 de octubre y que la de Ebrard estaba prevista para el 20 de octubre. El calendario contempla participaciones ante el pleno, comisiones y la Jucopo, algunas a puerta cerrada, lo que generó cuestionamientos de legisladores de oposición.

El contexto: negociaciones con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes 19 de octubre, durante un mitin en Kansas, que ambos países están “muy cerca de cerrar un gran acuerdo” para reducir el déficit comercial de su país con México, según reportes de medios nacionales. Los reportes indican que ese déficit superó los 196 mil millones de dólares en 2025. Trump mencionó una cifra de 150 mil millones y planteó que podría bajar hasta cero. El mandatario no detalló el contenido del acuerdo ni si se vincula con el T-MEC. Ese mismo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló con Trump sobre una posible mayor compra de gas natural estadounidense.

Lo que dijo Sheinbaum: “muy cerca”, pero con temas pendientes

Este martes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que México y Estados Unidos están “muy cerca” de un acuerdo comercial, aunque aclaró que aún hay temas sin resolver y que el pacto final no se ha concretado. Explicó que su objetivo es reducir al máximo los aranceles a vehículos, acero y aluminio, y evitar nuevos gravámenes. Detalló que Estados Unidos plantea bajar el arancel a cambio de solicitudes concretas a México. La presidenta indicó que no se negociará nada fuera de la Constitución y las leyes, ni algo que afecte la economía o el empleo. También dijo percibir buena actitud del Gobierno estadounidense, en la Secretaría de Comercio y en el área de tratados comerciales. Al pedirle un porcentaje de avance, respondió que es difícil asignarlo, aunque sostuvo que “se ha avanzado bastante”.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, recibió el respaldo de la plenaria del Senado y ahora debe superar la votación definitiva en la Cámara de Representantes. El Congreso tiene plazo hasta la medianoche del martes 20 de octubre para definir el trámite de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La aprobación en el Senado se produjo el lunes 19 de octubre, después de una extensa jornada de discusión que se prolongó durante varias horas. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor y uno en contra en la votación definitiva, mientras que la bancada del Pacto Histórico se retiró antes de la recta final del debate. La Cámara, que entró en receso cerca de la medianoche, pero se citó de nuevo para las 12:10 de la mañana.

El proyecto establece los recursos que tendrá el Estado para financiar su funcionamiento, atender el servicio de la deuda y ejecutar inversiones durante el próximo año. El monto aprobado supera en aproximadamente un 10% la propuesta presentada por el Gobierno de Gustavo Petro y representa un aumento cercano al 14% frente al presupuesto de la vigencia anterior.

Así se distribuirán los recursos del Presupuesto 2027

La propuesta contempla tres grandes componentes de gasto. De acuerdo con la distribución presupuestal, $393,2 billones se destinarán a funcionamiento, $147 billones al servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión.

El rubro de funcionamiento reúne los recursos necesarios para la operación de las entidades estatales y el cumplimiento de sus obligaciones. El servicio de la deuda corresponde a los compromisos financieros del Estado, mientras que la inversión permite financiar programas, proyectos y otras iniciativas públicas.

Durante el trámite legislativo se plantearon modificaciones a la distribución de los recursos entre sectores y entidades. Algunos de esos cambios se orientaron a fortalecer partidas para salud, educación e infraestructura, mientras que otros generaron controversia por sus efectos sobre organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uno de los asuntos centrales del debate fue la disponibilidad de recursos para responder a las necesidades del Estado sin aumentar las presiones sobre las finanzas públicas. El Gobierno defendió el monto de la iniciativa, mientras que sectores de la oposición cuestionaron la composición del gasto y la capacidad de financiación del presupuesto.

Los cambios en salud, educación e infraestructura

Entre los ajustes discutidos durante el trámite se encuentran recursos adicionales para distintas entidades. En salud se planteó una asignación adicional de $3 billones mediante una redistribución de partidas del Ministerio de Hacienda.

En educación se incorporaron $100.000 millones adicionales para inversión. El Congreso también recibió un incremento de $100.000 millones, distribuido en partes iguales entre el Senado y la Cámara de Representantes, con $50.000 millones para cada corporación.

El Ministerio de Minas y Energía obtuvo un aumento cercano a $3 billones para atender programas relacionados con subsidios de electricidad, gas por redes, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles líquidos en regiones fronterizas. Con ese ajuste, la partida del sector pasaría de $7,5 billones a cerca de $10,51 billones.

A su vez, el Ministerio de Ambiente tendría $26.500 millones adicionales, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional de Vías (Invías) recibirían $100.000 millones cada uno. En el caso de Invías, los recursos estarían dirigidos a proyectos en Santander.

La Defensoría del Pueblo también planteó una modificación interna de $30.000 millones, trasladados del rubro de inversión a gastos de funcionamiento. Este tipo de movimiento modifica la distribución interna de los recursos de la entidad, sin representar por sí mismo un aumento del monto total del presupuesto nacional.

La JEP y las proposiciones que generaron controversia

Uno de los puntos que concentró la discusión fue la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el trámite se planteó reducir en $11.402 millones el presupuesto de inversión de la entidad y trasladar esos recursos al Ministerio de Defensa para atender indemnizaciones pendientes a familiares de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional asesinados por las extintas Farc-EP.

La proposición, atribuida al representante del Centro Democrático Daniel Briceño, señala que los recursos se destinarían al pago de sentencias ejecutoriadas. La modificación generó discusión por el efecto que tendría sobre los recursos de inversión de la jurisdicción transicional. La cifra exacta consignada en la propuesta es de $11.402 millones, no de $11.000 millones cerrados.

Otro de los asuntos discutidos fue la inclusión de facultades extraordinarias para que el presidente pueda trasladar excedentes de determinadas partidas presupuestales al denominado Fondo Milagro. La propuesta hace parte de las disposiciones que fueron objeto de debate en el articulado y que han generado inquietudes sobre el alcance de las atribuciones del Ejecutivo.

En el Senado, 65 artículos que no tenían proposiciones se votaron en bloque. Además, pese a que la senadora Jennifer Pedraza solicitó votar de manera individual los artículos 2, 90, 91 y 92, estos se sometieron a una votación conjunta, en la que obtuvieron 58 votos a favor y 15 en contra. Cerca de 800 proposiciones adicionales fueron rechazadas en bloque.

Tensiones políticas durante la discusión

La jornada legislativa también estuvo marcada por diferencias entre las bancadas. El Pacto Histórico se retiró antes de la votación definitiva del proyecto en el Senado, en desacuerdo con la propuesta presupuestal del Gobierno.

Por su parte, integrantes de la bancada liberal abandonaron temporalmente la discusión en medio de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos en San Andrés. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó conversaciones con los congresistas para facilitar su regreso al debate.

La discusión sobre los recursos de las entidades y las modificaciones a diferentes partidas se desarrolló mientras las plenarias avanzaban contra el plazo legal para decidir sobre el proyecto. La Cámara de Representantes debe definir si respalda el texto que recibió el visto bueno del Senado o si introduce cambios que requieran una nueva revisión.

El Gobierno prepara un proyecto de ajuste fiscal

El debate presupuestal se desarrolla en medio de las presiones sobre las finanzas públicas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha defendido la necesidad de reconocer las obligaciones del Estado y ajustar la distribución de los recursos disponibles.

El funcionario también anunció que el Gobierno prepara una iniciativa separada de ajuste fiscal, denominada por la administración como una “ley de rescate”, con la que busca reducir el gasto público y reorganizar las finanzas estatales. Según lo expuesto por el ministro, el proyecto está prácticamente listo, pero su discusión se manejará por separado del Presupuesto General de la Nación.

El fundador del partido OBRAS, Ricardo Belmont, defendió la decisión de su agrupación política de participar en el debate en la comisión de constitución del Senado sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori y rechazó las acusaciones de un supuesto pacto con Fuerza Popular. En una entrevista con RPP, el líder del partido aseguró que su agrupación busca destrabar la discusión en la cámara alta, pero sin renunciar a sus principios ni respaldar todas las propuestas del Ejecutivo.

El exalcalde de Lima explicó que la aprobación de un texto sustitutorio no significa que OBRAS respalde en bloque todas las medidas planteadas. Según precisó, las siete leyes comprendidas en la propuesta deberán discutirse y votarse individualmente durante el debate en el pleno. “Nosotros no aprobamos un paquete, aprobamos una por una”, afirmó al referirse al procedimiento que, según indicó, defenderá su bancada.

“La patria primero”

Durante la entrevista con RPP, Belmont señaló que su partido decidió participar en la discusión para evitar que el desacuerdo entre las fuerzas políticas prolongue el estancamiento legislativo. “Nuestra posición es la patria primero, siempre lo dijimos”, manifestó al explicar la decisión de los representantes de OBRAS de intervenir en el debate, a diferencia del bloque de oposición que no asistió al debate.

El dirigente también respaldó la actuación del senador Daniel Barragán, jefe de la bancada de OBRAS, y destacó su participación en la elaboración del texto sustitutorio junto con otros senadores. Para Belmont, esta decisión constituye un primer paso para superar la falta de acuerdos, pero no implica que su agrupación haya abandonado sus posiciones sobre el contenido de las propuestas.

“Yo soy un hombre más que de oposición, soy un hombre de soluciones”, declaró al citado medio. Con esa afirmación, defendió la disposición de su partido a dialogar con otros partidos y sostuvo que la búsqueda de consensos no debe confundirse con la renuncia a sus principios.

Niega un acuerdo con Fuerza Popular

Consultado por las críticas que atribuyen a OBRAS un entendimiento con Fuerza Popular, Belmont negó haber alcanzado un pacto para respaldar las facultades delegadas. Explicó que mantuvo conversaciones con representantes del fujimorismo antes de la controversia y aseguró que esos diálogos no implicaron compromisos para aprobar las medidas del Ejecutivo.

“Conversar no es pactar”, sostuvo el líder de OBRAS al responder a los cuestionamientos sobre la posición de su bancada. Asimismo, indicó que su agrupación está dispuesta a otorgar al Gobierno el beneficio de la duda, pero sin aceptar condiciones que contradigan sus principios. “Cheque en blanco no hay acá”, enfatizó.

Belmont también rechazó las acusaciones de traición dirigidas contra su partido por la postura asumida en el Senado. “Lo que no se acepta en OBRAS es la traición”, afirmó, antes de calificar de “politiquería barata” las críticas de quienes consideran que su agrupación se apartó de sus compromisos políticos.

OBRAS plantea debatir los siete punto adicionales

Belmont insistió en que el texto sustitutorio debe servir para proteger los derechos de las personas y evitar que las facultades solicitadas se aprueben sin una evaluación individual. Por ello, remarcó que la posición de su partido no consiste en respaldar automáticamente todas las disposiciones incluidas en la propuesta.

“Son siete leyes, se discute cada ley en el pleno y ahí se modifica y ahí se interpreta y ahí se discute”, explicó durante la conversación con RPP. Según señaló, cada texto deberá someterse a votación, de modo que los senadores puedan evaluar su contenido antes de decidir si lo respaldan.

Finalmente, el dirigente advirtió que la disposición al diálogo no supone una renuncia a la fiscalización ni a la posibilidad de movilizarse si considera que no se cumplen los compromisos. “Si no se cumple, actuaremos en las calles, actuaremos en las plazas, actuaremos donde sea necesario”, manifestó.

La propuesta fue planteada antes de la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, en el momento en que Sánchez pidió que los habituales minutos de silencio en la corporación se transformaran en un gesto de cercanía entre congresistas con posturas ideológicas distintas. La propuesta fue acogida por varios legisladores, incluidos integrantes del Pacto Histórico, el Centro Democrático y otras colectividades.

El llamado se produjo dos días después del ataque contra Ramírez, que fue fórmula a la Cámara de Representantes del senador Sánchez.

Duvalier Sánchez relacionó el atentado con la escalada de violencia política

Durante su intervención, el senador Sánchez exhibió videos del ataque y planteó interrogantes sobre la violencia dirigida contra figuras políticas: “¿Cómo permitimos que las diferencias lleguen a esto?”, preguntó ante el pleno, al referirse a atentados que han afectado al exalcalde Ramírez y a otros dirigentes.

El congresista sostuvo que la violencia no puede convertirse en una herramienta para excluir a quienes defienden posiciones contrarias: “¿Por qué la violencia es un instrumento para eliminar al que piensa distinto?”, señaló Sánchez, que consideró que el atentado contra su aliado político también constituía una advertencia en su contra.

En su discurso, recordó además los debates que sostuvo con el senador asesinado Miguel Uribe Turbay y afirmó que esperaba mantener esas discusiones durante muchos años. El legislador también agradeció las expresiones de solidaridad recibidas de colegas de distintas bancadas tras el atentado.

Uno de los mensajes fue dirigido al senador Andrés Forero, del Centro Democrático, al que Sánchez agradeció el saludo que le envió el sábado tras enterarse de lo ocurrido. Frente a la plenaria, dijo que, pese a sus diferencias políticas, comparten un principio: “Valoramos, respetamos y queremos al otro vivo”.

El abrazo entre Sánchez y Forero dio paso a otros gestos en el recinto

Sánchez invitó a Forero a levantarse de su curul y acompañarlo en el ejercicio simbólico. Ambos se abrazaron frente al resto de los parlamentarios, mientras otros senadores se acercaron a colegas de sectores adversarios para repetir el gesto.

“Si alguien viene a este Senado a pedir un homenaje por la vida de alguien, pues va a pedir es un abrazo de un minuto con otra persona del Senado que piense distinto”, expresó Sánchez. Luego pidió que los presentes eligieran a otro congresista para abrazarlo y decirle: “Por la vida, te abrazo”.

El senador insistió en que el acto no suponía renunciar al debate parlamentario ni a las convicciones de cada sector. “El debate no se acaba, las diferencias no se acaban”, afirmó. También defendió su derecho a mantener y expresar sus ideas, aunque sostuvo que la humanidad debía estar por encima de la confrontación violenta.

La sesión retomó posteriormente la agenda legislativa, que incluía la discusión y votación del Presupuesto General de la Nación para 2027. El acto dejó una imagen inusual en un recinto marcado por disputas políticas frecuentes, con legisladores de orillas opuestas reunidos en torno a un mensaje contra la violencia.

Reacciones en redes sociales

El país se sorprendió por el momento de abrazos en el Senado y entre las reacciones más populares se encuentra la de Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, que escribió en su cuenta de X: “Así todo el tiempo, por todos lados y para siempre. Muy bien Duvalier Sánchez”.

A su vez, la actriz Diana Ángel compartió el video con el siguiente texto: “Una de las expresiones que más me gustan: un abrazo”.

Por otro lado, el concejal de Bogotá David Saavedra escribió: “Hay que abrazar, pero sobre todo escuchar a quienes piensan diferente, por eso aplaudo el ejercicio del senador Duvalier Sánchez hoy en la plenaria del Senado. En momentos en que la violencia política escala, necesitamos tomarnos un minuto para abrazar la humanidad de otro, reconocernos como seres humanos y que en Colombia prevalezcan las ideas y no el rencor”.

Otros ciudadanos agregaron: “Ojalá sea sincero de lado y lado. La política no es negar al otro es la oportunidad para construir desee la diferencia. Uno ve esas sesiones y muchas son más malos tratos que discusiones sobre las problemáticas”.

La Comisión de Paz pidió esclarecer el crimen de Felipe López

La Comisión Legal de Paz y Posconflicto del Senado rechazó el atentado en un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026. La instancia lamentó la muerte del escolta López Gutiérrez, expresó solidaridad con sus familiares y manifestó respaldo a Ramírez, a Sánchez y a sus equipos de trabajo.

El documento advirtió que el ataque representa una amenaza para la participación política y democrática en los territorios: “La violencia no puede continuar siendo un instrumento de intimidación ni una forma de silenciar a quienes ejercen liderazgo”.

Además, pidió al Gobierno nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables, así como adoptar medidas de protección para líderes políticos, sociales y sus equipos. La comisión cerró su pronunciamiento con una advertencia: “La paz no puede construirse bajo la amenaza de las armas”.

Posturas claras. El excandidato presidencial y fundador y líder del Partido Cívico OBRAS, Ricardo Belmont, rechazó las acusaciones de traición dirigidas contra su agrupación por la decisión de su bancada en el Senado de participar en el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. La controversia surgió luego de que Ruth Luque denunciara un supuesto acuerdo entre el oficialismo y su agrupación política, mientras que el diputado Humberto Morales, de Juntos por el Perú, cuestionara la decisión por considerarla oportunista.

Durante una entrevista con RPP, Belmont negó que su partido haya pactado con el fujimorismo y calificó las críticas como “politiquería barata”. El exalcalde de Lima defendió la actuación de Daniel Barragán, jefe de la bancada de OBRAS, y sostuvo que participar en el debate parlamentario no significa renunciar a los principios de su agrupación.

“Poliquetería barata”

Belmont rechazó los cuestionamientos por la participación de su partido en el debate sobre las facultades legislativas y respondió a quienes sostienen que sus representantes traicionaron a sus aliados políticos.

“Las vigas maestras de OBRAS están hace tiempo y lo que no se acepta en OBRAS es la traición”, declaró. Luego, cuestionó a sus críticos: “Están haciendo politiquería barata, porque que me lo digan en mi cara y que me sustenten por qué traicionado, nada más”.

El líder partidario defendió la actuación del senador Daniel Barragán, quien participó en el debate parlamentario. Según Belmont, la decisión respondió a la necesidad de superar el estancamiento y permitir que la discusión continúe en el pleno sin ser obstruccionistas.

Niega acuerdo con Fuerza Popular

Ante las versiones sobre un supuesto entendimiento con el fujimorismo, Belmont aseguró que no ha establecido ningún pacto para respaldar las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Explicó que conversó anteriormente con Luis Galarreta y que también mantuvo diálogos con otras personas vinculadas a Fuerza Popular. Sin embargo, sostuvo que esas conversaciones no implican compromisos políticos.

“Nosotros no vamos a ceder en todo, pero vamos a destrabar la cancha”, afirmó al explicar la posición de OBRAS. También señaló que su agrupación está dispuesta a otorgar el beneficio de la duda, sin entregar un respaldo incondicional al Gobierno. En ese sentido, Belmont sostuvo que su partido busca contribuir a resolver los problemas del país mediante el diálogo, aunque remarcó que no aceptará decisiones contrarias a sus principios.

OBRAS plantea debatir las siete leyes por separado

Belmont precisó que la participación de su partido no significa aprobar en bloque todas las propuestas relacionadas con las facultades legislativas. Indicó que, según el texto sustitutorio mencionado durante la entrevista, las siete leyes deben discutirse individualmente en el pleno del Senado.

“Nosotros no aprobamos un paquete, aprobamos una por una”, enfatizó. Añadió que cada propuesta debe ser debatida, modificada e interpretada antes de someterse a votación.

El líder de OBRAS sostuvo que su agrupación busca defender los derechos de las personas, la soberanía y sus principios fundacionales. Asimismo, advirtió que, si el Gobierno no cumple con lo esperado, su partido podría actuar en las calles y las plazas.

El legislador señaló que la solicitud y concesión de una orden de aprehensión contra el exfuncionario constituyen elementos que deben considerarse dentro de las investigaciones sobre las posibles irregularidades relacionadas con el caso.

Martínez aclaró que corresponde a las autoridades determinar si los hechos constituyen delitos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del procedimiento judicial.

El caso está relacionado con un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino en la localidad de El Pinal.

En las investigaciones también se ha abordado la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la muerte de integrantes de esa agencia.

Senado señala falta de autorización federal para la intervención extranjera

Martínez sostuvo que sus cuestionamientos no se dirigen contra los agentes estadounidenses por su nacionalidad, sino contra las condiciones en las que presuntamente participaron en actividades dentro del país.

El senador explicó que, desde su perspectiva, el punto central es determinar por qué se habría permitido la intervención de personal extranjero sin contar con la autorización de las autoridades federales competentes.

En ese sentido, consideró que la postura del Gobierno de Chihuahua representa una rectificación respecto a la actuación del entonces fiscal.

No obstante, subrayó que las conclusiones deberán sustentarse en las declaraciones del exfuncionario y en el desarrollo de las investigaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existe una causa federal relacionada con hechos que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional, por la presunta participación de agentes extranjeros sin el permiso correspondiente.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que la investigación estatal sobre el operativo concluyó su etapa inicial y fue judicializada por delitos del fuero común.

También afirmó que la nueva causa federal corresponde a una investigación distinta y manifestó la disposición de su administración para colaborar con las autoridades.

¿Qué falta por esclarecer en el caso del exfiscal?

La detención de Jáuregui abrió nuevas interrogantes sobre la actuación de los funcionarios involucrados y el alcance de las investigaciones federales y estatales.

Entre los principales puntos que se mantienen bajo análisis están:

• La participación de agentes extranjeros: determinar bajo qué condiciones intervinieron en el operativo de El Pinal.
• La autorización federal: esclarecer si existieron permisos de las autoridades competentes para realizar esas actividades.
• Las responsabilidades individuales: establecer qué funcionarios participaron y si incurrieron en alguna conducta ilegal.
• Las investigaciones judiciales: precisar el alcance de las causas iniciadas por las autoridades estatales y federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, hasta donde tenía conocimiento, no existían pruebas que involucraran directamente a la gobernadora Maru Campos, aunque indicó que corresponde a la Fiscalía aclarar el alcance de las indagatorias.

Higinio Martínez plantea comparecencias por la situación del sector salud

En un asunto distinto, el presidente del Senado propuso revisar la posibilidad de citar a funcionarios del sector salud ante legisladores, en el marco del segundo informe de Gobierno.

Martínez mencionó al director general del IMSS, Zoé Robledo, y al secretario de Salud, David Kershenobich, ante las inconformidades y demandas expresadas por trabajadores del sector.

También planteó que representantes de IMSS-Bienestar podrían acudir al Senado para explicar la situación de ese organismo y los problemas reportados en la atención médica.

El senador indicó que la propuesta deberá analizarse con la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La decisión dependerá de los acuerdos entre los grupos parlamentarios y de la eventual ampliación del calendario de comparecencias.

Martínez sostuvo que el objetivo es que los senadores reciban información directa de los titulares de las instituciones sobre las problemáticas que enfrentan y las medidas previstas para atenderlas.

La exdiputada federal Karina Barrón Perales negó haberse registrado como aspirante a una diputación federal por el Distrito 10 de Nuevo León y afirmó que se trata de una usurpación de su identidad. Lo hizo en un video difundido en redes sociales, donde también aseguró que presentará denuncias ante las autoridades.

¿Qué dijo Karina Barrón?

En un mensaje publicado en Instagram la noche del domingo 18 de octubre, Barrón afirmó: “Circula en redes sociales un supuesto registro en mi nombre como aspirante a una diputación federal. Es falso, no lo realicé, no lo firmé y no autoricé a nadie para hacerlo”.

Señaló además que no se trata de un hecho aislado. Indicó que hace un par de semanas se difundió un supuesto oficio dirigido a la Presidencia de la República con su nombre, que también calificó de falso. Sostuvo que ambos documentos fueron fabricados usurpando su identidad.

Barrón aseguró que en los últimos meses ha vivido bajo amenazas y vigilancia, y mencionó el presunto uso de drones cerca de su domicilio. Afirmó que su equipo jurídico ya cuenta con evidencias y que las denuncias se presentarán “a la brevedad”. Según El Norte, anunció que acudirá a la Fiscalía General del Estado. También dijo que responsabiliza a la persona que está detrás de estos hechos de lo que pudiera ocurrirle a ella o a sus hijos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente quién habría elaborado los documentos ni existe una resolución de autoridad que determine su autenticidad o falsedad.

El registro que circuló en redes

De acuerdo con medios locales, el sábado 17 de octubre comenzó a circular una imagen con el supuesto acuse de registro en línea de Barrón. El documento incluía su nombre, el partido y el folio 04977-024, con fecha del 4 de octubre.

Publimetro y Consulta Monterrey informaron del registro el 18 de octubre. Citaron fuentes internas de Morena que indicaron que el estatus jurídico de Barrón sería revisado. Zócalo reportó que fuentes del partido habían confirmado el registro antes de la negativa de Barrón.

Es relevante considerar que la imagen circuló en plataformas digitales y que, hasta ahora, no hay una confirmación oficial pública de Morena sobre su autenticidad. El Norte publicó que el partido descartó haber aceptado el registro; esa postura debe verificarse en un comunicado o declaración directa del partido.

Reacción de Tatiana Clouthier

La exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier cuestionó el posible registro. Según Vanguardia, afirmó que Barrón es un perfil que “no representa” al movimiento y que su eventual participación sería una afrenta para la militancia.

Clouthier añadió que, de acuerdo con versiones internas del partido que no detalló, el registro habría sido aceptado porque Barrón tendría información que podría afectar a otros personajes políticos. No presentó pruebas ni nombres y no confirmó si Barrón formaría parte de algún equipo político específico.

Antecedentes del caso

Barrón fue diputada federal por el PRI en la LXV Legislatura (2021-2024) y diputada local en Nuevo León. Posteriormente se desempeñó como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, en la administración del alcalde Adrián de la Garza.

En marzo de 2026, la FGR ordenó su detención tras una denuncia presentada por el senador de Morena Waldo Fernández. De acuerdo con Publimetro, un juez federal la vinculó a proceso por falsedad de declaración y extorsión, delitos que se le imputan en perjuicio del legislador. Vincular a proceso no equivale a una sentencia condenatoria: la persona mantiene la presunción de inocencia.

Consulta Monterrey indicó que Barrón no fue sentenciada y que habría llegado a un acuerdo con Fernández que incluiría no buscar cargos públicos. Este dato no ha sido confirmado por las partes en las fuentes consultadas.

En su video, Barrón se refirió a una ocasión anterior en la que, dijo, la señalaron y no pudo defenderse como debía. No especificó a qué episodio se refería.

¿Qué sigue?

Quedan varios puntos por aclarar:

• Si la Fiscalía recibe formalmente las denuncias anunciadas y abre una carpeta de investigación.
• Si Morena emite una postura oficial sobre el folio y el proceso de registro.
• Si se identifica quién elaboró y difundió los documentos señalados como falsos.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), convocó a los senadores titulares y suplentes a continuar la primera sesión no ordinaria con un único punto en agenda: el debate y la votación del predictamen sobre el requerimiento de la administración fujimorista.

La propuesta fue remitida por la Cámara de Diputados y busca autorizar al Gobierno a legislar en dos materias: seguridad ciudadana y prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño. El dictamen aprobado por la Cámara Baja contempla 20 facultades, mientras que el predictamen elaborado por la comisión del Senado incorpora 27 medidas.

Entre las propuestas incluidas en el texto del Senado figuran la restitución de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la posibilidad de calificar como “grupos hostiles” a organizaciones criminales.

La convocatoria se produce después de dos episodios de tensión que dificultaron el avance de la iniciativa, el último de los cuales ocurrió cuando senadores de oposición abandonaron la sesión tras cuestionar la conducción de Mesía, lo que dejó al grupo de trabajo sin quórum e impidió continuar con el debate.

Los legisladores cuestionaron, entre otros aspectos, la respuesta del titular del grupo parlamentario a un pedido para delimitar las competencias del Senado frente a las decisiones de Diputados. Tras su salida, solo permanecieron en la sala representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, en su mayoría suplentes.

El primer altercado ocurrió la semana pasada, durante la exposición del ministro del Interior, César Astudillo, para sustentar las facultades excluidas del dictamen de la Cámara de Diputados, cuando Ruth Luque, senadora de Ahora Nación, afirmó que parecía tener “miedo” de impulsar una reforma policial.

La discusión escaló cuando su homólogo Iber Maraví, de Juntos por el Perú, cuestionó la respuesta del ministro, lo que desató gritos y enfrentamientos verbales que obligaron a suspender la sesión, que se reanudó minutos después sin que avanzara el debate.

Al límite

La Comisión de Constitución de la Cámara Alta tiene hasta este lunes 19 de octubre para dictaminar el pedido de facultades, cuyo plazo de revisión es de siete días hábiles desde su ingreso, el 7 de octubre. Si no lo hace, se aplicaría el artículo 105 de la Constitución, que permite enviar al Ejecutivo el texto aprobado por Diputados sin necesidad de una votación del Senado.

El constitucionalista Enrique Ghersi advirtió que sería la primera vez que se aplica esta disposición, incorporada con el retorno a la bicameralidad. En ese escenario, el texto aprobado por los diputados se convertiría en ley sin pasar por el voto de la Cámara Alta, lo que, a juicio del especialista, supondría un retroceso en el sistema bicameral.

El gobierno de Fujimori ha puesto como prioridad para avanzar en varios temas de gobierno, como el combate a la criminalidad y la atención por el fenómeno climático de El Niño, el recibir la autorización del Congreso para legislar sobre estos y otros asuntos de Estado, lo cual ha provocado la resistencia de la oposición al cuestionar la pertinencia de esa solicitud

A menos de un mes y medio para que finalicen las sesiones ordinarias, el Gobierno hará un último intento para destrabar el Súper RIGI en el Senado -inversiones por más de USD 1.000 millones para industrias “del futuro”-, con un Ministerio de Economía -comanda Luis Caputo- que tiene la definición del tema en sus manos. Esto ocurre tras el pedido de tres senadores para modificar el articulado que paralizó la discusión, a comienzos del mes pasado: según corroboró Infobae, apareció una nueva propuesta ya en análisis y se espera una decisión en los próximos días.

En concreto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigieron ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer importaciones que hoy se expanden en el vigente RIGI, algo que preocupa en un puñado de provincias. Además, solicitan que el valor de los potenciales insumos en cuestión “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

Semanas atrás, la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, validó otros cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales, y que las inversiones reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del mismo.

Lo que sí queda claro es que el texto, de llegar al recinto, volvería en segunda revisión a Diputados. Mientras tanto, en la Casa Rosada insisten, ya en el terreno de la fantasía, en consumar toda la agenda pendiente en 45 días. Por eso es que, de continuarse con los debates de varios articulados en carpeta -un par, de peso-, en el Congreso ya todos huelen perfume a extraordinarias, salvo que no lo desee el Ejecutivo, a quien le corresponde la potestad de convocar. No ocurre lo mismo en el universo de Balcarce 50, que tendría que aspirar a la magia para realizar su cometido, aunque insiste con fervor y otras delicias.

¿Qué plantean los legisladores?

Para verificar la oferta, los aliados sugieren que la eventual autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

En tanto, la propuesta impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

Además, la comparación deberá “efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”. Los senadores en cuestión, que levantaron el perfil, estudian el nuevo borrador. El mismo no abarcaría la demanda aliada en su totalidad, aunque busca amortiguar la queja.

Por otra parte, un guiño en este tema encadenaría otra respuesta similar a la expectativa del jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), que aguarda un aval al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). Los planes allí partirían desde los USD 12 millones para grandes empresas. Su colega Abad, el macrista Goerling Lara y el peronista Espínola sugirieron un mismo artículo para incorporar a dicho texto. También se trabó.

La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, criticó los nuevos lineamientos para que los usuarios frecuentes de Aeroméxico usen las salas de lujo, entre otras supuestas fallas en el servicio de la aerolínea, advirtiendo que buscará intervenir desde la Cámara Alta.

En su cuenta de X, la legisladora publicó un mensaje dirigido a Aeromexico, denunciando que supuestamente sin previo aviso, la aerolínea restringió el acceso de los pasajeros ‘socios Rewards’ de vuelos nacionales a los Salones Premier de cualquier aeropuerto.

En la misma publicación criticó que el precio para ingresar es “carísimo” y solo se puede ingresar si el usuario ‘premium’ tomará un vuelo internacional o tiene una tarjeta de crédito American Express o Inbursa / Aeromexico.

“Esta vez sí se pasaron en @Aeromexico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta @AmericanExpress o #inbursa/aeromexico”, escribió en la red social.

Señaló que a esto se suma que la empresa no notificó “por ninguna vía” a los beneficiarios, aunque esto fue desmentido por algunos usuarios de X, quienes respondieron al mensaje de la senadora indicando que la aerolínea anunció los cambios en agosto de este año.

“Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía; el precio carísimo, se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡a mojarte si está lloviendo ¡Porque ni un paraguas ofrecen!“, añadió.

Advirtió que por ello, le solicitará al Senado tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas, sin dar mayores detalles; sin emabrgo, en la publicación mencionó a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la cuenta de atención al cliente de Aeroméxico.

“Pero eso si, te da la bienvenida el dueño de la empresa en un video que de verdad parece burla. Por ello haré la solicitud en @senadomexicano para tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas. @Profeco @AM_Escucha”, concluyó.

¿Qué son los Salones Premier?

De acuerdo con la aerolínea, los Salones Premier de Aeroméxico son las salas VIP exclusivas diseñadas para que los pasajeros esperen la salida de sus vuelos en un ambiente más cómodo, privado y seguro.

Entre los beneficios está acceso a un buffet de cortesía y menú a la carta, además de un bar, red de WiFi, cabinas privadas y pantallas para ver el estatus de los vuelos.

La senadora Alejandra Omaña fue una de las mujeres que acusó al miembro del partido de gobierno y, durante el evento, también afirmó que fue víctima de supuesta censura durante su intervención ante cientos de personas que asistieron al encuentro en el Congreso el jueves 15 de octubre de 2026.

“Acabo de ser agredido verbalmente”

A través de un video en redes sociales, el senador de Salvación Nacional, que hizo la grabación a las afueras del Capitolio, denunció que tres integrantes del Pacto Histórico fueron quienes lo señalaron de acosador, por lo que interpondrá acciones legales en contra de ellas.

“Acabo de ser agredido verbalmente por tres mujeres congresistas del Pacto Histórico que me gritaban: ‘Acosador, acosador, acosador’, y lo hicieron en una audiencia pública. Incitaron a que otras mujeres que estaban allí en el recinto también me agredieran verbalmente”, dijo.

El senador aseguró que hará la denuncia por calumnia y una queja en la Comisión de Ética del Congreso “contra la senadora Alejandro Maña y las representantes a la Cámara Natalia Moreno y María Fernanda Carrascal, por señalamientos que considero falsos, lesivos contra mi honra y buen nombre”.

“Ahora acudiré a las instancias competentes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades legales y éticas que haya lugar. El debate político no puede servir de excusa para realizar imputaciones delictivas sin fundamento”, añadió el congresista.

Durante la grabación, Rodríguez publicó dos apartes en los que la también congresista Omaña lo acusa por ser “un maltratador de mujeres”, mientras que la representante Moreno dijo que “es un acosador y lo sostengo”.

“Yo defiendo ese derecho por ellas”

Alejandra Omaña, señalada por Germán Rodríguez por calumnia, dijo en su intervención en la audiencia sobre el aborto que ella también accedió a la interrupción voluntaria de un embarazo y defiende esa norma en el país: “Yo defiendo ese derecho por ellas. Hasta que me tocó a mí y comprendí las razones de por qué una mujer aborta. Y hoy personalizamos estas experiencias. Es miserable que en el Congreso de la República estemos llevando una conversación sobre si obligar o no a una mujer a llevar durante nueve meses a un feto en su vientre. Es miserable que obliguen a una mujer a hacerlo y sobre todo, que quienes defiendan esa idea tan precaria sean unos congresistas que apoyan el genocidio que tiene a veintiún mil niños asesinados en Palestina”.

“¿Cuántas mujeres, senadora Sara Castellanos, que tienen su fortuna de veintisiete propiedades en Colombia, iglesias en el extranjero, evadiendo impuestos, no se darían el lujo de ser mamás? Pero esa no es la historia de todas las mujeres. Porque las mujeres tienen que elegir entre trabajar o vivir, o criar, o comer. Esa es la historia de las mujeres que abortan", añadió.

Luego de eso, la senadora del Pacto Histórico denunció que la estaban censurando por no permitirle acabar su discurso, además de sufrir “acoso” por parte de los congresistas Germán Rodríguez y Sara Castellanos, quienes estaban a pocos metros de ella: “Primero, hay un acosador de mujeres aquí detrás de nosotros. Segundo, lo personal es político. Y tercero, me parece muy inoportuno que no inviten a uno de los citantes de los firmantes de este proyecto, que es el senador Jhon Bermeo, de Salvación Nacional, que tiene denuncias por violencia sexual y por presunta tortura a su pareja”.

De otro lado, la senadora Sara Castellanos, también de Salvación Nacional, informó que se instaló la llamada “bancada provida” en el Congreso: “Con alegría y convicción, asumo este compromiso: ser la voz de quienes aún no pueden alzar la suya.Desde el Congreso seguiremos trabajando por la defensa de la vida”.

Tras algunas disidencias en aliados y la falta de un par de firmas, las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado no lograron blindar esta tarde un dictamen de la nueva ley de salud mental, tras meses de negociaciones entre Nación y provincias representadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). El oficialismo libertario confía que obtendrá las rúbricas para el despacho de mayoría: si no lo hace hoy, el tema no quedará habilitado para la semana próxima.

En concreto, el proyecto plantea la prioridad para médicos -psiquiatras, en preferencia- sobre psicólogos -quienes también formarán los equipos interdisciplinarios- a la hora de tomar las decisiones más delicadas. Y las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en dicha acción, mientras que se revalida y sostiene la cooperación entre Nación y provincias en cuanto al financiamiento.

Por otra parte, se ampliará el concepto de adicciones -por ejemplo, la ludopatía-, se activará una delimitación de familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y quedará prohibida la práctica de manicomios. También existirá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

Además, todos los trabajadores involucrados en el proceso deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que generó conflicto y terminó de inclinar la balanza del articulado -hoy frenado- fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones. Es decir, plata.

En cuanto a familiares, se limitará la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una potencial internación en unidades de adultos, la misma quedará restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

“Se trata de mejorar aquello que la experiencia demostró que necesita un cambio”, manifestó la senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis). En tanto, su colega fueguina Belén Monte de Oca destacó: “La ley generaba muchos prejuicios a las personas que pasan por situaciones de salud mental o quienes tiene algún tipo de adicción”.

Por su parte, el filo K Fernando Salino (San Luis) direccionó la mira hacia la “base del problema, que es presupuestaria”. No obstante, la clave para que este tema llegara al plenario fue, en particular, el compromiso de sostener el financiamiento actual. Esto no pareció necesario y suficiente para la radical Gabriela Valenzuela (Corrientes), uno de los acompañamientos en disidencia. No suele pedir mucho la palabra y, cuando la solicitó, dijo: “Creo que estamos viviendo una crisis respecto a la salud mental. Sobre todo, en las provincias”.

Ya cerca de las 19 y, ante la imposibilidad de conseguir el dictamen, desde La Libertad Avanza pensaban en algún legislador de la oposición que presente mañana un despacho de minoría. ¿Para qué? Ante un nuevo documento que lleve otra/s firma/s, la sumatoria de ambos textos implicaría la mitad más uno del plenario y la habilitación de la discusión. En definitiva, no aterrizará en el recinto la semana próxima por no contar con los siete días reglamentarios ni tener los dos tercios de voluntades para ser tratado sobre tablas.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado, en caso de que el oficialismo cierre con aliados y solicite ir al recinto el jueves próximo.

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de firmar un dictamen, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.

Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.

“Es uno de los pocos países no adheridos a este tan importante tratado. Lo que rige en patentes es un acuerdo anterior, de 1884”, aseguró el libertario y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa). Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, manifestó: “Cooperación no significa resignar la soberanía en términos de lo que es aquello que los argentinos son capaces de inventar”.

La porteña apuntó a “despejar es equívocos” y dejó en claro que la propuesta “no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección, conforme a nuestra legislación”.

Para la porteña, “la Argentina tiene científicos, universidades y empresas para innovación”, lo que “permite -de sancionar el acuerdo- que todos esos actores del mundo tecnológico puedan proyectarse internacionalmente”. En esa línea, detalló: “Es una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y que logran generar nuevos productos o posibilidades para el adelanto de la ciencia”.

Por otra parte, Bullrich resaltó: “Hoy lanzan un avance e, inmediatamente, otro investigador lo publica y se pierde la posibilidad de tener una patente. Con esto, la primera información queda registrada y le da una protección adicional. Es decir, genera previsibilidad y mejores herramientas”.

No pensó igual el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Y, como ya suele ocurrir desde hace un tiempo, desde Convicción Federal -ex cristinistas, en principio-, el catamarqueño Guillermo Andrada dividió su apoyo -según el caso- entre las posturas de la porteña, y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete.

“Si nos perjudica de manera notoria, entonces es preciso exponerlo con un detalle de análisis de costo-beneficio. De lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, aumentamos el grado de dependencia”, sostuvo Capitanich.

Asistieron un puñado de invitados por la oposición que, en conjunto, criticaron el acuerdo. “No podemos escuchar que los medicamentos se van a encarecer cuando son carísimos de por sí, comparados con cualquier parte del mundo”, respondió Bullrich.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al conjunto de los senadores para reclamar que la Cámara alta retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La misiva fue difundida bajo una consigna directa: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”.

El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa se encuentra ante “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”, lo que implicaría el archivo definitivo de un texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Frente a ese escenario, la CEPAS pidió a los legisladores que generen los acuerdos necesarios y hagan todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.

La entidad sostuvo que el problema ya no puede ser considerado una advertencia a futuro, sino una realidad instalada que provoca consecuencias visibles en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, expresó la comisión episcopal en el documento dirigido a la presidenta del Senado y a la totalidad de sus integrantes.

El reclamo no es nuevo. La Iglesia católica viene pronunciándose sobre la problemática de las apuestas en línea desde hace más de dos años, con intervenciones cada vez más firmes ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron una primera advertencia con un mensaje contundente: “Apostar no es un juego”. Aquella campaña buscó poner el foco en el crecimiento acelerado de las plataformas de juego virtual y su impacto sobre niños, adolescentes y jóvenes.

En noviembre de ese mismo año, la CEPAS solicitó formalmente a la Cámara de Diputados el tratamiento urgente del proyecto. Tres meses después, en febrero de 2025, trasladó el pedido al Senado, donde señaló que el fenómeno estaba consolidando una “cultura de la timba y del azar” que afectaba incluso la libertad de quienes quedaban atrapados por la adicción. El reclamo escaló en octubre de 2025, cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en nombre de todos los obispos del país, definió la situación con una frase que no dejó margen a la ambigüedad: “La ludopatía es un atentado contra la vida”. En aquel pronunciamiento, los obispos también alertaron que, sin regulaciones y controles adecuados, cada teléfono celular podía transformarse en un verdadero “casino”.

La carta enviada a Villarruel plantea que la discusión legislativa ya no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino en asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. En ese sentido, la CEPAS advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, y cuestionó que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen los efectos de la adicción.

La comisión episcopal incluyó en su documento una referencia a las palabras del Papa León XIV, quien en su encíclica Magnífica Humanitas instó a evitar “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. La cita fue utilizada para reforzar el argumento de que la inacción legislativa favorece a una minoría que lucra con la actividad, mientras los costos recaen sobre el resto de la sociedad.

En esa línea, la CEPAS fue categórica al señalar que “no hacer nada” también constituye una decisión y que, en este caso, resultaría “profundamente lamentable”. Según el organismo, la ausencia de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social. A su vez, remarcó que los perjuicios que produce la ludopatía —humanos, familiares, sociales y sanitarios— no serán asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que terminarán recayendo sobre las personas, las familias y la comunidad en general.

Para respaldar su posición, la comisión episcopal citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, que aportan evidencia concreta sobre la magnitud del fenómeno y los riesgos que implica para la salud mental y el desarrollo integral de la población. Ambos organismos han documentado el impacto particularmente grave de las apuestas online en los menores de edad y en quienes atraviesan situaciones de mayor desprotección.

En el tramo final de la misiva, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario. “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyó la entidad eclesiástica, al reiterar su llamado a legislar sobre una problemática que, según advierte, ya atraviesa a toda la sociedad.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) rebasa el ámbito comercial, pues además de su continuidad está en juego la orientación que adoptará la integración económica de América del Norte en los próximos años. Así lo advirtió Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, al inaugurar el Seminario Académico “T-MEC, reindustrialización y Plan México: desafíos y propuestas”.

Una plataforma exportadora con rezagos internos

Rodríguez León reconoció que la integración con América del Norte permitió construir una importante plataforma exportadora y convirtió a México en una pieza fundamental de diversas cadenas productivas regionales.

Sin embargo, señaló que ese logro coexiste con una serie de rezagos:

• Crecimiento económico insuficiente.
• Baja inversión pública.
• Limitados encadenamientos productivos internos.
• Fuertes desigualdades regionales.
• Elevada dependencia tecnológica.
• Brechas persistentes en materia salarial y laboral.

La directora cuestionó si la actual reorganización de la economía mundial puede convertirse en una oportunidad real para transformar la estructura productiva del país o si únicamente profundizará su función como plataforma manufacturera dependiente de tecnologías, insumos y decisiones que se toman fuera de México.

¿Qué significa reindustrializar?

Para la académica, reindustrializar implica construir capacidades productivas, científicas y tecnológicas propias. También requiere:

• Fortalecer a las empresas nacionales.
• Articular a las micro, pequeñas y medianas empresas con sectores de mayor productividad.
• Formar recursos humanos especializados.
• Desarrollar infraestructura.
• Orientar la inversión hacia objetivos económicos, sociales y ambientales de largo plazo.

Plan México: objetivos y condiciones

Rodríguez León agregó que el Plan México, otro de los temas del seminario, representa la intención de recuperar la planeación económica y fortalecer las capacidades del Estado para conducir el desarrollo productivo nacional.

Entre sus objetivos se encuentran incrementar la inversión, elevar el contenido nacional, sustituir importaciones, crear empleos de calidad y fortalecer sectores estratégicos.

No obstante, advirtió que su cumplimiento dependerá de que esas metas se traduzcan en instituciones, recursos, instrumentos y mecanismos eficaces. También requerirá una coordinación profunda entre las instancias gubernamentales y los poderes políticos del país, así como una articulación estrecha con la academia.

Senado: T-MEC, reindustrialización y Plan México, en una misma dirección

Por su parte, Carlos Humberto Suárez Flores, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República, consideró que el tratado, la reindustrialización y el Plan México no pueden ir disociados y deben avanzar en una misma dirección.

El legislador afirmó que el T-MEC es mucho más que un acuerdo comercial: se trata de una arquitectura institucional que organiza una parte sustantiva de las relaciones productivas, comerciales y de inversión con Estados Unidos y Canadá.

Suárez Flores sostuvo que durante las últimas décadas México construyó una de las plataformas manufactureras más importantes de América Latina y profundizó su integración productiva con la región.

Cambios en la economía global

El senador señaló que la globalización basada exclusivamente en la búsqueda de menores costos está dando paso a una economía en la que cobran mayor importancia:

• La seguridad de las cadenas de suministro.
• La energía y la infraestructura.
• Los minerales estratégicos, de gran importancia con la inteligencia artificial.
• Los semiconductores.
• La capacidad de producir bienes esenciales.

En ese contexto, indicó que la relocalización no debe entenderse únicamente como la llegada de nuevas plantas industriales. Recordó que el país pasó de ser maquilador a uno de manufactura, pero afirmó que falta una siguiente etapa: desarrollar capacidades productivas a partir de la inversión.

Obra colectiva de tres tomos

Samuel Ortiz Velásquez, profesor de la FE y coordinador del seminario, explicó que el encuentro, organizado por la FE y El Colegio de la Frontera Norte, se compila en una obra colectiva de tres tomos dedicada al T-MEC. El trabajo es resultado del esfuerzo conjunto de 82 especialistas de 33 instituciones.

Ortiz Velásquez afirmó que se ha sostenido una agenda proactiva de investigación que aporta libros académicos especializados a la discusión pública.

Indicó que, desde una perspectiva analítica, los hallazgos sugieren que el T-MEC debe dimensionarse como un valioso instrumento de política comercial, pero no como un sustituto de una estrategia de desarrollo económico e institucional.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el dirigente también cuestionó la situación económica, reclamó medidas para recuperar el empleo formal y criticó el tono de la confrontación política. Su planteo apunta a que la oposición supere la lógica de los dos extremos y construya una alternativa con capacidad de gobierno.

La UCR necesita una propuesta nacional

Para Negri, el radicalismo debe acelerar sus definiciones después de que Milei manifestara su intención de buscar la reelección. Aunque conserva presencia territorial, consideró que el partido no consigue traducir ese peso en una voz propia dentro de la discusión nacional. “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”, advirtió.

En esa reconstrucción, también cuestionó el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. A su entender, la falta de reglas previsibles para distribuir recursos debilita el federalismo y deja a los gobernadores sujetos a las decisiones del Ejecutivo. “El federalismo fiscal desapareció”, resumió.

El dirigente consideró que la UCR debe recuperar el contacto con los sectores que buscan una alternativa alejada de la confrontación. Para eso, sostuvo, necesita dejar de mirar exclusivamente su propia estructura y volver a representar demandas sociales concretas.

Una coalición que no se limite a ganar

Al evaluar posibles acuerdos entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios, Negri rechazó que la oposición se organice únicamente en función de su rechazo al Gobierno. “Yo anti no, anti nada. En todo caso, una alternativa”, planteó.

Su propuesta es una coalición republicana, liberal en lo político e institucional y orientada hacia el centro. Para el exdiputado, la unidad debe sostenerse en objetivos compartidos y no solo en la necesidad de derrotar al oficialismo. “Amontonarse no garantiza el gobierno. Puede garantizar ganar, pero no cambiar”, advirtió.

Entre las prioridades de ese programa mencionó la educación pública con mecanismos de auditoría, reglas claras para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una política de federalismo fiscal y el cumplimiento de los compromisos de obra pública.

Negri apeló a su experiencia al frente del bloque radical y del interbloque de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordó el crecimiento de ese espacio en la Cámara de Diputados y destacó la importancia de sostener acuerdos entre fuerzas con diferencias internas.

La discusión también tiene una dimensión electoral inmediata: la UCR pone en juego nueve de sus diez bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados, según los números que repasó durante la entrevista. Para Negri, esa disputa exige definir primero qué quiere representar el partido y qué respuestas puede ofrecer.

La economía más allá del equilibrio fiscal

Negri reconoció que el equilibrio fiscal y la reducción del gasto innecesario son objetivos necesarios, pero advirtió que no alcanzan si las familias siguen teniendo dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

También cuestionó las dificultades del mercado laboral y reclamó que la recuperación se traduzca en puestos estables y registrados. “De lo que se trata es de trabajo de calidad, de formalidad, que es lo que se prometió”, sostuvo.

El exdiputado vinculó ese diagnóstico con la situación de las empresas y la falta de inversiones. Durante la entrevista, estimó que más de 30.000 compañías cerraron durante la administración de Milei. También afirmó que Brasil y México concentraron el 62% de la inversión extranjera directa regional en 2025, una comparación que utilizó para advertir sobre la posición de la Argentina frente a sus vecinos.

Críticas al discurso oficial y reclamo de consensos

Negri cuestionó el uso de “casta” como una descalificación general de la dirigencia y advirtió sobre el efecto del lenguaje presidencial en la convivencia democrática. A su entender, los agravios desde el poder profundizan las divisiones y dificultan la construcción de acuerdos. “Con la palabra vos podés construir puentes, pero con la palabra también podés levantar muros”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, expresó reparos sobre el proyecto de ley relacionado con la soberanía de Malvinas, por los cambios que, según señaló, contempla en el Código Penal y en las normas de defensa y seguridad nacional. Negri reclamó una discusión amplia y recordó el consenso político que permitió aprobar la Ley de Defensa durante la democracia. Consideró que las iniciativas vinculadas con asuntos estratégicos requieren acuerdos que trasciendan las mayorías circunstanciales.

De cara a 2027, su planteo es que la UCR recupere una identidad propia y participe de una coalición con objetivos definidos. Para el exdiputado, la oposición necesita superar la confrontación entre los extremos y presentar una alternativa que combine estabilidad económica, empleo y reglas institucionales.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El Senado de la República aprobó declarar cada 26 de febrero como el “Día Nacional para Concientizar sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico”, un padecimiento que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Perinatología, afecta entre 21% y 22% de las mujeres y personas gestantes en México.

El proyecto de decreto recibe el respaldo unánime del Pleno y es enviado a la Cámara de Diputados. La propuesta busca establecer una fecha para informar sobre un trastorno hormonal que puede ocasionar alteraciones menstruales, dificultades para lograr un embarazo y afectaciones metabólicas que requieren seguimiento médico.

La iniciativa se discute cuando la enfermedad comienza a ser identificada también como síndrome ovárico metabólico poliendocrino, o SOMP, una denominación anunciada el 12 de mayo de 2026 tras un consenso internacional publicado en The Lancet.

Senado envía a Diputados el proyecto para establecer el 26 de febrero

Las y los senadores señalaron que el síndrome de ovario poliquístico, conocido como SOP, representa un problema para la salud pública por las enfermedades con las que se relaciona y por sus efectos en la calidad de vida de las pacientes.

El documento aprobado refiere que la Guía de Práctica Clínica del IMSS estima una prevalencia mundial de entre 3% y 7% entre mujeres en edad reproductiva. En México, añade, la estimación se ubica en alrededor de 6%.

Otros datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública establecen que el padecimiento afecta aproximadamente a una de cada cinco mujeres en el país. La prevalencia general en mujeres en edad fértil se calcula entre 4% y 21%.

La senadora del PVEM, Maki Ortiz Domínguez, sostuvo que el síndrome afecta a una parte de la población femenina en edad reproductiva y que la falta de información genera un estigma social con consecuencias en la salud mental de las pacientes.

La legisladora señaló que esa falta de información puede derivar en ansiedad y depresión. Asimismo, añadió que hasta 70% de las mujeres que viven con el padecimiento no cuenta con un diagnóstico oportuno.

Ortiz Domínguez afirmó que declarar el 26 de febrero como Día Nacional para Concientizar sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico representa un paso para cumplir el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4 de la Constitución.

La senadora agrega que, con el proyecto, México se alinea con las metas internacionales orientadas a reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y a promover el bienestar integral de las mujeres.

El nuevo nombre busca describir una enfermedad hormonal y metabólica

El cambio de nombre de SOP a SOMP busca dejar atrás la idea de que el padecimiento se reduce a la presencia de quistes en los ovarios. Las alteraciones que se detectan mediante estudios de imagen no siempre corresponden a quistes patológicos.

En numerosos casos, esas imágenes muestran folículos ováricos en distintas etapas de desarrollo. Además, no todas las pacientes presentan esa morfología, una circunstancia que puede generar confusión y retrasar la identificación de la enfermedad.

La denominación síndrome ovárico metabólico poliendocrino plantea que se trata de una condición sistémica, pues no se limita al aparato reproductor. El padecimiento también involucra cambios hormonales y metabólicos que pueden modificar la salud general de las pacientes.

El uso de SOP y SOMP coexistirá durante un periodo de transición de tres años en expedientes médicos, guías clínicas y materiales informativos.

La meta planteada es que para 2028 el nombre de síndrome ovárico metabólico poliendocrino sea la denominación estándar a nivel internacional.

La modificación cuenta con el respaldo de 56 organizaciones, incluida la Organización Mundial de la Salud.

El ajuste se basa en el consenso internacional que plantea una descripción más precisa de un padecimiento que puede tener manifestaciones reproductivas, hormonales y metabólicas.

Síntomas de SOMP

Entre los signos del síndrome se encuentran los ciclos menstruales irregulares o la ausencia de menstruación, las alteraciones en la ovulación y las dificultades para lograr un embarazo. También puede presentarse exceso de andrógenos.

El exceso de andrógenos puede manifestarse con crecimiento de vello en cara o cuerpo, acné y, en algunos casos, caída de cabello. La información del gobierno federal difundida en 2024 también menciona la aparición de vello en zonas como barba, bigote, axilas o espalda.

El componente metabólico forma parte del nuevo término SOMP. Las pacientes pueden presentar resistencia a la insulina, aumento de peso, obesidad y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El padecimiento también se asocia con hipertensión, alteraciones cardiovasculares, apnea del sueño, ansiedad y depresión.

La falta de tratamiento puede ocasionar complicaciones en la vida reproductiva, además de elevar el riesgo de trastornos metabólicos, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio o infertilidad.

La Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República desechó la propuesta que buscaba prohibir las redes sociales a menores de 15 años; sin embargo, planteó legislar una regulación que amplíe la protección de niñas, niños y adolescentes sin reducirla a la restricción de cuentas.

Esto, coincide con el decreto que firmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para prohibir que las plataformas digitales permitan que menores de 18 años accedan a contenido violento y sexual.

El órgano legislativo, presidido por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que la protección de menores en internet requiere una legislación sólida e integral, capaz de atender los riesgos de los entornos digitales y de establecer condiciones para aplicar las medidas que se aprueben.

En su reunión de trabajo de este martes, la Comisión de Derechos Digitales aprobó un dictamen en sentido negativo para desechar el proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Comisión prepara una propuesta legislativa más amplia

Colosio Riojas aclaró que el sentido negativo del dictamen no desconoce el valor de la iniciativa presentada, sino que la considera un antecedente para construir una legislación más amplia que atienda de manera efectiva la protección de niñas, niños y adolescentes en internet.

Reconoció la preocupación de los promoventes por los riesgos que existen en la red. Aun así, advirtió que cualquier regulación debe incorporar la protección de derechos, las garantías de privacidad y los mecanismos que permitan llevar las medidas a la práctica.

La discusión, sostuvo, no debe limitarse a restringir el acceso a plataformas digitales, por lo que la ruta planteada debe contemplar escuchar a menores de edad, familias, especialistas, docentes y autoridades, cuya participación forma parte de las mesas de trabajo del Pacto Click Protegido.

En esos encuentros se analizan los elementos que podrían integrarse a una nueva iniciativa, con el propósito de definir una propuesta que considere los distintos factores relacionados con la presencia de menores en internet.

La tercera sesión de esas mesas se realizará el próximo 30 de octubre. El encuentro se suma a los trabajos de la comisión para definir una propuesta que no se limite a la prohibición de acceso a plataformas, sino que considere los distintos factores relacionados con la presencia de menores en internet.

Jornada de Seguridad Digital Ciudadana se realizará del 20 al 22 de octubre

Durante el apartado de asuntos generales, Colosio Riojas anuncia la realización de la Jornada de Seguridad Digital Ciudadana, programada del 20 al 22 de octubre. El espacio plantea un diálogo sobre temas vinculados con el uso de nuevas tecnologías y la información personal de los usuarios.

Las jornadas abordarán neurotecnologías, protección de datos cerebrales, identidad digital, biometría y seguridad en dispositivos inteligentes. Los temas se incorporan a la agenda de la comisión en medio de la discusión sobre reglas para proteger a menores de edad y usuarios en entornos digitales.

La actividad se organizará con la participación de la senadora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, y de la Red Conectadas. Colosio Riojas informa que el programa contempla conferencias, talleres y proyecciones cinematográficas.

“Las jornadas contemplan conferencias, talleres y proyecciones cinematográficas para abordar, desde distintas perspectivas, los efectos de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana”, informa el senador.

El presidente de la Comisión de Derechos Digitales también invita a legisladores, equipos de trabajo y público en general a la presentación del libro No basta con vivir aquí: Guía de civismo práctico para transitar de habitante a ciudadano, del maestro Juan Manuel Ramos Mejía, fundador del Centro Cívitas.

La presentación se llevará a cabo este 14 de octubre, a las 16:30 horas, en la Sala 1 del piso 14 de la torre de comisiones del Senado.

Sheinbaum firma decreto contra contenido violento

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, firmaron un decreto para obligar a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos dañinos en internet.

La medida será publicada este miércoles 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor con un plazo de un mes para que las empresas adapten sus mecanismos.

El decreto parte de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las redes sociales y otros servicios digitales deben impedir el acceso, la exposición y la recomendación de imágenes, videos y materiales que puedan generar o promover riesgos para las personas menores de edad.

Asimismo, busca que las plataformas adopten controles más eficaces para detectar, retirar y limitar la difusión de ese tipo de publicaciones.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde señala que el Gobierno federal sostuvo una segunda reunión con representantes de empresas tecnológicas. En ese encuentro, las compañías reconocieron la necesidad de contar con una herramienta regulatoria que establezca obligaciones claras para la protección de usuarios jóvenes.

Entre las firmas participantes se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Según la funcionaria, varias de estas empresas ya cuentan con sistemas para identificar y retirar contenidos dirigidos o accesibles para niñas, niños y adolescentes, aunque el decreto busca fijar criterios y responsabilidades comunes.

La Agencia Digital dará seguimiento al cumplimiento de las medidas durante el periodo de implementación.

Las plataformas tendrán que reportar o demostrar los avances que realicen para ajustarse a las nuevas disposiciones.

El decreto contempla sanciones para quienes no acaten la normativa, aunque la información disponible no precisa cuáles serán las multas o castigos aplicables.

La iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental para prevenir la violencia digital contra menores de edad y reducir los riesgos asociados con la circulación de contenido perjudicial en redes sociales.

Los principales gremios empresariales del país expresaron su preocupación por el recorte de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una delegación acotada a seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño.

Entre los pronunciamientos más relevantes figuran los de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), que exigieron al Senado reincorporar medidas para reactivar sectores productivos, facilitar la actividad de las micro y pequeñas empresas y destrabar proyectos de inversión.

ComexPerú reclamó reformas para formalización e inversión

ComexPerú advirtió que la propuesta aprobada deja afuera cambios que considera necesarios para enfrentar problemas que afectan el crecimiento económico y la generación de empleo. El gremio reconoció la necesidad de atender la inseguridad y los efectos de El Niño, aunque pidió ampliar el alcance de la delegación.

La organización planteó medidas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas, reducir exigencias tributarias y promover la contratación formal de jóvenes. Según señaló, la informalidad laboral alcanza a aproximadamente siete de cada diez trabajadores, por lo que reclamó reducir costos y barreras para incorporar negocios al sistema formal.

El gremio también propuso reforzar la eliminación de barreras burocráticas, mejorar la calidad regulatoria y acelerar proyectos de minería e infraestructura. En esa línea, pidió que el Senado evalúe la inclusión de medidas de modernización estatal, meritocracia y fortalecimiento de la gestión pública, con objetivos delimitados y mecanismos de rendición de cuentas.

La SNI alertó por el impacto sobre cadenas industriales

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo, sostuvo en declaraciones a RPP Noticias que el Congreso debería acompañar con mayor decisión las medidas de reactivación económica. Planteó que la inseguridad ciudadana es una prioridad, pero afirmó que también hay problemas que afectan a empresas de distintos tamaños.

Castillo mencionó dificultades en los sectores pesquero, textil y manufacturero. Señaló que la actividad textil registra una caída del 12%, con impacto en las ventas, las deudas y los pagos a terceros. Por ello, reclamó que el Senado incluya medidas que faciliten el acceso al crédito y otorguen alternativas para ordenar las obligaciones acumuladas de las empresas. “No ha sido correcto que se entienda que solo hay medidas para la inseguridad y El Niño”, afirmó.

El dirigente industrial reclamó que se reincorporen disposiciones para las micro y pequeñas empresas. También cuestionó el avance de importaciones de indumentaria a través de plataformas como Temu, sobre las que la SNI formuló observaciones por eventuales ventajas frente a los productores locales. Castillo advirtió, además, que El Niño puede afectar al sector alpaquero del sur y a actividades productivas del norte del país.

Confiep vinculó la demora con las expectativas de inversión

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, consideró que el desacuerdo entre el Gobierno y el Congreso afecta las expectativas de inversión. En una entrevista con Gestión, afirmó que el Ejecutivo dio señales favorables para atraer capitales y destrabar proyectos, aunque la demora en la delegación mantiene en suspenso reformas reclamadas por el sector privado.

Zapata pidió facultades en materia económica, desregulación y reforma del Estado. Entre las medidas mencionadas figuran cambios tributarios, simplificación de trámites, impulso a las Asociaciones Público Privadas (APP), obras por impuestos, meritocracia en el sector público y modificaciones a los regímenes de formalización empresarial.

El titular de Confiep señaló que las expectativas empresariales retrocedieron durante los últimos dos meses. También cuestionó la existencia de obras paralizadas por cerca de S/ 65.000 millones y sostuvo que la inversión debería superar el nivel estimado de 15% del producto bruto interno para acercarse a registros de entre 20% y 25%.

El Senado definirá si amplía el texto aprobado por Diputados

La Cámara de Diputados aprobó una delegación de facultades por 90 días, con 20 medidas concentradas en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Quedaron fuera propuestas sobre empleo, formalización, tributación, micro y pequeñas empresas, sistema financiero, minería, energía, pesca, industria y turismo.

La Comisión de Constitución del Senado retomó el análisis del proyecto el 13 de octubre y recibió aportes de representantes empresariales y de las micro y pequeñas empresas. El presidente del grupo, Carlos Mesía, planteó que el dictamen podría llegar al pleno en un plazo de hasta dos semanas. No obstante, también se evaluó una ruta más rápida: una votación en comisión el 15 de octubre y el tratamiento en el pleno el 19 de octubre.

La PCM busca ampliar el alcance de la delegación. Sin embargo, sectores de la oposición y bancadas que respaldaron el texto acotado en Diputados advierten que el Senado no debería reincorporar materias ajenas al acuerdo original.

El presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, Alfonso López Chau, planteó impulsar la creación de un Fondo Soberano de Riqueza para el Perú. La propuesta surgió durante un taller especializado sobre finanzas abiertas organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el que se analizaron experiencias internacionales y alternativas para financiar un eventual instrumento de inversión estatal.

La iniciativa apunta a explorar mecanismos que permitan canalizar recursos hacia la infraestructura, la innovación y la inversión productiva, como parte de una estrategia para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. En ese contexto, López Chau destacó los casos de Brasil y Chile y propuso organizar una conferencia de alto nivel técnico para examinar las posibilidades de implementar un fondo de estas características en el país.

Senado plantea analizar un Fondo Soberano de Riqueza para el Perú

El taller se realizó en la sede de la SBS, con la participación de su Centro de Formación, especialistas y autoridades. La agenda incluyó el estudio de modelos internacionales, posibles fuentes de financiamiento y esquemas de gobernanza que podrían servir de referencia para una iniciativa peruana.

Durante el encuentro, López Chau resaltó la existencia de fondos soberanos en otros países de la región y sostuvo: “Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Sería muy bueno que el Perú tenga una conferencia de alto nivel técnico sobre los fondos soberanos de riqueza. Creo que ayudaría mucho”.

El senador también invitó al presidente de la SBS a promover un seminario especializado que permita profundizar en el funcionamiento de estos instrumentos. La propuesta se vinculó con la posibilidad de articular esfuerzos entre el Estado, la banca privada y los organismos reguladores para respaldar proyectos que contribuyan al desarrollo productivo nacional.

¿Qué es un Fondo Soberano de Riqueza?

De acuerdo con el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (IFSWF, por sus siglas en inglés), la definición oficial de estos instrumentos fue elaborada por los propios fondos en 2008 y publicada en el apéndice I de los Principios de Santiago.

Esta definición establece tres características fundamentales: son propiedad del gobierno general, que comprende tanto al Gobierno central como a los gobiernos subnacionales; incluyen inversiones en activos financieros extranjeros y buscan obtener rendimientos con fines financieros.

Por esa razón, no todos los recursos administrados por el Estado califican como fondos soberanos. Los fondos públicos de pensiones quedan excluidos porque, en última instancia, pertenecen a los titulares de las pólizas correspondientes. Tampoco se consideran como tales las reservas del banco central que no están invertidas.

Ahorro, estabilización y desarrollo: los objetivos de estos fondos

Los fondos soberanos pueden responder a diferentes necesidades económicas, dependiendo de su mandato. Una de sus modalidades son los fondos de ahorro, diseñados para acumular recursos durante periodos prolongados y beneficiar a las generaciones futuras. Son utilizados especialmente por países con abundantes materias primas, que buscan reservar parte de la riqueza obtenida de recursos naturales finitos, como el petróleo, el gas y los metales.

Otra modalidad son los fondos de estabilización, que funcionan como reservas de capital para ayudar a los gobiernos a afrontar caídas de ingresos y reducir las fluctuaciones presupuestarias. En economías dependientes de las materias primas, estos mecanismos permiten ahorrar parte de las ganancias cuando los ingresos son elevados y utilizar esos recursos cuando disminuyen.

También existen los fondos estratégicos, orientados a contribuir al desarrollo económico nacional. Su expansión respondió, entre otros factores, a cambios en las condiciones financieras internacionales posteriores a la crisis mundial, cuando varios gobiernos comenzaron a utilizar sus activos para respaldar políticas económicas y proyectos de desarrollo.

Fondos con objetivos combinados

Un fondo soberano no necesariamente debe concentrarse en una sola finalidad. Algunos combinan funciones de ahorro, estabilización y desarrollo, de modo que pueden atender distintas necesidades económicas bajo una misma estructura de inversión.

Para el Perú, el planteamiento de López Chau abre la discusión sobre qué objetivos debería priorizar un instrumento de este tipo y cómo se financiaría y administraría. El taller organizado con la SBS permitió poner sobre la mesa experiencias internacionales y aspectos técnicos que tendrían que evaluarse antes de avanzar hacia una propuesta concreta.

El funcionario llegó a las 10:18 horas y fue recibido por el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, en el estacionamiento del sótano 2, desde donde fue trasladado al salón de la reunión.

Un encuentro privado con coordinadores y Mesa Directiva

La comparecencia es privada y forma parte de la Glosa del Segundo Informe de Labores. El mismo medio reportó que el titular de la SSPC se reuniría con los coordinadores de las bancadas, vicecoordinadores e integrantes de la Mesa Directiva del Senado.

Mier Velazco publicó un mensaje en su cuenta de X al recibirlo:

“El diálogo y la rendición de cuentas fortalecen a nuestro país”.

Calendario de comparecencias en el Senado

Mier Velazco había informado que las comparecencias de secretarios de Estado iniciarían el 5 de octubre con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Según el calendario difundido por el propio legislador:

• 5 de octubre: Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), ante la Jucopo.
• 6 de octubre: Edgar Amador Zamora (Hacienda), ante el pleno.
• 13 de octubre: Omar García Harfuch (SSPC), ante la Jucopo.
• 14 de octubre: Roberto Velasco Álvarez (Relaciones Exteriores), ante el pleno.
• 20 de octubre: Marcelo Ebrard Casaubon (Economía), ante la Jucopo y comisiones.

Quadratín informó que esta es la segunda comparecencia a puerta cerrada de la Glosa, después de la de la secretaria de Gobernación.

Antecedente: la comparecencia en la Cámara de Diputados

El 8 de octubre, García Harfuch compareció también en privado ante la Jucopo de la Cámara de Diputados. La reunión fue a puerta cerrada ante Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, y Raúl Bolaños, presidente de la Mesa Directiva, además de coordinadores parlamentarios.

El formato se acordó entre los líderes de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC por la sensibilidad de los temas de seguridad nacional.

Tras ese encuentro, el funcionario afirmó que la seguridad en las elecciones de 2027 está garantizada por las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad.

Kimberly Guilfoyle llegó a Grecia como uno de los primeros nombramientos diplomáticos del segundo mandato de Donald Trump.

Era exfiscal, exanimadora de Fox News y expareja del hijo mayor del presidente. Nueve meses después, una acumulación de denuncias sobre conducta impropia —dinero, amenazas y favores políticos— la dejó sin el cargo.

La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, lo confirmó este martes durante su primera conferencia de prensa: “Le hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo y le deseamos lo mejor”.

Al cierre de esa declaración, no estaba claro si Guilfoyle había aceptado formalmente la salida.

Las señales de que algo así ocurriría venían desde el fin de semana. The Associated Press informó el domingo —citando a un funcionario de alto rango— que tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio estaban “extremadamente enojados” con las acusaciones y que resolverían la situación esta semana.

Este lunes, ante periodistas en la Casa Blanca, Trump fue directo: “Lo estamos evaluando. No estamos contentos”.

La reacción dentro de la administración

Rubio había defendido públicamente a Guilfoyle tras las primeras acusaciones. “Nuestra embajadora ha sido una embajadora sólida aquí”, afirmó la semana pasada.

Sin embargo, cuando surgieron nuevas denuncias, cambió su postura: dejó de hacer declaraciones sobre el caso y se negó a responder preguntas al respecto.

El jueves pasado, antes de abordar su avión en Atenas, el secretario de Estado reprendió a los periodistas que insistían en el tema. “Ustedes creen que porque alguna fuente les dijo algo y lo publicaron, es el evangelio. No es el evangelio para mí”, les dijo, mientras Guilfoyle —que había ido a despedirlo— observaba la escena.

Un escándalo que creció semana a semana

Las denuncias contra Guilfoyle comenzaron a publicarse a fines de septiembre en The Wall Street Journal y se multiplicaron con el paso de las semanas.

El primer informe del diario señaló que la embajadora habría advertido a invitados en una recepción que Estados Unidos podría desestabilizar al gobierno griego si lo decidía.

En esa misma publicación se detalló que habría promovido los intereses comerciales de una empresa griega de construcción y energía, y que habría permitido que el lobista de esa compañía participara de reuniones diplomáticas privadas.

Poco después, The Wall Street Journal reveló —con mensajes de texto como respaldo— que Guilfoyle le había pedido a un donante y simpatizante de Trump que pagara una deuda de USD 100.000 en su tarjeta de crédito American Express, días antes de su audiencia de confirmación en el Senado en julio de 2025.

A cambio, le habría prometido acceso a funcionarios de la administración. The New York Times también tuvo acceso a esos mensajes, en los que Guilfoyle se comprometía a ser su “incondicional en el mundo Trump” si recibía el dinero.

Un tercer reporte del Journal indicó que la embajadora se había molestado por no recibir una invitación a un evento con temática griega en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, y que había exigido su inclusión mientras alardeaba de viajes de lujo a Francia con ejecutivos de una empresa energética.

Por su parte, The Daily Mail informó que Guilfoyle había distanciado al personal de la Embajada estadounidense en Atenas con un comportamiento reñido con el rol que le corresponde como máxima representante diplomática del país.

La defensa de la embajadora y las consecuencias legales

Guilfoyle no se pronunció directamente sobre ninguna de las acusaciones. Sus abogados, David Schwartz y Jesse Binnall, emitieron un comunicado el domingo en el que rechazaron todas las denuncias.

Sobre ese dinero, sostuvieron que se trataba de un pago pendiente por servicios previos a su nominación como embajadora —apariciones públicas y conferencias— que el donante nunca había abonado.

En cuanto a los viajes en aviones privados, aseguraron que Guilfoyle “solicitó, obtuvo y siguió la orientación del Departamento de Estado y cumplió con las regulaciones de viaje del organismo” en cada ocasión.

Un segundo funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a The Associated Press que el inspector general del Departamento de Estado analiza las acusaciones.

El funcionario aclaró que no podía precisar si se había iniciado una investigación formal; las inspectorías generales suelen realizar indagaciones preliminares que no siempre derivan en un proceso disciplinario completo.

El Departamento de Estado no hizo comentarios sobre una posible investigación.

Desde el Congreso, tres legisladores demócratas —el representante Gregory Meeks de Nueva York, la senadora Jeanne Shaheen de Nuevo Hampshire y el representante Robert Garcia de California— reclamaron formalmente la apertura de una investigación.

El Gobierno promulgó este martes la reforma en el régimen de Zonas Frías, la ley que pone fin al descuento automático en la factura de gas para 94 municipios bonaerenses y distritos de otras cuatro provincias. La norma se publicó en el Boletín Oficial, luego de que el Senado la aprobara a fines de septiembre con 38 votos a favor y ocho en contra, tras la media sanción que había conseguido en Diputados en mayo.

Pese a la publicación oficial, la vigencia efectiva del nuevo esquema todavía no tiene fecha firme. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que aún resta el decreto reglamentario, a cargo de la Secretaría de Energía, que deberá definir los mecanismos de inscripción y acreditación de las condiciones requeridas para acceder a la bonificación. Sin esa reglamentación, la aplicación práctica de la ley permanece en suspenso.

Además, precisaron que, una vez que la reglamentación entre en vigencia, el impacto en las boletas no será inmediato. Según indicaron, las primeras facturas con el nuevo esquema llegarían recién unos 20 días después del decreto reglamentario, aunque el plazo exacto dependerá del período de facturación de cada usuario, que varía según la distribuidora y la zona.

La reforma modifica el artículo 75 de la Ley 25.565, que regula el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. De esta manera, la norma revierte la ampliación que había impulsado en 2021 el entonces diputado Máximo Kirchner y retoma la redacción original del régimen, sancionado en 2002. Bajo ese esquema, conservan el beneficio de manera permanente la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la Puna.

Qué cambia con la nueva ley

El esquema vigente hasta ahora otorgaba el descuento tarifario por el solo hecho de residir en una localidad con bajas temperaturas. Con la nueva normativa, ese beneficio automático por residencia desaparece, excepto en las regiones que mantienen el régimen histórico.

Los distritos que habían sido incorporados mediante la ampliación sancionada en 2021 quedan fuera del régimen general. Aquella extensión había multiplicado el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares en todo el país, al sumar zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias que, según el criterio oficial actual, no registran condiciones climáticas extremas.

Para los hogares que pierden el subsidio general, el descuento quedará supeditado a la inscripción en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El acceso requiere cumplir al menos una de estas condiciones: registrar ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales del Indec, contar con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibir la Pensión de Veterano de Malvinas o figurar en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La ley no detalla todavía el mecanismo de inscripción ni el procedimiento para acreditar esas condiciones, un aspecto que quedará definido en la reglamentación pendiente.

El listado completo de los 94 municipios que pierden el subsidio

El cambio impacta de manera directa sobre 1,24 millones de hogares distribuidos en los 94 municipios bonaerenses. A nivel nacional, la cifra de usuarios alcanzados por la pérdida del beneficio automático asciende a 3,35 millones. El único distrito bonaerense que conserva el subsidio es Patagones, por su pertenencia formal a la región patagónica.

• 25 de Mayo
• 9 de Julio
• Adolfo Alsina
• Adolfo Gonzales Chaves
• Alberti
• Arrecifes
• Ayacucho
• Azul
• Bahía Blanca
• Balcarce
• Baradero
• Benito Juárez
• Bolívar
• Bragado
• Cañuelas
• Capitán Sarmiento
• Carlos Casares
• Carlos Tejedor
• Carmen de Areco
• Castelli
• Chacabuco
• Chivilcoy
• Colón
• Coronel Pringles
• Coronel Rosales
• Coronel Suárez
• Daireaux
• Dolores
• Florentino Ameghino
• General Alvarado
• General Alvear
• General Arenales
• General Belgrano
• General Guido
• General La Madrid
• General Las Heras
• General Lavalle
• General Madariaga
• General Paz
• General Pinto
• General Pueyrredon (Mar del Plata)
• General Rodríguez
• General Viamonte
• General Villegas
• Guaminí
• Hipólito Yrigoyen
• Junín
• La Costa
• Laprida
• Las Flores
• Leandro N. Alem
• Lincoln
• Lobería
• Lobos
• Maipú
• Mar Chiquita
• Marcos Paz
• Mercedes
• Monte
• Monte Hermoso
• Navarro
• Necochea
• Olavarría
• Pehuajó
• Pellegrini
• Pergamino
• Pilar
• Pinamar
• Puan
• Ramallo
• Rauch
• Rivadavia
• Rojas
• Roque Pérez
• Saavedra
• Saladillo
• Salliqueló
• Salto
• San Andrés de Giles
• San Antonio de Areco
• San Cayetano
• San Nicolás
• San Pedro
• Suipacha
• Tandil
• Tapalqué
• Tordillo
• Tornquist
• Trenque Lauquen
• Tres Arroyos
• Tres Lomas
• Villa Gesell
• Villarino

Qué pasa en Córdoba, Santa Fe y San Luis

El recorte también alcanza a Córdoba, donde quedan afuera departamentos del centro y del sur provincial, entre ellos Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe, en tanto, pierden el beneficio áreas del sur de la provincia, con ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis queda completamente fuera del área considerada Zona Fría, por lo que localidades como Villa Mercedes y Merlo dejan de contar con el descuento.

Mendoza también registra cambios de peso. Mientras antes la provincia estaba incluida en su totalidad, el nuevo esquema restringe la cobertura y mantiene áreas específicas dentro del beneficio. Entre las ciudades y departamentos que quedan excluidos figuran Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, mientras que Malargüe permanece dentro del régimen.

Cambios en el cálculo del descuento

La reforma también modifica el componente de la factura sobre el que se aplica la bonificación. Hasta ahora, el descuento se calculaba sobre el total de la boleta; con la nueva norma, se limitará exclusivamente al Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes de una factura residencial.

Esto implica que rubros como la distribución, el transporte troncal y los impuestos quedarán fuera del alcance del descuento. La modificación podría elevar el monto final que pagan incluso los usuarios de las regiones que mantienen el régimen histórico, ya que el cambio en la base de cálculo afecta a toda la estructura del subsidio, más allá de la exclusión geográfica.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se sostendrá con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado sobre el consumo y la comercialización de gas por redes o ductos en todo el país. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de elevar o reducir ese recargo hasta en un 50 por ciento.

Quedan exceptuados de ese pago el gas destinado a exportación, incluido el gas natural licuado, y el GNL importado que ingrese al sistema tras su regasificación. La norma establece además que los productores de gas actuarán como agentes de percepción, con la obligación de transferir los recursos recaudados al fondo fiduciario. Según lo dispuesto en el texto, este sistema tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2031.

El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.

El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.

Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.

Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.

La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.

En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.

Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.

Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.

Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.

La medida Las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este lunes, con 27 votos a favor, un dictamen que reforma la Ley General de Educación para regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en todos los niveles del sistema educativo nacional.

La reforma establece un esquema diferenciado según la etapa escolar: prohibición durante la jornada completa en educación básica, limitación mediante asambleas escolares en el bachillerato y fomento del uso responsable en el nivel universitario.

El respaldo unánime de las fuerzas políticas

La medida contempla reglas distintas según el nivel educativo, desde la restricción total en primaria y secundaria hasta el fomento del uso responsable en universidades, y deberá pasar ahora por el pleno del Senado antes de llegar a la Cámara de Diputados.

El respaldo se dio luego de que expresaran su posición la priista Carolina Viggiano, la panista Guadalupe Murguía, el emecista Luis Donaldo Colosio, el petista Alberto Anaya y los morenistas Homero Davis y Alfonso Cepeda.

Pese al voto unánime, Viggiano y Colosio anunciaron que presentarán propuestas de modificación sobre algunos puntos de la reforma cuando el dictamen se discuta en el pleno del Senado.

En el mismo proceso, las comisiones desecharon una propuesta alternativa del petista Anaya, que planteaba una prohibición directa del uso de celulares en las aulas, y optaron en cambio por el esquema escalonado que finalmente se aprobó.

Un esquema diferenciado según el nivel educativo

La reforma al artículo 84 ordena que las autoridades educativas, tanto federales como estatales, establezcan disposiciones mínimas para garantizar el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales, con pleno respeto al federalismo educativo y a la autonomía universitaria.

En los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, el dictamen fija la restricción del uso de celulares y dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar. Solo podrán utilizarse con fines educativos previamente programados y bajo la orientación de los docentes.

Se contemplan excepciones para emergencias personales, motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades de salud, así como para situaciones particulares de las comunidades educativas.

Para el nivel medio superior, el texto no establece una prohibición, sino que plantea el fomento del uso responsable y la limitación del uso no pedagógico durante la jornada escolar. Cada institución deberá definir sus propias reglas mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa, a través de una asamblea previamente programada.

Entre las modalidades que podrán adoptar los planteles de bachillerato figuran el “espacio de resguardo en el aula”, donde los dispositivos se guardan al inicio de la jornada; el “uso limitado por tiempos y espacios”, que permite su empleo solo en recesos o zonas autorizadas; la opción de “sin uso” durante toda la jornada; o el “uso programado” en días específicos definidos por cada comunidad escolar.

En educación superior, el dictamen se limita a fomentar el uso responsable y seguro de los dispositivos durante la jornada escolar, conforme a los acuerdos que cada comunidad educativa establezca, en términos de las disposiciones de las autoridades competentes y de las propias instituciones.

Declaraciones del presidente del Senado

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, celebró el respaldo de las comisiones al dictamen. Explicó que todas las propuestas presentadas sobre el tema quedaron concentradas en las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera, que este lunes votaron el proyecto final.

Martínez Miranda subrayó que, en el nivel de educación superior, la propuesta busca fomentar el uso responsable con pleno respeto a la autonomía de las instituciones.

Destacó además que el dictamen incorpora, por primera vez en el articulado de la Ley General de Educación, la alfabetización digital, mediática e informacional, así como la comprensión de la inteligencia artificial entre los contenidos de los planes y programas de estudio.

Argumentos de Morena y antecedentes de la medida

Morena, partido que presentó el dictamen, argumentó que la UNESCO ha documentado que la sola presencia del celular en el aula puede afectar la atención y el desempeño de los estudiantes, incluso sin que el dispositivo esté en uso activo.

Martínez Miranda vinculó el dictamen con el trabajo previo de la autoridad educativa federal y de las entidades federativas, que derivó en el Acuerdo número 09/09/26, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 22 de septiembre de 2026 y aprobado por unanimidad en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

La reforma también busca dar respaldo legal a una instrucción previa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SEP, según la cual, a partir de noviembre próximo, los estudiantes de primaria y secundaria no podrán usar teléfonos móviles durante la jornada escolar, incluidos los recreos.

Los siguientes pasos legislativos

El Senado funge como cámara de origen en este proceso legislativo. Tras la aprobación en comisiones, el proyecto deberá ser discutido y votado en el pleno de la Cámara alta, donde el PRI y Movimiento Ciudadano ya anticiparon que buscarán incorporar ajustes al texto.

Una vez aprobado en el pleno del Senado, el dictamen se remitirá a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 de la Constitución, que regula el proceso de formación de leyes entre ambas cámaras del Congreso.

El Ministerio del Interior (Mininter) planteó que el Senado limite la cantidad de armas que los civiles pueden registrar como piezas de caza, deportivas o de colección. La medida forma parte de cuatro propuestas legislativas expuestas el sábado 10 de octubre por el titular del sector César Augusto Astudillo, durante el debate sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

La propuesta apunta a establecer controles sobre la tenencia legal, sin eliminar el acceso permitido para uso personal. Astudillo precisó que “la iniciativa no busca prohibir la tenencia legal de armas para uso personal”, pero advirtió que formas de compra e importación pueden servir para abastecer a organizaciones criminales, según expuso ante los senadores durante la sesión.

Propuesta busca fijar límites para armas registradas

El jefe del Mininter indicó que el objetivo no es prohibir que una persona conserve un arma dentro de los supuestos previstos por la ley. Su planteamiento busca evitar que las categorías destinadas a actividades deportivas, de caza o de colección permitan acumular armas de fuego sin un tope definido.

Como argumento, el ministro advirtió que algunas carabinas inscritas en esos registros pueden utilizar munición de guerra e incluso admitir modificaciones para disparar en ráfaga. Citó el caso de La Pampa, en Madre de Dios, donde grupos ligados a la minería ilegal habrían empleado ese tipo de armas.

Según lo expuesto ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, aquel enfrentamiento dejó a un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) muerto y a otro con heridas graves. El proyecto sobre armas deberá pasar por la evaluación del Senado antes de que pueda convertirse en una modificación normativa.

Expulsiones, extorsión y control de puertos completan el pedido

En la misma sesión, Astudillo pidió ampliar de 24 a 48 horas el plazo para ejecutar expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular. Explicó que la extensión permitiría completar actuaciones exigidas por la ley, sin cambiar la condición de esta falta, que constituye una infracción administrativa y no un delito.

Como referencia, señaló una intervención en Trujillo en la que las autoridades intervinieron a 200 personas, aunque solo concretaron 49 expulsiones dentro del periodo disponible. La propuesta busca que los procedimientos migratorios cuenten con más tiempo para verificar identidades, resolver trámites y ejecutar las medidas dispuestas por las autoridades competentes.

El tercer pedido se concentra en las extorsiones mediante llamadas, líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería. El ministro propuso reforzar la geolocalización, la coordinación con empresas y plataformas tecnológicas, y el bloqueo de chips vinculados a actividades ilícitas. También sostuvo que el aumento de policías requiere herramientas para identificar responsables y rastrear cobros de cupos.

El cuarto punto está relacionado con las facultades de intervención de la PNP en puertos y otros espacios donde se detecten indicios sobre cargamentos de droga. Astudillo afirmó que las restricciones vigentes pueden limitar el accionar policial, incluso ante información sobre narcotráfico o tráfico ilícito de armas.

El ministro solicitó revisar el marco legal para facilitar las actuaciones contra esas redes, con respeto por los procedimientos correspondientes. La Comisión de Constitución, presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez, continuará el análisis de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S el miércoles 14 de octubre, a las 10:00.

Ese debate definirá si el Ejecutivo recibe las facultades solicitadas y qué alcance tendrán las cuatro iniciativas presentadas por el sector Interior.

Mientras los focos están puestos en la Cámara de Diputados de la Nación por lo que pueda llegar a pasar con el Decreto 70/2023, en los pasillos del Senado hay un tema que parece tabú a esta altura: la reforma electoral.

El debate está paralizado en el Congreso de la Nación y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, optó por dejar en manos de la Casa Rosada las chances de avanzar con el tema.

“Santilli —el jefe de Gabinete— estuvo en Francia con los gobernadores, es quien se junta con ellos, que son los que les tienen que dar las órdenes a los senadores. Que él se encargue de juntar los votos y, en todo caso, Patricia se encarga de los ‘sueltos’ —los senadores que no son del peronismo y que no tienen su terminal política en el jefe del estado provincial—”, advirtieron desde el entorno de la exministra de Seguridad.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir 37 votos para aprobar la iniciativa, lo que implica sumar al menos 16 apoyos de otros bloques. Por ese motivo, la Cámara Alta permanece con actividad limitada desde hace semanas, a la espera de que avancen los acuerdos políticos.

El pasado 15 de septiembre fue la última reunión de comisión respecto de este proyecto de ley y, tras cuatro meses sin reunirse, el Gobierno insistió en que no plantea otra cosa que la eliminación de las PASO y en que, además, Ficha Limpia se discuta dentro de la misma ley. Los aliados, en cambio, siguen pensando en un proceso de suspensión de las PASO y en que el proyecto de ley que establece restricciones para posibles candidatos con causas penales se debata en forma separada.

“Hace una semana y media que fueron a París y no solo no hay un adelanto en la conversación, sino que no hay ni un gesto al respecto”, explicaron.

En medio de esto, el problema que tiene el bloque de LLA para convencer a sus socios de que lo acompañen presenta varios frentes. El primero es que los gobernadores no parecen confiar en la palabra del oficialismo de no plantar candidatos en las provincias que les compitan directamente. “No hay una sola señal que indique que van a cumplir, el caso de Catalán es el mejor ejemplo”, explicó un senador radical que no adelanta qué va a hacer.

El senador de la UCR se refiere a Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete, que ya se lanzó en Tucumán, provincia en la que el gobernador peronista Osvaldo Jaldo rompió con el peronismo en el Congreso y acompañó a La Libertad Avanza en las votaciones. “Si hay una provincia en la que se esperaba que esto no sucediera, era Tucumán”, agregó.

Ahora se espera una ronda de encuentros “mano a mano” entre Santilli y los gobernadores, en especial los radicales, donde siete de los diez senadores del bloque responden a los ejecutivos de sus provincias. Cada uno tiene sus reclamos, que van desde obras y apoyo financiero hasta el posible candidato que los suceda. Ese es el caso de Alfredo Cornejo, de Mendoza, que no tiene reelección. Los libertarios proponen a Luis Petri, un radical hoy en el bloque libertario que está enfrentado con Cornejo.

El Congreso espera a la Casa Rosada. Bullrich espera a Santilli y la oposición juega con los tiempos. La Justicia Electoral avisó que los plazos se consumen, y a La Libertad Avanza solo pareciera quedarle el Presupuesto para poner algo sobre la mesa de negociación. Por ahora, las PASO siguen siendo tabú.

El Senado aprobó por unanimidad nuevas reglas para frenar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en establecimientos turísticos. Con 104 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, los legisladores avalaron reformas que obligan a hoteles, moteles y otros prestadores de servicios a verificar la relación legal entre adultos y menores de edad antes de brindarles servicio.

La reforma a la Ley General de Turismo establece que los establecimientos deberán solicitar documentos que acrediten el parentesco, la patria potestad, tutela o custodia de los menores que acompañen a los turistas.

Además, tendrán que comprobar la mayoría de edad mediante documentos oficiales y, cuando no se cumplan los requisitos establecidos, negar el servicio y dar aviso a las autoridades investigadoras ante la posible comisión de un delito.

El dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma también obliga a los prestadores de servicios turísticos a implementar protocolos y acciones preventivas establecidos por las autoridades competentes para detectar posibles casos de vulneración a la integridad de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué tendrán que hacer hoteles y otros servicios turísticos?

Las nuevas disposiciones buscan involucrar directamente a la industria turística en la prevención y detección de posibles casos de explotación sexual infantil.

Entre los establecimientos y servicios que podrían quedar sujetos a estas medidas se encuentran:

• Hoteles y moteles.
• Inmuebles de alquiler.
• Empresas de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
• Restaurantes y establecimientos de alimentos y bebidas.
• Spas.
• Centros de entretenimiento.

El dictamen advierte que este tipo de infraestructura puede ser utilizada para cometer delitos de explotación sexual contra menores, por lo que plantea reforzar los mecanismos de prevención y detección.

México, señalado como destino de explotación sexual infantil

El documento aprobado por el Senado destaca la magnitud del problema y cita datos atribuidos a World Vision, de acuerdo con los cuales México ocupa el segundo lugar como país de destino para la explotación sexual de menores de edad y el primero a escala mundial en consumo de pornografía infantil.

Durante el debate, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, afirmó que diversas estimaciones ubican entre 17 mil y 20 mil a los menores atrapados en redes de explotación sexual.

Barrales también alertó sobre el impacto de las plataformas digitales, al considerar que han incrementado los riesgos de captación y explotación de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora cuestionó además el retraso en la aprobación de la reforma, al recordar que la Cámara de Diputados la avaló en abril de 2025 y las comisiones del Senado hicieron lo propio en octubre del mismo año.

Debate político por protección de menores

Durante la discusión, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, señaló que las víctimas de explotación sexual son principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad económica.

También criticó a Morena por la eliminación de programas e instituciones que, a su juicio, contribuían a la protección de la infancia, como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Por su parte, la senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, afirmó que esta reforma cambiará la vida de millones de menores, pues se cierra “una de las tantas puertas abiertas que tienen los pederastas”, por eso es importante reiterar que la industria turística tiene un papel fundamental en la protección de la infancia y adolescencia.

De Morena, Alejandra Arias Trevilla refirió que las niñas, niños y adolescentes deben estar en el centro de las políticas del Estado, “no se trata de obstaculizar al turismo, se trata de establecer controles”, acotó.

Con la aprobación de estas modificaciones, el Senado busca convertir a los prestadores de servicios turísticos en un punto adicional de prevención, detección y alerta frente a posibles casos de explotación sexual infantil.

El senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez entregó este miércoles su Segundo Informe de Actividades a la Mesa Directiva del Senado. Reportó 99 asistencias, 128 ordenamientos aprobados y 18 intervenciones en tribuna. El documento llega en medio de las acusaciones que le formuló Estados Unidos y tras su salida de la bancada de Morena.

El senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez entregó este miércoles su Segundo Informe de Actividades a la Mesa Directiva del Senado. Reportó 99 asistencias, 128 ordenamientos aprobados y 18 intervenciones en tribuna. El documento llega en medio de las acusaciones que le formuló Estados Unidos y tras su salida de la bancada de Morena.

Lo que reporta el informe

En un documento de 104 cuartillas, Inzunza detalló que de los 128 ordenamientos:

• 8 fueron reformas constitucionales.
• 8 fueron nuevas leyes.
• 66 fueron modificaciones a leyes existentes.
• 46 fueron decretos.

Entre los temas figuran las reformas contra la extorsión, la reducción de la jornada laboral, la revocación de mandato, la reducción de privilegios y modificaciones constitucionales en materia de feminicidio.

Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó el análisis jurídico de iniciativas y dictámenes. También participó en las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación, Puntos Constitucionales y Jurisdiccional.

Séneca y una frase sobre la honestidad

El legislador incluyó una cita del filósofo romano Séneca: “Es prueba de mi rectitud, que desagrado a los malos” y podría inferirse como una alusión a los señalamientos de EU.

También recurrió a un pasaje del Congreso Constituyente de 1916. Prometió seguir trabajando por el Estado de Derecho, la soberanía nacional y el desarrollo de Sinaloa.

El contexto: acusación en EU y salida de Morena

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EU acusó a Inzunza, al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Según Expansión, los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Inzunza ha rechazado las imputaciones y las ha calificado de “falsas y dolosas”. También ha hablado de una “embestida” en su contra.

La cronología posterior, según los medios consultados:

• Mayo: solicitó licencia por unos días y dejó a su suplente, Omar López Campos.
• Junio: Morena lo dejó fuera de la Comisión Permanente.
• Agosto: anunció que dejaba la bancada de Morena para ejercer como legislador independiente. Su baja surtió efectos el 26 de agosto.
• 31 de agosto: reapareció en el Senado tras cuatro meses sin presentarse. Dijo que no renunciaría al fuero y que, en ese lapso, trabajó en 22 iniciativas y cuidó a sus padres.
• 8 de septiembre: el Pleno tomó conocimiento de su salida de la bancada.

Lo que no incluye el documento

El informe no detalla las actividades legislativas ni las iniciativas presentadas desde finales de abril hasta su reincorporación el 1 de septiembre.

Excélsior reportó que conserva el fuero y que continúa en el Senado pese a una solicitud de extradición de EU. Esto lo mantiene sin riesgo de detención mientras ocupe el cargo.

¿Qué sigue?

Aunque ya no forma parte de la bancada de Morena, Enrique Inzunza ha afirmado que mantendrá su respaldo a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las iniciativas impulsadas por el movimiento. El grupo parlamentario guinda formalizó su separación el 8 de septiembre, cuando el Pleno tomó conocimiento de su baja, que surtió efecto desde el 26 de agosto.

El senador dejó la bancada luego de que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera en una acusación por presuntos vínculos con Los Chapitos, tras lo cual permaneció cuatro meses sin presentarse en el Senado. Inzunza, quien ha rechazado las imputaciones, sostuvo que durante ese lapso trabajó en 22 iniciativas y cuidó a sus padres, y dejó en manos de Morena la decisión de si continúa o no como militante.

“Los liberales no somos manada”. La frase es la utilizada por el presidente Javier Milei y levantada por los propios para intentar justificar los pasos de la senadora Patricia Bullrich cada vez que expone algún contrapunto con el Poder Ejecutivo. Por distintos motivos, el Gobierno minimiza las diferencias y ensaya una lectura positiva de los movimientos de la legisladora, que no oculta sus discrepancias.

Lo cierto es que, según el relevamiento de la encuestadora Management & Fit, Bullrich es la dirigente con imagen positiva más alta de todo el arco político, con el 33%, y aventaja incluso al propio Milei, que se ubica segundo con el 31,2%. En Casa Rosada siguen de cerca los números e intentan capitalizar la proyección de cara al objetivo electoral trazado para 2027.

“Me gusta lo que hace. La putean los republicanos y un poco los nuestros que no lo entienden. A nosotros nos sirve”, planteó un integrante de la mesa política que descarta la chance de que la senadora rompa con La Libertad Avanza.

La afirmación pareciera relativizar el malestar que supo generar, en particular en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tanto la confrontación pública que desató la ex ministra durante la gestión de Manuel Adorni como sus determinaciones contrarias a la Casa Rosada en el Congreso.

Desde el Senado aseguran que la legisladora suele señalar lo que considera un error y que, al fijar posición, termina también acotando el margen de acción de la oposición. Su línea argumental parece haber sido adoptada por la fuerza en varios despachos de Balcarce 50.

“Patricia va a terminar adentro del espacio, pero mientras tanto, con sus diferencias, contiene a la franja del medio. Hoy por hoy representa un perfil de moderación y diálogo. A nosotros nos sirve”, argumentó un funcionario ante este medio.

Luego de que Bullrich hiciera públicos sus deseos de competir en 2031 y no le cerrara las puertas al 2027, la administración libertaria evita confrontarla y relativiza sus dichos. “Entiendo que Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección en 2027″, expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de que la jefa del bloque violeta en el Senado sostuviera que trabajará para la continuidad del “proyecto”.

Incluso, desde el karinismo la consideran como “una aliada” necesaria y sostienen que debido a su peso específico como política, es la propia Bullrich la que no se siente parte del Gobierno. “Es lógico. Fue candidata a presidenta y ganó una interna con todo el aparato en contra. Es un animal político de los necesarios”, argumentaron ante este medio.

La relación de Bullrich con Milei fue dispar desde los inicios. En plena campaña de 2023, se mostraron fuertemente opositores, pero luego la exPRO llamó a respaldar al libertario en el balotaje contra Sergio Massa y recibió el ofrecimiento para conducir el Ministerio de Seguridad. En las elecciones de medio término de 2025, Bullrich fue electa senadora y desde entonces se desempeña como jefa de bloque de La Libertad Avanza.

En los últimos meses, fue la primera en pedir celeridad para que el impacto de la recuperación económica llegue a la sociedad y se mostró en contra de algunas determinaciones legislativas. Entre ellas, cuestionó la estrategia oficial sobre la Ley de Tierras, el ajuste en discapacidad contenido en el Presupuesto 2027, el rechazo al artículo sobre licencias contemplado en la reforma laboral y la instrucción de Javier y Karina Milei de retirar el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli.

Sin embargo, los libertarios deciden pasar por alto las discrepancias y debaten internamente el rol que podría adoptar la senadora en las listas del año próximo. Pese a que varios coinciden en que podría ser la compañera de fórmula del libertario, un dirigente bullrichista vaticina que estaría completamente limitada por Karina Milei. Bullrich evita decir que cargo le gustaría ocupar, lo único que garantiza es que hará “todo que esté a su alcance” para el que peronismo no vuelva al poder.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario fue cuestionado por legisladores de oposición sobre las acciones de Hacienda frente a las operaciones atribuidas al empresario.

La respuesta de Amador adquiere relevancia debido a que, en las últimas semanas, se han difundido reportes sobre una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionada con Olán, así como información sobre operaciones financieras y empresas vinculadas con su entorno.

Hacienda dice que no existe una investigación contra Amílcar Olán

Ante las preguntas de los senadores, Édgar Amador señaló que Hacienda y la UIF realizan investigaciones sin distinción de personas cuando existen elementos para ello, pero precisó que, hasta el momento, ese no es el caso de Amílcar Olán.

El secretario indicó que la dependencia a su cargo no mantiene una investigación contra el empresario y que, hasta ahora, no se le ha requerido iniciar una indagatoria.

La declaración ocurrió durante una comparecencia en la que también se abordaron las acciones del gobierno federal para combatir el contrabando de combustibles y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

En ese contexto, legisladores de oposición cuestionaron la ausencia de una investigación de Hacienda sobre Olán y plantearon preguntas relacionadas con el llamado clan de Andy López Beltrán.

UIF y los reportes sobre las operaciones de Amílcar Olán

Las declaraciones del secretario se producen después de que en días recientes se difundieran versiones sobre una investigación de la UIF en torno a las operaciones financieras de Amílcar Olán.

El periodista Carlos Loret de Mola publicó el 2 de octubre que la UIF habría identificado una cuenta vinculada con el empresario en UBS Switzerland AG, con un saldo de 72,039,066.74 euros, equivalente, según esa información, a aproximadamente 1,433 millones de pesos al momento de obtener los datos.

De acuerdo con lo publicado por Loret de Mola, la investigación habría permitido rastrear contratos públicos, empresas, cuentas, cheques, participaciones accionarias, inmuebles y personas relacionadas con el empresario.

También se reportó que las autoridades financieras habrían identificado trámites para que Olán y su familia residieran en Suiza.

Estos señalamientos corresponden a información difundida por el periodista y no fueron presentados durante la comparecencia de Amador como una investigación formal de Hacienda contra Olán.

Entre los elementos que han sido difundidos recientemente sobre el empresario se encuentran:

• La presunta investigación financiera atribuida a la UIF.
• Una cuenta bancaria en Suiza reportada por Loret de Mola.
• Los vínculos empresariales de Olán con compañías proveedoras del sector público.
• Las operaciones de Portacelis Gas and Oil relacionadas con la importación de combustibles.
• Los señalamientos periodísticos sobre su relación con Andy y Gonzalo López Beltrán.

Amílcar Olán y las investigaciones sobre sus empresas

Olán es un empresario originario de Tabasco cuya actividad empresarial creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los principales casos relacionados con su trayectoria es Romedic, empresa constituida en 2020 junto con su padre, Jorge Luis Olán Rodríguez.

Investigaciones periodísticas documentaron contratos de la compañía con gobiernos de Tabasco y Quintana Roo por más de 490 millones de pesos para el suministro de medicamentos y material médico.

El empresario también fue relacionado con operaciones de suministro de balasto para proyectos ferroviarios, entre ellos el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

Otro de los asuntos señalados en investigaciones periodísticas es la adquisición de un terreno cercano a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, así como la participación de empresas de su entorno en distintas actividades comerciales.

Más recientemente, el nombre de Olán apareció relacionado con Portacelis Gas and Oil, compañía constituida en 2024 que obtuvo un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.

Hacienda reporta acciones contra el huachicol fiscal

En la misma comparecencia, Édgar Amador presentó información sobre las acciones de Hacienda contra el contrabando de combustibles, aunque estos datos fueron expuestos como parte de la estrategia general de fiscalización y no como una investigación específica contra Amílcar Olán.

El secretario informó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, fueron detectados 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados, asociados a una recaudación de aproximadamente 4,600 millones de pesos por IVA e IEPS.

También informó que 2,205 sellos de facturación fueron cancelados a comercializadoras relacionadas con este tipo de operaciones.

Amador agregó que el gobierno busca reforzar los controles sobre los hidrocarburos desde su importación y producción hasta su consumo final, mediante modificaciones y mecanismos de control volumétrico.

El funcionario sostuvo que las acciones forman parte de los esfuerzos para mejorar el cumplimiento fiscal y combatir operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.

Oposición cuestiona falta de investigación contra el empresario

Durante la comparecencia, las preguntas de legisladores de oposición llevaron el caso de Amílcar Olán al centro de la discusión sobre las facultades de Hacienda y la UIF para detectar operaciones financieras relacionadas con posibles irregularidades.

La senadora del PAN, Mayuli Martínez, cuestionó por qué no se investiga al empresario y planteó señalamientos relacionados con una presunta red de huachicol fiscal y el entorno de Andy López Beltrán.

Frente a estos cuestionamientos, Amador reiteró que Hacienda y la UIF investigan las operaciones financieras independientemente de quién sea la persona involucrada, pero sostuvo que no existe actualmente una investigación de la dependencia contra Amílcar Olán.

La respuesta del secretario contrasta con los reportes publicados en los últimos días sobre una supuesta indagatoria de la UIF, por lo que será necesario distinguir entre la información difundida periodísticamente sobre el empresario y las investigaciones que las autoridades hayan confirmado de manera oficial.

Por ahora, durante su comparecencia ante el Senado, Édgar Amador dejó establecido que Hacienda no tiene una investigación requerida contra Amílcar Olán, mientras continúan los señalamientos públicos sobre sus empresas, sus operaciones financieras y sus vínculos empresariales.

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal porteña declaró inadmisible este martes un recurso de casación presentado por la senadora Cándida Cristina López, del bloque Justicialista y representante de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contra el archivo de la causa que inició por los incidentes ocurridos cuando intentó ingresar a un despacho del Senado de la Nación a fines de 2025.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes entendieron que la resolución cuestionada no reunía los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

López intervino como querellante, con el patrocinio de Fernando Burlando y Fabián Amendola, y buscaba revertir el fallo del 7 de septiembre pasado que había confirmado el archivo dispuesto en primera instancia por imposibilidad de proceder.

La causa se originó en una disputa por la oficina 742 del edificio anexo del Senado. López, que había ingresado a la Cámara alta por la Alianza Frente de Todos y cumple mandato por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre 2025 y 2031, había acordado ocupar ese despacho luego de la salida del entonces senador Sergio Leavy. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2025 encontró la puerta cerrada, fajada y bajo custodia de personal de seguridad. Según relató en su denuncia, también había sido retirada la placa con su nombre y los agentes le impidieron el ingreso.

El episodio se produjo en el marco de una medida impulsada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que había dispuesto que los legisladores cuyos mandatos finalizaban el 10 de diciembre restituyeran los despachos y bienes que tenían asignados. López sostuvo que el bloqueo de la oficina había sido ordenado por la Vicepresidencia y responsabilizó a Villarruel por lo ocurrido.

Tres días después, el 1° de diciembre, la senadora regresó al lugar acompañada por un cerrajero con la intención de ingresar y retirar pertenencias que, según afirmó, permanecían dentro de la oficina. Volvió a encontrarse con personal de seguridad y allí se produjo un forcejeo. López denunció haber sido empujada, golpeada y sometida a tocamientos, además de afirmar que el cerrajero había recibido amenazas.

Como parte de su denuncia, exhibió una lesión en el tobillo derecho. Según documentación incorporada al expediente, un médico del Senado constató un hematoma de 5 por 3 centímetros en esa zona. La legisladora atribuyó el episodio al operativo dispuesto para impedirle el acceso y volvió a señalar a Villarruel como responsable de la decisión administrativa que había dado origen al conflicto.

La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5. Durante la pesquisa se requirió al Senado documentación vinculada con la asignación, cierre y custodia del despacho, además de información sobre las autoridades y agentes presentes en el lugar.

Sin embargo, la prueba reunida no permitió acreditar judicialmente las agresiones denunciadas ni individualizar a sus eventuales autores. Al confirmar el archivo, la Cámara sostuvo que sí había quedado establecida la existencia de un conflicto en torno al acceso a la oficina 742 y la presencia de personal de seguridad, pero no se reunieron elementos suficientes para demostrar las agresiones en los términos planteados por la querella.

La representación de López cuestionó además que se hubiera descartado una pericia psicológica forense, sostuvo que existían medidas de prueba pendientes y rechazó que el episodio pudiera reducirse a una controversia administrativa por la asignación del despacho. Esos planteos fueron desestimados por la Sala I al confirmar el cierre del expediente.

Frente a esa decisión, la senadora intentó llevar el caso a la Cámara Federal de Casación Penal. Bertuzzi y Yadarola señalaron ahora que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva ni podía ser equiparada excepcionalmente a una de ese tipo.

También consideraron que los argumentos de la querella reproducían, en lo sustancial, los cuestionamientos ya formulados durante la apelación y que no se había demostrado un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior.

Llorens coincidió con el rechazo y sostuvo que la vía de casación debe reservarse para los supuestos específicamente previstos por la ley. Con esos fundamentos, la Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso presentado por López y devolvió las actuaciones a la instancia anterior.

La negociación para que en 2027 no haya PASO entró en una nueva etapa. Después de concentrarse durante meses en los gobernadores, la Casa Rosada comenzó a trasladar la discusión al ámbito donde finalmente deberá resolverse: el Senado. El Gobierno tiene un semáforo con los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño: contabiliza 12 en verde, cuatro en amarillo y ocho en rojo, aunque reconoce que esa fotografía política provisoria todavía no permite garantizar los 37 votos para aprobarla.

“Con esto no alcanza para sacar en el Senado. Se está trabajando senador por senador y, en algunos casos, con algunos bloques”, explicó a Infobae una fuente calificada del oficialismo que está involucrada en el poroteo.

La frase describe el estado real de una negociación que el Gobierno considera prioritaria para ordenar el escenario electoral del año próximo. Javier Milei mantiene como objetivo de máxima la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, pero en la Casa Rosada están dispuestos a aceptar una nueva suspensión para 2027 si esa alternativa permite construir una mayoría más amplia.

La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La hermana del Presidente y titular de La Libertad Avanza interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios y con los legisladores y tiene previsto desarrollar una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.

Las conversaciones ya no se limitan a determinar quién está a favor y quién en contra. Entraron en una segunda etapa: comenzaron a discutirse las condiciones políticas y electorales que algunos potenciales aliados reclaman para acompañar la reforma.

Allí reapareció una propuesta que había circulado a principios de año, luego quedó relegada y ahora volvió a la mesa: una colectora o, en la definición que utilizan quienes participan de las conversaciones, una lista de adhesión.

La iniciativa volvió a ser planteada desde sectores del radicalismo y apunta a resolver uno de los principales problemas electorales que la suspensión de las PASO les plantea a los gobernadores aliados: cómo respaldar la candidatura presidencial de Milei sin quedar obligados a integrarse por completo a La Libertad Avanza ni resignar sus propias estructuras provinciales.

La idea es habilitar una adhesión a un solo candidato presidencial.

En términos prácticos, un gobernador radical, del PRO o perteneciente a una fuerza provincial, podría presentar su propia boleta para gobernador y asociarla electoralmente a la candidatura de Milei a presidente. Mantendría su sello, su estructura territorial y sus candidatos provinciales, pero compartiría en la parte superior de la oferta electoral al postulante presidencial libertario.

“Una sola lista de adhesión”, describió una fuente oficial al explicar la variante que volvió a circular.

Ese detalle es central.

No se piensa, al menos en esta etapa de la discusión, en un sistema abierto de múltiples colectoras que permita que numerosas listas se cuelguen indiscriminadamente de una candidatura presidencial. La propuesta que llegó desde el radicalismo es más acotada: habilitar una vía para que fuerzas políticas diferentes puedan asociarse a un mismo candidato a presidente.

Políticamente, el mecanismo podría facilitar acuerdos que hoy resultan difíciles de cerrar.

Hay gobernadores radicales y de fuerzas provinciales que pueden coincidir con la reelección de Milei y, al mismo tiempo, competir en sus distritos contra candidatos de La Libertad Avanza. Una lista de adhesión permitiría separar ambos planos: acompañar al Presidente en la categoría nacional y mantener la autonomía en la disputa provincial.

Para los mandatarios, además, significa preservar uno de sus principales activos: el control de sus propios armados territoriales.

Para la Casa Rosada, en tanto, puede transformarse en una moneda de cambio importante dentro de la negociación por los votos que necesita para sacar las PASO del calendario.

La discusión tiene antecedentes.

La posibilidad de habilitar colectoras había aparecido en las primeras conversaciones sobre la reforma electoral. Durante el invierno, funcionarios nacionales y gobernadores analizaron distintos mecanismos para que las fuerzas provinciales conservaran sus listas y pudieran, al mismo tiempo, acompañar la candidatura presidencial de Milei.

La alternativa buscaba facilitar acuerdos con gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y espacios provinciales que no estaban dispuestos a incorporarse orgánicamente a La Libertad Avanza.

Después perdió fuerza.

El Gobierno decidió concentrarse primero en conseguir los votos para eliminar o suspender las PASO, y la discusión sobre las colectoras quedó relegada. Ahora volvió a aparecer, y su regreso marca una diferencia importante respecto de aquella primera etapa: ya no se trata solamente de discutir si habrá primarias, sino de empezar a diseñar bajo qué reglas competirían los eventuales aliados del oficialismo en 2027.

La discusión electoral comenzó así a mezclarse directamente con la parlamentaria.

El semáforo de los gobernadores

En los despachos donde se sigue la negociación circula una clasificación de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño según la posición que la Casa Rosada les atribuye frente a una suspensión de las PASO nacionales.

Hay doce en verde.

Son Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Claudio Poggi, de San Luis; y Raúl Jalil, de Catamarca.

La clasificación no significa que los doce hayan cerrado un acuerdo electoral con el Gobierno ni, mucho menos, que puedan garantizar automáticamente todos los votos de sus provincias.

El verde significa que la Casa Rosada considera que tienen una posición favorable a que las primarias nacionales no se realicen en 2027.

Los cinco gobernadores radicales aparecen en ese grupo.

Cornejo, Pullaro, Valdés, Zdero y Sadir hicieron declaraciones públicas con diferentes grados de respaldo. Algunos defendieron las PASO como instrumento y rechazaron su eliminación definitiva, pero admitieron que podrían volver a suspenderse durante 2027. Valdés fue incluso más lejos y dejó abierta la posibilidad de apoyar directamente su derogación.

Ese alineamiento fue una de las señales que llevó al Gobierno a acelerar las conversaciones durante y después de la Argentina Week de París. Cuatro de los cinco gobernadores radicales viajaron a Francia y tuvieron allí distintos contactos políticos con funcionarios nacionales. La posición pública de los cinco, con matices, es compatible con que no haya primarias nacionales en 2027.

Pero una posición favorable de un gobernador no equivale automáticamente al voto de un senador.

Por eso comenzó la segunda parte del trabajo.

Los cuatro gobernadores pintados de amarillo son Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gustavo Sáenz, de Salta; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

Son mandatarios con los que el Gobierno entiende que todavía existe margen para negociar. Llaryora, Vidal y Sáenz provienen de expresiones peronistas alejadas del kirchnerismo. Melella tiene una trayectoria política diferente, aunque en Balcarce 50 registraron señales de acercamiento y por eso tampoco lo consideran hoy dentro del rechazo definitivo.

El amarillo expresa precisamente esa situación: no son votos garantizados, pero tampoco negociaciones cerradas.

En rojo aparecen Axel Kicillof, de Buenos Aires; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Elías Suárez, de Santiago del Estero.

También allí existen situaciones particulares.

Jorge Macri figura en rojo pese a pertenecer al PRO porque en el Gobierno consideran que su definición terminará dependiendo de la posición política que adopte Mauricio Macri. Jaldo quedó afuera del grupo favorable pese a haber acompañado diferentes iniciativas de Milei desde 2023. Y Misiones conserva la lógica de una fuerza provincial que suele negociar cada votación de manera autónoma.

El semáforo, en definitiva, no divide a aliados y opositores.

Es una fotografía específica de una sola negociación: PASO 2027.

Y la Casa Rosada admite que todavía no alcanza.

La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos en el Senado. De allí que el trabajo haya comenzado a trasladarse de los gobernadores a los legisladores, con negociaciones individuales y conversaciones con bloques completos.

Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem cumplen distintas funciones dentro de esa estrategia. Santilli concentra buena parte del vínculo con los gobernadores. Bullrich y los operadores legislativos trabajan sobre el Senado. Karina Milei interviene en las definiciones políticas y electorales de fondo. Menem deberá contribuir a construir la mayoría correspondiente en Diputados.

La pregunta central ahora es cuántos de los gobernadores pintados de verde pueden transformar su posición política en votos concretos.

Y cuánto deberá ofrecer el oficialismo para conseguirlos.

Ahí vuelve a cobrar relevancia la lista de adhesión.

Una fisura inesperada en el peronismo

Mientras el Gobierno hace esa cuenta, apareció una variable que puede agregar todavía más complejidad a la discusión: dentro del peronismo comenzó a resquebrajarse la posición común que había prevalecido sobre la defensa de las PASO.

Una fuente calificada del Partido Justicialista (PJ) aseguró a Infobae que sectores vinculados a Cristina Kirchner comenzaron a evaluar la conveniencia de dejar que el Gobierno avance con la suspensión de las primarias.

La hipótesis tiene una explicación enteramente vinculada a la interna peronista. Y, después de revelada por este medio, recibió una desmentida categórica.

La especulación tiene que ver con que, sin PASO, la conducción formal del PJ conservaría mayor capacidad para intervenir en la definición de las candidaturas y prolongaría la negociación hasta el momento de inscripción de las listas.

Axel Kicillof perdería, en cambio, la posibilidad de utilizar una primaria nacional como mecanismo institucional para desafiar a la estructura partidaria y resolver mediante el voto una eventual competencia presidencial.

El entorno del gobernador bonaerense viene defendiendo precisamente la posición contraria: considera que las PASO deben mantenerse y que las candidaturas del peronismo tienen que resolverse mediante una competencia interna si no existe previamente un acuerdo. Esa postura fue ratificada públicamente en las últimas horas.

Pero Kicillof no está solo en esa posición. Según pudo saber Infobae, Sergio Massa tampoco está de acuerdo con eliminar ni con suspender las PASO y coincide en ese punto con el gobernador bonaerense.

El dato agrega otro actor de peso a la disputa.

Massa ya había participado en agosto de las conversaciones del peronismo en las que se acordó defender el sistema de primarias de cara a 2027. En aquella mesa estaban representados sectores que hoy mantienen diferencias profundas sobre la candidatura presidencial y el liderazgo del espacio.

La novedad es que esa posición común empezó a mostrar fisuras.

Una fuente de peso del peronismo sostuvo ante Infobae que existe un movimiento para que sectores vinculados a Cristina Kirchner no bloqueen la suspensión de las PASO. Incluso atribuyó a la expresidenta el interés político detrás de esa alternativa. Fuentes de San José 1111, sin embargo, negaron de plano cualquier disidencia respecto a una defensa de las primarias. “Lo dijo públicamente Máximo Kirchner y lo sostiene. No hay diferencias entre lo que dice él y lo que plantea Cristina”, aclararon.

“El kirchnerismo va a votar en contra de cualquier proyecto que modifique el esquema de las PASO”, insistieron.

Sin embargo, en las conversaciones internas comenzaron a aparecer los nombres de al menos dos senadores de peso que estarían involucrados en esa alternativa. No hay, de todos modos, elementos que permitan afirmar que alguno de ellos esté negociando directamente con el Gobierno.

De hecho, la Casa Rosada lo niega. “No veo que de ahí vengan los votos en el Senado”, aseguró una fuente oficial involucrada directamente en el poroteo.

La respuesta fue todavía más terminante respecto de una eventual conversación con ese universo político: “En nuestro menú de herramientas no hay conversaciones con ellos. Los números los estamos trabajando con otros senadores y otros bloques”.

Es decir, hay dos planos que por ahora transcurren separadamente.

Una cosa es la discusión que comenzó dentro del peronismo sobre si a todos sus sectores les conviene conservar las PASO. Otra, diferente, es la construcción de votos que lleva adelante la Casa Rosada.

El Gobierno asegura que no está negociando con el kirchnerismo.

Pero admite que entiende perfectamente por qué la ausencia de primarias podría resultar conveniente para Cristina Kirchner. Esa posición, de todos modos, fue negada de manera enfática desde el entorno de la ex presidenta.

Sin PASO, Kicillof no tendría una elección interna abierta en la que disputar la candidatura presidencial y la pelea se trasladaría al control partidario, la conformación de las alianzas y, finalmente, el cierre de las listas.

La conducción del PJ ganaría entonces capacidad de negociación.

La fuente oficial consultada por Infobae lo resumió en términos políticos: la ausencia de una primaria permitiría a Cristina Kirchner mantener la presión sobre Kicillof hasta el último tramo del armado electoral.

La paradoja es evidente.

Milei quiere eliminar las PASO, entre otras razones, porque considera que constituyen una herramienta financiada por el Estado para resolver internas partidarias. Pero la desaparición de ese mecanismo puede alterar a su vez de manera profunda la correlación de fuerzas dentro del principal partido opositor.

Hasta ahora, una parte importante del peronismo había defendido las primarias como mecanismo para preservar la unidad y resolver la candidatura presidencial. En agosto, Massa, Kicillof y otros referentes habían participado de un reagrupamiento partidario que incluía la defensa de ese sistema.

Pero en el cristinismo esa posición nunca fue completamente homogénea. Ya durante el año, dirigentes cercanos a la expresidenta habían dejado trascender que una elección general con candidato propio podía resultar más conveniente que una primaria contra Kicillof.

Ahora esa diferencia volvió a emerger con mayor intensidad ante la posibilidad concreta de que el Gobierno consiga los votos.

De un lado quedaron Kicillof y Massa, partidarios de conservar las PASO.

Del otro comenzó a insinuarse un sector vinculado a Cristina Kirchner que analiza si le resulta más conveniente llegar a 2027 sin primarias.

Pero todavía no existe una posición dominante.

Ni el sector que pretende sostener las PASO tiene hoy garantizada una mayoría interna capaz de imponer esa postura al conjunto del peronismo, ni quienes analizan facilitar su suspensión lograron volcar al PJ hacia esa alternativa.

“Veremos quién gana”, respondió una fuente peronista calificada consultada por Infobae sobre cómo terminará esa pulseada.

Esa indefinición es parte del escenario que observa la Casa Rosada.

No porque el Gobierno contabilice hoy votos del kirchnerismo —sus principales operadores aseguran que no lo hacen—, sino porque una división dentro del PJ podría reducir la capacidad opositora de bloquear el proyecto en el Senado.

La negociación, por ahora, sigue concentrada en otro universo.

El Gobierno tiene doce gobernadores pintados de verde. Busca consolidar a los cuatro amarillos. Trabaja senador por senador para llegar a 37 votos. Y volvió a discutir una herramienta electoral que puede convertirse en una de las llaves del acuerdo: permitir que los gobernadores que acompañen a Milei puedan adherir sus propias boletas provinciales a una única candidatura presidencial libertaria sin resignar sus partidos ni sus armados territoriales.

La lista de adhesión ofrece algo que el semáforo por sí solo no puede garantizar: un incentivo electoral concreto para transformar afinidades políticas en acuerdos.

Y mientras la Casa Rosada negocia esos votos, la posibilidad de que no haya PASO empezó a producir un efecto adicional que hasta hace poco parecía improbable: dividir al peronismo sobre las reglas con las que deberá resolver su propia candidatura presidencial.

El oficialismo todavía no llegó a 37 votos.

Pero la discusión ya dejó de ser únicamente si las PASO deben existir o no. Ahora también se negocia cómo competirán los aliados de Milei si desaparecen y quién controlará las candidaturas opositoras si finalmente no se realizan.

El Senado aprobó la reforma constitucional de nacionalidad única. El pleno la avaló en lo general con 86 votos a favor y 42 en contra, la mayoría calificada requerida. Antes, la Cámara de Diputados la había aprobado el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención (otros medios reportan 116 en contra).

¿Qué establece la reforma?

Modifica los artículos 82, 116 y 122 para que quien busque la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno sea mexicano por nacimiento y no tenga otra nacionalidad; si la tiene, deberá renunciar antes de registrarse.

• Quién queda fuera del alcance: el dictamen se dirige a tres cargos específicos y no se extiende al conjunto de cargos públicos.
• Cuándo aplica: a partir del proceso electoral de 2028, sin alcanzar a quienes ya estén en el cargo.
• Qué falta: el Ejecutivo anticipó reformas posteriores a la Ley de Nacionalidad para definir cómo se acreditará el requisito, además del resto de la ruta constitucional.

Legisladores con doble nacionalidad y su voto

Javier Corral y Ricardo Sheffield, senadores de Morena nacidos en Estados Unidos, votaron a favor. Sobre Corral, un documento de los panistas Simón Levy y Raúl Torres cita el expediente SUP-RAP-110/2024, en el que la Sala Superior del TEPJF acreditó que nació en El Paso y tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sheffield dijo en tribuna que nació en California, pero negó tener la nacionalidad estadounidense.

Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM por Nayarit, es otro de los casos que surgieron en el debate sobre la nacionalidad única. Nació el 27 de octubre de 1986 en California, Estados Unidos. El 28 de septiembre, Morena la designó coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, rumbo a la elección de gubernatura de 2027.

Este 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a la propia Bugarín aclarar su situación. Horas después, Bugarín difundió un comunicado en X en el que afirma que, hace años, realizó ante la SRE trámites para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, en particular a EU. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente el alcance de ese trámite ni si implica la renuncia a la nacionalidad estadounidense.

Aspirantes y exgobernadores mencionados

• Marcelo Ebrard (secretario de Economía): el 22 de septiembre, en la sesión de Diputados, el coordinador del PAN, Elías Lixa, dijo que el dictamen tendría como destinatario a Ebrard. Añadió que “ha trascendido”, sin asegurar que fuera cierto, que el funcionario tendría nacionalidad francesa. Hasta el momento no hay confirmación oficial ni una postura pública de Ebrard. Morena ha sostenido que la reforma no tiene un destinatario específico.

• Ricardo Salinas Pliego: el 27 de agosto insinuó en redes tener doble nacionalidad; el 28 de septiembre lo negó.

• Francisco García Cabeza de Vaca (exgobernador de Tamaulipas): nació en McAllen, Texas. El diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna difundió en febrero un documento que, según explicó, el exgobernador presentó ante el INE para acreditar su renuncia a la nacionalidad estadounidense.

Argumentos de cada postura

Morena y sus aliados sostienen que la medida garantiza una lealtad única en los principales cargos ejecutivos y protege la soberanía. PAN, PRI y MC cuestionaron que otra nacionalidad sirva como criterio de lealtad y señalaron las consecuencias para mexicanos con vínculos migratorios. Legisladores de oposición y columnistas plantearon que la reforma tendría destinatarios específicos (Salinas Pliego o Ebrard); la mayoría oficialista sostiene que solo aplica a quien busque esos cargos.

“La verdad, yo pensé que iba a ser por unanimidad. La verdad, no entiendo cuál es el argumento. ¿Qué le quitan derecho a alguien? ¿A quién se le está quitando derecho? ¿Se le quitaría un derecho al pueblo de México de tener un representante popular que tenga doble nacionalidad? Es una patria, una bandera, si quieres ser presidente de México", expresó durante la mañanera del pueblo de este 30 de septiembre en Palacio Nacional.

Recordó que en el pasado, la Constitución del 17 dictaba que los postulantes debían tener padres mexicanos. “Entonces, no, no lo entiendo. Y sí hubo mucha propaganda. Entonces, particularmente el mensaje a las y los paisanos. Bienvenidos siempre, pueden tener doble nacionalidad, es más, lo promovemos, que si nacieron allá, se hagan también ciudadanos mexicanos”.

¿Esta disposición afecta a paisanos con doble nacionalidad?

Siguiendo con su discurso afirmó que: “si quieres ser presidente de México, una bandera, un pueblo, una patria. No puedes tener dos. No entiendo, la verdad, cuál es el razonamiento”, aclarando que las mentiras difundidas por la oposición sobre quitarles el derecho a las y los mexicanos con doble ciudadanía es totalmente falso, ya que esta disposición solo aplicaría a las personas que tengan la intención de ser jefes de Estado o gobernadores.

“Quisieron hacer una campaña diciendo que no permitíamos la doble nacionalidad para nuestros paisanos. Falso, de absoluta falsedad. Cualquier mexicano o mexicana puede tener solo una nacionalidad. Si es aceptado por otro país, porque las nacionalidades las otorgan cada uno de los países, puede tener doble nacionalidad, puede tener triple nacionalidad, puede tener cuádruple nacionalidad, puede ser ciudadano de cuatro países distintos. Cualquier mexicano nacido en México o no nacido en México. Muchos mexicanos en Estados Unidos, mexicanas, nacieron allá y tienen la nacionalidad mexicana. Las personas que nacen en otro país ya de por sí no pueden ser presidentes ni gobernadores. Tendrá que renunciar a su nacionalidad”, declaró la mandataria mexicana.

Asimismo, destacó que en tiempos de injerencias es muy importante que la comunidad mexicana tenga claridad de que sus representantes populares más importantes solo tienen una procedencia. “Para ser embajador mexicano en el extranjero, no puedes ser embajador si tienes doble nacionalidad. Solo puedes ser mexicano, cuanti más si quieres ser presidente o gobernador”.

Senado aprueba reforma de doble nacionalidad

El Senado aprobó la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que exige ciudadanía mexicana única a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El cambio pretende establecer requisitos de elegibilidad para cargos vinculados con la conducción política, la seguridad nacional y las relaciones internacionales.

El dictamen obtuvo 86 votos a favor y 42 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada necesaria. La Cámara de Diputados ya había avalado la propuesta el pasado 22 de septiembre de 2026 con 344 votos a favor, 115 en contra y una abstención.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto será enviado a los congresos estatales como parte del procedimiento constitucional.

Dentro de la iniciativa también se considera actos que podrían acreditar un vínculo con otro Estado, como usar un pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de un país distinto de México.

Para reunir los votos necesarios durante la sesión, legisladores con doble nacionalidad solicitaron licencia y permitieron que sus suplentes ocuparan sus escaños. Entre ellos estuvieron Cecilia Guadiana, Virgilio Mendoza y Karina Ruiz.

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), calificó como novedosa la nueva ley de Bienestar Animal aprobada por el Senado y destacó que uno de sus principales avances es reconocer a los animales como seres sintientes, así como establecer disposiciones para su protección.

“Yo creo que es una ley muy novedosa, es una ley única”, expresó Bárcena durante la conferencia matutina de este miércoles, al responder una pregunta sobre el dictamen aprobado ayer.

La funcionaria colocó el reconocimiento de los animales como seres sintientes entre los elementos centrales del proyecto. Para la funcionaria, esta disposición resulta fundamental para orientar su protección.

Además, explicó que el proyecto contempla tres grandes grupos: animales de compañía, animales utilizados para la producción y fauna silvestre. Señaló que su elaboración requirió la colaboración de dependencias federales, legisladores y autoridades de las entidades federativas.

Bárcena explicó que la propuesta aborda necesidades de distintos grupos de animales y que su construcción fue un trabajo colegiado. Aunque manifestó satisfacción por el resultado, reconoció que alcanzar los acuerdos necesarios fue un proceso complejo.

La secretaria señaló que hubo coordinación con el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como con instituciones vinculadas con la salud, la producción agropecuaria y la protección ambiental. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo antes de que pueda convertirse en una norma vigente.

En su intervención reconoció la participación de Maki Ortiz, en el Senado, y de Gaby Benavides, en Diputados. También destacó el trabajo de los equipos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del área de vida silvestre.

Su valoración se concentró en el reconocimiento jurídico de los animales, la cobertura de diferentes especies y una distribución más clara de las tareas que corresponden a las autoridades.

Animales de compañía, producción y fauna silvestre: los grupos que contempla el proyecto

Bárcena explicó que la ley busca proteger a los animales en distintos contextos. Durante su respuesta identificó tres categorías principales:

• Animales de compañía: destacó que constituyen un grupo importante dentro del proyecto y de las medidas de protección.
• Animales para la producción: señaló que también requieren protección y que, para abordar este ámbito, se trabajó con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Fauna silvestre: mencionó a los animales que viven en condiciones silvestres como otro de los grupos considerados en la propuesta.

La funcionaria subrayó que la elaboración del texto involucró a la Secretaría de Salud, debido a los asuntos sanitarios relacionados con la materia. En el caso de los animales de producción, resaltó la colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con su explicación, estas intervenciones permitieron reunir responsabilidades y perspectivas de varias dependencias en un mismo proyecto legislativo.

La ley precisará responsabilidades de la Federación y los estados

Otro de los aspectos destacados por la secretaria fue la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales. Bárcena señaló que se trabajó con las entidades federativas para establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada orden de gobierno.

Este punto forma parte del alcance nacional que tendrá la legislación si concluye su aprobación. La funcionaria lo presentó como uno de los resultados del trabajo conjunto entre las instituciones participantes.

Aunque celebró lo alcanzado, el proyecto todavía debe continuar su revisión en la Cámara de Diputados. La aprobación del Senado constituye una etapa del procedimiento legislativo y aún queda pendiente su conclusión.

Bárcena también abordó las acciones de México frente al cambio climático

En una segunda pregunta, la titular de Semarnat abordó la política climática del Gobierno de México. Explicó que el programa contempla mitigación, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptación a los efectos del cambio climático.

Según Bárcena, el inventario de emisiones permite identificar a los sectores que más contribuyen a ellas. Señaló que el transporte representa 20 por ciento y que se trabaja con cada sector para reducir sus emisiones.

En materia de adaptación, mencionó la erosión de playas en Tabasco, donde, dijo, se realizan acciones con el gobierno estatal. Destacó la recuperación de manglares y dunas por su función protectora de las costas frente al impacto de los huracanes.

La secretaria sostuvo que, ante los fenómenos naturales, la preparación debe incluir sistemas de adaptación que permitan enfrentar mejor sus efectos y proteger los territorios expuestos.

El Senado de la República aprobó esta semana el dictamen para expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Según el comunicado de Igualdad Animal México, la votación fue de 115 sufragios a favor, uno en contra y ninguna abstención; posteriormente, la minuta se envió a la Cámara de Diputados.

Entre las disposiciones destaca un padrón de personas infractoras, cuya permanencia será de uno a cinco años. El proyecto también contempla sanciones administrativas y la obligación de cubrir medidas para recuperar el bienestar de los animales afectados por maltrato o crueldad.

La aprobación representa un avance en el trámite legislativo, pero la nueva ley todavía debe ser discutida en Diputados. Por ello, las disposiciones anunciadas forman parte del texto aprobado por los senadores y su aplicación dependerá de que concluya el proceso correspondiente.

¿Cómo funcionará el padrón de infractores por maltrato animal?

El dictamen prevé que las personas infractoras permanezcan inscritas durante un año como mínimo y cinco como máximo. Ese periodo podrá reducirse hasta la mitad cuando cumplan las sanciones, ejecuten las medidas correctivas y, cuando corresponda, reparen el daño determinado por la autoridad.

Mientras estén registradas, no podrán recibir apoyos públicos destinados directamente al cuidado, protección o bienestar de los animales. La restricción se refiere a esos programas específicos.

El comunicado señala que la reparación comprende atención veterinaria, medicamentos, cirugías y rehabilitación física o conductual. También considera gastos de atención proporcionada por hospitales públicos, rescatistas y organizaciones.

¿Qué obligaciones tendrán quienes cuidan animales?

La propuesta establece responsabilidades para personas y empresas que tengan animales bajo su cuidado, posesión, resguardo, tutela o administración. De acuerdo con Igualdad Animal, estas obligaciones buscan atender necesidades que varían según la especie, edad, salud y condición de cada ejemplar.

Entre los deberes contemplados están:

• Agua y alimentación suficientes, adecuadas a sus necesidades, con recipientes limpios.
• Revisiones veterinarias periódicas, vacunación, desparasitación y tratamiento de enfermedades.
• Atención médica y, cuando sea necesaria, atención especializada en comportamiento.
• Alojamiento que permita moverse y considere las necesidades sociales de la especie.
• Estímulos físicos, mentales y sociales apropiados.
• Medidas para prevenir escapes y riesgos para personas, otros animales y el entorno.
• Identificación mediante sistemas que eviten causar dolor, ansiedad o estrés.
• Responsabilidad por los daños ocasionados a terceros, conforme a la legislación aplicable.

El alcance incluye a los animales criados para consumo humano. La organización explica que el proyecto reconoce avances de entidades como Hidalgo, Colima y Oaxaca y permite a los congresos locales ampliar sus disposiciones de protección.

Ley de bienestar animal reconoce a los animales como seres sintientes

Uno de los ejes del dictamen es el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado. Además, plantea estándares nacionales y distribuye responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno.

Isabel Franco, coordinadora de Análisis Legislativo de Igualdad Animal, explicó que el marco general permitiría exigir disposiciones de protección en entidades que todavía carecen de ellas, conservando los avances locales que ofrecen una cobertura mayor.

El proyecto también recoge el contenido del denominado principio pro animal: favorecer la interpretación que proporcione la protección más amplia. Igualdad Animal precisa que esa denominación fue promovida por la sociedad civil, aunque el texto del dictamen no utiliza expresamente el término.

¿Qué sigue después de la aprobación en el Senado?

La minuta continuará su revisión en la Cámara de Diputados, donde deberá analizarse y votarse para avanzar hacia la expedición de la ley. El anuncio del Senado, por tanto, todavía no equivale a su entrada en vigor.

Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, señaló que el trabajo pendiente incluye tanto el trámite legislativo como garantizar que las disposiciones se apliquen una vez aprobadas.

La organización vinculó este proceso con las reformas constitucionales de 2024 y destacó la participación ciudadana: reportó más de 211 mil firmas reunidas entre las campañas para modificar la Constitución y crear la ley general. También informó de su intervención mediante asesoría técnica, foros y observaciones a las iniciativas legislativas.

La American Society of Mexico (AmSoc) pidió este 29 de septiembre de 2026 al Senado de la República reflexionar su voto sobre la reforma de doble nacionalidad, que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Larry Rubin, presidente de la organización, presentó el posicionamiento durante una conferencia en la capital del país.

Según AmSoc, la medida tendría implicaciones para más de 15 millones de mexicanos con doble nacionalidad que radican en México y para 40 millones de mexicanos que viven en el extranjero. Las cifras son de la organización y el comunicado no detalla su fuente.

¿Qué dijo Larry Rubin ante el Senado?

Rubin expresó preocupación por el proceso con el que la iniciativa avanzó en la Cámara de Diputados y llegó al Senado. Señaló la ausencia de un ejercicio de Parlamento Abierto que permitiera escuchar a especialistas, organizaciones y personas potencialmente afectadas.

“No podemos permitir que la doble nacionalidad se convierta en una presunción de doble deslealtad”, sostuvo. Añadió que quienes tienen doble nacionalidad siguen siendo mexicanos y deben conservar sus derechos.

Larry Rubin

También pidió a las y los legisladores colocar el interés de México por encima de consideraciones partidistas: “Nuestro llamado es que verdaderamente piensen en México antes que pensar en su propio partido”. AmSoc informó que continuará dando seguimiento al proceso legislativo.

Los argumentos que Rubin compartió en X

Como seguimiento a un llamado previo, Rubin publicó en X un documento con argumentos para consideración de las y los senadores. Entre los puntos planteados destacan:

• Mensaje a la comunidad binacional: la reforma podría interpretarse como una señal de que tener otra nacionalidad implica menos derechos.
• Coherencia: México exige respeto para sus connacionales en Estados Unidos, por lo que, según el texto, no debería establecer distinciones internas.
• Economía e inversión: cualquier distinción entre ciudadanos podría generar incertidumbre entre inversionistas y empresarios binacionales.
• Seguridad nacional: reconoce el derecho del Estado a proteger puestos estratégicos, pero propone evaluar riesgos concretos, como conflictos de interés y controles de confianza.
• Renuncia a otra nacionalidad: advierte que las reglas dependen de la legislación de cada país y que en algunos casos puede ser compleja.
• Consulta pública: reconoce que el parlamento abierto no es un requisito constitucional general, pero lo considera relevante por la magnitud del cambio.

El documento concluye con una petición expresa a las y los senadores de votar en contra.

Un posicionamiento que suma llamados previos

No es la primera vez que Rubin se pronuncia. Durante la 5.ª Convención Binacional de la American Society, el 23 de septiembre, pidió a los 128 integrantes del Senado votar contra la reforma. Entonces afirmó que “la doble nacionalidad no significa doble lealtad”.

Medios lo identifican también como representante del Partido Republicano en México, además de presidente de AmSoc.

¿Qué establece la reforma?

El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quienes ejerzan esos cargos no podrían adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una distinta de la mexicana. Quien tenga una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.

Los reportes coinciden en que la reforma no plantea eliminar la doble nacionalidad para todos los mexicanos, sino restringirla en determinados cargos ejecutivos. Entraría en vigor para las elecciones de 2028.

Las posturas de gobierno y partidos

La iniciativa fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria negó que la reforma reste derechos a mexicanos en el extranjero y sostuvo que no impide a los connacionales ni a sus descendientes contar con doble o múltiple nacionalidad.

Morena y sus aliados sostienen que busca reforzar la soberanía y garantizar una sola lealtad constitucional. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advierten que restringe derechos políticos y afecta a la comunidad migrante.

En Diputados, el proyecto obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. En comisiones del Senado, el dictamen fue aprobado con 23 votos a favor y 9 en contra.

¿Qué sigue en el Senado?

Por tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los presentes. El senador del PVEM Luis Armando Melgar anticipó que votará en contra.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguró que los votos son suficientes. Ignacio Mier expresó confianza en reunir los votos, aunque evitó anticipar el resultado, y Manuel Velasco, del PVEM, reconoció dificultades para garantizar el respaldo de toda su bancada.

Hasta el cierre de esta nota no se había informado el resultado de la votación en el Pleno.

El exsubsecretario de Turismo Simón Levy afirmó en la red social X que, junto con el diputado federal del PAN Raúl Torres, presentó un documento ante la Embajada de Estados Unidos en México. Solicitan que se examine, antes de la votación en el Senado, la situación jurídica de legisladores mexicanos cuya nacionalidad estadounidense afectaría, según el texto, los intereses de ese país. La discusión de la reforma en el Senado está prevista para este martes.

¿Qué pide el documento?

El escrito está dirigido al embajador Ronald Douglas Johnson. También menciona al Departamento de Estado, al FBI, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre sus planteamientos:

• Pide transparencia y aplicación de las mismas reglas a los senadores. Aclara que no solicita que se prejuzgue sobre sus derechos políticos.
• Cita el Reglamento del Senado (artículos 10 y 19) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 58), que regulan la excusa en casos de conflicto de interés.
• Menciona la Immigration and Nationality Act (INA), §349, sobre actos “potencialmente expatriantes”. Precisa que su aplicación depende de la voluntariedad del acto y de las reglas sobre carga de la prueba.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy Dabbah es abogado por la UNAM. Dirigió la agencia de inversiones ProCDMX y fue subsecretario de Planeación Turística del 1 de diciembre de 2018 al 12 de abril de 2019.

Tiene procesos legales abiertos en México, de acuerdo con las autoridades:

• La Fiscalía capitalina informó de dos procesos: uno por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, y otro por amenazas y daño en propiedad ajena.
• La FGR informó que Interpol instauró una ficha roja por daño a la propiedad y fraude, en la causa penal 02565/2020.
• El caso nació de una denuncia de 2019 por un edificio en Polanco.

Levy ha rechazado los señalamientos. En octubre de 2025, Sheinbaum informó que había sido detenido en Portugal; él lo negó, dijo vivir entre Washington y San Diego y calificó como falso el documento de Interpol. En marzo de 2026, la presidenta dijo sobre él que “ni vale la pena hablar de esta persona”.

Los senadores mencionados

El documento señala al senador Javier Corral y pide que también aclaren su situación los senadores Cecilia Guadiana y Ricardo Sheffield y la senadora con licencia Jasmín Bugarín. Respecto a ellos, dice que existen “elementos públicos” que ameritan una verificación documental.

En el caso de Corral, cita el expediente SUP-RAP-110/2024. Según el texto, la Sala Superior del Tribunal Electoral acreditó que nació en El Paso, Texas, y que tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. El Tribunal confirmó su candidatura al Senado al considerar que no la adquirió mediante un acto voluntario de naturalización.

Sobre Karina Ruiz, el documento distingue que ella ha reconocido ser beneficiaria de DACA, que no equivale a ciudadanía estadounidense ni a una segunda nacionalidad.

¿Qué dice la reforma en discusión?

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá acreditar, antes de registrarse, que renunció a otra nacionalidad.

La Cámara de Diputados la aprobó con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, y la envió al Senado. En comisiones del Senado avanzó con 23 votos a favor y nueve en contra. De concretarse, se aplicaría desde el proceso electoral de 2028 y no afectaría a quienes ya ejercen cargos.

La medida no elimina la doble nacionalidad para la población en general. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no reduce derechos a los mexicanos con otra nacionalidad.

El respaldo del PAN

Los diputados del PAN Federico Döring, Paulina Rubio y Raúl Torres pidieron que Corral, Sheffield y Guadiana no participen en la votación por presunto conflicto de intereses. También anunciaron que, con organizaciones migrantes, presentarían denuncias ante el Departamento de Estado y el USCIS.

Torres pidió a las autoridades estadounidenses analizar el estatus de los cuatro legisladores. Afirmó que votar la reforma violaría la legislación migratoria de EU. Esa interpretación es del legislador y no ha sido validada por autoridades estadounidenses.

Lo que no está confirmado

• Hasta ahora no se ha difundido una respuesta de la Embajada ni de las dependencias mencionadas.
• El material difundido no incluye un acuse de recepción del documento.
• No se encontró un pronunciamiento de los senadores señalados sobre su nacionalidad actual. Fuera del caso de Corral, la situación de los demás se basa en señalamientos del PAN y en el documento de Levy.

Dos acuerdos, uno en cada cámara del Congreso, permitieron a los bloques libertarios superar casi en simultáneo, al menos en parte, un par de desafíos delicados: en Diputados, logró dictamen frente a la presión opositora para definir el futuro inmediato del área de discapacidad; y en el Senado, cerró trato incluso con el peronismo/K para votar, con cambios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada terminó allí. Llamativo y paradójico, las inmediatas tensiones en el interior del oficialismo terminaron acrecentando recelos de socios y dialoguistas. Y eso mismo pone a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno, necesitado además de logros políticos frente a la realidad económica.

En esa línea, las recientes declaraciones televisivas de Javier Milei añadieron nuevos condimentos. El Presidente se encargó personalmente de salir a descalificar una sucesión de informes del INDEC negativos -en especial, caída de la actividad, consumo y pobreza- y ratificó así su posición inflexible en ese terreno, algo que impacta internamente frente al clima electoral ya instalado. Fue, en público, la ratificación del mensaje a funcionario y legisladores para que cierren filas en defensa del plan económico.

El gesto de Milei confirmó de hecho que los acuerdos con aliados y dialoguistas se plantean en un contexto diferente al que suponía tratar de imponer criterios desde una posición de fuerza, porque existen otras necesidades de peso. Eso último alimentó las afirmaciones sobre consumo, PBI y exportaciones a contramano de las mediciones del INDEC. Más llamativa fue la declaración sobre una enorme deportación de “terroristas” internacionales que, hasta ahora, sólo provocó un par de reclamos opositores de informes, además de cierto desconcierto entre socios y silencio violeta.

El Presidente sostuvo que entre 2025 y lo que va de este año fueron “echados” 30.000 “terroristas” que, sostuvo, intentaban “infiltrase” en el país para “dinamitar el modelo argentino”. Dos opositores de diferente origen político -Maximiliano Ferraro, de la CC, y Juliana Di Tulio, del peronismo/K- reclamaron de inmediato explicaciones, por la vía de notas a las autoridades o pedidos de acceso a la información. Es posible que se anoten otros planteos. Pero, seguramente, alcanza para aumentar prevenciones frente a este tipo de generalizaciones con proyección legislativa.

El oficialismo se prepara para acelerar el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, centrado en medidas para aumentar las sanciones a empresas que de manera directa o indirecta participen de proyectos de explotación de recursos naturales en Malvinas. En líneas generales, Malvinas es uno de los pocos temas de muy amplio consenso político. Es probable que haya discusiones puntuales; por ejemplo, sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional que propone la iniciativa.

Las referidas declaraciones presidenciales, en cambio, amplificarían en alguna franja opositora las alertas sobre la falta de precisión respecto de actividades y organizaciones que puedan ser calificadas como operadoras de intereses extranjeros. Es algo que, de otro modo, ya había generado reacciones en el tratamiento del proyecto de ley de lobby, con críticas de diversas organizaciones porque podría afectar temas básicos como la libertad de expresión.

Pero en el plano exclusivamente interno, el foco es otro y también, la fuente de inquietudes más allá de alguna sorpresa discursiva. Existe preocupación por lo que algunos definen como desacoples prácticos en el terreno político. Lo ocurrido en Diputados frente a la ofensiva opositora por la emergencia en el área de discapacidad -que de hecho impuso un cronograma para definir la cuestión- resultó ilustrativo.

El oficialismo venía trabajando un acuerdo con aliados y dialoguistas, para frenar a la oposición, hasta que se conoció el artículo correspondiente del proyecto de Presupuesto 2027. La dimensión del ajuste dinamitó el entendimiento. De inmediato, Patricia Bullrich en público y otros de manera reservada apuntaron contra Economía, para no llevar la interna a un punto extremo. Pasado el primer impacto, pero sin demoras, los representantes del bloque libertario volvieron a negociar, redondearon un texto y lograron dictamen. La serie no fue cerrada en ese punto, y desde el Ejecutivo se hizo trascender que el acuerdo no era avalado por completo.

Algunos socios de LLA hicieron saber entonces que esperan precisiones sobre la garantía presupuestaria para coronar el entendimiento en el recinto. Se verá. Ese gesto expuso cierto fastidio y sobre todo, desconfianza. El tratamiento del proyecto sobre el Banco Central en el Senado tuvo otros condimentos, suficientes igual para contribuir al malestar en el frente interno del oficialismo y alimentar suspicacias sobre el juego de Bullrich en la Cámara alta.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no terminó al gusto de la Casa Rosada. Y parece imposible que Diputados insista con el proyecto original. La votación casi por unanimidad en el Senado modificó el criterio del Ejecutivo, que buscaba imponer mayoría especial de dos tercios en las dos cámaras del Congreso para remover autoridades del banco. El texto, que impone mayoría absoluta en el Senado, volvió a la Cámara baja. Y cayó muy mal en el Gobierno, donde mastican enojo creciente por los gestos de autonomía de la jefa del bloque violeta.

Ese clima doméstico se traslada a las consideraciones sobre la suerte de la reforma electoral, en particular el objetivo de anular las PASO. De un lado, dudan sobre el real empeño de Bullrich, que ha transmitido varias veces la dificultad para reunir votos. Y del otro, es señalada la falta de resultados, hasta el momento, de las tratativas encaradas por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem para garantizar apoyo de los jefes provinciales con peso propio en la Cámara alta. La mirada se corrió en las últimas horas al viaje de Milei a París, acompañado por una docena de gobernadores.

Existe por lo menos un elemento que no depende exclusivamente de la voluntad del oficialismo y es la modificación que va sufriendo el contexto. Está claro que el cuadro surgido de las elecciones del año pasado fue cambiando por distintas razones, no sólo económicas. Y entonces, no tendría la misma fuerza la receta, impulsada con altibajos por operadores de Karina Milei, según la cual los gobernadores deberían garantizar la derogación de las PASO para asegurarse -después, una vez votada la reforma electoral- que la LLA no les daría batalla en sus distritos. Una especie de contraprestaciones reeleccionistas, a escala nacional y en cada distrito.

Presupuesto, Malvinas, reforma electoral, Banco Central figuran en los primeros renglones de la agenda legislativa del Gobierno. Se verá ahora que deja el viaje a París.

El Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que votará contra la llamada Ley Antimemes y acusó que la reforma puede abrir la puerta a sanciones contra quienes publiquen burlas, sátiras o comentarios humorísticos sobre el gobierno, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; junto con Ricardo Anaya y Elías Lixa, coordinador de la bancada panista en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, expresó su rechazó a la propuesta y acusó que atenta contra la libertad de expresión.

Esto, aunque el dictamen aprobado en comisiones limita el delito al uso de signos oficiales para hacer pasar una comunicación como auténtica.

El PAN anticipa su rechazo a la Ley Antimemes

En un video publlicado en X, Elías Lixa afirmó que la bancada panista en San Lázaro no acompañará la propuesta, comparando los posibles efectos de la norma con una prohibición de las caricaturas políticas y sostuvo que el Congreso no debe aprobar una legislación que, a su juicio, podría castigar expresiones críticas.

“Esto literalmente es como prohibir las caricaturas políticas. Y esto, por supuesto que no lo podemos permitir”, expresó Lixa en el video difundido por el partido.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados también anunció la posición que asumirá su grupo parlamentario cuando la reforma llegue a esa instancia.

“Anunciamos claramente que en el PAN vamos a votar en contra de esta ley presidencial”, afirmó.

Lixa dirigió una crítica al Gobierno federal por su reacción ante los contenidos satíricos que circulan en redes sociales.

“Si les incomodan los memes, dejen de dar motivos”, señaló el diputado panista.

Jorge Romero cuestiona las penas de prisión

En la misma publicación, Romero Herrera afirmó que la iniciativa podría llevar a prisión a quienes realicen memes o contenidos críticos.

“¿Sabes que te quieren meter hasta por siete años a la cárcel si te atreves a hacer una burla, una sátira, algún comentario chusco o a que hagas algún meme del Gobierno?”, dijo.

Romero pidió revisar el contenido de la reforma y rechazó que el Estado recurra a castigos penales frente a expresiones de desacuerdo.

Según planteó, la discusión debe concentrarse en los límites de la iniciativa y en sus posibles consecuencias para la crítica política.

“Lo que no vamos a aceptar es que pretendan resolver con amenazas de cárcel lo que no pueden defender con argumentos”, manifestó el dirigente del PAN.

La referencia a una pena de hasta siete años corresponde a la propuesta inicial presentada ante el Congreso.

Esa versión contemplaba entre tres y siete años de prisión, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, para quien usara o imitara elementos oficiales con una finalidad comercial y engañosa.

Ricardo Anaya señala el artículo 403 Bis

Por su parte, en el video, Ricardo Anaya Cortés centró su crítica en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y sostuvo que esa disposición representa una amenaza para quienes cuestionen al poder mediante contenidos digitales o expresiones públicas.

“Revisa el 403 Bis de la Ley de Propiedad Industrial. Eso es precisamente lo que ellos quieren convertir en ley”, dijo Anaya.

El senador calificó la propuesta como un posible acto de censura y afirmó que una democracia no debe sancionar penalmente la crítica.

“Eso es precisamente una dictadura. Vivir en un país donde te meten a la cárcel por decir la verdad”, expresó.

Anaya también respondió a lo que describió como molestia oficial frente a los cuestionamientos.

El legislador sostuvo que el Gobierno debe enfrentar las críticas con resultados y no con reglas que puedan ser usadas contra la oposición, ciudadanos o creadores de contenido.

“Presidenta, si les molestan tanto las críticas, respondan con resultados”, afirmó el panista.

La reforma enviada por Claudia Sheinbaum

La iniciativa fue enviada al Congreso en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su propósito es modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para atender compromisos previstos en el capítulo 20 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), relacionado con propiedad intelectual.

La propuesta original planteaba castigar a quien utilizara, reprodujera o imitara, con fines comerciales, logotipos, dominios electrónicos o signos oficiales de cualquier nivel de Gobierno para engañar o actuar con una intención maliciosa.

El proyecto inicial fijaba una pena de tres a siete años de prisión. También contemplaba una multa de entre mil y 10 mil Unidades de Medida y Actualización.

La oposición bautizó la iniciativa como Ley Antimemes y advirtió que su redacción podía permitir acciones contra ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que emplearan imágenes o referencias institucionales para cuestionar a las autoridades.

La senadora panista Lilly Téllez sostuvo que el dictamen podría abrir la puerta a perseguir a personas que recurran a elementos visuales de instituciones públicas con un propósito satírico o de crítica política.

Senado redujo el rango de las sanciones

El 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron cambios a la iniciativa. La decisión obtuvo 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

El ajuste redujo las penas previstas en el proyecto. El texto que será discutido por el pleno del Senado contempla prisión de uno a cinco años, en vez del rango inicial de tres a siete años.

El dictamen establece que la conducta sancionable ocurre cuando una persona reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de Gobierno para hacerlos pasar como auténticos.

Javier Corral Jurado, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, defendió los cambios aprobados. El legislador afirmó que la nueva redacción busca evitar interpretaciones que presenten el proyecto como un castigo a la burla, la sátira o la crítica.

La propuesta precisa que el delito se configuraría solo si se usan elementos institucionales para inducir a error sobre el carácter oficial de una comunicación o de una plataforma.

El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad legislación bipartidista para modernizar las reglas de salud mental aplicables a pilotos comerciales y controladores de tránsito aéreo, con el objetivo de que estos profesionales puedan buscar ayuda y declarar condiciones psicológicas sin temor a perder sus licencias o sus empleos. La votación tuvo lugar el jueves 25 de septiembre en Washington, según informó la agencia Reuters.

Los proyectos, impulsados por el senador republicano John Hoeven y la senadora demócrata Tammy Duckworth, no entrarán en vigor hasta que la Cámara de Representantes los apruebe. El Senado también votó favorablemente una norma complementaria que obliga a la Administración Federal de Aviación (FAA) a publicar una guía accesible sobre medicamentos autorizados, para que pilotos y controladores no tomen sin saberlo fármacos que pongan en riesgo sus certificaciones.

Por qué se impulsó la legislación y qué problema busca resolver

Los pilotos comerciales suelen ocultar condiciones psicológicas porque declarar terapia, medicación o buscar ayuda puede suspender su certificación. Las reglas obligan a dejar de volar tres meses al modificar dosis o tipo de antidepresivo o ansiolítico, lo que lleva a muchos a no revelar su situación.

El caso que reavivó el debate fue el de un piloto de Alaska Airlines que, fuera de servicio, fue acusado a fines de 2023 de intentar desactivar los motores de un avión en pleno vuelo. El hombre declaró a la policía que atravesaba una crisis nerviosa en ese momento.

El episodio puso en evidencia que las barreras para acceder a atención psicológica pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad de los pasajeros. Hoeven subrayó además que las demoras burocráticas y los procesos desactualizados de la FAA mantienen a pilotos y controladores fuera de sus puestos durante períodos prolongados, en un contexto de escasez de profesionales calificados en ambos sectores.

Qué aprobó el Senado de Estados Unidos sobre salud mental en la aviación

Las iniciativas integran el denominado Ley de Salud Mental en la Aviación de 2025 (Mental Health in Aviation Act of 2025), proyecto H. R. 2591, aprobado por la Cámara de Representantes el 8 de septiembre de 2025. La legislación encarga a la FAA actualizar sus regulaciones para alentar activamente a los trabajadores de la aviación a buscar atención y a declarar diagnósticos o síntomas de salud mental. El plazo para completar esa actualización es de hasta dos años desde la promulgación de la ley.

La norma también ordena que, en los 180 días posteriores a la presentación de un informe técnico exigido por la Ley de Reautorización de la FAA de 2024, el administrador de la agencia adopte las recomendaciones vinculadas a salud mental que surjan de ese documento. Si decidiera no implementar alguna, deberá justificarlo ante los comités competentes del Congreso.

Duckworth resumió el espíritu de la iniciativa en declaraciones recogidas por Reuters: “Sus carreras nunca deberían estar en riesgo porque no fueron correctamente informados sobre qué medicamentos pueden tomar, o simplemente porque buscaron la atención de salud mental que necesitan”.

Cómo cambiarían las reglas para pilotos y controladores aéreos

El proyecto establece una revisión anual del proceso de autorizaciones especiales en materia de salud mental —conocidas como “special issuance”—, el mecanismo que permite a quienes tienen ciertos diagnósticos obtener igualmente su certificación médica bajo condiciones particulares. Esa revisión apunta a ampliar el listado de medicamentos autorizados, mejorar la formación de los examinadores médicos aeronáuticos y reducir el tiempo de tramitación de los expedientes pendientes.

Según consta en el texto de H. R. 2591, la FAA deberá además implementar, en la medida de lo posible, las recomendaciones del Comité de Elaboración de Normas sobre Salud Mental y Autorizaciones Médicas en Aviación, presentadas el 1 de abril de 2024 con participación de representantes de pilotos, controladores y médicos aeronáuticos.

Qué fondos y plazos contempla la ley

En materia presupuestaria, el texto de H. R. 2591 destina USD 13,74 millones anuales entre 2026 y 2028 para incorporar examinadores médicos adicionales —incluidos psiquiatras—, ampliar la capacidad de supervisión y reducir el rezago de casos en la Oficina de Medicina Aeroespacial de la FAA. Asigna además USD 1,5 millones anuales durante el mismo período para una campaña pública destinada a reducir el estigma asociado a la búsqueda de atención psicológica en el sector.

La FAA reconoció que aún trabaja en las recomendaciones de un panel de expertos convocado a fines de 2023, cuyo informe reveló que alrededor del 20% de los pilotos y controladores que declaran un problema de salud mental son inhabilitados inicialmente, y que obtener autorización para usar un antidepresivo puede llevar más de un año.

La Asociación Aliada de Pilotos (APA), que representa a 17.000 pilotos de American Airlines, calificó los proyectos como un avance concreto hacia la modernización del enfoque de la agencia en la materia.

Todo arrancó con un argumento, cuanto menos particular. Mayans, que venía cuestionando lo que describió como la “irresponsabilidad” del Banco Central ante situaciones de emergencia, recurrió a una cadena de referencias históricas y bíblicas para ilustrar su postura. Primero invocó a Rico McPato —el personaje de historietas que guardaba su fortuna en una bóveda sin tocarla— y de ahí dio un salto directo al antiguo Egipto. “Tutankamón, el faraón niño, que murió lleno de tesoros”, lanzó el legislador, para luego traer a colación el pasaje del Evangelio en que Jesús advierte contra acumular riqueza en la tierra, “donde los ladrones hurtan y el horín corrompe”.

Después recordó que Howard Carter había descubierto la tumba del faraón —aunque situó el hallazgo en 1920, cuando en realidad fue en 1922— y señaló que, de todas formas, los saqueos previos ya habían vaciado buena parte de sus tesoros. El remate fue directo: “Tutankamón iba a llevar su plata al más allá. Otro boludo, diríamos, ¿verdad?”

La palabra no tardó en encender la mecha. Losada intervino de inmediato desde la presidencia. “Senador, le pido por favor que cuide el vocabulario en esta casa. Ni insultos”, señaló la legisladora, que presidía la sesión ante la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ejercía de manera interina la Presidencia de la Nación por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos, y el presidente provisional Bartolomé Abdala.

Lejos de ceder, Mayans respondió con una frase que no dejó margen para el debate: “No me diga cómo hablar”. Lo que siguió fue un intercambio de réplicas que fue subiendo de tono con cada turno. Losada insistió en que no debía usar malas palabras ni insultar; él la acusó de “hacer show”. Cuando la legisladora radical advirtió que le cortaría el micrófono si continuaba, Mayans le respondió: “Pídaselo a Milei”, en alusión a la forma de hablar del Presidente.

El entredicho llegó a su punto más álgido cuando Mayans le dijo a Losada que se callara la boca. Ella respondió con la misma frase, y el intercambio derivó en un contrapunto en el que ambos se acusaban mutuamente de no respetar el uso de la palabra. En un momento, el senador aplaudió —presuntamente ante alguna intervención del recinto— y con ironía anotó: “Muy bien. Ahora voy a seguir un poquito más”.

La discusión en torno a la palabra en cuestión ocupó varios minutos del debate. Mayans defendió su uso con un argumento semántico: “Ser boludo no es mala palabra. Busque en el diccionario qué quiere decir boludo. Si quiere decir boludo, busque en el diccionario y aprenda”.

Losada, por su parte, se mantuvo firme: “Acá no hable con malas palabras”. Y cerró con una frase que condensó la tensión del momento: “Si tengo que aprender de usted, mejor me voy a otro lado”.

El senador formoseño no abandonó la discusión sin lanzar una última estocada: “Vaya y dígale a Milei que aprenda a hablar con la gente”. Losada le recordó que era ella quien presidía la sesión y que, mientras lo hiciera, él debía hablar “como corresponde”.

Tras el cruce, Mayans retomó su discurso sobre el proyecto del BCRA. “La gente tiene hambre”, planteó, y cuestionó que el organismo acumule reservas mientras la población no accede a medicamentos.

El episodio se produjo en el marco de una sesión en la que el Senado debatió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que busca reforzar la independencia del organismo y prohibir el financiamiento al Tesoro. Con 46 votos a favor y 22 en contra, la Cámara aprobó el texto con modificaciones en el mecanismo de designación y remoción de autoridades, por lo que el proyecto regresó a Diputados para una segunda revisión.

Mark Abreu, nominado por Donald Trump como embajador de Estados Unidos en El Salvador, destacó este jueves los cambios en materia de seguridad del país y prometió revisar los derechos humanos si el Senado confirma su designación. El exfuncionario de inteligencia defendió que la relación bilateral fortalece los intereses estadounidenses.

La audiencia pública fue convocada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que debe evaluar la experiencia, la idoneidad y las posturas políticas de cada aspirante antes de decidir si aprueba o rechaza su nombramiento. Abreu fue propuesto por Trump en junio y reside en Florida, según Diario El Mundo.

Junto con el puertorriqueño comparecieron Natasha Franceschi, candidata para Nicaragua; William Grayson, para Indonesia; Nicholas Checker, para Ruanda; y John McIntyre, para Malaui. El comité examinó las postulaciones antes de un posible receso legislativo que podría extenderse hasta el 9 de noviembre, informó El Nuevo Día, diario puertorriqueño.

La seguridad salvadoreña como eje de la nominación

Abreu sostuvo que la política exterior de Trump busca relaciones que hagan a Estados Unidos “más fuerte, seguro y próspero”, y afirmó que la alianza con El Salvador responde a esos tres objetivos. “Nuestra relación estratégica con El Salvador cumple con los tres estándares”, aseguró durante su declaración inicial.

El candidato atribuyó al presidente Nayib Bukele la reducción de la violencia en el país y contrastó la situación actual con la de una década atrás. “Hace una década, era la capital mundial de los asesinatos. Hoy, El Salvador es uno de los países más seguros del hemisferio occidental”, afirmó.

También recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a Bukele como el dirigente de seguridad más fuerte de la región. Abreu destacó la cooperación salvadoreña contra la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, Barrio 18 y otras estructuras que la administración Trump considera amenazas para las comunidades estadounidenses.

El aspirante a embajador planteó que el crecimiento económico salvadoreño puede reducir la migración hacia Estados Unidos si crea oportunidades dentro del país. Si obtiene la confirmación, dijo que buscará que la embajada identifique opciones de inversión y adquisición para empresas estadounidenses, en especial a través de licitaciones gubernamentales.

Abreu prometió trabajar con el Congreso y con las autoridades salvadoreñas bajo el principio de respeto a la soberanía nacional. Su objetivo, expresó, será consolidar los avances de seguridad y convertirlos en un modelo replicable en el resto de Centroamérica.

Una carrera entre inteligencia, fuerzas armadas y sector privado

El Departamento de Estado describió a Abreu como un funcionario con casi tres décadas de experiencia en seguridad nacional, asuntos internacionales y liderazgo estratégico. La dependencia indicó que construyó alianzas en América Latina, Europa Occidental, África del Norte, Asia Oriental y Oriente Medio.

Durante su trayectoria, integró tareas de inteligencia, fuerzas armadas, cuerpos policiales, tecnología y actores privados para impulsar los objetivos estratégicos de Estados Unidos. También ejerció como enlace con el Congreso.

Abreu fue funcionario de la Agencia Central de Inteligencia y jefe de estación en varios países de América Latina. Además, integró la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se desempeñó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. De ser aprobado, Abreu será la segunda persona puertorriqueña en representar a Estados Unidos como embajador en El Salvador, después de Mari Carmen Aponte, designada durante la presidencia de Barack Obama.

Entre himnos, escalinatas y una fotografía que quedará en los registros diplomáticos, el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, llegó este jueves a la sede del Senado de la República para sostener una reunión privada con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda. El encuentro forma parte de la primera visita de un mandatario surcoreano a México en 16 años.

Así fue el arribo: entre Reforma y el Patio del Federalismo

El mandatario asiático arribó por Paseo de la Reforma, donde fue recibido personalmente por Higinio Martínez. Ambos conversaron brevemente antes de subir las escalinatas rumbo al Patio del Federalismo, escenario del protocolo oficial que marcó el inicio de esta jornada diplomática.

Ahí, entre aplausos y cámaras, Lee Jae Myung fue invitado a la toma de la fotografía oficial, seguida de la entonación de los himnos nacionales de México y Corea del Sur, un momento que selló simbólicamente el paso del presidente por el recinto legislativo.

La firma que quedará en la historia del Senado

Como parte del protocolo reservado a los visitantes distinguidos, Lee Jae Myung firmó el libro de visitantes del Senado de la República. Fue entonces cuando, acompañado por el senador morenista, se dirigió a la oficina de la Mesa Directiva para sostener una reunión privada con Higinio Martínez, en la que —de acuerdo con el propio legislador— se abordó la posibilidad de refrendar los lazos históricos y culturales entre ambas naciones.

Una comitiva de alto nivel acompañó el protocolo

El acto no estuvo exento de figuras clave de la política exterior y legislativa mexicana. Acompañaron el encuentro la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Teresa Mercado, y el embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel.

Del lado del Senado, estuvieron presentes las legisladoras Verónica Camino Farjat y Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena), Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) y Yeidckol Polevnsky (PT), así como los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM), Alejandro Murat (Morena) y Manuel Añorve Baños (PRI).

Una visita que va más allá del protocolo

El paso de Lee Jae Myung por el Senado es solo una escala dentro de una gira oficial de tres días que comenzó la noche del miércoles, cuando el presidente surcoreano y su esposa, Kim Hea Kyung, fueron recibidos en el AIFA por el canciller Roberto Velasco.

De acuerdo con la agenda difundida por el gobierno federal, este jueves el mandatario también sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se abordaron temas de:

• Comercio e inversión bilateral
• Seguridad, incluida la cooperación frente al narcotráfico y la trata de personas
• Energía y minerales estratégicos
• Inteligencia artificial y tecnología digital
• Industria aeroespacial y defensa

La reunión con Sheinbaum también dejó anuncios de corte cultural: la mandataria confirmó el regreso de BTS a México en 2027 y presentó un plan de acción bilateral 2026-2030, que contempla la creación de un centro de cultura K-Pop en territorio mexicano.

Lo que viene: negocios, Chapultepec y despedida el sábado

La visita de Estado no concluye con el paso por el Senado. Este jueves, Lee Jae Myung también tenía previsto un recorrido por el Bosque de Chapultepec y un encuentro con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Para el viernes 25 de septiembre, la agenda contempla su participación en un foro de negocios en el World Trade Center, enfocado en fortalecer la presencia empresarial surcoreana en el país. El mandatario tiene programado su regreso a Corea del Sur la mañana del sábado 26 de septiembre, cerrando así la primera visita de un presidente surcoreano a México desde 2010.

El Senado sesiona este jueves con un temario centrado en dos proyectos que generan tensión política: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.

En primera instancia, la Cámara alta votó a favor de modificar el texto que Diputados aprobó sobre el Banco Central, en particular el mecanismo de remoción de sus autoridades. De esa manera, la iniciativa regresará a la Cámara baja para una segunda revisión.

Luego, se aprobó el nuevo régimen de subsidios. La propuesta sostiene beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero limita el alcance de la ampliación aprobada en años anteriores.

/politica/2026/09/24/senado-se-aprobo-el-recorte-de-subsidios-en-zonas-frias-y-el-gobierno-sumo-una-victoria-en-el-congreso/

Flavia Royón expone para presentar el proyecto de recorte de subsidios al gas en zonas frías

La senadora salteña Flavia Royón, ex secretaria de Energía de la Nación, presenta el proyecto de ley que recorta los subsidios al gas en las denominadas zonas frías.

“Me parece acertado, por una cuestión de orden fiscal, y para ordenar el sistema energético argentino, que los subsidios dejen de ser generalizados solamente por zonas geográficas y pasen a ser localizados para que los reciban solamente aquellos que lo necesitan”, expuso la legisladora.

/politica/2026/09/24/el-senado-cambio-la-reforma-de-la-carta-organica-del-banco-central-y-el-proyecto-regresa-a-diputados/

Comienza el debate del recorte de subsidios al gas para las “zonas frías”

Tras la aprobación del cambio de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, comienza en el Senado el debate del recorte de subsidios al gas para las denominadas zonas frías.

Con casi 30 oradores anotados, se espera que la votación llegue entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada.

Aprobado el proyecto en general, los senadores votan en partícular cada artículo

El Senado cambió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto regresa a Diputados

Con 46 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto regresará a Diputados.

Patricia Bullrich pidió que el Senado respalde al Banco Central

La última oradora del debate, Patricia Bullrich, le pidió al Senado que respalde al Banco Central.

“Queremos que el Banco Central tenga el respaldo del Senado para poder tener una autoridad monetaria que sea la que cuide el valor de la moneda de todos los argentinos”, manifestó.

José Mayans calificó como “desastre” al proyecto

El senador peronista formoseño José Mayans calificó este jueves como “desastre” al proyecto oficialista de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

“Lo que están por hacer con el Banco Central es un desastre, apretado Milei por los grupos económicos que están detrás de él”, expuso.

Los tres puntos del proyecto que destacó Martín Goerling

Martín Goerling, senador misionero del PRO, destacó “tres puntos fundamentales” para considerar positivo el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El primero, para el legislador, es “el fin del Banco Central como cajero automático del Estado”. El segundo, es “el fin de la ganancia ficticia de la continuidad mágica”. Finalment, cree que el tercero y más importante es “el mandato único y la independencia real”.

Flavia Royón dijo que comparte el objetivo del proyecto, pero advirtió que hay puntos que no acompañará

La senadora salteña Flavia Royón manifestó este jueves que comparte el objetivo de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aunque advirtió que hay algunos puntos que no acompañará con su voto.

“Comparto el objetivo de este proyecto. Lo primero que necesitamos es empezar a ser un país serio, tener una moneda estable, tener previsibilidad, acabar con la inflación, y este proyecto es un paso en ese sentido. Necesitamos un Banco Central que no sea la caja del Tesoro y que cuide el valor de la moneda. Pero también hay puntos en este proyecto que no voy a acompañar”, expuso.

Joaquín Benegas Lynch pidió que el Banco Central deje de ser una caja política

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch insistió en la importancia de que el Banco Central deje de ser utilizado como caja política e invitó a acompañar el proyecto oficialista para reformar la carta orgánica de la entidad.

“Lo más importante es que el Banco Central deje de ser una caja para financiar el déficit de la política”, resaltó.

Nadia Márquez: “El Banco Central debe tener un solo objetivo, que es preservar el valor de la moneda”

La senadora neuquina libertaria Nadia Márquez hizo hincapié durante su exposición sobre el que cree que debe ser el único objetivo del Banco Central.

“El Banco Central debe tener un solo objetivo, que es preservar el valor de la moneda. Impedir el financiamiento de las fiestas que los políticos han hecho año tras año y han llevado a la Argentina a una plena decadencia”, manifestó la legisladora.

Capitanich pidió discutir reglas fiscales, monetarias, cambiarias e institucionales

El senador Jorge Capitanich planteó que el debate sobre el Banco Central debe incluir una discusión más amplia sobre las reglas de la economía.

“Se tienen que discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”, sostuvo durante su exposición.

El oficialismo informó los cambios en la designación y remoción de las autoridades del Banco Central

El senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, anunció que hubo un acuerdo entre los bloques para modificar el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según explicó, el presidente y los directores del organismo serán designados por seis años, con acuerdo del Senado por mayoría absoluta. La eventual remoción deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo y contar también con la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta.

Durante su exposición, Monteverde cuestionó las políticas aplicadas en las últimas dos décadas y afirmó que provocaron un costo equivalente al 85% del producto bruto interno. También aseguró que el Banco Central perdió USD 116.000 millones de reservas líquidas por la colocación de Letras Intransferibles a cambio de divisas.

El Senado comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Tras las cuestiones de privilegio, la Cámara alta inició el tratamiento del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa busca reforzar la independencia de la entidad y prohíbe el financiamiento directo o indirecto al Tesoro. El Senado prevé introducir cambios en el mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del directorio, por lo que el texto podría volver a Diputados.

Maximiliano Abad cuestionó al secretario de Agricultura por la falta de rebaja de retenciones a la pesca

El senador radical Maximiliano Abad planteó una cuestión de privilegio contra el secretario de Agricultura de la Nación y reclamó que el Gobierno elimine o reduzca las retenciones que paga el sector pesquero.

El legislador marplatense recordó que funcionarios nacionales habían condicionado una baja de los derechos de exportación a la continuidad de la holgura fiscal. “Pasaron siete meses y no hubo respuesta”, afirmó. También señaló que el Presupuesto enviado al Congreso no contempla medidas para la actividad.

Abad advirtió sobre la caída del valor agregado en las exportaciones pesqueras y sostuvo que el sector genera USD 2.000 millones en ventas al exterior, 46 mil empleos directos y 100 mil indirectos. Además, pidió convocar a una mesa estratégica con empresarios y trabajadores para analizar medidas que mejoren la competitividad de la industria.

Bartolomé Abdala abrió la sesión ante la ausencia de Victoria Villarruel

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, encabezó el inicio del debate. Victoria Villarruel no estuvo en el recinto porque ejerce de manera interina la Presidencia de la Nación, ante el viaje de Javier Milei a EEUU.

Con 37 senadores, el oficialismo y sus aliados consiguieron el quórum

La sesión comenzó con 37 legisladores sentados en sus bancas. El número se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén.

/politica/2026/09/24/antes-de-la-sesion-clave-el-gobernador-de-salta-anticipo-que-el-gobierno-reconocera-las-zonas-calidas/

/politica/2026/09/24/el-senado-sesiona-para-modificar-la-ley-del-banco-central-y-sancionar-un-recorte-a-los-subsidios-en-zonas-frias/

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo que el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados. La principal modificación alcanza el procedimiento para la designación y remoción de las autoridades de la autoridad monetaria.

El senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, informó que hubo un acuerdo entre los bloques para revisar el esquema previsto para las autoridades de la entidad. El presidente y los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años y requerirán acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

El artículo 3 de la iniciativa original establecía motivos concretos para una eventual destitución, entre ellos una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones. Esa acusación deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables.

El procedimiento previsto exigía que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y que ambas cámaras del Congreso lo avalen antes de que se haga efectiva la medida. Para ello, iba a ser necesaria una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo.

A la vez, se eliminaba la intervención de la comisión bicameral creada en 2010, durante la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el entonces titular de la entidad, Martín Redrado.

En tanto, la redacción también quita al Poder Ejecutivo la facultad de apartar de manera unilateral a las autoridades monetarias. Cualquier decisión deberá ajustarse a las causales establecidas y acreditar la falta invocada.

Por último, deja sin efecto la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. También elimina la obligación de que la entidad se pronuncie antes sobre los efectos de las operaciones de endeudamiento externo en la balanza de pagos. El Gobierno considera que ese paso no influye en las definiciones y constituye una exigencia administrativa.

Como el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, la incorporación de este nuevo mecanismo obligará a que la Cámara baja vuelva a tratar la iniciativa. Allí deberá aceptar las modificaciones del Senado para que la reforma quede sancionada o insistir con la redacción original.

Otras claves de la reforma del BCRA

La reforma propone un mecanismo temporal para ordenar el balance del Banco Central. Mientras el Estado nacional mantenga pendientes las letras intransferibles y los adelantos transitorios otorgados por la autoridad monetaria, una parte de las ganancias anuales deberá destinarse exclusivamente a la cancelación de esas obligaciones.

La iniciativa dispone además que los adelantos transitorios extiendan sus plazos de vencimiento de forma automática hasta su pago total. Para las letras intransferibles, en cambio, conserva los términos definidos al momento de su emisión y las previsiones que establezca cada ley de presupuesto.

El proyecto cambia las condiciones bajo las cuales el Banco Central podrá distribuir resultados al Estado nacional, en su carácter de accionista. Sólo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas; quedarán fuera los resultados originados por cambios en la cotización de las divisas o por variaciones en el precio del oro.

Las ganancias vinculadas a esos dos factores deberán incorporarse al capital de la entidad. Los demás resultados que aún no se hayan concretado quedarán inmovilizados en una reserva especial, sin posibilidad de transferencia al Tesoro hasta que se realicen.

El nuevo artículo 38 también fija un requisito patrimonial. Antes de habilitar cualquier giro, la reserva general y las restantes reservas de resultados deberán representar al menos el 50% del capital del Banco. Si se autorizan transferencias, los fondos sólo podrán aplicarse al pago de deuda pública.

Según los fundamentos, la modificación busca impedir que el BCRA envíe recursos al Tesoro bajo la denominación de utilidades cuando provengan únicamente de ajustes contables derivados de la suba del dólar frente al peso. El mensaje identifica esa práctica como una debilidad del régimen vigente y sostiene que fue aplicada por los gobiernos posteriores a la convertibilidad, incluida la administración de Javier Milei.

Preservar el valor de la moneda

La iniciativa también reemplaza la definición de la misión institucional del BCRA. El artículo 1 establece que su función única, primaria y fundamental será preservar el valor de la moneda.

La fórmula deja atrás el criterio introducido en la reforma de 2012, que asignó al organismo la tarea de impulsar, en línea con las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Los fundamentos consideran que la acumulación de objetivos dificulta la evaluación de la autoridad monetaria. Plantean que la política monetaria puede orientarse de manera eficaz a la estabilidad de precios, mientras que las demás metas exceden sus herramientas.

Como consecuencia, el directorio dejaría de tener atribuciones para orientar el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas o las economías regionales. El proyecto sostiene que esas funciones corresponden a una banca de fomento y no a un banco central.

Nuevas reglas para operaciones financieras y reservas

Otro capítulo incorpora cambios en la operatoria cotidiana de la entidad. El BCRA podrá negociar títulos públicos, monedas y otros instrumentos financieros para cumplir objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Esas operaciones deberán realizarse a valores de mercado o, cuando ello no sea posible, mediante parámetros técnicos equivalentes.

El texto también establece la inembargabilidad de los activos que componen las reservas internacionales. A su vez, especifica cuáles podrán utilizarse para su inversión, entre ellos el oro y otros activos financieros líquidos. Hasta ahora, esa protección estaba contemplada en la Ley de Convertibilidad de 1991.

La reforma habilita además el uso de reservas como garantía en operaciones propias de un banco central y exceptúa determinados contratos financieros internacionales de una limitación legal vigente.

Por último, la iniciativa concentra en el BCRA la regulación de los sistemas de pago y de las cámaras liquidadoras y compensadoras. También elimina una norma vinculada con la intervención cambiaria y otras disposiciones que permanecían vigentes desde el régimen de convertibilidad de los años 90.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una cena con los senadores de La Libertad Avanza en un local de sushi de Villa Urquiza, a horas de la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los asistentes estuvo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, que volvió así a compartir un encuentro con la funcionaria nacional y líder del partido, luego de las tensiones que provocó el capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.

Los legisladores comenzaron a llegar al local gastronómico cerca de las 20:00, para cuando estaban citados, y se empezaron a retirar recién pasadas las 23:00.

“Fue muy tranquilo, fue casi un evento social, porque cada uno habló con el que tenía al lado y no hubo nada especial”, precisó a Infobae una de las personas que estuvo en el lugar.

El cónclave se dió en un contexto, además, en el que el control de la gestión quedó en manos de la hermana del presidente Javier Milei, que se encuentra en los Estados Unidos con una intensa agenda en el marco de la asamblea general de la ONU.

“Convocó hoy Karina y va a ser una charla con agenda abierta solamente para nosotros. Todos confirmamos nuestra participación, así que va a estar el equipo completo”, detalló otro de los invitados en la previa de la velada.

La secretaria general estuvo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en su rol de vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Algunos de los asistentes aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con ellos, como es el caso de Enzo Fullone, quien después compartió esas imágenes junto al texto: “Hoy compartimos una cena de senadores junto a Martín Menem y el Jefe, en la previa de la sesión de mañana. ¡Vamos con todo! VLLC“.

La ex ministra de Seguridad había cuestionado que los cambios sobre las prestaciones y las pensiones por invalidez laboral no fueran debatidos previamente dentro de la mesa política. Esa situación obligó a la Casa Rosada a revisar parte de la propuesta y a reabrir las negociaciones con los bloques aliados.

En la reunión de la mesa política que se realizó este miércoles, el oficialismo terminó de ordenar la respuesta frente al conflicto y aceptó avanzar con una iniciativa alternativa, que mantiene el nomenclador universal de prestaciones, el arancel unificado y actualizaciones mensuales para las pensiones no contributivas por discapacidad.

Tal como reveló Infobae, aquel fue un encuentro “tranquilo”, que duró poco más de dos horas, en el que le pidieron a la senadora que evite exponer los temas y los discuta en instancias internas.

Si bien la ex ministra se mostró firme en su disconformidad por haberse enterado de detalles clave del Presupuesto “por los diarios”, sus interlocutores insistieron: “Esas cosas se hablan puertas adentro”, le plantearon.

Con ese acuerdo ya avanzado, Karina Milei y Bullrich volvieron a encontrarse antes de una jornada importante para el Senado. Todos los integrantes del bloque libertario confirmaron su asistencia a la cena, que se realizó en un lugar al que la secretaria general ya concurrió en otras oportunidades para reunirse con los legisladores de su espacio.

Aunque las conversaciones en muchos casos fueron triviales y el ambiente se prestó para la distensión, según revelaron algunos de los que participaron, la cúpula del oficialismo buscó durante esta noche ordenar a su bancada y asegurar los acuerdos necesarios para avanzar con una de las reformas económicas prioritarias del Gobierno.

El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central apunta a reforzar la independencia de la entidad monetaria. Entre sus principales disposiciones, prohíbe el financiamiento directo e indirecto del Tesoro, por lo que impediría los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa también establece que las ganancias contables o por diferencias de cambio no podrán transferirse al Tesoro. Esos fondos deberán utilizarse, de manera prioritaria, para absorber pérdidas, recomponer el patrimonio de la autoridad monetaria o cancelar deuda pública.

En las últimas horas, el oficialismo acordó con sectores de la oposición dialoguista introducir cambios en el mecanismo de remoción del presidente y los directores del BCRA. La nueva versión elimina la exigencia de una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y establece que esa atribución quede en el Senado, con mayoría absoluta.

Si la Cámara alta aprueba el texto con esas modificaciones, el proyecto deberá regresar a Diputados en segunda revisión. La sesión también contempla el tratamiento de la ley de zonas frías, que modifica el sistema de subsidios al gas y propone compensaciones para otros distritos mediante el régimen de zonas cálidas.

La cena en Villa Urquiza representó, entonces, el primer encuentro político entre Karina Milei y Bullrich después de la discusión por discapacidad y una instancia para definir la estrategia legislativa antes del debate en el recinto.

Con Javier Milei en Nueva York, el Gobierno afrontará un “superjueves” económico y político marcado por dos frentes centrales: la difusión de los datos de actividad económica, pobreza e indigencia, y una sesión en el Senado que pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para convertir en ley dos proyectos con media sanción: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cambios en el régimen de Zonas Frías.

A las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y el informe de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. La publicación de ambos relevamientos concentrará la atención sobre la evolución de la economía y las condiciones de ingresos de los hogares, en un escenario donde las mediciones sectoriales y las estimaciones privadas anticipan resultados desfavorables.

¿Economía serrucho?

Las consultoras proyectaron un resultado negativo para el EMAE y esperan que el indicador vuelva a registrar una baja en julio a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que a esta altura del año estaríamos en los “mejores 18 meses”.

La previsión de los privados se apoya, en parte, en los últimos números oficiales de la industria y la construcción, dos sectores que mostraron descensos durante el octavo mes del año. Los datos reflejaron variaciones negativas tanto en la comparación mensual como frente a los registros de julio de 2025.

Según el Indec, la actividad industrial retrocedió 5% en relación con junio y anotó una contracción de 4,9% frente a julio del año pasado. La industria acumuló una caída de 2,6% en los primeros siete meses de 2026. El desempeño del sector forma parte de los antecedentes que toman las consultoras para anticipar una variación negativa en la medición general de actividad.

La construcción también reflejó una retracción. En la medición mensual desestacionalizada, el sector mostró una baja de 4,6%, mientras que la variación interanual marcó una caída de 4,5%. Pese a esos resultados, la construcción conservó una variación positiva en el acumulado de 2026: entre enero y julio, registró una mejora de 1,7% en comparación con el mismo período de 2025.

Nuevos datos de pobreza

En paralelo, el organismo estadístico informará las cifras de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2026. El último dato oficial, de la segunda mitad de 2025, arrojó una pobreza de 28,2% y una indigencia de 6,3 por ciento.

Las estimaciones privadas anticipan un deterioro de ambos indicadores en un contexto donde las condiciones económicas de los hogares volvieron a ocupar un lugar central. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) proyectó que la pobreza del primer semestre se ubicaría en una franja de entre 31% y 32 por ciento. Ese resultado implicaría un aumento de entre 1,5 y 2 millones de nuevos pobres, de acuerdo con las estimaciones de esa entidad.

Reforma del BCRA

En el Senado, el oficialismo buscará la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y de los cambios en Zonas Frías. Si la Cámara alta los aprueba, ambas propuestas se convertirán en Ley esta última. Todo indica que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. No así con la la Carta Orgánico del BCRA porque sufrió modificaciones respecto a los votos que se deben contar para la remoción del directorio y presidente.

El tratamiento para ambos proyectos la semana anterior se postergó porque esa mayoría no estaba asegurada y solo se votó Inocencia Fiscal II. El panorama parece haber cambió luego de una serie de reuniones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y por el accionar de Patricia Bullrich.

En caso de convertirse en ley, la reforma de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria implicará cuatro cambios centrales. En primer lugar, se define que la misión fundamental de la entidad volverá a ser la preservación del valor de la moneda.

A su vez, se prohibirá el financiamiento del Estado por parte del Banco Central, restricción que alcanzará al Tesoro Nacional, a los gobiernos provinciales y a los municipios. La iniciativa también impedirá la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

Además, cambiarán las condiciones para apartar al presidente y al directorio del Central: se necesitarán una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso para avanzar con esa decisión. En simultáneo, se restringirá el pago de dividendos que provengan de los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez.

Cambios en Zonas Frías

Al mismo tiempo, los focos estarán puestos en el proyecto de Zonas Frías. De convertirse en ley, el beneficio automático volverá a las áreas originales del programa: la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. En esas regiones se mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes.

La propuesta modifica la situación de las zonas que se incorporaron al régimen en 2021. Para esos territorios, los descuentos quedarán restringidos a los hogares que acrediten vulnerabilidad. El proyecto elimina el criterio geográfico para las provincias de zonas templadas e intermedias y establece un esquema focalizado en función de los ingresos de cada hogar.

El nuevo régimen alcanzará a los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales para un “hogar 2”, bajo los parámetros del Indec. Ese límite equivale a $4,4 millones, a partir del valor de la canasta básica de una familia de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores.

También podrán acceder al subsidio, sin importar su nivel de ingresos, los hogares donde viva una persona con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) o que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En los hogares que cuenten con una persona titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la incorporación quedará sujeta a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

Para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Ese sistema surgió del Decreto 943/2025, dictado durante el gobierno de Javier Milei, y definirá la continuidad de los descuentos para los usuarios alcanzados por el nuevo esquema.

El debate por el ascenso y descenso en el futbol mexicano llegó hasta el Senado de la República Mexicana, este miércoles 23 de septiembre, Clemente Castañeda, senador por el partido Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa de ley para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para así establecer legalmente los estatutos para el ascenso y descenso en categorías deportivas profesionales como lo es el futbol en la Liga MX.

La propuesta surgió luego del conversatorio Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?, mismo en el que participaron expertos, futbolistas, directores técnicos de la Liga de Expansión, así como periodistas.

Pese a que la propuesta motiva el análisis para mejorar las condiciones de competencia del deporte mexicano, y del futbol principalmente, David Faitelson menospreció la iniciativa del Senado. A pesar de que el periodista de TUDN participó en el conversatorio y sentenció que el manejo del futbol es “una vergüenza”, el comentarista compartió su controversial postura sobre la iniciativa.

¿Qué dijo Faitelson de la iniciativa del Senado para regresar el ascenso y descenso en Liga MX?

Fue por medio de su cuenta de X que el comentarista deportivo lanzó un ácido comentario en el que evidenció en quién cae la responsabilidad de que mejore el modelo de competencia en la Primera y Segunda División del futbol mexicano.

A pesar de la propuesta que ya está en el Senado, Faitelson lanzó la indirecta a los directivos y dueños que forman parte del modelo de negocio y competencia que integran actualmente el futbol, por ello responsabilizó a estas personas como las únicas encargadas de revertir la decisión de desaparecer el descenso en Liga MX.

“Los políticos no van a regresar el ascenso y el descenso. El futbol sigue siendo el único que puede hacerlo…“, fue su reacción que compartió en redes.

¿En qué consiste la iniciativa de ley para el ascenso y descenso en el futbol mexicano?

La reforma plantea incorporar expresamente el mérito deportivo entre los principios que deben cumplir las asociaciones deportivas nacionales. El desempeño dentro de la cancha sería el criterio central para definir si un club puede ascender, descender, mantenerse o participar en determinada división.

Además, se establece que las reglas no podrían cambiar mientras estén vigentes. También busca impedir barreras de acceso que bloqueen sin justificación la incorporación de nuevos competidores o que otorguen ventajas permanentes a los equipos ya instalados en una categoría profesional.

Aunque la modificación abarcaría distintas disciplinas, su efecto a falta de su aprobación e implementación sería más visible sería en el futbol mexicano, cuya estructura reúne a la Liga MX y la Liga Expansión MX.

La propuesta no modifica de inmediato el sistema de la Liga MX ni define qué clubes subirían o bajarían. Antes debe ser analizada por las comisiones del Senado y avanzar en el proceso legislativo; después, las asociaciones deportivas tendrían que diseñar sus reglas específicas conforme a los principios que marque la ley.

La propuesta reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte y plantea que los resultados en la cancha sean el criterio principal para que un club pueda subir, bajar o conservar su categoría. Las federaciones también tendrían prohibido imponer obstáculos injustificados a nuevos competidores o ventajas permanentes para los equipos ya establecidos.

La iniciativa adiciona una fracción al Artículo 50 de la ley para incluir el mérito deportivo entre los principios que deben regir a las asociaciones deportivas nacionales. Esa disposición se sumaría a la democracia, la transparencia y la igualdad sustantiva previstas actualmente en la legislación.

La fracción IV establece que, cuando una estructura competitiva profesional tenga dos o más categorías, las asociaciones deberán crear un mecanismo que permita y garantice la promoción y el descenso de equipos. La obligación abarcaría “todas las divisiones, sin excepción alguna”.

El decreto plantea dos condiciones para ese mecanismo. La primera es que el mérito deportivo determine principalmente el derecho de un club a ascender, descender o permanecer en determinada categoría.

La segunda exige reglas objetivas, claras, transparentes y públicas. Una vez aprobadas, esas disposiciones no podrían modificarse antes de que concluya el periodo de vigencia fijado para ellas.

La fracción V precisa que el ascenso y descenso deberán definirse al término de cada campeonato, torneo o temporada a partir de los resultados deportivos. La propuesta busca impedir que criterios ajenos a la competencia definan la permanencia de los equipos en una división profesional.

Si el decreto es aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, entraría en vigor al día siguiente. Las asociaciones deportivas nacionales tendrían 90 días para adecuar sus estatutos y reglamentos a las nuevas disposiciones.

Para la temporada 2026-2027, la máxima categoría se mantiene sin descenso y la división de desarrollo sin posibilidad de ascenso tras la publicación del Reglamento de Competencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Actualmente la FMF conserva reglamentos separados para ambas competencias. El último ascenso deportivo a primera división fue el del Atlético de San Luis en 2019, mientras que Jaguares de Chiapas protagonizó el último descenso definido por resultados, en 2017.

En medio de las disputas internas dentro de la Casa Rosada, el PRO criticó al Gobierno por los nuevos recortes en el área de Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027 y señaló que “se equivocó”. A pesar de las críticas, el partido que lidera Mauricio Macri seguirá acompañando la iniciativa que enviaron al Congreso de la Nación y se adjudican los cambios que pesentaron los libertarios en el proyecto.

A través de un mensaje que publicaron en sus redes sociales, el partido amarillo señaló: “Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”.

Y añadió: “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”.

En tanto, el comunicado remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas” y completó: “Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El origen de la disputa se remonta al envío del proyecto al Congreso, que incluía recortes en el área de discapacidad que distintos sectores —dentro y fuera del oficialismo— consideraron inconsultos y políticamente riesgosos. La tensión alcanzó su punto más visible cuando Patricia Bullrich, titular del bloque de senadores del PRO, salió públicamente a cuestionar la falta de consulta previa sobre esa decisión presupuestaria.

Según pudo reconstruir Infobae, el recorte, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, desató una crisis al interior de la Mesa Política del oficialismo. Las críticas internas, en general expresadas en voz baja, apuntaron a que el área económica no evaluó con suficiente atención las consecuencias políticas y sociales de la medida antes de incluirla en el proyecto.

El efecto inmediato fue que La Libertad Avanza quedó en una posición de debilidad frente a sus propios aliados legislativos, que se vieron fortalecidos ante un oficialismo que debió ceder más de lo que tenía previsto. La dinámica resultante fue precisamente la que los hermanos Milei procuran evitar: negociar desde un lugar de desventaja en un tema que involucra a uno de los grupos sociales más vulnerables del país.

Presionado por las circunstancias, el Gobierno dio marcha atrás con los recortes presupuestarios y presentó un nuevo proyecto ante los bloques aliados, en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Del encuentro participaron Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

La nueva propuesta, según establece su artículo 1, tiene como objetivo “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”. En términos concretos, el texto incorpora actualizaciones por inflación de manera mensual para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para los beneficiarios.

Uno de los puntos más sensibles del debate había sido la posible eliminación del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, ya que su supresión hubiera habilitado a cada obra social, prepaga o provincia a fijar sus propios valores. La nueva propuesta ratifica ambas herramientas tal como están previstas en la actual ley de Emergencia en Discapacidad. Además, la pensión pasará a ser compatible con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles, y quienes contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado accederán a beneficios impositivos.

En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la presidencia, en contradicción con testimonios directos de afectados que circularon en los días previos. También sostuvo que “para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”. En paralelo, desde el bloque de LLA minimizaban el alcance de las concesiones: “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, afirmaron, aunque reconociendo que la situación le permitió a la oposición encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad” ante la opinión pública. El debate en comisión, que definirá el dictamen que llegará al recinto, tiene lugar este miércoles.

Más de mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participaron durante este año en ejercicios militares multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá, pero los informes sobre los resultados de esos adiestramientos fueron clasificados como información reservada por el Senado de la República.

En total, mil 73 marinos mexicanos fueron autorizados para salir del país entre junio y agosto de 2026 con el objetivo de participar en distintos ejercicios internacionales. Los contingentes fueron enviados a Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá, como parte de operaciones de entrenamiento con fuerzas armadas de diferentes países.

El Senado había establecido que la Semar debía entregar un informe sobre los resultados de cada ejercicio dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Sin embargo, los documentos remitidos al Legislativo no fueron hechos públicos debido a que la información fue clasificada como reservada.

La decisión quedó asentada en la Gaceta del Senado del 22 de septiembre, donde se difundió la reserva de los informes. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, se trataría de la primera ocasión en que los reportes correspondientes a este tipo de adiestramientos de la Marina son reservados.

Más de mil marinos participaron en cuatro ejercicios

El contingente más numeroso estuvo integrado por 536 elementos de la Marina, quienes participaron en RIMPAC 2026, uno de los principales ejercicios militares marítimos multinacionales.

El adiestramiento se realizó del 24 de junio al 31 de julio en aguas cercanas a las islas de Hawái. De acuerdo con la autorización publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los marinos mexicanos salieron del país con armamento y equipo táctico a bordo de los buques ARM Usumacinta y ARM Juárez.

Otros 415 elementos participaron en dos actividades realizadas en Estados Unidos. Primero formaron parte de FLEETEX 250, desarrollado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

Posteriormente, ese mismo contingente participó en la Revista Naval Internacional 250 (INR 250), realizada del 1 al 8 de julio en Nueva York.

El tercer grupo estuvo integrado por 122 marinos, quienes viajaron a Panamá para participar en PANAMAX 2026, entre el 3 y el 14 de agosto, a bordo del ARM Jalisco.

De esta manera, los tres contingentes sumaron mil 73 elementos enviados al extranjero para participar en ejercicios militares multinacionales durante el verano.

Semar reservó los informes entregados al Senado

Las autorizaciones aprobadas por el Senado establecían la obligación de la Secretaría de Marina de entregar información sobre los resultados de los ejercicios una vez concluidos.

No obstante, los documentos entregados por la dependencia fueron clasificados como reservados, por lo que los legisladores y el público no pueden consultar su contenido en este momento.

La reserva fue sustentada en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que contempla supuestos relacionados con materias como seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales.

La clasificación adquiere relevancia debido a que los ejercicios incluyeron actividades de entrenamiento militar y coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Sin embargo, el contenido específico de los informes de la Semar no fue difundido públicamente.

Mientras los reportes mexicanos permanecen bajo reserva, autoridades militares estadounidenses sí dieron a conocer información general sobre uno de los principales ejercicios en los que participó México.

EEUU sí publicó resultados generales de RIMPAC 2026

La Marina de Estados Unidos difundió un balance general de RIMPAC 2026, ejercicio que la propia Armada estadounidense considera el mayor entrenamiento marítimo combinado y conjunto del mundo.

La edición de este año reunió a 30 países y más de 30 mil participantes, además de 30 buques de superficie, cinco submarinos y más de 197 aeronaves. Las actividades se desarrollaron durante cinco semanas, del 24 de junio al 31 de julio, alrededor de las islas de Hawái.

De acuerdo con el reporte de la Tercera Flota de Estados Unidos, las fuerzas participantes realizaron más de 500 eventos de entrenamiento marítimo, además de más de 2 mil 400 salidas aéreas y más de 5 mil simulacros operacionales.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron ejercicios de guerra antisubmarina, ataques marítimos, defensa aérea y antimisiles, operaciones anfibias y logística.

El ejercicio también concluyó con un escenario de simulación de combate en el que las fuerzas participantes reaccionaron de manera dinámica ante distintas situaciones para poner a prueba sus capacidades de operación conjunta.

Aunque Estados Unidos difundió este balance general de RIMPAC, los informes específicos que la Semar entregó al Senado sobre la participación mexicana permanecen reservados, por lo que los resultados particulares obtenidos por los contingentes nacionales no fueron hechos públicos.

La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña Ortiz, informó que presentó ante la Secretaría del Senado una proposición para conformar una comisión accidental que haga seguimiento a la aplicación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia política contra las mujeres.

Omaña, conocida públicamente como Amaranta Hank, indicó en una publicación en X que la iniciativa cuenta con el respaldo de congresistas de distintos sectores. “Hoy radicamos” la proposición, escribió la parlamentaria al divulgar una fotografía del documento con varias firmas.

La senadora sostuvo que la comisión buscaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con este tipo de violencias dentro del ejercicio político. También afirmó que las legisladoras que acompañaron la propuesta rechazan que la participación de las mujeres en espacios de representación esté atravesada por agresiones o prácticas de exclusión.

“Nuestro ejercicio político” no debe estar condicionado por hechos de violencia contra las mujeres, señaló Omaña en el mensaje que acompañó la imagen de la proposición.

El documento plantea seis funciones para la nueva comisión

El texto conocido por la senadora solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República la creación de una comisión accidental de seguimiento a la violencia política contra las mujeres en el Congreso.

La petición se sustenta en el numeral octavo del artículo 43 y en los artículos 66 y 67 de la Ley 5 de 1992, norma que regula el funcionamiento del Legislativo colombiano.

El primer punto del documento propone hacer seguimiento al cumplimiento de la Ley 2453 de 2025. La iniciativa plantea que ese control se concentre en las medidas previstas para prevenir, atender y enfrentar situaciones de violencia política dirigidas contra mujeres.

Como segunda función, la comisión promovería la elaboración de un protocolo para la prevención y atención de estos hechos dentro del Congreso. El documento plantea que esa herramienta defina rutas institucionales ante posibles denuncias o casos que afecten a congresistas, funcionarias, trabajadoras o mujeres vinculadas a la actividad legislativa.

La propuesta también incluye acciones de concientización y reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en el Capitolio. El objetivo, según el texto, consiste en abrir espacios de discusión sobre las conductas que puedan limitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

La propuesta prevé seguimiento de casos y diálogo con organizaciones sociales

Otro de los puntos contempla el seguimiento a posibles vulneraciones de derechos humanos que ocurran en el contexto de violencia política contra las mujeres en el Congreso de la República.

El documento plantea además promover acciones conjuntas con organizaciones sociales para atender y prevenir estas situaciones. Esa articulación buscaría incorporar la experiencia de colectivos y sectores que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres.

La sexta función prevista apunta a crear espacios de diálogo con la academia, la sociedad civil, organizaciones sociales y grupos especializados. Esos encuentros se dedicarían al análisis, seguimiento y evaluación de las expresiones de violencia política que puedan registrarse en el Legislativo.

En la imagen difundida por la congresista aparece su firma como autora de la iniciativa, junto con rúbricas de otras senadoras. Omaña afirmó que la proposición fue suscrita por compañeras de diferentes partidos.

La conformación de una comisión accidental dependerá de la decisión que adopte la Mesa Directiva del Senado frente a la solicitud radicada.

Alejandra Omaña afirmó que una suspensión de rodajes la alejó de una presunta cadena de contagios

Alejandra Omaña, exactriz de cine para adultos y actual senadora del Pacto Histórico, afirmó que una suspensión de rodajes la mantuvo fuera de una presunta cadena de contagios de una infección de transmisión sexual vinculada, según su versión, con el actor español Nacho Vidal.

Durante una entrevista con Iván Gallo en Tercer Canal, Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, dijo que el episodio ocurrió después de un viaje a Cali. Colegas le avisaron que producciones y sesiones previstas habían sido canceladas. “Está pasando algo raro”, recordó que le dijeron.

Después, la entonces intérprete aseguró que le informaron sobre un compañero que tenía una ITS. Sostuvo que debía grabar con Vidal, pero su traslado evitó esa participación. “Nos puso en riesgo a todos”, declaró.

Omaña pidió evitar la serofobia y distinguió sus señalamientos sobre la comunicación sanitaria de cualquier estigma hacia quienes viven con VIH. Sus afirmaciones no fueron verificadas de forma independiente.

El Senado de la República conocerá este miércoles 23 de septiembre una iniciativa que reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte para obligar a las asociaciones deportivas nacionales, incluida la Federación Mexicana de Futbol, a garantizar mecanismos de ascenso y descenso entre categorías con base en el mérito deportivo.

El texto, impulsado por el senador emecista Clemente Castañeda, contaría con la firma de diez legisladores de distintas bancadas, según reveló en sus redes sociales el abogado Joseph Olid Aranda, quien compartió un par de capturas del documento a presentar.

El decreto obliga a crear un mecanismo de ascenso y descenso “sin excepción alguna”

El documento adiciona el artículo 50 de la ley vigente para incorporar el mérito deportivo como principio rector, junto con la democracia, la transparencia y la igualdad sustantiva que ya regulan a las federaciones. La reforma no se limita al futbol: aplicaría a todas las disciplinas deportivas del país.

La fracción IV del artículo reformado establece que cuando existan dos o más categorías dentro de una misma estructura competitiva profesional, las asociaciones deportivas deberán establecer un mecanismo que permita y garantice la promoción del ascenso y el descenso de equipos, “considerando todas las divisiones, sin excepción alguna”.

El texto fija dos criterios obligatorios para ese mecanismo: que el mérito deportivo sea el criterio principal para determinar el derecho de un club a ascender, descender o permanecer en una categoría, y que las disposiciones para aplicarlo sean objetivas, claras, transparentes y públicas. Una vez aprobadas, no podrán modificarse hasta que concluya su vigencia.

El decreto también prohíbe de forma expresa que las federaciones establezcan “barreras de acceso injustificadas” que impidan la participación de nuevos competidores o que generen ventajas permanentes para los clubes que ya forman parte de una categoría profesional.

El ascenso y el descenso, señala la fracción V, deberá determinarse al final de cada campeonato, torneo o temporada con base en los resultados deportivos.

Las asociaciones tendrán 90 días para ajustar sus reglamentos

Los artículos transitorios del decreto marcan los tiempos de aplicación. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y las asociaciones deportivas nacionales tendrán un plazo de 90 días para armonizar sus estatutos y reglamentos con la nueva ley.

Los torneos en curso al momento de la entrada en vigor concluirán con las reglas con las que iniciaron, pero el mecanismo de ascenso y descenso deberá operar, a más tardar, desde la primera temporada completa que arranque una vez vencido ese plazo.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte quedará encargada de verificar que los estatutos de las federaciones se ajusten al decreto, y las asociaciones deberán rendir un informe anual tanto a esa comisión como a las comisiones legislativas de deporte de ambas cámaras.

Castañeda dice que Arriola e Iturbide guardaron silencio ante la invitación

En entrevista con Marion Reimers para Cancha Completa, transmitida el martes 22 de septiembre, Castañeda relató que personalmente cursó la invitación a Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y a Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, para participar en el foro “Fuera de Lugar” del lunes 21 de septiembre.

“No obtuve respuesta, lo tengo que decir con absoluta franqueza. No hubo ningún razonamiento de por medio, ninguna explicación”, dijo el senador al programa.

Castañeda explicó que el argumento que trascendió entre los asistentes al foro fue que la Liga MX y la Federación evitaron participar por la investigación que ya abrió la Comisión Nacional Antimonopolio. “Hubiera sido muy distinto que ellos nos comunicaran oficialmente qué era el argumento para no estar”, señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano insistió en que la propuesta no busca administrar el futbol ni sustituir a las autoridades deportivas, sino fijar principios legales de competencia, mérito y oportunidades. “México es un país que requiere oportunidades y el deporte es una puerta extraordinaria para que muchos jóvenes, hombres y mujeres encuentren en el deporte una vida de desarrollo profesional”, explicó.

Castañeda cuestiona los criterios de certificación que exige la Liga MX

En la misma entrevista, Castañeda cuestionó los requisitos de infraestructura, seguridad y finanzas que la Liga MX exige a los clubes de la Liga de Expansión MX para poder ascender.

Puso como ejemplo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara: “Creo que la UDG está acreditada de sobra para cumplir con todos estos requisitos por encima de algunos otros clubes que hoy están en la primera división”, afirmó.

El senador pidió que los criterios de certificación sean transparentes y objetivos, y advirtió que temas como el dinero ilícito y las apuestas, mencionados durante el foro del lunes, no deben usarse como pretexto para evitar el proceso de ascenso y descenso. “Lo que no puede hacerse es poner esos dos temas de pretexto para entonces no entrar a un proceso de ascenso y descenso y sacrificar el mérito deportivo”, dijo.

La disputa legislativa corre en paralelo a una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), abierta el 14 de septiembre por posible abuso de poder de mercado en el futbol profesional mexicano. El procedimiento se dio un mes después de que Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, enviara una carta a la CNA cuestionando la eliminación del ascenso y descenso.

La investigación también podría tocar el tema de la multipropiedad en el futbol mexicano, práctica que permite a un mismo grupo empresarial controlar más de un club, como ocurre con Pachuca y León. Si la CNA acredita una conducta anticompetitiva, podrá imponer sanciones de hasta 10% de los ingresos anuales de los responsables, en un proceso que puede durar de 30 a 120 días hábiles con hasta tres ampliaciones.

José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros, acusó durante un conversatorio titulado “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”, que los clubes de la Liga de Expansión que recurrieron al TAS enfrentaron represalias económicas y la ruptura de comunicación con la Federación Mexicana de Futbol, en medio de la discusión legislativa sobre el regreso del ascenso y descenso.

Castellanos afirmó que los seis equipos que llevaron el conflicto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo dejaron de recibir el fondo de mejoras, un apoyo de 20,000,000 pesos que sí fue entregado a los clubes que no participaron en el procedimiento.

El directivo sostuvo que la suspensión del pago ocurrió después de que los equipos presentaron su primer recurso ante el TAS. Expuso que aquel fondo correspondía al último año en que los clubes de la Liga de Expansión podían acceder a esos recursos.

“Este, inmediatamente cuando fuimos al TAS el año pasado, eh, el fondo de mejoras al que accedíamos los seis equipos que fuimos al TAS, entre ellos Me-Mérida, inmediatamente nos quitan el fondo de mejoras. Es decir, todos los equipos que no fueron al TAS recibieron sus veinte millones de pesos del fondo de mejoras, que era el último año que lo íbamos a recibir, y los equipos que fuimos al TAS no lo recibimos”

José Alberto Castellanos Gutiérrez

Leones Negros denunció presiones antes del recurso ante el TAS

Durante la reunión en el Senado que tuvieron varios directivos el día de ayer, el presidente de Leones Negros señaló que, antes de acudir al TAS, los clubes recibieron mensajes para desistir de una demanda contra las autoridades del futbol mexicano. Describió esas advertencias como amagos velados dirigidos a frenar el litigio.

Castellanos comparó la posible acción ante el tribunal internacional con sacar una pistola y aseguró que la respuesta de las autoridades habría sido sacar los tanques. Para el directivo, las advertencias buscaron evitar que los equipos cuestionaran el modelo que mantuvo suspendido el ascenso y descenso.

“No, no ha habido, no ha habido relación. Eh, había más bien, eh, amagos, amagos velados. Palabras así como que si ustedes, o sea, si nosotros íbamos a demandar, si nosotros íbamos al TAS, este, es decir, que si nosotros sacábamos la pistola, o sea, yendo al TAS, este, ellos nos iban a sacar los tanques, ¿no? Tenían la indicación de sacar los tanques."

José Alberto Castellanos

El dirigente sostuvo que la disputa no respondió a un capricho de los clubes inconformes. Dijo que el reclamo se centró en la falta de movilidad deportiva entre la Liga de Expansión y la Liga MX.

Cabe recordar que la suspensión del ascenso y descenso comenzó en 2020. El acuerdo original contempló una pausa de seis temporadas, bajo el argumento de estabilizar las finanzas de los equipos que en ese momento competían en la entonces Liga de Ascenso.

Para la temporada 2026-2027, el reglamento de la Liga MX estableció que no habría descenso desde el máximo circuito ni ascenso desde la Liga de Expansión. Esa disposición mantuvo cerrada la posibilidad de llegar a Primera División mediante los resultados deportivos.

Los clubes que acudieron al tribunal quedaron fuera de reuniones

Castellanos aseguró que la relación entre Leones Negros y la Federación Mexicana de Futbol se rompió tras la presentación de un nuevo recurso ante el TAS. Dijo que el contacto quedó limitado a abogados y cartas formales.

El presidente del club jalisciense afirmó que nadie habló directamente con Leones Negros desde la asamblea celebrada el 22 de abril. También sostuvo que otros equipos sí fueron convocados a reuniones en la Federación, mientras que los clubes involucrados en el litigio quedaron fuera de esos encuentros.

Para Castellanos, el trato fue distinto entre los equipos que aceptaron las condiciones de competencia vigentes y aquellos que reclamaron cambios en el sistema.

Durante el mismo encuentro, el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, anunció que presentará una iniciativa para incorporar el mérito deportivo dentro de la legislación mexicana. La propuesta busca establecer reglas basadas en competencia, mérito y oportunidades para las organizaciones deportivas.

La iniciativa no representó el regreso inmediato del ascenso y descenso, ya que tiene que pasar por el proceso legislativo antes de una eventual aprobación.

La discusión en el Senado coincidió con una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio sobre posibles prácticas monopólicas en la afiliación, organización y acceso a las competencias de futbol profesional federado en México.

El futbol mexicano se encuentra en un nuevo proceso luego de que la asamblea de clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) desapareció el formato de competencia ascenso y descenso de la Primera División de México. Este lunes 21 de septiembre se llevó a cabo el foro “Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”, en el que se discutió la problemática de eliminar este modelo de competencia.

Presidentes deportivos, jugadores de la Liga de Expansión MX así como analistas y periodistas deportivos participaron en el evento. También abogados y legisladores de distintos grupos parlamentarios revisaron las consecuencias de eliminar ese sistema en el futbol mexicano. Entre los asistentes hubo coincidencia en un punto: hacen falta reglas claras que aseguren competencia entre categorías.

Por ello, el mérito deportivo entró al debate legislativo en México a partir de una iniciativa que prepara el Senado de la República para incorporar ese principio a la legislación nacional, con la intención de que el ascenso y descenso queden establecidos en las reglas que rigen a las asociaciones deportivas.

Presentarán iniciativa de ley para formalizar el ascenso y descenso en el futbol mexicano

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), planteó que la intención no es intervenir en la conducción del futbol, sino fijar bases legales. “No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades. Queremos proponer reglas que garanticen la competencia entre todas las categorías del deporte, no sólo en el balompié; es decir, que el ascenso y descenso queden consignados en la legislación mexicana”, expresó.

El legislador añadió que, al cierre del encuentro, MC pondría sobre la mesa una iniciativa para incorporar de forma expresa el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. Más adelante, también adelantó que la reforma sería presentada ante el pleno este martes.

De acuerdo con lo expuesto en el conversatorio, la propuesta busca apoyar tres ejes:

• competencia
• mérito
• oportunidades

Castañeda resumió ese objetivo con otro mensaje en el mismo sentido: “El día de mañana, (MC) pondrá una iniciativa de ley para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales. Que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana. No buscamos administrar el futbol ni sustituir a las autoridades, queremos proponer reglas que garanticen competencia entre todas las categorías del deporte, no solo en el futbol. Buscamos encontrar un equilibrio en las organizaciones deportivas que respondan a tres principios esenciales: competencia, mérito y oportunidades”.

En el mismo foro, los organizadores señalaron que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, y el presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, fueron invitados a participar, pero no respondieron a la invitación al diálogo.

Equipos de Liga de Expansión alzan la voz por la desaparición del ascenso y descenso

La presión alrededor del tema también quedó expuesta en la voz de Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, uno de los directivos que en mayo de 2025 acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir el regreso del mérito deportivo. Castellanos sostuvo que la relación con la Federación se rompió y denunció represalias.

“No tenemos relación con la Federación, hubo sólo amagos y palabras. Si nosotros acudíamos al TAS, si sacábamos la pistola yendo al TAS, ellos nos iban a sacar los tanques. Tenían la indicación de hacerlo. Esa era la amenaza para no demandar. Inmediatamente, hubo represalias”, afirmó.

Para dirigentes de clubes de la Liga de Expansión, la cancelación del ascenso y descenso dejó a esa categoría en un punto muerto. La suspensión se aprobó en 2020 como una medida extraordinaria de rescate financiero y este año quedó ratificada en el reglamento, según lo expuesto durante el encuentro.

Esa lectura fue compartida por los presidentes de Cancún FC y Mineros de Zacatecas, Giovanni Solazzi y Eduardo López Muñoz, respectivamente, quienes describieron el escenario como una ruta cerrada para varios equipos.

Solazzi lo resumió con una frase directa: “No es ingeniería espacial. Este sistema no fomenta el desarrollo, sino la mediocridad”.

En el Senado, el tema también abrió una invitación al diálogo con los órganos que conducen el futbol mexicano. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, llamó a que los directivos de la Liga MX y de la FMF se acerquen a la conversación para que sean escuchados dentro de un intercambio respetuoso.

La ruta que se plantea desde la Cámara alta no apunta a sustituir a las autoridades deportivas, sino a colocar en la ley un principio que hoy concentra la disputa: que la competencia entre clubes tenga una vía real de ascenso y descenso, y que ese criterio no dependa sólo de decisiones reglamentarias.

La iniciativa, impulsada por las bancadas Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, fue remitida al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres.

El documento plantea que la Comisión de Procedimientos Especiales evalúe los fundamentos y las pruebas antes de decidir si eleva el caso al pleno de la Cámara Alta. Los legisladores atribuyen a Gutiérrez una presunta negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes inherentes a su cargo.

Una eventual destitución requiere el respaldo de dos tercios del número legal de senadores, es decir, 40 de los 60 integrantes de la Cámara Alta.

Según el documento difundido por Canal N, uno de los argumentos centrales son las declaraciones que Gutiérrez realizó a fines de agosto, cuando sostuvo que, si Fujimori disolvía el Congreso bicameral, podría aumentar su popularidad entre 20 y 30 puntos porcentuales y acelerar las reformas que prometió para el Estado.

Gutiérrez formuló esas consideraciones al referirse a la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde el Gobierno enfrenta la oposición de las bancadas de izquierda para impulsar sus iniciativas.

“Si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad (...) No estoy alentando (esa acción), porque soy un demócrata, creo en los principios, pero tal cual está el Estado (...) si no hacemos esas cosas grandes, de forma estructural, vamos a seguir en más de lo mismo”, manifestó.

Para los grupos firmantes, esos dichos resultan incompatibles con las funciones de la Defensoría, organismo constitucional autónomo encargado de proteger los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública.

El requerimiento también incluye observaciones sobre contrataciones de personal en la institución, a partir de un informe de la Contraloría General de la República, por lo que los parlamentarios pidieron incorporar al expediente el documento de control y los antecedentes vinculados con esos procesos.

La Comisión de Procedimientos Especiales deberá recibir los descargos de Gutiérrez, revisar la documentación y elaborar un informe antes de que el pleno del Senado adopte una decisión.

El funcionario, en el cargo desde mayo de 2023 y con mandato hasta 2028, también afronta una denuncia constitucional presentada en las últimas semanas por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú, a raíz de sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso.

En ese momento, Fujimori calificó los dichos de Gutiérrez como un “desliz” y rechazó “categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”. La Defensoría del Pueblo, por su parte, sostuvo en un comunicado que sus declaraciones no tuvieron como propósito desestabilizar el orden democrático.

En el trasfondo político de la mandataria está el autogolpe cometido en 1992 por su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), quien disolvió el Parlamento e intervino la Judicatura para gobernar durante alrededor de un año por decretos hasta que se estableció una nueva Constitución a su medida.

El antecedente más reciente ocurrió en 2019, cuando el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Un año después, el nuevo Legislativo destituyó por presunta incapacidad moral permanente, en medio de acusaciones de corrupción.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, acusado por los incidentes ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, en junio de 2024, y mantuvo por esta vía el rechazo de la probation que había solicitado para evitar el juicio oral. La decisión fue adoptada este lunes en forma unipersonal por el juez Gustavo Hornos, quien consideró que la presentación no logró demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

El expediente se remonta al 12 de junio de 2024, cuando organizaciones sociales, sindicales, políticas y piqueteras se concentraron en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado trataba el proyecto impulsado por el Gobierno. Con el correr de las horas hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos, vehículos incendiados y vandalizados y efectivos heridos. El operativo incluyó gases, balas de goma y camiones hidrantes. En total hubo 33 detenidos y nueve personas fueron posteriormente enviadas a juicio.

En ese contexto fue detenido Ortiz. Según el requerimiento de elevación a juicio, alrededor de las 20.50, en la esquina de Rivadavia y Callao, habría golpeado con puños y puntapiés a efectivos policiales que intentaban liberar la calzada. Por esos hechos fue acusado como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.

Esa es la hipótesis de la acusación, que ahora deberá ser examinada durante el debate oral.

Antes de llegar a esa instancia, la defensa pidió una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Señaló que Ortiz no registra antecedentes penales, tiene arraigo y trabaja como vendedor ambulante; además, ofreció una reparación económica de $250.000 y propuso que cumpliera durante un año tareas comunitarias. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, constituido como querellante, se opusieron a esa salida alternativa.

El Tribunal Oral Federal N° 3 rechazó el planteo y la defensa acudió a Casación. Allí sostuvo, entre otros argumentos, que Ortiz estaba siendo valorado por el contexto general de los disturbios y no exclusivamente por la conducta que se le atribuye. El juez Hornos rechazó ese recurso y consideró justificado el interés público en que el episodio fuera analizado en un debate oral.

Tras ese revés, los abogados intentaron llevar la discusión ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. Sin embargo, Hornos entendió que no estaban reunidos los requisitos formales para habilitar esa instancia. “El recurso extraordinario traído a consideración del Tribunal para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no puede ser autorizado”, expresó. También remarcó que la sola invocación de normas constitucionales no alcanza si no se demuestra su relación directa con la resolución cuestionada.

En ese análisis, el magistrado volvió sobre uno de los argumentos centrales de su decisión anterior: “He sostenido en la resolución aquí cuestionada, y aquí reitero, que si bien el derecho a la libre manifestación y a la protesta social constituyen pilares incuestionables de nuestro sistema democrático (arts. 14 y 33 C.N.), ningún derecho fundamental reviste carácter absoluto, y que el amparo constitucional a la protesta no tolera ni legitima actos de violencia, daños o intimidación pública”.

Hornos, a su vez, descartó que la defensa hubiera acreditado defectos graves que permitieran considerar arbitraria la resolución anterior. En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, finalmente declaró inadmisible el recurso extraordinario, con costas, y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen.

La causa continuará así su trámite hacia el juicio oral, donde deberá determinarse la eventual responsabilidad penal del imputado por los hechos que le atribuye la acusación.

Después de un año de debate, el Senado otorgó media sanción al nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que reemplaza a la Ley 27.640 y propone cambios en los niveles de corte, la comercialización y la formación de precios. El proyecto fue aprobado en una sesión en la que se discutieron distintas posiciones durante el tratamiento en particular y ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados, donde deberá pasar nuevamente por las comisiones antes de llegar al recinto.

Uno de los principales cambios previstos es el incremento del porcentaje obligatorio de biocombustibles en los combustibles fósiles. El corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol en las naftas subiría del 12% al 15%, al año de sancionada la ley. En el caso del bioetanol, se mantendría un 6% correspondiente a la producción de caña de azúcar y otro 6% al maíz, mientras que el 3% restante quedaría destinado al libre mercado.

El proyecto también establece límites a la participación de las empresas en el mercado obligatorio. Ninguna elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio. Para el biodiesel, el límite por empresa y por grupo económico dentro del segmento de compañías no integradas también se fija en el 20%. A su vez, se incorpora un sistema de comercialización regional que contempla un diferencial del 20% según distancia, con el objetivo de compensar los mayores costos de transporte que enfrentan las plantas ubicadas más lejos de los centros de consumo.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un mercado electrónico de subastas, único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. El mecanismo reemplazaría el actual sistema de precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía y avanzaría hacia precios de referencia calculados sobre la paridad de importación. El texto también incorpora el coprocesamiento, que permitiría a los mezcladores que además sean refinadores incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no computaría dentro del corte obligatorio de biodiesel, aunque tendría acceso a determinados beneficios impositivos hasta un máximo del 5% de la mezcla.

El biodiesel, uno de los ejes del debate

El biodiesel fue uno de los puntos que concentró mayor discusión durante el tratamiento en particular. La controversia estuvo vinculada especialmente con las provincias donde se encuentran las plantas no integradas, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. El incremento del corte obligatorio al 10% reúne consenso dentro de la discusión planteada en el texto, mientras que el debate se concentra en cómo se distribuirá ese volumen entre las empresas no integradas y el segmento de libre negociación.

El proyecto establece una transición mediante la cual la porción reservada a las empresas no integradas se reduciría progresivamente hasta alcanzar un 4% en 2036, mientras aumentaría la participación del mercado total negociado.

El esquema actual, establecido por la Ley 27.640 desde 2021, contempla un corte obligatorio de 7,5% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas, con el bioetanol distribuido en partes iguales entre maíz y caña de azúcar. Actualmente, el biodiesel destinado al mercado interno es abastecido exclusivamente por 25 empresas no integradas, mientras que las seis aceiteras integradas producen biodiesel principalmente para exportación y no participan del mercado interno. En bioetanol, el 6% correspondiente al maíz es producido por seis plantas ubicadas en Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que el otro 6% proviene de ingenios azucareros del NOA.

Respaldo de las cadenas de bioetanol

Tras la votación, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz expresaron su respaldo a la media sanción y destacaron el potencial de la iniciativa para impulsar el agregado de valor en origen, la transición energética y el desarrollo federal.

Las entidades señalaron que el aumento progresivo del corte obligatorio de bioetanol hasta el 15% podría brindar previsibilidad y generar un horizonte de largo plazo para nuevas inversiones. También destacaron la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima del corte obligatorio y la incorporación de vehículos con tecnología flex fuel.

Las entidades vinculadas al bioetanol también remarcaron el rol que podrían asumir las provincias mediante programas propios de fomento, mayores niveles de utilización y nuevos puntos de expendio. En su interpretación, el desarrollo del bioetanol de maíz y de caña permitiría transformar materias primas nacionales en energía de menor intensidad de carbono y profundizar la industrialización en las economías regionales. En ese sentido, plantearon que el proyecto representa una oportunidad para consolidar una política energética con mayor participación provincial y capacidad de generar demanda adicional.

El CAA estima inversiones por más de US$ 1.000 millones

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también celebraron la aprobación en el Senado. Según el CAA, la previsibilidad normativa podría impulsar las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar y, de acuerdo con estimaciones del sector citadas en el comunicado, la implementación plena del nuevo régimen podría movilizar inversiones privadas superiores a US$ 1.000 millones destinadas a ampliar capacidad instalada, incorporar tecnología, mejorar infraestructura logística y desarrollar energías limpias.

Para el CAA, el nuevo marco también podría contribuir a la generación de empleo y al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones de combustibles fósiles. Su presidente, Gustavo Idígoras, vinculó la iniciativa con objetivos de federalismo, reducción de la huella de carbono, mejora de la calidad de los biocombustibles y competitividad para los consumidores. CIARA, por su parte, destacó que el impulso a la libre competencia podría favorecer a los consumidores y facilitar la planificación de futuras inversiones.

Ahora la discusión se traslada a Diputados

La media sanción marca el primer paso de una reforma que, de convertirse en ley, modificaría de manera sustancial el esquema vigente desde 2021. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde volverá a atravesar el debate en comisiones antes de una eventual llegada al recinto. Entre los aspectos centrales que quedan por definir se encuentran la implementación del nuevo mercado electrónico, los mecanismos de formación de precios, la transición prevista para el biodiesel y el aumento de los cortes obligatorios.

El sector agroindustrial considera que la nueva regulación podría otorgar previsibilidad para inversiones de largo plazo, mientras que el debate legislativo deberá determinar el alcance definitivo de las reglas que regirán la actividad.

Si el proyecto completa su tratamiento parlamentario, el nuevo régimen prevé comenzar a operar en 2027, con mayores porcentajes de biocombustibles en los surtidores y un esquema de comercialización diferente al vigente. El próximo capítulo de la discusión, por lo tanto, estará en Diputados.

La declaración surgió durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando un periodista le preguntó si estaba decepcionado por la falta de acción de Thune. “Estoy hablando con él sobre eso. Veremos qué ocurre”, afirmó.

Trump sostiene que los centros de datos son clave para competir con China en inteligencia artificial

El mandatario sostiene desde el inicio de su mandato que los centros de datos son indispensables para que las empresas de Estados Unidos compitan con China. En días previos a la conferencia, definió estas instalaciones como el “petróleo de los próximos 20 o 25 años”.

En la misma rueda de prensa, anticipó que en la reunión con el presidente Xi Jinping —prevista para la semana siguiente en Washington— habrá “reuniones bastante importantes”, con posibles acuerdos en distintos ámbitos. “Vamos a tener muchos acuerdos diferentes”, dijo Trump al ser consultado sobre si esperaba avances en materia de seguridad de la inteligencia artificial con Beijing.

“Nos está yendo muy bien con China”, agregó.

Qué propone la ley y por qué importa a los hogares

Los centros de datos son instalaciones que concentran servidores y equipos para procesar y almacenar la información que demanda la inteligencia artificial. Para funcionar, consumen volúmenes extraordinarios de electricidad, lo que obliga a construir nuevas plantas generadoras, tendidos de transmisión y otra infraestructura de red. Hasta ahora, esos costos se distribuyen entre todos los usuarios del sistema eléctrico, incluidos los hogares.

La Ley de Protección a los Consumidores de Servicios Públicos propone un estándar federal para que los reguladores estatales de servicios públicos evalúen si los grandes usuarios de electricidad —entre ellos, los centros de datos— deben asumir directamente los costos incrementales de nueva generación, líneas de transmisión e infraestructura necesaria para operar. El objetivo es proteger a hogares residenciales, agricultores, adultos mayores y pequeños comercios.

La ley recoge, en términos legislativos, el llamado Compromiso de Protección de Tarifas (Ratepayer Protection Pledge) que la propia Casa Blanca lanzó en marzo de 2026: un acuerdo voluntario con empresas tecnológicas para que asuman esos costos sin trasladarlos a los consumidores.

La Cámara la aprobó por 417 votos a tres con respaldo de ambos partidos

La votación en la Cámara de Representantes se realizó el miércoles 17 de septiembre bajo un procedimiento de vía rápida que exige dos tercios de los presentes. El resultado —417 votos a favor y tres en contra— reflejó un respaldo bipartidista poco frecuente.

La iniciativa fue impulsada por el representante republicano Gabe Evans, de Colorado, y la demócrata Kathy Castor, de Florida. “Las familias trabajadoras no deberían tener que subsidiar las necesidades energéticas de los centros de datos”, declaró Evans tras la votación, según NBC News.

Las tres legisladoras que votaron en contra —Summer Lee, de Pensilvania; Delia Ramírez, de Illinois; y Rashida Tlaib, de Míchigan— cuestionaron que la medida no garantiza una reducción de tarifas ni aborda impactos como el ruido, el consumo de agua y los riesgos para la salud en las comunidades donde se instalan los centros de datos. Otros demócratas votaron a favor, aunque la calificaron de insuficiente.

El Senado bloqueó la vía rápida y la votación formal sigue sin fecha

Horas después de la aprobación en la Cámara, el senador republicano Jon Husted, de Ohio, intentó que la Cámara alta aprobara el proyecto por consentimiento unánime, un mecanismo que evita una votación nominal. El senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México y presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, lo bloqueó.

Heinrich argumentó que la propuesta descansa en compromisos voluntarios en lugar de obligaciones vinculantes. “No alcanza con pedirles a los estados que consideren hacer que los centros de datos paguen las actualizaciones de la red”, dijo desde el piso del Senado, según CNBC. Luego presentó su propio pedido de consentimiento unánime para la Ley de Ahorro en la Red (GRID Savings Act), una iniciativa que daría facultades vinculantes a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC); el senador republicano Bernie Moreno lo rechazó.

El rechazo social al avance de los centros de datos creció en los meses previos a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Una encuesta de NBC News Decision Desk elaborada junto a SurveyMonkey relevó que cerca del 70% de los consultados se opone a la construcción de estas instalaciones en sus barrios. Con pocas semanas de sesión legislativa por delante, la aprobación formal del proyecto en el Senado sigue sin estar garantizada.

Téllez cuestionó las intenciones de la bancada oficialista y vinculó la iniciativa con otras medidas que, según su denuncia, apuntan a restringir voces críticas como la llamada “ley censura”, la red de ampliación digital que denunció Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia, supuestamete conformada por más de 500 mil cuentas ‘anti 4T’, y la comisión para regular el uso de redes sociales.

“En lugar de atrapar a los narcosenadores de Morena, el gobierno va a capturar los micrófonos del Congreso. Andan nerviosos los de Morena buscando cómo callar a cualquiera que los critique y los denuncie. Van contra ciudadanos, contra medios de comunicación y contra opositores.

“Traen la ley censura, las listas negras de Luisa María Alcalde, una comisión para controlar redes sociales y ahora pretenden eliminar el fuero. ¿Para qué? ¿Para ir contra la impunidad? No. Lo que pretenden es perseguir a legisladores opositores", dijo en un video publicado en su cuenta de X.

La legisadora aseguró que el fuero “no es un blindaje personal”, sino que existe para garantizar que los representantes populares hablen y voten sin temor a castigos por parte del gobierno.

“No es impunidad automática, porque si un legislador comete un delito, le pueden quitar el fuero y procesarlo. Pero justo ahora que Morena se robó la mayoría calificada, la que el pueblo no le dio en las urnas, quieren quitar el único candado legislativo para silenciar a opositores.

En este sentido, la legisladora panista afirmó que Morena debería recurrir al procedimiento de desafuero si busca procesar a integrantes del Congreso que hayan cometido delitos.

“Si Morena quisiera detener a los legisladores corruptos, le bastaría con votar su desafuero.”

Para Téllez, la discusión adquiere otra dimensión debido a la mayoría calificada con la que cuenta Morena en el Congreso, una configuración legislativa que consideró ajena a lo que la ciudadanía concedió en las urnas.

Afirmó que, desde esa posición, el oficialismo pretende suprimir una barrera frente a la persecución de sus adversarios.

“Justo ahora que Morena se robó la mayoría calificada, la que el pueblo no le dio en las urnas, quieren quitar el único candado legislativo para silenciar a opositores”, comentó.

Alfonso Ramírez Cuéllar plantea eliminar el fuero

Las críticas de Téllez surgieron después de que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de Morena, reiteró su intención de presentar una iniciativa para eliminar el fuero constitucional.

El planteamiento alcanzaría a legisladores federales y locales, así como a titulares de poderes ejecutivos estatales.

Ramírez Cuéllar volvió a colocar el tema en la agenda después de que Enrique Inzunza se separó del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, aunque conservará su escaño como senador independiente. El diputado argumentó que los cargos de elección popular no deben funcionar como protección frente a la justicia.

“Quien desempeña un cargo de elección popular debe responder ante la justicia bajo las mismas reglas aplicables a cualquier ciudadana o ciudadano”.

El legislador morenista también ha propuesto modificar el mecanismo del juicio político. Sostiene que la eliminación del fuero debe coexistir con garantías como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, que, a su juicio, deben resolverse en la vía penal ordinaria.

“Eliminar el fuero no significa renunciar al debido proceso, a la presunción de inocencia ni al derecho de defensa”.

Belisario Domínguez y la comparación con Victoriano Huerta

Téllez rechazó esa justificación y sostuvo que la iniciativa tiene un propósito político distinto al que presenta Ramírez Cuéllar.

En su mensaje, insistió en que el gobierno debería aplicar las herramientas previstas por la Constitución contra los legisladores que enfrenten acusaciones, en vez de suprimir la figura para todos los representantes populares.

“No es necesario eliminar el fuero y con ello acabar con la única protección de los opositores para enfrentar al gobierno”.

La senadora del PAN recurrió al caso de Belisario Domínguez para defender la permanencia del fuero.

Recordó que el senador chiapaneco confrontó al presidente Victoriano Huerta desde la tribuna y relacionó su asesinato con el clima de persecución política que, según su argumento, puede producirse cuando el poder elimina límites contra los opositores.

“El senador Belisario Domínguez se enfrentó desde la tribuna al dictador Victoriano Huerta y lo pagó con la vida”.

Téllez afirmó que Huerta ordenó el asesinato de Domínguez y encarceló a más de 80 diputados bajo acusaciones de alta traición por oponerse a su gobierno. Usó ese antecedente para sostener que el fuero tiene como objetivo impedir que el poder ejecutivo penalice la labor legislativa por razones políticas.

“Huerta ordenó que lo asesinaran y mandó a más de ochenta diputados a la cárcel, acusándolos de alta traición por oponérsele”.

La panista cerró su mensaje con una comparación directa entre Morena y el gobierno de Victoriano Huerta. Afirmó que la eliminación del fuero conduciría a un escenario autoritario y llamó a impedir que avance la propuesta.

El Senado avanzó este jueves con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil.

El proyecto, impulsado principalmente por las provincias del norte del país, fue incluido en el temario tras una negociación con La Libertad Avanza, que obtuvo a cambio apoyo político para avanzar con la sanción definitiva de la ley de Inocencia Fiscal II.

El texto en general fue aprobado con 41 votos positivos, y 25 en contra. Los rechazos fueron del peronismo, del radical bonaerense Maximiliano Abad y los dos senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José Carambia.

La senadora de Salta Flavia Royón fue la encargada de presentar el proyecto al inicio del debate y también encabezó las negociaciones con otros bloques provinciales para introducir las modificaciones necesarias para destrabar la aprobación.

“Esta iniciativa busca potenciar las cadenas de valor del interior del país, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo. Propone un marco integral nuevo para una industria en la que nuestro país ya ha invertido y hoy necesita reglas nuevas. Busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero también crear una transición hacia un marco más competitivo. Vamos a pasar de un esquema más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto y a qué precio, a uno donde sea el mercado el que determine los precios”, resumió la senadora cercana al gobernador Gustavo Sáenz.

En el caso del Bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% dentro de los 12 meses posteriores a la sanción. Pero se reservará un 6% para el etanol elaborado con caña de azúcar y 6% para el producido con maíz; el 3% restante quedaría sujeto a competencia entre los productos habilitados.

En el caso del Biodiésel, el corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% en el mismo plazo. A su vez, el proyecto prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas “integradas” (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas “no integradas” (pymes regionales que no producen la materia prima).

Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrían inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.

“En el caso del biodiesel, se levanta el corte, se establece una transición hasta el 2036 y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta”, señaló Royón.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”) presionaron para mantener su participación del 7,5% del mercado, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

“Este proyecto tal como está perjudica a La Pampa, San Luis, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, donde están instaladas las pymes regionales de biodiesel. Se perjudican porque no tienen un segmento específico, porque tienen un problema logístico de distancia de los puertos. Si corresponde segmentar entre caña y maíz el bioetanol, ¿por qué no se puede segmentar entre las pymes alejadas del puerto y las grandes aceiteras?”, planteó el pampeano Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

En la misma línea, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó a posponer la votación para continuar con la negociación sobre Biodiésel. “El pez más grande se va a comer al pez más chico. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa. Esto perjudica al 50% de los pequeños productores, los dejamos en manos de los grandes, que los van a reventar”, dijo José Mayans y pidió que el debate pase a un cuarto intermedio para seguir negociando y llegar a un texto consensuado que sea aprobado por unanimidad. No obstante, la moción de Mayans para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos salió rechazada por amplia mayoría.

El cierre de los libertarios quedó a cargo de Patricia Bullrich, que destacó la necesidad de una transición hacia un mercado más abierto y competitivo, sin producir “un salto al vacío”. “No le estamos diciendo a una pyme que se arregle sola: le estamos dando tiempo, previsibilidad y capacidad de integración”, señaló.

Entre las últimas modificaciones se destaca una cláusula antimonopolio que impide que una empresa o grupo se quede con más del 10% del biodiesel comercializado, con un techo máximo absoluto de cincuenta mil toneladas anuales por firma.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en la votación en general por 41 votos positivos y 25 negativos. Ahora el texto será girado a la Cámara de Diputados donde no hay un cronograma previsto para su tratamiendo.

El Senado volvió a abrir sus puertas este jueves a las 11. A lo largo de la sesión, se aprobaron el proyecto de Inocencia Fiscal II, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, pliegos de jueces y la iniciativa sobre biocombustibles.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda. La discusión por las facultades para designar y remover directores, sumada a los pedidos para que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, explique ante los senadores el destino del oro de las reservas, postergó el debate para la próxima semana.

El Senado aprobó el nuevo régimen de Biocombustibles

Con un total de 41 votos positivos, la Cámara Alta aprobó en general el nuevo régimen de Biocombustibles. Mientras que no hubo abstenciones durante la votación, la oposición se tradujo en un total de 25 negativos. Así, el proyecto será enviado al Poder Ejecutivo y cobrará fuerza de ley.

La nueva normativa busca dar previsibilidad a una industria vinculada al agro, la energía y las economías regionales. Su eje central fue el aumento progresivo de los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol en el gasoil y las naftas, para ampliar la demanda de materias primas agroindustriales y generar más valor agregado en las zonas productivas.

La iniciativa también propone un mercado con mayor competencia, habilita la posibilidad de que las provincias fijen mezclas superiores, y contempla vehículos flex, kits de conversión y estaciones de servicio de etanol. Además, plantea un horizonte de 15 años para las inversiones y abre la puerta a nuevos combustibles, como el sostenible para aviación (SAF) y opciones para el transporte marítimo.

Además, las entidades que impulsan el proyecto sostuvieron que una mayor participación de biocombustibles ayudaría a reducir emisiones, mejorar propiedades técnicas de las naftas —como el octanaje—, atraer inversiones y crear empleo federal.

Patricia Bullrich resaltó el trabajo con las provincias para el armado del proyecto de Biocombustibles

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, destacó que el proyecto del nuevo régimen de Biocombustibles fue producto de un largo trabajo con diferentes provincias y actores, fuera de cualquier ideología.

“No es el proyecto de una persona, no es el proyecto de una provincia, no es una ocurrencia redactada en un escritorio. Es el resultado de meses de trabajo con provincias, productores, empresas integradas y no integradas, representantes de las diferentes economías regionales. Hay una decisión de fondo, que es pasar de un sistema basado en cupos, de precios administrados y decisiones discrecionales a un mercado con reglas conocidas, competencia, transparencia y previsibilidad”, resaltó.

Por otro lado, aclaró que a las pymes se les ofrece tiempo para adecuarse, condiciones y previsibilidad.

José Mayans advirtió sobre posibles cierres de empresas si se aprueba el proyecto de Biocombustibles

El senador formoseño justicialista José Mayans afirmó estar de acuerdo con los niveles propuestos para el bioetanol en el proyecto del nuevo régimen de Biocombustibles, pero advirtió que los niveles propuestos para biodiésel provocarían cierres de numerosas pymes.

Por eso, propuso pasar a un cuarto intermedio para revisar los números y llegar a un acuerdo.

Flavio Fama destacó las ventajas del proyecto de Biocombustibles

El senador radical por Catamarca Flavio Fama destacó este jueves las ventajas del proyecto que propone un nuevo régimen de Biocombustibles.

“Significa mayor demanda de producción nacional de estas materias primas, significa agregarle valor a estas materias primas, significa mayor actividad industrial, significa sustituir combistibles fósiles y suignifica avanzar ahacia unamatriz energética más diversificada”, resaltó durante su exposición.

/economia/2026/09/17/se-aprobo-inocencia-fiscal-ii-5-claves-para-entender-la-ley-con-la-que-el-gobierno-busca-sacar-los-dolares-del-colchon/

/politica/2026/09/17/presupuesto-2027-bullrich-volvio-a-cuestionar-los-cambios-en-discapacidad-y-apunto-contra-el-ministerio-de-economia/

El gobierno porteño celebró la aprobación de la transferencia de la justicia de menores a CABA

Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, celebró en redes sociales la aprobación por parte del Senado de la transferencia de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

“Aprobada en el Senado la transferencia de nuevas competencias penales a la Ciudad: más autonomía para investigar y juzgar delitos contra la integridad sexual, el honor, la propiedad intelectual y la competencia integral sobre Menores. Un paso más hacia la consolidación de un sistema de seguridad plenamente integral, con una Justicia local cada vez más fuerte y cercana”, escribió el funcionario.

Para Manzur, el bioetanol equivale a “haber encontrado un Vaca Muerta en el norte argentino”

Luego de que la senadora tucumana Beatriz Ávila, del bloque Independencia, apoyara el proyecto del nuevo régimen de biocombustibles, fundamental para la economía de su provincia, por la utilización de la caña de azúcar para el bioetanol, el peronista Juan Manzur consideró que esa industria equivale a “haber encontrado un Vaca Muerta en el norte argentino”.

“Esperemos que se llegue a un acuerdo también en lo que respecta al biodiésel”, deseó Manzur, tras asegurar que acompañará al capítulo referido al bioetanol.

Bensusán anticipó su voto negativo

Daniel Bensusán, senador peronista pampeano, consideró este jueves que el proyecto del nuevo régimen para biocombustibles perjudica a las pymes, sobre todo las que se dedican al biodiésel, y que beneficia a unas pocas provincias. Por lo tanto, anunció que votará en contra.

Adán Bahl propuso cambiar el proyecto en cuanto al corte del biodiésel

El senador entrerriano Adán Bahl propuso modificar el proyecto, al menos en lo que respecta al corte del biodiésel.

“Con el bioetanol estoy 100% de acuerdo. Para el biodiésel la solución sería no cambiarles las condiciones a las empresas del interior solamente asignándoles un 5% de lo que hoy se les asigna para el corte. Hemos hecho consultas con las automotrices y no hay que hacer ningún tipo de cambio hasta el 17%, 18%. La propuesta nuestra es incrementar hasta el 15%, para que puedan competir al menos hasta el 2030″, planteó.

Capitanich planteó la posición del peronismo respecto de Biocombustibles

Jorge Capitanich expuso los acuerdos y las disidencias del bloque peronista respecto del nuevo régimen de Biocombustibles que se debate en el Senado.

“Hay altísimos consensos respecto del bioetanol y hay ciertos disensos en materia de biodiésel”, sintetizó.

/politica/2026/09/17/senado-con-el-apoyo-de-los-aliados-el-gobierno-logro-convertir-en-ley-la-inocencia-fiscal-ii/

Los senadores debaten un nuevo régimen de Biocombustibles

La senadora salteña Flavia Royón presentó el proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles, que entre otras cosas propone aumentos en los cortes de bioetanol y biodiésel.

“Propone un marco integral nuevo para una industria que nuestro país ya conoce, ya ha desarrollado y en la que ya ha invertido”, destacó la legisladora.

Para la ex secretaria de Energía, el proyecto busca establecer “reglas que le permitan crecer a esa industria, incorporar tecnología y lograr una nueva escala”.

“El dictamen puede explicarse a partir de seis grandes ideas: un marco regulatorio por quince años y apertura tecnológica; el aumento de los cortes, tanto de biodiésel como de bioetanol; la preservación de las cadenas existentes, tanto de caña como de maíz, junto con una apertura a nuevas materias primas; una transición hacia mecanismos de mercados y de libre negociación, oon un régimen de adaptación gradual para el caso del biodiésel; incorporación de bioenergías al régimen tradicional de biocombustibles; reglas de comercio exterior, tratamiento tributario, fiscalización y sanciones que completan el régimen”, desarrolló.

Designan cónsules y vicecónsules honorarios

El Senado designa cónsules y vicecónsules honorarios, mientras se prepara para debatir modificaciones en la Ley de Biocombustibles, entre las cuales se destacan aumentos en los cortes de bioetanol y biodiésel.

El próximo martes, el Senado tratará la creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas

Carolina Moisés, senadora de Convicción Federal, celebró este jueves que se haya tenido en consideración el proyecto de su espacio de crear una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas, que será tratado el próximo martes por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Malvinas es un tema permanente y necesita institucionalmente el Congreso tener una comisión permanente”, indicó a su vez el senador catamarqueño del mismo espacio, Guillermo Andrada.

El Senado aprobó Inocencia Fiscal II

Con 43 votos a favor y 23 en contra, el Senado le dio una victoria al Gobierno y aprobó Inocencia Fiscal II.

Además, el oficialismo rechazó los cambios propuestos por el senador Fernando Salino.

Bullrich dijo que Inocencia Fiscal II es “un paso importante” para un país “con mayor seguridad jurídica

Patricia Bullrich, en su cierre, destacó que Inocencia Fiscal II es “un paso importante” para una Argentina “con mayor seguridad jurídica”.

“Estamos convencidos de que estamos dando un paso importante para hacer una Argentina simple, previsible y con mayor seguridad jurídica”, expuso.

Para la presidenta del bloque oficialista, “el enemigo más grande de esos ciudadanos que han ahorrado ha sido el Estado”.

“Los funcionarios van a poder acceder a la simplificación, pero no a los beneficios de la simplificación”, aclaró la legisladora.

Mayans: “Con esto, terminó la corrupción, porque no hay más evasores”

José Mayans, presidente del bloque peronista, lanzó duras críticas al proyecto de Inocencia Fiscal II y propuso cambiarle el nombre a “Ley Adorni”.

“Voy a proponer que se declare el Día de los Inocentes el 17 de septiembre a partir de ahora. Es una ley de blanqueo, de lavado. Una ley con la que el presidente Milei termina con el delito de evasión. Con esto, terminó la corrupción, porque a partir de acá no hay más evasores. Esta ley está hecha para Adorni, por eso todavía no presenta su declaración jurada”, lanzó el formoseño.

Salino propuso cambios en el proyecto

Fernando Salino, senador puntano de Justicia Social Federal, propuso que el impedimento de acceder a la declaración jurada simplificada no se limite solo a funcionarios públicos.

Su propuesta incluye “que la restricción no sea solo para funcionarios públicos, sino también para personas políticamente expuestas; que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial; y que no solo tengan que hacerlo los funcionarios, sino también sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primero y segundo grado”,

El peronismo anunció que votará en contra de Inocencia Fiscal II

Jorge Capitanich, senador del Partido Justicialista, anunció que su bloque se opondrá en la votación a Inocencia Fiscal II.

“Vamos a votar en contra de esta iniciativa”, señaló.

Y concluyó: “Consideramos que la presunción de inocencia protege a las personas frente al poder punitivo del Estado, pero no legitima el origen del patrimonio. Declarar un patrimonio no demuestra cómo se obtuvo, adherir a un régimen tributario no equivale a un certificado de buena conducta patriumonial. Se amplían beneficios y se limitan controles sin una evaluación integral ni un mecanismo de seguimiento en el Congreso. Y a su vez incorpora una reducción de la protección laboral rural ajena al objetivo tributario del proyecto”.

Olivera Lucero destacó la importancia de Inocencia Fiscal II para sumar dólares al sistema bancario

Bruno Olivera Lucero, senador libertario sanjuanino, destacó este jueves la importancia de sumar dólares al sistema bancario formal.

“El objetivo es que los argentinos que ahorraron y debieron esconder esos ahorros por temor a que el Estado los condenara por ahorrar o comprar dólares, puedan sacar esos dólares que están fuera del sistema y los puedan incorporar al sistema bancario sin temor a que el Estado los pueda perseguir”, defendió el proyecto de Inocencia Fiscal II.

Además, destacó que desde la sanción de Inocencia Fiscal I, “ya optaron por la opción de la declaración jurada simplificada cerca de 400 mil personas”.

Comenzó en el Senado el debate por el proyecto de Inocencia Fiscal II

El Senado aprobó el traspaso de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires

Con 44 votos a favor y 21 negativos, el Senado de la Nación aprobó este jueves la transferencia de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

Patricia Bullrich pidió apoyar el proyecto para “igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias”

La senadora Patricia Bullrich cerró el debate sobre la transferencia de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires. En su exposición, recordó traspasos de otros fueros que ya se lograron y también el de la policía.

“Ha habido una serie de convenios que fueron trasladando competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Esto viene a completar un traspaso de la Jusiticia para igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias, y también hay que reconocer que esta competencia libera al país del pago de la justicia nacional, que la paga el conjunto del país, pero solamente juzga los casos ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó.

La UCR apoya la transferencia de la justicia de menores a CABA

Eduardo Vischi, senador radical correntino y miembro del Consejo de la Magistratura, manifestó el apoyo de su bloque a la transferencia de la ley juvenil a la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una transferencia progresiva que está dispuesta en la Constitución Nacional y estamos llegando bastante tarde”, resaltó.

El peronismo anunció que se opone al proyecto de trasladar la justicia de menores a CABA

Jorge Capitanich, senador chaqueño, adelantó que el bloque peronista se opondrá al proyecto oficialista de trasladar la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia”, diferenció su postura de la expresada anteriormente por Gonzalo Guzmán Coraita, quien presentó el proyecto de La Libertad Avanza.

En su exposición, Capitanich expuso que, de aprobarse este proyecto, se les quitarían recursos a las provincias para darle más dinero a la ciudad más rica del país.

Guzmán Coraita instó a sus pares a aprobar el traslado de la justicia de menores a CABA

El diputado salteño Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza, invitó a sus pares a apoyar el proyecto que propone transferir las competencias penales de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

“Estaremos respetando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaremos cumpliendo con un mandato constitucional y estaremos garantizando a los jóvenes, niños y adolescentes su derecho a ser juzgados por una ley procesal local y por su juez natural”, instó el legislador libertario.

Los legisladores tratan la transferencia de las competencias penales de menores a CABA

Comenzó el debate referido a la transferencia de las competencias penales de menores a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado aprobó por unanimidad y sin debate los pliegos de jueces propuestos por el Gobierno

Sin oposiciones y sin haber sido debatidos, fueron aprobados los pliegos de los jueces propuestos por el Gobierno.

El oficialismo no logró avanzar con la creación de una Comisión de Malvinas

Se retiraron las propuestas sobre la Comisión de Malvinas y Patricia Bullrich se comprometió a que el próximo martes se abrirá la de Asuntos Constitucionales para tratar todos los proyectos sobre el tema.

Las críticas a Bausili por el oro de las reservas atravesaron el debate en el Senado

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue uno de los principales blancos de las críticas de Unión por la Patria durante la sesión. Florencia López, Martín Soria y otros integrantes del bloque reclamaron precisiones sobre el destino de los lingotes de oro que salieron del país en 2024 y cuestionaron que la información brindada hasta ahora no permita determinar dónde se encuentran las reservas ni qué operaciones se realizaron con ellas.

López sostuvo que el Banco Central debe informar si los activos fueron depositados en el exterior, utilizados como garantía, vendidos o colocados para obtener rendimientos. También cuestionó las respuestas de Bausili ante el Senado y afirmó que la Auditoría General de la Nación aún no concluyó su revisión sobre la trazabilidad del oro. La senadora vinculó ese debate con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que quedó fuera del temario de la sesión.

Soria, a su vez, impulsó una moción de preferencia para que Bausili vuelva a las comisiones del Senado y presente un informe detallado sobre esas operaciones. El legislador sostuvo que los senadores no deben “invertir la carga de la prueba” frente a decisiones que corresponden a las autoridades de la entidad monetaria. La propuesta no fue aprobada por el recinto.

Maximiliano Abad pidió convocar a un congreso pedagógico nacional

El senador radical Maximiliano Abad reclamó al secretario de Educación de la Nación la convocatoria a un congreso pedagógico nacional para definir una estrategia educativa de largo plazo. Cuestionó el deterioro de los indicadores de aprendizaje y advirtió que, según los resultados de las pruebas PISA, muchos estudiantes de 15 años no alcanzan conocimientos mínimos de Matemáticas.

“Hace más de 30 años que la educación viene en caída”, sostuvo Abad, quien también señaló que hace más de cuatro décadas no se realiza un encuentro de ese tipo. El senador planteó que la educación debe quedar fuera de la disputa partidaria y afirmó que resulta necesaria una política común para enfrentar la pérdida de capital humano y las brechas entre los sistemas educativos provinciales.

Florencia López volvió a reclamar explicaciones por el oro de las reservas del Banco Central

La senadora de Unión por la Patria Florencia López presentó una cuestión de privilegio contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de los lingotes de oro que salieron del país en 2024. Afirmó que el Senado, la Auditoría General de la Nación y la Justicia deben conocer la ubicación de las reservas y las eventuales operaciones realizadas con esos activos.

López sostuvo que hubo cuatro envíos de 250 lingotes cada uno, por un total de mil, y preguntó si fueron vendidos, depositados en garantía o trasladados para obtener rendimientos. También criticó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por una disposición que habilita a la entidad a dar en garantía reservas depositadas en el exterior. “Quieren blindar legalmente una operación que ya hicieron”, afirmó.

Wado de Pedro cuestionó los recortes en universidades, discapacidad y el hospital Garrahan

El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y cuestionó los recortes previstos en el Presupuesto para universidades, discapacidad y salud. Sostuvo que el Gobierno “menosprecia” a más de dos millones de estudiantes del sistema universitario y desconoce leyes aprobadas por el Congreso, como las de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

De Pedro afirmó que el área de discapacidad sufrió un recorte del 40% y reclamó que se cumpla la ley de emergencia del hospital Garrahan. También pidió mejoras salariales, compra de insumos y el cese de las denuncias de persecución laboral en el centro pediátrico. “Póngase a gobernar para los que menos tienen”, expresó.

Alicia Kirchner cuestionó el aumento de la morosidad y habló de “usura social”

La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner planteó una cuestión de privilegio para advertir sobre la situación de las familias endeudadas. “Se legalizó la usura social”, afirmó durante la sesión.

Según señaló, datos del Banco Central de la República Argentina indican que cerca de siete millones de personas registran morosidad y que 3,1 millones de esos casos corresponden a créditos irrecuperables. También sostuvo que Santa Cruz es la segunda provincia con mayores problemas de mora, con un índice del 20,6 por ciento. “Acá nació la usura social”, concluyó.

/politica/2026/09/16/lla-intentara-sesionar-manana-en-el-senado-pero-deja-afuera-la-reforma-del-banco-central/

/economia/2026/09/17/inocencia-fiscal-ii-punto-por-punto-las-claves-del-proyecto-que-el-gobierno-busca-aprobar-en-el-senado/

Lo hizo en X sobre un recorte de una intervención del senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, quien pidió una de privilegio contra la senadora Juliana Di Tullio –quien tuvo un fuerte cruce con Bausili en la reunión de comisión por el tema– y otros legisladores por “la fábula y el manto de sospecha que se pretende tender sobre el manejo de las reservas y sobre la conducción del Banco Central”.

“Monteverde atendiendo a los kukas mentirosos. Capítulo ‘el oro del BCRA’ del libro ‘Mentiras kukas para operar a un gobierno opositor’. El socialismo del Siglo XXI es la misma basura no importa el lugar del mundo. CIAO!!”, escribió el mandatario.

Monteverde remarcó que, como dijo el presidente del Banco Central, las reservas se encuentran distribuidas, en el caso del oro, entre la bóveda del Banco Central y el Banco de Basilea, que, aseguró, no tiene sucursal en Londres.

“Si desconfían, traigan alguna prueba. Dicen que está en Londres el oro: bueno, demuéstrenlo. No hay por qué desconfiar de la palabra de quien tiene autoridad para hacer el manejo de las reservas. Cualquier senador de esta Cámara puede tener vista del expediente sobre el manejo de las reservas, por supuesto firmando el debido compromiso de confidencialidad, no está oculto”, dijo el senador y recordó que lo que se hizo en el Central con el oro son movimientos idénticos a los que se hicieron en 2011, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Monteverde dijo que se habló de un pedido de acceso a la información pública que no existe y leyó una comunicación de la AGN a la senadora Di Tullio que dice que están aprobados los estados contables del BCRA de 2023 y 2024 y que los del año pasado se encuentran todavía en proceso de análisis. “En relación con la trazabilidad de las reservas de oro del Estado nacional colocadas en el extranjero, se informa que el BCRA ha cumplimentado con la entrega total de la información requerida por esta Auditoría General de la Nación para realizar dicha evaluación específica”, dijo.

“No sigamos con la ficción de dónde están, si se las llevaron, si los ingleses las tienen. Les cuento: no hay vínculo contractual alguno con el Banco de Inglaterra y el Banco Central. Estamos asistiendo a puro fulbito para la tribuna”, aseguró Monteverde.

El legislador nacional cerró y pidió que “se deje de desinformar a la sociedad y de atemorizar con cosas, con ficción. Basta de ficción”.

Bausili en el Senado

Días atrás, Bausili compareció ante el Senado y explicó por primera vez qué pasó con el oro que estaba en las bóvedas del BCRA. Según su relato, a principios de 2024 la entidad decidió trasladar parte de los lingotes al Bank for International Settlements (BIS) en Suiza, aprovechando una “ventana de oportunidad” para convertir barras de menor calidad en otras de mayor liquidez y aceptación en el mercado. Bausili aseguró que todos los movimientos están documentados y auditados por la AGN y por la firma PricewaterhouseCoopers, y que la información no fue difundida en tiempo real para no exponer la estrategia de administración de reservas a operadores del mercado.

La exposición se enmarcó en la defensa del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que busca concentrar el mandato del banco en la estabilidad monetaria y eliminar los mecanismos de financiamiento al Tesoro.

Cinco días después, los senadores peronistas Juliana Di Tullio y Martín Soria presentaron un pedido urgente de citación a Bausili ante las comisiones del Senado, para que explique en detalle el traslado de las 13 toneladas de oro al exterior en 2024.

Los legisladores exigen información sobre fechas, empresas de transporte involucradas, lugar exacto de depósito, riesgos de embargo por parte de acreedores extranjeros y las razones por las que los estados contables de 2024 y 2025 no precisaron la ubicación ni los riesgos de la operación.

Además, Di Tullio cuestionó directamente la veracidad del relato de Bausili: afirmó que el oro no está en Suiza sino en el Bank of England, en Londres, y que el funcionario mintió al Senado. Por su parte, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, también contradijo a Bausili: aclaró que la auditoría del movimiento del oro aún no se realizó, debido a que el BCRA se negó a entregar la información necesaria.