El Senado sesiona este jueves desde las 11 con un temario que incluye el proyecto de Inocencia Fiscal II, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, pliegos de jueces y una iniciativa sobre biocombustibles.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, quedó fuera de la agenda. La discusión por las facultades para designar y remover directores, sumada a los pedidos para que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, explique ante los senadores el destino del oro de las reservas, postergó el debate para la próxima semana.

Adán Bahl propuso cambiar el proyecto en cuanto al corte del biodiésel

El senador entrerriano Adán Bahl propuso modificar el proyecto, al menos en lo que respecta al corte del biodiésel.

“Con el bioetanol estoy 100% de acuerdo. Para el biodiésel la solución sería no cambiarles las condiciones a las empresas del interior solamente asignándoles un 5% de lo que hoy se les asigna para el corte. Hemos hecho consultas con las automotrices y no hay que hacer ningún tipo de cambio hasta el 17%, 18%. La propuesta nuestra es incrementar hasta el 15%, para que puedan competir al menos hasta el 2030″, planteó.

Capitanich planteó la posición del peronismo respecto de Biocombustibles

Jorge Capitanich expuso los acuerdos y las disidencias del bloque peronista respecto del nuevo régimen de Biocombustibles que se debate en el Senado.

“Hay altísimos consensos respecto del bioetanol y hay ciertos disensos en materia de biodiésel”, sintetizó.

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Los senadores debaten un nuevo régimen de Biocombustibles

La senadora salteña Flavia Royón presentó el proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles, que entre otras cosas propone aumentos en los cortes de bioetanol y biodiésel.

“Propone un marco integral nuevo para una industria que nuestro país ya conoce, ya ha desarrollado y en la que ya ha invertido”, destacó la legisladora.

Para la ex secretaria de Energía, el proyecto busca establecer “reglas que le permitan crecer a esa industria, incorporar tecnología y lograr una nueva escala”.

“El dictamen puede explicarse a partir de seis grandes ideas: un marco regulatorio por quince años y apertura tecnológica; el aumento de los cortes, tanto de biodiésel como de bioetanol; la preservación de las cadenas existentes, tanto de caña como de maíz, junto con una apertura a nuevas materias primas; una transición hacia mecanismos de mercados y de libre negociación, oon un régimen de adaptación gradual para el caso del biodiésel; incorporación de bioenergías al régimen tradicional de biocombustibles; reglas de comercio exterior, tratamiento tributario, fiscalización y sanciones que completan el régimen”, desarrolló.

Designan cónsules y vicecónsules honorarios

El Senado designa cónsules y vicecónsules honorarios, mientras se prepara para debatir modificaciones en la Ley de Biocombustibles, entre las cuales se destacan aumentos en los cortes de bioetanol y biodiésel.

El próximo martes, el Senado tratará la creación de una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas

Carolina Moisés, senadora de Convicción Federal, celebró este jueves que se haya tenido en consideración el proyecto de su espacio de crear una Comisión Bicameral por la Causa Malvinas, que será tratado el próximo martes por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Malvinas es un tema permanente y necesita institucionalmente el Congreso tener una comisión permanente”, indicó a su vez el senador catamarqueño del mismo espacio, Guillermo Andrada.

El Senado aprobó Inocencia Fiscal II

Con 43 votos a favor y 23 en contra, el Senado le dio una victoria al Gobierno y aprobó Inocencia Fiscal II.

Además, el oficialismo rechazó los cambios propuestos por el senador Fernando Salino.

Bullrich dijo que Inocencia Fiscal II es “un paso importante” para un país “con mayor seguridad jurídica

Patricia Bullrich, en su cierre, destacó que Inocencia Fiscal II es “un paso importante” para una Argentina “con mayor seguridad jurídica”.

“Estamos convencidos de que estamos dando un paso importante para hacer una Argentina simple, previsible y con mayor seguridad jurídica”, expuso.

Para la presidenta del bloque oficialista, “el enemigo más grande de esos ciudadanos que han ahorrado ha sido el Estado”.

“Los funcionarios van a poder acceder a la simplificación, pero no a los beneficios de la simplificación”, aclaró la legisladora.

Mayans: “Con esto, terminó la corrupción, porque no hay más evasores”

José Mayans, presidente del bloque peronista, lanzó duras críticas al proyecto de Inocencia Fiscal II y propuso cambiarle el nombre a “Ley Adorni”.

“Voy a proponer que se declare el Día de los Inocentes el 17 de septiembre a partir de ahora. Es una ley de blanqueo, de lavado. Una ley con la que el presidente Milei termina con el delito de evasión. Con esto, terminó la corrupción, porque a partir de acá no hay más evasores. Esta ley está hecha para Adorni, por eso todavía no presenta su declaración jurada”, lanzó el formoseño.

Salino propuso cambios en el proyecto

Fernando Salino, senador puntano de Justicia Social Federal, propuso que el impedimento de acceder a la declaración jurada simplificada no se limite solo a funcionarios públicos.

Su propuesta incluye “que la restricción no sea solo para funcionarios públicos, sino también para personas políticamente expuestas; que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial; y que no solo tengan que hacerlo los funcionarios, sino también sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primero y segundo grado”,

El peronismo anunció que votará en contra de Inocencia Fiscal II

Jorge Capitanich, senador del Partido Justicialista, anunció que su bloque se opondrá en la votación a Inocencia Fiscal II.

“Vamos a votar en contra de esta iniciativa”, señaló.

Y concluyó: “Consideramos que la presunción de inocencia protege a las personas frente al poder punitivo del Estado, pero no legitima el origen del patrimonio. Declarar un patrimonio no demuestra cómo se obtuvo, adherir a un régimen tributario no equivale a un certificado de buena conducta patriumonial. Se amplían beneficios y se limitan controles sin una evaluación integral ni un mecanismo de seguimiento en el Congreso. Y a su vez incorpora una reducción de la protección laboral rural ajena al objetivo tributario del proyecto”.

Olivera Lucero destacó la importancia de Inocencia Fiscal II para sumar dólares al sistema bancario

Bruno Olivera Lucero, senador libertario sanjuanino, destacó este jueves la importancia de sumar dólares al sistema bancario formal.

“El objetivo es que los argentinos que ahorraron y debieron esconder esos ahorros por temor a que el Estado los condenara por ahorrar o comprar dólares, puedan sacar esos dólares que están fuera del sistema y los puedan incorporar al sistema bancario sin temor a que el Estado los pueda perseguir”, defendió el proyecto de Inocencia Fiscal II.

Además, destacó que desde la sanción de Inocencia Fiscal I, “ya optaron por la opción de la declaración jurada simplificada cerca de 400 mil personas”.

Comenzó en el Senado el debate por el proyecto de Inocencia Fiscal II

El Senado aprobó el traspaso de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires

Con 44 votos a favor y 21 negativos, el Senado de la Nación aprobó este jueves la transferencia de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

Patricia Bullrich pidió apoyar el proyecto para “igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias”

La senadora Patricia Bullrich cerró el debate sobre la transferencia de la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires. En su exposición, recordó traspasos de otros fueros que ya se lograron y también el de la policía.

“Ha habido una serie de convenios que fueron trasladando competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Esto viene a completar un traspaso de la Jusiticia para igualar a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias, y también hay que reconocer que esta competencia libera al país del pago de la justicia nacional, que la paga el conjunto del país, pero solamente juzga los casos ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires”, manifestó.

La UCR apoya la transferencia de la justicia de menores a CABA

Eduardo Vischi, senador radical correntino y miembro del Consejo de la Magistratura, manifestó el apoyo de su bloque a la transferencia de la ley juvenil a la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una transferencia progresiva que está dispuesta en la Constitución Nacional y estamos llegando bastante tarde”, resaltó.

El peronismo anunció que se opone al proyecto de trasladar la justicia de menores a CABA

Jorge Capitanich, senador chaqueño, adelantó que el bloque peronista se opondrá al proyecto oficialista de trasladar la justicia de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia”, diferenció su postura de la expresada anteriormente por Gonzalo Guzmán Coraita, quien presentó el proyecto de La Libertad Avanza.

En su exposición, Capitanich expuso que, de aprobarse este proyecto, se les quitarían recursos a las provincias para darle más dinero a la ciudad más rica del país.

Guzmán Coraita instó a sus pares a aprobar el traslado de la justicia de menores a CABA

El diputado salteño Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza, invitó a sus pares a apoyar el proyecto que propone transferir las competencias penales de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

“Estaremos respetando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaremos cumpliendo con un mandato constitucional y estaremos garantizando a los jóvenes, niños y adolescentes su derecho a ser juzgados por una ley procesal local y por su juez natural”, instó el legislador libertario.

Los legisladores tratan la transferencia de las competencias penales de menores a CABA

Comenzó el debate referido a la transferencia de las competencias penales de menores a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Senado aprobó por unanimidad y sin debate los pliegos de jueces propuestos por el Gobierno

Sin oposiciones y sin haber sido debatidos, fueron aprobados los pliegos de los jueces propuestos por el Gobierno.

El oficialismo no logró avanzar con la creación de una Comisión de Malvinas

Se retiraron las propuestas sobre la Comisión de Malvinas y Patricia Bullrich se comprometió a que el próximo martes se abrirá la de Asuntos Constitucionales para tratar todos los proyectos sobre el tema.

Las críticas a Bausili por el oro de las reservas atravesaron el debate en el Senado

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fue uno de los principales blancos de las críticas de Unión por la Patria durante la sesión. Florencia López, Martín Soria y otros integrantes del bloque reclamaron precisiones sobre el destino de los lingotes de oro que salieron del país en 2024 y cuestionaron que la información brindada hasta ahora no permita determinar dónde se encuentran las reservas ni qué operaciones se realizaron con ellas.

López sostuvo que el Banco Central debe informar si los activos fueron depositados en el exterior, utilizados como garantía, vendidos o colocados para obtener rendimientos. También cuestionó las respuestas de Bausili ante el Senado y afirmó que la Auditoría General de la Nación aún no concluyó su revisión sobre la trazabilidad del oro. La senadora vinculó ese debate con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que quedó fuera del temario de la sesión.

Soria, a su vez, impulsó una moción de preferencia para que Bausili vuelva a las comisiones del Senado y presente un informe detallado sobre esas operaciones. El legislador sostuvo que los senadores no deben “invertir la carga de la prueba” frente a decisiones que corresponden a las autoridades de la entidad monetaria. La propuesta no fue aprobada por el recinto.

Maximiliano Abad pidió convocar a un congreso pedagógico nacional

El senador radical Maximiliano Abad reclamó al secretario de Educación de la Nación la convocatoria a un congreso pedagógico nacional para definir una estrategia educativa de largo plazo. Cuestionó el deterioro de los indicadores de aprendizaje y advirtió que, según los resultados de las pruebas PISA, muchos estudiantes de 15 años no alcanzan conocimientos mínimos de Matemáticas.

“Hace más de 30 años que la educación viene en caída”, sostuvo Abad, quien también señaló que hace más de cuatro décadas no se realiza un encuentro de ese tipo. El senador planteó que la educación debe quedar fuera de la disputa partidaria y afirmó que resulta necesaria una política común para enfrentar la pérdida de capital humano y las brechas entre los sistemas educativos provinciales.

Florencia López volvió a reclamar explicaciones por el oro de las reservas del Banco Central

La senadora de Unión por la Patria Florencia López presentó una cuestión de privilegio contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de los lingotes de oro que salieron del país en 2024. Afirmó que el Senado, la Auditoría General de la Nación y la Justicia deben conocer la ubicación de las reservas y las eventuales operaciones realizadas con esos activos.

López sostuvo que hubo cuatro envíos de 250 lingotes cada uno, por un total de mil, y preguntó si fueron vendidos, depositados en garantía o trasladados para obtener rendimientos. También criticó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por una disposición que habilita a la entidad a dar en garantía reservas depositadas en el exterior. “Quieren blindar legalmente una operación que ya hicieron”, afirmó.

Wado de Pedro cuestionó los recortes en universidades, discapacidad y el hospital Garrahan

El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y cuestionó los recortes previstos en el Presupuesto para universidades, discapacidad y salud. Sostuvo que el Gobierno “menosprecia” a más de dos millones de estudiantes del sistema universitario y desconoce leyes aprobadas por el Congreso, como las de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

De Pedro afirmó que el área de discapacidad sufrió un recorte del 40% y reclamó que se cumpla la ley de emergencia del hospital Garrahan. También pidió mejoras salariales, compra de insumos y el cese de las denuncias de persecución laboral en el centro pediátrico. “Póngase a gobernar para los que menos tienen”, expresó.

Alicia Kirchner cuestionó el aumento de la morosidad y habló de “usura social”

La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner planteó una cuestión de privilegio para advertir sobre la situación de las familias endeudadas. “Se legalizó la usura social”, afirmó durante la sesión.

Según señaló, datos del Banco Central de la República Argentina indican que cerca de siete millones de personas registran morosidad y que 3,1 millones de esos casos corresponden a créditos irrecuperables. También sostuvo que Santa Cruz es la segunda provincia con mayores problemas de mora, con un índice del 20,6 por ciento. “Acá nació la usura social”, concluyó.

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Lo hizo en X sobre un recorte de una intervención del senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, quien pidió una de privilegio contra la senadora Juliana Di Tullio –quien tuvo un fuerte cruce con Bausili en la reunión de comisión por el tema– y otros legisladores por “la fábula y el manto de sospecha que se pretende tender sobre el manejo de las reservas y sobre la conducción del Banco Central”.

“Monteverde atendiendo a los kukas mentirosos. Capítulo ‘el oro del BCRA’ del libro ‘Mentiras kukas para operar a un gobierno opositor’. El socialismo del Siglo XXI es la misma basura no importa el lugar del mundo. CIAO!!”, escribió el mandatario.

Monteverde remarcó que, como dijo el presidente del Banco Central, las reservas se encuentran distribuidas, en el caso del oro, entre la bóveda del Banco Central y el Banco de Basilea, que, aseguró, no tiene sucursal en Londres.

“Si desconfían, traigan alguna prueba. Dicen que está en Londres el oro: bueno, demuéstrenlo. No hay por qué desconfiar de la palabra de quien tiene autoridad para hacer el manejo de las reservas. Cualquier senador de esta Cámara puede tener vista del expediente sobre el manejo de las reservas, por supuesto firmando el debido compromiso de confidencialidad, no está oculto”, dijo el senador y recordó que lo que se hizo en el Central con el oro son movimientos idénticos a los que se hicieron en 2011, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Monteverde dijo que se habló de un pedido de acceso a la información pública que no existe y leyó una comunicación de la AGN a la senadora Di Tullio que dice que están aprobados los estados contables del BCRA de 2023 y 2024 y que los del año pasado se encuentran todavía en proceso de análisis. “En relación con la trazabilidad de las reservas de oro del Estado nacional colocadas en el extranjero, se informa que el BCRA ha cumplimentado con la entrega total de la información requerida por esta Auditoría General de la Nación para realizar dicha evaluación específica”, dijo.

“No sigamos con la ficción de dónde están, si se las llevaron, si los ingleses las tienen. Les cuento: no hay vínculo contractual alguno con el Banco de Inglaterra y el Banco Central. Estamos asistiendo a puro fulbito para la tribuna”, aseguró Monteverde.

El legislador nacional cerró y pidió que “se deje de desinformar a la sociedad y de atemorizar con cosas, con ficción. Basta de ficción”.

Bausili en el Senado

Días atrás, Bausili compareció ante el Senado y explicó por primera vez qué pasó con el oro que estaba en las bóvedas del BCRA. Según su relato, a principios de 2024 la entidad decidió trasladar parte de los lingotes al Bank for International Settlements (BIS) en Suiza, aprovechando una “ventana de oportunidad” para convertir barras de menor calidad en otras de mayor liquidez y aceptación en el mercado. Bausili aseguró que todos los movimientos están documentados y auditados por la AGN y por la firma PricewaterhouseCoopers, y que la información no fue difundida en tiempo real para no exponer la estrategia de administración de reservas a operadores del mercado.

La exposición se enmarcó en la defensa del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que busca concentrar el mandato del banco en la estabilidad monetaria y eliminar los mecanismos de financiamiento al Tesoro.

Cinco días después, los senadores peronistas Juliana Di Tullio y Martín Soria presentaron un pedido urgente de citación a Bausili ante las comisiones del Senado, para que explique en detalle el traslado de las 13 toneladas de oro al exterior en 2024.

Los legisladores exigen información sobre fechas, empresas de transporte involucradas, lugar exacto de depósito, riesgos de embargo por parte de acreedores extranjeros y las razones por las que los estados contables de 2024 y 2025 no precisaron la ubicación ni los riesgos de la operación.

Además, Di Tullio cuestionó directamente la veracidad del relato de Bausili: afirmó que el oro no está en Suiza sino en el Bank of England, en Londres, y que el funcionario mintió al Senado. Por su parte, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, también contradijo a Bausili: aclaró que la auditoría del movimiento del oro aún no se realizó, debido a que el BCRA se negó a entregar la información necesaria.

El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.

La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.

El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.

La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.

Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.

La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.

Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.

El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.

El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.

La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.

Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.

La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.

El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.

La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.

La iniciativa cuestionó el viaje del funcionario a Santa Marta junto a su familia, ocurrido pocos días después de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La oposición promovió el trámite al considerar que el ministro debía permanecer al frente de las acciones institucionales durante la crisis.

No obstante, con el resultado en la plenaria, Beltrán conservó el respaldo necesario para seguir al frente de la entidad. En la previa de la votación, el funcionario había señalado que mantendría su trabajo en las acciones de reconstrucción tras el sismo de magnitud 7,4.

La votación dejó una diferencia de 34 votos a favor de la permanencia de Beltrán.

A través de sus redes sociales, el alto funcionario se pronunció y reconoció los resultados favorables para su gestión. Dijo que estos “siempre hablarán más alto que las críticas y los ataques. Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA por confiarme la responsabilidad de reconstruir a Colombia, así como a los senadores que respaldaron el trabajo que venimos realizando desde el primer día de la emergencia. El compromiso con los territorios es nuestro único objetivo”.

“Seguimos siendo ministro de Vivienda. Lo recibo con serenidad, pero con una convicción muy clara. A la moción se le responde con hechos, a la crítica con resultados y a los colombianos con el cumplimiento. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro camino. Por eso tenemos mucho por hacer y no vamos a detenernos. Vamos a seguir yendo a los territorios, trabajando en cada uno de los municipios, escuchando a las familias y convirtiendo las decisiones en soluciones reales”, dijo.

También aseguró que su prioridad es no es “hacer política con los problemas de la gente”, sino para resolverlo y que su desempeño como ministro estará enfocado en este objetivo.

“Agradezco a Dios, a toda la gente que nos ha respaldado. La moción termina, pero el trabajo continúa y vamos a seguir cumpliéndole a todos los colombianos con resultados”, agregó.

Se suspendió el debate de moción de censura

Tras la votación en la plenaria del Senado, en la Cámara de Representantes se extendió la proposición de suspender el debate contra el jefe de la cartera de Vivienda.

El representante Julio Cesar Triana integró el equipo que realizó la iniciativa, con base en el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política que reza: “Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma”.

“Ya la plenaria de Senado se pronunció con 27 votos a favor y 61 en contra, negando la moción de censura del ministro de vivienda, por tanto, queda anulado el debate en la Cámara”, dijo el servidor legislativo.

“No lamento una foto con mi esposa y mis hijos”, dijo el ministro de Vivienda tras la polémica por su viaje

En medio del debate, el ministro de Vivienda volvió a ofrecer disculpas por su viaje a Santa Marta después de la emergencia causada por el terremotp.

El funcionario sostuvo que lamentaba si alguien se sintió ofendido por las imágenes divulgadas, aunque defendió la fotografía en la que apareció junto a su esposa e hijos.

“Si alguien se sintió ofendido, mil disculpas. Pero es que pedir disculpas es grandeza de aquellos que tienen el carácter y la caballerosidad de ponerle la cara al país. Ahora, tengo que decirlas con franqueza. Es lamentable este hecho, pero lo que no lamento es que me hayan tomado una foto con mi esposa y con mis hijos, y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar que no debía estar. Eso ustedes lo tienen que reconocer, porque la foto es con mi esposa al lado, la foto es con mis hijos sentados y la foto es con el celular trabajando con el equipo. Lo que me parece curioso es que condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen ocultas”, afirmó.

Beltrán aseguró que atendía asuntos de su despacho desde su celular cuando se tomó la imagen.

México autorizó el ingreso temporal de 139 militares del Ejército de Estados Unidos que participarán, junto con personal de las Fuerzas Armadas mexicanas, en un ejercicio especializado de adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los elementos pertenecen a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, con sede en Fort Campbell, Kentucky. El contingente tiene previsto llegar el 20 de septiembre a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis y permanecer en territorio nacional hasta el día 30.

El Senado aprobó el ejercicio conjunto con 75 votos a favor durante la sesión del 14 de septiembre, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara permitir el ingreso de los militares extranjeros para participar en el denominado Ejercicio Especializado Conjunto. La resolución fue considerada de urgente resolución.

El permiso se sustenta en el artículo 76, fracción III, de la Constitución, que establece entre las facultades exclusivas del Senado autorizar la salida de tropas nacionales fuera del país, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la permanencia de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas.

En este caso, la autorización contempla una estancia de diez días y establece que los 139 militares ingresarán con armamento. El documento no detalla qué tipo de armas llevarán, pero sí señala que serán trasladados a México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que arribará a la Quinta Zona Aérea Militar de Santa Gertrudis el 20 de septiembre.

El ejercicio tendrá como objetivo fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas de ambos países mediante la planeación y ejecución de operaciones militares. La autorización contempla que las actividades se desarrollen bajo los principios de respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración.

El acuerdo también establece que no existirá subordinación entre las fuerzas participantes, por lo que el personal estadounidense mantendrá su propia cadena de mando mientras permanezca en México. La salida del contingente está prevista para el 30 de septiembre.

Santa Gertrudis, un centro de adiestramiento militar en Chihuahua

El ejercicio tendrá como sede el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, un complejo militar utilizado por las Fuerzas Armadas mexicanas para preparar a sus elementos en distintos escenarios de operación.

La instalación también ha sido utilizada para ejercicios con personal militar extranjero. En el caso de 2026, la autorización para la 101ª División Aerotransportada se distingue por el tamaño del contingente y por tratarse de una división del Ejército estadounidense, mientras que otros permisos aprobados durante el año han involucrado principalmente unidades de operaciones especiales y personal de la Marina estadounidense.

La llegada de los 139 militares no implica que vayan a incorporarse a tareas de seguridad pública ni que participen en operativos contra grupos criminales. El decreto limita su presencia al ejercicio de adiestramiento autorizado y al periodo establecido por el Senado.

Chihuahua ya había enfrentado una polémica por la presencia de agentes de EU

La autorización para el ejercicio militar ocurre meses después de una controversia sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua.

En abril, dos agentes estadounidenses, identificados por autoridades mexicanas como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), murieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua después de un operativo realizado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. La acción estuvo relacionada con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El caso generó cuestionamientos porque el gobierno federal señaló que no había sido informado de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicaciones a las autoridades de Chihuahua y señaló que debía determinarse bajo qué marco habían actuado los extranjeros en territorio nacional.

El Senado también intervino. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó citar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para que explicaran la participación de los agentes estadounidenses en el operativo. Los legisladores plantearon posibles implicaciones constitucionales y cuestionaron que no hubiera existido coordinación con el gobierno federal.

Campos sostuvo que no tenía conocimiento de que agentes estadounidenses participaran en operaciones de seguridad en la entidad.

La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación por los hechos. Para mayo, la dependencia había tomado declaración a 40 de las 43 personas que participaron en el operativo, de acuerdo con información difundida sobre la indagatoria federal.

El episodio y la autorización aprobada ahora corresponden a situaciones distintas. En abril se cuestionó la participación de agentes extranjeros en una operación contra un grupo criminal y el conocimiento que tenían las autoridades federales; en septiembre, el Senado autorizó expresamente el ingreso temporal de militares estadounidenses para un ejercicio de adiestramiento con fuerzas mexicanas.

Los militares de EU que México ha autorizado a ingresar en 2026

El permiso para el contingente de Santa Gertrudis forma parte de una serie de autorizaciones aprobadas durante 2026 para permitir el ingreso temporal de militares estadounidenses con objetivos de capacitación junto a fuerzas mexicanas.

En febrero, el Senado autorizó la entrada de 19 integrantes del Equipo SEAL 2 de la Marina de Estados Unidos para participar en actividades de adiestramiento con personal de la Secretaría de Marina en Campeche. El periodo contemplado fue del 15 de febrero al 16 de abril.

Ese mismo mes se aprobó el ingreso de 12 integrantes del 7º Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte para participar en el ejercicio SOF1 “Capacitación MEXSOF”. Las actividades fueron programadas en instalaciones de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, así como en Cozumel, Quintana Roo.

En marzo, el Senado autorizó otros 35 militares estadounidenses para el evento SOF 32, denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”. El contingente estuvo integrado por personal de distintas unidades y especialidades, entre ellas fuerzas especiales, Navy SEAL, técnicos en desactivación de explosivos y especialistas de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa.

Las actividades de ese ejercicio fueron previstas en instalaciones de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, de acuerdo con la documentación presentada ante el Senado.

Durante el año también se autorizó la participación de personal estadounidense en el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, en Campeche, así como el ingreso de integrantes del Equipo 8 de los Navy SEAL para el ejercicio SOF4, con actividades previstas en distintos puntos del país.

A estos permisos se sumaron nuevas autorizaciones para integrantes del 7º Grupo de Operaciones Especiales durante el segundo semestre de 2026. El patrón muestra que los ejercicios conjuntos han involucrado unidades distintas y se han desarrollado en instalaciones militares de varios estados, con permisos específicos para cada actividad.

La autorización aprobada el 14 de septiembre incorpora ahora a la 101ª División Aerotransportada a ese esquema de entrenamiento bilateral. Sus 139 integrantes permanecerán diez días en Santa Gertrudis y deberán abandonar México al concluir el ejercicio, el 30 de septiembre.

La medida modifica el límite que existía hasta ahora para las comitivas oficiales. Antes de este acuerdo, los parlamentarios tenían autorización para viajar acompañados de un máximo de dos colaboradores de sus despachos. Con la nueva disposición, ese número se duplica y permite que los directivos de ambas cámaras cuenten con un equipo más amplio durante sus actividades de representación.

El cambio fue revelado en una investigación difundida por Cuarto Poder, programa dominical de América Multimedia, que informó sobre el acuerdo adoptado por la administración parlamentaria y sus implicancias para el uso de recursos públicos.

La disposición alcanza a los ocho integrantes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. De esta manera, los presidentes y vicepresidentes de ambas cámaras podrán conformar comitivas de hasta cuatro trabajadores durante los cinco días hábiles correspondientes al periodo mensual de representación.

Congreso pagará pasajes y viáticos de los asesores

Uno de los aspectos que genera mayor atención alrededor de la nueva disposición es que los trabajadores que acompañen a los directivos no tendrán que asumir sus gastos de desplazamiento. El Congreso financiará los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes a estos viajes de representación.

Los recursos serán destinados a cubrir los gastos de estadía y alimentación del personal durante las actividades desarrolladas fuera de Lima. Así, el beneficio no se limita únicamente a la posibilidad de llevar a una mayor cantidad de trabajadores, sino que contempla que los gastos asociados al desplazamiento sean cubiertos por el presupuesto del Parlamento.

La autorización rige durante los cinco días hábiles que dura la semana de representación, periodo en el que los legisladores se trasladan a distintas regiones para realizar actividades vinculadas con sus funciones y mantener contacto con la población.

¿Cuántos asesores podrán viajar con los directivos del Congreso?

La modificación establece una diferencia importante respecto de las reglas que estaban vigentes anteriormente. Hasta antes del nuevo acuerdo, los parlamentarios podían viajar oficialmente acompañados de dos colaboradores.

Ahora, los integrantes de las mesas directivas podrán hacerlo con hasta cuatro trabajadores, lo que representa el doble de la cantidad autorizada previamente.

El beneficio comprende a los integrantes de las presidencias y vicepresidencias del Senado y la Cámara de Diputados. En total, son ocho los miembros de las mesas directivas de ambas cámaras que podrán acogerse a esta disposición durante sus actividades de representación.

Memorando formalizó la nueva disposición del Parlamento

La autorización administrativa quedó registrada en el Memorando N.° 037-2026-2027-OM-CR, documento que fue firmado por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez.

El memorando fue remitido el 8 de setiembre al director de Administración, Giancarlo Bernal Negreiros, para que procediera con su cumplimiento inmediato.

El documento formalizó el acuerdo que había sido adoptado previamente por la Mesa Directiva del Congreso el 2 de setiembre. A partir de esta decisión quedaron modificadas las condiciones logísticas para los desplazamientos de los integrantes de las mesas directivas durante la semana de representación.

¿En qué se sustenta el acuerdo para ampliar las comitivas?

La decisión administrativa se sustentó en los artículos 27 y 37 del Reglamento del Congreso, normas que regulan aspectos vinculados con la coordinación administrativa y el contacto de los legisladores con la población.

De acuerdo con el sustento utilizado para aprobar la medida, las funciones de los integrantes de las mesas directivas implican un despliegue constante en el territorio nacional. Por ello, se consideró necesario modificar las condiciones bajo las cuales pueden desarrollar sus actividades de representación.

La ampliación de las comitivas busca proporcionar mayor respaldo logístico a los directivos durante sus viajes. Los trabajadores que los acompañen podrán cumplir labores relacionadas con la organización y el soporte de las actividades programadas durante las visitas a las regiones.

Directivos podrán trasladarse a cualquier región durante la semana de representación

Según la información difundida, los ocho integrantes de las mesas directivas podrán trasladarse a cualquier región del país durante la semana de representación.

La medida comprende tanto a quienes ocupen las presidencias como a quienes ejerzan las vicepresidencias del Senado y de la Cámara de Diputados.

El periodo de representación tiene una duración de cinco días hábiles, durante los cuales los legisladores desarrollan actividades fuera de la capital. En este caso, los directivos podrán contar con hasta cuatro trabajadores que los acompañen y cuyos gastos sean asumidos por el Congreso.

Ante la pregunta sobre a qué se debían sus faltas, el legislador respondió inicialmente que todas habían sido justificadas, pero evitó detallar los motivos.

La periodista insistió en que la ciudadanía debía conocer las razones de sus ausencias. “Sí las justifiqué”, respondió Gómez Leal.

Castillo volvió a preguntarle cuáles habían sido los motivos, ante lo que el senador cuestionó a la reportera sobre si alguien le había pedido realizar esas preguntas.

“¿Te preguntaron?”, insistió el legislador en varias ocasiones.

La periodista respondió que, como representante de los medios de comunicación, fungía como intermediaria entre los ciudadanos y los funcionarios públicos.

Cuestiona sobre los ingresos de la comunicadora

El intercambio subió de tono cuando Gómez Leal le preguntó a Castillo si podía mostrar sus ingresos, a lo que la periodista respondió que sí, aunque aclaró que ella no era servidora pública y, por tanto, no tenía las mismas obligaciones que un funcionario.

El senador entonces acusó a la comunicadora de haber difundido información falsa y cuestionó su trabajo periodístico. “Has levantado unos falsos”, señaló Gómez Leal.

Castillo le preguntó si había ejercido su derecho de réplica para aclarar los señalamientos, pero el senador respondió que no lo había hecho con ella porque, según dijo, primero difundía información falsa y después solicitaba una aclaración. “Eso no es periodismo”, afirmó el legislador.

La periodista rechazó el señalamiento y sostuvo que Gómez Leal no podía decirle cómo realizar su trabajo. También le recordó que, a diferencia de él, ella no recibía un salario del pueblo al no ser servidora pública.

“¿Pero quién te paga entonces?”, preguntó el senador.

La reportera respondió que trabajaba para una empresa y propuso cambiar los papeles para que Gómez Leal pudiera entrevistarse con ella como periodista.

José Ramón Gómez Leal atribuye ausencia a enfermedad

Después del intercambio, Castillo regresó al cuestionamiento inicial y preguntó nuevamente al senador por sus faltas al Senado.

Gómez Leal aseguró que ya había justificado sus ausencias y finalmente explicó que una de ellas se debió a que se enfermó.

“Me enfermé”, respondió.

Cuando la periodista le preguntó si ya se encontraba recuperado para retomar sus actividades, el senador aseguró que sí.

Sin embargo, Castillo le recordó que el día anterior también había faltado, a lo que Gómez Leal respondió que durante la tarde ya se encontraba bien.

El legislador incluso ofreció de manera irónica, mostrar sus conversaciones con el médico que lo atendió para acreditar que sus ausencias estuvieron relacionadas con su estado de salud.

“Si gustas también te puedo enseñar mis conversaciones con el doctor”, señaló.

La periodista respondió que, más que a ella, esa información debía ser conocida por la ciudadanía.

Esta conversación se da en el contexto que en días pasados, Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., reveló conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador José Ramón Gómez Leal desde 2021.

Organizaciones de la sociedad civil argentinas solicitaron a la senadora Patricia Bullrich que se eliminen los artículos del proyecto de Ley General de Sociedades que habilitan la existencia de sociedades automatizadas y autónomas, tras expresar objeciones constitucionales y advertir sobre riesgos no resueltos en torno al control humano sobre sistemas de inteligencia artificial.

En una carta dirigida a Bullrich y al Senado, los firmantes señalaron que la propuesta legal sometida a discusión permitiría la constitución de entidades jurídicas operadas por algoritmos con solo un representante legal nominal y sin supervisión humana documentada. Las organizaciones requirieron la convocatoria a una audiencia pública y la supresión integral del artículo 14 (Sociedad Automatizada) y de la Sección V, artículos 258 a 265, referida a Sociedades Autónomas Descentralizadas (DAO).

El documento recuerda que, en audiencias realizadas entre junio y agosto en la Comisión de Legislación General, especialistas en derecho societario y penal convocados por el Senado advirtieron sobre la imposibilidad de atribuir responsabilidad penal o civil a sistemas sin una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. Entre los citados figuran la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores. Asimismo, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó objeciones y solicitó retirar ambas figuras del proyecto, mientras que el ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, pidió su exclusión definitiva.

El texto de la sociedad civil recopila declaraciones de responsables y defensores del proyecto ante el Senado. Menciona que el ministro Federico Sturzenegger, impulsor de la reforma, caracterizó la iniciativa como un “experimento” y reconoció la ausencia de antecedentes comparables en el derecho societario nacional. Añade que Emiliano Kargieman, defensor de las sociedades autónomas, expresó ante la comisión legislativa que este tipo de entidades requieren una regulación mayor que las corporaciones tradicionales, opinión opuesta a la contemplada en los artículos bajo cuestionamiento.

Las organizaciones también se refieren a recientes advertencias internacionales. Citan el caso de Jacob Coxon, ex investigador de OpenAI y Anthropic, quien aseguró en septiembre que ambas empresas no están gestionando responsablemente el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. De acuerdo con la reconstrucción mediática, Evan Hubinger, integrante de Anthropic, sostuvo públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial cause daños graves a la humanidad supera el 10% en la próxima década.

La misiva pone de relieve que las preocupaciones sobre la atribución de responsabilidad y la capacidad efectiva de control por parte de personas físicas han sido planteadas desde la primera reunión de comisión del 24 de junio. Según subrayan las ONG, en esa instancia se presentaron diecisiete condiciones mínimas para la viabilidad de una figura de sociedad automatizada, todas rechazadas por el Ejecutivo nacional.

El pedido central a la senadora Bullrich consiste en abrir el debate a la ciudadanía mediante la celebración de una audiencia pública antes de la firma de dictamen, eliminar los artículos en discusión y reescribir el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria significativa tomada mediante inteligencia artificial.

Las entidades firmantes proponen que cualquier régimen futuro para empresas operadas por IA se debata en un marco normativo integral, con gobernanza, auditorías obligatorias y seguros frente a daños, y no a través de artículos insertos en reformas mercantiles generales.

El documento cuenta con el respaldo de más de treinta organizaciones de diversas provincias, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia. A estos colectivos se suman firmas de referentes y especialistas de distintas disciplinas.

Los grupos recordaron que, desde agosto, han presentado propuestas técnicas y alternativas documentadas, sin recibir respuesta formal por parte del Senado ni del oficialismo respecto de su solicitud de audiencia pública.

Los firmantes manifiestan que la aprobación de figuras de sociedades automatizadas sin garantías suficientes puede comprometer la capacidad del derecho argentino para atribuir responsabilidades y proteger derechos en escenarios de daño causado por sistemas basados en inteligencia artificial.

El Poder Ejecutivo solicitó este viernes 11 de septiembre al Senado autorización para que la presidenta Keiko Fujimori salga del país entre el 21 y el 25 de septiembre. La mandataria viajaría a Nueva York, Estados Unidos, para participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El pedido ocurre cuando Fujimori lleva alrededor de 45 días en el cargo y representa su primer viaje oficial al extranjero como presidenta. La solicitud fue aprobada previamente por el Consejo de Ministros, durante su sesión del jueves 10 de septiembre, y ahora deberá ser evaluada por el Senado, de acuerdo con las normas que regulan la salida del territorio nacional de la jefa de Estado.

La agenda presidencial contempla actividades entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre, con una intervención ante la Asamblea General, reuniones con autoridades internacionales, encuentros sobre seguridad y cambio climático y diversas actividades con empresarios e inversionistas. El retorno a Lima está previsto para el viernes 25, según la agenda preliminar presentada por el Ejecutivo.

Keiko Fujimori busca asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

La Semana de Alto Nivel de la ONU se desarrollará en Nueva York del 21 al 28 de septiembre y congregará a representantes de los 193 Estados miembros de la organización. El Debate General, principal actividad del periodo de sesiones, comenzará el martes 22 de septiembre y tendrá como tema central “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

Según la lista provisional de oradores, Keiko Fujimori tendrá el octavo turno de la mañana del martes 22 de septiembre, aproximadamente a las 11:00 horas de Nueva York. Su intervención tendría una duración sugerida de 15 minutos. Antes del Perú están programados los discursos de Brasil, Estados Unidos, Jordania, Türkiye, Kirguistán, Qatar y Lituania.

Después de la intervención peruana se prevén los discursos de Egipto, Chile, Luxemburgo, Finlandia y Francia. El programa general contempla la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles, entre vicepresidentes, viceprimeros ministros, cancilleres y otras autoridades.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la presencia de Fujimori permitirá presentar las prioridades de su administración y los lineamientos de la política exterior peruana. El Ejecutivo también plantea reafirmar el compromiso del país con el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación frente a problemas como la delincuencia organizada transnacional.

Agenda de Fujimori incluye reuniones sobre seguridad, cambio climático e inversión

El miércoles 23 de septiembre, la presidenta tiene previsto participar en un encuentro privado organizado por Rainforest Alliance, denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”. La actividad reunirá a representantes de bancos multilaterales, fundaciones e inversionistas privados.

Ese mismo día, Fujimori participaría en el encuentro presidencial “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, convocado por el Gobierno de Chile. La reunión busca reforzar la cooperación regional frente al crimen organizado y tendría una duración aproximada de 20 minutos, además de una fotografía oficial.

La agenda también contempla una reunión bilateral con António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro está previsto para el 23 de septiembre y permitirá abordar temas de interés para el Perú, entre ellos la cooperación para la gestión del riesgo de desastres y la preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Otros asuntos planteados para esa conversación son el fortalecimiento de la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional y la coordinación en materia migratoria. Además, Fujimori tiene prevista una cena con empresarios iberoamericanos organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University y CEAPI.

Inversiones y reuniones empresariales también forman parte del primer viaje presidencial

El jueves 24 de septiembre, la agenda de Keiko Fujimori en Estados Unidos estará enfocada principalmente en asuntos económicos, comerciales y financieros. Por la mañana participará en un desayuno empresarial organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), donde expondrá las prioridades económicas de su administración ante representantes del sector privado e inversionistas.

Luego acudirá a un diálogo de alto nivel organizado por CAF, dedicado a las oportunidades para fortalecer la cooperación entre Australia y América Latina y el Caribe. El encuentro reunirá a autoridades, empresarios, inversionistas y representantes de organismos multilaterales, con especial atención en infraestructura, energía, transporte, resiliencia y crecimiento sostenible.

La jornada concluirá con una visita oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Fujimori participará en la ceremonia de cierre de la jornada bursátil y realizará el tradicional toque de campana a las 16:00 horas. También están contempladas una recepción por parte de las autoridades de la bolsa, la firma del Libro de Huéspedes Distinguidos y una visita al Trading Floor.

El Ejecutivo sostiene que estas actividades permitirán presentar las oportunidades económicas del Perú y promover inversiones ante actores internacionales. La agenda, sin embargo, todavía tiene carácter preliminar y podría incorporar nuevas reuniones o modificaciones conforme se confirmen invitaciones y compromisos durante los próximos días. Durante la ausencia de Fujimori, el primer vicepresidente de la República quedará a cargo del despacho presidencial, según establece la Constitución.

Es el tema del momento en medios de todo el mundo. El exinvestigador de IA, Jacob Coxon, publicó un hilo en X luego de renunciar a su cargo en Anthropic (la desarrolladora de Claude), en el que advirtió que pronto podría haber sistemas superinteligentes que podrían “matarnos a todos” para finales de la década. A esta advertencia se sumó la de Evan Hubinger, jefe de un equipo de seguridad de esa compañía, quien calculó en más del 10% la probabilidad de extinción de la raza humana en una década, si no se consiguen alinear los desarrollos de los próximos modelos de Inteligencia Artificial.

Argentina no está ajena a este debate que ya tienen repercusión en el plano político. Una de esas discusiones tiene basamento en el Senado: por esta agenda que creció exponencialmente desde el martes, legisladores de distintos bloques aseguran que el oficialismo de La Libertad Avanza deberá frenar la totalidad o al menos una parte central del proyecto de Ley General de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se trata de una de las iniciativas que emociona al propio presidente Javier Milei.

El proyecto busca poner fin a la Ley 19.550 que data de 1972 y promueve la digitalización, flexibiliza el objeto social e introduce las “sociedades automatizadas”, aquellas que desarrollan su actividad mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.

El Gobierno ingresó ese proyecto el 1 de junio de este año y desde entonces se ha debatido en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados al oficialismo han admitido en privado que el debate, que había encontrado algunos cauces en las últimas semanas, seguramente se estanque producto de este nuevo contexto.

“Yo no lo voy a votar”, se sinceró una banca libertaria en estricta reserva. Mirando el panorama, otra figura cercana al oficialismo marcó: “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras, no se puede tratar”. Una fuente gubernamental solamente se ocupó de aclarar que para la Casa Rosada “era una oportunidad importante” para tratar esta temática, pero que entienden que “la discusión pasa por otro lado hoy”. “El proyecto está disponible para cuando consideren oportuno tratarlo”, concluyen.

Hacia finales de agosto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cambios a la ley de Sociedades para poder garantizar el apoyo de bloques aliados que no estaban convencidos de firmar el dictamen. Si bien no se especificó el nuevo texto, la dirigente violeta apuntó a que quede clara la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica”, señaló Bullrich. La sugerencia de que se incorpore una persona jurídica había sido realizada también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez. Por su parte, Sturzenegger había visto con buenos ojos esta modificación y aclaró que solo “la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera”.

El proyecto original que provino desde la Casa Rosada contiene tres capítulos y 277 artículos en total. Se trata de una reforma más amplia que la incorporación de sociedades con sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es por eso que se multiplican las voces entre las bancadas senatoriales de que “es más fácil aprobar el proyecto en general que el capítulo particular que contiene el apartado de la automatización de sociedades”.

El debate que se puede generar sobre esta reforma en particular se inserta en un contexto, cuanto menos, hostil para las pretensiones de Milei, Sturzenegger o los principales impulsores del oficialismo. La discusión que se generó a partir de las declaraciones del exinvestigador en IA de Anthropic ha colocado a la Inteligencia Artificial en el centro del debate global, así como a las capacidades que tienen los Estados Nacionales o las mismas corporaciones para poder evitar que los modelos presentes muten en esquemas superinteligentes a partir de la automejora recursiva.

Para oficialistas y opositores que tienen una banca en el Congreso, la discusión sobre la letra chica del proyecto ya no es viable en términos políticos. Al menos no en el corto y mediano plazo. Es un panorama similar al de la Ley de Tierras hacia comienzos de agosto. Hubo senadores que habían firmado el dictamen de la iniciativa pero que con la cercanía de la sesión para darle media sanción al proyecto dieron marcha atrás y rechazaron capítulos importantes de la misma. Hay senadores que ya afirman en el off the record que no apoyarán la automatización de las sociedades.

En ese contexto, la administración nacional de Milei le ha dado importancia al rol de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de la economía para las próximas décadas. En una entrevista reciente publicada por The Economist, el Presidente volvió a prometer que la Argentina adoptará la IA como ningún otro país y que cree que podría ayudarla a “convertirse en una potencia mundial líder como Estados Unidos” en tan solo 20 años.

El Presidente no ha sido ajeno a este tipo de debates. El proyecto ideado en las usinas de Sturzenegger recibió una respuesta por parte del historiador y escritor Yuval Noah Harari —conocido por libros como Sapiens y Homo Deus, entre otros—, quien advirtió en una columna en el Financial Times que otorgar personería jurídica a agentes de IA les daría una “llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos con capacidades de poseer bienes, contratar personal, iniciar procesos judiciales y hasta de financiar campañas sin que exista una responsabilidad directa detrás de esas decisiones.

La respuesta epistolar del Presidente no tardó en llegar. A través de un texto publicado en el FT, Milei calificó de “inesperada” la preocupación de Harari por esa temática y remarcó que dotar de marco jurídico a las empresas gestionadas por IA “parece ser una característica necesaria” del porvenir tecnológico. Ahí sostuvo que una empresa autónoma sujeta a un marco legal que puede disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad “no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”. Además, consideró que, si las empresas de IA implican riesgos mayores que las dirigidas por humanos, “el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece, no se debilita”, porque estarían sujetas a las mismas sanciones, embargos y posibilidad de disolución que rigen para cualquier compañía no automatizada.

Tras horas de incertidumbre, el senador radical Flavio Fama (Catamarca) estampó este mediodía la firma que faltaba, tras un plenario realizado ayer en la Cámara alta, y el proyecto del Gobierno de Inocencia Fiscal II quedó con dictamen de mayoría y listo para ser sancionado, en caso de ir al recinto, a partir del jueves próximo, tras cumplirse los siete días reglamentarios.

En medio de un clima de desconfianza en ascenso entre el oficialismo libertario y dialoguistas, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron horas atrás en busca de un despacho que quedó frenado por Fama, que dio quorum en el convite y luego se retiró del debate.

De esta manera, la iniciativa en cuestión podría ser sancionada en los próximos días -de haber consenso para ir al recinto- junto a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros asuntos. El objetivo principal del texto es ampliar el régimen vigente a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA.

Con el proyecto -aprobado ya por Diputados-, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida. Otro de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones la ARCA impugna una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo solo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.

En tanto, en el articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre la ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en la Cámara baja, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.

Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual la ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal. Ayer expusieron, en el plenario de las dos comisiones, el contador especializado en derecho tributario Martín Caranta y el abogado especializado en derecho tributario Juan Martín Jovanovich.

Enrique Acevedo, periodista de la cadena Televisa, condenó la intimidación contra periodistas tras ser amenazado por el senador de Morena, Luis Fernando Salazar, luego de un reportaje sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez en donde se asegura que la aspirante a la gubernatura de Baja California hizo un acuerdo con la justicia estadounidense para ser testigo colaborador.

Y es que la mañana del miércoles el senador Luis Fernando Salazar, de Coahuila, respondió a una publicación del reportahe con un mensaje directo dirigido al periodista. “Que locura y que vergüenza, la exhibición del chayote plus al Máximo. Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”, escribió el legislador.

El periodista respondió con una captura de pantalla del mensaje y la frase: “Senador de la república: ‘Vamos a ir tras de ti’”.

El comunicador señaló la amenaza durante el noticiero estelar de la televisora del 9 de septiembre y advirtió que el caso ya no se limita a una controversia sobre un reportaje, sino a los ataques contra periodistas.

“Hay una diferencia entre desmentir información y atacar a quien publica la información, y esa diferencia tiene un peso particular en México, donde cientos de periodistas han sido vigilados, perseguidos, amenazados y asesinados por hacer su trabajo”, afirmó.

Acevedo reconoció el derecho de Ramírez a negar la validez del documento presentado por N+ Focus, pero cuestionó el tono de la respuesta de Salazar. “La senadora ha negado la validez de ese documento y tiene todo el derecho de hacerlo. No obstante, parte de la respuesta a lo publicado en este espacio se ha trasladado al terreno de la descalificación y la amenaza”, señaló.

El conductor subrayó la diferencia entre el desacuerdo legítimo y la intimidación desde una posición de poder. “Cuando frente al trabajo periodístico la respuesta deja de ser: ‘Esto es falso y aquí están las pruebas’, y se convierte en: ‘Vamos a ir tras de ti’, ya no estamos solamente ante una controversia sobre un reportaje. Estamos ante una amenaza directa y pública de un senador de la República contra un periodista”, declaró.

El periodista cerró su intervención ampliando el alcance de la amenaza más allá de su caso personal. “Una embestida de él y quienes como él buscan silenciar no a un individuo en lo particular, sino a la profesión en su conjunto”, afirmó Acevedo.

Salazar borró el mensaje original y ofreció dos aclaraciones distintas

Tras la difusión de su mensaje, Luis Fernando Salazar eliminó el tuit con la amenaza original. Horas después publicó una aclaración.

“En relación con los comentarios recientes, reitero que mi postura fue en defensa de la dignidad y contra el hostigamiento sistemático hacia la senadora Julieta Ramírez. Las acusaciones falsas no deben ser confundidas con el ejercicio periodístico”, escribió el senador en ese primer mensaje.

En un segundo texto matizó su postura sin retractarse de la amenaza inicial. “Mi respeto a la libertad de expresión y el periodismo. El debate público debe basarse en la verdad y no en la difamación. Considero que las acciones legales por daño moral son necesarias y justificadas. Doy por concluido el tema para seguir concentrado en mi trabajo legislativo”, declaró.

La bancada de Morena en el Senado se deslindó de la amenaza

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, defendió en un primer momento la postura de Salazar como parte de la libertad de expresión, aunque después reconoció no compartir el amago y llamó a garantizar la libertad de prensa. El senador Emmanuel Reyes Carmona también se deslindó del mensaje de su compañero de bancada.

Desde la oposición, la senadora del PAN, Lilly Téllez, llevó el tema al pleno del Senado y calificó de “gravísima” la amenaza.

“Es gravísimo que un senador amenace así a un periodista por exhibir la corrupción de otra senadora”, sostuvo.

Téllez vinculó al legislador con los grupos de Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza Cázarez dentro de la bancada morenista. “Quien lo está amenazando, el senador Luis Fernando Salazar, pertenece al grupo del narcosenador Adán Augusto López y del grupo del narcosenador Inzunza... son los más peligrosos de la bancada de los mafiosos, los que tienen estos tratos directos y forman parte de dos cárteles”, declaró.

La legisladora panista advirtió directamente a Acevedo sobre su seguridad y exigió una investigación formal. “Al periodista le quiero decir que extreme precauciones... Exijo a la FGR que abra una investigación de inmediato contra el senador Luis Fernando Salazar por haber amenazado al periodista Enrique Acevedo”, sostuvo.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a no permitir que se destruyan las libertades en el país, mientras el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla calificó de alarmante la amenaza.

La noche del miércoles, la senadora con licencia Julieta Ramírez negó la existencia del documento y calificó el reportaje como una campaña de desprestigio contra el movimiento de Morena. Afirmó que no tiene investigaciones en México ni Estado Unidos y que no se ha reunido con agentes extranjeros, negando acuerdos “escritos o verbales”.

En un video difundido en sus redes sociales, rechazó de manera categórica haber firmado cualquier acuerdo con autoridades estadounidenses y aseguró que no enfrenta investigaciones ni en México ni en Estados Unidos.

“Quiero dejar muy claro que todo el reportaje es completamente falso”, afirmó la legisladora y aspirante a la gubernatura de Baja California, al sostener que el documento mostrado por el medio Nmás “no existe” y que jamás ha tenido contacto de ese tipo con agencias extranjeras.

“No conozco, no he visto ni he firmado el dichoso documento presentado por N+, mucho menos he realizado algún acuerdo, ni verbal ni escrito”, subrayó.

Con esta versión, Ramírez respondió formalmente a una controversia que comenzó tras la difusión de una investigación sobre un presunto acuerdo de colaboración con fiscales federales en San Diego.

La senadora enmarcó el caso como un ataque contra el movimiento de Morena

La legisladora atribuyó el reportaje a una estrategia de desprestigio dirigida contra su partido, no solo contra su persona. “Todo lo publicado es parte de una campaña de desprestigio contra el movimiento al que pertenezco”, señaló.

Ramírez cuestionó el manejo periodístico de las acusaciones y responsabilizó a ciertos medios de amplificarlas sin verificación. “Es muy lamentable que algunos medios y opinadores se presten a ser voceros de estos ataques sin corroborar siquiera la existencia y veracidad de las acusaciones y los documentos presentados”, apuntó.

La senadora con licencia cerró el mensaje con una reafirmación de lealtad política. “Les reitero que mi compromiso y mi lealtad absoluta es con los principios de nuestro movimiento, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la soberanía de México y con el pueblo de mi tierra, Baja California”, declaró.

¿Qué dicen las revelaciones sobre Julieta Ramírez?

La controversia comenzó el 7 y 8 de septiembre, cuando el noticiero estelar de Televisa difundió una investigación de la unidad N+ Focus, firmada por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas. El reportaje señaló que Ramírez habría firmado un proffer agreement con la oficina del condado de San Diego, del Departamento de Justicia estadounidense.

Ese tipo de documento permite a un testigo o persona investigada entregar información sobre un delito a cambio de que su declaración no sea usada directamente en su contra en un juicio.

El texto citado por N+ señaló: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”, se lee en el documento.

Tras la primera difusión del reportaje, Ramírez reaccionó con un mensaje irónico en X, acompañado de un GIF de Michael Jackson: “¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia... cortesía del Canal de las estrellas”.

Un día después, el martes 8 de septiembre, el mismo noticiero transmitió una segunda cápsula donde se ventiló parte del documento. Ese material incluía el nombre de la senadora, el de un subprocurador o subfiscal federal que llevaría el caso en Washington D. C. y el de un testigo colaborador de agencias federales estadounidenses.

Después de la segunda cápsula, la senadora con licencia publicó una captura del documento cuestionando su diseño gráfico. “El gran documento... Ni a ChatGPT llegan... Lo hicieron en Paint”, escribió.

Otro clip incluyó la canción Que no te haga bobo Jacobo, de la banda Molotov, con la frase “Si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa”.

Morena y su bancada en el Senado respaldaron a la legisladora

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, calificó como falsos los señalamientos contra Ramírez. “Yo le creo a Julieta, es una joven muy responsable”, sostuvo Montiel en conferencia de prensa.

La dirigente recordó que, cuando ella misma era secretaria de Bienestar, ya reflexionaba sobre el perfil de la legisladora: “Me hacía la reflexión de su juventud versus la experiencia que se requiere; y la verdad, tengo la mejor opinión de ella”, señaló.

Montiel atribuyó las acusaciones a una campaña negra proveniente de la oposición y extendió un respaldo institucional a nombre del partido. “Desde aquí nuestra solidaridad y respeto y respaldo a nuestra compañera senadora Julieta Ramírez”, declaró. Ramírez agradeció el gesto en redes sociales: “Gracias por su respaldo, dirigenta. No defraudaré su confianza ni la del pueblo de Baja California”.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, calificó de “farsa” los señalamientos y los vinculó con otros casos que involucran a legisladores de su bancada, entre ellos Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza Cázarez. “Yo les puedo confirmar que hablé con ella, yo le creo. Es una mujer íntegra”, afirmó. Mier también aseguró que la campaña de desprestigio no ha afectado la economía nacional ni los mercados financieros, y expresó “un optimismo mesurado” del partido rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Ramírez ya había enfrentado señalamientos en meses pasados

En enero de este año, durante un recorrido por el fraccionamiento Lomas de San Martín, en Tijuana, la senadora con licencia calificó como “temporada de zopilotes” los primeros rumores sobre el retiro de su visa estadounidense.

En ese encuentro, el comunicador Ángel Peña la retó públicamente a viajar juntos a Disneylandia para comprobar que conservaba el documento migratorio, reto que Ramírez optó por ignorar.

En julio, el periodista Luis Chaparro, del medio Pie de Nota, reiteró que Ramírez no contaba con visa vigente y citó reportes del New York Times sobre políticos de Morena que cooperan con la DEA por sospechas de nexos con el crimen organizado.

Ramírez respondió en una entrevista con Pedro Gamboa, en Milenio, donde negó colaborar con Estados Unidos y afirmó que no tenía por qué mostrar su visa. Finalmente, la exhibió físicamente en un acto público el mes de agosto, aunque eso no significa que esté activa.

El caso de Ramírez se suma a los señalamientos previos contra morenistas a los que también es cercana: la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien le fue revocada la visa en mayo de 2025, y su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

En un clima de desconfianza en ascenso entre el oficialismo libertario y dialoguistas, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado no pudo firmar un dictamen de mayoría sobre la ley de Inocencia Fiscal II, cuyo objetivo principal es ampliar el régimen vigente a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA. El radical Flavio Fama (Catamarca), que ayudó al quorum del convite, se retiró del mismo y prometió estampar su acompañamiento en las próximas horas.

Con el proyecto -aprobado ya por Diputados-, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida. Otro de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones la ARCA impugna una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo solo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.

En tanto, en el articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre la ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en la Cámara baja, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.

Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual la ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.

Expositores

Uno de los disertantes fue el contador especializado en derecho tributario Martín Caranta, quien aseguró que el nuevo articulado da “más previsibilidad y libertades a los que cumplen”, además de “blindar el régimen”. Luego, destacó las correcciones sobre ingresos y patrimonio para “dar certidumbre”.

Caranta también observó la visión de “blanqueo” constante debido a la fecha de finalización -31 de diciembre de 2027- y resaltó el “cierre de la laguna de transparencia” relacionado con la incorporación de funcionarios en las exclusiones. Sobre grandes contribuyentes, dijo que 1.000 representan “el 80% de la recaudación”, y que la ARCA informó que hay “400.000 adheridos” al sistema vigente de Inocencia Fiscal I.

Por su parte, el abogado especializado en derecho tributario Juan Martín Jovanovich dijo que ampliar a todas las personas humanas la declaración simplificada “mejora la constitucionalidad de la norma” por “el principio de igualdad” de la Carta Magna -artículo 16- y avaló la implementación de la discrepancia significativa.

Se demora la ley radical

En medio de una frenética jornada de dictámenes y traspiés, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado intentó, sin éxito, firmar un despacho empujado por radicales para imponer un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), apuntado a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas.

Al momento de “circular” el potencial dictamen, en Legislación General no aparecieron las rúbricas del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), la macrista Victoria Huala (La Pampa) y hasta de un integrante del centenario partido, lo que pincela inconvenientes internos dentro del espacio.

En concreto, algunos sugieren que en la compra de insumos, al igual que con el Súper RIGI -también frenado-, se incorpore el término “precio/calidad” para no favorecer a la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

Las comisiones económicas del Congreso de la República sesionarán de manera conjunta el lunes 14 de septiembre a las 2:00 p. m. para debatir y votar la fijación del monto definitivo del Presupuesto General de la Nación para 2027.

La citación fue confirmada por el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Alexander Harley Bermúdez, con el fin de avanzar en la primera etapa del trámite legislativo antes de que venza el plazo máximo fijado por la ley presupuestal.

De acuerdo con el cronograma normativo que rige al Poder Legislativo, el monto consolidado de la ley de apropiaciones de la nación debe quedar definido obligatoriamente antes del 15 de septiembre de 2026.

Una vez aprobada esta cifra global por los congresistas que integran las comisiones senatoriales y de Cámara, la ponencia del proyecto pasará inmediatamente a su primer debate unificado, procedimiento que debe ser votado en su totalidad antes del cierre de dicho mes para dar paso a las discusiones decisivas en las plenarias de ambas corporaciones durante las primeras semanas de octubre.

El proyecto de ley radicado ante la corporación por la administración del presidente Abelardo de la Espriella contempla un monto total de $634,9 billones para el ejercicio fiscal de 2027.

¿En qué se gastarán los $634,9 billones del Presupuesto 2027?

Esta propuesta económica representa un incremento de aproximadamente $59,9 billones frente a los montos iniciales proyectados en la vigencia del año anterior, recursos que estarán orientados de manera prioritaria al pago de obligaciones acumuladas, el cubrimiento de pasivos institucionales y el saneamiento general de las finanzas de la nación.

Desde la vocería oficial del Ministerio de Hacienda, liderada por Miguel Gómez Martínez, se precisó que la mayor parte del incremento en la propuesta presupuestal responde a la necesidad de respaldar compromisos que habían quedado desfinanciados en sectores clave de la administración pública.

Entre estos rubros destacan la salud, el sistema general de pensiones, el ajuste salarial de los empleados públicos del orden nacional y las transferencias requeridas para cubrir de forma definitiva el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el mercado local.

Adicionalmente, uno de los componentes de gasto con mayor asignación de recursos dentro del documento presentado a consideración del Congreso de la República corresponde al servicio de la deuda pública, el cual alcanzará los $155,4 billones para 2027.

La iniciativa económica contempla también las partidas de emergencia requeridas para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto registrado en el territorio nacional, así como una partida especial de $20,9 billones destinados a la ejecución continua de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz a través de 48 entidades ejecutoras del Estado.

En lo relativo a la estrategia de financiación del plan de gastos estatales, el Gobierno nacional confirmó formalmente que no recurrirá a la radicación de una nueva propuesta de reforma tributaria ante las comisiones del Senado y la Cámara.

En su lugar, el equipo económico oficial le apuesta a un fortalecimiento de los mecanismos de recaudo tributario y a la lucha contra la evasión a cargo de la administración de impuestos, de la mano con la aplicación estricta de un plan de austeridad sobre los gastos de funcionamiento no esenciales dentro del aparato público.

Las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo entregadas por el Ejecutivo contemplan un techo para el déficit fiscal de hasta el 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la vigencia de 2027.

La ruta planteada por los técnicos del Ministerio de Hacienda proyecta una reducción gradual de esta cifra en las siguientes vigencias hasta ubicarse en niveles cercanos al 2,3% del PIB en los años posteriores, con el propósito fundamental de estabilizar los indicadores de la deuda pública nacional frente a las agencias internacionales.

Fecha en la que se deberá aprobar el Presupuesto General de la Nación 2027

El cronograma legal estipula que, tras la discusión y votación del monto global en la jornada del lunes 14 de septiembre, las comisiones económicas continuarán de forma ininterrumpida con el estudio de las ponencias sectoriales de inversión.

Las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes iniciarán sus discusiones a partir del 1 de octubre y tendrán como fecha límite el 20 de octubre de 2026 para conciliar el texto definitivo y aprobar la ley general de presupuesto que regirá la asignación de recursos públicos durante el próximo año.

El oficialismo volvió a quedar bloqueado en el Senado, suspendió la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles y perdió la posibilidad de sesionar mañana por falta de votos, en un escenario atravesado por la disputa por los biocombustibles y por un clima político más condicionado por la dinámica electoral en las provincias.

La reunión estaba convocada para las 14 horas con el objetivo de ordenar una sesión que, hasta poco antes, aparecía como casi segura. Una fuente de la Cámara Alta resumió el motivo de la marcha atrás: “No estaban los votos”.

Según Infobae, la suspensión se intentó explicar por la superposición con un plenario de comisiones, pero el problema de fondo era otro: el oficialismo no había logrado cerrar apoyos suficientes para avanzar. La caída de Labor Parlamentaria arrastró también la sesión que La Libertad Avanza buscaba impulsar este jueves.

Poco antes -en la Cámara de Diputados-, la oposición forzó al oficialismo a habilitar el tratamiento en comisiones de los proyectos sobre morosidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Ante la posibilidad de que los bloques opositores lograran quórum sin La Libertad Avanza, el oficialismo ingresó al recinto, dio quórum y acompañó los cronogramas acordados en Labor Parlamentaria.

Para discapacidad, se establecieron reuniones informativas para el 16 de septiembre y dictamen el 23. En el caso de morosidad, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tendrán encuentros informativos los días 15 y 22, con dictamen previsto para el 29 de septiembre.

En paralelo, en el Salón Illia, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendía el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Ese movimiento institucional contrastó con la falta de acuerdo político en el recinto, donde el bloque oficialista no consiguió resolver las diferencias entre senadores de provincias productoras de combustibles de origen vegetal.

El punto que concentra la mayor resistencia es la ley vinculada a los biocombustibles. Un senador opositor describió el núcleo del conflicto con una frase directa: “El eje del debate es biocombustible. Aunque hay dictamen no hay acuerdo”.

“El eje del debate es biocombustible. Aunque hay dictamen no hay acuerdo”. La agenda que el bloque mileísta había terminado de cerrar en un encuentro informal con aliados incluía cambios en los cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad. La jefa de esa bancada es Patricia Bullrich, senadora por Capital Federal.

La tensión principal dentro del debate sobre combustibles renovables enfrenta a los sectores del bioetanol y del biodiésel. Se trata de una discusión sensible para varias provincias, porque impacta sobre intereses productivos distintos y ya provoca cruces dentro de las propias bancadas de la Cámara Alta, de acuerdo con lo que había anticipado el medio en los últimos días.

“Hay varias provincias disconformes. Estamos viendo como lo solucionamos, pasa todo para la semana que viene”, agregó una fuente del oficialismo. “Es cierto que hay algunas empresas que están subsidiadas, pero así nacieron con la ley y hay que darles tiempo para acomodarse”, agregó.

El traspié expone un cambio de clima en el Senado. El escenario actual contrasta con el primer semestre, cuando el oficialismo consiguió exhibir victorias y una capacidad de negociación más pragmática bajo la conducción de Bullrich.

Ahora, a La Libertad Avanza le cuesta avanzar en iniciativas que vayan más allá de la aprobación de pliegos. El caso de los biocombustibles terminó funcionando como la expresión más visible de un problema más amplio: aun con dictamen y una agenda definida, el bloque no logró reunir la mayoría necesaria para llevar el paquete al recinto.

La sesión que el oficialismo quería celebrar este jueves quedó descartada por esa combinación de factores. El caso de los biocombustibles terminó funcionando como la expresión más visible de un problema más amplio: aun con dictamen y una agenda definida, el bloque no logró reunir la mayoría necesaria para llevar el paquete al recinto.

Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, se burló en redes sociales del documento que mostraría el presunto acuerdo de colaboración que habría firmado con Estados Unidos, mismo que calificó de falso y aseguró: “Lo hicieron en Paint”.

Una investigación difundida el lunes por el noticiero estelar de Televisa señaló que Ramírez habría firmado un acuerdo de colaboración preliminar con la oficina del condado de San Diego, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese tipo de documento permite a un testigo o persona investigada entregar información sobre un delito a cambio de que su declaración no sea usada directamente en su contra en un juicio.

El texto señala: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”.

En respuesta, la morenista retó a que se exhibiera el papel completo. “Exijo a [el medio], apelando a su ‘ética periodística’, que presenten el documento supuestamente firmado por una servidora para convertirme en ‘testigo’. Spoiler: no lo tienen porque no existe”, subrayó.

En otra publicación, la legisladora aparecía con un reloj de arena mientras el texto en pantalla decía: “Aquí esperando a que Televisa muestre el dichoso documento que dizque firmé”.

La senadora se lanza contra Televisa

Luego de que el medio Nmás transmitiera este martes una nueva cápsula del caso, donde se ventiló parte del documento que incluye el nombre de la senadora con licencia por Baja California, Julieta Ramírez, el del subprocurador o la subfiscal federal que lleva el caso en Washington D. C. y el de un testigo colaborador de agencias federales de EEUU, la senadora no tardó en reaccionar.

Publicó en su cuenta de X una captura del supuesto proffer agreement con la fiscalía federal estadounidense: “El gran documento... Ni a ChatGPT llegan”, escribió.

Posteriormente, Julieta Ramírez también compartió un video con la canción Que no te haga bobo Jacobo, de la banda Molotov, sobre el fragmento que dice: “Hay un periodista que altera noticias / en un noticiero que está en Televisa / que no te haga bobo Jacobo”. Acompañó el clip con la frase “Si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa”.

Morena respalda a la senadora y descarta los señalamientos

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, salió en defensa de la senadora Julieta Ramírez y calificó como falsos los señalamientos en su contra. “Los señalamientos que se hacen son falsos, ella ya salió a desmentir... Yo le creo a Julieta, es una joven muy responsable, ahora está participando para la coordinación estatal”, sostuvo Montiel en conferencia de prensa.

La dirigente recordó que, cuando ella misma era secretaria de Bienestar, ya reflexionaba sobre el perfil de la legisladora. “En algún momento, cuando todavía yo era secretaria de Bienestar, me hacía la reflexión de su juventud versus la experiencia que se requiere; y la verdad, tengo la mejor opinión de ella”, señaló Montiel.

La dirigente atribuyó las acusaciones a una campaña negra en contra de la legisladora, sin precisar el origen. “Estos ataques suceden por parte, seguramente, de la derecha, de la oposición, porque es una destacada militante allá en Baja California”, señaló.

Morena, a través de su dirigencia, extendió también una postura de respaldo institucional: “Desde aquí nuestra solidaridad y respeto y respaldo a nuestra compañera senadora Julieta Ramírez”.

En respuesta al respaldo partidista, Ramírez agradeció públicamente el apoyo de la dirigente nacional. “Gracias por su respaldo, dirigenta. No defraudaré su confianza ni la del pueblo de Baja California”, escribió en su cuenta de X.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, también salió en defensa de Ramírez y calificó de “farsa” los presuntos acuerdos entre la senadora con licencia y autoridades estadounidenses. “Yo les puedo confirmar que hablé con ella, yo le creo. Es una mujer íntegra”, afirmó.

Mier vinculó los señalamientos contra Ramírez con otros casos que involucran a legisladores de su bancada, entre ellos Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza Cázarez, a quienes atribuyó una campaña orquestada para desestabilizar al movimiento previo a las elecciones intermedias de 2027.

En una reunión que casi termina mal, el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y Presupuesto y Hacienda del Senado pospusieron esta tarde, por una semana, la firma de un dictamen -se prevén serán varios- relacionados con proyectos de diversos bloques para elevar el corte de biocombustibles.

La disputa principal se da entre los sectores del bioetanol versus biodiésel. Es un tema delicado para varias provincias y, como adelantó Infobae en los últimos días, ya genera cruces dentro de las propias bancadas de la Cámara alta.

Primero, la comisión de Minería eligió a sus autoridades -habían quedado prorrogadas por las sesiones extraordinarias del período estival- y la presidencia quedó para la salteña Flavia Royón, ex secretaria de Energía durante un tramo del Gobierno de Alberto Fernández. En tanto, la vice fue para el radical Flavio Fama (Catamarca).

El convite casi se desmadra cuando el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco) pidió que se pasara a cuarto intermedio, con el fin de evitar una discusión sobre las iniciativas en bandeja y una potencial rúbrica de despachos. Esto generó la respuesta veloz del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), quien recordó las mesas de debate de los últimos meses sobre el tópico. Se sumó la tucumana Beatriz Ávila, en representación del sector azucarero.

El primer llamado de atención llegó desde el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que observó la moción de su colega de bancada Godoy. Seguido a ello, desde otro espacio se sugirió dividir la cuestión y acelerar lo del bioetanol, ya que la traba estaría en la falta de acuerdo en el grupo biodiésel. Adhirió a esto el justicialista pampeano Pablo Bensusán.

La palabra esperada en el oficialismo llegó de la mano de su titular, Patricia Bullrich. Se ubicó en el mismo sendero que Atauche. “Hay que avanzar”, dijo la porteña, quien después requirió a su colega de espacio y secretario de la comisión de Energía, el ex radical Pablo Cervi (Neuquén), que leyera nuevos cambios del borrador de dictamen que se quería rubricar. Fue desordenado.

“Es una irregularidad absoluta”, alertó el filo kirchnerista puntano Fernando Salino. “Están hablando de un dictamen que no se conoce y escucho aquí una variedad de opiniones. Es un disparate”, agregó. Al filo del caos y en medio de los intentos de Royón para descomprimir el clima, Bullrich coincidió en reordenar la situación y convocar para la semana que viene.

La jornada en la Cámara alta se encuentra cargada de actividad este miércoles. Por caso, otro plenario continuó con el análisis de la ley de Sociedades que defendió semanas atrás el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que resisten varios dialoguistas.

En tanto, pasadas las 14 se inició la reunión de Labor Parlamentaria, donde los líderes de los bloques definieron sesionar mañana, desde las 11, para aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.

La sesión de mañana servirá para salir del trago amargo que tuvo La Libertad Avanza entre el 6 y 7 de agosto pasado, cuando la oposición fileteó la ley de propiedad privada, que se quedó sin los capítulos sobre barrios populares -se quitó antes del dictamen-, la venta de tierra a extranjeros y modificaciones sobre el manejo del fuego.

Entre los textos sin conflicto que se impulsarán para contener a sus aliados, el oficialismo habilitó que se vote, por ejemplo, el que solicitó el radical Flavio Fama (Catamarca) que declara “como fiesta nacional al ‘Festival del membrillo’ que se celebra anualmente en la localidad de Las Juntas, departamento Ambato”.

Un amplio conjunto de entidades vinculadas al agro, la industria, la energía y las economías regionales solicitó a los senadores nacionales que aceleren el tratamiento y la aprobación del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, correspondiente al Expediente S-809/26 y otros proyectos vinculados. El pedido apunta a que el dictamen favorable emitido por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, llegue cuanto antes al recinto para avanzar hacia su sanción definitiva.

Las organizaciones consideran que la iniciativa representa una actualización superadora de la normativa vigente y una oportunidad estratégica para el desarrollo energético, industrial y agroindustrial del país. Entre sus principales propuestas se encuentra el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas, lo que permitiría ampliar el uso de materias primas de origen agroindustrial y profundizar la agregación de valor en las distintas regiones productivas.

Otro de los ejes destacados por las entidades es el aporte de los biocombustibles a la reducción de emisiones. Según sostienen, una mayor participación de estos combustibles en el transporte contribuiría al proceso de descarbonización y permitiría a la Argentina avanzar en línea con los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética. A la vez, remarcaron que la incorporación de biocombustibles puede mejorar determinadas propiedades técnicas de las mezclas, como el octanaje en las naftas.

El proyecto también plantea un escenario de mayor apertura y competencia para la industria. Entre las posibilidades mencionadas aparecen el desarrollo de un mercado libre, la incorporación de vehículos flex, kits de conversión y nuevas estaciones de servicio de etanol, además de la posibilidad de establecer mayores cortes provinciales de bioetanol y biodiesel. Las entidades destacaron especialmente la previsibilidad de 15 años para las inversiones, junto con el desarrollo de nuevos productos, como el combustible sostenible para aviación (SAF) y alternativas destinadas al transporte marítimo.

Desde el sector productivo también remarcaron el potencial impacto económico del nuevo esquema. La intención es promover una oferta más competitiva de combustibles, con beneficios para el consumidor y, al mismo tiempo, generar inversiones, empleo federal y mayor valor agregado en origen. Para las organizaciones firmantes, la competencia constituye una condición fundamental para que la industria pueda ampliar su escala, incorporar tecnología y desarrollar nuevos mercados.

El documento lleva las firmas de numerosas instituciones, entre ellas Barbechando, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Buenos Aires, las Bolsas de Comercio de Chaco y Rosario, el Centro Azucarero Argentino, CARBIO, la Cámara de Bioetanol de Maíz, CIARA, el Centro de Exportadores de Cereales, el Consejo Agroindustrial Argentino, Coninagro y Maizar, además de organizaciones de productores cañeros y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En conjunto, solicitaron a la Cámara de Senadores que otorgue pronto tratamiento al dictamen y avance con su sanción definitiva.

Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California y aspirante a la gubernatura del estado rumbo a 2027, estaría negociando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador.

De acuerdo con documentos revelados por N+ Focus, la senadora aparece como firmante de un proffer agreement (acuerdo de colaboración preliminar) con la oficina del condado de San Diego. En dicho papel, la funcionaría habría aceptado participar en una reunión de ofrecimiento de pruebas con la fiscalía federal estadounidense y agentes federales para determinar si puede proporcionar información confiable.

El texto señala: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”.

Un proffer agreement es un contrato entre un fiscal y la parte investigada o un testigo que permite entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia no utilice esa declaración directamente en su contra en un juicio.

En el acuerdo, la senadora con licencia se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia, según el medio antes mencionado.

La nota, firmada por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, no precisa por qué delito o delitos podría estar siendo investigada.

Julieta Ramírez reacciona a la revelación

La morenista Julieta Ramírez negó de manera indirecta el contenido del reportaje de N+ Focus a través de un mensaje en su cuenta de X, acompañado del famosos GIF de Michael Jackson comiendo palomitas:

“¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia... cortesía del Canal de las estrellas". La senadora con licencia cerró con la frase:“Sonrían, seguimos adelante”.

Su publicación, sin embargo, causó descontento entre los internautas, quienes comenzaron a cuestionarla ante dichas afirmaciones.

Ramírez y el tema de su visa estadounidense

En enero de este año, la senadora con licencia desmintió a través de redes sociales que el gobierno de Estados Unidos le hubiera retirado la visa, luego de que circularan versiones periodísticas sobre el tema. Durante un recorrido por el fraccionamiento Lomas de San Martín, en Tijuana, calificó los rumores como el inicio de la “temporada de zopilotes”.

En ese encuentro, el comunicador Ángel Peña la retó públicamente a viajar juntos a Disneylandia para comprobar que conservaba el documento migratorio. Ramírez interpretó el comentario como una broma y, ante la insistencia, optó por ignorarlo.

El episodio ocurrió meses después de que a otros actores políticos de Baja California les fuera revocado el visado. En mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la cancelación de su propio permiso. Semanas antes había ocurrido lo mismo con su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

Julieta Ramírez tiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar, de quien fue secretaria particular en el ayuntamiento de Mexicali antes de convertirse en legisladora federal. En julio pasado, la propia gobernadora reconoció haber intentado cooperar con el gobierno estadounidense en una investigación, meses después de que le retiraran la visa.

Ramírez pidió licencia en el Senado el 17 de junio de este año para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California. En un video difundido ese día, dijo: “Antes de iniciar esta nueva etapa, quiero agradecer el profundo honor de representar aquí a mi querido estado”.

Esa misma semana comenzaron a repartirse volantes en Tijuana con la intención de posicionarla frente a otros aspirantes. La senadora con licencia disputa actualmente la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado con Ismael Burgueño, expresidente municipal de Tijuana.

En julio pasado, el medio Pie de Nota reiteró que Ramírez no contaba con visa vigente, que enfrentaba una investigación abierta en Estados Unidos y que formaba parte de un grupo de morenistas que colaboran con autoridades estadounidenses. Chaparro citó entonces reportes del New York Times sobre políticos de Morena que cooperan con la DEA por sospechas de nexos con el crimen organizado.

Ramírez respondió entonces en una entrevista con Pedro Gamboa, en Milenio, que no colaboraba con Estados Unidos, que sí tenía visa vigente y que no tenía por qué mostrarla. Atribuyó los señalamientos a campañas mediáticas internas y externas contra su aspiración a la gubernatura.

Finalmente la funcionaria enseñó su visa en un acto público el pasado mes de agosto.

Astudillo había sido citado por la comisión, presidida por el senador Francisco Calisto Giampietri, para informar sobre la situación de la seguridad ciudadana y las acciones previstas por su portafolio frente al avance del crimen organizado.

Al concluir su exposición inicial, Astudillo solicitó pasar a sesión reservada para responder las preguntas de los senadores, pedido que fue aceptado por Giampietri, quien anunció una breve suspensión para desalojar la sala y reanudar luego la reunión a puerta cerrada.

“El señor ministro está pidiendo una sesión secreta para hacerles respuestas a las preguntas, a lo cual vamos a acceder de acuerdo a lo especificado en el artículo 133 del Reglamento del Senado”, señaló.

Sin embargo, durante la transición hacia la sesión secreta, Astudillo aparentemente no advirtió que su micrófono continuaba encendido y se le escuchó quejarse por la cantidad de material que debía revisar. “Oye, ¿y cómo hago para leer toda esa huev**a?”, consultó a su asistente.

Poco después, pidió una “coca” y “chocolate helado”, en un intercambio que quedó registrado en la transmisión oficial antes de que la señal se interrumpiera.

Previamente, Astudillo había expuesto sobre las nuevas modalidades adoptadas por las organizaciones criminales y señalara que delitos como la extorsión y el sicariato se encuentran entre los principales desafíos para la Policía Nacional (PNP).

“Las amenazas que tuvimos en nuestras épocas, en el caso de delitos como asaltos a bancos y secuestros, ya no se dan. Esos delitos mutaron”, afirmó.

Astudillo sostuvo que estas actividades dieron paso a delitos “mucho más rentables, como la extorsión y el sicariato”, modalidades que, según explicó, han ganado presencia en el escenario criminal del país.

También advirtió que las organizaciones delictivas recurren cada vez más a herramientas tecnológicas y satelitales, mientras que la PNP enfrenta limitaciones para responder a ese nivel de sofisticación. “Hay una brecha tecnológica bastante considerable”, reconoció.

Respecto de los homicidios, el ministro sostuvo que los registros de este año se mantienen en niveles similares a los del año pasado, aunque remarcó que las autoridades deben continuar trabajando para reducir su incidencia.

“Vemos que este año sí hay una diferencia, pero no es que nos ha sobrepasado los homicidios, no es que los homicidios han ensombrecido el país. Lo que pasa es que hay una percepción, eso es lo que tenemos, esa percepción mediática que nos ponen todos los días, pero no escudriñamos y no vemos estos números”, manifestó.

De igual modo, informó que el país cuenta con 1.346 comisarías y propuso que las Fuerzas Armadas asuman una mayor participación en la vigilancia de las fronteras para liberar efectivos policiales y destinarlos a reforzar la seguridad en las ciudades.

Las críticas contra Astudillo se intensificaron tras la masacre y el secuestro registrados en Trujillo (La Libertad), debido a que no se trasladó inicialmente a la zona y atribuyó su ausencia a una “situación familiar muy delicada”, aunque aseguró que coordinó desde Lima el operativo para ubicar al empresario minero víctima del ataque.

El Congreso es la caja de resonancia de la política en general y el Senado de la relación entre el gobierno nacional y las provincias en particular. Y esto se está empezando a observar en el tratamiento de los proyectos que impulsa la Casa Rosada.

Mientras en Diputados se acumulan expedientes relacionados con la creciente morosidad de las empresas y las familias, en la Cámara Alta el deterioro de la relación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada está dificultando el tratamiento de varias iniciativas, incluso algunas que ya cuentan con media sanción.

Con la titular del Senado, y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, corrida de los debates, todo queda en manos del pragmatismo de Patricia Bullrich y la capacidad de prometer y cumplir del jefe de gabinete, Diego Santilli.

Pero esto que funcionó durante la primera mitad de año hoy no parece suficiente porque el Senado entró en un proceso de marchas y contramarchas que hace que la mayoría de los temas que empuja el oficialismo “se encuentra con muchas piedras en el camino”. Estos obstáculos son puestos principalmente por quienes hasta hace no mucho tiempo aportaban los votos para aprobar los proyectos oficiales.

Super RIGI, ley de salud mental, reforma electoral y eliminación de las PASO, ley Hojarasca, ley de sociedades y ley de carbono no avanzan en las comisiones. En las últimas horas se dictaminó la ley de biocombustibles pero hay reclamos de San Luis. Pero el mejor ejemplo del cuello de botella que se vive hoy en el Senado es que los proyectos de ley de Inocencia fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del BCRA recién fueron girados de Diputados, donde ya obtuvieron media sanción, el viernes pasado. Y a nadie le parecía extraña la demora.

La semana pasada, durante el debate del Super RIGI, el radical Maximiliano Abad, el macrista Martín Goerling y el senador de Provincias Unidas Carlos Espínola fueron quienes frenaron el dictamen exigiendo ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer siempre la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero en igualdad de condiciones”. “Si tienen tantos problemas, nos quedamos con el RIGI”, respondió la líder libertaria, Patricia Bullrich.

Pero lo mismo sucede con el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental. Con un tema que está cada vez más presente, el oficialismo buscaba modificar de manera simple y ágil la norma que establece los parámetros de internación.

En este caso es el peronismo el que pone un freno al proyecto del oficialismo, pero lo hace con el apoyo implícito del resto.

Sin embargo, nuevamente fue la oposición dialoguista la que frenó el tema acompañando al peronismo que se opone: “En la tarde del jueves el oficialismo mandó un dictamen en donde suman las observaciones que le hace el bloque del peronismo”.

Algo similar sucede con el debate por la reforma electoral. Aunque Bullrich había anunciado hace una semana atrás que iban a volver a debatir la norma durante el transcurso de la semana que viene, no hay llamado a ninguna comisión al respecto.

“La relación de fuerzas está cambiando y no porque el peronismo se imponga porque, además, tiene muchos problemas internos; sino porque el oficialismo está en una interna que es más silenciosa pero más profunda y porque los gobernadores se están subiendo el precio en medio de un proceso electoral”, explicó una fuente parlamentaria.

Las internas en el peronismo quedan a la vista en cada votación. Se pudo ver en los pliegos de los jueces pero también en el debate sobre la ley de carbono o sobre la de biocombustibles.

Pero en el mundo libertario también hay varios cruces. Por un lado una Patricia Bullrich de la cual la Casa Rosada desconfía. Más precisamente, Karina Milei. En ese escenario cobra vuelo la neuquina Nadia Márquez. La “pastora”, como la denominan algunos porque profesa la religión evangélica, es la voz, los ojos y los oídos de la hermana del Presidente en la Cámara Alta.

Pero, además, en las últimas horas se sumó un pedido de Ivanna Arrascaeta que quiere cambiar la forma de trabajar para que haya reuniones de asesores. En la otra punta está el senador Agustín Monteverde que en las últimas horas citó a una reunión de comisión en su despacho y quiso firmar Super RIGI con una hoja en blanco.

El panorama en el Senado presenta una mayor complejidad que la esperada. La campaña para el 2027 empieza a acelerarse en las provincias y que La Libertad Avanza empiece a colocar candidatos complica el apoyo de los representantes de esas provincias que hasta ahora eran más permeables a los pedidos de La Libertad Avanza.

El oficialismo de La Libertad Avanza en el Senado convocó a continuar con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales que está tratando la Reforma Política con la que el Gobierno busca eliminar o suspender las PASO. El encuentro anterior había sido pausado a través de un cuarto intermedio y se reanudará el martes 15 de septiembre a las 15.30 horas.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, que emitió esta tarde una comunicación a los senadores para invitarlos a la continuación del cuarto intermedio. La fecha de la nueva cita se corresponde con lo que había acordado la Mesa Política este martes, cuando acordaron reanudar las negociaciones formales por la iniciativa que impulsa el oficialismo, denominada formalmente como Proyecto de Ley de Reforma Electoral Integral.

La convocatoria a comisión no implica necesariamente que La Libertad Avanza consiga dictamen ese mismo día. “Vamos a continuar el tratamiento. Se supone que el llamado de acá a las próximas dos semanas va a hacer que en ese interín se puedan seguir negociando aspectos para mejorar nuestra posición”, consignó una importante fuente del oficialismo.

Karina Milei presidió este martes una nueva reunión de la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada, donde la reforma electoral acaparó el debate central junto con otros proyectos de la agenda legislativa. El encuentro de poco más de dos horas marcó el inicio formal de la estrategia para avanzar con los cambios antes de fin de año.

Según una fuente que participó del encuentro, el círculo íntimo del Gobierno definió impulsar el tratamiento de la reforma electoral en la Cámara de Senadores a partir del 15 de septiembre, en una reunión de comisión. La fecha coincide con la presentación del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados. No obstante, otra fuente de Balcarce 50 dejó abierta la posibilidad de que el debate se anticipe: “Quizás arranca antes”, deslizó.

La propuesta abarca la eliminación de las elecciones PASO, un punto que el Gobierno considera estratégico de cara a los comicios de 2027. En Balcarce 50 entienden que prescindir de esas primarias le quitaría al peronismo una herramienta para ordenar su interna. El proyecto también contempla la incorporación de la Ficha Limpia y modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, había anticipado días atrás el regreso de la iniciativa al Congreso y ratificó el alcance de los cambios que busca impulsar el Poder Ejecutivo. “Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital. Queremos terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, detalló la legisladora, en declaraciones recogidas por Infobae.

Además de la reforma electoral, los asistentes al encuentro abordaron la estrategia frente a una convocatoria impulsada por la oposición en Diputados para el 9 de septiembre, que pone sobre la mesa dos temas sensibles para la gestión: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y los niveles récord de mora en el endeudamiento familiar. Una fuente cercana al despacho presidencial restó importancia a los movimientos opositores: “Eso es humo”, resumió.

La convocatoria se da después de una semana con ciertos reveses para el Gobierno. El dictamen del Súper RIGI naufragó este miércoles en el Senado antes de llegar a plasmarse en papel. Senadores aliados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el peronismo disidente bloquearon la firma del despacho al exigir una protección más amplia para los insumos nacionales, en un traspié que dejó expuesta la fragilidad de la coalición legislativa que sostiene al oficialismo.

Los legisladores Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires), Carlos Espínola (peronismo no kirchnerista, Corrientes) y Martín Goerling (PRO, Misiones) fueron los protagonistas del freno. Los tres reclaman ampliar el alcance del concepto “precio/calidad” para que el régimen no favorezca automáticamente a los proveedores extranjeros por sobre los locales. Además, proponen que una oferta nacional se considere competitiva cuando su precio no supere en más de un 15% el valor comparable de la oferta de origen extranjero, siempre que cumpla condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega.

Sin luz verde del Ejecutivo para aceptar los cambios adicionales, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, solo convalidó dos modificaciones que ya venían anticipadas: el beneficio del 20% a favor de bienes de producción local y la exigencia de que las inversiones superiores a 1.000 millones de dólares garanticen capacidad de conexión al sistema eléctrico y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima sin comprometer la seguridad energética.

Ante la resistencia de sus propios aliados, Bullrich fue tajante frente a la prensa acreditada en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, advirtió, en referencia al régimen de incentivos ya vigente.

El Senado de Brasil aprobó en la noche del miércoles un proyecto de ley para regular la explotación de minerales críticos y estratégicos, un paso hacia una mayor extracción de las reservas de tierras raras del país, solo superadas por las de China. Horas más tarde, sin embargo, la misma cámara frenó otra de las iniciativas centrales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a menos de dos meses de una elección que se presenta reñida.

La aprobación del marco regulatorio para tierras raras llega después de que la Cámara de Diputados lo respaldara de forma contundente el 6 de mayo. El texto ahora pasa a manos del mandatario, quien se espera que lo convierta en ley.

La legislación crea un régimen jurídico básico para las tierras raras y otros minerales considerados críticos, además de un fondo destinado a otorgar crédito a proyectos mineros. También contempla incentivos fiscales para el procesamiento de esos materiales dentro del territorio brasileño.

Brasil posee las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, utilizados en una amplia variedad de productos, entre ellos teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de aviones. Mientras China continúa dominando las cadenas globales de suministro de minerales críticos, el país sudamericano busca posicionarse como una alternativa a partir de sus reservas, en momentos en que distintas naciones buscan diversificar sus socios comerciales para reducir su dependencia del gigante asiático.

La norma crea el Fondo de Garantía de la Actividad Minera, con un aporte de 2.000 millones de reales (unos USD 391 millones) del Gobierno federal para respaldar proyectos vinculados a la producción de estos minerales. También incluye un programa específico para incentivar el procesamiento y la transformación de los materiales dentro de Brasil, con beneficios fiscales federales por 5.000 millones de reales (USD 978 millones) distribuidos en créditos impositivos durante cinco años.

El proyecto crea, además, el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos, encargado de señalar los proyectos prioritarios que recibirán respaldo del fondo. La minería, que en algunos casos podría desarrollarse cerca de reservas en la Amazonia, conlleva riesgos ambientales considerables, según se advirtió.

Un análisis conjunto de The Associated Press y Reporter Brasil identificó una ola de inversión estadounidense luego de que China restringiera el año pasado las exportaciones de tierras raras en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos. Entre esas operaciones figura la compra de Serra Verde, el único productor comercial de tierras raras de Brasil, por parte de una firma en la que el Gobierno estadounidense tiene participación.

En abril, la empresa USA Rare Earth informó que había acordado pagar aproximadamente USD 2.800 millones por Serra Verde, propietaria de la mina y la planta de procesamiento Pela Ema, en el estado de Goiás.

Lula reiteró en varias oportunidades que Brasil debe capitalizar el interés internacional por estos minerales para desarrollar una industria nacional, en lugar de limitarse a exportar la materia prima. La disponibilidad de tierras raras en Brasil ya despertó inversión extranjera concreta, como la compra de Serra Verde por parte de una firma vinculada al Gobierno de Estados Unidos, mientras el país sudamericano avanza en un marco legal que busca retener el procesamiento industrial de esos minerales dentro de su propio territorio.

“No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina”, dijo Lula a periodistas en Washington el 7 de mayo, tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Con las tierras raras, vamos a cambiar nuestro comportamiento. Queremos que Brasil sea el gran ganador de estas riquezas.”

Tras ese encuentro, Lula dejó en claro que Brasil también mantiene conversaciones con otros países. “Brasil tiene la obligación de compartir con quien quiera participar con nosotros, sea Estados Unidos, China, Alemania o Francia”, afirmó. En febrero, Brasil e India firmaron un memorando de entendimiento no vinculante sobre minerales críticos y tierras raras para reforzar la cooperación entre ambos países.

El Observatorio del Clima, la mayor red de organizaciones ambientales de Brasil, cuestionó el proyecto al considerar que aumenta la flexibilidad regulatoria sin garantizar contrapartidas económicas, climáticas o socioambientales.

“Los minerales críticos y estratégicos son necesarios para la transición energética, pero esto no puede convertirse en un cheque en blanco para la minería. No tiene sentido (...) acelerar propuestas legislativas que no garantizan los derechos de las comunidades y los territorios afectados”, sostuvo Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima, en un comunicado del 1 de septiembre.

Leonardo Paz Neves, profesor de relaciones internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV), consideró que Brasil debería dar un debate público sobre la exploración y producción de sus recursos. “El acceso ya existe”, señaló Paz Neves en referencia a la reciente compra de Serra Verde por parte de USA Rare Earth. “La gran pregunta aquí es si el Estado va a querer negociar algún tipo de acuerdo privilegiado respecto de ese acceso.”

La misma semana legislativa dejó un revés para Lula. Una comisión del Senado aprobó el jueves una enmienda constitucional para reducir la jornada laboral estándar de seis a cinco días, pero el presidente de la cámara alta, Davi Alcolumbre, no llegó a incluir el proyecto en la agenda de votación del recinto.

La iniciativa, conocida en Brasil como medida “6x1”, es la bandera legislativa que el exsindicalista colocó en el centro de su discurso de campaña, en momentos en que encuestas recientes sugieren que las investigaciones sobre su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, en el marco de una pesquisa federal por presunta corrupción y tráfico de influencias, le restan apoyo. La postergación dejó al mandatario molesto y con señalamientos directos hacia sus rivales.

“Ayer, Brasil volvió a ver quién es quién en el Congreso”, escribió Lula en la red social X. “Mientras intentábamos avanzar con la enmienda constitucional para terminar con la semana laboral de seis días en el Senado, la oposición, liderada por el coordinador de campaña de mi oponente en esta carrera presidencial, trabajaba para bloquearla.”

El senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en la contienda presidencial, suspendió esta semana sus actividades de campaña y respaldó una propuesta alternativa que otorgaría a los trabajadores mayor libertad para negociar sus horarios directamente con los empleadores. Bolsonaro no estuvo presente en Brasilia el miércoles, pero sus aliados trabajaron para impedir una votación en el recinto, convencidos de que su aprobación le daría a Lula una victoria política en un momento en que las encuestas muestran una contienda presidencial pareja.

El Senado no logró reunir el jueves los votos necesarios para tratar la reforma de la semana laboral, por lo que la enmienda quedó pendiente para una eventual sesión especial más adelante en septiembre, con expectativas de que recién pueda someterse a votación después de la primera vuelta electoral. Al tratarse de una enmienda constitucional, la medida requiere al menos 49 votos de los 81 miembros del Senado en cada una de dos rondas, un umbral que el oficialismo no tenía garantizado.

El senador Randolfe Rodrigues, líder del Gobierno en el Congreso, señaló que los aliados de Lula intentarán convencer a Alcolumbre de convocar una sesión especial de votación dedicada a la propuesta más adelante este mes. De todos modos, reconoció que una votación resultaría más viable recién después de la primera vuelta electoral, cuando los senadores regresen a Brasilia.

“Los trabajadores esperan un tema como este desde 1988, y no podíamos arriesgarnos a someterlo a votación, quedar por debajo del número requerido y que la enmienda constitucional fuera rechazada”, dijo Rodrigues. “No teníamos las garantías ni la confianza de que contábamos con los votos.”

El revés se dio en la misma semana en que el Congreso avanzó con al menos otros dos puntos de la agenda prioritaria de Lula: un proyecto que apunta a acelerar megaproyectos de centros de datos y la legislación sobre minerales críticos que otorga al Gobierno mayor control sobre acuerdos mineros. También está prevista una votación final para eliminar de manera permanente un impuesto sobre importaciones de bajo valor, después de que el mandatario resolviera una disputa previa con Alcolumbre.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, declinó que su bancada se sume al frento opositor al que convocó Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, rumbo a las elecciones del 2027 y 2030.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el senador emecista afirmó que “el PRI no tiene autoridad moral” para convocar.

“Yo ayer pensaba justo en eso cuando escuchaba el discurso del pri y decía, el pri no tiene autoridad moral ni para convocar a una borrachera, lo digo con respeto, pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, dijo.

Ayer, El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llama a formar un frente nacional opositor rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, al acusar que los gobiernos de Morena han llevado al país a una crisis de violencia, impunidad, endeudamiento y estancamiento económico.

Durante la sesión de Congreso General por el Segundo Informe de Gobierno, Moreno Cárdenas sostiene que el oficialismo busca debilitar instituciones, perseguir a sus opositores y limitar libertades. También afirma que México se encuentra dividido después de ocho años de gobiernos de Morena.

Desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, el dirigente priista convoca a los partidos de vocación opositora y a los mexicanos inconformes con el rumbo del país a integrarse en una sola alianza nacional.

“No hay espacio para mezquindades ni cálculos políticos”, señala Moreno Cárdenas. “Hay que defender a México y a las familias mexicanas”.

El senador se compromete a que el PRI dará “la batalla por la gente, con valentía, carácter y determinación, como lo hacemos en el PRI”.

Moreno anticipa una coalición para disputar el Congreso en 2027

Moreno Cárdenas afirma que Morena tendría temor ante una eventual coalición partidaria y ciudadana. Sostiene que esa alianza podría obtener la mayoría en el Congreso de la Unión durante las elecciones de 2027.

“Nos persiguen porque quieren callarnos rumbo al 2027 y al 2030, pero lo que realmente tienen en el fondo es pavor, es miedo, porque están moralmente derrotados”, dice el líder priista.

El dirigente nacional del PRI agrega que el oficialismo sabe que la oposición podría ganar la mayoría legislativa. “Saben perfectamente que en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión”.

Moreno también proyecta que ese frente buscará competir por la Presidencia de la República en 2030. “Y no tengan duda, en el 2030, con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la Presidencia de la República”.

El senador afirma que el PRI no será “comparsa” de ningún gobierno. Señala que su partido mantendrá una oposición frente a cualquier intento de someter al Poder Legislativo, debilitar a los órganos autónomos o limitar la libertad de expresión.

Según Moreno Cárdenas, la separación de poderes, las instituciones, los derechos y la democracia deben ser defendidos por quienes representan a la ciudadanía.

El dirigente del PRI acusa a Morena de perseguir a la oposición

Moreno Cárdenas denuncia que los gobiernos de Morena actúan de forma facciosa y totalitaria con el propósito de “exterminar” al PRI y a los partidos opositores.

El senador advierte que su partido no aceptará esas acciones. “Tengan bien presente, no lo vamos a permitir y vamos a defender este país”, expresa desde la tribuna de San Lázaro.

También cuestiona los resultados de la administración federal y sostiene que la realidad nacional contradice el discurso oficial. Entre sus señalamientos menciona la inseguridad como una de las preocupaciones centrales de las familias mexicanas.

Moreno Cárdenas afirma que existen cuestionamientos dentro y fuera del país sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, aplicar la ley y combatir a las organizaciones criminales.

Ante legisladores de Morena, el dirigente priista sostiene que podrán presentar listas “para acabar con la libertad de expresión”, pero les exige explicar los señalamientos que, según dice, pesan sobre integrantes de la dirigencia del partido oficialista.

Moreno pide procesar a políticos señalados

El senador asegura que la cúpula de Morena estaría en una “lista negra internacional” por presuntos nexos, acuerdos y pactos con la delincuencia organizada.

“Podrán presentar las listas que quieran para acabar con la libertad de expresión, pero explíquenle al pueblo de México la vergüenza histórica de tener a toda la cúpula de Morena en una lista negra internacional por sus nexos, sus acuerdos y sus pactos con la delincuencia organizada”, declara.

Moreno Cárdenas sostiene que, si los integrantes de Morena tuvieran “un mínimo de decencia”, romperían su supuesto pacto con los cárteles del crimen organizado.

El dirigente priista menciona a López Obrador, Andy, Rocha, Inzunza, Marina y Américo entre políticos que, según sus dichos, son señalados y requeridos por la justicia en otros países.

“Quítense esos lastres de encima. Procésenlos. Llévenlos a la justicia y, si no pueden, entréguenlos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia, la que ustedes no hacen”, demanda Moreno Cárdenas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el regreso presencial del senador Enrique Inzunza Cázares “no mancha” la imagen de la Cámara Alta.

Este martes, ante medios de comunicación, previo a la entrega del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el senador aclaró que los casos del priista, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, e Inzunza Cázares no distraen del trabajo legislativo.

“No, ya dije que la imagen de una persona y sus cuestiones personales no tienen que ver. Nosotros en Cámara de Senadores tenemos una circunstancia que está viendo personal de carácter jurisdiccional, el senador Alejandro Moreno, y otra que no tiene ninguna prueba plena del senador Inzunza, pero eso no va a distraer el trabajo legislativo”, dijo el líder de las y los senadores morenistas.

Analizan si Inzunza seguirá presidiendo comisión

Al ser cuestionado sobre si el senador oriundo de Badiraguato, Sinaloa, Enrique Inzunza, continuará presidiendo la Comisión de Estudios Legislativos tras la separación del Grupo Parlamentario mayoritario, Mier Velazco reconoció que lo están analizando.

De acuerdo con legislador poblano, no han tomado una decisión sobre Inzunza y su presencia en la Comisión en cuestión, porque varios senadores de Morena están con licencia y no quieren mermar a su bancada.

“Vamos a hacer un análisis. Son varios de mis compañeras y compañeros que están en licencia, no es la circunstancia de la Cámara y del Grupo Parlamentario que se reduzca uno sólo de sus integrantes, somos producto de la suma de todos”, agregó.

Pese a separación, Inzunza seguirá votando a favor de la 4T

Ayer, en su regresó a las actividades presenciales en el Senado de la República, el legislador independiente, Enrique Inzunza, ofreció una conferencia de prensa en la que rechazó cualquier nexo con la facción de “Los Chapitos” y, también, adelantó que seguiría votando por las propuestas Morena, pese haberse separado de la bancada guinda.

La aclaración tiene peso específico para Morena. Sin el voto de Inzunza, el partido pierde la mayoría calificada en el Senado. La bancada guinda queda entonces en un margen estrecho: una ausencia o un solo voto en contra bastaría para frenar cualquier reforma constitucional.

Al ser cuestionado sobre el sentido de su voto en las futuras iniciativas que lleguen a la Cámara Alta, el polémico senador respondió:

“Yo solamente tengo unos (principios) y los he demostrado en este Senado apoyando todas las iniciativas que tienen como finalidad consolidar el Estado constitucional de bienestar, que es el proyecto político que abraza la cuarta transformación. Y eso no va a cambiar. Esos son mis principios.”

Deja en el aire regresar a Morena

Sobre si continuará como militante de Morena, Inzunza remitió a la carta que publicó el 26 de agosto en sus redes sociales, donde anunció su salida de la bancada morenista.

“Lo dije claramente en mi carta: no cambio de principios. Seguiré luchando porque México sea un país más justo, más igualitario. Es el proyecto de la cuarta transformación”, afirmó.

Sostuvo que su permanencia en el partido no depende de él: “Mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y la que sea la respetaré”.

Pese a que solicitó a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, ya cerrar la investigación en su contra, Enrique Inzunza, no debe soslayar que la indagatoria en Estados Unidos sigue activa y, en cualquier momento, ese país puede presionar más para que sea detenido y, en el peor de los casos, extraditado.

Aún así, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, consideró que el regreso de Enrique Inzunza “no mancha” la imagen del Senado.

Inzunza Cázarez regresó a las sesiones del Senado sin haber solicitado licencia en el periodo en que estuvo fuera de los trabajos legislativos. En su reaparición ante medios, negó las acusaciones que pesan sobre él desde Estados Unidos.

En el video publica este 31 de agosto en sus redes sociales, Lilly Téllez se presentó desde el Senado y señaló directamente al senador sin partido, “ahí está llegando el narcosenador Inzunza”. La legisladora afirmó que presencia “el momento más vergonzoso en la historia legislativa de México” y lo describió como “el brazo legislativo del crimen organizado”.

Inzunza volvió al Senado y negó los señalamientos en su contra

El mensaje central del legislador de su conferencia fue su negativa a aceptar esa caracterización y las acusaciones de Estados Unidos. Inzunza se defendió en su regreso al Senado con una frase puntual: no es “ni narcomagistrado ni narcolegislador”.

Inzunza calificó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un “hombre honorable”. Esa defensa ocurrió en el contexto de cuestionamientos por los señalamientos en su contra y por su ausencia de las sesiones durante los últimos meses.

Téllez no solo dirigió sus críticas a Inzunza. En su transmisión también mostró a otros integrantes de Morena y mencionó al antiguo coordinador parlamentario Adán Augusto López, a quien igualmente llamó “narcosenador”.

La panista sostuvo que el morenista ocupa un escaño pese a enfrentar, según sus dichos, “los más graves cargos por crímenes, desde asesinatos, desapariciones, todo tipo de confabulaciones criminales con los grupos más violentos de México”. También reclamó que las autoridades mexicanas tendrían que investigarlo y acusó a Morena de protegerlo.

Video de Lilly Téllez amplió la confrontación contra Morena

En la grabación, Téllez recorrió con la cámara distintos curules y extendió sus señalamientos al Grupo Parlamentario guinda. La senadora dijo que “todos los de Morena” respaldan a Inzunza y los calificó al grupo como “la bancada de los mafiosos”.

Durante ese mismo mensaje mencionó al exsecretario particular de López Obrador, Alejandro Esquer, y a la senadora Lucía Trasviña.

La legisladora insistió en que Inzunza debería estar “rindiendo una declaración por sus actos criminales” y pidió a quienes ven la transmisión que compartan el video. Hacia el final del mensaje, llamó a las “familias mexicanas” a indignarse, afirmó que “todo México sabe que es un criminal” y sostuvo que el país “no puede permitir esto”.

Inzunza reaparece en el Senado y rechaza señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado

Tras cuatro meses fuera de las sesiones, Enrique Inzunza reapareció este lunes en el Senado para rechazar los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, defender que no pidió licencia y asegurar que seguirá en el cargo mientras la investigación de la FGR avanza.

En su regreso también salió en defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien llamó “un hombre honorable”, y negó que una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada lo involucre en algún delito.

El senador sin partido sostuvo que durante su ausencia no dejó el trabajo legislativo. Según lo dicho por el legislador, en ese lapso preparó 22 dictámenes como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

La primera explicación que dio fue sobre el receso parlamentario. Dijo que fue designado integrante de la Comisión Permanente, pero que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, decidió no convocarlo a las sesiones.

Después de 118 días de ausencia física, el legislador independiente, Enrique Inzunza, apareció en el Senado de la República para ofrecer una conferencia de prensa debido a los señalamientos sobre presunta colaboración con el crimen organizado y por su separación de la bancada de Morena.

En la conferencia de prensa, Inzunza señaló que, a pesar de haberse separado de la bancada guinda, seguirá votando por las propuestas de Morena en el Senado.

Dicha aclaración resulta de gran importancia para Morena, pues, sin el voto de Inzunza, el partido perdería la posibilidad de mantener la mayoría calificada en el Senado. Esa situación pondría en un margen muy estrecho a la bancada guinda, pues estaría a una ausencia o un solo sufragio de no poder aprobar reformas constitucionales.

Enrique Inzunza no es parte de la bancada de Morena “por decisión propia”

Ante la pregunta sobre el sentido de su voto en los futuros proyectos del Senado, Enrique Inzunza respondió: “Yo solamente tengo unos (principios) y los he demostrado en este Senado apoyando todas las iniciativas que tienen como finalidad consolidar el Estado constitucional de bienestar, que es el proyecto político que abraza la Cuarta Transformación. Y eso no va a cambiar. Esos son mis principios.”

De igual modo, el senador informó que “no considero que tal o cual persona me haya dado la espalda” respecto a las críticas y consideraciones de otros miembros de Morena que respaldaron la idea de que debió solicitar licencia.

Respecto a la interrogante sobre si se mantendrá como militante y miembro de Morena, Inzunza citó la carta que publicó el pasado 26 de agosto en sus redes sociales, en la que informó de su separación de la bancada morenista:

“Lo dije claramente en mi carta que no cambio de principios. Seguiré luchando porque México sea un país más justo, más igualitario. Es el proyecto de la Cuarta Transformación.”

Agregó que su condición como militante de Morena no es algo que esté en sus manos, sin embargo, aseguró que “mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y la que sea la respetaré”.

Enrique Inzunza reaparece en el Senado y rechaza señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

El senador sin partido aseguró que durante su ausencia no abandonó el trabajo parlamentario. Dijo que, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, preparó 22 dictámenes y que permaneció en Culiacán, donde acudió a su oficina y continuó con sus responsabilidades.

Uno de los ejes de su conferencia fue el origen de los señalamientos desde Estados Unidos. Inzunza afirmó que el documento difundido por autoridades de ese país no ha sido acompañado, hasta ahora, por pruebas que acrediten las acusaciones.

El legislador dijo que la FGR mantiene una investigación y que él ya compareció ante el Ministerio Público federal. Añadió que, aunque el fuero constitucional le permite no acudir obligatoriamente a determinadas citaciones, no pretende utilizarlo para evitar a las autoridades. “Acudiré las veces que sea requerido”, aseguró.

Inzunza afirmó: “Yo soy constitucional y verídicamente inocente”. En la misma conferencia agregó: “Son patrañas las que se me atribuyen”. Cuando se le preguntó si teme una detención o un proceso penal, respondió que no. “No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor. Ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado”, dijo.

Otro de los momentos centrales ocurrió cuando fue cuestionado sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, con quien comparte origen en Badiraguato y a quien conoce por su trayectoria en el servicio público. Inzunza evitó opinar sobre las acusaciones particulares que enfrenta el mandatario, pero defendió su trayectoria personal.

“Es un hombre, yo lo considero un hombre honorable, tiene su trayectoria”, afirmó. Luego añadió: “Es un hombre honesto, es un hombre probo, pero a él le corresponde decirlo. A mí me corresponde decir lo que atañe a Enrique Inzunza”.

La incorporación de la figura de “ecocidio” al Código Penal volvió a generar una fuerte reacción en el sector productivo argentino. Mientras el proyecto avanza en el Senado bajo el expediente S-1064/25 y el Orden del Día Nº 122/2026, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y los productores confederados coincidieron en advertir que el texto, en su redacción actual, puede generar una elevada incertidumbre jurídica y terminar alcanzando a actividades productivas legales y reguladas.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta (aunque posteriormente se produjo una controversia por el retiro de firmas de algunos senadores), propone establecer penas de entre 3 y 15 años de prisión; y sanciones de hasta 25 años en casos donde existan circunstancias agravantes.

Por su parte, las entidades aclaran que no cuestionan la necesidad de proteger los recursos naturales. Por el contrario, AFoA en una carta remitida por el presidente de la entidad, Pablo Ruival, a los legisladores de la Cámara Alta, reafirma su compromiso con la preservación ambiental y la sustentabilidad, mientras que desde el CAA se reconoce expresamente la importancia de preservar los recursos naturales. El planteo se concentra en la herramienta elegida: para las organizaciones, el derecho penal no debería avanzar sobre actividades productivas mediante conceptos abiertos que no permitan determinar con precisión qué conducta constituye un delito.

El núcleo de la discusión está en la forma en que el proyecto define el ecocidio. El dictamen contempla penas para quien provoque daños ambientales especialmente graves, extensos y duraderos, mientras que eleva las consecuencias cuando el daño sea considerado irreversible. El proyecto también contempla agravantes si se producen muertes y establece una modalidad culposa, es decir, situaciones que podrían derivar de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes.

¿Sin parámetros técnicos?

Para las entidades productivas, el problema aparece cuando esas categorías no están acompañadas por parámetros técnicos suficientemente determinados. AFoA cuestiona expresamente conceptos como “daño especialmente grave”, “deterioro severo” o “duración temporal”, al considerar que carecen de umbrales cuantitativos objetivos. El CAA plantea una crítica similar y sostiene que la utilización de conceptos normativos indeterminados puede afectar el principio de legalidad penal previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Uno de los puntos que más preocupa al sector es la amplitud de la expresión “cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones”. Según AFoA, el dictamen habría ampliado de esa manera el alcance del proyecto original, que hacía referencia a las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. En la interpretación de la entidad, esa modificación puede hacer que el incumplimiento de una norma administrativa sectorial o incluso de una ordenanza municipal termine funcionando como elemento para configurar un delito federal.

El CAA, en una misiva dirigida al Honorable Senado de la Nación Argentina, y firmada por el titular de ese Consejo, Gustavo Idígoras, coincide en que esta extensión puede generar una situación particularmente compleja para las empresas. En su presentación ante los senadores advierte que una resolución administrativa menor o una ordenanza vinculada con cuestiones como vuelcos o zonificación podría transformarse en el disparador de una causa penal. Para la organización, esto diluye la diferencia entre una infracción administrativa y un delito de máxima gravedad.

¿Impacto o daño ambiental?

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la diferencia entre impacto y daño ambiental. Las entidades sostienen que toda actividad humana genera algún nivel de impacto sobre el ambiente, pero que ello no significa necesariamente que exista un daño ambiental ilegal. Una actividad puede estar autorizada, contar con estudios de impacto ambiental y desarrollarse dentro de los parámetros establecidos por la autoridad competente. El temor del sector es que, sin criterios técnicos precisos, esa actividad regulada pueda quedar expuesta a una interpretación penal posterior.

La cuestión de la remediación también ocupa un lugar central en las críticas. El dictamen establece que el daño ambiental irreversible puede configurarse independientemente de las medidas de mitigación o remediación humana que puedan aplicarse. CAA y AFoA consideran que esa definición puede producir un efecto contraproducente: si la recomposición posterior no modifica la configuración del delito, podría reducirse el incentivo para que las empresas inviertan en reparar rápidamente un área afectada.

La inclusión del “ecocidio culposo” constituye otro de los principales puntos de alarma. El CAA sostiene que la modalidad permitiría avanzar penalmente frente a situaciones derivadas de imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes. Entre los escenarios que menciona aparecen fallas técnicas, accidentes logísticos, errores de cálculo en estudios de impacto ambiental o fenómenos climáticos extremos que no hubieran podido ser anticipados.

AFoA considera que ese esquema puede colocar a directivos, ingenieros y responsables técnicos frente a una exposición penal difícil de dimensionar. La preocupación se profundiza en sectores cuyos procesos productivos se desarrollan durante muchos años y en los que pueden intervenir múltiples responsables, contratistas y condiciones ambientales. Para la entidad forestal, la combinación de tipos penales abiertos y responsabilidad culposa puede multiplicar la litigiosidad y generar un escenario de incertidumbre permanente.

Las sanciones para las personas jurídicas constituyen otro capítulo de la controversia. El CAA señala que el dictamen contempla la suspensión total o parcial de actividades por hasta diez años, inhabilitaciones, pérdida de beneficios estatales y multas de dos a cinco veces el beneficio indebido obtenido. Pero cuando ese beneficio no pueda determinarse, la multa podría calcularse sobre el capital social suscripto, con un rango de entre el 10% y el 20%.

Para las entidades, esa posibilidad puede adquirir una dimensión especialmente delicada cuando se trata de pequeñas y medianas empresas. El CAA advierte que la aplicación preventiva o cautelar de sanciones de esa magnitud podría comprometer la continuidad de una compañía antes de que exista una sentencia firme. AFoA también cuestiona lo que considera sanciones potencialmente confiscatorias y advierte sobre su impacto en empresas de menor escala.

La responsabilidad tampoco quedaría necesariamente limitada al período durante el cual una empresa desarrolla su actividad. El CAA observa especialmente la cláusula relacionada con los fallecimientos derivados del daño ambiental, ya que el agravante podría aplicarse aun cuando la muerte ocurra después de que haya finalizado la actividad considerada contaminante. Para la entidad, esto abre una contingencia penal que podría prolongarse durante años o incluso décadas, dificultando la determinación de responsabilidades y los vínculos causales.

Desde el sector forestal se suma además una preocupación vinculada con el federalismo. La Asociación Forestal Argentina sostiene que la utilización de cualquier normativa ambiental como elemento para configurar un delito federal puede interferir con las competencias de las provincias, que poseen el dominio originario de sus recursos naturales. La entidad advierte que podría producirse una superposición entre las autoridades provinciales que autorizan, fiscalizan y sancionan administrativamente una actividad y una eventual intervención de la Justicia Federal.

El impacto económico es otro de los ejes de la advertencia. AFoA sostiene que la incertidumbre penal puede afectar decisiones de inversión de largo plazo y, particularmente, a la actividad forestoindustrial, cuyos ciclos productivos pueden extenderse entre 10 y 20 años. Según la entidad, la falta de previsibilidad puede dificultar además el acceso a instrumentos de financiamiento verde, que requieren estabilidad institucional para proyectos de largo plazo.

Reclaman “no poner bajo sospecha al que produce”

La advertencia alcanza también al empleo y a las economías regionales. AFoA menciona específicamente a Corrientes, Misiones, Entre Ríos y la región del Delta del Paraná, donde la cadena forestoindustrial genera puestos de trabajo directos e indirectos. Para la entidad, poner en riesgo la continuidad de actividades legales y certificadas puede terminar repercutiendo sobre miles de familias vinculadas con la producción, la industria y los servicios asociados.

El Consejo Agroindustrial, en tanto, extiende esa preocupación a prácticamente toda la estructura productiva: la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la minería y la industria, y sostiene que un marco de imprevisibilidad penal podría paralizar decisiones de inversión en sectores estratégicos. La entidad considera que la seguridad jurídica es una condición necesaria para sostener la producción, el empleo y las inversiones.

En la misma línea se expresó José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, durante la Expo Rural de Colón, al puntualizar que los productores “no necesitan leyes que pongan bajo sospecha al que produce; sino reglas claras, responsabilidad, controles efectivos y diálogo con quienes trabajan todos los días sobre el territorio”. Y agregó que “proteger el ambiente es un objetivo compartido, pero no puede hacerse mediante normas imprecisas que afecten la libertad de producir y de invertir”.

Desde el CAA y AFoA, advierten, además, sobre el modo en que el concepto de ecocidio ya habría sido utilizado en el activismo ambiental, calificando de este modo a plantaciones forestales en Corrientes, operaciones hidrocarburíferas en Vaca Muerta y actividades productivas en el Delta del Paraná, así como del complejo portuario del Gran Rosario. Alertan que si la figura se incorpora al Código Penal con una redacción amplia, podría transformarse en una vía para trasladar conflictos que hoy se desarrollan en el ámbito social, político o administrativo hacia el fuero penal, con la posibilidad de medidas cautelares que afecten el funcionamiento de las empresas.

Modificar el enfoque

Frente a este escenario, las entidades no plantean abandonar la protección ambiental, sino modificar el enfoque. AFoA sostiene que la preservación efectiva requiere gestión territorial, fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización administrativa y promoción de buenas prácticas productivas. Según su presentación, el aumento de las penas por sí mismo no garantiza una reducción del daño ambiental y puede resultar contraproducente si genera incertidumbre sobre actividades legales.

Para las organizaciones productivas, la discusión no debería centrarse en ambiente versus producción, sino en cómo establecer normas que castiguen efectivamente los daños graves sin convertir conceptos jurídicos indeterminados en una amenaza sobre actividades autorizadas.

Por eso, el reclamo al Senado es concreto. AFoA pidió el rechazo total del dictamen; el CAA solicitó que la iniciativa no avance en el recinto; y desde Confederaciones Rurales insistieron en que el ecocidio no debe convertirse en una herramienta para criminalizar la producción.

La bancada de Morena en el Senado eligió por unanimidad a Higinio Martínez Miranda como su propuesta para presidir la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

Esa definición provocó el rechazo público de Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó este 30 de agosto que su ausencia en la plenaria rompe el supuesto consenso porque, a su juicio, la decisión refleja una línea de cercanía con la oposición en un periodo que considera decisivo para la 4T.

En un comunicado difundido por el propio senador, Noroña sostuvo que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado tendrá peso en los meses por venir por tres factores: la “ofensiva” de la ultraderecha a nivel mundial, la presión del gobierno de Estados Unidos y el proceso electoral intermedio de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, los congresos locales y la mayoría de los ayuntamientos.

Fernández Noroña planteó que no faltó a la plenaria por motivos de salud, aunque explicó que el 28 de agosto de 2026 le retiraron el yeso por una fractura en la muñeca izquierda y que el dolor seguía siendo intenso en movimientos básicos. Dijo que su ausencia obedeció a una razón política: rechazar que se llamara consenso a una definición en la que, según su interpretación, no existía unanimidad.

Noroña rechaza que la designación pueda llamarse consenso

El legislador subrayó que el término “consenso” implica consentimiento de todos los integrantes de un grupo. A partir de esa base, sostuvo que lo ocurrido en la plenaria no cumplía con ese criterio y que, en el mejor de los casos, podía hablarse de una mayoría.

Fernández Noroña agradeció a sus compañeros de bancada con quienes habló para solicitar respaldo ante una eventual votación. También distinguió tres respuestas que recibió: quienes le ofrecieron apoyo sin condiciones, quienes le dijeron que solo lo respaldarían si no existía una decisión tomada fuera del Senado y quienes le comunicaron que ya habían comprometido su voto con otro aspirante.

Para Noroña, un proceso de elección libre habría permitido expresar dos formas de hacer política dentro del grupo parlamentario. Afirmó que una votación interna habría funcionado como definición colectiva sobre el rumbo que la bancada considera adecuado frente a la coyuntura, más allá de aspiraciones personales.

El morenista aseguró que el debate no se reduce a nombres, sino a una decisión política sobre la relación que el Senado debe mantener con la oposición. Señaló que la presidencia de la Cámara alta representa la pluralidad del órgano legislativo, pero sostuvo que esa pluralidad no debe, en su visión, cobijar conductas que calificó como traición al pueblo y a la patria.

El senador reivindica su paso por la Mesa Directiva y critica la línea actual

Noroña recordó que presidió la Mesa Directiva durante el primer año de la actual legislatura y consideró que su desempeño fue positivo. Como principal resultado mencionó que durante ese periodo salió adelante la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, además de que, según su balance, mantuvo una conducción seria, respetuosa y firme, con debate abierto.

El senador también evocó el cierre de su gestión, cuando dijo haber sufrido una agresión de legisladores del PRI encabezados por su dirigente nacional, Alito Moreno, y por los coordinadores de las bancadas en ambas cámaras. Afirmó que ese episodio marcó su periodo, que permanece impune y que, además, los agresores recibieron después espacios dentro del propio movimiento.

Sobre la gestión posterior, reconoció el trabajo de Laura Itzel Castillo Juárez al frente de la Mesa Directiva. Señaló que la senadora mantuvo una conducción seria, respetuosa y moderada, sin controversias, y aun así no recibió reconocimiento de la oposición; incluso, dijo, fue criticada de manera injusta durante una ausencia causada por una fractura.

En la parte central de su mensaje, Fernández Noroña sostuvo que la definición adoptada por su bancada equivale a una presidencia de “connivencia” con la oposición. Consideró que esa ruta fortalece campañas contra el movimiento y contra el gobierno, en especial las acusaciones de vínculos con el narco que describió como falsas y parte de una operación para descarrilar a gobiernos populares y democráticos.

Fernández Noroña afirmó que quiso dejar constancia de su desacuerdo para que, con el tiempo, pueda valorarse si su advertencia era correcta. “Mi ausencia es la ruptura del consenso”, escribió.

Noroña dice que ya no busca cargos dentro del Senado

En su comunicado, el senador sostuvo que su postura no responde a una disputa por posiciones internas. Aseguró que ser senador de la República ya representa una alta dignidad de servicio público y que, a partir de esta definición, ya no tiene aspiración alguna dentro del Senado.

También hizo un llamado a fijar una posición “clara y contundente” contra el injerencismo, la violencia de la ultraderecha y las campañas de intriga contra el gobierno y el movimiento. Añadió que Morena debe exigir respeto a sus senadores y senadoras, y defender mecanismos de decisión democráticos y colectivos.

Como cierre, Fernández Noroña advirtió que su preocupación de fondo es que el movimiento avance hacia el verticalismo. Dijo que esa práctica fue una de las características del sistema político autoritario que la izquierda combatió durante décadas y que no debería reproducirse ahora.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, anunció un nuevo paquete anticorrupción ante la bancada de Morena en el Senado, con una reforma que modifica 19 leyes y expidió dos nuevas, según su declaración este 30 de agosto en la sesión plenaria.

El planteamiento incorpora herramientas tecnológicas para que, “en tiempo real”, se conozca mejor cómo se ejerce el presupuesto público, y apunta a elevar la vigilancia sobre contrataciones en dependencias y la “transparencia proactiva en licitaciones”, con publicación de información sin esperar solicitudes ciudadanas, afirmó Alcalde.

La propuesta busca fortalecer las facultades y obligaciones en materia de corrupción y “buen gobierno” del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con la consejera jurídica.

Alcalde sostuvo que el paquete se trabaja desde hace “varios meses” y que el diseño lo encabeza Raquel Buenrostro (secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno), con participación del Tribunal administrativo y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Morena perfila a Higinio Martínez para presidir la Mesa Directiva del Senado

Higinio Martínez será la propuesta de la bancada de Morena para presidir la Mesa Directiva durante el tercer año de la LXVI Legislatura, una decisión tomada este domingo 30 de agosto que cierra varios días de negociaciones internas y lo perfila para conducir las sesiones del pleno a partir del 1 de septiembre en sustitución de Laura Itzel Castillo Juárez.

La definición se concretó en la reunión plenaria de Morena previa al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones. Con ese acuerdo, la Presidencia del Senado quedará en manos, de manera consecutiva, de Gerardo Fernández Noroña en el primer año, Laura Itzel Castillo en el segundo y Martínez en el tercero.

El senador mexiquense fue elegido sin contrincantes al momento de la decisión final, aunque en la competencia interna también figuraban Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Fernández Noroña. Cantón y Huerta retiraron sus aspiraciones para respaldar el acuerdo de unidad.

Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que la designación se alcanzó por consenso dentro de la bancada mayoritaria. Después de la reunión, escribió: “En unidad y por votación unánime hemos elegido a Higinio Martínez como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado”.

La nueva Mesa Directiva entra en funciones el 1 de septiembre

Con el respaldo de Morena y sus aliados, Martínez asumirá la conducción de los trabajos legislativos en la Cámara alta. Entre sus funciones estarán dirigir las sesiones del pleno, ordenar los debates y representar institucionalmente al Senado.

Ese relevo comenzará con el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. La definición ocurrió en la plenaria de Morena, encuentro al que también asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Antes de que se confirmara su designación, Martínez Miranda explicó qué ofrecería a sus compañeros de bancada y a la oposición si llegaba a la Presidencia de la Mesa Directiva. Su respuesta fue que su trabajo se regirá por las normas del Poder Legislativo y por un trato equitativo a las distintas fuerzas políticas.

“Trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento. Es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”, afirmó. También dijo que buscará mantener comunicación con todos los integrantes de la Cámara Alta y que, desde la Mesa Directiva, le corresponderá trabajar con los 128 senadores y senadoras.

La apuesta por una candidatura única se reflejó durante las negociaciones previas. Saúl Monreal sostuvo que “la mejor conveniencia es Higinio” para ocupar la Presidencia del Senado, mientras Mier llamó a privilegiar la unidad y el proyecto político por encima de las aspiraciones personales.

La siempre ansiosa campaña pre electoral que, en la mayoría de las ocasiones, termina en la nada misma, comenzó a mover las bases legislativas en las que podía apoyarse, con cierta suavidad, el oficialismo libertario. Esto se percibe con claridad en el Senado, donde la Unión Cívica Radical (UCR), hoy trascendental para que salgan las leyes, pondrá en juego ocho de sus 10 bancas en 2027 y genera una tensión extra en la Cámara alta, con proyectos que impactan de forma diversa según la provincia, con sus respectivas consecuencias en el recinto.

El escenario se repite en otros bloques más pequeños -el PRO, con tres integrantes- y en los pícaros silvestres provinciales, que se pegotean o se resbalan enjabonados según la iniciativa que aterrice y las necesidades del momento de los mandatarios locales. Al final del camino, los articulados muy pocas veces importan de verdad, más que para hacer política. De allí el desprecio de la Casa Rosada hacia un sistema al que, después, le toca timbre y le lleva rosas.

Quien tiene que ocuparse de cargar toda esta bola de nieve es la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal). Los obligados malabares de la porteña se precipitan por una cuestión simple: la inevitable apertura del oficialismo a dialoguistas para sumar discusiones a la grilla parlamentaria no sólo gatillará el enojo de Balcarce 50, sino que ya empuja disputas entre espacios aliados necesarios a la hora de sesionar. Una encerrona de difícil resolución.

Al margen de que quienes suelen jugarle bien al oficialismo pidieron al Ejecutivo que lo más pesado ocurriera durante el primer semestre del año -perdido por la defensa del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni-, un indicio sólido germinó con la votación de la ley de propiedad privada y los capítulos que dejaron una norma más que fileteada y en cómoda siesta en Diputados.

En aquella jornada fue muy penoso corroborar cómo legisladores a los que se les acaba el mandato en 2027 cambiaban de opinión -antes que se quitara el capítulo sobre manejo del fuego, a minutos de la votación en general del texto- si sospechaban que su comprovinciano rechazaría dicho articulado. Un caso entre un radical y una persona del macrismo fue el más delirante. Como no se consumó, pueden negarlo con total impunidad.

Durante la semana que termina, en la Cámara alta pasó de amarillo a naranja la trifulca entre azucareros y el complejo maíz/soja por un potencial corte en biocombustibles que favorecería más a los primeros, con guiño libertario. Esto implicaría un sablazo en las bancadas de la UCR y también del kirchnerismo, con legisladores que defenderán esos intereses sin importar la cohesión interna. Se había prometido una convocatoria de comisiones para los próximos días, con el objetivo de dictaminar, pero aún no fue oficializada.

Por ahora mantiene un olvido sobre la ley de zonas frías -y la promesa de cálidas- que salió de Diputados. Esto también dispara rispideces dentro de algunos partidos que prefieren esperar y sumar otra compulsa interna. “Si exponemos a tres o cuatro que siempre nos ayudaron, con los meses que vienen por delante y la campaña por un cargo en sus distritos o para renovar banca, corremos el riesgo de perderlos para siempre”, deslizaron a Infobae desde un despacho oficialista de peso.

Esto también es percibido por otras oficinas de poder en la Cámara alta, que ratifican sin dudar que varios de los inconvenientes en cuanto al tratamiento de leyes se debió por una “falta total de política” de parte de la Casa Rosada, que incluso vuelve a repetir errores del pasado. Por caso, en una reciente compulsa relacionada con un puñado de pliegos judiciales que pisaba el Ejecutivo, aliados y ciertos libertarios precipitaron la presentación de los respectivos despachos de mayoría. A las pocas horas, el Gobierno operó una insólita victoria que dejó, aún más a la vista, la falta de tacto y movimientos burdos a la hora de amasar la realidad parlamentaria.

Laura Itzel Castillo, aún presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, habló sobre la separación del legislador Enrique Inzunza de la bancada de Morena, y confió que seguirá votando a favor de las iniciativa que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta semana, Inzunza Cázares informó que decidió continuar como senador “independiente”, ya que nunca fue opción para él solicitar licencia al cargo tras las acusaciones hechas, desde Estados Unidos, en su contra por mantener presuntos nexos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

“Yo también tengo confianza en que él va a votar, como lo hizo siempre, a favor de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum” y, en ese sentido, “no considero que exista riesgo de no reunir las dos terceras partes de la votación requerida en el caso de reformas constitucionales”, dijo la morenista en una entrevista para La Jornada.

Separación de Inzunza pone en jaque la mayoría calificada

Cabe señalar que la separación del político sinaloense del grupo parlamentario de Morena sí podría poner en jaque la mayoría calificada que el partido guinda y sus aliados –Partido del Trabajo y Partido Verde– mantienen en la Cámara de Senadores.

El bloque oficialista baja de 87 a 86 votos en el Senado, justo los necesarios para reunir la mayoría calificada –dos terceras partes con asistencia completa de los 128 legisladores–, indispensable para reformas constitucionales.

Si Inzunza vota con la cuarta transformación, la mayoría se mantiene. Sin embargo, en caso de que se ausente, abstenga o vote en contra, el bloque oficialista tendría los votos exactos, que son 86.

Morenistas cuentan con el voto de Enrique Inzunza

Cabe señalar que Castillo Juárez no es la única morenista, en la Cámara Alta, que confía en que Enrique Inzunza continuará votando en bloque a favor de las reformas que impulsen la bancada mayoritaria y sus aliados, así como la presidenta de la República.

Emmanuel Reyes, senador de Morena, también consideró que el legislador sinaloense no olvidará su compromiso con los votantes que lo llevaron al Senado para respaldar la agenda de la cuarta transformación.

Mientras que Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que la decisión de separarse de la bancada, por parte de Inzunza Cazares, fue personal, pero eso no descarta que respalde la agenda legislativa del partido oficial.

Monreal advierte riesgos en el Senado

Contrario a lo dicho por Laura Itzel Castillo y Emmanuel Reyes, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el voto de Enrique Inzunza sí puede hacer falta para alcanzar la mayoría calificada en el Senado.

“En un extremo estricto se pierde. La mayoría calificada la tenemos con los aliados del Verde y del PT. Ahí es más estricta la mayoría calificada construirla. Apenas es un voto, es una ausencia.

“Pero yo entiendo que él seguirá unido a los principios del movimiento, no lo sé. Pero debe preocupar. No me alegra la situación que está él atravesando, pero es un asunto de la justicia”, comentó el legislador zacatecano el pasado 27 de agosto.

Tras las elecciones de 2024, Morena y aliados lograron obtener la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es necesaria para aprobar reformas constitucionales.

Ya como independiente, el senador sinaloense no estará obligado a votar en bloque con Morena, pero sí podrá hacerlo, lo que abre la posibilidad de que use su eventual apoyo como elemento de negociación.

Mientras la incertidumbre crece entre las y los legisladores morenistas –porque Laura Itzel Castillo ya se va a la Secretaría de las Mujeres–, se espera que Enrique Inzunza esté presente en el inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre.

El oficialismo está aceptando que el clima político comenzó a cambiar. En el Senado, La Libertad Avanza atravesaba sin sobresaltos un período en el que sus socios optaban por el silencio o directamente por pedir la palabra para acompañarlos. Sin embargo, en las últimas sesiones aparecieron voces aliadas que comenzaron a reclamarle al oficialismo que avance con una agenda que hasta solo declama.

Esto fue lo que sucedió en la última sesión de la Cámara alta, donde el bloque libertario esperaba tener un tránsito sin demasiadas complicaciones. El temario incluía pliegos judiciales y acuerdos internacionales. Estaban los votos, así que solo era cuestión de esperar y escuchar, sin responder, los dardos del kirchnerismo.

Sin embargo, hubo un hecho que evidenció este cambio y que obligó a la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a tomar posición rápidamente para no quedar expuesta frente al reclamo de uno de los socios.

La senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, solicitó que se dé un tratamiento preferencial al proyecto de Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral que busca la Casa Rosada y que no presenta avances desde hace semanas.

Rápidamente, Bullrich tomó la palabra y, a modo de aclaración, adelantó que el oficialismo planeaba retomar el tratamiento de la reforma electoral. “La próxima semana no, porque tenemos varias comisiones, pero la otra vamos a volver a juntarnos. Y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto. Eso es un compromiso, lo podemos votar, pero tienen mi palabra”, dijo la senadora. Y esto despertó gestos y miradas entre los senadores de otros bloques que acompañan al oficialismo.

Rápidamente, un grupo de radicales se reunió alrededor del presidente del bloque, Eduardo Vischi, y comenzaron a conversar. Tanto fue así que la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, tuvo que frenar la sesión y pedirles que lo hicieran fuera del recinto.

La realidad es que en los bloques entendieron que la respuesta de Bullrich tuvo más que ver con evitar que pareciera que La Libertad Avanza no quiere debatir Ficha Limpia —algo que ya sucedió en Diputados— que con un cambio de escenario respecto de las negociaciones.

“Ofrecieron colectoras y no funcionó, ahora no hay nada nuevo”, dijo un senador dialoguista. Esa afirmación, que podría ser de alguien que no participa de las conversaciones, fue ratificada desde el oficialismo. “Todavía no lo están discutiendo centralmente”, señaló un vocero autorizado ante la consulta de este medio sobre qué había de nuevo que hubiera hecho retomar las conversaciones.

Al término de la sesión, la ex ministra dijo que daba lo mismo “la eliminación o la suspensión” de las PASO, ya que el debate pasa por el costo de estas. Con esto abre una puerta para el PRO y la UCR, que tenían más interés en ese camino intermedio.

El problema es que la ancha avenida del medio también juega su propio partido y la suspensión de las primarias, que en otro momento juntaba adhesiones, hoy no parece convencer tanto. Mauricio Macri no quiere allanarle tanto el camino electoral al Gobierno sin un acuerdo previo —y conveniente— con el mundo de La Libertad Avanza, algo que por ahora no está ni cerca de suceder. “Fueron dos salidas, pero no hubo ni un beso, quedaron en hablar”, graficó en tono jocoso un hombre amarillo que está al tanto de las conversaciones.

El otro punto es convencer a los gobernadores que ya tienen pensado adelantar sus elecciones. “Las PASO les solucionan el escenario a quienes tienen un candidato único y hacen que los demás tengan que encarar campañas largas, costosas y desgastantes”. Hay casi 20 provincias cuyos gobernadores irán por la reelección, ninguna libertaria. ¿Por qué alguno les solucionaría las disputas a los libertarios en sus territorios?

La reforma tiene como punto central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la ya mencionada Ficha Limpia. La discusión de esta iniciativa se encontraba sin avances por falta de consenso. Todo hace suponer que, por ahora, sigue igual.

A pesar de que todavía no tiene garantizado el acompañamiento de los aliados, el Gobierno insiste con el proyecto para eliminar las PASO y anticipó que el tema va a ser el próximo objetivo que se pondrá el oficialismo en el Congreso, mientras sigue negociando los acuerdos electorales con el PRO para simplificar el escenario de cara al 2027.

Al salir del recinto luego de haber conseguido la aprobación de 67 pliegos judiciales y 5 tratados internacionales, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma política es la siguiente medida que impulsará.

Aunque el punto más controversial de esta iniciativa es el de terminar con las primarias, el texto también incluye varios cambios en el sistema, como en el financiamiento de los partidos, entre otras cuestiones.

El costo y la utilidad que tienen las PASO viene siendo uno de los cuestionamientos principales de la administración libertaria en lo que respecta al proceso electoral, desde el inicio de la gestión.

Ya a comienzos del 2025 hubo intentos para eliminarlas pero, ante la falta de apoyo también en aquel momento, el presidente Javier Milei solamente consiguió que se suspendieran para los comicios de ese año, en el que además se implementó la boleta única en papel por primera vez en todo el país.

Meses más tarde, el Poder Ejecutivo envió otra propuesta al Congreso con la que volvió a plantear la eliminación definitiva de las primarias, lo cual nuevamente encontró la resistencia de algunos espacios.

En mayo último, una vez más ante un contexto complejo, el Gobierno comenzó a barajar la posibilidad de una nueva suspensión, pero rápidamente se volvió a la idea original.

Ya en su nuevo rol de jefe de Gabinete, Diego Santilli consiguió el respaldo de algunas provincias que aceptaron quitarlas, a cambio de mantener mecanismos para solucionar las internas en sus respectivos territorios.

Un ejemplo es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.

De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.

Otros mandatarios, en cambio, ya le transmitierok al funcionario nacional, en conversaciones privadas, su deseo de acompañar la medida, aunque no lo expresaron públicamente.

“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó Bullrich este jueves, a la salida de la sesión.

El asunto, no obstante, continúa generando cierta tensión con el PRO, que no definió la posición que va a tomar al respecto, cuando todavía negocia con el oficialismo tener una alianza electoral en todo el país y la forma en la que se decidirán los candidatos en cada lugar.

En un principio, el partido fundado por Mauricio Macri, sin precisiones en aquel entonces sobre lo que haría La Libertad Avanza en el 2027, planteó, en lugar de quitar las primarias, convertirlas en optativas, para que solamente presenten listas los que tengan internas.

Todo cambió cuando, hace algunas semanas, de manera sorpresiva la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó por teléfono a Macri para plantearle crear una mesa de trabajo con el objetivo de afianzar la relación entre las dos fuerzas políticas y formalizar una alianza en todo el país.

Aunque comenzaron a planificar los acuerdos y avanza la sintonía, la reforma electoral todavía no fue uno de los puntos que trataron durante esos encuentros que se hacen cada 15 días.

En las dos primeras reuniones, los representantes de cada una de las dos partes acordaron las pautas generales de las negociaciones y empezaron a analizar la situación electoral en cada distrito.

“Nosotros siempre dijimos que las PASO no tienen ni todo en contra ni todo a favor. Milei y Macri han sido resultado de la PASO, pero también sabemos, por otro lado, que tiene un costo, que la población en un año como el que viene tiene que votar seis veces y eso es cansador, y que es un gasto elevado para un gobierno que viene haciendo del déficit fiscal una política”, comentó a la salida de uno de estos encuentros Cristian Ritondo, que junto a Fernando de Andreis son los enviados del PRO a la mesa con el Gobierno.

Por su parte, Bullrich advirtió que mantener las primarias implicaría también adelantar la campaña, lo que le quitaría al Ejecutivo “cuatro meses de gestión“ en un año que, a su entender, “va a estar prácticamente perdido”.

Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada.

Hasta ahora, el tema que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento de los partidos políticos, que solo se trató en una jornada, pero que el oficialismo decidió no seguir con el debate en comisión frente a la imposibilidad de conseguir un consenso que le asegure los votos.

En declaraciones al canal A24, Bullrich trazó el mapa de la negociación que el oficialismo tiene por delante. La senadora fue directa al señalar que tanto eliminar como suspender las PASO apuntan al mismo objetivo: “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó.

Uno de los argumentos centrales que esgrime La Libertad Avanza (LLA) para impulsar el cambio es el costo que las primarias le imponen al calendario de gobierno. Según Bullrich, mantener las PASO implica perder casi un año de gestión: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”, señaló.

Pero la senadora aclaró que la posición del oficialismo no equivale a suprimir cualquier mecanismo interno de selección de candidatos. “Los partidos tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos, porque no se puede elegir todos centralizadamente o a dedo”, planteó.

Según informó Infobae, el Gobierno analiza tres escenarios concretos: la eliminación total de las PASO, la suspensión de las primarias por un ciclo —como ocurrió en las legislativas de 2025—, y la posibilidad de habilitar una primaria sin carácter obligatorio. Fuentes de la mesa política citadas por ese medio advirtieron que “no hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables”, y que ningún espacio está dispuesto a resignar una herramienta electoral sin garantías.

En ese escenario, el foco del oficialismo está puesto en los bloques que pueden aportar votos para construir la mayoría en la Cámara Alta. Bullrich fue explícita al respecto: “Convencer a la Unión Cívica Radical, que tiene diez senadores; convencer al PRO; convencer a los partidos provinciales que nos acompañan”, enumeró en A24.

En paralelo, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactivó el diálogo con los gobernadores, en un esfuerzo por ampliar los entendimientos más allá del Congreso.

La reforma que impulsa el oficialismo excede la discusión sobre las PASO. Bullrich adelantó que el debate abarcará también el financiamiento público de los partidos, los espacios cedidos en televisión y la existencia de lo que ella denominó “partidos truchos”. “Hay un montón de partidos que son truchos”, apuntó, y agregó que el objetivo es “bajar la plata pública en la política”. Además, otro foco será reducir la cantidad de publicidad electoral que, según argumentó una fuente a este medio, ya nadie mira: “En año electoral, la gente apaga la televisión porque está saturada”.

Desde sectores del propio oficialismo conviven lecturas divergentes sobre las chances reales de la reforma. Una fuente con acceso al despacho presidencial fue categórica: “La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”. Otras voces dentro de la administración mantienen una postura más optimista, aunque reconocen que los primeros acuerdos electorales recién comenzarán a tomar forma en octubre. El proyecto ingresó por el Senado, pero todavía no cuenta con los votos necesarios para su tratamiento en el recinto.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este jueves al mediodía a los gobernadores de la Región Centro para avanzar en un esquema de refinanciación de deudas por el costo de la energía eléctrica, en el marco de las negociaciones que el Gobierno lleva adelante para destrabar el proyecto de Zonas Frías y Zonas Cálidas en el Senado.

Del encuentro, que comenzó a las 12:00 y duró poco menos de dos horas, participaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martin Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tres de las provincias más involucradas en la discusión.

Puntualmente, además de la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica, que era un asunto que les preocupaba a los invitados, “El Colo” también conversó con ellos sobre proyectos relacionados con la red vial.

Además, la reunión se dio en un contexto de fuerte acercamiento que el ministro coordinador viene teniendo con diferentes aliados y referentes de la oposición “dialoguista”, que comenzó cuando asumió en su nuevo cargo.

En este caso, Santilli estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete de Interior, Gustavo Coria, que colabora en la relación con los gobernadores, mientras que Llaryora llegó junto a su jefe de Gabinete, Manuel Calvo.

La discusión por Zonas Frías y Zonas Cálidas combina dos frentes: el impacto que tendría el recorte de subsidios al gas en provincias del centro del país y la necesidad de ordenar pasivos con CAMMESA antes de que el sistema entre en una cesación de pagos masiva.

Tanto Entre Ríos, como Santa Fe y Córdoba quedarían afectadas por esa medida que impulsa el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y que implicaría para los usuarios residenciales subas de entre 40% y 100% en las tarifas, también en el sur del país.

Frente a ese escenario, los gobernadores buscan amortiguar el traslado a los hogares con planes de pago financiados y con herramientas para regularizar deudas del sistema eléctrico.

Uno de los puntos centrales de la negociación es la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. El proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados también prevé un mecanismo de compensación cruzada para que las distribuidoras cancelen total o parcialmente sus obligaciones con CAMMESA mediante créditos reconocidos por años de tarifas congeladas.

La lógica del esquema es que el Estado reconozca los ingresos que las distribuidoras dejaron de percibir durante el congelamiento tarifario, cuando no se aplicaron los ajustes previstos en los contratos de concesión y, como contrapartida, las empresas deberían renunciar a cualquier reclamo judicial o administrativo vinculado con ese congelamiento histórico.

Durante el tratamiento en Diputados se incorporó un párrafo que extiende ese beneficio a distribuidoras provinciales. Esa modificación ya le permitió, por ejemplo, a Corrientes empezar a discutir la condonación de una deuda de $60.000 millones que la DPEC arrastra desde 2019, cuando la provincia dejó de pagarle a CAMMESA en reclamo por regalías de Yacyretá y Salto Grande.

El Gobierno intenta reordenar apoyos en el Senado, después de que Santilli y Caputo alcanzaran un principio de acuerdo con gobernadores del Norte para que sus provincias queden por fuera del régimen de Zonas Frías a cambio de crear, por resolución, un subsidio específico para las Zonas Cálidas.

Ese esquema busca asistir a esa región, que atraviesa calor extremo y ve disparado el consumo eléctrico durante el verano. El entendimiento, de todos modos, abrió tensiones dentro del oficialismo en la Cámara alta.

Una de las resistencias relevantes en esa negociación es la del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien considera que su provincia resultaría perjudicada por el fin del régimen de Zonas Frías, por lo que se expresó en privado en contra de la iniciativa.

En paralelo, sobre la mesa también quedó el traspaso de rutas nacionales a las provincias. La propuesta forma parte de la estrategia de la Nación frente al freno total de la obra pública y apunta a que los distritos asuman la reparación y el mantenimiento de las calzadas; ya se firmaron convenios con Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro.

El Senado retomó la actividad parlamentaria con una sesión dedicada a la aprobación de 67 pliegos judiciales y cinco convenios internacionales. Entre los expedientes destacados figuraban las propuestas de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal.

La agenda incluyó acuerdos sobre traslado de personas sentenciadas con Ucrania, extradición con Chile, cooperación jurídica, libre comercio con países de la AELC y temas vinculados al Mercosur. Además, se trataron proyectos para declarar fiestas nacionales y homenajes, en una sesión que marcó el regreso del cuerpo tras tres semanas sin actividad.

Los legisladores aprobaron sin debate las órdenes del día que quedaban y se levantó la sesión

El Senado aprobó cinco tratados internacionales

Con un resultado unánime de 65 votos favorables, el Senado aprobó los cinco tratados internacionales que trató este jueves.

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El Senado debate cinco acuerdos internacionales

Se aprobaron los 67 pliegos judiciales que se trataron en el Senado

A pesar de la oposición del peronismo a la designación de Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal, se aprobaron los 67 pliegos judiciales que trató este jueves el Senado.

En una primera votación, las otras 66 designaciones fueron aprobadas por unanimidad. Luego, en otra que definió únicamente la candidatura de Bertuzzi, el oficialismo logró su nombramiento con 44 votos a favor y 23 negativos.

José Mayans consideró que el Poder Judicial atraviesa “una crisis fenomenal” y anticipó que el peronismo se opondrá a la designación de Bertuzzi

El senador peronista José Mayans consideró este jueves que el Poder Judicial atraviesa “una crisis fenomenal”, durante el debate por la aprobación de 67 pliegos en la Cámara alta.

“Mucha gente tiene mucha esperanza de que este poder del sistema democrático funcione como corresponde. Lo que tenemos que decir es que es actualmente uno de los poderes más desprestigiados de la República Argentina. En las encuestas que manejan algunos periodista, aproximadamente el 90% no cree en el Poder Judicial. Es una crisis fenomenal”, advirtió.

Nuestro bloque no va a entorpecer las carreras de estas personas. Nos vamos a oponer a la orden del día 292/26 del doctor Pablo Daniel Bertuzzi por lo que es de público conocimiento de su actuación dentro del Poder Judicial, y al resto vamos a acompañar.

El Senado evaluará 24 nuevos pliegos judiciales

Este jueves, además de debatir en el recinto la aprobación de 67 pliegos judiciales, se ingresaron otros 24 que serán girados a la Comisión de Acuerdos.

Comienza el debate sobre los 67 pliegos judiciales

Tras abordar distintas cuestiones de privilegio y mociones de preferencia, los senadores comienzan a debatir sobre los 67 pliegos judiciales que el Gobierno busca aprobar.

Entre los expedientes destacados figuran las propuestas de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal, que tiene causas sensibles como la de la criptomoneda $LIBRA y la de las posibles irregularidades en la ANDIS.

Marks advirtió sobre el sobreendeudamiento juvenil y reclamó protección para las familias

La senadora rionegrina Ana Marks (PJ) alertó que “un 37 % de los argentinos sobreendeudados son jóvenes” y vinculó esta situación al aumento de problemáticas de salud mental y suicidio. “Este Congreso de la Nación lo único que ha traído para los jóvenes es un régimen penal juvenil que los encarcela más pronto, una situación de falta de trabajo para sus padres, el desfinanciamiento de las universidades, de las escuelas técnicas y ahora también la desregulación de tasas de interés y dejarlos solos frente al sobreendeudamiento que están atravesando”, cuestionó.

Marks expuso un mapa elaborado por el CEPA con datos del Banco Central, donde remarcó: “Todas nuestras provincias, absolutamente todas, tienen tasas elevadísimas de situación de mora y de irregularidad en los pagos de las familias, que van entre el 9 % y el 21 %”. La senadora sostuvo que “estamos ante un problema federal, de carácter estructural, que no tiene que ver con la decisión personal de alguien de pagar o no pagar, tiene que ver con un sistema y un modelo económico que está empobreciendo”.

La legisladora presentó una moción de preferencia para que se traten tres proyectos de ley: la creación de procedimientos administrativos y judiciales para consumidores endeudados, la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor para exigir advertencias previas en operaciones de crédito con fintech y plataformas digitales, y la incorporación de la educación financiera en la currícula educativa. “Necesitamos un proyecto de ley que ponga estos datos sobre la agenda. Hoy, una de las principales preocupaciones que tiene nuestro pueblo es que está sobreendeudado”, concluyó.

Bullrich anticipó una convocatoria para debatir la reforma política y ficha limpia

La senadora Patricia Bullrich anunció que se está organizando una convocatoria a comisión para comenzar el debate sobre la reforma política, incluyendo el proyecto de ficha limpia. “En el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para comenzar a discutir el proyecto de reforma política donde está incorporado ficha limpia y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto general”, explicó.

Bullrich aclaró que la convocatoria no será para esta semana, sino para la siguiente, y señaló que el compromiso es abordar un temario amplio: “Creemos que ahí hay muchos temas para ordenar, el tema económico, el tema de las cuentas limpias, el tema de ficha limpia, el tema de la cantidad de partidos políticos que tiene la Argentina, el tema del sistema electoral. Nuestro compromiso es esta semana que viene estamos con bastantes comisiones, la otra semana convocarla y arrancar ese debate”.

Soria denunció un “modelo de endeudamiento” y niveles de morosidad inéditos en las familias

El senador Martín Soria (PJ) alertó sobre el crecimiento inédito del endeudamiento y la morosidad en los hogares argentinos. “Hace veinte meses consecutivos que no para de aumentar la morosidad en la Argentina. Préstamos personales, la mora pasó del 3,3 % en octubre del 2024 a casi el 16 % en mayo de este año 2026. Tarjetas de crédito, pasó del 1,6 % en octubre del 2024 a una mora de casi el 13,1 % en mayo de este año”, detalló.

Soria subrayó que “casi seis millones de argentinas y argentinos no pueden pagar en término sus créditos y están en mora hoy gracias a este modelo”. En el caso de Río Negro, precisó: “Más de cien mil personas no están pudiendo pagar esas deudas y están en mora. Uno de cada cinco rionegrinos mayores de catorce años ya está en mora. El monto promedio de la deuda es de más de dos millones y medio de pesos”.

El legislador cuestionó al Gobierno y a las declaraciones del ministro Caputo: “¿Qué le dice el Gobierno a esas familias? El ministro Caputo, el Messi de la finanza de Macri, ¿qué dijo? ‘No hay nada malo en tener deudas’. Y claro, ¿qué esperaban que dijera el más cínico de la historia? El moroso deudor incobrable, el máximo ser humano en el planeta que ascendió a tomar la deuda más grande en la historia del mundo mundial”.

Wado de Pedro denunció recortes y “destrucción sistemática” en el sistema científico

El senador Eduardo “Wado” de Pedro planteó una cuestión de privilegio en el recinto, denunciando un “plan sistemático de destrucción del sistema científico tecnológico argentino”. De Pedro detalló que, según los testimonios recogidos en una reciente jornada de la Comisión de Ciencia y Tecnología, “la mayoría habla de un plan sistemático de destrucción del sistema científico tecnológico. Hablan de financiamiento cero a los proyectos, cero financiamiento para proyectos nuevos”.

El legislador expuso recortes en áreas clave, señalando: “En educación se recortó el cincuenta y cuatro por ciento. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se recortó el cuarenta y seis. En la Agencia de Investigación y Desarrollo, el ajuste es del ochenta y siete por ciento. Dentro del ministerio es el ochenta y cinco por ciento”. Sobre la situación del CONICET, subrayó: “Le cortaron la carrera a mil doscientos científicos, no les permiten ingresar. También se cortaron las becas, hay trescientos noventa y siete becarios y becarias posdoctorado que no pueden continuar”.

De Pedro ofreció poner a disposición de los senadores la transcripción completa de las exposiciones escuchadas en la comisión y enfatizó la gravedad del impacto sobre la investigación y la formación de profesionales en el país.

El Senado realizó un minuto de silencio por los operarios fallecidos en Vaca Muerta

El Senado dedicó un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos en un incidente ocurrido en una planta de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El homenaje se realizó tras conocerse la muerte del segundo operario herido, lo que elevó a dos la cifra de víctimas fatales en el accidente registrado en la planta industrial.

El Bloque Independecia adelantó que pedirá que se trate el endeudamiento familiar

La senadora tucumana Beatriz Ávila (Bloque Independencia) dijo que el Senado comience a debatir la problemática del endeudamiento familiar, señalando que “se está hablando de siete millones de argentinos que tienen problemas con deudas, con deudas que tienen que ver con la tarjeta de crédito, con comida, no con televisores del mundial, en absoluto”. La legisladora planteó que “tenemos que empezar a debatirlo y poner sobre la mesa temas que impactan a toda la comunidad”.

Ávila resaltó que “el Estado tiene los resortes nacionales con las instituciones financieras” y advirtió que “los argentinos están endeudados con cosas que tienen que ver con la comida, con la educación, con la salud, y tenemos que lograr una solución, tener una empatía”. También remarcó: “En algunas cosas la macro está funcionando, pero en otras cosas, en la micro, no, y tenemos que abocarnos a ello”.

Comenzó la sesión que busca aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

La senadora Moisés destacó el consenso y el trabajo previo en comisiones

La senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) resaltó que, además de los cinco convenios internacionales previstos en la agenda, la jornada incluye proyectos puntuales como la declaración de Bernabé Aráoz como héroe nacional. Moisés subrayó la importancia de reivindicar figuras históricas del norte argentino y anticipó que la sesión transcurrirá en un clima de acuerdo.

Según la legisladora, el tratamiento ágil y sin mayores debates en el recinto es resultado del trabajo realizado en las comisiones, donde se discutieron y modificaron los temas más relevantes antes de llegar al pleno.

Se espera una sesión de entre cinco y seis horas

La sesión del Senado se extenderá entre cinco y seis horas y seguirá un orden preestablecido que inicia con el tratamiento de cuestiones de privilegio. Posteriormente, el cuerpo avanzará con el ingreso y la aprobación de 67 pliegos judiciales, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal.

Luego de los pliegos, el debate continuará con la consideración de cinco acuerdos internacionales, que abordan temas de cooperación jurídica, traslado de personas sentenciadas y comercio exterior. La jornada cerrará con la lectura de comunicaciones, completando así el temario previsto para el regreso de la actividad parlamentaria.

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Luego de semanas de planificar la estrategia y negociar con diferentes aliados, el Gobierno consiguió un primer triunfo parlamentario con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, y se encaminaba esta madrugada a obtener el resto de las iniciativas que impulsa, en el marco del objetivo de recuperar la agenda en el Congreso y también de cara a la sociedad.

Antes de la maratónica sesión, fue el propio presidente Javier Milei el que convocó a la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles personalmente los argumentos con los que defiende no solo los proyectos de ley, sino también el rumbo general de la economía y de su administración.

El mandatario nacional ya había anticipado un día antes, en la reunión de Gabinete, que no iba a modificar ni un poco el camino de sus políticas, a pesar de las críticas por parte de la oposición.

En ese momento apareció la discusión por el aumento de la morosidad, que en el último tiempo ocupó buena parte del debate público, pero el jefe de Estado insistió con que tomar cualquier medida para solucionar ese problema significaría “hacer populismo“, y no estaba dispuesto a eso.

”Es cierto eso de que hay gente que compró televisores para ver el Mundial, pero hay un montón de factores también. Ha aumentado la posición crediticia del 3 al 12 por ciento, y eso influye. Hay personas que compran en el supermercado con tarjeta de crédito, que lo hacemos todos, y eso cuenta como crédito. Todo eso es lo que pasa y quieren instalar como un conflicto para hacernos quedar como poco sensibles y empáticos”, sostuvo a Infobae una fuente que estuvo en la presentación de Milei y que encarna el discurso oficial.

Al respecto, en la cúpula libertaria remarcan que ”es una cuestión de los privados” y que se generó “por las apuestas, los electrodomésticos, todo un poco”, pero consideran que “no hay ni siquiera que entrar en ese debate, porque es una locura”.

Durante la sesión de este miércoles, la oposición intentó forzar el tratamiento en el recinto de los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.

Aunque la iniciativa no prosperó, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que el peronismo demostró que podría reunir el quorum necesarios para obligar a que el texto sea tratado en otra sesión, que podría ser convocada para principios de septiembre.

”Hicieron esa jugada. Sabían que iban a perder, pero lograron 133 votos, por lo que es un empate para ellos, porque podrían pedir un emplazamiento. En las comisiones de Finanzas y Economía hay varios de esos proyectos. Veremos qué es lo que va a pasar, pero podrían”, lamentó un diputado libertario.

A pesar de este tropezón, unas horas más tarde el oficialismo logró una victoria con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con 144 votos a favor y 102 en contra, a partir de la cual se prohibió la emisión sin respaldo, una de las principales críticas de Milei hacia las anteriores administraciones.

Esta era una de las medidas más importantes en la agenda del Presidente, que rápidamente salió en las redes sociales a agradecerles a los legisladores que acompañaron la propuesta.

“!!!Es paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Aunque ya tenían desde hace días la confianza de que iba a salir, en la mesa política del Gobierno reconocieron que todo se logró porque “sorpresivamente” convencieron a dirigentes de otros espacios

“Teníamos 136, se nos sumaron los dos del MID; Lourdes Arrieta; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; Maximiliano Ferraro, y los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo”, destacó uno de los miembros de ese grupo reducido del Poder Ejecutivo.

Las negociaciones con las provincias fueron clave para esto y, de hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que este miércoles estuvo en el Congreso participando de las conversaciones de último minuto, este jueves recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Si bien las autoridades nacionales aseguraron que será para conversar sobre “temas de gestión, infraestructura y energía”, durante estos encuentros se habla también sobre las reformas que quiere aprobar Milei en el Congreso.

En los papeles, la Casa Rosada evalúa avanzar con un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, que beneficiaria a esas provincias.

En esta misma línea, por la tarde ”El Colo” también recibirá a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para una nueva reunión de la mesa de trabajo con el PRO, que se inauguró a mediados de este mes.

La nueva etapa de cercanía con estos aliados ya dio sus primeros frutos con las victorias en la Cámara de Diputados y este jueves se pondrá nuevamente a prueba en el Senado, donde La Libertad Avanza, de la mano de la ex macrista Patricia Bullrich, buscará aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.

Ya en la madrugada se estaba poniendo a consideración en la Cámara baja un tratado que también generaba mucha expectativa, sobre todo en un conjunto importante de inversores, que es el de las patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

El proyecto, que llevaba décadas congelado, fue resucitado en los últimos meses por el interés de algunos sectores y todo indicaba que se iba a homologar, aunque debido a algunos cambios tendría que volver al Senado para su sanción definitiva.

“La innovación y el desarrollo tecnológico son componentes centrales para el crecimiento y la competitividad de un país. Contar con un marco que facilite la protección de las inversiones realizadas en estos ámbitos resulta relevante tanto para el sector privado como para el sistema científico- tecnológico y para la capacidad de la Argentina de integrarse a las cadenas globales de innovación y conocimiento”, aseguraron a este medio fuentes del ámbito empresarial que seguían de cerca la votación.

Aunque quienes promueven la adhesión del país a ese régimen reconocen que es difícil saber “aún cómo cuantificar el crecimiento” que traerá incorporarse al PCT, remarcan que es “algo progresivo de acuerdo a la investigación”, pero podría convertir al país “en un actor clave a nivel mundial”.

Mier Velazco reconoció que el grupo parlamentario le hizo a Inzunza Cáceres la “invitación” a pedir licencia y dar la cara a las investigaciones en su contra, desde Estados Unidos, pero sin el fuero constitucional.

“Bueno, yo tuve la oportunidad de platicar con el senador Inzunza antes de que lo hiciera oficial, donde me expresó... que su deseo era separarse del grupo parlamentario por las razones que ya expuso en su carta, y esas son las razones, son las de él, es lo que él ha expresado, y nosotros manifestamos el grupo parlamentario, lo he platicado con mis compañeras y compañeros, que es una decisión personal que se respeta”, dijo el senador a los periodistas.

Inzunza no quiso solicitar licencia: Ignacio Mier

Ignacio Mier recordó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, también le recomendó a Inzunza Cázares solicitar licencia, algo similar a lo que ocurrió con Rubén Rocha Moya, quien tuvo que dejar el cargo como gobernador de Sinaloa por segunda ocasión.

“Para nosotros es suficiente, se le hizo una invitación, él no la atendió y decidió de manera personal separarse del grupo y respetamos eso. Bueno, no solamente fueron a todos una invitación que, una sugerencia que hizo la presidenta, que nosotros también le hicimos, pero ya son decisiones personales, y ahí sí no podemos mover. (Solicitará licencia) Sí, pero él decidió separarse del grupo y se respeta esa licencia”, agregó.

Reconoce que Enrique Inzunza sí visitó las instalaciones del Senado

Por otro lado, Mier reconoció que, previo a su decisión, se reunió en privado con Enrique Inzunza en las instalaciones del Senado de la República, ya que el senador no se presentó a la última sesión de la Comisión Permanente.

Por lo anterior, el ahora senador sin partido fue fotografiado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), abordando un vuelo hacia Sinaloa, su tierra natal, y en donde ha creado una importante red de contactos políticos.

Mier no cree que se vea afectada la mayoría calificada Morena

De acuerdo con el coordinador morenista, la salida de Enrique Inzunza de la bancada morenista no debería afectar la mayoría calificada, pero reconoció que los senadores de su partido deben estar unidos y respaldando a Sheinbaum Pardo.

“Bueno, ya lo que tiene que ver con eso lo iremos analizando cuando se presenten las iniciativas. Hoy es eso, el grupo parlamentario tiene que estar unido, respaldando a la presidenta de la República. La agenda legislativa que nos va a proponer a través de los secretarios de despacho y las secretarias de despacho. Nosotros nos vamos a distraer, el otro es un tema personal que platiqué la semana pasada”, explicó Mier Velazco.

Al igual que Mier, el senador morenista, Emmanuel Reyes, consideró que la separación del legislador no pone en riesgo la mayoría calificada que Morena mantiene con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Reyes afirmó que el bloque oficialista en el Senado cuenta con 87 votos y que la mayoría calificada se alcanza con 85, por lo que la salida de Inzunza no cambia, dijo, la capacidad para aprobar reformas constitucionales.

De acuerdo con el legislador, la decisión de acompañar o no las iniciativas de la llamada “cuarta transformación” dependerá del propio Inzunza. Reyes sostuvo que el senador debe responder ante los electores de Sinaloa y mantener congruencia con la agenda legislativa asumida durante el proceso electoral de 2024.

Al final, Ignacio Mier, también, dejó solo a Enrique Inzunza, al grado de revelar que no le quiso hacer caso a la hora que le solicitó pedir licencia al cargo.

La decisión de Enrique Inzunza Cázarez de separarse de la bancada de Morena en el Senado modificó el escenario político alrededor del legislador sinaloense, quien enfrenta señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos.

Para el senador morenista Emmanuel Reyes, la salida del grupo parlamentario permite a Morena deslindarse de una eventual defensa política del legislador y reduce la presión sobre la bancada.

Enrique Inzunza deja Morena y conserva su escaño en el Senado

Inzunza informó este miércoles 26 de agosto, mediante una carta dirigida al coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, que dejará de formar parte de la bancada para ejercer su cargo como senador independiente.

El legislador decidió no solicitar licencia, por lo que conservará su escaño y el fuero constitucional asociado a su cargo.

En su posicionamiento sostuvo que continuará con su defensa jurídica y rechazó las acusaciones en su contra, al considerar que forman parte de una campaña de señalamientos sin sustento.

La separación también implica que Inzunza perderá posiciones internas que ocupaba como integrante de Morena, entre ellas la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

Emmanuel Reyes: Morena ya no tiene compromiso de defenderlo

Emmanuel Reyes consideró que la decisión del sinaloense es “prudente” y “sensata”, particularmente ante el complejo periodo legislativo que se aproxima y el contexto político rumbo a las elecciones de 2027.

El senador morenista aclaró que él personalmente nunca defendió a Inzunza frente a los señalamientos, aunque reconoció que otros integrantes de la bancada sí habían mostrado solidaridad o acompañamiento político.

A su juicio, la separación cambia la responsabilidad política del caso:

• Inzunza deja de ser integrante del grupo parlamentario de Morena.
• La bancada queda desmarcada de una defensa política o moral del senador.
• El legislador deberá responder individualmente por sus posicionamientos y argumentos.
• La oposición podrá cuestionarlo sin que necesariamente el señalamiento se extienda al partido.
• Morena podrá concentrarse en su propia agenda legislativa.

“Ya no es el senador de Morena, ya es el senador independiente”, resumió Reyes al explicar que la salida despresuriza al grupo parlamentario.

Morena mantiene mayoría calificada pese a salida de Inzunza

Reyes también descartó que la separación del legislador ponga en riesgo la mayoría calificada que Morena mantiene junto con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

De acuerdo con el senador, el bloque cuenta actualmente con 87 votos, mientras que para alcanzar la mayoría calificada se requieren 85. Por ello, sostuvo que la salida de Inzunza no modifica la capacidad del oficialismo para sacar adelante reformas constitucionales.

No obstante, señaló que corresponderá al propio Inzunza decidir si acompaña o no las iniciativas de la llamada Cuarta Transformación. Reyes consideró que el senador debe responder ante los electores de Sinaloa y mantener congruencia con la agenda legislativa que asumió durante el proceso electoral de 2024.

Los señalamientos de Estados Unidos contra Enrique Inzunza

La polémica alrededor de Inzunza comenzó a finales de abril, cuando autoridades estadounidenses lo señalaron por presuntos vínculos con el crimen organizado y lo incluyeron en una investigación relacionada con políticos y funcionarios de Sinaloa.

Desde entonces, el senador no había acudido regularmente al Senado. También ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que no existe sustento para las imputaciones que se han realizado públicamente.

La controversia se intensificó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara que las personas señaladas en la investigación estadounidense deberían considerar solicitar licencia para enfrentar los señalamientos.

Inzunza apuesta por defenderse como senador independiente

En su carta, el legislador afirmó que continuará ejerciendo su responsabilidad como representante de los sinaloenses y defendiendo su posición desde el Senado. Argumentó que su separación de Morena responde a una decisión personal y a su interpretación de los principios constitucionales.

Para Reyes, la nueva condición permitirá que Inzunza enfrente por cuenta propia las consecuencias políticas y jurídicas del caso. “Él es un buen abogado”, afirmó, al considerar que cuenta con los conocimientos necesarios para asumir directamente su defensa.

Así, la salida de Inzunza marca un nuevo capítulo en su relación con Morena: conservará el escaño y el fuero, pero dejará de contar con el respaldo que implica pertenecer a la bancada mayoritaria.

La propuesta para abandonar el edificio fue negada por la mayoría de los parlamentarios presentes, por lo que la sesión continuó su desarrollo regular en la capital del país, lo que dejó perplejos a muchos líderes políticos.

El temblor ocurrió a las 11:45 a. m., según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), y comenzó a percibirse en el recinto legislativo hacia las 11:53 a. m.

Cuarenta minutos después del evento telúrico, la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, impulsó la votación formal para ordenar la salida de los congresistas y del personal asistencial del salón.

Al momento de registrar el resultado en el recinto, un total de 54 senadores hicieron parte activa de la decisión institucional. Un grupo de 30 congresistas votó por la opción del ‘No’, mientras que 24 respaldaron la opción del ‘Sí’, quedando totalmente archivada la orden de desalojo preventivo del Capitolio Nacional.

Reacciones y rechazo de lo que ocurrió en el recinto legislativo

La representante a la Cámara Cathy Juvinao rechazó de manera contundente la decisión tomada en el recinto legislativo durante la contingencia sísmica.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la congresista reaccionó de forma directa a la noticia del resultado de la votación escribiendo: “El Senado de Macondo”.

Cabe destacar que Macondo es un lugar imaginario creado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez y constituye el escenario central de varias de sus obras, especialmente de Cien años de soledad; de ahí que la legisladora hiciera referencia a este pueblo.

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández, integrante de la bancada del Pacto Histórico, se pronunció en la misma plataforma digital para criticar la pedagogía institucional y la pedagogía de prevención ante el riesgo.

“Esto solo pasa en el Senado: se tuvo que someter a votación una proposición para decidir si evacuábamos o no después del sismo que se sintió en Bogotá, como establecen los protocolos ante una posible réplica, por el miedo a que luego los senadores no quieran volver a trabajar. Ese es el Congreso que tenemos”, afirmó la senadora Hernández en el momento exacto en que se votaba.

El manejo dado a la propuesta de evacuación dentro de las instalaciones del Capitolio Nacional generó posturas críticas por parte de analistas jurídicos y exservidores públicos en las plataformas digitales.

El abogado y exedil de la localidad de Chapinero Germán Ricaurte cuestionó que las medidas básicas de protección ante desastres naturales deban someterse a votación parlamentaria durante una emergencia activa: “Vivimos en un país de imbéciles”.

Por su parte, el exministro de Agricultura durante la administración del expresidente Iván Duque Andrés Valencia se refirió al procedimiento utilizado por los congresistas para resolver la continuidad de la sesión plenaria.

“En el país de Santander, tienen que pasar estas cosas”, posteó el exministro en la misma red social.

¿Por qué es tan grave lo que pasó en el Senado?

La controversia sobre la aplicación de los protocolos de evacuación en el Congreso de la República se produjo apenas 16 días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Ese desastre natural dejó a miles de personas damnificadas y severas pérdidas materiales en diferentes regiones del territorio colombiano, razón por la cual las autoridades mantienen el estado de alerta general.

A pesar de las recomendaciones técnicas emitidas para la atención de desastres, las cuales sugieren despejar edificaciones antiguas ante eventuales réplicas en Bogotá, la votación mayoritaria del Senado impidió la salida de los congresistas, asesores y trabajadores del salón de plenarias.

El panorama genera preocupación debido a los diferentes movimientos telúricos que se han registrado recientemente. Aunque el sismo no afectó a Bogotá de la misma manera que a Santander, existe la posibilidad de que estos fenómenos generen réplicas de igual o mayor intensidad, por lo que la prevención resulta fundamental.

En ese contexto, surge el cuestionamiento sobre si el Congreso está tomando las medidas necesarias para proteger la vida de los funcionarios.

El Senado tendrá mañana una jornada sin respiro, con múltiples reuniones de comisiones en las que se discutirán proyectos que desea el Ejecutivo y otros que reclaman los oscilantes aliados del oficialismo en la Cámara alta. Los jefes de las bancadas también se van a ver las caras en Labor Parlamentaria, donde se definirá una potencial sesión para el jueves en la que, por ahora, aparecen pliegos judiciales y tratados internacionales.

Desde las 10, un plenario de las comisiones de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Presupuesto y Hacienda continuarán con una iniciativa de un par de dialoguistas para regular el mercado de carbono. Implicaría fondos para provincias y privados, en el fondo. Faltan ajustar clavijas al asunto y hay advertencias a tener en cuenta desde algunos sectores productivos.

A partir de las 13, la de Legislación General volverá a tocar la ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Días atrás la titular del mileísmo en el Senado, Patricia Bullrich, anunció modificaciones para intentar salvar un texto que es mirado con desconfianza por votos clave en esta Cámara.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica, que el órgano de administración esté integrado por una persona jurídica”, dijo la porteña la semana pasada.

La legisladora direccionó la lupa hacia “generar un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada”. Este punto había sido abordado en junio último no sólo por el propio Sturzenegger -cuando disertó en la comisión-, sino también por el referente principal de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.

Mismo horario tendrá un tema no menor y dormido desde hace casi tres meses que, de repente, vuelve a la escena: biocombustibles. Será tratado en las comisiones de Minería; y Presupuesto y Hacienda. Detrás de todo esto hay una fuerte puja entre un puñado de distritos azucareros y los del maíz y soja. De hecho, desde uno de ellos ya alertaron que se enteraron por este medio del encuentro y sospechan un clima tenso para las próximas horas por esta cuestión.

A las 14 será el turno de Labor Parlamentaria. Se estima que la cumbre será comandada por el vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. En tanto, para las 15.30 está programado que Asuntos Constitucionales dictamine sobre cónsules. Media hora más tarde, los radicales estarán atentos al plenario de Presupuesto y Hacienda; Economías Regionales; y Legislación General por la iniciativa de Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), entre otros, para imponer un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas.

Esto ocurrirá en la misma jornada en la que se volverá a analizar el Súper RIGI que quiere la Casa Rosada, que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”. Tiene horario de plenario a las 17. La semana pasada estaba acordada la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que horas antes del convite se excusó. Nadie de la oposición se quejó. Tampoco se informó si asistirá en esta ocasión.

Más allá del abultado esquema para mañana, el Senado tendrá hoy otras reuniones, como la de la bicameral -también hay diputados- que fiscaliza los organismos de inteligencia, o la unicameral de Ciencia y Tecnología, que oirá a representantes del sector sobre el panorama actual. Se esperan críticas hacia Balcarce 50, aunque en el temario no hay un solo proyecto para ser contemplado para las próximas horas por los legisladores que la integran. La preside un camporista, el bonaerense Eduardo De Pedro.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este mediodía cambios a la ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para garantizar el apoyo de aliados que, por ahora, se muestran reticentes a firmar un dictamen. Si bien no especificó el nuevo texto, la legisladora oficialista apuntó a que quede, con claridad, la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica, que el órgano de administración esté integrado por una persona jurídica”, señaló Bullrich durante un nuevo convite que realizó la comisión de Legislación General, que lleva adelante la discusión y es presidida por la mileísta Nadia Márquez (Neuquén).

La porteña direccionó la lupa hacia “generar un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada”. No obstante, este punto fue abordado en junio último no sólo el propio Sturzenegger -cuando disertó en la comisión-, sino también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.

Según consta en la versión taquigráfica de aquella ocasión, el funcionario explicó: “La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en el derecho, en la ley de sociedades, aparece en dos planos, con dos tipologías. Una es en el artículo 14, que son las sociedades que llamamos ‘automatizadas’, que básicamente la gestión de la empresa está hecha por robots o inteligencia artificial. Pero, como decía el doctor Ramírez, este es un subtipo de la sociedad anónima. Es decir, que se mantiene con todas las obligaciones, restricciones y características que tiene una sociedad anónima”.

“Simplemente, lo que especifica es que la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino que la hacen programas, softwares, robots, o lo que fuera”, agregó Sturzenegger, que también se refirió a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.

Para el ministro, “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no existiría “ningún problema”.

En tanto, Ramírez destacó: “El proyecto de ley, al legislar las DAO, eligió legislar una parte pequeña de las DAO, es decir, aquellas que acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales, a todos sus socios. Las que están operando hoy en día anónimamente no son recibidas por la legislación argentina, no son recibidas por este proyecto de ley. En estos artículos, este tipo societario fue trabajado conjuntamente con la UIF (Unidad de Información Financiera), y tratamos de seguir la normativa del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.

Ramírez, en otro tramo de su alocución, observó: “Las DAO, por ejemplo, se manejan con un protocolo. Para explicar una DAO, se automatiza mucho lo que es el órgano de administración de las sociedades con un protocolo. Los protocolos son amorales. Si uno no programa un protocolo para que cometa un delito, no lo va a hacer. Y si lo programa para cumplir la ley, la va a cumplir siempre. No tiene moralidad esta tecnología, sino que lo va a hacer siempre. Ahí va a estar el control de los registros públicos de esos protocolos. Y cuando se detecte alguna falla, está especificada la responsabilidad de estos desarrolladores de los protocolos”.

El líder de la IGJ añadió: “Una cosa que también puntualmente tienen, es que se les incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”.

El Gobierno oscila, según el sector político interno, en el diagnóstico sobre las negociaciones de la ley que más le importa aprobar a Karina Milei: la reforma política. En la Casa Rosada se muestran muy confiados, en especial cerca de la Secretaria General de la Presidencia. Pero en el mundillo de Patricia Bullrich, donde tienen el pulso del Senado, son abiertamente pesimistas: dicen que los votos no están, ni estarán.

“El fin de la PASO está bloqueado”, aseveran, sin pelos en la lengua. En ambos espacios sólo coinciden en que está firme la determinación de debatir el futuro de la PASO en el recinto en septiembre, o a lo sumo, octubre. “Diciembre está demasiado lejos”, deslizan tras las versiones de que se patee la discusión hasta el límite para forzarla.

El pesimismo de la jefa de los libertarios en el Senado se debe a los números que registra en la Cámara alta. “No es una cuestión de sonrisas, o no, esto es dos más dos”, dijeron en el bloque. Pero también a que está desencantada con la mesa política y con la (falta de) estrategia de Karina Milei.

Corrió el rumor de que la ex PRO se sintió herida cuando la dejaron fuera de la reunión con Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, enviados por Mauricio Macri a la Casa Rosada. Pero ella les comentó a los propios esta semana que se sintió aliviada al ver que no la habían convocado.

Cree que esas reuniones son fútiles porque el oficialismo termina borrando con el codo lo que escribió con la mano.

La recorrida de Karina Milei con Pilar Ramírez en la Ciudad de Buenos Aires a la semana siguiente de haber sentado las bases para un acuerdo electoral con los amarillos fue un ejemplo de las dinámicas de Karina Milei que Bullrich critica.

También le reprocha que busque figurar en las primeras planas a pesar de tener el 70 por ciento de imagen negativa. “Lo de Santa Fe fue alevoso”, dijeron, en relación a la cantidad de fotos y apariciones de la hermana presidencial durante la visita a la Bolsa de Comercio de Rosario, el viernes a la noche.

En Balcarce 50 admiten que Karina Milei apuró los gestos con el PRO y las recorridas por la ciudad por pura preocupación. A nivel nacional, por la merma en la imagen del Presidente. Y a escala local, porque detectaron que Jorge Macri estaba venciéndolos por diez puntos en las encuestas. Y al ver que en el mundo porteño violeta nadie estaba activando, desde hace largas semanas, bajó un mensaje: “Hay que volver a la calle”.

En Gobierno todos disimulan el malestar con Patricia Bullrich. Por lo bajo son más sinceros: “Está endemoniada”, dijo al final de esta semana un asesor nacional, luego de la serie de tuits donde Bullrich le pedía a la administración que integra que las mejoras económicas de la macro lleguen a la “vida cotidiana” de los argentinos. Exactamente el tipo de mensajes que Milei y Caputo deleznan.

Por lo pronto, el Gobierno se muestra confiado en el resultado de la sesión del próximo “supermiércoles”, donde se debatirá una bateria de temas de relevancia para el oficialismo, aunque mucho menos acuciantes que la reforma política. Los libertarios pronostican una sesión muy larga, y reconocen que están ajustados. “El peligro es que el peronismo se robe diputados sueltos”, dijo un armador. Así de justos están, pero aún así creen tendrán luz verde para todo el combo.

Lo mismo decían con respecto a Propiedad Privada y se les terminó complicando. La diferencia a su favor, alegan, es que, en estos temas, “no hay internas” en el mileismo.

La visita del Papa

Karina Milei no sólo posa para las fotos, sino que se pone al frente de los temas de relevancia. Y está decidida a digitar -y capitalizar para sí misma- la llegada del Papa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que había formado parte de la gestión de la histórica visita, salió a celebrar la confirmación en el prime time de las noticias apenas se confirmaron las fechas. Pero poco después, en la primera reunión oficial para empezar a diseñar el operativo con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se puso a la cabeza la hermana del Presidente.

“Quirno quedó pintado”, dijeron en Balcarce 50 sobre el canciller que responde a Santiago Caputo y dejó de manejar la relación de manera directa con la Santa Sede -la copó “el Jefe” con su gente- a pesar de haber sido uno de los artífices de las gestiones para que se concrete la visita.

Es un capítulo más de la interna con el principal asesor presidencial. “Santiago sigue siendo tan influyente como siempre y maneja la botonera. Pero el tema papal se lo quedó ella, sin dudas”, sostuvieron en Balcarce 50.

Dicen en el oficialismo que Milei trajo a colación el tema del aborto para exagerar las coincidencias con la doctrina de la Iglesia. “Es parte de su batalla cultural personal y coincide”, deslizaron.

El expresidente Gustavo Petro notificó a través de una carta al Senado de la República que viajará a México entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, en la que será su primera salida del país desde que concluyó su mandato en 2026.

La comunicación del exmandatario se da en cumplimiento de la condición impuesta por el Senado, que le permitió salir del país durante el año posterior a su administración, siempre que informe previamente el destino y las fechas de sus viajes.

El permiso para ausentarse fue objeto de controversia y, de hecho, sectores opositores solicitaron su revocatoria, argumentando los procesos pendientes en la Comisión de Acusaciones. Mientras algunas orillas rechazan que Petro pueda viajar al exterior, otros defienden la presunción de inocencia y resaltan que no existe una investigación formal en su contra. Además, destacan que el permiso concedido por el Senado contó con el respaldo de sectores como el uribismo.

Sin embargo, con la luz verde, según la carta enviada al presidente del Senado, Honorio Henríquez, el motivo del desplazamiento será la participación en un evento de carácter académico.

En su mensaje, Petro detalló: “De la manera más atenta me permito informar que saldré del territorio Nacional el día 30 de agosto de 2026 con destino a la ciudad de México, regresando el día 2 de septiembre de 2026, con motivo de participar en un evento de carácter académico”.

Solicitan al Senado revocar permiso de salida del país para Gustavo Petro tras denuncia formal

Días antes de que el expresidente Petro confirmara su primer destino en el exterior, se conoció que el abogado Manuel Vicente Villanueva, representante de Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación en el Gobierno Petro, pidió al Senado de la República cancelar la autorización que permite al expresidente salir de Colombia durante el año posterior a su mandato.

La solicitud se presentó tras la denuncia interpuesta contra el exmandatario ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Según el jurista, la denuncia incluye señalamientos por presunto peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.

El documento detalló que los hechos investigados involucran la supuesta presión para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación y presiones relacionadas con el nombramiento de funcionarios, así como amenazas y señalamientos contra Rodríguez.

El abogado Villanueva insistió en que la gravedad de las acusaciones debería motivar al Senado a revocar el permiso, que fue concedido siempre y cuando Petro informara el destino y las fechas de sus viajes. El caso ha generado debate, ya que algunos sectores consideran que las investigaciones en curso justifican restricciones a la movilidad del exgobernante.

Por su parte, Petro anunció que presentará acciones legales contra Rodríguez, a quien acusó públicamente de calumnias y de actuar motivada por intereses personales. El exmandatario defendió la legalidad de su permiso para viajar, con la aclaración de que no tiene procesos judiciales en firme y que la sanción administrativa de Estados Unidos —su inclusión en la Lista Clinton— no le impide salir del país.

El exjefe de Estado afirmó que sus desplazamientos tendrán fines personales, sociales, políticos y académicos, y que su situación de salud tampoco representa un impedimento para viajar. Aseguró que no abandonará Colombia y que mantiene su derecho a ejercer actividades públicas y privadas fuera del territorio nacional.

“En cualquier lugar puedo enseñar cosas que aprendió, pero esto no significa abandonar a Colombia. No estoy enfermo y aun tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho. No tengo líos pendientes con la justicia y la sanción administrativa que abusivamente me puso EEUU solo es para las personas de los EE. UU. (sic)”, dijo.

La petición se tramitó en cumplimiento del artículo 193 de la Constitución, que establece un veto de un año para que los expresidentes salgan de Colombia sin autorización del Congreso. En su momento, distintas voces apuntaron que México podría ser el destino inicial de Petro, donde mantiene vínculos con figuras del partido Morena y la actual presidenta Claudia Scheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, confirmó que participará en las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, previo al próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión,que comenzará en septiembre.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, Rodríguez subrayó la coordinación entre el Ejecutivo y las bancadas de los tres partidos, así como la disposición oficial para rendir cuentas y detallar la agenda legislativa del gobierno federal ante diputados y senadores.

La funcionaria detalló que las reuniones con los legisladores federales ya están agendadas: el 30 de agosto, acudirá primero al Senado a las nueve de la mañana y posteriormente, ese mismo día, a la Cámara de Diputados al mediodía.

Para el día siguiente, está prevista una sesión especial con el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Rodríguez especificó que estos encuentros son parte de una práctica anual. Explicó que el objetivo es informar a los legisladores sobre los temas prioritarios del Ejecutivo y responder inquietudes puntuales de los grupos parlamentarios.

“Siempre asistimos con mucho gusto para informar sobre la agenda, los intereses que tiene el Gobierno de México para salir adelante en las diferentes materias de política pública”, puntualizó la secretaria.

Confirmación de reuniones y diálogo institucional

La titular de Gobernación resaltó la importancia de mantener la comunicación directa con ambas Cámaras y de cumplir la obligación de rendir cuentas, al argumentar que, además de las sesiones plenarias, también participará en la glosa del informe del Segundo Informe de Gobierno, proceso en el que se acuerda con las comisiones correspondientes la dinámica de intervención.

“Vamos a acudir y después también acudiremos a la parte de la glosa del informe con las diferentes comisiones”, precisó la funcionaria. Añadió que la coordinación con senadores y diputados permite que el Ejecutivo explique el estado de la administración pública y responda directamente a los cuestionamientos de los legisladores.

Rodríguez enfatizó que este ejercicio de diálogo y transparencia se realiza cada año y que el Gobierno federal siempre cumple con la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión.

Preparación de la agenda legislativa y próximos anuncios

Consultada sobre los temas que se presentarán ante los legisladores, la secretaria mencionó que la agenda está en revisión junto a la presidenta de México.

Adelantó que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, dará a conocer en breve el detalle de las iniciativas que serán prioridad en el nuevo periodo de sesiones.

Aclaró que las leyes e iniciativas ya enviadas por el Ejecutivo seguirán su curso legislativo en ambas cámaras. Sin embargo, indicó que todavía hay temas pendientes y que la presentación formal de la agenda se realizará dentro de este mes.

“El día que se presente aquí, lo van a hacer en breve. En este mes seguramente que lo presentará”, afirmó Rodríguez, al subrayar que la definición de la agenda busca precisión y claridad para los legisladores y la opinión pública.

Iniciativas prioritarias

Entre las iniciativas destacadas para el próximo periodo ordinario figura la Ley General de Feminicidio, impulsada desde el Ejecutivo y actualmente en análisis en el Senado.

Esta legislación busca homologar la tipificación del delito a nivel nacional, fortalecer la investigación y sanción de los casos, y garantizar derechos de reparación integral para las víctimas.

El proceso de discusión ha involucrado mesas de diálogo con legisladores, especialistas, representantes de la sociedad civil y familiares de víctimas. Se abordan temas como la prevención de la violencia feminicida, la debida diligencia en la investigación, la armonización legislativa y la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Además de la Ley General de Feminicidio, la agenda legislativa incluye otras reformas prioritarias: regulación de la inteligencia artificial, protección de pueblos originarios, bienestar animal y seguros de gastos médicos mayores.

Todas estas iniciativas reflejan el interés del Gobierno federal y de los grupos parlamentarios mayoritarios en avanzar en temas que han sido identificados como urgentes para el país.

Reconocimiento al trabajo legislativo y respaldo político

La secretaria de Gobernación expresó un reconocimiento explícito a la disposición y trabajo de los diputados y senadores en la recepción, discusión y aprobación de las leyes enviadas por el Ejecutivo.

Rodríguez destacó que, durante los últimos periodos, el Congreso ha mostrado apertura y compromiso con la agenda prioritaria, permitiendo avances significativos en materia legislativa.

“Siempre se ha contado con el apoyo del Congreso de la Unión”, afirmó la funcionaria.

Agregó que la colaboración institucional ha sido clave para lograr cambios en el marco normativo nacional y agradeció el esfuerzo y la dedicación de los legisladores en beneficio del país.

Rodríguez concluyó que la relación de diálogo y coordinación permanente entre el Gobierno federal y el Congreso seguirá siendo un pilar para la aprobación de nuevas reformas y para la rendición de cuentas ante la sociedad.

El Senado de República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una iniciativa presentada por el presidente de la cámara, Ricardo de los Santos Polanco.

La propuesta busca garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos frente a la Administración Pública y someter a control judicial toda conducta, acto, actuación u omisión administrativa, informó el organismo.

La propuesta establece un criterio central: no existen actuaciones u omisiones exentas de revisión judicial dentro de ese ámbito. También reconoce el derecho de toda persona a acudir a los órganos de esta jurisdicción para hacer valer sus derechos e intereses, incluidos los de carácter colectivo o difuso.

Según informó el Senado el 19 de agosto, el proyecto regula la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en materia contencioso administrativa, así como el proceso previsto en la Constitución de la República.

El texto plantea que ese proceso se rige por los principios del derecho administrativo. La aplicación del derecho procesal civil solo operará de manera supletoria y excepcional, cuando resulte compatible con la naturaleza del proceso contencioso administrativo y cuando los principios propios de esa rama no basten para resolver la cuestión planteada.

Además, el texto del artículo 84 califica como desacato toda conducta omisiva o activa que transgreda lo establecido en una providencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como aquellos actos emitidos con el propósito doloso de burlar la ejecución del mandato judicial. Listín Diario añade que la autoridad pública, órgano de la Administración Pública y el funcionario titular del mismo, que incurran en desacato, serán sancionados con el pago de una multa que va de 10 a 400 salarios mínimos del sector público.

Alcance del control judicial

La Jurisdicción Contencioso Administrativa tendrá la facultad de revisar y controlar todo tipo de actividad o inactividad administrativa desplegada por cualquiera de los sujetos descritos en el artículo siete del proyecto. Ese alcance es uno de los ejes de la iniciativa aprobada en primera lectura por el Pleno del Senado.

En términos prácticos, el proyecto busca asegurar que las relaciones entre las personas y la Administración Pública se ajusten al ordenamiento jurídico del Estado. Para ello, dispone un marco que abarca tanto la conducta activa de la administración como sus omisiones.

El texto también define el acceso a esta jurisdicción como un derecho de toda persona. Esa habilitación incluye no solo reclamos individuales, sino también la defensa de intereses colectivos o difusos ante los órganos competentes.

Homenajes durante la sesión

Durante la primera sesión ordinaria de la segunda legislatura, el Senado rindió homenaje con un minuto de silencio a varias personas fallecidas. Entre ellas estuvieron el empresario Luis Sánchez Noble, a solicitud del senador Antonio Taveras Guzmán, y Rafael Pimentel, exdirector del INABIE, junto con el joven Demetrio Paulino, por iniciativa del senador Julito Fulcar.

La cámara también honró la memoria del inmortal del deporte Casimiro de la Mota, a petición del senador Ramón Rogelio Genao, y del empresario Benjamín Toral, a solicitud del senador Moisés Ayala. La lista incluyó además a la profesora María Méndez, fallecida en el accidente del tanquero en la avenida George Washington, por solicitud del senador Alexis Victoria Yeb.

Cuando llega fin de año hay un pedido que se reitera en los lugares de trabajo: los de aquellos empleados que buscan hacerse un lugar en la rutina para ir a ver una actuación de su hijo en la escuela o el liceo. Muchos no quieren perderse de una instancia única y, según algunos estudios, la presencia tiene un impacto positivo en el desarrollo de los pequeños. Esta ausencia del trabajo por unas horas está cerca de estar habilitada por ley en Uruguay.

Esto porque la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que establece el derecho a ausentarse del lugar de trabajo a padres, madres y responsables a talleres educativos, eventos o actividades en centros educativos.

El derecho está redactado así: “Todo trabajador o trabajadores, de la actividad pública o privada, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su relación laboral o funcional, padre, madre o responsable de niños, niñas o adolescentes educandos de nivel de educación inicial, primaria y media básica, tendrá derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta por 8 (ocho) horas anuales a efectos de asistir a talleres educativos, eventos y requerimientos de la Dirección en los Centros Educativos de educación formal, sin perjuicio económico”.

El proyecto de ley fue redactado por el senador socialista Gustavo González, integrante de la coalición oficialista Frente Amplio. Al exponer en el plenario del Senado, el legislador dijo que las fiestas escolares son “interesantes” y “sentidas”: “¿A quién no le gustó bailar el pericón? ¿Que su papá y su mamá les diga: ¡Qué bien que actuaste!? Y ver además del papá y la mamá a los abuelos y tías. Esto es altamente saludable”.

El texto también establece algunos requisitos. En caso que la Cámara de Diputados convierta en ley este proyecto, los trabajadores deberán avisar a su empleador con al menos dos días de anticipación a la realización de la actividad, salvo algunas excepciones. Realizada en tiempo y forma, la solicitud no podrá ser negada “por ninguna circunstancia”.

Para acceder al beneficio, además, la persona beneficiaria deberá justificar su participación en el acto escolar ante el empleador con un certificado emitido por el centro educativo en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado desde el día en el que ocurrió.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el legislador argumenta que “el involucramiento, la interacción y la participación” en actividades “es un hecho o circunstancia necesaria, pero a la vez reconfortante y siempre anhelada”.

“Esa corresponsabilidad de actuación, en concordancia también con los principios antes transcritos, redunda evidentemente de manera positiva en el sentir y desarrollo emocional de la familia y también genera mayor y mejor conocimiento y relacionamiento en la comunidad educativa en su conjunto, dentro de los componentes de la familia individual, entre las distintas familias entre sí y en relación al personal docente y no docente de los centros educativos”, agrega la argumentación del proyecto de ley.

González presentó esta propuesta con la intención de “evitar o paliar” que la participación de los padres en estos actos escolares se vea imposibilitada por estar trabajando.

“Las familias que se contactan con la escuela logran mejorar los logros de sus hijos”, argumentó el senador socialista al exponer en el Parlamento.

El proyecto de ley fue destacado por legisladores de la oposición. Robert Silva, senador del Partido Colorado y ex titular de la máxima autoridad educativa de Uruguay, destacó el componente “social y educativo” de la propuesta. “Esto no es un privilegio sino es un fortalecimiento del vínculo entre los niños, adolescentes y su familia”, destacó.

“Esto va enraizado con las mejores tradiciones del Uruguay, del Uruguay de la justicia social, del Uruguay que genera condiciones de vida para todas las personas”, agregó.

Un chat filtrado del grupo de WhatsApp de senadores de Morena expuso el pleito abierto entre Ricardo Sheffield Padilla y Emmanuel Reyes Carmona por la candidatura a la presidencia municipal de León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027.

La conversación, difundida por el periodista Irving Pineda, revela los cruces directos entre ambos legisladores —con intervención del también senador Gerardo Fernández Noroña.

Así fue el pleito

El intercambio comenzó cuando Sheffield compartió en el grupo un tuit de Miguel Zacarias dirigido a Reyes Carmona: “¿Estás oyendo @EmmanuelReyesC? ‘Que se postulen donde fueron a pedirle el voto a la gente’, le dijo la dirigente de Morena Ariadna Montiel a Colosio Riojas, quien estudia postularse en Sonora cuando su carrera la ha hecho en Nuevo León”.

La analogía era clara: Sheffield usaba el señalamiento de Montiel a otro caso para apuntarle a su compañero de bancada. Reyes Carmona respondió defendiendo su derecho a aspirar a León: “Al ser de lista nacional, es, y soy senador de toda la República, incluyendo León”.

Sheffield subió el tono con ironía directa: “Pues de paso habías de ir a pelear una Alcaldía al Edomex, aprovechando que allí naciste” (sic). Otro integrante del grupo secundó el comentario: “También incluyendo el Edomex, claro!”.

Reyes Carmona no cedió. Respondió en el chat: “Mejor, Gobernador de Guanajuato”. Sheffield replicó de inmediato: “Échale ganas. Ya solo te falta 68% para alcanzarme. Y unas dos décadas más en la política”.

Noroña intentó frenar el pleito y terminó cediendo

La discusión escaló hasta que el senador Noroña intervino para llamar al orden: “Compañeros, con franqueza y respeto les digo que me parece inmaduro e incorrecto la forma de abordar sus legítimas aspiraciones. Traemos una ofensiva brutal de la derecha, nada menos que desde el gobierno de Estados Unidos, y nosotros en vez de fortalecer la unidad, estamos viéndonos el ombligo. Me parece lamentable”.

Sheffield no aceptó la reprimenda sin réplica. Le recordó a Noroña que él mismo, en ese mismo grupo y bajo las mismas circunstancias, había llevado al Senado a la viuda de Carlos Manzo por un tema relacionado con Reyes Carmona. “Eso no era verse el ombligo?”, le preguntó. Añadió: “No voy a dejar de replicar ningún tema que no me parezca”.

Noroña respondió: “Yo creo que tienes razón. El que yo haya reclamado la visita de la señora Quiroz era verme el ombligo. ¿Cómo me atrevo a pedir seriedad en el manejo de sus legítimas aspiraciones? Sígale compañero Sheffield, aprenderé a hacer política de altura”.

Reyes Carmona cerró su participación con un mensaje que editó a las 15:07: “Yo no busqué el pleyto (sic). He recibido diversas calumnias y he guardado silencio ante muchas de ellas. También podría responder, con hechos y verdades, no con mentiras. Sin embargo, por el bien de nuestro movimiento y atendiendo a tus razonamientos, seguiré promoviendo la unidad”.

Noroña respondió con una frase que resumió el tono del intercambio: “Te agradezco, Emmanuel, y te mando un abrazo. Ahora me pasó lo obvio: ‘el que pide paz pide más’”.

El origen del conflicto: acusaciones de financiamiento de La Luz del Mundo

El chat filtrado es la continuación pública de un enfrentamiento que estalló este 11 de agosto durante la inauguración del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en León. Ahí, Sheffield acusó a Reyes Carmona de financiar bardas, espectaculares y publicaciones en revistas con recursos de la organización religiosa La Luz del Mundo. “Trae ganas de gastar dinero, pero no es de él, es de La Luz del Mundo”, dijo Sheffield a medios de comunicación.

Sheffield también cuestionó que su compañero cumpla con los requisitos legales para contender. Sostuvo que la legislación exige cinco años de residencia efectiva en el municipio, condición que, afirmó, Reyes no tiene. “No sé qué habrá fumado o qué se metió, pero para ser alcalde de León lo primero es que debes ser leonés”.

Reyes Carmona anuncia denuncias por difamación

Reyes Carmona rechazó todas las acusaciones. Aclaró que la Constitución Política del Estado de Guanajuato exige únicamente dos años de residencia efectiva —no cinco— y aseguró cumplir ese requisito tras establecer su domicilio en León. Sobre el financiamiento de La Luz del Mundo, respondió: “Pues es que yo no estoy haciendo ninguna campaña. No sé por qué él esté asegurando esto”, según irvingpineda.com.

El senador anunció dos acciones legales contra Sheffield: una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por calumnias y guerra sucia, y una demanda civil por daño moral. “Él me está calumniando y, definitivamente, yo voy a proceder al interior del órgano intrapartidista. Y la otra va a ser por la vía civil, por el daño a mi imagen, a mi figura, por las calumnias que está lanzando en mi contra”, advirtió Reyes, de acuerdo con La Crónica.

Sheffield, por su parte, también presentó una queja ante la misma Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esta vez contra Reyes, por sus aspiraciones que calificó de “injustificadas”.

La disputa entre ambos senadores ocurre mientras Morena define quién competirá por León, uno de los bastiones históricos del PAN en Guanajuato. El eventual candidato morenista se mediría contra Alan Márquez, del PAN, actual diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

El Senado de la República inició el debate para modificar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio en México con la participación de especialistas, autoridades, familiares de víctimas y activistas colocaron en el centro demandas que buscan transformar la manera en que el Estado enfrenta la violencia feminicida.

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y actualmente en análisis en el Senado previo a su discusión formal en el Congreso de la Unión, fue analizada por los espcialistas con propuestas que insisten en la prevención, el reconocimiento de la niñez afectada y la eliminación de la impunidad.

El fenómeno del feminicidio no es solo un problema penal ni un asunto aislado. Las voces reunidas en las mesas de diálogo convocadas por las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado coincidieron en que la violencia contra las mujeres es sistemática, tiene raíces estructurales y requiere respuestas profundas desde el Estado.

La urgencia, dijeron, es prevenir los feminicidios desde los primeros signos de violencia, no solo castigar cuando ya es demasiado tarde.

Prevención, registro de orfandad y una perspectiva de niñez

Las y los especialistas señalaron que la ley debe homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas; sin embargo, plantearon también la necesidad de establecer criterios uniformes para acreditar el delito, protocolos homologados de investigación y un lenguaje jurídico que incorpore perspectiva de género y derechos de la infancia.

En este marco, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal central del Estado de México, advirtió que el feminicidio infantil debe atenderse como una prioridad, ya que muchos agresores son personas cercanas a las víctimas y las condiciones en que ocurren estos crímenes son brutales.

Subrayó que la impunidad y la falta de protocolos claros permiten que muchos casos no sean perseguidos ni judicializados.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lorena Villavicencio Ayala, propuso fortalecer 24 artículos y transitorios de la iniciativa con perspectiva de infancia y reparación integral.

Insistió en la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y en garantizar la restitución de derechos a las hijas e hijos de víctimas, incluyendo atención inmediata, salud, alimentación, apoyo psicológico y representación jurídica autónoma.

Villavicencio planteó que la pérdida de patria potestad del responsable no debe extinguir su obligación alimentaria y que sus bienes contribuyan a la reparación económica de las víctimas indirectas.

También propuso un protocolo nacional de atención para niñas, niños y adolescentes en orfandad, coordinado entre el Sistema Nacional DIF y el SIPINNA.

El feminicidio, crimen político y deuda del Estado

La antropóloga Marcela Lagarde señaló que el feminicidio es un crimen político que involucra relaciones de poder y oprobio en toda la sociedad. Planteó que este delito no debe abordarse solo como una violencia, sino como un fenómeno complejo que exige una respuesta política y democrática.

Lagarde llamó a que el respeto a la vida de las mujeres pase de la teoría a la acción política.

En el mismo sentido, Maribel Bojorges Beltrán, fiscal especializada de la Fiscalía General de la República, advirtió que la ley debe construirse escuchando a quienes investigan, juzgan y acompañan a las víctimas, pero sobre todo a las familias que han aprendido a exigir justicia en medio del dolor.

Recordó que la obligación del Estado comienza mucho antes del feminicidio, en la prevención y la atención temprana de las violencias.

Capacitación y responsabilidad institucional

El debate resaltó la necesidad de capacitar y certificar a los servidores públicos que intervienen en la investigación y atención de feminicidios, dotándolos de altos estándares en derechos humanos y perspectiva de género.

Las y los participantes señalaron que la fragmentación actual del tipo penal dificulta la atención y propusieron homologar agravantes y penas, así como crear protocolos comunes para la investigación, atención y reparación.

La defensora de derechos de las mujeres Karla Micheel Salas recordó que la ley permitirá a México cumplir con sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los casos de Campo Algodonero, Digna Ochoa y García Andrade.

Explicó que estos precedentes establecen cómo debe actuar el Estado ante señales de riesgo, la búsqueda de desaparecidas y la protección de familiares de víctimas.

El especialista David Peña destacó que la impunidad en los feminicidios se agrava por la falta de personal, deficiencias institucionales, servicios periciales insuficientes y errores en la clasificación de casos.

Subrayó que la homologación del tipo penal y la creación de protocolos claros son fundamentales para evitar resistencias institucionales y garantizar el acceso a la justicia.

Piden participación social

Las modificaciones propuestas para la Ley General contra el Feminicidio buscan que la norma deje de ser una suma de buenas intenciones y se convierta en un instrumento real de protección, justicia y reparación.

Quienes participaron en el análisis coincidieron en que la ley debe funcionar en la realidad mexicana y ser capaz de transformarse, enriquecerse y adaptarse a las necesidades de las víctimas y sus familias.

La iniciativa, que será discutida en el Senado, incorpora demandas históricas: prevención desde el primer signo, registro de orfandad, capacitación institucional, homologación nacional y la voz de quienes acompañan y exigen justicia. El reto es que ninguna vida quede fuera del alcance de la protección del Estado.

David Morens, exasesor del infectólogo Anthony Fauci, se declaró culpable el martes 18 de agosto ante un tribunal federal de conspirar para eludir las leyes de registros públicos y ocultar documentos del gobierno relacionados con subvenciones de investigación sobre el COVID-19. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland.

El caso marca el primer fallo de culpabilidad derivado de las investigaciones sobre el manejo de los registros federales durante la pandemia y la sentencia está fijada para el 12 de noviembre.

Quién es David Morens

Morens, de 78 años, fue asesor sénior en la Oficina del Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) entre 2006 y 2022. Trabajó directamente bajo las órdenes de Fauci, quien dirigió ese instituto durante 38 años y se convirtió en el rostro de la respuesta federal a la pandemia de coronavirus.

El NIAID forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la agencia federal responsable de financiar y supervisar la investigación biomédica en Estados Unidos. En ese rol, Morens tenía acceso a información no pública sobre las decisiones de financiamiento científico del gobierno.

Los cargos y lo que admitió en el tribunal

Según el Departamento de Justicia, Morens se declaró culpable de conspiración para cometer delitos y para defraudar a Estados Unidos. La acusación cubre hechos entre abril de 2020 y junio de 2023.

De acuerdo con los documentos judiciales, el NIAID había otorgado una subvención titulada Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence —“Comprensión del riesgo de emergencia del coronavirus en murciélagos”— a una empresa privada. Esa empresa, a su vez, transfirió parte de los fondos al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) en China.

El NIH canceló la subvención tras surgir acusaciones de que el COVID-19 pudo haber escapado de ese laboratorio. Según los fiscales, Morens y dos coacusados no identificados en el expediente público prometieron entonces ayudar a restaurar la financiación cancelada y “contrarrestar el relato de que el COVID-19 se filtró de un laboratorio”.

Para no dejar rastro, los conspiradores acordaron por escrito conducir sus comunicaciones a través de la cuenta personal de Gmail de Morens, en lugar de su correo institucional del NIH. Así intercambiaron información reservada del gobierno, coordinaron esfuerzos para influir en las decisiones de financiamiento y enviaron comunicaciones por canales no oficiales a funcionarios sénior del NIAID.

Los fiscales también alegaron que Morens y uno de los coacusados conspiraron para pagar gratificaciones ilegales. Según el expediente, el coacusado envió vino a la residencia de Morens en Maryland a cambio de sus gestiones y luego sugirió ofrecerle comidas en restaurantes con estrellas Michelin en París, Nueva York y Washington D.C.

El papel de la FOIA y por qué importa en este caso

La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), en vigor desde 1967, es la ley federal que garantiza el derecho de cualquier ciudadano o entidad a solicitar acceso a los registros de las agencias del gobierno federal. Las agencias tienen la obligación legal de responder en un plazo de 20 días hábiles y de entregar los documentos solicitados, salvo que apliquen exenciones específicas como la seguridad nacional o la privacidad personal.

En este caso, Morens y sus coacusados sabían que sus comunicaciones sobre la subvención cancelada podían ser solicitadas mediante una petición FOIA. Por eso trasladaron deliberadamente esas conversaciones a una cuenta privada: para dejarlas fuera del alcance del sistema de registros federales y, por tanto, fuera del alcance de la ley.

Esa maniobra también violó la Ley de Registros Federales, que exige que las comunicaciones de funcionarios públicos sobre asuntos oficiales se conserven en sistemas gubernamentales, sin importar el dispositivo o la cuenta que se use.

El debate sobre el origen del COVID-19

El caso de Morens se inscribe en un debate político y científico sin resolver. El FBI sostuvo en 2023 que una fuga del laboratorio de Wuhan probablemente causó la pandemia, afirmación que China rechazó. La CIA coincidió en enero de 2025 con esa hipótesis, aunque con “baja confianza”. Cuatro agencias de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia, en cambio, consideran más probable que el virus se transmitiera de forma natural desde algún animal.

Ese contexto político convirtió cualquier decisión sobre la subvención al WIV en un asunto explosivo. Los fiscales sostienen que Morens actuó para proteger una narrativa científica específica mientras ocultaba sus gestiones al escrutinio público.

Fauci ante el Senado y la investigación en curso

El 29 de julio, tres semanas antes de la declaración de culpabilidad de Morens, Anthony Fauci compareció ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado tras recibir una subpoena —orden judicial de comparecencia obligatoria— emitida por el senador Rand Paul de Kentucky. Fauci, de 85 años, rechazó más de 100 preguntas al amparo de la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho constitucional a no responder preguntas que puedan incriminar penalmente al declarante, según informaron Reuters y la Associated Press.

La decisión no fue arbitraria. El presidente Joe Biden le había concedido un indulto en enero de 2025 por su conducta oficial durante la pandemia, pero ese blindaje no lo protegía de acusaciones de perjurio por declaraciones falsas ante el Congreso en esa misma audiencia. Sus abogados optaron por el silencio constitucional.

En su declaración inicial, Fauci acusó a Paul de llevar una campaña “desquiciada” para verlo encarcelado. Paul, por su parte, advirtió que negarse a testificar constituye un delito y anunció una votación para declararlo en desacato.

El abogado de Morens, Timothy Belevetz, emitió un comunicado breve tras la audiencia del 19 de agosto: “Al declararse culpable hoy, el doctor Morens ha asumido la responsabilidad por lo que hizo y seguirá haciéndolo”.

Penas posibles y próximos pasos

Morens enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración al que se declaró culpable, más una multa de hasta USD 250.000. La jueza de distrito Paula Xinis fijó la sentencia para el 12 de noviembre.

Los cargos originales del expediente de abril —que incluían destrucción y falsificación de registros federales, con penas de hasta 20 años por cada uno— no forman parte del acuerdo de culpabilidad, lo que sugiere que Morens negoció con los fiscales para limitar su exposición penal.

Tras la audiencia, el director del FBI, Kash Patel, advirtió que la investigación “continúa en curso”, una señal de que el caso podría extenderse a otros involucrados.

El Senado de la República inició este 18 de agosto las mesas de diálogo para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que plantea crear una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

El objetivo central es establecer reglas comunes en todo México para prevenir, investigar y sancionar este delito, además de garantizar atención y reparación para las víctimas y sus familias.

Las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera convocaron a legisladores, especialistas, académicos, autoridades, organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.

En total, las comisiones recibieron 796 propuestas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa.

Feminicidio: la propuesta busca terminar con diferencias entre estados

Uno de los principales puntos de la iniciativa es homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas.

Actualmente existen diferencias en la manera en que los estados definen y sancionan este delito, situación que, de acuerdo con participantes del foro, puede generar obstáculos durante las investigaciones y favorecer la impunidad.

La propuesta también contempla penas de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes.

Entre ellas se consideran circunstancias como que la víctima estuviera embarazada, tuviera alguna discapacidad o fuera defensora de derechos humanos.

Además, plantea que la investigación de una muerte violenta de una mujer se realice inicialmente bajo perspectiva de género y con criterios relacionados con el feminicidio, con el propósito de evitar que posibles casos sean descartados desde el comienzo.

¿Qué plantea la iniciativa de ley?

• Homologar el delito de feminicidio y sus agravantes en todo el país.
• Establecer penas de 50 a 70 años de prisión.
• Reforzar la prevención y la identificación temprana de riesgos.
• Mejorar las órdenes de protección y la respuesta ante desapariciones.
• Crear un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
• Establecer responsabilidades para autoridades que incurran en omisiones o negligencias.

Prevención e investigación, el otro reto frente al feminicidio

Durante las mesas, legisladores y especialistas coincidieron en que aumentar las penas no será suficiente para combatir la violencia feminicida.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que la actuación del Estado debe comenzar antes de que ocurra el asesinato, mediante mecanismos de prevención, detección de riesgos y atención inmediata de denuncias.

En ese sentido, representantes de la Fiscalía General de la República y ONU Mujeres señalaron la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres.

También plantearon mejorar la coordinación, capacitar al personal y garantizar recursos para que las nuevas obligaciones puedan cumplirse.

Orfandad por feminicidio entra en el proyecto nacional

Otro de los componentes destacados es la creación de un registro nacional para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa de un feminicidio. La propuesta contempla medidas integrales para su protección, atención y acceso a derechos.

El planteamiento busca atender a las víctimas indirectas, un sector que, de acuerdo con participantes del diálogo, ha enfrentado durante años vacíos institucionales y dificultades para recibir acompañamiento.

Homologar la ley también implica desafíos para los estados

La iniciativa enfrenta, sin embargo, retos importantes. Uno de ellos será armonizar las disposiciones nacionales sin invadir las competencias de las entidades federativas.

La vicepresidenta del Senado, Verónica Noemí Camino Farjat, señaló que la coordinación entre autoridades será fundamental para evitar que las diferencias legales permitan evadir responsabilidades.

También existen áreas de oportunidad dentro del propio proyecto. Javier Corral reconoció que, aunque la propuesta representa avances, algunos aspectos requieren revisión para evitar incertidumbres jurídicas y garantizar que la legislación sea aplicable en la realidad.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que desde enero de 2015 hasta julio de 2026 se han registrado más de 37,000 mujeres víctimas de muertes violentas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las mesas de diálogo servirán para incorporar propuestas al dictamen. La iniciativa será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones y, en caso de avanzar en el Senado, continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

El congresista intervino en la Comisión Primera del Senado —encargada de debatir reformas constitucionales, derechos fundamentales y la estructura del Estado colombiano— para cuestionar la pertinencia de las discusiones políticas frente a la crisis humanitaria.

Cadavid publicó su postura en su cuenta de red social X, en donde expresó que el enfoque legislativo debe centrarse en la ayuda inmediata a los ciudadanos afectados por el movimiento telúrico.

“Lo dije hoy en la Comisión Primera: mientras nosotros discutimos aquí si debe haber debate o no, los colombianos esperan soluciones. Estamos ante una situación completamente atípica que nos exige estar a la altura, unir capacidades y trabajar por quienes hoy más lo necesitan”, señaló el congresista en la publicación.

Durante su intervención ante la célula legislativa, Cadavid profundizó en su llamado a la unidad política; el senador pidió dejar de lado las disputas sobre la figura del control político para priorizar la coordinación institucional.

“Simplemente para dejarle una reflexión a esta Comisión Primera que hoy empieza ya su desarrollo. Aquí uno va a decir cómo y cuándo se utiliza la figura del debate de control político. Nosotros fuimos oposición y utilizamos ese instrumento cuando las mesas directivas lo permitían”, indicó el congresista en el legislativo.

Cadavid agregó que la ciudadanía observa el trabajo del Congreso en busca de respuestas concretas, por lo que sostuvo que crear un debate sobre la realización de un debate no responde a las necesidades actuales de la población.

“Pensemos esencialmente en lo que está pasando. Si alguna persona en una región de Colombia nos estuviera viendo en este momento, nosotros estamos creando un debate sobre si debe haber debate. Y yo no sé si esa es la respuesta que espera el pueblo colombiano; estoy seguro de que no”, afirmó.

El senador del Centro Democrático invitó a dinamizar la comisión bicameral creada para la emergencia, por lo que propuso convocar a exgobernadores y exalcaldes para integrar experiencias previas en la gestión de crisis.

“Que si se debate, que si sí, que si no, que quién tiene la responsabilidad. Yo creo que hoy los colombianos estamos esperando es poder unir todas las capacidades posibles y que este Congreso esté a la altura de no quedarnos dando vueltas sobre si debatimos o qué no debatimos”, concluyó Cadavid en su intervención en la Comisión.

Balance oficial de víctimas ante el terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó el reporte consolidado sobre los efectos del sismo. El balance oficial registra un total de 304 personas fallecidas y 4.548 heridos tras el evento natural.

Los hospitales en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia recibieron a los heridos durante las primeras horas posteriores a la emergencia.

Además, los organismos de socorro continúan con las labores de rescate en las zonas impactadas por las más de 180 réplicas posteriores.

Y es que es imperativo señalar que el terremoto se sintió en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, además de zonas fronterizas de Panamá y Ecuador.

Por lo que la entidad señaló en su informe que contabiliza 29.554 viviendas totalmente destruidas; otras 134.342 casas presentan daños graves en su estructura física.

Cientos de instituciones educativas y centros de salud sufrieron grietas y colapsos parciales, de hecho, vías nacionales registraron cierres totales por deslizamientos de tierra y fallas en la capa asfáltica.

De igual manera, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira aplicó suspensiones temporales en sus operaciones por daños en la pista y el Gobierno nacional declaró el estado de desastre nacional para canalizar fondos hacia la reconstrucción.

El Senado de la República inició hoy las mesas de diálogo para analizar la iniciativa relativa a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la cual se busca homologar la tipificación del delito a nivel nacional.

De acuerdo con el Senado, en las mesas de diálogo fueron convocatas por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, con la participación de legisladores locales y federales, académicas y académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, representantes de autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, defensoras y defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas, entre otros.

Detalló que entre los temas que se analizan están la Prevención de la violencia feminicida y políticas públicas; Investigación del feminicidio, debida diligencia y análisis de contexto; el Tipo penal, tentativa, agravantes y armonización legislativa.

Asimismo, temas relacionados con las víctimas, como la Reparación integral, Niñas y niños en orfandad y medidas de protección; Coordinación institucional; Sistemas de información, registros y fortalecimiento de capacidades; así como Implementación de la Ley General.

¿Cuáles fueron las observaciones y propuestas?

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a Una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, señaló que el tipo penal de feminicidio está fragmentado en la legislación local.

“Hoy tenemos un tipo penal que en todo caso está fragmentado. Hay 32 estados que regulan el feminicidio de forma diferente y de forma diferente en los elementos que conforman el tipo penal, las razones de género, las agravantes y las penas”, dijo.

Gómez Saracibar afirmó que la iniciativa busca un tipo penal sólido y fortalecido, así como la actualización y certificación de servidores públicos en derechos humanos y perspectiva de género.

“Esta iniciativa contempla como un principio fundamental la sentencia de Mariana Lima Buendía para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con protocolo de feminicidio, asegurando que peritajes, preservación de indicios y continuidad en la cadena de custodia, el levantamiento, traslado y preservación de los cuerpos o los restos se hagan con dignidad humana, con cuidado, con perspectiva de género y de derechos humanos, con el derecho al acceso a la verdad y la justicia y un trato digno a las víctimas y sobrevivientes”, subrayó.

Entre otras propuestas, Gómez Saracibar resaltó la obligación de crear políticas públicas para niñas y niños en orfandad, así como el reconocimiento de la familia social, y la responsabilidad de las personas morales.

Por suparte, la docente Rocío Fragoso propuso que el aprendizaje de masculinidades igualitarias y no violentas, así como la educación para la igualdad sustantiva, sean contenidos obligatorios en la educación básica y media superior.

Fragoso planteó adicionar al artículo 62 bis un capítulo de políticas de prevención, con formación docente garantizada.

“El vacío en la Nueva Escuela Mexicana sobre justamente la prevención del feminicidio es que hoy es potestativo, no garantizado. Lo que pido es justamente convertir en obligación y en política pública con presupuesto, lo que el currículum oficial ya enuncia con aspiración frontal”, señaló.

¿Por qué se analiza la iniciativa previo a su discusión?

En su cuenta de X, Laura Itzel Castillo, senadora de Morena y expresidenta del Senado, dijo que las conclusiones de las mesas de diálogo serán insumos valiosos para el dictamen a la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué sigue?

Del 19 al 25 de agosto se llevará a cabo la sistematización de propuestas para integrar el proyecto de dictamen a finales de agosto e inicios de septiembre, previo a su discusión en el Congreso de la Unión.

El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, rechazó una nueva citación para comparecer ante el Senado de Estados Unidos tras ser declarado en desacato en agosto. La defensa del médico comunicó al senador Ron Johnson que no asistirá de forma voluntaria a un segundo panel de investigación, al calificar el requerimiento como un acto de hostigamiento político.

La controversia escaló después de que el experto de 85 años se negara a responder preguntas sobre el origen del COVID-19 y el financiamiento de investigaciones en China. Durante una audiencia previa el 29 de julio de 2026, el científico invocó la Quinta Enmienda de la Constitución en más de 100 ocasiones para evitar la autoincriminación. Esta postura bloqueó el interrogatorio sobre el manejo de fondos públicos y la gestión de la crisis sanitaria iniciada en 2020.

La disputa legal surge porque Fauci cuenta con un indulto presidencial de Joe Biden que, según los legisladores republicanos, anula su derecho al silencio. El Senado remitió el caso al Departamento de Justicia para evaluar una posible acusación penal por desacato al Congreso. El resultado del proceso determinará si el médico enfrentará penas de prisión por su negativa a testificar.

1) El origen del choque: fondos federales y el laboratorio de Wuhan

El eje del conflicto es si el gobierno estadounidense financió experimentos de ganancia de función. Este término técnico describe la modificación genética de virus para potenciar su transmisibilidad o virulencia con el fin de estudiar mutaciones y preparar respuestas médicas. Los legisladores republicanos sostienen que estas prácticas en el extranjero pudieron dar inicio a la pandemia.

La investigación sobre el manejo de los recursos públicos se resume en los siguientes puntos:

• El laboratorio chino recibió aproximadamente USD 600.000 a través de EcoHealth Alliance, una organización estadounidense sin fines de lucro que funcionó como intermediaria para transferir fondos federales y supervisar los proyectos científicos en Wuhan.
• La disputa técnica radica en si estos fondos permitieron la creación del virus SARS-CoV-2, una posibilidad que el FBI y el Departamento de Energía consideran probable.
• Fauci sostiene que los virus estudiados bajo la subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) eran molecularmente muy diferentes al que causó la crisis global.

El médico explicó a CBS News que la evolución necesaria para que esos ejemplares se transformaran en el virus actual habría tomado al menos 20 años. Sin embargo, en mayo de 2024, el gobierno suspendió los fondos a EcoHealth Alliance. La medida ocurrió tras detectar que la entidad no vigiló si los virus modificados crecían por encima de los umbrales de peligro permitidos.

2) El dilema de la Quinta Enmienda y el indulto de Biden

La Quinta Enmienda otorga a cualquier ciudadano el derecho a no declarar si sus palabras pueden utilizarse para incriminarlo en un delito. Sin embargo, el caso de Fauci presenta un vacío legal inédito: el expresidente Joe Biden le otorgó un indulto preventivo en enero de 2025.

Este perdón cubre cualquier acto federal cometido entre 2014 y la fecha de emisión. Los senadores republicanos argumentan que, al estar protegido de un proceso penal federal, el riesgo de autoincriminación desaparece y, por lo tanto, el derecho a guardar silencio queda anulado.

El senador de Kentucky Rand Paul, quien preside el comité, fue tajante sobre esta situación: “Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”. Paul remarcó que el indulto elimina el sustento constitucional de la negativa de Fauci.

Por el contrario, el senador Josh Hawley de Missouri increpó al médico durante la sesión: “Esto no tiene que ver con la ley. Se trata de desacato: desacato hacia este organismo y desacato hacia el pueblo estadounidense”. La defensa del científico sostiene que la audiencia buscaba forzar un error gramatical o una contradicción para acusarlo de perjurio, un delito que no estaría cubierto por el indulto de Biden.

3) ¿Podría Anthony Fauci ir a prisión? El proceso legal

La declaración de desacato al Congreso es un delito menor tipificado en el Código de Estados Unidos.

Aunque la comisión votó 8 a 5 a favor de esta medida, el proceso para que una persona termine en prisión es complejo y depende de varias instituciones:

• Votación en comisión: El primer paso ya se cumplió con la aprobación del Comité de Seguridad Nacional por estricta línea partidista.
• Remisión al Departamento de Justicia: El caso fue enviado al fiscal general, quien debe evaluar si presenta cargos formales ante un gran jurado.
• Discreción del fiscal: El Departamento de Justicia (DOJ) no tiene la obligación de procesar la remisión y puede archivar el expediente si considera que el testigo ejerció sus derechos correctamente.

Si el DOJ decide avanzar y un juez dicta sentencia condenatoria, la pena máxima es de 12 meses de prisión y una multa de hasta USD 100.000. El antecedente de este proceso se encuentra en los casos de Steve Bannon y Peter Navarro, exasesores de la administración Trump que cumplieron cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con investigaciones legislativas.

4) La fractura política y el impacto en la transparencia

La polarización sobre la figura de Fauci divide al Senado. Mientras los republicanos exigen rendición de cuentas por el uso de fondos en China, los demócratas denuncian una persecución política. La senadora Maggie Hassan argumentó que el interrogatorio buscaba “forzar un error” para presentar cargos nuevos no protegidos por el perdón presidencial.

Por su parte, el abogado de Fauci, David Schertler, calificó la votación como una maniobra destinada a castigar al médico por ejercer sus derechos constitucionales. Según Schertler, el proceso es la continuación de una “vendetta personal” por parte de sectores que cuestionan la gestión científica de la pandemia.

El desenlace de este conflicto establecerá un precedente sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a funcionarios que han recibido indultos. La transparencia en el manejo de fondos para investigación biológica permanece como el eje de una disputa que, seis años después del inicio de la crisis sanitaria, aún no encuentra un punto de consenso en la política estadounidense.

En medio de una mezcla de incertidumbre e incomodidad por la agenda del Gobierno en el Congreso, el oficialismo abrió el grifo en el Senado en cuanto a analizar proyectos de aliados. El objetivo es activar la contención de dialoguistas clave que, al margen del reclamo inicial, aprovecharon el malestar por algunos índices económicos y viraron, en las últimas semanas, hacia una oposición más férrea que amistosa.

“Lamento que se haya llegado a esta instancia para que los libertarios se dieran cuenta que tratarnos todo el tiempo como empleados tenía mecha corta. Tampoco es que hayan abierto tanto el juego. Ahora, están apurados. Nosotros, en cambio, no. Iremos viendo con el paso de las semanas, aunque en septiembre ingresa el Presupuesto 2027 en Diputados y estimo que acaparará la atención”, señaló un legislador radical a Infobae. La bancada que lidera el correntino Eduardo Vischi (Corrientes) es trascendental en la actualidad, por sus 10 votos.

El antecedente que dejó la fileteada ley de propiedad privada -duerme en Diputados y nadie la quiere agilizar- se replica con los frenos a las intenciones de la jefa oficialista del Senado, Patricia Bullrich, en cuanto a dictaminar iniciativas que desea la Casa Rosada. Al consultar, en las oficinas aliadas prima la calma y nadie quiere dar un paso en falso o, al menos, exagerado y sin justificación. “El que acompaña al Gobierno y después pone la cara cuando baja del avión en mi provincia, para comerse los sopapos, soy yo”, reconoció un legislador dialoguista.

Los textos en fila en la Cámara alta igual serán empujados por Bullrich. Por caso, en carpeta aparecen nuevos plenarios por la ley de Sociedades y el Súper RIGI. Hoy, nadie asegura un pronto despacho. Las críticas -camino más fácil para desviar la lupa- apuntan hacia el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Mientras desde Balcarce 50 piensan cómo dar vuelta un escenario que se complejiza, las comisiones de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Presupuesto y Hacienda se reunirán pasado mañana, desde las 10, para analizar una iniciativa cuya finalidad es “establecer el marco jurídico para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono”.

Presentó uno de los textos la -por ahora- aliada salteña Flavia Royón, aunque en la versión web se sumaron las firmas de la filo radical chubutense Edith Terenzi y del jefe del PRO, Martín Goerling Lara. Otro articulado parecido es el de la oscilante misionera Elizabeth Rojas Decut, quien pasó hace un tiempo al lote de legisladores no confiables para el Ejecutivo.

En el de Royón se destaca que “el establecimiento de cupos de exportación de Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles, definidos en función de la brecha entre las emisiones proyectadas y las metas comprometidas, permite equilibrar dos objetivos: promover la inserción internacional del mercado argentino de carbono y preservar la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos climáticos”.

Por otra parte, en los argumentos se habla de “promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera rentable, estableciendo un límite máximo legal de contaminación y creando un mercado donde las empresas compran y venden permisos de emisión”.

En junio pasado, los libertarios generaron un revuelo por acompañar a Terenzi para dictaminar una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión. A las pocas horas, aparecieron revisiones en las rúbricas del despacho en cuestión. Todo esto ocurrió mientras se discutían potenciales inversiones mega millonarias en el país. Generó fastidio en la Casa Rosada.

Bajo este panorama, el oficialismo iría con pies de plomo con este tipo de temas. Algo similar a lo que proponen aliados con Sociedades; Súper RIGI, salud mental e, incluso, la denominada “Hojarasca”, que espera para ir al recinto. Es una criatura de Sturzenegger. Una de cal y otra de arena.

Después de una semana de catarsis por la sesión que derivó en una descremada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el oficialismo libertario paró la pelota en el Senado y, en vez de apurarse para ir rápido al recinto, se dispone a preparar un encuentro de cara a finales del corriente mes: algunos temas -por ahora- esperarán, mientras que otros sin conflicto ya se sumaron a la carpeta y, lo que falta, es una iniciativa de peso para justificar el convite.

La resolución que tomó La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, apunta a no repetir lo ocurrido días atrás y evitar resentir la relación con los aliados. Durante la semana que termina, las explicaciones que oyó Infobae desde diversas bancadas dialoguistas estuvieron relacionadas con diversos motivos: las críticas -camino más fácil para desviar la lupa- al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; datos económicos que empiezan a preocupar a legisladores -el peronismo aprovechó para meter bocado y recuperar protagonismo-; y movimientos que se empiezan a escanear sobre el futro electoral -y laboral- en un puñado de bloques.

Bajo este escenario, lo primero que aparece en fila para una eventual sesión es el nuevo lote de pliegos judiciales de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja). A esto se le sumará un ramillete de convenios internacionales que pasó sin inconvenientes el filtro legislativo. La duda que persiste es qué proyecto de los considerados “fuertes” para el Ejecutivo quedará listo para ser aprobado por el pleno.

Una iniciativa que ya está con despacho rubricado -y luz verde de Diputados-, pero que oficialistas y aliados coinciden -con picardía- dejar en stand by en las últimas horas es la denominada “Hojarasca”, una de las criaturas de Sturzenegger para dinamitar normas vetustas. Se agrupan en seis categorías: leyes superadas por posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. “No hay apuro para acelerar y hay otras cuestiones pendientes”, manifestó a este medio un radical, a mitad de la semana. No obstante, un oficialista dijo que le parece “demasiado” frenar por una discusión más política que técnica este tema, aunque reconoció el malestar.

Por otra parte, el miércoles se reanudó, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General el análisis del Súper RIGI, cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera “industrias del futuro”. Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y dialoguistas que se mostraron dubitativos, La Libertad Avanza traerá la semana próxima al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el fin de blindar el texto. Podría ser una visita tensa o de riesgo ante una oposición que se enfoca, con mayor atención, en cómo llega la sociedad argentina a fin de mes.

Otra ley que interesa es la de Salud Mental. Infobae contó, al término del mes pasado, la circulación de un semáforo con los ítems que más y menos consenso presentaban, más allá de que todo continúa en revisión constante. Son 14 puntos. La mitad, se encontraban en verde; cinco, en amarillo; y dos, en fuerte conflicto. En el último lote aparecían las obligaciones de familiares y representantes legales, que sería lo que mayor trifulca genera hasta el momento. Un cuarto proyecto es el referido a Sociedades, de Sturzenegger, aunque en el sondeo realizado por este medio no sumó tantos adeptos, más allá de la consideración positiva de algún dialoguista que la sigue de cerca.

Karina Milei y Mauricio Macri podrían haber entrado en contacto mucho antes. Eran varios los interlocutores y las figuras políticas que querían que conversaran para encauzar de una vez por todas una senda de confianza que desembocara en un acuerdo electoral. “Después del Mundial lo hacemos”, le confesó oportunamente la secretaria general de la Presidencia a una persona de su extremísima confianza.

La charla se dio en un momento oportuno. No porque así lo quisiera la hermana presidencial, sino porque lo amerita el contexto. En la Casa Rosada siguen la evolución de ciertos estudios de opinión pública que han comenzado a preocuparlos. Advierten la caída en la imagen positiva de la gestión gubernamental y creen que aquello no va a revertirse en el corto plazo.

Los actores financieros miran con la misma atención estos asuntos. No son tan analíticos, tienen una forma de razonamiento menos fino. “No es que van a estar mirando la quinta derivada de cómo puede evolucionar algo. Miran el trazo grueso y deciden”, describe el dueño de un broker a este medio. La Casa Rosada busca evitar que hagan esa lectura más lineal: que avizoren en el horizonte la posibilidad de que vuelva una administración del peronismo-kirchnerismo. Si es así, habrá más cautela. Y ese clima tiende a volverse un circuito de prudencia con visos de retroalimentarse. Más aún cuando se acerca el año electoral.

Es por eso que La Libertad Avanza ha hecho gestos de distensión con los aliados. La semana pasada, un importante miembro de la Mesa Política acentuaba que estaban obligados a ceder. “A los bloques aliados les pedimos que nos den los temas que les interesan y se los vamos a mover. Con eso no vamos a tener problemas, pero si no, van a encontrar pocos incentivos para ayudarnos. Corremos riesgo de salir cagados a palos”, afirmaba.

Esto es algo que se ha conversado en la Mesa Política. Allí emergió un consenso de habilitar proyectos diagonales de distintos bloques amigos para, después, solicitarles ayuda en las reformas que más pide el Presidente.

Los responsables de esa mesa han sido quienes suplieron al mismo Javier Milei, a quien no se lo ha visto en una actividad oficial desde sus recientes viajes al exterior. Recibe empresarios y funcionarios en la Quinta de Olivos, pero no se muestra en la Casa Rosada salvo en casos estrictamente necesarios. Allí impera Karina. El mandatario aparecerá mañana en el acto homenaje por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. Será una cadena nacional más larga que lo normal y se esperan algunas palabras suyas.

Como nunca, al Presidente le interesan principalmente dos tipo de agendas: las que tienen que ver con la política exterior o su proyección como figura de la derecha internacional y las relativas a la economía o al ámbito empresarial. En su entorno marcan que pondera este tipo de actividades por sobre la rosca fina y los encuentros con gobernadores o dirigentes de alto vuelo. Tampoco ve con especial interés ir a eventos masivos o culturales. Suelen invitarlo a Fiestas Nacionales, pero su agenda, manejada por su hermana, no lo suelen posicionar allí. Los organizadores de los Juegos Suramericanos que se celebrarán en Santa Fe salieron a decir que Milei les dijo que tiene intenciones de participar, pero él mismo confiesa que no está al tanto de dicha actividad.

En los últimos días se aseguró que Milei irá a presentar el Presupuesto 2027 al Congreso, tal y como lo hizo en años anteriores, pero el mismo Presidente le confesó a Infobae: “La verdad que aún no está en la discusión si voy a ir. La vez que fui se debió a la presentación de déficit cero”. Se trataba de uno de los elementos de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pero esta no consiguió las adhesiones suficientes cuando quiso ser tratada en diciembre del año pasado.

Mientras Milei se ocupa de revisar algunos asuntos de la agenda gubernamental y se centra en la economía, la política ha visto como en pocas ocasiones la proactividad de Karina Milei. Esta intensificación de su tarea como cabecilla del proyecto libertario ahora se traslada a la cuestión actitudinal: se ha notado un progreso en su forma de pronunciar los discursos públicos, lo admiten quienes la acompañaron el jueves a la inauguración de un local partidario en San Telmo. “Está mejorando su timidez y está profundizando su fase como líder del espacio”, comenta uno de sus principales laderos.

Ante la ausencia del Presidente, la gran mayoría de las reuniones son presididas por Karina (la cumbre de LLA y el PRO del jueves fue digitada por Macri y ella, aunque encabezada por Diego Santilli). Dos ministros y un vocero han dicho a Infobae que las reuniones de Gabinete perdieron su practicidad para repasar los hitos de gestión de cada uno de los ministerios. Más que una cuestión valorativa, es algo que efectivamente pasa. “Ahí Javier aprovecha para dar las principales puntadas de lo que cree que tiene que acontecer en la gestión y está bien. El repaso de nuestras tareas que podemos hacer ahí ya no se hace. Por eso creo que nos piden ir a la mesa política”, afirman.

La mesa política se convirtió en una suerte de reunión de gabinete blue y rotativa. Este martes habrá una nueva reunión. Un integrante de ese grupo contó que se esperaba que fuera Sandra Pettovello, pero que por cuestiones de gestión pidió estar en la de la semana próxima. Se espera que vaya en su lugar otro ministro del Ejecutivo.

Con lo sucedido con Federico Sturzenegger, los ministros saben que ya no pueden mantener diálogo directo con el Presidente y que esa voz sea la única que les convalida un proyecto o iniciativa de gestión. Es sin dudas una rareza que aquello no resulte suficiente, pero este es un Gobierno que ha incorporado dinámicas particulares que luego fueron normalizadas.

Hasta ahora, la orden de las comandas políticas es la siguiente: primero la aprobación de las leyes que ya tienen la media sanción de alguna de las dos cámaras, luego el Presupuesto 2027 y, por último, la Reforma Política, que tiene en la suspensión de las PASO su principal instrumento reformador.

Hay algunos operadores del oficialismo que consideran que están muy cerca de juntar la media sanción en el Senado de las PASO. Creen que se realizó un importante avance al prometer las Zonas Cálidas para los gobernadores del Norte Grande y otra serie de iniciativas de los aliados en el mediano plazo. Hay un optimismo proveniente del karinismo que choca con la lectura que realiza Patricia Bullrich y su círculo de estrategas del Senado. “Nosotros no tenemos esa lectura”, afirman.

Y es que varios aliados todavía advierten que la agenda de prioridades legislativa debe definirse de manera diferente. Si no, marcan que los acuerdos podrían quebrarse. Por caso, el PRO reclama el tratamiento de Ficha Limpia en forma separada de la reforma electoral; la UCR quiere incorporar su proyecto de RIGI para pymes; y las fuerzas provinciales exigen avances en biocombustibles, entre otros. Mientras tanto, en el oficialismo quieren venderle a los aliados “un clima de optimismo” a raíz de los proyectos libertarios que saldrán en Diputados el próximo 26 de agosto.

Se trata de una de las tantas desconexiones que se producen entre el sector ligado a la hermana presidencial y a la jefa de bloque en el Senado. Esta semana una figura de la mesa política filtró un diálogo que se había dado puertas adentro. Particularmente un enojo que se dio entre Martín Menem y Patricia Bullrich. El titular de Diputados le transparentó algunos planteos que ya venía haciéndose en el fuero interno: que no debía realizar sesiones semanales con pocos proyectos y que, por el contrario, debe hacer sesiones más esporádicas pero con mayor cantidad de temáticas, incluyendo a algunos aliados.

En el fondo, lo que está sucediendo es una suerte de exteriorización de una interna en la cual el karinismo dice en privado que Bullrich está pisando el tratamiento de las PASO bajo una presunta especulación en términos electorales. Eso no es para nada lo que piensan desde el otro bando. La jefa de bloque indicó que hubo asuntos que se pudieron haber movilizado con mayor facilidad si Manuel Adorni hubiera sido removido con premura.

“El PJ está con movimientos nuevos y coordinados y lo electoral no se cuenta sino en cómo se coordinan ellos”, indica una fuente inobjetable. Ergo, creen que siguen sin resolver una mayoría segura para las reformas más importantes.

No resultó menor lo que sucedió en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro, en donde se volvieron a encontrar Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, los gobernadores Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella; y los legisladores Gerardo Zamora, José Mayans y Germán Martínez. El encuentro buscó que la interna (que existe y seguirá existiendo) en la provincia de Buenos Aires no se traslade a la construcción que tienen que realizar en otros lugares. Todo para sostener las PASO. Si aquello se quiere lograr, implica que el peronismo deberá ofrecer incentivos para que aquellos que son aliados al Gobierno, ya no lo sean.

Lo que sucedió en la sesión del jueves de la anterior semana no refleja lo que pueda llegar a acontecer en un futuro. “A Patricia la ayudaron muy poco. Nos quisieron dejar la pelota frente al arco y sin arquero para que metamos el gol de la victoria para después darle con un caño”, dijo uno de los arriba mencionados a Infobae.

En esa interlocución con los gobernadores que comenzaron a tener diferentes alfiles de la Mesa Política surge una novedad: en Catamarca afirman que la Casa Rosada quiere que Raúl Jalil siga un mandato más en su cargo como gobernador. Y en la conducción nacional de LLA no lo desmienten.

El actual mandatario dice que la limitación a las reelecciones la hizo seis días después de asumir su segundo mandato, por lo que el actual sería computado como el primero después de esa normativa. El PJ provincial quiere que el elegido sea el intendente Gustavo Saadi y que la actual senadora Lucía Corpacci sea cabeza de lista junto a Jalil. “Raúl es peronista, pero habrá que ver con el pasar de los días”, dicen en su entorno. A algunos libertarios les gustaría que salte a La Libertad Avanza, aunque lo más probable es que eso no esté en los planes del mandatario.

La personalidad entrañable del gobernador ha caído bien a diversos integrantes de la mesa política. Casi tan entrañable como la localidad de Fiambalá, adonde se fue a pasar el fin de semana largo junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos estuvieron el viernes en esa provincia firmando convenios junto a Santilli y el santiagueño Elías Suárez.

Tal y como lo adelantó el periodista Javier Laquidara en La Política Online, el Gobierno mira casos similares como Salta y Tucumán con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. Ambos estarían dispuestos a buscar una reelección y La Libertad Avanza no descartaría apoyarlos con tal de recibir sus adhesiones en el Congreso. Aun así, nadie tiene la última palabra. En un muy importante despacho del microcentro porteño, un dirigente de altísimo rango nacional emitió el siguiente apotegma: “Los gobernadores son de los gobernadores, y si necesitan te van a cagar”.

La defensa de Anthony Fauci rechazó una solicitud para comparecer de forma voluntaria ante un segundo panel del Senado de Estados Unidos. El abogado del exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas envió una carta al senador Ron Johnson para comunicar esta decisión.

El representante legal del doctor calificó el nuevo requerimiento como un intento de “acoso político”. La misiva sostiene que cualquier esfuerzo para obligar al experto a presentarse ante un subcomité de investigaciones busca degradar su imagen tras la tensa audiencia del pasado 29 de julio.

Anthony Fauci declinó comparecer ante un subcomité de investigaciones del Senado tras la votación de desacato del 6 de agosto de 2026. La disputa surgió por su negativa a declarar sobre los orígenes de la COVID-19 y el financiamiento de investigaciones en China, lo que derivó en una remisión al Departamento de Justicia.

Esta negativa ocurre después de que la mayoría republicana en el Comité de Seguridad Nacional votara a favor de declarar al médico en desacato al Congreso. La votación se realizó con una división partidista marcada y representa una escalada en la confrontación legislativa.

El impacto de la audiencia de julio y el uso de la Quinta Enmienda

Durante su testimonio ante el Senado a finales de julio, el Dr. Anthony Fauci invocó la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación en 100 ocasiones. Esta postura impidió que los legisladores obtuvieran respuestas sobre su gestión durante la pandemia de COVID-19.

El senador Rand Paul, quien preside el comité, impulsó la declaración de desacato como respuesta a este silencio. El legislador por Kentucky argumentó que la protección constitucional no es válida en este caso particular.

La justificación de Rand Paul se basa en un perdón preventivo que el presidente Joe Biden otorgó al doctor. Según el senador, este beneficio legal elimina el riesgo de un proceso penal y, por lo tanto, anula la facultad de invocar el derecho a no declarar.

El caso pasó ahora a manos del Departamento de Justicia. Esta institución debe determinar si el doctor ejerció de manera correcta sus derechos constitucionales o si existe fundamento para iniciar una investigación criminal por su negativa a colaborar.

La controversia científica sobre la ganancia de función

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en las investigaciones de ganancia de función. Este método consiste en modificar o potenciar virus para estudiar su evolución y capacidad de contagio.

Rand Paul acusó de forma reiterada a Anthony Fauci de mentir sobre el apoyo financiero a este tipo de experimentos. El legislador sostiene que el laboratorio de Wuhan realizó estas prácticas con fondos estadounidenses.

De acuerdo con información de CBS News, el Instituto de Virología de Wuhan recibió aproximadamente USD 600.000 a través de una subvención federal otorgada a una organización sin fines de lucro. El debate técnico se centra en si estos estudios cumplen con la definición oficial de riesgo.

Fauci negó estas acusaciones en múltiples ocasiones. El experto aseguró que el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) nunca financió investigaciones de ganancia de función en el centro chino mencionado.

El doctor explicó a CBS News que los virus estudiados bajo los fondos del NIH eran molecularmente muy diferentes al SARS-CoV-2. Según su declaración, es imposible que esos experimentos originaran el virus que causó la pandemia global.

Posturas divididas sobre el origen de la COVID-19

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos mantiene visiones fragmentadas sobre cómo surgió el virus. Un informe de 2023 reveló que el Consejo Nacional de Inteligencia y otras cuatro agencias se inclinan por un origen natural.

En contraste, el FBI y el Departamento de Energía señalaron que un incidente en un laboratorio es la causa más probable. El año pasado, la CIA también favoreció la teoría de la fuga de laboratorio, aunque no emitió una conclusión definitiva.

Fauci manifestó que mantiene una mentalidad abierta, pero subrayó que la evidencia científica acumulada apunta a un evento natural. El experto citó estudios que sugieren que el virus saltó de animales a humanos en un mercado de Wuhan.

Los republicanos de la Cámara de Representantes acusaron al doctor de ejercer una influencia indebida para promover la teoría del origen natural. Por su parte, los demócratas defendieron al médico y afirmaron que no existen pruebas de que intentara silenciar otras hipótesis.

Consecuencias políticas y transparencia pública

El senador Ron Johnson busca abrir una vía de investigación paralela a través de un subcomité. El legislador de Wisconsin pretende indagar sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra la COVID-19, además de la respuesta general del gobierno.

La negativa del Dr. Anthony Fauci a esta nueva citación refuerza la parálisis en el diálogo entre el científico y los sectores críticos del Congreso. Los defensores del doctor consideran que estas acciones son ataques partidistas sin fundamento técnico.

El proceso de desacato pone a prueba los límites de la supervisión legislativa sobre funcionarios públicos retirados. El resultado de la revisión en el Departamento de Justicia establecerá un precedente sobre el uso de privilegios constitucionales en audiencias del Senado.

La transparencia en la gestión de fondos públicos para investigación biológica permanece como una demanda constante de los legisladores. Este conflicto subraya la profunda división política que persiste en torno a las lecciones de la crisis sanitaria iniciada en 2020.

La derrota parcial en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tuvo consecuencias inmediatas dentro del Gobierno.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió a la mesa política en la Casa Rosada con una novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue convocado por primera vez como invitado al encuentro. El mensaje fue directo: de ahora en más, todas sus iniciativas deberán pasar por ese filtro antes de llegar al Congreso.

La sesión del jueves pasado en la Cámara alta dejó una herida difícil de disimular. Para evitar el naufragio completo del proyecto impulsado por Sturzenegger, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar del texto dos capítulos centrales: el que modificaba la ley de Tierras —que habilitaba la compra de campos por parte de extranjeros sin los límites actuales— y el que alteraba el régimen de Manejo del Fuego. “Las leyes con miles de temas no van más, trae problemas”, señalaron desde el Gobierno. Lo que quedó en pie fue una versión recortada a tres ejes: restricciones a la expropiación estatal, aceleración de desalojos y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Dentro del oficialismo, el episodio fue leído como una derrota con media sanción de por medio.

El cuestionamiento interno apuntó a un problema de método: el proyecto de reforma de la ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún análisis político previo. “El coloso” lo filtró y lo publicó en la red social X sin avisar a los legisladores. La queja se extendió también al decreto 690/2026, con el que Sturzenegger intentó desregular los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, y que derivó en un paro con pérdidas millonarias para el sector.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

La reunión del martes, que se extendió por casi tres horas, sirvió para reordenar el calendario parlamentario y establecer una nueva jerarquía de prioridades.

En ese sentido, el Gobierno definió que no quiere más ruido parlamentario y estableció sus prioridades: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la nueva versión de Inocencia Fiscal 2 encabezan la lista. El oficialismo obtuvo dictamen esta semana en comisión y apunta a una sesión en Diputados para el 26 de agosto. También se incluyó en el radar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En cuanto a Diputados, en el Senado todo el esfuerzo apuntará a la reforma política con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el Gobierno aspira a debatir en septiembre, pero que enfrenta resistencias dentro de los bloques aliados. Zonas Frías, con media sanción en Diputados, aguarda turno en el Senado aunque por ahora sin fecha clara. Proyectos como el Súper RIGI, la reforma de Salud Mental, la Ley de Sociedades y el de Ludopatía de La Libertad Avanza permanecen sin fecha de tratamiento.

La reunión con los representantes del PRO apuntó, aunque lo nieguen, a avanzar con la eliminación de las PASO. El problema es que los amarillos solo tienen tres votos en el Senado y con ellos solos no alcanzan. Las conversaciones giraron en torno a cómo sumar al resto, con el esquema de prioridades y los plazos establecidos como marco.

El resto de la agenda legislativa del Gobierno acumula proyectos en espera. La ley de Hojarasca —que modifica o deroga cerca de 70 leyes— vio cómo el Senado desactivó la sesión prevista para este jueves, en la que era el único tema a tratar. Originalmente fijada para el 8 de agosto, esa instancia nunca llegó a concretarse.

Milei salió públicamente a respaldar a su ministro, y el vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó en conferencia de prensa que Sturzenegger cuenta “con el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno”. Lo que no obtuvo el funcionario fue una foto de respaldo de la mesa política: asistió a la reunión por convocatoria de Karina Milei, no por iniciativa propia. En el encuentro se definió priorizar el proyecto para reformar el mercado de capitales, mientras que las iniciativas aún no ingresadas al Parlamento quedarán para etapas posteriores.

El único engranaje del Gobierno que parece funcionar sin fricciones en el Congreso es el de las designaciones. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado en un año de gestión, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones: 74 el 4 de junio y 29 el 16 de julio.

El Senado de Colombia ha concedido este miércoles 12 de agosto de 2026 a Gustavo Petro Urrego, expresidente de la República, el permiso constitucional para salir del país durante el próximo año.

Con 73 votos favorables y 11 en contra, la plenaria avaló la solicitud presentada por el exmandatario, quien queda habilitado para viajar por cualquier nación durante los siguientes 12 meses, periodo durante el cual la Carta Magna exige la autorización del Senado para ausentarse del territorio nacional.

La petición de Petro fue remitida el 10 de agosto de 2026 y detalló que sus compromisos fuera del país responden a motivos personales, sociales, políticos y académicos. En el texto enviado al Senado, el exjefe de Estado fundamentó su requerimiento en el cumplimiento de “obligaciones impostergables en escenarios internacionales”.

La aprobación ha suscitado reacciones encontradas entre las principales fuerzas políticas y voces de la opinión pública. Desde las bancadas opositoras, la autorización fue calificada como “una licencia para huir”.

El senador Enrique Gómez, líder del movimiento Salvación Nacional, declaró ante medios locales: “El Senado hoy ha concedido a Petro el permiso para huir”. Gómez sostuvo que el expresidente no tiene intención de regresar al país para enfrentar las investigaciones que cursan en su contra.

“Tengan por seguro, colombianos, que ese señor no va a regresar al país a responder por los diferentes delitos por los que actualmente está siendo investigado”, afirmó el legislador, quien mencionó el caso del presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), organismo cuyos recursos, dijo, “serían vitales para atender la emergencia nacional”.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también se pronunció respecto a la autorización, cuestionando la conveniencia de la decisión.

“¡Gustavo Petro se va a volar! Aquí aún tiene mucho por explicar, la corrupción de su gobierno y mucho más. El Senado ya le dio permiso para salir, es el colmo”, escribió Dávila.

Voces afines al gobierno y al Pacto Histórico, coalición política que llevó a Petro a la presidencia, defendieron el derecho del exmandatario a ausentarse del país.

La senadora Isabel Zuleta expresó en su cuenta oficial que “acaba de ser aprobado en el Senado de la República la autorización de salida del país del presidente @petrogustavo a la que tiene derecho porque ha sido un hombre recto que se ha dedicado a luchar por este país”.

Zuleta subrayó que la decisión se ajusta a los principios constitucionales y consideró que las críticas de la oposición buscan “socavar el legado” del exgobernante.

Por su parte, Daniel Briceño, militante del Centro Democrático, precisó que la Cámara de Representantes no tiene competencia en esta materia. Briceño puntualizó: “La Cámara de Representantes de la que hacemos parte no es la encargada de autorizar la salida de Petro, esa es una decisión del Senado según la Constitución”.

El senador agregó que, respecto al reciente proceso de elección del contralor, votó en blanco, reiterando la independencia de ambas cámaras en sus atribuciones.

Desde el bloque oficialista, el senador Kevin Gómez Paz celebró la decisión del Senado y la interpretó como un triunfo de la institucionalidad.

“Una vez más logramos que triunfen los principios constitucionales ante la amenaza de la extrema derecha contra la dignidad, el legado y los derechos de nuestro presidente @petrogustavo”, manifestó Gómez Paz.

El senador agregó que “el afán por querer hacerle daño al proyecto progresista y al presidente Petro por parte de la extrema derecha debe tenernos muy alerta”, e instó a consolidar la organización popular y comunitaria del Pacto Histórico.

La controversia también alcanzó a miembros de la propia corporación, como Wally Rodríguez, senador que cuestionó la actuación del Gobierno tras la aprobación.

“Que la vocera de la presidencia escriba esto horas después que el Senado aprobó la salida de Gustavo Petro de Colombia sigue hablando de la mediocridad y la improvisación de este Gobierno. ¿De qué se quiere volar? ¿Hay alguna sentencia en contra? Con esto efectivamente se nota que usted no está preparada para el cargo en el que está”, declaró el legislador, quien señaló la falta de coordinación entre la Casa de Nariño y el Congreso.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General del Senado continuaron esta tarde con el debate del Súper RIGI, que apunta a atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”. Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y dialoguistas que se mostraron dubitativos, el oficialismo libertario traerá la semana próxima al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el fin de blindar el texto.

Quien realizó una cerrada defensa del proyecto este miércoles fue el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. “Sentimos que la Argentina está en un momento donde necesita mantener y aumentar el ritmo de inversiones para retomar la senda de crecimiento”, aseguró. Y continuó: “El RIGI ha sido una herramienta de muchísima utilidad -vence en julio del año próximo-, con 43 proyectos por casi USD 150.000 millones y la posibilidad de crear casi 200.00 empleos directos e indirectos”.

De manera más concreta, González especificó que, de esos 43, 23 ya fueron aprobados por el comité evaluador, con una inversión ejecutada de USD 4.700 millones. “Si tomo el total comprometido, es prácticamente el 10%”, señaló, y agregó que se encuentran implicados en los mismos “1.223 proveedores locales contratados por los vehículos de inversión”.

Luego, el funcionario aclaró que mientras el RIGI se refiere a “recursos naturales e infraestructura, el Súper RIGI habla sobre la industrialización de esos recursos, y ahí está la diferencia”. También detalló que, en el primer caso, el plazo es de dos años más uno mientras que, en el segundo, es de cinco más uno debido a una “maduración más lenta”.

Sobre un punto importante relacionado con el ambiente, una cuestión que fue consultada por el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), González enfatizó la cláusula “de rechazo por impacto negativo en área de influencia” -ante la preocupación por los centros de datos-, que se incorporó cuando la iniciativa fue tratada en la Cámara baja. Otro ítem a considerar es que, a diferencia de la alícuota de Ganancias de 25% en el RIGI, en el Súper RIGI será de 15%. Caso similar para los derechos de exportación en el tercer año para el primero y de cero desde el primer año, para el segundo.

“No es elegir ganadores, no es específico. El RIGI tenía ocho sectores industriales por decisión del Congreso. Esto parte sobre proyectos que no conocemos”, añadió. A su lado estuvo el secretario de Coordinación Productiva de Economía, Pablo Lavigne. Además, en medio de un ida y vuelta de González con el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien observó el saldo negativo en inversión extranjera -en comparación con gobiernos anteriores-, el funcionario respondió: “Allí se incluían las utilidades retenidas. No se podían sacar dividendos, por eso le da tan alta”.

Por su parte, la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, dejó en claro que se “necesitan condiciones básicas como la estabilidad que se lograron después de muchísimos años”, y advirtió que “decir que lo que se construye se destruye en el próximo gobierno genera incertidumbre”. “¿Por qué la Argentina no puede pensar en este tipo de industrias que no buscan un lugar físico, sino condiciones de certeza, de institucionalidad?“, resaltó la porteña.

Con una reunión pensada para el próximo miércoles y la visita confirmada de Guberman, se descarta una pronta firma de dictamen en los próximos días. Al término del convite, Infobae consultó cuáles eran las trabas que visualiza la oposición dialoguista -votos clave- y, según confiaron desde la bancada oficialista, la discusión inevitable será sobre un artículo que menciona el -denostado por algunos y halagado por otros- de “compre nacional”, lo que empujaría un dilema ante una eventual sanción y reglamentación.

Fue mucho más que un traspié parlamentario lo que sufrió el Gobierno la semana pasada. La caída de la Ley de Tierras provocó una oleada de críticas internas por los responsables. En la polémica todos tienen razón y lo que hay, más allá de los gritos y los dedos que apuntan, es una culpa compartida.

¿En qué sentido? Al jefe de gabinete Diego Santilli lo acusan de no haber apuntalado las negociaciones con los gobernadores. A Federico Sturzenegger, de no haber estudiado la realidad más allá del dogma por desregularizar todo lo que pueda en tiempo récord. Y a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, de haber jugado sola más de la cuenta para cosechar un triunfo y despotricar contra compañeros en la derrota.

Con el paso de los días quedó claro que el primero evitó tensar la cuerda con algunos mandatarios, que “el Coloso” insistió con un proyecto que no tenía los votos y que la ex candidata a presidenta nunca supo manejar la situación y la oposición se quedó con un triunfo categórico. Entre todo eso, algo clave: la demora de los hermanos Milei para sacarse de encima a Manuel Adorni detuvo a la gestión durante más de 70 días, que eran cruciales por el envión electoral. Ahora, ante el problema, la necesidad de salir hacia delante. O al menos no retroceder.

También es cierto que Santilli llegó y convive con el ajuste permanente y la interna abierta por espacios de poder. El ministro, que no tenía en sus planes ser jefe de Gabinete, sino que aspiraba a mantener el ministerio del Interior -con influencia clave en áreas como ANSES y RENAPER para la campaña-, estará hoy en Misiones ante los gobernadores del norte. La fama de “mal pagador” que tiene hoy el Gobierno hace que esos mandatarios aliados quieran cobrar antes de aprobar. Nos referimos a la Ley de Zona Fría. El Gobierno busca terminar con la ola de subsidios. A cambio, desde el norte los gobernadores piden un resarcimiento por Zona Cálida. Literal. “Cada vez que jugaron bien, después se sintieron traicionados. Y ahora con el viento a favor, valdrá el doble”, reconoció un senador libertario a Infobae.

En cuanto a Sturzenegger, vale decir que sus proyectos nunca fueron secretos. Fueron muchos los domingos en los cuales el ministro subía una foto para contar que estaba en Olivos con el presidente Javier Milei trabajando en esas iniciativas. Ahora es el principal apuntado. Su diálogo directo con el Presidente, sin intermediarios, generó ruido y celos de ministros. Ayer tuvo que pasar por Casa Rosada para ¿rendir cuentas? ante Karina Milei y los Menem. Explicó, una vez más, la idea de los proyectos. Pero no se pusieron fecha para esas presentaciones.

Hay una noticia en desarrollo que es la configuración del ritmo de gestión para los próximos seis meses. La idea de quienes enfrentan a Sturzenegger para que ya no tenga tanta incidencia en Milei no será sencilla. El ministro y el Presidente hablaron durante todo el fin de semana, aun tras la derrota en el Senado.

Por último, hay que reconocer que Bullrich intenta sacar leyes en clara minoría. Hay algo en común entre todos los que rodean al Presidente y es que la crítica no le puede llegar a él. Lógico. Por eso las miradas se las llevan los ministros. Por eso el ruido tras la decisión de la Secretaría General de la Presidencia de bajar la línea para que todo proyecto deba pasar por la mesa política. Hubo una sobreactuación al respecto. La pregunta que flota es si hay una intención de bloquear la línea directa con Milei.

El 4 de junio Sturzenegger estuvo en Infobae a las Nueve y afirmó: “Este semestre, el primero del 2026, será el semestre con más reformas estructurales desde el año 1989. Será el semestre con el éxito más grande con la gestión del gobierno”. No sucedió. Es más, el proyecto que sobrevivió en el Senado la semana pasada -dos capítulos de Inviolabilidad de la propiedad privada- ya no será prioridad. “No los freezamos, pero no son prioritarios”, afirmaron a este medio. Todo indica que quedarán guardados en un cajón por un largo tiempo legislativo.

Un poco más atrás en el tiempo, en diciembre del 2025, Milei fue al streaming militante Carajo. Allí sentenció: “La política monetaria tiene un rezago (...) para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a converger a 0, y algo. Seguro va a empezar con 0”. El conductor del espacio, Daniel Parisini, se maravilló ante su líder: “Me asombra la seguridad, lo carteado, científicamente hablando, desde la economía, que tenés que estar para asegurar eso. La inflación en agosto del año que viene va a empezar con 0”. El dato de agosto será comunicado el jueves. Se espera, como mínimo, que comience con el 2 adelante.

La consultora PxQ, que encabeza Emanuel Álvarez Agis, adelantó ese pronóstico. El dato de la Ciudad de Buenos Aires fue una pésima noticia en la previa: marcó 2,9%. Cuando la inflación esté otra vez hacia arriba, será el mensaje letal para quienes aspiran, internamente, a que Luis Caputo busque una mejora en la actividad a costa de soltar algunos décimos la subida de precios. En Hacienda, además, saben que la idea de flexibilizar a los bancos para prestar dólares inmovilizados en plazos fijos será casi imposible por una simple razón. No dependen de un decreto del Presidente, sino de una ley. Y no está en carpeta.

La cuestión electoral sigue siendo la gran obsesión del Gobierno. De ahí la reflotada obsesión por la reforma electoral. Suspender las PASO. “El Congreso del primer semestre no existe más. Lo vamos a entender por las buenas o por las malas”, relató una fuente parlamentaria del oficialismo. Todos miran esa jugada que aún no termina de confirmarse. Los votos, si llegaran a estar, aparecerán para el cierre del año parlamentario, no antes. ¿La razón? La negociación se dilatará producto de la especulación opositora. Nadie sabe a ciencia cierta qué puede convenir y qué no.

Por estos días siguen apareciendo candidatos y dirigentes que amagan con “jugar” en una elección de cuartos, como anticipó Cristina Kirchner en abril del 2024, cuando estaba aún en libertad. “Todos saben: Menem salió primero con el 24% de los votos, Néstor segundo con el 22%. Fíjense qué cosa… si la elección, ésta que pasamos, fue una elección de tercios, aquella fue una elección de cuartos. Ninguno llegaba ni al 25% y el pelotón de atrás ni siquiera llegaba al quinto. Fue una elección de cuartos y quintos”, afirmó en su momento la ex mandataria.

Jugar un pleno para llegar al balotaje ilusiona a muchos. Con esa premisa, dentro del PRO hay quienes tensionan para competir contra el Gobierno. El último en lanzarse de manera dubitativa fue Hernán Lacunza, que reconoció su intención de ser candidato ante la insistencia del periodista Eduardo Feinmann. Ese lanzamiento cayó muy mal en la interna del partido. Es que hoy conviven allí los que gestionan (gobernadores e intendentes) con legisladores más sueltos y dirigentes que no tienen nada que perder. “La candidatura fue de las peores decisiones que tomamos. No hay una organización y eso nos perjudica. Mostramos debilidad”, reconoció un dirigente con cargo ejecutivo a este medio.

Son estos dirigentes los que insisten en un acuerdo con los libertarios. ¿La condición? Que se respete que donde gobierna el PRO, los candidatos los decide el PRO. “No es mucho lo que se pide. Es sostener lo nuestro”. En total son tres gobernaciones y 12 intendencias bonaerenses. Pintarse de violeta no genera resultados. Lo saben Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela. “Pagan mal”, reconocen. En uno de esos distritos amarillos, la recaudación cayó más ahora que en pandemia. “No podemos salir a criticar al Gobierno, pero los vecinos nos reclaman a nosotros”, afirman. Habrá que ver cómo salen del laberinto. Sobre todo ahora que el peronismo cree que puede ganar… con muy poco.

Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que México necesita dejar atrás las diferencias jurídicas que provocan que el feminicidio sea investigado y sancionado de diferente manera, según la entidad federativa.

La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro consideró fundamental la Mesa de Diálogo que se celebrará el próximo 18 de agosto, en el Senado de la República, para analizar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Para la legisladora morenista es vital que la construcción de esta nueva legislación sea resultado de un diálogo amplio y plural, en el que participen quienes han trabajado por años en la defensa de los derechos de las mujeres y en la investigación de las violencias feminicidas.

Buscan que ciudadanía participe en construcción de Mesa Diálogo

Ante esta situación, la Cámara Alta habilitó un micrositio mediante el cual se podrán presentar observaciones y propuestas al proyecto, así como hacer el registro de las personas interesadas en participar en la Mesa de Diálogo, agendada para el próximo 18 de agosto.

“Hay tiempo para participar, aportar y enriquecer una propuesta que puede transformar la manera en que el Estado mexicano previene, investiga y sanciona el feminicidio”, dijo la morenista este martes.

Discusión sobre sanciones contra el feminicidio debe ser amplia

Jiménez Godoy también detalló que para la discusión sobre la homologación de la sanciones contra el feminicidio, el proceso legislativo requiere una discusión amplia y técnicamente sustentada para que el proyecto pueda ser analizado y enriquecido.

En caso de que la discusión y los acuerdos parlamentarios se den en tiempo y forma, dijo la diputada, la iniciativa podría ser aprobada en el Senado, antes de ser remitida como minuta a la Cámara de Diputados.

Esperan la minuta para mediados de septiembre en San Lázaro

Además, explicó que, si la iniciativa es avalada en la Cámara Alta, algo que es altamente probable porque Morena y aliados cuentan con mayoría en ese recinto, está previsto que la minuta sea recibida en San Lázaro hacia mediados de septiembre.

Una vez que arribe a la Cámara Baja, la iniciativa será sometida al procedimiento legislativo correspondiente, con el objetivo de darle prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Aunque el proceso se lleva a cabo en el Congreso, Gabriela Jiménez hizo un llamado a todas las personas y sectores involucrados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a participar activamente en este proceso.

Homologar criterios es una oportunidad histórica: Morena

Por otro lado, la diputada morenista consideró que es una “oportunidad histórica” la construcción de una Ley General en materia de feminicidio, pues, con ello, se podrán establecer, al fin, “obligaciones claras para las autoridades, homologar criterios de investigación y sanción, fortalecer la coordinación institucional y reducir los espacios de impunidad”.

“La participación de quienes han estudiado, acompañado y enfrentado esta problemática durante años será fundamental para construir una legislación a la altura de las mujeres de México”, sentenció.

Ojalá las y los legisladores tomen en cuenta todo lo que se diga en la Mesa de Diálogo sobre la homologación de las sanciones por feminicidio, porque es casi un hecho que será aprobada en el Congreso por Morena y aliados.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y las modificaciones de la Ley Nacional de Manejo del Fuego para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se cayera, el Senado aprobó la iniciativa con un total de 37 votos a favor.

La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marcharon movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. La policía buscó dispersar a los manifestantes y se produjeron incidentes que dejaron como saldo al menos 11 detenidos y heridos.

En el inicio de la jornada, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, mocionó para levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, sin permitir un periodo serio de estudio. También lo intentó antes de la votación, tras modificarse por última vez el dictamen, pero no tuvo apoyo.

Las participaciones virtuales de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) quedaron truncas, luego de que los senadores no aprobaran la modalidad excepcional por razones de salud. Se definió que los casos sean tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Aprobaron la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Tras una sesión maratónica, el Gobierno logró quedarse con otra victoria en el Senado. Con un total de 37 votos a favor, el oficialismo superó la mayoría requerida. La oposición solo obtuvo 33 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

Después de que el proyecto tambaleara producto del capítulo que buscaba modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego, la supresión del apartado allanó el camino. Previo a esto, se habían eliminado los cambios sobre la venta de territorios nacionales a extranjeros.

Acto seguido, en la votación en particular, los tres capítulos restantes que modificaron los regímenes de desalojos exprés y expropiaciones también obtuvieron la aprobación por mayoría.

Eliminaron el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego

Después de que Patricia Bullrich cerrara el debate, el senador libertario Agustín Coto anunció que el oficialismo decidió retirar el capítulo sobre las modificaciones de la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Se trataba del apartado número cuatro incluido en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La modificación de última hora se dio luego de que los representantes de la oposición mostraran un rechazo general. Frente a esto, el justicialista José Mayans pidió que retiraran el dictamen, pero la moción no fue admitida por los libertarios.

Bullrich defendió el proyecto de ley de propiedad privada y aseguró que “la propiedad privada es certeza para los ciudadanos”

Después de las críticas esbozadas por la oposición, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, apuntó que las modificaciones fueron pensadas para proteger a los ciudadanos. “Al que vive en un barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los protege?“, ejemplificó al remarcar que los afectados suelen ser las familias.

“La propiedad privada es certeza para los ciudadanos, es terminar con la idea de que se protege al que viola la ley”, destacó la senadora porteña. Además, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al recordar que durante el último gobierno hubo 17 mil usurpaciones sin obtener respuestas oficiales.

Por otro lado, apuntó contra los gobiernos kirchneristas tras defender las modificaciones referidas a las expropiaciones. Luego de que considerara una hipocresía el argumento sobre la soberanía esbozado por la oposición, recordó los casos en los que se cedieron tierras a empresas y gobiernos extranjeros.

Asimismo, argumentó que los cambios sobre el uso de la utilidad pública deben darse para evitar que el Estado pueda hacer un abuso de ese derecho.

José Mayans: “No podemos acompañar esto que es un delirio”

El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, ratificó el rechazo a la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tras realizar severas críticas al recorrido que tuvo el proyecto en el recinto y el contexto social en el que se trató la propuesta oficialista. “No podemos acompañar esto que es un delirio”, apuntó.

“Es inconstitucionalidad de cabo a rabo”, cuestionó el formoseño sobre el contenido de la iniciativa, tras acusar al Gobierno de intentar enmascarar las privatizaciones de las empresas nacionales. Al igual que condenó las represiones en las inmediaciones del Congreso, advirtió: “Esto no va a terminar bien”.

Previo a esto, los senadores Edith Terezi (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alejandra Vigo (Córdoba), José María Carambia (Santa Cruz), Fernando Salino (San Luis) y Carolina Moisés (Jujuy) apuntaron contra el capítulo que buscaría modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. Asimismo, destacaron la caída del apartado sobre la venta de tierras a extranjeros producto del rechazo popular.

Tensión en el Senado por la definición de la votación de la Ley de Manejo del Fuego

Mientras que el oficialismo confía en haber reunido el apoyo requerido para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en las bambalinas del Congreso aumentó la preocupación sobre el destino particular del capítulo que propone la modificación de la actual Ley de Manejo del Fuego.

La ley vigente, impulsada por Máximo Kirchner durante la gestión de Alberto Fernández, establece una prohibición sobre la venta y el cambio del rubro de uso de las tierras que hubieran sufrido un incendio durante un período de 60 años. Esta norma fue aplicada tanto para bosques nativos como para otras áreas afectadas, con el objetivo de desalentar posibles incendios intencionales vinculados a intereses inmobiliarios o productivos.

En contraposición, la nueva propuesta limita la prohibición a la imposibilidad de modificar el uso y destino original, pero sin establecer un período específico. Esto significa que, ante un incendio, la superficie deberá mantener la misma función que tenía antes del siniestro, pero no se bloquea la venta ni se impone el plazo de 60 años para cualquier cambio de titularidad.

También se propone eliminar el artículo 22 quáter de la legislación actual. Este detalla que, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectadas por incendios, “se prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

Con esta eliminación, la propuesta busca levantar las limitaciones de treinta años para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y cambios en la actividad agropecuaria en zonas no forestales, que se trata del plazo vigente en que está prohibido transformar el destino original del terreno afectado.

Comenzó el cierre del debate por la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Luego de una maratónica sesión, los representantes de los bloques cerrarán el debate por la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se espera que la votación en general arranque durante la madrugada.

Mientras que el Poder Ejecutivo busca ratificar el apoyo de la Cámara Alta, continúan las dudas respecto a los resultados de la votación en particular. El capítulo que propone la modificación de la Ley de Manejo del Fuego en el blanco de la disputa.

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11 detenidos y heridos por los incidentes afuera del Congreso

Al menos once personas fueron detenidas este jueves por la tarde tras los incidentes registrados durante las protestas frente al Congreso contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la ciudad de Buenos Aires, según la información oficial.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con 820 oficiales ante las manifestaciones de distintas organizaciones contra el proyecto que se debate en el Senado.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Policía Federal concretó tres arrestos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, detuvo a otras ocho personas y mantuvo el operativo para dispersar a los manifestantes en la Plaza y la Avenida de Mayo.

En medio de los disturbios, un gendarme y un prefecto resultaron heridos: el primero recibió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo fue asistido en el lugar.

Preocupación por los cambios a la ley de Manejo del Fuego

Mientras continúa el desarrollo de la sesión para votar lo que queda en pie de la ley de propiedad privada, desde un par de bancadas aliadas deslizaron a Infobae la preocupación de cara a la definición en particular del proyecto. En particular, sobre los cambios a la ley de Manejo del Fuego.

Horas atrás, la moción para que la iniciativa volviera a comisión realizada por el jefe kirchnerista, José Mayans, terminó en derrota 38 a 31. Eso se entendió como una señal de adhesiones suficientes para la madrugada de mañana. No obstante, el anuncio -ya había dado indicios- del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) de no avalar el capítulo en cuestión elevó las alarmas. De hecho, hasta se especula que otra legisladora se sumaría.

Minutos antes de las 20, este medio consultó a otros referentes y creen que el quorum para votar no estaría en riesgo y que, por ahora, las modificaciones en la ley del fuego pasarían el filtro, de manera más ajustada en comparación con los otros temas. Las dudas igual persisten y, de cara a la madrugada, el oficialismo tendrá que blindar al máximo para evitar fugas y, sobre todo, lo que sería un eventual papelón.

Uñac: “Milei somete a la Argentina a un hot sale permanente”

El senador por San Juan Sergio Uñac afirmó que el capítulo del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada “flexibilizaba los límites a la extranjerización de la tierra” y quedó afuera porque “lo frenamos”.

El legislador cuestionó el argumento de que las reformas se justifican por la necesidad de divisas y dijo que Argentina recibió en 2025 USD 3.134 millones de inversión extranjera directa, frente a USD 76.877 millones en Brasil y USD 40.871 millones en México. También enumeró cifras para Chile (USD 13.154 millones), Colombia (USD 11.462 millones) y Costa Rica (USD 5.731 millones).

En su intervención, apuntó contra el presidente Javier Milei por su concepción del rol del Estado y afirmó que para él “cualquier intervención del Estado es una traba, un obstáculo”. También criticó la relación con Brasil y dijo que “de manera casi infantil hemos generado una escalada diplomática”.

Uñac aseguró que el Gobierno “somete a los argentinos a un hot sale permanente” y atribuyó a esa política la pérdida de 26 mil empresas, 400 mil empleos privados, el despido de 50 mil empleados del Estado y que el 70% de la población económicamente activa está endeudada.

Lewandowski: “Cuando una ley se tiene que votar con un Senado vallado es porque no trae cosas buenas”

En diálogo con Infobae al Regreso, el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, sostuvo que el proyecto que debatía el Senado llegó al recinto “desdibujado” respecto de su versión original y destacó que dos de sus cinco capítulos fueron retirados.

Para el legislador, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares respondió a la presión de distintos sectores, entre ellos la Pastoral Social de la Iglesia, mientras que el capítulo sobre la Ley de Tierras también quedó afuera tras el rechazo de parte de los legisladores. “La fuerza y la voluntad popular en sus manifestaciones en las últimas dos semanas ha impedido que muchos senadores que querían votarla a favor ayer hayan decidido votar en contra”, aseguró. Además, cuestionó que “una hora antes del comienzo de la sesión no se sabía qué era lo que íbamos a votar realmente”, al señalar que el texto sufrió múltiples modificaciones de último momento.

Consultado por la decisión de no tratar las situaciones de los senadores Flavio Fama y Anabel Fernández Sagasti, Lewandowski negó que existiera un acuerdo entre el peronismo y La Libertad Avanza y explicó que se resolvió enviar el tema a comisión para analizar la validez de las votaciones remotas.

Sobre el operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, fue contundente: “Cuando una ley se tiene que votar con un Senado vallado (...) es porque la ley no trae cosas buenas”.

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Continúan los incidentes fuera del Congreso mientras avanza la sesión

En paralelo a la discusión que tiene lugar en el recinto, siguen observándose incidentes entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso, pese a que al inicio las fuerzas habían logrado dispersar a parte de la gente con agua y gases, con apoyo de una lluvia intensa.

En la esquina de la avenida Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso y del núcleo de la movilización, otro camión hidrante arrojó agua hacia los manifestantes en un sector que también tenía vallado.

Pese a ello, un grupo permaneció cerca del Congreso y enfrentó a la Policía que intentaba disuadir la concentración. Los efectivos salieron del vallado y avanzaron hacia la plaza, donde volvieron a tirar gases para forzar el repliegue; también había personal de Gendarmería.

En un nuevo episodio, otro grupo se acercó nuevamente al vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante. Algunas personas reportaron síntomas vinculados al gas pimienta y, poco después, los cruces se reactivaron con botellas y otros proyectiles, incluidas piedras.

Monteverde: “La necesidad de alguien no otorga derechos sobre lo ajeno”

El senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, defendió durante el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada la idea de avanzar con un desalojo inmediato ante ocupaciones. “La solidaridad a costa de lo ajeno no es solidaridad”.

En su intervención, Monteverde sostuvo que la demora en recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres” porque el dueño “no recupera su propiedad, pero tiene que pagar impuestos, abogados y peritos”. Según planteó, ante esa situación “el propietario retira el inmueble del mercado” y “es el inquilino el que pierde”.

El legislador afirmó que “el desalojo inmediato devuelve la confianza, aumenta la oferta y hace caer el precio de los alquileres”, y remarcó que “fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”. “Si quieren ser solidarios háganlo con la propia, no con la de los demás”, agregó.

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La oposición pidió que el proyecto vuelva a comisión pero perdió la votación

El senador del PJ José Mayans hizo una moción para que el proyecto regresé a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y tratamiento serio.

La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continúa.

Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: comenzó el debate del proyecto

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la cámara alta comenzó a ser tratado pasadas las 15 horas. El miembro informante fue el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza.

Ya sin el capítulo que modificaba la ley de tierras, Coto defendió los otros aspectos del proyecto, entre ellos la posibilidad de que los propietarios dispongan de sus tierras después de los incendios, algo que está prohibido actualmente para evitar especulaciones inmobiliarias.

La lista de oradores tiene 38 senadores en espera, incluido Coto, por lo que se espera una larga jornada. El oficialismo buscará conseguir los votos por aprobar la iniciativa.

Bullrich: “Le pedimos a Lula y a Brasil que vuelva su embajador”

Luego de varias cuestiones de privilegio de la oposición en voz de los senadores Martín Soria y José Mayans en donde señalaron la crisis diplomática con Brasil y los insultos del presidente Javier Milei, la respuesta llegó de parte de Patricia Bullrich quien hizo lo propio contra sus colegas del PJ. “No miden con la misma vara lo que hizo Lula”, dijo Bullrich señalando que el presidente de Brasil también tuvo manifestaciones partidarias en procesos electorales argentinos.

“Creo que hoy estamos trabajando fuerte en muchísimos frentes con Brasil y eso va a seguir. Le pido al presidente Lula y a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a Argentina. Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que argentina y Brasil han mantenido siempre”, expresó la senadora oficialista.

“Las Malvinas son Argentinas”: el pin que usó el peronismo en sus bancas

El bloque peronista hizo notar un detalle en el inicio de la sesión: los senadores colocaron en sus bancas un pin que recreó la bandera desplegada por los jugadores de la selección argentina luego del triunfo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

“Las Malvinas son Argentinas”, dice la inscripción del pequeño objeto que colocó el peronismo en sus bancas, con el mismo fondo y tipografía que se vio en la bandera que mostraron los futbolistas argentinos en el Atlanta Stadium.

Joaquín Benegas Lynch se defendió de la impugnación por conflicto de intereses

El senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, solicitó una cuestión de privilegio para responder a la impugnación impulsada por su del peronismo, Juliana Di Tullio, quien aseguró que se encuentra en un conflicto de intereses para debatir la ley de inviolabilidad de propiedad privada por ser director de una empresa inmobiliaria dedicada a la comercialización de tierras.

Benegas Lynch argumentó que su actividad es de público conocimiento y negó que le impida ser ecuánime durante el debate ni defender los intereses del país.

“Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo. La ley exige para excusarse un interés directo y singular, derecho a mi empresa. Nada más alejado de la realidad”, justificó el senador libertario.

“Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar. El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, cerró Benegas Lynch.

Comenzó la sesión

El senado retomó el debate en el que someterá a votación la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el oficialismo. La sesión de este jueves 6 de agosto se reinició luego del cuarto intermedio dispuesto el mes pasado para lograr consensos. En ese interín el oficialismo debió ceder y eliminar el capítulo que modificaba la ley de tierras, facilitando la adquisición de inmuebles sin límites por parte de capitales y ciudadanos extranjeros.

A las 14.15, el presidente Bartolomé Abdala habilitó la sesión. Allí hizo uso de la palabra la senadora Patricia Bullrich, presidente del bloque de La Libertad Avanza, quien pidió que la autorización a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti para participar en forma virtual pase a comisión.

Sagasti cursa un embarazo avanzado y su médico le indicó no trasladarse grandes distancias. Con la intervención de Bullrich, tal pedido será discutido en las comisiones.

Di Tullio pidió que el proyecto vuelva a comisión y advirtió que el oficialismo “no tiene la última versión” del texto

La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, cuestionó el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y reclamó que la iniciativa regrese a comisión tras las modificaciones introducidas por el oficialismo en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, la senadora sostuvo que, a pocas horas del inicio de la sesión, “el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto” y consideró que, ante esa situación, “esta discusión tiene que volver a comisión”.

“Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”, escribió Di Tullio al criticar los cambios realizados sobre el proyecto antes de su tratamiento en el recinto.

Lewandowski calificó el proyecto como “un mamarracho” y cuestionó los cambios introducidos antes del debate

El senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista) cuestionó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y criticó las sucesivas modificaciones incorporadas antes de su tratamiento en el recinto. “Es un mamarracho. Esta ley desde que fue firmada en comisión presentó 17 cambios; si hoy salta la ley, son 18 cambios”, sostuvo.

El legislador también afirmó que el oficialismo retiró artículos “por la presión social de la Pastoral Social de la Iglesia por los barrios populares” y cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso legislativo. “No se puede ser tan desprolijo”, expresó.

Además, advirtió sobre el impacto que, a su entender, tendría la iniciativa en otras normas ambientales. En ese sentido, señaló que la modificación de la ley de manejo del fuego eliminaría sanciones vinculadas con la quema de humedales frente al río Paraná y concluyó: “No me parece la mejor ley la que se va a votar el día de hoy”.

El jefe del bloque PRO criticó al Gobierno por el manejo del proyecto

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, defendió la decisión de retirar del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros y aseguró que la medida permitió destrabar el tratamiento del resto de la iniciativa. “No estaban dadas las condiciones”, sostuvo el legislador, quien explicó que propuso dejar ese punto para un debate específico y avanzar con los demás artículos del proyecto.

En ese marco, Goerling cuestionó el manejo que hizo el Gobierno de la discusión parlamentaria y atribuyó parte de la resistencia que generó la iniciativa a una deficiente estrategia comunicacional. “También una crítica que hago muy fuerte al Gobierno es que lo manejó desde el inicio muy mal. Comunicacionalmente no explicó los cambios que había, no comunicó los cambios de dictamen que se iban dando”, afirmó. Además, consideró que el Senado debe dar un debate “transparente y con claridad” y sostuvo que “la sociedad argentina no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate”.

El senador misionero también rechazó las declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre la posibilidad de que un extranjero pudiera comprar un pueblo o una provincia y las calificó como “un disparate”. Según afirmó, el funcionario “no leyó el proyecto” que iba a debatirse en la Cámara alta y remarcó que el articulado prohibía ese tipo de operaciones, además de mantener las restricciones vigentes para las zonas de frontera.

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En las horas de la tarde del martes 11 de agosto de 2026, el expresidente Gustavo Petro hizo pública una carta con la que solicitó al Senado de la República una “autorización de salida del país”.

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional (...) durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, escribió el anterior mandatario en la carta que dirigió a la Mesa Directiva del Congreso.

Y es que, en efecto, la Carta Magna de los colombianos establece restricciones para los salientes jefes de Estado que quieran salir del país, a menos que exista la luz verde de la rama legislativa. Por ende, este mecanismo es conocido como “arraigo constitucional”.

Pero el requisito que obliga a un expresidente de Colombia a solicitar permiso al Senado tiene sus raíces profundas en la historia política y constitucional nacional.

Así lo explicó Sergio Andrés Morales Barreto, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, que en diálogo con Infobae Colombia explicó el origen y el propósito de esta disposición, vigente en el artículo 196 de la Constitución.

Morales explicó que el antecedente directo de esta regla se remonta al Acto Legislativo 3 de 1910, una de las reformas constitucionales más relevantes de la primera mitad del siglo XX, cuando el país reaccionaba ante el fortalecimiento excesivo del poder presidencial registrado bajo el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909). El artículo 32 de la reforma estableció que el presidente y quien hiciera sus veces no podía abandonar el territorio nacional durante el ejercicio del cargo y durante el año siguiente sin autorización del Senado.

“Eso es supremamente importante porque la reforma de 1910 tuvo un sentido político mucho más amplio. Buscó limitar y racionalizar el ejercicio del del poder presidencial”, dijo el académico.

De hecho, la nueva normativa redujo, además, el periodo presidencial, prohibió la reelección inmediata y reforzó la responsabilidad presidencial ante infracciones a la Constitución y las leyes.

“La Constitución de 1886 había diseñado una presidencia considerablemente fuerte y durante el gobierno del general Rafael Reyes, entre 1904 y 1909, se produjo una concentración todavía mayor de poder en el Ejecutivo. En 1905, Reyes incluso llegó a prescindir del Congreso ordinario y gobernó apoyado de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. Eso llevó a la crisis del modelo que termina en la renuncia de Reyes de 1909 y su salida del país”, agregó.

No obstante, con el paso de los años, la exigencia de permiso fue objeto de ajustes. Una reforma de 1977 flexibilizó el requisito para presidentes en ejercicio, reemplazando el permiso del Senado por un aviso previo para cada viaje internacional, pero mantuvo la necesidad de autorización para el año posterior a la terminación del mandato.

La razón de peso para el arraigo constitucional: la rendición de cuentas

Por eso, el profesor de La Sabana aseguró que la importancia de este protocolo radica en garantizar la rendición de cuentas del exmandatario. “Una vez terminado el mandato, quien ejerce la presidencia debe permanecer en el país para responder por eventuales faltas cometidas durante el ejercicio de sus funciones”, explicó Morales.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-151 de 1993, reconoció la continuidad histórica de esta disposición y precisó que, mientras el presidente en ejercicio solo tiene que notificar al Senado antes de viajar, el expresidente sí requiere autorización expresa durante el año siguiente a su mandato.

Esto refuerza la lógica de control y responsabilidad política sobre quienes han ejercido la jefatura del Estado.

El académico aclaró que la restricción no constituye una sanción ni implica que exista necesariamente una investigación en curso contra el expresidente; se trata de una regla objetiva, aplicable a cualquier persona que haya ejercido la Presidencia, destinada a asegurar la posibilidad de rendición de cuentas ante el Congreso.

Así, la Constitución de 1991 ratifica una fórmula clara: “Mientras gobierna, aviso. Durante el año posterior a dejar el poder, permiso”, resumió Sergio Morales.

La comisión de Legislación General del Senado realizó esta tarde una nueva reunión -la segunda- para analizar la ley de Sociedades que promueve el Gobierno libertario, con expositores que criticaron y halagaron el texto creado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Durante el encuentro y, como se sospechaba en la previa, la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se cruzó con el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) del kirchnerismo Ricardo Nissen.

Fueron 12 los invitados. El primero fue el abogado y profesor de Derecho Societario -Austral y UMSA-, Sebastián Balbín, quien aseguró que la vigente ley de 1972 es una “obra extraordinaria, pero concebida para empresas, economía y tecnología que ya no existe”, y valoró la “simplificación, digitalización y modernización instrumentos” propuestos. “Mayor autonomía no significa reducir la protección”, añadió, junto con la idea de dejar de “poner el acento en controles formales” para apunta hacia “donde vale la pena”.

Luego fue el turno de Nissen, que sin rodeos direccionó su opinión a la “consagración de sociedades comerciales como trampa, para una actuación deshonesta”. No olvidó mencionar las offshore y se mostró contrario al enroque del domicilio social por el electrónico y otras yerbas para “limitar las responsabilidades del empresario”, con el fin de que los mismos” y la gente de plata no responda por nada”.

Un ítem que atravesó el debate fue la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, el abogado Marcelo Gebhardt dijo que “no son un objeto de reclamo por la sociedad y el mundo empresario” y que “nadie escuchó hablar de ellas”. Tampoco olvidó de observar que la iniciativa “no nos trae un nuevo sistema, sino el viejo modernizado”, lo que no ameritaría “mover 54 años de doctrina”.

Durante la primera ronda de consultas, Bullrich no perdió la oportunidad de manifestar su preocupación a la “idea tan restrictiva de volver a la ley” de Nissen, “cuando ya evidentemente lo hizo siendo director IGJ”. Y disparó: “Destruyó posibilidad de jóvenes de comenzar con las sociedades anónimas simplificadas”. En realidad, la porteña quiso referirse a la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), denostadas por el kirchnerismo tras la utilización de las mismas por la banda de narcotráfico Los Monos.

No terminó bien el intercambio entre Nissen -al que se lo notó ofuscado- y la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Javier Milei. Un par de senadores kirchneristas buscaron, sin éxito, discutir con la porteña. “Su mirada responde a un rol de carácter estrictamente político y planteado no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de Nación, siendo director de IGJ”, terminó Bullrich, quien de paso tiró un dardo a las DAO que defendió Sturzenegger. “Hay que analizarlas bien. No lo niego”, deslizó con picardía, y confirmó la tensión que se percibe con el ministro desregulador, que este martes participó de la mesa política, aunque sin foto de respaldo.

Las DAO sí fueron bien vistas por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, que indicó que en el proyecto “incorporó la normativa expresa de transparencia” en cuanto a lavado de activos. Además, resaltó la “importancia vinculada sobre los beneficiarios finales”, una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En tanto, la abogada y ex titular de la IGJ Débora Cohen dejó en claro que “la velocidad con la que avanza la IA hace difícil medir hoy sus alcances” y sugirió “pensar en un dispositivo de implementación gradual, con períodos de prueba, para conocer mejor el impacto”. A Bullrich le gustó la intervención y agradeció las sugerencias de la ex funcionaria.

En el último lote disertó el Ceo y fundador de Satellogic-empresa geoespacial-, Emiliano Kargieman, que elogió la aplicación de la IA y enfatizó que este tema tendría “que ser política de Estado”. En esa línea, advirtió: “Lo va a transformar sin preguntarnos”. Sobre la ley y las sociedades autónomas, enumeró cuatro puntos a considerar: la personería jurídica pertenece a la entidad y no al algoritmo; debe poseer activos; tiene que existir una verdadera delegación de decisiones; y debe haber una “autonomía limitada y supervisada”.

Kargieman sentenció: “La Argentina puede convertirse hoy en la jurisdicción donde se registren, aseguren, auditen y gobiernen entidades autónomas, y nos permite romper las barreras demográficas del país. No tenemos que hablar de 50 empresas cada 1.000 habitantes, podríamos hablar de 5.000 empresas cada 1.000 habitantes. El lugar del mundo que encuentre regulaciones para atraer entidades autónomas de este tipo va a radicar millones de empresas en un período de tiempo muy corto que van a tributar, generar empleo y van a redistribuir la riqueza”.

Los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores en la provincia de Buenos Aires no llegan. Pese al pedido del Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la modificación o derogación de la ley sancionada en 2016 cuyo resultado fue que los intendentes puedan ser reelectos en solo una oportunidad sigue esperando. Este martes, hubo algunos movimientos en el Senado bonaerense que podían diseñar una especie de hoja de ruta del proyecto de ley en cuestión, pero el mismo seguirá en estudio. Para ponerlo a consideración, falta darle inicio a conversaciones que corresponden a la superestructura política y que están atravesadas por varios factores.

Por eso, el proyecto de ley de la senadora kicillofista Ayelén Durán no se incluyó en el orden del día en la comisión de Legislación General que se reunió este martes. Convocada por su presidente, Germán Lago —del MDF y que responde a la vicegobernadora, Verónica Magario—, la comisión trató distintos expedientes sin incluir en el temario el proyecto de reelección indefinida. Algo que, igualmente, se sabía desde el viernes cuando se giró el orden del día. Sin embargo, algunos legisladores no descartaban algún tipo de posicionamiento al respecto. Algo, que, finalmente no sucedió.

En la Cámara alta provincial reconocen que el punto en cuestión se pondrá a consideración cuando haya garantías reales de que se va a acompañar y que esas garantías deben emanar de un acuerdo de la superestructura dirigencial. Traducido: Kicillof debería acordar con el kirchnerismo, con la oposición y trazar algún tipo de mecanismo posible con el Frente Renovador de Sergio Massa, que ya avisó que no acompaña hacer cambios a la actual ley además de reclamar el giro de la iniciativa a una comisión que controla a través de la senadora Malena Galmarini.

Este lunes el Gobierno bonaerense volvió a pronunciarse al respecto. Fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien remarcó que el Ejecutivo está “conceptualmente a favor” de las relecciones indefinidas. “Creemos que quienes, deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, que es el ámbito en donde la población tiene una mayor cercanía con su gobierno, con los intendentes, con sus concejales, es el pueblo”, dijo.

“Si vos ponés una limitación que no es constitucional, porque en este caso no está prevista en la Constitución la limitación de mandatos de los intendentes, nosotros la consideramos proscriptiva de alguna forma”, puntualizó.

El plan de Kicillof es avanzar con la iniciativa presentada el año pasado por la senadora Ayelén Durán. De no tramitarse este año, el proyecto perderá el estado parlamentario. No significa que el tema se agote. Hoy, el expediente se encuentra en la comisión que preside Lago. Fuerza Patria tiene mayoría en esa comisión. La integración de dicha comisión está compuesta por seis legisladores peronistas y cinco de la oposición. Dentro de los seis oficialistas hay tres que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el sector de Kicillof; un legislador del esquema de Cristina Kirchner —Diego Videla, que responde al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro—, y Federico Faggioli de Patria Grande de Juan Grabois. En el oficialismo creen que la mayoría de los integrantes del bloque acompañarán.

Sin embargo, hay diferencias en cómo y cuándo discutir ese acompañamiento. El kirchnerismo apela a que sea discutido como un paquete electoral completo. Que a esa discusión por las reelecciones indefinidas se le sume la definición de Kicillof sobre si habrá desdoblamiento electoral o no; saber si el mandatario querrá suspender las PASO en la provincia —algo que, en principio, debería pasar por la Legislatura— o incluso poner en la negociación las vacantes por la Suprema Corte de Justicia.

Con respecto a este último punto, según supo Infobae, Kicillof transmite a quien le saca el tema que la Corte es un tema independiente, que se trata de cargos a perpetuidad y de “mucha trascendencia”, como para ponerlo dentro “de un toma y daca”.

Los intendentes siguen con atención el devenir de esta agenda electoral. Según planteó Bianco en las últimas horas, “todos están a favor de la reelección de intendentes”. Cuando habla de “todos”, se refiere a la totalidad del arco político. En la última conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno bonaerense ejemplificó: “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores, de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes. Ahora, hay muchos a los que les decís: ‘Bueno, entonces que los legisladores que te representan lo voten’ y me contestan: ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y bueno, así es medio difícil”.

El proyecto que está en el Senado, propone derogar artículos de la Ley 14.836 y anular por completo la Ley 15.315. Además, redefine el mandato y la renovación de los consejeros escolares, permitiendo que repitan el mandato bajo las mismas condiciones que otras autoridades. Entre los puntos principales, la iniciativa plantea una reforma al artículo 13 bis de la Ley 5.109 para habilitar la reelección indefinida de diputados y senadores. El texto, que se encuentra en la comisión de Legislación General, prevé que tanto el intendente como los concejales sean elegidos mediante voto directo, con mandatos de cuatro años y posibilidad de reelección ilimitada, renovándose los concejos por mitades cada dos años.

Según los fundamentos del proyecto, limitar la reelección de funcionarios restringe la libertad de los votantes y sitúa a Buenos Aires entre las jurisdicciones más restrictivas de Argentina, ya que más de la mitad de las provincias permiten la reelección de autoridades locales. La reforma apunta a asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la soberanía popular, en concordancia con la Constitución provincial y los tratados internacionales de derechos humanos.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que fue hospitalizada de emergencia, debido a que sufrió una fractura de tobillo.

En su cuenta de X, la senadora de Morena y próxima secretaria de las Mujeres informó personalmente sobre el incidente; sin embargo, no dio más detalles sobre como ocurrió.

En la misma publicación, Castillo Juárez afirmó que pese a estar bajo vigilancia médica, continuará atendiendo su agenda laboral, en coordinación con su equipo de trabajo.

“Buen día, les informo que sufrí una fractura de tobillo y estaré hospitalizada. En coordinación con mi equipo de trabajo continuaré atendiendo la agenda”, escribió en la red social.

Actualmente, el Congreso de la Unión se encuentra en receso, aunque continúa activa la Comisión Permanente, tras el cierre del segundo año de la LXVI Legislatura.

No obstante, el domingo pasado, Laura Itzel Castillo Juárez anunció que el próximo lunes 17 de agosto presentará su informe anual, en el que detallará las labores que ha realizado como presidenta del Senado de la República, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2025.

En un mensaje en redes sociales, la senadora también compartió parte de la agenda de actividades que se desarrollarán la próxima semana en el Senado de la República y en la Comisión Permanente.

En ese mismo mensaje, Castillo Juárez informó que este martes, 11 de agosto, se presentaría en el Senado el libro “Origen y Palabra en Tribuna”, el cual recopila las participaciones de las personas hablantes en lengua indígena durante las sesiones plenarias de esta Cámara.

La publicación, precisó, es resultado de los esfuerzos para la promoción, reconocimiento y conservación de las tradiciones de los pueblos indígenas que aún existen y resisten en nuestra patria, lo cual tuvo el respaldo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la senadora Edith López Hernández.

Agregó que el miércoles 12 se realizará una ceremonia para nombrar como “Vestíbulo Valentín Gómez Farías” al espacio del Senado conocido como Motor Lobby, donde también se develará en letras doradas ese título para formalizar su nombramiento.

“Esta acción se realiza en el marco del cumplimiento de un acuerdo que aprobamos el mes de marzo de este año, con el objeto de preservar y honrar la memoria de uno de los padres del Federalismo, gran constituyente liberal y primer presidente de esta Cámara”, explicó la legisladora.

Laura Itzel Castillo Juárez recordó que el mismo miércoles 12 de agosto, luego de ese importante acto, se realizará la sesión de la Comisión Permanente, en donde legisladoras y legisladores debatirán en torno a los principales temas de la agenda política nacional e internacional.

En junio pasado, Castillo Juárez fue nombrada secretaria de las Mujeres, en sustitución de Citlalli Hernández, quien renunció al cargo a principios de este año.

En su momento, la senadora de Morena afirmó que pondrá “toda” su energía para construir una sociedad “paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres”.

De acuerdo con lo informado, la senadora se incorporará al gabinete el 31 de agosto, una vez concluido el segundo año legislativo.

Entre los pendientes que deberá atender Castillo Juárez en la dependencia está: una estrategia contra el matrimonio forzado y el embarazo infantil, además de acciones frente al machismo y discursos de odio en entornos digitales.

Se menciona un plan con enfoque territorial en 50 municipios, con promotoras, coordinación con salud y fiscalías estatales, e intervención de Centros LIBRE y la Estrategia Nacional de Atención al Embarazo Adolescente.

A más de un mes y medio de la primera reunión para iniciar el debate de la ley de Sociedades, que ni siquiera logró el quorum requerido -se esperó media hora para comenzar, con el tercio mínimo-, la comisión de Legislación General del Senado, que comanda la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), reactivará la discusión esta tarde, donde se oirán las disertaciones de ex funcionarios, especialistas en derecho e, incluso, al Ceo y fundador de Satellogic -empresa geoespacial-, Emiliano Kargieman.

En junio pasado, quien expuso fue el impulsor de la iniciativa y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, blanco predilecto de críticas durante el reciente fin de semana -más jugosas operaciones que partieron desde la propia bancada de La Libertad Avanza, que maneja la porteña Patricia Bullrich- para quedar como el principal responsable de la fileteada ley de propiedad privada, votada en la madrugada del viernes último en el recinto de la Cámara alta, tras largas semanas de mala praxis legislativa y política.

Durante su visita, Sturzenegger buscó blindar un guiño de la administración central hacia la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos. Según el ministro, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, se podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa.

“¿Va a funcionar? No los sabemos. ¿Vale la pena? Sí“, planteó el funcionario, quien puso también el ejemplo de Irlanda como país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos in situ, pero que cobran un impuesto por la residencia fiscal. En tanto, en lo que refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones.

Por otra parte, el texto en cuestión prevé procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria. Algunos ítems fueron abordados y consultados desde el kirchnerismo por el chaqueño Jorge Capitanich, los cuales fueron valorados por los representantes del Ejecutivo.

Otro de los invitados en junio fue el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, que direccionó la lupa hacia la brecha de empresas cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay; 60; México, 34; Argentina, 15. Después, advirtió que las reglas actuales están enfocadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.

Fue Ramírez quien resaltó lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAOs, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.

También aparecen inscriptos para la jornada de hoy el abogado y profesor titular de Derecho Societario (Austral y UMSA), Sebastián Balbín; el ex titular de la IGJ del kirchnerismo Ricardo Nissen; el especialista en blockchain Sebastián Heredia; y el juez civil y comercial de Resistencia, Julián Flores, entre otros. Son 12, en total.

Por otra parte y, tanto mañana como el jueves, la comisión de Acuerdos realizará audiencias públicas por pliegos judiciales. Hasta anoche, no había señales del lado de Bullrich en cuanto a sostener la sesión que prometió para el jueves, con el fin de sancionar la denominada ley “Hojarasca”, que elimina normas vetustas. Ni siquiera se convocó a Labor Parlamentaria y el ánimo de los aliados con la libertaria no es el mejor tras el caos de días atrás.

Tras la sesión que finalizó en la madrugada del viernes pasado, que dejó como saldo una ley de propiedad privada fileteada con anticipación y trifulcas en las afueras del Congreso -salvo para las cuentas de Patricia Bullrich y de la Casa Rosada-, el oficialismo senatorial buscará dejar atrás la abultada cadena de errores de las últimas semanas e intentará reordenar la agenda en la Cámara alta: habrá dos audiencias públicas por pliegos judiciales y otras dos reuniones para continuar con el análisis de una nueva norma sobre Sociedades y el Súper RIGI.

El desafío no es menor. Ya hace tiempo, sin Manuel Adorni como excusa principal y una oposición ya no tan dialoguista, que se hartó de ser tratada como empleada y no como par -correlato en gobernadores y un ramillete de promesas incumplidas, más clásicas picardías peronistas para arañar protagonismo-, La Libertad Avanza tendrá que hacer frente a una serie de proyectos que aguardan desde hace meses en el Senado, a 45 días del aterrizaje del Presupuesto 2027 en Diputados. Una vez que dicho texto ingrese en la Cámara baja, nadie asegura un debate fácil para el resto de las iniciativas.

Con el reloj de arena dado vuelta por los propios “aliados”, que vieron abierta la ventana para dejar de estar agazapados y mostrar sus verdaderas cartas, los libertarios no tuvieron mejor idea que aplicar una de las máximas que se pregona desde Balcarce 50: ganar aún en la derrota. No salió como lo esperado: las operaciones cruzadas para quedar libre de culpa embadurnaron aún más el escenario y ya no interesan, ni siquiera, en la base de votantes mileístas.

El ejemplo más contundente fue la enjabonada olímpica de Bullrich y otros para que el peso de lo ocurrido con propiedad privada cayera, en un 100%, en el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien -por supuesto- formó parte de la cadena de responsabilidad y fue quien hizo posponer la sesión de julio a agosto. No así lo del jueves pasado. Con lo ocurrido en las últimas horas, solo faltó un coro para cantar la jugada, que se vio a 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, bajo esa perspectiva, y si el funcionario fuese el diablo, ¿por qué se sostiene el convite de mañana para la ley de Sociedades? Curioso.

Durante la siguiente jornada, la comisión de Acuerdos continuará con los pliegos judiciales, uno de los pocos senderos donde se logra mostrar un avance concreto y donde todos ganan algo, sin tanta pelea. Esto se repetirá el jueves, día en el que también se seguirá la discusión sobre el Súper RIGI, que viene de Diputados y espera la sanción definitiva antes que finalice el corriente mes.

Un detalle que pasó desapercibido y se conoció el fin de semana. Según confiaron fuentes legislativas a Infobae, durante la sesión en la Cámara alta y mientras se desarrollaba el operativo policial en las afueras del Congreso, la vicepresidenta entonces a cargo del Ejecutivo -por el viaje al exterior de Javier Milei-, Victoria Villarruel, en el punto más álgido de la batalla callejera, solicitó hablar con los responsables e, incluso, con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Fueron minutos de tensión, con un grupo muy reducido de personas -de máxima confianza de la titular del Senado- que sirvió de enlace con un puñado de jefes policiales. Todo fue bajo absoluta discreción y con un objetivo: que volviera el orden y no se desmadrara la violencia. Al poco tiempo, reapareció la calma. Son agentes con caras no conocidas -como ocurre con su poco contemplado equipo parlamentario-, que no buscan fama y cuidan más a Villarruel que sus entornos político y comunicacional.

Pocas horas antes de este episodio, en el recinto se blanqueaba, desde el propio bloque libertario, la penosa realidad de un alfil de la vice que, en vez de ayudarla, la hunde con estrategias minúsculas -muy infladas, de forma artificial- y de estricto corte personal, aunque con insólitas promociones mediáticas según la época.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió a los congresistas donar un salario para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto de 2026 y que dejó un balance parcial de 132 muertos y más de 570 heridos.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el llamado fue hecho por Henríquez a través de su cuenta en X, donde invitó a los legisladores a sumarse a una iniciativa solidaria para atender a las personas afectadas por la emergencia.

“Invito a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a las miles de familias damnificadas del terremoto”, señaló el presidente del Senado.

Henríquez también anunció que el miércoles se conformará una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a la tragedia, con el objetivo de hacer control político y revisar la respuesta institucional frente a los daños causados por el movimiento telúrico. “Colombia nos necesita unidos”, agregó.

Chocó fue el epicentro del sismo

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del terremoto se ubicó en Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El evento sísmico se localizó a 20 kilómetros de San José del Palmar, municipio de ese departamento.

El impacto se sintió con fuerza en varias regiones del país y generó afectaciones graves en ciudades del Eje Cafetero, el Pacífico y el suroccidente colombiano. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, entregó un balance parcial en el que reportó al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas.

Pereira, capital de Risaralda y cercana al epicentro, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según el reporte citado. En esa ciudad también se informó de personas atrapadas en el Megacable, dos edificios colapsados y varios puntos críticos donde continúan las labores de rescate.

Además, el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta, mientras las autoridades evalúan la magnitud de las afectaciones en infraestructura y servicios esenciales.

Gobierno declaró desastre nacional

Las principales ciudades en alerta roja son Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, donde se reportan daños severos. En total, el balance parcial habla de al menos 86 edificios colapsados y seis aeropuertos con operaciones suspendidas.

Tras la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre de carácter nacional, luego de una reunión en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, donde se revisaron las afectaciones por el terremoto.

La medida le permite al Gobierno adoptar acciones excepcionales para atender la crisis, movilizar recursos y expedir decretos legislativos destinados a enfrentar la emergencia y evitar que sus efectos se extiendan.

El llamado de Henríquez se suma a las acciones institucionales y privadas que han empezado a activarse para canalizar ayuda hacia los territorios más golpeados por el sismo. La propuesta de donar un salario busca que el Congreso envíe una señal de respaldo económico y político a las familias afectadas.

La comisión bicameral anunciada por el presidente del Senado tendrá el reto de acompañar la respuesta del Estado, verificar la atención a los damnificados y hacer seguimiento a las medidas que adopte el Gobierno nacional durante los próximos días.

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, propone acelerar los procesos judiciales de desalojo para que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles cuando existe un incumplimiento del contrato de alquiler. La iniciativa incorpora un procedimiento sumarísimo y busca reducir los tiempos que actualmente puede demandar un litigio.

Uno de los puntos que más atención generó es el plazo de diez días para que el inquilino regularice una deuda después de ser intimado. Sin embargo, ese período no implica un desalojo automático: si el pago no se realiza, el propietario queda habilitado para iniciar la acción judicial. El cambio que introduce el proyecto está principalmente en la forma y los tiempos en que ese proceso debería tramitarse.

En diálogo con Infobae a la Tarde, la abogada Elisa Cerri explicó los alcances de la reforma y puso el foco en las consecuencias que puede tener para ambas partes. “El propietario puede intimar al inquilino a que pague y si en diez días no paga, ya le puede iniciar el juicio de desalojo”, señaló.

A partir de allí, el proyecto busca que el conflicto avance mediante un procedimiento sumarísimo, con plazos más breves y una discusión procesal más acotada. Cerri estimó que la diferencia con el sistema actual podría ser significativa. “Hoy un proceso de desalojo te puede tardar dos, tres, cuatro años. El juicio sumarísimo, en teoría, debería durar seis meses. Yo creo que en la práctica va a durar de seis meses a un año, pero igual es una baja significativa”, sostuvo.

La intención de acelerar estos procesos apunta a reducir el tiempo que un propietario debe esperar para recuperar una vivienda cuando considera que el contrato fue incumplido. Pero esa misma reducción de los plazos puede tener consecuencias para el inquilino cuando existe una controversia sobre la deuda o sobre las condiciones del contrato.

“En el juicio sumarísimo se permite menos prueba, es más acotado y el juez tiene menos tiempo para tomar una decisión”, explicó Cerri. En ese sentido, planteó qué podría ocurrir si un propietario reclama una deuda que el inquilino niega: “Si este propietario inventó que yo no pagué, porque pasa a veces, ¿quién protege a ese inquilino?”.

Para la abogada, la rapidez del procedimiento puede convertirse en un problema si no existe suficiente margen para analizar las pruebas. “El juez va a tener que tomar por ley la decisión de manera rápida y cuando las decisiones se toman rápidas, no siempre son igual de buenas”, advirtió.

El proyecto también contempla cambios vinculados con las garantías que debe presentar el propietario al solicitar determinadas medidas. Entre ellas aparece la caución juratoria, que permite asumir bajo juramento la responsabilidad por el pedido sin constituir necesariamente una garantía económica.

“El nuevo proyecto dice: ‘No vamos a hacer que el propietario tenga que incurrir en un gasto económico. Va a ser una caución juratoria’, que significa que tu palabra es suficiente”, explicó Cerri.

Para la abogada, el problema aparece si ese mecanismo se utiliza sobre la base de un reclamo que luego resulta incorrecto. “Si yo te inicio a vos un juicio de desalojo y resulta que estaba mintiendo, no hay más que una multa que es insignificante por haberte echado de tu casa”, cuestionó.

El procedimiento, de todos modos, no habilita al propietario a desalojar por sus propios medios. Si el inquilino no regulariza la deuda después de la intimación, debe iniciarse una demanda y será un juez quien determine si corresponde el lanzamiento. Una vez dictada la orden, la ejecución queda a cargo de la Justicia y puede contar con el auxilio de la fuerza pública.

“Cuando el juez decide que vos tenés razón y que va a desalojar, manda a un oficial que puede tener ayuda de la fuerza pública y te saca. Te saca de la casa, punto”, explicó Cerri.

Otro de los aspectos que deberán tenerse en cuenta es el alcance territorial de la reforma. La abogada explicó que los códigos procesales son de competencia de cada jurisdicción, mientras que el Código Civil y Comercial establece las normas de fondo que rigen en todo el país.

“En la Argentina los códigos procesales son de aplicación local y los códigos civiles y comerciales son de aplicación nacional”, señaló.

En ese marco, las modificaciones procesales contempladas por el proyecto tienen alcance sobre la Justicia nacional comprendida por la reforma, mientras que las provincias conservan sus propios códigos de procedimiento. “Esta ley modifica artículos del código procesal, que eso aplica solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para los juzgados nacionales que tiene CABA. Y después cada provincia tiene la autonomía para dictar su propio código de procedimiento”, explicó.

Como ejemplo, indicó: “Para que esto aplique a Córdoba, Córdoba va a tener que adherir a esto o bien dictar una ley”.

La discusión sobre los desalojos también está atravesada por el riesgo que supone para un propietario quedar durante años involucrado en un proceso judicial para recuperar un inmueble. Para Cerri, esa situación puede desalentar a algunas personas de poner sus propiedades en alquiler.

“El problema acá es que, en mi opinión, vos cuando vas a alquilar un departamento, no querés meterte con un abogado, iniciar un juicio. Vos querés tu departamento de vuelta y punto”, sostuvo.

La abogada consideró que un procedimiento más rápido podría contribuir a reducir ese temor, aunque puso en duda que la reforma, por sí sola, pueda solucionar los problemas del mercado de alquileres. “Eso no sé si lo soluciona un proyecto más rápido, aunque puede llegar a favorecer a que la gente le tenga menos miedo a alquilar”, señaló.

Desde su perspectiva, el proyecto tiene una orientación definida: “Es una ley que está más del lado de los propietarios que de los inquilinos. 100%”.

La iniciativa deberá ahora continuar su recorrido en la Cámara de Diputados. Allí volverá a discutirse el equilibrio entre dos derechos que pueden entrar en tensión: la posibilidad de que un propietario recupere su inmueble ante un incumplimiento y las garantías que tiene el inquilino para defenderse cuando cuestiona la existencia o el alcance de esa deuda.

Para Cerri, el punto más sensible de la reforma está precisamente en esa aceleración. Un proceso más breve puede reducir de manera considerable el tiempo que un propietario debe esperar para recuperar su propiedad, pero también exige que la Justicia pueda resolver con rapidez sin resignar las herramientas necesarias para determinar qué ocurrió en cada caso.

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La pasada sesión del Senado no solo dejó una derrota para la Casa Rosada y su intención de eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales a capitales extranjeros y la eliminación de la ley de manejo del fuego, sino que además mostró una discusión sobre el reglamento que promete repetirse.

La senadora por el peronismo Anabel Fernández Sagasti pidió votar desde su provincia -Mendoza- porque el médico le prohibió viajar ya que cursa un embarazo de riesgo.

El oficialismo se negaba a que eso suceda -al igual que el PRO y la UCR-, pero se logró un acuerdo por el cual con el voto del peronismo se giró el pedido a la comisión de Asuntos Constitucionales con el argumento que significaba un cambio del reglamento.

La senadora mendocina no pudo votar -al igual que su colega radical Flavio Fama que había solicitado lo mismo- pero abrió el debate. “Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta”, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave".

En la argumentación de su pedido Sagasti, que es una de las espadas del peronismo en el recinto, dijo que no es la primera vez que el Senado resuelve esto y puso como ejemplo el período de la pandemia, en donde la Cámara Alta sesionó de forma virtual con el aval de la Corte Suprema de Justicia y sin cambiar el reglamento. “Sabemos hacerlo cuando queremos”, agregó en un posteo en la red social X.

“Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo”.

La legisladora cercana a Cristina Fernández de Kirchner había realizado el pedido y la vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado la había habilitado ad referéndum del pleno del recinto, es decir, lo tenían que votar sus propios colegas en el inicio de la sesión.

Esto generó muchas discusiones. Primero un malestar propio dentro del bloque que, aseguran, algunos se enteraron por los medios del pedido de Fernández Sagasti. Lo segundo fue la modalidad.

“Estamos en un cuarto intermedio, si quieren agregar un tema en el temario de la sesión tienen que juntar los dos tercios y habilitar agregar el pedido y, de nuevo, juntar dos tercios para que sea aprobado porque no pasó por comisión”, explicó la líder del bloque libertario, Patricia Bullrich, en la previa a la sesión.

Finalmente se decidió, claramente en un acuerdo parlamentario entre el PJ y LLA que votaron juntos, pasar el tema a comisión para que resuelva ahí. “Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión”, señaló Fernández Sagasti.

El Senado aprobó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce nuevas restricciones y parámetros claros para las expropiaciones en Argentina, estableciendo cambios sustanciales en la forma en que el Estado podrá declarar la utilidad pública y determinar indemnizaciones a los propietarios afectados.

El texto, que deberá obtener el visto bueno de la Cámara de Diputados para tomar fuerza de ley, define que pueden ser objeto de expropiación “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Pero fija que “la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”. De esta manera, se acota el margen de discrecionalidad estatal sobre qué bienes pueden ser declarados de utilidad pública.

La norma determina que la indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien, calculado a partir del valor de mercado siempre que resulte determinable, además de los daños que se deriven directamente de la expropiación. Además, aclara que “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

El proyecto también incluye lineamientos sobre el lucro cesante. La indemnización podrá cubrir este rubro solo si se demuestra de manera objetiva y suficiente, y siempre que no implique duplicación de conceptos ni esté ya incluido en el valor objetivo del bien. Asimismo, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

No podrá transferirse el dominio del bien hasta que la compensación se haya abonado en su totalidad

El valor del bien se fijará tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, hecho administrativo, legislativo o anuncio público relacionado con la expropiación. Ese monto será actualizado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación minorista oficial, y se sumará una tasa de interés nominal anual equivalente a la de los plazos fijos tradicionales del Banco de la Nación Argentina, desde la mora hasta el pago efectivo.

El pago de la indemnización se realizará en moneda de curso legal, salvo que el expropiado acepte otra forma de pago, y no podrá transferirse el dominio del bien hasta que la compensación se haya abonado en su totalidad.

En caso de desacuerdo sobre el valor, el monto será fijado por la Justicia. El juez deberá requerir dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación como pericia técnica, la cual no será vinculante, pero no podrá ser desestimada sin una valoración expresa y fundada. Las partes podrán aportar pruebas, designar consultores y presentar las medidas necesarias para determinar el valor objetivo. Si existe discrepancia entre el dictamen del Tribunal y otras pruebas, el juez deberá valorar el conjunto siguiendo las reglas de la sana crítica y fundamentar cualquier apartamiento del dictamen del Tribunal.

La entidad de tasaciones tendrá un plazo de noventa días para expedirse. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, el juez podrá intimar al Tribunal a presentar el dictamen en un plazo razonable y, si persiste el incumplimiento, prescindir de él mediante resolución fundada. Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble serán tasadas bajo los mismos criterios que los bienes no inmuebles.

La sentencia judicial fijará el monto de la indemnización considerando el valor a la fecha de referencia previa a cualquier acto o anuncio vinculado a la expropiación, descontando las sumas ya depositadas en juicio y actualizando según los parámetros legales. Los conceptos que integran la compensación estarán exentos de impuestos o gravámenes.

El proyecto establece la acción de expropiación irregular para aquellos casos en los que el Estado tome un bien sin haber pagado la indemnización, o cuando la declaración de utilidad pública de hecho torne indisponible el bien para su titular, o cuando se impongan restricciones o limitaciones indebidas que priven al propietario del uso, goce o disposición de manera sustancial.

Límite a las ocupaciones temporales

Sobre las ocupaciones temporales, el texto marca que ninguna podrá durar más de noventa días, con posibilidad de prórroga por igual período en situaciones graves como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales, siempre que se acredite la persistencia de la causa y la imposibilidad de medidas menos restrictivas. La compensación incluirá el valor de uso, daños y perjuicios, materiales extraídos necesariamente y lucro cesante comprobado.

Finalmente, se indica que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

Miércoles por la mañana. Faltaba un día para que el Senado tratara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras iba a su oficina, uno de los miembros de la Mesa Política levantó su teléfono y vio un mensaje de una persona que estima mucho en términos intelectuales. “No dejes que vendan la tierra”, decía la notificación. Ahí mismo, terminó de percatarse de que la batalla narrativa estaba perdida y que el capítulo de venta de tierras a extranjeros podía entrar en un callejón sin salida. Finalmente, el oficialismo también se vio obligado a quitar el capítulo de Manejo del Fuego. Aunque La Libertad Avanza había conseguido la media sanción, la derrota estaba consumada en términos simbólicos.

En la Casa Rosada no son fatalistas, pero saben que lo acontecido durante esta semana supone un llamado de atención. El oficialismo decidió reiniciar la agenda legislativa con uno de los pocos proyectos que tenía dictamen, pero que, vista la nueva oleada nacionalista post-Mundial, resultaba difícil de posicionar en la agenda pública sin una estrategia política y comunicacional adecuada. Eso fue objeto de múltiples críticas puertas adentro.

Hacia el afuera, el primer atisbo de varios funcionarios del Poder Ejecutivo fue criticar en el off the record a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Pero lo cierto es que Propiedad Privada fue presentada en marzo y los funcionarios la defendieron oportunamente en las reuniones de comisión. Esta se podría haber aprobado en una sesión celebrada en junio, pero el bloque comunicó su retiro luego de que el karinismo negociara con senadores kirchneristas la postergación de ese tratamiento para poder sancionar pliegos de jueces federales.

Nadie al interior del Gobierno cree que Sturzenegger tenga capacidad de poder real para imponer los tiempos legislativos de las reformas libertarias. “Él cumple su rol. Piensa reformas y tiene la mente preparada para el escritorio”, se sinceraban en un despacho de Balcarce 50. Javier Milei conversó con él en los últimos días, pero no lo retó. Sí existió la orden para que uno de los miembros de la Mesa Política se encargara de conversar sobre lo sucedido en los últimos días.

La Mesa Política está constituida hace un año y la estrategia política en el Congreso pasa por esa instancia. La crítica a “El Coloso” fue solamente una pantalla para no hacer pública una autocrítica que, puertas adentro, se hace desde todos los sectores. “El error fue nuestro, porque la orden de tratarlo siempre vino de Casa Rosada”, asumió uno de sus integrantes más importantes. Por su parte, un senador de La Libertad Avanza marcaba: “Tengo miedo de que pifien en el diagnóstico. Porque de ser así vamos a seguir con los problemas”.

Esto no implica que los operadores políticos del oficialismo no tengan capacidad para corregir en el futuro. El Gobierno suele tener dosis de pragmatismo para circunstancias dificultosas y ha sabido retrotraer situaciones incluso más adversas ocurridas en los dos años anteriores. Pero el clima ahora es diferente, porque el advenimiento de la temporada de elecciones comienza a empastar el vínculo de los libertarios con los aliados, más en un contexto en el que las mediciones de aprobación sobre la gestión disminuyen y la recuperación de los salarios sigue sin percibirse. Hay preocupación en los alfiles políticos por esta cuestión sistémica.

En el Senado admiten que no pasó desapercibida la presencia etérea de Sergio Massa a lo largo de las horas de negociaciones. “Se sentía en los pasillos. Los del bloque Justicialista te lo hacían saber sin decirlo. Pusimos a jugar a un player. Y esta vez, los gobernadores que eran aliados nuestros no nos respondieron. Me da cosa que pueda replicarse a futuro”, confiesa una fuente libertaria.

Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) son algunos de los ejemplos de mandatarios que han sido extremadamente útiles para el Gobierno en otras votaciones. Esta vez, ninguno les brindó su apoyo para la votación en general.

¿Excepcionalidad o presagio de lo que puede acontecer en un futuro no muy lejano? Es la pregunta que se hacen algunos diputados y senadores que en las próximas semanas deberán volver a sesionar. Quienes declaran en privado, afirman que el panorama se volvió algo neblinoso, como si no supieran bien con qué se van a encontrar en cuestión de días. “Lo de esta semana me hizo perder la brújula. ¿El gobernador que dijo que quiere acordar electoralmente conmigo nos va a apoyar, o el clima es tal que me voy a volver a encontrar a José Mayans haciéndose ojitos con una senadora que nos acompañó en el último año?“, confiesan.

Resultó llamativo que en los últimos días trascendió una orden de Karina Milei de que todos los proyectos comiencen a pasar por el tamiz de la Mesa Política y, en particular, por Diego Santilli. Cabe preguntarse, ¿cómo funcionaba entonces la dinámica al interior del Gobierno?

La mesa emergió como una forma de organización política de la cúpula del Gobierno luego de la derrota bonaerense del año pasado. También buscó ser una forma de licuar responsabilidades y ordenar el mecanismo de interlocución con los actores políticos, tanto gobernadores como bloques legislativos.

En el pasado existía la queja de que tanto Guillermo Francos, como Santiago Caputo y los primos Menem mantenían negociaciones paralelas con todos ellos y que eso entorpecía la efectividad de las gestiones. Con los nuevos roles asignados en el último semestre, se esperaba que cada uno de los actuales miembros tuviera una esfera particular en la que no se pudieran cruzar los mandos. A grandes rasgos, se estableció que Patricia Bullrich tendría predominancia en el Senado; Martín Menem en Diputados; Diego Santilli y Lule Menem, con los gobernadores.

Esta semana demostró que esa repartija de roles resultó una quimera a los efectos prácticos: las negociaciones legislativas implican conversar con varios estamentos políticos al mismo tiempo. “¿Sabés quién negoció los votos del Senado? Todos. Volvimos a lo mismo, pero con más actores involucrados. Antes eran tres quienes lo hacían. Ahora son más", afirma, enojado, un legislador violeta que vio la secuencia desde adentro.

Tal y como está, la mesa política se confeccionó de una forma que no permite mayores cambios en su funcionamiento. Eso tiene como ventaja que sus integrantes pueden manejarse con algo más de independencia en base a sus criterios políticos, lo malo es que le impone una rigidez tal que, en el caso de un defecto en su funcionamiento, no existen mayores posibilidades de corregirse. “Ese es un síntoma significativo. Porque o continuamos así, o se rompe ese esquema para encontrar uno nuevo”, marcan.

Con el resultado del viernes a la madrugada, el karinismo volvió a arremeter contra Patricia Bullrich. La acusan de tener un modo de operación política de carácter unipersonal que impide a los mismos senadores conocer cuál es el rumbo de las gestiones. Creen que la senadora no debe realizar sesiones semanales y concentrar más temas dentro de una misma jornada. También están preocupados por la cantidad de proyectos que todavía siguen sin media sanción en esa Cámara. Al salir del Palacio del Congreso luego de la aprobación de la Ley, la jefa de bloque atribuyó la caída de los dos capítulos a la especulación de los gobernadores y al desgaste político sufrido por el caso de Manuel Adorni.

A propósito de esto último, resultó llamativo que una figura del Gobierno diera a entender que extraña el esquema anterior con el otrora vocero presidencial. “Era bueno para ir y escuchar las verdades de cada una de las alas del Gobierno porque todo lo que se habla en mesa política es una mentira. Ahí son todos hipócritas”, afirma una fuente. Adorni nunca terminó matando políticamente a Santiago Caputo. Milei le dio otras tareas a su entonces jefe de Gabinete, quien lo explicitó en su carta de renuncia: “He cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos”. Aunque no fue exactamente eso, el siguiente trascendido se acerca bastante: le habría pedido que le haga ver a su hermana “quienes son los malos” y que la proteja.

Al margen de las consideraciones, el Gobierno ya tiene en mente una sesión el 26 de agosto para tratar una batería de proyectos, entre los que se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). De prosperar, son nuevas iniciativas que recaerán en el ámbito del Senado, que por ahora solo tiene dictamen la Ley Hojarasca, aunque muchos al interior del oficialismo piden no tramitar en solitario. “Decime cómo le explico a un laburante que gana 900.000 pesos que lo único que tengo para mostrarle es la derogación de la Ley del Lobizón y la Ley del Azote. Sería un papelón”, agregan.

Se prevé que la Casa Rosada le quiera dar tratamiento exprés a estas iniciativas mencionadas. Pero ya se divisa en el horizonte la complejidad que supondrá negociar la Reforma Política y el Presupuesto 2027, las dos iniciativas más complejas que el mercado mira con una atención particular. Al respecto de la primera, operadores del oficialismo creen que serán los mismos gobernadores quienes se verán forzados a apoyar la suspensión de las PASO porque “no tienen candidato nacional y, por ende, no tienen palanca para sus propios candidatos”. En otro importante despacho de Balcarce 50 son más pesimistas y ven que lo máximo que pueden conseguir es eliminar la obligatoriedad y pasar a un esquema de PAS.

Son algunas de las tantas negociaciones paralelas que tiene la Quinta de Olivos con las provincias. Una de ellas es con la Ciudad de Buenos Aires. Los armadores nacionales de LLA querrían que Jorge Macri traslade las elecciones porteñas hacia octubre. Todavía no llegaron emisarios formales a presentar esa propuesta, pero de ser el caso, en Uspallata no tendrían problema si es que les dejan imponer a ellos las condiciones. Esto no implicaría la falta de competencia, sino todo lo contrario: no ven con malos ojos realizar una competencia y, por primera vez en mucho tiempo, ven un panorama optimista hacia adelante.

“No nos desfavorece el paso del tiempo. Es lo contrario: nos favorece porque la narrativa orden y seguridad ya se empezó a consolidar ante un electorado porteño que se ha ido derechizando, pero que cree en el Estado. Hay un 60% de derecha y un 40% de izquierda. Hoy el panorama que vemos es que LLA y el PRO compiten por los primeros puestos”, afirma una fuente inobjetable.

De todas maneras, no han recibido gestos desde Nación que muestren una voluntad acuerdista. Si existe, Mauricio Macri no negaría una instancia de diálogo, pero el temor es que antes de que se produzca un encuentro con Javier Milei, su hermana Karina lo obligue a reunirse con ella primero. Son pocos adentro del espacio amarillo los que creen que el expresidente tenga intenciones reales de candidatearse. Algunos dan su punto de vista de que la gran mutación que se está produciendo en Occidente es el debilitamiento de las centroderechas.

El círculo rojo está buscando candidatos que puedan resultar una alternativa “amigable” a Milei. Los outsiders pueden ser un camino. Uno de ellos planea lanzarse entre las elecciones de Brasil y las de Estados Unidos y ya consolidó a su nueva mesa chica luego de echar a dos importantes operadores que lo cebaban frente al establishment. Pero más de un gobernador le dijo a Infobae que Milei tiene su principal riesgo -en el eventual caso de no suspenderse las PASO- es la posibilidad de una competencia interna. “Para mí en un contexto donde el peronismo no va a conseguir o no prevé conseguir un candidato fuerte, la mayor amenaza de Milei no es Mauricio: es Patricia”, asestó uno de ellos.

Lo que resultó una verdadera novedad es que una fuente de la primera línea del oficialismo consultada por este tema no se horrorizó ante ese hipotético caso: “Si las PASO se mantienen y ella quiere, yo no tendría problema que compita. Javier le va a ganar”. Esto no es convalidado por el sector bullrichista. No por el momento.

El miércoles, mientras en Buenos Aires se intensificaban las negociaciones y el oficialismo ya había tenido que ceder en el Senado el polémico capítulo 3 de la ley de tierras para no perder una votación parlamentaria además de la narrativa pública, Javier Milei se preparaba para volar a Ecuador y Colombia, y Federico Sturzenegger exponía una clase magistral de casi una hora a 6.000 kilómetros del país, en Punta Cana, en el marco del foro Meta RD 2036. Autor intelectual del cuestionado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el ministro fatigó esa noche el teléfono en la sala VIP del aeropuerto de esa ciudad antes de embarcarse en el vuelo DM6266 de Arajet que lo devolvería al país en la mañana siguiente, en la previa de la sesión del Senado, junto a uno de sus máximos colaboradores que lo acompañó hasta República Dominicana, y que no dudó en ponerse el traje de baño para disfrutar de la piscina descubierta que ofrece una vista privilegiada de los aviones y las pistas de aterrizaje. “El Gobierno tiene que entender que no se puede mandar cualquier cosa: se ponen objetivos que después no se pueden cumplir”, se quejaría en la mañana del viernes un integrante de la mesa política del Ejecutivo en reunión con su equipo de trabajo.

El paso en falso en el Senado del gobierno, que le dio media sanción a un proyecto rengo después de ceder en dos de sus principales capítulos -la ley de tierras y la ley de manejo del fuego-, expuso un problema más profundo que la discusión en torno a la iniciativa redactada por el ministro de Desregulación, cada vez más cuestionado puertas adentro: la disociación de la agenda y el relato oficial con los problemas cotidianos de los argentinos. También el funcionamiento de la mesa política y el rol de sus integrantes, y la crisis de la narrativa libertaria para imponer la agenda de Javier Milei en la conversación pública: “El aparato comunicacional está destruido”, resaltó un dirigente destacadísimo.

Las últimas 96 horas fueron de un desasosiego creciente para la política y la narrativa del Gobierno. Hasta la sesión del jueves, en el grupo de WhatsApp que los senadores de La Libertad Avanza comparten con Karina Milei, Diego Santilli, Eduardo Menem -“Lule”- e Ignacio Devitt no hubo ninguna bajada de línea oficial: silencio por parte de la Casa Rosada. En paralelo, la oposición, la sociedad civil y un grupo numerosísimo de artistas copó la agenda pública en contra del proyecto ideado por Sturzenegger: según un relevamiento de la consultora Enter Comunicación, en el 83% de las menciones alusivas en redes prevaleció un sentimiento negativo. La reacción del gobierno fue tardía y errática: cuando envió a los funcionarios a defender la iniciativa a los medios, la conversación ya estaba perdida. El miércoles a última hora se planteó la posibilidad de improvisar una conferencia de prensa en el Senado con Patricia Bullrich y senadores aliados, pero se desechó. Más temprano, gobernadores cercanos a la Casa Rosada como Rolando Figueroa -“Rolo”-, Osvalo Jaldo o Hugo Passalacqua se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras, una decisión inédita para tres jefes provinciales que en más de dos años y medio de mandato casi no se atrevieron a desmarcarse públicamente de Milei. Algunos senadores del oficialismo se dieron cuenta que el relato había fracasado cuando, a mediados de semana, empezaron a recibir en su teléfono mensajes de amigos enardecidos por la venta de tierras a extranjeros. Un altísimo funcionario libertario comparó, más allá de las evidentes diferencias y la gravísima crisis política de aquel momento, la mala praxis comunicacional en la defensa de este proyecto con la resolución 125 de julio del 2008, cuando Néstor y Cristina Kirchner se aferraron a un discurso que a todas luces estaba perdido.

El de este jueves fue el cuarto intento del Gobierno en la promoción de una iniciativa impopular y el corolario de un proceso de reorganización, tras la crisis de más de tres meses en torno a la figura de Manuel Adorni, del sistema de toma de decisiones que, por el traspié de este jueves, obliga al Ejecutivo a revisar su implementación. Según trascendió en estas horas, la hermana del Presidente ordenó verificar en la mesa política todos los proyectos enviados y, en particular, aquellos ideados por el ministerio de Desregulación. También, el procedimiento de negociación con los aliados. Para privilegiar los textos prioritarios, como la reforma política, en especial la suspensión de las PASO, atada a los acuerdos con los gobernadores. En la antesala del envío del Presupuesto 2027, que confirmará las pautas de la ortodoxia fiscal de Caputo para el próximo año, en plena campaña.

El martes, en la reunión de bloque, Bullrich reconoció que habían “entregado” muy rápido, al inicio de la discusión en comisiones, el capítulo vinculado con las modificaciones en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), como prenda de cambio más adelante o, al menos, para intentar llevarse la marca del debate público.

Dentro de La Libertad Avanza reconocen que, más allá de la praxis parlamentaria alrededor de la sesión de este jueves, empiezan a aparecer signos de agotamiento de cara a la campaña presidencial que ni siquiera alcanzan a ser maquillados con la dispersión de la oferta electoral opositora y la crisis del peronismo. Nubarrones en el plan de reelección de Milei.

Por esas señales comienzan a aflorar, tímidamente, algunos mojones de entusiasmo en la oposición y en grupos del círculo rojo desencantados con el gobierno, conscientes del desgaste en la narrativa libertaria y de la fatiga de sectores de la sociedad a los que no les llegó todavía el “derrame” publicitado por el equipo económico.

Estudios cualitativos encargados recientemente por un intendente de la zona norte del Gran Buenos Aires, y por el equipo de un dirigente que aspira a ser candidato presidencial, a los que accedió este medio, evidencian ese cansancio. “¿Qué le aconsejarías al presidente?“, preguntaron en uno de esos grupos focales. ”Que sea empático", respondieron. “Se está rompiendo el sueño de vivir mejor, de progresar. Se ve cada vez más destrucción”, fue otra de las respuestas de un grupo de “votantes desilusionados” con La Libertad Avanza. Se percibe cada vez más la preocupación por el empleo. “Es muy injusto porque capaz hoy estás dentro de la máquina y mañana por A o por B te quedas afuera, te echaron y no conseguís, porque hay cien personas que están buscando igual que vos y sos uno de los que está afuera. Comulgar con una propuesta así es medio sanguinario”. Empieza a aparecer, en ese contexto, un interrogante muy presente en ese grupo de votantes: “El esfuerzo, ¿vale la pena?“. Fue en esa línea que el viernes, en la homilía por San Cayetano, en Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, disparó: ”El bienestar económico no va a llegar al ciudadano común si no hay empatía con los más necesitados".

Ese conjunto de inquietudes que correo el malhumor social tiene su mayor nivel de capilaridad social en los conurbanos, en particular en el bonaerense, que sigue rezagado del modelo: el crecimiento de la economía aún sigue concentrado en sectores como el agro, la minería, la energía y la intermediación financiera. Por fuera de esos rubros, el ritmo de la actividad es aún débil. Según el último informe del Observatorio PBA del CEPA, la industria manufacturera operó en mayo con una utilización de la capacidad instalada del 58,4%; la morosidad alcanzó a 2,2 millones de deudores -el 37,4% del país, en un buen número en jóvenes y en créditos otorgados por proveedores no bancarios, y hasta abril se habían perdido 91.270 puestos de trabajo registrados. El viernes, en X, el ministro Caputo tuvo que aclarar que no había tratado de “tarados” a los industriales en su paso por Rosario, si no a aquellos que “defienden el modelo anterior”.

Esas cifras provinciales, y la decisión del Gobierno de retirar al Estado de cualquier política pública asignada a Buenos Aires, transformaron al conurbano en un polvorín, atravesado además por una gravísima crisis relacionada con la proliferación del narcotráfico. El fin de semana anterior, vecinos del barrio 24 de febrero de Rafael Castillo, en La matanza, reventaron un búnker después del asesinato, según los vecinos, de ocho jóvenes en el transcurso de una semana. En otras zonas del conurbano la situación no es tan límite, pero se expresa en otras circunstancias. En una ciudad de un distrito acomodado de la zona norte, los vecinos comenzaron a tener más de un empleo para llegar a fin de mes. Nunca había pasado, según el intendente. Los jefes comunales también hacen malabares con las cuentas públicas. En abril, por ejemplo, Nación dejó de pagar el programa Remediar, tampoco se hizo cargo la provincia de Buenos Aires y el gasto empezó a correr por cuenta de los intendentes, que hace meses reciben menos fondos por la caída de la recaudación que, a nivel nacional, no proyecta buenos números para agosto. La obra pública nacional está paralizada. En ese contexto, las jurisdicciones buscan alternativas. San Isidro, por caso, acaba de ser autorizado por la Provincia y la Nación para financiar obra pública con bonos de inversión privada en el mercado local. Una medida inédita para un momento excepcional.

Semana gris. El jefe de Gabinete, que lleva adelante buena parte de las negociaciones con los gobernadores, tiene ahora por delante un desafío aún más delicado tras la tormenta política de esta semana: conseguir el aval para suspender las PASO, un eje fundamental del plan reeleccionista de Milei para azuzar el desorden de la oposición. Cerca de Santilli están convencidos de que tienen los votos para avanzar en esa medida, pero el traspié de estos días en torno a la ley de tierras prendió una luz de alerta en el tablero oficialista de la mesa política. Surgió, por lo pronto, otra vez el nombre de Sergio Massa, a quien le endilgaron insistentes conversaciones con los gobernadores detrás de la caía del capítulo de tierras. Nadie en el peronismo se ocupó por rechazar esas versiones, más bien lo contrario. Massa se mantiene en un estricto bajo perfil: “La gente no está para escucharnos todavía”, plantearon desde la cúpula del Frente Renovador.

La discusión del Presupuesto y la suspensión de las PASO terminará por moldear el escenario preelectoral del Gobierno de cara a la campaña, para la que todavía faltan una serie de definiciones internas. En particular, por la elección de las principales candidaturas. Por ejemplo, a nivel de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.

Santilli insiste en que quiere postularse a la gobernación, pero hay cada vez más voces internas que proponen al ministro coordinador como potencial candidato en la capital, la casa matriz del PRO. “Fue el proyecto de Diego de toda su vida, ¿por qué se aferraría ahora solo a lo bonaerense?“, planteó un dirigente que lo conoce desde hace años. La decisión en torno al jefe de Gabinete esconde dos definiciones: cuáles son los planes reales del Gobierno en la capital y en territorio provincial.

En el PRO creen que La Libertad Avanza deberá alcanzar un acuerdo con ellos en la Ciudad, más allá de las diferencias entre Mauricio y Jorge Macri que interlocutores comunes intentan zanjar por estos días. Los primos nunca tuvieron una relación armoniosa, incluso hay quienes aseguran que el vínculo tuvo peores momentos que el actual, pero es cierto que se acumuló en estos meses una creciente tensión entre ambos por el tipo de alianza que podría llegar a trabarse con la Casa Rosasa. Cerca del jefe de Gobierno adjudican algunas operaciones al entorno del propio expresidente.

Otra de las definiciones pendientes es cuál será el rol de Bullrich. La senadora tensionó con los hermanos Milei durante la crisis por el caso Adorni, y llevó esa tensión a un nivel aún más alto cuando se plantó frente a la decisión del Ejecutivo de dar de baja el pliego judicial de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Por esa disputa el círculo rojo creyó ver en la ex ministra a una potencial candidata a la Presidencia. El fin de semana pasado, en una entrevista con el diario Clarín, Bullrich dijo que mantiene esa intención, pero para el 2031, después de trabajar para la reelección de Milei. Esa declaración distendió puertas adentro, al menos adentro del Senado, pero dejó una ventana abierta a todo tipo de interpretaciones. Por empezar, desde qué plataforma encarar ese proyecto. ¿Desde el Senado o la jefatura de gobierno porteño? Cualquiera de esas definiciones tienen que pasar por el filtro de Karina Milei, que tiene también en sus manos el futuro de Santilli, que le aportó a la hermana del Presidente y a los Menem un recurso humano de extremísima confianza y cercanía que le brinda al “karinismo” un servicio premium de asesoría: se trata de uno de sus estrategas. Santiago Caputo tomó nota de esos nuevos vínculos.

Bullrich, según su entorno, no quiere ser jefa de Gobierno. Es una buena señal para el PRO de la capital, no solo por su potencial electoral: también porque la señalan como la dirigente más nociva para los intereses políticos y particulares de los dirigentes amarillos en la capital, que mantienen aceitado desde hace dos décadas el sistema porteño sin mayores objeciones por parte del ecosistema político de la ciudad, sin distinción partidaria. A la jefa del bloque de senadores de LLA tampoco le entusiasma demasiado una potencial candidatura a la vicepresidencia: la historia reciente da cuenta de que ningún vicepresidente tuvo proyección después de pasar por ese cargo. Es una incógnita, en ese sentido, qué hará Victoria Villarruel, cada vez más enfrentada al proyecto de los hermanos Milei. En la Cámara alta hay funcionarios cercanos a ella que agitan al mes de diciembre como el puntapié inicial de su proyecto personal. Una afrenta, de concretarse, riesgosa para el Gobierno.

Un interrogante todavía mayor es el que se formula en torno a la alianza futura entre el gobierno y el PRO. Macri avaló a Hernán Lacunza cuando el economista lo visitó para contarle que quería tantear una eventual postulación nacional. Las encuestas consultadas por algunos de los principales dirigentes libertarios arrojan que el partido liderado por Macri mantiene solo entre 4 y 5 puntos nacionales, suficientes para arruinarle a Milei su plan de reelección en una primera vuelta.

Todas esas variables atraviesan las discusiones del Gobierno, en medio de las urgencias del programa económico, del retroceso legislativo de esta semana y de las disputas internas que todavía siguen vigentes. Movimientos recientes en el ámbito del Ministerio de Salud, controlado por Caputo a través de Mario Lugones, reavivaron esas internas. Por las novedades en torno a la causa del fentanilo contaminado, y por una denuncia muy reciente que recayó en el juzgado de Julián Ercolini contra ex funcionarios del Ministerio de Justicia, investigados por presuntas irregularidades, que trabajan ahora en el PAMI, la obra social de los jubilados que es uno de los focos de disputa cruzada.

El otro foco es el Poder Judicial, cuyo sistema avanzó sobre el poder político. Juan Bautista Mahiques, el audaz ministro de Justicia, convirtió esta semana a Milei en el presidente con más pliegos enviados al Senado en un año calendario desde la creación del Consejo de la Magistratura. Es la única agenda legislativa que no detiene su marcha, y que motivó a un grupo de operadores a instalar otra vez la opción de avanzar en la integración de la Corte Suprema. Mahiques tiene en su despacho varios currículums, pero el Presidente, según fuentes oficiales, prefiere esperar. La pregunta más persistente es al servicio de quién estará esa Justicia hacia adelante. En especial por los tribunales federales de alzada de la ciudad de Buenos Aires, con sede en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción del poder. Este jueves, por ejemplo, es el turno de Pablo Yadarola, propuesto para la estratégica Cámara Federal, que deberá comparecer ante el Senado.

La primera semana de agosto termina como arrancó: con alta intensidad política. Se sucedieron hechos variados, desde la escalada presidencial contra Lula da Silva -y el consiguiente deterioro de las relaciones con Brasil- hasta la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina. También, un paro nacional de docentes y una suba de los índices de pobreza. En esa sucesión vertiginosa, sobresalieron dos daños autogenerados por el oficialismo: el desgaste sufrido para aprobar en el Senado lo que quedó del proyecto sobre propiedad privada y el inédito conflicto que paralizó los puertos de todo el país durante cuatro días. Fue, otra vez, una mezcla de mala praxis y cerrazón ideológica. Puro microclima del poder.

La racha de costos que se provoca a sí mismo el oficialismo registra también las internas, densas. Algunas son renovadas aunque por ahora contendidas, entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo. Y añaden, según el tema, tensiones con Patricia Bullrich y últimamente, malestar con Federico Sturzenegger. El punto máximo lo escribe la relación sin retorno con Victoria Villarruel, cuya renuncia fue reclamada por Diego Santilli y Pablo Quirno. Con todo, los dos renglones señalados en primer lugar son los de mayor impacto. Tanto, que desde el oficialismo ya se dejan trascender correcciones para la tarea legislativa de LLA, junto a la reducción de lo que había sido anunciado como una ola de proyectos “reformistas”.

El recorte significativo del texto original de inviolabilidad de la propiedad privada, obra de Sturzenegger con amplio aval del Presidente, no fue un hecho de un par de días, un espasmo. En rigor, comenzó a poco de que el proyecto ingresara al Senado y reprodujo, entre aliados, socios y dialoguistas recelos repetidos, y desatendidos, por la amplitud de la iniciativa. Es cierto que el caso Adorni perjudicó el intento inicial de hacer rodar el tema, pero lo ocurrido esta semana indica un problema más profundo.

El oficialismo, como suele ocurrir en estos casos, hizo circular explicaciones referidas sólo a elementos externos. Ninguna incluyó algo parecido a un cuestionamiento sobre su papel y, en todo caso, se trató de facturas domésticas. Patricia Bullrich dijo que el larguísimo caso de Manuel Adorni -que este mes sumaría novedades en la Justicia- impidió avanzar con el proyecto. Y conjeturó que habría sido votado entonces sin rechazos como los que fueron agudizándose en las últimas semanas.

En la misma línea, fue alimentada la idea según la cual el efecto Mundial también complicó los planes del Gobierno. En otras palabras, se aventuró que el clima social -especialmente, a partir del partido con Inglaterra y la bandera por Malvinas- giró fuertemente y profundizó el rechazo al capítulo que buscaba modificar la ley de tierras. Eso -es decir, la afirmación del concepto de “extranjerización”- fue considerado elemento central del cálculo político de senadores dialoguistas. Los “tibios” en versión de Joaquín Benegas Lynch, que agravó el enojo ya extendido en espacios de buen trato con LLA.

La cronología indica que el problema con este proyecto había comenzado mucho antes. En mayo, fue dado de baja el artículo que buscaba eliminar de hecho el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue el primer síntoma de los problemas que podría enfrenar el oficialismo con un texto que modificaba varias leyes sensibles. Entre el martes y el miércoles último, el oficialismo negoció finalmente excluir el capítulo sobre la ley de tierras. Y el jueves bien entrada la noche, ya en el recinto, cayó el tramo que pretendía cambiar la ley sobre manejo del fuego.

La aprobación de lo que quedó del proyecto -básicamente, aceleración de desalojos y cambios sobre expropiaciones de bienes por parte del Estado- dejó sabor de derrota en el Gobierno. Para entonces, el oficialismo había registrado rechazos -señales de diferenciación, al menos- de parte de la UCR y de gobernadores de buen diálogo con los operadores de la Casa Rosada (Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén), además de malestar en una franja del PRO.

Hubo, sin dudas, un fracaso en el terreno comunicacional, especialmente sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. También podría anotarse una ironía sobre el debut del giro “nacionalista” en el discurso libertario. Parte del mismo intento de recuperar iniciativa, arrancó con problemas la idea de poner en marcha el Congreso con iniciativas propias. En Diputados, comenzó a caminar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con puntos a negociar, y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, que genera de entrada un choque con la oposición por la situación de funcionarios que puedan adherir a este régimen. Algo así como una estribación de la serie de Adorni.

Pero más de fondo, asoman al menos dos problemas de arrastre. Uno es de “mala praxis” en continuado: la intención de impulsar “grandes reformas” entendidas como proyectos que afectan muchas otras leyes. Ocurrió en su momento con la Ley Bases, podada en sucesivas negociaciones para lograr su aprobación. Y en los últimos días, con la iniciativa sobre propiedad privada. El oficialismo busca adhesiones -la contracara son los tratos con jefes provinciales-, en lugar de plantear debate sobre proyectos individuales para cada reforma a leyes de peso. Es algo que le han señalado algunos legisladores dialoguistas.

El otro tema es la cerrazón ideológica o, si se prefiere, la visión de poder. Existe, en el fondo, un estrato de origen más que presidencialista, que supone que el Ejecutivo nacional está por encima de los otros poderes. Y que el resultado de una elección debe ser interpretado sólo como alineamiento acrítico con el ganador. En algunos casos de manera expresa, el disgusto con el Congreso -cuando fracasa un proyecto o es podado para su aprobación- va acompañada por la idea de forzar las cosas por decreto.

No siempre funciona, porque, como suele decirse, juegan también otros actores. La demostración más cercana fue expuesta por el conflicto con los prácticos, que paralizó la actividad portuaria en todo el país y terminó por donde debería haber empezado: el armado de mesa de negociación. Y para avanzar, dejó sin efecto el decreto. Tampoco en este caso resultó posible una discusión de fondo, sin dudas necesaria.

Fue una experiencia costosa, en todo sentido, al igual que el capítulo del Senado. Se verá cómo impacta semejante sucesión de hechos en Olivos, necesitado de acuerdos para coronar los proyectos considerados prioritarios para su plan releccionista. Y también, aunque suene contradictorio, atado a la idea de fabricar o sostener un “enemigo” como forma de construcción política en blanco y negro.

La Casa Rosada era un hervidero: reuniones no programadas para encauzar lo que ya parecía insolucionable, llamados telefónicos cargados de tensión a distintos puntos del país y discusiones internas que no disimulaban la bronca contenida. Ese clima tenía una justificación política válida: 130 días, 4 sesiones y 17 borradores después de la presentación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo empezaba a aceptar la caída del tan famoso como malogrado Capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas del extranjero. Sin embargo, cuando todavía algunos ministros se negaban a digerir esa realidad, el grito de un funcionario de primerísimo nivel presagió el peor final.

-¡Cerramos la grieta! ¡No se puede creer, esto es una cosa de locos! Listo, cerremos todo…

La queja retumbó tan fuerte entre las paredes de la planta baja de Balcarce 50 que varios curiosos se acercaron y rodearon al hombre que permanecía con el celular en la mano. Miraba fijo la pantalla. Estaba indignado. “Abatido”, definiría él mismo más tarde. No era para menos: acababa de toparse con una publicación de Tini Stoessel en Instagram que podría haber sido posteada por Cristina Kirchner. Uno de los tantos bellos paisajes de Argentina, con picos montañosos nevados y verdes pinos en la línea del horizonte, servían de telón de fondo a una frase que no admitía segundas lecturas: “La Patria no se vende”. Cinco palabras para 22 millones de seguidores. “Game over, muchachos. Nos ganaron”, sentenció el colaborador de Javier Milei que, un poco en broma y un poco en serio, empezó a hablar del “efecto Tini”.

La Libertad Avanza se esperaba las críticas de Lali Espósito, Ca7riel, Dillom, La Joaqui y Nicky Nicole, pero le costó procesar que figuras como la reconocida cantante y ex protagonista de Violetta o la estrella teen Emilia Mernes se plegaran al rechazo de un proyecto legislativo tan plagado de complejidades. “No hay que darle demasiadas vueltas: nosotros, que nos la damos de genios de la batalla cultural, perdimos la guerra comunicacional. Si hasta se nos plantó Lisandro Martínez. La única que nos faltaba era que se plegara Leo Messi”, evaluaba, con evidente sorna, uno de los miembros de la Mesa Política que estuvo más activo en las negociaciones en busca de votos con las provincias. Otro integrante coincidió y abrió una arista “a tener en cuenta”: “El timing fue pésimo porque después del Mundial nos hicimos los nacionalistas, nos abrazamos a Malvinas, criticamos la campaña en contra de Argentina y prometimos expulsar a extranjeros que nos agredan. Y en el medio quedamos como rifando la Patagonia. Es raro”. El senador Luis Juez lo resumió ante los micrófonos con su verborragia tradicional: “Defendimos mal el debate sobre Tierras. Nos faltó inteligencia y picardía. Los campeones del relato instalaron un título horrible y nos terminan acorralando a todos”. Los datos duros lo respaldan: un informe de la consultora Reputación Digital descubrió que las redes sociales, la pecera donde LLA dice nadar como pez en el agua, se llenaron con 69% de mensajes negativos sobre la iniciativa que se debatía en la Cámara alta.

Pese a todo, y con el naufragio de la modificación de la Ley de Tierras ya consumado, la Rosada probó manotazos de ahogado para no entregarse tan fácilmente a la aceptación del golpe: por ejemplo, dirigió duros señalamientos a la organización Amnistía Internacional, una de las convocantes a la marcha antiextranjerización. “Viene una ONG británica y te dice que Milei quiere vender el glaciar perito moreno y vos le crees jajaj disculpame hermano no sabia que eras retrasado mental”, escribió en X el caputista Agustín Romo en la previa de una movilización de la que participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA y el PJ en sus múltiples vertientes, incluidos La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof. Afuera del Congreso hubo balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes después de que un grupo de encapuchados le tirara proyectiles a los agentes de seguridad.

El resto de la historia es conocida: aunque la Inviolabilidad consiguió la media sanción en el Senado, quedó renga y plagada de dificultades varias. Fue una sesión larga, con 39 oradores anotados. “Todos querían su discursito para el reel porque el proyecto se transformó en algo mega trending topic”, analizaba un operador libertario mientras esperaba el sufragio de los distintos capítulos. La jornada dejó un rosario de movimientos políticos para el recuerdo: en primer lugar, la ausencia de Victoria Villarruel, presidenta en ejercicio por el viaje de Milei a Ecuador y Colombia, que se adelantó a propósito para que la vice no tuviera que desempatar en el caso de ser necesario dado lo justo del “poroteo”; en segundo lugar, el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para votar de manera remota se giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales sin el menor pataleo del propio kirchnerismo que se había enrolado en la defensa de la digitalidad; por último, el intento del peronismo de vaciar el recinto y que el texto volviera a discutirse en comisiones fue rechazado por 38 legisladores, entre ellos Maximiliano Abad, Carlos Arce, Julieta Corroza, Sonia Rojas Decut y Daniel Kroneberger, cinco que se oponían a acompañar el capítulo vinculado a la venta de tierras.

Un paréntesis obligado: el mileísta Joaquín Benegas Lynch pidió la palabra para intentar explicar que ser el dueño y director de una compañía que gestiona ventas de parcelas en Argentina y a la vez apoyar la parte del proyecto que fue extirpado por Patricia Bullrich no implicaba un conflicto de intereses. “Con este criterio no podría votar nadie”, se excusó. Mientras subía la temperatura del palacio legislativo haciendo referencia a “la presión de la izquierda más rabiosa” y “la ignorancia de los tibios del medio”, el hermano de “Bertie” atacó a la oposición dejando asentado en la versión taquigráfica que “la ley que supuestamente defendía la soberanía nacional permite comprar tierra a los Estados extranjeros”.

La Ley de Propiedad Privada encendió un mensaje de alerta para un ecosistema libertario que tiene en carpeta reformas trascendentales para su futuro: las modificaciones al Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI, el régimen de Zona Fría y, con la mira puesta en el objetivo de la reelección 2027, la eliminación o suspensión de las PASO.

El problema es que, apenas empezó la búsqueda de responsables, la interna volvió a comerse al oficialismo. Durante buena parte de esta semana, en los despachos violetas hubo una suerte de todos contra todos en versión parlamentaria. Los reproches circularon de oficina en oficina y, como suele pasar cuando algo sale mal, cada tribu encontró rápidamente la explicación en la impericia ajena. “Santilli no aceleró con los gobernadores”, cuestionaron los que creen que el jefe de Gabinete y ex ministro del Interior debió haber advertido antes que algunos de sus interlocutores habituales estaban abandonando el barco. “Patricia no hizo bien los números finos”, respondieron quienes consideran que Bullrich se quedó encerrada en su propio esquema de conducción del Senado. “Sturzenegger no explicó”, completaron quienes apuntan contra el autor intelectual de buena parte de las reformas que Milei quiere convertir en leyes.

“El Coloso” aparece otra vez en el centro del vendaval por ser uno de los menos dispuestos a ceder cuando la matemática del Congreso exige abandonar la pureza ideológica. “Mandamos reformas demasiado grandes y ambiciosas”, se quejaba un miembro del bloque todavía caliente por el desenlace. Otro, bastante menos diplomático, se despachó sin metáforas: “Vive en una nube de pedo”. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aguanta embates internos no sólo porque defendió hasta último momento la necesidad de modificar el régimen vigente sino porque se resistió con especial énfasis a las concesiones que “Pato” negoció con bloques dialoguistas para intentar salvar la iniciativa. Los cortocircuitos llegaron a su punto máximo el 19 de julio, cuando la sesión terminó pasando a cuarto intermedio porque no aparecían los votos; en aquellas horas, el propio Sturzenegger llamó personalmente a varios legisladores para transmitirles su rechazo a una cláusula que reafirmaba la facultad constitucional de las provincias para imponer restricciones propias sobre la compra de tierras. La jefa del bloque intentaba ceder para sumar voluntades; por atrás, el funcionario pedía endurecer posiciones.

Si bien sus íntimos lo describen incómodo con el “fuego amigo” y por eso bajó la perilla de sus apariciones mediáticas, nada indica que esté dispuesto a modificar su interpretación de este y otros episodios políticamente conflictivos. De hecho, después de que Marcelo Orrego anunciara en San Juan un acuerdo con Vicuña por U$S 250 millones, eligió utilizar el caso como ejemplo de lo que, a su juicio, perdió la Argentina con el naufragio del capítulo cuestionado. “Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia que el capítulo de la Ley de Tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, agitó en redes.

Sturzenegger no monopolizó los pases de factura en Casa Rosada. Cerca de Santiago Caputo, aunque cautos en sus movimientos, aprovecharon el traspié para cuestionar otra vez la estrategia electoral de Karina Milei y los primos Menem. El argumento de este sector plantea una pregunta en apariencia sencilla: si los acuerdos políticos con los gobernadores van a ser fundamentales para aprobar reformas y, más adelante, asegurar las condiciones para la reelección de Milei, ¿por qué todavía no están definidos con claridad los entendimientos territoriales para 2027? Es otra variante de una vieja disputa libertaria: construir La Libertad Avanza hasta el último rincón del país y competir contra todos, o resignar posiciones propias para mantener asociados a dirigentes que después tienen senadores y diputados capaces de inclinar una votación.

La rebelión de esta semana le dio combustible a ese interrogante que circula en los pasillos del poder, especialmente cuando los colaboracionistas Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén fueron de los primeros en desmarcarse del tsunami que se estaba gestando en el Senado.

Y es ahí donde aparece uno de los datos políticos más trascendentes para comprender por qué el Gobierno terminó bajando una de sus banderas: en la Cámara alta, La Libertad Avanza consiguió consolidar un universo de 44 senadores propios y aliados que ya le permitió aprobar iniciativas trascendentes y que funciona como un cordón sanitario frente al peronismo. Desarmarlo por la Ley de Tierras podía ser mucho más costoso que aceptar una derrota parcial. Bullrich lo dejó prácticamente escrito en el comunicado que difundió su equipo para explicar el repliegue: “El consenso alcanzado demuestra la madurez política de una mayoría parlamentaria comprometida con impulsar reformas estructurales sin resignar la búsqueda de acuerdos duraderos. La decisión refleja el compromiso con una dinámica de trabajo basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de iniciativas que otorguen mayor seguridad jurídica, respetando el carácter federal de las decisiones y garantizando un debate legislativo serio y responsable”. Destacable: un mensaje de paz y de amor impropio de los liberales libertarios.

¿El comportamiento de Jaldo, Sáenz, Figueroa y otros senadores que responden a diversos gobernadores anticipa entonces una rebelión generalizada de los territorios del interior contra Milei? En el Gobierno están convencidos de que no. También en las provincias. “No va a cambiar nada. Esta era una ley que, paradójicamente, les daba más poder a los mandatarios pero que fue comunicada pésimo”, analiza un dirigente que conversa habitualmente con varios caciques. Y completa con un diagnóstico más incómodo para Balcarce 50: “El Gobierno tiene menos coordinación política que antes. Patricia está muy sola y muy celosa de su coordinación en el Senado. Y tienen que frenar algunas ideas de Sturze para entrar en un círculo más virtuoso. Hay que elegir las balas que quedan, sacar el Presupuesto y después ya arranca la rosca por las elecciones”.

La Quinta de Olivos necesita comprender esa lógica porque, según admiten los pocos que visitan con frecuencia ese lugar, la pelea verdaderamente disruptiva todavía no ocurrió: el proyecto que desvela a Karina Milei es la reforma electoral y la necesidad de que el año que viene no haya primarias. La hermana presidencial está convencida de que las PASO constituyen un problema para la pretensión de quedarse en el poder un segundo mandato: permiten ordenar oposiciones fragmentadas, facilitan la construcción de coaliciones y agregan una instancia electoral que puede funcionar como una gran encuesta nacional antes de la contienda definitiva. Por eso, el Gobierno está dispuesto a negociar casi todo alrededor de esas cuatro letras. Como anticipó Infobae, en las conversaciones con los líderes provinciales ya circularon desde eventuales acuerdos electorales en formato clásico hasta promesas de menor competencia libertaria en los distritos donde los gobernadores busquen retener el poder.

Así las cosas, los mismos que esta semana obligaron a mutilar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada son los que mañana deberán aportar voluntades para modificar las reglas de juego de 2027. Y, como si faltaran complejidades, esa discusión encuentra a Milei atravesando una etapa bastante menos cómoda en la opinión pública que la que siguió al triunfo legislativo de 2025.

El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en 1,94 puntos sobre cinco. Un relevamiento nacional de Poliarquía reveló que el 66% de la población prefiere un cambio respecto de la situación económica actual. Hugo Haime & Asociados encuentra algo parecido cuando pregunta por el clima emocional: 34% identifica la bronca como sentimiento predominante y 39% habla de tristeza frente a sólo 20% de esperanza. Y Management & Fit agrega, en un informe publicado hace pocas horas, una arista particularmente delicada: 43,2% piensa que el país estará peor dentro de un año y 58,6% desaprueba la gestión violeta. Apenas un puñado de los últimos estudios que llegaron a las manos del gabinete. Y todo eso sin contar que el Banco Central registra 20,9 millones de personas que tienen algún tipo de deuda financiera y 5,8 millones que acumulan al menos una obligación con más de 90 días de atraso; en apenas doce meses se agregaron casi dos millones y medio de morosos.

El calvario que La Libertad Avanza sufrió en el Congreso tiene una importancia que excede largamente a las hectáreas que un extranjero podrá o no comprar en Argentina: la derrota del Capítulo III expuso una administración con problemas para coordinar a quienes redactan las reformas, quienes las defienden, quienes buscan los votos y quienes tienen que comunicar para qué sirven. Por eso en Balcarce 50 todavía recuerdan con fastidio aquella historia de Instagram que decidió colgar online Tini; no porque crean que una cantante pueda definir por sí sola el destino de una ley, sino porque su frase funcionó como una síntesis brutal de todos sus errores. Y, en paralelo, como un recordatorio: con tantas penurias económicas en el horizonte, no pueden permitirse demasiados traspiés más antes de que empiece la campaña.

Este viernes por la madrugada, el Senado otorgó media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con 37 votos a favor y 33 en contra. De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con las modificaciones al régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, aunque el texto final fue alterado por diversas negociaciones durante la sesión.

Para que el proyecto pudiera avanzar y ser enviado a la Cámara de Diputados, en la etapa final el oficialismo debió ceder y eliminar las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Así, el último cambio se realizó apenas un minuto antes de que comenzara la votación en general.

Horas después de que el proyecto obtuviera la media sanción, el presidente Javier Milei celebró la victoria conseguida por el bloque libertario. Por medio de su cuenta en Instagram, compartió una imagen de los resultados de la votación y agregó su clásica arenga: “Viva la libertad, carajo”.

No obstante, las primeras reacciones surgieron después de que terminara la sesión alrededor de las 2 de la madrugada. El senador libertario Agustín Coto celebró el resultado en su perfil en la red social X tras abandonar el recinto. “Ganó una idea tan simple como poderosa: lo tuyo es tuyo”, destacó. Asimismo, concluyó que “si no se respetan los derechos de propiedad, no hay futuro”.

En la misma línea, su compañero de bloque Joaquín Benegas Lynch aseguró: “Dejamos atrás años en los que el esfuerzo del dueño valía menos que el abuso del usurpador” tras destacar que se trató de un paso histórico para el país. “Estamos un paso más cerca de que en la Argentina finalmente se respete el derecho de quien trabaja, produce y construye su patrimonio”, indicó.

A raíz de la importancia que tenía el proyecto para el Gobierno, los diputados libertarios también estuvieron pendientes de los resultados. De hecho, la santafesina Romina Diez se sumó a las celebraciones al apuntar: “Ahora vamos por la aprobación definitiva en Diputados”.

“Esta ley garantiza procesos de desalojo más rápidos frente a las usurpaciones y brinda mayor seguridad jurídica a quienes, con esfuerzo y trabajo, construyeron su patrimonio”, subrayó la libertaria al agradecer al presidente “por seguir impulsando las ideas de la libertad y trabajar por un país donde se respete la ley y la propiedad”.

Por parte de la oposición, La Cámpora tomó como una victoria la caída de los capítulos de venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. “La patria no se vende y no se quema”, sostuvieron al adjudicar los frutos a la movilización convocada en diferentes puntos del país.

“Se movilizó la sociedad entera, como con el financiamiento universitario. Ahora queda por delante en la Cámara de Diputados frenar los desalojos exprés y el blindaje a las privatizaciones”, señalaron al calificar de “débil” al Gobierno por la respuesta de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

La peronista Juliana Di Tullio manifestó que “el pueblo argentino logró lo imposible: que este gobierno entreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad”. Bajo el mismo tono, Jorge Capitanich remarcó que “cuando el pueblo se organiza y el Congreso cumple su rol, la soberanía no se entrega”.

De la misma manera, se refirió Eduardo “Wado” de Pedro, quien afirmó: “Ganó la Patria. Una victoria de la movilización y el compromiso del pueblo en defensa de la soberanía nacional”. Asimismo, reflexionó que “cuando la sociedad se involucra y se hace escuchar, el saqueo no avanza” y que “luchar vale la pena”.

Hasta el momento, el único gobernador que se pronunció al respecto fue el riojano Ricardo Quintela, quien publicó un video contra el proyecto propuesto por el oficialismo. “Defender la soberanía es defender el presente y el futuro de nuestro país”, aseveró, para luego expresar: “Debemos seguir atentos para proteger nuestras tierras, nuestros recursos naturales y todas las herramientas que resguardan el patrimonio de los argentinos”.

A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y varios funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene pensado insistir en un futuro cercano con esta iniciativa.

El tema es la principal crítica por parte de los grupos de manifestantes que, aunque el articulado se haya borrado, se concentró en las afueras del Congreso para protestar en contra del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, aunque se trata de una medida tiene todo el respaldo del presidente Javier Milei, como así también del Gabinete, y se alinea ideológicamente con la agenda libertaria, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió que se tratara.

De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor del articulo que fue descartado, sufrió una nueva derrota parlamentaria.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue la que terminó acordando con la oposición en el recinto eliminar este apartado de Propiedad Privada, para evitar así que todo el texto se cayera.

El funcionario, a quien se le vienen negando varias reformas propuestas, cómo un nuevo pedido de facultades delegadas, se habría enterado por las redes sociales de este otro traspié.

La senadora del oficialismo tomó la decisión de sacar la ley de tierras de la mesa de discusión mediante un diálogo que tuvo entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su Vice, Ignacio Devitt (hombre de confianza de la secretaria general, Karina Milei).

”Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”, confirmó a este medio un integrante de la mesa política.

Hace algunos días, la legisladora se había reunido con Sturzenegger para tratar de atenuar la norma, que originalmente planteaba eliminar cualquier restricción a la compra de hectáreas ganaderas por parte de extranjeros.

Tras ese encuentro, se planteó mantener un techo, pero elevarlo del 15% actual a un 25, pero el tema siguió generando controversia y no frenó la movilización de organismos sociales y partidos de la oposición que, aun después de haberse borrado todo el artículo, se realizó este jueves, cuando se trató Propiedad Privada.

Según pudo saber este medio, el Poder Ejecutivo no va a mandar más adelante la iniciativa en un proyecto aparte y optó por desestimar, al menos por ahora, cualquier idea de cambiar la norma.

Puntualmente, la administración libertaria quería derogar la ley de tierras que fue aprobada en el 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

En el entorno de Sturzenegger recuerdan que antes de ese momento no había ningún tipo de límite a la compra de hectáreas por parte de los extranjeros.

Asimismo, en ese Ministerio señalan que la posibilidad de acceder a un terreno para su explotación está garantizado por la Constitución, tanto para locales como personas de otros países.

“La ley la hizo el kirchnerismo y nosotros, para solicitar que se derogue, nos basamos en la realidad de la Argentina, la Constitución, en Alberdi y en 150 años de historia”, lamentaron fuentes de esta cartera.

Ante está situación, Sturzenegger y su equipo ya están concentrados en continuar defendiendo ahora “Hojarasca”, el conjunto de desregulaciones que ya está listo en el Congreso para su tratamiento.

Asimismo, elaboraron otro paquete de reformas que fue terminado en julio, tiene un total de 349 artículos y se centra en el mercado inmobiliario, aunque abarca también una decena de sectores de la economía.

El texto, que es en el que se intentó incluir las facultades delegadas, plantea como objetivo de “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.

Tal como se adelantó oportunamente, el proyecto la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028.

Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.

De todas formas, el Gobierno intentará primero sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la ley de Inocencia Fiscal, que podrían debatirse a finales de agosto en la Cámara de Diputados.

Después de más de diez horas de debate, el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Con un total de 37 votos a favor contra 33 negativos, el Gobierno logró avanzar con las modificaciones sobre el régimen de desalojos exprés y las expropiaciones.

Pese a que el oficialismo se había asegurado el apoyo de los aliados, en la recta final el proyecto sufrió varias modificaciones. Primero, se optó por eliminar el capítulo tres que pretendía aumentar el tope de venta de tierras nacionales a extranjeros ante el retroceso que mostraron varios legisladores.

Sin embargo, se dio un cambio de última hora, luego de que se gestara un ambiente de rechazo general al apartado que buscaba modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. La decisión fue confirmada por el senador fueguino Agustín Coto, previo a que se iniciara la votación.

A partir de haberse logrado la mayoría requerida, el dictamen será enviado hacia la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento. No obstante, en la Cámara Alta quedará pendiente la revisión de las solicitudes de Anabel Fernández Sagasti (Bloque Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) para participar de forma virtual.

En las últimas horas, los senadores habían pedido una solicitud excepcional por cuestiones de salud. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel las había aprobado, ambas quedaron sujetas al voto del resto de los miembros del Senado. Finalmente, se acordó que la cuestión sea tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Quiénes votaron a favor

• Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).
• Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).
• Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
• Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).
• Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).
• Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
• Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
• Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).
• Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).
• Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).
• Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).
• Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).
• Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).
• Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).
• María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).
• Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).
• Mariana Juri (UCR - Mendoza).
• Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).
• Carolina Losada (UCR - Santa Fe).
• Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén).
• Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
• Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).
• María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).
• Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).
• Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).
• Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).
• Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).
• Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).
• Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
• Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).
• Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Quiénes votaron en contra

• Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).
• Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).
• Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).
• Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).
• Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).
• José María Carambia (Movere por Santa Cruz).
• Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).
• Julieta Corroza (La Neuquinidad).
• Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).
• Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).
• Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).
• María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).
• María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).
• Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).
• Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).
• Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).
• Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).
• María Florencia López (Justicialista - La Rioja).
• Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).
• Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).
• José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).
• Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).
• María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).
• Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
• José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).
• Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).
• Flavia Royón (Primero los Salteños).
• Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).
• Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).
• Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).
• Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).
• Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

En una tensa sesión, que incluyó un sorprendente final, el oficialismo senatorial y zigzagueantes aliados aprobaron esta madrugada una muy fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la definición queda ahora en manos de Diputados. La Libertad Avanza, a cargo de Patricia Bullrich, no sólo tuvo que borrar anteayer la venta de tierra a extranjeros, sino que sufrió un duro traspié en pleno recinto, al bajar -antes de la votación en general- el capítulo para cambiar la ley de Manejo del Fuego.

Bajo este escenario, se mantendrán vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años -según el caso- tras incendios, como prevé la norma vigente que impulsó años atrás Máximo Kirchner. Esto significó otro golpe para la porteña y, en paralelo, la algarabía de la oposición -hasta aplaudieron, algo no permitido, y se abrazaron al final- para un proyecto que quedó maltrecho. Lo que quedó en pie del articulado contempla modificaciones relacionadas con las condiciones para activar expropiaciones desde el Estado; y desalojos exprés en usurpaciones -juicios sumarísimos- y veloces para el caso de falta de pago.

Antes del debate, una unión entre Bullrich, dialoguistas y hasta el propio kirchnerismo enterró, en menos de un minuto, las recientes jugadas de Victoria Villarruel -a cargo del Ejecutivo por un viaje al exterior de Javier Milei- para que el pleno discutiera la habilitación o no de dos legisladores -la cristinista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama- para sesionar por la vía virtual, justificación médica de por medio.

Hay una explicación formal y otra trascendental sobre dicho punto. En primer lugar, como ya estaba caído el capítulo de la venta de tierras a extranjeros, no hacía falta el aporte de la mendocina y el catamarqueño para hacerlo en contra de la propuesta de los libertarios. Curioso lo de Fama: en mayo pasado, fue uno de los que firmó el dictamen de mayoría. La Cámara alta siempre entrega sorpresas.

Lo segundo fue clave: los legisladores salvaron al Senado de un potencial error -aunque era más que entendible y justificado el planteo de Fernández Sagasti, por tratarse de un episodio de fuerza mayor y que no revestía duda- en cuanto a introducir, sin un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales, eventuales cambios al reglamento del Cuerpo, que requiere dos tercios. En resumen: era abrirle la ventana al diablo para que se cometiera cualquier tipo de atropello sobre el quorum y las votaciones de cara al futuro. Imposible de digerir para las bancadas, que razonaron juntas después de muchísimo tiempo.

Tras ello y, en medio del inicio del tratamiento de la ley, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans (Formosa), pidió otra moción -se votan de manera automática, sin posibilidad de ida y vuelta- para devolver el tema a comisión. Perdió 38 a 31 con el oficialismo y aliados y evidenció ciertos acompañamientos para el articulado. Horas más tarde apareció la preocupación relacionada con el capítulo sobre manejo del fuego.

Qué se dijo en el recinto

El miembro informante fue el oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (Tierra del Fuego), quien en mayo pasado se ausentó -por un viaje al exterior- cuando La Libertad Avanza firmó el dictamen de mayoría, luego modificado por -al menos- 18 borradores extra. Justificó los desalojos exprés al equiparar el articulado a provincias donde “el proceso es el mismo que se propone” con la reforma en cuestión.

Sobre el Manejo del Fuego, Coto consideró que si bien elevaría “gravemente las penas” ante incendios intencionales, dejó en claro que paralizar los terrores “entre 30 y 60 años es literalmente una vida”. Le respondió el peronista Pablo Bensusán (La Pampa): “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras -en referencia a la venta a extranjeros-, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.

“Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones”, expresó. En ese sentido, agregó: “Modificaciones que hicieron desde mayo y a escondidas, en lugar de plantearlas públicamente en comisiones, que es el lugar donde se deben hacer”.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) validó los ítems de expropiaciones y desalojos, aunque se mostró en disconformidad total sobre el manejo del fuego y encendió la primera alarma. En ese sentido, afirmó: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.

En tono político, el peronismo le recordó a Bullrich la voltereta del reciente martes, cuando apareció con nuevo un tope para la venta de tierra a extranjeros que, al día siguiente, sucumbió sin una sola chance. “Gobierno chapucero, desorganizado, que se encuentra totalmente improvisado, que inventa e hizo alarde del ‘si pasa, pasa’”, disparó la riojana Florencia López, quien añadió: “Cuando se da cuenta que no hay agua, directamente cambia los temas. No tuvo empacho de cambiar de gobierno y de partido”.

Ya en los cierres, la chubutense Edith Terenzi adelantó la abstención por desalojo y el no acompañamiento a lo del fuego. Eran cerca de las 23 -los primeros rumores aparecieron entre las 19 y 20- y el capítulo caminaba por el filo de la navaja. “Vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas, sin vallas ni límites para su protección”, indicó la filo radical. Pasadas las 23.30, los más experimentados daban por caído el tema. Casi que dejó de interesar el resto de los discursos. Una situación que no se recordaba desde hace un buen tiempo.

Con el resultado cantado -en voz baja- desde algunas bancas y la desazón libertaria, desde Convicción Federal aprovecharon la ocasión para plegarse a la ola opositora. “Profundamente inconstitucional, vergonzosamente tratada en la comisión”, sentenció Mayans, en representación del kirchnerismo. Selló el final Bullrich que, dos horas antes, subía un video a la red social X refiriéndose sólo a los desalojos. Algo sabía.

“Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”, conjeturó la ex ministra de Seguridad de Milei. Cuestionó a quienes se hacen los distraídos “cuando se toma un territorio, o el de una familia que construyó su casa”. Y resaltó: “Al que vive en una barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende? Ahí no regía la soberanía y lo recuperamos nosotros. La propiedad privada es certeza a los ciudadanos".

“Hicieron de la Constitución un papel muerto”, denunció Bullrich y apuntó hacia todo el peronismo, y enumeró casos de caciques de “movimientos sociales” con causas penales en distintos puntos del país. Y lanzó un dato contundente: el promedio para cobrar post expropiaciones, siempre según sus palabras, es de 18 años. No olvidó de “la mayor estafa, con YPF”, ni la base china que el cristinismo impulsó en Neuquén y la consiguiente pérdida de soberanía para el país allí, algo inédito por ser una mega potencia extranjera.

Puntos principales

*Expropiaciones. De lo que quedó del dictamen original que se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

En tanto, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.

La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.

Un último ítem del capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.

*Desalojos. “Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea.

Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.

“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, se enfatiza.

La jornada en las inmediaciones estuvo marcada por los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, dejando varios heridos y detenidos.

Los disturbios cesaron alrededor de las 23.30 horas y, en la madrugada del viernes, el Senado consiguió media sanción de la iniciativa.

Comenzaron a retirarse los manifestantes

Cerca de la medianoche, un nuevo cordon policial debió operar para poder alejar del Palacio Legislativo a los últimos individuos que seguían arrojando elementos hacia las autoridades.

Por el momento siguen siendo 12 los detenidos, de acuerdo a la información oficial constatada por este medio.

Si bien la cantidad de manifestantes fue mermando el cuerpo de efectivos de ambas fuerzas se mantuvo en alerta debido a que en el interior del recinto continuaba el debate.

En la escena quedaron locales con vidrios rotos, sillas y mesas tiradas sobre la vereda, piedras y baldozas rotas. La circulación se reanudó sobre Avenida Rivadavia hasta Avenida Callao, y sobre la traza de esta última también.

Los disturbios alrededor del Congreso permanecían activos y cerca de las 22 una oficial de la Policía de la Ciudad fue agredida.

De acuerdo a la información oficial a la que pudo acceder Infobae, la agente sufrió un traumatismo de codo debido a un piedrazo, extraído de las veredas rotas. Además hubo daños en otros dos móviles policiales.

Minutos después a este episodio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su molestia mediante la red social X.

“La orden a la Policía es clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla”, apuntó el funcionario ante los destrozos registrados en las arterias que rodean el Congreso.

“Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la Policía”, afirmó Macri y recordó: “El debate se da dentro del congreso o se manifiesta de manera pacífica”.

Cerró la publicación señalando que “quienes alteran el orden de manera violenta y agreden a la Policía son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida”.

Una fotógrafa sufrió una herida y está en observación

Una mujer de unos 50 años sufrió una lesión en la cabeza durante los disturbios entre manifestantes y la Policía. Según supo Infobae, la herida fue muy sangrante.

La ambulancia del SAME demoró en poder asistirla, pero una vez que lograron retirarla del lugar, fue hospitalizada en el Argerich, donde se mantiene bajo observación médica y le realizan estudios.

La fotorreportera trabaja como freelancer y está afiliada a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

La Policía Federal volvió a avanzar sobre la Plaza de Congreso

Minutos antes de las 21, tras horas de conflictos, la Policía Federal salió del vallado que recubre el Congreso y avanzó por la plaza.

El objetivo es liberar la zona, ante la posibilidad de que regresen los manifestantes. Salieron a pie y lanzaron gases lacrimógenos y dispararon al aire vainas de ruido para dispersar.

La Policía de la Ciudad detuvo a 9 personas

Según informaron desde la Policía de la Ciudad a Infobae, ascendió a nueve las personas detenidas, además de los 3 que aprehendió la Policía Federal.

Además, una oficial de la fuerza porteña sufrió un traumatismo en un codo por un piedrazo.

Los vidrios rotos de un patrullero y contenedores de basura incendiados marcaron el punto más álgido de los disturbios registrados este jueves en el centro de Buenos Aires.

Los grupos violentos también destruyeron veredas en distintos puntos del área. La Policía de la Ciudad debió intervenir en al menos tres intersecciones para repeler las agresiones: Avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y Avenida de Mayo con 9 de Julio.

Al cierre del operativo, tanto Plaza de Mayo como la Avenida de Mayo quedaron libres de manifestantes. Las fuerzas de seguridad continuaban recorriendo la zona para dispersar a quienes aún permanecían en el lugar.

Volvieron manifestantes al Congreso

Un grupo de manifestantes regresó a la zona del Congreso y tiró parte del vallado.

Ante la situación, la PNA respondió con gases lacrimógenos y avanzó por la plaza para poder dispersar al puñado de personas que protestaban en la zona.

Detuvieron a siete personas más

La Policía de la Ciudad, que se desplegó en las últimas horas a raíz de la continuidad de los conflictos, detuvo a siete personas y ya son 10 en total los aprehendidos.

“Se continúa recorriendo la zona para dispersar a los manifestantes. Plaza de Mayo y Avenida de Mayo despejadas”, confiaron a Infobae.

Además, desde Policía Federal le confirmaron a este medio que hay un gendarme herido más, por lo que son tres agentes afectados en total.

Mayra Mendoza ayudó a una mujer herida en la marcha

Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta en uso de licencia del municipio de Quilmes, se encontraba en la marcha cuando vio herida a otra mujer de la ciudad bonaerense y decidió ayudarla.

En medio de los gases lacrimógenos logró salir con ella de los puntos de conflicto y la acompañó hasta un sitio donde la pudieron atender.

Corridas en Congreso y en avenida de Mayo

La Policía de la Ciudad corrió a los manifestantes que estaban sobre la avenida de Mayo. Tiraron gases lacrimógenos y avanzaron con camiones hidrantes, además de los agentes a pie.

La situación se replicó en la zona de Congreso, donde algunos manifestantes habían vuelto.

Las fuerzas de seguridad cortaron el paso del tránsito para desalojar avenida de Mayo.

Sigue el operativo de seguridad

Personal de la Policía de la Ciudad y fuerzas de seguridad que participan del despliegue original en la zona de Congreso, continúan con el operativo.

De momento, los agentes avanzan a pie, con motos y camiones por la avenida 9 de Julio, a la altura de avenida de Mayo. Allí hay un grupo de manifestantes que se quedaron y cortan la calle, lo que impide el paso de vehículos.

Tres detenidos por los incidentes

Según le confirmaron desde la Policía Federal a Infobae, son tres las personas que fueron detenidas por el momento debido a los incidentes.

Los tres casos fueron por atentado y resistencia, según le afirmaron a este medio. Los conflictos, con gases, piedras y camiones hidrantes, se mantienen hace dos horas en calles cercanas al Congreso.

En total son 820 agentes desplegados por las fuerzas de seguridad en busca de dispersar a los manifestantes.

Más de una hora de incidentes

Los manifestantes se dispersaron en su mayoría y se alejaron del Congreso de la Nación, sin embargo, en los alrededores siguen los disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los gendarmes y prefectos responden con gases lacrimógenos. Los manifestantes rompieron veredas y les tiran las piedras a los agentes. También lanzan otro tipo de proyectiles.

Un grupo también realizó incendios con mugre acumulada y hasta prendió fuego a una bandera de Estados Unidos.

Un prefecto y un gendarme heridos, ningún detenido

Según le confirmaron fuentes de la Policía Federal Argentina a Infobae, de momento no hubo detenidos por los incidentes que se produjeron en Congreso y sus inmediaciones.

Sí confirmaron que dos oficiales resultaron heridos. Un prefecto que fue atendido en el lugar y un gendarme que fue trasladado al Hospital Churruca por un piedrazo en la cabeza.

A pesar de la lluvia y el frío, siguen los incidentes

A pesar de que en un principio la Policía había logrado dispersar a los manifestantes con agua y gases, además de la ayuda de la lluvia intensa, siguen los incidentes.

Un grupo de personas se mantuvo en las inmediaciones del Congreso, tiraron piedras a la Policía. Las fuerzas salieron del vallado y avanzaron a la plaza, donde tiraron gases para lograr que la gente se vaya. Hay también personal de Gendarmería.

Los cafés y comercios de la zona se encuentran llenos de personas que buscan refugio de los incidentes y de la lluvia. Otros están cerrados, ya que cerraron temprano por si, justamente, ocurrían conflictos.

Axil Kicillof estuvo presente en Congreso

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se acercó a la Plaza del Congreso, donde se realizaba la movilización. Desde allí, habló del proyecto de ley que tratan en el Senado.

“Se logró algo central: que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”, comenzó.

Luego, agregó: “Los otros capítulos de esta ley también son nefastos. Por eso es importante que, en este momento en el que el Gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo por enésima vez, haya una reacción transversal junto a muchos sectores que ya se han dado cuenta de cuál es el proyecto de fondo”.

Continuó apuntando directamente al Presidente Javier Milei: “A Milei se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”.

“El presidente ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel. Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región. Pero hace cosas absurdas por seguir las órdenes de Trump, que encabeza un proyecto para que la ultraderecha se quede con nuestro continente”, cerró.

Las repercusiones por los conflictos

Manuela Castañeira compartió en sus redes sociales un texto en contra del accionar de la Policía ante los manifestantes que se encuentran en el Congreso.

“¡Es un escándalo! El gobierno reprime una movilización pacífica, multitudinaria, llena de laburantes, pibes y autoconvocades que ejercen su derecho democrático a protestar contra una ley impopular. Buscan desanimar a que siga llegando la enorme marea que quiere decir abajo a esta espantosa ley. ¡Basta de represión!”, escribió.

Nuevos incidentes entre manifestantes y la Policía

Nuevamente, un grupo de manifestantes se acercó al vallado y las fuerzas de seguridad respondieron con el camión hidrante. Además, algunos acusaron síntomas de gas pimienta.

A pesar de que parecía que la situación se iba a calmar, de repente los cruces se reavivaron. Un grupo de los que se movilizaron respondió lanzando botellas y otros tipos de proyectiles, como piedras.

En la esquina de la avenida Callao y Bartolomé Mitre, a una cuadra del Congreso y del grueso de la movilización, donde también hay un vallado, otro camión hidrante tiró agua a los manifestantes.

Expectativa por la lectura del texto

A pesar del tenso episodio que hubo entre un grupo de manifestantes y la Policía, la marcha continúa a la espera de la lectura del texto.

El acto está pactado para las 18, en la que se dará lectura a la carta sobre un escenario. Participarán personalidades como Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel.

Por el clima y el breve conflicto con las fuerzas de seguridad, algunos manifestantes autoconvocados decidieron retirarse. Sin embargo, algunos recién están llegando. Hay recambio de gente.

Primeros enfrentamientos entre la Policía y manifestantes

Alrededor de las 16:40 se desplegó un operativo policial en frente del Congreso. Los agentes y un camión hidrante se posicionaron sobre el vallado.

Los manifestantes respondieron de forma desafiante, les tiraron botellas y demás proyectiles.

Un grupo tiró una valla, por lo que el camión hidrante les tiró chorros de agua para que se dispersen. El personal reubicó el vallado y la situación no pasó a mayores.

“El que vende la patria es un traidor”

Arturo tiene 84 años y es jubilado. Pintó un cartel que dice “El que vende la patria es un traidor” y, despacito, lo hace desfilar por la avenida Rivadavia.

“No se puede rifar la soberanía ni hacer cualquier cosa con la tierra de nuestro país, sea porque se vende a un extranjero o porque se incendia. Tenemos que cuidar nuestro país, que es enorme y diverso, para que sus recursos sean de todos los argentinos”, dice.

Vive en Barracas. “Cuando vi cómo llovía me iba a bajar, pero paró el diluvio y me vine porque es importante ponerle límites a lo que vote hoy el Senado”, suma.

Vanesa tiene 42 años y dos hijos en la escuela primaria. Vive en San Cristóbal y está en la marcha. “Tengo un emprendimiento de viandas sola y otro vinculado a las mascotas con mi prima. Trabajo todo el día, pero no tengo recibo de sueldo. Alquilar es cada vez más difícil. Incluso si llegás con la plata, te llenan de obstáculos, llegar a fin de mes es cada vez más difícil y que nos desalojen va a ser cada vez más fácil. Vine porque me preocupa mucho eso, además de nuestras tierras, tanto respecto de los incendios, que tantas veces son intencionales, como respecto de nuestra soberanía”, explica.

“Las Malvinas son argentinas”

Carteles, remeras, banderas y buzos exhiben la frase “Las Malvinas son argentinas” en la misma tipografía que lucía la bandera portada por los jugadores de la Selección.

La multitud de jóvenes con banderas argentinas y de Malvinas refleja un compromiso colectivo hacia la defensa de la soberanía.

Personalidades de Unión por la Patria en la marcha

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, presente en la movilización frente al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, afirmó que la iniciativa representa una nueva cesión de soberanía y subrayó que la presión popular ya logró frenar aspectos centrales de la propuesta del oficialismo.

La legisladora señaló que el proyecto impulsado por el oficialismo bajo el nombre de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” apunta a habilitar una mayor entrega del territorio nacional, y puso en duda el discurso con el que fue presentado.

“La movilización es lo único que va a impedir que sigan entregando la Argentina en manos de quienes hoy nos gobiernan”, declaró, al tiempo que celebró que la presión social ya haya obligado al oficialismo a dar marcha atrás en parte de la iniciativa.

La diputada apuntó con dureza contra la situación del senador Bertie Benegas Lynch, tras el planteo de incompatibilidades por su vínculo con una empresa del sector. Sostuvo que el episodio deja al descubierto la contradicción de un gobierno que prometió “terminar con la casta” y terminó promoviendo intereses privados desde el Estado.

“Nunca vi un gobierno que de manera tan descarada dejara en evidencia a qué vino a la Argentina”, afirmó. Además, evaluó que el rechazo social ya no obedece solo al deterioro económico, sino también al malestar creciente frente a un rumbo político que calificó como “antipatriótico”.

En la foto se ve con otros diputados, varios de ellos de Unión por la Patria. Algunos nombres son María Teresa García, Kelly Olmos, Eduardo Valdés, Santiago Roberto, entre otros.

Para las 18, se espera un acto con personalidades

Como parte de la marcha, como se suele realizar, desde las 18 se montará un escenario en las inmediaciones del Congreso para leer una carta.

En esta marcha las personalidades que participarán serían: Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel.

Los manifestantes siguen llegando al Congreso

Personas autoconvocadas, que no representan a ninguna organización, siguen arribando a la marcha que se realiza en frente al Congreso de la Nación, donde se desarrolla la sesión en el Senado desde las 14.

Llegan personas de todas las edades, desde jubilados hasta estudiantes que decidieron movilizarse. Sin embargo, la mayoría de los presentes responden a organizaciones peronistas.

En estos momentos, además, donde por el horario comenzó el hambre, se venden muchos choripanes: está a 7.000 cada uno.

Ricardo Alfonsín presente en la marcha

Ricardo Alfonsín decidió salir a las calles con los demás manifestantes y se hizo presente en las inmediaciones de la zona del Congreso. “El Gobierno estaba impulsando una ley en la que no importaba nada la soberanía nacional”, afirmó.

“Para este Gobierno, el que piensa en el interés general es un comunista, un terrorista, un zurdo de m.... Esta manifestación es una demostración de fuerza, como lo es el hecho de que se haya tenido que bajar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras”, agregó.

Luego, cerró: “También es muy grave para el país cualquier modificación respecto del Manejo del Fuego”.

El ámbito educativo, también dice presente

“Venimos nosotros a representar a nuestra escuela y a nuestros profesores porque si vienen ellos les descuentan el presentismo, que en un salario docente es mucha plata”, cuenta un grupo de estudiantes de una escuela técnica de Mataderos. Pintaron en un cartel una frase que Charly García incluyo en su canción “Botas locas”: “Si ellos son la patria, yo soy extranjero”.

Ailén, docente en una escuela primaria de Parque Avellaneda e integrante del gremio Ademys, plantea: “En un aula de 22 chicos, estimo que hay unos 18 en condiciones habitacionales vulnerables, entre los que viven en el barrio Cildáñez. Y los que alquilan en condiciones precarias o incluso viven en el taller clandestino en el que trabajan. Vengo por esos alumnos, para que no puedan desalojarlos de un día para el otro”, sostiene.

Excombatientes de Malvinas también forman parte de la convocatoria

Fernando es parte de la agrupación de excombatientes de Malvinas que llegó desde La Plata hasta Plaza Congreso. Estuvo sesenta días en las islas durante la guerra de 1982.

“Yo era colimba, me faltaban 20 días para la baja cuando estalló el conflicto. Vine porque hay que defender nuestra tierra y nuestra soberanía. Se bajó el capítulo de ventas a extranjeros, pero sigue vigente la mayor facilidad para cambiar el uso de una tierra después de un incendio y la mayor facilidad para desalojar”, le dijo a Infobae.

Los excombatientes trajeron a la manifestación una bandera inspirada en la que los jugadores de la Selección mostraron tras ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

La previa al debate en el Congreso

Verdurazo frente al Congreso

Productores de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), provenientes de zonas hortícolas de La Plata y San Vicente, reparten verduras frescas entre los asistentes a la marcha. Muchas mujeres del barrio Congreso llegan con carritos para retirar alimentos, que incluyen lechuga, acelga, repollitos de Bruselas, perejil y puerro. También regalan crisantemos, sumando flores a la entrega solidaria. Se prevé distribuir entre 800 y 900 cajones de verdura durante la jornada.

En tanto, el escenario ya está montado y se preparan distintas actividades impulsadas por sectores de la izquierda y el peronismo a partir de las 14, aunque el desarrollo dependerá de las condiciones del tiempo. Mientras tanto, la música folklórica acompaña la espera en las inmediaciones del Congreso. También hay varias organizaciones docentes y de estudiantes universitarios.

Cada vez llega más gente a la convocatoria

La concentración frente al Congreso continúa creciendo a medida que más personas se suman a la marcha. La mayoría de los presentes se protege de la lluvia con paraguas y pilotines plásticos, similares a los que suelen usarse en los estadios. En menos de dos horas, el precio del poncho de plástico duplicó su valor, pasando de 5.000 a 10.000 pesos ante la alta demanda. Y marcando una inflación del 100%.

Entre los manifestantes resuenan consignas como “el pueblo unido jamás será vencido” y “la patria no se vende”. El clima adverso y el incremento en el costo de los impermeables no frenan la llegada de nuevas columnas a las inmediaciones del Congreso.

Cerca del mediodía, las primeras postales de la protesta bajo la lluvia

A las afueras del Congreso comenzó a reunirse un grupo de manifestantes pese a la lluvia. Hay bombos y bombas de estruendo, que marcan la presencia de columnas peronistas en el lugar. Entre los primeros en llegar se encuentran trabajadores del CEAMSE y del Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente, quienes desafían las condiciones climáticas para participar de la convocatoria.

El clima adverso no impide la actividad comercial entre los asistentes. Los ponchos para la lluvia se venden como pan caliente a un precio de 5 mil pesos, convirtiéndose en un recurso indispensable para quienes esperan bajo la lluvia.

Infobae en Vivo, desde Plaza del Congreso

Según UTEP, mantendrán “una guardia” por las alertas meteorológicas vigentes

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), declaró a Infobae, en relación a la convocatoria en el Congreso: “Vamos a mantener una guardia, está lloviendo mucho en el conurbano. Veremos si cambia un poco”.

En tanto, la Plaza del Congreso permanece vacía, mientras diluvia en la ciudad.

Desde la izquierda advirtieron: “No importa que llueva o truene, hoy vamos a rodear el Congreso contra la ley de entrega de nuestros derechos”

Cele Fierro, exlegisladora porteña y actual dirigente del FIT Unidad - MST, declaró a Infobae: “No importa que llueva o truene, hoy vamos a rodear el Congreso contra la ley de entrega de nuestros derechos, de nuestros territorios”.

Si bien el gobierno nacional decidió dar de baja el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, Fierro indicó: “Continúan muchos artículos que van en contra de derechos conquistados, de derechos de nuestros territorios y de nuestras condiciones de vida. Por eso tenemos que estar ahí”. Además, informó que desde las 12 realizarán un verdurazo con varias actividades, que incluyen la lectura de un documento para las 18. Y la realización de un festival.

Las fuerzas de seguridad comienzan a cercar el Congreso

Las fuerzas federales, conformadas por Gendarmería (con 300 efectivos aproximados) y Policía Federal (821 uniformados), empezaron a colocar las vallas sobre la Avenida Rivadavia y sobre Avenida Callao.

En tanto, desde la Plaza del Congreso ya se encuentran presentes militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Partido Obrero (PO) y Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

El Partido Obrero confirmó que sostiene la marcha: “Mantenemos la movilización hasta lograr el retiro de todo el proyecto”

El dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño, Gabriel Solano, confirmó que el partido de izquierda se presentará contra el proyecto de ley oficialista, pese a las tormentas: “Mantenemos la movilización hasta lograr el retiro de todo el proyecto”.

A través de sus redes sociales, el dirigente manifestó: “El gobierno sufrió un duro revés y debió retirar el capítulo de venta de tierras. Pero el proyecto que queda en pie es igual de negativo”.

En este sentido, estableció que la iniciativa “permite ejecutar desalojos sumarios contra inquilinos y comunidades originarias; modifica la ley del fuego para habilitar negocios con incentivos intencionales; dificulta las expropiaciones para darle garantías a los capitales”.

“Por eso tenemos que aprovechar la bronca creciente y profundizar la movilización hasta lograr el retiro de todo el proyecto”, concluyó.

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Victoria Villarruel defendió este jueves la resolución que abría la posibilidad de autorizar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al senador Flavio Fama a participar de forma remota en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. La vicepresidenta y titular del Senado salió al cruce de las críticas a través de un tuit en el que subrayó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.

La polémica se desató luego de que Villarruel firmara el Decreto de Presidencia (DPP) 66/2026, que habilitó a Fernández Sagasti a votar con voz y voto desde Mendoza, donde permanece en reposo por indicación médica debido a un embarazo de más de 32 semanas. La legisladora descartó solicitar una licencia por maternidad y explicó que su única limitación es la distancia: “Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, sostuvo.

El decreto fue emitido ad referéndum del pleno del Senado, lo que significa que la decisión definitiva no recaía en la vicepresidenta sino en el propio recinto, que debía ratificarlo al inicio de la sesión por mayoría simple. Finalmente, a instancias de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con apoyo del peronismo, la autorización pasó a comisiones. En los hechos, ni Sagasti ni Fama podrán votar.

Ese detalle que Villarruel dejó asentado en el texto de la norma, es el que el abogado Diego Armestó retomó públicamente para aclarar el alcance jurídico de la medida.

Armestó precisó en su tuit que el DPP 66/2026 “no modifica el Reglamento del Senado” y que se trata de “una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio” que no instaura un régimen general ni constituye un precedente de aplicación automática. El letrado fundamentó la validez de la autorización en dos pilares: el artículo 30 del Reglamento, que a su criterio no veta la modalidad remota, y el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a dictar e interpretar su propio reglamento, respaldado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fernández de Kirchner” de 2020.

Fue a partir de esa aclaración que Villarruel tomó la palabra. “Gracias Dr. Armesto por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema”, escribió la vicepresidenta, y remató: “Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”.

El propio decreto detalla con precisión los límites de la autorización. Según el artículo primero, Fernández Sagasti podrá participar de manera remota “mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”. El artículo cuarto establece que su participación virtual se computará a los fines del quórum y de las votaciones en igual forma que la presencial. El quinto, a su vez, reitera que la autorización “tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento”.

En cuanto al lugar desde donde la senadora mendocina podría conectarse, el decreto contempla que la participación se realice “preferentemente” desde la sede de la Legislatura provincial, aunque aclara que ese ámbito no es condición de validez: Fernández Sagasti podrá hacerlo desde cualquier lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias.

Pese a los argumentos jurídicos esgrimidos, la medida abrió un flanco de debate entre las fuerzas políticas. Bullrich expresó sin matices su rechazo a la posibilidad de avalar la concesión a Sagasti. Finalmente, en el inicio de la sesión de este jueves mocionó que su pedido y el de Fama pasen a comisiones, lo que fue aprobado por todos los senadores. En los hechos, la sesión transcurrirá y ni Sagasti ni Fama podrán participar.

Fotos: Adrián Escandar, Gastón Taylor, RS Fotos y Gustavo Gavotti*

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada horas antes de la sesión del Senado. Lo hizo a través de un tuit en el que enmarcó la iniciativa como una disyuntiva entre dos caminos: “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió.

El mensaje del ministro fue una respuesta directa a una publicación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por USD 250 millones —un aporte no reembolsable ni compensable— destinado a obras de infraestructura y empleo en la provincia. Sturzenegger felicitó a Orrego y utilizó el convenio como argumento para ilustrar el potencial que, según su postura, habría tenido la reforma que el Senado no llegó a votar.

“Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad”, escribió el funcionario, en referencia a las modificaciones a esa norma que habilitaron inversiones mineras en San Juan. A continuación trazó un paralelo directo: “Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”. La comparación buscaba presentar la resistencia al capítulo eliminado como un error equivalente al que, en su lectura, rodeó en su momento a los cambios en la normativa glaciar.

El capítulo que finalmente quedó fuera del proyecto promovía facilidades para que capitales extranjeros adquirieran tierras en Argentina. La jefa de bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado que la propuesta contemplaba permitir que ciudadanos extranjeros adquirieran hasta el 25% de los terrenos por provincia, diez puntos por encima del límite establecido por la regulación vigente. Aun con esa concesión, la iniciativa no reunió los apoyos necesarios.

La decisión de retirar el apartado se tomó el miércoles por la tarde, tras constatar que las gestiones del oficialismo en el Congreso no lograban sumar las adhesiones requeridas para garantizar su aprobación. Ningún gobernador aliado estaba dispuesto a respaldar esa sección ni a asumir el costo político que implicaba habilitar la media sanción. “Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió ante ese medio una figura de la estrategia comunicacional libertaria.

El capítulo había generado controversia desde su presentación. Su contenido desató manifestaciones en redes sociales y una movilización convocada para la hora de la sesión en las inmediaciones del Congreso. Algunos referentes del oficialismo atribuyeron ese clima adverso a la “oleada nacionalista” que, según su diagnóstico, se intensificó a partir del Mundial, y que habría operado como un factor determinante en el rechazo político al proyecto.

Sturzenegger era el principal impulsor de la iniciativa. El equipo del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue el que diseñó el capítulo, y el funcionario venía insistiendo en su aprobación desde comienzos de año. La marcha atrás en la Ley de Tierras se sumó a otros retrocesos que el bloque de La Libertad Avanza debió asumir en el marco del mismo paquete legislativo.

La sesión en el Senado quedó convocada para este jueves desde las 14 horas, luego del cuarto intermedio del mes anterior. El temario que sí se debatirá incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y la llamada ley de fuego —impulsada en su momento por Máximo Kirchner—, cuya derogación habilitaría la venta de tierras afectadas por incendios. El acuerdo entre Orrego y Vicuña, que el ministro tomó como ejemplo de lo que la reforma podría haber replicado a escala nacional, fue firmado tras más de un año y medio de gestiones, según indicó el propio gobernador sanjuanino en su publicación.

El debate por la nueva ley de biocombustibles en el Senado volvió a poner sobre la mesa un negocio que en sus mejores años —2022 y 2023— le aportó a la Argentina entre USD 1.500 y USD 1.800 millones en exportaciones, pero que hoy opera con un marco regulatorio de dos décadas y una capacidad instalada en gran parte ociosa. La iniciativa impulsada por la senadora Patricia Bullrich, que propone desregular el mercado y elevar los cortes obligatorios de biodiesel, generó adhesiones y resistencias a lo largo de toda la cadena. En ese contexto, uno de los empresarios más influyentes del sector energético decidió tomar posición.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), la segunda productora de hidrocarburos del país, afirmó que su compañía está lista para invertir en producción de biocombustibles si el Congreso aprueba la reforma que habilitaría el ingreso de las refinadoras al sector por primera vez en 20 años. Lo dijo durante la inauguración de una estación de servicio de Axion Energy en la localidad santafesina de San Agustín, en un acto que compartió con el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Producción, Gustavo Puccini, y en declaraciones exclusivas al medio especializado EconoJournal.

“Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina. Resulta bastante particular que nos impidan volcar recursos en una industria donde estamos en condiciones y tenemos la voluntad de hacerlo”, sostuvo Bulgheroni.

La elección del escenario no fue casual. Santa Fe concentró el 58% de la producción nacional de biodiesel en 2025, forma parte de la Liga de Provincias Bioenergéticas y alberga el polo agroindustrial del Gran Rosario, el principal centro de procesamiento y exportación de soja del país.

PAE apuesta por un modelo exportador

Bulgheroni aseguró que las intenciones de la compañía no serían competir en el mercado local. “No queremos ir por el mercado interno, lo que buscamos es invertir para exportar en asociación con los actores actuales del sector que compartan nuestra visión”, subrayó.

Según consignó el empresario, PAE apunta a construir alianzas estratégicas con jugadores del sector para llegar a mercados como Europa y Estados Unidos, en lugar de disputar los márgenes del mercado doméstico, hoy reservado por ley a las pymes regionales. “En la medida en que encontremos jugadores con una visión compartida, vamos a hallar vehículos de inversión en conjunto. Eso va a incrementar el mercado global porque nos permitirá llegar a Europa, Estados Unidos y otros destinos”, precisó.

Ese enfoque exportador tiene respaldo en las proyecciones globales. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), el consumo mundial de biocombustibles crecerá a una tasa anual del 3,4% hasta 2030, cuando representará el 6% de la demanda total de combustibles para el sector transporte, frente al 4% actual. La producción global de biodiesel alcanzaría los 60.000 millones de litros en 2030, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 3,3%. En ese escenario, a pesar de que entre 2016 y 2018 la Argentina fue el principal exportador mundial de este producto, el año pasado representó apenas el 3% de la producción mundial, lo que demuestra el amplio margen que tiene la industria para crecer.

El mercado europeo, principal destino de las exportaciones argentinas, también despejó una amenaza reciente. En julio, el Parlamento Europeo rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807, que hubiera clasificado a la soja como materia prima de alto riesgo ambiental y cerrado el acceso del biodiesel argentino al bloque como energía renovable. La UE absorbió en 2025 el 100% de las exportaciones argentinas de biodiesel, por un valor de USD 322 millones, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La Comisión deberá ahora reescribir la norma siguiendo los lineamientos del Parlamento.

El precio y el corte: dónde está el acuerdo

Sobre los términos concretos del proyecto oficial, Bulgheroni señaló coincidencias con la propuesta del Gobierno pero planteó una condición sobre el corte. “Coincidimos en que el precio tiene que ser competitivo, libre y negociado entre las partes. En términos de corte estamos de acuerdo con lo que propone el Gobierno, pero si se fija un porcentaje adicional, debería ser opcional para el mercado interno, porque el esfuerzo principal de las inversiones tiene que estar enfocado en proyectos de exportación”, explicó.

El proyecto de Bullrich propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y liberar los precios, hoy fijados por el Estado, para reemplazarlos por referencias atadas a la paridad de importación. Introduce además el coprocesamiento: un mecanismo que permite a las refinadoras -como PAE- incorporar materia vegetal en la destilación del petróleo sin producir biodiesel en sentido estricto, pero que computaría dentro del corte obligatorio. Ese punto concentra buena parte de la resistencia de las pymes, que advierten que el corte efectivo para ellas bajaría del 7,5% al 7 por ciento.

Bulgheroni también analizó por qué las exportaciones del sector retrocedieron en los últimos años y señaló dos causas: restricciones regulatorias y políticas, por un lado, y la brecha que se abrió entre las normas de exigencia ambiental en Europa y la velocidad de adaptación de la industria local, por el otro. Las exportaciones argentinas de biodiesel cayeron al 28% de la producción total en 2025, el nivel más bajo desde la creación de la industria. “Tenemos que retomar y reconquistar esos mercados internacionales con la tecnología adecuada”, evaluó.

Consultado sobre si la inversión podría concretarse en la refinería de Campana o en una planta independiente, Bulgheroni no precisó una ubicación. “Los proyectos los venimos estudiando desde hace varios años. Hay distintas alternativas de localización. Pero no quiero decir una cosa por otra porque mucho va a depender de cómo termine saliendo la ley. Según cuál sea el texto definitivo, algunos proyectos serán mejores que otros”, indicó.

La refinería de Campana tiene capacidad para procesar 95.000 barriles por día tras la ampliación completada alrededor de 2020, con una inversión de USD 1.500 millones. Axion tiene un market share del 15% del mercado de combustibles, con despachos de unos 3,4 millones de metros cúbicos por año.

En qué estado se encuentra el proyecto de biocombustibles

El debate legislativo enfrenta posiciones encontradas. La Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que el proyecto oficial no incluye mecanismos de protección explícitos para las plantas del interior y podría poner en riesgo hasta 10.000 empleos directos e indirectos.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las grandes agroexportadoras, respalda la iniciativa y sostiene que las pymes tuvieron casi dos décadas de protección regulatoria sin realizar inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado deben elaborar un dictamen antes de que la iniciativa llegue al plenario.

La senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio planteó una impugnación contra su par de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch por un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el contenido del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, particularmente respecto del capítulo III, referido a la tenencia de tierras por parte de extranjeros. La dirigente peronista sostuvo que el legislador oficialista, socio gerente de una empresa dedicada a la administración y comercialización de campos, no podía intervenir en un debate que, según afirmó, podía tener impacto directo sobre su actividad económica.

El contrapunto comenzó el miércoles con la presentación formal de Di Tullio ante la Presidencia del Senado, continuó con publicaciones cruzadas en la red social X, escaló este jueves al inicio de la sesión con una cuestión de privilegio planteada por Benegas Lynch y tuvo una nueva respuesta de la senadora durante el debate.

La presentación contra el legislador libertario ingresó al Senado mientras todavía permanecía en el proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras. Horas antes, había trascendido que Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una firma radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y potenciales compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros.

Sobre esa base, Di Tullio solicitó que el Senado dispusiera la abstención obligatoria del senador libertario y lo inhabilitara para intervenir, firmar dictámenes y votar el proyecto de ley. Sin embargo, pocas horas después el Gobierno resolvió retirar del texto el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, ante la falta de apoyo de bloques aliados.

En su presentación, la senadora sostuvo que existía una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debía tutelar Benegas Lynch como legislador y su interés económico privado. Argumentó que cualquier modificación de la normativa vigente podía impactar directamente sobre el volumen de negocios y la facturación de la empresa de la que forma parte y sostuvo que ello comprometía su imparcialidad. Además, invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y diversos artículos de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública para fundamentar su planteo.

La legisladora también trasladó la discusión al terreno político. En un mensaje publicado en X ironizó: “¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros”. Luego, sostuvo que Benegas Lynch era “juez y parte” y afirmó que utilizar una banca en el Senado para favorecer intereses económicos propios no solo violaba la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que constituía una “traición a la Patria”.

La respuesta

Benegas Lynch negó en diálogo con Infobae que exista un conflicto de intereses.

“Todas las leyes que venimos votando afectan positivamente al sector privado”, razonó. Dentro de ese ámbito está “el agro”, explicó, y señaló que su empresa pertenece a ese rubro.

“Producimos, administramos y asesoramos dueños de campos y compradores”, agregó.

Luego, enumeró una serie de iniciativas impulsadas por el Gobierno que, según sostuvo, también generan beneficios para el sector privado: “Modernización laboral, RIMI, riego, hacienda, maquinaria agrícola, apertura de mercados para la carne, todo afecta positivamente al privado, al agro, y dentro del agro está mi empresa”.

Respecto del capítulo sobre tierras, retirado finalmente del proyecto, explicó que prohibía la compra por parte de Estados extranjeros y, al mismo tiempo, ampliaba la posibilidad de que particulares argentinos pudieran vender sus campos a inversores privados.

“Al hacer más inversiones y producción, nuevamente afecta positivamente al campo, y dentro del campo está mi empresa”, sostuvo.

Frente al planteo de Di Tullio, el senador respondió además que, si prosperara ese criterio, tampoco podrían votar leyes vinculadas con su profesión un docente dueño de un colegio, un abogado con estudio jurídico o un médico propietario de una clínica.

Horas después, amplió su descargo en un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Allí, recordó que su participación en Glocal Terra figura en su declaración jurada patrimonial y sostuvo que nunca ocultó su actividad privada. Explicó que la empresa administra y valoriza campos, asesora a propietarios y compradores y trabaja tanto con clientes argentinos como extranjeros.

En ese mismo mensaje defendió el contenido del proyecto impulsado por el Gobierno y aseguró que el objetivo no era favorecer intereses particulares, sino modificar la legislación vigente para impedir que Estados extranjeros, empresas estatales o fondos soberanos adquirieran tierras en la Argentina, al tiempo que eliminaba restricciones para la inversión privada.

“Se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién”, escribió. También sostuvo que “un beneficio general no es un privilegio particular” y afirmó que las medidas impulsadas por el oficialismo buscan favorecer a todo el sector productivo y no a una empresa determinada.

El enfrentamiento volvió a trasladarse este jueves al recinto. Apenas comenzó la sesión, Benegas Lynch pidió una cuestión de privilegio para rechazar formalmente la impugnación presentada por Di Tullio.

Durante su exposición sostuvo que no existía ningún conflicto de intereses porque su actividad privada es pública, está declarada y no obtiene un beneficio específico con la ley. Afirmó que todas las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno benefician al conjunto del sector privado y que impedirle votar por esa razón implicaría excluir de determinados debates a cualquier legislador cuya profesión estuviera vinculada con la materia tratada.

En ese contexto, lanzó fuertes críticas contra el kirchnerismo y reivindicó que el Congreso esté integrado por personas provenientes de la actividad privada.

“Muchos somos los que venimos del sector privado; miro la banca opositora y no estoy tan seguro de eso”, afirmó.

También recordó que la Constitución exige que los senadores cuenten con una renta propia y sostuvo que ese requisito buscó garantizar la independencia de los legisladores respecto de la política profesional.

“Algunos están acá hace casi treinta años sentados en la misma banca cobrando de todos los contribuyentes”, cuestionó.

El senador también defendió el capítulo sobre la Ley de Tierras que finalmente fue retirado del proyecto. Sostuvo que la iniciativa endurecía las restricciones para los Estados extranjeros, sus empresas y fondos soberanos, pero favorecía la inversión privada. Según afirmó, la legislación vigente, sancionada durante el kirchnerismo, terminó perjudicando el valor de los campos y permitió que empresarios vinculados al poder adquirieran grandes extensiones de tierras.

Di Tullio respondió más tarde durante el debate. Sin ingresar en un intercambio directo con Benegas Lynch, recordó que había sido la primera senadora en recibir una cuestión de privilegio por parte de otro integrante del cuerpo y minimizó el planteo realizado por el legislador libertario.

“He sido la primera senadora que fue cuestionada por una cuestión de privilegio que, por supuesto, no contesté porque no corresponde. El senador que me hizo la cuestión de privilegio hizo toda su alocución con toda tranquilidad”, expresó, antes de continuar con su intervención sobre el proyecto que se debatía.

El episodio terminó reflejando uno de los cruces políticos más intensos de la jornada y volvió a poner en discusión los límites entre la actividad privada de los legisladores y los posibles conflictos de intereses durante el tratamiento de proyectos que pueden afectar los sectores en los que desarrollan sus negocios.

La legisladora opositora se encuentra en Mendoza, su provincia, imposibilitada de viajar a Buenos Aires a causa de su avanzado embarazo. En lo que se anticipaba como una elección de resultado ajustado, su voto era clave, por lo que realizó un pedido especial para poder participar de la sesión a través de la plataforma Zoom. En la misma situación se encontraba el senador radical catamarqueño Flavio Fama, quien se recupera de una intervención quirúrgica.

Tras la aprobación de los pedidos por parte de Villarruel, presidenta del cuerpo, la decisión final debía ser tomada por el resto de los legisladores en el recinto. Fue en ese contexto en que al inicio de la sesión, Bullrich pidió la palabra para desplegar su maniobra.

“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, manifestó.

La votación se realizó a mano alzada y se aprobó la moción por amplia mayoría, con votos del bloque peronista incluidos.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado debate este jueves el resto de la iniciativa.

La exclusión del aspecto más controvertido de la iniciativa se precipitó después de una serie de rechazos expresados durante la tarde del martes, que excedieron el ámbito de la política e incluyó mensajes negativos de representantes de la cultura y hasta del deporte.

Mientras Bullrich ofrecía una conferencia para anunciar modificaciones en la venta de tierras a extranjeros —pasando de la liberalización total a la actualización del tope del 15% al 25%—, al menos cuatro legisladores que se presumía votarían a favor expresaron dudas y negaron a Infobae haber comprometido su apoyo. Al notar que los números no cerraban para aprobar el proyecto, el Gobierno debió dar marcha atrás con el artículo que encendió las mayores críticas.

A pesar de la modificación del proyecto, militantes de partidos políticos opositores y organizaciones sociales sostuvieron la convocatoria a manifestarse en contra de la propuesta oficialista, por lo que se respira un aire caldeado frente al Congreso.

José Mayans, presidente del bloque kirchnerista, intentó a último momento hacer caer la sesión.

El legislador formoseño realizó una moción para que el proyecto regresara a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y un tratamiento serio.

La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continuó como estaba previsto.

El rechazo de gobernadores aliados a la ley enciende una alerta en la Casa Rosada

Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros.

La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.

Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.

Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.

“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.

Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.

Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.

“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.

Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.

En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.

La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.

“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.

Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.

Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.

En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.

“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.

Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.

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Al interior de la Casa Rosada comenzaron a hacer una lectura interna de cómo resultó la derrota legislativa de ayer, la cual implicó que el oficialismo debiera quitar de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo de venta de terrenos a extranjeros. La oposición más intransigente al Gobierno logró ganar la disputa en la arena pública y eso forzó a que varios gobernadores que habían dado su apoyo inicial luego terminaran cediendo, dado que no querían cargar con el costo político de habilitar la media sanción de la iniciativa.

Al finalizar la reunión de Mesa Política del martes, los operadores políticos ya esgrimían en privado la dificultad con la que se encontraban para conseguir la mitad de los votos de la cámara alta. Marcaban que el panorama estaba “complicado”, pero que al igual que en otras instancias difíciles, iban a poder torcer las últimas voluntades. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, analizó uno de los principales operadores políticos de la Casa Rosada a Infobae.

Al oficialismo le queda impresa la narrativa de la derrota porque se desprendieron de un articulado que consideraban clave, aunque fue más importante el cómo: y es que muchos de los gobernadores que optaron por el silencio en estas horas -y algunos de los que se terminaron oponiendo al capítulo de venta- estaban a favor del proyecto.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.

La efectividad que el oficialismo tenía en las sesiones extraordinarias de este verano contrasta con la dificultad que tiene para impulsar otras iniciativas en la actualidad. La frutilla del postre en ese entonces había sido la sanción de la Ley de Modernización Laboral, la cual contenía artículos que implicaban cambios sensibles en ese ámbito.

Resultó llamativo que, unas semanas después, uno de los operadores más importantes del oficialismo dijera ante Infobae: “Si me decís que podemos sacar entre tres o cuatro reformas este año, te lo firmo sin pensarlo”. Es decir, había un presentimiento de que el advenimiento del escenario electoral iba a condicionar a los mismos gobernadores para decidir si apoyar o no a la Casa Rosada en reformas de alta complejidad.

Esto podría no traducirse en reformas que importan y mucho al presidente Javier Milei, como el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Sí creen que podrían recibir un revés si no modifican que los funcionarios públicos puedan aplicar a la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

La pregunta que se hacen al interior del oficialismo desemboca en qué podría acontecer con la Reforma Política y, en particular, con la capacidad de suspender las PASO. “Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones”, afirman.

Los posicionamientos de las provincias

Los gobernadores que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos han sido aliados circunstanciales del oficialismo en algún momento de la presidencia Milei.

Cada uno de ellos trasladó su posición a los senadores de sus provincias, instruyéndolos a rechazar cualquier modificación legal que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. En el caso de Misiones, Passalacqua publicó en sus redes sociales que “lo que amamos no se vende”, destacando la defensa del territorio y de los recursos estratégicos provinciales. Esta postura se tradujo en el anuncio del senador misionero Carlos Arce, quien anticipó su voto negativo a la propuesta.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros en comunicar su rechazo explícito, instruyendo a las senadoras provinciales a votar en contra de la iniciativa. De igual modo, Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, manifestó su oposición e instruyó a los representantes de su espacio político en el Senado a no acompañar el proyecto. Gustavo Sáenz, desde Salta, también ejerció presión sobre el bloque oficialista, lo que se reflejó en la postura de la senadora Flavia Royón, una de las primeras en expresar públicamente su rechazo a la extranjerización de tierras. Esta serie de pronunciamientos contribuyó a que el oficialismo perdiera respaldo y se viera obligado a retirar el capítulo más polémico de la ley.

Además de los gobernadores mencionados, otros actores relevantes del Senado se sumaron al rechazo del capítulo de Tierras. Entre ellos, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) formalizó su voto negativo bajo el argumento de que los recursos estratégicos nacionales no deben cederse sin restricciones. También anunciaron su rechazo los senadores radicales Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires). Estas posiciones, sumadas a la presión de los gobernadores provinciales, aislaron políticamente al oficialismo y forzaron la exclusión del capítulo sobre tierras del proyecto final que llegó al recinto.

A vísperas del cambio de mando presidencial, crecen los rumores sobre la posibilidad de que el presidente saliente Gustavo Petro pueda salir de Colombia para cumplir con sus últimos compromisos como mandatario oficial del país sudamericano.

Ese fue el caso del expresidente colombiano Andrés Pastrana que, en su cuenta de X, no solo lanzó la advertencia por la posible salida del jefe de Estado saliente, sino que instó al Senado de la República para impedir dicho requerimiento.

En su pronunciamiento, el dirigente conservador señaló que el líder progresista primero debe responder por cuestionamientos sobre su elección, así como los presuntos casos de corrupción en su gobierno y su entorno familiar.

“El Senado de la República no puede permitir la salida de Gustavo Petro del país sin que antes responda por los escándalos de su elección y la corrupción de el, su familia y su gobierno”, escribió Pastrana en sus redes sociales.

Incluso, su protesta incluyó una referencia al artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que el presidente de la República necesita autorización previa del legislativo para salir del territorio nacional mientras está en funciones.

“La infracción de esta disposición implica abandono del cargo. El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”, señala la Carta Magna.

Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial del Senado sobre esa petición ni una decisión judicial o administrativa que restrinja la movilidad del jefe de Estado una vez concluya su mandato.

Detalles del viaje presidencial

La controversia tomó fuerza por las versiones sobre una eventual salida de Petro del país antes o después de entregar la Presidencia.

Según expresó en su cuenta de X, el mandatario había expresado en redes sociales su deseo de viajar a Princeton, New Yersey (Estados Unidos), para conocer el lugar donde fueron esparcidas las cenizas de Albert Einstein, después de una visita reciente a Cuba en la que se reunió con Miguel Díaz-Canel.

“Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto (sic)”, manifestó el presidente saliente en las redes sociales.

Incluso, desde la Casa de Nariño confirmaron que se presentó una solicitud formal ante las autoridades de Estados Unidos para permitir el viaje.

Sin embargo, su petición permanece en suspenso debido a que no recibe la visa necesaria, y esa falta de aprobación también bloquea trámites clave para el desplazamiento, como los permisos de sobrevuelo y las autorizaciones de combustible del avión presidencial, según información revelada por Caracol Radio.

La restricción alcanza a la aeronave oficial de Colombia, que sigue en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que limita distintos servicios hasta que exista una autorización expresa de Washington.

La gestión tomó fuerza después de una conversación telefónica reciente entre Gustavo Petro y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el medio, Trump dijo que desconocía la situación de la aeronave y se comprometió a revisar el caso para facilitar su exclusión de la lista que restringe su operación. Hasta que no haya una definición sobre la visa y sobre el avión presidencial, el desplazamiento sigue siendo incierto.

Adicional a ello, la Comisión de Control de Interpol confirmó el 3 de agosto de 2026 que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tiene registros en el Sistema de Información de la organización, es decir, que no cuenta con investigaciones penales.

El anuncio se conoció por medio de un comunicado dirigido a los abogados de Petro en Estados Unidos, precisando que sus competencias “se limitan a los datos tratados en el Sistema de Información de Interpol”, de modo que no puede pronunciarse sobre expedientes o procedimientos nacionales.

Sin embargo, esa constatación no equivale a una revisión de actuaciones internas de autoridades nacionales; para ello, el equipo jurídico de Petro pidió una medida provisional para que, si alguna autoridad intenta registrar información sobre el mandatario en el futuro, él pueda ejercer antes su derecho de defensa.

Este jueves, desde las 14, comenzará la sesión en el Senado pactada luego del cuarto intermedio del mes pasado. Sin embargo, a un día del inicio, el oficialismo se vio obligado a modificar el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Eliminando del paquete de reformas la modificación a la Ley de Tierras, que promovía facilidades para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, finalmente los líderes libertarios del Senado decidieron eliminar ese apartado que ponía en riesgo la sesión misma.

El cuestionado capítulo desató la polémica al mejorar las condiciones para que capitales extranjeros se queden con extensiones de tierras en el país y provocó manifestaciones en redes sociales, y el anuncio de una movilización prevista para la hora de la sesión en la zona del Congreso. En ese marco fue que los cambios a la Ley de Tierras quedaron fuera del proyecto.

Ya sin ese punto de discordia, habrá un temario que sí se debatirá en la Cámara Alta, a pesar de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, que directamente no se realice la sesión de mañana.

En efecto, el resto del texto contempla modificaciones de peso sobre expropiaciones, desalojos y la ley de fuego que Máximo Kirchner presentó y logró aprobar años atrás. Hoy La Libertad Avanza se muestra dispuesta a eliminar la prohibición por décadas de vender tierras afectadas por incendios.

Además, durante esta próxima sesión, en el recinto se espera un foco de conflicto desde el primer minuto, tras los pedidos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el radical Flavio Fama (Catamarca) para participar de forma virtual.

Sagasti, con un embarazo avanzado y recomendación médica de reposo, obtuvo ayer el aval de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la condición de que el pleno —soberano en esas resoluciones y con la palabra final— le dé su visto bueno.

Esta mañana Villarruel también habilitó a Fama a participar de forma virtual, por una operación en su rodilla hace pocos días (tendrá que lograr el pleno también en este caso). La decisión provocó bronca en varios bloques.

Desde el oficialismo, al no lograr las voluntades necesarias en las horas previas a la sesión, creyeron que lo mejor fue dar de baja las modificaciones a la Ley de Tierras que estaban en el paquete.

“Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió una figura de la estrategia comunicacional libertaria a Infobae. Para algunos referentes oficialistas, “el aleteo de la mariposa” que terminó por dar forma a ese contexto sin salida fue la “oleada nacionalista” que se desató a partir del Mundial.

Durante este miércoles, en medio de las declaraciones, empezaba a quedar claro en el panorama que las gestiones de los operadores del oficialismo en el Congreso no lograban reunir las adhesiones necesarias para aprobar ese segmento de la ley. La lectura era que ningún gobernador aliado estaba en condiciones de sumar su respaldo ni dispuesto a pagar el costo político de habilitar la media sanción.

Tras las 15, el Gobierno tuvo que dar por caído ese capítulo, creado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien venía insistiendo en la aprobación de ese proyecto desde comienzos de año.

La marcha atrás que decidió el bloque de La Libertad Avanza en el Senado se suma a otras que el espacio debió asumir en el marco de este paquete. La más reciente había quedado confirmada el día anterior, cuando la jefa de bancada, Patricia Bullrich, anunció en una rueda de prensa que se impulsaría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros adquieran hasta el 25% de los terrenos por provincia. La cifra implicaba un incremento de 10 puntos frente a la regulación vigente. Aún así, la iniciativa de Sturzenegger no prosperó.

La CGT decidió reducir su presencia en la marcha de este jueves al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada: “Será testimonial”, dijo un jefe cegetista acerca de la participación de la central obrera. ¿Por qué el cambio? Porque el Gobierno dio de baja el capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros, el eje de la movilización organizada por sectores políticos, sindicales y sociales cuando el Senado inicie el debate de la iniciativa.

En la CGT consideraron una “fuerte derrota” de La Libertad Avanza la decisión gubernamental de retirar esa parte del proyecto de ley ante la falta de respaldos de sus aliados para garantizar su aprobación parlamentaria.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde del miércoles, los líderes cegetistas aseguraron que la movilización al Congreso se iba a realizar igual aunque no se tratará el capítulo que facilitar la venta de tierras a extranjeros y afirmaron que se “pretende habilitar la entrega del territorio nacional, los recursos estratégicos y la soberanía argentina a capitales extranjeros”.

Junto a las dos CTA y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el triunvirato de la CGT les advirtió a los senadores nacionales que “defender la Patria por la que juran estará en sus manos” y uno de sus miembros, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) les preguntó: “¿Con qué cara van a mirar a su pueblo diciendo que acompañaron esta ley? Este proyecto de ley tiene un trasfondo que es malicioso y regresivo para nuestro país. Seguramente tiene muchos intereses inconfesos que no terminan blanqueando”.

Por su parte, su par Octavio Argüello (Camioneros) también se dirigió a los senadores: “Que hagan honor los que juraron defender la patria y que no la entreguen ni la vendan. Mañana vamos a estar ahí para hacerles acordar y si no lo cumplen, se lo vamos a demandar. Vamos a estar peleando para que no se entregue nuestra soberanía, que es lo más fundamental que tenemos, nuestra tierra y nuestra riqueza natural porque sin eso no vamos a tener futuro, no vamos a tener destino”.

Sin embargo, luego de que el Gobierno dio de baja el capítulo más controvertido de la ley, los directivos de la CGT debatieron sobre la participación o no en la movilización de este jueves ya que el objetivo político se había cumplido con la marcha atrás oficial.

Finalmente, se resolvió tener una presencia testimonial, pero no anunciarlo porque no tenían garantías de que la Casa Rosada mantuviera en firme su decisión.

De todas formas, la CGT ratificó que movilizará todo el aparato sindical para la marcha de San Cayetano que se realizará este viernes 7 de agosto, día del patrono del pan y del trabajo, junto con las dos CTA y la UTEP.

Como en años anteriores, se prevé una peregrinación multitudinaria desde la Iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio de Liniers, hasta Plaza de Mayo, que comenzará temprano por la mañana con una bendición de herramientas en la avenida Rivadavia y Jujuy.

La siguiente medida del plan de lucha de la CGT será una movilización al Ministerio de Economía, con fecha tentativa para la semana del 20 de agosto, que buscará visibilizar el problema de las familias endeudadas en el sistema formal e informal de la economía.

El titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, señaló que la protesta que se realizará ante Economía pondrá el foco en 7 millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito por no haber podido pagar los préstamos tomados e incluye a quienes se endeudan fuera del circuito bancario, sobre todo en barrios populares.

El cronograma trazado por la CGT, las CTA y los movimientos sociales continuará el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, con una marcha en lugar por definir para alertar sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de empleo en el sector.

Después de esa instancia, las organizaciones convocantes participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba entre el 4 y el 6 de septiembre, y luego, según se prevé, evaluarán cómo continuar con las acciones.

Aún faltan definiciones sobre alguna medida sindical que acompañe la visita del Papa León XIV a nuestro país, que, según se confirmó, estará entre el 8 y e l 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El nivel de difusión que adquirió esa normativa en la esfera pública creció cada vez más. “Fue tan fuerte lo de los últimos días que hasta nosotros pasamos a referirnos a ese proyecto como Ley de Tierras”, se sinceró una fuente. Y es que, de todos los capítulos que contiene, el que comenzó a tener preponderancia fue el vinculado a la compra de tierras por parte de personas jurídicas y físicas extranjeras.

“Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, reconoce una figura de la estrategia comunicacional libertaria. Hay quienes consideran que el aleteo de la mariposa que terminó por configurar ese contexto insalvable fue la “oleada nacionalista” que se generó a partir del Mundial.

Esto llevó a que, con la cercanía del día de la sesión, importantes figuras del ámbito público se pronunciaran. “Hicimos que Emilia Mernes y Tini llegaran a pronunciarse. La batalla narrativa la perdimos contra el kirchnerismo y otros actores que la hicieron bien. Aunque ganemos, salimos perdiendo”, se sinceró una figura del oficialismo que sigue muy de cerca la repercusión política del tema.

Estas declaraciones se hacían en medio de este miércoles, cuando comenzaba a avizorarse en el panorama que las gestiones de los operadores políticos del oficialismo no lograban cerrar las adhesiones necesarias para aprobar ese segmento de la ley. Interpretaban que no había gobernador aliado que pudiera llegar a dar sus adhesiones y que estuviera dispuesto a pagar el costo político de habilitar la media sanción. Pasadas las 15, el Gobierno se vio forzado a dar por caído ese capítulo, el cual fue creado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que viene insistiendo en la aprobación de este proyecto desde comienzos de año.

¿Hay en el Ejecutivo un enojo con Sturzenegger? Sí y no. Por un lado, en algunos operadores del oficialismo genera desazón que una parte de la agenda esté signada por las propuestas de “El Coloso”. No porque no estén de acuerdo, sino porque en varios casos implican cortar “cables rojos”, los cuales generan tensión. Y cuando estos proyectos se acumulan, pueden ocurrir circunstancias como la actual. Hasta ayer convivían tensiones del Gobierno con actores políticos y económicos por la Ley de Tierras, las desregulaciones en el sector del practicaje y se prevén nuevos episodios cuando se presenten las desregulaciones multisectoriales con el nuevo paquete desregulador que está trabajando ese Ministerio. Pese a todo, en el oficialismo saben que las ideas de Sturzenegger son las de Javier Milei.

Por el otro lado, en el Ejecutivo está la certeza de que el segmento de la venta de terrenos se vio fuertemente dificultado por el contexto político. Fuentes kirchneristas del Senado atribuyen el comienzo de la victoria legislativa a lo que sucedió en el mes de junio, cuando el oficialismo solicitó aplazar el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para poder tratar pliegos judiciales que en otro ala del oficialismo eran considerados clave. Tal y como contó Infobae, la oposición intransigente al Gobierno les dijo que solo iban a aprestarse a votar solo si daban de baja esa iniciativa.

La mesa política se reunió ayer por el mediodía e hizo un poroteo al voleo de cómo venían las adhesiones. “Estamos muy justos, pero los votos los vamos a tener”, afirmó uno de sus asistentes. Quienes tienen diálogo con los gobernadores percibían la presión que les generaba tener que ser quienes decidieran los votos de la aprobación (o no) del proyecto.

“Nadie nos va a regalar nada y pagando un costo altísimo cuando los acuerdos electorales ni siquiera están cerrados”, afirmaron fuentes del Gobierno. Y es que La Libertad Avanza todavía no realizó acuerdos políticos con la mayoría de los gobernadores que tienen el manejo de bancas tanto en la Cámara de Diputados y el Senado.

La marcha atrás que decidió el bloque de La Libertad Avanza en el Senado es una de otras que debió dar por este paquete. La última había sido anunciada ayer, cuando la jefa de bancada, Patricia Bullrich, informó en una conferencia de prensa que se iba a proponer que los extranjeros pudieran comprar hasta el 25% de los terrenos por provincia. Se trata de un incremento de 10 puntos respecto a la normativa actual, pero un retroceso de la eliminación del tope que pretendían en un momento.

En el oficialismo no creen que esto prefigure un panorama nuevo del oficialismo en la relación con los aliados. Creen que se trató de un asunto que el kirchnerismo y actores políticos-sociales lograron ponerlo en agenda con éxito, pero que no necesariamente resulte escalable a otros proyectos libertarios.

Aun así, no todo es tranquilidad. “Es cuestión de que suframos una derrota legislativa más. Ahí sí podríamos ver que es una cuestión más sistémica y no tan coyuntural”, afirman.

Por el momento, el Gobierno seguirá con la intención de tramitar mañana la Ley de Tierras y continuar con el sendero de los proyectos libertarios en la Cámara de Diputados, que ya comenzó a tener curso en la Comisión de Finanzas, que preside el libertario Santiago Pauli.

Al igual que ayer y, en una decisión que ya levanta bronca en varios bloques, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó que el radical Flavio Fama, operado de una rodilla en días recientes, sesione mañana por la vía virtual. Esto no es definitivo, ya que la decisión final será del pleno, que es soberano, y lo que seguro traerá es más conflicto de cara a las próximas horas.

Según constató Infobae, antes de las 17.30 de la jornada de hoy comenzaron a realizarse pruebas en el recinto y apareció el decreto de Villarruel que permitirá lo mismo que solicitó y avaló ayer a la cristinista Anabel Fernández Sagasti. La mendocina presenta un cuadro distinto al del catamarqueño: se encuentra con un embarazo avanzado y de reposo por indicación de su médico.

“Póngase en conocimiento del H. Senado de la Nación la solicitud formulada por el señor Senador Nacional por la Provincia de Catamarca, Flavio Sergio Fama, tendiente a que se autorice su participación remota o virtual, con voz y voto, en términos análogos a los dispuestos en el DPP N° 66/26 -en razón de la restricción médica acreditada mediante la documentación adjunta a su presentación-, a fin de que el Cuerpo adopte la resolución que estime pertinente", reza el primer artículo del texto. El decreto al que hace referencia es el rubricado ayer para el caso de Fernández Sagasti.

Mientras continúan los ensayos en el recinto, desde el oficialismo y las principales bancadas aliadas comentaron a este medio la “bronca” que se incrementa contra la Vicepresidenta. De hecho, en las dos reuniones de más temprano -libertarios y aliados; y sólo de mileístas-, mientras se caía el capítulo de la venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada, los comentarios negativos sobre el accionar de la titular del Cuerpo coparon ambos convites. “Gravísimo error creerse la dueña de la ‘Casa’. Nada que venga de ahí sorprende a esta altura”, sentenció un referente.

Hay otra determinación de Villarruel que no resiste análisis, aunque tampoco gustará a legisladores. Fue adelantada por Infobae el 5 de julio pasado: Villarruel firmó el regreso de todas las versiones originales en cuanto a la integración de las comisiones y, salvo casos justificados, no validará modificaciones de último minuto entre los senadores para que cualquier reemplazo ayude, con su presencia, a firmar dictámenes.

En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por este medio -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, los cambios sorpresivos se convirtieron en moneda corriente. ¿Qué implicaba ello? Que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participaran de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, apareciera otro colega.

Sin quorum por Súper RIGI

Pasó desapercibido, pero el mismo día en el que el Gobierno tuvo que borrar el capítulo de venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada, en la Cámara alta se dio comienzo a la discusión del proyecto que impone el Súper RIGI y los libertarios no lograron el quorum en las tres comisiones que intervendrán en el debate.

Justo fue la de Presupuesto, que es la cabecera y presidida por el mileísta Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires), la que falló. El reglamento permite, pasada la media hora, comenzar con el tercio de los presentes, pero sin la posibilidad de dictaminar. Las otras dos sí cumplieron: Economía Nacional -comanda el jefe macrista, el misionero Martín Goerling-; y Legislación General. Hubo promesas para que asistan funcionarios de Economía y otros invitados que propondrán los diferentes bloques antes de avanzar con el asunto.

Este jueves, la mirada va a estar puesta en el Congreso de la Nación porque el Senado sesionará en el contexto del debate sobre un proyecto de ley que abarca diferentes reglamentaciones. Una era la ley de inviolabilidad de la propiedad privada referida a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, que finalmente fue retirada de la discusión por la falta de votos para su aprobación. Antes de que se tomará esa decisión, uno de los campeones del mundo con la selección argentina en 2022 se había expresado en contra.

El defensor Lisandro Martínez publicó una historia en su cuenta personal de Instagram con un video perteneciente a Amnistía Internacional. “Las tierras argentinas no se venden”, escribió Licha con signos de exclamación y dos emoticones de una cara enojada. En la filmación se podía leer el mensaje “defender la tierra es defender los derechos humanos” y se veían los paisajes que reúne este país.

En el texto del proyecto, se mantenía la prohibición “para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros”, pero el escenario cambiaba para “la adquisición de tierras rurales por parte de personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica o denominación, así como de agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y demás vínculos asociativos, todos ellos con participación estatal extranjera directa o indirecta”, que hubiesen podido hacerlo si existiera “autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

La venta de tierras a extranjeros contempla un límite del 15% del territorio argentino y, en un principio, se buscaba sacar la restricción sin un tope. Sin embargo, en la tarde de este martes, Patricia Bullrich anunció nuevos cambios para ubicar ese porcentaje en el 25%. Un día después, el oficialismo decidió eliminar ese capítulo de la ley por las bajas que se registraron para su aprobación. De igual manera, la sesión sigue en pie para debatir el resto del proyecto a partir de las 14, luego del cuarto intermedio del mes pasado.

No es la primera vez que Lisandro Martínez levanta la voz para dejar su opinión sobre cuestiones ajenas al fútbol porque, en más de una oportunidad, se ha fotografiado con el pañuelo blanco representativo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y suele recordar cada 24 de marzo con la histórica consigna de “memoria, verdad y justicia” y “nunca más”.

Actualmente, el futbolista disfruta de unos días de descanso en Europa antes de reincorporarse al Manchester United de Inglaterra. Su última temporada estuvo marcada por la final perdida de Argentina ante España en el Mundial 2026. “Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera”, escribió tras la caída en Nueva Jersey.

A pesar del traspié 1-0 en los 120 minutos, Martínez fue recibido por una multitud en Gualeguay, su ciudad natal, y agradeció el cariño de los hinchas: “Gracias a cada persona que estuvo ahí y a todos los argentinos que me acompañan siempre. Ese apoyo significa muchísimo y me da todavía más fuerzas para seguir representando a nuestro país”.

El zaguero central de 28 años tuvo un destacado gesto durante sus vacaciones en Ibiza con dos fanáticos porque les regaló una camiseta de práctica del seleccionado argentino durante un entrenamiento personal con el objetivo de mantenerse en forma.

Este jueves el Senado debatirá la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que buscaba realizar cuatro modificaciones clave en la regulación. Y, aunque el oficialismo retiró a último momento el capítulo que eliminaba los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, el debate se da en un contexto en el que un campo de primera calidad en la Argentina cuesta menos de la mitad que uno brasileño y un tercio que uno estadounidense, aún cuando su productividad es mayor.

Esa brecha aparece en los relevamientos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) y la Compañía Argentina de Tierras: una hectárea equivalente vale USD 27.500 en Brasil y USD 42.000 en Estados Unidos, mientras que en la Argentina tiene un costo de USD 15.850 por hectárea. El contraste reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra argentina justo cuando sus precios acumulan más de una década de estancamiento.

La sesión en la que se tratará la ley quedó prevista para este jueves a las 14, tras el cuarto intermedio del mes pasado. Según lo acordado, el resto del proyecto seguirá en debate con cambios sobre expropiaciones, terrenos afectados por incendios y procesos de titulación y desalojo.

Originalmente, la iniciativa buscaba reunir cuatro reformas. Además del punto sobre tierras rurales, proponía modificar la regulación para que las indemnizaciones por expropiación incorporen valor de mercado y lucro cesante, derogar restricciones de hoy impiden vender o cambiar el uso de terrenos alcanzados por incendios forestales o rurales, entre otras modificaciones.

La decisión de quitar el apartado sobre venta de campos a capitales extranjeros se tomó este miércoles después de una cumbre en el bloque de la UCR con Patricia Bullrich, jefa libertaria en la Cámara alta. El movimiento buscó salvar una sesión que llegaba con tensión política y dejó a Bullrich ante un nuevo revés.

El mercado rural argentino sigue por debajo de sus vecinos

Según los datos de CAIR, el pico histórico de precios en la Argentina se registró en 2011. Desde entonces, los valores cayeron de forma sostenida por los vaivenes económicos del país y llegaron a ubicarse entre 40% y 70% por debajo de tierras con igual capacidad productiva en otros mercados de la región.

En el último año, con cierta estabilidad macroeconómica, los precios subieron entre 10% y 15% frente al lustro anterior. Aun así, el rebote no alcanzó para recuperar el terreno perdido frente a Brasil, Estados Unidos y, en algunos segmentos, Uruguay.

El relevamiento distingue entre tierra agrícola de primera calidad y campos ganaderos. En ambos rubros, la Argentina aparece rezagada pese al reconocimiento internacional de la productividad de sus suelos.

En el segmento agrícola de primera calidad, Brasil cerró 2025 con un precio promedio de USD 27.500 por hectárea y Estados Unidos con USD 42.000, según el relevamiento de CAIR y CAT. En el rubro ganadero, las pasturas estadounidenses promediaron USD 4.740 por hectárea en 2025, con un crecimiento real compuesto de 1,8% anual en los últimos cinco años. En Uruguay, el precio promedio de los campos ganaderos marcó un récord de USD 3.967 por hectárea en 2024, un valor que multiplica por más de diez el mínimo de USD 386 registrado en 2002. La tierra argentina, en cambio, no logró replicar esa trayectoria: sus precios llevan más de una década sin recuperar los niveles de 2011.

El Triángulo de Oro concentra los valores más altos del país

Dentro de la Argentina, la zona de mayor cotización es el llamado Triángulo de Oro, formado por las localidades de Rojas, Salto y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Allí una hectárea se ubica entre USD 15.000 y USD 17.000, y los precios bajan a medida que se alejan de ese núcleo.

Otros polos de referencia son el centro y sur de Córdoba, los alrededores de Río Cuarto, el sudeste bonaerense, con Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos, y la zona de Venado Tuerto. En el otro extremo, la Patagonia, con Chubut y Santa Cruz, muestra valores de entre USD 200 y USD 450 por hectárea para campos ovinos y bovinos.

El cuadro regional de zonas ganaderas de la cámara también exhibe esa distancia interna. El nordeste de Buenos Aires, en el área de invernada de Capilla del Señor, cotiza entre USD 7.000 y USD 12.000 por hectárea, con una tendencia de fuerte recuperación.

Más abajo aparecen Corrientes Sur, con valores de USD 1.000 a USD 2.000; Chaco y Formosa, entre USD 700 y USD 1.400; y San Luis con el norte de Córdoba, entre USD 600 y USD 1.400. En Estados Unidos, el Corn Belt dedicado a pasturas va de USD 6.200 a USD 7.400 por hectárea, mientras que la región del Pacífico, con Oregon y Washington, llega a 9.900 dólares.

La actividad repunta, pero la incertidumbre todavía pesa sobre los precios

La inmobiliaria rural Tierra Fértil sostiene que la tierra argentina de primera calidad vale hoy lo mismo que en 2011. Referentes del sector consultados por Infobae atribuyen ese estancamiento a la incertidumbre económica y política: “Muchos prefieren esperar qué pasa después de las elecciones; hay desconfianza, miedo a nuevos impuestos o trabas”.

A pesar de ese freno en los valores de venta, la demanda sigue activa. De hecho, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural, elaborado por CAIR, cerró junio de 2026 en 47,73 puntos, 9,13 por debajo de mayo. Pese a esa caída, fue el segundo mes con mayor actividad del año.

La baja se explicó por una menor oferta de campos agrícolas y mixtos de alta calidad. El mismo índice señaló que los valores de la hacienda siguen generando un buen nivel de consultas sobre campos ganaderos y que la tendencia de largo plazo muestra una recuperación sostenida desde los mínimos de noviembre de 2023, coincidentes con las elecciones generales y el ballotage.