Rubén Gallego, senador de Arizona de origen colombiano, abrió una ofensiva para intentar frenar la nueva política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump sobre la green card.

La medida, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, podría alterar el trámite de residencia permanente de más de 1,2 millones de personas con solicitudes pendientes, entre ellas alrededor de 25.000 colombianos, porque plantea que esos casos se resuelvan, en principio, desde los países de origen y no dentro de Estados Unidos.

La discusión llegó cuando el Senado de Estados Unidos aprobó el viernes 5 de junio USD 70.000 millones para financiar la ofensiva migratoria de Donald Trump, un proyecto que financiaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial.

La iniciativa pasó a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén tratarla a inicios de la próxima semana.

El cambio que cuestionó Gallego surgió tras el memorando divulgado el 22 de mayo por Uscis, en el que la agencia indicó que los extranjeros que busquen la residencia permanente mediante ajuste de estatus deberán hacerlo, en principio, desde sus países de origen, salvo en circunstancias consideradas “extraordinarias”.

Ese punto es clave porque, durante décadas, el ajuste de estatus ha sido la vía habitual para que personas que ya están legalmente en Estados Unidos, con visas de trabajo, estudio o en procesos de reunificación familiar, soliciten la residencia permanente sin salir del país.

En una carta enviada a la Oficina para la Fiscalización del Gobierno, conocida como GAO, Gallego pidió que ese organismo determine si la medida equivale a una nueva regla. Si la conclusión fuera afirmativa, el Congreso podría votar para bloquearla bajo el Acto para la Revisión del Congreso.

El senador sostuvo en el documento, citado por El Tiempo, que la guía de Uscis no es una simple aclaración administrativa sino un cambio sustancial de política pública.

En la carta afirma: “En una desviación del precedente de larga data, la nueva guía parece diseñada para crear una nueva presunción contra la concesión del ajuste de estatus a los no ciudadanos al caracterizar incorrectamente este beneficio como algo extraordinario”.

Gallego añadió en la misiva que la medida busca empujar a los solicitantes hacia los consulados estadounidenses en el exterior en lugar de permitir la vía tradicional dentro de Estados Unidos. A su juicio, eso contradice la intención del Congreso al aprobar la legislación migratoria vigente.

En otro pasaje de la carta, el senador argumenta que el alcance potencial de la política impide tratarla como una orientación interna. “La nueva guía afectaría potencialmente a cientos de miles de no ciudadanos y sus familias cada año, representando un cambio importante de política y satisfaciendo, por tanto, la definición de regla bajo el Acto para la Revisión del Congreso”, dice el documento.

Abogados migratorios, organizaciones de defensa de inmigrantes y algunos exfuncionarios de Uscis advirtieron que la política rompe con una práctica aplicada durante más de seis décadas.

Si se aplicara con el rigor que muchos expertos interpretaron al comienzo, obligaría a parte de los solicitantes a salir de Estados Unidos para terminar el trámite consular, con impacto sobre empleos, negocios, estudios y vínculos familiares.

Tras la controversia, el Departamento de Seguridad Interna dijo que el memorando no implicaba que todos los solicitantes debieran abandonar Estados Unidos y sostuvo que solo reiteraba principios legales ya existentes. La administración también remarcó que cada caso sería evaluado de forma individual.

Esa aclaración no despejó la incertidumbre porque el gobierno mantuvo que los funcionarios conservarían amplia discreción para decidir quién podría completar el trámite dentro del país y quién tendría que hacerlo mediante procesamiento consular en el extranjero.

Un portavoz de la oficina de Gallego dijo: “La supuesta aclaración de la administración solo añadió más confusión. Ahora la administración afirma que esto nunca fue un cambio de política para empezar, pero eso no es lo que dice el memorando”.

La misma oficina sostuvo que las familias inmigrantes siguen sin saber qué reglas se aplicarán a sus casos y que profesionales altamente calificados, entre ellos médicos, científicos e ingenieros, no tienen certeza sobre si podrán obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

Para que el Congreso use el Acto para la Revisión del Congreso, primero debe establecerse que la medida constituye una “regla” bajo la definición legal aplicable. Esa es la evaluación que Gallego intenta activar ante la GAO.

Si la GAO concluyera que sí lo es, el Congreso podría presentar una resolución de desaprobación y someterla a votación dentro de un plazo determinado. Según el texto fuente, el calendario legislativo incluso podría empujar el debate hasta el próximo Congreso que se instalará después de las elecciones de mitad de mandato.

El problema para el senador es que se trata de un mecanismo complejo, poco frecuente y condicionado por múltiples factores políticos e institucionales.

La defensa jurídica de la administración Trump descansa en que no habría un cambio de ley, sino una reiteración de que el ajuste de estatus es un beneficio discrecional y de que las autoridades migratorias siempre tuvieron facultades para negar solicitudes y exigir procesamiento consular en ciertos casos.

West Virginia inició el proceso de votación anticipada en persona desde el miércoles, trece días antes del Día de las Elecciones. Este estado no solo participa en los comicios generales, sino también en varias contiendas menores. Según destacó Fox News, el proceso comenzó con un panorama enfocado con las carreras por el Senado y la Cámara de Representantes.

En la región, la carrera al Senado está destacando por los republicanos, que tienen una oportunidad fuerte de vencer. El escaño actual lo ocupa el senador Joe Manchin, quien decidió no postularse para la reelección este año.

El vínculo del senador con los habitantes del estado le facilitó un triunfo de tres puntos en 2018. Sin embargo, considerando que en la última contienda presidencial Donald Trump ganó con una diferencia de casi 39 puntos, este territorio se considera de gran tendencia republicana. Según Fox News, los demócratas necesitaban a Manchin en la boleta para pelear de manera competitiva.

West Virginia, un estado clave

Fox News remarcó que la victoria republicana en West Virginia puede otorgarles cincuenta escaños en el Senado, quedando a uno de la mayoría absoluta. Esta situación sería beneficiosa para los republicanos si Trump resultara vencedor en la contienda presidencial, ya que el vicepresidente puede romper empates en el órgano estatal. Esta coyuntura es crucial y se refleja en el análisis de la influencia de personalidades políticas y alineaciones partidarias.

El impacto de esta votación va más allá de los números; se reflejan decisiones que definirán el equilibrio de poder en un contexto político marcado por la polarización y las expectativas sobre el futuro del país. Las dinámicas de contienda que se desarrollan en esta región son un claro ejemplo de cómo las elecciones locales pueden moldear el panorama nacional.

Cómo votar en West Virginia

Además de la votación en persona, los procedimientos para votar por correo en el estado comenzaron a finales de septiembre. Según detalló Fox News, los votantes deben proporcionar una justificación para obtener una boleta.

La votación anticipada en persona inició este miércoles 23 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre. Así mismo, se podrán entregar en persona las boletas de voto por correo hasta el 4 de noviembre. El plazo para registrarse como votante en West Virginia concluyó el 15 de octubre, estableciendo un marco claro para los electores que desean participar en estas significativas elecciones.

Con los avances de la noche electoral, todos los ojos estarán puestos en los resultados que generen los estados clave y en cómo estos pueden alterar la configuración del Senado y el liderazgo nacional en los próximos años. Las elecciones del Senado son solo una pieza del complejo mosaico electoral que definirá la política estadounidense a corto y largo plazo.

Qué es la votación anticipada en EEUU

Los early votes o votos anticipados son aquellos emitidos antes del día oficial de las elecciones. Es una modalidad que permite a los electores votar antes, ya sea de forma presencial en lugares designados para ello o por correo.

Esta opción busca facilitar el proceso electoral y aumentar la participación en los comicios, al permitir que los ciudadanos puedan emitir su voto en un períido de días o semanas antes de la jornada electoral oficial. Los sufragios previos se cuentan junto con los emitidos el día de las elecciones.

El voto anticipado es una práctica común en muchos territorios de Estados Unidos y también se implementa en otros países. Los plazos, requisitos y métodos de votación anticipada varían según la legislación electoral de cada jurisdicción.

Un proyecto de ley radical presentado por un senador demócrata el miércoles aumentaría en gran medida el tamaño de la Corte Suprema, dificultaría que los jueces anulen leyes, requeriría que los jueces se sometan a auditorías y eliminaría obstáculos para las nominaciones a la alta corte.

La legislación del Senador Ron Wyden es una de las propuestas más ambiciosas para rehacer una alta corte que ha sufrido una marcada caída en su aprobación pública tras una serie de decisiones controvertidas y escándalos de ética en los últimos años. Tiene pocas posibilidades de ser aprobada en este momento, ya que los republicanos en general se han opuesto a los esfuerzos para reformar la corte.

Wyden, quien preside el Comité de Finanzas del Senado, dijo que el objetivo del proyecto de ley es restaurar la confianza del público en una institución golpeada. Dijo que espera lograr que se aprueben partes del proyecto de ley, incluso si el paquete completo no es adoptado por los legisladores.

“No es un secreto atómico que el proceso de selección de jueces está politizado”, dijo Wyden. “Estamos proponiendo una forma de restaurar algo de equilibrio entre las tres ramas del gobierno”, agregó.

La medida más significativa del proyecto de ley incrementaría el número de jueces de nueve a 15 durante un período de 12 años. El formato escalonado a lo largo de dos o tres administraciones tiene como objetivo disminuir la posibilidad de que un partido político llene las cortes con sus nominados.

Durante el despliegue, cada presidente aprobaría jueces en el primer y tercer año de sus mandatos.

El proyecto de ley también requeriría un fallo de dos tercios de la alta corte y de los tribunales de apelación de circuito, en lugar de una simple mayoría, para anular una ley aprobada por el Congreso. Wyden dijo que la corte actual ha sido demasiado rápida para descartar precedentes y recortar derechos por mayorías estrechas.

La legislación también requeriría que los nominados a la Corte Suprema sean automáticamente programados para una votación en el Senado si sus nominaciones han permanecido en comité por más de 180 días.

La medida impediría que los senadores bloqueen a los nominados de un presidente al negarse a votar sobre ellos, como lo hizo el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, después de la nominación de Merrick Garland por el presidente Barack Obama.

McConnell mantuvo abierta la vacante que había sido ocupada por el juez Antonin Scalia, un conservador, hasta que Donald Trump se convirtió en presidente. Trump propuso a Neil M. Gorsuch.

McConnell dijo que la nominación de Garland llegó demasiado cerca de las elecciones presidenciales de 2016, pero luego ayudó a impulsar la nominación de Amy Coney Barrett en los últimos meses de la presidencia de Trump, tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, una liberal.

McConnell afirmó que estaba siguiendo el precedente, pero los demócratas dijeron que su historia era defectuosa.

“En las últimas elecciones de mitad de período antes de la muerte del juez Scalia, los estadounidenses eligieron una mayoría republicana en el Senado porque prometimos controlar y equilibrar los últimos días del segundo mandato de un presidente saliente. Cumplimos nuestra promesa”, declaró McConnell en ese momento.

Los movimientos ayudaron a crear la supermayoría conservadora que ahora domina la corte.

Otra disposición en el proyecto de ley de Wyden ampliaría el número de circuitos judiciales federales de 13 a 15, agregando más de 100 jueces de distrito y más de 60 jueces de nivel de apelación.

Los jueces de la Corte Suprema deben declarar ingresos, dividendos, ventas de propiedades y regalos, entre otras cosas, pero el proyecto de ley fortalecería los controles financieros, las divulgaciones y otras medidas de transparencia. Requeriría que el IRS inicie una auditoría de las declaraciones de impuestos de los jueces cada año, publique los resultados y haga públicas las declaraciones de impuestos. Los nominados a la corte tendrían que revelar tres años de declaraciones de impuestos.

Otra medida permitiría una votación de dos tercios de la corte para obligar a un juez a recusarse de un caso.

Cada juez estaría obligado a publicar públicamente sus opiniones y divulgar cómo votaron en asuntos considerados de emergencia, a veces referidos como el expediente de emergencia. Tales decisiones, que se han vuelto más comunes y cada vez más controvertidas en los últimos años, no identifican cómo votó cada juez.

Jeremy Fogel, director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley y exjuez federal y experto en ética judicial, dijo que expandir la corte a 15 jueces podría “mejorar la administración de la alta corte y enfriar la política rencorosa” alrededor de la nominación de jueces.

“La mayoría de las democracias más grandes del mundo tienen cortes supremas más grandes que la nuestra”, dijo Fogel.

Añadió que la composición actual de la Corte Suprema “da a esos jueces una cantidad desproporcionada de poder. Hace que cada nombramiento sea un gran acontecimiento en términos del proceso de confirmación”.

El proyecto de ley de Wyden, como otros introducidos por los demócratas para traer cambios a la Corte Suprema, enfrenta pocas probabilidades de ser aprobado. Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, dicen que los proyectos de ley no se tratan de reforma sino de política. Creen que los demócratas están tratando de socavar una alta corte que ha brindado a los conservadores una serie de grandes victorias en términos recientes.

Otros proyectos de ley introducidos por los demócratas recientemente agregarían rigor al código de ética de la Corte Suprema, que ha sido ampliamente criticado por carecer de un mecanismo de aplicación. Otro limitaría los regalos que los jueces pueden recibir a 50 dólares, el mismo límite que deben cumplir los miembros del Congreso. Otros establecerían límites de mandato de 18 años para los jueces e intentarían eliminar la política de las nominaciones a la alta corte.

Los senadores Sheldon Whitehouse y Catherine Cortez Masto reintrodujeron un proyecto de ley el miércoles que daría al Congreso mayor amplitud para revisar las decisiones de la Corte Suprema.

En julio, el presidente Joe Biden criticó duramente a la Corte Suprema y anunció que apoyaba un código de ética vinculante y límites de mandato de 18 años para los jueces. Biden también pidió una enmienda constitucional que prohibiría la inmunidad total para los presidentes, siguiendo una decisión de la Corte Suprema en julio que extendió una amplia protección a los expresidentes contra el enjuiciamiento por actos oficiales.

Las juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson han dicho públicamente que apoyan un código de ética vinculante, pero Gorsuch ha expresado escepticismo. Los otros jueces no han hecho públicas sus opiniones.

Las llamadas a la reforma han seguido una serie de controversias éticas que rodean a los jueces, incluyendo no divulgar viajes lujosos financiados por benefactores adinerados, un cónyuge que ondea banderas políticamente cargadas y un juez que supuestamente usa el personal de la corte para promover un libro.

Una encuesta de opinión de Gallup de julio mostró que la aprobación pública de la Corte Suprema está en mínimos históricos, con solo el 43 por ciento de los estadounidenses aprobando y el 53 por ciento desaprobando.

Las encuestas han encontrado que hay un apoyo significativo para algunas reformas de la Corte Suprema. Una encuesta de USA Today/Ipsos de agosto encontró que el 75 por ciento de los estadounidenses apoyaban un código de ética vinculante para los jueces y que el 61 por ciento apoyaba límites de mandato de 18 años. La encuesta encontró que solo el 40 por ciento aprobaba expandir la corte de nueve a 15 jueces.

Los jueces de la Corte Suprema y los jueces federales están sujetos a nuevas normas de divulgación financiera que fueron anunciadas el lunes por el Comité de Divulgaciones Financieras de la Conferencia Judicial. Los miembros del poder judicial no están obligados a divulgar estancias en una residencia personal, incluso si la residencia personal es propiedad de una entidad corporativa.

El cambio de normas se produce después de informes de ProPublica y otros medios de comunicación de que el juez Clarence Thomas durante muchos años no divulgó viajes en jet privado y vacaciones de lujo financiadas por su amigo y benefactor Harlan Crow, un multimillonario de Dallas.

ProPublica informó en 2023 que Thomas frecuentemente vacacionaba en Camp Topridge, un resort exclusivo junto al lago en el norte del estado de Nueva York donde los huéspedes se alojan gratis.

El resort es propiedad de Topridge Holdings LLC, una compañía de cartera propiedad de Crow. Según la exención de hospitalidad personal actualizada el lunes, Thomas probablemente no tendría que informar una estancia en el resort o en el superyate de Crow, el Michaela Rose, que es propiedad de otra compañía de cartera de Crow.

“Esta guía diluida protege al juez Thomas y su grupo de multimillonarios aduladores, no al pueblo estadounidense”, escribió un portavoz del Senador Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado, en un correo electrónico.

(*) The Washington Post

(*) Justin Jouvenal cubre la Corte Suprema. Anteriormente cubrió la policía y los tribunales a nivel local y nacional. Se unió a The Post en 2009.

La vicepresidenta Kamala Harris expresó su apoyo el martes para eliminar el Filibusterismo del Senado y aprobar una ley que restaure las protecciones de Roe v. Wade y asegure los derechos al aborto en todo el país.

“Creo que deberíamos eliminar el filibusterismo para Roe”, dijo Harris a Wisconsin Public Radio. “Para realmente volver a poner en la ley las protecciones para la libertad reproductiva, y para la capacidad de cada persona y cada mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y no tener al gobierno diciéndoles qué hacer”, agregó.

El filibusterismo es el umbral de 60 votos requerido para avanzar la mayoría de la legislación en el Senado. En 2022, Harris prometió que ella, como vicepresidenta, emitiría un voto de desempate para poner fin al filibustero y proteger los derechos reproductivos y de votación.

El martes aparentemente marcó la primera vez que ella afirmó su apoyo a esta medida como candidata presidencial demócrata. Los demócratas, que enfrentan un difícil mapa del Senado en noviembre, necesitarían mantener el control de la cámara para cambiar las reglas que afectan al filibustero.

En la entrevista con WPR, se le preguntó a Harris cuál es su plan para hacer que el Congreso codifique los derechos al aborto.

Harris comenzó diciendo que los votantes necesitan reelegir a la senadora Tammy Baldwin, una líder del Senado en temas de atención reproductiva que se postula en un estado clave, “porque necesitamos los votos en el Congreso para hacer exactamente lo que estás diciendo”.

Los demócratas, enfatizó la vicepresidenta, necesitan ganar ambas cámaras - un objetivo que dijo está “bien a nuestro alcance”. Y luego, dijo, el Congreso debería “eliminar el filibustero”.

Harris, quien ha liderado los esfuerzos de la administración Biden-Harris para reinstaurar los derechos al aborto después de que la Corte Suprema dictaminara anular Roe en 2022, ha hecho de la lucha por los derechos reproductivos el centro de su campaña presidencial, contrastando su trabajo con el del expresidente Donald Trump, quien se ha atribuido el mérito de la anulación de Roe. Él nombró a tres de los jueces de la Corte Suprema que se pronunciaron con la mayoría para anularla.

El lunes, durante un evento en Indiana, Trump dijo que los demócratas “pueden hablar de aborto”, argumentando que el tema “ya no pertiene” en el país. Trump ha dicho que cree que la política de aborto debería dejarse a los estados para decidir.

“Hemos hecho algo en cuanto al aborto que nadie pensó que fuera posible y doy a esos... seis brillantes jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos un tremendo aplauso por su inteligencia, pero también por su valentía” al anular Roe, dijo el expresidente.

Wisconsin prohibió prácticamente los abortos por más de un año debido a la anulación de Roe por la Corte Suprema.

Wisconsin reinstauró los abortos en septiembre de 2023 después de que el fiscal general del estado, un demócrata, demandara para anular una ley de Wisconsin de 1849 que entró en vigencia tras el fin de Roe porque en el estado se interpretó ampliamente como una prohibición de casi todos los abortos.

(*) The Washington Post

(*) Mariana Alfaro es reportera del equipo de noticias políticas de última hora de The Washington Post. La nativa de El Salvador se unió a The Post en 2019. Antes de eso, Mariana fue pasante en The New York Times, The Wall Street Journal, Insider y The Texas Tribune.