El hallazgo habría ocurrido el martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con la fecha de carga de los videos difundidos por los propios pescadores y con reportes de medios locales. Los tripulantes confundieron inicialmente el objeto con un sargazo flotante.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de ellos en uno de los videos. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un artefacto con forma de misil, sin bandera ni identificación visible de procedencia.

Los pescadores describieron un artefacto sin bandera y con apariencia reciente

Los tripulantes examinaron el objeto a distancia y coincidieron en que se veía en buen estado, sin señales evidentes de daño. “No se ve tan madreado, la verdad”, comentó uno de ellos mientras grababa el artefacto desde la embarcación. Otro integrante de la tripulación añadió que el torpedo lucía “nuevón”, como si hubiera pasado poco tiempo en el mar.

Uno de los pescadores explicó que la falta de conchas o sargazo adherido a la estructura sugería que el artefacto no llevaba mucho tiempo flotando. “Si no, la turbina de atrás estuviera llena de esa madre y no tiene nada”, señaló, en referencia a la ausencia de organismos en la superficie del objeto. La tripulación especuló que el torpedo pudo haber sido lanzado sin detonar.

Durante la inspección visual, los tripulantes identificaron elementos adicionales en la estructura del artefacto. Uno de ellos mencionó lo que parecía un periscopio y otro señaló la presencia de sensores en la punta del objeto. La cercanía de la embarcación al torpedo generó tensión entre los pescadores, al grado de que uno advirtió al capitán: “Ya se acercó demasiado, capi”.

Los tripulantes bromearon con los riesgos de acercarse al artefacto, aunque también expresaron preocupación genuina. “Imagínate que explote”, dijo uno de ellos, mientras otro respondió con humor sobre la posibilidad de que el objeto se activara y “nos vengan los ataques”. Pese al tono de broma, coincidieron en que la situación era peligrosa y en que debían reportar el hallazgo de inmediato.

Los pescadores reportaron las coordenadas por radio ante el riesgo para otras embarcaciones

Los tripulantes discutieron el peligro que representaba el torpedo para el tránsito marítimo en la zona, especialmente durante la noche. “Imagínate el barco de turismo. En la noche que le llegue a pegar esa madre”, comentó uno de los pescadores, en alusión a los cruceros que navegan frente a las costas de Ensenada. Otro añadió que un impacto accidental con una embarcación grande podría pasar inadvertido hasta el momento del choque.

Ante ese riesgo, los tripulantes intentaron comunicarse con la Semar a través de la radio, aunque inicialmente no lograron ubicar el canal correspondiente. “¿Cuál es el canal de la marina? ¿Alguien se lo sabe?”, preguntó uno de ellos, mientras otro sugería el número seis como posible frecuencia. Uno de los pescadores llamó por radio a otro tripulante, identificado como “Capi Ramón”, para pedirle el número de contacto de la autoridad naval.

Una vez establecida la comunicación, los pescadores proporcionaron las coordenadas del artefacto a las autoridades. En una de las transmisiones, uno de los tripulantes especificó la ubicación como “cuarenta cincuenta y siete”, mientras que en otra llamada posterior se mencionaron las coordenadas “cuarenta y dos cincuenta y seis”. Durante el intercambio por radio, uno de los pescadores confirmó que la Semar ya tenía conocimiento del artefacto y lo buscaba activamente antes del reporte de la tripulación.

Mientras esperaban respuesta de las autoridades, los tripulantes bromearon sobre las posibles consecuencias de su hallazgo. Uno de ellos preguntó si recibirían una recompensa por avisar del torpedo antes que la propia Marina, mientras otro respondió entre risas que esperaba que, al menos, no terminaran siendo remolcados por acercarse tanto al artefacto.

La Semar llegó al sitio con una patrulla interceptora y se hizo cargo del torpedo

Personal de la Segunda Región Naval de Ensenada llegó al punto reportado por los pescadores a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04. Una imagen del momento mostró a al menos tres elementos navales de pie en la proa de la embarcación, dos de ellos con chaleco naranja y casco rojo, y un tercero con uniforme de campaña, observando hacia la zona donde flotaba el artefacto.

Con la patrulla naval ya en el sitio, los pescadores procedieron a entregar el torpedo al personal de la Semar. Uno de los tripulantes explicó a los elementos navales el procedimiento para trasladar el artefacto con seguridad: “Le voy a soltar poquita línea y le voy a dar para adelante para pasarte el hilo para que lo puedas jalar despacito y no tengas que hacer tanto pedo”. “Ahí está, ahí se los dejamos”, confirmó otro de los tripulantes al momento de ceder el control del objeto a la autoridad naval.

De acuerdo con reportes de medios locales, el artefacto correspondería a un torpedo de práctica modelo MK 46, de origen estadounidense, diseñado para entrenamientos militares y sin carga explosiva. La Semar no confirmó de manera oficial esta identificación ni el origen del objeto. Tampoco se descartó la posibilidad de que el artefacto hubiera sido utilizado con fines distintos a los militares, aunque esa hipótesis no fue corroborada por las autoridades.

Con el torpedo bajo resguardo de la Semar, la corporación quedó a cargo de determinar la procedencia exacta del objeto y las condiciones en las que llegó a las aguas frente a Ensenada, costa cercana a territorio estadounidense.

Luego de que autoridades de los tres órdenes de gobierno han intensificado los operativos contra células delictivas en distintas entidades del país, como ocurrió recientemente en Puebla con la detención de seis presuntos integrantes de “Los Millonarios”, un nuevo despliegue coordinado permitió ahora detener a tres personas en Oaxaca, señaladas por su presunta relación con una organización dedicada a la extorsión.

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutaron seis órdenes de cateo en diferentes puntos de la entidad como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con una célula criminal relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios.

Ejecutan seis cateos contra célula criminal

De acuerdo con el reporte oficimultáneo para intervenir los inmuebles identificados durante las indagatorias.

La acción tuvo como objetivo avanzar en las investigaciones relacionadas con células presuntamente dedicadas a delitos de extorsión.

Como resultado de los cateos, fueron detenidas tres personas, a quienes las autoridades señalan como presuntos integrantes de una célula criminal.

Durante las intervenciones también fueron asegurados un arma de fuego corta, aproximadamente 1.5 kilogramos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

Los aseguramientos quedaron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades que se indagan.

Hasta el momento, la información oficial no identifica públicamente a los tres detenidos ni detalla los puntos específicos de Oaxaca donde fueron ejecutadas las seis órdenes de cateo.

Extorsión e invasión de predios, entre los señalamientos

Las autoridades relacionan a la célula investigada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

La extorsión se encuentra entre los delitos que las instituciones de seguridad han colocado como una de sus prioridades, debido al impacto que tiene sobre comerciantes, empresarios, trabajadores y familias.

En este caso, las investigaciones derivaron en la solicitud de las órdenes de cateo ante un juez, quien autorizó la intervención de los inmuebles.

A diferencia de una detención en flagrancia, los cateos fueron ejecutados después de que las autoridades obtuvieron autorización judicial para ingresar a los lugares relacionados con la investigación.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia para identificar y debilitar estructuras dedicadas a la extorsión en distintas regiones del país.

Este viernes, un despliegue de instituciones federales y estatales en Puebla permitió detener a seis hombres señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con “Los Millonarios”. En aquel caso, las autoridades atribuyeron al grupo presuntos vínculos con robo de vehículos y robo a casa habitación.

En Oaxaca, el caso es distinto: la investigación está enfocada en una célula a la que las autoridades relacionan con extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Tras la intervención, las tres personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los detenidos.

La puesta a disposición no significa que las acusaciones hayan sido acreditadas de manera definitiva, por lo que las investigaciones deberán establecer la posible participación de los detenidos en los delitos que se indagan.

La autoridad ministerial también deberá analizar los objetos asegurados durante los cateos y determinar si existe una relación entre estos y las actividades presuntamente realizadas por la célula.

El operativo fue presentado por las instituciones participantes como parte de las acciones de coordinación para combatir estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y presencia territorial.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener operativos conjuntos para combatir la extorsión y otros delitos que afectan directamente a la población.

La investigación continuará ahora bajo responsabilidad del Ministerio Público, mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para establecer qué actividades realizaba la célula y cuál habría sido la participación de las tres personas detenidas.

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla derivó en la detención de seis hombres que son señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con el grupo delictivo conocido como “Los Millonarios”.

La intervención ocurrió en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la capital poblana, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima a través de la línea 089.

Entre los detenidos se encuentra José Pablo N., de 27 años, a quien las autoridades identificaron como presunto líder de la célula. También fueron capturados Israel N., de 36 años; Victorino N., alias “El Sari”, de 29; Javier N., de 28; Fernando N., alias “El Pinocho”, de 20; y Kevin N., de 18 años.

Los señalan por robo de vehículos y viviendas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los seis hombres estarían vinculados con la banda denominada “Los Millonarios”, a la que se atribuyen actividades delictivas relacionadas con el robo de vehículos y de viviendas.

Según la investigación referida por la SSP y la FGE, el grupo estaría relacionado con robo de vehículos en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, mientras que también se le vincula con presuntos robos a casa habitación en Puebla capital, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

No obstante, estos señalamientos corresponden a la información proporcionada por las autoridades y deberán ser esclarecidos dentro de las investigaciones correspondientes.

La detención se realizó como resultado de las acciones emprendidas tras una denuncia ciudadana. La participación de la población, señalaron las autoridades, permitió generar información para ubicar a los presuntos integrantes de la célula.

Aseguran armas, vehículos e inhibidor de señal

Durante el operativo, los elementos de las instituciones participantes aseguraron cuatro vehículos, además de dos armas de fuego y 50 cartuchos útiles.

También fue localizado un inhibidor de señal, equipo que puede ser utilizado para bloquear o interferir comunicaciones, así como dinero en efectivo y diversos envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con los hechos que se indagan.

La autoridad no detalló en el reporte la cantidad de dinero asegurada ni especificó las características o tipo de las sustancias localizadas.

Los seis hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Autoridades piden denunciar a los detenidos

Tras la captura, el Gobierno de Puebla hizo un llamado a las personas que pudieran reconocer a alguno de los detenidos como presunto responsable de otros hechos delictivos para que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La petición busca que las investigaciones puedan incorporar posibles denuncias adicionales y establecer si existe alguna relación entre los detenidos y otros delitos registrados en la entidad.

Las autoridades estatales destacaron que la denuncia ciudadana constituye una herramienta para generar información que permita identificar a personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

El Gobierno de Puebla reiteró además que mantendrá la coordinación entre instituciones estatales y federales para combatir a los grupos delictivos y atender delitos que afectan el patrimonio de las familias.

Por ahora, la captura de los seis hombres y los aseguramientos realizados forman parte de una investigación en curso, mientras las autoridades ministeriales reúnen los elementos necesarios para determinar las responsabilidades que correspondan.

El Gobierno de México despliega un sistema de alerta oceanográfica y telefónica ante el impacto del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico. La estrategia busca avisar a la población sobre la llegada de ciclones entre septiembre y diciembre mediante avisos al celular e instrumentos en el mar.

La Secretaría de Marina fija boyas meteorológicas en el lecho marino a profundidades de hasta 3,000 metros en el Pacífico. El proyecto cuenta con la participación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las autoridades prevén que la mayor afectación en el territorio nacional ocurra a través de ciclones tropicales desarrollados a finales de año. Los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur registran el mayor riesgo de impacto directo.

La Secretaría de Marina instala boyas a tres mil metros de profundidad

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó en conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy que el fenómeno de El Niño genera corrientes de agua a mayor temperatura en el Pacífico. El calentamiento del mar modifica la meteorología global y reduce el tiempo transcurrido entre cada evento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coordina la medición del clima junto con un grupo de científicos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. La investigación evalúa las trayectorias de las tormentas marítimas antes de su llegada a tierra.

El monitoreo en alta mar requiere equipo capaz de transmitir datos de manera continua. Para evitar la dependencia exclusiva de los aviones cazahuracanes, las instituciones nacionales fabrican las boyas en astilleros y laboratorios locales.

El Instituto de Investigaciones y Desarrollos de la Marina elabora una parte de los dispositivos de medición. Universidades extranjeras y el CICESE de Ensenada aportan tecnología complementaria para la flotilla de sensores oceanográficos.

Los buques de investigación de la UNAM inician las maniobras de colocación en alta mar a finales de año. Las embarcaciones colocarán los instrumentos de registro en zonas estratégicas del litoral occidental para medir la presión y la temperatura.

La Coordinación Nacional de Protección Civil activa mandos en las 32 entidades

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, establece centros de mando operativos en las 32 entidades federativas. Las estructuras regionales coordinan los recursos de auxilio con los gobiernos de las entidades con costa en el océano Pacífico.

Las autoridades estatales en Guerrero, Michoacán y Oaxaca alistan refugios temporales y equipos de rescate. Las brigadas mantienen vigilancia constante sobre los municipios costeros expuestos a lluvias intensas y oleaje elevado.

Las previsiones meteorológicas señalan a Baja California Sur como una de las zonas con potencial de afectación por las tormentas de fin de año. Las maniobras preventivas abarcan la revisión de cauces y zonas urbanas vulnerables.

Las alertas telefónicas informarán sobre la cercanía de huracanes en la costa

El sistema de alerta temprana enviará mensajes de emergencia directamente a los dispositivos móviles de los habitantes en las zonas de riesgo. La notificación funcionará sin importar la compañía telefónica contratada por el usuario.

La herramienta tecnológica busca replicar la efectividad del sistema de alerta sísmica utilizado en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los teléfonos emitirán un aviso acústico e informativo ante la proximidad de lluvias extremas.

Las alertas especificarán la categoría del fenómeno meteorológico y las horas estimadas para su impacto en la costa. Los avisos directos permiten que la población en los municipios litorales evacúe con oportunidad las áreas peligrosas.

La sequía vinculada a El Niño afectará el territorio nacional en 2027

Los análisis del grupo científico indican que el impacto del fenómeno en las precipitaciones continentales provocará sequías severas durante los primeros meses del año 2027. Las zonas agrícolas registran pérdidas previas de humedad en el suelo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural despliega programas de apoyo en las regiones campesinas afectadas por la falta de lluvia. Los técnicos evalúan la disponibilidad de agua en los embalses para la producción de alimentos.

Las autoridades federales estructuran un plan de contención de daños para mitigar el desabasto de agua en el sector agropecuario. Las acciones prevén la rehabilitación de pozos e infraestructura de riego antes del inicio de 2027.

Las autoridades federales mantienen cateos en distintos puntos como parte de las investigaciones contra una célula criminal vinculada con Los Rusos, luego de la captura en Puebla de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, señalado como uno de los principales generadores de violencia de esta organización con presencia en Guerrero.

El detenido fue localizado en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de autoridades estatales.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y de investigación realizados con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con Govén Ulisses “N” fueron detenidas otras dos personas, identificadas como sus presuntos escoltas. Durante la acción fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de alta gama.

La operación, sin embargo, no terminó con la detención del presunto líder criminal. De acuerdo con García Harfuch, los cateos continúan de manera simultánea en distintos puntos de la zona, como parte de las diligencias para avanzar en las investigaciones y ubicar posibles integrantes, inmuebles u otros elementos relacionados con la célula.

“El Amarillo”, señalado como generador de violencia en Guerrero

De acuerdo con las autoridades, Govén Ulisses “N” es identificado como líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos, grupo que mantiene presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

La organización es señalada por su presunta participación en diferentes actividades delictivas, entre ellas delitos contra la salud, extorsión y secuestro.

En el caso de “El Amarillo”, las autoridades lo relacionan además con homicidios, tráfico y distribución de drogas, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, otro de los elementos que habría permitido avanzar en las investigaciones para localizarlo fuera de Guerrero.

La captura en Puebla muestra, de acuerdo con la información oficial, que las investigaciones sobre la célula criminal no se limitan a la zona donde mantiene su principal presencia. El operativo se realizó en uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía de la entidad poblana, donde Govén Ulisses “N” presuntamente se encontraba acompañado por sus escoltas.

Las autoridades no han informado hasta ahora la identidad de los otros dos detenidos ni han detallado qué tipo y cantidad de armas y drogas fueron aseguradas durante el operativo.

Operativo continúa con cateos

Tras la detención, García Harfuch destacó que las acciones de investigación continúan mediante cateos en diferentes puntos.

El funcionario reconoció la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales de Puebla y Guerrero, encabezados por Alejandro Armenta y Evelyn Salgado, respectivamente.

Los cateos forman parte de las diligencias para obtener mayores elementos sobre la estructura de la célula a la que presuntamente pertenece “El Amarillo”, así como sobre sus actividades y posibles vínculos con otros integrantes del grupo criminal.

Por ahora, las autoridades no han informado el número de inmuebles que serán revisados ni si durante estas diligencias se han producido nuevos aseguramientos o detenciones.

La operación ocurre en un contexto de disputa entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas en Guerrero, particularmente en Acapulco, donde grupos vinculados con Los Rusos han sido señalados por autoridades por actividades como extorsión, narcomenudeo y homicidios.

La captura de Govén Ulisses “N” representa así un golpe contra una de las estructuras que las autoridades consideran generadoras de violencia en la entidad, aunque el alcance de la operación todavía está por determinarse debido a que los cateos permanecen activos.

El detenido y sus dos presuntos escoltas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y acreditar ante un juez las imputaciones que correspondan.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen los operativos en diferentes puntos para establecer el alcance de la estructura criminal, identificar a otros posibles integrantes y determinar si existen más inmuebles o recursos relacionados con las actividades atribuidas a la célula.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un laboratorio clandestino de producción de metanfetamina localizado en inmediaciones del poblado Los Cedritos, en Sinaloa. Según datos oficiales, la operación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante recorridos de búsqueda, localización e inhabilitación de narcolaboratorios y erradicación de plantíos ilícitos.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 750 kilos de aparente metanfetamina, entre droga terminada y sustancia en proceso de cocimiento. El hallazgo se sumó a más de una tonelada de precursores y otras sustancias químicas localizadas en la misma instalación, que quedó registrada dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado este golpe con alguna organización criminal con operación en la entidad.

El laboratorio ocupaba una superficie de 15 mil metros cuadrados

El predio donde operaba el narcolaboratorio tenía dimensiones aproximadas de 300 por 50 metros, lo que equivalía a una superficie total cercana a los 15 mil metros cuadrados. La magnitud del terreno permitió a las autoridades ubicar distintas áreas destinadas al procesamiento y almacenamiento de sustancias dentro de un mismo predio.

La localización se dio en el marco de recorridos de seguridad enfocados en la detección de instalaciones destinadas a la producción de drogas sintéticas en la entidad.

Se localizaron más de una tonelada de precursores y sustancias químicas

Además de los 750 kilos de metanfetamina, los elementos federales encontraron 15 bidones que contenían 750 litros de precursores y químicos esenciales utilizados en el proceso de fabricación. A esto se sumaron 50 costales con más de mil 200 kilos de diferentes sustancias, también aseguradas en el operativo.

El material formó parte de los insumos que, según un comunicado compartido este 2 de septiembre, habrían sido destinados a la producción de sustancias ilícitas de no mediar la intervención de las autoridades. La cantidad de precursores localizados evidenció la escala de operación que tenía el sitio.

El equipo industrial incluía un reactor de destilación con capacidad de 500 litros

En el predio se aseguró también maquinaria empleada en el proceso de elaboración de la droga: un reactor de destilación con capacidad de 500 litros, seis centrifugadoras y ocho quemadores.

También se localizaron 23 tinas de color marrón vacías, 63 tambos, 11 ollas de peltre y cinco tanques de gas de 30 kilos cada uno.

El inventario se completó con 69 bidones, 10 palas, 11 pinzas de presión, una barreta y un pico, herramientas utilizadas en las labores del laboratorio. Todo el material fue destruido en el lugar por el personal participante, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente.

La Semar señaló que la acción se enmarcó en el trabajo coordinado con instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, bajo el marco jurídico aplicable y con respeto a los derechos humanos.

La metanfetamina mexicana está llegando a Europa

El tipo de droga asegurada en el narcolaboratorio de Los Cedritos —metanfetamina terminada y en proceso de cocimiento— corresponde a la misma sustancia que circuló en el mercado europeo bajo el nombre de shaboo, según documentó el informe anual 2025 de la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia (DCSA).

El reporte oficial señala que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron de operar únicamente en la frontera entre México y Estados Unidos para convertirse en redes con presencia activa en varios continentes.

De acuerdo con el documento, ambas organizaciones instalaron laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en países como España, Países Bajos y Bélgica, donde enviaron a sus propios “cocineros” para entrenar a socios locales encargados de operar los sitios.

El informe también registró que desde puertos mexicanos del Pacífico, como Mazatlán y Manzanillo, y del Atlántico, como Veracruz, Matamoros y Tampico, salieron cargamentos con destino a Europa, a través de rutas que pasaron por África Occidental y el Sahel.

Un caso reciente evidenció otro modo. El 28 de agosto, autoridades italianas reportaron la detención de dos ciudadanos mexicanos en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma con 17.415 kilogramos de metanfetamina, ocultos en el doble fondo de sus maletas y procedentes de Monterrey, con escala en la Ciudad de México. El cargamento representó una procedencia distinta a las rutas que hasta entonces documentaba la DCSA.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) informará sobre todos los detalles de la red de huachicol fiscal en donde está implicado Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de contrabando de combustible.

“Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa de este 2 de septiembre.

Sheinbaum pide claridad en el caso de huachicol fiscal

La mandataria aseguró que la FGR presentará los detalles de las investigaciones, en un contexto en el que recientemente surgieron los nombres de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y del senador Adán Augusto, como parte de los testimonios de uno de los testigos durante la audiencia de Farías Laguna.

Enfatizó que la investigación sobre la red de contrabando de combustible, destapada por las autoridades en marzo de 2025, está a cargo de la Fiscalía General de la República y reiteró que puede brindarse la información necesaria para aclarar cómo ha ido avanzando la investigación.

“Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada”, afirmó. Sheinbaum detalló que las primeras denuncias sobre la operación ilegal partieron del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien presentó información ante la Fiscalía. Las detenciones iniciales, explicó, se realizaron bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero, y continuaron con la actual fiscal Ernestina Godoy, quien ha dado seguimiento a las carpetas de investigación.

La presidenta relató que pidió a la FGR que exponga públicamente cómo se integró la red, quiénes participaron y cuáles fueron los mecanismos mediante los cuales se frenó el contrabando de combustible, tema que —recordó— ha impactado directamente en la venta de gasolina legal.

Sobre los señalamientos a altos funcionarios, la presidenta aclaró: “Que la Fiscalía explique todo con todo detalle y, obviamente, hay temas que son parte del proceso, pero que se explique claramente cómo estas personas desarrollaron una red muy amplia de contrabando de combustible”. Insistió en que la mención de nombres como Andrés López Beltrán y Adán Augusto López en declaraciones de testigos debe ser esclarecida por la autoridad ministerial, y recalcó: “No es nada más que alguien diga o que un periódico diga o que una revista diga”.

Un análisis de riesgo y posterior revisión documental permitieron detectar un cargamento de extracto de ayahuasca procedente de Perú que intentó ingresar al país por la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el hallazgo este 1 de septiembre de 2026, en un comunicado conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La cantidad asegurada ascendió a 930 gramos de extracto de ayahuasca, sustancia que las autoridades calificaron como un riesgo para la seguridad nacional. El cargamento fue localizado en un paquete de tamaño reducido dentro de las instalaciones de la aduana capitalina.

El análisis documental y de perfiles operativos permitió identificar el envío irregular

De acuerdo con información oficial, la detección fue resultado de esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con personal de la Semar. Estas acciones, según autoridades, buscan detectar inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren revisión especializada.

El análisis de antecedentes comerciales y la validación de perfiles operativos fueron los mecanismos que, según la dependencia, fortalecieron las acciones de inspección sobre este envío en particular. Este esquema de trabajo se aplica de manera permanente en las operaciones de comercio exterior que se procesan por la aduana del AICM.

La coordinación entre personal aduanero y naval, indicó la ANAM, permite reforzar la capacidad de respuesta ante envíos con documentación irregular o incompleta.

El análisis integral de la operación permitió además robustecer los mecanismos de trazabilidad documental y de validación de perfiles comerciales aplicados a este tipo de envíos.

Un binomio canino participó en la confirmación física del cargamento

El registro fotográfico difundido por las autoridades muestra el momento en que un perro entrenado, en compañía de su manejador, señaló el paquete que contenía el extracto de ayahuasca dentro de las instalaciones de la aduana. La imagen exhibe al animal sentado frente a la caja, en actitud de alerta, mientras el manejador sostiene la correa a corta distancia del envío.

Personal especializado realizó la inspección física del paquete que permitió confirmar el contenido detectado previamente por los mecanismos de análisis documental y de riesgo. El procedimiento con apoyo canino forma parte de las herramientas operativas que utilizan la ANAM y la Semar durante la etapa de verificación física de las mercancías señaladas para revisión.

El DMT presente en la ayahuasca está clasificado como sustancia psicotrópica en México

La dimetiltriptamina (DMT), componente psicoactivo presente en la ayahuasca, aparece listada en el artículo 245, fracción I, de la Ley General de Salud, que clasifica a las sustancias psicotrópicas con valor terapéutico escaso o nulo y susceptibles de uso indebido. Esta clasificación es la que sustenta el tratamiento del extracto asegurado como una sustancia de control por parte de las autoridades mexicanas.

Según reportes, la ayahuasca se elabora a partir de la combinación de la planta Banisteriopsis caapi con otra especie vegetal que aporta la molécula de DMT, generalmente Psychotria viridis. El resultado es una decocción con efectos psicoactivos y alucinógenos que combina ambos principios activos, según describe la propia clasificación sanitaria mexicana.

La ANAM, en coordinación con la Semar y en colaboración con la SSPC, refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de inspección, la inteligencia aduanera y la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior. Las dependencias señalaron que este tipo de operativos busca contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras tres dependencias federales aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras descubrir que un contenedor en tránsito declaraba transportar “lámparas” cuando en realidad ocultaba más de 11 millones de cigarrillos. La mercancía quedó sujeta a una medida provisional por la posible afectación a derechos de propiedad industrial.

Contenedor declarado como “lámparas” ocultaba millones de cigarrillos

Durante una visita de inspección conjunta en la aduana del puerto michoacano, elementos de la Semar, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) procedieron a la apertura y desconsolidación física de un contenedor en tránsito.

Al revisar el contenido, las autoridades identificaron una discrepancia grave entre la documentación presentada y la carga real. En lugar de artículos de iluminación, el contenedor alberga más de medio millón de cajetillas de cigarros, equivalentes a 11 millones 88 mil cigarrillos.

La mercancía fue colocada de inmediato bajo una medida provisional que impide su libre circulación en territorio nacional. El procedimiento correspondiente permanece abierto para determinar la posible afectación a los derechos de propiedad industrial de las marcas involucradas.

Inteligencia aduanera, clave para detectar la irregularidad

El aseguramiento no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado conjunto de las dependencias, la detección respondió a los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico que implementa la ANAM en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Estos protocolos permiten identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieren una revisión especializada antes de que la mercancía ingrese al circuito comercial del país.

La ANAM, la Semar y las demás instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones de este tipo forman parte de su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional y contribuir al comercio exterior legal.

Dos operativos previos en agosto en la misma aduana

El hallazgo no es un caso aislado. En agosto se realizaron dos operaciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas que sumaron cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Meses antes, en enero, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Narita, Japón. Ese cargamento equivale a 954 mil 380 cajetillas, con un valor comercial superior a $70.7 millones de pesos.

El cigarro ilegal ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en México

El contexto en el que se producen estos decomisos refleja la dimensión del problema. Según la ANPEC, el mercado ilícito ya concentra 25% de los cigarros vendidos en el país, impulsado en gran medida por una brecha de precios que puede superar los 85 pesos por cajetilla.

Mientras una cajetilla de contrabando puede adquirirse desde $15 pesos, el producto legal supera los $100 pesos. La organización señala que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros es uno de los factores que ha ensanchado esa diferencia, aunque sostiene que elevar el precio de estos productos no necesariamente reduce su consumo.

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Pequeños comerciantes, bajo presión del contrabando

El avance del mercado ilegal también genera consecuencias directas para los pequeños negocios. La ANPEC alertó que grupos dedicados al contrabando recurren a amenazas y extorsiones para obligar a comerciantes a distribuir mercancía ilícita.

El 18 de agosto, en Uruapan, Michoacán, dos personas fueron detenidas tras denuncias de comerciantes que aseguraron haber sido coaccionados para comprar y vender cigarros ilegales. Durante el operativo se decomisaron 14 mil 400 cigarrillos y una libreta con nombres y direcciones de presuntas víctimas de extorsión.

Ante ese escenario, la ANPEC recordó que comercializar cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.

Elementos de la FGR, en coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa, la Semar y la SSPC, interceptaron un vehículo de carga en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa con mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina camuflados como si fueran supuestos paquetes de dulces de coco. El decomiso representa una pérdida de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El operativo tuvo lugar en Huimanguillo, municipio del estado de Tabasco, sobre una de las vías terrestres de mayor tránsito comercial del sureste mexicano. Fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dulces de coco como fachada

Los agentes ejecutaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa cuando detuvieron al conductor de un vehículo de carga. La revisión inicial no arrojó señales evidentes, pero una inspección más detallada reveló inconsistencias en el peso y las dimensiones de las cajas que supuestamente contenían dulces de coco.

Al profundizar en el registro de la unidad, los elementos encontraron que los paquetes no correspondían a lo declarado. Detrás de la presentación comercial se ocultaba un cargamento de cerca de dos toneladas de estupefacientes distribuidos en dos sustancias distintas.

El método de ocultamiento apunta a una operación planificada: el uso de un producto alimenticio de consumo popular, envasado en cajas de apariencia ordinaria, buscaba evadir los controles de inspección en carretera.

Marihuana y metanfetamina, las sustancias aseguradas

La inspección arrojó mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina, para un total cercano a las dos toneladas que el comunicado de la SSPC describió como una de las acciones del programa de fortalecimiento de seguridad en carreteras del país.

Según la dependencia, el cargamento asegurado representa una afectación económica de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de miles de dosis que no llegarán a las calles.

El detenido, a disposición del Ministerio Público

Una vez concluida la inspección, los agentes informaron al conductor sobre sus derechos de ley. El hombre, cuya identidad no fue divulgada en el comunicado oficial, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR junto con todo lo asegurado.

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido e integrará la carpeta de investigación correspondiente. El comunicado no precisó los cargos formales que podrían derivarse del caso ni el perfil del imputado.

Operativos en carreteras del sureste

La acción forma parte de una estrategia más amplia de seguridad vial e inspección en carreteras del país, impulsada por el Gabinete de Seguridad federal. La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa conecta Veracruz con Tabasco y registra un alto flujo de vehículos de carga.

La coordinación entre la FGR, a través de la AIC, y las fuerzas armadas y de seguridad —Defensa, Semar, GN y SSPC— responde al modelo de intervención conjunta que el gobierno federal ha desplegado en distintos puntos del territorio nacional para reforzar los controles en vías de comunicación terrestre.

Según el comunicado de la SSPC, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman con estas acciones su compromiso de “impedir el trasiego de drogas, detener a quienes generan violencia y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.

La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de Huimanguillo, acumula varios operativos en lo que va de 2026. El 18 de julio, la FGR decomisó 600 kilogramos de marihuana ocultos en estructuras que simulaban equipos de aire acondicionado. El 27 de julio, fuerzas coordinadas incautaron otros mil 225 kilogramos en un camión de redilas interceptado sobre la carretera Raudales de Malpaso, en el mismo municipio de Huimanguillo.

En el primer semestre del año, el Gobierno estatal reportó al menos tres operativos adicionales en la entidad, entre ellos la incautación de 254 kilogramos de cocaína en Cárdenas y 630 kilogramos de la misma sustancia en una avioneta procedente de Centroamérica, en Balancán.

Cerrar los ductos de Pemex en 2019 redujo el robo de combustible por perforación de tuberías, pero abrió la puerta al mayor esquema de huachicol fiscal de la historia de México: los cárteles trasladaron su modelo de negocio hacia los puertos y las aduanas marítimas, aprovechando la misma infraestructura de almacenamiento y distribución que ya tenían construida.

Esa es la hipótesis central que el investigador Francisco José Barnés de Castro, exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía, desarrolló en un análisis publicado en la revista Energía a Debate.

La pérdida recaudatoria acumulada entre 2019 y mediados de 2026 supera los 730 mil millones de pesos, según estimaciones de Barnés de Castro construidas con datos oficiales de tres fuentes: la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la Secretaría de Energía y el Banco de México. Solo en 2025, la evasión del IVA y el IEPS por contrabando de diésel de Estados Unidos se estima en 29 mil millones de pesos.

El volumen total de combustible ilícito que entró al país en ese periodo asciende a aproximadamente 935 millones de barriles de gasolina y diésel combinados. Solo el contrabando de diésel proveniente de Estados Unidos acumula 141.5 millones de barriles en siete años y medio, equivalentes a 22,500 millones de litros, según los datos cruzados por Barnés de Castro.

Durante el gobierno de AMLO el contrabando fue 7 veces mayor que con Peña Nieto

La comparación por sexenio es el dato más contundente del análisis. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre enero de 2007 y noviembre de 2012, México llegó a reportar más importaciones de diésel de las que Estados Unidos dice haber exportado, lo que arroja una diferencia negativa de 13.1 millones de barriles: sin contrabando detectable a gran escala.

Con Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, la diferencia entre lo que exportó Estados Unidos y lo que México registró como importación legal fue de 10.5 millones de barriles, equivalente al 2.6% del volumen exportado. Un contrabando presente pero marginal.

El quiebre ocurre con Andrés Manuel López Obrador. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, la diferencia acumulada entre exportaciones estadounidenses e importaciones legales mexicanas ascendió a 112.5 millones de barriles, el 18.9% del volumen total exportado por Estados Unidos a México en ese periodo. Es decir, casi uno de cada cinco barriles de diésel que salió de Estados Unidos con destino a México no fue registrado como tal al entrar al país.

En el actual sexenio, entre octubre de 2024 y abril de 2026, el contrabando acumula ya 29 millones de barriles, con un porcentaje que escala al 22.8% del volumen exportado, el más alto registrado. Barnés de Castro atribuye ese dato no a una expansión del esquema sino a que los operativos de la actual administración aún no han logrado cerrar del todo las rutas activas.

En 2021, el año pico

La metodología de Barnés de Castro es directa: comparar mes a mes cuánto diésel exportó Estados Unidos a México con cuánto registró México como importación legal. Cuando la diferencia es notable y sostenida, la explicación es una sola: el excedente entró declarado como otro producto.

“Si las cifras son similares o hay pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo, puedes suponer que no hay contrabando o que el contrabando es mínimo”, explicó Barnés de Castro en una entrevista con Aristegui Noticias. “Cuando la diferencia es notable entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que importa México oficialmente, está claramente una diferencia de que está entrando diésel que fue exportado de Estados Unidos como diésel y que se importó a México bajo otro rubro diferente.”

Los datos anuales muestran la progresión con precisión: en 2019 entraron 12 millones de barriles de contrabando, en 2020 subieron a 23 millones y en 2021 llegaron al pico de 35 millones de barriles. Ese año, el huachicol fiscal representó el 32.4% del diésel importado de Estados Unidos y el 25% del consumo total de diésel en el país. Pemex importó el 40%, el sector privado legal otro 30%, y el resto lo introdujo el sector privado de manera ilícita.

“Estamos hablando de más de 140 millones de barriles solo de Estados Unidos, que es lo que puedo identificar aquí”, dijo Barnés de Castro a Carmen Aristegui.

El crimen organizado no tuvo que construir nada: la red ya existía

La hipótesis de Barnés de Castro sobre el origen del disparo del huachicol fiscal tiene una lógica operativa que los datos respaldan: cuando el gobierno federal cerró y militarizó los ductos de Pemex en 2019, el robo de infraestructura cayó, pero los cárteles no desaparecieron. Tenían bodegas, pipas, rutas de distribución y contactos en gasolineras. Solo necesitaban otra fuente de combustible barato.

“¿Qué ocurrió en ese hueco donde el crimen organizado se quedó sin material de trabajo? Pues se coludió, seguramente, con las autoridades necesarias para empezar el negocio del huachicol fiscal, porque es justo esos tres años cuando se dispara”.

La coincidencia temporal es la evidencia más contundente de su argumento: los años en que cae el robo de ductos son exactamente los años en que crece el contrabando marítimo. “Cuando hay ausencia de piquetes de ductos es cuando crece de manera impresionante el huachicol fiscal”, señaló el investigador en la misma entrevista.

La infraestructura reutilizada explica además la velocidad con que el esquema escaló. Armar desde cero una red capaz de mover 35 millones de barriles al año habría tomado años. Adaptarla a partir de una ya existente, con almacenes, transportistas y distribuidores conocidos, es otra historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece identificado por Barnés de Castro como uno de los actores activos en ambas modalidades, tanto en el robo de ductos como en el huachicol fiscal posterior.

La misma estrategia que cerró los ductos transfirió el control de las aduanas marítimas a la Secretaría de Marina. Fueron precisamente mandos navales los que, según la FGR, terminaron facilitando el esquema: el excontralmirante Fernando Farías Laguna y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fueron vinculados a proceso en agosto de 2026 por encabezar la red de contrabando que operó en los puertos de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Los datos desmienten la versión de Morena sobre el origen del fenómeno

El análisis de Barnés de Castro choca de frente con la versión que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ofreció el 18 de agosto de 2026, cuando afirmó que el huachicol fiscal se originó en las políticas energéticas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Barnés de Castro lo refutó con un argumento que invierte la lógica del planteamiento: “No requieres permiso para contrabandear diésel. Todo lo contrario: estás contrabandeando para evitar usar el permiso y evitar pagar el IEPS y el IVA. El permiso te estorba. Evades usarlo e importas bajo otro producto que no requiere permiso de la Secretaría de Energía, porque lo estás declarando bajo otro nombre.”

Los números por sexenio son la refutación más directa: con Calderón no hay contrabando detectable, con Peña Nieto es marginal al 2.6%, y con López Obrador escala al 18.9%. La diferencia entre el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador, en términos de volumen de contrabando, es de 102 millones de barriles.

Las cifras de Barnés de Castro consideran únicamente el diésel proveniente de Estados Unidos. El contrabando que llega de Canadá y otros países no aparece en sus cuentas, advirtiendo que las cifras son una estimación conservadora: “Sabemos que hay una cantidad adicional de contrabando de diésel que está llegando de otras partes del mundo”.

Nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) —entre ellos personas identificadas por la Fiscalía como líderes y objetivos prioritarios— fueron detenidos durante un operativo que incluyó 14 cateos simultáneos en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los arrestados son investigados por delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

El despliegue se realizó durante la madrugada de este jueves 27 de agosto y movilizó a más de 300 elementos de corporaciones federales y estatales. Los agentes intervinieron inmuebles ubicados en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, y Santa Cruz Xoxocotlán.

La operación fue ejecutada por la FGEO en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

La Fiscalía informó que durante los cateos fueron aseguradas armas, aunque no detalló públicamente cuántas ni especificó las características del armamento localizado.

Sharon Italia Curiel, entre las nueve personas detenidas

Entre los arrestados se encuentra Sharon Italia Curiel Hernández, identificada por la Fiscalía con las iniciales S.I.C.H. y el alias “La Italia”. Curiel ocupa la secretaría general de la ASAEO.

Su detención había trascendido desde las primeras horas del operativo, pero inicialmente no había sido confirmada por el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla. La FGEO confirmó posteriormente su captura al incluirla en el listado oficial de nueve personas detenidas.

La autoridad también identificó entre los arrestados a H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; H.A.G.Q.; y E.S.M.C.

La Fiscalía señaló que entre los detenidos hay integrantes con funciones de liderazgo dentro de la organización, aunque no precisó qué papel desempeñaba cada uno ni cuáles son los hechos específicos que se les atribuyen de manera individual.

Fiscalía investiga una estructura vinculada con extorsiones

De acuerdo con la FGEO, las detenciones derivaron de un trabajo de inteligencia criminal y operativa relacionado con investigaciones por delitos considerados de alto impacto.

Entre las líneas de investigación aparecen extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso, además de los señalamientos que previamente había dado a conocer el fiscal Rodríguez Alamilla, quien también mencionó despojo y narcomenudeo.

La Fiscalía no ha informado públicamente qué casos concretos sustentan cada una de esas líneas de investigación ni ha establecido la responsabilidad individual de los nueve detenidos.

Más de 300 agentes participaron en el operativo

La dimensión del despliegue convirtió la operación en una acción coordinada entre distintas instituciones de seguridad.

Los 14 cateos fueron ejecutados de manera simultánea en diferentes puntos de la zona metropolitana de Oaxaca, mientras elementos de las corporaciones participantes establecieron los perímetros de seguridad.

La Semar y la SSPC federal participaron directamente en las diligencias, mientras que la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y C5i se incorporaron a las labores de apoyo y vigilancia.

La FGEO señaló que algunas de las personas detenidas fueron trasladadas por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de movimientos.

Entre los detenidos también se encuentra E.S.M.C., quien actualmente se desempeña como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal, de acuerdo con la Fiscalía.

La ASAEO queda bajo investigación por varios delitos

El operativo coloca bajo investigación a dirigentes de una organización sindical con presencia en Oaxaca, pero la Fiscalía no ha señalado que todos sus integrantes estén relacionados con las conductas investigadas.

La FGEO informó que las indagatorias continúan y que los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La operación representa un nuevo frente de las autoridades estatales y federales contra estructuras señaladas por actividades de extorsión y otros delitos de alto impacto en Oaxaca.

Por ahora, la información oficial confirma nueve detenidos, 14 cateos y el aseguramiento de armas, además de la participación de más de 300 elementos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y la responsabilidad que correspondería a cada uno de los arrestados.

En el municipio de Colima autoridades estatales y federales detuvieron a Francisco “N” y Herendira “N”, señalados como presuntos operadores del Cártel Independiente de Colima conocido como Los Mezcales. Durante los despliegues, se aseguraron más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina, de acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Las detenciones ocurrieron en acciones distintas derivadas de labores de inteligencia y de coordinación interinstitucional. Según el informe oficial, los dos arrestos se realizaron en la capital del estado como parte de operativos orientados a frenar actividades de distribución de droga en la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Marina (Semar) participaron en los operativos. Las autoridades identificaron a Francisco “N” con los alias de “El Amarillo” y/o “El Cobra”, mientras que Herendira “N” fue ubicada con los alias de “Adelita” y/o “Abril”; ambos fueron relacionados con la estructura operativa del grupo delictivo.

Durante las intervenciones, el personal de seguridad localizó y aseguró una sustancia “blanca y granulada” con características de metanfetaminas. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis y para integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes, conforme avanzaron las diligencias.

Las dos personas detenidas también fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial, que continuó con las investigaciones y quedó a cargo de determinar su situación jurídica conforme a derecho. El reporte oficial no detalló el punto exacto de los aseguramientos ni si se decomisaron otros objetos durante las acciones.

La Mesa de Coordinación Estatal indicó que mantuvo la estrategia de operativos para reducir la capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales, tanto en la capital como en los distintos municipios del estado. En el comunicado, las instituciones participantes señalaron que la coordinación entre corporaciones formó parte de un esquema de actuación conjunta en materia de seguridad.

El informe recordó que, en términos del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presumió inocente y fue tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no existió una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determinara su responsabilidad.

• Fueron detenidos Francisco “N” y Herendira “N” en acciones distintas en el municipio de Colima.
• Se aseguraron más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina.
• Participaron la SSPC de Colima y la Semar; el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Quién es “El Abulón” y cómo llegó a ser el segundo al mando de Los Mezcales, exsocios del CJNG

Carlos Miguel ‘N’, alias “El Abulón”, es el presunto segundo al mando de Los Mezcales, una organización criminal activa en la capital de Colima y al menos cuatro municipios de esa entidad. Las autoridades lo identifican como un generador de violencia de alta relevancia.

Su historial delictivo motivó un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. El arresto ocurrió en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, al norte de Oaxaca de Juárez, luego de acciones coordinadas de inteligencia.

El detenido acumula al menos cuatro alias adicionales: El Coco, El Pena, La Iguana y El León. Los registros de inteligencia del Gobierno de México lo ubican en una posición de mando dentro de la estructura de Los Mezcales.

‘El Abulón’ dentro de Los Mezcales: de sicario a segundo al mando

Carlos Miguel ‘N’ comenzó su trayectoria delictiva como sicario y operador logístico en Colima y Villa de Álvarez, sí lo documentaron informes militares citados en 2022.

En aquel periodo, las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de un familiar de José Bernabé ‘N’, alias La Vaca. La Vaca es el fundador de Los Mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima.

Los Mezcales surgieron con un propósito territorial específico: desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del control en Colima. La organización es, por tanto, una estructura criminal rival del CJNG, no una célula subordinada a ese cartel.

Un operativo contra el huachicol en Tamaulipas derivó en un golpe estimado en 33 millones 955 mil 145.89 pesos a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo-Los Rojos, luego del cateo de cinco inmuebles en Tampico y Altamira, donde fueron asegurados combustible, vehículos, equipo para su almacenamiento, armas y otros bienes.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales, como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

En cuatro de los inmuebles fueron localizados aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques, bombas de presión, tanques reactores, depósitos de almacenamiento, una motobomba y mangueras.

También fueron aseguradas dos armas de fuego y cartuchos, además de equipos de comunicación y otros objetos relacionados con las actividades investigadas.

El aseguramiento de estos bienes, junto con los demás efectos encontrados durante los cateos, fue valuado de manera preliminar en 33.9 millones de pesos, monto con el que las autoridades estimaron una afectación a la capacidad operativa y financiera de la facción del Cártel del Golfo conocida como Los Rojos.

Uno de los cinco inmuebles correspondía a un rancho en el que fueron encontrados 135 animales exóticos. Entre los ejemplares había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos, además de bisontes, búfalos, un camello y tortugas sulcata.

El hallazgo de fauna quedó bajo una investigación distinta en materia ambiental. Al menos 35 ejemplares fueron identificados como especies en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que otros se encuentran regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Una persona fue detenida durante el operativo y quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Los cinco inmuebles fueron asegurados y permanecieron bajo vigilancia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La intervención ocurrió en Tampico y Altamira, municipios del sur de Tamaulipas donde se ha documentado la presencia de Los Rojos, una de las facciones que integran actualmente al Cártel del Golfo.

¿Quiénes son Los Rojos del Cártel del Golfo?

El Cártel del Golfo se encuentra actualmente fragmentado en distintas facciones que mantienen estructuras y áreas de influencia propias en Tamaulipas. De acuerdo con el análisis actualizado de InSight Crime, entre ellas se encuentran Los Rojos, Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Metros y Los Panteras.

La organización conserva su principal zona de actividad en Tamaulipas, aunque su estructura actual es distinta a la de años anteriores debido a la división entre grupos que compiten por el control territorial y de distintas economías criminales.

InSight Crime señala que las facciones del CDG participan en actividades como tráfico de drogas, armas y migrantes, además de extorsiones.

Dentro de esta estructura fragmentada, Los Rojos mantienen presencia en el sur de Tamaulipas.

Insight Crime los ubicó particularmente en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, precisamente la zona donde se desarrollaron los cateos.

La presencia de la facción en esa región también quedó expuesta con la detención, en febrero de 2026, de un presunto integrante identificado como Serapio “N”, alias “El Sapo” o “R-105”, señalado por autoridades como generador de violencia en Tamaulipas.

InSight Crime advierte que la fragmentación del Cártel del Golfo dificulta identificar una estructura de mando única. Los Rojos operan como una facción con liderazgo y control territorial propios, dentro de una organización que mantiene disputas internas y enfrenta además la presión de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La importancia del operativo radica así no sólo en el volumen de combustible asegurado, sino en el valor económico atribuido al conjunto de bienes intervenidos. Los 33.9 millones de pesos representan, de acuerdo con la información obtenida, una afectación directa a recursos e infraestructura asociados con Los Rojos en una de las zonas donde la facción mantiene presencia documentada.

La Armada de México separó de sus filas a Fernando Farías Laguna con carácter definitivo, una decisión que le arrebata el grado de contralmirante y extingue todos los derechos que acumuló durante su carrera naval. La Semar tomó esa determinación en abril de 2026, antes incluso de que las autoridades argentinas lo localizaran en Buenos Aires, Argentina.

Para cuando Farías Laguna fue capturado el 23 de abril, ya no tenía vínculo institucional con la Marina, encabezada actualmente por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y carecía de toda autoridad para presentarse como representante de la institución, de acuerdo con declaraciones de fuentes con conocimiento del caso a El Universal.

¿Qué pierde Fernando Farías Laguna?

Dentro de la jerarquía militar, este tipo de resolución administrativa figura entre las medidas disciplinarias de mayor peso que puede recibir un elemento de las Fuerzas Armadas. No se trata de una suspensión ni de una licencia: la baja definitiva cierra de forma permanente la relación entre el militar y la institución.

Las consecuencias son inmediatas. Farías Laguna no puede portar el uniforme naval, no tiene acceso a los beneficios del fuero militar y pierde los reconocimientos asociados al grado de contralmirante que alcanzó tras años de servicio en el Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, donde ocupó cargos de administración, inspección e inteligencia naval.

La medida es independiente del proceso penal que enfrenta ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos procedimientos —el administrativo y el judicial— corren en paralelo sin que uno condicione al otro.

Audiencia de Farías Laguna continuará este jueves

Este miércoles 26 de agosto se reanudó la audiencia inicial de la causa penal 325/2025. La diligencia arrancó a las 11 de la mañana, dos horas después de lo previsto, y se desarrolló a puerta cerrada por videoconferencia, sin acceso de público ni prensa. La FGR argumentó razones de seguridad nacional para mantener la reserva.

El equipo jurídico de Epigmenio Mendieta, que encabeza la defensa, ocupó las primeras cuatro horas y media de la audiencia en presentar peritajes y actos de investigación orientados a desvirtuar alrededor de 100 datos de prueba que el Ministerio Público Federal reunió para sostener la acusación. Mendieta confirmó al salir del recinto que Farías Laguna declaró durante la sesión, pero se negó a revelar el contenido por el carácter privado de la diligencia.

La defensa argumenta que los elementos de la FGR no acreditan que Farías Laguna haya encabezado una organización criminal, y sostiene que el excontralmirante nunca tuvo adscripción en las aduanas marítimas señaladas en la carpeta de investigación.

Mendieta también informó que su cliente atraviesa problemas de salud: ha registrado “situaciones de hipertensión” en los últimos días por falta de medicamentos y mala alimentación.

La jueza Ramírez de la Vega tiene programado emitir su resolución el jueves 27 de agosto a las 8 de la mañana, cuando determinará si existen elementos suficientes para vincular a Farías Laguna a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

“Los Primos”: la red que operó desde los puertos de Tampico y Ensenada

Fernando y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna son identificados en documentos de inteligencia y carpetas de investigación bajo el apodo de “Los Primos”. Testimonios integrados al expediente los señalan como los artífices de una estructura de corrupción que aprovechó el control que la Marina ejerció sobre las aduanas e instalaciones portuarias del país durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina en ese periodo. La FGR sostiene que desde esa posición tejieron una red de funcionarios que permitió introducir combustible de contrabando declarándolo como aceites o aditivos, con lo que la organización evadía el pago de impuestos.

El esquema quedó al descubierto en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 10 millones de litros de hidrocarburo.

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de ese año y permanece en el Altiplano. Fernando llegó al mismo penal el 21 de agosto de 2026, tras ser deportado desde Argentina, donde había ingresado con un pasaporte guatemalteco apócrifo bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos.

Los cargos que enfrentan incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas previstas van de 20 a 40 años de prisión.

El gobierno de Hidalgo rechazó que la detención de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, en el marco de un megaoperativo del Gabinete de Seguridad, sea prueba de que esa organización criminal opera en el estado.

El gobernador Julio Menchaca Salazar y el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, lo sostuvieron en momentos distintos luego de que se dio a conocer el operativo, que incluyó acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán entre el 21 y el 23 de agosto de 2026.

Durante los cateos, el Gabinete de Seguridad aseguró 10 armas de fuego, diversas dosis de fentanilo, metanfetamina y marihuana, 113 vehículos, dinero en efectivo, joyería, equipo de comunicación, un dron, un inhibidor de drones y fauna silvestre en condiciones inadecuadas de cuidado, aunque no se especificó en cuál de los tres estados fue decomisado cada ilícito.

Menchaca: Hidalgo pudo ser solo lugar de residencia, no de operación

El gobernador Menchaca Salazar declaró el pasado 24 de agosto que las detenciones no permiten concluir por sí solas que el CJNG mantenga operaciones criminales en Hidalgo. Dijo que no se puede determinar si los detenidos operaban en la entidad o si la usaban únicamente como lugar de residencia, dadas las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado.

El mandatario indicó que el gobierno estatal tuvo conocimiento previo de los operativos y que participó cuando fue requerido. Señaló que los detalles de las capturas corresponde proporcionarlos a las autoridades federales, dado que fueron ellas quienes condujeron las investigaciones de inteligencia.

Además, Menchaca evitó vincular los operativos con presiones del gobierno de Estados Unidos y subrayó que tanto la Federación como el estado mantienen acciones permanentes contra las organizaciones delictivas.

“No hemos confirmado que pertenezcan a uno en específico”: SSPH

El secretario Cruz Neri fue más explícito este 26 de agosto. En declaraciones a la prensa luego de la inauguración del nuevo Cuartel policial en el estado, señaló de que no puede precisar si el CJNG tiene presencia en Hidalgo, debido a que los presuntos criminales dicen que son de uno u otro grupo, pero no se ha podido confirmado que pertenezcan a uno en específico.

Además, declaró que en ocasiones llegan de otros estados a delinquir a Hidalgo. El titular de la SSPH recordó que en un operativo reciente, fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas con seis armas largas, seis cortas, chalecos y poncha llantas. “No tenemos datos precisos a qué grupo pertenezcan, pero vienen de otros estados, vienen a trabajar a Hidalgo”, sentenció.

Cruz Neri aseguró que la secretaría lleva a cabo operativos constantes y patrullajes en los municipios, y pidió a la ciudadanía usar la plataforma C5 para denunciar puntos de venta de droga.

El operativo federal: 36 inmuebles, 113 vehículos y fauna silvestre asegurada

El Gabinete de Seguridad detalló en un comunicado conjunto que las acciones se desplegaron del 21 al 23 de agosto con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC. Se ejecutaron acciones simultáneas en 36 inmuebles en los tres estados.

El secretario Omar García Harfuch informó en su cuenta de X que entre los objetos asegurados había tigres, panteras y otras aves y animales con cuidado inadecuado, además de los 113 vehículos, armas y droga. Los 20 detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para determinar su situación jurídica.

El comunicado de la SSPC fue claro al mencionar que se trataría de integrantes ligados al CJNG, algo que las autoridades locales no confirman.

Además, subrayó que el objetivo del Gabinete de Seguridad no es únicamente detener integrantes del cártel jalisciense, sino “disminuir de manera sostenida sus capacidades operativas, logísticas y financieras”.

Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, reconoció el operativo que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Champotón, Campeche. Desde su cuenta oficial en ‘X’, publicó:

“Reconocemos la importante labor y coordinación de la SEMAR y FGR (...) que permitió la detención de seis personas y el aseguramiento de una avioneta, hidrocarburo, armas, vehículos y numerario”, expresó Sansores.

De acuerdo con la mandataria estatal, ambas instituciones trabajan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Campeche, “donde sumamos esfuerzos y trabajamos de manera coordinada para combatir la delincuencia y proteger la seguridad de nuestra gente”. Reafirmó que en el estado “no hay espacio para la impunidad (...) Nuestro reconocimiento a quienes trabajan todos los días por la paz y la tranquilidad de las familias campechanas”.

Aseguran 9,912 litros de hidrocarburo y 61 vehículos en operativo en Champotón

El pasado sábado 22 de agosto, la FGR y la Semar, aseguraron en Champotón una avioneta, 5 mil 912 litros de combustible, armas, dinero en efectivo y 61 vehículos durante un cateo en un rancho ubicado dentro de la comunidad de El Cerrito, en Campeche, donde también se detuvieron a seis personas en una investigación por probable manejo y traslado ilegal de hidrocarburos iniciada en abril de 2026.

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron 5,912 litros de hidrocarburo y 3 mil litros de gas avión. También aseguraron dos tanques con gas LP, una avioneta y documentación diversa, de acuerdo con la Fiscalía.

El operativo se realizó con autorización de un juez de Control. La diligencia derivó de una carpeta abierta tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada de Control Regional en Campeche, donde se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se trasladaban hidrocarburos de forma irregular desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

El cateo dejó seis detenidos, armas y 61 vehículos bajo resguardo federal

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: en el rancho cateado fueron detenidas seis personas y todo lo localizado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, que definirá la situación jurídica de los asegurados dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Según la FGR, los detenidos fueron identificados como José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42, Luis Andrés Chi Buenfil de 53, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49.

El aseguramiento también incluyó 61 vehículos terrestres. A eso se sumaron $777,750 en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como indicios de la investigación.

En materia de armamento, la Fiscalía informó el aseguramiento de cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de distintos calibres. En el lugar había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

El inmueble también quedó asegurado mientras continúan las indagatorias para establecer el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades bajo investigación. La Fiscalía señaló que los hechos podrían constituir delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de otros que resulten de la investigación.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que las pesquisas siguen para determinar si los detenidos estarían vinculados con el traslado irregular de combustibles denunciado y con el resto de los indicios localizados en el rancho de Campeche. También precisó que las seis personas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

La tarde de este sábado 22 de agosto la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega dictó prisión preventiva contra Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar junto con su hermano una red de huachicol fiscal en puertos del país conocida como “Los Primos”.

La resolución llegó luego de casi 18 horas de audiencia inicial celebrada de forma virtual y a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación. La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva oficiosa, la más restrictiva dentro del sistema penal acusatorio mexicano y que no admite sustitución por otra medida.

La situación jurídica de Fernando Farías Laguna no quedó resuelta de forma definitiva este sábado. El despacho Mendieta y Asociados, que representa al exmando naval, solicitó la duplicidad del término constitucional. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana cuando la jueza Ramírez De la Vega determine si lo vincula a proceso por los cargos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

Farías Laguna llegó desde Argentina pasadas las 3 de la madrugada del viernes 21 de agosto a bordo de un avión de la Marina que hizo escala en Cali, Colombia, para recargar combustible. Fue certificado médicamente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) antes de ser trasladado al Altiplano.

Audiencia de Farías Laguna se celebró a puerta cerrada y de forma virtual

La FGR fue quien solicitó que la diligencia se celebrara sin presencia de medios de comunicación y la jueza Ramírez De la Vega aceptó la solicitud.

La audiencia se desarrolló de forma remota, con la jueza, la FGR y la parte defensora conectadas mediante videollamada, según confirmaron fuentes consultadas por Infobae México.

La defensa había anticipado ese escenario en su tarjeta informativa emitida horas antes desde Almoloya de Juárez. Argumentó que el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la publicidad es la regla y que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada. “La publicidad es la regla; la puerta cerrada, la excepción”, señaló el comunicado.

La defensa también recordó que la propia FGR había hecho público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención y los traslados. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, indicó.

Mónica Gámez Villalba, esposa del excontralmirante, también había exigido en entrevista con MVS Noticias que la audiencia fuera abierta y afirmó tras preguntas del medio que, de lo contrario, haría públicas las pruebas que tiene en su poder.

Según reportes, la FGR cerró su participación en esta primera etapa de la audiencia, que sufrió varios retrasos a lo largo de la noche. El miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana será el turno de la defensa.

La FGR reveló el esquema de la red de huachicol fiscal que operó en cinco estados

La organización presuntamente operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó el esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025 con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La afectación económica a la organización, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Las autoridades aseguraron además 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. La investigación arrancó en 2024, cuando el entonces titular de la Semar compartió a la fiscalía los primeros indicios de las operaciones de la red.

Con la llegada de Farías Laguna a México, suman 16 personas detenidas vinculadas al esquema, 12 de ellas exservidores públicos.

Fernando Farías Laguna no es el único mando naval preso en el Altiplano por este caso. Su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el mismo penal desde septiembre de 2025, cuando la red “Los Primos” recibió el primer golpe por parte del Gabinete de Seguridad.

La Semar se deslindó de Farías Laguna con el lenguaje de su propio lema institucional

En un mensaje publicado en redes sociales el jueves 20 de agosto, la Semar trazó una línea entre la institución y el excontralmirante. “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló. Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos remiten directamente a los pilares del lema institucional de la Armada.

El pronunciamiento recordó que ese compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025”, fecha que remite al día 7 de ese mes, cuando el Gabinete de Seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. En esa misma conferencia, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles fijó su postura: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025, Morales Ángeles fue más lejos. Desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año, reconoció públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

México rescató a 16 migrantes cubanos que permanecían a la deriva en el mar después de que se perdiera contacto con la embarcación en la que viajaban desde la semana pasada, informó este jueves 20 de agosto de 2026 una fuente de la Secretaría de Marina (Semar).

Entre los migrantes se encuentran 12 adultos y cuatro menores de edad, quienes fueron localizados cerca de la Novena Zona Naval, en la península de Yucatán, uno de los puntos del territorio mexicano más cercanos a Cuba.

La embarcación había salido el pasado 11 de agosto desde la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, con rumbo hacia el exterior de la isla. Durante varios días no se tuvo información sobre el paradero de sus ocupantes, lo que generó preocupación entre familiares y organizaciones que siguen los movimientos migratorios desde Cuba.

Inicialmente, medios cubanos y estadounidenses habían reportado que 19 personas viajaban en la embarcación; sin embargo, el último balance proporcionado por la Marina estableció que fueron 16 los migrantes encontrados y rescatados.

Marina despliega embarcación para localizarlos

Ante el reporte de la embarcación desaparecida, la Secretaría de Marina desplegó recursos de búsqueda y rescate en aguas cercanas a la península de Yucatán.

La institución ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, utilizada para operaciones de búsqueda y rescate debido a su capacidad para desplazarse a gran velocidad.

Finalmente, los migrantes fueron ubicados en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras ser encontrados, elementos de la Marina los auxiliaron y les proporcionaron atención médica para conocer su estado de salud después de varios días en el mar.

Posteriormente, los 16 cubanos serían puestos a disposición de la autoridad migratoria, que deberá determinar su situación conforme a las leyes mexicanas.

La fuente de la Marina confirmó que los migrantes ya habían sido recuperados y que eran trasladados hacia las instalaciones navales correspondientes.

El rescate puso fin a varios días de incertidumbre para las familias de los pasajeros, quienes desconocían dónde se encontraban sus seres queridos desde que salieron de Cuba.

La embarcación tenía poco combustible

Uno de los familiares había advertido previamente sobre las condiciones en las que viajaban los migrantes.

Un hombre residente en México, cuyos hijos se encontraban a bordo de la embarcación, declaró a Univisión que la lancha contaba con poco combustible, lo que incrementaba el riesgo de que quedara varada o a la deriva en aguas abiertas.

La situación es particularmente peligrosa para los migrantes cubanos que intentan abandonar la isla en embarcaciones pequeñas y, en algunos casos, improvisadas.

Estos viajes pueden prolongarse durante varios días y exponen a sus ocupantes a naufragios, deshidratación, falta de alimentos, desapariciones y condiciones meteorológicas adversas.

La proximidad entre Cuba y la península de Yucatán ha convertido a las aguas del Caribe en una de las rutas utilizadas por personas que buscan abandonar la isla.

Crece la salida de cubanos por la crisis

El rescate ocurre en un contexto de creciente presión económica y energética en Cuba, que ha provocado que cientos de personas busquen alternativas para salir del país.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible hacia la isla, de acuerdo con el reporte, lo que agravó una crisis energética que ya provocaba apagones prolongados.

Los cortes de electricidad han afectado de manera significativa la vida cotidiana de los habitantes de Cuba, un país con aproximadamente 9.4 millones de personas.

Ante esta situación, algunos cubanos han optado por abandonar el territorio mediante embarcaciones pequeñas, pese a los riesgos que implica realizar una travesía marítima sin condiciones adecuadas de seguridad.

El caso de los 16 migrantes rescatados por México refleja nuevamente los peligros de esta ruta. Tras permanecer varios días sin comunicación y con combustible limitado, 12 adultos y cuatro menores fueron encontrados con vida por autoridades mexicanas, recibieron atención médica y quedaron bajo responsabilidad de las autoridades migratorias.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

Mónica Gámez Villalba, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, exigió este viernes 21 de agosto que la audiencia inicial de su esposo fuera pública, horas después de que el exmando naval llegara deportado desde Argentina y fuera trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La comparecencia está programada para este día a las 5:30 de la tarde y, según declaraciones de Gámez, se estima que tenga una duración de entre 10 y 12 horas.

En entrevista con la periodista Pamela Cerdeira en MVS Noticias, Gámez Villalba dijo que el abogado de la defensa había solicitado que el procedimiento fuera abierto. “Quisiera todo público para darle seguimiento públicamente, para que vea todo México que no tenemos nada que esconder y que, si nos están acusando de algo, que lo demuestren”, declaró.

Afirmó que, si la audiencia se cerraba y la información seguía reservada, estaba dispuesta a hacer públicas las pruebas que tiene en su poder.

Esposa de Fernando Farías afirmó que él no estuvo en Tampico

Gámez Villalba rechazó los cargos contra su esposo y su cuñado el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra recluido en el Altiplano por el mismo delito. Afirmó que ninguno de los dos estuvo adscrito en aduanas ni visitó Tampico, ni ninguno de los puertos donde la FGR documentó el esquema de huachicol fiscal.

“Ni mi esposo ni mi cuñado pisaron Tampico, ni han pisado Texas, ni han pisado ninguno de los lugares donde se hizo la mayor red de contrabando”, declaró.

Sostuvo que los acusan por ser sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y que esa relación familiar los convirtió en la coartada para encubrir a los verdaderos responsables. Dijo que el exfuncionario les negó ayuda de forma directa cuando lo buscaron. “No los puedo ayudar”, habría respondido, según Gámez Villalba.

También señaló que en la Secretaría de Marina (Semar) “siempre ha habido mucha venganza” y que lo que ocurre con su esposo y su cuñado nunca se había visto. Dijo que aun así no los van a destruir como familia. “La verdad siempre sale a la luz”, afirmó.

Esposa del exmarino aseguró que Estados Unidos tiene pruebas de su inocencia

En la misma entrevista con MVS Noticias, Gámez Villalba aseguró que el gobierno de Estados Unidos sabe que Fernando Farías es inocente, y que esa postura se evidencia en que las autoridades de ese país no lo reclamaron para sí.

“¿Por qué no lo quiere Estados Unidos?“, preguntó, y posteriormente afirmó que es porque saben que Fernando Farías es inocente. Dijo además que él puede aportar información de valor para las autoridades estadounidenses, aunque aclaró que prefirió no profundizar en ese punto para no afectar el proceso legal.

Gámez Villalba añadió que la red de huachicol tiene vínculos con Estados Unidos y que ese país no protegería a alguien que formara parte de ella. Además, declaró que ya le confirmaron que EEUU tiene pruebas de la inocencia de su esposo.

Gámez Villalba le pidió a Ernestina Godoy que diera la cara con la verdad

Gámez Villalba lanzó un mensaje directo a la fiscal general Ernestina Godoy al cierre de la entrevista con MVS Noticias. Le pidió que diera la cara “con la verdad” y le advirtió que no lograría destruir a su familia. “Ahorita es muy fácil que te armen una carpeta. A mí mañana me pueden armar una carpeta porque les estorbo”, dijo.

Le preguntó a Godoy si era mamá y le pidió que se pusiera en su lugar. Cuestionó que en México ya no prevaleciera la presunción de inocencia. “Ahorita siento que estamos en una sociedad muy caída en la impunidad, ya no prevalece la presunción de inocencia”, declaró.

Defendió la trayectoria de su esposo como marino de tercera generación, con maestrías y condecoraciones obtenidas por méritos propios, no por su vínculo con el exsecretario. “Los logros y méritos que tienen no son por su ex tío, son por ellos, porque tienen primeros y segundos lugares”, señaló.

La defensa invocó el artículo 20 constitucional para exigir la audiencia abierta

En una tarjeta informativa emitida desde Almoloya de Juárez, la defensa confirmó que ya tuvo comunicación con Farías Laguna desde el momento en que aterrizó en México y que aguardaba la notificación formal de la audiencia. Solicitó que el procedimiento fuera público con base en el principio de publicidad que rige el sistema penal acusatorio.

La defensa citó el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que la publicidad es la regla y que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada. Argumentó que la propia FGR hizo público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención y los traslados. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el comunicado.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna está programada para las 17:30 horas de este viernes 21 de agosto y quedó a cargo de la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega, con sede en Almoloya de Juárez.

Cabe señalar que es la misma jueza preside el proceso contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien también se encuentra recluido en el Altiplano acusado de encabezar una red de huachicol fiscal ferroviaria que evadió más de 4 mil millones de pesos en impuestos con operaciones documentadas a través de 162 carros tanque y 4 mil 238 importaciones irregulares entre enero y julio de 2025.

Las fotografías, distribuidas con marcas de agua institucionales de la FGR, muestran a Farías Lagunas con barba oscura, sudadera verde claro y pantalón beige.

Qué muestran las imágenes del operativo

La primera fotografía fue tomada de noche en la pista aérea del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. El detenido avanza escoltado por cuatro agentes: dos a su izquierda, con uniforme táctico negro completo y credencial visible al cuello, y dos a su derecha con ropa de civil oscura.

Uno de los agentes del lado derecho porta un chaleco con las siglas “FFA” en letras amarillas. Al fondo se distingue un vehículo oficial con luces de emergencia azules encendidas y una matrícula con los dígitos parciales “109”.

La segunda imagen fue captada en un espacio interior de fondo claro. En ella, el detenido avanza con la cabeza ligeramente inclinada, flanqueado por dos agentes. El que aparece a su derecha viste un chaleco azul con las siglas “PFA”, Policía Federal Argentina, en letras amarillas, dato que confirma la participación de esa institución en el operativo y la cooperación binacional entre México y Argentina.

Deportación, no extradición

El traslado se concretó como deportación bajo custodia de la Interpol, no como extradición formal. El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna, señaló que no recibió notificación alguna, dado que el juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Argentina.

Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó este jueves el resolutorio que archivó el proceso de extradición formal al recibir el desistimiento del Estado mexicano. El documento ordenó archivar las actuaciones “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.

La red “Los Primos” y los cargos

Farías Laguna es acusado de encabezar, junto a su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, que operó en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico.

La organización permitía el desembarque de combustibles declarados como otras mercancías para evadir el pago de impuestos. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

El excontralmirante fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, adonde había ingresado bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo, y contaba con una ficha roja de la Interpol.

Sheinbaum, la esposa y el destino final

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el traslado desde su conferencia del 18 de agosto, aunque sin precisar fecha ni mecanismo, y solicitó a la FGR y a la SRE que informaran los detalles.

Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, difundió un video el 19 de agosto en el que pidió a Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que garantizaran la integridad de su esposo durante el traslado y a su llegada al país.

El destino final de Farías Laguna sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde su hermano Manuel Roberto ya se encuentra recluido por el mismo delito.

En un operativo de seguimiento y vigilancia derivado de trabajos de inteligencia interinstitucional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) detuvieron a José Alfredo “N”, alias “El Pirul”, identificado como presunto sicario e integrante del Cártel de los Los Mezcales, también conocido en la región como el Cártel Independiente de Colima.

Según reportes oficiales, la captura se concretó en el municipio de Colima, tras establecer la posible ubicación del objetivo. “El Pirul” contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, mandamiento que justificó la aprehensión.

Tras confirmar plenamente su identidad y descartar que se tratara de un homónimo, los agentes ejecutaron el mandato judicial, le informaron el motivo de su detención y le notificaron la orden judicial existente en su contra, además de realizarle la lectura de derechos.

Este mismo 20 de agosto fue confirmado que bajo estrictas medidas de seguridad, “El Pirul” fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, donde quedó a disposición del juez de control que lo requería.

La detención se suma a una cadena de golpes contra el Cártel de Los Mezcales

La captura de “El Pirul” no es hecho aislado. Las autoridades colimenses acumulan una serie de arrestos contra la organización en meses previos, lo cual ha desmantelando su estructura operativa.

El 13 de mayo, la Semar, la SSPC federal y la SSPC estatal ejecutaron el operativo “Goya” y detuvieron a José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios del Cártel de Los Mezcales.

Semanas después, el 8 de junio, cayeron Francisco Javier “N”, alias “El Blanco”, señalado como coordinador de una célula de sicarios, y Héctor Miguel “N”, encargado de logística y comunicación con integrantes del grupo en otras entidades. Ambos tenían órdenes de captura por feminicidio en grado de tentativa derivado de hechos en Yucatán. Según reportes previos de este medio, “El Blanco” habría ganado relevancia al interior de la organización precisamente tras la caída de “Billyboy”.

Además, el pasado 11 de junio se concretó el arresto de José de Jesús “N”, alias “El Chuy Roñas” o “El Venado”, de 30 años, también integrante del Cártel Los Mezcales. Contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y fue señalado además por delitos contra la salud.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, organismo que agrupa instituciones de los tres órdenes de gobierno, coordinó los operativos en todos los casos.

El Cártel de los Mezcales se separó del CJNG y ahora opera con Los Mayos

Según reportes, la organización tiene su origen como célula subordinada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la ruptura con el cártel ahora encabezado por Juan Carlos Valencia, alias “El 03″, ocurrió a principios de 2022, cuando sus líderes desconocieron la autoridad de las cuatro letras y buscaron autonomía en sus operaciones.

Los detonadores presuntamente fueron desacuerdos por el reparto de ganancias, el control de rutas para el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones, además de un clima de desconfianza desde la estructura del CJNG hacia operadores locales.

Desde esa fractura, El Cártel de Los Mezcales concentró sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y disputas territoriales en municipios costeros y conurbados del estado. El conflicto con el CJNG detonó una ola de violencia que posicionó a Colima como la ciudad más violenta del mundo en 2023.

El panorama se hizo más complejo el 20 de enero de 2026, cuando Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, desplegó mantas en Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar públicamente su respaldo al Cártel de Los Mezcales. Uno de los mensajes leía: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”.

Tras la captura de “El Pirul” la Mesa de Coordinación Estatal indicó que los operativos continuarán con el objetivo de reducir la capacidad logística de las organizaciones criminales tanto en la capital del estado como en cada uno de los municipios de Colima.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reveló este jueves 20 de agosto los detalles del esquema de operación de la red de huachicol fiscal marítimo presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

El mensaje llegó luego de confirmarse que el exmando naval Fernando Farías Laguna fue deportado de Argentina y entregado a autoridades mexicanas, para ser trasladado y que pueda enfrentar los cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que le imputan.

Según datos revelador por Godoy Ramos, la afectación económica a la organización criminal, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Además, en las acciones contra la red se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. Con Fernando Farías Laguna en manos de autoridades mexicanas suman 16 personas detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos.

Además, la fiscal reafirmó que el esquema criminal comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando almirante secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles compartió a Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red delictiva.

Buques tanque declaraban hidrocarburo como aceites para evadir impuestos

La organización, según Godoy, operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos. Con esa maniobra evadían el pago de impuestos.

Además, la fiscal afirmó que agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó la operación de este esquema en cinco estados:

• Tamaulipas
• Baja California
• Colima
• Sonora
• Ciudad de México

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas.

Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La fiscal informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el modus operandi de la red y obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, revisiones falsas y adulteración en registros de volumen. Con esa base, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo múltiples órdenes de aprehensión, entre ellas la de Fernando Farías Laguna.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución.

Este 20 de agosto la FGR compartió una fotografía con las 16 personas detenidas por presuntos vínculos con el esquema criminal, sin revelar sus identidades. Una consulta de Infobae México a la conferencia del Gabinete de Seguridad del 7 de septiembre de 2025 -cuando fue destapado el esquema- permitió identificar los nombres de los primeros 14 detenidos:

• Manuel Roberto Farías Laguna
• Clímaco “N”
• Humberto Enrique “N”
• Sergio “N”
• Carlos de Jesús “N”
• Fernando Ernesto “N”
• Francisco Javier “N”
• Endira Xóchitl “N”
• Perla Elizabeth “N”
• Ana Natalia “N”
• Ismael “N”
• Anuar “N”
• Héctor Manuel “N”
• José “N”

El decimoquinto es Fernando Farías Laguna, trasladado a México este 20 de agosto. La identidad del decimosexto detenido no aparece en reportes oficiales.

Godoy: Fernando Farías Laguna ingresará al Altiplano a disposición del juez que lo requiere

La fiscal también se refirió al operativo coordinado para traer a Fernando Farías Laguna de regreso a territorio mexicano. Según datos revelados, el traslado fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR, la Semar, la SSPC y la SRE, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y de Argentina. En el caso concreto de EEUU, no se sabe hasta el momento cuál fue la participación que tuvo.

El hombre señalado como presunto líder de la red criminal conocida como “Los Primos” está siendo trasladado en este momento en una aeronave de la Semar. Se espera que el jet realice una escala y luego parta con destino final a la Ciudad de México.

Una vez en territorio nacional, Fernando Farías será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, a disposición del juez de control que lo requirió. En ese mismo penal se encuentra preso su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna.

Godoy informó que ha instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y profundidad, y que seguirá informando al pueblo de México sobre los avances en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo.

Cerró su mensaje con una advertencia directa: “Donde hay impunidad, habrá investigación; donde hay crimen, habrá consecuencias”.

La Secretaría de Marina (Semar) se deslindó este jueves 20 de agosto de la conducta del excontralmirante Fernando Farías Laguna, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que se encontraba bajo resguardo de autoridades mexicanas para realizar su traslado desde Argentina a México.

En un mensaje publicado en la red social X, la institución naval afirmó que la actuación de personas sujetas a investigación “no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”, y reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

La afectación económica documentada por la red que encabezaban los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Semar José Rafael Ojeda Durán, asciende a más de 340 millones de pesos solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, según reveló la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos en un mensaje oficial.

Con el traslado de Fernando Farías Laguna, suman 16 personas detenidas vinculadas al caso, entre ellas 12 exservidores públicos. Las acciones contra la red también han derivado en el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.

La Semar eligió el traslado para fijar su postura con el lenguaje del lema institucional

El breve mensaje de la Semar no se limitó a reconocer su participación logística en el operativo, debido a que fueron ellos quienes brindaron el avión para cumplimentar la deportación. Eligió el momento para trazar una línea entre la institución y quienes la corrompieron desde adentro, y lo hizo con un lenguaje que remite directamente al código de valores de la Armada.

“La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló.

Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos no fueron un accidente tipográfico, sino que se trata de los pilares del lema institucional de la Armada, y su uso en ese contexto constituyó una separación deliberada entre la institución y quienes la traicionaron.

La Semar también subrayó que esa postura no era nueva. El texto recordó que el compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025” con la legalidad, la transparencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Esa fecha remite al 7 de septiembre de 2025, cuando el gabinete de seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red de huachicol fiscal, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del ahora trasladado.

Además, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles ya había marcado distancia desde ese primer momento. Ante el exfiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la SSPC Omar García Harfuch, fijó su postura en conferencia de prensa: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre, Morales Ángeles fue más lejos. Eligió el foro más visible del calendario militar para reconocer públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”. No fue un comunicado de prensa ni una respuesta a medios: fue una declaración desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año.

El comunicado de este jueves retomó ese hilo y lo cerró con el traslado de Fernando Farías Laguna como evidencia de que el compromiso se sostuvo. La presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado a Morales Ángeles el 31 de julio durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, donde lo describió ante 211 nuevos guardiamarinas como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

La FGR reveló el modus operandi de “Los Primos” tras confirmarse la entrega

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reveló este jueves los detalles del esquema que integraron los hermanos Farías Laguna. La organización, identificada como “Los Primos”, utilizaba buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto. Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente.

La FGR documentó la operación de ese esquema en cinco entidades: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas. Días después, el gabinete de seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución. La fiscal también precisó que el esquema comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando Morales Ángeles compartió a Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red.

México desistió de la extradición formal y optó por la deportación para acelerar la entrega

El traslado de Fernando Farías Laguna se concretó por la vía de deportación, no de extradición. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano. El juez Julián Daniel Ercolini firmó el resolutorio que declaró la falta de mérito para proceder conforme al Código Procesal Penal argentino.

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Una vez en territorio mexicano, Fernando Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está preso su hermano Manuel Roberto. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito sancionado en México con entre 20 y 40 años de prisión.

Fernando Farías Laguna fue entregado este jueves 20 de agosto a autoridades mexicanas en Buenos Aires, tras ser liberado del penal de máxima seguridad donde permaneció detenido desde el pasado 23 de abril de 2026. El traslado se concretó por la vía de deportación, después de que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió un mensaje en sus canales oficiales confirmando el proceso de traslado de Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en aduanas marítimas del estado de Tamaulipas.

Su destino sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está recluido su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito que en México se sanciona con entre 20 y 40 años de prisión.

Las primeras imágenes de Fernando Farías siendo entregado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza revelan que viste una sudadera de color verde y pantalón caqui. El viaje con rumbo a la Ciudad de México llevaría al menos nueve horas y media en caso de ser directo.

Fuerzas federales coordinan la operación de traslado

La FGR informó este jueves 20 de agosto, a las 15:37 horas del centro del país, que llevaba a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna desde Argentina a México en coordinación con la Semar, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Fue el primer pronunciamiento oficial sobre el operativo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara desde el 18 de agosto que informaran los detalles del proceso.

Posteriormente, en un comunicado oficial, la dependencia precisó que personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajó a Argentina para traer consigo a Farías Laguna y presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en México.

Detallaron que la Semar dispuso la aeronave que traerá al presunto criminal hasta territorio nacional.

La FGR describió el procedimiento como una expulsión y recordó que el arresto de Fernando Farías derivó de una Ficha Roja de Interpol emitida a solicitud de la propia FGR, al contar con una orden de aprehensión en su contra. La dependencia calificó la acción como resultado de “trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información”.

La fiscalía agradeció la colaboración de autoridades de Estados Unidos, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de Argentina. Añadió que continuará informando sobre los trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad para “combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen a las y los mexicanos terminen financiando actividades criminales”.

México desistió de la extradición formal para acelerar la entrega

El juez Julián Daniel Ercolini firmó este jueves el resolutorio que declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer a Farías Laguna conforme al artículo 309 del Código Procesal Penal argentino, y ordenó archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder según el artículo 195 del mismo ordenamiento. El documento estableció que el archivo se ordenaba “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”.

La decisión de abandonar la vía formal de extradición y optar por la deportación no fue menor. La extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. El proceso puede extenderse durante meses o años, e implica la revisión judicial del caso en el país requerido.

La deportación, en cambio, es un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este mecanismo puede ejecutarse de forma más expedita porque no requiere una resolución judicial de fondo sobre los cargos que enfrenta el deportado en el país solicitante.

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Un recurso de asilo retrasó su salida del penal de Ezeiza

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina de este jueves que el traslado no se concretó la noche del miércoles por un recurso jurídico que el propio Farías Laguna interpuso en Argentina. “Él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México”, dijo. Agregó que representantes de la FGR le informaron en el Gabinete de Seguridad que el traslado “no está en duda”.

El abogado argentino de la defensa, Félix Helou, precisó en entrevista con Azucena Uresti que Farías Laguna había solicitado asilo político antes de su detención, alegando que enfrentaba riesgos si regresaba a México. Argentina lo negó. La defensa pidió la reconsideración de ese rechazo argumentando errores técnicos en la solicitud original, y ese recurso fue el que retrasó su salida del penal.

Helou también reveló las condiciones en que su defendido estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza: tenía acceso a luz natural solo cuatro horas al día. “No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, declaró.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, había precisado el 19 de agosto a Infobae México que la deportación estaba confirmada.

Agentes de EEUU se reunieron con Fernando Farías antes de su entrega

Helou también confirmó que agentes de EEUU sostuvieron una reunión con Farías Laguna en el penal de Ezeiza previo a su entrega a las autoridades mexicanas. “También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna. No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, declaró. El abogado no descartó que su defendido pudiera colaborar con autoridades estadounidenses: “Siempre hay una posibilidad”, sostuvo.

El periodista Arturo Ángel reportó previo a la confirmación que el gobierno de Donald Trump habría intervenido ante el gobierno de Javier Milei para lograr la entrega sin recurrir al proceso formal de extradición. Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Farías Laguna.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum negó que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien estuvo en Buenos Aires para la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, tuviera participación en el operativo. “No fue a ese tema. Es un asunto de la Fiscalía que viene trabajando hace tiempo y Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas”, dijo.

La ministra de Seguridad argentina Alejandra Monteoliva había publicado el 19 de agosto una fotografía de su reunión con Harfuch en redes sociales, aunque en ese encuentro el tema central fue el combate al narcotráfico y al crimen organizado entre ambos países.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires tras permanecer prófugo desde octubre de 2025, cuando no acudió a su citación ante un juzgado federal mexicano y huyó del país. Antes de llegar a Argentina viajó de México a Florida, Estados Unidos, y de ahí a Colombia, desde donde ingresó al país sudamericano con la identidad falsa. Una ficha roja de la Interpol permitió su localización y captura.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa al contralmirante Fernando Farías Laguna, reveló la tarde de este 19 de agosto a Infobae México que la deportación de su cliente a territorio nacional está confirmada.

El exmando de la Secretaría de Marina (Semar), acusado de encabezar junto con su hermano la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, será trasladado en las próximas horas a bordo de un avión bajo custodia de la Interpol, según la misma fuente.

Según la defensa legal del hombre detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Argentina, hasta el momento no ha despegado la aeronave que lo trasladará.

La información disponible hasta el momento es escasa: diversos medios de comunicación han reportado detalles del operativo con base en fuentes federales, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hayan emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó desde la mañana del pasado 18 de agosto.

Reportes del medio N+ con base en fuentes federales dijeron que autoridades mexicanas ya se encontraban en Buenos Aires para recibir a Farías Laguna y trasladarlo ante el juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El mismo medio compartió fotografías en las cuales se observa un jet de la Semar sobre una pista, acompañadas con marcas de agua propias de una cámara corporal, las cuales revelan que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El destino final de Fernando Farías sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya se encuentra recluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos son señalados como sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien representó a la institución naval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El periodista Arturo Ángel había adelantado en su cuenta de X (antes Twitter) que la entrega estaría a cargo de la Interpol Argentina y que la comparecencia ante el juez de control del Altiplano ocurriría el jueves 20 o el viernes 21 de agosto a más tardar.

Estados Unidos habría intervenido para que Argentina accediera a la deportación

Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que el gobierno de Estados Unidos habría presionado a las autoridades argentinas para que accedieran al proceso de deportación. Según esas mismas fuentes, Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Fernando Farías Laguna.

La gestión se habría realizado en presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se encuentra en Buenos Aires para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA.

Este mismo 19 de agosto la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, compartió una publicación en la que reveló que existió una reunión con Harfuch. “Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo Monteoliva en redes sociales.

Infobae México consultó al despacho Mendieta y Asociados sobre la presunta intervención de Estados Unidos en la deportación de su cliente. La defensa respondió que no cuenta con información al respecto.

La defensa distinguió entre extradición y deportación tras declaración de la presidenta Sheinbaum

El pasado 18 de agosto, el equipo legal de Fernando Farías emitió una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición hubiera sido concedida y precisó que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto en Argentina. La precisión respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo ese mismo día en conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, sin precisar fecha.

El comunicado del despacho Mendieta y Asociados subrayó que extradición, deportación y expulsión son procedimientos jurídicos distintos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la SRE, la FGR y el Poder Judicial; puede tomar meses o años.

La deportación, en cambio, es definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria, y puede ejecutarse de forma más expedita.

Fernando Farías Laguna enfrentaba precisamente un proceso paralelo de expulsión derivado de haber ingresado a Argentina con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos.

Los testigos que declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de los hermanos Farías Laguna no solo señalan a Andrés Manuel López Beltrán como presunto facilitador de operaciones de huachicol fiscal, sino también a otros políticos y funcionarios que, hasta la fecha, ninguno habría sido citado a declarar. Los únicos detenidos en toda la trama son los dos marinos que la Fiscalía presenta como las cabecillas de dicha red.

El expediente de la causa penal 325/2025, que investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, contiene al menos dos declaraciones de testigos distintos que trazan una cadena de protección política.

Según las investigaciones, el daño al erario por evasión de impuestos y aranceles en la red de huachicol fiscal asciende, según las indagatorias, a 177,000 millones de pesos. La cuota que la red cobraba por cada buque que atracaba con combustible ilegal era de 1 millón 750,000 pesos.

¿Quiénes son los dos testigos y qué dijeron?

El primero de los testimonios proviene del testigo protegido con clave “Santo”, identificado por el periodista Arturo Ángel como el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico.

En un escrito entregado a la FGR el 13 de mayo de 2025, Torres relató que, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico con 10 millones de litros de diésel de contrabando, contactó a operadores de la red para advertirles que los involucrados “tienen miedo de su situación”. La respuesta que recibió fue que se trataba de un “choque político” entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuh, y “el hijo del presidente”, pero que “ya llegaron a un acuerdo”.

En ese mismo testimonio, Santo describe el muelle al que llegaban los buques, a quién estaba concesionado y la relación entre ese concesionario y el senador Adán Augusto López Hernández.

Epigmenio Mendieta lo precisó en entrevista con Radio Fórmula este martes 18 de agosto: “Él explica a dónde llegaron los barcos, a qué muelle, quién está concesionado ese muelle y de ahí sale la relación que tiene el concesionario de ese muelle con el senador de la República”.

El segundo testimonio proviene de Juan Carlos Soto Pichá (JCSP), subdirector de Operaciones Aduaneras de Guaymas, quien declaró como testigo en calidad distinta a la de protegido. Su relato se concentra en la operación del 21 de marzo de 2025 con el buque cisterna Torm Agnes, que transportaba diésel disfrazado como aditivo de aceite con destino a Intanza, empresa identificada por tres fuentes de seguridad mexicanas y por la agencia Reuters como presunta fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Era un tema de Andy”: la llamada al secretario de Marina

Cuando el decomiso simultáneo del Challenge Procyon en Tampico encendió las alarmas en la Secretaría de Marina y la fiscalía envió agentes al puerto de Guaymas, el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Mike o capitán Sol, tranquilizó al testigo que consideraba la operación perdida.

La cita que recoge el expediente es puntual: “Ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”.

La operación resultó exitosa. En 90 minutos el Torm Agnes salió de la zona de amarre e inició maniobras de zarpe. Cuando los agentes de la fiscalía llegaron a exigir una inspección, el capitán les respondió que el barco ya estaba en maniobras y la mercancía había sido desaduanada.

El abogado Mendieta subrayó el dato temporal que ancla ese episodio: “Estamos hablando del año 2025, del nuevo secretario de Marina”. El titular de la dependencia en ese momento era Raymundo Morales, quien sigue en el cargo.

“Con la finalidad de ubicarnos perfectamente en el tiempo, esto me dice que ahí tendrían que ser citados el anterior secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y también el actual. Sin embargo, tengo la seguridad de que la Fiscalía General de la República no los va a incomodar con un citatorio”, mencionó.

Una operación de Estado que requería siete dependencias alineadas

Fernando Farías declaró que la red no pudo haber sido obra de dos marinos de mando medio con funciones administrativas. “Esto es una operación de Estado”, dijo.

El propio testigo protegido JCSP describió en su declaración ministerial, según el reportaje de Arturo Ángel en Entorno MX, la estructura de complicidades que requería el esquema: “Capitanía de puerto, ASIPONA, aduana, agencia naviera, agencia aduanal, la transportista… todos están alineados”.

Mendieta desarrolló ese mismo argumento ante Pepe Cárdenas de Fórmula: “No puede ser que siete dependencias, a través de sus distintos funcionarios, no tuvieran ningún mecanismo para poder controlar, detener o impedir que llegaran buques de esta naturaleza”.

La FGR, no obstante, solo ha imputado a los hermanos Farías y a una docena de operadores. Ningún titular de dependencia ha sido citado.

La periodista Peniley Ramírez confirmó en su columna del 15 de agosto en Reforma que el expediente contiene además al menos una transferencia de dinero desde una empresa facturera hacia una cuenta en el primer círculo de Andy López Beltrán.

Los hermanos Farías Lagunas, los únicos detenidos

La FGR acusa a los hermanos Farías de encabezar “Los Primos”, una red que tomó el control de áreas estratégicas de la Agencia Nacional de Aduanas de México aprovechando sus cargos en la Secretaría de Marina.

Manuel Roberto, vicealmirante y el segundo en la escala jerárquica de la dependencia, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Fernando, contralmirante identificado como líder operativo de la red, huyó a Argentina con pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos y fue capturado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 23 de abril de 2026. Su extradición tiene audiencia preliminar programada para el 27 de agosto.

Desde El Altiplano, Manuel Roberto ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando irregularidades en su proceso. En una de ellas escribió que “entre sus compañeros de partido están los culpables”. Fernando declaró ante el juez federal en Buenos Aires que teme por su vida si regresa a México: ocho personas relacionadas con la investigación han muerto en circunstancias que su defensa califica de sospechosas.

La imputación formal que la FGR sostiene contra ambos se limita a haber propuesto, nombrado y removido personal de la Marina para colocarlo en posiciones estratégicas dentro de las aduanas. Mendieta lo desmonta con un dato concreto: la FGR ya intervino el celular de Manuel Roberto y descargó todas sus conversaciones. “No tiene ninguna conversación con ninguna operación de esta naturaleza”, dijo a Uresti.

De acuerdo con el abogado Mendieta, los nombramientos de los titulares de cada aduana, según documentos, están firmados por quien tenía la responsabilidad institucional de hacerlo: el secretario de Marina. “Los hermanos Farías nunca estuvieron adscritos en las aduanas”, dijo, “y curiosamente empiezan a aparecer los documentos en los que ellos nunca firmaron ninguno de estos nombramientos”.

La FGR que desmiente sin desmentir

El 17 de agosto, la FGR publicó en su cuenta de X un comunicado en el que calificó de “falsa” la información periodística sobre testigos con señalamientos contra López Beltrán. La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy, precisó que “el Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

El comunicado no niega la existencia de los testimonios. Dice que lo que tiene no alcanza la fuerza legal para abrir una indagatoria formal.

El argumento de Mendieta apunta directamente a la contradicción de la FGR. Si los testimonios son válidos para sostener la imputación contra los hermanos Farías, no pueden ser descartados cuando esos mismos testigos nombran a otros funcionarios.

“Si vamos a descalificar el dicho de este testigo porque miente cuando menciona el nombre de dos funcionarios de primer nivel, pues miente entonces en todo momento”, dijo a Radio Fórmula. “Cuando menciona los nombres de Manuel Roberto, pues entonces lo que está contando todo el tiempo son mentiras. No solamente cuando menciona el nombre de Adán Augusto o el de Andy”.

A dos de los mencionados en esos testimonios los tienen detenidos. A los otros, dijo Mendieta, “ni siquiera los molestan con una declaración”.

Mendieta fue más directo en su conversación: “Pocas veces vemos que una institución como la Fiscalía General de la República, por escrito y a través de un comunicado, nos diga a quién definitivamente no quiere investigar”.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este martes el fallecimiento de cuatro elementos navales tras un accidente ocurrido en las inmediaciones del muelle de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

La institución lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a las familias de los marinos, de acuerdo con el comunicado emitido por el Sector Naval de La Pesca, los elementos se encontraban fuera de sus actividades laborales cuando ocurrió el percance.

El vehículo particular en el que viajaban cayó al río ubicado en las inmediaciones del muelle, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes.

Accidente en La Pesca deja cuatro marinos muertos

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este martes 18 de agosto. Tras el reporte, autoridades locales acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

La Secretaría de Marina informó que personal de buzos de la institución se trasladó hasta el lugar para colaborar con las autoridades locales en la recuperación de los cuerpos.

La dependencia no proporcionó detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer al río. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de los cuatro elementos navales fallecidos.

Los primeros reportes ubicaron el percance cerca de un lugar conocido como La Draga, en uno de los accesos principales a la comunidad de La Pesca. La zona fue atendida por corporaciones y cuerpos de emergencia que participaron en las acciones posteriores al accidente.

Marina inicia investigaciones para esclarecer el accidente

Tras confirmar la muerte de los cuatro elementos, la Semar señaló que las autoridades competentes realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas y circunstancias del accidente.

La institución precisó que estos trabajos permitirán establecer qué ocurrió antes de que el vehículo particular terminara dentro del río. Por ahora, no se ha establecido públicamente si existió algún factor específico que provocara la pérdida de control del automóvil.

La investigación permanece abierta, por lo que cualquier información adicional sobre el accidente dependerá de los resultados de los peritajes realizados en el lugar.

Entre los datos confirmados por la Secretaría de Marina se encuentran:

• Cuatro elementos navales perdieron la vida.
• El accidente ocurrió en las inmediaciones del muelle de La Pesca.
• El hecho se registró en Soto la Marina, Tamaulipas.
• Los marinos se encontraban fuera de sus actividades laborales.
• El vehículo particular en el que viajaban cayó al río.
• Personal de buzos de la Semar apoyó en la recuperación de los cuerpos.
• Las autoridades investigan las causas y circunstancias del percance.

Américo Villarreal lamenta muerte de cuatro elementos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal lamentó la pérdida y envió un mensaje de apoyo a las familias, quienes enfrentan el fallecimiento de los cuatro integrantes de la institución naval.

Villarreal manifestó sus condolencias y deseó fortaleza a los familiares ante lo ocurrido en la comunidad de La Pesca.

La confirmación del gobernador se produjo mientras autoridades estatales y federales participaban en las labores relacionadas con el accidente y la recuperación de los cuerpos.

Semar expresa condolencias a familias de los marinos

La Secretaría de Marina expresó su pesar por el fallecimiento de los cuatro elementos y manifestó su solidaridad con sus familias.

En su comunicado, la institución señaló que comparte el dolor provocado por la pérdida y calificó a los cuatro fallecidos como hermanos marinos.

También informó que realizará las gestiones correspondientes en materia de bienestar social para brindar apoyo a las familias afectadas.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo cayera al río en las inmediaciones del muelle de La Pesca.

Mientras avanzan los peritajes, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a los familiares y compañeros de los cuatro elementos fallecidos y manifestó su solidaridad ante la pérdida registrada este martes en Tamaulipas.

La institución concluyó su mensaje con los valores que, de acuerdo con su comunicado, distinguen a quienes forman parte de sus filas: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron este martes luego de sufrir un accidente en el que cayeron a un río mientras transitaban por la región de La Pescan, en el municipio de Soto La Marina, en el estado de Tamaulipas.

Primeros reportes señalan que los elementos navales se dirgían de regreso a su base cuando ocurrió el percance, cerca de un lugar conocido como La Draga, situado en el acceso principal a la comunidad de La Pesca.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día en un muelle ubicado en La Pesca, Soto la Marina, lugar al que acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes.

La zona fue atendida por las corporaciones que participaron en las acciones posteriores al accidente. Hasta el momento, autoridades no han informado qué habría provocado el percance ni han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los elementos de la Marina fallecidos.

Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas, confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó sus condolencias a las familias, compañeros y personas cercanas a los marinos.

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, lamentó la pérdida de los elementos y señaló que sus familias enfrentan una “irrepatable pérdida”, además de enviarles un mensaje de solidaridad ante lo ocurrido. Hasta el momento no se sabe la identidad de los elementos fallecidos ni mayores detalles sobre el accidente.

“Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, posteó el gobernador.

Marina desactiva 300 explosivos en El Rosario, Sinaloa

En otro hecho, la Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió detectar además 300 kilogramos de material explosivo, con el objetivo de proteger a la población ante el peligro que representaban estos dispositivos.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló bajo el mando de la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, donde el personal naval estableció un perímetro de seguridad tan pronto identifica los artefactos en la zona rural de Agua Verde.

Minutos más tarde, los equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) acudieron al sitio tras el reporte, quienes asumieron la tarea de desactivar los artefactos en el lugar y así impedir cualquier traslado riesgoso.

Según la información oficial, los artefactos sin embargo, el volumen y la variedad de los dispositivos suponían un peligro real para los habitantes y quienes transitan en la región.

Hasta el momento, las autoridades continúan con labores de vigilancia en la zona tras el aseguramiento, por lo que reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados para salvaguardar la seguridad de la población y prevenir incidentes similares en Sinaloa.

El municipio de El Rosario, junto con el poblado Agua Verde, permanece bajo observación de las fuerzas federales. La presencia militar busca disuadir la instalación de nuevos artefactos y garantizar la tranquilidad de la población.

La comunidad reconoce la labor de las instituciones federales en la prevención de situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes. El operativo refuerza la confianza en las acciones de seguridad implementadas en la región.

Según datos publicados en un comunicado conjunto de la institución naval y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aseguramiento representó una afectación económica de 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos involucrados. Con esta acción, la Armada de México evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles.

Un vuelo de patrullaje localizó la narcolancha

El operativo se originó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. El personal naval avistó la lancha desde el aire, realizó el seguimiento correspondiente y procedió a la intercepción en aguas del Pacífico, en la zona correspondiente a la Octava Región Naval.

La embarcación contaba con dos motores fuera de borda. A bordo viajaban dos tripulantes, quienes fueron detenidos en el momento de la intercepción. Los 53 bultos con la sustancia fueron asegurados en ese mismo punto.

Los dos presuntos infractores fueron trasladados junto con lo decomisado a las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero. Ahí quedaron a disposición de la SSPC para ser presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación y determinará su peso exacto.

La Marina actuó a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera

La acción fue ejecutada por personal de la Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera. El vuelo de patrullaje que dio origen al operativo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la dependencia.

Esas operaciones se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado por la Marina es inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas y la estructura financiera de los grupos delictivos.

Las autoridades no revelaron en su comunicado a qué organización criminal pertenecería el cargamento ni si existe alguna línea de investigación al respecto. La FGR es la instancia que determinará los cargos contra los dos detenidos.

El aseguramiento eleva a cerca de 90 toneladas el total de cocaína decomisada en mar en esta administración

La Marina y la SSPC señalaron en su comunicado conjunto que este decomiso se suma a los resultados acumulados de las operaciones marítimas en la presente administración, que en conjunto suman cerca de 90 toneladas de cocaína asegurada.

El pasado este 7 de agosto, la Marina informó un operativo de características similares: la intercepción de una lancha a 851 kilómetros al sur de Acapulco con mil 170 kilogramos de cocaína y seis tripulantes detenidos —tres mexicanos y tres ecuatorianos—. La embarcación cargaba además 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, una configuración que apuntaría a una operación con coordinación desde tierra o desde otra nave.

El Pacífico concentra el tráfico marítimo de droga: CJNG y Cártel de Sinaloa son los principales señalados

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar se concentra en las costas del Océano Pacífico. Identificó al CJNG y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos.

Morales describió además un cambio en las tácticas de los grupos criminales: introdujeron polizones —“gente que no trae papeles”— a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Una vez en el agua, lanchas menores operaban como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directamente en los puertos.

El litoral del Pacífico mexicano abarca 11 estados y más de 7 mil kilómetros de costa, lo que equivale a 70% del litoral nacional. El grueso de los decomisos documentados en lo que va del año ocurrió frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Toda la droga asegurada en esa franja correspondió a cocaína que llegaría por vía marítima desde Sudamérica.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con autoridades de seguridad, localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de narcóticos en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El hallazgo ocurrió en la localidad de El Encinal, como resultado de los patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los recorridos forman parte de las acciones implementadas para debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos generadores de violencia que tienen presencia en Michoacán.

Durante uno de estos patrullajes, el personal desplegado ubicó un sitio que había sido acondicionado para funcionar como laboratorio clandestino.

Aseguran precursores químicos y equipo

En el lugar, los elementos de la Armada de México localizaron y aseguraron diversos precursores químicos, sustancias y equipos presuntamente utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

La dependencia no detalló en su comunicado la cantidad ni el tipo específico de sustancias encontradas en el inmueble, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar su naturaleza y posible utilización dentro de procesos de producción de narcóticos.

Tras el hallazgo, el sitio fue neutralizado conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de impedir que la infraestructura continuara siendo utilizada para actividades ilícitas.

Los materiales asegurados y la información relacionada con el laboratorio fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la operación del inmueble.

La localización del laboratorio representa, de acuerdo con la Semar, una afectación a las estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus actividades de producción y abastecimiento.

Marina destaca coordinación contra el crimen organizado

La Secretaría de Marina señaló que la desarticulación de este tipo de infraestructura clandestina afecta las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones delictivas, debido a que impide la elaboración de sustancias utilizadas en los mercados ilegales de drogas.

Además, la dependencia sostuvo que el aseguramiento contribuye a reducir riesgos para la población, tanto por el consumo de las sustancias que presuntamente se elaboraban en el sitio como por las actividades criminales asociadas con su producción y distribución.

El operativo fue resultado de la coordinación interinstitucional entre las autoridades que participan en las tareas de seguridad en Michoacán.

La Semar destacó que este tipo de acciones conjuntas permiten fortalecer las labores de vigilancia y generar resultados contra las estructuras que operan de manera clandestina en distintas regiones del país.

El hallazgo ocurrió en una zona donde las autoridades mantienen acciones de vigilancia para combatir a grupos generadores de violencia y sus actividades logísticas.

Con la neutralización del laboratorio en El Encinal, Lázaro Cárdenas, las autoridades buscan impedir que el inmueble vuelva a ser utilizado para la fabricación de narcóticos.

La Secretaría de Marina reiteró que las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad continuarán con los operativos de vigilancia y combate a las organizaciones criminales, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el Estado de derecho y mejorar las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, la dependencia no informó sobre personas detenidas durante el operativo ni atribuyó públicamente el laboratorio a una organización criminal específica.

Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

Detectan cargamento mediante análisis de riesgo

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

El procedimiento forma parte de las acciones de inteligencia aduanera que se llevan a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Marina para detectar posibles inconsistencias en la documentación de los embarques y dar seguimiento a operaciones consideradas de atención prioritaria.

La mercancía provenía de Bangkok, Tailandia, y fue identificada a su llegada a la Aduana del AICM. Tras la detección, los productos fueron asegurados y permanecen bajo custodia de las autoridades correspondientes.

El aseguramiento representa uno de los decomisos de cigarrillos de mayor volumen reportados recientemente en una operación de revisión aduanera en el principal aeropuerto de la capital mexicana.

Autoridades mantienen investigación sobre los cigarrillos

La ANAM informó que el cargamento permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones legales y los procedimientos técnicos y ministeriales correspondientes.

La autoridad deberá determinar, entre otros aspectos, la situación jurídica de la mercancía y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso y traslado. Por el momento, los cigarrillos son considerados presuntamente apócrifos, por lo que corresponderá a las investigaciones establecer su naturaleza y procedencia ilícita.

Las autoridades federales destacaron que la operación forma parte de una estrategia para reforzar los controles en las cadenas logísticas internacionales y evitar que mercancías que incumplan con las disposiciones legales ingresen al mercado mexicano.

La coordinación entre la ANAM, Semar y SSPC también busca incrementar las capacidades de vigilancia mediante el uso de tecnología, inteligencia y sistemas de análisis de riesgo aplicados a las operaciones de comercio exterior.

Las dependencias señalaron que estos mecanismos permiten focalizar las inspecciones y detectar posibles conductas ilícitas sin limitarse únicamente a revisiones físicas de las mercancías.

El operativo en el AICM se suma a las acciones federales destinadas a fortalecer el control de las fronteras y las aduanas del país, particularmente frente a mercancías que puedan ingresar mediante operaciones irregulares.

La ANAM, Marina y SSPC refrendaron su compromiso de mantener la colaboración institucional para fortalecer la seguridad nacional, combatir posibles actividades ilícitas y proteger la integridad de las cadenas de suministro internacionales.

Mientras concluyen las diligencias, los más de dos millones de cigarrillos permanecerán bajo resguardo de la autoridad aduanera. Las investigaciones determinarán si existieron irregularidades en la documentación, importación o comercialización de la mercancía y, en su caso, quiénes serían los responsables.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este miércoles, alrededor de las 7:30 horas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un “desplome controlado”.

Los hechos ocurrieron en el área de La Garita, en Jalisco, durante acciones de vigilancia con el fin de prevenir actividades ilícitas.

Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló que por el hecho no se reportaron pérdidas humanas, sin embargo, se reportaron tres elementos navales lesionados, mismos que no presentaron heridas de gravedad.

“Al momento, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado”, se señaló en el comunicado.

¿Qué es un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado?

Un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado, es una maniobra de último recurso en la que el piloto de una aeronave, como un avión o un helicóptero, ante una falla grave o pérdida de potencia, permite que el aparato descienda de forma deliberada pero dirigida hacia la superficie, sacrificando la altitud de manera rápida para minimizar un impacto destructivo.

Helicóptero de la Marina se desploma al intentar despegar en Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa

Apenas el pasado mes de mayo, un helicóptero tipo MI-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia durante maniobras de despegue en la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, luego de registrar una falla de potencia en el motor principal.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando la aeronave iniciaba su fase de despegue, momento en el que se presentó la falla técnica que obligó a la tripulación a ejecutar un procedimiento de emergencia para asegurar la maniobra y evitar un accidente mayor.

La dependencia federal precisó que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas del incidente, tanto entre la tripulación como en las instalaciones donde se realizaban las operaciones.

Tras el aterrizaje de emergencia, la Secretaría de Marina activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con la finalidad de asegurar el área y revisar las condiciones de la aeronave.

Asimismo, se informó que ya se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes, así como los procedimientos administrativos y de aseguramiento vinculados al incidente, con el objetivo de determinar con precisión el origen de la falla y deslindar responsabilidades operativas si fuera el caso.

En abril de 2022, un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina sufrió un accidente durante maniobras en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa, cuando presentó fallas durante una operación de despegue, lo que derivó en un desplome a baja altura.

En ese hecho, la aeronave perdió estabilidad en plena maniobra y terminó impactando dentro del área operativa del aeropuerto, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y personal militar.

El saldo reportado entonces fue de cinco elementos lesionados, sin víctimas mortales, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas y condiciones operativas de la aeronave.

En otro caso registrado en 2024, una aeronave del mismo tipo realizó un aterrizaje precautorio en la zona sur de Culiacán tras rozar un cable no balizado durante un sobrevuelo operativo, sin que se reportaran víctimas.

Estos antecedentes muestran que las operaciones con helicópteros MI-17 en la región han estado sujetas a incidentes técnicos y maniobras de emergencia, principalmente durante despliegues de apoyo operativo y seguridad.

Miguel Ángel “N”, exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue detenido este martes en Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, Sonora, donde fue ejecutada una orden de aprehensión relacionada con el ataque armado contra un abogado ocurrido en Hermosillo en mayo de 2025.

La captura ocurrió alrededor de las 07:06 horas durante un operativo coordinado entre agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). El exagente era buscado por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, así como incumplimiento de un deber legal, informó la Fiscalía de Sonora.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez el 29 de mayo de 2025, luego de las investigaciones para esclarecer la agresión contra Carlos Arturo “N”, de 40 años.

El ataque ocurrió en la colonia Los Olivos, en Hermosillo

La agresión se registró el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, en la colonia Los Olivos, en Hermosillo.

Carlos Arturo “N” circulaba a bordo de un Toyota Camry gris cuando fue atacado con proyectiles de arma de fuego. Tras la agresión, socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al abogado a un hospital para recibir atención médica.

El vehículo quedó en el sitio donde ocurrió el ataque, mientras las autoridades comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Las indagatorias permitieron obtener datos de prueba que posteriormente derivaron en la orden judicial contra Miguel Ángel “N” y en las acciones para localizarlo.

Ofrecían hasta 500 mil pesos por información

El exagente fue incluido en una ficha de búsqueda publicada el 6 de octubre de 2025. En ella se estableció una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcionara información que permitiera localizarlo y capturarlo.

La recompensa también contemplaba a otra persona relacionada con el caso, quien continúa prófuga de la justicia, por lo que se ofrecía hasta 1 millón de pesos por ambos. Aunque el comunicado de la fiscalía no da más datos sobre su identidad, reportes periodísticos lo identifican como Argel Azael “N”.

Con su detención, Miguel Ángel “N” será trasladado por vía terrestre a Hermosillo para quedar a disposición del juez que lo requiere. Posteriormente será ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1, donde continuará el proceso penal en su contra.

La acusación corresponde a una investigación en curso y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Habrían confundido al abogado con un objetivo durante un operativo de la AMIC

La agresión contra el abogado ocurrió el 24 de mayo de 2025, cuando dos agentes de la AMIC realizaban un operativo al sur de Hermosillo. De acuerdo con la versión de las autoridades, los elementos habían reportado que eran seguidos por varios vehículos y, al intentar salir de la zona, confundieron el automóvil del abogado con uno que presuntamente les cerraba el paso.

Los agentes abrieron fuego contra el Toyota Camry en el que viajaba Bustamante Bracamontes, quien recibió decenas de impactos de bala. El abogado fue trasladado primero al Hospital General de Especialidades y posteriormente a un hospital privado para recibir atención médica.

El operativo estaba relacionado con investigaciones por narcomenudeo y se realizaba después de una jornada de cateos registrada el día anterior, en la que murió el agente de la AMIC Julio César Contreras Arroyo tras ser atacado por civiles armados.

Tras la agresión contra el abogado, los dos agentes involucrados fueron investigados por homicidio calificado en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal. Ambos se presentaron ante las autoridades, pero no fueron detenidos en ese momento debido a que no existía flagrancia. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 26 de mayo de 2025.

Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), aseguró alrededor de 10 mil huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) durante una arribazón registrada en Playa El Médano, Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El operativo reunió a elementos navales, inspectores federales, el XV Ayuntamiento de Los Cabos y personal del sector hotelero, quienes llevaron a cabo las acciones pertinentes para proteger los nidos de 140 tortugas que llegaron a la playa.

Semar, Profepa y Conanp aseguran nidos de 140 tortugas en Playa El Médano

Las autoridades aplicaron protocolos de protección y conservación del medio ambiente marino para resguardar cada nido identificado durante la arribazón. Una vez recuperados, los huevos fueron llevados a campamentos tortugueros conforme a los procedimientos establecidos para favorecer su incubación, ahí permanecerán en incubación hasta la liberación de las crías.

La Secretaría de Marina (Semar) señaló que la acción busca proteger el ciclo reproductivo de la especie y reducir los riesgos derivados tanto de la actividad humana como de factores naturales. La coordinación interinstitucional, que incluyó al municipio y al sector privado hotelero, fue determinante para cubrir el perímetro de anidación durante toda la llegada masiva de ejemplares.

La tortuga golfina es una de las especies de quelonio marino más presentes en el litoral mexicano del Pacífico. Sus llegadas masivas a las costas, conocidas como arribazones, concentran miles de nidos en un lapso breve, lo que las convierte en momentos de alta vulnerabilidad frente al saqueo.

En Michoacán detuvieron a un hombre por sustracción ilegal de esta especie

El pasado 5 de agosto, la Profepa dio a conocer que personal de su Oficina de Representación en Guerrero emitió un dictamen pericial en materia de fauna silvestre a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la detención de un hombre que transportaba 202 huevos de tortuga marina golfina en una bolsa de plástico.

Los huevos se encontraban en aparente buen estado y con características de reciente desove: aún conservaban arena fresca. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Al estar fuera de su nido de incubación y expuestos a temperatura ambiente, los huevos presentaban un grado mínimo de deshidratación. Para favorecer la supervivencia de la especie, la Profepa los trasladó al Campamento Tortuguero del Hotel Ritz Acapulco, donde fueron incubados de inmediato como parte del Programa de Apoyo para la Protección de la Tortuga Marina en la Bahía de Acapulco.

Retirar los huevos de su medio natural altera el proceso germinativo: las condiciones externas difieren de las del nido, y el manejo inadecuado durante el transporte puede interrumpir el desarrollo normal del embrión. El daño real solo podrá determinarse tras un periodo de 45 a 50 días de incubación, con base en el porcentaje de sobrevivencia o mortandad que se registre.

Cinco datos sobre la tortuga golfina

• Es la tortuga marina más pequeña. La golfina mide unos 60 centímetros y pesa unos 45 kilos.
• Pone huevos en grupo. Miles de tortugas llegan juntas a la playa para poner sus huevos.
• Pone muchos huevos. Cada tortuga puede poner hasta 100 huevos en cada nido.
• Come de todo. La golfina come medusas, cangrejos, algas y peces.
• Está en peligro. La pesca, la basura y el robo de huevos ponen en riesgo a la especie.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) realizaron un operativo en la Ciudad de México para desmantelar un sitio presuntamente operado por integrantes de la Unión Tepito, donde extranjeros habrían sido víctimas de extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.

El inmueble intervenido se localiza en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, y fue ubicado como parte de una carpeta de investigación relacionada con las actividades presuntamente realizadas en el establecimiento.

De acuerdo con información de autoridades federales, en el lugar se captaba a personas extranjeras, quienes presuntamente eran inducidas a ingresar al establecimiento y posteriormente sedadas para obligarlas a realizar pagos elevados por el consumo de bebidas.

La investigación señala que las víctimas también habrían sido obligadas a realizar transferencias bancarias bajo coacción y, en algunos casos, habrían permanecido privadas de su libertad durante varias horas hasta que los responsables obtenían dinero.

Cateo termina con dos detenidos

Como parte del operativo, personal de la Femdo ingresó al inmueble con apoyo de elementos navales, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio.

Durante la intervención fueron detenidos dos hombres, señalados como presuntos operadores del establecimiento.

Las autoridades también localizaron diversos objetos y sustancias que podrían estar relacionados con las actividades investigadas.

Entre lo asegurado se encuentran siete bolsitas con mariguana, una bolsa con características similares al cristal, cuatro bolsitas con cocaína y tres envoltorios con sustancias blanquecinas.

Uno de los hallazgos que llamó particularmente la atención de los investigadores fue un gotero que contenía un sedante, el cual presuntamente habría sido utilizado para drogar a las víctimas.

La presencia de esta sustancia será analizada como parte de las investigaciones para determinar si efectivamente fue empleada para someter o incapacitar a las personas que acudían al establecimiento.

Aseguran celulares, computadoras y tarjetas

Durante el cateo también fueron asegurados diversos dispositivos y objetos que, de acuerdo con las autoridades, podrían haber sido utilizados para realizar o facilitar las operaciones ilícitas.

El inventario incluye dos computadoras portátiles, un CPU y 37 teléfonos celulares, además de tres terminales bancarias.

También fueron localizadas identificaciones y tarjetas bancarias, cuyo posible uso dentro del esquema de extorsión será investigado por las autoridades federales.

Los dispositivos electrónicos podrían ser sometidos a análisis para determinar comunicaciones, transferencias, contactos y otros elementos que permitan establecer cómo funcionaba el establecimiento y quiénes estarían detrás de las actividades denunciadas.

La investigación también busca determinar el grado de participación de los dos hombres detenidos y establecer si existen otros integrantes de la organización criminal involucrados.

Investigan posible esquema contra extranjeros

El caso se centra en un presunto esquema mediante el cual los responsables habrían utilizado el establecimiento para captar principalmente a extranjeros, generarles consumos elevados y posteriormente utilizar la fuerza o la amenaza para obtener dinero mediante transferencias bancarias.

En los casos más graves, las víctimas habrían sido retenidas durante varias horas hasta que los presuntos responsables conseguían los pagos exigidos.

La Fiscalía deberá determinar ahora si las evidencias encontradas en el inmueble permiten acreditar este mecanismo y su posible relación con la Unión Tepito.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los dos hombres.

El operativo forma parte de las acciones de autoridades federales contra estructuras de la delincuencia organizada que operan en la capital del país.

La Secretaría de Marina anunció este 7 de agosto el aseguramiento de aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, a 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, durante una operación de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera. La droga viajaba en una lancha con tres motores fuera de borda, según datos oficiales.

Seis tripulantes fueron detenidos: tres de nacionalidad mexicana y tres más de nacionalidad ecuatoriana. Junto con la carga, los elementos navales aseguraron 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes y determinará su situación jurídica.

La droga viajaba en una lancha con combustible para larga distancia

Las autoridades detallaron que la embarcación localizada contaba con tres motores fuera de borda y casi 2 mil 500 litros de combustible almacenados en 49 bidones, una configuración que permite cubrir grandes distancias en mar abierto sin necesidad de reabastecerse en puerto.

Los equipos de comunicación satelital y las dos radiobalizas halladas a bordo apuntarían a una operación con coordinación desde tierra o desde otra embarcación.

Ese tipo de lancha rápida, con múltiples motores y reservas de combustible, es el mismo perfil de nave que la Marina ha interceptado de forma recurrente en los últimos meses frente a las costas del Pacífico Sur. La presencia de tripulantes ecuatorianos también coincide con operativos anteriores.

El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El Pacífico concentra los decomisos más grandes del sexenio

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar con destino a México se concentra en las costas del Pacífico, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa serían las principales organizaciones detrás del flujo.

Morales también describió un cambio en las tácticas de las organizaciones criminales: los cárteles introdujeron polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Embarcaciones menores mexicanas operaban después como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directa en los puertos.

Desde el inicio del sexenio, la Marina acumula más de 80 toneladas de cocaína decomisadas en altamar. El despliegue naval se orienta hacia el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco que operó como punto de alerta temprana.

Decomisos previos muestran un patrón de embarcaciones menores con tripulantes extranjeros

El operativo repite una dinámica documentada en los meses anteriores. El 21 de julio, una lancha fue interceptada a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas con mil 530 kilogramos de cocaína; entre sus cinco tripulantes había dos ecuatorianos y tres guatemaltecos. El decomiso representó una afectación estimada de 355 millones de pesos y evitó la distribución de aproximadamente 3 millones de dosis.

El 28 de julio, otro aseguramiento frente a Chiapas arrojó mil 140 kilogramos y tres detenidos, con 33 bidones de combustible y dos radiobalizas a bordo, un perfil similar al del operativo anunciado este 7 de agosto.

El 4 de julio, un helicóptero embarcado avistó dos embarcaciones sin matrícula ni bandera frente a Oaxaca con 2 mil 990 kilogramos de cocaína, más 20 bidones con litros de presunta gasolina preparada. Los cuatro detenidos en ese operativo fueron vinculados a proceso el 10 de julio por la FGR, que los imputó por transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla. Un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 13 en Oaxaca.

Luego de que la periodista Anabel Hernández apareciera en un video en un canal de YouTube, llamado Narcosistema, en el que aseguró que un reporte de inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR) señalaba que hubo un complot entre miembros del crimen organizado, funcionarios del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, y miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para asesinar al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre, la propia Marina, por medio de un comunicado, desmintió la información.

En el comunicado, difundido en sus redes sociales, la Marina negó los señalamiento de Anabel Hernández, en el video posteado el pasado jueves 6 de agosto.

“La Secretaría de Marina desmiente categóricamente ser la fuente de la información mencionada en ese video, y se niega que existan reportes institucionales de esta Dependencia que respalden lo ahí expresado”, se lee en el comunicado.

Además, se señaló que la generación, manejo y difusión de información institucional se realizaba exclusivamente por medio de los conductos oficiales y en estricto apego al marco jurídico aplicable, por lo que cualquier referencia atribuida a la institución, que no proviniera de dicho canal, carecía de sustento oficial.

“Se hace un respetuoso llamado a la ciudadanía a verificar información a través de las fuentes institucionales oficiales, a fin de evitar la difusión de información inexacta o carente de sustento”, señala en su comunicado.

¿Qué dijo Anabel Hernández?

En el video posteado por Anabel Hernández, se señala que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y de Alfredo Ramírez Bedolla, insistían en afirmar que el crimen organizado era el único autor material e intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, señaló, se negaban a indagar la línea política como parte del móvil frente a las evidencias claras de que el político asesinado era incómodo para un grupo político de Morena, encabezado por Ramírez Bedolla, Leonel Godoy y Raúl Morón, quien aspira a ser el nuevo gobernador de Michoacán.

De acuerdo con lo difundido por la periodista, con miras a los comicios que se llevarán a cabo en 2027 para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y 112 presidencias municipales, se busca dar carpetazo al caso.

Recordó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció recientemente la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias R1, quien era líder de una peligrosa banda criminal que forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo presentó como la única mente maestra detrás del asesinato ocurrieo el primero de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan ante miles de ciudadanos, durante el Festival de las Velas, con motivo del Día de Muertos.

Harfuch, recordó la periodista, dio a conocer que El R1 ordenó el homicidio tras sentir una provocación del presidente municipal por su combate al crimen organizado.

“Reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, a los que tuvo acceso Narcosistema, indican otra cosa. Se insiste en que detrás de la muerte de Manzo hubo un complot orquestado por el crimen organizado, funcionarios del Gobierno de Ramírez Bedolla y miembro del Partido Morena”, señala la comunicadora en el video.

Dice que la esposa de Manzo, Grecia Quiroz, quien es la actual alcaldesa de Uruapan, señaló en entrevista con Narcosistema que existían hechos que contradecían la versión oficial sobre el móvil detrás de la muerte de su esposo e insistió en que se investigara a los actores políticos de Morena a quienes su esposo acusaba directamente de tener vínculos con el crimen organizado.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró 2 millones 880 mil cigarros ilícitos, equivalentes a 4 mil 31 kilos, según información compartida por las autoridades, que intentaban ingresar al país por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades indicaron que los embarques procedían de China y Corea, y fueron interceptados mediante inteligencia aduanera y equipos de revisión no intrusiva.

Parte de un operativo acumulado de más de 156 toneladas

Los aseguramientos se enmarcan en una estrategia de control fronterizo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han desarrollado durante 2025 y lo que va de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En ese periodo, las tres dependencias acumularon el decomiso de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en la principal terminal aérea del país, de acuerdo con información oficial difundida por las instituciones. Los 4 mil 31 kilos referidos en el comunicado más reciente representan una fracción de ese total.

Revisión documental, rayos X e inteligencia: así se detectó el contrabando

La detección fue posible gracias a una combinación de herramientas: revisión documental, inspección mediante equipos de rayos X, es decir, tecnología de revisión no intrusiva, e inspección física de los bultos. A ello se sumó la gestión integral de riesgos e inteligencia aduanera, que permitió identificar patrones irregulares en los envíos.

Según la ANAM, los embarques tenían origen en China y Corea, y estaban destinados al territorio nacional. Las inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión activaron los protocolos de inspección profunda que derivaron en los aseguramientos.

La actuación conjunta entre la ANAM, la Semar y la SSPC fue determinante para ejecutar los operativos en un entorno de alta rotación logística como el AICM.

Daño a la economía, la salud y la propiedad intelectual

El contrabando de cigarros no es un delito menor en términos de impacto social. Según las autoridades, este tipo de mercancía ilícita afecta la economía formal al evadir impuestos y aranceles, lo que representa una pérdida directa para la recaudación del Estado mexicano.

A eso se suman otros efectos: la violación de derechos de propiedad intelectual, la generación de competencia desleal frente a empresas legalmente establecidas y los riesgos para la salud pública. Al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad aún deben ser determinadas por las autoridades competentes, no existe garantía alguna sobre los ingredientes que contienen.

La ANAM subrayó que estos aseguramientos representan un golpe directo a los esquemas organizados de contrabando de tabaco que operan a través de rutas aéreas internacionales.

Procedimientos legales en curso

Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras avanzan las actuaciones legales correspondientes. En paralelo, se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales necesarios para determinar la situación jurídica de la mercancía decomisada.

Las tres instituciones reafirmaron su compromiso con la modernización de los procesos de inspección y control aduanero, así como con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aplicada al comercio exterior.

Blindaje aduanero como política de Estado

El operativo en el AICM se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las fronteras mexicanas frente al ingreso de mercancías de alto riesgo. La coordinación entre dependencias de seguridad y la agencia aduanera refleja un modelo de intervención interinstitucional orientado a proteger tanto la seguridad nacional como la integridad de las cadenas logísticas internacionales.

La ANAM destacó que los controles aplicados se apoyan en tecnología de última generación y en esquemas de inteligencia que permiten anticipar y neutralizar intentos de introducción de mercancías ilícitas antes de que alcancen el mercado interno.

Elementos de la Secretaría de María detuvieron este jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, en un operativo aéreo y terrestre en la comunidad de El Zapote de los Cázares, municipio de Mocorito, Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la detención se realizó a las 15:15 horas. Junto a este personaje también habrían sido detenidas al menos 17 personas más identificadas como parte de su círculo de seguridad.

La ficha de detención describe a “El Yukito” como hombre de complexión media, tez blanca, sin barba ni bigote, que en el momento de su detención portaba una playera negra, short negro con blanco y tenis negros.

El operativo se ejecutó dos semanas después de un primer despliegue de la Secretaría de Marina sobre el mismo poblado serrano, el 11 de julio, que no derivó en detenciones confirmadas. En esa ocasión, aeronaves Texan T6C y un helicóptero Black Hawk sobrevolaron a baja altura las calles de la comunidad de menos de 100 habitantes, ubicada a 40 kilómetros al sur de Badiraguato y a 70 al norte de Culiacán.

Así irrumpieron en el rancho del clan Angulo

El operativo del jueves incluyó helicópteros y vehículos de alto blindaje que cercaron la finca señalada extraoficialmente como el principal centro de mando de la familia Angulo en la región del Évora.

Videos difundidos en redes sociales muestran a elementos de la Marina ingresando al predio. Se desconoce si antes de las detenciones hubo algún tipo de enfrentamiento.

Según reportes extraoficiales recogidos por El Sol de Sinaloa, presuntos integrantes del grupo colocaron ponchallantas a lo largo de brechas y caminos de acceso en la zona serrana, lo que dañó la neumática de varias patrullas oficiales. El despliegue federal impidió, no obstante, la fuga del objetivo prioritario.

El Gabinete de Seguridad Federal no ha emitido al momento de la publicación de esta nota algún comunicado oficial sobre el número de personas aseguradas, el material decomisado ni las circunstancias precisas del operativo al cierre de esta información.

En redes sociales también circuló una supuesta fotografía de Fredy Angulo Soto, sin embargo, la detención de este personaje aún se ha podido confirmar en el RND.

El Yukito: presunto heredero de las Fuerzas Especiales Yuko

Rosario Fidel Angulo Salazar es señalado por fuentes de seguridad como el presunto sucesor operativo de su padre, Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko” —cuya clave operativa es el “09”—, comandante de las Fuerzas Especiales Yuko, grupo armado activo en el norte de Sinaloa.

El clan Angulo tiene raíces largas en el Cártel de Sinaloa. El abuelo de “El Yukito”, Fidel Angulo Cázares, alias “El Fidelon”, fue lugarteniente de la organización durante los años en que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera la encabezaba.

De acuerdo con una investigación de la periodista Vivienne Hearst para Borderland Beat, El Fidelon tuvo al menos cuatro hijos que se involucraron en las actividades del cártel: Fredy, “El Yuko”; José Luis, “El Mi Niño”; Fidel, “Fidelito”; y Rosario, “El Bitache”, asesinado en 2006.

José Luis Angulo Soto, alias “El Mi Niño”, tío de “El Yukito”, está detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos en el Distrito Sur de Illinois por narcoterrorismo, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, y conspiración de lavado de dinero.

Del bando de Los Chapitos a Los Mayos: el giro que les costó una manta

Fredy Angulo Soto y su primo Ceferino Espinoza Angulo, alias “El Koyote” o “El 14”, eran considerados afines a Los Chapitos antes del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López en 2024.

Tras ese quiebre, ambos decantaron su lealtad hacia Los Mayos y el Cártel de Guasave —también identificado como remanente del Cártel de los Beltrán Leyva—, organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”. El cambio de bando les costó aparecer en narcomantas colocadas en Culiacán, presuntamente firmadas por Los Chapitos: “Las lacras traidoras no caben en ningún lado”, se leía.

El Koyote enfrenta acusaciones ante una corte federal del Distrito Norte de Illinois por delitos relacionados con el trasiego de drogas, posesión de armas y obtención de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Hasta la publicación de esta información, Fredy Angulo Soto no figura en ningún expediente público ni en listas de los más buscados de Estados Unidos.

La detención de “El Yukito” se produce en el marco de un despliegue federal sostenido en Sinaloa que, solo en la última semana de julio, incluyó la captura de Adrián “N”, alias “El 20”, jefe regional de Los Chapitos en al menos seis municipios del estado.

El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, dio a conocer las medidas implementadas para frenar el sargazo en las playas del Caribe de México.

Durante la mañanera del pueblo de este 30 de julio en Palacio Nacional, aseguró que el objetivo principal de la estrategia es recuperar la funcionalidad turística y ambiental de estas zonas mediante un esquema permanente de contención y recolección en el mar y aguas someras.

El plan está enfocado en dos premisas principales, donde la inversión está enfocada en la recolección de esta alga para que no toque las costas, y poder transformarlo en productos para la industria.

Estrategia de recolección del sargazo en México

De acuerdo con el líder de la Secretaría de la Marina (SEMAR), existen cuatro líneas de acción fundamentales, las cuales se implementarán para la reducción de este fenómeno:

• Recolección en aguas abiertas
• Recolección en aguas someras
• Recolección en playas con mejores practicas ambientales
• Disposición final

Acciones implementadas en el Caribe mexicano

La mayoría de las acciones ambientales están enfocadas principalmente en las playas turísticas nacionales, con el apoyo de la iniciativa privada.

Capacidad de Recolección en la Mar

1,227 toneladas diarias

• 219 Elementos
• 2 Buques Sargaceros Oceánicos
• 11 Buques Sargaceros Costeros
• 3 Sargaceras Anfibias
• 18 Embarcaciones menores
• 2 Lanchones BAL-02-01 y BAL-01-01
• 16,030 Metros de Barrera de contención
• 2 Drones

Capacidad de Recolección en las Playas

950 toneladas diarias

• 315 Elementos de SEMAR
• 588 Elementos del Estado y Municipios
• 120 Elementos de las Empresas
• 34 Maquinaria
• 32 Camiones
• 12 Barredoras
• 10 Bandas Sargaceras

Inversión para controlar el sargazo

La inversión total será de 2000 millones de pesos, la cual se dividirá en dos etapas:

Etapa Uno (2026): 768.7 MDP, capacidad a 1,870 tons diarias:

• 2 remolcadores
• 6 sargaceros costeros
• 1.5 km de barreras dinámicas
• 50 km de barreras de contención costera, para cubrir las áreas de Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual

Etapa Dos (2027 incrementar capacidad a 4,000 tons diarias:

• Más buques sargaceros
• Más barreras de contención
• Más equipo de recolección en playas

México reutiliza alga marina en carreteras y construcción

La acumulación de sargazo en playas mexicanas ha generado impactos ambientales y económicos, especialmente en Quintana Roo. Para enfrentar este reto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsó un proyecto que transforma el alga en materiales para la construcción y en aditivos para pavimentos.

Esta iniciativa busca no solo limpiar las costas, sino también aprovechar esta vegetación marina como insumo para la infraestructura nacional. El Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM desarrolló tecnologías que permiten fabricar bloques, adoquines, celosías y postes de luz a partir de esta macroalga. Los productos han sido sometidos a pruebas de resistencia bajo las normas del país.

El proceso consiste en recolectarlo, procesarlo y convertirlo en materiales cuya durabilidad es comparable a la del concreto tradicional. Empresas privadas y centros de investigación trabajan en perfeccionar el sistema para lograr una producción a gran escala.

El objetivo es que estos recursos se utilicen en obras públicas, especialmente en regiones afectadas por la proliferación del alga.

En paralelo, el Instituto Mexicano del Transporte realiza estudios para incorporar el sargazo en mezclas asfálticas. El estudio se centra en garantizar que los insumos aporten resistencia y estabilidad a las carreteras. Así, su reutilización representará una alternativa sostenible que contribuye al desarrollo de infraestructuras más duraderas y ayuda a mitigar el impacto ambiental.

Frente a una temporada que ya duplicó el récord histórico de sargazo en el Caribe mexicano, el gobierno federal se prepara para presentar, el próximo 30 de julio, una estrategia que combina dos objetivos: contener la macroalga antes de que llegue a las playas y, al mismo tiempo, convertirla en un activo industrial.

Una flota naval contra el sargazo

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Turismo (Sectur), junto con el gobierno de Quintana Roo y el sector privado, encabezarán el plan.

La Semar ya opera una flota sargacera integrada por:

• El buque oceánico ARM “Natans”
• 11 buques costeros especializados
• Una sargacera anfibia
• 18 embarcaciones menores, dos lanchones y cuatro drones

Además, se han instalado más de 9 mil metros de barreras de contención frente a zonas hoteleras, y hasta el 14 de julio se habían recolectado más de 79 mil 900 toneladas de sargazo en el litoral mexicano. La inversión acumulada, según el gobierno estatal, supera los 700 millones de pesos entre recursos federales y estatales.

El sargazo, de problema ambiental a materia prima

El giro más llamativo de la estrategia es normativo: desde agosto de 2025, el sargazo fue incorporado a la Carta Nacional Pesquera como “recurso pesquero con potencial de desarrollo”, lo que abre la puerta a su uso comercial en fertilizantes, biocombustibles, biomateriales, bioplásticos y textiles.

A esto se suma el reciente Fondo de Capital Ambiental para México, presentado el 21 de julio con participación de Semarnat, la Secretaría de Hacienda y el banco CAF, que podría canalizar recursos hacia la estrategia contra el arribazón en el Caribe mexicano.

Científicos: contener sí, pero con un plan integral

Especialistas consultados coinciden en que extraer sargazo en altamar no basta. Rosa Elisa Rodríguez Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que la cantidad recolectable en barco es mínima frente al volumen presente en el océano, y recordó que un estudio previo estimó en un millón de dólares el costo anual de limpiar un solo kilómetro de costa.

Según la especialista, la clave está en instalar barreras cercanas a la costa —capaces de contener hasta 90% del sargazo— combinadas con monitoreo satelital y una política pública coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Una temporada sin precedentes

Los números respaldan la urgencia: el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida reportó que en junio de 2026 el sargazo casi duplicó su récord histórico, con cinco millones de toneladas métricas. Conabio, por su parte, calculó 34.8 millones de toneladas húmedas en el Caribe durante mayo, la cifra más alta desde que inició el monitoreo satelital en 2010.

Con la temporada alta prevista para julio-agosto, empresarios y habitantes de la región esperan que la estrategia federal, más allá de la contención, logre finalmente convertir un problema recurrente en una oportunidad económica sostenible.

Este jueves, en la comunidad de Villa Madero, municipio de Seybaplaya, Campeche, pescadores bloquearon el paso sobre la carretera local y retuvieron a elementos de la Guardia Nacional y de la Marina para recuperar su equipo de trabajo que, previamente, decomisaron.

Entre lo asegurado había –según los pobladores– equipo de cómputo y compresores que usan para sus tareas diarias; en consecuencia, los pescadores no estuvieron de acuerdo con el operativo y dispuestos a enfrentarse con las autoridades, exigieron a gritos la devolución de sus herramientas.

“O lo bajan y se van tranquilos (...) ¿qué podemos hacer? ¡Vamos a voltear toda la camioneta!”, expresaron los pescadores a los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar) mientras colocaban troncos sobre la vía para impedir el avance de las unidades oficiales. 

Guardia Nacional asegura compresores “clandestinos”

De acuerdo Proceso, el aseguramiento se llevó a cabo durante una inspección ejecutada por un convoy de la Marina y la Guardia Nacional en el muelle de Villa Madero, donde los elementos decomisaron varios compresores de aire utilizados clandestinamente para la pesca mediante buceo.

Cabe señalar que este tipo de compresores están prohibidos por la NOM-064-SAG/PESC/SEMARNAT-2013, norma que indica la restricción de técnicas como el arponeo y el buceo con compresor (hookah) en aguas marinas y continentales, salvo autorizaciones especiales aprobadas por el Instituto Nacional de Pesca.

Aparte del riesgo considerable que significa para la salud de los buzos, dicha práctica promueve la depredación y sobreexplotación de la fauna marina. En otras palabras, hay motivos de sobra para su prohibición.

Marinos y guardias ceden a la presión de los pescadores

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede observar que, al final, los marinos y los guardias cedieron a la presión y amenazas directas de volcar sus vehículos, por lo que permitieron que los pescadores bajaran los compresores de las bateas de las camionetas para retirarse del lugar.

Durante la grabación también se puede ver cómo los inconformes recuperan su equipo antes de que los elementos militares se marchen.

No es la primera vez que elementos de la Guardia Nacional son retenidos por pobladores, también ha ocurrido en estados como Chiapas, lo que refleja que sus operativos están mal ejecutados o, los uniformados, no cuentan con la capacidad para afrontar una situación de esa magnitud.

Sheinbaum aplaude trabajo de la Guardia Nacional

Un día antes de que pescadores de Campeche retuvieron y arrebataron lo incautado por elementos de la Marina y la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de esta última corporación de seguridad que es completamente castrense.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la primera mandataria reveló que visitó la Comandancia de la Guardia Nacional, donde reconoció a los elementos por su entrega, valores y servicio al pueblo de México.

“En solo siete años hemos consolidado una institución de seguridad pública profesional, disciplinada, con valores y comprometida con la protección del pueblo de México.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional por su entrega, sus valores y su servicio al pueblo de México”, expresó.

Reconoce a Sedena por dirigir a la Guardia

Además, Sheinbaum Pardo aplaudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la manera en la que ha conducido a la Guardia Nacional y convertirla en un “cuerpo de élite”, pese a que nació como una corporación civil en 2018.

“El fortalecimiento de sus capacidades, su equipamiento y su labor de inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos permite seguir avanzando en la construcción de un México más seguro”, destacó.

Un día después de que Claudia Sheinbaum reconoció a la Guardia Nacional, elementos de ésta y de la Marina tuvieron que ceder ante pescadores de Campeche que los retuvieron tras un decomiso.

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Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), informó que durante 2025 y 2026 se han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades, los resultados forman parte del fortalecimiento de las estrategias de inteligencia aduanera, gestión de riesgos, revisión documental, inspecciones físicas y uso de tecnología no intrusiva para detectar mercancías ilegales que pretendían ingresar o salir del país.

Además de los cigarros de contrabando, en instalaciones de carga, mensajería y paquetería internacional fueron detectadas más de 200 guías aéreas que transportaban diversas sustancias ilícitas, con un peso acumulado superior a 400 kilogramos.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante perfiles de riesgo y revisiones especializadas a envíos que presentaban inconsistencias en su documentación, descripción comercial o destino declarado.

También aseguran armas, drogas y sustancias peligrosas

Los operativos coordinados entre la ANAM, la SSPC y la Marina también permitieron detectar armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar o salir de México a través de operaciones de mensajería internacional.

Asimismo, durante las inspecciones se realizó el aseguramiento precautorio de aproximadamente 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite, luego de que los procedimientos de revisión documental y física generaran elementos para realizar una inspección especializada.

A estos resultados se sumó el aseguramiento de aproximadamente 600 kilogramos de mercurio líquido, considerado una sustancia altamente tóxica y peligrosa para la salud, que era transportada oculta dentro de maletas.

Los trabajos de vigilancia también se extendieron a las Terminales 1 y 2 del AICM, donde las autoridades detectaron intentos de tráfico de narcóticos y mercancías prohibidas mediante equipaje documentado, equipaje de mano y distintos métodos de ocultamiento.

La ANAM destacó que estos resultados representan un golpe a las organizaciones dedicadas al contrabando, falsificación de mercancías, evasión fiscal y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.

Además, las autoridades señalaron que el fortalecimiento de los controles aduaneros contribuye a mejorar la recaudación federal mediante una correcta clasificación y valoración de mercancías, así como a detectar irregularidades en las operaciones de comercio exterior.

Según la información oficial, la coordinación entre las instituciones busca evitar que drogas, armas y otros productos ilícitos ingresen al país o sean utilizados para fortalecer las capacidades operativas de grupos criminales.

Las autoridades federales consideraron que los resultados obtenidos durante 2025 y 2026 consolidan al AICM como uno de los principales puntos de vigilancia y control fronterizo del país, al tiempo que refuerzan las acciones contra el crimen organizado, protegen la salud pública y contribuyen a la seguridad nacional.

Vinculan a proceso a presunto integrante del CJNG tras enfrentamiento en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador Gómez Manzo, a quien se relaciona presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de ser detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa para Salvador “N”, quien fue trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El presunto integrante del CJNG fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, tras el enfrentamiento con elementos de la Defensa.

En el operativo, las autoridades aseguraron 18 armas largas y una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos, un casco y 19 cintas eslabonadas.

La FGR recordó que Salvador “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Un operativo de fuerzas federales y estatales en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa, terminó con dos civiles armados abatidos, tres personas detenidas y el aseguramiento de aproximadamente 25 kilogramos de presunta metanfetamina, además de armamento de alto poder, informó el Grupo Interinstitucional.

Como resultado de la intervención, las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 15 cargadores, 410 cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación y una cubeta con artefactos ponchallantas, material que quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Una persecución derivó en el enfrentamiento

De acuerdo con la versión oficial, los hechos comenzaron cuando elementos de seguridad detectaron dos vehículos que circulaban a alta velocidad por caminos de terracería en las inmediaciones de la sindicatura.

Los agentes iniciaron una persecución para interceptar a ambas unidades. Sin embargo, los ocupantes presuntamente respondieron con disparos de arma de fuego contra el personal operativo, lo que originó un enfrentamiento.

Tras controlar la situación, las corporaciones confirmaron la muerte de dos de los presuntos agresores y la detención de otros tres.

Aseguran droga, armas y equipo táctico

Durante la inspección del lugar, los elementos localizaron 31 bolsas con aproximadamente 25 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, además del armamento y municiones utilizados presuntamente por los civiles.

Entre los objetos asegurados también había equipos de comunicación y una cubeta con ponchallantas, dispositivos empleados por grupos delictivos para obstaculizar persecuciones o dañar neumáticos de vehículos durante su huida.

Las dos unidades involucradas en los hechos fueron aseguradas por las autoridades. De acuerdo con la revisión oficial, ninguno de los vehículos contaba con reporte de robo.

Un operativo coordinado

En las acciones participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Los tres detenidos, junto con la droga, las armas, los vehículos y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las personas abatidas ni de los detenidos, tampoco han precisado si estarían relacionadas con algún grupo delictivo que opera en Sinaloa.

Operativo previo dejó dos detenidos, fentanilo y una ametralladora decomisados en Culiacán

Las acciones del Grupo Interinstitucional se sumaron a otro operativo realizado el miércoles 15 de julio en la colonia Lomas de Bulevar, también en Culiacán, donde fuerzas federales y estatales detuvieron a dos civiles tras una denuncia anónima que alertó sobre personas armadas al interior de un complejo de departamentos.

De acuerdo con la información oficial, al llegar al inmueble los agentes observaron a un hombre armado que intentó escapar, aunque fue interceptado. Durante la intervención también fue localizado otro individuo y, tras inspeccionar el lugar, las autoridades aseguraron una ametralladora Herstal M60 calibre 7.62 x 51 milímetros, dos fusiles AK-47, 12 cargadores abastecidos, dos cintas eslabonadas con 200 cartuchos, 560 municiones calibre 7.62 x 39 milímetros, mil pastillas de presunto fentanilo —con un peso aproximado de 222.4 gramos—, equipo táctico y un estuche para el arma de alto poder.

Los dos detenidos y el armamento, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Gobierno de México rechazó este martes las acusaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien señaló la existencia de vínculos entre los cárteles y las autoridades mexicanas. En un comunicado conjunto, el Ejecutivo federal calificó las afirmaciones de infundadas y presentó un balance de resultados para refutarlas.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, se lee en el comunicado.

El documento, fechado el 14 de julio de 2026 en Ciudad de México, lleva la firma de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, agrega el texto.

Las cifras con las que México responde

Desde el arranque de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno federal reportó la detención de 59 mil 582 personas, entre las que se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, "sin distinción alguna“, según precisa el comunicado.

En materia de aseguramiento de bienes, las instituciones de seguridad decomisaron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga. Dentro de ese volumen se incluyen 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, cifra que el Gabinete presenta como evidencia directa del combate al tráfico de la sustancia que más preocupa a las autoridades estadounidenses.

El operativo también alcanzó la infraestructura del narcotráfico: fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destinadas a la elaboración de metanfetaminas.

Operación Enjambre y funcionarios detenidos

Uno de los argumentos centrales del comunicado para refutar las acusaciones es la persecución de servidores públicos corruptos. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones complementarias, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados a actividades delictivas.

Entre los detenidos figuran siete presidentes municipales en funciones. El Gabinete de Seguridad señaló que ese dato confirma que "en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas“, en respuesta directa a la acusación de connivencia con el crimen organizado.

La caída en homicidios como termómetro

El Gabinete también incluyó un indicador de violencia general. De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos registró una caída del 48 %, equivalente a 41 homicidios menos por día en todo el país, de acuerdo con los datos presentados en el propio escrito.

El documento presenta esa reducción como reflejo directo de la estrategia de seguridad, aunque no desglosa los factores específicos que explican la baja ni ofrece comparativos por entidad federativa.

Cooperación bilateral y soberanía

El documento cerró con un mensaje dirigido a Washington. El Gabinete reconoce que los mecanismos de cooperación bilateral han producido resultados concretos, entre ellos la detención de “objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos“.

Al mismo tiempo, el Gobierno de México reafirmó su disposición a fortalecer esa cooperación, pero estableció las condiciones bajo las cuales está dispuesto a hacerlo: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. El objetivo declarado es combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

Lo que dijo Terry Cole

"Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones“, declaró Terry Cole este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida. El titular de la DEA advirtió que la agencia no limitará sus acciones a los integrantes de los grupos criminales: también perseguirá a quienes, desde cargos públicos, presuntamente permitan o faciliten su actividad. Cole señaló que el foco de la ofensiva abarca las estructuras dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como a sus presuntos protectores dentro del aparato gubernamental.

La Operación "Restitución" en el Estado de México acumula más de un año de acciones coordinadas contra el despojo de propiedades, con 2 mil 276 inmuebles asegurados en 79 municipios y mil 396 ya devueltos a sus dueños legítimos.

La estrategia, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, reúne a seis instituciones de seguridad y justicia en operativos simultáneos que abarcan zonas urbanas y rurales de la entidad. A más de 12 meses de su primer despliegue, los números reflejan una presencia sostenida en el territorio.

Qué es la Operación Restitución y cómo funciona

La Operación “Restitución” forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, coordinada desde la Mesa de Paz del Estado de México. Su objetivo es recuperar inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad, para devolverlos a quienes acrediten legítimamente su titularidad. Desde su arranque, la iniciativa ha logrado restituir mil 396 de los 2 mil 276 predios asegurados en todo el estado.

En cada operativo participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales. La coordinación entre fuerzas federales, estatales y locales es el eje que sostiene el alcance territorial de la operación.

55 inmuebles asegurados en la última semana

Del 4 al 10 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron 14 cateos y 41 inspecciones en 22 municipios del Estado de México. El resultado: 55 inmuebles asegurados, de los cuales 41 corresponden a casas habitación y 14 a predios.

Los municipios intervenidos durante esa semana fueron Acolman, Almoloya de Juárez, Atenco, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jilotepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.

La distribución geográfica de los operativos muestra que la operación no se concentra en una sola zona: abarca tanto municipios del Valle de México con alta densidad poblacional como localidades del interior del estado, donde el despojo de predios rurales representa un problema recurrente.

Una estrategia que cubre 79 municipios del estado

Desde su primer despliegue, la Operación "Restitución" ha extendido su cobertura a 79 municipios de la entidad. La cifra de inmuebles asegurados refleja la escala del problema del despojo en el Estado de México, una de las entidades más pobladas del país.

De ese total, mil 396 propiedades ya fueron restituidas a sus dueños, lo que representa poco más del 61% de los inmuebles asegurados. El resto permanece en proceso de acreditación legal de propiedad o en etapas de investigación.

La operación se sostiene sobre un modelo de intervención que combina diligencias judiciales, como los cateos, con inspecciones en campo, permitiendo actuar tanto sobre inmuebles con orden judicial como sobre aquellos identificados en recorridos de verificación.

Cómo denunciar un despojo ante la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene activos tres canales para que la ciudadanía reporte delitos de despojo u otros hechos delictivos relacionados con la propiedad. El primero es el correo electrónico, cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx.

El segundo, la línea telefónica 800 7028770, de acceso gratuito. El tercero es la aplicación FGJEdomex, disponible sin costo en las tiendas de aplicaciones para dispositivos con sistemas iOS y Android.

De noviembre de 2025 a mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) acumularon 178 quejas relacionadas con la actuación de su personal.

Sin embargo, la mayoría de esas quejas continúa en proceso de atención, así lo reveló el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El documento en cuestión detalla que la Sedena recibió 94 quejas, de las cuales 14 fueron concluidas y 80 permanecen en trámite. Mientras que la Semar registró 84 expedientes, 16 de ellos concluidos y 68 aún en gestión.

Esas cifras reflejan que 148 de las 178 quejas presentadas, es decir, más del 83 por ciento, continúan sin resolución al cierre del periodo reportado.

CNDH no emite recomendaciones contra el Ejército

Respecto a la Sedena, el informe también detalla que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones contra la dependencia castrense entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de mayo de 2026.

Sobre la Semar, el reporte destaca que la CNDH emitió ocho recomendaciones. De las cuales cuatro fueron aceptadas, tres rechazadas y una estaba en análisis para determinar el camino jurídico correspondiente.

Este informe es parte de la rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y da seguimiento a las quejas presentadas “por presuntas irregularidades o posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a personal militar y naval”.

Este es el procedimiento para interponer una queja contra soldados o marinos

Ante violaciones a derechos humanos, la vía es presentar una queja ante la CNDH, ya sea de forma presencial o mediante sus canales de atención en línea, por teléfono o por correo electrónico.

Para posibles faltas administrativas o irregularidades en el desempeño de servidores públicos, las denuncias también pueden presentarse ante los Órganos Internos de Control de ambas dependencias.

En el caso de la Secretaría de Marina, cuenta con un procedimiento para someter quejas y denuncias, además de un protocolo para atender posibles incumplimientos al Código de Ética por parte de su personal.

La dependencia también dispone de un canal de denuncia ciudadana para asuntos relacionados con la Autoridad Marítima Nacional.

Mientras que en la Sedena, el procedimiento institucional establece que las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos presentadas ante la CNDH pueden derivar, cuando corresponda, en la intervención de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Ese órgano funge como instancia interna de control para investigar posibles responsabilidades administrativas del personal, de acuerdo con el esquema institucional descrito.

Rosario Piedra también defiende al Ejército en caso Ayotzinapa

Mientras la Sedena y Semar acumulan quejas de su personal, esta semana, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una recomendación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

La recomendación 208VG/2026, según la Comisión, busca reivindicar la lucha de las víctimas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, “y de las deficientes investigaciones de los mismos”.

No obstante, en el documento, la CNDH salió en defensa de los militares –a pesar de que hay 17 de ellos procesados por la desaparición de los estudiantes– y arremetió contra las investigaciones sobre el caso hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

Entre opacidad por su actuar en diversas tareas, no solo de seguridad, el personal de la Sedena y Semar acumula quejas sin resolver.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en aguas del Océano Pacífico, frente a costas de Oaxaca, por su probable participación en el transporte de más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína y la posesión ilícita de hidrocarburo, ambos delitos cometidos con la agravante de pandilla.

Los imputados, identificados únicamente como Wilson, Jordy, Henry y Erwin, fueron llevados ante un juez de control luego de que su detención fuera calificada de legal en audiencia inicial. El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes para obtener además prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Cómo ocurrió la detención en alta mar

La captura de los cuatro imputados se originó durante un vuelo de patrullaje marítimo de la Secretaría de Marina (Marina), en funciones de Guardia Costera. Desde el aire, el personal naval avistó dos embarcaciones ribereñas que navegaban sin matrícula ni bandera con rumbo a costas mexicanas.

Ante el avistamiento, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona. Fue el helicóptero embarcado de esa patrulla el que realizó la intercepción directa de las dos naves. Al abordarlas, los elementos navales detuvieron en flagrancia a las cuatro personas y procedieron a la inspección del cargamento.

“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en cuanto el buque arribó a puerto,” según informó la dependencia.

Dos toneladas y media de cocaína y casi mil litros de gasolina

La revisión de las embarcaciones arrojó un hallazgo de dos frentes. Por un lado, costalillas con diversos paquetes de clorhidrato de cocaína cuyo peso ministerial quedó determinado en dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. Por otro, 19 bidones con petrolífero tipo gasolina que sumaron en conjunto 988.65 litros de combustible ilícito.

La FGR imputó los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y transporte de clorhidrato de cocaína, en ambos casos con la agravante de pandilla. Con ese cargamento probatorio, el MPF adscrito a la FEMDO convenció al juez de control de dictar vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca”.

Resolución judicial y siguiente etapa del proceso

Tras la calificación legal de la detención, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FEMDO deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

Los cuatro imputados permanecerán recluidos en el CEFERESO No. 13, ubicado en Oaxaca, mientras avanza esa etapa procesal. La FGR precisó que, conforme a la ley, a Wilson, Jordy, Henry y Erwin se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El decomiso, en el marco de casi 77 toneladas incautadas en el sexenio

El operativo que derivó en estas detenciones se inscribe en una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según datos oficiales de la Marina, el aseguramiento frente a costas de Oaxaca generó una afectación económica estimada en $652 millones 941 mil 250 pesos para el crimen organizado y evitó la distribución de aproximadamente cinco millones 980 mil dosis de droga.

Con este decomiso, la Armada de México acumuló cerca de 77 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra que se actualiza conforme las autoridades competentes determinan el peso ministerial de cada aseguramiento.

El caso se suma a otros golpes recientes al narcotráfico marítimo. El 1 de julio, la Marina informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. Semanas antes, el 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de la misma sustancia ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, operativo en el que fueron detenidos cinco ciudadanos ecuatorianos.

El periodista y activista ambiental guerrerense, Alex Serna, fue hallado sin vida el pasado 4 de julio después de haber estado desaparecido durante semanas. Su familia reportó que se le vio por última vez el 20 de junio. Hoy se sabe que su cuerpo fue hallado desde el 22, sin embargo, permaneció en el Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que fue reconocido por familiares.

Su caso no es solo una muestra de la impunidad de la que son víctimas las personas desaparecidas, sino también del riesgo que enfrentan los comunicadores y defensores del medio ambiente en México.

Alex Serna, de 39 años, era conocido en Zihuatanejo, Guerrero, por documentar y denunciar daños ambientales y actos de corrupción que afectan a las comunidades de la zona. A través de videos en redes sociales, difundía sus investigaciones sobre casos de empresas o autoridades que operaban de manera irregular o que afectaban de alguna forma a las comunidades de la Costa Grande de Guerrero, de donde era originario.

Meses antes de su desaparición, en marzo de 2026, Alex Serna denunció que recibió amenazas para que “le baje” y deje de realizar su trabajo periodístico. A través de una publicación en redes, el activista exhibió mensajes que recibió de una cuenta desconocida en donde se leía que incluso ya conocían su ubicación.

No obstante, a pesar de dichas amenazas, Alex Serna no se detuvo y continuó investigando y difundiendo información sobre su comunidad. Incluso el día en el que desapareció, el 20 de junio, publicó su último video, se trataba de la primera parte de una investigación que llevaba realizando desde 2024. Horas después de publicarlo, desapareció.

Son dos los últimos temas más relevantes que Alex Serna denunció antes de ser desaparecido y luego asesinado. Uno, es contra una empresa deshidratadora de mangos, la cual acusó de operar sin permisos y de contaminar el agua de las comunidades, y el otro, un proyecto inmobiliario a cargo de las autoridades municipales que violaba permisos y afectaba al medio ambiente de Zihuatanejo.

Empresa deshidratadora de mangos que operaba sin permisos

En un video difundido en sus redes sociales, publicado el 20 de junio a las 10:45 de la mañana, el mismo día de su desaparición, Alex denunció que la empresa Sunsets Tropicales de México, operada por el empresario extranjero Frank Thomas Cruz, tenía irregularidades al declararse como una empresa empacadora de mangos cuando en realidad lo que hacía era deshidratar esta fruta.

“La gran diferencia: una deshidratadora usa químicos para lograr la conservación de la fruta. Una empacadora de fruta es solo seleccionar la calidad de la fruta”, explicó Alex Serna en su video.

Pero esa era solo la primera de las irregularidades de esta empresa. El comunicador denunció que Sunsets Tropicales de México ha contaminado de manera reiterada los límites de La Saladita y Los Llanos de Temalhuacán, comunidades del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, en la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo a la investigación de Alex Serna, la planta utiliza químicos en sus procesos de deshidratación para conservar fruta destinada a mercados de Canadá, Estados Unidos y Japón, lo que provoca afectaciones al aire, agua y tierra de la región.

Explicó que desde 2024 ha buscado información sobre este caso, realizando solicitudes de información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para conocer los permisos con los que cuenta la deshidratadora. Este año finalmente había logrado evidencia suficiente para comprobar que la empresa no contaba con ninguna autorización ambiental para operar.

En su video, Serna afirmó que la Semarnat confirmó que no existe un resolutivo vigente de impacto ambiental y que la planta tampoco cuenta con la licencia ambiental única, necesaria para fuentes fijas de jurisdicción federal. Además, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental precisaron que no hay registros, proyectos ni permisos ambientales concedidos a la empresa. De los documentos de los que sí podría haber registros, ya no queda evidencia debido a una pérdida de archivos por el huracán Otis, según explicó la dependencia ambiental.

La denuncia de Alex Serna enfatiza que Sunsets Tropicales de México no solo carece de permisos ambientales, sino que tampoco posee concesiones de agua ni autorizaciones para la descarga de aguas residuales, según respondió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con ello, Alex Serna advirtió que la empresa extrae agua de manera ilegal, contamina con sus procesos industriales y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la comunidad local.

“Es una cadena de contaminación para los productos, trabajadores que ahí operan y a los mismos pobladores de La Saladita y El Llano”, expuso en su video el periodista. Además, explicó que las personas de los alrededores se manifestaron en contra de la empresa hasta que en 2017 se llegó a un acuerdo, sin embargo, Alex Serna lo consideró insuficiente, pues las manifestaciones continuaron.

Al respecto, y sobre las dudas que deja la relación entre el video publicado por Alex Serna y el día en el que desapareció, la empresa deshidratadora emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier acusación y argumentó que sí cuenta con los permisos necesarios para operar.

Marina remodela su capitanía, pero viola leyes ambientales

En un video anterior, publicado el 14 de junio a las 4:49 de la tarde, Alex Serna denunció la construcción de un edificio en el muelle de Zihuatanejo de Azueta que, advirtió, no contaba con el estudio de impacto ambiental requerido por la Semarnat.

Se trata de una remodelación al Recinto Portuario y Explanada del Acceso al Muelle Principal de la Secretaría de Marina, con el objetivo de lograr un “mejoramiento de imagen” en el puerto de Zihuatanejo, de acuerdo a lo informado por el propio gobierno municipal, encabezado por la bióloga Lizette Tapia.

La obra contempla elevar la estructura de la capitanía de la Marina a tres niveles, sin embargo, la denuncia gira en torno a que se trata de una zona reconocida por su inestabilidad debido a la base de piedras y la cercanía al mar y la laguna, lo que podría poner en riesgo la seguridad de la zona y beneficiar únicamente a las autoridades que están impulsando el proyecto, es decir, a los integrantes del “cacicazgo priista”, según se expresó Alex Serna en su video.

En su testimonio también menciona que, aunque en la primera etapa de la obra no se instalarán comercios, en fases posteriores se prevé la apertura de locales y restaurantes en los nuevos niveles del edificio, así como la ocupación del estacionamiento para actividades comerciales. Reiteró que estas acciones se ejecutan sin los permisos ambientales necesarios y se relacionan con un patrón de concesiones y beneficios a empresas y particulares cercanos al grupo político de Lizette Tapia, que gobierna el municipio.

Además, se hace alusión a otros proyectos en la zona, como Carpinteros y Paseo Capricho del Rey, donde también acusó la construcción de restaurantes y cafeterías sin los permisos federales correspondientes, beneficiando a familiares y allegados de líderes sindicales y políticos.

“Estas obras son sin permisos ambientales. Mientras ellos cierran negocios por no tener los permisos, la licencia de funcionamiento, ellos, el cacicazgo priista y la bióloga ecosida priista, ellos operan sin los permisos necesarios, donde por su ego ponen en riesgo el futuro del municipio”, denunció Alex Serna en su testimonio.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que, según sostiene, demostrarían su inocencia.

La carta, fechada el 4 de julio de 2026 en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue difundida junto con su versión manuscrita y una transcripción íntegra. En ella, el mando naval reitera que desde hace diez meses permanece privado de la libertad dentro de la causa penal 325/2025, en la que enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna insiste en que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas y afirma que la imputación se basa principalmente en un video anónimo publicado en YouTube, así como en declaraciones de un testigo colaborador que, asegura, obtuvo beneficios procesales a cambio de incriminarlo.

Denuncia violaciones al debido proceso

En el documento, el Vicealmirante sostiene que desde noviembre de 2024 solicitó, por conducto de la Fiscalía General de la República, diversos actos de investigación dirigidos a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México con el propósito de acreditar que nunca ocupó cargos relacionados con la designación o validación de personal para aduanas marítimas.

Según expone, dichos documentos demostrarían que nunca propuso ni autorizó nombramientos dentro de las aduanas, uno de los principales señalamientos que sustentan la acusación en su contra.

Asimismo, afirma haber solicitado entrevistas realizadas por la Unidad de Inteligencia Naval a diversos elementos de la Marina, las cuales —asegura— contendrían presuntas amenazas y presiones para obtener declaraciones inculpatorias contra él y otros imputados.

De acuerdo con su versión, tanto esas entrevistas como otros documentos le han sido negados bajo el argumento de que constituyen información reservada por motivos de Seguridad Nacional.

Farías Laguna sostiene que esta negativa vulnera su derecho a una defensa adecuada y representa una obstrucción a la justicia, ya que, afirma, le impide acceder a elementos que podrían favorecer su situación jurídica.

Afirma que fue exhibido como culpable

Uno de los puntos centrales de la nueva carta es el señalamiento directo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Vicealmirante afirma que la mandataria recibió información incorrecta sobre su caso y sostiene que las referencias realizadas durante la Conferencia del Pueblo lo presentan públicamente como responsable de integrar una organización dedicada al contrabando de combustible, pese a que su proceso judicial continúa abierto.

A su juicio, esas declaraciones vulneran el principio de presunción de inocencia, afectan el debido proceso y generan un “efecto corruptor” sobre el procedimiento judicial al influir en la percepción pública respecto de su responsabilidad.

En el escrito también cuestiona que, mientras otros servidores públicos reciben —según afirma— garantías para preservar su presunción de inocencia, en su caso fue detenido, vinculado a proceso y exhibido públicamente sin haber sido llamado previamente a declarar.

Incluso sostiene que ha sido utilizado como un “chivo expiatorio” para responsabilizarlo de hechos con los que asegura no tener relación.

Otro de los señalamientos contenidos en la carta apunta a la existencia de funcionarios dentro del propio Gobierno federal que, de acuerdo con su versión, conocen los hechos investigados, continúan desempeñando cargos públicos y estarían impidiendo deliberadamente que salgan a la luz pruebas favorables para su defensa.

Aunque no identifica a esas personas, solicita a la presidenta intervenir para evitar que continúe esa presunta obstrucción.

Finalmente, Farías Laguna pide a Sheinbaum instruir a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas para que entreguen la información requerida por la Fiscalía General de la República y garanticen el acceso a las pruebas que considera indispensables para demostrar su inocencia.

En la parte final de la misiva, el Vicealmirante solicita que se respete el Estado de derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que expresa su confianza en que la Presidenta reciba “la verdadera información del caso” y actúe para evitar nuevas violaciones a sus derechos durante el desarrollo del proceso penal.

La solidaridad de México cruzó el mar rumbo a Venezuela. El Gobierno federal envió este domingo dos buques de la Armada con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por los terremotos que han dejado miles de muertos, heridos y personas sin hogar en el país sudamericano.

México despliega ayuda humanitaria por vía marítima hacia Venezuela

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) zarparon desde el puerto de Veracruz con aproximadamente 2,003 metros cúbicos de insumos, equivalentes a cerca de 388 toneladas de ayuda.

El envío responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones de cooperación internacional emprendidas por el Gobierno de México para atender la emergencia provocada por los sismos registrados en Venezuela.

Víveres, medicamentos y plantas potabilizadoras integran el cargamento

El buque Isla Holbox transporta alrededor de 1,750 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Además, lleva cuatro plantas potabilizadoras capaces de producir mil litros de agua purificada por hora cada una, así como el personal especializado encargado de operarlas.

Por su parte, el Huasteco traslada otros 253 metros cúbicos de alimentos, agua, productos de aseo e insumos médicos con el mismo destino.

Los productos enviados fueron reunidos a partir de donaciones recibidas en distintos centros de acopio instalados en la Ciudad de México y posteriormente concentrados en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz para su embarque.

Esta fue la ayuda enviada por México

• Se movilizan aproximadamente 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria.
• El cargamento equivale a cerca de 388 toneladas de suministros.
• Participan 100 elementos navales de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) en las labores de carga, traslado y desembarque.
• Los buques transportan cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de producir mil litros de agua por hora cada una.
• El viaje marítimo tiene una duración estimada de seis días.

Operativo coordinado entre autoridades y sociedad civil

La operación logística es resultado del trabajo conjunto entre la Semar, la SRE, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la recolección y entrega de los insumos.

Para el embarque y traslado participan 100 integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias, quienes cuentan con apoyo de maquinaria especializada, entre ella una grúa y dos montacargas, para facilitar las maniobras en el puerto de Veracruz.

Este envío se suma al apoyo aéreo realizado días antes, cuando un avión militar mexicano despegó hacia Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica destinadas a fortalecer la atención de las zonas afectadas.

Terremotos en Venezuela dejan miles de víctimas y severos daños

La ayuda mexicana llega mientras Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de los últimos años.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, los terremotos registrados el pasado 24 de junio han dejado 2,954 personas fallecidas y 16,592 heridas.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de cientos de edificios, principalmente en el estado de La Guaira, además de miles de personas damnificadas y viviendas destruidas.

Organismos internacionales también han advertido sobre la magnitud de la emergencia, ante el elevado número de personas que continúan afectadas por el desastre.

México reafirma su política de cooperación internacional

Con este nuevo puente de ayuda, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la asistencia humanitaria y la cooperación internacional frente a desastres naturales.

Las autoridades señalaron que estas acciones reflejan la tradición solidaria del país con las naciones de América Latina y buscan contribuir a atender las necesidades más urgentes de la población venezolana mientras continúan las labores de recuperación tras los terremotos.

Un ataque con explosivos mató a Christian Tello, capitán de la Semar, e hirió a dos marinos que resguardaban a un colectivo de madres buscadoras en la zona rural de Mazatlán, un hecho que además confirmó la repetición de agresiones con minas o artefactos similares en el sur de Sinaloa.

Horas después del ataque, corporaciones de seguridad que reforzaron la ruta El Vainillo-El Recodo localizaron los cuerpos de tres presuntos agresores civiles en una zona de monte cercana al poblado de Veranos. Peritos ministeriales acudieron al sitio para levantar los cadáveres y realizar las diligencias correspondientes.

La agresión ocurrió en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros, donde fuerzas armadas realizaban recorridos de seguridad y vigilancia preventiva. El operativo formaba parte del resguardo a un grupo de madres buscadoras que efectuaba excavaciones en un predio.

De acuerdo con la información disponible, civiles armados irrumpieron en la zona mientras el personal militar protegía el perímetro. El mando a cargo del dispositivo era el Capitán de Infantería de Marina Christian Tello, quien sufrió heridas graves durante el estallido.

De acuerdo con personas que lo conocieron, era recordado como un hombre alegre, un buen esposo, hijo y padre de tres menores, por lo que su fallecimiento ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de la corporación.

En el mismo hecho, otros dos elementos de la Marina, identificados como Jesús Alberto y Jesús Adrián, permanecen hospitalizados recibiendo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre su estado de salud.

Compañeros escribieron palabras de apoyo a su familia:

“Su sacrificio es un recordatorio del precio que muchos elementos de la Secretaría de Marina pagan para proteger a millones de mexicanos. Su nombre quedará grabado en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y en el corazón de un país que honra a quienes sirven con valor, lealtad y honor.

Descansa en paz, Capitán Cristian Tello. Que Dios reciba tu alma y conceda fortaleza a tu familia, amigos y compañeros de armas.

Tu misión en esta tierra terminó, pero tu legado de servicio y entrega vivirá para siempre.

Honor eterno a un marino caído en cumplimiento de su deber"

El capitán murió camino al Hospital Naval Militar de Mazatlán

El mando naval perdió la vida a bordo de una unidad de emergencias durante el trayecto hacia el Hospital Naval Militar de Mazatlán. La víctima también fue identificada en otra versión de los hechos como Christian “N”.

Los otros dos lesionados fueron los oficiales Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”. Ambos recibieron atención inicial en el Hospital Rural del IMSS en Villa Unión y después fueron trasladados bajo resguardo militar a clínicas del puerto.

En una relación adicional sobre el estado de los heridos, Jesús Adrián “N” fue reportado como policontundido. También circuló una versión preliminar sobre un tercer elemento lesionado, aunque ese dato no quedó confirmado por la vía oficial.

El hecho fue descrito en otra versión como la explosión de un artefacto tipo mina antipersonal en la comunidad de El Recodo, al norte de Mazatlán. Esa misma versión indicó que los tres marinos recibieron atención de emergencia y fueron llevados a un hospital, pero Christian “N” murió por las lesiones sufridas.

El colectivo dijo que se resguardó durante la emergencia

Tras la explosión, el colectivo Por las Voces sin Justicia difundió un pronunciamiento en redes sociales sobre lo ocurrido durante la jornada de búsqueda. Las integrantes expresaron miedo e incertidumbre por el ataque registrado mientras buscaban a sus familiares desaparecidos.

“Jamás imaginamos vivir una situación como esta mientras buscábamos a nuestros seres queridos”, señalaron las madres buscadoras. También relataron que tuvieron que resguardarse mientras se atendía la emergencia.

En el mismo mensaje, las integrantes agradecieron a los elementos de la Secretaría de Marina por la protección brindada durante la búsqueda. Además, expresaron oraciones por la recuperación de los militares que resultaron heridos.

Ese mismo ambiente llevó a madres buscadoras de Durango a viajar en grupo a Mazatlán y unirse a una manifestación de colectivos de Sinaloa frente al Servicio Médico Forense. La protesta buscó que no se ocultara lo que, según sus reclamos, en realidad se estaba encontrando en fosas clandestinas.

El ataque fue el segundo incidente de este tipo en la región

La Secretaría de Marina mantuvo después un despliegue operativo terrestre con apoyo de helicópteros sobrevolando las inmediaciones del sur de Mazatlán para asegurar el perímetro. El movimiento de fuerzas se concentró tras la agresión y la localización posterior de los presuntos agresores muertos.

El caso representó el segundo incidente de este tipo en la región. El antecedente inmediato ocurrió el 18 de marzo en Pánuco, municipio de Concordia, donde la activación de una mina antipersonal lesionó a un integrante de las fuerzas armadas.

Otra mención incluida en la información disponible sostuvo que la Secretaría de Marina confirmó la muerte de uno de sus elementos y que otros tres resultaron heridos cerca de la Presa Picachos, al norte de Mazatlán. Esa referencia coexistió con la versión principal, que reportó a dos lesionados confirmados y un tercer caso sin confirmación oficial.

La coincidencia entre ambas versiones fue el punto central del ataque: personal naval participaba en un operativo de protección para madres buscadoras cuando ocurrió la explosión. El saldo confirmado fue la muerte del capitán Christian Tello y las lesiones a dos efectivos más que integraban el dispositivo de seguridad.

La agresión se registró en un contexto de presión creciente de colectivos de búsqueda en la región. En el texto también se mencionó que 14 familias de Durango supieron por denuncias anónimas que sus desaparecidos estuvieron por última vez en El Verde, y que crecía la exigencia para que se informara la verdad sobre la cantidad de cuerpos encontrados en esa zona de Concordia.

• Un capitán de la Semar murió en un ataque con explosivos mientras resguardaba a madres buscadoras en Mazatlán.
• Los marinos heridos fueron Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”; ambos fueron atendidos primero en Villa Unión y luego trasladados a Mazatlán.
• El hecho fue el segundo incidente de este tipo en la región tras la explosión de una mina antipersonal ocurrida el 18 de marzo en Concordia.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Armada de México aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína y detuvo a ocho personas en dos operativos marítimos realizados en aguas del Océano Pacífico, frente a las playas de San José el Hueyate, en el estado de Chiapas, según informó la Semar.

El decomiso representa una afectación económica estimada en 263 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas y significa que se evitó que aproximadamente dos millones 400 mil dosis llegaran a la población, según el comunicado oficial de la dependencia.

Dos acciones, ocho detenidos y más de mil kilos asegurados

La Semar, en funciones de Guardia Costera, ejecutó las dos intervenciones de forma independiente en la misma zona marítima. En conjunto, el operativo dejó ocho presuntos infractores de la ley detenidos, una embarcación menor con dos motores fuera de borda asegurada y el cargamento de droga distribuido en 42 bultos con un total de mil 244 paquetes de presunta cocaína.

La primera acción se originó a partir de recorridos de patrullaje con vigilancia marítima y aérea. Personal naval detuvo a cuatro presuntos infractores y localizó 29 bultos con 860 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado, incluyendo embalaje, de 860 kilogramos.

La segunda intervención ocurrió al detectar una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo. Tras efectuar una inspección, los elementos navales encontraron 13 bultos con 384 paquetes de presunta droga, con un peso aproximado de 384 kilogramos, también incluyendo el embalaje.

El peso ministerial, pendiente de determinación

La Semar precisó que las autoridades competentes aún deben establecer el peso ministerial de la droga asegurada en ambas acciones. Ese dato oficial se sumará al conteo acumulado de la presente administración.

En total, la Armada de México ha incautado cerca de 74 toneladas de cocaína en operaciones marítimas desde el inicio del actual gobierno. El aseguramiento frente a Chiapas se inscribe en esa estrategia sostenida de vigilancia y control en las costas nacionales.

La zona donde ocurrieron los operativos, las inmediaciones de San José el Hueyate, forma parte de un corredor del Pacífico mexicano con historial de actividad de tráfico de estupefacientes por vía marítima. Chiapas encabeza, además, la lista nacional de aeronaves clandestinas aseguradas vinculadas al narcotráfico entre 2019 y febrero de 2026, con 28 aeronaves, según registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Coordinación entre Semar, SSPC y FGR

Una vez concluidas las acciones de aseguramiento, la Armada de México actuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar el debido proceso.

A los ocho detenidos se les informaron sus derechos de ley. Tanto las personas como la embarcación y el cargamento fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien tiene a su cargo definir la situación legal de los imputados e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Ruta marítima del Pacífico bajo presión

El Pacífico mexicano ha concentrado buena parte de los operativos antinarcóticos de la Semar en los últimos años. La dependencia opera en funciones de Guardia Costera con patrullajes combinados, es decir, marítimos y aéreos, para interceptar embarcaciones menores que, según los decomisos registrados, son el principal medio de transporte de cargamentos de cocaína a lo largo de esa franja costera.

El comunicado oficial no identificó a qué organización criminal pertenece el cargamento asegurado, ni precisó el destino de la droga. La Semar tampoco proporcionó información sobre el origen de las embarcaciones o la nacionalidad de los ocho detenidos.

La Armada de México detuvo a tres personas y aseguró 250 kilogramos de pepino de mar en la costa de Dzilam de Bravo, Yucatán, durante un operativo de vigilancia marítima realizado en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), informó la Secretaría de Marina (SEMAR).

El operativo ocurrió el 26 de junio, cuando personal naval a bordo de una patrulla interceptora y una embarcación defender avistó una lancha pesquera sin matrícula con tres tripulantes.

Al solicitarles una inspección de verificación, los ocupantes hicieron caso omiso, lo que derivó en un seguimiento controlado hasta su aseguramiento a dos millas náuticas, lo que equivale a 3.7 kilómetros, al noroeste de Dzilam de Bravo.

Qué encontraron a bordo

La inspección reveló un cargamento que combinaba especies en veda, artes de pesca prohibidas y presunta droga. Además de los 250 kg de pepino de mar, los elementos navales hallaron tres kilogramos de pulpo en veda y tres kilogramos de boquinete.

El equipo de buceo decomisado incluyó cuatro pares de aletas, dos boquillas de respiración, cuatro snorkel, dos visores, un compresor de aire y 100 metros de manguera.

También se aseguraron tres arpones, dos hawaianas y una bolsa pequeña con hierba verde de características similares a la marihuana, según indicó la SEMAR en su comunicado.

La embarcación también carecía de matrícula y contaba con equipo especializado para pesca submarina.

Situación legal de los detenidos

Una vez asegurada la embarcación, a los tres tripulantes les fueron leídos sus derechos y se les practicó una revisión médica, por lo que la SEMAR confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

Las tres personas, la embarcación y todos los efectos decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Refuerzo naval en Yucatán

El aseguramiento ocurrió días después de que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunciara la instalación de una nueva base de operaciones navales en el Puerto de Altura de Progreso, como parte de un proyecto de ampliación y modernización portuaria.

La SEMAR reafirmó su compromiso de mantener el estado de derecho en los mares y costas nacionales mediante la coordinación con autoridades federales como CONAPESCA, en el marco de la estrategia de combate a la pesca ilegal y la extracción no autorizada de recursos marinos.

Las especies del decomiso

El pepino de mar es la especie de mayor peso en el aseguramiento, tanto en volumen como en términos legales.

CONAPESCA estableció en febrero de 2013 una veda permanente para todas las especies de pepino de mar en aguas de jurisdicción federal frente a las costas de la Península de Yucatán, medida publicada en el Diario Oficial de la Federación tras una evaluación del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) que determinó que las poblaciones no alcanzaban los umbrales mínimos para su aprovechamiento.

La especie más codiciada en la región es el pepino de mar café (Isostichopus badionotus), cuyo valor en el mercado internacional puede superar los USD 280 por kilogramo ya procesado, según estimaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en Mérida. La demanda proviene principalmente del mercado chino, donde se consume como alimento y se le atribuyen propiedades medicinales.

La reforma al Código Penal Federal aprobada en 2015 por la Cámara de Diputados estableció penas de hasta nueve años de prisión y tres mil días multa para quien capture, transporte, transforme, acopie o comercialice pepino de mar de forma ilícita y dolosa, siempre que la cantidad supere los 10 kilogramos y la conducta sea cometida por una asociación delictuosa.

El pulpo decomisado también se encontraba en periodo de veda al momento del operativo. Según el acuerdo de CONAPESCA vigente, la veda del pulpo rojo (Octopus maya) y el pulpo patón (Octopus vulgaris) en el Golfo de México y el Mar Caribe aplica del 16 de diciembre al 31 de julio de cada año, con el fin de proteger su etapa de reproducción biológica y el cuidado de crías.

El boquinete (Lachnolaimus maximus), del que se aseguraron tres kilogramos, es un pez de la familia Labridae considerado especie objetivo de alto valor económico en la plataforma continental de Yucatán. Investigaciones del Cinvestav señalan que su temporada de desove ocurre casi todo el año, con picos entre febrero y mayo, y que su captura en la región se realiza exclusivamente mediante arpón, precisamente el arte de pesca hallado en la embarcación detenida.

La Secretaría de Marina y la Secihti firmaron un convenio de colaboración científica y tecnológica orientado a atender problemas nacionales prioritarios, con la Secretaría de Salud como testigo de honor.

El acuerdo fue suscrito este martes por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), y Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

El instrumento busca establecer bases generales y mecanismos de participación para conjuntar esfuerzos institucionales en el desarrollo de acciones y proyectos estratégicos en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Qué establece el convenio

El acuerdo tiene como propósito fortalecer la coordinación entre ambas dependencias mediante el aprovechamiento óptimo de sus capacidades humanas, recursos materiales y financieros.

Bajo ese marco, ambas instituciones podrán impulsar iniciativas orientadas a desarrollar, fortalecer y articular capacidades en investigación científica y desarrollo tecnológico, con miras a generar conocimiento aplicado a desafíos de interés nacional dentro de las competencias de cada una.

Las acciones derivadas del convenio apuntan a contribuir en la prevención, atención y solución de problemas nacionales prioritarios. Se promoverán proyectos y líneas de acción conjuntas en los ámbitos académico, científico y tecnológico, con el fin de favorecer la generación de conocimiento estratégico para el país.

Proyectos que ya están en marcha

La SEMAR y la Secihti no parten de cero. Ambas dependencias colaboran actualmente en tres iniciativas que ilustran el alcance práctico de su vínculo institucional.

La primera es Apixqui, un sistema interinstitucional de monitoreo metoceánico desarrollado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), orientado al seguimiento de fenómenos como huracanes en el Pacífico mexicano.

La segunda es Quetzal, un sistema aéreo no tripulado multipropósito con tecnología nacional, destinado a tareas de monitoreo, vigilancia y respuesta en sectores como seguridad, medio ambiente y protección civil, desarrollado en coordinación directa con la SEMAR.

La tercera iniciativa es el Observatorio Permanente del Golfo de México, puesto en marcha por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el derrame de hidrocarburos registrado en abril de 2026. Coordinado por la Secihti, el proyecto integra boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, mareógrafos y tecnología satelital para generar información científica en tiempo real sobre el litoral del Golfo.

Las tres iniciativas tienen como denominador común la gestión territorial y la capacidad de respuesta ante emergencias en beneficio de la población.

La Secretaría de Salud, presente como testigo

El secretario David Kershenobich Stalnikowitz acudió al acto como testigo de honor en representación de la Secretaría de Salud, lo que subrayó el carácter interinstitucional del acuerdo y su vínculo con la agenda de salud pública del gobierno federal.

Tras la firma, los funcionarios realizaron una visita al Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud (CENCIS), acompañados por personal de esa dependencia y por Carlos Alberto Ulloa Pérez, titular de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX).

Durante el recorrido, los asistentes conocieron las capacidades científicas, tecnológicas y de investigación con las que cuenta el CENCIS para contribuir al fortalecimiento de la salud pública.

La visita puso en evidencia el potencial de articulación entre la infraestructura naval de investigación en salud y las prioridades sanitarias del país, en un contexto en que BIRMEX atraviesa una etapa de reestructuración tras las irregularidades detectadas en 2025 en la compra de medicamentos del sector público.

En Morelos, fuerzas de Semar, Defensa y Guardia Nacional detuvieron a 12 personas durante un cateo en la colonia Bugambilias de Jiutepec, donde también aseguraron droga, un arma de fuego y objetos presuntamente vinculados con narcomenudeo; los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser investigados.

El operativo se realizó en un inmueble de la calle Paseo de los Claveles que, de acuerdo con la información oficial, presuntamente era utilizado para la distribución de drogas. En la intervención se aseguraron 205 dosis de cristal, 62 dosis de cocaína y 34 bolsas de marihuana con un total de 500 gr.

Si bien el operativo se realizó el 25 de mayo, se cumplimentó la legalidad de su vinculación este martes 23 de junio. La acción incluyó apoyo de seguridad perimetral de elementos navales y participación de personal de la Fiscalía Regional Metropolitana. También intervinieron la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, que fijaron, embalaron y trasladaron los indicios para su análisis.

El cateo se originó por alertas de narcomenudeo en Jiutepec

Las autoridades informaron que investigadores fueron alertados sobre actividades de narcomenudeo en la zona. A partir de esa información identificaron la vivienda y un agente del Ministerio Público presentó la pesquisa ante un juez especializado en actos de investigación, que autorizó el cateo.

La diligencia se ejecutó en la colonia Bugambilias, en el municipio de Jiutepec. El despliegue fue planeado por elementos del Centro de Operaciones Estratégicas adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, con respaldo de corporaciones federales y estatales.

Entre lo asegurado hubo un arma de fuego con un cargador abastecido, dos básculas grameras, pipas de cristal, una cartera color morado y 200 bolsas tipo ziploc vacías. También se localizaron pequeñas bolsas con material sólido cristalino, vegetal verde seco y polvo blanco, descritos por la autoridad como presuntas dosis de cristal, marihuana y cocaína.

Siete mujeres y cinco hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Las personas detenidas fueron siete mujeres y cinco hombres. La relación oficial incluyó a Jonathan de 40 años, Pedro Damián de 46, Brian José de 18, Juan Carlos de 47, Humberto de 37, Mónica Marisol de 21, Evelyn Joneli de 21, Fanny Elizabeth de 42, Ana Nohemí de 18, Ruth Elizabeth de 34, María Alejandra de 21 y Azucena de 33.

La versión institucional indicó que Jonathan, Pedro Damián, Brian José, Juan Carlos, Humberto, Fanny Elizabeth, Ana Nohemí, María Alejandra y Azucena contaban con antecedentes penales. Mónica Marisol, Evelyn Joneli y Ruth Elizabeth no registraban antecedentes, según el mismo reporte.

En otra relación del caso, la autoridad ministerial refirió la detención de 11 personas y omitió a Fanny Elizabeth. En ese recuento aparecieron María Alejandra, Ruth Elizabeth, Juan Carlos, Azucena, Humberto, Ana Nohemi, Brian José, Pedro Damian, Jonathan, Mónica Marisol y Evelyn Joneli, todos puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado.

Durante la diligencia, el inmueble quedó asegurado al concluir el cateo. Las personas capturadas fueron trasladadas a la Fiscalía Regional Metropolitana, donde quedaron bajo investigación por los hechos relacionados con el material decomisado.

La FGE de Morelos señaló que el operativo se desarrolló en coordinación con autoridades estatales y federales. La institución sostuvo que esa colaboración buscó atender conductas vinculadas con la venta de droga en la zona intervenida.

• En Jiutepec detuvieron a 12 personas durante un cateo en un inmueble de la colonia Bugambilias presuntamente usado para distribuir droga.
• Las autoridades aseguraron 205 dosis de cristal, 62 de cocaína, 34 bolsas de marihuana con 500 gramos, un arma, un cargador, dos básculas, pipas y 200 bolsas vacías.
• Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, aunque en una relación oficial del caso se mencionó a 11 personas y en otra a 12.

La reunión que la Secretaría de Gobernación había programado para este lunes 22 de junio con familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas concluyó sin la presencia de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien debía encabezar el encuentro de seguimiento acordado semanas atrás con las víctimas.

Integrantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y familiares de personas desaparecidas viajaron a la Ciudad de México para participar en la mesa de trabajo, cuyo objetivo era revisar avances en las investigaciones, las acciones de búsqueda y el cumplimiento de compromisos asumidos por distintas dependencias federales.

La ausencia del funcionario generó inconformidad entre los asistentes, quienes acudieron al encuentro luego de que la propia Secretaría de Gobernación confirmara formalmente la realización de la reunión para este lunes 22 de junio.

De acuerdo con documentos emitidos por la dependencia, la mesa de trabajo formaba parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión realizada el pasado 26 de mayo en el Salón Emiliano Zapata de Gobernación. En ese encuentro participaron representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Unidad de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Según la convocatoria, la sesión de este lunes tenía como propósito dar continuidad al seguimiento institucional de casos relacionados con desapariciones y homicidios ocurridos en Tamaulipas, además de atender planteamientos de víctimas directas e indirectas reconocidas dentro de la Recomendación 36VG/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las familias esperaban recibir información sobre la localización de personas desaparecidas, avances ministeriales, medidas de reparación integral del daño y acompañamiento jurídico, temas que habían sido incluidos en la agenda acordada con las autoridades federales.

Se mantiene diálogo y atención permanente con colectivos de familiares de personas desaparecidas

En seguimiento a los acuerdos de la reunión del 26 de mayo de 2026, este lunes acudieron a la Secretaría de Gobernación integrantes de un grupo de Madres y Padres buscadores de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Fueron atendidos por personal de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos brindó atención al colectivo, en compañía de servidores públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda; la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y Reconciliación de la Secretaría de Gobernación, quienes escucharon y dieron seguimiento a los planteamientos de las personas asistentes.

La CEAV proporcionó información individualizada a diversos integrantes del colectivo, quienes cuentan con reconocimiento como víctimas en el marco de las Recomendaciones 39/VG/2012 y 36/VG/2020 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Acusan ocho años sin responsables procesados

Previo a la reunión, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo había advertido que varios de los casos continúan sin avances sustanciales pese al tiempo transcurrido.

La organización señaló que, a ocho años de diversos hechos ocurridos en 2018, no existe ningún responsable vinculado a proceso por varios de los homicidios y desapariciones documentados en Tamaulipas. Asimismo, denunció que la Fiscalía General de la República se ha negado a judicializar al menos dos carpetas de investigación que, según el Comité, cuentan con elementos suficientes para ser llevadas ante un juez.

Otro de los reclamos expuestos por las víctimas es la suspensión de búsquedas de campo durante los últimos dos años en entidades como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como la falta de acceso a información actualizada sobre los expedientes.

El Comité también ha cuestionado el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al señalar que, seis años después de emitida la recomendación de la CNDH, persisten incumplimientos en materia de atención integral y acompañamiento institucional.

Casos que siguen sin resolverse

Entre las personas cuya localización exigen las familias se encuentran Julio César Viramontes Arredondo, José Daniel Trejo García, José Luis Bautista Carrillo y Martín Rico García, además de otros casos registrados desde 2018 que continúan sin esclarecerse.

Las víctimas sostienen que la falta de resultados ha sido acompañada por obstáculos institucionales que dificultan el acceso a la justicia y el seguimiento de las investigaciones.

La reunión fallida también ocurre semanas después de que familiares de desaparecidos viajaran a la capital del país para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. En aquella ocasión denunciaron presuntas omisiones de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de otras instancias involucradas en la atención de los casos.

Asimismo, manifestaron su inconformidad por la absolución de siete elementos de la Secretaría de Marina acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, una resolución judicial que motivó cuestionamientos públicos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para las familias, la principal exigencia sigue siendo la misma: obtener información sobre el paradero de sus seres queridos, reactivar las búsquedas y garantizar que las investigaciones avancen. Este lunes, sin embargo, la ausencia de Arturo Medina Padilla en una reunión previamente pactada volvió a profundizar el malestar de quienes llevan años reclamando respuestas de las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el aseguramiento de 268 paquetes con cocaína en recinto portuario de Manzanillo, Colima. Lo anterior dio como resultado el aseguramiento de 270 kilogramos de la droga.

Los indicios fueron hallados al interior de un contenedor durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores. En el interior de la embarcación donde se encontró la carga viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, quienes se encontraban en buen estado de salud al momento de su localización y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica.

Los hechos fueron informados el 20 de junio por la Semar, quien detalló que el aseguramiento fue resultado de una operación conjunta en la que participaron la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Un video compartido por las autoridades muestra parte de las acciones de los agentes de seguridad en el sitio recogiendo las unidades en paquetes de diferentes colores, algunos de los cuales incluso cuentan con logos de lo que parecen ser marcas comerciales.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las diligencias de pesaje, conteo e identificación de los indicios, tras lo cual la carga asegurada quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, responsable de integrar la carpeta de investigación del caso.

Aseguramiento de metanfetamina en Manzanillo

En otras acciones, el 8 de mayo pasado, elementos de (UNAPROP) localizaron cinco paquetes con una sustancia granulada cristalina de color blanco con características similares a la metanfetamina, ocultos dentro de un contenedor que los declaraba como compactadoras de cartón. El hallazgo tuvo lugar durante una inspección de rutina en el recinto portuario de Manzanillo y estuvo a cargo de la Sexta Región Naval.

El cargamento fue detectado al interior de un contenedor naval que viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur con destino a Nueva Zelanda. Los bultos con la sustancia estaban protegidos por placas de metal. Tras el hallazgo y aseguramiento, la sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch anuncia aseguramiento de droga en Colima

Mientras que semanas antes, el 19 de febrero pasado, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que fue interceptado (también en Manzanillo) un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína. La operación derivó también en la detención de tres personas.

En dicha ocasión, el titular de la SSPC señaló que acciones marítimas de las últimas semanas permitieron asegurar cerca de 10 toneladas de la mencionada droga, lo que representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

García Harfuch acompañó la publicación con fotografías y un video en el que se aprecia el momento en que las autoridades mexicanas detienen la embarcación.

Aseguramiento de droga en aguas de Oaxaca

En otras acciones, a mediados de mayo pasado, elementos de la Marina localizaron y aseguraron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína que flotaban en el Océano Pacífico mexicano, aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, en el estado de Oaxaca.

El hallazgo fue realizado durante labores de vigilancia rutinaria en la zona, cuando los elementos navales detectaron los objetos a la deriva y procedieron a su recuperación, confirmando que contenían una sustancia similar a la cocaína.

El aseguramiento de la carga ilícita se realizó en coordinación con la SSPC y la FGR. Los 13 paquetes fueron trasladados al puerto de Huatulco para su resguardo e investigación, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Artículo 19 denunció que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) amenazaron y borraron material periodístico a dos reporteros que investigaban un presunto derrame de petróleo en el río Pánuco, frente a la refinería “Francisco I. Madero” de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La organización señala que los marinos obligaron a Karen Salas y Óscar Ramos, del medio digital Elefante Blanco, a eliminar imágenes y vídeos de su cobertura, y los amenazaron con consecuencias legales si continuaban su labor.

El pasado 10 de junio, “tras iniciar su labor periodística apoyados con un dron que elevaron aproximadamente a 100 metros del ingreso del Centro de Reparaciones Navales, en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas, tres elementos de la SEMAR se acercaron para indicarles que ‘no podían estar en ese sitio por ser zona federal’ por lo que el material debía ser borrado’”, se lee en el comunicado publicado por la organización.

Sin identificarse, los marinos solicitan información

Los elementos de la SEMAR solicitaron a los periodistas sus nombres completos y detalles del medio para el que laboran, sin identificarse oficialmente. “Solicitaron a la reportera y al productor sus nombres completos, el medio de comunicación para el que laboran y el formato del medio. Además, fotografiaron el vehículo en el que se trasladaban, sus placas y el equipo de dron utilizado durante la cobertura”, se lee en el comunicado.

Los datos personales recopilados incluyen la CURP y el número de seguridad social, lo que representa un riesgo para la integridad y privacidad de los comunicadores.

“Asimismo, grabaron durante más de 15 minutos la interacción con los periodistas, quienes en todo momento se identificaron plenamente y portaron sus credenciales de prensa”, aclara la organización.

Además, revisaron detalladamente la información y “obligaron a borrar en su totalidad las fotografías y vídeos, pese a que solo se tomaron imágenes del daño medioambiental causado por el derrame de petróleo y no del patio de maniobras del centro naval como señalaban los funcionarios”, relató la organización.

Finalmente, los elementos de Marina advirtieron a los periodistas que habían cometido “un delito”, por lo que podrían enfrentar “consecuencias jurídicas”. Al final les pidieron que se retiraran luego de realizar una llamada en la que se dijo que se enviaría al equipo jurídico de la Marina.

Los hechos ocurren en un contexto donde periodistas que cubren temas ambientales y de seguridad enfrentan riesgos constantes. De acuerdo con Artículo 19, posteriormente, autoridades de Pemex se comunicaron con directivos de Elefante Blanco para ofrecer una disculpa por lo sucedido. Sin embargo, persiste la preocupación sobre el uso y resguardo de los datos personales de los comunicadores, así como el riesgo de investigaciones o represalias en su contra.

Artículo 19 exige garantías para la prensa y transparencia en el manejo de datos

Artículo 19 exigió a la Secretaría de Marina garantizar la labor periodística y evitar cualquier acto que limite el derecho a informar. La organización también llamó a Pemex y a la Marina a transparentar el uso de la información personal obtenida y a iniciar una investigación sobre la actuación de los elementos involucrados. Resalta, además, la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos intervenga para esclarecer si existieron violaciones a los derechos humanos de los periodistas durante la cobertura.

La organización recordó que el acceso a la información sobre afectaciones ambientales es un derecho fundamental de la ciudadanía y que las instituciones públicas están obligadas a proteger a quienes documentan hechos de interés público. Además, insistió en que la Secretaría de Marina debe asumir su responsabilidad constitucional y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo en Tamaulipas y en todo el país.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que entre el 6 de diciembre de 2024 y el 17 de junio de 2026 se han realizado 65 revisiones aleatorias en centros penitenciarios del estado como parte de una estrategia permanente de inspecciones al interior de los reclusorios.

Las acciones se han desplegado en coordinación con la Policía Estatal Penitenciaria y con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en operativos realizados en las 12 prisiones del estado y en centros de internamiento para adolescentes.

Del total de revisiones, 24 se llevaron a cabo en el complejo penitenciario de Puente Grande, 39 en centros integrales de justicia regional y dos en instalaciones para adolescentes.

Puerto Vallarta, el operativo más reciente

El caso más reciente ocurrió el 17 de junio de 2026 en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) Costa Norte, ubicado en la Carretera Las Palmas y Flor del Campo, en la colonia Santo Domingo, en Puerto Vallarta, Jalisco.

El operativo inició alrededor de las 6:50 de la mañana con la intervención de personal de la Policía Estatal Penitenciaria, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quienes realizaron inspecciones en distintas áreas del centro penitenciario.

Durante la revisión fueron asegurados un martillo, 11 puntas, 15 hojas metálicas con filo, 90 discos DVD, un rollo de manguera de 20 metros, siete tijeras y una biblia adaptada para ocultar objetos, además de otros artículos prohibidos localizados en el lugar.

Riñas, fugas y violencia en penales de Jalisco en los últimos años

Las revisiones en los centros penitenciarios se mantienen en un contexto de episodios de violencia registrados en el sistema carcelario del estado, principalmente en Puerto Vallarta y Puente Grande.

El 22 de febrero de 2026, un ataque armado contra el Centro Integral de Justicia Regional de Ixtapa, en Puerto Vallarta, derivó en una fuga de 23 personas privadas de la libertad y la muerte de un custodio identificado como Rafael Hernández, tras ser atropellado durante los hechos, de acuerdo con reportes periodísticos y autoridades estatales.

En ese mismo episodio, grupos armados irrumpieron en las instalaciones del penal y generaron un motín que permitió la evasión de internos, lo que llevó a un operativo de búsqueda en distintas entidades del país en los días posteriores.

En marzo de 2026, autoridades confirmaron la recaptura parcial de algunos de los internos fugados, mientras que otros permanecieron prófugos, algunos vinculados a delitos de alto impacto.

En Puente Grande, el 5 de abril de 2026 se registró una riña entre personas privadas de la libertad en el área de sentenciados, que dejó al menos un interno muerto, lo que derivó en un reforzamiento de los controles de seguridad dentro del penal.

En mayo de 2026, también se reportaron traslados de internos considerados generadores de violencia desde el penal de Puerto Vallarta hacia Puente Grande, como parte de ajustes de seguridad tras episodios de tensión interna..

Un sistema bajo vigilancia constante

Las autoridades estatales han mantenido operativos periódicos en los centros penitenciarios del estado para la detección de objetos prohibidos y la reducción de riesgos de violencia al interior de los reclusorios.

Las inspecciones se realizan de forma continua en los distintos centros del estado, con el objetivo de retirar artículos que puedan ser utilizados en agresiones o actividades ilícitas dentro de los penales.

Autoridades de Colima informaron sobre la detención de tres sujetos, entre ellos uno identificado como objetivo prioritario, la Secretaría de Marina (Semar) mostró un video que documenta el traslado de un hombre señalado como miembro relevante del Cártel del Golfo y quien también formó parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto de dicho hombre fue informado por el Gobierno de Colima el 16 de junio, mientras que la Marina compartió un video que documenta a agentes de seguridad custodiando a Valdemar “N”, un hombre apodado El Valdo.

La Marina destaca que el arresto de dicho sujeto fue resultado de operaciones navales de inteligencia y acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tras su captura, fue trasladado a la CDMX para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República”, es parte del breve informe de la Marina compartido en sus redes sociales.

El sujeto arrestado es considerado un presunto generador de violencia y cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición debido a que Estados Unidos lo señala como una persona encargada del envío de metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense.

Fueron detenidas tres personas requeridas por EEUU en Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó la detención de tres presuntos generadores de violencia. El primero de los detenidos es Valdemar “N”, conocido con el alias Valdo. Dicho sujeto es identificado como presunto actor intelectual de múltiples homicidios cometidos tanto en territorio mexicano como en EEUU.

Las investigaciones indican que Valdemar “N” habría ocupado anteriormente una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que abandonó tras desacuerdos internos para incorporarse al Cártel del Golfo, donde continuó con sus actividades de narcotráfico.

En el marco del mismo operativo, personal de la Marina, la SSPC Colima e Interpol localizó y detuvo a Ramón “N” y Cristina “N” en la localidad de La Presa, municipio de Ixtlahuacán. Ambos contaban con órdenes de aprehensión con fines de extradición por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima.

Detenidos miembros de Los Mezcales en Colima

Mientras que el pasado 8 de junio fue informada la detención de de dos hombres señalados como integrantes del grupo criminal Los Mezcales, también conocido como Cártel Independiente de Colima.

Los arrestados fueron identificados como Francisco Javier “N”, alias Blanco, y Héctor Miguel “N”, este último presunto encargado de tareas logísticas, comunicación y coordinación con integrantes de la organización delictiva en otras entidades del país.

Ambos sujetos contaban con órdenes de captura por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, hechos registrados en el estado de Yucatán, donde la Secretaría de Seguridad mantiene una investigación activa en su contra.

Las autoridades los señalan como generadores de violencia, y de manera particular, Blanco habría escalado posiciones al interior de la estructura criminal tras la captura de José Luis “N”, alias Billyboy, cuyo arresto fue dado a conocer el pasado 13 de mayo.

Las detenciones fueron producto de trabajos de inteligencia que derivaron en una “intervención precisa” que, según el reporte oficial, no generó afectaciones a la población civil.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Semar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado de Colima.

El antecedente inmediato de estos arrestos es la captura de Billyboy, concretada el 13 de mayo en el marco de la operación conjunta denominada ‘Goya’, con la participación de efectivos de la Semar, la SSPC y la Secretaría de Seguridad estatal. Las autoridades señalaron en su momento que ese sujeto, identificado como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales, estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en Colima.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció este martes una versión sobre el esquema de protección del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que contrasta con lo que el propio funcionario había declarado el 4 de mayo, cuando confirmó que el Gabinete de Seguridad sí había recomendado que el mandatario contara con escoltas.

Lo que dijo Harfuch hoy: “Nadie ha solicitado”

En la conferencia matutina de este martes, Harfuch fue tajante al descartar cualquier esquema de protección federal para Rocha Moya: “Ni una ni otra. Él no ha solicitado medidas de protección ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó”, afirmó. Según el secretario, la escolta que se le ha visto al exgobernador no proviene del Gobierno federal, sino de instituciones estatales: “Tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía”, señaló, aunque dijo no tener precisión sobre cuál corporación es responsable.

Al extender la pregunta a los otros nueve exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos, Harfuch repitió la misma negativa: ninguno cuenta con escolta del Gobierno federal, ni de la Sedena, ni de la Semar, ni de la SSPC, ni de la FGR. “Tampoco. Ninguno tiene escolta del Gobierno federal”, insistió, y agregó que ninguno se ha acercado a pedirla: “Nadie ha solicitado”.

Lo que el mismo Harfuch dijo el 4 de mayo

Esa versión choca con la que el propio secretario ofreció el 4 de mayo desde Culiacán, Sinaloa. En aquella ocasión, Harfuch sí confirmó la existencia de un esquema de seguridad para Rocha Moya, aunque aclaró que no se trató de una petición del exgobernador, sino de una recomendación del Gabinete: “En este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad, no es un dispositivo grande, son pocos elementos”, declaró entonces.

En esa misma fecha, Harfuch explicó que los factores detrás de la medida fueron el cargo que Rocha Moya ocupaba bajo licencia y el contexto de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024.

La versión de Sheinbaum que también contrastó con Harfuch

El 4 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum había presentado una tercera versión: dijo que fue el propio Rocha Moya quien solicitó mantener su seguridad. “Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, afirmó la mandataria, en una explicación que combinó la solicitud personal del exgobernador con la intervención del Gabinete.

Tres versiones, ningún punto en común

Entre las distintas declaraciones —la de Sheinbaum el 4 de mayo, la del propio Harfuch ese mismo día y la de Harfuch este martes— no hay coincidencia sobre quién solicitó la protección, si fue otorgada y por qué institución. Hasta el momento, ninguno de los funcionarios ha explicado públicamente estas diferencias.

El contexto del caso

Rocha Moya solicitó licencia como gobernador el 1 de mayo, tras ser señalado, junto con otros nueve exfuncionarios sinaloenses, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada el 29 de abril, incluye cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Rocha Moya ha negado las acusaciones, y Estados Unidos solicitó a México su detención provisional con fines de extradición.

La Secretaría de Marina (Semar) emitió una alerta para la comunidad marítima y portuaria ante la presencia del fenómeno de mar de fondo en el Pacífico mexicano, una condición oceánica que puede provocar oleaje elevado, corrientes peligrosas y afectaciones en playas, puertos y zonas costeras.

De acuerdo con el más reciente aviso de la dependencia, para mañana lunes 15 de junio se prevé oleaje de entre 6 y 9 pies de altura (aproximadamente de 1.8 a 2.7 metros) en diversos puntos del litoral del Pacífico, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Estas marejadas suelen presentarse con periodos prolongados entre una ola y otra, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad entre bañistas y pescadores. Sin embargo, las olas pueden alcanzar gran intensidad al acercarse a la costa.

#MarinaInforma

Ante la presencia del fenómeno de #MarDeFondo en el Pacífico mexicano, se recomienda a la comunidad marítimo-portuario extremar precauciones. 

Para este lunes 15 de junio se prevé oleaje de 6 a 9 pies en las costas de Chiapas, Salina Cruz, Acapulco, Lázaro… pic.twitter.com/ZlX3OoGJb7

— SEMAR México (@SEMAR_mx) June 13, 2026

¿Qué es el mar de fondo?

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el mar de fondo es un fenómeno que se caracteriza por la presencia de oleaje largo y continuo generado por tormentas o sistemas meteorológicos que ocurren mar adentro, incluso a cientos o miles de kilómetros de las costas mexicanas.

El término “de fondo” viene de la idea de que se generan en aguas remotas donde las profundidades son grandes, pero eso no quiere decir que se formen por debajo de la superficie.

A diferencia del oleaje provocado directamente por los vientos locales, el mar de fondo se origina cuando fuertes tormentas en océanos abiertos generan ondas que viajan largas distancias hasta llegar a las playas, donde pueden incrementar significativamente la altura y la fuerza de las olas.

Este fenómeno sucede en las costas del Pacífico, afecta principalmente los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Diferencia entre mar de fondo y tsunami

La diferencia entre mar de fondo y tsunami radica en su origen, el primero es por la acción del viento de tormentas sobre el mar en zonas muy alejadas de la costa, y el segundo se genera principalmente por sismos.

Por otro lado, el mar de fondo es benéfico porque al viajar en todas direcciones, remueve y recicla las aguas de los ecosistemas marinos, lo que implica un proceso de intercambio de energía.

¿Por qué preocupa a las autoridades?

La principal preocupación es que el mar de fondo puede provocar:

• Corrientes de arrastre peligrosas.
• Ingreso repentino del agua a zonas de playa.
• Afectaciones a embarcaciones menores.
• Daños en infraestructura costera.
• Erosión de playas.
• Riesgos para bañistas, pescadores y turistas.

Además, el fenómeno puede ocasionar cierres preventivos de puertos y restricciones para actividades recreativas o deportivas en el mar.

Las autoridades han advertido que este tipo de eventos puede generar oleaje fuerte durante varios días consecutivos, incluso cuando las condiciones meteorológicas aparenten ser favorables en tierra.

Estados y puertos donde se espera mayor oleaje

De acuerdo con la información difundida por Semar, el lunes 15 de junio se esperan olas de entre 6 y 9 pies en:

• Chiapas
• Salina Cruz, Oaxaca
• Acapulco, Guerrero
• Lázaro Cárdenas, Michoacán
• Manzanillo, Colima
• Puerto Vallarta, Jalisco
• San Blas, Nayarit
• Mazatlán, Sinaloa
• La Paz, Baja California Sur

Asimismo, se mantiene vigilancia en gran parte del litoral del Pacífico mexicano debido a la evolución del fenómeno.

Recomendaciones ante el mar de fondo

Ante la presencia de este fenómeno, las autoridades de Protección Civil y la Secretaría de Marina recomiendan:

• Evitar ingresar al mar cuando exista bandera roja o restricciones oficiales.
• No caminar sobre escolleras, muelles o zonas rocosas cercanas al oleaje.
• Mantener alejadas las embarcaciones menores de áreas con fuerte marejada.
• Extremar precauciones en actividades turísticas y recreativas.
• Seguir las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
• Consultar únicamente información emitida por autoridades oficiales.

La Semar reiteró que la población debe mantenerse informada mediante los reportes meteorológicos y marítimos, ya que las condiciones del mar pueden cambiar rápidamente y representar un riesgo para quienes se encuentren en playas y zonas costeras del Pacífico mexicano.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), detecta 1.2 millones de cigarrillos durante acciones de control e inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de las revisiones aplicadas a carga aérea internacional.

De acuerdo con la ANAM y la SEMAR, el cargamento llega procedente de Taiwán con destino a la Ciudad de México y busca ingresar al país con una declaración genérica en la documentación de transporte como “mercancía diversa”, lo que deriva en una revisión documental y física.

Según ambas dependencias, el embarque se integra por 100 cajas con un peso bruto total de 1,976 kilogramos. En la inspección, el personal especializado identifica 6,000 paquetes tipo flip top, equivalentes a 60 mil cajetillas, para un total de un millón 200 mil cigarrillos.

Tras el hallazgo, las autoridades implementan las medidas de control correspondientes y realizan consultas y verificaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual asociados a la marca identificada, conforme a los procedimientos aplicables en este tipo de aseguramientos, de acuerdo con la información oficial.

La ANAM señala que el resultado se obtiene a partir de acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo, revisión física e inspección en la Aduana del AICM, con el objetivo de frenar el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional mediante la detección de cargas que no coinciden con su documentación o que se declaran de forma genérica.

En su reporte, la autoridad aduanera precisa que, desde septiembre de 2025 a la fecha, esa aduana acumula aseguramientos por 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos. La cifra se suma a los esfuerzos institucionales para detectar y contener operaciones vinculadas con el tráfico y la comercialización irregular de productos de tabaco, de acuerdo con ANAM y SEMAR.

Las dependencias indican que estas revisiones forman parte de una estrategia para reforzar la supervisión en puntos de ingreso al país, con herramientas de gestión de riesgos, revisión documental e inspección de mercancías en las aduanas. En ese esquema, la carga aérea internacional es sujeta a controles que buscan identificar discrepancias entre lo declarado y lo transportado.

La ANAM y la SEMAR sostienen que mantienen acciones de inspección, control y vigilancia en las aduanas del país, con el propósito de fortalecer la operación conforme al marco legal vigente y elevar la seguridad y el orden en el comercio exterior, según el comunicado del aseguramiento en el AICM.

• ANAM y SEMAR detectan 1.2 millones de cigarrillos en el AICM, procedentes de Taiwán.
• El embarque contiene 100 cajas con 1,976 kilogramos y se declara como “mercancía diversa”.
• La Aduana del AICM acumula 156,643.8 kilogramos de cigarros ilícitos asegurados desde septiembre de 2025, según la autorida

Riesgos de consumir cigarros ilegales

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene conocimiento sobre la comercialización de algunas marcas de cigarros, los cuales son importados de forma ilegal y no cumplen con la legislación sanitaria vigente aplicable en materia de tabaco.

El presente aviso de riesgo se emite como medida precautoria con la finalidad de advertir a la población el daño que genera el uso de estos productos.

Entre los señalados se encuentran:

Los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco otorgado por COFEPRIS, adicionalmente pueden tratarse de productos falsificados, alterados o adulterados, fabricados con ingredientes desconocidos y los químicos generados por la combustión pueden ser potencialmente tóxicos.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

A la población en general

• No adquirir ni usar los productos señalados en la tabla.

• En caso de identificar a la venta los productos, no adquirirlos y realizar la denuncia sanitaria correspondiente. COFEPRIS mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, derivado de productos, servicios o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente.

Uno de los riesgos más importante es que, por su bajo costo, los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de tabaco en edades altamente vulnerables.

Los cigarros deben contar con pictogramas y advertencias sanitarias; se ha logrado el aseguramiento de más de 206 millones de unidades a la fecha, lo cual representa un crecimiento del 515,000 por ciento comparado con el año 2010.

La autoridad Sanitaria destaca que los cigarros producidos en el extranjero, deben introducirse a México con un permiso previo de importación, el cual es expedido por la COFEPRIS, previa revisión del cumplimiento de los requisitos legales. Los cigarros ilegales no cumplen con la legislación y normatividad sanitaria aplicable en esta materia. La venta y comercialización de cigarros sueltos, a granel o por unidad se encuentra prohibida por la Legislación Nacional.

Igualmente, se informa que la COFEPRIS, por si misma o a través de sus representaciones estatales, continuará las acciones de vigilancia y aseguramiento de cigarros ilegales en puntos de comercialización y distribución, así como su destrucción para evitar el acceso al público, independientemente de la responsabilidad administrativa o penal imputable a los comercializadores de los mismos.

Los recientes operativos desplegados por fuerzas federales en Baja California Sur parecen tener un objetivo definido: debilitar la estructura operativa de Los Chapitos en una de las regiones que durante años fue considerada un punto estratégico para esta facción del Cártel de Sinaloa.

Durante las últimas semanas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones estatales han desarrollado una serie de acciones coordinadas en distintos puntos de San José del Cabo, municipio que concentra parte importante de la actividad turística y económica de la entidad.

Las intervenciones han derivado en enfrentamientos armados, cateos, aseguramientos de armamento y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales, en lo que autoridades consideran una nueva etapa de presión contra la organización ligada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

San José del Cabo, objetivo prioritario de la estrategia federal

De acuerdo con información difundida por el semanario ZETA Tijuana y citada por fuentes de inteligencia federal, la instrucción del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sería incrementar la presión sobre las operaciones de Los Chapitos en Baja California Sur, especialmente en San José del Cabo.

Según dicha versión, esta región era considerada uno de los bastiones económicos y territoriales más relevantes para la facción criminal, debido a su ubicación estratégica y a la actividad económica que genera el corredor turístico de Los Cabos.

Los operativos comenzaron luego de diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de hombres armados en la comunidad de Santa Anita. Posteriormente se registró un enfrentamiento entre personal militar y civiles armados, lo que detonó una serie de acciones de seguridad en distintos puntos del municipio.

En los días posteriores, fuerzas federales realizaron intervenciones en colonias como Monterreal y en la zona conocida como La Ballena. Como resultado, las autoridades informaron sobre la detención de presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de armamento de alto poder.

Entre lo decomisado destacan más de una decena de armas largas, municiones para lanzagranadas, chalecos balísticos, vehículos con reporte de robo, equipo táctico y más de un centenar de explosivos artesanales. Además, fueron ubicados inmuebles que presuntamente funcionaban como casas de seguridad para integrantes de la organización criminal.

Los líderes de Los Chapitos que siguen siendo prioridad

Los Chapitos constituyen una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa y están integrados por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tras la captura y posterior extradición de Ovidio Guzmán López a Estados Unidos, así como la entrega voluntaria de Joaquín Guzmán López a autoridades estadounidenses en 2024, las miradas de las agencias de seguridad mexicanas y norteamericanas se concentran ahora en dos figuras clave: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Ambos son señalados como los principales líderes operativos de la organización y continúan siendo considerados objetivos prioritarios debido a la influencia que mantienen en diversas regiones del país.

Las autoridades sostienen que la estructura de Los Chapitos conserva capacidad financiera, logística y armada suficiente para operar redes de tráfico de drogas, movilización de recursos y reclutamiento de integrantes.

Reportes sobre una posible negociación con Estados Unidos

En medio de la ofensiva de las autoridades, también han surgido versiones sobre una presunta negociación entre integrantes de Los Chapitos y agencias estadounidenses.

La información fue difundida recientemente por el diario estadounidense Los Angeles Times, que reportó la existencia de contactos relacionados con Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de autoridades de México o Estados Unidos sobre posibles acuerdos o procesos de negociación.

Mientras tanto, los operativos continúan en zonas históricamente identificadas como áreas de influencia de la facción sinaloense. La estrategia federal busca reducir su capacidad operativa y desarticular las redes de apoyo que durante años permitieron a Los Chapitos consolidar presencia en distintos estados del país.

La evolución de estas acciones será clave para determinar si el gobierno logra debilitar una de las estructuras criminales más importantes que permanecen activas dentro del Cártel de Sinaloa.

Más de 800 kilogramos de cocaína fueron asegurados frente a las costas de Guerrero durante un operativo que también dejó cinco personas detenidas, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga en aguas nacionales. Durante la intervención fueron detenidos los cinco tripulantes, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento representa una afectación a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, además de evitar que el cargamento llegara a los canales de distribución ilegal.

Según las estimaciones oficiales, la droga decomisada equivale a aproximadamente 1.6 millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito.

La operación fue realizada de manera coordinada por personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcotráfico en aguas nacionales.

Las autoridades no detallaron la ruta de la embarcación ni el destino previsto para el cargamento, aunque señalaron que continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El Gobierno federal informó que, durante la actual administración, las fuerzas de seguridad han asegurado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en distintas regiones del país.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones coordinadas entre instituciones federales continuarán con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en el espacio marítimo mexicano y reforzar las estrategias de combate al narcotráfico.

Guerrero acumula una serie de decomisos marítimos de cocaína durante 2026

El aseguramiento de más de 800 kilogramos de cocaína frente a las costas de Guerrero se suma a una cadena de operativos realizados por fuerzas federales en el Pacífico mexicano durante los últimos meses, una de las principales rutas utilizadas para el traslado de droga procedente de Sudamérica.

El caso más reciente ocurrió el 7 de junio, cuando personal de la Secretaría de Marina localizó 29 bultos flotando en el mar frente a la comunidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana. Las autoridades aseguraron aproximadamente 1.36 toneladas de cocaína y estimaron una afectación económica de 283 millones de pesos para las organizaciones criminales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la acción evitó que alrededor de 2.6 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

Meses antes, en marzo de 2026, fuerzas federales interceptaron una embarcación en aguas cercanas a Acapulco y decomisaron cerca de dos toneladas de cocaína. En aquella operación participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El aseguramiento fue considerado entonces uno de los más relevantes del año en el litoral guerrerense.

Ese decomiso formó parte de una serie de acciones consecutivas contra el tráfico marítimo de drogas. De acuerdo con reportes oficiales, en febrero fueron aseguradas alrededor de media tonelada de cocaína en Oaxaca tras la detección de vuelos clandestinos, mientras que un día después autoridades federales decomisaron aproximadamente cuatro toneladas transportadas en una embarcación semisumergible frente a las costas de Colima.

Además, durante mayo se reportaron nuevos aseguramientos de cocaína en operaciones desarrolladas en el Pacífico, incluidas acciones frente a las costas de Guerrero que derivaron en la localización de decenas de bultos con droga y la detención de personas vinculadas con su transporte marítimo.

Con el decomiso realizado esta semana en Guerrero, el Gobierno federal informó que los aseguramientos de cocaína en el mar durante la actual administración ya superan las 72 toneladas, una cifra que refleja la intensidad de las operaciones de vigilancia desplegadas en el Pacífico mexicano.

Las autoridades federales y estatales reforzaron las acciones preventivas ante el avance de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que se desplaza frente a las costas del Pacífico y que podría intensificarse a tormenta tropical durante las próximas horas antes de ingresar a territorio nacional por Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se localiza cerca de las costas guerrerenses y mantiene condiciones favorables para fortalecerse.

Los pronósticos indican que tocaría tierra entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes 8 de junio, generando lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varias entidades del país.

Cierre de puertos en Acapulco, Zihuatanejo y Huatulco por condiciones marítimas

Como una de las principales medidas de prevención, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de puertos para embarcaciones menores en distintos puntos del litoral del Pacífico.

Los cierres se aplican en:

• Acapulco, Guerrero
• Zihuatanejo, Guerrero
• Bahías de Huatulco, Oaxaca

La decisión busca evitar riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y embarcaciones ribereñas ante el incremento del oleaje y las rachas de viento previstas para las próximas horas.

Las autoridades marítimas exhortaron a la población a mantenerse informada y evitar actividades recreativas o de navegación mientras prevalezcan las condiciones adversas.

Suspenden clases en seis regiones de Guerrero ante posible impacto

Ante el pronóstico de lluvias torrenciales y posibles afectaciones, la Secretaría de Educación Guerrero anunció la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio en escuelas públicas y privadas, en ambos turnos.

La medida aplicará en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Montaña y Sierra, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

La suspensión fue determinada tras las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.

Lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado: los riesgos previstos

Aunque el sistema no alcanzaría una intensidad extrema por sus vientos, especialistas advierten que la principal amenaza serán las precipitaciones acumuladas, capaces de provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Entre los efectos esperados destacan:

• Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas de Guerrero
• Lluvias intensas en Oaxaca y Michoacán
• Precipitaciones muy fuertes en Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos
• Rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en algunas zonas costeras
• Oleaje de entre tres y cinco metros en costas de Guerrero y Oaxaca

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían generar afectaciones tanto en áreas costeras como en regiones montañosas.

Refugios temporales y operativo preventivo ante la posible tormenta Boris

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantienen operativos de vigilancia y coordinación en Guerrero y Oaxaca, además del despliegue de personal especializado para monitorear las zonas de mayor riesgo.

Como parte de la estrategia preventiva, se encuentran disponibles 1,607 refugios temporales en distintos estados del Pacífico mexicano, los cuales podrán habilitarse en caso de ser necesario para atender a la población.

Asimismo, las autoridades recomendaron evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse alejados de ríos y arroyos, extremar precauciones en carreteras y atender únicamente la información oficial.

Los pronósticos indican que los efectos de la Depresión Tropical Dos-E podrían prolongarse hasta el martes 9 de junio.

De fortalecerse como se prevé, el sistema evolucionaría a la tormenta tropical Boris antes de impactar las costas de Guerrero, entidad donde se concentra la mayor preocupación por el riesgo de lluvias extraordinarias y posibles afectaciones.

Un cargamento de más de un millón de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía salió de Corea y tenía como destino la capital del país. Los uniformados revisaron el cargamento debido a que estaba etiquetado como “mercancía diversa”. Lo anterior derivó en el hallazgo de inconsistencias entre los documentos y los objetos presentados.

Los hechos fueron informados por Aduanas de México el 3 de junio.

Pesaban más de tonelada y media: lo hallado por los agentes

Como resultado de la revisión los agentes encontraron 60 mil cajetillas de cigarrillos, lo que equivale a 1 millón 200 mil unidades, las cuales estaba en 50 cajas que dieron un peso mayor a 1.6 toneladas.

“La mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad competente para continuar con las investigaciones, diligencias legales y análisis técnicos correspondientes que permitan determinar plenamente su autenticidad y situación jurídica”, es parte del informe de la ANAM.

El material compartido por Aduanas muestra los diversos contendores incautados, así como detalles de las cajetillas aseguradas.

"Como resultado de acciones coordinadas de control y vigilancia en el AICM, la ANAM y la Secretaría de Marina aseguraron un cargamento de 60 mil cajetillas de cigarrillos presuntamente apócrifos, equivalentes a más de 1.2 millones de unidades“, informó la institución aduanera a través de sus redes sociales.

Otros aseguramientos

Cabe recordar que apenas un día antes, el 2 de junio, la ANAM informó sobre el aseguramiento de un cargamento de cigarrillos presuntamente apócrifos con un peso aproximado de 4 mil 170 kilos, procedente de Singapur.

“El cargamento provenía del extranjero y fue identificado mediante mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera”, es parte de lo compartido.

La detección derivó de los procesos de revisión documental y operativa ejecutados por personal especializado en las instalaciones aeroportuarias. El análisis de antecedentes comerciales, la validación de perfiles operativos y la trazabilidad documental del cargamento permitieron identificar posibles inconsistencias que derivaron en una inspección de mayor profundidad.

Mientras que el 14 de mayo pasado un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el decomiso de un cargamento de cigarros ilegales que fue valuado en aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos , además, dicha mercancía estaría relacionada con operaciones de la Unión Tepito.

De acuerdo con información preliminar de autoridades federales, los pallets con cigarros ingresaron a través de la Ciudad de México y formaban parte de una red de distribución de tabaco ilegal ligada al contrabando y al mercado negro que opera en el centro del país.

Desde su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna volvió a tomar la pluma. Este 3 de junio de 2026, envió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la sexta carta en lo que va de su proceso penal, reiterando su denuncia de que instituciones del gobierno federal obstaculizan activamente su defensa.

Farías Laguna se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos bajo la causa penal 325/2025, y permanece en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025, acusado de presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal.

La queja central: Marina bloquea información clave bajo “seguridad nacional”

En la carta, el exmilitar apunta directamente contra dos instituciones: la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sostiene que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado actos de investigación a través de la Fiscalía, pero la Secretaría de Marina-Armada de México se ha negado a entregar información, amparándose en el argumento de seguridad nacional.

Para Farías Laguna, ese escudo institucional no es legítimo: denuncia que se trata de una estrategia deliberada para fabricar culpables y bloquear el acceso a evidencia que, asegura, probaría su inocencia. En particular, reclama no tener acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAME-CDMX/0000568/2024, que considera fundamental para su defensa.

Señala también lo que describe como una “justicia selectiva”: mientras que para algunos ciudadanos se exigen pruebas fehacientes y contundentes, para él bastó —afirma— un video anónimo de YouTube para desencadenar una investigación, abrir una carpeta en un día y obtener una orden de aprehensión en apenas diecinueve días.

Un proceso que denuncia viciado desde el origen

Esta no es la primera vez que el vicealmirante apunta a irregularidades desde el inicio de la causa. En la audiencia inicial de la causa penal 325/2025 se le vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo —según alega— víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de su audiencia de vinculación, donde se le exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

A ello se suma que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Armada de México de manera que calificó de arbitraria, lo que dejó a su familia en situación vulnerable al perder ingresos y servicios médicos, agravando lo que considera una violación sistemática a la presunción de inocencia.

¿Qué le pide a Sheinbaum?

El vicealmirante reitera dos solicitudes concretas a la mandataria:

• Intervención directa ante la Secretaría de Marina para que entregue los actos de investigación requeridos por la Fiscalía.
• Acceso a la información contenida en la carpeta de investigación, que insiste resulta indispensable para esclarecer los hechos “conforme a derecho”.

Farías Laguna argumenta que tiene 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México con un expediente que acredita que ha sido respetuoso de la ley y del deber ser. Cierra la misiva con su habitual firma: “Verdad y Justicia”.

El caso en contexto

Esta sexta carta llega apenas tres semanas después de que, el 10 de mayo de 2026, enviara una quinta misiva desde el penal de Almoloya de Juárez, en la que nuevamente denunció violaciones en su caso al debido proceso. La sucesión de cartas refleja la desesperación de un militar de alto rango que busca resonancia pública ante lo que describe como un muro institucional. Hasta ahora, la Presidencia no ha emitido respuesta pública a ninguna de las misivas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó sobre la identificación de un cargamento de cigarrillos presuntamente apócrifos con un peso aproximado de 4 mil 170 kilogramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según la autoridad, la mercancía procedía de Singapur y fue detectada durante revisiones aplicadas a operaciones de comercio exterior.

La dependencia señaló que el hallazgo se realizó en la Aduana del AICM como parte de los controles implementados para supervisar el ingreso de mercancías provenientes del extranjero.

De acuerdo con la información difundida por la ANAM, el cargamento fue identificado tras la revisión de documentación relacionada con la operación comercial y otros procedimientos de verificación aplicados por personal especializado.

Las autoridades precisaron que la mercancía estaba integrada por cigarrillos considerados apócrifos, aunque no detallaron la cantidad de cajetillas contenidas en el embarque ni las marcas involucradas.

La detección se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), corporación que participa en las labores de vigilancia y seguridad en instalaciones estratégicas del país, entre ellas diversas aduanas nacionales.

La ANAM indicó que el análisis de la operación incluyó la revisión de antecedentes comerciales y documentación asociada al cargamento, elementos que permitieron identificar la mercancía para una inspección más detallada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas o investigadas por este caso, ni han dado a conocer el valor económico estimado de la mercancía localizada.

Tampoco se precisó cuál será el destino final del cargamento ni si los productos serán sometidos a peritajes adicionales para confirmar su autenticidad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es uno de los principales puntos de entrada de mercancías transportadas por vía aérea al país, por lo que concentra labores de revisión orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y comerciales aplicables a productos importados.

El decomiso en el AICM ocurre tras otros golpes recientes al mercado ilegal de cigarros en la CDMX

El aseguramiento de más de cuatro toneladas de cigarrillos presuntamente apócrifos en el AICM se suma a una serie de operativos recientes contra el comercio ilegal de tabaco en la capital del país. Apenas en mayo de 2026, autoridades federales informaron sobre un decomiso considerado histórico de cigarros ilegales valuado en alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, una operación que, según las investigaciones, estaría relacionada con redes de distribución vinculadas a La Unión Tepito.

Las investigaciones oficiales han identificado al Centro Histórico y a Tepito como algunos de los principales puntos de comercialización de tabaco ilícito en la Ciudad de México. De acuerdo con datos citados por autoridades federales, una parte importante de estos productos proviene de países de Asia y Sudamérica e ingresa al país mediante esquemas de contrabando o con documentación irregular antes de ser distribuida en el mercado nacional.

La presión sobre estas redes también se ha reflejado en los aseguramientos realizados en el propio AICM. En enero de 2026 fueron decomisadas cerca de 20 toneladas de cigarros ilegales procedentes de Japón, equivalentes a más de 950 mil cajetillas y con un valor comercial superior a los 70 millones de pesos. Las autoridades señalaron entonces que el cargamento utilizaba documentación alterada para intentar ingresar al mercado mexicano.

La Armada de México demostró su nivel operativo con un ejercicio de anaveaje durante la Ceremonia Conmemorativa del Día de la Marina Nacional, la cual figura entre las operaciones náuticas y militares de mayor complejidad en el ámbito naval.

De acuerdo con las autoridades, el anaveaje consiste en el aterrizaje y aseguramiento de un helicóptero sobre la cubierta de vuelo de un buque en movimiento.

Bajo este contexto, la operación exige coordinación precisa entre la tripulación aérea y la dotación del buque, dos plataformas sometidas simultáneamente al oleaje, el viento, las corrientes marinas y el desplazamiento de la embarcación.

¿Por qué es tan exigente el anaveaje?

Cada fase de la maniobra —desde la aproximación hasta el apontaje y el aseguramiento de la aeronave— demanda disciplina y capacidad de reacción inmediata. Las comunicaciones permanentes entre el puente de mando y la aeronave son condición indispensable para su ejecución segura.

La planeación previa y la aplicación de procedimientos operativos estandarizados determinan el resultado de cada operación. Sin ese andamiaje técnico, los factores dinámicos del entorno marítimo elevan de forma considerable el riesgo de la maniobra.

La formación detrás de la maniobra

Pilotos, controladores, personal de cubierta y tripulaciones navales se someten a una capacitación continua y rigurosa para alcanzar ese nivel de desempeño. La pericia que exige un anaveaje es producto de incontables horas de entrenamiento y experiencia acumulada.

Los pilotos deben compensar el movimiento simultáneo de la aeronave y del buque con exactitud milimétrica. El personal de cubierta, por su parte, ejecuta procedimientos especializados para guiar, recibir y asegurar el helicóptero en el momento en que toca la cubierta de vuelo.

El valor estratégico de operar desde el mar

Esta capacidad amplía el alcance operativo de las unidades navales de forma sustancial. Con ella, la Armada puede ejecutar misiones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate, evacuación médica, transporte de personal, reconocimiento y apoyo logístico.

El anaveaje también potencia la respuesta institucional ante emergencias y desastres naturales, escenarios donde la velocidad de despliegue define el resultado de las operaciones. La posibilidad de operar desde un buque en movimiento elimina la dependencia de infraestructura terrestre fija.

Movilidad y presencia en aguas nacionales

La capacidad de anaveaje incrementa la movilidad y la flexibilidad de la Armada ante distintos escenarios operativos. Su consolidación fortalece la presencia naval en aguas nacionales y mejora la capacidad de respuesta frente a amenazas o contingencias.

La institución refuerza con esta habilidad su posición estratégica en el Pacífico y el Atlántico mexicanos. Una fuerza naval con helicópteros operables desde buques en tránsito proyecta poder de forma más eficiente que una anclada a bases costeras.

Con el ejercicio del Día de la Marina Nacional, la Armada reafirmó el alto grado de preparación de sus elementos ante la ciudadanía. La demostración evidenció el compromiso institucional de mantener una fuerza naval moderna y profesional.

La protección de los intereses marítimos del país requiere capacidades técnicas que se sostienen solo con inversión constante en adiestramiento. El anaveaje, en ese contexto, no es un acto de exhibición: es la prueba de un estándar operativo que la institución mantiene de forma permanente.

A bordo del buque Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional, acompañada por autoridades federales, estatales y mandos civiles y militares.

Durante el acto, la mandataria envió un mensaje de reconocimiento a la Marina mexicana y subrayó el papel del país como nación con vocación marítima.

“Quiero felicitar a las y los marinos de México. Nuestro país es una nación con una enorme riqueza marítima, con dos grandes océanos que nos conectan con el comercio, la cultura y la diplomacia del mundo”, expresó.

Sheinbaum destacó la relevancia de los mares en la identidad nacional y en el desarrollo del país, al señalar que representan una fuente de vida y un elemento central de cohesión territorial.

“Nuestros mares son fuente de vida, identidad. Debemos protegerlos con responsabilidad y rendir homenaje a quienes han asumido esa tarea, a las mujeres y hombres que día con día protegen nuestras costas”, dijo.

En su intervención, recordó el papel histórico del general Lázaro Cárdenas del Río en la consolidación de la Marina mexicana y sostuvo que la institución ha evolucionado en sus funciones a lo largo del tiempo.

Señaló que actualmente la Marina desempeña tareas que van más allá del ámbito estrictamente naval, al participar en acciones vinculadas con la seguridad, la logística y el desarrollo del país.

La presidenta también dedicó un reconocimiento a las y los integrantes de la Armada de México, al referirse a las condiciones de servicio que enfrentan.

“Reconocemos a quienes integran la Marina, a mujeres y hombres que muchas veces pasan largos periodos lejos de sus familias, en alta mar o en distintos puntos del litoral, cumpliendo con su deber de servir a la nación”, afirmó.

Asimismo, agradeció el trabajo del titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y extendió un reconocimiento a mandos militares presentes en el acto.

El cierre de su discurso adoptó un tono político al llamar a la defensa de la soberanía nacional en el contexto internacional actual.

“Son tiempos de definiciones, de defender a la patria contra campañas de odio promovidas desde el exterior. ¡Que viva nuestra soberanía marítima, que viva México!”, concluyó.

Historias desde la Marina: jóvenes que hacen de la vocación un proyecto de vida

En el marco del aniversario, guardiamarinas de la Armada de México compartieron testimonios sobre su formación y su decisión de incorporarse a la institución como parte de su proyecto profesional.

La guardiamarina Mariana González Cardeña, de 23 años, explicó que su acercamiento a la Marina ocurrió desde la etapa escolar y que también influyó la trayectoria de su padre, quien formó parte de la institución.

“Siempre escuché a mi padre decir que era una institución muy noble. Él siempre estuvo para lo que la institución requiriera y eso influyó de buena forma en mi decisión”, relató.

Ingresó a la Marina en 2021, a los 18 años, y se graduó en 2025. Actualmente realiza prácticas profesionales a bordo del ARM Jalisco, donde señaló que inicia su desarrollo profesional dentro de la Armada.

“Me siento bastante orgullosa de formar parte de la Marina. Es una institución muy noble y, aunque requiere esfuerzo, también tiene muchos beneficios”, expresó.

Sobre su visión del servicio, agregó: “Estamos para el pueblo mexicano, para lo que necesite”.

Por su parte, el guardiamarina Serrano Manríquez, de 26 años, explicó que proviene de una familia con antecedentes militares, lo que influyó en su decisión de incorporarse a la Marina.

“Desde que nací fui conociendo el medio en el que se desenvolvía mi padre. Ese sentir por el país él me lo inculcó y fue creciendo en mí hasta que decidí ingresar a la Marina”, comentó.

Reconoció que la carrera implica exigencias importantes, especialmente por las jornadas prolongadas y la distancia con la familia.

“No tenemos un horario establecido de ocho a cuatro. Hay ocasiones en las que tenemos que brindar nuestro servicio por más de una jornada laboral y eso puede separarnos de la familia”, explicó.

Sin embargo, afirmó que el sentido del servicio compensa esas dificultades.

“Es una satisfacción muy grande ver que uno está poniendo un granito de arena para que el país salga adelante y sea un país mejor”, destacó.

Ambos coincidieron en que su objetivo es desarrollar una carrera de largo plazo dentro de la Armada de México, a la que consideran su proyecto de vida.

(Con información de Miguel Flores, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán)

Tras la realización de cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, autoridades capitalinas aseguraron alrededor de 11 toneladas de autopartes, aparente droga y diversas placas de circulación, resultado de trabajos de investigación en torno a la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y con el apoyo de las Secretarías de Defensa y de la Secretaría de Marina (SEMAR), se llevaron a cabo allanamientos en sitios ubicados en la alcaldía Iztapalapa en seguimiento a una investigación por el delito de robo de vehículos, desmantelamiento y venta de autopartes.

El personal policial ejecutó labores de investigación de gabinete y campo, así como vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar varios locales que se localizan en diversas colonias de la alcaldía Iztapalapa, que probablemente eran utilizadas como bodegas para el almacenamiento de piezas y vehículos robados.

Más tarde. los datos de prueba, obtenidos en las indagatorias, se entregaron por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien liberó el mandamiento ministerial para intervenir en los inmuebles, para ello se realizaron despliegues operativos en el que se operó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

La primera interferencia ocurrió en la calle Jonote, de la colonia El Manto: los efectivos aseguraron 20 bolsitas de plástico que contenían material sólido que tendría parentesco a metanfetamina, una báscula gramera, dos placas de circulación, una identificación oficial, varios engomados vehiculares, un automóvil, una motocicleta y una tonelada de autopartes, aproximadamente.

La segunda intervención sucedió en un domicilio situado en la calzada Ermita Iztapalapa, de la colonia San Lucas, donde se aseguró una tarjeta de circulación, un par de placas emitidas en el Estado de México, un permiso de circulación del estado de Guerrero, dos motores de vehículos y alrededor de dos toneladas de autopartes.

En otro local, de la misma ubicación, se cumplimentó el tercer cateo, en él se aseguraron casi tres toneladas de autopartes, un motor de automóvil, un objeto con un número de serie y una placa de circulación del Estado de México.

La cuarta y última revisión domiciliaria, suscitó en bodegas ubicadas en la calle Orozco y la Calzada Ermita Iztapalapa, en la misma colonia. Las autoridades aseguraron alrededor de cinco toneladas de autopartes, cuatro placas y tres tarjetas de circulación.

Debito a lo expuesto previamente, los cuatro lugares fueron sellados y se encuentran bajo vigilancia policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá la situación jurídica y continuará con las investigaciones de este caso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el rubro de sus atribuciones y funciones, refrendan su compromiso de continuar con las investigaciones conjuntas y en coordinación con instancias del Gobierno de México, así como el intercambio de información que lleven a identificar a los generadores de violencia que causan daño y atentan contra la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la CDMX.

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, denunció agresiones por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el 27 de mayo, de manera paralela señalaron la intromisión de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el territorio.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la comunidad señaló al menos dos ataques distintos, uno en la mañana y otro en la tarde. Dichas acciones provocaron daños en viviendas y vehículos.

La comunidad acusa que el CJNG ha generado tratos con empresas mineras con el objetivo de despojar de sus viviendas a los habitantes.

El informe documenta que al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región de la sierra y la costa del estado, el grupo delictivo ha ocupado poblaciones de manera progresiva lo que ha generado desplazamiento de familias por la violencia que genera la estructura.

La Marina trató de entrar al territorio

El documento dirigido tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, señala que las instituciones de seguridad no han hecho acciones contundentes que resulten en la desarticulación del también conocido como cártel de las cuatro letras.

“Paralelamente al ataque de la mañana, elementos adscritos a la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) pretendieron introducirse en las playas de la comunidad, a varios kilómetros del epicentro de los ataques; lo que resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla”, es parte del reporte.

Según el reporte, algunos elementos de la SEMAR acuden a las playas de afuera de la jefatura de Tenencia y otros más están cerca de la Cofradía

“No hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales”, añaden.

La comunidad añade que el grupo criminal actúa de manera impune, lo que se ve reflejado en los ataques con drones y las detonaciones en contra de las casas de la región, lo anterior para poder tomarse una foto y ganar dinero.

El comunicado añade imágenes que muestran los daños derivados de los ataques, así como un vehículos de la Marina con algunos efectivos en el mismo.

No es la primera vez, ataque del CJNG provoca evacuación de escuelas

Cabe recordar que el 19 de mayo pasado, el Congreso Nacional Indígena dio a conocer mediante un comunicado que un ataque del CJNG en la Cofradía de la comunidad Nahua de Santa María Ostula.

Como consecuencia del ataque, las escuelas de la zona fueron evacuadas y la población civil se refugió en sus viviendas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se registró un incidente al interior de instalaciones navales de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde una presunta acumulación de gas provocó una flama repentina en un área de cocina.

De acuerdo con el comunicado oficial, la situación fue controlada de manera inmediata por el propio personal naval, por lo que no se generó un incendio de gran magnitud ni hubo riesgos para la población o para las instalaciones cercanas.

¿Qué ocurrió en las instalaciones de la Semar en el AICM?

La Semar detalló que el incidente ocurrió dentro de una zona de cocina perteneciente a la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria. Según las primeras versiones, la emergencia habría sido ocasionada por una acumulación de gas que derivó en una flama repentina.

Tras el incidente, varios elementos navales resultaron con lesiones y quemaduras de diversa consideración, por lo que recibieron atención inmediata y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

La dependencia federal precisó que ninguno de los marinos lesionados se encuentra en estado crítico.

Semar realizará investigaciones técnicas

La Secretaría de Marina señaló que mantiene un seguimiento puntual al estado de salud del personal involucrado y que llevará a cabo las revisiones técnicas correspondientes para determinar las causas exactas del incidente ocurrido en las instalaciones navales del AICM.

Asimismo, reiteró que no existió riesgo para usuarios del aeropuerto ni para habitantes de zonas cercanas, debido a que la situación fue contenida rápidamente por el personal de la institución.

Marina realiza entrenamientos en el AICM rumbo al Mundial

Como parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Marina (Semar) realizó en abril pasado una serie de entrenamientos y simulacros en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con reportes difundidos el 25 y 26 de abril, los ejercicios incluyeron escenarios de atención ante amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como simulacros de toma de rehenes y apoderamiento ilícito de aeronaves. Las prácticas se desarrollaron entre el 21 y el 23 de abril en distintas zonas estratégicas del aeropuerto.

En los entrenamientos participaron elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, equipos especializados en explosivos y personal del agrupamiento Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026, además de autoridades federales y aeroportuarias.

La Semar informó en ese momento que las actividades tenían como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante el evento mundialista, sin afectar las operaciones del aeropuerto ni poner en riesgo a los pasajeros.

Como resultado de tres operaciones en el Océano Pacífico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron más de 60 bultos con droga, además de que rescataron a 11 individuos que estaban naufragando.

Los hechos fueron informados por el Gabinete de Seguridad el 6 de mayo, las acciones fueron realizadas en Guerrero y Colima.

Además, fue compartido un breve video que muestra parte de las acciones realizadas por los agentes de la Semar.

Las tres acciones en el mar

En una primera intervención, los uniformados realizaron un despliegue operativo a 180 millas náuticas (a unos 334 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Una patrulla oceánica detectó que había bultos flotando en el mar, los cuales contenían paquetes con las características de la cocaína. Cabe destacar que fue a aproximadamente cuatro kilómetros del punto donde estaban los empaques con droga que fueron rescatados 11 náufragos.

A las personas se les realizó valoración médica, fueron valorados en buen estado de salud y fueron entregados a las autoridades migratorias tras llegar al puerto de Manzanillo.

Mientras que, en una segunda acción, los elementos de la Semar revisaron un buque que arribó al puerto de Manzanillo. Al interior de la unidad había siete bultos con posible cocaína, específicamente en el interior de un buque porta contenedores.

Además, fueron ubicadas “tres personas de sexo masculino de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, según destaca el reporte de las autoridades federales.

La tercer incautación fue resultado del recuperamiento de 34 bultos que fueron hallados a aproximadamente 435 kilómetros de la costa de Acapulco, Guerrero.

Dichos bultos fueron recuperados por unidades de superficie de la Armada de México y posteriormente fueron llevados al puerto de Huatulco para ser entregados a las autoridades.

El reporte de las autoridades federales establece que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido incautadas 65.5 toneladas de carga ilícita en el mar.

Otro aseguramiento y sentencias recientes

Fue el 3 de mayo pasado que en Oaxaca fueron aseguradas más de dos toneladas de cocaína. En dicha ocasión, los efectivos aseguraron 78 bultos embalados en bolsas de color negro. Estos bultos contenían un total de 2,155 paquetes con la sustancia, alcanzando un peso de 2.154 toneladas.

La Marina estimó que esta acción representa una afectación económica de aproximadamente 4.3 millones de pesos.

Cabe recordar que el pasado 3 de mayo Iván “N”, Óscar “N” y Miguel “N”, fueron sentenciados a 20 años, 11 meses y 29 días de prisión en el CERESO de Acapulco luego de que fueron detenidos en agosto de 2023 en una embarcación donde fueron hallados dos mil 387 kilos de cocaína.

La decisión de convertir a Loreto, Baja California, en puerto de altura y cabotaje ha generado fuerte controversia en activistas, organizaciones ambientales y sociedad civil. Desde que fue publicado el decreto el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), iniciaron las movilizaciones para evitar este cambio de categoría. La razón: la presencia de barcos de gran tamaño (los que llegarían al puerto) afecta a las ballenas y especies marinas.

El caso llegó a Palacio Nacional y durante la conferencia de prensa del 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no busca afectar a las ballenas ni a ninguna especie, por lo que el decreto “será corregido”.

No obstante estas declaraciones, la Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que formalizó y defendió la regularización de este puerto y no mencionó en ningún momento el daño ambiental que activistas han denunciado incansablemente.

Loreto es un puerto de altura y cabotaje, ¿por qué?

De acuerdo a la Marina, como parte de las acciones de fortalecimiento administrativo y normativo del Sistema Portuario Nacional, se llevó a cabo la regularización del Puerto de Loreto, Baja California Sur, otorgándole la categoría de Puerto de Altura.

La autoridad marítima nacional defendió la medida como un acto administrativo necesario para cumplir con la normatividad nacional e internacional.

Explicó que desde 2006, el Puerto de Loreto se mantenía operando en una condición irregular debido a que recibía embarcaciones en navegación de altura pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje, por lo que requería corregirse para formalizar la operación comercial y portuaria de la zona.

La petición de regularización fue presentada el 20 de mayo de 2024 por el Gobierno estatal, a través de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), con el propósito de impulsar el desarrollo económico regional.

En su comunicado, la Secretaría de Marina sostuvo que la oficialización del puerto responde a una necesidad administrativa, y da cumplimiento a la normatividad nacional e internacional aplicable, por lo que, aseguró, se mantiene en todo momento una postura de interés y activa comunicación con la sociedad y entes involucrados.

Dio a conocer que se han realizado al menos tres reuniones para clarificar los alcances del decreto y definir líneas de acción en respaldo a la decisión. La dependencia reiteró su compromiso con la regulación, ordenamiento y modernización de los puertos del país, así como con la protección de los intereses marítimos y la conservación del entorno marino.

La postura de la Secretaría de Marina omite los cuestionamientos ambientales planteados por la comunidad científica, organizaciones ambientalistas y habitantes de Loreto, quienes advierten que la modificación del estatus portuario podría traducirse en un incremento del tráfico marítimo internacional y la llegada de grandes embarcaciones a una de las zonas ecológicas más delicadas del país.

Riesgos que advierten activistas y organizaciones

El Parque Nacional Bahía de Loreto, reconocido por su riqueza natural, es hábitat de especies como la ballena azul, la ballena jorobada, el cachalote, la orca y diversos tipos de delfines, todos ellos vulnerables al ruido submarino, colisiones y la degradación de su entorno.

De acuerdo a las posturas ambientalistas, quienes incluso tienen un apetición en Charge.org para recabar firmas y se abrogue por completo este decreto, existen investigaciones que demuestran cómo el ruido generado por embarcaciones provoca que las ballenas azules disminuyan su actividad de alimentación y abandonen sus zonas tradicionales de forrajeo.

Gobernador de Baja California Sur envía petición a Sheinbaum

Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Castro, anunció que envió una carta a la presidenta de la República para pedir la abrogación del decreto publicado en abril de 2026.

Informó que encabezó una mesa de diálogo con la comunidad de Loreto y reafirmó su compromiso de proteger la biodiversidad estatal, sumándose a la demanda de revocar el decreto que transforma al Parque Nacional de Loreto, reconocido como Área Natural Protegida, en un puerto de cabotaje.

El mandatario informó que envió un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitando la abrogación de este decreto y reiteró, a través de sus redes sociales, la determinación del gobierno estatal de defender el Parque Nacional Bahía de Loreto y escuchar las preocupaciones legítimas de la población local frente al decreto federal sobre puertos y terminales.

Autoridades federales realizaron un recorrido aéreo para verificar las condiciones operativas de instalaciones de PEMEX y las acciones de atención implementadas tras la fuga registrada en febrero de 2026.

Durante la supervisión, aunque la mayoría de las plataformas inspeccionadas no presentaron señales visibles de contaminación, se detectaron plumas en áreas cercanas al complejo Cantarell.

En Akal-C también se identificaron manchas alrededor del centro de proceso que, de acuerdo con información proporcionada por PEMEX, están asociadas a la chapopotera de Cantarell.

Supervisan instalaciones petroleras en la Sonda de Campeche

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), realizó un sobrevuelo en distintos puntos del Golfo de México para supervisar los avances en la atención del derrame de hidrocarburos registrado semanas atrás en la Sonda de Campeche.

El recorrido inició desde el Helipuerto-Terminal Aérea de PEMEX en Ciudad del Carmen y abarcó varias instalaciones costa afuera destinadas a la producción de hidrocarburos en complejos como Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Abkatún-Pol-Chuc.

Según informó la ASEA, las inspecciones forman parte del seguimiento a los procedimientos implementados para verificar las medidas de control y supervisión ambiental en la zona afectada.

ASEA reporta operación normal en plataformas de PEMEX

Durante el sobrevuelo, inspectores de la ASEA constataron que distintas plataformas petroleras operan de manera normal y sin indicios visibles de contaminación en la superficie marina:

• Ku-S
• Ku-A
• Ku-M 
• Ku-H

Estas plataformas son pertenecientes al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, las autoridades señalaron que no se observaron iridiscencias sobre el espejo de agua, mientras que las instalaciones mantenían operaciones regulares.

La misma situación fue reportada en Zaap-C, Kambesah, Abkatún-A y Pol-A, donde la agencia indicó que no se detectaron anomalías visibles durante la supervisión aérea.

En la unidad flotante FPSO Yúum K’ak’ Náab también se verificó la operación normal de la instalación.

Además, la ASEA informó que se observó la transferencia de hidrocarburos hacia una embarcación de almacenamiento y transporte sin incidentes aparentes.

Detectan plumas en áreas cercanas a Cantarell

Aunque la mayoría de las plataformas inspeccionadas no presentaron señales visibles de contaminación, las autoridades identificaron diversas plumas en zonas cercanas al complejo Cantarell.

En Akal-C se detectaron manchas alrededor del centro de proceso que, de acuerdo con información proporcionada por PEMEX, están asociadas a la chapopotera de Cantarell.

Situaciones similares fueron observadas en Akal-B y Batab, donde se reportaron plumas de tonalidades blanquecinas y blanco-plateadas.

Durante el recorrido sobre la chapopotera, inspectores también observaron una embarcación realizando labores de dispersión mecánica mediante agua como parte de las acciones de atención implementadas en el área.

En Abkatún-D, además, se detectó humo negro en el quemador de la instalación, fenómeno que fue relacionado con la presencia de gases hidrocarburos.

Derrame de petróleo afectó costas del Golfo de México

El derrame petrolero de 2026 se originó por una fuga en el ducto submarino “OLD AK C”, de 36 pulgadas, operado por PEMEX cerca de la plataforma Abkatún Cantarell.

De acuerdo con reportes oficiales y documentación elaborada por científicos y organizaciones ambientalistas, la fuga fue detectada por buzos el 8 de febrero y reparada el 18 del mismo mes.

Sin embargo, el incidente fue reconocido públicamente hasta abril, cuando la contaminación ya había alcanzado diversas zonas costeras.

Las corrientes marinas desplazaron hidrocarburos a lo largo de aproximadamente 630 kilómetros, afectando áreas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

El caso provocó cuestionamientos hacia PEMEX y autoridades federales debido al tiempo transcurrido entre la detección de la fuga y la confirmación pública del incidente.

Organizaciones ambientalistas documentaron expansión del derrame

Durante las semanas posteriores al incidente, científicos y organizaciones como Greenpeace difundieron imágenes satelitales para documentar la expansión de la mancha de hidrocarburos en el Golfo de México.

Tras la presión pública, el gobierno federal confirmó que la fuga provenía de instalaciones de PEMEX y separó de sus cargos a tres funcionarios relacionados con el manejo de la información del caso.

La ASEA informó que continuará realizando recorridos periódicos de inspección en coordinación con PEMEX y otras dependencias federales con el objetivo de supervisar las condiciones operativas de las instalaciones petroleras y verificar el cumplimiento de las medidas ambientales.

La Secretaría de Marina premió a los ganadores del XVIII Concurso Nacional Literario “Memorias de La Vejez y la Mar” 2026 en una ceremonia celebrada en el Salón Candiles de su edificio sede en la Ciudad de México. Entre los galardonados con el primer lugar destacaron dos maestros: Manuel Reyes Morales, de Quintana Roo, y Martha Nohemí Caraveo Pacheco, de Campeche.

El certamen reunió a 540 adultos mayores de 60 años en adelante, quienes enviaron relatos originales sobre el mar y la conciencia ecológica marítima durante la convocatoria abierta del 2 de febrero al 23 de marzo de 2026. El objetivo fue motivar a ese sector de la población para que expresara su percepción del mar y fomentara el interés por las actividades marítimas y navales.

La ceremonia y sus protagonistas

El acto lo presidió el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina, en representación del secretario y Alto Mando de la Armada de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Autoridades navales y civiles acompañaron la entrega de reconocimientos.

Los ganadores recibieron un viaje a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, además de un paquete de souvenirs. Durante su estancia en el puerto veracruzano visitaron la Heroica Escuela Naval Militar y el Museo Naval México, y realizaron un recorrido a bordo de la réplica de la Goleta Iguala.

En representación de todos los premiados, Margarita Susano Parra, ganadora del estado de Tlaxcala, tomó la palabra. Agradeció a nombre de participantes llegados desde Baja California hasta Yucatán, de Sonora hasta Chiapas, con la convicción de que “la vida también se honra contándola”.

Susano Parra sintetizó el espíritu del certamen en una sola imagen: “El mar y la vejez se parecen: a veces son bravos, a veces calmados, pero siempre inmensos”. Subrayó que el concurso les recordó que todavía tenían historias que compartir y patria que construir.

“La Marina se construye también desde la memoria colectiva”: Almirante

Barradas Cobos afirmó que “cada memoria escrita representa mucho más que una narración personal” y la definió como “la voz de generaciones que han visto a nuestro querido México a través de los años”. Señaló que esas generaciones conocen el valor del esfuerzo, de la palabra cumplida y del amor por el mar que une a México como nación.

El almirante subrayó que el concurso posee un doble significado para la institución: humano, porque reconoce el talento y la experiencia de los adultos mayores, y estratégico, porque fortalece la conciencia nacional sobre el valor del mar. Recordó que México es una nación marítima cuyos mares delimitan fronteras, conectan regiones, sostienen economías y resguardan recursos naturales esenciales para la soberanía.

Barradas Cobos fue enfático al señalar que “una marina moderna no solamente se construye con buques, operaciones y tecnología”, sino también con identidad nacional, memoria colectiva y vínculos con la sociedad. Con esa premisa, definió el certamen como parte permanente de la tarea de la Armada de México.

Dirigiéndose a cada participante que tomó la pluma, el subsecretario afirmó que “atreverse a escribir también es navegar, es adentrarse en mares de memoria, reencontrarse con emociones, volver sobre antiguas rutas”. Concluyó con el deseo de que la Marina permaneciera “en un pequeño espacio de sus recuerdos y de su cariño”.

Los ganadores de primer lugar: dos maestros, dos historias del mar

Manuel Reyes Morales llegó al concurso desde Chetumal al considerarse escritor. Maestro de música y director del Coro Instrumental, explicó a Infobae México que al recibir la convocatoria razonó: “Si puedo hacer una canción, puedo escribir un cuento”.

Su relato, titulado El reventón del Caribe, narra un hecho real: la tala de árboles en el bulevar Chetumal-Bahías para una remodelación urbana. Los protagonistas son los animales afectados, a quienes Reyes Morales dotó de nombres de amigos y de elementos de la cosmovisión maya, incluidos los aluxes y las ceremonias ancestrales de respeto a la naturaleza.

El maestro también aprovechó el premio para lanzar una propuesta: que las memorias del concurso lleguen a bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y no solo a las de Marina. Argumentó que “en las bibliotecas hay de escritores famosos, pero el corazón falta”, y que esos relatos de adultos mayores llenarían ese vacío.

Por otra parte, Martha Nohemí Caraveo Pacheco, maestra de Campeche con dos libros de cuentos publicados, dudó en participar por desconfianza hacia los concursos hasta que su nieta la convenció. Al sentarse frente a la computadora, la historia fluyó sola: el cuento se titula La vejez y la mar y sigue a una niña llamada Marta desde sus juegos infantiles en las orillas campechanas hasta la vejez, cuando contempla una costera y le dice al mar: “¿Cómo te han robado?”.

Caraveo Pacheco describió su texto como emotivo y esperanzador. Declaró que su mensaje central es que el mar merece cuidado y que los adultos mayores son “la continuidad para decirle a nuestros hijos, nietos y la gente a nuestro alrededor que vale la pena cuidar al mar”.

Con este certamen, la Secretaría de Marina consolidó un vínculo entre la memoria de los adultos mayores y la identidad marítima nacional. La participación de 540 personas procedentes de todo el país, desde Sonora hasta Chiapas, confirmó que el mar es un tema que atraviesa generaciones y geografías en México.

En una revisión de rutina realizada este 14 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales detuvieron a un hombre que transportaba casi nueve kilos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas.

El decomiso representa una afectación económica de más de un millón 900,000 pesos a grupos delictivos, según datos de la Secretaría de Marina.

El operativo fue realizado por la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y Aduanas.

El aseguramiento y el modus operandi

Según información difundida por la Secretaría de Marina en un comunicado, un binomio canino marcó la silla de ruedas por la presencia de sustancias ilícitas durante la inspección de pasajeros y equipaje. Tras pasarla por rayos X, los agentes detectaron objetos anómalos en la estructura, lo que motivó una revisión detallada.

Dentro del armazón localizaron ocho paquetes con un peso total aproximado de 8.8 kilogramos de cocaína. De acuerdo con la SSPC, la sustancia asegurada equivale a unas 18,000 dosis destinadas al mercado ilegal.

Las autoridades informaron que el pasajero buscó evadir los controles simulando una discapacidad, estrategia que no logró impedir la detección de la droga.

La operación forma parte de los trabajos permanentes para detectar e inhibir el tráfico de drogas en los aeropuertos del país.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, se le informaron sus derechos de ley y será investigado para determinar el origen y el destino del cargamento.

En los últimos meses, el AICM se ha convertido en un punto clave dentro de las operaciones federales contra el narcotráfico. El Gabinete de Seguridad señala que la vigilancia se mantendrá de forma permanente para desincentivar actividades ilícitas y garantizar la integridad de los pasajeros.

Decomiso récord de cigarros ilegales de La Unión Tepito

El mismo día, autoridades federales información del aseguramiento en la Ciudad de México de un cargamento de cigarros ilegales valuado en aproximadamente 4,500 millones de pesos, presuntamente vinculado a operaciones de La Unión Tepito.

De acuerdo con información, el operativo conjunto se llevó a cabo tras detectar el ingreso de pallets por la capital y representa el mayor decomiso de este tipo en la historia del país.

Investigaciones recientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y autoridades capitalinas ubican a Tepito y corredores comerciales del Centro Histórico como puntos clave para la distribución de tabaco pirata proveniente principalmente de Asia y Sudamérica.

Entre enero y abril de 2026, la Secretaría de Marina reportó el aseguramiento de unas 130 toneladas de cigarros apócrifos en el AICM, cifra considerada récord por las autoridades. El Colegio de México estima que el comercio ilegal de cigarros genera pérdidas fiscales anuales de hasta 13,500 millones de pesos para el Estado mexicano, derivadas de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El Gobierno de México realizó el hundimiento del exbuque Onjuku, donado por Japón a México en 1978. El objetivo de esta acción es convertirlo en un arrecife artificial que permita mejorar el exosistema marino del océano mexicano.

La operación, coordinada por la Secretaría de Marina, marcó el cierre de una etapa de servicio del navío y el inicio de una nueva vida bajo el mar, orientada a restaurar y proteger la biodiversidad marina en el Golfo de México.

Desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, de este 13 de mayo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas, el secretario de Marina, Raymundo Pérez, el gobernados de Tamaulipas, Américo Villarreal y el embajador de Japón en México, Hozo Honsei, realizaron una transmisión del hundimiento controlado del exbuque realizado en Tamaulipas.

De Japón a México: historia de un buque convertido en arrecife

El Onjuku fue construido en Japón en 1977 y donado a México como símbolo de cooperación bilateral. Desde 1980 hasta 2022, el buque estuvo en activo en la Armada de México, dedicado a tareas de oceanografía y pesquería. Su nombre significa “lugar de morada”, y a partir de ahora, el Onjuku cumplirá justamente esa función como refugio para numerosas especies marinas.

Antes de su hundimiento, el buque fue sometido a un exhaustivo proceso de descontaminación y retiro de equipos bajo la supervisión de las autoridades ambientales, para garantizar la seguridad del ecosistema. El hundimiento controlado se realizó mediante la apertura de vías de agua y explosivos de corte lineal, permitiendo que el casco descendiera suavemente hasta su nuevo hogar en el fondo marino, donde comenzará a transformarse en un arrecife artificial.

Un refugio para la biodiversidad y el desarrollo sostenible

Durante el enlace de la ceremonia, las autoridades destacaron que el proyecto beneficiará principalmente a los pescadores y representa un esfuerzo conjunto para la recuperación ambiental. Onjuko significa “lugar de morada”, por lo que ahora se va a convertir en “un lugar de morada para los arrecifes, que son el corazón del océano, que albergan 25% de la biodiversidad marina, protegen costas de la erosión, sostienen pesquerías y son clave para el equilibrio climático”, subrayó por su parte la secretaria de Medio Ambiente.

En la zona donde convergen la Laguna Madre y el Golfo de México, especies como el huachinango, el pámpano y el cazón encontrarán un nuevo hábitat y un punto de regeneración ecológica, destacó.

Las autoridades federales y estatales enfatizaron que el acto simboliza la visión de un México que transforma el acero en vida, y que la defensa de los mares y sus recursos naturales es una decisión estratégica para el futuro del país.

El Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas es parte de una política nacional para crear nuevos hábitats y zonas de reproducción, impulsar el turismo náutico y promover la cultura marítima. El legado del Onjuku continuará desde las profundidades, transformando su historia en futuro y sumando un nuevo refugio a la biodiversidad marina mexicana.

Uno de los casos más grandes de desaparición forzada vinculados a fuerzas federales regresó al ojo público este 11 de mayo tras la alerta que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la absolución de 9 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina (Marina) procesados por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Con el fallo, ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 por su presunta responsabilidad en los crímenes permanece en prisión, en lo que representa el cuarto juicio perdido por la Fiscalía General de la República contra integrantes de la UNOPES.

La reciente absolución fue dictada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California. El caso involucra la desaparición forzada de 27 personas y el asesinato de 12 más.

En noviembre de 2025, Ericka Arredondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo -víctima-, señaló ante funcionarios de la Oficina de la Presidencia que 32 personas seguían sin ser localizadas, siete años después de los hechos.

La Marina desplegó 257 elementos en Nuevo Laredo y esto fue lo que pasó

A partir del 11 de diciembre de 2017, el Alto Mando de la Armada ordenó el despliegue de 257 elementos navales en tres bases de operaciones en Nuevo Laredo bajo la Orden de Operaciones 1, vigente en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y áreas aledañas.

El objetivo declarado era “localizar, fijar y capturar a miembros de la delincuencia organizada” y coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Para sus operativos, la Marina utilizó vehículos no oficiales prestados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre ellos patrullas de la corporación “Fuerza Tamaulipas”.

Entre febrero y mayo de 2018, integrantes de la UNOPES llevaron a cabo detenciones arbitrarias en distintas colonias del municipio fronterizo.

Las víctimas fueron detenidas sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin caso urgente. Varios casos comenzaron con cateos ilegales a domicilios particulares, talleres mecánicos y negocios, sin orden judicial.

Los elementos navales portaban uniformes camuflados con la leyenda “Marina”, armas largas y chalecos antibalas, llevaban el rostro cubierto y se desplazaban en camionetas tipo pick up color gris y blanco.

Cinco de las 27 víctimas eran menores de edad, con entre 14 y 17 años al momento de su detención.

Tras los hechos, la CNDH integró 17 expedientes de queja a partir de las denuncias de familiares que buscaron a sus parientes en instalaciones navales, hospitales y funerarias sin obtener respuesta.

Durante la investigación, el organismo detectó contradicciones entre los partes de novedades que la Marina entregó en abril de 2018 y los que entregó en julio de 2019, más de un año después de haber sido requeridos, lo que la CNDH calificó como probable alteración y ocultamiento de información.

La Marina negó en todo momento haber participado en las detenciones.

Posteriormente se supo que la investigación acreditó que el personal naval violó los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la personalidad jurídica y a la vida de las víctimas.

Trece de los desaparecidos fueron encontrados sin vida, semienterrados en brechas de terracería en Nuevo Laredo y en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, con signos de tortura, tobillos amarrados y heridas de bala en la nuca.

El 13 de julio de 2020, la CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020 y calificó los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, tanto por el número de víctimas como por tratarse de derechos inderogables como la vida y la integridad personal.

La FGR ha perdido cuatro juicios contra los presuntos responsables

En abril de 2021, la Marina puso a disposición de la FGR a 30 elementos vinculados con los hechos.

La Fiscalía abrió 17 carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Ninguna de las familias recibió reparación integral del daño.

Los familiares señalaron durante protestas de noviembre de 2025 frente a Palacio Nacional que la FGR perdía los juicios por deficiencias dolosas en las carpetas. Presuntamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asignó a las familias abogados sin experiencia en el caso que, según los quejosos, se limitaban a firmar escritos sin asesorarlos.

El 6 de noviembre de 2025, los familiares regresaron a Nuevo Laredo tras ser atendidos por funcionarios de la Oficina de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, quienes se comprometieron a gestionar una reunión con la CNDH, la FGR, la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Hasta el momento se sabe que se han perdido 4 casos vinculados con las desapariciones y que ninguno de los 30 presuntos responsables de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales están en prisión.

La CNDH exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar al juez que absolvió a los marinos

Ante el fallo absolutorio de este 11 de mayo de 2026, la CNDH emitió el comunicado DGDDH/052/2026 en el que manifestó su respaldo a las víctimas y precisó que las denuncias penales ante la FGR contra los elementos de la Marina formaban parte de las medidas de satisfacción ordenadas en la reparación integral del daño de 2020.

El organismo exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar la actuación del juez federal y, en su caso, aplicar las medidas pertinentes.

La CNDH también informó que tenía prevista una reunión presencial con las familias en este mes de mayo, en la que debería participar personal con capacidad de decisión de la CEAV para explicar la demora en la emisión de las resoluciones de reparación integral del daño.

Marina se disculpó en 2021 por el caso

El 21 de julio de 2020, la Secretaría de Marina aceptó la Recomendación 36VG/2020 de la CNDH. En ese marco, ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias.

“Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que ésta es la ruta hacia una verdad que las dignifique”, señaló la institución en el acto.

Además, se comprometió a continuar colaborando con las autoridades e implementar medidas hacia el pleno acceso a la justicia.

Sin embargo, cuatro años después de ese acto, ninguno de los 30 marinos detenidos permanece en prisión. La FGR perdió cuatro juicios contra integrantes de la UNOPES y las familias de las víctimas denunciaron que ninguna recibió reparación integral del daño.

El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer este sábado, por medio de su cuenta de X, que en una operación marítrima frente a costas de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos extranjeros.

Con dicha acción, se aseguró, sumaban 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada.

Además, por medio de un comunicado, se dieron a conocer más detalles del hecho. Se dijo que la acción derivó de labores de inteligencia e investigación que permitieron dar seguimiento marítimo a la embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arrollo Seco, en el municipio de Petatlán.

Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en el mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicadois al trasiego de droga.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina por medio de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales. debilitar llas capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marítimas mexicanas.

Esto también comprueba el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el tráfico de drogas vía marítima ha disminuido un 97%.

“Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del estado (Sinaloa) y que la gobernadora Yeraldine tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, luego de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal luego de que Estados Unidos lo señaló por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, durante una conferencia de prensa desde Culiacán, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló las acciones que serán realizadas en la entidad.

Tres ejes para blinda Sinaloa

El funcionario destacó que hay tres ejes para la seguridad en la entidad ahora gobernada por Yeraldine Bonilla Valverde.

Operación Sable se enfoca en actividades regulares de presencia y de apoyo a la autoridad con el objetivo de disminuir los índices de violencia.

Mientras que la Operación Chipahua, una estrategia especial ejecutada por unidades de élite que está enfocada en la captura y neutralización de objetivos prioritarios generadores de violencia.

A su vez, la fuerza tarea Alacrán es una operación especializada en la detección e inhabilitación de laboratorios clandestinos y plantíos de enervantes, según compartió el funcionario durante la conferencia de prensa.

“En la parte urbana contamos con el modelo de operación Baluarte, establecido principalmente en Mazatlán. Es una estrategia que permite una presencia permanente, mejora los tiempos de respuesta y genera inteligencia"

Se trata de un modelo que materializa la presencia naval a través de puestos de seguridad a través de vigilancia mediante drones y reacciones oportunas.

El despliegue de la Secretaría de Marina en Sinaloa incluye quince buques y un estado de fuerza de mil seiscientos veintiocho elementos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región y mantener la vigilancia en los litorales. Esta operación se desarrolla bajo la coordinación del gabinete de seguridad nacional y responde a las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presencia de la Armada de México en Sinaloa abarca tanto actividades marítimas como terrestres y aéreas, permitiendo realizar patrullajes de vigilancia, operaciones de interdicción, búsqueda y rescate, así como escoltas a cruceros y la protección de instalaciones estratégicas en el litoral.

Las autoridades federales afirman que el componente marítimo resulta esencial para la economía sinaloense, ya que muchas actividades productivas, como la pesca y el turismo, dependen directamente del mar. Por esta razón, la Marina mantiene operaciones permanentes para brindar auxilio y protección tanto a la población como a los bienes de quienes realizan actividades legales en la zona costera.

La Cuarta Región Naval, que abarca Sinaloa y Nayarit, se convierte en un punto clave para la Estrategia Nacional de Seguridad, considerando la posición geoestratégica del estado y la importancia de su litoral. Según las autoridades.

Actualmente, la Secretaría de Marina dispone de ciento sesenta y nueve vehículos distribuidos de manera estratégica en diferentes zonas del estado para apoyar las labores de seguridad pública en tierra firme. Este despliegue permite cubrir áreas sensibles y responder con rapidez a cualquier situación que requiera intervención.

La estrategia coordinada implica el uso de capacidades de inteligencia y la colaboración constante entre instancias federales y estatales. El objetivo es garantizar la seguridad y contribuir al desarrollo de las actividades económicas en la región, reforzando la confianza de la ciudadanía en la presencia institucional.

Un helicóptero tipo MI-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia durante maniobras de despegue en la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, luego de registrar una falla de potencia en el motor principal.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando la aeronave iniciaba su fase de despegue, momento en el que se presentó la falla técnica que obligó a la tripulación a ejecutar un procedimiento de emergencia para asegurar la maniobra y evitar un accidente mayor.

La dependencia federal precisó que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas del incidente, tanto entre la tripulación como en las instalaciones donde se realizaban las operaciones.

Tras el aterrizaje de emergencia, la Secretaría de Marina activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con la finalidad de asegurar el área y revisar las condiciones de la aeronave.

Asimismo, se informó que ya se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes, así como los procedimientos administrativos y de aseguramiento vinculados al incidente, con el objetivo de determinar con precisión el origen de la falla y deslindar responsabilidades operativas si fuera el caso.

Antecedentes en Mazatlán: otros accidentes en 2024 y 2022

En abril de 2022, un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina sufrió un accidente durante maniobras en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa, cuando presentó fallas durante una operación de despegue, lo que derivó en un desplome a baja altura.

En ese hecho, la aeronave perdió estabilidad en plena maniobra y terminó impactando dentro del área operativa del aeropuerto, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y personal militar.

El saldo reportado entonces fue de cinco elementos lesionados, sin víctimas mortales, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas y condiciones operativas de la aeronave.

En otro caso registrado en 2024, una aeronave del mismo tipo realizó un aterrizaje precautorio en la zona sur de Culiacán tras rozar un cable no balizado durante un sobrevuelo operativo, sin que se reportaran víctimas.

Estos antecedentes muestran que las operaciones con helicópteros MI-17 en la región han estado sujetas a incidentes técnicos y maniobras de emergencia, principalmente durante despliegues de apoyo operativo y seguridad.

Tres sujetos fueron condenados a más de 20 años de prisión por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína y posesión de hidrocarburo, ambos ilícitos con la agravante de pandilla.

Se trata de Iván “N”, Óscar “N” y Miguel “N”, quienes fueron detenidos en agosto de 2023 en una embarcación que estaba a 193 millas náuticas al suroeste de Acapulco, Guerrero.

El informe de la Fiscalía General de la República (FGR) del 3 de mayo sobre la condena de 20 años, 11 meses y 29 días de prisión en el CERESO de Acapulco, así como una multa de 425 mil 230 pesos, y el pago de la reparación del daño en favor de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La embrocación en la que viajaban contaba con dos motores fuera de borda y no llevaba matrícula, además de que en la misma fueron encontradas dos mil 387 kilogramos 270 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 137 litros 808 mililitros de hidrocarburo.

Las personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Las imágenes compartidas por las autoridades muestran los diversos paquetes con las sustancias aseguradas.

“El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó las pruebas suficientes para obtener sentencia”, destaca el informe de la institución.

Aseguran más de dos toneladas de cocaína en Oaxaca, una afectación millonaria al crimen organizado

Por su parte, más de dos toneladas de cocaína fueron interceptadas aproximadamente 200 kilómetros de la costa de Oaxaca. Las autoridades mexicanas informaron que la droga estaba distribuida en 68 bultos negros y contenía más de 2 mil 100 paquetes, cuyo peso ministerial suma 2.145 toneladas.

El cargamento fue localizado por efectivos de la Marina, quienes lideraron la operación junto a miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas.

La droga decomisada fue puesta bajo custodia judicial, abriéndose la investigación correspondiente para esclarecer los hechos tras el hallazgo de la droga en aguas del Golfo de Tehuantepec

El Gabinete de Seguridad estimó que la incautación representa una pérdida de 4.3 millones de pesos para los grupos criminales.

Por su parte, el pasado 30 de abril una persona extranjera fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que agentes de seguridad hallaron lienzos que tenían droga mezclada en la pintura.

Los lienzos fueron revisados a través del uso de tecnología con los que los uniformados detectaron una respuesta positiva a cocaína.

Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca, durante un operativo de vigilancia encabezado por la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento ocurrió a 103 millas náuticas —equivalentes a aproximadamente 190 kilómetros— de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Durante la intervención, personal naval localizó 78 bultos embalados en bolsas negras que contenían 2 mil 155 paquetes con polvo blanco con características similares a la cocaína.

El peso ministerial del cargamento fue de 2.154 toneladas, según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad.

Afectación de 4.3 mdp

Las autoridades estimaron que el decomiso representa una afectación económica de alrededor de 4.3 millones de pesos para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, además de impedir la distribución de millones de dosis de droga.

Tras el aseguramiento, toda la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público federal, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el curso legal del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con el operativo.

Ruta prioritaria en el Pacífico

El Golfo de Tehuantepec es una de las rutas marítimas utilizadas por grupos criminales para el traslado de droga en el Pacífico mexicano, por lo que se mantiene como una zona prioritaria para operativos de vigilancia naval.

Con este decomiso, la Secretaría de Marina acumula más de 65 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas durante la actual administración federal, de acuerdo con cifras oficiales.

Decomisos recientes en el Golfo de Tehuantepec

Este aseguramiento de más de dos toneladas de cocaína frente a Oaxaca se incluye en una serie de operativos navales recientes realizados en el corredor del Pacífico sur, una zona utilizada por organizaciones criminales para el traslado de cargamentos ilícitos por vía marítima.

El 27 de abril de 2026, la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de 904 kilogramos de cocaína frente a las costas de Chiapas. El operativo se realizó en altamar, donde personal naval detectó una embarcación sospechosa que fue interceptada durante labores de patrullaje. En la acción fueron detenidas seis personas y asegurado el cargamento, que fue puesto a disposición del Ministerio Público federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Por otra parte, el 16 de julio de 2025, autoridades federales reportaron el decomiso de 559 kilogramos de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca. En ese caso, la droga fue localizada durante recorridos de vigilancia marítima y asegurada tras la intervención de unidades navales que operaban en la zona. El cargamento también fue puesto a disposición de autoridades ministeriales para su análisis e investigación.

Ambos eventos ocurrieron en la misma franja marítima del Pacífico sur, considerada una ruta recurrente para el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica y el norte del continente.

La detención de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), está enmarcada en una investigación sobre redes criminales sofisticadas que fueron reveladas tras el aseguramiento de un buque de marzo de 2025.

El denominado huachicol fiscal es conocida como la importación ilegal de combustible mientras hay una simulación que se trata de otras sustancias, lo anterior con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

Ante estas acciones, las averiguaciones de la Marina indican que no se trata solo de tomas clandestinas o trasiego de combustible, sino que implican una red financiera y logística, según informes de seguridad consultados por Infobae México.

Un punto de inflexión, incautación de un buque

Para poder desarticular la red detectada han sido realizadas diversas detenciones y aseguramiento de combustible. El caso puede ser rastreado hasta marzo de 2025 con el buque Challenge Procyon en Tampico.

Lo que siguió al aseguramiento del buque fue el hallazgo de puertos, instalaciones y cadenas logísticas.

Lo registros establecen que desde marzo de 2025 a marzo de 2026 los cálculos establecen una afectación de 301 millones de pesos, según los datos en poder de Infobae. De igual manera, han sido detenidas diversas personas por su presunta relación con el huachicol fiscal.

El papel de los funcionarios y de los grupos criminales

En entrevista con esta casa editorial, el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, señaló que parte de la complejidad del caso es por la implicación de funcionarios de alto nivel.

“No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno [...] Los grupos criminales, su papel fundamental fue exclusivamente la comercialización y distribución del producto", son parte de las declaraciones de Saucedo.

Es importante señalar que durante el desarrollo de las investigaciones han sido registradas personas muertas.

Vislumbran un patrón criminal

A través de la idea follow the money (sigue el dinero) las averiguaciones de las autoridades han identificado empresas de transporte, logística y comercialización que serían parte de una cadena.

Con lo anterior ha sido dibujado un patrón en el que aparecen estructuras con las que se pueden mover, transportar o hasta hacer pasar como combustible regular el cargamento ilícito, lo anterior en presuntos circuitos formales.

Algunas de las detenciones relevantes incluyen:

• Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”
• Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, presuntamente vinculado a células del CJNG
• Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”
• Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”
• Diego Rebollo González
• Luis Antonio Martínez García
• Israel Molina Núñez
• Héctor Manuel Portales Ávila
• Roberto Valeriano Troncoso Queb
• Santos Sánchez Gayosso

Despliegues de aeronaves, uso de drones y acciones tácticas son parte de la estrategia para seguir combatiendo el huachicol fiscal.

Una persona de origen extranjero fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que agentes de seguridad hallaron lienzos que tenían droga mezclada en la pintura.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) los que realizaban trabajos de revisión en las instalaciones cuando identificaron una estructura y composición irregulares en los objetos mencionados.

Es por lo anterior que fue implementada una revisión más detallada para los lienzos, a través del uso de tecnología no intrusiva y pruebas químicas para la identificación de sustancias.

Luego de la aplicación de las pruebas fue detenida la pronas cuyo nombre no fue difundido. En el material gráfico compartido por las autoridades pueden verse las diversas imágenes, algunas en las que parecen personas y las maletas en donde estaban.

“Como resultado de dichas pruebas, se obtuvo una reacción positiva a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de los lienzos, por lo que de inmediato fue detenida la persona responsable del equipaje”, es parte del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 30 de abril.

Tanto la persona arrestada como los lienzos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas los dictámenes periciales para que pueda ser confirmada la naturaleza de la sustancia y su peso.

Las acciones de la Marina fueron realizadas en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Procesana a colombiana detenida con cocaína líquida en el AICM

Cabe recordar que el pasado 11 de abril fue informada la vinculación a proceso en contra de María “N”, una mujer originaria de Colombia que fue capturada en la Terminal 2 del AICM luego de que le fueron halladas 14 botellas con una sustancia que dio positivo a cocaína líquida.

Luego de la detención de la mujer,la Fiscalía General de la República (FGR) identificó que en las botellas habían 2 litros 398 mililitros de droga, la sustancia quedó bajo resguardo de la institución.

El arresto de la mujer fue realizado el 2 de abril, luego de que agentes de seguridad revisaron los envases que aparentaban ser productos de cuidado personal.

Los elementos de seguridad encontraron botellas de shampoo, lociones corporales, atomizadores y un frasco de suero facial, pero cuando los indicios fueron analizados el resultado fue positivo a clorhidrato de cocaína. Tras al detención de la mujer, fue procesada, se le dictó prisión preventiva y fue determinado un plazo de dos meses para el cierre de las averiguaciones.

El excontralmirante Fernando Farías Laguna compareció este lunes ante un juez federal en Buenos Aires por el delito de huachicol fiscal en México, donde fue notificado formalmente de la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano. En esa misma diligencia, su defensa dejó en claro que rechaza regresar a México y que solicitará asilo político en Argentina.

Farías Laguna huyó de México tras ser señalado por la Fiscalía General de la República, destapado a mediados de 2024. Fue localizado en Argentina tras activarse una ficha roja de Interpol, e intentó ingresar al país sudamericano con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de un hombre de apellido Lemus. Antes de ser capturado, había pasado por Colombia.

La comparecencia, que por el momento permanece en pausa, marcó el inicio del proceso legal que definirá el futuro del exoficial naval.

Tres pasos clave en la comparecencia

El abogado defensor Epigmenio Mendieta explicó que la comparecencia cubrió tres puntos fundamentales:

• Identificación del detenido, proceso necesario ante la controversia generada por el pasaporte apócrifo con el que ingresó al país.
• Notificación formal de la solicitud de extradición del Estado mexicano, vinculada a una orden de aprehensión por delincuencia organizada para cometer delitos de robo de hidrocarburo —conocido en México como huachicol fiscal—.
• Declaración del imputado sobre dicha extradición: Farías Laguna se manifestó en contra de regresar a México y formalizó su solicitud de asilo político.

El proceso podría extenderse hasta 60 días

De acuerdo con Mendieta, la ley internacional establece un plazo de 60 días para resolver el procedimiento de extradición. Sin embargo, advirtió que ese tiempo podría extenderse considerablemente si se abre un proceso adicional por el uso del pasaporte falso —delito local en Argentina— o si la defensa solicita el desahogo de pruebas.

Antes de resolver la extradición, las autoridades argentinas deberán atender primero la causa por usurpación de identidad, lo que añade una capa de complejidad al caso y podría ralentizar cualquier traslado a México.

Alega temer por su vida si regresa a México

La defensa argumenta que Farías Laguna teme por su vida en México, y sostiene que enfrenta un proceso con falta de acceso a pruebas y ocultamiento de testimonios. Se trata, sin embargo, de señalamientos de parte que no han sido corroborados y que sólo forman parte de la estrategia legal para intentar sustentar la solicitud de asilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el fin de semana que México buscaría agilizar el proceso de extradición. El camino legal en Argentina, no obstante, aún tiene varios tramos por recorrer — entre ellos, resolver primero el delito local por uso de pasaporte falso

Para proteger a los habitantes y trabajadores costeros, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desplegó una red de cuatro estaciones de monitoreo estratégico ubicadas en Cancún, Playa del Carmen, Akumal y Mahahual.

El objetivo de esta infraestructura es medir la emisión de gases generados por la descomposición de la macroalga, los cuales representan un riesgo sanitario significativo.

La doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), explicó que la red funcionará como un sistema de alerta temprana inspirado en el exitoso modelo de la isla de Martinica.

La medición diaria permitirá a las autoridades tomar medidas preventivas, como restringir el acceso a playas cuando los niveles de toxicidad sean peligrosos para las personas más vulnerables.

De acuerdo con encuestas realizadas por el propio IPN, la exposición a los gases detectados —principalmente amoniaco y ácido sulfhídrico— ya ha provocado estragos en la población local, quienes han reportado:

• Dolores de cabeza constantes.
• Mareos.
• Desvanecimientos.

Advertencia sobre su uso y alternativas ecológicas

Además de la medición de gases, el Politécnico lanzó una advertencia sobre el reciclaje del alga.

Si el sargazo presenta concentraciones elevadas de arsénico, su aprovechamiento para elaborar productos comerciales o fertilizantes agrícolas representa un peligro.

En su lugar, los científicos recomiendan priorizar vías seguras como la producción de biogás.

Estrategia interinstitucional en el Caribe Mexicano

La iniciativa del IPN forma parte de la política ambiental impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual se complementa con los esfuerzos de otras dependencias federales y estatales:

• Parque de Economía Circular: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo el liderazgo de Alicia Bárcena, proyecta la instalación de un complejo en Puerto Morelos para transformar el sargazo recolectado en combustible o “pellets industriales”.
• Generación eléctrica: Según informó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentra analizando la viabilidad técnica para utilizar la biomasa del sargazo como fuente de energía.
• Contención en el océano: En los próximos días, la Secretaría de Marina (Semar) incorporará un nuevo buque sargacero a su flota para interceptar las manchas de alga en altamar, facilitando significativamente las labores de limpieza en la franja costera.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) repelió una agresión armada durante un patrullaje de disuasión en las inmediaciones del poblado de Matatán, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, hecho que dejó como saldo tres civiles armados neutralizados y el aseguramiento de armamento y equipo táctico.

De acuerdo con el reporte de autoridades de seguridad, los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2026, cuando elementos navales realizaban recorridos terrestres en la zona y fueron atacados por un grupo de civiles armados. Ante la agresión, el personal respondió conforme a sus protocolos operativos.

Tras el enfrentamiento, las fuerzas federales confirmaron que los tres agresores fueron neutralizados en el lugar, sin que se registraran bajas ni lesiones entre el personal de la Semar.

En la zona del choque armado se aseguró armamento de alto poder, entre ellos cuatro armas largas calibre 7.62 milímetros, además de 29 cargadores del mismo calibre, así como 1,510 cartuchos útiles calibre 7.62 milímetros y 20 cartuchos calibre .50.

También fueron decomisados cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas, junto con diverso equipo utilizado por los agresores durante el enfrentamiento.

Las autoridades estimaron una afectación económica aproximada de 264 mil 352 pesos, derivada del aseguramiento del material bélico.

Dos personas de origen colombiano

De manera preliminar, fuentes de seguridad identificaron a dos de los agresores como presuntos integrantes de una célula vinculada a la facción de “Los Chapos” (Cártel de Sinaloa), con presunta participación de dos personas de origen colombiano, identificadas como Marcelino N y Yessica Yamileth N. Estas referencias forman parte de las líneas de investigación en curso.

Las autoridades federales mantienen presencia en la zona mientras continúan las labores de reconocimiento y verificación tras el enfrentamiento.

Reclutamiento documentado de mercenarios colombianos

El uso de exmilitares colombianos por parte del crimen organizado en México no es una hipótesis reciente, sino un fenómeno documentado por autoridades mexicanas, reportes de inteligencia y detenciones en distintos estados.

El Gobierno federal ha señalado al CJNG como el principal reclutador de estos perfiles, aunque también ha identificado casos vinculados al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Los Reyes y al Cártel Santa Rosa de Lima.

Informes militares y reportes periodísticos recientes ubican presencia de mercenarios colombianos en entidades como Michoacán y Guanajuato desde, al menos 2021, mientras que diversas investigaciones han relacionado su incorporación con el uso de explosivos, drones armados, labores de inteligencia y entrenamiento táctico dentro de organizaciones criminales.

La defensa de Fernando Farías Laguna, contralmirante detenido en Argentina por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, ha puesto en el centro del debate la actuación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

En una entrevista concedida a Carmen Aristegui, el abogado Epigmenio Mendieta acusó omisiones graves de Ojeda Durán y cuestionó la integridad de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La denuncia interna: el audio y la carta de Guerrero Alcántar

El origen de la polémica y de los señalamientos de la defensa se encuentra en la denuncia interna realizada por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien en junio de 2024 expuso personalmente ante el entonces titular de la Secretaría de Marina la existencia de una red de huachicol fiscal operando en las aduanas marítimas, señalando movimientos irregulares, presiones internas y presuntos actos de corrupción.

Guerrero Alcántar entregó su denuncia mediante una carta manuscrita, después de una reunión en la que participaron varios mandos, de acuerdo con el testimonio de la defensa.

En el audio de esa reunión, revelado por Aristegui Noticias, se escucha a Guerrero Alcántar explicar en detalle la estructura de la red ilícita, los nombres de los presuntos involucrados y los mecanismos mediante los cuales se simulaba el ingreso de combustibles al país.

La carta manuscrita de Guerrero Alcántar, que forma parte del expediente judicial y a la que ha tenido acceso la defensa, describe con fechas, nombres y operaciones cómo se estructuraba el contrabando y cómo se manipulaban los registros y movimientos de personal.

A pesar de la gravedad y precisión de la denuncia, Guerrero Alcántar fue asesinado semanas después de exponer los hechos ante la cúpula naval.

Apunta omisiones del extitular de Marina

Durante la entrevista con Carmen Aristegui, Epigmenio Mendieta fue enfático al señalar que, a pesar de que supuestamente Fernando Farías Laguna también puso en conocimiento del exsecretario la existencia de una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, Ojeda Durán no presentó ninguna denuncia formal, ni siquiera un acta circunstanciada.

El abogado subrayó que esto constituye una omisión administrativa y legal de máxima gravedad, ya que el titular de Marina tenía la obligación de canalizar la información a las autoridades competentes.

“Por parte de la Secretaría de Marina no existe ninguna denuncia formal derivado de esta reunión. Pero después, más grave, va el secretario de Marina a la oficina del entonces fiscal general de la República, le cuenta detalles de estos hallazgos y no elaboran ni siquiera un acta circunstanciada, ya no digas una denuncia, ni siquiera un acta circunstanciada de los hechos, de los temas que se tocaron en ese momento”, puntualizó Mendieta.

El defensor también criticó que, tras la denuncia interna y la muerte violenta de Fernando Rubén Guerrero Alcántar —quien fue el principal denunciante de la red y fue asesinado semanas después de exponer los hechos ante Ojeda Durán—, ningún alto mando ha sido llamado a declarar por la FGR.

“La postura que tiene hoy la Fiscalía es no tocar a los funcionarios de primer nivel, no incomodarlos con una investigación y ni tampoco incomodarlos con el hecho de que tuvieran que dar su versión formal y legal”, señaló el abogado.

El uso del nombre de Farías Laguna y la manipulación de la investigación

Mendieta afirma que el nombre y el rango institucional de Fernando Farías Laguna fueron utilizados como pantalla para encubrir a quienes realmente operaban la estructura criminal.

Según la defensa, tanto en la carta manuscrita de Guerrero Alcántar como en los testimonios que obran en la carpeta de investigación, se afirma que los hermanos Farías Laguna no ejercían mando ni decisión sobre los movimientos de personal o el ingreso irregular de hidrocarburos.

“(Alcántar) nunca tuvo comunicación con ninguno de los hermanos Farías. Es más, en la propia carta él acepta que lo engañaron y que suplantaron la identidad de los hermanos Farías haciéndole creer que ellos tenían conocimiento y participaban en esos hechos. Pero entonces eso no es lo que dice la fiscalía”, expresó Mendieta.

El defensor también criticó que la investigación judicial se haya originado a partir de un audio anónimo, presuntamente fabricado con inteligencia artificial y difundido en redes sociales, donde se señalaba a los hermanos Farías Laguna de encabezar dicha red, en vez de partir de una denuncia formal o de los canales institucionales.

El abogado cuestionó por qué la FGR no ha exigido la comparecencia formal de quienes recibieron la denuncia, ni ha realizado peritajes de voz para identificar a todos los participantes de la reunión clave, a pesar de que existen grabaciones difundidas públicamente.

“Tampoco se investigó ni se pidió la confronta de la voz del almirante secretario, como si él no hubiera participado en esa reunión. (...) Era obligado a hacerlo”, enfatizó Mendieta. Añadió que “ya el almirante secretario Rafael Ojeda ya lo exculparon desde la mañanera y claramente, pues cualquier participación que haya tenido o cualquier conocimiento que haya tenido de los hechos, pues por supuesto que no los va a exponer”.

La estrategia procesal de la defensa: solicitud de asilo y obstáculos judiciales

En la entrevista, también denunció que la defensa solo tiene acceso parcial a la carpeta de investigación —22 tomos de un total de 28 y 75 anexos—, debido a reservas institucionales y argumentos de seguridad nacional, lo que impide ejercer plenamente el derecho a la defensa.

El abogado Epigmenio Mendieta confirmó que Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina para evitar la extradición a México, argumentando un temor fundado por su vida y la ausencia de garantías para enfrentar un proceso justo.

Según Mendieta, Farías Laguna considera que su vida corre peligro en México y que existe una persecución judicial basada en pruebas deficientes, ocultamiento de información y una investigación parcial que lo utiliza como “chivo expiatorio”.

La defensa explicó que antes de que cualquier proceso de extradición se pueda llevar a cabo, Farías Laguna deberá enfrentar en Argentina las consecuencias penales por haber ingresado al país con un pasaporte guatemalteco falso, reconociendo que esta acción fue un acto desesperado impulsado por el miedo a represalias tras haber denunciado la red de huachicol fiscal.

Según la defensa, en la carpeta de investigación existen catorce órdenes de aprehensión y once personas detenidas, pero en realidad hay más de doscientas personas físicas y morales mencionadas (funcionarios, empresas, transportistas, etc.), muchos de los cuales nunca han sido citados ni investigados, a pesar de estar señalados en la carta de Guerrero Alcántar.

La defensa legal de Fernando Farías Laguna, excontralmirante detenido en Argentina el día de ayer, informó que su cliente buscará asilo político en ese país sudamericano para evitar su extradición a México.

El motivo, explica el abogado Epigmenio Mendieta, es el temor genuino de Farías Laguna por su vida, al considerar que enfrenta un proceso judicial donde, según sus representantes, se encubre a los beneficiarios reales del contrabando internacional de hidrocarburos y se lo señala como líder con base en pruebas deficientes.

Infobae México pudo corroborar con una fuente cercana al caso que falta que cumpla allá en Argentina su proceso y condena por el delito de usurpación de identidad al entrar con un pasaporte de Guatemala falso. Además que consideran que violan su presunción de inocencia, pero lo más preocupante es que considera que su vida corre peligro en México.

Farías Laguna fue capturado tras una solicitud formal por medio de una ficha roja de Interpol. El caso genera atención además porque la defensa sostiene que se ocultan elementos clave de la investigación, lo que pone en duda la transparencia y equidad del proceso.

Desde Buenos Aires, las autoridades federales argentinas presentaron ante un juez a Farías Laguna esta semana para informarle los cargos imputados y notificarlo sobre la solicitud mexicana para su entrega judicial. La defensa reafirma que el exoficial rechaza cualquier vínculo con el liderazgo de redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos —mejor conocido en México como “huachicol fiscal”—. Mendieta apunta que la acusación se sostiene en hechos que Farías Laguna habría denunciado institucionalmente. Según la defensa, el proceso lo coloca en una situación de peligro personal y judicial, ante actores económicos y políticos poderosos que supuestamente no aparecen en las investigaciones oficiales mexicanas.

La defensa denuncia obstaculización de pruebas y ocultamiento de testimonios clave

El abogado Epigmenio Mendieta sostiene que las autoridades mexicanas han interferido con la entrega de pruebas fundamentales en el expediente. Señala que se niega el acceso a testimonios y expedientes esenciales para la defensa y que la Secretaría de Marina y la Fiscalía General mantienen información bajo reserva por motivos de seguridad nacional. Entre las pruebas cuya entrega exige la defensa destaca la carta dirigida por Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum. En ella solicita su intervención para que ambas instituciones entreguen la información completa sobre el caso. Hasta ahora, la defensa asegura haber recibido negativas reiteradas.

Uno de los elementos más delicados, según la información de la defensa, es un testimonio escrito. El documento fue presuntamente elaborado por un testigo que advirtió al entonces secretario de Marina sobre irregularidades en la red de tráfico de combustibles. El testigo fue ejecutado poco después de entregar el documento. El escrito afirma que los nombres de los vicealmirantes, incluidos los hermanos Farías Laguna, habrían sido usados como pantalla para proteger a los líderes efectivos de la organización. Para la defensa, la existencia y ocultamiento de este escrito es relevante porque, además de deslindar responsabilidad operativa y financiera a los vicealmirantes, sería prueba central de que la imputación responde a motivos ajenos al estricto interés de justicia.

Una investigación interna en la Marina exoneró a los implicados, pero Hacienda elude revelar el expediente

De acuerdo con Mendieta, existe un expediente de investigación interna dentro de la Secretaría de Marina que ya había exonerado a los hermanos Farías Laguna de toda responsabilidad administrativa respecto al llamado “huachicol fiscal”. Sin embargo, el acceso a ese expediente se mantiene bloqueado por las autoridades bajo el argumento de confidencialidad y seguridad nacional.

El abogado califica el proceso judicial como una estrategia de “justicia selectiva”, ya que, insiste, el verdadero beneficio económico y la infraestructura para el tráfico internacional de combustible sobrepasan las capacidades y recursos de sus clientes. Para Mendieta, el expediente judicial omite incluir a actores clave de gran escala, mientras convierte a sus representados en “chivos expiatorios”.

Ante la posibilidad de retorno a México mediante extradición, la defensa de Farías Laguna argumenta que el proceso judicial es injusto por la falta de acceso a pruebas, el ocultamiento de testimonios y la negativa a desclasificar informes internos. Todo esto refuerza la solicitud de asilo en Argentina, para evitar un eventual traslado a territorio mexicano donde el exoficial teme ser víctima de represalias y de una condena basada en pruebas incompletas.

Puntos clave del caso Farías Laguna

• Fernando Farías Laguna solicita asilo en Argentina tras ser detenido con base en una ficha roja de Interpol; afirma temer por su vida si regresa a México.
• La defensa alega que existe una investigación en la Marina que exoneró a los hermanos Farías Laguna, pero las autoridades mexicanas mantienen el expediente bajo reserva.
• Se denuncia el ocultamiento de un testimonio escrito de un testigo ejecutado, quien aseguraba que los vicealmirantes fueron utilizados como pantalla para encubrir a los verdaderos líderes del tráfico de combustibles.

Ante la captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, perseguido por las autoridades mexicanas bajo cargos de “delincuencia organizada” y señalado como líder de una red de contrabando de hidrocarburos, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que solicitará formalmente su extradición, si no prospera previamente la vía de la deportación.

Durante la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo detalló que la petición de extradición se fundamenta en la gravedad de las acusaciones contra el marino, quien cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada por hidrocarburos y notificación roja de Interpol. “Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para ver si puede haber una deportación porque él entra con un pasaporte falso”, expresó la mandataria.

La funcionaria también explicó que, en caso de que Argentina no autorice la deportación, el gobierno mexicano está preparado para iniciar el proceso de extradición. “En caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición”, afirmó Sheinbaum ante la prensa.

El contralmirante Farías Laguna fue detenido en territorio argentino con documentación falsa, según confirmaron tanto la Secretaría de Seguridad de México como la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva. Esta última subrayó: “Argentina no es refugio de criminales”, dejando claro el compromiso del país sudamericano con la cooperación internacional.

La investigación que derivó en la captura comenzó tras el hallazgo, en la aduana de Tampico, de un buque con combustible que ingresó al país sin los permisos correspondientes y bajo una declaración falsa sobre el producto transportado. Las autoridades detectaron que se trataba de diésel introducido de contrabando para evitar el pago de impuestos.

A raíz de este hallazgo, el gobierno implementó nuevas medidas de control y vigilancia sobre el ingreso de combustibles, además de fortalecer la trazabilidad del hidrocarburo importado. “A partir de ahí se piden órdenes de aprehensión que señala la investigación, y había algunas personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso”, relató un Sheinbaum durante la conferencia.

La detención de Farías Laguna representa un avance en la lucha contra las redes de contrabando que operan en el sector energético mexicano, y pone a prueba la eficacia de los mecanismos de cooperación internacional en materia de justicia.

En los próximos días, se espera que las autoridades argentinas y mexicanas definan el mecanismo por el cual el contralmirante será trasladado a México, donde enfrentará los cargos en su contra por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Hasta el momento, el despacho legal que representa a los Farías Laguna ha reiterado que, hasta el momento, ni la familia ni los abogados han recibido una notificación oficial sobre la detención. Sin embargo, la defensa aseguró que está lista para intervenir en el procedimiento de extradición, por lo que subrayó que vigilará que se respeten los derechos humanos y garantías procesales de su cliente durante todo el proceso.

¿Qué han dicho las autoridades de Argentina sobre la detención?

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asumió un tono firme al informar sobre la detención de Fernando Farías Laguna, enfatizando que “Argentina no es refugio de criminales. El que las hace, las paga”, luego de una extensa cooperación internacional y de la coordinación con organismos como Interpol y las autoridades mexicanas.

La funcionaria detalló que Farías Laguna ingresó al país con una identidad falsa, utilizando un pasaporte guatemalteco adulterado tras arribar desde Colombia. Esta maniobra permitió que el excontralmirante permaneciera oculto en Buenos Aires durante varios meses, hasta que el operativo coordinado permitió su localización y captura.

Entre las acusaciones que pesan sobre el detenido, la ministra destacó delitos como delincuencia organizada, corrupción, robo de hidrocarburos y hasta intento de homicidio contra funcionarios mexicanos. De acuerdo con Monteoliva, la red criminal liderada por Farías Laguna traficaba combustible desde Estados Unidos hacia México, camuflándolo como aceites y aditivos para burlar los controles fiscales.

A raíz de los hechos, Monteoliva sintetizó el trabajo realizado con un mensaje directo: “Lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente estará afuera”, en alusión a la inminente deportación o extradición del excontralmirante, quien cuenta con ficha roja de Interpol y es requerido por las autoridades mexicanas.

El 23 de abril, luego de meses de trabajos de inteligencia, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna. Sobre dicho hombre pesan acusaciones de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Se trata de un hombre que habría tenido un papel relevante en las actividades denominadas huachicol fiscal, un esquema que implica funcionarios y grupos delictivos.

Tras la detención del hombre, Infobae México platicó con el consultor y especialista en seguridad, David Saucedo, para poder profundizar en el alcande del arresto reciente.

Entre funcionarios y criminales: una actividad compleja de reemplazar

Saucedo establece que la captura reciente y el combate al huachicol fiscal es en parte por presiones de las autoridades de Estados Unidos. Además, deja claro que la dificultad es que, a su modo de ver, no se trata de acciones aisladas de un grupo de marinos, sino de un problema estructural.

“No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno federal en la época de Andrés Manuel López Obrador".

David Saucedo observa una red compleja de operadores toda vez que implica los siguientes elementos:

• El contrabando a nivel mayorista es realizado por el Estado
• Las autoridades de EEUU ahora prestan más atención y realizan un monitoreo detallado de los embarques

Estas dos características se suman al papel de las estructuras criminales ligadas con el huachicol fiscal y por lo tanto con los funcionarios.

“Los grupos criminales, su papel fundamental fue exclusivamente la comercialización y distribución del producto”, añade Saucedo.

Ante este escenario, Saucedo señala que sería difícil que los grupos delictivos entren al esquema y tomen el lugar de los elementos corruptos.

“Es muy complicado reemplazar esta actividad delictiva. Esta era en particular dirigida por un segmento corrupto de las Fuerzas Armadas de México”, sentencia Saucedo.

La imagen de la Marina en EEUU

“Este episodio no ha alcanzado a afectar la imagen que hay de la Marina entre el grueso de la población, aunque el círculo rojo, por supuesto que ya cambió la perspectiva que antes tenía sobre la Marina".

Asimismo, David Saucedo realiza un distinción respecto a la imagen de la Martina tras el caso del huachicol fiscal la institución mexicana aún cuenta con una buena percepción para el grueso de la población.

Sin embargo, en espacios como especialistas académicos, la clase política, y EEUU, la Marina, “la percepción es completamente negativa, de que es una institución que hace tiempo fue permeada por la corrupción”.

Luego de que la tarde de este 23 de abril de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), diera a conocer la captura de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), tras acusaciones de huachicol fiscal, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, celebró la detención.

Líder del PRI Nacional pide investigación a AMLO

A través de un mensaje en su cuenta de X, reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas, así como de las Fuerzas Armadas y las federales, las cuales a través de una “coordinación eficaz” lograron los resultados mencionados:

“La ley debe llegar hasta las últimas consecuencias. Cero impunidad para quienes participaron y para quienes lo permitieron”.

Aprovechó el texto para exigir que se realice una investigación a fondo de todos los involucrados, “incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y a todos los que estuvieron en su gobierno”.

Finalizó asegurando que no hay cabida para encubrir a funcionarios o “pactos en lo oscurito”, aseguró que su partido respaldará “lo que funcione y a exigir una estrategia sólida y permanente para acabar con los cárteles del crimen organizado y devolverle la paz a las familias mexicanas”.

Ministra de Argentina destaca captura de contralmirante

Cabe destacar que la captura del contralmirante es resultado de la colaboración entre México, Argentina y Estados Unidos, quien “Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa”.

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, detalló a través de un video que el acusado ingresó al país con un pasaporte falso:

“Su nombre es Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la Armada Mexicana, con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos”.

Comentó que el exintegrante de la Marina es pieza clave “de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México, haciéndolos pasar por aceites y aditivos”.

Las autoridades mexicanas buscaban a Farías Laguna desde 2025, cabe destacar que en septiembre de ese año consiguió una suspensión definitiva, sin embargo, el 2 de octubre se retiro la suspensión.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, resultó detenido en septiembre de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada. Ese hecho centró la atención pública en el escándalo del huachicol fiscal, que involucró directamente a Fernando Farías.

Es importante recordar que Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna han sido identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien ejerció como titular de la Secretaría de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina, su defensa legal, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, emitió un comunicado en el que aseguró que ni los abogados ni la familia han recibido notificación oficial de ninguna autoridad sobre la situación jurídica del exservidor de la Secretaría de Marina (Marina).

Horas después de que se confirmara la aprehensión, la firma emitió el mensaje en el que señaló que tampoco existe comunicación directa con Farías Laguna, detenido por el delito de delincuencia organizada vinculada al contrabando de hidrocarburos en México

La orden de aprehensión contra Farías Laguna fue emitida en noviembre de 2025. Es señalado como presunto líder de la organización “Los Primos”, quienes habrán introducido millones de litros de hidrocarburo proveniente de EEUU a México mediante documentos apócrifos y eludiendo controles fiscales.

La Marina separó al contralmirante y a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, de sus cargos por no poder cumplir sus funciones, sin que esto representara sanción penal. La defensa de Farías Laguna acusó irregularidades de la FGR en la investigación y obtuvo acceso a la carpeta del caso tras orden judicial.

Según fuentes consultadas por Infobae México, la detención se realizó en Buenos Aires y tiene fines de extradición. Las autoridades argentinas realizarán una audiencia de reconocimiento para continuar los procedimientos legales.

Defensa de Farías exige notificación y vigilancia del debido proceso

En el comunicado, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados precisó que cualquier acción legal procederá únicamente tras la confirmación institucional de la detención y que se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos humanos y procesales de su representado tanto en México como en el extranjero.

“Esta defensa se encuentra preparada para actuar de manera inmediata”, afirmaron.

Asimismo, señalaron que cualquier actuación dependerá exclusivamente de notificaciones oficiales y anticipó que revisará cada paso del procedimiento de extradición con el objetivo de que se garantice que cualquier actuación se realice con apego irrestricto a la ley, “tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional”.

Esto se sabe sobre su detención en territorio argentino

De acuerdo con información obtenida por Infobae México tras consultar fuentes federales, la detención de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires es resultado de mecanismos de cooperación internacional.

Farías Laguna fue detenido por contar con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado en 192 países.

Además, este medio pudo obtener datos que confirman que el presunto líder de “Los Primos” buscaba evadir a las autoridades mediante el uso de un pasaporte falso de Guatemala.

El 19 de septiembre de 2025, una jueza le concedió una suspensión definitiva que prohibía su captura y encarcelamiento, pero el 2 de octubre se le retiró esa suspensión, permitiendo que las autoridades mexicanas pueda ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Además, en noviembre de 2025, Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, por lo que la jueza encargada lo declaró sustraído de la justicia y emitió una orden de aprehensión.