La Secretaría de Marina incrementó reforzó la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas en Sinaloa con más de 1,600 elementos adicionales. El despliegue se concentró especialmente en Mazatlán e incluyó labores de vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, luego del hallazgo de restos humanos en Mazatlán y Culiacán.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para verificar el despliegue operativo y revisar la estrategia de seguridad implementada en la entidad. Las acciones buscaron brindar protección tanto a habitantes como a visitantes.

Durante la visita, Morales Ángeles se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y representantes de los principales sectores empresariales del estado. El encuentro tuvo como objetivo establecer acuerdos para fortalecer la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad.

Entre los compromisos planteados estuvo la recuperación de espacios públicos, con medidas dirigidas a que las familias pudieran volver a utilizar parques, plazas y otros sitios de convivencia. La estrategia también contempló generar condiciones de seguridad y confianza en zonas de interés para residentes y turistas.

El gobierno estatal planteó acciones de seguridad y reactivación económica

La reunión incluyó temas económicos vinculados con la seguridad en Sinaloa. Autoridades y representantes empresariales plantearon impulsar la economía circular, la construcción y otros sectores productivos para promover inversiones, empleos y bienestar para las familias.

La participación del sector empresarial fue presentada como una parte permanente de la coordinación con las autoridades. El objetivo fue apoyar la reactivación de actividades productivas en la entidad mientras se fortalecían las acciones de vigilancia.

Como mecanismo de participación ciudadana, se habilitó un código QR para facilitar el acceso a un número telefónico de denuncia. La herramienta permitiría a la población comunicar de forma segura hechos que afectaran la seguridad de sus comunidades.

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron mantener la coordinación con los distintos sectores sociales y empresariales. Las acciones incluyeron vigilancia en puntos turísticos, carreteras, playas, espacios públicos y zonas de convivencia familiar.

Aún sin identificar la identidad de las víctimas de Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía de Sinaloa mantenía sin identificar las víctimas de dos cabezas humanas abandonadas en Culiacán y Mazatlán durante la última semana de octubre, mientras la Secretaría de Marina reforzó la vigilancia estatal con 1,600 elementos adicionales, principalmente en el puerto.

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que ninguna de las víctimas había sido reconocida formalmente. Ambos casos eran investigados por separado para establecer las circunstancias de los homicidios y la identidad de las personas responsables.

El hallazgo más reciente ocurrió la tarde del jueves 29 de octubre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán. Una hielera con una cabeza humana fue abandonada frente a un domicilio aparentemente deshabitado.

El contenedor fue localizado sobre la calle Constituyente Enrique Colunga, entre Constituyente Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón. Elementos de seguridad acudieron al lugar y personal de la Fiscalía realizó las diligencias para trasladar los restos al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía abrió una carpeta por el homicidio en Mazatlán

Dos días antes, el martes 27 de octubre, otra cabeza humana fue localizada dentro de una hielera abandonada en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán. El hallazgo ocurrió en el área de los portales de la Dirección de Ingresos, en el centro de la ciudad.

El caso generó un despliegue de corporaciones de seguridad en el inmueble. Junto a los restos fue localizada una cartulina con un mensaje, aunque su contenido no fue revelado oficialmente.

Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso tras el hallazgo en Mazatlán. La funcionaria no dio información sobre un posible móvil ni sobre personas relacionadas con el abandono de los restos.

“Hasta este momento no ha habido identificación formal”, declaró la fiscal al ser cuestionada sobre ambos hechos. Sobre la investigación del puerto, precisó: “Se está trabajando, es una carpeta que se inició por el delito de homicidio doloso. Hasta este momento tampoco ha sido identificada de manera formal”.

Cuatro hombres señalados por su presunta relación con delitos de alto impacto fueron detenidos durante dos cateos en Ecatepec, Estado de México. Entre ellos se encuentra Miguel “N”, identificado por la Secretaría de Marina (Semar) como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en el municipio.

Las intervenciones se realizaron en las colonias Progreso de la Unión y Emiliano Zapata Primera Sección, mediante un operativo coordinado entre la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y autoridades municipales.

De acuerdo con la información, difundida este miércoles, Miguel “N” estaría relacionado con homicidio, extorsión, despojo, robo con violencia, robo de agua y tráfico de drogas y armas. Las autoridades no detallaron los casos específicos que sustentarían cada uno de los señalamientos.

Durante la primera diligencia, en un inmueble de Progreso de la Unión, fue detenido Miguel “N”. En el lugar, personal de la SSPC aseguró armas de fuego tipo escuadra, teléfonos celulares, documentos, credenciales y bolsas de plástico negras con diversos artículos personales.

En una segunda intervención, realizada en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección, fueron detenidos Hugo “N”, Irving Eduardo “N” y José Alejandro “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Los cuatro hombres fueron trasladados a las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Ecatepec acumula más de 100 tomas clandestinas de agua aseguradas en 2026

Uno de los delitos que las autoridades atribuyen a Miguel “N” es el robo de agua, una actividad que en Ecatepec ha derivado en operativos contra conexiones ilegales, inmuebles utilizados para extraer el recurso y puntos de distribución clandestina.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, el gobierno municipal reportó el aseguramiento de más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles relacionados con la extracción ilegal de agua potable. En ese periodo, diez personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por este delito, según cifras difundidas por la administración local en junio.

La alcaldesa Azucena Cisneros explicó que algunas personas se hacían pasar por trabajadores municipales para perforar tuberías de la red pública y desviar el líquido. El agua era utilizada para abastecer negocios o comercializada mediante pipas, al margen de los mecanismos legales de distribución.

El problema no se limita a la extracción. Las conexiones irregulares también pueden afectar la presión y el suministro en las zonas conectadas a la red pública, mientras que las familias que carecen de servicio regular pueden depender de la compra de agua distribuida por vehículos particulares.

En noviembre de 2025, el gobierno municipal informó sobre los resultados del operativo Caudal, mediante el cual fueron intervenidos 11 inmuebles en los que se extraía agua clandestinamente. La administración estimó que de esos puntos se sustraían alrededor de 198 millones de litros al mes, equivalentes a unas 20 mil pipas de 10 mil litros.

Según el reporte municipal, uno de los pozos intervenidos podía extraer hasta 600 mil litros diarios. Las autoridades señalaron entonces que el agua recuperada contribuiría a mejorar el suministro mediante la red pública y a reducir la dependencia de las pipas irregulares.

Operativos contra el huachicoleo de agua

En octubre de 2025, Ecatepec desplegó alrededor de 300 elementos de distintas corporaciones mediante el operativo Neptuno, dirigido a combatir el robo, la extracción, la venta, la distribución y el transporte ilegal de agua potable.

La intervención permitió asegurar nueve inmuebles, nueve tomas clandestinas y un pozo, de acuerdo con el gobierno municipal. Participaron policías municipales y estatales, personal de la Fiscalía regional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, además de agentes ministeriales y peritos.

Las acciones se extendieron a colonias como San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia y San Francisco de Asís. En Olímpica Jajalpa fue localizado el pozo asegurado durante el operativo.

En junio de 2026, el gobierno municipal volvió a reportar resultados contra esta actividad, con más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles asegurados durante los primeros cinco meses del año. Las autoridades también señalaron que las denuncias ciudadanas habían contribuido a localizar algunos de los puntos de extracción.

Estos antecedentes permiten dimensionar la magnitud del robo de agua en Ecatepec, aunque no demuestran que Miguel “N” o los otros tres detenidos estén vinculados con los inmuebles o las conexiones aseguradas en operativos anteriores. La información oficial sobre su captura no identifica una toma clandestina específica ni detalla el volumen de agua presuntamente sustraído por los sospechosos.

Ocho detenidos más en una operación distinta en Ecatepec

El 29 de octubre, autoridades también reportaron la detención de otras ocho personas durante un cateo en la colonia San Isidro Atlautenco. La operación fue realizada por la Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la policía municipal.

Entre los detenidos se encuentran siete hombres y una mujer, señalados por su presunta relación con homicidio, extorsión, despojo, robo con violencia, robo de agua y tráfico de drogas y armas.

Información publicada por medios locales identifica al grupo con la organización conocida como USON, cuyo presunto líder, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, permanece prófugo, según esos reportes. Las autoridades no han confirmado públicamente que esta operación esté relacionada con los cuatro arrestos anunciados un día antes.

Las dos intervenciones reflejan que las investigaciones contra grupos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto continúan en el municipio mexiquense.

Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, fue identificado preliminarmente como el segundo hombre que murió junto a Jesús González Peñuelas, “Chuy Peñuelas”, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el norte de Sinaloa.

Su nombre cobró relevancia después del operativo realizado el lunes 26 de octubre de 2026, en el que elementos federales dieron seguimiento a vehículos en los que presuntamente viajaban personas armadas.

De acuerdo con información de fuentes federales, “El Profe” era uno de los presuntos colaboradores de confianza de “Chuy Peñuelas”, señalado a su vez como uno de los principales operadores del llamado Cártel de Guasave, organización vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, a diferencia de González Peñuelas, de quien existen señalamientos y antecedentes relacionados con actividades de narcotráfico, la información pública disponible sobre Cesáreo Peñuelas Ruiz es limitada.

No se han detallado de manera oficial cuáles habrían sido sus funciones dentro de la estructura criminal ni desde cuándo habría colaborado con “Chuy Peñuelas”.

Tampoco se ha establecido públicamente si tenía responsabilidades específicas relacionadas con el tráfico de drogas, coordinación de células, seguridad, manejo de recursos u otras actividades.

Lo que se conoce de su perfil proviene principalmente de los señalamientos sobre su presunta cercanía con González Peñuelas y de las circunstancias en las que ambos murieron.

¿Quién era “El Profe” y qué relación tenía con “Chuy Peñuelas”?

Cesáreo Peñuelas Ruiz era conocido con el alias de “El Profe” y, según fuentes federales, habría pertenecido al círculo cercano de Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”.

González Peñuelas era identificado por autoridades como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, señalado como líder del Cártel de Guasave.

La organización tiene presencia histórica en el norte de Sinaloa y ha sido relacionada con actividades de producción y distribución de drogas.

En este contexto, Peñuelas Ruiz habría desempeñado algún tipo de función dentro del entorno de González Peñuelas.

Sin embargo, no existen hasta ahora datos públicos suficientes para establecer con precisión cuál era su posición dentro de esa estructura.

La falta de información también impide determinar si “El Profe” tenía un cargo específico, si coordinaba a otros integrantes de la organización o si participaba directamente en las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Su nombre apareció de manera pública después del enfrentamiento ocurrido el 26 de octubre, cuando las autoridades reportaron la muerte de dos hombres armados.

Posteriormente, familiares de los fallecidos señalaron ante las autoridades que uno de ellos podría ser “Chuy Peñuelas” y el otro Cesáreo Peñuelas Ruiz.

Por ello, su identificación fue manejada inicialmente con carácter preliminar, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Era originario de Sinaloa de Leyva

De acuerdo con información de fuentes federales, Cesáreo Peñuelas Ruiz era originario del ejido 5 de Febrero, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Más allá de ese dato y de su presunta cercanía con González Peñuelas, no se ha dado a conocer una trayectoria detallada que permita reconstruir su incorporación a la estructura criminal.

Tampoco se ha establecido públicamente desde cuándo habría comenzado a colaborar con “Chuy Peñuelas”.

Esta falta de información distingue el perfil de “El Profe” del de otros integrantes de organizaciones criminales cuya trayectoria ha sido documentada durante años.

En su caso, la mayor parte de los datos conocidos surgieron a partir del operativo que terminó con su muerte.

¿Cómo murió “El Profe” durante el operativo de Marina?

La muerte de Cesáreo Peñuelas Ruiz ocurrió durante un despliegue de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Marina en el norte de Sinaloa.

El operativo se desarrolló después de que las autoridades obtuvieran información sobre vehículos en los que presuntamente viajaban personas armadas.

Los elementos navales localizaron las unidades y comenzaron un seguimiento.

Durante la acción, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales.

De acuerdo con los reportes oficiales, desde ese lugar los hombres comenzaron a disparar contra los elementos de la Marina.

Los militares repelieron la agresión y, como resultado del enfrentamiento, los dos hombres murieron en el lugar.

Posteriormente, los cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Fue entonces cuando familiares de las víctimas acudieron ante las autoridades y señalaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz.

No obstante, debido a que la identificación no podía establecerse únicamente con los señalamientos de los familiares, las autoridades mantuvieron pendiente la confirmación mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

¿Qué aseguraron los elementos de Marina?

Después del enfrentamiento, las autoridades reportaron el aseguramiento de cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos, además de armamento y otros indicios relacionados con el operativo.

Los vehículos y objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

El despliegue de seguridad también se extendió hacia comunidades cercanas a la zona donde ocurrió el enfrentamiento.

Las autoridades investigan ahora la procedencia de los vehículos, el armamento localizado y la posible relación de los fallecidos con las actividades criminales que se indagan en la región.

Un perfil que aún tiene más preguntas que respuestas

Aunque Cesáreo Peñuelas Ruiz fue identificado por fuentes federales como uno de los presuntos colaboradores cercanos de “Chuy Peñuelas”, todavía existen vacíos importantes sobre su trayectoria.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con precisión qué funciones desempeñaba dentro del Cártel de Guasave, cuánto tiempo habría colaborado con González Peñuelas o cuál era su nivel de responsabilidad dentro de la organización.

Tampoco se ha informado públicamente si “El Profe” era buscado previamente por alguna autoridad o si existían investigaciones específicas en su contra antes del operativo del 26 de octubre.

Su perfil comenzó a ser conocido principalmente después de su muerte, cuando las autoridades investigaban la identidad de los dos hombres abatidos.

Por ello, cualquier atribución específica sobre sus actividades dentro de la organización deberá ser respaldada por las investigaciones ministeriales correspondientes.

La relevancia de “El Profe” radica, por ahora, en su presunta cercanía con “Chuy Peñuelas”, un hombre señalado como operador del Cártel de Guasave, y en que ambos murieron durante la misma operación de la Marina.

Si las autoridades confirman mediante las pruebas correspondientes que uno de los fallecidos era Cesáreo Peñuelas Ruiz, quedará establecida su identidad; sin embargo, su papel exacto dentro de la estructura criminal seguirá siendo una de las principales incógnitas mientras no se hagan públicos nuevos elementos de la investigación.

Así, el caso de “El Profe” permanece estrechamente ligado al de “Chuy Peñuelas”: dos hombres que, según los señalamientos de fuentes federales, formaban parte del mismo entorno criminal y que fueron abatidos durante un operativo de seguimiento de la Marina en el norte de Sinaloa.

El arrecife La Gallega, ubicado en el Puerto de Veracruz, alberga a cientos de especies milenarias: tortugas, corales, cardúmenes de peces, y otras propias del Sistema Arrecifal Veracruzano, una zona que también sostiene actividades pesqueras y protege las costas de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.

Hoy se encuentra en riesgo de desaparecer y de quedar enterrado bajo enormes rocas debido a un proyecto de la Secretaría de Marina (Semar) que consiste en la construcción de un rompeolas.

Dicho proyecto fue cancelado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras considerarlo un daño al medio ambiente que vulnera el derecho humano de estar en un entorno saludable, sin embargo, de acuerdo a recientes reportes de las comunidades, habitantes y organizaciones ambientales, la Semar ha incumplido dicha sentencia y ha comenzado a colocar las primeras piedras.

La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México ha sostenido que el depósito de toneladas de roca sobre la base del arrecife vivo podría sepultar La Gallega y modificar las corrientes marinas en una zona que funciona como barrera natural frente a la costa.

Como respuesta ante lo que consideran un acto ilegal, activistas y sociedad en general organizaron el pasado fin de semana una manifestación pacífica en las calles históricas de Veracruz, para exigir que se frenen los trabajos sobre el arrecife y que, por tanto, se ponga en riesgo la vida de las especies que lo habitan.

Las obras avanzan sobre la base de un arrecife vital para el ecosistema

De acuerdo a la Red del Corredor Arrecifal del Golfo la Marina construye la segunda escollera de la ampliación del Puerto de Veracruz sobre La Gallega. El colectivo sostiene que los trabajos causarían sedimentación sobre el coral por los cambios en la dinámica marina.

Añade que estudios científicos ya han advertido ese posible efecto durante la discusión ambiental del proyecto de ampliación portuaria.

Las organizaciones y la sociedad civil han denunciado que dicha construcción terminaría con la vida marina que ahí se desarrolla y afectaría considerablemente el ecosistema de la zona.

La roca, según la organización, provendría de una cantera ubicada en Mozomboa, comunidad del municipio de Actopan. La Red ha acusado que ese punto de extracción no aparece documentado en las evaluaciones de manifestación de impacto ambiental presentadas para el proyecto.

La organización ha pedido a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigar el origen del material y determinar si cuenta con los permisos requeridos. También solicita un informe público sobre las autorizaciones ambientales vigentes para las obras.

Marina incumple sentencia de la Suprema Corte para avanzar en ampliación del puerto

La Red denunció que continuar con la ampliación en el Puerto de Veracruz es un acto ilegal debido a que las obras debieron haber sido detenidas por orden de la Suprema Corte.

Relató que el pasado 9 de febrero de 2022, la Corte resolvió el amparo en revisión 54/2021, interpuesto por iniciativa ciudadan, en donde reconoció que la evaluación fragmentada de las obras de ampliación dle Puerto de Veracruz vulneró el derecho a un medio ambiente sano. Así lo relata la fundación MarNatura, una de las que han promovido la defensa del arrecife.

Con dicha sentencia, la SCJN ordenó evaluar el proyecto bajo las consideraciones de proteger los arrecifes y los humedales de la zona afectada.

“En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión de las obras de ampliación del Puerto en favor de la protección de los arrecifes y del derecho humano a un ambiente sano, como resultado de una larga lucha jurídica derivada de un amparo ciudadano. Este fallo significó un gran avance en materia de impacto y derecho ambiental, siendo un ejemplo a nivel internacional”, destacó la Red.

Tras recorridos en la zona, colectivos identificaron que la Marina continuó con los trabajos a pesar de la resolución en 2022. En el oficio ASIPONAVER G.I./0757/2026, fechado el 9 de julio de 2026, la Secretaría de Marina habría notificado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el inicio de la fase II del proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.

Esa etapa incluiría la construcción de la escollera sobre La Gallega, de acuerdo con la Red, la cual señala que dicho documento no recibió una respuesta pública de la autoridad ambiental que autorizara o rechazara el comienzo de los trabajos.

Las organizaciones acusan que la falta de una resolución visible de Semarnat abre la posibilidad de que la obra avance sin que se acredite el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Poder Judicial. Por ello, solicitaron también una investigación sobre un posible desacato.

Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Jesús González Peñuelas, alias “El Chuy”, durante un operativo aéreo y terrestre desplegado el lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con la información de la Semar, personal naval y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) repelieron una agresión armada en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil. Esta acción derivó de trabajos de inteligencia naval y como resultado se aseguraron 4 vehículos con reporte de robo, 3 armas largas, cargadores y municiones.

“Durante el enfrentamiento fallecieron 2 personas, cuya identidad podría corresponder a Jesús “N” (a) Chuy Peñuelas operador de 2do orden, solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores (a) Chapo Isidro, líder del Cartel de Guasave y Cesáreo “N”, quedando pendiente la confirmación pericial", se lee.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, tras acusarlo de liderar una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo desde al menos 2007.

González Peñuelas, de 56 años y originario de Batamote, Guasave, operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, según el Departamento del Tesoro estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo había designado como narcotraficante especialmente señalado en mayo de 2021, y el 20 de mayo de 2026 anunció nuevas sanciones en su contra por presuntos vínculos con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Fuentes de seguridad también confirmaron al medio N+ que la segunda persona fallecida en el enfrentamiento fue identificada como Cesáreo Peñuelas Ruiz, originario del ejido 5 de Febrero, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Una persecución que se extendió por varias comunidades de Guasave

La movilización comenzó durante la tarde del lunes cuando elementos de la Marina iniciaron una persecución en la zona norte de Guasave, según información publicada por medios locales. Habitantes de Bamoa y Estación Bamoa reportaron la presencia de ponchallantas en caminos y carreteras, además del desplazamiento de vehículos de las fuerzas federales.

La persecución se extendió por caminos rurales, bordos de canales y carreteras estatales hasta las inmediaciones de Estación Capomas, cerca de la comunidad de Siete Ejidos, donde se registró el intercambio de disparos.

En el despliegue participaron integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina con apoyo de un helicóptero. También se reportó la presencia de elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y corporaciones estatales. En el lugar se documentó la presencia de más de 50 vehículos oficiales, helicópteros, avionetas y drones.

Ya entrada la noche del lunes, los cuerpos fueron trasladados vía aérea al Servicio Médico Forense de Culiacán bajo un dispositivo de seguridad.

Las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos como parte del operativo.

De operador de los Beltrán Leyva a la órbita de “Los Mayos”

La trayectoria criminal de “El Chuy” González comenzó bajo el liderazgo de Arturo Beltrán Leyva. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 y el arresto de su hermano Alfredo, González Peñuelas se vinculó con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien había sido hombre de confianza de los hermanos Beltrán.

Sin embargo, según fuentes de seguridad consultadas por N+, “El Chuy” tuvo participación con “Los Chapitos” y tras la disputa de territorio terminó operando para “Los Mayos”, facción que “El Chapo Isidro” terminó apoyando en su momento.

El Departamento del Tesoro describió a su organización como un “brazo ejecutor” de rutas de tráfico de drogas para Meza Flores, y señaló que en su momento colaboró con Rafael Caro Quintero, actualmente preso en Nueva York.

Acusaciones y sanciones en EEUU

En 2017, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó cargos contra González Peñuelas por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación y conspiración para importar sustancias controladas.

En febrero de 2018, la Fiscalía del Distrito de Colorado lo acusó junto con otras dos personas de fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos. También le imputaron seis cargos por heroína y dos por cocaína.

En enero de 2024, la DEA lanzó una línea de denuncias específica para recibir información sobre González Peñuelas y sus asociados, y el Departamento de Estado anunció la recompensa de cinco millones de dólares, según el comunicado de la propia agencia antidrogas.

La acción más reciente ocurrió el 20 de mayo de 2026, cuando la OFAC sancionó a González Peñuelas junto con más de una docena de individuos y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa. El comunicado del Departamento del Tesoro lo identificó como líder de “una organización de larga trayectoria involucrada en el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa”.

En esa misma acción se designó a cinco asociados de González Peñuelas: Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, por sus presuntos roles en la producción, distribución y lavado de dinero para la organización.

Con 314 votos a favor y 117 en contra, el pleno de San Lázaro avaló modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera para establecer mecanismos de revisión por motivos de seguridad nacional y ampliar la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

La propuesta contempla que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar) tengan voz y voto permanentes en este organismo, encargado de analizar determinadas operaciones de capital extranjero en el país.

El dictamen avanzó en lo general y quedó pendiente la discusión en lo particular, en la que los legisladores deberán resolver las reservas presentadas.

Posteriormente, la reforma tendrá que regresar al Senado debido a las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados.

Reforma establece un filtro para inversiones extranjeras en México

Uno de los principales cambios consiste en incorporar un procedimiento de autorización para ciertas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros.

El mecanismo se aplicará cuando la participación extranjera supere el 49% del capital de una compañía, sus activos rebasen un umbral económico determinado y sus actividades correspondan a sectores considerados estratégicos o sensibles.

La propuesta no establece una prohibición general para que el capital extranjero supere ese porcentaje en todas las empresas, sino una revisión específica para las operaciones que cumplan con los criterios previstos en la legislación.

La CNIE tendrá la facultad de evaluar estas adquisiciones y determinar si pueden autorizarse, sujetarse a condiciones o rechazarse cuando existan razones relacionadas con la seguridad nacional.

Defensa y Marina tendrán voto en la Comisión de Inversiones Extranjeras

La reforma amplía la participación de dependencias federales en la CNIE. Además de Defensa y Semar, incorpora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con voz y voto.

También contempla la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque estas instituciones participarían con voz, pero sin voto, cuando se aborden asuntos relacionados con la seguridad nacional.

El objetivo planteado por los promotores de la iniciativa es que la evaluación de inversiones no se limite a sus características económicas y productivas, sino que también considere posibles riesgos para infraestructura, tecnologías y recursos estratégicos del país.

Entre los sectores y actividades que podrían quedar sujetos a revisión se encuentran:

• Energía y minería, por su relación con recursos e infraestructura estratégica.
• Inteligencia artificial, robótica y semiconductores, considerados parte de las tecnologías críticas.
• Ciberseguridad y sistemas digitales, por su importancia para la protección de información.
• Tratamiento y almacenamiento de datos, incluidos los datos personales.
• Transporte, comunicaciones y sectores vinculados con la defensa, además de actividades relacionadas con insumos fundamentales y seguridad alimentaria.

Gobierno podrá condicionar o rechazar determinadas adquisiciones

El nuevo mecanismo permitiría a las autoridades imponer condiciones a ciertas operaciones o impedirlas si consideran que representan riesgos para la seguridad nacional.

La reforma también contempla la posibilidad de ordenar la venta de activos adquiridos e imponer multas de hasta 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por determinados incumplimientos.

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la necesidad de que el Estado tenga herramientas para proteger infraestructura crítica, información y sectores estratégicos, sin que la apertura a la inversión extranjera implique renunciar a esas facultades.

Como parte de los argumentos a favor, se destacó que México recibió 34,968 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos citados durante el debate.

Oposición advierte riesgos para la certeza jurídica de inversionistas

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la ampliación de las facultades de la Comisión y la participación permanente de las Fuerzas Armadas en decisiones económicas.

Entre sus principales señalamientos está que Defensa y Marina tendrán voto incluso en asuntos que no necesariamente estén relacionados de manera directa con la seguridad nacional.

También advirtieron que los nuevos criterios de evaluación podrían generar incertidumbre para los inversionistas.

Durante el debate se plantearon dudas sobre la certeza jurídica de las operaciones, particularmente por los criterios económicos que quedarían sujetos a la evaluación de la Comisión.

El dictamen continuará su proceso legislativo con la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados. Debido a los cambios incorporados en esta etapa, la minuta deberá regresar al Senado para que revise las modificaciones antes de que pueda concluir el trámite correspondiente.

Al menos dos civiles habrían muerto durante un presunto enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina registrado la tarde del lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ocurrió después de una persecución que habría comenzado en la sindicatura de Estación Bamoa y que posteriormente se extendió por caminos rurales hacia Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades navales no habían confirmado oficialmente la existencia de personas fallecidas, por lo que el saldo reportado permanece sin corroborar. Tampoco se había informado de manera oficial sobre detenidos o vehículos asegurados.

La identidad de los dos civiles que habrían perdido la vida tampoco había sido establecida públicamente.

Despliegue de fuerzas federales se extiende por Guasave

El operativo generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad en comunidades rurales de Guasave y zonas limítrofes con los municipios de Salvador Alvarado y Sinaloa.

De manera extraoficial, se reportó la participación de más de 50 unidades terrestres, además de drones y aeronaves utilizadas para labores de vigilancia y búsqueda. Entre los recursos desplegados se mencionaron un helicóptero y una avioneta.

La movilización se habría prolongado durante varias horas después de la persecución iniciada en Estación Bamoa.

También trascendió el aseguramiento de al menos dos vehículos, entre ellos una vagoneta Jeep de color negro. Sin embargo, al igual que el supuesto saldo de personas fallecidas, esta información no había sido confirmada por las autoridades al momento del reporte.

En las acciones presuntamente participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quienes realizaron recorridos y establecieron puntos de vigilancia en distintos sectores de la región.

Habitantes de las comunidades reportaron el paso de patrullas a alta velocidad por calles, caminos rurales y bordos de canales, además de la instalación de retenes y filtros de revisión en diferentes tramos.

Algunos pobladores también señalaron que determinadas unidades oficiales circulaban con las luces apagadas durante los recorridos.

Vecinos permanecen en sus viviendas ante el operativo

Conforme avanzó la tarde y comenzó a caer la noche, habitantes de las localidades ubicadas en la zona donde se desarrolló el operativo optaron por permanecer en sus viviendas ante la incertidumbre provocada por el despliegue de las fuerzas federales.

La presencia de unidades terrestres y aeronaves se mantuvo en distintos puntos del corredor rural que conecta comunidades de Guasave con zonas de Salvador Alvarado y Sinaloa municipio.

Los reportes sobre un posible enfrentamiento armado y dos civiles fallecidos generaron expectativa entre los habitantes, aunque hasta el cierre de la información no existía un pronunciamiento oficial que confirmara que las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento con elementos de la Marina.

Tampoco se había precisado si los vehículos presuntamente asegurados estaban relacionados directamente con la persecución o con el supuesto intercambio de disparos.

La falta de información oficial mantenía sin esclarecer el resultado del operativo, mientras continuaban las acciones de seguridad en las comunidades rurales de la zona.

De confirmarse el fallecimiento de los dos civiles, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, así como determinar si efectivamente se registró un enfrentamiento armado con elementos navales.

Por ahora, el saldo de dos personas fallecidas y dos vehículos asegurados permanece como información extraoficial, a la espera de que las corporaciones participantes emitan un reporte sobre el operativo desplegado en Guasave.

Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny” o “El Meny Carranza”, murió durante un enfrentamiento armado en inmediaciones del poblado de San Antonio, en el estado de Sonora, según información oficial compartida la noche de este 24 de octubre por el Gabinete de Seguridad en sus canales oficiales.

El operativo que derivó en la muerte del hombre señalado como objetivo prioritario fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y efectivos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Romero Carranza fue identificado recientemente como segundo al mando de “Los Fantasmas” y se había fugado el 11 de julio pasado del Cereso 2 de Hermosillo, por lo que sobre él pesaba una recompensa de un millón de pesos. Sin embargo, reportes previos de Infobae México señalaron que “El Meny Carranza” habría cambiado de bando, integrándose a una célula rival de “Los Fantasmas”

El despliegue, realizado el pasado 23 de octubre, fue sustentado en trabajos previos de inteligencia naval y derivó también en la detención de cuatro personas identificadas como generadoras de violencia.

Las autoridades aseguraron cinco armas largas, dos armas cortas, 45 cargadores de diversos calibres, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

El enfrentamiento ocurrió cuando equipos terrestres fueron recibidos a disparos

De acuerdo con datos oficiales, el operativo contó con apoyo de dos helicópteros y una aeronave, además de equipos terrestres de la Armada de México.

Al arribar al poblado de San Antonio, el personal fue agredido con disparos de arma de fuego y repelió la agresión en apego a los protocolos de actuación correspondientes.

Como resultado del enfrentamiento, “El Meny Carranza” perdió la vida y los cuatro acompañantes que lo escoltaban fueron detenidos. A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

En la operación participó también la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la FGJES, en coordinación con el personal naval y de la SSPC.

Esto se sabe sobre “El Meny Carranza”

“El Meny Carranza” era identificado por reportes recientes como segundo al mando de “Los Fantasmas”, grupo criminal con presencia en Sonora, y hombre de confianza de Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”, líder de la organización.

“El Fantasma” también ha sido registrado por distintas fuentes oficiales y periodísticas como “Salú Francisco” y su grupo es señalado como un brazo armado de “Los Salazar”.

Sin embargo, reportes previos de Infobae México sobre la detención de “El Meny Carranza” en marzo pasado documentaron una versión distinta; que operaba inicialmente bajo las órdenes de “El Fantasma”, pero que después se había separado de esa estructura para integrarse a una célula rival.

El Fantasma se fugó de prisión el 4 de mayo de 2025, apenas 40 días después de su detención, del Cereso 1 de Hermosillo, con presuntas complicidades internas que le permitieron salir por su propio pie.

Esa fuga derivó en la detención de seis personas, entre ellas Gerardo Chavero Bernal, entonces coordinador del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, y Manuel Márquez Loya, comandante del penal.

Desde mayo de 2025, el sistema penitenciario sonorense acumula cuatro fugas, además del asesinato de tres custodios del Cereso 1, hecho que el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez atribuyó entonces a integrantes de grupos delictivos con presencia dentro del recinto.

“Los Fantasmas” mantiene presencia en los municipios de Sáric, Tubutama, Trincheras, Santa Ana, Altar y Magdalena de Kino, en el norte de Sonora, de acuerdo con reportes de autoridades federales.

“El Meny” se fugó del Cereso 2 de Hermosillo junto con otros dos internos

“El Meny” había sido detenido el 28 de marzo pasado y se fugó del Cereso 2 de Hermosillo el 11 de julio, junto con Omar Milán Tena, también registrado como Omar Millán Tena, alias “El Mike” o “Myke”, y Paúl Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”.

El Sistema Estatal Penitenciario informó el día de la evasión que se activaron los protocolos correspondientes y se realizaron detonaciones disuasivas con arma de fuego durante el intento de recaptura.

Un día después de la fuga, el 12 de julio, la FGJES publicó acuerdos de recompensa de hasta un millón de pesos por cada uno de los tres evadidos, con el propósito de obtener información que permitiera su localización y captura.

“El Mike” era señalado por asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en número de dos y narcomenudeo en la variante de posesión simple de marihuana.

“El Güero” enfrentaba cargos por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, narcomenudeo en la conducta de posesión de metanfetamina con fines de comercio, y asociación delictuosa en concurso real de delitos.

La investigación sobre la fuga del 11 de julio derivó en la detención de cuatro servidores públicos del penal, entre ellos dos custodios y dos mandos de vigilancia, por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de presos agravada.

Con la muerte de “El Meny Carranza”, permanecen pendientes de localización “El Mike” y “El Güero”, con órdenes de reaprehensión vigentes y la misma recompensa de un millón de pesos ofrecida por la FGJES para cada uno.

El Gabinete de Seguridad federal desplegó un operativo este jueves 22 de octubre en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque armado contra el chofer de un camión de la ruta El Robalito-Escuinapa, en cuyo interior viajaban como pasajeros estudiantes de secundaria al momento de la agresión.

Según los datos proporcionados, las tareas se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

El operativo incluye también recorridos preventivos en la zona para resguardar a la población, luego de que el conductor de transporte público resultara con una lesión leve y los menores a bordo salieran ilesos.

La movilización se sumó a otros despliegues que las autoridades ya mantenían en el municipio por hechos violentos ocurridos en los últimos días.

El Gabinete de Seguridad confirmó el despliegue conjunto con el estado

A las 3:34 de la tarde, el Gabinete de Seguridad informó a través de la red social X que las corporaciones federales trabajaban junto con la SSP Sinaloa en la búsqueda de los responsables del ataque contra el camión.

El Gabinete está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), dependencias que operan de manera coordinada en estrategias de combate a la delincuencia en distintas entidades del país.

El comunicado federal precisó que, además del chofer, viajaban en la unidad estudiantes de secundaria y otros pasajeros al momento de los disparos, todos ellos ilesos. El Gabinete de Seguridad detalló que el conductor recibió atención médica por la lesión sufrida y que las corporaciones mantuvieron recorridos preventivos en la zona para resguardar a la población.

La dependencia federal calificó como controlada la situación en el punto donde ocurrió el ataque. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, encabeza habitualmente las vocerías de coordinación entre las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad en operativos de este tipo en distintos estados del país.

La SSP Sinaloa ya había adelantado el despliegue desde la mañana

Horas antes del comunicado federal, la SSP Sinaloa había difundido el primer reporte oficial a las 10:08 de la mañana, en el que confirmó la agresión contra el conductor del camión y adelantó que se trataba de datos preliminares.

La corporación estatal detalló que el Grupo Interinstitucional, integrado por fuerzas de seguridad federales y estatales, acudió al lugar para auxiliar al chofer y trasladarlo a recibir atención médica, además de iniciar el despliegue que después confirmó el Gabinete de Seguridad.

El chofer, identificado extraoficialmente como Hugo, de 55 años, se arrojó al piso de la unidad en el momento de los disparos y, después, continuó manejando hasta llegar a un retén militar situado en el Puente de Veracruz, que conecta la colonia Francisco I. Madero con el Centro de Escuinapa. El impacto de los disparos se registró del lado de la ventana del conductor.

En redes sociales circuló un video grabado por uno de los jóvenes que viajaban al interior del camión al momento del ataque. En las imágenes se observa que la mayoría de los menores, quienes vestían uniforme escolar, permanecían agachados en el interior de la unidad mientras ocurrían los disparos.

En el retén militar, los elementos ya desplegados por el operativo brindaron auxilio a los estudiantes, quienes bajaron de la unidad visiblemente afectados por lo ocurrido.

Al cierre de este reporte, ninguna de las dos corporaciones había confirmado detenciones ni dado a conocer el posible motivo del ataque. Tanto la SSP Sinaloa como el Gabinete de Seguridad pidieron a la ciudadanía reportar emergencias al 911 y hacer denuncias anónimas al 089.

El despliegue se suma a la investigación de otros homicidios recientes en el municipio

La movilización de corporaciones federales y estatales en Escuinapa se suma a la estrategia de seguridad que ambos niveles de gobierno mantienen en la región sur de Sinaloa tras diversos homicidios registrados en el municipio durante octubre. José Francisco López Bribiesca, coordinador de Protección Civil municipal, fue asesinado a balazos la tarde del 11 de octubre en calles de la cabecera municipal, horas después de recorrer junto con el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental zonas del valle por el acercamiento del huracán Simon.

Tres días después, el 14 de octubre, fue asesinado Francisco Alberto Salcido Rivera, conocido como “Pancho Salcido”, exdirigente de la Asociación Ganadera Local de Escuinapa. El ataque ocurrió frente a un negocio de frutas y verduras propiedad de su familia, en la cabecera municipal.

En cuanto al contexto criminal, Escuinapa forma parte de la zona de influencia de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco 81”, identificado por autoridades federales como jefe regional de Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa.

El municipio conecta el sur de Sinaloa con Nayarit y mantiene comunicación carretera con Mazatlán, lo que lo convirtió en punto estratégico para el traslado de actividades de grupos criminales tras el cerco de autoridades en Culiacán y Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad y la SSP del Estado señalaron que continuarán los recorridos preventivos en la zona para que la población retome sus actividades con normalidad. La coordinación entre el Grupo Interinstitucional y las dependencias del Gabinete de Seguridad federal, según ambos comunicados, se mantiene activa mientras avanza la búsqueda de los responsables del ataque contra el camión.

Un cateo en Guaymas, Sonora, dejó un detenido y el aseguramiento de 2 mil 889 envoltorios con presuntos narcóticos, además de dos vehículos con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se realizó en un inmueble de la colonia Niza, donde agentes también encontraron dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes y diversos recipientes de plástico.

La operación se llevó a cabo la noche de este miércoles en una vivienda de la calle Turín, como parte de una investigación por posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

En el inmueble fueron localizados mil 683 envoltorios con posible marihuana y mil 206 con una sustancia de características similares al cristal. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer la naturaleza de las sustancias y su posible relación con las actividades investigadas.

El operativo fue encabezado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal. El detenido fue identificado como Jesús Iván “N”, de 22 años.

Dos vehículos tenían reporte de robo en Estados Unidos

Entre los bienes asegurados se encuentra una Honda CR-V modelo 2021, reportada como robada en San Diego, California, en noviembre de 2024, y un Dodge Charger modelo 2022, color naranja, con reporte de robo en Tucson, Arizona, desde agosto de 2025.

Las autoridades también incautaron dos motocicletas Italika sin placas de circulación y sin reporte de robo, que presuntamente eran utilizadas para distribuir droga. En el inmueble había, además, 99 recipientes tubulares de plástico vacíos, dinero en efectivo y diversos documentos.

La Fiscalía no precisó si los vehículos estaban vinculados con otros delitos ni si los objetos encontrados formaban parte de una estructura de distribución de narcóticos. Su posible relación con otras investigaciones será analizada por el Ministerio Público.

De San Carlos al Centro de Guaymas, así han sido algunos decomisos de droga en 2026

El 13 de septiembre, dos cateos en San Carlos, localidad de Guaymas, dejaron dos detenidos y el aseguramiento de 4 mil 464 dosis de presuntos narcóticos. Entre los arrestados estaba Dilan Peña, alias “London”, identificado por autoridades federales como presunto operador logístico de Los Salazar, grupo criminal vinculado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. También fue detenido Emanuel Antonio Ibarra.

Las diligencias se realizaron en dos inmuebles de los sectores Posgeo y Bonita, como parte de la Operación Escudo “Componente Sable”. Los agentes aseguraron 882 dosis de una sustancia similar a la metanfetamina y 3 mil 582 de posible marihuana, además de una pistola Glock calibre 10 milímetros, un arma corta de réplica, diez cartuchos y un cargador.

Entre los objetos incautados había cinco vehículos, tres motocicletas, 140 vapeadores y 4 mil 250 pesos en efectivo. Uno de los automóviles era un Kia Optima modelo 2015 con reporte de robo en San Diego, California, desde octubre de 2025. Las autoridades estimaron en más de 25.7 millones de pesos la afectación económica al grupo delictivo por los bienes asegurados.

El 2 de septiembre, otro cateo en la colonia Centro permitió asegurar 11 máquinas tragamonedas, diez envoltorios con una sustancia similar al cristal, una cámara de videovigilancia y un radio de comunicación. La intervención se realizó en un inmueble de la calle 16, esquina con avenida 12. Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

En junio también hubo detenciones por presunta posesión de narcóticos. El 16, dos hombres identificados como Claudio Alberto “N”, de 28 años, y Jesús Antonio “N”, de 26, fueron interceptados en la colonia Miguel Hidalgo cuando viajaban en un Nissan Altima blanco. En el vehículo, las autoridades encontraron una mochila con 138 envoltorios de una sustancia similar al cristal y 109 de posible marihuana.

Ese mismo día, en el bulevar Bacatete, en la colonia Ampliación Independencia I, fue detenido Fermín “N”, de 40 años, a quien le encontraron cinco envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina. La Fiscalía estatal informó posteriormente sobre las medidas judiciales impuestas a los tres imputados.

El 3 de junio, policías estatales y personal militar localizaron otros 201 envoltorios de presuntos narcóticos durante un recorrido de vigilancia sobre el camino hacia el aeropuerto de Guaymas. El aseguramiento incluyó 99 envoltorios con una sustancia granulada y 102 con hierba verde, además de una motocicleta.

Estos antecedentes muestran que durante 2026 las autoridades han reportado decomisos de drogas en distintos puntos de Guaymas, desde San Carlos hasta colonias de la zona urbana.

El colectivo Salvemos Cuyutlán denunció la presencia de tres dragas —máquinas para excavar bajo ríos o sedimentos de agua— operando sin autorización en el vaso dos de la Laguna de Cuyutlán, en Colima, y exigió al Gobierno Federal la cancelación total del proyecto a cargo de la Secretaría de Marina, que consiste en la ampliación del Puerto de Manzanillo.

A través de un comunicado, el colectivo precisó que el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “continúa sin hacerse público y pendiente de entrega formal al promovente”, por lo que cualquier remoción o actividad en la zona resulta completamente ilegal.

La oposición a este proyecto Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán, valuado en 109 mil millones de pesos, no es nueva. El pasado sábado 5 de septiembre, en un evento desde Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum se vio envuelta en una polémica luego de que recibiera abucheos y gritos de “¡Fuera!” presuntamente de parte de integrantes del colectivo y un grupo de habitantes en contra de este proyecto.

Denuncian daños por trabajos irregulares y exigen revisión de Profepa

“Ante la opacidad institucional y la inminente consumación de actos fuera de la legalidad, desde el colectivo Salvemos Cuyutlán denunciamos la presencia irregular de maquinaria de dragado en el vaso dos de nuestra laguna”, señala el comunicado firmado por los integrantes del movimiento.

El texto sostiene que, si el resolutivo de la MIA no es de carácter público, “cualquier intento de avante, maniobra o inicio de obra en la zona es estrictamente ilegal”. Además, afirmó haber confirmado la presencia de las tres dragas sin que ninguna autoridad ni empresa ofreciera justificación sobre su estancia y labores en el vaso dos.

A la denuncia se suma la detección de manchas de aceite en la superficie de la laguna, que el comunicado describe como “un indicio claro del riesgo latente de contaminación por derrames o fugas de hidrocarburos derivados de estas maniobras no autorizadas”.

El colectivo demandó que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) aclare de inmediato qué hace la maquinaria pesada, bajo qué permisos opera y quién autorizó su ingreso a la zona de manera anticipada.

También exigió la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para una inspección urgente, al considerar que, sin un resolutivo de MIA público, cualquier intervención en el vaso dos “constituye una violación flagrante a la legislación ambiental que debe ser investigada y sancionada”.

El colectivo pidió también a las instancias correspondientes que “pongan fin al manejo discrecional de la información” y publiquen de manera íntegra el estatus y el resolutivo del procedimiento de impacto ambiental. Según el comunicado, ya se presentó una primera denuncia ante Profepa para que investigue la situación de las dragas “evitando cualquier contubernio con Asipona o el Estado”.

En qué consiste el proyecto y por qué la comunidad se opone

La Laguna de Cuyutlán y su manglar conforman “el humedal más grande de Colima y un sitio Ramsar de importancia internacional”. En un pronunciamiento en el que el colectivo busca recolectar firmas para detener el proyecto, se describe al área como hogar y zona de crianza de peces y camarones, además de refugio para tortugas golfinas y laúd.

El texto advierte que la expansión portuaria busca rellenar y dragar la zona para imponer cinco terminales de contenedores, con una inversión de 109 mil millones de pesos. “Este megaproyecto pretende convertir la laguna en una zona de sacrificio, licitando nuestra tierra a operadores internacionales para sacar los recursos del país lo más rápido y barato posible”, señala el colectivo.

El pronunciamiento también vincula la obra con afectaciones directas a Manzanillo, ciudad que, según el texto, “ya sufre de aire irrespirable, exceso de tráileres, ruido y calles rotas por la actividad industrial”.

El daño no es únicamente ambiental, también tiene un impacto social. El colectivo sostiene en su pronunciamiento que la tala del manglar acabaría con casi 500 años de tradición de más de mil 500 familias que cosechan de forma artesanal lo que describen como “una de las sales más puras del mundo”.

El texto plantea la disyuntiva entre “despojo corporativo o la vida de la laguna” y concluye que la obra “no es progreso, es despojo”. El movimiento convocó a firmar la petición bajo la consigna “protejamos la laguna, salvemos Cuyutlán”.

Abuchean a Sheinbaum durante evento en Colima

El pasado 5 de septiembre, integrantes de Salvemos Cuyutlán protestaron durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Colima, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

“Leo ahí una manta que dice que no están de acuerdo con la ampliación del Puerto de Manzanillo. Y lo que hacemos aquí es dialogar”, dijo la mandataria durante ese acto. Ante los gritos de “¡Fuera!” que interrumpieron su discurso, la presidenta calificó a los manifestantes de “irrespetuosos” y los acusó de pertenecer al PRIAN como “infiltrados”.

Dos días después, Sheinbaum ofreció una versión distinta de lo ocurrido, pues atribuyó los gritos de “fuera” a una confrontación dirigida hacia una mujer con megáfono que impedía el desarrollo del acto, y no hacia su persona. “No me gritaron a mí”, sostuvo la mandataria, quien calificó la versión viralizada como una “tergiversación” de los hechos.

En esa misma declaración, Sheinbaum precisó que el estudio de impacto ambiental del proyecto “aún no concluye” y que, una vez terminado, se realizaría una consulta pública. La presidenta añadió que el proyecto original fue modificado para reducir el efecto sobre la Laguna de Cuyutlán, versión que contrasta con la denuncia del colectivo, que sostiene que la MIA sigue sin hacerse pública a más de un mes de esas declaraciones.

En el departamento B201 de un edificio ubicado en la calle Doctor Durán número 10, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, cumplimentaron una orden de cateo la madrugada de este miércoles 21 de octubre. En el operativo fueron detenidas tres personas y se aseguró un arma de fuego larga tipo ametralladora junto con 666 bolsitas de droga.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que entre los detenidos estuvieron Ramses Hasiel Peña y Wendy Sarahi Martínez, además de un menor de edad. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los dos adultos fueron asegurados a las 02:18 horas y trasladados a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, en la alcaldía Azcapotzalco.

La policía y fiscalía identificaron el inmueble tras labores de investigación de gabinete y campo

El operativo derivó de trabajos de investigación conjunta entre la SSC y la FGJCDMX, que identificaron el departamento de la colonia Doctores como un presunto punto de almacenamiento de narcóticos. Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la intervención judicial del inmueble.

Un juez de control analizó los elementos aportados por las autoridades capitalinas y otorgó el mandamiento judicial para catear el domicilio. Con esa autorización, la SSC y la FGJCDMX coordinaron el ingreso al inmueble con el respaldo de las fuerzas federales en el perímetro.

Las corporaciones realizaron el despliegue en horas de la madrugada, cuando el riesgo de confrontación suele ser menor.

El departamento intervenido se ubica entre la avenida Eje Central y la privada de Doctor Durán, en una zona de tránsito comercial de la colonia Doctores. La detención de los implicados se registró puntualmente a las 02:18 horas de este miércoles 21 de octubre.

El periodista Carlos Jiménez, especializado en fuentes policiales, señaló en su cuenta de X que el domicilio era identificado por vecinos como el refugio de un hombre apodado “El Pirul”, quien habría salido del inmueble antes del cateo. De acuerdo con ese reporte, Wendy Sarahi Martínez sería esposa de “El Pirul” y los otros dos detenidos, sus hijos. El reporte del periodista agregó que en el domicilio también fueron hallados altares de santería, además del arma y la droga reportadas oficialmente

El cateo se ejecutó sin violencia y dejó un arsenal y 666 bolsitas de droga

El despliegue se realizó sin uso de violencia, en apego a los protocolos de actuación policial y uso de la fuerza, según un reporte oficial de la SSC. Los elementos ingresaron al inmueble con las garantías del mandamiento judicial y sin que se registraran incidentes durante el ingreso.

Ahí, los uniformados localizaron un arma de fuego larga tipo ametralladora, con un cargador abastecido y siete cartuchos útiles. El hallazgo se sumó a las 666 bolsitas de droga encontradas en distintos puntos del departamento.

Del total decomisado, 268 bolsitas contenían probable marihuana y 398 fueron reportadas por la autoridad como posible cocaína. Imágenes del aseguramiento difundidas por la SSC mostraron, sin embargo, bolsitas con un polvo de color rosa, un tono que coincide con el que suele presentar el tusi o tucibi, y no con el blanco característico de la cocaína en polvo. La autoridad no aclaró la discrepancia entre la clasificación oficial y el color del producto decomisado.

Los agentes también recuperaron diversos dispositivos móviles en el lugar, que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Los dos adultos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo en Azcapotzalco

Ramses Hasiel Peña y Wendy Sarahi Martínez fueron informados de sus derechos constitucionales en el lugar de los hechos, junto con el menor de edad detenido en el mismo operativo. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los dos adultos quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, ubicada en avenida Jardín 356C, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

El registro oficial no detalló el destino del menor de edad detenido en el mismo operativo, ni si fue trasladado a la misma dependencia que los adultos. Las autoridades tampoco difundieron un reporte independiente sobre su situación procesal.

El agente del Ministerio Público a cargo del caso determinará la situación jurídica de los detenidos en las próximas horas. La autoridad ministerial también resolverá el destino de los objetos asegurados durante la diligencia, entre ellos el arma de fuego, la droga y los dispositivos móviles.

Al concluir las diligencias, el departamento de la calle Doctor Durán quedó sellado y bajo resguardo. La SSC señaló en su mensaje tras los hechos que mantendrá la coordinación con la FGJCDMX, la Semar y la Guardia Nacional para continuar las investigaciones y reforzar las acciones contra la venta y distribución de narcóticos en la Ciudad de México.

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales detuvo el martes 20 de octubre a Robert Skojo, líder de una organización delictiva relacionada con los delitos de tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México revelaron que la estructura criminal vinculada por las autoridades con Skojo corresponde a los “Hells Angels”, organización extranjera con presencia documentada en Cancún desde meses atrás.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC). La detención ocurrió en un inmueble de la zona hotelera de Cancún, dentro del fraccionamiento Isla Dorada, donde también fueron ejecutados cateos contra dos residencias más.

Skojo, de nacionalidad canadiense, era buscado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) desde 2010, según una ficha de búsqueda publicada por la división de Ontario el 13 de mayo de 2024. El documento señalaba que el sujeto permanecía prófugo tras una condena dictada en ausencia y que las autoridades canadienses sospechaban que se encontraba en México.

La administración de Isla Dorada reportó movimientos militares desde la madrugada del 20 de octubre

Un comunicado interno de la administración del condominio Isla Dorada, filtrado en redes sociales, informó a los residentes que durante la madrugada del 20 de octubre se registró la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía realizando diligencias oficiales en domicilios del residencial. El documento precisó que las actuaciones continuaban en curso al momento de su redacción.

La administración advirtió a los propietarios que era posible observar la presencia de las autoridades en distintos puntos del desarrollo mientras se realizaban los trabajos. El comunicado, firmado por “La Administración, Condominio Maestro Isla Dorada”, pidió a los residentes comprensión y respeto ante la situación, y ofreció informar oportunamente sobre cualquier novedad adicional relacionada con las diligencias.

El aviso del condominio ubica el inicio de las diligencias en horas de la madrugada, mientras que el Registro Nacional de Detenciones consultado este 21 de octubre por Infobae México estableció las 9:30 horas como el momento exacto de la detención de Skojo, lo que sugiere que el operativo se extendió durante varias horas antes de concretarse el arresto. El mismo documento cargado en la base oficial, reveló que Skojo es identificado con el alias de “Rob”.

Las autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo y aseguraron armas, droga y vehículos

El operativo conjunto se desprendió del cumplimiento de tres órdenes de cateo en domicilios de Cancún, de acuerdo con el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad federal. Durante los cateos, los elementos aseguraron dos armas largas, un arma corta, 1.3 kilogramos de marihuana, dos vehículos de lujo y un teléfono celular.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó el arresto de Skojo en la calle Kukulkán, entre Isla Sirenas e Isla Paraíso, en un inmueble cercano al centro comercial La Isla. La detención estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, que posteriormente puso al detenido a disposición del Ministerio Público.

La ficha describió a Skojo con una estatura de 1.85 metros, complexión atlética, cabeza rapada, barba abundante y el uso de lentes oftalmológicos. Al momento de su captura vestía shorts y playera negros, con tenis del mismo color, y presentaba tatuajes en la cabeza, los brazos y las piernas.

Canadá acusó a Skojo de conspirar para traficar cocaína y de incumplir una comparecencia judicial

La ficha de búsqueda de la RCMP detalló dos cargos contra Skojo: conspiración para cometer un delito grave por tráfico de cocaína, conforme al artículo 465 del Código Penal canadiense, y falta de comparecencia ante un tribunal, conforme al artículo 145 del mismo código. El documento lo calificó como “peligroso” y advirtió a la ciudadanía no acercarse a él.

La misma ficha precisó que Skojo medía 6 pies (183 centímetros), pesaba 194 libras (88 kilogramos), y tenía cabello y ojos de color café. El expediente llevaba el número 2010-1138510, correspondiente al año en que inició el proceso judicial en su contra en Canadá.

La publicación de la división de Ontario ofreció dos líneas de contacto para reportar su paradero: el Destacamento de la RCMP Hamilton-Niágara, al número 905-643-5800, y la línea anónima de Crime Stoppers, al 1-800-222-8477. El documento data del 13 de mayo de 2024, aunque la condena en ausencia se remonta a 2010.

Tras su detención en Cancún, Skojo fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con las armas, la droga, los vehículos y el teléfono asegurados. El comunicado conjunto señaló que la autoridad ministerial determinará su situación jurídica.

El Registro Nacional de Detenciones ubicó al Robert Skojo en los separos de la Fiscalía Federal en Quintana Roo, en avenida José López Portillo 13, en Cancún, con el estatus de “en traslado”. El comunicado oficial de las corporaciones participantes indicó que la colaboración interinstitucional busca contribuir a la desarticulación de estructuras delictivas y combatir la impunidad en la entidad.

Meses antes había caído en Cancún otro líder de los Hells Angels con ficha roja de Interpol

En mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC y la FGR, detuvieron en Cancún a Denis Ivzuki, también señalado como líder de la banda criminal transnacional Hells Angels.

Ivzuki contaba con una ficha roja de Interpol emitida en Budapest y una orden de extradición vigente emitida por autoridades canadienses por tráfico internacional de drogas y armas de fuego. El operativo se activó tras el intercambio de información con la RCMP, que señaló el municipio de Benito Juárez como la principal zona de movilidad del detenido.

Las autoridades identificaron a Ivzuki como operador logístico de la organización y uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional, con cargos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y extorsión transnacional. Los Hells Angels fueron fundados en 1948 en Fontana, California, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos los clasifica como una empresa criminal dedicada al homicidio, la fabricación y distribución de drogas, y la compraventa ilegal de armas de fuego.

Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco”, identificado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

La captura se concretó a las 5 de la tarde en un hospital privado de la colonia Jardines de Guadalupe -en el que presuntamente acudió a visitar a un herido- mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. El operativo contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

Tras el arresto, autoridades revelaron que la acción fue posible por datos brindados por el Centro Nacional de Inteligencia.

El “Nenuco” es requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado, además de ser investigado por tráfico de personas, según información oficial.

Además, cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado desde octubre de 2023 en Baja California, que lo relaciona con el ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Adicionalmente, las autoridades revelaron que estaría involucrado en el asesinato de un exalcalde en mayo de 2023, lo que concuerda con el crimen contra Librado Álvarez Vizcaíno, exedil del municipio de Tonaya, Jalisco, perpetrado en Tijuana.

El Nenuco fue rastreado desde Tijuana hasta Zapopan

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, así como de acciones de vigilancia y seguimiento, los agentes detectaron que Guillén García mantenía presencia en el municipio de Zapopan. La vigilancia permitió ubicarlo pese a que su base operativa original estaba señalada en Tijuana, Baja California, donde era identificado como generador de violencia y operador de un grupo delictivo.

Con la información obtenida y como resultado de una operación coordinada entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, se cumplimentó la orden de aprehensión en inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe. Las autoridades aseguraron tres vehículos con placas de la Ciudad de México: una camioneta Chevrolet Cheyenne color rojo, un automóvil Mazda blanco y un Toyota gris.

Además, las autoridades confirmaron que le encontraron dos armas largas, dos cargadores y 22 cartuchos útiles. Al “Nenuco” le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad sostuvieron que mantienen acciones coordinadas de inteligencia e investigación para cumplimentar mandamientos judiciales, combatir actividades delictivas y contribuir a la seguridad de la población.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó la hora de la captura sin precisar el lugar exacto

El Registro Nacional de Detenciones, consultado este 20 de octubre a las 17:57 horas por Infobae México, asentó la fecha y hora exactas de la captura: las 17:00 horas del 19 de octubre. El sistema oficial, sin embargo, dejó en blanco los campos correspondientes al lugar de la detención, la dirección donde quedó resguardado el imputado y las autoridades que efectuaron el arresto y lo tuvieron a su disposición.

El mismo registro describió al “Nenuco” como una persona de 1.80 metros de estatura, complexión robusta, tez clara, cabello corto color castaño y orejas medianas. Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla deslavado en color azul, playera de cuello redondo manga corta en color negro con el logotipo de la marca “Guess” y tenis negros.

El documento detalló que el detenido porta un tatuaje de San Judas Tadeo en el antebrazo derecho y, en el izquierdo, la figura de una persona con arma de fuego acompañada de una leyenda en color rojo. Su estatus quedó clasificado como “en traslado”. Los datos oficiales revelaron que también es identificado con el alias de “El Secre”.

Reportes previos lo señalaban como operador del CJNG en Tijuana

Antes de la detención, reportes de Zeta Tijuana habían señalado a Guillén García como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Tijuana. Una reconstrucción de ese medio sobre la captura ubicó la detención dentro del hospital privado de la Avenida Manuel Clouthier, en Jardines de Guadalupe, mientras Guillén García visitaba a un hombre hospitalizado tras un ataque armado ocurrido el 16 de octubre en unas canchas deportivas de Zapopan. El comunicado del Gabinete de Seguridad, emitido tras la captura, reveló en cambio que el detenido opera para el Cártel de Sinaloa, sin revelar más detalles sobre si es parte de una alianza o cambió de bando.

Esa misma reconstrucción de Zeta Tijuana atribuyó al Nenuco un vínculo con el homicidio de Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, asesinada el 19 de octubre de 2023 frente a su domicilio en el fraccionamiento Las Abejas de Tijuana, por el cual ya habían sido detenidos cinco sicarios. El medio también lo vinculó con la colocación de mantas con mensajes de amenaza dirigidos a intérpretes de corridos en Baja California.

En México, 516 municipios carecen de una corporación policial propia para atender la seguridad pública. Mientras algunos recurren a policías estatales o fuerzas federales y otros dependen de cuerpos comunales, en 23 municipios no se reportó ninguna de esas modalidades de vigilancia.

La cifra corresponde al cierre de 2024 y forma parte del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, cuyos resultados publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en marzo de 2026. El registro permite identificar distintas formas de organización de la seguridad local, desde estructuras comunitarias hasta la intervención de instituciones estatales y federales.

La ausencia de una corporación municipal no significa que un territorio carezca de vigilancia. En la mayoría de los casos contabilizados, otras instancias realizaban tareas de seguridad; sin embargo, el censo identificó 23 municipios sin cobertura reportada, donde no se registró una institución alternativa ni la presencia de cuerpos comunales para asumir esa función.

Cuerpos comunales y policías estatales cubren parte de los municipios

Los cuerpos comunales fueron la modalidad más frecuente entre los municipios sin una institución policial municipal formalmente constituida. El Inegi registró esta forma de organización en 403 localidades, aunque con diferencias en su estructura y relación con los gobiernos municipales.

En 400 municipios, los cuerpos comunales estaban adscritos a una institución, unidad administrativa o área del gobierno municipal. En los tres restantes se reportaron estructuras autogestivas, es decir, organizadas sin esa adscripción administrativa.

La existencia de un cuerpo comunal no equivale, por sí sola, a contar con una policía municipal formal. Se trata de esquemas diferentes de organización y prestación de servicios de seguridad, por lo que las cifras no deben interpretarse como si todas esas localidades tuvieran instituciones policiales con la misma estructura.

Otra modalidad fue la participación de corporaciones externas. En 90 municipios, el censo identificó la intervención de otras instituciones para atender las tareas de seguridad pública, principalmente autoridades estatales.

Las secretarías de Seguridad Pública estatales o sus equivalentes participaron en 85 municipios. También se registró la intervención de la Guardia Nacional en cinco, de la Secretaría de la Defensa Nacional en cinco, de la Secretaría de Marina en uno y de otra institución en uno.

El dato muestra qué instituciones participaron en la prestación de servicios de seguridad, no cuántos municipios distintos atendió cada una de manera exclusiva.

Tamaulipas destaca en este apartado: 43 municipios reportaron que la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaba las funciones correspondientes ante la ausencia de una corporación municipal propia. El registro ilustra un esquema en el que el gobierno estatal asume directamente esas tareas en localidades que no cuentan con una institución policial de ese nivel.

En conjunto, los datos del Inegi muestran que los municipios sin policía propia no siguen un solo modelo. En algunos, la vigilancia recae en estructuras comunales; en otros, la cobertura depende de corporaciones estatales o federales. La información también identifica las localidades en las que no se reportó ninguna de esas alternativas durante el periodo censado.

México tenía menos policías municipales que en 2022

En 2024, México contaba con 166 mil 224 policías municipales operativos, de acuerdo con el informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026), publicado por Causa en Común el 15 de octubre de 2026. La cifra representó una disminución de 6% respecto de 2022 y fue la más baja registrada desde 2010, según la organización.

Por separado, el Inegi contabilizó 166 mil 91 personas adscritas a instituciones municipales de seguridad pública en 2024, un descenso de 5.5% frente a 2022. Aunque ambas mediciones apuntan a una reducción, corresponden a indicadores diferentes: una se refiere al personal operativo municipal reportado por Causa en Común y la otra al personal adscrito a instituciones de seguridad pública en el censo.

La reducción del personal municipal constituye un dato relevante para dimensionar las capacidades de las corporaciones que sí existen, pero no demuestra por sí misma por qué determinados gobiernos locales no cuentan con una policía formal. Para establecer esas causas se necesitaría información específica sobre decisiones presupuestales, procesos de reclutamiento, condiciones institucionales y acuerdos de coordinación en cada municipio.

Salarios y prestaciones reflejan las condiciones de las policías municipales

El informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) señala que 55% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos mensuales, por debajo de los 16 mil 668 pesos netos al mes que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estima como salario digno para un policía y su familia.

La diferencia salarial forma parte de un panorama más amplio de prestaciones desiguales entre corporaciones municipales y estatales. Según Causa en Común, 53% de los policías municipales cuenta con seguridad social, frente a 97.6% de los elementos estatales.

Las diferencias también aparecen en otras prestaciones. La organización reportó que 58% de los policías municipales tiene seguro de vida, mientras que apenas 6% cuenta con seguro de retiro.

Estos datos describen las condiciones de quienes ya forman parte de las corporaciones municipales y permiten dimensionar algunos de los retos laborales que enfrenta ese nivel de gobierno. No obstante, el informe no establece que la falta de prestaciones o los salarios bajos sean la causa directa de que 516 municipios no tengan una policía propia.

La carrera policial también presenta rezagos

La profesionalización policial es otro de los componentes revisados por Causa en Común en Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026). El informe señala que solo 17 de las 32 fuerzas policiales estatales contaban con un servicio profesional de carrera formalmente constituido. Además, 21 corporaciones estatales carecían de catálogos de puestos actualizados.

Estos indicadores corresponden a las policías estatales, no a las municipales. Su inclusión permite dimensionar que las dificultades institucionales no se limitan a los gobiernos locales, aunque las cifras no deben trasladarse de un nivel de gobierno a otro.

Un servicio profesional de carrera establece mecanismos institucionales para el ingreso, la formación, la evaluación, la permanencia y los ascensos de los agentes. La falta de estructuras formalizadas o de instrumentos actualizados dificulta conocer las reglas que rigen el desarrollo profesional dentro de las corporaciones.

En el ámbito municipal, el panorama de personal, salarios y prestaciones documentado por la organización muestra condiciones desiguales entre los agentes. Sin embargo, los datos disponibles no permiten afirmar que todos los municipios sin policía propia enfrenten los mismos problemas ni que la ausencia de una corporación responda a una sola causa.

Las protestas policiales y los asesinatos de agentes

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común contabilizó 137 movilizaciones policiales: 63 paros laborales, 64 manifestaciones y 10 amenazas de paro.

El 62% de esos movimientos correspondió a policías municipales y 20% a agentes estatales. Entre los motivos reportados se encontraron abusos laborales, salarios bajos o desiguales, falta de prestaciones y equipamiento, así como pagos pendientes.

El predominio de policías municipales en este registro aporta otra dimensión sobre las dificultades que enfrentan las corporaciones locales. Las movilizaciones, sin embargo, corresponden a hechos reportados por la organización y no constituyen una medición exhaustiva de las condiciones de todas las policías del país.

La violencia contra los agentes también forma parte del contexto de seguridad. Causa en Común contabilizó 665 policías asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2026: 360 municipales, 220 estatales y 85 federales.

Los policías municipales representaron más de la mitad de los casos registrados en ese periodo. La cifra muestra la magnitud de los asesinatos dentro de ese grupo, pero no permite concluir que los municipios sin una corporación propia sean necesariamente los que presentan mayor riesgo para los agentes, pues se trata de indicadores diferentes y el registro de homicidios no establece esa comparación.

Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 y del informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) describen dos dimensiones del sistema de seguridad pública en México. El primero identifica cómo se organiza la vigilancia en los municipios y dónde no se reportó una instancia responsable; el segundo documenta la evolución del personal policial, sus condiciones laborales, la profesionalización y los riesgos que enfrentan los agentes.

El hallazgo se originó a partir de trabajos de inteligencia desarrollados previamente por las corporaciones de seguridad en la región. Con esa información, los elementos de la Marina ubicaron el punto exacto donde operaba la estructura criminal dedicada a la producción de droga sintética.

El decomiso incluyó droga terminada y en proceso de fabricación

El aseguramiento de mil 308 kilos de metanfetamina se dividió en dos categorías. 750 kilos correspondieron a producto ya terminado, listo para su distribución, mientras que 558 kilos se encontraron en proceso de secado, una de las últimas fases de elaboración antes de su empaque final.

Las autoridades también neutralizaron 4 mil 500 litros de precursores químicos utilizados en la síntesis de la droga. A esa cifra se sumaron 2 mil 902 kilos de diversas sustancias químicas sólidas localizadas en el inmueble intervenido.

La combinación de insumos líquidos y sólidos evidenció una operación de producción a gran escala. El volumen total de sustancias aseguradas superó las cuatro toneladas entre droga, precursores y químicos sólidos.

El laboratorio contaba con equipo industrial para la producción de metanfetamina

En el inmueble, los elementos de la Marina localizaron un reactor con capacidad de 600 litros, pieza central en el proceso de síntesis química de la droga. Junto a este equipo se encontró una centrifugadora, utilizada para separar y purificar la sustancia durante su elaboración.

El laboratorio también contaba con 28 quemadores, empleados para el calentamiento de las sustancias en distintas etapas del proceso productivo. A esto se sumaron seis tinas con capacidad de 500 litros cada una, destinadas al almacenamiento y mezcla de los componentes químicos.

Las autoridades aseguraron además tanques de gas y bombas de agua, equipo complementario para mantener en funcionamiento la infraestructura del narcolaboratorio. Diversas herramientas adicionales, empleadas en distintas fases de la elaboración, también fueron localizadas en el sitio.

Todo el equipo y los materiales encontrados fueron inhabilitados directamente en el inmueble, para evitar que la estructura criminal pudiera reutilizar la infraestructura y reactivar la producción en el mismo punto.

De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, la afectación económica estimada por el operativo ascendió a 163 millones 560 mil pesos. La cifra contempló el valor combinado de la metanfetamina, los precursores químicos y las sustancias sólidas decomisadas.

El operativo se enmarcó en la estrategia del Gabinete de Seguridad contra las drogas

La acción conjunta entre la Semar, la SSPC y la FGR formó parte de las labores para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de narcóticos sintéticos en el país. Las instituciones federales señalaron que buscaban impedir que las sustancias ilícitas llegaran a las calles.

Con el desmantelamiento del laboratorio en Durango, las autoridades reforzaron su compromiso de trabajar de manera coordinada entre las dependencias de seguridad federal y proteger a la población de los efectos de la distribución de narcóticos.

Autoridades reforzaron la seguridad en la sierra antes del hallazgo en Carricitos

La comunidad de Carricitos pertenece al municipio de Tamazula, Durango, ubicado en la zona limítrofe con Sinaloa, dentro de la Sierra Madre Occidental y del llamado Triángulo Dorado. Esta región fue señalada el pasado 8 de octubre por autoridades estatales como un corredor de movilidad para grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción del Cártel de Sinaloa.

Días antes del hallazgo del laboratorio, el secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván Villarreal, anunció el refuerzo de la presencia de corporaciones de seguridad en los caminos serranos que comunican a Durango con Jalisco, Nayarit y Zacatecas. El despliegue, enfocado en el municipio de Mezquital, incluyó al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales.

La ubicación de Carricitos, en terreno agreste y de difícil acceso, coincide con las características que las autoridades han identificado como favorables para la operación de laboratorios clandestinos y el tránsito de organizaciones criminales entre estados.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este jueves 15 de octubre en su cuenta oficial de la red social X la captura de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, y la presentó como prueba de la designación que Donald Trump hizo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organización Terrorista Extranjera.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), concluyó con la detención de “El Cromo” en Guadalajara, Jalisco, sin que se registrara un solo disparo, tras una búsqueda que comenzó en Oaxaca y Chiapas.

El embajador retuiteó en redes sociales la publicación original del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó el pasado 14 de octubre que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades mantuvieron un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generaron violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

Sobre esa base, Johnson escribió: “las organizaciones criminales prosperan mediante la violencia y el miedo, pero las operaciones basadas en inteligencia pueden llevar a sus líderes ante la justicia”.

El embajador sostuvo que la detención de “El Cromo”, líder de “Los Cromos”, una organización criminal vinculada al CJNG, demuestra por qué el presidente estadounidense designó a cárteles como el CJNG bajo la orden de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Johnson detalló además los delitos que le atribuyen a “El Cromo”: homicidios, extorsiones, secuestros y el presunto asesinato de una niña de cuatro años. En el mensaje, el embajador recalcó que esas acusaciones revelan el daño devastador que los criminales causan a familias inocentes.

El mensaje cerró con un llamado a la acción conjunta: “debemos seguir desmantelando sus redes, haciendo que los responsables rindan cuentas y protegiendo a nuestras comunidades”.

La designación del CJNG se formalizó en febrero de 2025

El Departamento de Estado de EEUU anunció la designación del CJNG, junto con el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, el pasado 20 de febrero de 2025.

La medida se adoptó bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224, ambas enmendadas, y entró en vigor tras su publicación en el Registro Federal.

El comunicado oficial describió al CJNG como “una organización transnacional con presencia en casi todo México”, dedicada al tráfico de fentanilo, la extorsión, el contrabando de migrantes, el robo de petróleo y minerales, y el comercio de armas, con contactos documentados en toda América, además de Australia, China y el sudeste asiático.

El texto detalló que el grupo llevó a cabo “actos de violencia intimidatoria, incluidos ataques contra militares y policías mexicanos con armamento de grado militar, uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos”. Ese último señalamiento haría referencia al atentado que sufrió Harfuch el 26 de junio de 2020 en la CDMX.

El Departamento de Estado precisó que las designaciones terroristas “exponen y aíslan a entidades y personas”, les niegan acceso al sistema financiero estadounidense y bloquean todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de una persona estadounidense. El documento añadió que estas medidas “pueden ayudar a las acciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y otros Gobiernos”.

Tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mecho”, y la captura de operadores regionales de alto nivel como Audias Flores, “El Jardinero”, el CJNG quedó bajo el control de Juan Carlos Valencia, hijastro de “El Mencho” apodado como “El 03″.

Las autoridades mexicanas detallaron el expediente de “El Cromo”

Omar García Harfuch precisó el pasado 14 de octubre que “El Cromo” contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, relacionadas con cuatro víctimas en hechos ocurridos en 2018, 2020 y 2024, además de señalamientos por extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas atribuidos a la estructura “Los Cromos”.

Nacido el 1 de junio de 1996 en Juchitán de Zaragoza, Sánchez Santiago fue identificado como operador bajo el mando de Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “El Fantasma”, señalado como jefe regional del CJNG en la zona del Istmo. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permitiera su localización.

Tras la captura, “El Cromo” fue trasladado a la Ciudad de México en una aeronave de la Secretaría de Marina, escoltado por Comandos de Operaciones Especiales, y entregado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar con las diligencias de ley.

El comunicado oficial de la SSPC enmarcó la detención dentro de la Operación Sable, iniciada en 2025, que acumuló más de 250 detenciones en la región, entre ellas la de Miguel Sánchez Altamirano, expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, capturado el 23 de septiembre por presuntos vínculos de protección hacia “Los Cromos”.

Tras viralizarse en redes sociales videos en los que pobladores de la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, denunciaban presuntas violaciones a derechos humanos y discutían con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gabinete de Seguridad confirmó a través de sus canales oficiales la detención de siete personas por presuntos nexos a una célula delictiva generadora de violencia, como resultado del despliegue operativo.

La respuesta oficial llegó horas después de que los primeros registros de la comunidad de Laguna Colorada circularan en plataformas digitales, entre los que destacó un forcejeo entre civiles y elementos federales, para impedir que trasladaran a uno de los objetivos capturados.

Posterior a la divulgación del material, la autoridad federal explicó que la acción respondió a trabajos de inteligencia e investigación, no a un operativo aislado. Elementos de la Semar, la SSPC, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

El Gabinete de Seguridad detalló que fueron cinco órdenes de cateo y siete detenidos

El comunicado difundido en la red social X precisó que, durante las acciones, fueron detenidas siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas como operadoras logísticas de la organización criminal. La autoridad federal no detalló la identidad completa de los detenidos ni los domicilios exactos donde se ejecutaron los cinco cateos.

La dependencia enmarcó el operativo como parte de una investigación en curso contra la célula señalada, sin precisar su nombre ni su presunta vinculación con otros grupos criminales que operan en la entidad.

Las autoridades reportaron también el aseguramiento de cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación durante las diligencias. El comunicado no especificó el tipo de armamento ni la cantidad de droga asegurada en los cinco inmuebles cateados.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que las instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para desarticular las células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa. La dependencia no ofreció una fecha para la presentación de los detenidos ante autoridad judicial ni adelantó si habrá nuevas diligencias relacionadas con el caso.

Hija de una de las detenidas denunció robos en su vivienda

Entre las personas detenidas figuró Carlota Murillo Avendaño, cuya intervención generó un enfrentamiento entre vecinos y fuerzas federales este 15 de octubre. El Registro Nacional de Detenciones confirmó su registro con estatus “en traslado”, sin alias ni precisión sobre su relación específica con la célula señalada por el Gabinete de Seguridad.

En un video difundido en redes sociales, la hija de Carlota relató que entregó su teléfono desbloqueado a un oficial y le dijo: “Pues aquí está. Si lo quiere revisar, no tengo nada”. Según su testimonio, los elementos se llevaron su iPhone 17, una computadora valuada en más de 50 mil pesos y un Apple Watch, que después apareció afuera de la vivienda.

La joven denunció además que a su hermana le quitaron un teléfono y un iPad, y que del domicilio también sustrajeron consolas PlayStation, dinero y joyas. “No nos quieren dar el VR de las cámaras, mi casa tiene cámaras, no nos lo quieren dar”, dijo en el video compartido por medios locales, en referencia a las grabaciones de seguridad de la propiedad.

En el mismo testimonio, la hija de Carlota narró el operativo: dijo que seis hombres armados ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:00 o 3:30 de la mañana y apuntaron contra ella y su hermana menor de edad. “Se supone que solo estaban haciendo cateo de la casa, que ni siquiera tocaba en mi casa, tocaba en la casa de un lado, pero decidieron brincarse a mi casa”, afirmó.

La joven agregó que no le permitieron ver a su madre hasta el final del operativo ni le informaron en qué vehículo la trasladaban.

La irrupción de los elementos federales derivó en un choque directo con los habitantes de Laguna Colorada, que se prolongó por horas. Pobladores y familiares formaron una valla humana alrededor de las patrullas para impedir que Murillo Avendaño fuera trasladada, sin embargo, posteriormente se confirmó la aprehensión.

Entre los empujones fue lesionado un reportero del medio El Debate, quien se encontraba en el sitio cubriendo el despliegue.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa acudió al lugar

Óscar Loza, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, acudió personalmente a Laguna Colorada acompañado del director de Quejas del organismo. Loza escuchó el testimonio de la detenida y de sus familiares sobre el trato recibido durante las diligencias.

“Los dispositivos podrían contener información de interés para el Ministerio Público”, dijo Loza al diario El Debate, en referencia a los celulares y la tableta retirados de la vivienda. El funcionario explicó que esa versión se la trasladaron las propias autoridades que participaron en el operativo.

Loza invitó a los familiares a presentar una queja formal ante la CEDH para que el caso fuera remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El titular del organismo advirtió que una demora injustificada en el proceso podría utilizarse para ejercer presión durante la investigación, de acuerdo con el mismo diario.

El 13 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de introducción de cocaína al país. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca, y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió diez días antes, el sábado 3 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Miguel “N” llegó de Colombia con cuatro maletas que contenían 189 botellas con un total de 94.5 litros de cocaína líquida. Los envases estaban dentro de cajas de cartón y, de acuerdo con la FGR, aparentaban ser un suplemento vitamínico.

La alerta surgió durante una inspección aduanera. Al pasar las maletas por los equipos de rayos X, el personal detectó un líquido cuya consistencia parecía más densa de lo habitual. El pasajero aseguró que transportaba medicamento, pero no presentó la documentación correspondiente. Un binomio canino también marcó el posible contenido ilícito y los análisis de química forense confirmaron que se trataba de cocaína líquida.

El caso llama la atención por la cantidad y por la forma de transportar la sustancia, distribuida en casi dos centenares de botellas. Pero no es la única modalidad detectada en los aeropuertos mexicanos: durante 2026, las autoridades han reportado cocaína oculta en artesanías, lienzos, productos de cuidado personal, sillas de ruedas y equipaje con etiquetas manipuladas.

De botellas a artesanías: los objetos que esconden cocaína

El 30 de septiembre, autoridades federales aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La sustancia estaba oculta en 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio, que formaban parte del equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó irregularidades durante la inspección de las piezas. Al revisarlas, encontró bolsas de plástico con un polvo blanco que dio positivo a cocaína base libre.

La variedad de objetos utilizados para ocultar la droga también quedó expuesta el 30 de abril, cuando autoridades federales detuvieron a una persona extranjera en el AICM que transportaba lienzos con narcóticos mezclados en la pintura. La información pública no especificó su nacionalidad ni el peso de la sustancia asegurada.

En ambos expedientes, los objetos transportados no tenían la apariencia habitual de un paquete con droga. Las artesanías y las obras de arte plantearon un reto distinto al de revisar botellas o paquetes, pues la sustancia estaba oculta dentro de piezas que podían pasar por artículos ordinarios de equipaje.

Un ciudadano alemán detenido con 10 kilos en Cancún

La nacionalidad de algunos pasajeros detenidos también destaca entre los casos recientes. El 25 de junio, un ciudadano alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, con aproximadamente 10 kilogramos de cocaína.

La Guardia Nacional detectó la posible droga cuando un binomio canino alertó sobre su equipaje en el área de documentación. Durante la inspección de la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares con la sustancia.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron el origen y destino del cargamento.

La presencia de un ciudadano alemán y de personas extranjeras en el caso de los lienzos y las artesanías, aporta una dimensión internacional a la revisión de estos expedientes. Sin embargo, no todos los comunicados identifican la nacionalidad de los detenidos y la procedencia de un vuelo no equivale a la nacionalidad de quien viaja en él.

Champú con cocaína en el aeropuerto capitalino

El 11 de abril, la FGR informó que María “N” fue vinculada a proceso después de ser detenida en la Terminal 2 del AICM. En su equipaje, las autoridades encontraron 14 botellas de champú cuyo contenido dio positivo a cocaína, con un volumen total de 2 litros y 398 mililitros.

La detección ocurrió durante una revisión con equipos de rayos X. Personal de la Secretaría de Marina inspeccionó la maleta y localizó los envases con la sustancia.

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso guarda similitudes con el de Monterrey por el uso de botellas comerciales para transportar cocaína líquida, aunque el volumen asegurado fue menor.

Cocaína oculta en sillas de ruedas

Las sillas de ruedas también aparecen en distintos expedientes de 2026. El 9 de julio, la FGR informó que José “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún con 9 kilos 892 gramos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica. El pasajero había llegado de Medellín, Colombia.

Una semana antes, el 2 de julio, personal de la Aduana de Cancún y de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó 12.38 kilogramos de presunta cocaína en el asiento y el respaldo de otra silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín. El comunicado correspondiente informó que la persona y la mercancía fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, sin detallar una vinculación a proceso.

El 14 de mayo, un operativo en el AICM permitió localizar aproximadamente 8.8 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en ocho paquetes ocultos en una silla de ruedas. La alerta de un binomio canino llevó a los agentes a inspeccionar el objeto mediante equipos de rayos X. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta acción representó una afectación económica cercana a 1.9 millones de pesos para grupos delictivos.

Los casos muestran distintas formas de ocultamiento en las estructuras de estos objetos. No obstante, la información pública no permite establecer que los tres aseguramientos estén relacionados entre sí.

Una maleta con etiqueta cambiada y paquetes adheridos al cuerpo

El 17 de septiembre, la FGR informó que Víctor “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el transporte de 24 kilos 907 gramos de cocaína en la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún.

Un binomio canino alertó sobre una maleta durante las inspecciones de vigilancia. Cuando las autoridades localizaron al pasajero, este negó que el equipaje fuera suyo, aunque reconoció la etiqueta que llevaba adherida.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron a los investigadores establecer que el hombre había llegado con otra maleta. Según la Fiscalía, la etiqueta fue retirada de un equipaje y colocada manualmente en el que contenía la droga. El juez impuso prisión preventiva justificada y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Otro método quedó documentado el 30 de abril en Cancún, donde la Guardia Nacional detuvo a José “N” con 2 kilos 485 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en paquetes adheridos al torso y al tobillo. La FGR obtuvo su vinculación a proceso por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte.

También hay decomisos en vuelos nacionales

Los casos no se limitan a pasajeros que llegan del extranjero. El 10 de julio, autoridades federales detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilogramos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. La droga estaba distribuida en 11 mochilas que transportaban los pasajeros de un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco.

Un antecedente ocurrió el 4 de junio, cuando dos hombres fueron detenidos en la misma terminal en un caso relacionado con aproximadamente 52 kilogramos de cocaína.

La procedencia nacional de esos vuelos no permite determinar por sí sola dónde se obtuvo la droga ni cuál era su destino. Los expedientes muestran, sin embargo, que las inspecciones aeroportuarias también han derivado en detenciones y decomisos en operaciones entre ciudades mexicanas.

A estos casos se suma el aseguramiento reportado el 15 de septiembre en el AICM, donde la Marina y la ANAM detectaron un cargamento declarado como café tostado y molido que estaba contaminado con presunta cocaína base. El embarque, compuesto por más de 3 mil bolsas, se encontraba en tránsito internacional.

Las autoridades reportaron aproximadamente mil 77 kilogramos de producto contaminado, esto significa que no era cocaína “pura”. El comunicado no confirmó detenciones relacionadas con el cargamento, por lo que el expediente corresponde a un aseguramiento de mercancía y no a capturas acreditadas.

Botellas con cocaína líquida, artesanías, lienzos, sillas de ruedas, paquetes adheridos al cuerpo y equipaje con etiquetas manipuladas forman parte de los métodos documentados en estos expedientes. Algunos involucran a personas extranjeras, aunque la información disponible no permite afirmar que predominen entre quienes intentan transportar cocaína por los aeropuertos mexicanos ni establecer una conexión entre los distintos casos.

La localización de pistas clandestinas utilizadas para el trasiego de drogas disminuyó debido a la reducción de vuelos ilegales en el espacio aéreo mexicano y al aumento de aseguramientos de droga en altamar por parte de la Secretaría de Marina (Semar), afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el general atribuyó esta tendencia a la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que integra las capacidades de distintas dependencias federales para detectar y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas.

“Tenemos que recordar que ya se aplica una ley de protección del espacio aéreo nacional, en esa ley se integraron las capacidades de diversas dependencias que tienen que ver con esa protección y ha funcionado bastante bien, han disminuido mucho los vuelos clandestinos y tal vez por eso se han incrementado mucho los aseguramientos que ha tenido Marina en altamar. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual ha disminuido la cantidad de pistas clandestinas”, declaró.

Los hallazgos de pistas clandestinas en México

La explicación del secretario se dio después de que El Sol de México publicara cifras de la Defensa sobre la localización de pistas clandestinas durante las últimas tres administraciones federales.

De acuerdo con esos registros, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades localizaron mil 580 pistas clandestinas.

La cifra descendió a 126 entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 a septiembre de 2026, se reportaron 37 hallazgos.

La disminución de los registros no significa necesariamente que exista una reducción equivalente en la cantidad de pistas clandestinas en operación. Las cifras corresponden a los espacios identificados por las autoridades y, por sí solas, no permiten establecer cuántas instalaciones de este tipo siguen activas ni dimensionar el uso que las organizaciones criminales hacen de ellas.

Especialistas citados por El Sol de México advirtieron que la caída también podría estar relacionada con limitaciones en las labores de vigilancia o con cambios en los medios utilizados para transportar drogas.

¿Qué establece la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano?

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2023. Su objetivo es establecer y coordinar acciones para proteger el espacio aéreo nacional y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas que representen una amenaza para la seguridad del país.

El marco legal contempla la coordinación entre dependencias federales para detectar, identificar y dar seguimiento a vuelos irregulares, así como establecer procedimientos de actuación ante aeronaves que representen una amenaza o realicen actividades ilícitas.

Trevilla sostuvo que la aplicación de esta legislación ha contribuido a disminuir los vuelos clandestinos y planteó que esa reducción ayudaría a explicar la menor cantidad de pistas localizadas.

Sin embargo, durante su intervención no presentó cifras para cuantificar la disminución de vuelos clandestinos ni detalló el aumento de decomisos marítimos, por lo que su explicación no permite medir por sí sola la relación entre ambos fenómenos.

De Sinaloa a Chihuahua: pistas clandestinas localizadas e inhabilitadas en 2025 y 2026

En febrero de 2025, autoridades federales inhabilitaron una pista clandestina en Ahome, Sinaloa, donde aseguraron tres avionetas fumigadoras y tres vehículos. En septiembre de ese año, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron otra pista y un campamento improvisado en Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, Chihuahua, donde encontraron piezas de una aeronave.

Los hallazgos continuaron en 2026. En enero, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó de la inhabilitación de una pista en las inmediaciones de Los Tuceros, en Guachochi, localizada mediante reconocimiento aéreo. En el lugar también se aseguró una mochila con más de un kilogramo de un polvo químico considerado preliminarmente un posible precursor para fabricar fentanilo.

En junio, agentes estatales, militares y de la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron otra pista en las afueras de Carichí, Chihuahua. La instalación medía aproximadamente 750 metros de largo por 12 de ancho y fue detectada con apoyo de drones; las autoridades reportaron indicios de uso reciente.

En agosto de 2026, autoridades de Chihuahua también informaron de la localización e inhabilitación de una pista de unos 400 metros de largo por 50 de ancho en la región de Ciénega Prieta, municipio de Guadalupe y Calvo.

Los casos documentan que las autoridades continuaron localizando e inhabilitando pistas clandestinas durante 2025 y 2026 mediante operativos terrestres, reconocimiento aéreo y el uso de drones. Sin embargo, estos hallazgos individuales no permiten determinar cuántas pistas permanecen activas en el país ni explicar por sí solos la variación de las cifras nacionales reportadas por Defensa.

A través de su cuenta de X, el funcionario destacó la participación de ambas instituciones en la operación marítima. Sin embargo, no precisó la fecha del operativo ni la identidad de las personas detenidas.

García Harfuch también señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

García Harfuch sostuvo que estos decomisos impiden que millones de dosis lleguen al mercado y que las organizaciones criminales dispongan de recursos para adquirir armas, captar y corromper a jóvenes y autoridades, así como generar violencia en México.

Decomisos de cocaína en el Pacífico: más de 37 toneladas aseguradas hasta septiembre de 2026

Las operaciones marítimas contra el tráfico de cocaína en aguas mexicanas dejaron varios aseguramientos de más de una tonelada durante agosto, antes del decomiso de aproximadamente 1.2 toneladas anunciado hoy por García Harfuch. Los casos muestran distintas modalidades de traslado y localización de la droga: embarcaciones interceptadas en altamar y paquetes recuperados después de ser detectados flotando en el océano.

El 15 de agosto, elementos de Semar localizaron una embarcación menor con dos motores fuera de borda a unos 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A bordo viajaban dos personas y se encontraron 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso aproximado fue de 1.9 toneladas. La dependencia estimó que el aseguramiento representó una afectación económica de más de 400 millones de pesos.

Dos días después, el 17 de agosto, personal naval recuperó más de 1.6 toneladas de presunta cocaína distribuidas en 45 bultos que flotaban en el mar, a unos 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los paquetes fueron detectados durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, tras lo cual se desplegaron unidades para recuperarlos.

La Marina describió esta segunda acción como parte de la continuidad de las operaciones realizadas en la zona marítima contigua a la del aseguramiento del 15 de agosto. Sin embargo, los comunicados no establecen que ambos cargamentos tuvieran un mismo origen ni que pertenecieran a una sola organización criminal.

Para el caso de Michoacán, la dependencia calculó una afectación económica de aproximadamente 340.2 millones de pesos y señaló que se evitó que alrededor de 3.2 millones de dosis llegaran al mercado.

Otro operativo ocurrió el 7 de agosto, cuando la Semar aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. En esa intervención fueron detenidas seis personas: tres mexicanas y tres ecuatorianas. También se aseguró la embarcación en la que viajaban, que contaba con tres motores fuera de borda, combustible y equipos de comunicación.

Los tres casos permiten dimensionar la variedad de las operaciones, pero no deben interpretarse como parte de un solo cargamento. En el aseguramiento del 7 de agosto hubo seis detenidos; en el del día 15, dos; y en la recuperación de los paquetes frente a Michoacán, el comunicado citado no reportó detenciones.

El acumulado de 2026 superó el total de cocaína asegurada en 2025

Al 10 de septiembre, la Secretaría de Marina había asegurado 37 mil 855.48 kilogramos de cocaína en operaciones marítimas, de acuerdo con cifras difundidas por Excélsior el 15 de septiembre. El volumen superaba en 12 mil 142.48 kilogramos el total de 25 mil 713 kilogramos reportado durante todo 2025, una diferencia equivalente a un incremento de 47.2%.

El mismo balance incluyó el aseguramiento de 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil y 54 motores fuera de borda, además de la detención de 86 presuntos infractores. Estos datos aportan contexto sobre las acciones de interdicción marítima, aunque no permiten establecer cuántas organizaciones criminales fueron afectadas ni qué proporción del tráfico total de cocaína hacia México representa la droga decomisada.

Antes de ese corte, el 3 de mayo, la Marina había reportado otro aseguramiento importante en el Golfo de Tehuantepec. En esa operación fueron localizados 78 bultos que contenían 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2.154 toneladas. El hallazgo ocurrió a unos 191 kilómetros de Salina Cruz, Oaxaca, y la sustancia quedó a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la investigación correspondiente.

Este antecedente también permite distinguir entre el peso aproximado anunciado durante una operación y el peso ministerial determinado posteriormente. En los casos de agosto, los comunicados utilizaron cantidades aproximadas y describieron la sustancia como presunta cocaína; por ello, las cifras deben atribuirse a la dependencia y no presentarse como resultados judiciales definitivos.

El aseguramiento anunciado hoy frente a Oaxaca se suma a estos antecedentes, pero el acumulado de 37.8 toneladas corresponde exclusivamente al periodo del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026.

La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de diversos puertos como consecuencia de los efectos del huracán Simon categoría 4.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia en coordinación con Protección Civil dieron a conocer que la suspensión será en la zona de las costas del Océano Pacífico.

Puertos cerrados por el huracán Simon

De acuerdo a la información brindada estos son los puertos que permanecerán cerrados por el paso de este fenómenos meteorológicos:

Embarcaciones mayores

• Colima: Manzanillo
• Michoacán: Lázaro Cárdenas

Embarcaciones menores

• Sinaloa: Teacapán
• Nayarit: La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Vallarta
• Jalisco: Barra de Navidad y Puerto Vallarta
• Colima: Manzanillo
• Michoacán: Lázaro Cárdenas
• Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués

Autoridades pidieron seguir recomendaciones para evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Fenómeno meteorológico amenaza al Pacífico mexicano con lluvias y vientos

El huracán Simón, de categoría 4, mantiene bajo alerta al Pacífico mexicano por lluvias, vientos y oleaje que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones extraordinarias en Colima y Michoacán, además de rachas de hasta 130 km/h y olas de hasta ocho metros en Jalisco y Colima.

A las 09:30 horas de este 10 de octubre, el centro de Simón se ubicaba a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El ciclón avanzaba hacia el norte a seis km/h, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h.

La tormenta tropical Rachel también genera condiciones de riesgo en el noroeste del país. Su centro se localizaba a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 630 kilómetros al suroeste de San José de las Palomas, Baja California.

Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplazaba hacia el noreste a 35 km/h. Su circulación dejará lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en Baja California y Baja California Sur.

Simón dejará lluvias extraordinarias en Colima y Michoacán

El SMN, organismo dependiente de Conagua, pronostica chubascos extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Colima y en las regiones costera y occidental de Michoacán por la circulación de Simón.

En la costa y el este de Jalisco se esperan lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros. El suroeste de Guerrero tendría precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, mientras que el sur de Nayarit registraría lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Las precipitaciones podrían afectar comunidades ubicadas cerca de cauces, en zonas bajas y en áreas propensas a inundaciones. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y no cruzar corrientes de agua durante las lluvias.

En las costas de Jalisco y Colima se esperan vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 120 a 130 km/h. Estas condiciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche.

El litoral de Michoacán tendrá vientos sostenidos de 60 a 80 km/h y rachas de 90 a 110 km/h, aunque se prevé una disminución durante el día. En Guerrero, las condiciones marítimas también bajarían de intensidad conforme transcurran las horas.

El oleaje alcanzará entre seis y ocho metros de altura en Jalisco y Colima, de cuatro a seis metros en Michoacán y de dos a tres metros en Guerrero. Colima también enfrentará una marea de tormenta de uno a dos metros, que puede elevar temporalmente el nivel del mar e inundar zonas costeras.

La zona de prevención por vientos de huracán abarca desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías. La medida se mantiene en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Diez personas fueron detenidas en el estado de Michoacán tras la ejecución de doce órdenes de cateo realizadas de forma simultánea en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. La acción, realizada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo como objetivo desarticular una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga y al secuestro. Como resultado del operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

El operativo se derivó de labores previas de investigación e inteligencia, mediante las cuales los agentes de seguridad lograron ubicar la zona regional de movilidad de la célula delictiva. Con esa información, las autoridades solicitaron y obtuvieron de un juez de control las órdenes de cateo correspondientes para intervenir de manera simultánea en los tres municipios identificados como área de operación del grupo.

En los despliegues participó la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), cuerpo de agentes de la SSPC formalizado mediante un acuerdo publicado el 1 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La unidad está adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y tiene entre sus funciones planear y ejecutar acciones de inteligencia e investigación orientadas a la identificación y detención de generadores de violencia, así como atender mandamientos ministeriales y judiciales.

El operativo dejó cuatro armas de fuego, cargadores y dosis de droga asegurados

Una vez obtenidas las órdenes judiciales, los elementos de Marina, SSPC y FGR implementaron un operativo coordinado que permitió el ingreso a los domicilios señalados en las doce órdenes de cateo. Durante la intervención, los agentes aseguraron cuatro armas de fuego, además de cargadores, municiones y dosis de droga que fueron localizados en los inmuebles. También se recuperaron dispositivos electrónicos que podrían formar parte de las líneas de investigación abiertas por la FGR.

Los diez detenidos fueron identificados únicamente por su nombre de pila, en apego al protocolo de protección de identidad que aplican las autoridades mexicanas en este tipo de casos.

Se trata de María ”N", José “N”, Teresa “N”, Marco “N”, Andrés “N”, Jorge “N”, Fernando “N”, Ever “N”, Urix “N” y Edgar “N”, todos con el apellido reservado. A cada uno se le leyeron sus derechos de ley de manera inmediata, conforme al procedimiento establecido para este tipo de detenciones, según los reportes oficiales.

Junto con el armamento, la droga y los dispositivos electrónicos asegurados, los diez detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia encargada de determinar su situación jurídica en los próximos días. La célula delictiva desarticulada operaba específicamente en la zona que comprende Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, de acuerdo con la información obtenida durante las labores de inteligencia previas al operativo.

Dos elementos de la SSPC resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante la acción

Dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por disparos de arma de fuego durante el desarrollo de los cateos. Ambos recibieron atención médica inicial por parte de elementos de sanidad de la Secretaría de Marina, quienes se encontraban desplegados como parte del operativo conjunto.

Posteriormente, los dos elementos heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, sin que el comunicado conjunto precisara mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el enfrentamiento armado durante la ejecución de los cateos.

El operativo se enmarcó en las acciones de fortalecimiento de la seguridad que las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad llevan a cabo en el estado de Michoacán, con el objetivo de detener a generadores de violencia en la entidad. Según declaraciones de las mismas autoridades, con estas acciones, Marina, SSPC y FGR reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que drogas y armas lleguen a las calles, y contribuir así a la seguridad de la población michoacana.

En Los Reyes, otro operativo dejó cinco detenidos por extorsión a una empresa refresquera

En las últimas horas, la Guardia Civil de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ejecutó cinco cateos en el municipio de Los Reyes dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La acción derivó en la detención de cinco personas, entre ellas un hombre investigado por su presunta participación en extorsiones contra una empresa refresquera en Zamora.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas, droga, seis máquinas tragamonedas y siete vehículos, seis de ellos con reporte de robo, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Miguel Ángel ‘N’, conocido como ‘Capitán Sol’, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público Federal podrá incorporar nuevos datos al expediente.

La acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) coloca a Miguel Ángel ‘N’ dentro de una estructura denominada Los Primos, relacionada con el llamado huachicol fiscal, particularmente con operaciones para introducir combustibles de manera irregular al país.

El exmarino fue detenido el 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo realizado por la FGR en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su captura ocurrió después de que permaneciera prófugo en relación con la investigación federal.

El enlace entre los Farías y las aduanas

Las indagatorias de la FGR identifican a Miguel Ángel Solano Ruiz como un presunto operador de la estructura conocida como Los Primos, relacionada con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Solano Ruiz habría funcionado como enlace con funcionarios de aduanas y participado en gestiones relacionadas con embarcaciones, permisos y documentación para facilitar operaciones de ingreso de combustibles.

Investigaciones periodísticas y testimonios incorporados a la carpeta también lo ubican en operaciones realizadas en aduanas marítimas como Tampico y Guaymas. En uno de los casos, su nombre aparece relacionado con las gestiones posteriores al aseguramiento del buque Challenge Procyon, que en marzo de 2025 llegó a Tampico con alrededor de 10 millones de litros de combustible.

El expediente también contiene señalamientos sobre movimientos financieros atribuidos al exmarino. La FGR documentó que en 2025 habría adquirido una joyería por más de 400 mil pesos y que entre 2018 y 2025 habría gastado más de seis millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

Señalamientos que mencionan a Andy López Beltrán

El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparece de manera indirecta en testimonios relacionados con la investigación contra la red de huachicol fiscal.

Las referencias no provienen de una acusación directa contra López Beltrán. En los testimonios difundidos, funcionarios aduanales atribuyen a Miguel Ángel Solano Ruiz expresiones en las que habría mencionado al “hijo del Presidente” y a “Andy” durante conversaciones relacionadas con operaciones de combustible.

Uno de los testimonios corresponde a Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien declaró ante la FGR en mayo de 2025. De acuerdo con el contenido difundido de esa declaración, Torres atribuyó a Solano Ruiz una referencia a supuestos “choques políticos” entre Omar García Harfuch y el “hijo del Presidente”, además de afirmar que el conflicto ya había sido resuelto.

La segunda referencia aparece en la declaración de Juan Carlos Soto Picha, funcionario de la Aduana de Guaymas, quien relató que Solano Ruiz habría dicho que informarían al entonces secretario de Marina que una operación relacionada con un buque de combustible era un asunto de “Andy”.

Estas declaraciones no establecen por sí mismas una comunicación directa entre López Beltrán y los funcionarios que rindieron testimonio ni acreditan que el hijo del expresidente haya participado en las operaciones investigadas.

La FGR, de hecho, negó que exista una investigación penal contra López Beltrán por estos hechos y sostuvo que no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria en su contra.

Una investigación que comenzó antes de su captura

El nombre de Miguel Ángel ‘N’ ya había aparecido en una investigación federal antes de su detención. En octubre de 2025, una jueza federal le concedió una suspensión provisional que impedía temporalmente ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

En esa carpeta, la FGR lo señaló como probable integrante de Los Primos y lo relacionó con los hermanos Farías Laguna. La investigación lo ubicó como un posible intermediario para coordinar movimientos de embarcaciones y trámites necesarios para las operaciones bajo investigación.

Ahora, con la vinculación a proceso, la Fiscalía tendrá seis meses para ampliar las indagatorias y establecer la participación que habría tenido Miguel Ángel ‘N’ dentro de la estructura, además de profundizar en las operaciones y en los posibles vínculos con otros involucrados.

El proceso penal continuará con Miguel Ángel ‘N’ sujeto a prisión preventiva oficiosa. La FGR deberá acreditar durante las siguientes etapas procesales la responsabilidad que le atribuye.

El acusado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima relacionada con la posible comercialización de ropa deportiva presuntamente infractora. En atención a esa información, el IMPI emitió las órdenes de inspección correspondientes para verificar los productos que se vendían en los establecimientos señalados, en el marco de la estrategia Operación Limpieza, que las autoridades federales y locales mantienen activa en distintos puntos del Centro Histórico y zonas aledañas.

Nike, Adidas, Puma y FIFA figuraron entre las marcas falsificadas

Durante las inspecciones se aseguraron playeras, shorts, mochilas, sudaderas, chamarras y conjuntos deportivos relacionados con las marcas Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Under Armour, Jordan y FIFA. La inclusión de la FIFA, organismo que rige el futbol a nivel mundial y marca registrada, reflejó el uso no autorizado de licencias deportivas en artículos textiles comercializados en la zona.

Entre los objetos asegurados también figuraron productor de marcas nacionales, como Pirma.

Para la ejecución del operativo participaron 40 inspectores del IMPI, quienes contaron con el apoyo y acompañamiento de elementos de la Dirección de Combate a la Violencia de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina. Las fuerzas de seguridad brindaron resguardo durante el desarrollo de las cuatro visitas, sin que se reportaran incidentes durante las diligencias.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, señaló que el aseguramiento de los productos contribuyó a impedir que mercancía infractora continuara comercializándose y afectara los derechos de quienes cuentan con marcas protegidas en México. Llerenas agregó que el combate a la comercialización de mercancía apócrifa buscó evitar que las personas consumidoras fueran inducidas a error respecto del origen y la autenticidad de los productos que adquirían.

El IMPI informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que resulten procedentes. La Secretaría de Economía, de la cual depende el instituto, indicó que continuará fortaleciendo la coordinación con las autoridades competentes para proteger los derechos de propiedad industrial y respaldar el comercio formal.

Granaditas 30 concentró el mayor volumen de mercancía asegurada

Las inspecciones se llevaron a cabo en cuatro domicilios ubicados en las calles Aztecas 50, Aztecas 58, Aztecas 62 y Granaditas 30. En este último se registró el decomiso más alto: 5 mil 910 piezas, con un valor estimado de 1 millón 160 mil 400 pesos, cifra que por sí sola representó más de la mitad del valor total asegurado en el operativo.

En Aztecas 50 se aseguraron mil 162 piezas, valuadas en 174 mil 300 pesos. En Aztecas 58 el decomiso fue de 774 piezas, con un valor de 232 mil 200 pesos. En Aztecas 62, las autoridades retiraron mil 172 piezas con un valor estimado de 344 mil 650 pesos. Estos tres domicilios, sumados, aportaron 3 mil 108 piezas al total general del operativo.

La diferencia entre los cuatro puntos reflejó la concentración de mercancía en un solo establecimiento: Granaditas 30 representó más del 65% del total de piezas aseguradas en el operativo, pese a que se trató de una sola de las cuatro inspecciones realizadas ese día. El resto de la mercancía se distribuyó de forma más equilibrada entre los tres locales ubicados sobre la calle de Aztecas.

CANACO CDMX reconoció el operativo y lo relacionó con denuncias previas sobre productos asiáticos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) reconoció al IMPI, la Secretaría de Marina y a la SSC por el operativo realizado en Tepito, en atención a las denuncias de la ciudadanía.

El presidente de la Cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco, celebró que la inspección en zonas comerciales se enfocara en autentificar la procedencia de los productos comercializados, con la revisión de los permisos y acreditaciones correspondientes a cada establecimiento visitado.

Gutiérrez Camposeco recordó que, en meses previos, la CANACO CDMX ya había alzado la voz ante la comercialización de productos deportivos de origen asiático de mala calidad en la zona. El dirigente empresarial aplaudió que las autoridades decomisaran y resguardaran mercancía apócrifa de este tipo, en línea con los señalamientos que el organismo había formulado con anterioridad.

El titular del organismo indicó que la venta de artículos de origen asiático no solo afectó a la industria nacional del calzado y textil, sino que también conllevó afectaciones económicas para el sector empresarial y riesgos de seguridad para los consumidores que adquirieron esos productos sin garantía de origen o calidad. La Cámara ofreció su respaldo a las autoridades para dar continuidad a este tipo de inspecciones en el Centro Histórico y zonas comerciales aledañas.

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Marina) aseguraron más de 10,8 millones de cigarrillos de la marca Marlboro ocultos dentro de un contenedor que, según la documentación oficial, transportaba vasos de vidrio. El hallazgo ocurrió en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento quedó bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras continúa el procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el comunicado conjunto de ambas dependencias.

Cómo se detectó el cargamento irregular

El operativo se originó a partir de una alerta emitida por los sistemas aduaneros, relacionada con un posible riesgo en materia de propiedad intelectual. A raíz de esa señal, personal de ANAM y Marina dio seguimiento al contenedor desde su arribo al puerto.

Como parte de las acciones coordinadas, se realizó una revisión mediante equipos de inspección no intrusiva. A través de esa tecnología se detectó un patrón de inconsistencia entre el contenido real y la mercancía declarada en los documentos.

Ante esa discrepancia, las autoridades determinaron realizar una revisión física del contenedor. El procedimiento incluyó una inspección ocular y el apoyo de un binomio canino, que confirmó la presencia de productos distintos a los registrados en los papeles de embarque.

ANAM y Marina localizaron 10.854.000 cigarrillos Marlboro dentro de un contenedor que, de acuerdo con su etiquetado, debía transportar vasos de vidrio. El hallazgo se originó por una alerta de riesgo en propiedad intelectual y derivó en una inspección física que confirmó la mercancía oculta.

Hallazgo de más de 10 millones de cigarrillos

Durante la apertura del contenedor, los elementos localizaron 882 cajas de cartón que contenían un total de 10.854.000 cigarrillos. Se trata de una cifra que contrasta de forma directa con la carga declarada en los documentos de embarque.

De los vasos de vidrio que, según esa documentación, debían ocupar la totalidad del contenedor, únicamente se contabilizaron 70 cajas. La diferencia entre lo declarado y lo encontrado motivó que la mercancía fuera registrada como irregular.

Posible afectación a la propiedad intelectual

Tras el decomiso, ANAM y Marina registraron la información en el sistema correspondiente con el objetivo de notificar al propietario o representante legal de la marca Marlboro. El procedimiento busca determinar si existe una afectación a los derechos de propiedad intelectual sobre esa marca registrada.

La mercancía permanece bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la normatividad vigente en materia aduanera y de propiedad industrial.

ANAM y Marina señalaron que este tipo de operativos busca fortalecer la vigilancia en las aduanas del país frente al ingreso de mercancías que infringen marcas registradas.

Antecedentes de decomisos en Lázaro Cárdenas

El puerto de Lázaro Cárdenas se ha convertido en un punto recurrente de detección de cargamentos irregulares de tabaco. El 20 de agosto, ANAM y Marina localizaron en ese mismo recinto portuario 52,5 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Vietnam, durante una operación de transbordo.

Días antes del hallazgo actual, el 5 de octubre, autoridades federales iniciaron además la destrucción de más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos en esa misma aduana. Se trata de 1.079.380 cajetillas, con un valor aproximado de 5.396.900 pesos, provenientes de Asia.

Esa mercancía, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía, infringía los registros marcarios de Marlboro y Marlboro y Diseño. El organismo emitió la resolución que declaró las infracciones administrativas y ordenó la destrucción total de los productos asegurados, debido al riesgo que esos cigarrillos representaban para la salud de la población.

Para ese proceso, las autoridades utilizan una trituradora especial destinada al tratamiento de este tipo de mercancía, con trabajos que se prevé duren nueve días dentro de las instalaciones de la aduana de Lázaro Cárdenas.

Destrucción de cajetillas apócrifas en el mismo puerto

Además, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina y la ANAM iniciaron el 5 de octubre la destrucción de 1.079.380 cajetillas de cigarros apócrifos en las instalaciones de la aduana de Lázaro Cárdenas.

El proceso se dio a conocer mediante un comunicado conjunto de las tres dependencias, fechado en Ciudad de México. Según ese documento, los productos provenían de Asia y fueron asegurados en el recinto mediante medidas de suspensión de la libre circulación.

La mercancía, con un valor aproximado de 5.396.900 pesos, infringía los derechos de propiedad industrial de los registros marcarios MARLBORO y MARLBORO Y DISEÑO.

Para eliminar la totalidad de las cajetillas, las autoridades utilizan una trituradora especial y ecológica destinada al tratamiento de este tipo de producto. Se prevé que los trabajos tengan una duración de nueve días.

Resolución del IMPI y protección a la marca

Tras concluir los procedimientos administrativos correspondientes, el IMPI emitió la resolución que declaró las infracciones y ordenó la destrucción de los bienes asegurados. El organismo señaló que los cigarrillos representaban un riesgo para la salud de la población.

En el comunicado conjunto, la Marina, la Secretaría de Economía, a través del IMPI, y la ANAM reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de propiedad industrial y el combate a la circulación de productos apócrifos.

Las tres dependencias indicaron que este tipo de acciones busca contribuir a un entorno de comercio legal y proteger la salud de las personas consumidoras.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado de Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad de México para reforzar la seguridad en Sinaloa y debilitar las estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, durante la intervención las autoridades localizaron 150 litros de precursores químicos líquidos, además de más de 92 kilos de precursores químicos sólidos.

En el lugar también fueron asegurados dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diversas herramientas.

Localizan equipo utilizado para la producción de drogas

El laboratorio fue ubicado durante acciones de vigilancia e investigación realizadas de manera coordinada por las instituciones de seguridad federales.

El aseguramiento del inmueble representa una intervención contra uno de los puntos utilizados presuntamente para el procesamiento de sustancias químicas relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.

Entre los objetos encontrados se encuentran equipos como destiladores, centrifugadoras y mezcladoras, además de recipientes y herramientas necesarias para manipular los precursores químicos.

Las autoridades también aseguraron dos vehículos que se encontraban en el sitio.

El hallazgo se suma a las operaciones realizadas por fuerzas federales en Sinaloa para detectar instalaciones clandestinas relacionadas con la producción de sustancias ilícitas.

La intervención fue informada por el Gabinete de Seguridad, que señaló que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para impedir que las organizaciones criminales continúen utilizando instalaciones clandestinas para la fabricación de drogas.

Aseguran más de 92 kilos de precursores sólidos

De acuerdo con el reporte oficial, en el laboratorio había 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.

La dependencia no detalló en el comunicado la identidad de alguna organización criminal a la que pertenezca el laboratorio ni informó sobre personas detenidas durante el operativo, pero en la zona opera principalmente en Cártel de Sinaloa.

Tampoco se precisó qué tipo de droga sintética se habría producido específicamente en el inmueble.

Sin embargo, el aseguramiento de los equipos y sustancias permitió a las autoridades inhabilitar el sitio, evitando que continuara siendo utilizado para actividades relacionadas con la producción de drogas.

El operativo también implicó el aseguramiento de diversos instrumentos empleados para el manejo de sustancias químicas, entre ellos tres destiladores, dos centrifugadoras y tres mezcladoras.

A estos objetos se sumaron una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y distintas herramientas localizadas dentro del inmueble.

Sinaloa, uno de los principales objetivos contra drogas sintéticas

El aseguramiento ocurre en un contexto de operativos federales contra la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa, donde las autoridades han intensificado las acciones para localizar instalaciones utilizadas por organizaciones criminales.

La estrategia del Gabinete de Seguridad contempla la coordinación entre instituciones federales para intervenir puntos vinculados con actividades ilícitas y decomisar sustancias y materiales utilizados para fabricar narcóticos.

En este caso participaron elementos de la Semar, la SSPC y la FGR, quienes llevaron a cabo las acciones en el poblado de Las Tinajas, perteneciente al municipio de Elota.

El Gobierno de México señaló que este tipo de operativos buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas, además de evitar que las sustancias lleguen al mercado y afecten a la población.

El laboratorio localizado en Elota se suma así a los aseguramientos de instalaciones clandestinas y precursores químicos realizados durante los últimos meses en Sinaloa.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen de las sustancias, el propósito de los equipos asegurados y, en su caso, establecer quiénes estarían detrás de la operación del inmueble.

Contexto: narcolaboratorios también son detectados en California

El aseguramiento en Sinaloa ocurre mientras autoridades de Estados Unidos también han reportado operativos contra instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de metanfetamina.

Reciéntemente, a Administración de Control de Drogas (DEA) desmanteló un laboratorio clandestino en una zona rural del Valle Central de California y detuvo a cinco personas originarias de Sinaloa.

En aquella operación fueron asegurados aproximadamente 970 kilos de metanfetamina, entre producto sólido y líquido, además de armas de fuego y dinero en efectivo.

La intervención contó con la participación de agentes de la DEA y autoridades de los condados de Kern y San Bernardino. Debido a la presencia de sustancias químicas peligrosas, también fue necesaria la intervención de una unidad especializada en materiales peligrosos.

Mientras en Estados Unidos las autoridades han reforzado las investigaciones contra laboratorios vinculados con la producción de metanfetamina, en Sinaloa las instituciones federales mantienen operativos para localizar y desmantelar instalaciones clandestinas y asegurar precursores químicos antes de que sean utilizados para fabricar drogas sintéticas.

Este miércoles, debido a diversas denuncias relacionadas con productos pirata, elemento de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional, encabezados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), llevaron a cabo un operativo en la colonia Morelos, en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc con la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Dicho operativo se llevó a cabo en la calle de Aztecas, tras recibir denuncias por productos pirata.

En el lugar se revisaron varios locales de la zona. El operativo se llevó a cabo sin mayor contratiempo, y se revisó la documentación y procedencia lícita de los productos que se comercian ahí.

Los comercios que se encuentran en la zona de Tepito y que no fueron revisados, operaron con normalidad, al igual que el paso para las personas en los pasillos centrales del mercado. Diversos locales fueron resguardados por las autoridades en lo que se llevó a cabo la diligencia.

La revisión se llevó a cabo en, al menos, cuatro locales de la zona, donde se decomisaron diversos materiales textiles.

De cigarros a juguetes: más de 11 millones de productos pirata fueron asegurados en siete meses

La Fiscalía General de la República aseguró 11 millones 602 mil 334 productos de marcas posiblemente falsificadas entre enero y julio de 2026, con un valor comercial legítimo estimado de 3 mil 114 millones 195 mil 283 pesos. Los artículos fueron interceptados antes de ingresar a los canales de venta al público, en operativos coordinados por la unidad especializada en delitos contra la propiedad industrial.

La dependencia informó que las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). Los resultados del periodo reflejan una tendencia creciente en las capacidades de detección e intervención de esa unidad.

El 59% de los productos asegurados fue hallado en contenedores, lo que los posiciona como el canal de ingreso más utilizado para introducir mercancía ilegal al país.

Entre los artículos más frecuentes figuran cajetillas de cigarros y productos de tabaco, tenis y artículos deportivos, mochilas, bolsas y carteras, prendas de vestir, juguetes y figuras coleccionables. También se decomisaron gorras, bisutería, termos y accesorios electrónicos con marcas presuntamente apócrifas.

La FEIDCDP empleó inspecciones en contenedores y el rastreo de envíos identificados mediante guías como métodos principales de detección. Esa combinación de técnicas permitió interceptar los cargamentos antes de que los productos alcanzaran puntos de venta.

La distribución de los aseguramientos no fue uniforme a lo largo del periodo. El primer trimestre registró un incremento sostenido, mientras que el segundo concentró el 75% del volumen total asegurado entre enero y julio.

Junio fue el mes de mayor impacto operativo: en ese mes se concentró el 47.6% de todos los productos asegurados en el periodo de siete meses. La FGR no precisó en el comunicado los operativos específicos que explican ese pico.

Julio, por su parte, registró el segundo mayor valor económico mensual del periodo. En ese mes, las acciones de inspección en contenedores y envíos permitieron evitar la comercialización de más de un millón de artículos.

El hecho más relevante de julio ocurrió en el estado de Querétaro, donde la FEIDCDP ejecutó el primer operativo de cateo de esta naturaleza en los últimos siete años.

En cumplimiento de una orden de cateo, los agentes aseguraron 2 mil 2 artículos: mil 955 pares de calzado y 47 piezas diversas, con un valor comercial estimado de 5 millones 680 mil 700 pesos.

El operativo también dejó como resultado el aseguramiento de un inmueble y diversos dispositivos móviles. Dos personas fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial competente.

El consumo de productos falsificados en México alcanzó 63 mil 262 millones de pesos en 2025, casi 50% más que una década atrás, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). El fenómeno afecta cerca de 70 mil empleos formales, concentrados en el sector textil, deportivo y minorista, donde ropa, calzado y accesorios encabezan los productos más falsificados. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuantificó una pérdida fiscal por contrabando de 22 mil 843 millones de pesos en 2025, un incremento de más del 200% frente a los 7 mil 254 millones registrados en 2024, mientras organismos empresariales advierten que el crimen organizado utiliza la falsificación como mecanismo de lavado de dinero y control territorial.

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre la intercepción de una embarcación menor en aguas de Ensenada, Baja California, en la que eran trasladadas ocho personas que presuntamente serían llevadas de manera ilegal hacia Estados Unidos.

El operativo fue realizado el lunes 6 de octubre por personal de la Armada de México durante recorridos de vigilancia marítima en inmediaciones de Ensenada. Los elementos navales localizaron una embarcación tipo panga en la que viajaban las ocho personas.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, cuatro de los ocupantes eran de nacionalidad extranjera. Además de las personas que viajaban a bordo, los elementos localizaron cinco bidones con combustible, por lo que la embarcación fue conducida hasta puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

Marina identifica a presunto responsable del traslado

Durante la intervención, personal naval identificó entre los ocupantes a un presunto infractor, señalado por su posible vínculo con operaciones relacionadas con el traslado ilegal de personas.

La Semar indicó que, una vez que la embarcación arribó a las instalaciones del Mando Naval, personal de Sanidad Naval proporcionó atención médica a las personas que habían sido trasladadas.

La revisión médica determinó que las ocho personas se encontraban en buen estado de salud, por lo que no se reportó que alguna de ellas requiriera atención hospitalaria.

Posteriormente, las personas involucradas fueron informadas de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

La dependencia no detalló en el comunicado la nacionalidad de las cuatro personas extranjeras ni precisó hacia qué punto de Estados Unidos presuntamente serían trasladadas.

El operativo se suma a otras acciones realizadas por la Armada de México en las inmediaciones de Ensenada para detectar embarcaciones utilizadas presuntamente en el traslado irregular de personas por vía marítima.

En septiembre, Marina interceptó dos yates con 45 personas

El caso ocurre apenas unas semanas después de otro operativo realizado por la Semar en la misma zona. El pasado 26 de septiembre, la dependencia informó sobre la intercepción de dos embarcaciones tipo yate en inmediaciones de Ensenada, en las que eran trasladadas ilegalmente hacia Estados Unidos 45 personas de nacionalidad mexicana.

En aquella intervención, realizada por personal de la Segunda Zona Naval, fueron localizados 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, quienes viajaban a bordo de las embarcaciones.

La operación también permitió asegurar aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, distribuidos en 23 bidones. Debido a las condiciones del traslado y a la presencia del combustible, tanto las embarcaciones como sus ocupantes fueron conducidos a puerto.

En ese operativo, la Marina reportó además la detención de cinco presuntos infractores, señalados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos.

Al llegar a las instalaciones navales, los 45 rescatados recibieron atención por parte de personal de Sanidad Naval, que determinó que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, las personas y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Los dos operativos registrados en septiembre y octubre muestran que la vigilancia marítima en las costas de Ensenada ha permitido detectar distintas embarcaciones utilizadas presuntamente para intentar trasladar personas de manera irregular hacia territorio estadounidense.

En el caso más reciente, corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si el detenido tuvo alguna responsabilidad en el traslado ilegal de las ocho personas localizadas a bordo de la panga.

Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano impuso este 4 de octubre la medida cautelar de prisión preventiva justificada al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel “N”, conocido como el Capitán Sol, detenido tres días antes en Zapopan, Jalisco, tras casi un año prófugo por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.

La audiencia, realizada por videoconferencia dentro de la causa penal 325/2025 —la misma que involucra a los hermanos Farías Laguna—, se extendió por casi ocho horas. La Fiscalía General de la República aportó más de medio centenar de elementos de prueba; el exmilitar se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial determinará el jueves si lo vincula a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Cerca de 300 días prófugo entre Europa y domicilios en México

Miguel Ángel Solano Ruiz fue localizado la noche del 1 de octubre en el fraccionamiento residencial Villa Verona, en Zapopan, donde las viviendas llegan a costar hasta 17 millones de pesos, según portales inmobiliarios. Fue sorprendido en short y playera y no opuso resistencia al cateo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la localización fue resultado de cerca de 300 días de labores de inteligencia que permitieron identificar diversos domicilios en el país, así como movimientos del exmarino en Francia, Grecia, Mónaco y España.

En octubre de 2025, el periodista Rubén Mosso reportó que una jueza federal le había concedido una suspensión provisional que detuvo temporalmente la primera orden de aprehensión en su contra.

Tras su captura, fue trasladado vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca para su ingreso al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El operador que reclutaba, sobornaba y distribuía el dinero

Según Reforma, Solano Ruiz pasó a situación de retiro el 16 de febrero de 2018 y desde esa fecha dejó de pertenecer al servicio activo de la Armada de México. Antes de su salida, se desempeñó como coordinador externo en Aduanas, cargo que le permitió construir la red de contactos que después operaría para el esquema de contrabando.

Al interior de la Marina era conocido con distintos apodos: “Sol”, “Mike”, “MK”, “Fantasma” y, según documentó el periodista Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también como “El Rey del Fentanilo”. Olmos explicó a Radio Fórmula que este último alias añade un nivel de gravedad al caso, pues existen señalamientos adicionales que lo vinculan no solo al contrabando de combustible, sino también al tráfico de drogas sintéticas.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR en torno al huachicol fiscal, Miguel Ángel Solano Ruíz operaba junto con su presunto cómplice Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío, como enlace con los titulares de aduanas de Tampico, Veracruz y Ensenada.

Pese a recibir una pensión mensual de 18,785 pesos como exmilitar retirado, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentan que Solano Ruiz realizó 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024: 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

La FGR documentó también 400 avisos de operaciones relacionados con juegos de apuestas entre 2015 y 2023, con un gasto atribuido de 52,128,239 pesos. En 2025 habría adquirido una joyería por más de 400,000 pesos, y entre 2018 y 2025 gastó más de 6 millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

El testimonio que lo coloca invocando el nombre de Andy

El capitán Solano Ruiz aparece en al menos dos testimonios ministeriales como la persona que invocó el nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para destrabar el zarpe de un buque cargado con combustible de contrabando.

Según el acta ministerial del testigo identificado con las iniciales JCSP, difundida por el periodista Arturo Ángel, el 21 de marzo de 2025 Solano le dijo que avisarían “al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”. El mismo testigo añadió: “Esto es solo para tus ojos”.

El documento detalla que, mientras la Fiscalía de Sonora se dirigía al puerto de Guaymas, Solano ordenó frenar la operación de los equipos de UNAPROP y aseguró que ya estaba resuelto “a nivel central”. En una hora, el buque Torm Agnes había concluido maniobras de zarpe antes de que llegara el personal ministerial.

El testigo relata que, pasados los hechos, un operador identificado como Ernesto Cordero repartió 1 millón 500,000 pesos en sobornos entre el personal aduanal involucrado.

El periodista Raúl Olmos, autor del libro El huachicol fiscal, la madre de todas las estafas, explicó en entrevista con Radio Fórmula que existe otra declaración independiente que involucra al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la declaración del capitán Alejandro Torres Joaquín, alias “Santo”, exdirector de la aduana de Tampico, fechada el 13 de mayo de 2025. Según Olmos, éste relató que Solano le respondió, cuando le advirtió sobre el riesgo de que se detectara el contrabando: “Me contestó que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad, Harfuch, y el hijo del presidente, pero que ya habían llegado a un acuerdo”.

Olmos subrayó que en ninguno de los casos la Fiscalía profundizó el interrogatorio para precisar a cuál hijo de López Obrador se referían ni qué tipo de “acuerdo” existía.

“Cuando uno lee el expediente y lee las declaraciones, es bien curioso cómo se corta abruptamente el interrogatorio y lo cambian a otro tema”, dijo.

A finales de septiembre, el diario The New York Times reportó que agencias estadounidenses analizaban de forma informal posibles vínculos de López Beltrán con el contrabando de combustible.

Sin embargo, la FGR encabezada por Ernestina Godoy ha dicho que es falso que se le esté investigando al hijo de AMLO: “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

Una “flota oscura” vinculada al CJNG y más de cien empresas bajo la lupa

Arturo Ángel, director editorial de Entorno Mx, coincidió en entrevista en el mismo medio, en que otro testigo colaborador, con grado de almirante, relató la misma frase atribuida a Solano. Detalló que el Torm Agnes fue identificado previamente por la agencia Reuters como parte de una “flota oscura” vinculada a una empresa fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ángel precisó que la carpeta de investigación de la que emanan las órdenes de aprehensión contra Solano y los demás implicados contiene más de 100 empresas mencionadas, lo que apunta a una estructura que trasciende a los operadores ya detenidos.

El periodista agregó que la Casa Blanca, en un pronunciamiento enviado al Capitolio sobre la situación de los cárteles en México, mencionó el control de aduanas como uno de los pendientes de la agenda bilateral de seguridad.

La defensa de los Farías Laguna exige citar al exsecretario Ojeda Durán

El abogado Epigmenio Mendieta, representante legal de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, dijo a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula que sus defendidos no tuvieron contacto directo con Capitán Sol ni recibieron dinero de su parte, según la revisión de las intervenciones telefónicas realizada por la Fiscalía.

Mendieta afirmó que el fallecido contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar intentó reclutar a Fernando Farías Laguna en 2022 para integrarse a la red, propuesta que este habría rechazado, de acuerdo con una carta que el propio contralmirante entregó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

El abogado insistió en que la Fiscalía mantiene pendiente desde el 27 de agosto la orden judicial para localizar y hacer comparecer a Ojeda Durán, quien figura como asesor del actual titular de la Semar, Raymundo Morales.

Calculó la afectación al erario federal atribuida a la red en 740,000 millones de pesos y cuestionó que, pese a esa cifra, no se haya citado a declarar a ningún funcionario de primer nivel del sexenio de López Obrador.

El 11 de junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar acusó directamente al Capitán Sol ante el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, en una reunión que posteriormente fue grabada y difundida. Ojeda le pidió entregar su testimonio por escrito, y tres días después, el 14 de junio de 2024, Guerrero Alcántar presentó la carta formal.

El contralmirante fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, meses después de haber señalado directamente a Solano ante la cúpula naval.

La Guardia Costera de Estados Unidos había interceptado previamente al “Grace” el 5 de septiembre en el mar Caribe, entre Cuba y México, cuando presuntamente transportaba combustible con destino a la isla, empleando tácticas de evasión propias de flotas clandestinas, de acuerdo con la agencia Reuters. Según el comunicado de la propia Guardia Costera, citado por Reuters este 2 de octubre, un equipo de inspección de la Armada mexicana confirmó después grandes cantidades de combustible en los tanques de lastre del buque, aunque esa información no está presente en el mensaje oficial de la Semar.

El aseguramiento se dio en coordinación con la FGR y autoridades portuarias

La Armada de México, a través de la Quinta Región y la Novena Zona Naval, informó que el aseguramiento del “Grace” fue resultado de una operación conjunta entre la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Aduana de Progreso, la Capitanía de Puerto Regional de Progreso y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el comunicado oficial -con fecha del mes de septiembre y día 17- la intervención se derivó de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, en las que cada dependencia actuó conforme a sus protocolos respectivos. La Semar señaló que las instituciones participantes actuaron en estricto apego a la normatividad nacional e internacional, conforme a los instrumentos establecidos por la Organización Marítima Internacional.

El aseguramiento se produjo en el marco de la estrategia nacional de seguridad. La Secretaría de Marina indicó que la acción buscaba garantizar la seguridad nacional y el respeto al Estado de Derecho, y refrendó su compromiso de combatir cualquier actividad que atentara contra la seguridad y la protección de los intereses marítimos nacionales. La dependencia agregó que la intervención contribuía al fortalecimiento de las medidas de seguridad y vigilancia en los puertos del país, sin mencionar las suposiciones de que la embarcación tenía como destino final Cuba.

La Guardia Costera de EEUU escoltó al buque hasta México antes del aseguramiento formal

Un equipo de la Guardia Costera estadounidense abordó el “Grace” en altamar y lo escoltó hasta territorio mexicano, donde se realizó la inspección que determinó las presuntas violaciones ambientales, según el comunicado de la Guardia Costera reproducido por Reuters. El buque también transportaba varios contenedores que, de acuerdo con la misma fuente, se creía contenían combustible ilícito.

El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo a Reuters: “Alta mar no es un refugio para la ilegalidad. Quienes operan en la clandestinidad y emplean tácticas engañosas para llevar a cabo actividades ilícitas no escaparán a la justicia”.

El reporte de la agencia de noticias, firmado por Katharine Jackson, se publicó este 2 de octubre de 2026. El texto no precisó cómo las autoridades determinaron que el combustible tenía como destino final Cuba, ni la cantidad exacta que transportaba el buque. El diario The New York Times reportó, por su parte, que la embarcación medía 91 metros de eslora, cifra que difiere de los 100.8 metros señalados por la Semar en su comunicado oficial.

El contexto: bloqueo petrolero contra Cuba tras la caída de Maduro

La interceptación del “Grace” ocurrió en medio del bloqueo petrolero que la administración de Donald Trump mantiene contra Cuba desde principios de 2026, el cual ha generado escasez de combustible y apagones agravados por el deterioro de la infraestructura eléctrica de la isla.

Los envíos de petróleo procedentes de los proveedores tradicionales de Cuba —Venezuela y México— cesaron de forma abrupta después de que Estados Unidos capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026. Desde entonces, la Guardia Costera estadounidense patrulla las aguas cercanas a la isla, mientras sanciones y amenazas han disuadido a otros petroleros incluso de zarpar hacia territorio cubano.

El gobierno de Estados Unidos no ofreció detalles adicionales sobre el destino final del “Grace” tras su aseguramiento en el puerto de Progreso, y la Secretaría de Marina tampoco especificó una fecha para la conclusión del proceso legal derivado de las presuntas infracciones ambientales detectadas en la embarcación.

El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, afirmó la mañana de este 2 de octubre, en entrevista con Areli Paz en W Radio, que la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como el “Capitán Sol”, fortalece la defensa de sus clientes. Según Mendieta, al “Capitán Sol” se le atribuye haber creado la organización criminal conocida como “Los Primos”.

El “Capitán Sol” fue detenido la noche del 1 de octubre en el fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, Jalisco, según informó un comunicado conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con su captura, las trece personas mencionadas en la orden de aprehensión librada el 19 de agosto de 2025 contra la organización quedaron detenidas.

Mendieta señaló al “Capitán Sol” como fundador de la red y operador del movimiento de recursos

Mendieta afirmó que, según la información que obraba dentro de la carpeta de investigación, al “Capitán Sol” se le atribuía ser quien creó realmente la organización criminal y quien movía una gran cantidad de recursos dentro de la estructura. El abogado presentó este señalamiento como un elemento que desplazaba la atribución de liderazgo que la Fiscalía había hecho recaer sobre sus clientes.

El defensor sostuvo que un entramado tan grande y complejo, con tantas personas, empresarios y tramos de responsabilidad involucrados, no podía ser operado únicamente por dos personas.

Mendieta consideró que la Fiscalía podría tener ahora en el “Capitán Sol” a la persona que realmente buscaba con el carácter de líder de la organización criminal, en lugar de atribuir esa responsabilidad a otros señalados, entre ellos los hermanos Farías, a quienes la FGR había identificado públicamente como los presuntos organizadores de la red. El abogado dijo que esta detención resultaba útil no solo para la defensa de sus clientes, sino para el esclarecimiento de los hechos.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México confirmaron que Miguel Ángel Solano Ruiz es identificado en las investigaciones como presunto integrante de “Los Primos” y colaborador de los hermanos Farías. Según estas fuentes, el “Capitán Sol” operaba como enlace en la coordinación de embarcaciones, permisos y documentación aduanera vinculados con la introducción irregular de combustibles al país.

La orden de aprehensión ejecutada en su contra correspondió a la causa penal 325/2025, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, de acuerdo con la misma información recabada por este medio. El comunicado oficial precisó que la investigación se desarrolló durante cerca de 300 días e incluyó el rastreo de domicilios en el país y movimientos financieros en Francia, Grecia, Mónaco y España.

La orden contra el “Capitán Sol” seguía vigente pese a un amparo

En la misma entrevista de W Radio, el abogado Mendieta reveló que el “Capitán Sol” había obtenido un amparo concedido por un juzgado de distrito auxiliar en Culiacán, Sinaloa, por una violación de forma al momento de librarse la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, explicó que la FGR interpuso un recurso de revisión contra esa resolución, lo que mantuvo vigente la orden y permitió su cumplimentación.

Mendieta destacó durante la entrevista las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Santo”, quien señaló que invitaron a Fernando Farías Laguna a formar parte de la organización desde 2022 y que él rechazó tener comunicación con el grupo y con las aduanas vinculadas a la red. El abogado dijo que Fernando cortó toda comunicación desde ese momento.

El defensor agregó que ninguno de los testigos mencionados en la carpeta de investigación hizo referencia a que Manuel Roberto Farías Laguna o Fernando se hubieran reunido con el “Capitán Sol”, ni que hubiera tenido comunicación con él, ni que le hubiera entregado alguna cantidad de dinero. Mendieta concluyó que esto demostraba que los hermanos Farías no solo no eran los líderes de la organización, sino que además rechazaron integrarse cuando fueron invitados.

El “Capitán Sol” sería clave para conocer si Andy López Beltrán tiene relación con la red

Mendieta señaló durante la entrevista que, de acuerdo con un testigo, cuando un buque se atoró en Guaymas, el “Capitán Sol” habría planteado avisar al entonces secretario de Marina que el tema estaba relacionado con Andy López Beltrán, con el fin de destrabarlo. El abogado afirmó que, con la persona que supuestamente hizo esa aseveración ya detenida, existía la posibilidad de corroborarla o desmentirla directamente.

Nayeli Roldán, periodista y analista del programa en W Radio, leyó durante la transmisión un fragmento de la declaración del testigo protegido, publicada semanas antes por el periodista Arturo Ángel, en la que se menciona por su apellido al “Capitán Sol”: “Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control. Me dijo que ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Y me dijo: ‘Esto es solo para tus ojos’”.

Los hermanos Farías Laguna permanecen recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculados a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Manuel Roberto fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca, mientras se desempeñaba como vicealmirante. Fernando fue arrestado en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026 con identidad falsa, y trasladado a México el 21 de agosto de este año tras un acuerdo de expulsión emitido por las autoridades argentinas.

El “Capitán Sol” también fue trasladado al penal de El Altiplano, donde se espera que en los próximos días se lleve a cabo su audiencia inicial.

Miguel Angel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, llegó este viernes antes del medio día al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, tras ser detenido durante la madrugada por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El Capitán Sol es un capitán de corbeta retirado de la Marina y presunto líder de una red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.

Detención de “Capitán Sol”

La Secretaría de Marina informó la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, capturado este viernes en Zapopan, Jalisco, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El operativo se realizó tras trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, según el comunicado de la Semar. En la acción participaron también la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Miguel Ángel Solano Ruiz es identificado en investigaciones previas como “El Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado de la Marina y presunto líder de una red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país. La causa penal 325/2025 la FGR lo señala como pieza central del esquema, encargado de gestionar pagos a funcionarios aduanales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su arresto ocurrió en un inmueble ubicado en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan Ocotán, en Zapopan, Jalisco. Miguel Ángel N fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch, a las 00:52 horas de este viernes. En el lugar, se cumplimentó una orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Al momento de su detención, a Solano Ruiz le fueron leídos sus derechos y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Asimismo, ya fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso judicial.

El Capitán Sol, se informó, se encuentra en traslado bajo la custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, detallaron autoridades, el detenido estuvo involucrado en el desembarque de 31 buques en aduanas de Altamira y Tampico, con los cuales, se cometió, presuntamente, el paso de combustible.

“Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Seguiremos informando sobre los resultados de estas acciones”, posteó la Secretaría de Marina en su cuenta de X.

De acuerdo con la ficha difundida por el Registro Nacional de Detenciones, Solano Ruiz tiene una estatura aproximada de 1.65 metros, es de tez morena clara y complexión delgada media, cabello oscuro, barba y bigote cortos, y al momento de su detención, vestía un abrigo color café a cuadros, un pants color negro, zapatos mocasines negros, una gorra color azul con la leyenda París.

Por medio de un comunicado, la Semar informó que se realizaron labores de inteligencia y análisis de información técnica que permitieron identificar diversos domicilios en el país relacionados con el detenido, así como movimientos en Francia, Grecia, Mónaco y España.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes cercanas al caso a Infobae México, Miguel Angel Solano Ruiz es identificado dentro de las investigaciones como presunto integrante de la red delictiva conocida como “Los Primos” y como colaborador de los hermanos Farías.

Además, es uno de los objetivos pendientes de localización y detención dentro de esta línea de investigación y con su captura se avanza sobre otro de los presuntos operadores vinculados con esta estructura.

Su detención fortalece las investigaciones que se siguen en torno a los hermanos Farías, al permitir profundizar en la identificación de participantes, funciones, vínculos y mecanismos de operación de la presunta red. Las investigaciones identifican a Solano Ruiz como un presunto enlace en la coordinación de embarcaciones, permisos y documentación aduanera relacionados con operaciones de introducción irregular de combustibles.

La orden ejecutada para su detención corresponde a la causa penal 325/2025, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Ya lo habían relacionado con apuestas por 60 mdp

Cabe destacar que en septiembre de 2025, hace poco más de un año, se dio a conocer que Solano Ruiz recibía, de su retiro, 18 mil 785 pesos mensuales, sin embargo, en 5 años, había gastado más de 60 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y casinos.

Desde entonces se le acusaba de ser parte de la red de corrupción en las Aduanas para permitir que entrara huachicol fiscal.

De 2015 a 2023 el hipódromo y lo casinos reportaron 400 alertas a las autoridades hacendarias, por las apuestas del Capitán Sol, de acuerdo con la investigación de la FGR.

Aunado a esto, tenía 11 cuentas bancarias y había adquirido 8 inmuebles (seis en Veracruz y dos en la CDMX) por 13 millones de pesos.

“No es congruente cómo un jubilado pueda llevar una vida con gastos superiores a 60 millones de pesos, siendo evidente que rebasan sus percepciones como asalariado, tiene un alto manejo de efectivo identificado para el pago de bienes inmuebles y juegos de azar (apuestas), y ha sido señalado por instituciones bancarias por formar parte de una red criminal relacionada con huachicol fiscal”, señaló la FGR.

Solano Ruiz, además, recibió 5 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República, de acuerdo con la indagatoria.

A casi nueve meses de la desaparición del teniente activo de la Marina Iván Daniel Robles Guillermo, su familia mantiene la búsqueda y exige a las autoridades acelerar las investigaciones para establecer su paradero.

El teniente, de 44 años de edad, desapareció después de salir del puerto de Veracruz, donde radica, con dirección a Valle de Bravo, Estado de México, el pasado 7 de enero. Desde esa fecha, sus familiares no han tenido información que permita establecer dónde se encuentra.

La desaparición dio lugar a una investigación en Puebla debido a que, días después de que se perdió contacto con el marino, su vehículo fue localizado en las inmediaciones del municipio de Amozoc.

De acuerdo con sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) abrió la carpeta de investigación 046/2026, mediante la cual se han realizado diligencias encaminadas a localizar al teniente.

Localizan su vehículo cuatro días después

Uno de los principales elementos con los que cuentan las autoridades para reconstruir los últimos movimientos de Robles Guillermo es el hallazgo de su automóvil.

Cuatro días después de su desaparición, el vehículo fue localizado en una brecha cercana a Amozoc, Puebla. Durante las diligencias realizadas en el automóvil, elementos ministeriales encontraron algunas pertenencias del teniente, entre ellas un teléfono celular.

El hallazgo del vehículo en una zona distinta a su punto de partida incrementó la incertidumbre entre sus familiares, quienes desde entonces esperan que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió durante el trayecto y cuáles fueron sus últimos movimientos conocidos.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha informado públicamente cuáles son las líneas de investigación que sigue para esclarecer la desaparición del integrante activo de la Marina.

La familia, mientras tanto, continúa a la espera de información oficial que permita conocer si las autoridades han identificado algún indicio que conduzca a su localización.

Familia señala falta de una línea clara de investigación

Los familiares del teniente también señalaron que, hasta el momento, no existe una línea clara de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque la ficha de búsqueda de Iván Daniel Robles Guillermo permanece activa.

Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares han decidido mantener una estrategia propia de búsqueda de manera paralela a las acciones emprendidas por las autoridades.

La familia ha reiterado su esperanza de encontrarlo y pidió que las instituciones encargadas del caso refuercen y aceleren las labores de investigación y localización.

La desaparición de Robles Guillermo ocurre mientras distintas autoridades mantienen mecanismos de búsqueda para personas cuyo paradero se desconoce. En su caso, el hecho de que se trate de un teniente activo de la Marina y que su vehículo haya sido encontrado días después en una brecha de Amozoc forma parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente que el teniente haya sido localizado, ni se han dado a conocer detalles sobre su posible ubicación.

La familia permanece a la espera de avances y continúa con la búsqueda por sus propios medios, mientras la carpeta de investigación permanece abierta.

La ofensiva federal desplegada durante la última semana en Sinaloa dejó una sucesión de detenciones y aseguramientos que alcanzó a presuntos integrantes de Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde septiembre de 2024.

Entre el 19 y el 25 de septiembre, las autoridades informaron de distintos operativos en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa que derivaron en la captura de presuntos integrantes de estructuras criminales, además de decomisos de armas largas, cartuchos, explosivos, drogas y vehículos.

La secuencia comenzó el 19 de septiembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina fueron agredidos durante recorridos terrestres en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango.

Tras repeler la agresión, las fuerzas federales detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron 17 armas largas, más de 120 cargadores, cartuchos, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal.

Las autoridades ubicaron el despliegue como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, aunque en ese momento no atribuyeron públicamente a los detenidos una de las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Tres días después, el 22 de septiembre, la operación alcanzó a un presunto operador con funciones logísticas dentro de una estructura criminal asentada en Mazatlán.

Jesús Antonio “N” fue detenido junto con otras tres personas durante una acción coordinada por la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Marina y Defensa, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era identificado como operador logístico y generador de violencia y se encargaba de coordinar actividades relacionadas con el abastecimiento, la logística operativa y la administración de recursos vinculados con la comercialización de narcóticos en el municipio.

Ese mismo periodo dejó otro aseguramiento en Sinaloa. En el poblado de Siqueiros, elementos del Ejército localizaron cinco armas largas, 20 cargadores, mil 840 cartuchos, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

La secuencia alcanzó su punto más visible el 24 de septiembre, cuando siete acciones realizadas en Mazatlán terminaron con ocho detenidos identificados por las autoridades como presuntos integrantes de las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos se encuentra Erik Samuel Barraza Sánchez, “El Fantasma”, señalado como operador de una célula vinculada con La Mayiza, y José Luis Ibarra Gutiérrez, “El Prieto”, identificado como integrante de una célula de Los Chapitos.

La mayor intervención ocurrió en El Quelite. Personal de la SSPC fue agredido con disparos de arma de fuego y, después de repeler la agresión, detuvo a seis personas.

En ese punto fueron aseguradas seis armas largas, 12 cargadores, seis chalecos tácticos y dos vehículos.

En otra acción, en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, fue detenida una persona y se aseguraron un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

En Veranos, elementos de Marina también fueron agredidos por civiles armados y aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

Mientras tanto, en Siqueiros fueron localizadas cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores.

Los operativos también dejaron un aseguramiento distinto por el tipo de armamento localizado. En las inmediaciones de El Quelite fueron encontrados 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, que fueron inhabilitados en el sitio.

De manera paralela, las autoridades reportaron el aseguramiento de 415 pastillas de fentanilo durante las acciones desplegadas en el municipio.

El patrón de los operativos muestra que la intervención federal no se concentró en un solo tipo de objetivo: incluyó presuntos operadores con funciones logísticas, células señaladas como parte de las dos facciones del Cártel de Sinaloa y grupos detectados durante patrullajes que derivaron en agresiones contra fuerzas federales.

El corredor Culiacán-Mazatlán

La misma semana en que se reportaron las capturas en Mazatlán, la FGR ejecutó una operación distinta en el poblado El Diez, al sur de Culiacán, en las inmediaciones de la carretera costera que comunica con Mazatlán.

El cateo permitió asegurar más de 49 toneladas de sustancias sólidas y 45 mil 490 litros de diversos químicos, además de cargadores, cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo tipo montacargas.

Entre los materiales localizados había alrededor de 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de aparente ácido tartárico, 950 kilos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio. También fueron asegurados cerca de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico y otros materiales cuya composición estaba pendiente de determinar.

La FGR inició la investigación después de que policías estatales y personal de Defensa detectaran una bodega cuya cortina estaba semiabierta y en la que observaron chalecos, cargadores, costales y bidones con olor a químicos.

El cateo de El Diez no fue informado como parte de los siete operativos que derivaron en las ocho detenciones de Mazatlán y las autoridades tampoco establecieron públicamente que la bodega perteneciera a Los Chapitos o La Mayiza.

Su relevancia dentro de esta secuencia está en el territorio: el inmueble se encontraba sobre el corredor Culiacán-Mazatlán, una de las principales vías de comunicación entre la capital sinaloense y el puerto.

Así, durante una misma semana, las autoridades reportaron acciones contra distintos componentes de la actividad criminal en esa zona: detenciones de presuntos integrantes de las dos facciones, aseguramiento de arsenales y explosivos, captura de un operador al que atribuyen funciones logísticas y el hallazgo de una bodega con grandes cantidades de sustancias químicas.

Dos facciones en el mismo balance

La referencia a Los Chapitos y La Mayiza resulta relevante porque las autoridades atribuyeron públicamente a ambas facciones algunos de los detenidos del 24 de septiembre.

El conflicto entre ambos grupos comenzó en septiembre de 2024, después de la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que profundizó la ruptura entre las estructuras vinculadas con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el grupo identificado con Zambada.

Desde entonces, Sinaloa ha registrado enfrentamientos, homicidios, desapariciones y desplazamientos relacionados con la disputa.

Los operativos de septiembre no permiten por sí solos determinar un cambio en el equilibrio entre ambas facciones ni acreditar la desarticulación de alguna de ellas. Los comunicados oficiales tampoco establecen que todas las acciones formen parte de una sola investigación o respondan a una misma estructura de mando.

Lo que sí muestran los reportes oficiales es una concentración de operaciones federales en Mazatlán y sus alrededores, con objetivos diferentes y resultados que abarcan desde la captura de presuntos operadores hasta el aseguramiento de armamento, explosivos, drogas y sustancias químicas.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar la situación jurídica de los arrestados y establecer, mediante las investigaciones correspondientes, su probable responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

Una mancha de coloración oscura fue detectada en aguas del río Pánuco, en ciudad Madero, frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), situación que movilizó a personal de la Secretaría de Marina (Semar), que realizó labores de supervisión y seguimiento en coordinación con autoridades ambientales, mientras este derrame afecta a pescadores de la zona.

La presencia del material fue identificada en una zona bajo jurisdicción de la Primera Zona Naval, donde personal de la Armada de México llevó a cabo una inspección visual para documentar las condiciones que prevalecían en el área.

De acuerdo con la información proporcionada por la Semar, durante las labores de supervisión se identificó que la descarga observada proviene del canal del Varadero.

Detectan coque y material con apariencia de hidrocarburo

Como parte de la inspección, el personal naval observó principalmente la presencia de coque, descrito como sedimento, en el área afectada.

Sin embargo, en los márgenes del sedimento también fue localizado material con apariencia compatible con posible hidrocarburo, específicamente aceite. Además, se detectaron trazas de iridiscencia sobre la superficie del agua.

La autoridad naval no estableció en la información difundida que se trate de un derrame de hidrocarburo confirmado, por lo que las características y el origen del material permanecen bajo seguimiento de las instancias correspondientes.

Ante esta situación, la Secretaría de Marina realizó las actuaciones legales correspondientes mediante el levantamiento de actas circunstanciadas.

Estos documentos tienen como finalidad dejar constancia de las condiciones observadas durante la supervisión y servir como parte del seguimiento de las acciones emprendidas en la zona.

Semar coordina acciones con ASEA y PROFEPA

Además de la inspección realizada por personal naval, se estableció comunicación con representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La coordinación entre las dependencias busca dar seguimiento a las acciones relacionadas con la supervisión del área y determinar las medidas que correspondan ante la presencia del material observado en el río Pánuco.

La Semar señaló que mantiene comunicación con las autoridades ambientales y las demás instancias involucradas para continuar con las labores de vigilancia y seguimiento.

Pemex contrata trabajos de recuperación y limpieza

Por su parte, Petróleos Mexicanos contrató a una empresa para realizar trabajos de recuperación y limpieza en el área donde fue detectada la mancha oscura.

Las labores buscan atender las condiciones observadas en la zona y contribuir a la recuperación del área afectada, mientras las autoridades mantienen el seguimiento correspondiente.

La presencia de coque y de material con apariencia compatible con aceite llevó a mantener la supervisión sobre el sitio, particularmente debido a las trazas de iridiscencia observadas sobre la superficie del agua.

Hasta el momento, la información oficial señala que las acciones se encuentran enfocadas en la documentación de las condiciones del área, la coordinación con las autoridades ambientales y los trabajos de recuperación y limpieza.

La Secretaría de Marina indicó que continuará participando en las acciones de supervisión dentro de su ámbito de competencia y en coordinación con las instituciones involucradas.

El objetivo, señaló la dependencia, es contribuir a la protección del medio ambiente marino y mantener las condiciones de seguridad en el área jurisdiccional, mientras las autoridades correspondientes dan seguimiento a la situación registrada en el río Pánuco.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este 26 de septiembre que rescató a 45 personas de nacionalidad mexicana que eran trasladadas de forma ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones tipo yate.

El operativo, realizado por la Armada de México a través de la Segunda Zona Naval, tuvo lugar en inmediaciones de Ensenada, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar las embarcaciones durante un recorrido de patrullaje de vigilancia marítima.

De acuerdo con el comunicado oficial, personal naval interceptó las dos embarcaciones cuando realizaban el traslado ilegal de los 45 tripulantes. Entre las víctimas rescatadas se encontraban 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, quienes viajaban apretujados en los yates interceptados.

La Semar detalló los incidíos localizados en los yates

La Semar detalló que, además de las personas, en las embarcaciones se transportaban aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, almacenados en 23 bidones. Debido a esta carga, tanto las embarcaciones como sus ocupantes debieron ser conducidos a puerto para continuar con el procedimiento correspondiente.

La dependencia precisó que el hallazgo del combustible se dio de forma simultánea al rescate de las víctimas, dentro del mismo operativo de vigilancia marítima realizado en la zona de Ensenada.

Personal naval detuvo a cinco presuntos responsables del traslado ilegal

Durante la intervención, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco presuntos infractores de la ley por su posible vínculo con las operaciones de tráfico ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos. Las dos embarcaciones y su carga, tanto humana como de combustible, fueron conducidas a puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

La Semar subrayó que este tipo de operativos forman parte de sus labores permanentes de vigilancia en aguas y costas nacionales, con el objetivo declarado de combatir actividades delictivas relacionadas con el tráfico de personas y de combustibles en el mar.

Sanidad Naval atendió a las víctimas antes de su traslado a la FGR

Al arribo a las instalaciones navales, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a los 45 rescatados, quienes se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo con el reporte oficial. La dependencia no reportó lesiones ni condiciones de salud que ameritaran hospitalización entre los rescatados.

Posteriormente, tanto las víctimas como los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ensenada. Ahí se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales derivadas del presunto traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia territorio estadounidense.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de vigilancia en costas nacionales

La Secretaría de Marina reiteró, al cierre de su comunicado, su compromiso de combatir frontalmente las actividades delictivas en el mar. La dependencia señaló que el objetivo de estas acciones es preservar la seguridad interior y salvaguardar la integridad de las personas en las costas y aguas nacionales del país.

El comunicado fue firmado bajo el lema institucional de la Armada de México: Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo.

Un migrante mexicano permaneció varado dos días en el desierto de California antes de ser rescatado

Los riesgos del cruce ilegal hacia Estados Unidos también han quedado documentados del lado americano. El pasado 22 de agosto se informó el rescate de un migrante mexicano de 25 años, quien permaneció varado dos días sin agua en las montañas Jacumba, cerca de la línea divisoria con México.

De acuerdo con el reporte, el hombre logró hacer una llamada de auxilio desde el sitio donde se encontraba. Esa llamada activó un operativo conjunto en el que participaron equipos de respuesta de varias agencias, con apoyo de unidades aéreas para agilizar su localización.

La Patrulla Fronteriza del Sector El Centro obtuvo la ubicación GPS del migrante y coordinó de inmediato a los equipos terrestres. El terreno escarpado de las montañas Jacumba limitó las opciones de las aeronaves, aunque los equipos desplegaron los recursos disponibles hasta dar con el paradero del hombre, quien fue encontrado con vida.

Personal médico evaluó al migrante en el sitio antes de proceder a su traslado, aunque la Patrulla Fronteriza no precisó el medio de evacuación ni el centro hospitalario al que fue llevado. Según datos del CBP, el calor del verano en esa zona puede superar los 120 grados Fahrenheit, equivalentes a 49 grados Celsius, una condición que representa un peligro tanto para los agentes como para quienes intentan cruzar la frontera sin documentos.

Por mar y por tierra: los mexicanos intentan cruzar de forma ilegal a EEUU por distintas rutas

Los casos documentados en Ensenada y en las montañas Jacumba muestran dos rutas distintas utilizadas por mexicanos para intentar cruzar de forma ilegal a Estados Unidos: una marítima y otra terrestre. En ambas, las autoridades reportaron condiciones de riesgo para quienes intentan el cruce.

En el mar, la Secretaría de Marina rescató a las 45 personas que eran trasladadas en yates hacia territorio estadounidense, entre ellas tres menores de edad. En tierra, la Patrulla Fronteriza localizó a un migrante que permaneció varado dos días sin agua en terreno desértico, donde las temperaturas pueden superar los 120 grados Fahrenheit.

Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) murió y otro resultó gravemente herido luego de un incidente con armas de fuego registrado en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), ubicadas a la entrada del Puerto de Altura de Progreso, Yucatán.

La dependencia confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos y señaló que otro resultó lesionado, mientras autoridades competentes realizan diligencias, investigaciones y peritajes para determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El incidente se registró al interior de las oficinas de la Unaprop, instalaciones que también son utilizadas como alojamiento por elementos navales asignados a las labores de vigilancia y protección del recinto portuario.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, dos elementos habrían sostenido una discusión que posteriormente derivó en un intercambio de disparos. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por la Secretaría de Marina, que mantiene abierta la investigación.

Uno de los elementos recibió un impacto de arma de fuego y murió, mientras que el segundo sufrió una lesión de gravedad y fue trasladado para recibir atención médica.

Semar activa protocolos y confirma fallecimiento

Tras registrarse el incidente, personal naval activó los protocolos correspondientes y brindó atención al elemento que resultó lesionado; sin embargo, uno de los marinos perdió la vida como consecuencia de las heridas provocadas por un disparo.

El otro elemento fue auxiliado y trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La Secretaría de Marina informó que las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones necesarias para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones navales y deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

La dependencia no dio a conocer en su comunicado detalles sobre la identidad de los elementos involucrados ni precisó públicamente cómo se produjo el intercambio de disparos.

Tras los hechos, las instalaciones fueron resguardadas para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del elemento fallecido.

La investigación buscará establecer la secuencia de acontecimientos, las circunstancias en las que fueron utilizadas las armas de fuego y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Marina expresa condolencias a familiares del elemento fallecido

En su posicionamiento, la Secretaría de Marina expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del elemento que perdió la vida.

“La Secretaría de Marina expresa a familiares, compañeros y seres queridos de nuestro compañero de armas su más profundo respeto, solidaridad y sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida”, señaló la dependencia.

La institución agregó que realiza las gestiones correspondientes en materia de bienestar y seguridad social, con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo institucional a los familiares del marino fallecido.

“Para la Secretaría de Marina, las mujeres y hombres que integran sus filas constituyen el corazón de esta Institución”, indicó.

La Semar también reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Hasta el momento, la dependencia mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente dentro de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Progreso, Yucatán.

Reyna Alonso Carrasco, esposa de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena conocido en la región como “Quetu”, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que investigara a “los verdaderos criminales” responsables de la violencia en el municipio, tras la detención de su esposo este 23 de septiembre.

La petición ocurrió durante una conferencia de prensa realizada por la familia del edil después del operativo. En ese momento, Alonso dijo desconocer el paradero de su esposo, aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó después que había sido trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante un juez. Versiones preliminares indican que sería recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Sánchez Altamirano fue detenido junto con Alberto de la Paz López, alias “La Parka”, en el marco del Operativo Enjambre, con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la FGEO. Las autoridades lo señalaron por su presunto vínculo con la célula “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

La esposa del edil pidió a Sheinbaum investigar a los responsables “reales” de la violencia

Durante la conferencia, Reyna Alonso reconoció que hubo omisiones desde el propio gobierno municipal para exigir la intervención de las autoridades estatales y federales contra la extorsión en Juchitán. Dijo que la detención de su esposo la llevó a levantar la voz por su familia y por Juchitán, algo que, según ella, “quizá en su momento Miguel no se atrevió a hacer”.

Un reportero le preguntó por qué, ante episodios de violencia ocurridos desde hace más de un año en Juchitán, el cabildo nunca exigió públicamente la intervención del gobernador, y si esa omisión respondía a una intención de preservar la relación institucional con el gobierno estatal.

Alonso respondió: “Quizá ese es el detonante que estamos viviendo esta situación, por no levantar la voz a tiempo, por no exigirle al gobierno estatal y al gobierno federal que se hicieran presentes en Juchitán, que se hicieran presentes para acabar con toda esta situación de extorsión, cobro de piso, todo esto que se está viviendo en Juchitán. Quizá eso fue el problema, no levantar la voz a tiempo”.

Fue en ese contexto que la esposa de “Quetu” y directora del DIF municipal dirigió su petición directa a Sheinbaum. “A la presidenta le pido que se hagan las investigaciones correspondientes, que se aclare esta situación y que busque a los verdaderos criminales, a los responsables de esta situación en Juchitán, que los investiguen”, declaró.

Además, insistió en que las autoridades federales ya cuentan con la información necesaria para actuar: “Creo que ya saben quiénes son y no han podido hacer nada en tanto tiempo”.

Un reportero le preguntó directamente a quién creía que estaban encubriendo al relacionar a su esposo con “Los Cromos”. Alonso evitó pronunciarse sobre el señalamiento oficial contra su esposo. “No lo sé, porque esa información que circula en redes no es certera. Es cada quien da su opinión y dice lo que piensa”, respondió.

Cuando el reportero precisó que el señalamiento provenía de un comunicado oficial de la fiscalía y no de redes sociales, Alonso insistió: “No lo he leído, no lo he revisado. Estoy tratando de no guiarme de la información que hay en redes, estoy tratando de guiarme con mi realidad, porque las redes en este momento es una explosión y no quiero saber de eso”.

Las autoridades lo acusaron de encubrir y fomentar actividades delictivas

De acuerdo con el comunicado de la FGEO, “Quetu” “participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec” debido a su relación con la célula criminal. La fiscalía precisó que ambos detenidos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el alcalde controlaba el cobro de piso a comerciantes y cadenas comerciales, compraba armas y administraba casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas y congeló recursos de personas relacionadas con la investigación.

Tras su captura en Ciudad Ixtepec, el edil fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. Primeros reportes indican que Sánchez Altamirano habría sido llevado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado de máxima seguridad, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

“Los Cromos” opera principalmente en narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y tráfico de personas en la región del Istmo, de acuerdo con información oficial.

Reyna Alonso pidió protección para su familia

En la misma conferencia de prensa, Reyna Alonso pidió al gobernador Salomón Jara Cruz que la ayudara ante lo ocurrido. “No nos deje solos. Conoce a Miguel y a la gente que conoce a Miguel. Saben de su persona, saben de su integridad”, declaró al inicio de la conferencia. Al cierre, reiteró la petición: “Yo le pedí al señor gobernador protección para mí y para mi familia”.

Dijo no contar con ningún número de contacto del gobierno estatal ni haber recibido llamada alguna desde la detención. “Yo no tengo un número telefónico de alguien, del gobernador, de su secretario... no tengo. Esperaba que alguien me llamara y me dijera: ‘Te marco de parte del gobierno del estado y así está la situación’, pero hasta este momento, nada”, explicó.

Añadió que su abogado se encuentra en la misma situación de desconocimiento sobre el paradero del edil y que aún no sabe hacia dónde dirigirse. Sobre una posible movilización política de la estructura de su esposo, dijo no tener información y afirmó que la familia optó por “mantenernos en calma” para no alterar el orden en Juchitán.

La madre del edil denunció “brutalidad” en el operativo de detención

Higinia Altamirano, madre de “Quetu”, denunció ante los medios reunidos que la detención de su hijo se realizó sin previo aviso y “con tanta brutalidad”. “Namás se lo llevaron como cualquier persona que quedara en las calles”, dijo entre llanto durante la conferencia.

Además, la madre del presunto operador de “Los Cromos” exigió al gobernador Salomón Jara una explicación directa sobre lo ocurrido. “Exijo al gobernador Salomón Jara Cruz que me dé una explicación de los atropellos que se hicieron con mi hijo, porque mi hijo no es cualquier persona, es una figura pública al cual también se le debe respeto”, declaró.

En sus redes sociales, antes de la conferencia de la familia de “Quetu”, Jara Cruz se pronunció sobre la detención del alcalde. “En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió el gobernador, quien reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Sheinbaum y por Omar García Harfuch.

El gobernador sostuvo que Juchitán se mantenía en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad pese al operativo. Afirmó que la seguridad de las familias y la aplicación de la ley estaban por encima de cualquier interés, y advirtió que no habría impunidad ni excepciones para quien se apartara del estado de derecho. Cerró su mensaje asegurando que su gobierno predicaría con el ejemplo.

La hermana del alcalde acusó abandono del gobierno estatal

Amable Altamirano, hermana del edil, quien se presentó como “Amable Quetu”, acusó al gobierno estatal de buscar un responsable político para la crisis de seguridad en la región. Explicó que hubo problemas que “no competían meramente a una sola autoridad” y que requerían acompañamiento de los tres niveles de gobierno, algo que el gobernador “sabe perfectamente bien”. “Hoy sí vinieron a buscar un culpable a Juchitán, cuando perfectamente saben y conocen lo que está pasando”, afirmó ante los reporteros.

La hermana del edil dijo que su hermano llegaba “angustiado” cada noche a contarles lo que ocurría en el municipio, y que la familia fue testigo directo de esas conversaciones.

Amable Altamirano cerró su intervención afirmando que la familia acompañará al edil detenido “hasta el último momento” en el proceso legal que enfrenta. “Vamos a caminar con Miguel este proceso que le tocó vivir y vamos a caminar con él con la frente en alto, porque sabemos que Miguel es un hombre íntegro”, declaró.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este 23 de septiembre el cierre preventivo de puertos en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca ante la presencia del huracán Polo, que el comunicado ubica en categoría 4. La dependencia mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en estados del litoral del Pacífico mexicano.

Según el reporte de Marina, Polo se localizaba aproximadamente a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con trayectoria hacia el norte. El fenómeno ocasiona lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones.

Las restricciones varían según el puerto y el tipo de embarcación. La autoridad pidió a la comunidad marítima atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto antes de realizar cualquier salida.

¿Qué puertos cerraron por el huracán Polo?

Como Autoridad Marítima Nacional, la Semar estableció los siguientes cierres a la navegación:

Marina explicó que el oleaje elevado puede provocar que las embarcaciones se volteen o se hundan. Añadió que el viento, la lluvia intensa y la neblina reducen la visibilidad en el mar y aumentan el riesgo de accidentes.

La dependencia llamó a respetar los cierres y a seguir los avisos de cada Capitanía de Puerto. El comunicado no establece una hora de reapertura, por lo que las personas que realizan actividades marítimas deben consultar las indicaciones vigentes de la autoridad portuaria.

¿Qué protocolos preventivos activó Marina ante Polo?

Además del cierre de puertos, la Armada de México mantiene el Plan Marina en su Fase de Prevención. Los mandos navales de Puerto Vallarta, Jalisco, y San Blas, Nayarit, sostienen reuniones con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno para preparar una posible respuesta de apoyo a la población.

De acuerdo con el comunicado, esas reuniones incluyen la revisión de procedimientos de auxilio, la habilitación oportuna de espacios que puedan funcionar como albergues y la atención y traslado de personas ubicadas en zonas de riesgo, si llega a ser necesario. Se trata de medidas preventivas; Marina no informó en este comunicado que se hayan efectuado evacuaciones.

Para emergencias en el mar, la Semar puso a disposición el teléfono 800 627 4621 (800 MARINA1). También recomendó seguir la evolución de Polo mediante los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y las autoridades competentes, ya que las condiciones meteorológicas y las restricciones de navegación pueden cambiar.

Más de mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participaron durante este año en ejercicios militares multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá, pero los informes sobre los resultados de esos adiestramientos fueron clasificados como información reservada por el Senado de la República.

En total, mil 73 marinos mexicanos fueron autorizados para salir del país entre junio y agosto de 2026 con el objetivo de participar en distintos ejercicios internacionales. Los contingentes fueron enviados a Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá, como parte de operaciones de entrenamiento con fuerzas armadas de diferentes países.

El Senado había establecido que la Semar debía entregar un informe sobre los resultados de cada ejercicio dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Sin embargo, los documentos remitidos al Legislativo no fueron hechos públicos debido a que la información fue clasificada como reservada.

La decisión quedó asentada en la Gaceta del Senado del 22 de septiembre, donde se difundió la reserva de los informes. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, se trataría de la primera ocasión en que los reportes correspondientes a este tipo de adiestramientos de la Marina son reservados.

Más de mil marinos participaron en cuatro ejercicios

El contingente más numeroso estuvo integrado por 536 elementos de la Marina, quienes participaron en RIMPAC 2026, uno de los principales ejercicios militares marítimos multinacionales.

El adiestramiento se realizó del 24 de junio al 31 de julio en aguas cercanas a las islas de Hawái. De acuerdo con la autorización publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los marinos mexicanos salieron del país con armamento y equipo táctico a bordo de los buques ARM Usumacinta y ARM Juárez.

Otros 415 elementos participaron en dos actividades realizadas en Estados Unidos. Primero formaron parte de FLEETEX 250, desarrollado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

Posteriormente, ese mismo contingente participó en la Revista Naval Internacional 250 (INR 250), realizada del 1 al 8 de julio en Nueva York.

El tercer grupo estuvo integrado por 122 marinos, quienes viajaron a Panamá para participar en PANAMAX 2026, entre el 3 y el 14 de agosto, a bordo del ARM Jalisco.

De esta manera, los tres contingentes sumaron mil 73 elementos enviados al extranjero para participar en ejercicios militares multinacionales durante el verano.

Semar reservó los informes entregados al Senado

Las autorizaciones aprobadas por el Senado establecían la obligación de la Secretaría de Marina de entregar información sobre los resultados de los ejercicios una vez concluidos.

No obstante, los documentos entregados por la dependencia fueron clasificados como reservados, por lo que los legisladores y el público no pueden consultar su contenido en este momento.

La reserva fue sustentada en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que contempla supuestos relacionados con materias como seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales.

La clasificación adquiere relevancia debido a que los ejercicios incluyeron actividades de entrenamiento militar y coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Sin embargo, el contenido específico de los informes de la Semar no fue difundido públicamente.

Mientras los reportes mexicanos permanecen bajo reserva, autoridades militares estadounidenses sí dieron a conocer información general sobre uno de los principales ejercicios en los que participó México.

EEUU sí publicó resultados generales de RIMPAC 2026

La Marina de Estados Unidos difundió un balance general de RIMPAC 2026, ejercicio que la propia Armada estadounidense considera el mayor entrenamiento marítimo combinado y conjunto del mundo.

La edición de este año reunió a 30 países y más de 30 mil participantes, además de 30 buques de superficie, cinco submarinos y más de 197 aeronaves. Las actividades se desarrollaron durante cinco semanas, del 24 de junio al 31 de julio, alrededor de las islas de Hawái.

De acuerdo con el reporte de la Tercera Flota de Estados Unidos, las fuerzas participantes realizaron más de 500 eventos de entrenamiento marítimo, además de más de 2 mil 400 salidas aéreas y más de 5 mil simulacros operacionales.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron ejercicios de guerra antisubmarina, ataques marítimos, defensa aérea y antimisiles, operaciones anfibias y logística.

El ejercicio también concluyó con un escenario de simulación de combate en el que las fuerzas participantes reaccionaron de manera dinámica ante distintas situaciones para poner a prueba sus capacidades de operación conjunta.

Aunque Estados Unidos difundió este balance general de RIMPAC, los informes específicos que la Semar entregó al Senado sobre la participación mexicana permanecen reservados, por lo que los resultados particulares obtenidos por los contingentes nacionales no fueron hechos públicos.

Ante los posibles efectos del huracán Polo, que mantiene una trayectoria paralela a las costas del Pacífico mexicano, las Fuerzas Armadas reforzaron sus acciones de prevención y auxilio a la población mediante el Plan DN-III-E, mientras la Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina en entidades del litoral.

El fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia a distintos estados del occidente y sur del país debido a la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado, inundaciones y deslaves. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Polo continúa generando condiciones adversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Ejército activa fase preventiva por huracán Polo

La Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, implementó la fase preventiva del Plan DN-III-E para mantener personal y recursos disponibles ante posibles emergencias relacionadas con el huracán.

Las acciones incluyen recorridos de reconocimiento, vigilancia de zonas consideradas de riesgo, revisión de refugios temporales y coordinación con autoridades estatales y municipales.

Reportes difundidos señalaron la aplicación del Plan DN-III-E en Guerrero, Jalisco y Colima, mientras en Michoacán se mantiene un despliegue preventivo con personal, vehículos y recursos especializados.

El objetivo de esta fase es anticipar posibles afectaciones y facilitar una respuesta rápida en caso de que sea necesario evacuar comunidades, brindar atención médica o trasladar ayuda a las zonas afectadas.

Mil 700 efectivos desplegados en Michoacán

En Michoacán, las comandancias de la 12/a y 43/a Zona Militar informaron que las Fuerzas Armadas cuentan con mil 700 efectivos desplegados en municipios del sur del estado.

Como parte de este operativo fue instalado un puesto de mando en Lázaro Cárdenas, además de centros coordinadores de operaciones en Lázaro Cárdenas y Coahuayana.

Los elementos realizan recorridos de reconocimiento en comunidades consideradas vulnerables y verifican las condiciones de los refugios temporales para garantizar que puedan ser utilizados en caso de una emergencia.

El dispositivo también contempla tres aeronaves de ala rotativa, disponibles para actividades de reconocimiento y, de ser necesario, para realizar evacuaciones aeromédicas.

A este despliegue se suma un Hospital Militar de Zona ubicado en Apatzingán, mientras que otros 350 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional permanecen como Fuerza de Tarea de la 12/a Región Militar en ese municipio.

Plan Marina se extiende a nueve estados

La respuesta de las Fuerzas Armadas no se limita al Plan DN-III-E. La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase preventiva en nueve entidades del litoral del Pacífico.

La medida contempla a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con acciones encaminadas a reducir riesgos para la población, infraestructura y servicios.

La diferencia entre ambos operativos permite dimensionar la respuesta federal ante el fenómeno: mientras el Plan DN-III-E corresponde a las acciones de auxilio implementadas por Defensa y la Guardia Nacional, el Plan Marina concentra las capacidades de la Secretaría de Marina para atender posibles emergencias en las zonas costeras.

Polo mantiene vigilancia sobre el Pacífico

El huracán Polo alcanzaría la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano. Aunque su centro permanece mar adentro, su circulación genera condiciones de riesgo en diferentes entidades.

Para este miércoles, el SMN prevé lluvias muy fuertes en Oaxaca y lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado y fuertes rachas de viento en zonas costeras.

Las autoridades han advertido que las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, particularmente en zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades federales pidieron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia.

El despliegue militar y naval permanecerá activo mientras continúe la vigilancia sobre la evolución y trayectoria del huracán Polo.

El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no reportó una sola propiedad a su nombre en su declaración patrimonial 2026, hecha pública el 18 de septiembre tras una desclasificación de emergencia. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno levantó la reserva que mantenía blindados esos documentos hasta el año 2030, luego de que una investigación periodística y la presión de legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) expusieron el doble candado sobre el patrimonio del exfuncionario.

Rafael Ojeda acumuló 17.4 millones de pesos en ingresos y no declaró propiedades

En los últimos 20 años, Ojeda Durán acumuló ingresos por al menos 17,4 millones de pesos, según sus propias declaraciones patrimoniales públicas. A la fecha, el almirante solo reporta deudas por dos créditos hipotecarios y una camioneta a su nombre.

La declaración no incluye ningún inmueble propio, pese a que Latinus documentó la compra y venta de propiedades realizadas por el exsecretario junto con su esposa, Sandra Luz Laguna Rivera. La ley mexicana no obliga a los funcionarios públicos a revelar los bienes que comparten con sus cónyuges ni los de sus familiares directos.

En 2002, Ojeda Durán y Laguna Rivera adquirieron un departamento de 120 metros cuadrados en la alcaldía Álvaro Obregón por 1,15 millones de pesos, mediante un crédito hipotecario del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Esa operación tampoco figura en sus registros patrimoniales públicos.

En julio de 2013, cuando Ojeda Durán ya ocupaba el cargo de comandante de la Octava Región Naval, su hija adquirió un departamento en la colonia Juárez por 900 mil pesos. El usufructo de ese inmueble quedó en beneficio de Sandra Luz Laguna Rivera.

La casa junto al campo de golf en Lomas de Cocoyoc y las ventas en Guaymas

En 2016, mientras Ojeda Durán era comandante de la Marina y su esposa se desempeñaba como ama de casa, Laguna Rivera compró una finca de 191 metros cuadrados en el Fraccionamiento Club de Golf México, en San Pedro Mártir, Tlalpan, por 5,3 millones de pesos, según antecedentes registrales del Registro Público de la Ciudad de México consultados por Latinus.

En 2020, la pareja adquirió una casa junto a un campo de golf en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en el estado de Morelos, por 7,25 millones de pesos. Para esa compra, Ojeda Durán solicitó dos créditos al ISSFAM y al Banco Nacional del Ejército por 1,8 y 4,5 millones de pesos, respectivamente.

Un terreno contiguo a esa propiedad, de dimensiones similares, tuvo un valor comercial de 20 millones de pesos en 2025. Ninguna de estas operaciones aparece declarada por el almirante en sus registros patrimoniales.

En marzo de 2019, a pocos meses de que Ojeda Durán fue nombrado secretario de Marina, él y su esposa vendieron dos propiedades de 326 y 324 metros cuadrados en el municipio de Guaymas, Sonora. El comprador fue su sobrino Fernando Farías Laguna, identificado ese mismo año como presunto integrante de una red de “huachicol” fiscal.

La FGR no localizó a Ojeda Durán y el PAN exigió publicar sus declaraciones

El 16 de septiembre de 2026, el diario El Universal publicó una investigación del periodista Pedro Villa y Caña que documentó el doble blindaje sobre el patrimonio y el paradero del almirante. La nota reveló además que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró localizar a Ojeda Durán para una diligencia relacionada con el caso Farías Laguna.

Al día siguiente, diputadas federales y locales del PAN exigieron a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la publicación urgente de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario. La dependencia respondió en menos de 48 horas con el comunicado de desclasificación.

La reserva original se remonta al 1 de enero de 2025, cuando el Comité de Transparencia de la SEMAR bloqueó por cinco años los expedientes patrimoniales de más de 2.000 elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024. La institución sustentó esa decisión en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar como reservada la información cuya divulgación comprometa la seguridad nacional.

El dictamen oficial argumentó que hacer públicas las finanzas del personal naval representaba un riesgo real ante la posibilidad de que integrantes del crimen organizado accedieran a datos sensibles. Bajo ese marco, la declaración de Ojeda Durán quedó bloqueada en Declaranet con el mensaje: “La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

Expertos en transparencia cuestionaron ese argumento desde el inicio. Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y especialistas advirtieron, según consignó El Universal, que los formatos de declaración patrimonial no contienen datos que afecten la seguridad del Estado mexicano ni información personal protegida constitucionalmente en su versión pública.

Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del INAI, señaló al diario que la autoridad competente para revisar la decisión del Comité de Transparencia de la Marina es Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al INAI. El excomisionado recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada protegida por la Constitución.

La desclasificación del 18 de septiembre abarcó las declaraciones de 78 funcionarios vinculados a la SEMAR: 69 militares en activo y nueve exfuncionarios, entre ellos Ojeda Durán. La Unidad de Transparencia de la Marina formalizó la solicitud de levantamiento de la reserva el 16 de septiembre ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Comité de Transparencia de la SEMAR aprobó el levantamiento.

Según datos consultados de forma exclusiva por Infobae México, Ojeda Durán se encuentra en retiro y no ejerce funciones como miembro en servicio activo de la Armada de México. Un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988 establece que todos los exsecretarios de Marina fungen como asesores del Alto Mando por su experiencia acumulada en el cargo.

Esa función asesora es de carácter honorario y no genera una remuneración adicional. Las percepciones económicas que recibe el almirante corresponden a su jerarquía y a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a un nombramiento de la administración actual.

De 2010 a 2017, mientras Ojeda Durán fue subdirector del ISSFAM, ocupó la Oficialía Mayor de la Marina y asumió el cargo de comandante, no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. La ley no lo obligaba en ese período a revelar esa información.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que la publicidad de las declaraciones promueve los principios de transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana. Toda la información desclasificada está disponible en Declaranet en versión pública a partir del 18 de septiembre de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y con el gabinete de seguridad federal en el puerto de Mazatlán, tras el repunte de homicidios registrado en el puerto. A la mesa de trabajo se sumaron el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general de división Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional.

El encuentro se dio después de que las corporaciones federales reforzaran sus efectivos en la entidad. La gobernadora informó, a través de su cuenta de X, que sostuvo la reunión con el objetivo de mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender la violencia en el municipio.

En un comunicado, el Gobierno de Sinaloa reveló las medidas acordadas durante el encuentro, realizado en la Tercera Región Militar, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad en los 20 municipios del estado. El texto detalla que la titular del Poder Ejecutivo estatal sostuvo el encuentro después de haberse reunido previamente en la Ciudad de México con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte de la suma de esfuerzos en beneficio de la población sinaloense.

Visita de supervisión revisó el despliegue operativo en Mazatlán y otros puntos del estado

Según los datos oficiales revelados tras el encuentro, los funcionarios federales realizaron una visita de supervisión y evaluación de las acciones de seguridad implementadas en la entidad. En ese encuentro se revisó el despliegue operativo, la presencia institucional y las labores de vigilancia que se desarrollan en Mazatlán y otros puntos estratégicos del estado. El documento precisa que se acordó reforzar las estrategias de seguridad en los 20 municipios de Sinaloa y fortalecer las capacidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta y consolidar la coordinación con las instituciones federales.

En la reunión también participaron el comandante de la Tercera Región Militar, general Alejandro Vargas González; el comandante de la Cuarta Región Naval, vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Mirullo; el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, general Julices Julián Tadeo González Calzada; el comandante de la Novena Zona Militar, general Julio César Islas Sánchez, y el comandante de la Novena Zona Aérea, general Edgar Emanuel Campos Martínez.

Harfuch reconoció el esfuerzo de las Fuerzas Armadas en Sinaloa

En el encuentro, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció el esfuerzo que realizan las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Sinaloa. Destacó que la unidad entre las instituciones y la evaluación permanente de los resultados permiten ajustar las acciones, fortalecer las capacidades operativas y orientar los esfuerzos hacia un objetivo común: “recuperar la paz y la tranquilidad de las familias sinaloenses”.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava, por su parte, reconoció el respaldo de la presidenta Sheinbaum y el apoyo permanente de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para fortalecer las acciones que se desarrollan en la entidad. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de Sinaloa de continuar trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad en favor de la tranquilidad de las familias sinaloenses.

Las autoridades reconocieron que, aunque persisten retos en materia de seguridad, se registran avances derivados del trabajo coordinado. Por ello, las instituciones federales y estatales mantendrán las acciones operativas, de inteligencia e investigación para atender los delitos de alto impacto y detener a quienes generan violencia.

Sedena reforzó Mazatlán con mil 600 elementos y un centenar de Fuerzas Especiales

La Secretaría de la Defensa Nacional informó el pasado 15 de septiembre el envío de mil 600 elementos del Ejército Mexicano a Mazatlán. El refuerzo incluyó a 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, trasladados desde la Ciudad de México en un Boeing B-727 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Horas antes, la SSPC y la Semar habían reportado, en un comunicado conjunto, el despliegue de mil 836 elementos y 130 unidades adicionales para el puerto y los principales tramos carreteros de Sinaloa.

Con ambos movimientos del mismo día, la presencia federal conjunta en el estado alcanzó cerca de 20 mil elementos. El refuerzo respondió a un repunte sostenido de homicidios en Mazatlán desde julio.

Entre los hechos que antecedieron el despliegue se registró el ataque armado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, quien recibió al menos 15 disparos mientras circulaba en una camioneta oficial. También se contabilizó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional en un hotel del fraccionamiento Palos Prietos, así como una balacera cerca de una escuela secundaria que obligó a resguardar a los estudiantes en las aulas.

El repunte de violencia en Mazatlán ocurre en el marco de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó este viernes las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 78 funcionarios vinculados a la Secretaría de Marina (SEMAR): 69 militares en activo y nueve exfuncionarios. Entre ellos figura el almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La decisión se produjo dos días después de que El Universal revelara que esa información permanecía reservada hasta el 1 de enero de 2030 bajo el argumento de seguridad nacional. La Unidad de Transparencia de la Marina formalizó la solicitud de desclasificación el 16 de septiembre ante la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro, y el Comité de Transparencia de la SEMAR aprobó el levantamiento de la reserva.

Las declaraciones ya están disponibles en su versión pública en la plataforma Declaranet, el sistema administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno donde los servidores públicos federales registran su patrimonio e intereses. La dependencia afirmó que la publicidad de esa información fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.

La SEMAR reservó más de dos mil expedientes el 1 de enero de 2025

El origen de la controversia se remonta al 1 de enero de 2025, cuando el Comité de Transparencia de la SEMAR reservó por cinco años los expedientes patrimoniales de más de 2.000 elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024, fecha en que concluyó el sexenio de López Obrador. La institución sustentó esa decisión en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar como reservada aquella información cuya divulgación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional con un efecto demostrable.

El dictamen oficial argumentó que hacer públicas las finanzas del personal naval representaba un riesgo real e identificable, ante la posibilidad de que integrantes del crimen organizado accedieran a datos sensibles y pusieran en peligro la vida de los exmilitares y sus familias. Bajo ese marco, la declaración patrimonial del almirante Ojeda Durán quedó bloqueada en Declaranet con el mensaje: “La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

La medida generó un debate inmediato entre expertos en transparencia. Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y especialistas advirtieron, según consignó El Universal, que los formatos de declaración patrimonial no contienen datos que afecten la seguridad del Estado mexicano ni información personal protegida constitucionalmente en su versión pública.

Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del INAI, señaló al diario que la autoridad competente para revisar la decisión del Comité de Transparencia de la Marina es Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al INAI. El excomisionado recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece con claridad que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada protegida por la Constitución.

Ojeda Durán: asesor honorario con más de cinco décadas en la Armada

Los datos ciegos consultados de forma exclusiva por Infobae México precisan la situación administrativa del almirante Ojeda Durán. El exsecretario se encuentra en retiro y no ejerce funciones propias como miembro en servicio activo de la Armada de México. Un Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988 establece que todos los exsecretarios de Marina fungen como asesores del Alto Mando por su experiencia acumulada en el cargo.

Esa función asesora es de carácter honorario y no genera una remuneración adicional. Las percepciones económicas que recibe el almirante corresponden a su jerarquía y a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a un nombramiento ni a una contratación otorgada por la administración actual. Ojeda Durán acumula más de cinco décadas de servicio en la Armada de México.

La distinción es relevante para comprender el alcance de la desclasificación. Su declaración patrimonial no estaba reservada en razón de una función activa en el gobierno actual, sino como parte del bloque de expedientes que la SEMAR clasificó al cierre del sexenio anterior. La desclasificación de este 18 de septiembre elimina esa reserva y pone la información a disposición de cualquier ciudadano a través de Declaranet.

Diputadas del PAN y El Universal presionaron antes de la desclasificación

La presión pública fue determinante en la velocidad de la respuesta institucional. El 16 de septiembre, El Universal publicó la investigación del periodista Pedro Villa y Caña que documentó el doble blindaje sobre el patrimonio y el paradero del almirante Ojeda Durán, y reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado localizarlo para una diligencia relacionada con el caso Farías Laguna. Al día siguiente, diputadas federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a Raquel Buenrostro la publicación urgente de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno respondió en menos de 48 horas con el comunicado de desclasificación. La dependencia subrayó que la publicidad de las declaraciones promueve y consolida los principios de transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana. La información desclasificada abarca tanto las declaraciones de los 69 militares en activo como las de los nueve exfuncionarios, y todas están disponibles en Declaranet en versión pública a partir de este jueves 18 de septiembre.

El hallazgo habría ocurrido el martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con la fecha de carga de los videos difundidos por los propios pescadores y con reportes de medios locales. Los tripulantes confundieron inicialmente el objeto con un sargazo flotante.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de ellos en uno de los videos. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un artefacto con forma de misil, sin bandera ni identificación visible de procedencia.

Los pescadores describieron un artefacto sin bandera y con apariencia reciente

Los tripulantes examinaron el objeto a distancia y coincidieron en que se veía en buen estado, sin señales evidentes de daño. “No se ve tan madreado, la verdad”, comentó uno de ellos mientras grababa el artefacto desde la embarcación. Otro integrante de la tripulación añadió que el torpedo lucía “nuevón”, como si hubiera pasado poco tiempo en el mar.

Uno de los pescadores explicó que la falta de conchas o sargazo adherido a la estructura sugería que el artefacto no llevaba mucho tiempo flotando. “Si no, la turbina de atrás estuviera llena de esa madre y no tiene nada”, señaló, en referencia a la ausencia de organismos en la superficie del objeto. La tripulación especuló que el torpedo pudo haber sido lanzado sin detonar.

Durante la inspección visual, los tripulantes identificaron elementos adicionales en la estructura del artefacto. Uno de ellos mencionó lo que parecía un periscopio y otro señaló la presencia de sensores en la punta del objeto. La cercanía de la embarcación al torpedo generó tensión entre los pescadores, al grado de que uno advirtió al capitán: “Ya se acercó demasiado, capi”.

Los tripulantes bromearon con los riesgos de acercarse al artefacto, aunque también expresaron preocupación genuina. “Imagínate que explote”, dijo uno de ellos, mientras otro respondió con humor sobre la posibilidad de que el objeto se activara y “nos vengan los ataques”. Pese al tono de broma, coincidieron en que la situación era peligrosa y en que debían reportar el hallazgo de inmediato.

Los pescadores reportaron las coordenadas por radio ante el riesgo para otras embarcaciones

Los tripulantes discutieron el peligro que representaba el torpedo para el tránsito marítimo en la zona, especialmente durante la noche. “Imagínate el barco de turismo. En la noche que le llegue a pegar esa madre”, comentó uno de los pescadores, en alusión a los cruceros que navegan frente a las costas de Ensenada. Otro añadió que un impacto accidental con una embarcación grande podría pasar inadvertido hasta el momento del choque.

Ante ese riesgo, los tripulantes intentaron comunicarse con la Semar a través de la radio, aunque inicialmente no lograron ubicar el canal correspondiente. “¿Cuál es el canal de la marina? ¿Alguien se lo sabe?”, preguntó uno de ellos, mientras otro sugería el número seis como posible frecuencia. Uno de los pescadores llamó por radio a otro tripulante, identificado como “Capi Ramón”, para pedirle el número de contacto de la autoridad naval.

Una vez establecida la comunicación, los pescadores proporcionaron las coordenadas del artefacto a las autoridades. En una de las transmisiones, uno de los tripulantes especificó la ubicación como “cuarenta cincuenta y siete”, mientras que en otra llamada posterior se mencionaron las coordenadas “cuarenta y dos cincuenta y seis”. Durante el intercambio por radio, uno de los pescadores confirmó que la Semar ya tenía conocimiento del artefacto y lo buscaba activamente antes del reporte de la tripulación.

Mientras esperaban respuesta de las autoridades, los tripulantes bromearon sobre las posibles consecuencias de su hallazgo. Uno de ellos preguntó si recibirían una recompensa por avisar del torpedo antes que la propia Marina, mientras otro respondió entre risas que esperaba que, al menos, no terminaran siendo remolcados por acercarse tanto al artefacto.

La Semar llegó al sitio con una patrulla interceptora y se hizo cargo del torpedo

Personal de la Segunda Región Naval de Ensenada llegó al punto reportado por los pescadores a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04. Una imagen del momento mostró a al menos tres elementos navales de pie en la proa de la embarcación, dos de ellos con chaleco naranja y casco rojo, y un tercero con uniforme de campaña, observando hacia la zona donde flotaba el artefacto.

Con la patrulla naval ya en el sitio, los pescadores procedieron a entregar el torpedo al personal de la Semar. Uno de los tripulantes explicó a los elementos navales el procedimiento para trasladar el artefacto con seguridad: “Le voy a soltar poquita línea y le voy a dar para adelante para pasarte el hilo para que lo puedas jalar despacito y no tengas que hacer tanto pedo”. “Ahí está, ahí se los dejamos”, confirmó otro de los tripulantes al momento de ceder el control del objeto a la autoridad naval.

De acuerdo con reportes de medios locales, el artefacto correspondería a un torpedo de práctica modelo MK 46, de origen estadounidense, diseñado para entrenamientos militares y sin carga explosiva. La Semar no confirmó de manera oficial esta identificación ni el origen del objeto. Tampoco se descartó la posibilidad de que el artefacto hubiera sido utilizado con fines distintos a los militares, aunque esa hipótesis no fue corroborada por las autoridades.

Con el torpedo bajo resguardo de la Semar, la corporación quedó a cargo de determinar la procedencia exacta del objeto y las condiciones en las que llegó a las aguas frente a Ensenada, costa cercana a territorio estadounidense.

Luego de que autoridades de los tres órdenes de gobierno han intensificado los operativos contra células delictivas en distintas entidades del país, como ocurrió recientemente en Puebla con la detención de seis presuntos integrantes de “Los Millonarios”, un nuevo despliegue coordinado permitió ahora detener a tres personas en Oaxaca, señaladas por su presunta relación con una organización dedicada a la extorsión.

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutaron seis órdenes de cateo en diferentes puntos de la entidad como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con una célula criminal relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios.

Ejecutan seis cateos contra célula criminal

De acuerdo con el reporte oficimultáneo para intervenir los inmuebles identificados durante las indagatorias.

La acción tuvo como objetivo avanzar en las investigaciones relacionadas con células presuntamente dedicadas a delitos de extorsión.

Como resultado de los cateos, fueron detenidas tres personas, a quienes las autoridades señalan como presuntos integrantes de una célula criminal.

Durante las intervenciones también fueron asegurados un arma de fuego corta, aproximadamente 1.5 kilogramos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

Los aseguramientos quedaron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades que se indagan.

Hasta el momento, la información oficial no identifica públicamente a los tres detenidos ni detalla los puntos específicos de Oaxaca donde fueron ejecutadas las seis órdenes de cateo.

Extorsión e invasión de predios, entre los señalamientos

Las autoridades relacionan a la célula investigada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

La extorsión se encuentra entre los delitos que las instituciones de seguridad han colocado como una de sus prioridades, debido al impacto que tiene sobre comerciantes, empresarios, trabajadores y familias.

En este caso, las investigaciones derivaron en la solicitud de las órdenes de cateo ante un juez, quien autorizó la intervención de los inmuebles.

A diferencia de una detención en flagrancia, los cateos fueron ejecutados después de que las autoridades obtuvieron autorización judicial para ingresar a los lugares relacionados con la investigación.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia para identificar y debilitar estructuras dedicadas a la extorsión en distintas regiones del país.

Este viernes, un despliegue de instituciones federales y estatales en Puebla permitió detener a seis hombres señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con “Los Millonarios”. En aquel caso, las autoridades atribuyeron al grupo presuntos vínculos con robo de vehículos y robo a casa habitación.

En Oaxaca, el caso es distinto: la investigación está enfocada en una célula a la que las autoridades relacionan con extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Tras la intervención, las tres personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los detenidos.

La puesta a disposición no significa que las acusaciones hayan sido acreditadas de manera definitiva, por lo que las investigaciones deberán establecer la posible participación de los detenidos en los delitos que se indagan.

La autoridad ministerial también deberá analizar los objetos asegurados durante los cateos y determinar si existe una relación entre estos y las actividades presuntamente realizadas por la célula.

El operativo fue presentado por las instituciones participantes como parte de las acciones de coordinación para combatir estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y presencia territorial.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener operativos conjuntos para combatir la extorsión y otros delitos que afectan directamente a la población.

La investigación continuará ahora bajo responsabilidad del Ministerio Público, mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para establecer qué actividades realizaba la célula y cuál habría sido la participación de las tres personas detenidas.

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla derivó en la detención de seis hombres que son señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con el grupo delictivo conocido como “Los Millonarios”.

La intervención ocurrió en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la capital poblana, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima a través de la línea 089.

Entre los detenidos se encuentra José Pablo N., de 27 años, a quien las autoridades identificaron como presunto líder de la célula. También fueron capturados Israel N., de 36 años; Victorino N., alias “El Sari”, de 29; Javier N., de 28; Fernando N., alias “El Pinocho”, de 20; y Kevin N., de 18 años.

Los señalan por robo de vehículos y viviendas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los seis hombres estarían vinculados con la banda denominada “Los Millonarios”, a la que se atribuyen actividades delictivas relacionadas con el robo de vehículos y de viviendas.

Según la investigación referida por la SSP y la FGE, el grupo estaría relacionado con robo de vehículos en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, mientras que también se le vincula con presuntos robos a casa habitación en Puebla capital, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

No obstante, estos señalamientos corresponden a la información proporcionada por las autoridades y deberán ser esclarecidos dentro de las investigaciones correspondientes.

La detención se realizó como resultado de las acciones emprendidas tras una denuncia ciudadana. La participación de la población, señalaron las autoridades, permitió generar información para ubicar a los presuntos integrantes de la célula.

Aseguran armas, vehículos e inhibidor de señal

Durante el operativo, los elementos de las instituciones participantes aseguraron cuatro vehículos, además de dos armas de fuego y 50 cartuchos útiles.

También fue localizado un inhibidor de señal, equipo que puede ser utilizado para bloquear o interferir comunicaciones, así como dinero en efectivo y diversos envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con los hechos que se indagan.

La autoridad no detalló en el reporte la cantidad de dinero asegurada ni especificó las características o tipo de las sustancias localizadas.

Los seis hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Autoridades piden denunciar a los detenidos

Tras la captura, el Gobierno de Puebla hizo un llamado a las personas que pudieran reconocer a alguno de los detenidos como presunto responsable de otros hechos delictivos para que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La petición busca que las investigaciones puedan incorporar posibles denuncias adicionales y establecer si existe alguna relación entre los detenidos y otros delitos registrados en la entidad.

Las autoridades estatales destacaron que la denuncia ciudadana constituye una herramienta para generar información que permita identificar a personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

El Gobierno de Puebla reiteró además que mantendrá la coordinación entre instituciones estatales y federales para combatir a los grupos delictivos y atender delitos que afectan el patrimonio de las familias.

Por ahora, la captura de los seis hombres y los aseguramientos realizados forman parte de una investigación en curso, mientras las autoridades ministeriales reúnen los elementos necesarios para determinar las responsabilidades que correspondan.

El Gobierno de México despliega un sistema de alerta oceanográfica y telefónica ante el impacto del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico. La estrategia busca avisar a la población sobre la llegada de ciclones entre septiembre y diciembre mediante avisos al celular e instrumentos en el mar.

La Secretaría de Marina fija boyas meteorológicas en el lecho marino a profundidades de hasta 3,000 metros en el Pacífico. El proyecto cuenta con la participación del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las autoridades prevén que la mayor afectación en el territorio nacional ocurra a través de ciclones tropicales desarrollados a finales de año. Los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur registran el mayor riesgo de impacto directo.

La Secretaría de Marina instala boyas a tres mil metros de profundidad

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó en conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy que el fenómeno de El Niño genera corrientes de agua a mayor temperatura en el Pacífico. El calentamiento del mar modifica la meteorología global y reduce el tiempo transcurrido entre cada evento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coordina la medición del clima junto con un grupo de científicos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. La investigación evalúa las trayectorias de las tormentas marítimas antes de su llegada a tierra.

El monitoreo en alta mar requiere equipo capaz de transmitir datos de manera continua. Para evitar la dependencia exclusiva de los aviones cazahuracanes, las instituciones nacionales fabrican las boyas en astilleros y laboratorios locales.

El Instituto de Investigaciones y Desarrollos de la Marina elabora una parte de los dispositivos de medición. Universidades extranjeras y el CICESE de Ensenada aportan tecnología complementaria para la flotilla de sensores oceanográficos.

Los buques de investigación de la UNAM inician las maniobras de colocación en alta mar a finales de año. Las embarcaciones colocarán los instrumentos de registro en zonas estratégicas del litoral occidental para medir la presión y la temperatura.

La Coordinación Nacional de Protección Civil activa mandos en las 32 entidades

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez, establece centros de mando operativos en las 32 entidades federativas. Las estructuras regionales coordinan los recursos de auxilio con los gobiernos de las entidades con costa en el océano Pacífico.

Las autoridades estatales en Guerrero, Michoacán y Oaxaca alistan refugios temporales y equipos de rescate. Las brigadas mantienen vigilancia constante sobre los municipios costeros expuestos a lluvias intensas y oleaje elevado.

Las previsiones meteorológicas señalan a Baja California Sur como una de las zonas con potencial de afectación por las tormentas de fin de año. Las maniobras preventivas abarcan la revisión de cauces y zonas urbanas vulnerables.

Las alertas telefónicas informarán sobre la cercanía de huracanes en la costa

El sistema de alerta temprana enviará mensajes de emergencia directamente a los dispositivos móviles de los habitantes en las zonas de riesgo. La notificación funcionará sin importar la compañía telefónica contratada por el usuario.

La herramienta tecnológica busca replicar la efectividad del sistema de alerta sísmica utilizado en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los teléfonos emitirán un aviso acústico e informativo ante la proximidad de lluvias extremas.

Las alertas especificarán la categoría del fenómeno meteorológico y las horas estimadas para su impacto en la costa. Los avisos directos permiten que la población en los municipios litorales evacúe con oportunidad las áreas peligrosas.

La sequía vinculada a El Niño afectará el territorio nacional en 2027

Los análisis del grupo científico indican que el impacto del fenómeno en las precipitaciones continentales provocará sequías severas durante los primeros meses del año 2027. Las zonas agrícolas registran pérdidas previas de humedad en el suelo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural despliega programas de apoyo en las regiones campesinas afectadas por la falta de lluvia. Los técnicos evalúan la disponibilidad de agua en los embalses para la producción de alimentos.

Las autoridades federales estructuran un plan de contención de daños para mitigar el desabasto de agua en el sector agropecuario. Las acciones prevén la rehabilitación de pozos e infraestructura de riego antes del inicio de 2027.

Las autoridades federales mantienen cateos en distintos puntos como parte de las investigaciones contra una célula criminal vinculada con Los Rusos, luego de la captura en Puebla de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, señalado como uno de los principales generadores de violencia de esta organización con presencia en Guerrero.

El detenido fue localizado en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de autoridades estatales.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia y de investigación realizados con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto con Govén Ulisses “N” fueron detenidas otras dos personas, identificadas como sus presuntos escoltas. Durante la acción fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de alta gama.

La operación, sin embargo, no terminó con la detención del presunto líder criminal. De acuerdo con García Harfuch, los cateos continúan de manera simultánea en distintos puntos de la zona, como parte de las diligencias para avanzar en las investigaciones y ubicar posibles integrantes, inmuebles u otros elementos relacionados con la célula.

“El Amarillo”, señalado como generador de violencia en Guerrero

De acuerdo con las autoridades, Govén Ulisses “N” es identificado como líder de una célula criminal vinculada con Los Rusos, grupo que mantiene presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

La organización es señalada por su presunta participación en diferentes actividades delictivas, entre ellas delitos contra la salud, extorsión y secuestro.

En el caso de “El Amarillo”, las autoridades lo relacionan además con homicidios, tráfico y distribución de drogas, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado, otro de los elementos que habría permitido avanzar en las investigaciones para localizarlo fuera de Guerrero.

La captura en Puebla muestra, de acuerdo con la información oficial, que las investigaciones sobre la célula criminal no se limitan a la zona donde mantiene su principal presencia. El operativo se realizó en uno de los sectores residenciales de mayor plusvalía de la entidad poblana, donde Govén Ulisses “N” presuntamente se encontraba acompañado por sus escoltas.

Las autoridades no han informado hasta ahora la identidad de los otros dos detenidos ni han detallado qué tipo y cantidad de armas y drogas fueron aseguradas durante el operativo.

Operativo continúa con cateos

Tras la detención, García Harfuch destacó que las acciones de investigación continúan mediante cateos en diferentes puntos.

El funcionario reconoció la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales de Puebla y Guerrero, encabezados por Alejandro Armenta y Evelyn Salgado, respectivamente.

Los cateos forman parte de las diligencias para obtener mayores elementos sobre la estructura de la célula a la que presuntamente pertenece “El Amarillo”, así como sobre sus actividades y posibles vínculos con otros integrantes del grupo criminal.

Por ahora, las autoridades no han informado el número de inmuebles que serán revisados ni si durante estas diligencias se han producido nuevos aseguramientos o detenciones.

La operación ocurre en un contexto de disputa entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas en Guerrero, particularmente en Acapulco, donde grupos vinculados con Los Rusos han sido señalados por autoridades por actividades como extorsión, narcomenudeo y homicidios.

La captura de Govén Ulisses “N” representa así un golpe contra una de las estructuras que las autoridades consideran generadoras de violencia en la entidad, aunque el alcance de la operación todavía está por determinarse debido a que los cateos permanecen activos.

El detenido y sus dos presuntos escoltas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y acreditar ante un juez las imputaciones que correspondan.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen los operativos en diferentes puntos para establecer el alcance de la estructura criminal, identificar a otros posibles integrantes y determinar si existen más inmuebles o recursos relacionados con las actividades atribuidas a la célula.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un laboratorio clandestino de producción de metanfetamina localizado en inmediaciones del poblado Los Cedritos, en Sinaloa. Según datos oficiales, la operación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante recorridos de búsqueda, localización e inhabilitación de narcolaboratorios y erradicación de plantíos ilícitos.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 750 kilos de aparente metanfetamina, entre droga terminada y sustancia en proceso de cocimiento. El hallazgo se sumó a más de una tonelada de precursores y otras sustancias químicas localizadas en la misma instalación, que quedó registrada dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado este golpe con alguna organización criminal con operación en la entidad.

El laboratorio ocupaba una superficie de 15 mil metros cuadrados

El predio donde operaba el narcolaboratorio tenía dimensiones aproximadas de 300 por 50 metros, lo que equivalía a una superficie total cercana a los 15 mil metros cuadrados. La magnitud del terreno permitió a las autoridades ubicar distintas áreas destinadas al procesamiento y almacenamiento de sustancias dentro de un mismo predio.

La localización se dio en el marco de recorridos de seguridad enfocados en la detección de instalaciones destinadas a la producción de drogas sintéticas en la entidad.

Se localizaron más de una tonelada de precursores y sustancias químicas

Además de los 750 kilos de metanfetamina, los elementos federales encontraron 15 bidones que contenían 750 litros de precursores y químicos esenciales utilizados en el proceso de fabricación. A esto se sumaron 50 costales con más de mil 200 kilos de diferentes sustancias, también aseguradas en el operativo.

El material formó parte de los insumos que, según un comunicado compartido este 2 de septiembre, habrían sido destinados a la producción de sustancias ilícitas de no mediar la intervención de las autoridades. La cantidad de precursores localizados evidenció la escala de operación que tenía el sitio.

El equipo industrial incluía un reactor de destilación con capacidad de 500 litros

En el predio se aseguró también maquinaria empleada en el proceso de elaboración de la droga: un reactor de destilación con capacidad de 500 litros, seis centrifugadoras y ocho quemadores.

También se localizaron 23 tinas de color marrón vacías, 63 tambos, 11 ollas de peltre y cinco tanques de gas de 30 kilos cada uno.

El inventario se completó con 69 bidones, 10 palas, 11 pinzas de presión, una barreta y un pico, herramientas utilizadas en las labores del laboratorio. Todo el material fue destruido en el lugar por el personal participante, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente.

La Semar señaló que la acción se enmarcó en el trabajo coordinado con instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, bajo el marco jurídico aplicable y con respeto a los derechos humanos.

La metanfetamina mexicana está llegando a Europa

El tipo de droga asegurada en el narcolaboratorio de Los Cedritos —metanfetamina terminada y en proceso de cocimiento— corresponde a la misma sustancia que circuló en el mercado europeo bajo el nombre de shaboo, según documentó el informe anual 2025 de la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia (DCSA).

El reporte oficial señala que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron de operar únicamente en la frontera entre México y Estados Unidos para convertirse en redes con presencia activa en varios continentes.

De acuerdo con el documento, ambas organizaciones instalaron laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en países como España, Países Bajos y Bélgica, donde enviaron a sus propios “cocineros” para entrenar a socios locales encargados de operar los sitios.

El informe también registró que desde puertos mexicanos del Pacífico, como Mazatlán y Manzanillo, y del Atlántico, como Veracruz, Matamoros y Tampico, salieron cargamentos con destino a Europa, a través de rutas que pasaron por África Occidental y el Sahel.

Un caso reciente evidenció otro modo. El 28 de agosto, autoridades italianas reportaron la detención de dos ciudadanos mexicanos en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma con 17.415 kilogramos de metanfetamina, ocultos en el doble fondo de sus maletas y procedentes de Monterrey, con escala en la Ciudad de México. El cargamento representó una procedencia distinta a las rutas que hasta entonces documentaba la DCSA.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la Fiscalía General de la República (FGR) informará sobre todos los detalles de la red de huachicol fiscal en donde está implicado Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de contrabando de combustible.

“Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa de este 2 de septiembre.

Sheinbaum pide claridad en el caso de huachicol fiscal

La mandataria aseguró que la FGR presentará los detalles de las investigaciones, en un contexto en el que recientemente surgieron los nombres de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y del senador Adán Augusto, como parte de los testimonios de uno de los testigos durante la audiencia de Farías Laguna.

Enfatizó que la investigación sobre la red de contrabando de combustible, destapada por las autoridades en marzo de 2025, está a cargo de la Fiscalía General de la República y reiteró que puede brindarse la información necesaria para aclarar cómo ha ido avanzando la investigación.

“Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada”, afirmó. Sheinbaum detalló que las primeras denuncias sobre la operación ilegal partieron del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien presentó información ante la Fiscalía. Las detenciones iniciales, explicó, se realizaron bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero, y continuaron con la actual fiscal Ernestina Godoy, quien ha dado seguimiento a las carpetas de investigación.

La presidenta relató que pidió a la FGR que exponga públicamente cómo se integró la red, quiénes participaron y cuáles fueron los mecanismos mediante los cuales se frenó el contrabando de combustible, tema que —recordó— ha impactado directamente en la venta de gasolina legal.

Sobre los señalamientos a altos funcionarios, la presidenta aclaró: “Que la Fiscalía explique todo con todo detalle y, obviamente, hay temas que son parte del proceso, pero que se explique claramente cómo estas personas desarrollaron una red muy amplia de contrabando de combustible”. Insistió en que la mención de nombres como Andrés López Beltrán y Adán Augusto López en declaraciones de testigos debe ser esclarecida por la autoridad ministerial, y recalcó: “No es nada más que alguien diga o que un periódico diga o que una revista diga”.

Un análisis de riesgo y posterior revisión documental permitieron detectar un cargamento de extracto de ayahuasca procedente de Perú que intentó ingresar al país por la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el hallazgo este 1 de septiembre de 2026, en un comunicado conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La cantidad asegurada ascendió a 930 gramos de extracto de ayahuasca, sustancia que las autoridades calificaron como un riesgo para la seguridad nacional. El cargamento fue localizado en un paquete de tamaño reducido dentro de las instalaciones de la aduana capitalina.

El análisis documental y de perfiles operativos permitió identificar el envío irregular

De acuerdo con información oficial, la detección fue resultado de esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con personal de la Semar. Estas acciones, según autoridades, buscan detectar inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren revisión especializada.

El análisis de antecedentes comerciales y la validación de perfiles operativos fueron los mecanismos que, según la dependencia, fortalecieron las acciones de inspección sobre este envío en particular. Este esquema de trabajo se aplica de manera permanente en las operaciones de comercio exterior que se procesan por la aduana del AICM.

La coordinación entre personal aduanero y naval, indicó la ANAM, permite reforzar la capacidad de respuesta ante envíos con documentación irregular o incompleta.

El análisis integral de la operación permitió además robustecer los mecanismos de trazabilidad documental y de validación de perfiles comerciales aplicados a este tipo de envíos.

Un binomio canino participó en la confirmación física del cargamento

El registro fotográfico difundido por las autoridades muestra el momento en que un perro entrenado, en compañía de su manejador, señaló el paquete que contenía el extracto de ayahuasca dentro de las instalaciones de la aduana. La imagen exhibe al animal sentado frente a la caja, en actitud de alerta, mientras el manejador sostiene la correa a corta distancia del envío.

Personal especializado realizó la inspección física del paquete que permitió confirmar el contenido detectado previamente por los mecanismos de análisis documental y de riesgo. El procedimiento con apoyo canino forma parte de las herramientas operativas que utilizan la ANAM y la Semar durante la etapa de verificación física de las mercancías señaladas para revisión.

El DMT presente en la ayahuasca está clasificado como sustancia psicotrópica en México

La dimetiltriptamina (DMT), componente psicoactivo presente en la ayahuasca, aparece listada en el artículo 245, fracción I, de la Ley General de Salud, que clasifica a las sustancias psicotrópicas con valor terapéutico escaso o nulo y susceptibles de uso indebido. Esta clasificación es la que sustenta el tratamiento del extracto asegurado como una sustancia de control por parte de las autoridades mexicanas.

Según reportes, la ayahuasca se elabora a partir de la combinación de la planta Banisteriopsis caapi con otra especie vegetal que aporta la molécula de DMT, generalmente Psychotria viridis. El resultado es una decocción con efectos psicoactivos y alucinógenos que combina ambos principios activos, según describe la propia clasificación sanitaria mexicana.

La ANAM, en coordinación con la Semar y en colaboración con la SSPC, refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de inspección, la inteligencia aduanera y la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior. Las dependencias señalaron que este tipo de operativos busca contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras tres dependencias federales aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras descubrir que un contenedor en tránsito declaraba transportar “lámparas” cuando en realidad ocultaba más de 11 millones de cigarrillos. La mercancía quedó sujeta a una medida provisional por la posible afectación a derechos de propiedad industrial.

Contenedor declarado como “lámparas” ocultaba millones de cigarrillos

Durante una visita de inspección conjunta en la aduana del puerto michoacano, elementos de la Semar, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) procedieron a la apertura y desconsolidación física de un contenedor en tránsito.

Al revisar el contenido, las autoridades identificaron una discrepancia grave entre la documentación presentada y la carga real. En lugar de artículos de iluminación, el contenedor alberga más de medio millón de cajetillas de cigarros, equivalentes a 11 millones 88 mil cigarrillos.

La mercancía fue colocada de inmediato bajo una medida provisional que impide su libre circulación en territorio nacional. El procedimiento correspondiente permanece abierto para determinar la posible afectación a los derechos de propiedad industrial de las marcas involucradas.

Inteligencia aduanera, clave para detectar la irregularidad

El aseguramiento no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado conjunto de las dependencias, la detección respondió a los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico que implementa la ANAM en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Estos protocolos permiten identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieren una revisión especializada antes de que la mercancía ingrese al circuito comercial del país.

La ANAM, la Semar y las demás instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones de este tipo forman parte de su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional y contribuir al comercio exterior legal.

Dos operativos previos en agosto en la misma aduana

El hallazgo no es un caso aislado. En agosto se realizaron dos operaciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas que sumaron cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Meses antes, en enero, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Narita, Japón. Ese cargamento equivale a 954 mil 380 cajetillas, con un valor comercial superior a $70.7 millones de pesos.

El cigarro ilegal ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en México

El contexto en el que se producen estos decomisos refleja la dimensión del problema. Según la ANPEC, el mercado ilícito ya concentra 25% de los cigarros vendidos en el país, impulsado en gran medida por una brecha de precios que puede superar los 85 pesos por cajetilla.

Mientras una cajetilla de contrabando puede adquirirse desde $15 pesos, el producto legal supera los $100 pesos. La organización señala que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros es uno de los factores que ha ensanchado esa diferencia, aunque sostiene que elevar el precio de estos productos no necesariamente reduce su consumo.

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Pequeños comerciantes, bajo presión del contrabando

El avance del mercado ilegal también genera consecuencias directas para los pequeños negocios. La ANPEC alertó que grupos dedicados al contrabando recurren a amenazas y extorsiones para obligar a comerciantes a distribuir mercancía ilícita.

El 18 de agosto, en Uruapan, Michoacán, dos personas fueron detenidas tras denuncias de comerciantes que aseguraron haber sido coaccionados para comprar y vender cigarros ilegales. Durante el operativo se decomisaron 14 mil 400 cigarrillos y una libreta con nombres y direcciones de presuntas víctimas de extorsión.

Ante ese escenario, la ANPEC recordó que comercializar cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.

Elementos de la FGR, en coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa, la Semar y la SSPC, interceptaron un vehículo de carga en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa con mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina camuflados como si fueran supuestos paquetes de dulces de coco. El decomiso representa una pérdida de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El operativo tuvo lugar en Huimanguillo, municipio del estado de Tabasco, sobre una de las vías terrestres de mayor tránsito comercial del sureste mexicano. Fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dulces de coco como fachada

Los agentes ejecutaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa cuando detuvieron al conductor de un vehículo de carga. La revisión inicial no arrojó señales evidentes, pero una inspección más detallada reveló inconsistencias en el peso y las dimensiones de las cajas que supuestamente contenían dulces de coco.

Al profundizar en el registro de la unidad, los elementos encontraron que los paquetes no correspondían a lo declarado. Detrás de la presentación comercial se ocultaba un cargamento de cerca de dos toneladas de estupefacientes distribuidos en dos sustancias distintas.

El método de ocultamiento apunta a una operación planificada: el uso de un producto alimenticio de consumo popular, envasado en cajas de apariencia ordinaria, buscaba evadir los controles de inspección en carretera.

Marihuana y metanfetamina, las sustancias aseguradas

La inspección arrojó mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina, para un total cercano a las dos toneladas que el comunicado de la SSPC describió como una de las acciones del programa de fortalecimiento de seguridad en carreteras del país.

Según la dependencia, el cargamento asegurado representa una afectación económica de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de miles de dosis que no llegarán a las calles.

El detenido, a disposición del Ministerio Público

Una vez concluida la inspección, los agentes informaron al conductor sobre sus derechos de ley. El hombre, cuya identidad no fue divulgada en el comunicado oficial, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR junto con todo lo asegurado.

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido e integrará la carpeta de investigación correspondiente. El comunicado no precisó los cargos formales que podrían derivarse del caso ni el perfil del imputado.

Operativos en carreteras del sureste

La acción forma parte de una estrategia más amplia de seguridad vial e inspección en carreteras del país, impulsada por el Gabinete de Seguridad federal. La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa conecta Veracruz con Tabasco y registra un alto flujo de vehículos de carga.

La coordinación entre la FGR, a través de la AIC, y las fuerzas armadas y de seguridad —Defensa, Semar, GN y SSPC— responde al modelo de intervención conjunta que el gobierno federal ha desplegado en distintos puntos del territorio nacional para reforzar los controles en vías de comunicación terrestre.

Según el comunicado de la SSPC, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman con estas acciones su compromiso de “impedir el trasiego de drogas, detener a quienes generan violencia y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.

La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de Huimanguillo, acumula varios operativos en lo que va de 2026. El 18 de julio, la FGR decomisó 600 kilogramos de marihuana ocultos en estructuras que simulaban equipos de aire acondicionado. El 27 de julio, fuerzas coordinadas incautaron otros mil 225 kilogramos en un camión de redilas interceptado sobre la carretera Raudales de Malpaso, en el mismo municipio de Huimanguillo.

En el primer semestre del año, el Gobierno estatal reportó al menos tres operativos adicionales en la entidad, entre ellos la incautación de 254 kilogramos de cocaína en Cárdenas y 630 kilogramos de la misma sustancia en una avioneta procedente de Centroamérica, en Balancán.

Cerrar los ductos de Pemex en 2019 redujo el robo de combustible por perforación de tuberías, pero abrió la puerta al mayor esquema de huachicol fiscal de la historia de México: los cárteles trasladaron su modelo de negocio hacia los puertos y las aduanas marítimas, aprovechando la misma infraestructura de almacenamiento y distribución que ya tenían construida.

Esa es la hipótesis central que el investigador Francisco José Barnés de Castro, exrector de la UNAM y exsubsecretario de Energía, desarrolló en un análisis publicado en la revista Energía a Debate.

La pérdida recaudatoria acumulada entre 2019 y mediados de 2026 supera los 730 mil millones de pesos, según estimaciones de Barnés de Castro construidas con datos oficiales de tres fuentes: la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la Secretaría de Energía y el Banco de México. Solo en 2025, la evasión del IVA y el IEPS por contrabando de diésel de Estados Unidos se estima en 29 mil millones de pesos.

El volumen total de combustible ilícito que entró al país en ese periodo asciende a aproximadamente 935 millones de barriles de gasolina y diésel combinados. Solo el contrabando de diésel proveniente de Estados Unidos acumula 141.5 millones de barriles en siete años y medio, equivalentes a 22,500 millones de litros, según los datos cruzados por Barnés de Castro.

Durante el gobierno de AMLO el contrabando fue 7 veces mayor que con Peña Nieto

La comparación por sexenio es el dato más contundente del análisis. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre enero de 2007 y noviembre de 2012, México llegó a reportar más importaciones de diésel de las que Estados Unidos dice haber exportado, lo que arroja una diferencia negativa de 13.1 millones de barriles: sin contrabando detectable a gran escala.

Con Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, la diferencia entre lo que exportó Estados Unidos y lo que México registró como importación legal fue de 10.5 millones de barriles, equivalente al 2.6% del volumen exportado. Un contrabando presente pero marginal.

El quiebre ocurre con Andrés Manuel López Obrador. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, la diferencia acumulada entre exportaciones estadounidenses e importaciones legales mexicanas ascendió a 112.5 millones de barriles, el 18.9% del volumen total exportado por Estados Unidos a México en ese periodo. Es decir, casi uno de cada cinco barriles de diésel que salió de Estados Unidos con destino a México no fue registrado como tal al entrar al país.

En el actual sexenio, entre octubre de 2024 y abril de 2026, el contrabando acumula ya 29 millones de barriles, con un porcentaje que escala al 22.8% del volumen exportado, el más alto registrado. Barnés de Castro atribuye ese dato no a una expansión del esquema sino a que los operativos de la actual administración aún no han logrado cerrar del todo las rutas activas.

En 2021, el año pico

La metodología de Barnés de Castro es directa: comparar mes a mes cuánto diésel exportó Estados Unidos a México con cuánto registró México como importación legal. Cuando la diferencia es notable y sostenida, la explicación es una sola: el excedente entró declarado como otro producto.

“Si las cifras son similares o hay pequeñas variaciones hacia arriba o hacia abajo, puedes suponer que no hay contrabando o que el contrabando es mínimo”, explicó Barnés de Castro en una entrevista con Aristegui Noticias. “Cuando la diferencia es notable entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que importa México oficialmente, está claramente una diferencia de que está entrando diésel que fue exportado de Estados Unidos como diésel y que se importó a México bajo otro rubro diferente.”

Los datos anuales muestran la progresión con precisión: en 2019 entraron 12 millones de barriles de contrabando, en 2020 subieron a 23 millones y en 2021 llegaron al pico de 35 millones de barriles. Ese año, el huachicol fiscal representó el 32.4% del diésel importado de Estados Unidos y el 25% del consumo total de diésel en el país. Pemex importó el 40%, el sector privado legal otro 30%, y el resto lo introdujo el sector privado de manera ilícita.

“Estamos hablando de más de 140 millones de barriles solo de Estados Unidos, que es lo que puedo identificar aquí”, dijo Barnés de Castro a Carmen Aristegui.

El crimen organizado no tuvo que construir nada: la red ya existía

La hipótesis de Barnés de Castro sobre el origen del disparo del huachicol fiscal tiene una lógica operativa que los datos respaldan: cuando el gobierno federal cerró y militarizó los ductos de Pemex en 2019, el robo de infraestructura cayó, pero los cárteles no desaparecieron. Tenían bodegas, pipas, rutas de distribución y contactos en gasolineras. Solo necesitaban otra fuente de combustible barato.

“¿Qué ocurrió en ese hueco donde el crimen organizado se quedó sin material de trabajo? Pues se coludió, seguramente, con las autoridades necesarias para empezar el negocio del huachicol fiscal, porque es justo esos tres años cuando se dispara”.

La coincidencia temporal es la evidencia más contundente de su argumento: los años en que cae el robo de ductos son exactamente los años en que crece el contrabando marítimo. “Cuando hay ausencia de piquetes de ductos es cuando crece de manera impresionante el huachicol fiscal”, señaló el investigador en la misma entrevista.

La infraestructura reutilizada explica además la velocidad con que el esquema escaló. Armar desde cero una red capaz de mover 35 millones de barriles al año habría tomado años. Adaptarla a partir de una ya existente, con almacenes, transportistas y distribuidores conocidos, es otra historia. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparece identificado por Barnés de Castro como uno de los actores activos en ambas modalidades, tanto en el robo de ductos como en el huachicol fiscal posterior.

La misma estrategia que cerró los ductos transfirió el control de las aduanas marítimas a la Secretaría de Marina. Fueron precisamente mandos navales los que, según la FGR, terminaron facilitando el esquema: el excontralmirante Fernando Farías Laguna y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fueron vinculados a proceso en agosto de 2026 por encabezar la red de contrabando que operó en los puertos de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Los datos desmienten la versión de Morena sobre el origen del fenómeno

El análisis de Barnés de Castro choca de frente con la versión que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ofreció el 18 de agosto de 2026, cuando afirmó que el huachicol fiscal se originó en las políticas energéticas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Barnés de Castro lo refutó con un argumento que invierte la lógica del planteamiento: “No requieres permiso para contrabandear diésel. Todo lo contrario: estás contrabandeando para evitar usar el permiso y evitar pagar el IEPS y el IVA. El permiso te estorba. Evades usarlo e importas bajo otro producto que no requiere permiso de la Secretaría de Energía, porque lo estás declarando bajo otro nombre.”

Los números por sexenio son la refutación más directa: con Calderón no hay contrabando detectable, con Peña Nieto es marginal al 2.6%, y con López Obrador escala al 18.9%. La diferencia entre el sexenio de Peña Nieto y el de López Obrador, en términos de volumen de contrabando, es de 102 millones de barriles.

Las cifras de Barnés de Castro consideran únicamente el diésel proveniente de Estados Unidos. El contrabando que llega de Canadá y otros países no aparece en sus cuentas, advirtiendo que las cifras son una estimación conservadora: “Sabemos que hay una cantidad adicional de contrabando de diésel que está llegando de otras partes del mundo”.

Nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) —entre ellos personas identificadas por la Fiscalía como líderes y objetivos prioritarios— fueron detenidos durante un operativo que incluyó 14 cateos simultáneos en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que los arrestados son investigados por delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

El despliegue se realizó durante la madrugada de este jueves 27 de agosto y movilizó a más de 300 elementos de corporaciones federales y estatales. Los agentes intervinieron inmuebles ubicados en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, y Santa Cruz Xoxocotlán.

La operación fue ejecutada por la FGEO en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. También participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

La Fiscalía informó que durante los cateos fueron aseguradas armas, aunque no detalló públicamente cuántas ni especificó las características del armamento localizado.

Sharon Italia Curiel, entre las nueve personas detenidas

Entre los arrestados se encuentra Sharon Italia Curiel Hernández, identificada por la Fiscalía con las iniciales S.I.C.H. y el alias “La Italia”. Curiel ocupa la secretaría general de la ASAEO.

Su detención había trascendido desde las primeras horas del operativo, pero inicialmente no había sido confirmada por el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla. La FGEO confirmó posteriormente su captura al incluirla en el listado oficial de nueve personas detenidas.

La autoridad también identificó entre los arrestados a H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; H.A.G.Q.; y E.S.M.C.

La Fiscalía señaló que entre los detenidos hay integrantes con funciones de liderazgo dentro de la organización, aunque no precisó qué papel desempeñaba cada uno ni cuáles son los hechos específicos que se les atribuyen de manera individual.

Fiscalía investiga una estructura vinculada con extorsiones

De acuerdo con la FGEO, las detenciones derivaron de un trabajo de inteligencia criminal y operativa relacionado con investigaciones por delitos considerados de alto impacto.

Entre las líneas de investigación aparecen extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso, además de los señalamientos que previamente había dado a conocer el fiscal Rodríguez Alamilla, quien también mencionó despojo y narcomenudeo.

La Fiscalía no ha informado públicamente qué casos concretos sustentan cada una de esas líneas de investigación ni ha establecido la responsabilidad individual de los nueve detenidos.

Más de 300 agentes participaron en el operativo

La dimensión del despliegue convirtió la operación en una acción coordinada entre distintas instituciones de seguridad.

Los 14 cateos fueron ejecutados de manera simultánea en diferentes puntos de la zona metropolitana de Oaxaca, mientras elementos de las corporaciones participantes establecieron los perímetros de seguridad.

La Semar y la SSPC federal participaron directamente en las diligencias, mientras que la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y C5i se incorporaron a las labores de apoyo y vigilancia.

La FGEO señaló que algunas de las personas detenidas fueron trasladadas por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de movimientos.

Entre los detenidos también se encuentra E.S.M.C., quien actualmente se desempeña como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal, de acuerdo con la Fiscalía.

La ASAEO queda bajo investigación por varios delitos

El operativo coloca bajo investigación a dirigentes de una organización sindical con presencia en Oaxaca, pero la Fiscalía no ha señalado que todos sus integrantes estén relacionados con las conductas investigadas.

La FGEO informó que las indagatorias continúan y que los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La operación representa un nuevo frente de las autoridades estatales y federales contra estructuras señaladas por actividades de extorsión y otros delitos de alto impacto en Oaxaca.

Por ahora, la información oficial confirma nueve detenidos, 14 cateos y el aseguramiento de armas, además de la participación de más de 300 elementos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y la responsabilidad que correspondería a cada uno de los arrestados.

En el municipio de Colima autoridades estatales y federales detuvieron a Francisco “N” y Herendira “N”, señalados como presuntos operadores del Cártel Independiente de Colima conocido como Los Mezcales. Durante los despliegues, se aseguraron más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina, de acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Las detenciones ocurrieron en acciones distintas derivadas de labores de inteligencia y de coordinación interinstitucional. Según el informe oficial, los dos arrestos se realizaron en la capital del estado como parte de operativos orientados a frenar actividades de distribución de droga en la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Marina (Semar) participaron en los operativos. Las autoridades identificaron a Francisco “N” con los alias de “El Amarillo” y/o “El Cobra”, mientras que Herendira “N” fue ubicada con los alias de “Adelita” y/o “Abril”; ambos fueron relacionados con la estructura operativa del grupo delictivo.

Durante las intervenciones, el personal de seguridad localizó y aseguró una sustancia “blanca y granulada” con características de metanfetaminas. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis y para integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes, conforme avanzaron las diligencias.

Las dos personas detenidas también fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial, que continuó con las investigaciones y quedó a cargo de determinar su situación jurídica conforme a derecho. El reporte oficial no detalló el punto exacto de los aseguramientos ni si se decomisaron otros objetos durante las acciones.

La Mesa de Coordinación Estatal indicó que mantuvo la estrategia de operativos para reducir la capacidad logística y operativa de las organizaciones criminales, tanto en la capital como en los distintos municipios del estado. En el comunicado, las instituciones participantes señalaron que la coordinación entre corporaciones formó parte de un esquema de actuación conjunta en materia de seguridad.

El informe recordó que, en términos del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presumió inocente y fue tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no existió una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determinara su responsabilidad.

• Fueron detenidos Francisco “N” y Herendira “N” en acciones distintas en el municipio de Colima.
• Se aseguraron más de 2 mil dosis de una sustancia con características de metanfetamina.
• Participaron la SSPC de Colima y la Semar; el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Quién es “El Abulón” y cómo llegó a ser el segundo al mando de Los Mezcales, exsocios del CJNG

Carlos Miguel ‘N’, alias “El Abulón”, es el presunto segundo al mando de Los Mezcales, una organización criminal activa en la capital de Colima y al menos cuatro municipios de esa entidad. Las autoridades lo identifican como un generador de violencia de alta relevancia.

Su historial delictivo motivó un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. El arresto ocurrió en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, al norte de Oaxaca de Juárez, luego de acciones coordinadas de inteligencia.

El detenido acumula al menos cuatro alias adicionales: El Coco, El Pena, La Iguana y El León. Los registros de inteligencia del Gobierno de México lo ubican en una posición de mando dentro de la estructura de Los Mezcales.

‘El Abulón’ dentro de Los Mezcales: de sicario a segundo al mando

Carlos Miguel ‘N’ comenzó su trayectoria delictiva como sicario y operador logístico en Colima y Villa de Álvarez, sí lo documentaron informes militares citados en 2022.

En aquel periodo, las autoridades ya contaban con una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de un familiar de José Bernabé ‘N’, alias La Vaca. La Vaca es el fundador de Los Mezcales, también conocidos como el Cártel Independiente de Colima.

Los Mezcales surgieron con un propósito territorial específico: desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del control en Colima. La organización es, por tanto, una estructura criminal rival del CJNG, no una célula subordinada a ese cartel.

Un operativo contra el huachicol en Tamaulipas derivó en un golpe estimado en 33 millones 955 mil 145.89 pesos a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo-Los Rojos, luego del cateo de cinco inmuebles en Tampico y Altamira, donde fueron asegurados combustible, vehículos, equipo para su almacenamiento, armas y otros bienes.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales, como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

En cuatro de los inmuebles fueron localizados aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques, bombas de presión, tanques reactores, depósitos de almacenamiento, una motobomba y mangueras.

También fueron aseguradas dos armas de fuego y cartuchos, además de equipos de comunicación y otros objetos relacionados con las actividades investigadas.

El aseguramiento de estos bienes, junto con los demás efectos encontrados durante los cateos, fue valuado de manera preliminar en 33.9 millones de pesos, monto con el que las autoridades estimaron una afectación a la capacidad operativa y financiera de la facción del Cártel del Golfo conocida como Los Rojos.

Uno de los cinco inmuebles correspondía a un rancho en el que fueron encontrados 135 animales exóticos. Entre los ejemplares había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos, además de bisontes, búfalos, un camello y tortugas sulcata.

El hallazgo de fauna quedó bajo una investigación distinta en materia ambiental. Al menos 35 ejemplares fueron identificados como especies en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que otros se encuentran regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Una persona fue detenida durante el operativo y quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Los cinco inmuebles fueron asegurados y permanecieron bajo vigilancia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La intervención ocurrió en Tampico y Altamira, municipios del sur de Tamaulipas donde se ha documentado la presencia de Los Rojos, una de las facciones que integran actualmente al Cártel del Golfo.

¿Quiénes son Los Rojos del Cártel del Golfo?

El Cártel del Golfo se encuentra actualmente fragmentado en distintas facciones que mantienen estructuras y áreas de influencia propias en Tamaulipas. De acuerdo con el análisis actualizado de InSight Crime, entre ellas se encuentran Los Rojos, Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Metros y Los Panteras.

La organización conserva su principal zona de actividad en Tamaulipas, aunque su estructura actual es distinta a la de años anteriores debido a la división entre grupos que compiten por el control territorial y de distintas economías criminales.

InSight Crime señala que las facciones del CDG participan en actividades como tráfico de drogas, armas y migrantes, además de extorsiones.

Dentro de esta estructura fragmentada, Los Rojos mantienen presencia en el sur de Tamaulipas.

Insight Crime los ubicó particularmente en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, precisamente la zona donde se desarrollaron los cateos.

La presencia de la facción en esa región también quedó expuesta con la detención, en febrero de 2026, de un presunto integrante identificado como Serapio “N”, alias “El Sapo” o “R-105”, señalado por autoridades como generador de violencia en Tamaulipas.

InSight Crime advierte que la fragmentación del Cártel del Golfo dificulta identificar una estructura de mando única. Los Rojos operan como una facción con liderazgo y control territorial propios, dentro de una organización que mantiene disputas internas y enfrenta además la presión de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La importancia del operativo radica así no sólo en el volumen de combustible asegurado, sino en el valor económico atribuido al conjunto de bienes intervenidos. Los 33.9 millones de pesos representan, de acuerdo con la información obtenida, una afectación directa a recursos e infraestructura asociados con Los Rojos en una de las zonas donde la facción mantiene presencia documentada.

La Armada de México separó de sus filas a Fernando Farías Laguna con carácter definitivo, una decisión que le arrebata el grado de contralmirante y extingue todos los derechos que acumuló durante su carrera naval. La Semar tomó esa determinación en abril de 2026, antes incluso de que las autoridades argentinas lo localizaran en Buenos Aires, Argentina.

Para cuando Farías Laguna fue capturado el 23 de abril, ya no tenía vínculo institucional con la Marina, encabezada actualmente por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y carecía de toda autoridad para presentarse como representante de la institución, de acuerdo con declaraciones de fuentes con conocimiento del caso a El Universal.

¿Qué pierde Fernando Farías Laguna?

Dentro de la jerarquía militar, este tipo de resolución administrativa figura entre las medidas disciplinarias de mayor peso que puede recibir un elemento de las Fuerzas Armadas. No se trata de una suspensión ni de una licencia: la baja definitiva cierra de forma permanente la relación entre el militar y la institución.

Las consecuencias son inmediatas. Farías Laguna no puede portar el uniforme naval, no tiene acceso a los beneficios del fuero militar y pierde los reconocimientos asociados al grado de contralmirante que alcanzó tras años de servicio en el Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, donde ocupó cargos de administración, inspección e inteligencia naval.

La medida es independiente del proceso penal que enfrenta ante la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos procedimientos —el administrativo y el judicial— corren en paralelo sin que uno condicione al otro.

Audiencia de Farías Laguna continuará este jueves

Este miércoles 26 de agosto se reanudó la audiencia inicial de la causa penal 325/2025. La diligencia arrancó a las 11 de la mañana, dos horas después de lo previsto, y se desarrolló a puerta cerrada por videoconferencia, sin acceso de público ni prensa. La FGR argumentó razones de seguridad nacional para mantener la reserva.

El equipo jurídico de Epigmenio Mendieta, que encabeza la defensa, ocupó las primeras cuatro horas y media de la audiencia en presentar peritajes y actos de investigación orientados a desvirtuar alrededor de 100 datos de prueba que el Ministerio Público Federal reunió para sostener la acusación. Mendieta confirmó al salir del recinto que Farías Laguna declaró durante la sesión, pero se negó a revelar el contenido por el carácter privado de la diligencia.

La defensa argumenta que los elementos de la FGR no acreditan que Farías Laguna haya encabezado una organización criminal, y sostiene que el excontralmirante nunca tuvo adscripción en las aduanas marítimas señaladas en la carpeta de investigación.

Mendieta también informó que su cliente atraviesa problemas de salud: ha registrado “situaciones de hipertensión” en los últimos días por falta de medicamentos y mala alimentación.

La jueza Ramírez de la Vega tiene programado emitir su resolución el jueves 27 de agosto a las 8 de la mañana, cuando determinará si existen elementos suficientes para vincular a Farías Laguna a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.

“Los Primos”: la red que operó desde los puertos de Tampico y Ensenada

Fernando y su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna son identificados en documentos de inteligencia y carpetas de investigación bajo el apodo de “Los Primos”. Testimonios integrados al expediente los señalan como los artífices de una estructura de corrupción que aprovechó el control que la Marina ejerció sobre las aduanas e instalaciones portuarias del país durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ambos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina en ese periodo. La FGR sostiene que desde esa posición tejieron una red de funcionarios que permitió introducir combustible de contrabando declarándolo como aceites o aditivos, con lo que la organización evadía el pago de impuestos.

El esquema quedó al descubierto en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 10 millones de litros de hidrocarburo.

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de ese año y permanece en el Altiplano. Fernando llegó al mismo penal el 21 de agosto de 2026, tras ser deportado desde Argentina, donde había ingresado con un pasaporte guatemalteco apócrifo bajo el nombre falso de Luis Lemus Ramos.

Los cargos que enfrentan incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas previstas van de 20 a 40 años de prisión.

El gobierno de Hidalgo rechazó que la detención de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, en el marco de un megaoperativo del Gabinete de Seguridad, sea prueba de que esa organización criminal opera en el estado.

El gobernador Julio Menchaca Salazar y el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, lo sostuvieron en momentos distintos luego de que se dio a conocer el operativo, que incluyó acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán entre el 21 y el 23 de agosto de 2026.

Durante los cateos, el Gabinete de Seguridad aseguró 10 armas de fuego, diversas dosis de fentanilo, metanfetamina y marihuana, 113 vehículos, dinero en efectivo, joyería, equipo de comunicación, un dron, un inhibidor de drones y fauna silvestre en condiciones inadecuadas de cuidado, aunque no se especificó en cuál de los tres estados fue decomisado cada ilícito.

Menchaca: Hidalgo pudo ser solo lugar de residencia, no de operación

El gobernador Menchaca Salazar declaró el pasado 24 de agosto que las detenciones no permiten concluir por sí solas que el CJNG mantenga operaciones criminales en Hidalgo. Dijo que no se puede determinar si los detenidos operaban en la entidad o si la usaban únicamente como lugar de residencia, dadas las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado.

El mandatario indicó que el gobierno estatal tuvo conocimiento previo de los operativos y que participó cuando fue requerido. Señaló que los detalles de las capturas corresponde proporcionarlos a las autoridades federales, dado que fueron ellas quienes condujeron las investigaciones de inteligencia.

Además, Menchaca evitó vincular los operativos con presiones del gobierno de Estados Unidos y subrayó que tanto la Federación como el estado mantienen acciones permanentes contra las organizaciones delictivas.

“No hemos confirmado que pertenezcan a uno en específico”: SSPH

El secretario Cruz Neri fue más explícito este 26 de agosto. En declaraciones a la prensa luego de la inauguración del nuevo Cuartel policial en el estado, señaló de que no puede precisar si el CJNG tiene presencia en Hidalgo, debido a que los presuntos criminales dicen que son de uno u otro grupo, pero no se ha podido confirmado que pertenezcan a uno en específico.

Además, declaró que en ocasiones llegan de otros estados a delinquir a Hidalgo. El titular de la SSPH recordó que en un operativo reciente, fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas con seis armas largas, seis cortas, chalecos y poncha llantas. “No tenemos datos precisos a qué grupo pertenezcan, pero vienen de otros estados, vienen a trabajar a Hidalgo”, sentenció.

Cruz Neri aseguró que la secretaría lleva a cabo operativos constantes y patrullajes en los municipios, y pidió a la ciudadanía usar la plataforma C5 para denunciar puntos de venta de droga.

El operativo federal: 36 inmuebles, 113 vehículos y fauna silvestre asegurada

El Gabinete de Seguridad detalló en un comunicado conjunto que las acciones se desplegaron del 21 al 23 de agosto con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la FGR, la Guardia Nacional y la SSPC. Se ejecutaron acciones simultáneas en 36 inmuebles en los tres estados.

El secretario Omar García Harfuch informó en su cuenta de X que entre los objetos asegurados había tigres, panteras y otras aves y animales con cuidado inadecuado, además de los 113 vehículos, armas y droga. Los 20 detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para determinar su situación jurídica.

El comunicado de la SSPC fue claro al mencionar que se trataría de integrantes ligados al CJNG, algo que las autoridades locales no confirman.

Además, subrayó que el objetivo del Gabinete de Seguridad no es únicamente detener integrantes del cártel jalisciense, sino “disminuir de manera sostenida sus capacidades operativas, logísticas y financieras”.

Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, reconoció el operativo que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Champotón, Campeche. Desde su cuenta oficial en ‘X’, publicó:

“Reconocemos la importante labor y coordinación de la SEMAR y FGR (...) que permitió la detención de seis personas y el aseguramiento de una avioneta, hidrocarburo, armas, vehículos y numerario”, expresó Sansores.

De acuerdo con la mandataria estatal, ambas instituciones trabajan en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Campeche, “donde sumamos esfuerzos y trabajamos de manera coordinada para combatir la delincuencia y proteger la seguridad de nuestra gente”. Reafirmó que en el estado “no hay espacio para la impunidad (...) Nuestro reconocimiento a quienes trabajan todos los días por la paz y la tranquilidad de las familias campechanas”.

Aseguran 9,912 litros de hidrocarburo y 61 vehículos en operativo en Champotón

El pasado sábado 22 de agosto, la FGR y la Semar, aseguraron en Champotón una avioneta, 5 mil 912 litros de combustible, armas, dinero en efectivo y 61 vehículos durante un cateo en un rancho ubicado dentro de la comunidad de El Cerrito, en Campeche, donde también se detuvieron a seis personas en una investigación por probable manejo y traslado ilegal de hidrocarburos iniciada en abril de 2026.

Dentro del inmueble, las autoridades localizaron 5,912 litros de hidrocarburo y 3 mil litros de gas avión. También aseguraron dos tanques con gas LP, una avioneta y documentación diversa, de acuerdo con la Fiscalía.

El operativo se realizó con autorización de un juez de Control. La diligencia derivó de una carpeta abierta tras una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada de Control Regional en Campeche, donde se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se trasladaban hidrocarburos de forma irregular desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

El cateo dejó seis detenidos, armas y 61 vehículos bajo resguardo federal

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: en el rancho cateado fueron detenidas seis personas y todo lo localizado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, que definirá la situación jurídica de los asegurados dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Según la FGR, los detenidos fueron identificados como José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42, Luis Andrés Chi Buenfil de 53, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49.

El aseguramiento también incluyó 61 vehículos terrestres. A eso se sumaron $777,750 en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como indicios de la investigación.

En materia de armamento, la Fiscalía informó el aseguramiento de cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de distintos calibres. En el lugar había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

El inmueble también quedó asegurado mientras continúan las indagatorias para establecer el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades bajo investigación. La Fiscalía señaló que los hechos podrían constituir delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de otros que resulten de la investigación.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que las pesquisas siguen para determinar si los detenidos estarían vinculados con el traslado irregular de combustibles denunciado y con el resto de los indicios localizados en el rancho de Campeche. También precisó que las seis personas se consideran inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

La tarde de este sábado 22 de agosto la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega dictó prisión preventiva contra Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar junto con su hermano una red de huachicol fiscal en puertos del país conocida como “Los Primos”.

La resolución llegó luego de casi 18 horas de audiencia inicial celebrada de forma virtual y a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación. La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva oficiosa, la más restrictiva dentro del sistema penal acusatorio mexicano y que no admite sustitución por otra medida.

La situación jurídica de Fernando Farías Laguna no quedó resuelta de forma definitiva este sábado. El despacho Mendieta y Asociados, que representa al exmando naval, solicitó la duplicidad del término constitucional. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana cuando la jueza Ramírez De la Vega determine si lo vincula a proceso por los cargos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

Farías Laguna llegó desde Argentina pasadas las 3 de la madrugada del viernes 21 de agosto a bordo de un avión de la Marina que hizo escala en Cali, Colombia, para recargar combustible. Fue certificado médicamente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) antes de ser trasladado al Altiplano.

Audiencia de Farías Laguna se celebró a puerta cerrada y de forma virtual

La FGR fue quien solicitó que la diligencia se celebrara sin presencia de medios de comunicación y la jueza Ramírez De la Vega aceptó la solicitud.

La audiencia se desarrolló de forma remota, con la jueza, la FGR y la parte defensora conectadas mediante videollamada, según confirmaron fuentes consultadas por Infobae México.

La defensa había anticipado ese escenario en su tarjeta informativa emitida horas antes desde Almoloya de Juárez. Argumentó que el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la publicidad es la regla y que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada. “La publicidad es la regla; la puerta cerrada, la excepción”, señaló el comunicado.

La defensa también recordó que la propia FGR había hecho público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención y los traslados. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, indicó.

Mónica Gámez Villalba, esposa del excontralmirante, también había exigido en entrevista con MVS Noticias que la audiencia fuera abierta y afirmó tras preguntas del medio que, de lo contrario, haría públicas las pruebas que tiene en su poder.

Según reportes, la FGR cerró su participación en esta primera etapa de la audiencia, que sufrió varios retrasos a lo largo de la noche. El miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana será el turno de la defensa.

La FGR reveló el esquema de la red de huachicol fiscal que operó en cinco estados

La organización presuntamente operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó el esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025 con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La afectación económica a la organización, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Las autoridades aseguraron además 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. La investigación arrancó en 2024, cuando el entonces titular de la Semar compartió a la fiscalía los primeros indicios de las operaciones de la red.

Con la llegada de Farías Laguna a México, suman 16 personas detenidas vinculadas al esquema, 12 de ellas exservidores públicos.

Fernando Farías Laguna no es el único mando naval preso en el Altiplano por este caso. Su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el mismo penal desde septiembre de 2025, cuando la red “Los Primos” recibió el primer golpe por parte del Gabinete de Seguridad.

La Semar se deslindó de Farías Laguna con el lenguaje de su propio lema institucional

En un mensaje publicado en redes sociales el jueves 20 de agosto, la Semar trazó una línea entre la institución y el excontralmirante. “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló. Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos remiten directamente a los pilares del lema institucional de la Armada.

El pronunciamiento recordó que ese compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025”, fecha que remite al día 7 de ese mes, cuando el Gabinete de Seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. En esa misma conferencia, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles fijó su postura: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025, Morales Ángeles fue más lejos. Desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año, reconoció públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

México rescató a 16 migrantes cubanos que permanecían a la deriva en el mar después de que se perdiera contacto con la embarcación en la que viajaban desde la semana pasada, informó este jueves 20 de agosto de 2026 una fuente de la Secretaría de Marina (Semar).

Entre los migrantes se encuentran 12 adultos y cuatro menores de edad, quienes fueron localizados cerca de la Novena Zona Naval, en la península de Yucatán, uno de los puntos del territorio mexicano más cercanos a Cuba.

La embarcación había salido el pasado 11 de agosto desde la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, con rumbo hacia el exterior de la isla. Durante varios días no se tuvo información sobre el paradero de sus ocupantes, lo que generó preocupación entre familiares y organizaciones que siguen los movimientos migratorios desde Cuba.

Inicialmente, medios cubanos y estadounidenses habían reportado que 19 personas viajaban en la embarcación; sin embargo, el último balance proporcionado por la Marina estableció que fueron 16 los migrantes encontrados y rescatados.

Marina despliega embarcación para localizarlos

Ante el reporte de la embarcación desaparecida, la Secretaría de Marina desplegó recursos de búsqueda y rescate en aguas cercanas a la península de Yucatán.

La institución ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, utilizada para operaciones de búsqueda y rescate debido a su capacidad para desplazarse a gran velocidad.

Finalmente, los migrantes fueron ubicados en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras ser encontrados, elementos de la Marina los auxiliaron y les proporcionaron atención médica para conocer su estado de salud después de varios días en el mar.

Posteriormente, los 16 cubanos serían puestos a disposición de la autoridad migratoria, que deberá determinar su situación conforme a las leyes mexicanas.

La fuente de la Marina confirmó que los migrantes ya habían sido recuperados y que eran trasladados hacia las instalaciones navales correspondientes.

El rescate puso fin a varios días de incertidumbre para las familias de los pasajeros, quienes desconocían dónde se encontraban sus seres queridos desde que salieron de Cuba.

La embarcación tenía poco combustible

Uno de los familiares había advertido previamente sobre las condiciones en las que viajaban los migrantes.

Un hombre residente en México, cuyos hijos se encontraban a bordo de la embarcación, declaró a Univisión que la lancha contaba con poco combustible, lo que incrementaba el riesgo de que quedara varada o a la deriva en aguas abiertas.

La situación es particularmente peligrosa para los migrantes cubanos que intentan abandonar la isla en embarcaciones pequeñas y, en algunos casos, improvisadas.

Estos viajes pueden prolongarse durante varios días y exponen a sus ocupantes a naufragios, deshidratación, falta de alimentos, desapariciones y condiciones meteorológicas adversas.

La proximidad entre Cuba y la península de Yucatán ha convertido a las aguas del Caribe en una de las rutas utilizadas por personas que buscan abandonar la isla.

Crece la salida de cubanos por la crisis

El rescate ocurre en un contexto de creciente presión económica y energética en Cuba, que ha provocado que cientos de personas busquen alternativas para salir del país.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible hacia la isla, de acuerdo con el reporte, lo que agravó una crisis energética que ya provocaba apagones prolongados.

Los cortes de electricidad han afectado de manera significativa la vida cotidiana de los habitantes de Cuba, un país con aproximadamente 9.4 millones de personas.

Ante esta situación, algunos cubanos han optado por abandonar el territorio mediante embarcaciones pequeñas, pese a los riesgos que implica realizar una travesía marítima sin condiciones adecuadas de seguridad.

El caso de los 16 migrantes rescatados por México refleja nuevamente los peligros de esta ruta. Tras permanecer varios días sin comunicación y con combustible limitado, 12 adultos y cuatro menores fueron encontrados con vida por autoridades mexicanas, recibieron atención médica y quedaron bajo responsabilidad de las autoridades migratorias.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

Mónica Gámez Villalba, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, exigió este viernes 21 de agosto que la audiencia inicial de su esposo fuera pública, horas después de que el exmando naval llegara deportado desde Argentina y fuera trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La comparecencia está programada para este día a las 5:30 de la tarde y, según declaraciones de Gámez, se estima que tenga una duración de entre 10 y 12 horas.

En entrevista con la periodista Pamela Cerdeira en MVS Noticias, Gámez Villalba dijo que el abogado de la defensa había solicitado que el procedimiento fuera abierto. “Quisiera todo público para darle seguimiento públicamente, para que vea todo México que no tenemos nada que esconder y que, si nos están acusando de algo, que lo demuestren”, declaró.

Afirmó que, si la audiencia se cerraba y la información seguía reservada, estaba dispuesta a hacer públicas las pruebas que tiene en su poder.

Esposa de Fernando Farías afirmó que él no estuvo en Tampico

Gámez Villalba rechazó los cargos contra su esposo y su cuñado el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra recluido en el Altiplano por el mismo delito. Afirmó que ninguno de los dos estuvo adscrito en aduanas ni visitó Tampico, ni ninguno de los puertos donde la FGR documentó el esquema de huachicol fiscal.

“Ni mi esposo ni mi cuñado pisaron Tampico, ni han pisado Texas, ni han pisado ninguno de los lugares donde se hizo la mayor red de contrabando”, declaró.

Sostuvo que los acusan por ser sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y que esa relación familiar los convirtió en la coartada para encubrir a los verdaderos responsables. Dijo que el exfuncionario les negó ayuda de forma directa cuando lo buscaron. “No los puedo ayudar”, habría respondido, según Gámez Villalba.

También señaló que en la Secretaría de Marina (Semar) “siempre ha habido mucha venganza” y que lo que ocurre con su esposo y su cuñado nunca se había visto. Dijo que aun así no los van a destruir como familia. “La verdad siempre sale a la luz”, afirmó.

Esposa del exmarino aseguró que Estados Unidos tiene pruebas de su inocencia

En la misma entrevista con MVS Noticias, Gámez Villalba aseguró que el gobierno de Estados Unidos sabe que Fernando Farías es inocente, y que esa postura se evidencia en que las autoridades de ese país no lo reclamaron para sí.

“¿Por qué no lo quiere Estados Unidos?“, preguntó, y posteriormente afirmó que es porque saben que Fernando Farías es inocente. Dijo además que él puede aportar información de valor para las autoridades estadounidenses, aunque aclaró que prefirió no profundizar en ese punto para no afectar el proceso legal.

Gámez Villalba añadió que la red de huachicol tiene vínculos con Estados Unidos y que ese país no protegería a alguien que formara parte de ella. Además, declaró que ya le confirmaron que EEUU tiene pruebas de la inocencia de su esposo.

Gámez Villalba le pidió a Ernestina Godoy que diera la cara con la verdad

Gámez Villalba lanzó un mensaje directo a la fiscal general Ernestina Godoy al cierre de la entrevista con MVS Noticias. Le pidió que diera la cara “con la verdad” y le advirtió que no lograría destruir a su familia. “Ahorita es muy fácil que te armen una carpeta. A mí mañana me pueden armar una carpeta porque les estorbo”, dijo.

Le preguntó a Godoy si era mamá y le pidió que se pusiera en su lugar. Cuestionó que en México ya no prevaleciera la presunción de inocencia. “Ahorita siento que estamos en una sociedad muy caída en la impunidad, ya no prevalece la presunción de inocencia”, declaró.

Defendió la trayectoria de su esposo como marino de tercera generación, con maestrías y condecoraciones obtenidas por méritos propios, no por su vínculo con el exsecretario. “Los logros y méritos que tienen no son por su ex tío, son por ellos, porque tienen primeros y segundos lugares”, señaló.

La defensa invocó el artículo 20 constitucional para exigir la audiencia abierta

En una tarjeta informativa emitida desde Almoloya de Juárez, la defensa confirmó que ya tuvo comunicación con Farías Laguna desde el momento en que aterrizó en México y que aguardaba la notificación formal de la audiencia. Solicitó que el procedimiento fuera público con base en el principio de publicidad que rige el sistema penal acusatorio.

La defensa citó el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que la publicidad es la regla y que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada. Argumentó que la propia FGR hizo público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención y los traslados. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el comunicado.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna está programada para las 17:30 horas de este viernes 21 de agosto y quedó a cargo de la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega, con sede en Almoloya de Juárez.

Cabe señalar que es la misma jueza preside el proceso contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien también se encuentra recluido en el Altiplano acusado de encabezar una red de huachicol fiscal ferroviaria que evadió más de 4 mil millones de pesos en impuestos con operaciones documentadas a través de 162 carros tanque y 4 mil 238 importaciones irregulares entre enero y julio de 2025.

Las fotografías, distribuidas con marcas de agua institucionales de la FGR, muestran a Farías Lagunas con barba oscura, sudadera verde claro y pantalón beige.

Qué muestran las imágenes del operativo

La primera fotografía fue tomada de noche en la pista aérea del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. El detenido avanza escoltado por cuatro agentes: dos a su izquierda, con uniforme táctico negro completo y credencial visible al cuello, y dos a su derecha con ropa de civil oscura.

Uno de los agentes del lado derecho porta un chaleco con las siglas “FFA” en letras amarillas. Al fondo se distingue un vehículo oficial con luces de emergencia azules encendidas y una matrícula con los dígitos parciales “109”.

La segunda imagen fue captada en un espacio interior de fondo claro. En ella, el detenido avanza con la cabeza ligeramente inclinada, flanqueado por dos agentes. El que aparece a su derecha viste un chaleco azul con las siglas “PFA”, Policía Federal Argentina, en letras amarillas, dato que confirma la participación de esa institución en el operativo y la cooperación binacional entre México y Argentina.

Deportación, no extradición

El traslado se concretó como deportación bajo custodia de la Interpol, no como extradición formal. El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna, señaló que no recibió notificación alguna, dado que el juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Argentina.

Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó este jueves el resolutorio que archivó el proceso de extradición formal al recibir el desistimiento del Estado mexicano. El documento ordenó archivar las actuaciones “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.

La red “Los Primos” y los cargos

Farías Laguna es acusado de encabezar, junto a su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, que operó en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico.

La organización permitía el desembarque de combustibles declarados como otras mercancías para evadir el pago de impuestos. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

El excontralmirante fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, adonde había ingresado bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo, y contaba con una ficha roja de la Interpol.

Sheinbaum, la esposa y el destino final

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el traslado desde su conferencia del 18 de agosto, aunque sin precisar fecha ni mecanismo, y solicitó a la FGR y a la SRE que informaran los detalles.

Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, difundió un video el 19 de agosto en el que pidió a Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que garantizaran la integridad de su esposo durante el traslado y a su llegada al país.

El destino final de Farías Laguna sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde su hermano Manuel Roberto ya se encuentra recluido por el mismo delito.

En un operativo de seguimiento y vigilancia derivado de trabajos de inteligencia interinstitucional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) detuvieron a José Alfredo “N”, alias “El Pirul”, identificado como presunto sicario e integrante del Cártel de los Los Mezcales, también conocido en la región como el Cártel Independiente de Colima.

Según reportes oficiales, la captura se concretó en el municipio de Colima, tras establecer la posible ubicación del objetivo. “El Pirul” contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, mandamiento que justificó la aprehensión.

Tras confirmar plenamente su identidad y descartar que se tratara de un homónimo, los agentes ejecutaron el mandato judicial, le informaron el motivo de su detención y le notificaron la orden judicial existente en su contra, además de realizarle la lectura de derechos.

Este mismo 20 de agosto fue confirmado que bajo estrictas medidas de seguridad, “El Pirul” fue trasladado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, donde quedó a disposición del juez de control que lo requería.

La detención se suma a una cadena de golpes contra el Cártel de Los Mezcales

La captura de “El Pirul” no es hecho aislado. Las autoridades colimenses acumulan una serie de arrestos contra la organización en meses previos, lo cual ha desmantelando su estructura operativa.

El 13 de mayo, la Semar, la SSPC federal y la SSPC estatal ejecutaron el operativo “Goya” y detuvieron a José Luis “N”, alias “Billyboy”, identificado como presunto jefe de sicarios del Cártel de Los Mezcales.

Semanas después, el 8 de junio, cayeron Francisco Javier “N”, alias “El Blanco”, señalado como coordinador de una célula de sicarios, y Héctor Miguel “N”, encargado de logística y comunicación con integrantes del grupo en otras entidades. Ambos tenían órdenes de captura por feminicidio en grado de tentativa derivado de hechos en Yucatán. Según reportes previos de este medio, “El Blanco” habría ganado relevancia al interior de la organización precisamente tras la caída de “Billyboy”.

Además, el pasado 11 de junio se concretó el arresto de José de Jesús “N”, alias “El Chuy Roñas” o “El Venado”, de 30 años, también integrante del Cártel Los Mezcales. Contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y fue señalado además por delitos contra la salud.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, organismo que agrupa instituciones de los tres órdenes de gobierno, coordinó los operativos en todos los casos.

El Cártel de los Mezcales se separó del CJNG y ahora opera con Los Mayos

Según reportes, la organización tiene su origen como célula subordinada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, la ruptura con el cártel ahora encabezado por Juan Carlos Valencia, alias “El 03″, ocurrió a principios de 2022, cuando sus líderes desconocieron la autoridad de las cuatro letras y buscaron autonomía en sus operaciones.

Los detonadores presuntamente fueron desacuerdos por el reparto de ganancias, el control de rutas para el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones, además de un clima de desconfianza desde la estructura del CJNG hacia operadores locales.

Desde esa fractura, El Cártel de Los Mezcales concentró sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y disputas territoriales en municipios costeros y conurbados del estado. El conflicto con el CJNG detonó una ola de violencia que posicionó a Colima como la ciudad más violenta del mundo en 2023.

El panorama se hizo más complejo el 20 de enero de 2026, cuando Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, desplegó mantas en Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar públicamente su respaldo al Cártel de Los Mezcales. Uno de los mensajes leía: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”.

Tras la captura de “El Pirul” la Mesa de Coordinación Estatal indicó que los operativos continuarán con el objetivo de reducir la capacidad logística de las organizaciones criminales tanto en la capital del estado como en cada uno de los municipios de Colima.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reveló este jueves 20 de agosto los detalles del esquema de operación de la red de huachicol fiscal marítimo presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

El mensaje llegó luego de confirmarse que el exmando naval Fernando Farías Laguna fue deportado de Argentina y entregado a autoridades mexicanas, para ser trasladado y que pueda enfrentar los cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que le imputan.

Según datos revelador por Godoy Ramos, la afectación económica a la organización criminal, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Además, en las acciones contra la red se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. Con Fernando Farías Laguna en manos de autoridades mexicanas suman 16 personas detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos.

Además, la fiscal reafirmó que el esquema criminal comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando almirante secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles compartió a Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red delictiva.

Buques tanque declaraban hidrocarburo como aceites para evadir impuestos

La organización, según Godoy, operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos. Con esa maniobra evadían el pago de impuestos.

Además, la fiscal afirmó que agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó la operación de este esquema en cinco estados:

• Tamaulipas
• Baja California
• Colima
• Sonora
• Ciudad de México

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas.

Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La fiscal informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el modus operandi de la red y obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, revisiones falsas y adulteración en registros de volumen. Con esa base, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo múltiples órdenes de aprehensión, entre ellas la de Fernando Farías Laguna.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución.

Este 20 de agosto la FGR compartió una fotografía con las 16 personas detenidas por presuntos vínculos con el esquema criminal, sin revelar sus identidades. Una consulta de Infobae México a la conferencia del Gabinete de Seguridad del 7 de septiembre de 2025 -cuando fue destapado el esquema- permitió identificar los nombres de los primeros 14 detenidos:

• Manuel Roberto Farías Laguna
• Clímaco “N”
• Humberto Enrique “N”
• Sergio “N”
• Carlos de Jesús “N”
• Fernando Ernesto “N”
• Francisco Javier “N”
• Endira Xóchitl “N”
• Perla Elizabeth “N”
• Ana Natalia “N”
• Ismael “N”
• Anuar “N”
• Héctor Manuel “N”
• José “N”

El decimoquinto es Fernando Farías Laguna, trasladado a México este 20 de agosto. La identidad del decimosexto detenido no aparece en reportes oficiales.

Godoy: Fernando Farías Laguna ingresará al Altiplano a disposición del juez que lo requiere

La fiscal también se refirió al operativo coordinado para traer a Fernando Farías Laguna de regreso a territorio mexicano. Según datos revelados, el traslado fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR, la Semar, la SSPC y la SRE, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y de Argentina. En el caso concreto de EEUU, no se sabe hasta el momento cuál fue la participación que tuvo.

El hombre señalado como presunto líder de la red criminal conocida como “Los Primos” está siendo trasladado en este momento en una aeronave de la Semar. Se espera que el jet realice una escala y luego parta con destino final a la Ciudad de México.

Una vez en territorio nacional, Fernando Farías será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, a disposición del juez de control que lo requirió. En ese mismo penal se encuentra preso su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna.

Godoy informó que ha instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y profundidad, y que seguirá informando al pueblo de México sobre los avances en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo.

Cerró su mensaje con una advertencia directa: “Donde hay impunidad, habrá investigación; donde hay crimen, habrá consecuencias”.

La Secretaría de Marina (Semar) se deslindó este jueves 20 de agosto de la conducta del excontralmirante Fernando Farías Laguna, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que se encontraba bajo resguardo de autoridades mexicanas para realizar su traslado desde Argentina a México.

En un mensaje publicado en la red social X, la institución naval afirmó que la actuación de personas sujetas a investigación “no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”, y reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

La afectación económica documentada por la red que encabezaban los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Semar José Rafael Ojeda Durán, asciende a más de 340 millones de pesos solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, según reveló la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos en un mensaje oficial.

Con el traslado de Fernando Farías Laguna, suman 16 personas detenidas vinculadas al caso, entre ellas 12 exservidores públicos. Las acciones contra la red también han derivado en el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.

La Semar eligió el traslado para fijar su postura con el lenguaje del lema institucional

El breve mensaje de la Semar no se limitó a reconocer su participación logística en el operativo, debido a que fueron ellos quienes brindaron el avión para cumplimentar la deportación. Eligió el momento para trazar una línea entre la institución y quienes la corrompieron desde adentro, y lo hizo con un lenguaje que remite directamente al código de valores de la Armada.

“La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló.

Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos no fueron un accidente tipográfico, sino que se trata de los pilares del lema institucional de la Armada, y su uso en ese contexto constituyó una separación deliberada entre la institución y quienes la traicionaron.

La Semar también subrayó que esa postura no era nueva. El texto recordó que el compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025” con la legalidad, la transparencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Esa fecha remite al 7 de septiembre de 2025, cuando el gabinete de seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red de huachicol fiscal, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del ahora trasladado.

Además, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles ya había marcado distancia desde ese primer momento. Ante el exfiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la SSPC Omar García Harfuch, fijó su postura en conferencia de prensa: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre, Morales Ángeles fue más lejos. Eligió el foro más visible del calendario militar para reconocer públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”. No fue un comunicado de prensa ni una respuesta a medios: fue una declaración desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año.

El comunicado de este jueves retomó ese hilo y lo cerró con el traslado de Fernando Farías Laguna como evidencia de que el compromiso se sostuvo. La presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado a Morales Ángeles el 31 de julio durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, donde lo describió ante 211 nuevos guardiamarinas como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

La FGR reveló el modus operandi de “Los Primos” tras confirmarse la entrega

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reveló este jueves los detalles del esquema que integraron los hermanos Farías Laguna. La organización, identificada como “Los Primos”, utilizaba buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto. Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente.

La FGR documentó la operación de ese esquema en cinco entidades: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas. Días después, el gabinete de seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución. La fiscal también precisó que el esquema comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando Morales Ángeles compartió a Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red.

México desistió de la extradición formal y optó por la deportación para acelerar la entrega

El traslado de Fernando Farías Laguna se concretó por la vía de deportación, no de extradición. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano. El juez Julián Daniel Ercolini firmó el resolutorio que declaró la falta de mérito para proceder conforme al Código Procesal Penal argentino.

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Una vez en territorio mexicano, Fernando Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está preso su hermano Manuel Roberto. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito sancionado en México con entre 20 y 40 años de prisión.

Fernando Farías Laguna fue entregado este jueves 20 de agosto a autoridades mexicanas en Buenos Aires, tras ser liberado del penal de máxima seguridad donde permaneció detenido desde el pasado 23 de abril de 2026. El traslado se concretó por la vía de deportación, después de que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió un mensaje en sus canales oficiales confirmando el proceso de traslado de Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en aduanas marítimas del estado de Tamaulipas.

Su destino sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está recluido su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito que en México se sanciona con entre 20 y 40 años de prisión.

Las primeras imágenes de Fernando Farías siendo entregado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza revelan que viste una sudadera de color verde y pantalón caqui. El viaje con rumbo a la Ciudad de México llevaría al menos nueve horas y media en caso de ser directo.

Fuerzas federales coordinan la operación de traslado

La FGR informó este jueves 20 de agosto, a las 15:37 horas del centro del país, que llevaba a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna desde Argentina a México en coordinación con la Semar, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Fue el primer pronunciamiento oficial sobre el operativo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara desde el 18 de agosto que informaran los detalles del proceso.

Posteriormente, en un comunicado oficial, la dependencia precisó que personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajó a Argentina para traer consigo a Farías Laguna y presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en México.

Detallaron que la Semar dispuso la aeronave que traerá al presunto criminal hasta territorio nacional.

La FGR describió el procedimiento como una expulsión y recordó que el arresto de Fernando Farías derivó de una Ficha Roja de Interpol emitida a solicitud de la propia FGR, al contar con una orden de aprehensión en su contra. La dependencia calificó la acción como resultado de “trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información”.

La fiscalía agradeció la colaboración de autoridades de Estados Unidos, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de Argentina. Añadió que continuará informando sobre los trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad para “combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen a las y los mexicanos terminen financiando actividades criminales”.

México desistió de la extradición formal para acelerar la entrega

El juez Julián Daniel Ercolini firmó este jueves el resolutorio que declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer a Farías Laguna conforme al artículo 309 del Código Procesal Penal argentino, y ordenó archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder según el artículo 195 del mismo ordenamiento. El documento estableció que el archivo se ordenaba “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”.

La decisión de abandonar la vía formal de extradición y optar por la deportación no fue menor. La extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. El proceso puede extenderse durante meses o años, e implica la revisión judicial del caso en el país requerido.

La deportación, en cambio, es un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este mecanismo puede ejecutarse de forma más expedita porque no requiere una resolución judicial de fondo sobre los cargos que enfrenta el deportado en el país solicitante.

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Un recurso de asilo retrasó su salida del penal de Ezeiza

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina de este jueves que el traslado no se concretó la noche del miércoles por un recurso jurídico que el propio Farías Laguna interpuso en Argentina. “Él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México”, dijo. Agregó que representantes de la FGR le informaron en el Gabinete de Seguridad que el traslado “no está en duda”.

El abogado argentino de la defensa, Félix Helou, precisó en entrevista con Azucena Uresti que Farías Laguna había solicitado asilo político antes de su detención, alegando que enfrentaba riesgos si regresaba a México. Argentina lo negó. La defensa pidió la reconsideración de ese rechazo argumentando errores técnicos en la solicitud original, y ese recurso fue el que retrasó su salida del penal.

Helou también reveló las condiciones en que su defendido estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza: tenía acceso a luz natural solo cuatro horas al día. “No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, declaró.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, había precisado el 19 de agosto a Infobae México que la deportación estaba confirmada.

Agentes de EEUU se reunieron con Fernando Farías antes de su entrega

Helou también confirmó que agentes de EEUU sostuvieron una reunión con Farías Laguna en el penal de Ezeiza previo a su entrega a las autoridades mexicanas. “También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna. No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, declaró. El abogado no descartó que su defendido pudiera colaborar con autoridades estadounidenses: “Siempre hay una posibilidad”, sostuvo.

El periodista Arturo Ángel reportó previo a la confirmación que el gobierno de Donald Trump habría intervenido ante el gobierno de Javier Milei para lograr la entrega sin recurrir al proceso formal de extradición. Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Farías Laguna.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum negó que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien estuvo en Buenos Aires para la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, tuviera participación en el operativo. “No fue a ese tema. Es un asunto de la Fiscalía que viene trabajando hace tiempo y Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas”, dijo.

La ministra de Seguridad argentina Alejandra Monteoliva había publicado el 19 de agosto una fotografía de su reunión con Harfuch en redes sociales, aunque en ese encuentro el tema central fue el combate al narcotráfico y al crimen organizado entre ambos países.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires tras permanecer prófugo desde octubre de 2025, cuando no acudió a su citación ante un juzgado federal mexicano y huyó del país. Antes de llegar a Argentina viajó de México a Florida, Estados Unidos, y de ahí a Colombia, desde donde ingresó al país sudamericano con la identidad falsa. Una ficha roja de la Interpol permitió su localización y captura.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa al contralmirante Fernando Farías Laguna, reveló la tarde de este 19 de agosto a Infobae México que la deportación de su cliente a territorio nacional está confirmada.

El exmando de la Secretaría de Marina (Semar), acusado de encabezar junto con su hermano la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, será trasladado en las próximas horas a bordo de un avión bajo custodia de la Interpol, según la misma fuente.

Según la defensa legal del hombre detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Argentina, hasta el momento no ha despegado la aeronave que lo trasladará.

La información disponible hasta el momento es escasa: diversos medios de comunicación han reportado detalles del operativo con base en fuentes federales, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hayan emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó desde la mañana del pasado 18 de agosto.

Reportes del medio N+ con base en fuentes federales dijeron que autoridades mexicanas ya se encontraban en Buenos Aires para recibir a Farías Laguna y trasladarlo ante el juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El mismo medio compartió fotografías en las cuales se observa un jet de la Semar sobre una pista, acompañadas con marcas de agua propias de una cámara corporal, las cuales revelan que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El destino final de Fernando Farías sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya se encuentra recluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos son señalados como sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien representó a la institución naval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El periodista Arturo Ángel había adelantado en su cuenta de X (antes Twitter) que la entrega estaría a cargo de la Interpol Argentina y que la comparecencia ante el juez de control del Altiplano ocurriría el jueves 20 o el viernes 21 de agosto a más tardar.

Estados Unidos habría intervenido para que Argentina accediera a la deportación

Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que el gobierno de Estados Unidos habría presionado a las autoridades argentinas para que accedieran al proceso de deportación. Según esas mismas fuentes, Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Fernando Farías Laguna.

La gestión se habría realizado en presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se encuentra en Buenos Aires para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA.

Este mismo 19 de agosto la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, compartió una publicación en la que reveló que existió una reunión con Harfuch. “Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo Monteoliva en redes sociales.

Infobae México consultó al despacho Mendieta y Asociados sobre la presunta intervención de Estados Unidos en la deportación de su cliente. La defensa respondió que no cuenta con información al respecto.

La defensa distinguió entre extradición y deportación tras declaración de la presidenta Sheinbaum

El pasado 18 de agosto, el equipo legal de Fernando Farías emitió una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición hubiera sido concedida y precisó que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto en Argentina. La precisión respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo ese mismo día en conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, sin precisar fecha.

El comunicado del despacho Mendieta y Asociados subrayó que extradición, deportación y expulsión son procedimientos jurídicos distintos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la SRE, la FGR y el Poder Judicial; puede tomar meses o años.

La deportación, en cambio, es definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria, y puede ejecutarse de forma más expedita.

Fernando Farías Laguna enfrentaba precisamente un proceso paralelo de expulsión derivado de haber ingresado a Argentina con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos.

Los testigos que declararon ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de los hermanos Farías Laguna no solo señalan a Andrés Manuel López Beltrán como presunto facilitador de operaciones de huachicol fiscal, sino también a otros políticos y funcionarios que, hasta la fecha, ninguno habría sido citado a declarar. Los únicos detenidos en toda la trama son los dos marinos que la Fiscalía presenta como las cabecillas de dicha red.

El expediente de la causa penal 325/2025, que investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, contiene al menos dos declaraciones de testigos distintos que trazan una cadena de protección política.

Según las investigaciones, el daño al erario por evasión de impuestos y aranceles en la red de huachicol fiscal asciende, según las indagatorias, a 177,000 millones de pesos. La cuota que la red cobraba por cada buque que atracaba con combustible ilegal era de 1 millón 750,000 pesos.

¿Quiénes son los dos testigos y qué dijeron?

El primero de los testimonios proviene del testigo protegido con clave “Santo”, identificado por el periodista Arturo Ángel como el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la aduana de Tampico.

En un escrito entregado a la FGR el 13 de mayo de 2025, Torres relató que, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico con 10 millones de litros de diésel de contrabando, contactó a operadores de la red para advertirles que los involucrados “tienen miedo de su situación”. La respuesta que recibió fue que se trataba de un “choque político” entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuh, y “el hijo del presidente”, pero que “ya llegaron a un acuerdo”.

En ese mismo testimonio, Santo describe el muelle al que llegaban los buques, a quién estaba concesionado y la relación entre ese concesionario y el senador Adán Augusto López Hernández.

Epigmenio Mendieta lo precisó en entrevista con Radio Fórmula este martes 18 de agosto: “Él explica a dónde llegaron los barcos, a qué muelle, quién está concesionado ese muelle y de ahí sale la relación que tiene el concesionario de ese muelle con el senador de la República”.

El segundo testimonio proviene de Juan Carlos Soto Pichá (JCSP), subdirector de Operaciones Aduaneras de Guaymas, quien declaró como testigo en calidad distinta a la de protegido. Su relato se concentra en la operación del 21 de marzo de 2025 con el buque cisterna Torm Agnes, que transportaba diésel disfrazado como aditivo de aceite con destino a Intanza, empresa identificada por tres fuentes de seguridad mexicanas y por la agencia Reuters como presunta fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Era un tema de Andy”: la llamada al secretario de Marina

Cuando el decomiso simultáneo del Challenge Procyon en Tampico encendió las alarmas en la Secretaría de Marina y la fiscalía envió agentes al puerto de Guaymas, el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Mike o capitán Sol, tranquilizó al testigo que consideraba la operación perdida.

La cita que recoge el expediente es puntual: “Ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”.

La operación resultó exitosa. En 90 minutos el Torm Agnes salió de la zona de amarre e inició maniobras de zarpe. Cuando los agentes de la fiscalía llegaron a exigir una inspección, el capitán les respondió que el barco ya estaba en maniobras y la mercancía había sido desaduanada.

El abogado Mendieta subrayó el dato temporal que ancla ese episodio: “Estamos hablando del año 2025, del nuevo secretario de Marina”. El titular de la dependencia en ese momento era Raymundo Morales, quien sigue en el cargo.

“Con la finalidad de ubicarnos perfectamente en el tiempo, esto me dice que ahí tendrían que ser citados el anterior secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y también el actual. Sin embargo, tengo la seguridad de que la Fiscalía General de la República no los va a incomodar con un citatorio”, mencionó.

Una operación de Estado que requería siete dependencias alineadas

Fernando Farías declaró que la red no pudo haber sido obra de dos marinos de mando medio con funciones administrativas. “Esto es una operación de Estado”, dijo.

El propio testigo protegido JCSP describió en su declaración ministerial, según el reportaje de Arturo Ángel en Entorno MX, la estructura de complicidades que requería el esquema: “Capitanía de puerto, ASIPONA, aduana, agencia naviera, agencia aduanal, la transportista… todos están alineados”.

Mendieta desarrolló ese mismo argumento ante Pepe Cárdenas de Fórmula: “No puede ser que siete dependencias, a través de sus distintos funcionarios, no tuvieran ningún mecanismo para poder controlar, detener o impedir que llegaran buques de esta naturaleza”.

La FGR, no obstante, solo ha imputado a los hermanos Farías y a una docena de operadores. Ningún titular de dependencia ha sido citado.

La periodista Peniley Ramírez confirmó en su columna del 15 de agosto en Reforma que el expediente contiene además al menos una transferencia de dinero desde una empresa facturera hacia una cuenta en el primer círculo de Andy López Beltrán.

Los hermanos Farías Lagunas, los únicos detenidos

La FGR acusa a los hermanos Farías de encabezar “Los Primos”, una red que tomó el control de áreas estratégicas de la Agencia Nacional de Aduanas de México aprovechando sus cargos en la Secretaría de Marina.

Manuel Roberto, vicealmirante y el segundo en la escala jerárquica de la dependencia, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Fernando, contralmirante identificado como líder operativo de la red, huyó a Argentina con pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos y fue capturado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 23 de abril de 2026. Su extradición tiene audiencia preliminar programada para el 27 de agosto.

Desde El Altiplano, Manuel Roberto ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando irregularidades en su proceso. En una de ellas escribió que “entre sus compañeros de partido están los culpables”. Fernando declaró ante el juez federal en Buenos Aires que teme por su vida si regresa a México: ocho personas relacionadas con la investigación han muerto en circunstancias que su defensa califica de sospechosas.

La imputación formal que la FGR sostiene contra ambos se limita a haber propuesto, nombrado y removido personal de la Marina para colocarlo en posiciones estratégicas dentro de las aduanas. Mendieta lo desmonta con un dato concreto: la FGR ya intervino el celular de Manuel Roberto y descargó todas sus conversaciones. “No tiene ninguna conversación con ninguna operación de esta naturaleza”, dijo a Uresti.

De acuerdo con el abogado Mendieta, los nombramientos de los titulares de cada aduana, según documentos, están firmados por quien tenía la responsabilidad institucional de hacerlo: el secretario de Marina. “Los hermanos Farías nunca estuvieron adscritos en las aduanas”, dijo, “y curiosamente empiezan a aparecer los documentos en los que ellos nunca firmaron ninguno de estos nombramientos”.

La FGR que desmiente sin desmentir

El 17 de agosto, la FGR publicó en su cuenta de X un comunicado en el que calificó de “falsa” la información periodística sobre testigos con señalamientos contra López Beltrán. La dependencia, encabezada por Ernestina Godoy, precisó que “el Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

El comunicado no niega la existencia de los testimonios. Dice que lo que tiene no alcanza la fuerza legal para abrir una indagatoria formal.

El argumento de Mendieta apunta directamente a la contradicción de la FGR. Si los testimonios son válidos para sostener la imputación contra los hermanos Farías, no pueden ser descartados cuando esos mismos testigos nombran a otros funcionarios.

“Si vamos a descalificar el dicho de este testigo porque miente cuando menciona el nombre de dos funcionarios de primer nivel, pues miente entonces en todo momento”, dijo a Radio Fórmula. “Cuando menciona los nombres de Manuel Roberto, pues entonces lo que está contando todo el tiempo son mentiras. No solamente cuando menciona el nombre de Adán Augusto o el de Andy”.

A dos de los mencionados en esos testimonios los tienen detenidos. A los otros, dijo Mendieta, “ni siquiera los molestan con una declaración”.

Mendieta fue más directo en su conversación: “Pocas veces vemos que una institución como la Fiscalía General de la República, por escrito y a través de un comunicado, nos diga a quién definitivamente no quiere investigar”.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este martes el fallecimiento de cuatro elementos navales tras un accidente ocurrido en las inmediaciones del muelle de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

La institución lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a las familias de los marinos, de acuerdo con el comunicado emitido por el Sector Naval de La Pesca, los elementos se encontraban fuera de sus actividades laborales cuando ocurrió el percance.

El vehículo particular en el que viajaban cayó al río ubicado en las inmediaciones del muelle, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes.

Accidente en La Pesca deja cuatro marinos muertos

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este martes 18 de agosto. Tras el reporte, autoridades locales acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

La Secretaría de Marina informó que personal de buzos de la institución se trasladó hasta el lugar para colaborar con las autoridades locales en la recuperación de los cuerpos.

La dependencia no proporcionó detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer al río. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de los cuatro elementos navales fallecidos.

Los primeros reportes ubicaron el percance cerca de un lugar conocido como La Draga, en uno de los accesos principales a la comunidad de La Pesca. La zona fue atendida por corporaciones y cuerpos de emergencia que participaron en las acciones posteriores al accidente.

Marina inicia investigaciones para esclarecer el accidente

Tras confirmar la muerte de los cuatro elementos, la Semar señaló que las autoridades competentes realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas y circunstancias del accidente.

La institución precisó que estos trabajos permitirán establecer qué ocurrió antes de que el vehículo particular terminara dentro del río. Por ahora, no se ha establecido públicamente si existió algún factor específico que provocara la pérdida de control del automóvil.

La investigación permanece abierta, por lo que cualquier información adicional sobre el accidente dependerá de los resultados de los peritajes realizados en el lugar.

Entre los datos confirmados por la Secretaría de Marina se encuentran:

• Cuatro elementos navales perdieron la vida.
• El accidente ocurrió en las inmediaciones del muelle de La Pesca.
• El hecho se registró en Soto la Marina, Tamaulipas.
• Los marinos se encontraban fuera de sus actividades laborales.
• El vehículo particular en el que viajaban cayó al río.
• Personal de buzos de la Semar apoyó en la recuperación de los cuerpos.
• Las autoridades investigan las causas y circunstancias del percance.

Américo Villarreal lamenta muerte de cuatro elementos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal lamentó la pérdida y envió un mensaje de apoyo a las familias, quienes enfrentan el fallecimiento de los cuatro integrantes de la institución naval.

Villarreal manifestó sus condolencias y deseó fortaleza a los familiares ante lo ocurrido en la comunidad de La Pesca.

La confirmación del gobernador se produjo mientras autoridades estatales y federales participaban en las labores relacionadas con el accidente y la recuperación de los cuerpos.

Semar expresa condolencias a familias de los marinos

La Secretaría de Marina expresó su pesar por el fallecimiento de los cuatro elementos y manifestó su solidaridad con sus familias.

En su comunicado, la institución señaló que comparte el dolor provocado por la pérdida y calificó a los cuatro fallecidos como hermanos marinos.

También informó que realizará las gestiones correspondientes en materia de bienestar social para brindar apoyo a las familias afectadas.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo cayera al río en las inmediaciones del muelle de La Pesca.

Mientras avanzan los peritajes, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a los familiares y compañeros de los cuatro elementos fallecidos y manifestó su solidaridad ante la pérdida registrada este martes en Tamaulipas.

La institución concluyó su mensaje con los valores que, de acuerdo con su comunicado, distinguen a quienes forman parte de sus filas: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron este martes luego de sufrir un accidente en el que cayeron a un río mientras transitaban por la región de La Pescan, en el municipio de Soto La Marina, en el estado de Tamaulipas.

Primeros reportes señalan que los elementos navales se dirgían de regreso a su base cuando ocurrió el percance, cerca de un lugar conocido como La Draga, situado en el acceso principal a la comunidad de La Pesca.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día en un muelle ubicado en La Pesca, Soto la Marina, lugar al que acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes.

La zona fue atendida por las corporaciones que participaron en las acciones posteriores al accidente. Hasta el momento, autoridades no han informado qué habría provocado el percance ni han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los elementos de la Marina fallecidos.

Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas, confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó sus condolencias a las familias, compañeros y personas cercanas a los marinos.

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, lamentó la pérdida de los elementos y señaló que sus familias enfrentan una “irrepatable pérdida”, además de enviarles un mensaje de solidaridad ante lo ocurrido. Hasta el momento no se sabe la identidad de los elementos fallecidos ni mayores detalles sobre el accidente.

“Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, posteó el gobernador.

Marina desactiva 300 explosivos en El Rosario, Sinaloa

En otro hecho, la Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió detectar además 300 kilogramos de material explosivo, con el objetivo de proteger a la población ante el peligro que representaban estos dispositivos.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló bajo el mando de la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, donde el personal naval estableció un perímetro de seguridad tan pronto identifica los artefactos en la zona rural de Agua Verde.

Minutos más tarde, los equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) acudieron al sitio tras el reporte, quienes asumieron la tarea de desactivar los artefactos en el lugar y así impedir cualquier traslado riesgoso.

Según la información oficial, los artefactos sin embargo, el volumen y la variedad de los dispositivos suponían un peligro real para los habitantes y quienes transitan en la región.

Hasta el momento, las autoridades continúan con labores de vigilancia en la zona tras el aseguramiento, por lo que reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados para salvaguardar la seguridad de la población y prevenir incidentes similares en Sinaloa.

El municipio de El Rosario, junto con el poblado Agua Verde, permanece bajo observación de las fuerzas federales. La presencia militar busca disuadir la instalación de nuevos artefactos y garantizar la tranquilidad de la población.

La comunidad reconoce la labor de las instituciones federales en la prevención de situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes. El operativo refuerza la confianza en las acciones de seguridad implementadas en la región.

Según datos publicados en un comunicado conjunto de la institución naval y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aseguramiento representó una afectación económica de 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos involucrados. Con esta acción, la Armada de México evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles.

Un vuelo de patrullaje localizó la narcolancha

El operativo se originó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. El personal naval avistó la lancha desde el aire, realizó el seguimiento correspondiente y procedió a la intercepción en aguas del Pacífico, en la zona correspondiente a la Octava Región Naval.

La embarcación contaba con dos motores fuera de borda. A bordo viajaban dos tripulantes, quienes fueron detenidos en el momento de la intercepción. Los 53 bultos con la sustancia fueron asegurados en ese mismo punto.

Los dos presuntos infractores fueron trasladados junto con lo decomisado a las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero. Ahí quedaron a disposición de la SSPC para ser presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación y determinará su peso exacto.

La Marina actuó a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera

La acción fue ejecutada por personal de la Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera. El vuelo de patrullaje que dio origen al operativo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la dependencia.

Esas operaciones se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado por la Marina es inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas y la estructura financiera de los grupos delictivos.

Las autoridades no revelaron en su comunicado a qué organización criminal pertenecería el cargamento ni si existe alguna línea de investigación al respecto. La FGR es la instancia que determinará los cargos contra los dos detenidos.

El aseguramiento eleva a cerca de 90 toneladas el total de cocaína decomisada en mar en esta administración

La Marina y la SSPC señalaron en su comunicado conjunto que este decomiso se suma a los resultados acumulados de las operaciones marítimas en la presente administración, que en conjunto suman cerca de 90 toneladas de cocaína asegurada.

El pasado este 7 de agosto, la Marina informó un operativo de características similares: la intercepción de una lancha a 851 kilómetros al sur de Acapulco con mil 170 kilogramos de cocaína y seis tripulantes detenidos —tres mexicanos y tres ecuatorianos—. La embarcación cargaba además 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, una configuración que apuntaría a una operación con coordinación desde tierra o desde otra nave.

El Pacífico concentra el tráfico marítimo de droga: CJNG y Cártel de Sinaloa son los principales señalados

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar se concentra en las costas del Océano Pacífico. Identificó al CJNG y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos.

Morales describió además un cambio en las tácticas de los grupos criminales: introdujeron polizones —“gente que no trae papeles”— a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Una vez en el agua, lanchas menores operaban como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directamente en los puertos.

El litoral del Pacífico mexicano abarca 11 estados y más de 7 mil kilómetros de costa, lo que equivale a 70% del litoral nacional. El grueso de los decomisos documentados en lo que va del año ocurrió frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Toda la droga asegurada en esa franja correspondió a cocaína que llegaría por vía marítima desde Sudamérica.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y en coordinación con autoridades de seguridad, localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de narcóticos en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El hallazgo ocurrió en la localidad de El Encinal, como resultado de los patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los recorridos forman parte de las acciones implementadas para debilitar las capacidades logísticas y operativas de los grupos generadores de violencia que tienen presencia en Michoacán.

Durante uno de estos patrullajes, el personal desplegado ubicó un sitio que había sido acondicionado para funcionar como laboratorio clandestino.

Aseguran precursores químicos y equipo

En el lugar, los elementos de la Armada de México localizaron y aseguraron diversos precursores químicos, sustancias y equipos presuntamente utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

La dependencia no detalló en su comunicado la cantidad ni el tipo específico de sustancias encontradas en el inmueble, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar su naturaleza y posible utilización dentro de procesos de producción de narcóticos.

Tras el hallazgo, el sitio fue neutralizado conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de impedir que la infraestructura continuara siendo utilizada para actividades ilícitas.

Los materiales asegurados y la información relacionada con el laboratorio fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la operación del inmueble.

La localización del laboratorio representa, de acuerdo con la Semar, una afectación a las estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus actividades de producción y abastecimiento.

Marina destaca coordinación contra el crimen organizado

La Secretaría de Marina señaló que la desarticulación de este tipo de infraestructura clandestina afecta las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones delictivas, debido a que impide la elaboración de sustancias utilizadas en los mercados ilegales de drogas.

Además, la dependencia sostuvo que el aseguramiento contribuye a reducir riesgos para la población, tanto por el consumo de las sustancias que presuntamente se elaboraban en el sitio como por las actividades criminales asociadas con su producción y distribución.

El operativo fue resultado de la coordinación interinstitucional entre las autoridades que participan en las tareas de seguridad en Michoacán.

La Semar destacó que este tipo de acciones conjuntas permiten fortalecer las labores de vigilancia y generar resultados contra las estructuras que operan de manera clandestina en distintas regiones del país.

El hallazgo ocurrió en una zona donde las autoridades mantienen acciones de vigilancia para combatir a grupos generadores de violencia y sus actividades logísticas.

Con la neutralización del laboratorio en El Encinal, Lázaro Cárdenas, las autoridades buscan impedir que el inmueble vuelva a ser utilizado para la fabricación de narcóticos.

La Secretaría de Marina reiteró que las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad continuarán con los operativos de vigilancia y combate a las organizaciones criminales, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el Estado de derecho y mejorar las condiciones de seguridad.

Hasta el momento, la dependencia no informó sobre personas detenidas durante el operativo ni atribuyó públicamente el laboratorio a una organización criminal específica.

Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

Detectan cargamento mediante análisis de riesgo

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

El procedimiento forma parte de las acciones de inteligencia aduanera que se llevan a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Marina para detectar posibles inconsistencias en la documentación de los embarques y dar seguimiento a operaciones consideradas de atención prioritaria.

La mercancía provenía de Bangkok, Tailandia, y fue identificada a su llegada a la Aduana del AICM. Tras la detección, los productos fueron asegurados y permanecen bajo custodia de las autoridades correspondientes.

El aseguramiento representa uno de los decomisos de cigarrillos de mayor volumen reportados recientemente en una operación de revisión aduanera en el principal aeropuerto de la capital mexicana.

Autoridades mantienen investigación sobre los cigarrillos

La ANAM informó que el cargamento permanecerá bajo resguardo mientras se desarrollan las actuaciones legales y los procedimientos técnicos y ministeriales correspondientes.

La autoridad deberá determinar, entre otros aspectos, la situación jurídica de la mercancía y las posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso y traslado. Por el momento, los cigarrillos son considerados presuntamente apócrifos, por lo que corresponderá a las investigaciones establecer su naturaleza y procedencia ilícita.

Las autoridades federales destacaron que la operación forma parte de una estrategia para reforzar los controles en las cadenas logísticas internacionales y evitar que mercancías que incumplan con las disposiciones legales ingresen al mercado mexicano.

La coordinación entre la ANAM, Semar y SSPC también busca incrementar las capacidades de vigilancia mediante el uso de tecnología, inteligencia y sistemas de análisis de riesgo aplicados a las operaciones de comercio exterior.

Las dependencias señalaron que estos mecanismos permiten focalizar las inspecciones y detectar posibles conductas ilícitas sin limitarse únicamente a revisiones físicas de las mercancías.

El operativo en el AICM se suma a las acciones federales destinadas a fortalecer el control de las fronteras y las aduanas del país, particularmente frente a mercancías que puedan ingresar mediante operaciones irregulares.

La ANAM, Marina y SSPC refrendaron su compromiso de mantener la colaboración institucional para fortalecer la seguridad nacional, combatir posibles actividades ilícitas y proteger la integridad de las cadenas de suministro internacionales.

Mientras concluyen las diligencias, los más de dos millones de cigarrillos permanecerán bajo resguardo de la autoridad aduanera. Las investigaciones determinarán si existieron irregularidades en la documentación, importación o comercialización de la mercancía y, en su caso, quiénes serían los responsables.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este miércoles, alrededor de las 7:30 horas, un helicóptero MI-17 de la Armada de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a través de un “desplome controlado”.

Los hechos ocurrieron en el área de La Garita, en Jalisco, durante acciones de vigilancia con el fin de prevenir actividades ilícitas.

Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló que por el hecho no se reportaron pérdidas humanas, sin embargo, se reportaron tres elementos navales lesionados, mismos que no presentaron heridas de gravedad.

“Al momento, se evalúan las causas del incidente y se brinda atención médica al personal naval que resultó lesionado”, se señaló en el comunicado.

¿Qué es un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado?

Un aterrizaje de emergencia a través de un desplome controlado, es una maniobra de último recurso en la que el piloto de una aeronave, como un avión o un helicóptero, ante una falla grave o pérdida de potencia, permite que el aparato descienda de forma deliberada pero dirigida hacia la superficie, sacrificando la altitud de manera rápida para minimizar un impacto destructivo.

Helicóptero de la Marina se desploma al intentar despegar en Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa

Apenas el pasado mes de mayo, un helicóptero tipo MI-17 de la Secretaría de Marina realizó un aterrizaje de emergencia durante maniobras de despegue en la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, luego de registrar una falla de potencia en el motor principal.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando la aeronave iniciaba su fase de despegue, momento en el que se presentó la falla técnica que obligó a la tripulación a ejecutar un procedimiento de emergencia para asegurar la maniobra y evitar un accidente mayor.

La dependencia federal precisó que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas del incidente, tanto entre la tripulación como en las instalaciones donde se realizaban las operaciones.

Tras el aterrizaje de emergencia, la Secretaría de Marina activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, con la finalidad de asegurar el área y revisar las condiciones de la aeronave.

Asimismo, se informó que ya se llevan a cabo las evaluaciones técnicas correspondientes, así como los procedimientos administrativos y de aseguramiento vinculados al incidente, con el objetivo de determinar con precisión el origen de la falla y deslindar responsabilidades operativas si fuera el caso.

En abril de 2022, un helicóptero MI-17 de la Secretaría de Marina sufrió un accidente durante maniobras en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa, cuando presentó fallas durante una operación de despegue, lo que derivó en un desplome a baja altura.

En ese hecho, la aeronave perdió estabilidad en plena maniobra y terminó impactando dentro del área operativa del aeropuerto, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y personal militar.

El saldo reportado entonces fue de cinco elementos lesionados, sin víctimas mortales, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas y condiciones operativas de la aeronave.

En otro caso registrado en 2024, una aeronave del mismo tipo realizó un aterrizaje precautorio en la zona sur de Culiacán tras rozar un cable no balizado durante un sobrevuelo operativo, sin que se reportaran víctimas.

Estos antecedentes muestran que las operaciones con helicópteros MI-17 en la región han estado sujetas a incidentes técnicos y maniobras de emergencia, principalmente durante despliegues de apoyo operativo y seguridad.

Miguel Ángel “N”, exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), fue detenido este martes en Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme, Sonora, donde fue ejecutada una orden de aprehensión relacionada con el ataque armado contra un abogado ocurrido en Hermosillo en mayo de 2025.

La captura ocurrió alrededor de las 07:06 horas durante un operativo coordinado entre agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). El exagente era buscado por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, así como incumplimiento de un deber legal, informó la Fiscalía de Sonora.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez el 29 de mayo de 2025, luego de las investigaciones para esclarecer la agresión contra Carlos Arturo “N”, de 40 años.

El ataque ocurrió en la colonia Los Olivos, en Hermosillo

La agresión se registró el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 18:30 horas, en la colonia Los Olivos, en Hermosillo.

Carlos Arturo “N” circulaba a bordo de un Toyota Camry gris cuando fue atacado con proyectiles de arma de fuego. Tras la agresión, socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al abogado a un hospital para recibir atención médica.

El vehículo quedó en el sitio donde ocurrió el ataque, mientras las autoridades comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Las indagatorias permitieron obtener datos de prueba que posteriormente derivaron en la orden judicial contra Miguel Ángel “N” y en las acciones para localizarlo.

Ofrecían hasta 500 mil pesos por información

El exagente fue incluido en una ficha de búsqueda publicada el 6 de octubre de 2025. En ella se estableció una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcionara información que permitiera localizarlo y capturarlo.

La recompensa también contemplaba a otra persona relacionada con el caso, quien continúa prófuga de la justicia, por lo que se ofrecía hasta 1 millón de pesos por ambos. Aunque el comunicado de la fiscalía no da más datos sobre su identidad, reportes periodísticos lo identifican como Argel Azael “N”.

Con su detención, Miguel Ángel “N” será trasladado por vía terrestre a Hermosillo para quedar a disposición del juez que lo requiere. Posteriormente será ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1, donde continuará el proceso penal en su contra.

La acusación corresponde a una investigación en curso y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Habrían confundido al abogado con un objetivo durante un operativo de la AMIC

La agresión contra el abogado ocurrió el 24 de mayo de 2025, cuando dos agentes de la AMIC realizaban un operativo al sur de Hermosillo. De acuerdo con la versión de las autoridades, los elementos habían reportado que eran seguidos por varios vehículos y, al intentar salir de la zona, confundieron el automóvil del abogado con uno que presuntamente les cerraba el paso.

Los agentes abrieron fuego contra el Toyota Camry en el que viajaba Bustamante Bracamontes, quien recibió decenas de impactos de bala. El abogado fue trasladado primero al Hospital General de Especialidades y posteriormente a un hospital privado para recibir atención médica.

El operativo estaba relacionado con investigaciones por narcomenudeo y se realizaba después de una jornada de cateos registrada el día anterior, en la que murió el agente de la AMIC Julio César Contreras Arroyo tras ser atacado por civiles armados.

Tras la agresión contra el abogado, los dos agentes involucrados fueron investigados por homicidio calificado en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal. Ambos se presentaron ante las autoridades, pero no fueron detenidos en ese momento debido a que no existía flagrancia. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 26 de mayo de 2025.

Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), aseguró alrededor de 10 mil huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) durante una arribazón registrada en Playa El Médano, Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El operativo reunió a elementos navales, inspectores federales, el XV Ayuntamiento de Los Cabos y personal del sector hotelero, quienes llevaron a cabo las acciones pertinentes para proteger los nidos de 140 tortugas que llegaron a la playa.

Semar, Profepa y Conanp aseguran nidos de 140 tortugas en Playa El Médano

Las autoridades aplicaron protocolos de protección y conservación del medio ambiente marino para resguardar cada nido identificado durante la arribazón. Una vez recuperados, los huevos fueron llevados a campamentos tortugueros conforme a los procedimientos establecidos para favorecer su incubación, ahí permanecerán en incubación hasta la liberación de las crías.

La Secretaría de Marina (Semar) señaló que la acción busca proteger el ciclo reproductivo de la especie y reducir los riesgos derivados tanto de la actividad humana como de factores naturales. La coordinación interinstitucional, que incluyó al municipio y al sector privado hotelero, fue determinante para cubrir el perímetro de anidación durante toda la llegada masiva de ejemplares.

La tortuga golfina es una de las especies de quelonio marino más presentes en el litoral mexicano del Pacífico. Sus llegadas masivas a las costas, conocidas como arribazones, concentran miles de nidos en un lapso breve, lo que las convierte en momentos de alta vulnerabilidad frente al saqueo.

En Michoacán detuvieron a un hombre por sustracción ilegal de esta especie

El pasado 5 de agosto, la Profepa dio a conocer que personal de su Oficina de Representación en Guerrero emitió un dictamen pericial en materia de fauna silvestre a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la detención de un hombre que transportaba 202 huevos de tortuga marina golfina en una bolsa de plástico.

Los huevos se encontraban en aparente buen estado y con características de reciente desove: aún conservaban arena fresca. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Al estar fuera de su nido de incubación y expuestos a temperatura ambiente, los huevos presentaban un grado mínimo de deshidratación. Para favorecer la supervivencia de la especie, la Profepa los trasladó al Campamento Tortuguero del Hotel Ritz Acapulco, donde fueron incubados de inmediato como parte del Programa de Apoyo para la Protección de la Tortuga Marina en la Bahía de Acapulco.

Retirar los huevos de su medio natural altera el proceso germinativo: las condiciones externas difieren de las del nido, y el manejo inadecuado durante el transporte puede interrumpir el desarrollo normal del embrión. El daño real solo podrá determinarse tras un periodo de 45 a 50 días de incubación, con base en el porcentaje de sobrevivencia o mortandad que se registre.

Cinco datos sobre la tortuga golfina

• Es la tortuga marina más pequeña. La golfina mide unos 60 centímetros y pesa unos 45 kilos.
• Pone huevos en grupo. Miles de tortugas llegan juntas a la playa para poner sus huevos.
• Pone muchos huevos. Cada tortuga puede poner hasta 100 huevos en cada nido.
• Come de todo. La golfina come medusas, cangrejos, algas y peces.
• Está en peligro. La pesca, la basura y el robo de huevos ponen en riesgo a la especie.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) realizaron un operativo en la Ciudad de México para desmantelar un sitio presuntamente operado por integrantes de la Unión Tepito, donde extranjeros habrían sido víctimas de extorsiones y privaciones ilegales de la libertad.

El inmueble intervenido se localiza en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, y fue ubicado como parte de una carpeta de investigación relacionada con las actividades presuntamente realizadas en el establecimiento.

De acuerdo con información de autoridades federales, en el lugar se captaba a personas extranjeras, quienes presuntamente eran inducidas a ingresar al establecimiento y posteriormente sedadas para obligarlas a realizar pagos elevados por el consumo de bebidas.

La investigación señala que las víctimas también habrían sido obligadas a realizar transferencias bancarias bajo coacción y, en algunos casos, habrían permanecido privadas de su libertad durante varias horas hasta que los responsables obtenían dinero.

Cateo termina con dos detenidos

Como parte del operativo, personal de la Femdo ingresó al inmueble con apoyo de elementos navales, quienes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio.

Durante la intervención fueron detenidos dos hombres, señalados como presuntos operadores del establecimiento.

Las autoridades también localizaron diversos objetos y sustancias que podrían estar relacionados con las actividades investigadas.

Entre lo asegurado se encuentran siete bolsitas con mariguana, una bolsa con características similares al cristal, cuatro bolsitas con cocaína y tres envoltorios con sustancias blanquecinas.

Uno de los hallazgos que llamó particularmente la atención de los investigadores fue un gotero que contenía un sedante, el cual presuntamente habría sido utilizado para drogar a las víctimas.

La presencia de esta sustancia será analizada como parte de las investigaciones para determinar si efectivamente fue empleada para someter o incapacitar a las personas que acudían al establecimiento.

Aseguran celulares, computadoras y tarjetas

Durante el cateo también fueron asegurados diversos dispositivos y objetos que, de acuerdo con las autoridades, podrían haber sido utilizados para realizar o facilitar las operaciones ilícitas.

El inventario incluye dos computadoras portátiles, un CPU y 37 teléfonos celulares, además de tres terminales bancarias.

También fueron localizadas identificaciones y tarjetas bancarias, cuyo posible uso dentro del esquema de extorsión será investigado por las autoridades federales.

Los dispositivos electrónicos podrían ser sometidos a análisis para determinar comunicaciones, transferencias, contactos y otros elementos que permitan establecer cómo funcionaba el establecimiento y quiénes estarían detrás de las actividades denunciadas.

La investigación también busca determinar el grado de participación de los dos hombres detenidos y establecer si existen otros integrantes de la organización criminal involucrados.

Investigan posible esquema contra extranjeros

El caso se centra en un presunto esquema mediante el cual los responsables habrían utilizado el establecimiento para captar principalmente a extranjeros, generarles consumos elevados y posteriormente utilizar la fuerza o la amenaza para obtener dinero mediante transferencias bancarias.

En los casos más graves, las víctimas habrían sido retenidas durante varias horas hasta que los presuntos responsables conseguían los pagos exigidos.

La Fiscalía deberá determinar ahora si las evidencias encontradas en el inmueble permiten acreditar este mecanismo y su posible relación con la Unión Tepito.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los dos hombres.

El operativo forma parte de las acciones de autoridades federales contra estructuras de la delincuencia organizada que operan en la capital del país.

La Secretaría de Marina anunció este 7 de agosto el aseguramiento de aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, a 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, durante una operación de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera. La droga viajaba en una lancha con tres motores fuera de borda, según datos oficiales.

Seis tripulantes fueron detenidos: tres de nacionalidad mexicana y tres más de nacionalidad ecuatoriana. Junto con la carga, los elementos navales aseguraron 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará las carpetas de investigación correspondientes y determinará su situación jurídica.

La droga viajaba en una lancha con combustible para larga distancia

Las autoridades detallaron que la embarcación localizada contaba con tres motores fuera de borda y casi 2 mil 500 litros de combustible almacenados en 49 bidones, una configuración que permite cubrir grandes distancias en mar abierto sin necesidad de reabastecerse en puerto.

Los equipos de comunicación satelital y las dos radiobalizas halladas a bordo apuntarían a una operación con coordinación desde tierra o desde otra embarcación.

Ese tipo de lancha rápida, con múltiples motores y reservas de combustible, es el mismo perfil de nave que la Marina ha interceptado de forma recurrente en los últimos meses frente a las costas del Pacífico Sur. La presencia de tripulantes ecuatorianos también coincide con operativos anteriores.

El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El Pacífico concentra los decomisos más grandes del sexenio

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar con destino a México se concentra en las costas del Pacífico, donde el CJNG y el Cártel de Sinaloa serían las principales organizaciones detrás del flujo.

Morales también describió un cambio en las tácticas de las organizaciones criminales: los cárteles introdujeron polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Embarcaciones menores mexicanas operaban después como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directa en los puertos.

Desde el inicio del sexenio, la Marina acumula más de 80 toneladas de cocaína decomisadas en altamar. El despliegue naval se orienta hacia el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, archipiélago frente a las costas de Colima y Jalisco que operó como punto de alerta temprana.

Decomisos previos muestran un patrón de embarcaciones menores con tripulantes extranjeros

El operativo repite una dinámica documentada en los meses anteriores. El 21 de julio, una lancha fue interceptada a 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas con mil 530 kilogramos de cocaína; entre sus cinco tripulantes había dos ecuatorianos y tres guatemaltecos. El decomiso representó una afectación estimada de 355 millones de pesos y evitó la distribución de aproximadamente 3 millones de dosis.

El 28 de julio, otro aseguramiento frente a Chiapas arrojó mil 140 kilogramos y tres detenidos, con 33 bidones de combustible y dos radiobalizas a bordo, un perfil similar al del operativo anunciado este 7 de agosto.

El 4 de julio, un helicóptero embarcado avistó dos embarcaciones sin matrícula ni bandera frente a Oaxaca con 2 mil 990 kilogramos de cocaína, más 20 bidones con litros de presunta gasolina preparada. Los cuatro detenidos en ese operativo fueron vinculados a proceso el 10 de julio por la FGR, que los imputó por transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla. Un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 13 en Oaxaca.

Luego de que la periodista Anabel Hernández apareciera en un video en un canal de YouTube, llamado Narcosistema, en el que aseguró que un reporte de inteligencia de la Secretaría de Marina (SEMAR) señalaba que hubo un complot entre miembros del crimen organizado, funcionarios del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, y miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para asesinar al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado mes de noviembre, la propia Marina, por medio de un comunicado, desmintió la información.

En el comunicado, difundido en sus redes sociales, la Marina negó los señalamiento de Anabel Hernández, en el video posteado el pasado jueves 6 de agosto.

“La Secretaría de Marina desmiente categóricamente ser la fuente de la información mencionada en ese video, y se niega que existan reportes institucionales de esta Dependencia que respalden lo ahí expresado”, se lee en el comunicado.

Además, se señaló que la generación, manejo y difusión de información institucional se realizaba exclusivamente por medio de los conductos oficiales y en estricto apego al marco jurídico aplicable, por lo que cualquier referencia atribuida a la institución, que no proviniera de dicho canal, carecía de sustento oficial.

“Se hace un respetuoso llamado a la ciudadanía a verificar información a través de las fuentes institucionales oficiales, a fin de evitar la difusión de información inexacta o carente de sustento”, señala en su comunicado.

¿Qué dijo Anabel Hernández?

En el video posteado por Anabel Hernández, se señala que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y de Alfredo Ramírez Bedolla, insistían en afirmar que el crimen organizado era el único autor material e intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, señaló, se negaban a indagar la línea política como parte del móvil frente a las evidencias claras de que el político asesinado era incómodo para un grupo político de Morena, encabezado por Ramírez Bedolla, Leonel Godoy y Raúl Morón, quien aspira a ser el nuevo gobernador de Michoacán.

De acuerdo con lo difundido por la periodista, con miras a los comicios que se llevarán a cabo en 2027 para renovar la gubernatura, el Congreso del Estado y 112 presidencias municipales, se busca dar carpetazo al caso.

Recordó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció recientemente la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias R1, quien era líder de una peligrosa banda criminal que forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo presentó como la única mente maestra detrás del asesinato ocurrieo el primero de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan ante miles de ciudadanos, durante el Festival de las Velas, con motivo del Día de Muertos.

Harfuch, recordó la periodista, dio a conocer que El R1 ordenó el homicidio tras sentir una provocación del presidente municipal por su combate al crimen organizado.

“Reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, a los que tuvo acceso Narcosistema, indican otra cosa. Se insiste en que detrás de la muerte de Manzo hubo un complot orquestado por el crimen organizado, funcionarios del Gobierno de Ramírez Bedolla y miembro del Partido Morena”, señala la comunicadora en el video.

Dice que la esposa de Manzo, Grecia Quiroz, quien es la actual alcaldesa de Uruapan, señaló en entrevista con Narcosistema que existían hechos que contradecían la versión oficial sobre el móvil detrás de la muerte de su esposo e insistió en que se investigara a los actores políticos de Morena a quienes su esposo acusaba directamente de tener vínculos con el crimen organizado.

La Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró 2 millones 880 mil cigarros ilícitos, equivalentes a 4 mil 31 kilos, según información compartida por las autoridades, que intentaban ingresar al país por vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades indicaron que los embarques procedían de China y Corea, y fueron interceptados mediante inteligencia aduanera y equipos de revisión no intrusiva.

Parte de un operativo acumulado de más de 156 toneladas

Los aseguramientos se enmarcan en una estrategia de control fronterizo que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han desarrollado durante 2025 y lo que va de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En ese periodo, las tres dependencias acumularon el decomiso de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en la principal terminal aérea del país, de acuerdo con información oficial difundida por las instituciones. Los 4 mil 31 kilos referidos en el comunicado más reciente representan una fracción de ese total.

Revisión documental, rayos X e inteligencia: así se detectó el contrabando

La detección fue posible gracias a una combinación de herramientas: revisión documental, inspección mediante equipos de rayos X, es decir, tecnología de revisión no intrusiva, e inspección física de los bultos. A ello se sumó la gestión integral de riesgos e inteligencia aduanera, que permitió identificar patrones irregulares en los envíos.

Según la ANAM, los embarques tenían origen en China y Corea, y estaban destinados al territorio nacional. Las inconsistencias detectadas durante el proceso de revisión activaron los protocolos de inspección profunda que derivaron en los aseguramientos.

La actuación conjunta entre la ANAM, la Semar y la SSPC fue determinante para ejecutar los operativos en un entorno de alta rotación logística como el AICM.

Daño a la economía, la salud y la propiedad intelectual

El contrabando de cigarros no es un delito menor en términos de impacto social. Según las autoridades, este tipo de mercancía ilícita afecta la economía formal al evadir impuestos y aranceles, lo que representa una pérdida directa para la recaudación del Estado mexicano.

A eso se suman otros efectos: la violación de derechos de propiedad intelectual, la generación de competencia desleal frente a empresas legalmente establecidas y los riesgos para la salud pública. Al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad aún deben ser determinadas por las autoridades competentes, no existe garantía alguna sobre los ingredientes que contienen.

La ANAM subrayó que estos aseguramientos representan un golpe directo a los esquemas organizados de contrabando de tabaco que operan a través de rutas aéreas internacionales.

Procedimientos legales en curso

Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera mientras avanzan las actuaciones legales correspondientes. En paralelo, se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales necesarios para determinar la situación jurídica de la mercancía decomisada.

Las tres instituciones reafirmaron su compromiso con la modernización de los procesos de inspección y control aduanero, así como con el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo e inteligencia aplicada al comercio exterior.

Blindaje aduanero como política de Estado

El operativo en el AICM se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de las fronteras mexicanas frente al ingreso de mercancías de alto riesgo. La coordinación entre dependencias de seguridad y la agencia aduanera refleja un modelo de intervención interinstitucional orientado a proteger tanto la seguridad nacional como la integridad de las cadenas logísticas internacionales.

La ANAM destacó que los controles aplicados se apoyan en tecnología de última generación y en esquemas de inteligencia que permiten anticipar y neutralizar intentos de introducción de mercancías ilícitas antes de que alcancen el mercado interno.

Elementos de la Secretaría de María detuvieron este jueves 30 de julio a Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, en un operativo aéreo y terrestre en la comunidad de El Zapote de los Cázares, municipio de Mocorito, Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la detención se realizó a las 15:15 horas. Junto a este personaje también habrían sido detenidas al menos 17 personas más identificadas como parte de su círculo de seguridad.

La ficha de detención describe a “El Yukito” como hombre de complexión media, tez blanca, sin barba ni bigote, que en el momento de su detención portaba una playera negra, short negro con blanco y tenis negros.

El operativo se ejecutó dos semanas después de un primer despliegue de la Secretaría de Marina sobre el mismo poblado serrano, el 11 de julio, que no derivó en detenciones confirmadas. En esa ocasión, aeronaves Texan T6C y un helicóptero Black Hawk sobrevolaron a baja altura las calles de la comunidad de menos de 100 habitantes, ubicada a 40 kilómetros al sur de Badiraguato y a 70 al norte de Culiacán.

Así irrumpieron en el rancho del clan Angulo

El operativo del jueves incluyó helicópteros y vehículos de alto blindaje que cercaron la finca señalada extraoficialmente como el principal centro de mando de la familia Angulo en la región del Évora.

Videos difundidos en redes sociales muestran a elementos de la Marina ingresando al predio. Se desconoce si antes de las detenciones hubo algún tipo de enfrentamiento.

Según reportes extraoficiales recogidos por El Sol de Sinaloa, presuntos integrantes del grupo colocaron ponchallantas a lo largo de brechas y caminos de acceso en la zona serrana, lo que dañó la neumática de varias patrullas oficiales. El despliegue federal impidió, no obstante, la fuga del objetivo prioritario.

El Gabinete de Seguridad Federal no ha emitido al momento de la publicación de esta nota algún comunicado oficial sobre el número de personas aseguradas, el material decomisado ni las circunstancias precisas del operativo al cierre de esta información.

En redes sociales también circuló una supuesta fotografía de Fredy Angulo Soto, sin embargo, la detención de este personaje aún se ha podido confirmar en el RND.

El Yukito: presunto heredero de las Fuerzas Especiales Yuko

Rosario Fidel Angulo Salazar es señalado por fuentes de seguridad como el presunto sucesor operativo de su padre, Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko” —cuya clave operativa es el “09”—, comandante de las Fuerzas Especiales Yuko, grupo armado activo en el norte de Sinaloa.

El clan Angulo tiene raíces largas en el Cártel de Sinaloa. El abuelo de “El Yukito”, Fidel Angulo Cázares, alias “El Fidelon”, fue lugarteniente de la organización durante los años en que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera la encabezaba.

De acuerdo con una investigación de la periodista Vivienne Hearst para Borderland Beat, El Fidelon tuvo al menos cuatro hijos que se involucraron en las actividades del cártel: Fredy, “El Yuko”; José Luis, “El Mi Niño”; Fidel, “Fidelito”; y Rosario, “El Bitache”, asesinado en 2006.

José Luis Angulo Soto, alias “El Mi Niño”, tío de “El Yukito”, está detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos en el Distrito Sur de Illinois por narcoterrorismo, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, y conspiración de lavado de dinero.

Del bando de Los Chapitos a Los Mayos: el giro que les costó una manta

Fredy Angulo Soto y su primo Ceferino Espinoza Angulo, alias “El Koyote” o “El 14”, eran considerados afines a Los Chapitos antes del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López en 2024.

Tras ese quiebre, ambos decantaron su lealtad hacia Los Mayos y el Cártel de Guasave —también identificado como remanente del Cártel de los Beltrán Leyva—, organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”. El cambio de bando les costó aparecer en narcomantas colocadas en Culiacán, presuntamente firmadas por Los Chapitos: “Las lacras traidoras no caben en ningún lado”, se leía.

El Koyote enfrenta acusaciones ante una corte federal del Distrito Norte de Illinois por delitos relacionados con el trasiego de drogas, posesión de armas y obtención de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Hasta la publicación de esta información, Fredy Angulo Soto no figura en ningún expediente público ni en listas de los más buscados de Estados Unidos.

La detención de “El Yukito” se produce en el marco de un despliegue federal sostenido en Sinaloa que, solo en la última semana de julio, incluyó la captura de Adrián “N”, alias “El 20”, jefe regional de Los Chapitos en al menos seis municipios del estado.

El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, dio a conocer las medidas implementadas para frenar el sargazo en las playas del Caribe de México.

Durante la mañanera del pueblo de este 30 de julio en Palacio Nacional, aseguró que el objetivo principal de la estrategia es recuperar la funcionalidad turística y ambiental de estas zonas mediante un esquema permanente de contención y recolección en el mar y aguas someras.

El plan está enfocado en dos premisas principales, donde la inversión está enfocada en la recolección de esta alga para que no toque las costas, y poder transformarlo en productos para la industria.

Estrategia de recolección del sargazo en México

De acuerdo con el líder de la Secretaría de la Marina (SEMAR), existen cuatro líneas de acción fundamentales, las cuales se implementarán para la reducción de este fenómeno:

• Recolección en aguas abiertas
• Recolección en aguas someras
• Recolección en playas con mejores practicas ambientales
• Disposición final

Acciones implementadas en el Caribe mexicano

La mayoría de las acciones ambientales están enfocadas principalmente en las playas turísticas nacionales, con el apoyo de la iniciativa privada.

Capacidad de Recolección en la Mar

1,227 toneladas diarias

• 219 Elementos
• 2 Buques Sargaceros Oceánicos
• 11 Buques Sargaceros Costeros
• 3 Sargaceras Anfibias
• 18 Embarcaciones menores
• 2 Lanchones BAL-02-01 y BAL-01-01
• 16,030 Metros de Barrera de contención
• 2 Drones

Capacidad de Recolección en las Playas

950 toneladas diarias

• 315 Elementos de SEMAR
• 588 Elementos del Estado y Municipios
• 120 Elementos de las Empresas
• 34 Maquinaria
• 32 Camiones
• 12 Barredoras
• 10 Bandas Sargaceras

Inversión para controlar el sargazo

La inversión total será de 2000 millones de pesos, la cual se dividirá en dos etapas:

Etapa Uno (2026): 768.7 MDP, capacidad a 1,870 tons diarias:

• 2 remolcadores
• 6 sargaceros costeros
• 1.5 km de barreras dinámicas
• 50 km de barreras de contención costera, para cubrir las áreas de Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual

Etapa Dos (2027 incrementar capacidad a 4,000 tons diarias:

• Más buques sargaceros
• Más barreras de contención
• Más equipo de recolección en playas

México reutiliza alga marina en carreteras y construcción

La acumulación de sargazo en playas mexicanas ha generado impactos ambientales y económicos, especialmente en Quintana Roo. Para enfrentar este reto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsó un proyecto que transforma el alga en materiales para la construcción y en aditivos para pavimentos.

Esta iniciativa busca no solo limpiar las costas, sino también aprovechar esta vegetación marina como insumo para la infraestructura nacional. El Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM desarrolló tecnologías que permiten fabricar bloques, adoquines, celosías y postes de luz a partir de esta macroalga. Los productos han sido sometidos a pruebas de resistencia bajo las normas del país.

El proceso consiste en recolectarlo, procesarlo y convertirlo en materiales cuya durabilidad es comparable a la del concreto tradicional. Empresas privadas y centros de investigación trabajan en perfeccionar el sistema para lograr una producción a gran escala.

El objetivo es que estos recursos se utilicen en obras públicas, especialmente en regiones afectadas por la proliferación del alga.

En paralelo, el Instituto Mexicano del Transporte realiza estudios para incorporar el sargazo en mezclas asfálticas. El estudio se centra en garantizar que los insumos aporten resistencia y estabilidad a las carreteras. Así, su reutilización representará una alternativa sostenible que contribuye al desarrollo de infraestructuras más duraderas y ayuda a mitigar el impacto ambiental.

Frente a una temporada que ya duplicó el récord histórico de sargazo en el Caribe mexicano, el gobierno federal se prepara para presentar, el próximo 30 de julio, una estrategia que combina dos objetivos: contener la macroalga antes de que llegue a las playas y, al mismo tiempo, convertirla en un activo industrial.

Una flota naval contra el sargazo

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Turismo (Sectur), junto con el gobierno de Quintana Roo y el sector privado, encabezarán el plan.

La Semar ya opera una flota sargacera integrada por:

• El buque oceánico ARM “Natans”
• 11 buques costeros especializados
• Una sargacera anfibia
• 18 embarcaciones menores, dos lanchones y cuatro drones

Además, se han instalado más de 9 mil metros de barreras de contención frente a zonas hoteleras, y hasta el 14 de julio se habían recolectado más de 79 mil 900 toneladas de sargazo en el litoral mexicano. La inversión acumulada, según el gobierno estatal, supera los 700 millones de pesos entre recursos federales y estatales.

El sargazo, de problema ambiental a materia prima

El giro más llamativo de la estrategia es normativo: desde agosto de 2025, el sargazo fue incorporado a la Carta Nacional Pesquera como “recurso pesquero con potencial de desarrollo”, lo que abre la puerta a su uso comercial en fertilizantes, biocombustibles, biomateriales, bioplásticos y textiles.

A esto se suma el reciente Fondo de Capital Ambiental para México, presentado el 21 de julio con participación de Semarnat, la Secretaría de Hacienda y el banco CAF, que podría canalizar recursos hacia la estrategia contra el arribazón en el Caribe mexicano.

Científicos: contener sí, pero con un plan integral

Especialistas consultados coinciden en que extraer sargazo en altamar no basta. Rosa Elisa Rodríguez Martínez, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que la cantidad recolectable en barco es mínima frente al volumen presente en el océano, y recordó que un estudio previo estimó en un millón de dólares el costo anual de limpiar un solo kilómetro de costa.

Según la especialista, la clave está en instalar barreras cercanas a la costa —capaces de contener hasta 90% del sargazo— combinadas con monitoreo satelital y una política pública coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Una temporada sin precedentes

Los números respaldan la urgencia: el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida reportó que en junio de 2026 el sargazo casi duplicó su récord histórico, con cinco millones de toneladas métricas. Conabio, por su parte, calculó 34.8 millones de toneladas húmedas en el Caribe durante mayo, la cifra más alta desde que inició el monitoreo satelital en 2010.

Con la temporada alta prevista para julio-agosto, empresarios y habitantes de la región esperan que la estrategia federal, más allá de la contención, logre finalmente convertir un problema recurrente en una oportunidad económica sostenible.

Este jueves, en la comunidad de Villa Madero, municipio de Seybaplaya, Campeche, pescadores bloquearon el paso sobre la carretera local y retuvieron a elementos de la Guardia Nacional y de la Marina para recuperar su equipo de trabajo que, previamente, decomisaron.

Entre lo asegurado había –según los pobladores– equipo de cómputo y compresores que usan para sus tareas diarias; en consecuencia, los pescadores no estuvieron de acuerdo con el operativo y dispuestos a enfrentarse con las autoridades, exigieron a gritos la devolución de sus herramientas.

“O lo bajan y se van tranquilos (...) ¿qué podemos hacer? ¡Vamos a voltear toda la camioneta!”, expresaron los pescadores a los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar) mientras colocaban troncos sobre la vía para impedir el avance de las unidades oficiales. 

Guardia Nacional asegura compresores “clandestinos”

De acuerdo Proceso, el aseguramiento se llevó a cabo durante una inspección ejecutada por un convoy de la Marina y la Guardia Nacional en el muelle de Villa Madero, donde los elementos decomisaron varios compresores de aire utilizados clandestinamente para la pesca mediante buceo.

Cabe señalar que este tipo de compresores están prohibidos por la NOM-064-SAG/PESC/SEMARNAT-2013, norma que indica la restricción de técnicas como el arponeo y el buceo con compresor (hookah) en aguas marinas y continentales, salvo autorizaciones especiales aprobadas por el Instituto Nacional de Pesca.

Aparte del riesgo considerable que significa para la salud de los buzos, dicha práctica promueve la depredación y sobreexplotación de la fauna marina. En otras palabras, hay motivos de sobra para su prohibición.

Marinos y guardias ceden a la presión de los pescadores

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede observar que, al final, los marinos y los guardias cedieron a la presión y amenazas directas de volcar sus vehículos, por lo que permitieron que los pescadores bajaran los compresores de las bateas de las camionetas para retirarse del lugar.

Durante la grabación también se puede ver cómo los inconformes recuperan su equipo antes de que los elementos militares se marchen.

No es la primera vez que elementos de la Guardia Nacional son retenidos por pobladores, también ha ocurrido en estados como Chiapas, lo que refleja que sus operativos están mal ejecutados o, los uniformados, no cuentan con la capacidad para afrontar una situación de esa magnitud.

Sheinbaum aplaude trabajo de la Guardia Nacional

Un día antes de que pescadores de Campeche retuvieron y arrebataron lo incautado por elementos de la Marina y la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de esta última corporación de seguridad que es completamente castrense.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la primera mandataria reveló que visitó la Comandancia de la Guardia Nacional, donde reconoció a los elementos por su entrega, valores y servicio al pueblo de México.

“En solo siete años hemos consolidado una institución de seguridad pública profesional, disciplinada, con valores y comprometida con la protección del pueblo de México.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional por su entrega, sus valores y su servicio al pueblo de México”, expresó.

Reconoce a Sedena por dirigir a la Guardia

Además, Sheinbaum Pardo aplaudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la manera en la que ha conducido a la Guardia Nacional y convertirla en un “cuerpo de élite”, pese a que nació como una corporación civil en 2018.

“El fortalecimiento de sus capacidades, su equipamiento y su labor de inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos permite seguir avanzando en la construcción de un México más seguro”, destacó.

Un día después de que Claudia Sheinbaum reconoció a la Guardia Nacional, elementos de ésta y de la Marina tuvieron que ceder ante pescadores de Campeche que los retuvieron tras un decomiso.

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Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), informó que durante 2025 y 2026 se han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades, los resultados forman parte del fortalecimiento de las estrategias de inteligencia aduanera, gestión de riesgos, revisión documental, inspecciones físicas y uso de tecnología no intrusiva para detectar mercancías ilegales que pretendían ingresar o salir del país.

Además de los cigarros de contrabando, en instalaciones de carga, mensajería y paquetería internacional fueron detectadas más de 200 guías aéreas que transportaban diversas sustancias ilícitas, con un peso acumulado superior a 400 kilogramos.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante perfiles de riesgo y revisiones especializadas a envíos que presentaban inconsistencias en su documentación, descripción comercial o destino declarado.

También aseguran armas, drogas y sustancias peligrosas

Los operativos coordinados entre la ANAM, la SSPC y la Marina también permitieron detectar armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar o salir de México a través de operaciones de mensajería internacional.

Asimismo, durante las inspecciones se realizó el aseguramiento precautorio de aproximadamente 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite, luego de que los procedimientos de revisión documental y física generaran elementos para realizar una inspección especializada.

A estos resultados se sumó el aseguramiento de aproximadamente 600 kilogramos de mercurio líquido, considerado una sustancia altamente tóxica y peligrosa para la salud, que era transportada oculta dentro de maletas.

Los trabajos de vigilancia también se extendieron a las Terminales 1 y 2 del AICM, donde las autoridades detectaron intentos de tráfico de narcóticos y mercancías prohibidas mediante equipaje documentado, equipaje de mano y distintos métodos de ocultamiento.

La ANAM destacó que estos resultados representan un golpe a las organizaciones dedicadas al contrabando, falsificación de mercancías, evasión fiscal y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.

Además, las autoridades señalaron que el fortalecimiento de los controles aduaneros contribuye a mejorar la recaudación federal mediante una correcta clasificación y valoración de mercancías, así como a detectar irregularidades en las operaciones de comercio exterior.

Según la información oficial, la coordinación entre las instituciones busca evitar que drogas, armas y otros productos ilícitos ingresen al país o sean utilizados para fortalecer las capacidades operativas de grupos criminales.

Las autoridades federales consideraron que los resultados obtenidos durante 2025 y 2026 consolidan al AICM como uno de los principales puntos de vigilancia y control fronterizo del país, al tiempo que refuerzan las acciones contra el crimen organizado, protegen la salud pública y contribuyen a la seguridad nacional.

Vinculan a proceso a presunto integrante del CJNG tras enfrentamiento en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador Gómez Manzo, a quien se relaciona presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de ser detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa para Salvador “N”, quien fue trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El presunto integrante del CJNG fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, tras el enfrentamiento con elementos de la Defensa.

En el operativo, las autoridades aseguraron 18 armas largas y una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos, un casco y 19 cintas eslabonadas.

La FGR recordó que Salvador “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Sigue las noticias de seguridad más destacadas del día en Infobae México.

Un operativo de fuerzas federales y estatales en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa, terminó con dos civiles armados abatidos, tres personas detenidas y el aseguramiento de aproximadamente 25 kilogramos de presunta metanfetamina, además de armamento de alto poder, informó el Grupo Interinstitucional.

Como resultado de la intervención, las autoridades también decomisaron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, 15 cargadores, 410 cartuchos útiles, equipos de radiocomunicación y una cubeta con artefactos ponchallantas, material que quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Una persecución derivó en el enfrentamiento

De acuerdo con la versión oficial, los hechos comenzaron cuando elementos de seguridad detectaron dos vehículos que circulaban a alta velocidad por caminos de terracería en las inmediaciones de la sindicatura.

Los agentes iniciaron una persecución para interceptar a ambas unidades. Sin embargo, los ocupantes presuntamente respondieron con disparos de arma de fuego contra el personal operativo, lo que originó un enfrentamiento.

Tras controlar la situación, las corporaciones confirmaron la muerte de dos de los presuntos agresores y la detención de otros tres.

Aseguran droga, armas y equipo táctico

Durante la inspección del lugar, los elementos localizaron 31 bolsas con aproximadamente 25 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, además del armamento y municiones utilizados presuntamente por los civiles.

Entre los objetos asegurados también había equipos de comunicación y una cubeta con ponchallantas, dispositivos empleados por grupos delictivos para obstaculizar persecuciones o dañar neumáticos de vehículos durante su huida.

Las dos unidades involucradas en los hechos fueron aseguradas por las autoridades. De acuerdo con la revisión oficial, ninguno de los vehículos contaba con reporte de robo.

Un operativo coordinado

En las acciones participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Los tres detenidos, junto con la droga, las armas, los vehículos y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las personas abatidas ni de los detenidos, tampoco han precisado si estarían relacionadas con algún grupo delictivo que opera en Sinaloa.

Operativo previo dejó dos detenidos, fentanilo y una ametralladora decomisados en Culiacán

Las acciones del Grupo Interinstitucional se sumaron a otro operativo realizado el miércoles 15 de julio en la colonia Lomas de Bulevar, también en Culiacán, donde fuerzas federales y estatales detuvieron a dos civiles tras una denuncia anónima que alertó sobre personas armadas al interior de un complejo de departamentos.

De acuerdo con la información oficial, al llegar al inmueble los agentes observaron a un hombre armado que intentó escapar, aunque fue interceptado. Durante la intervención también fue localizado otro individuo y, tras inspeccionar el lugar, las autoridades aseguraron una ametralladora Herstal M60 calibre 7.62 x 51 milímetros, dos fusiles AK-47, 12 cargadores abastecidos, dos cintas eslabonadas con 200 cartuchos, 560 municiones calibre 7.62 x 39 milímetros, mil pastillas de presunto fentanilo —con un peso aproximado de 222.4 gramos—, equipo táctico y un estuche para el arma de alto poder.

Los dos detenidos y el armamento, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Gobierno de México rechazó este martes las acusaciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien señaló la existencia de vínculos entre los cárteles y las autoridades mexicanas. En un comunicado conjunto, el Ejecutivo federal calificó las afirmaciones de infundadas y presentó un balance de resultados para refutarlas.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, se lee en el comunicado.

El documento, fechado el 14 de julio de 2026 en Ciudad de México, lleva la firma de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales”, agrega el texto.

Las cifras con las que México responde

Desde el arranque de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, el Gobierno federal reportó la detención de 59 mil 582 personas, entre las que se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, "sin distinción alguna“, según precisa el comunicado.

En materia de aseguramiento de bienes, las instituciones de seguridad decomisaron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga. Dentro de ese volumen se incluyen 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, cifra que el Gabinete presenta como evidencia directa del combate al tráfico de la sustancia que más preocupa a las autoridades estadounidenses.

El operativo también alcanzó la infraestructura del narcotráfico: fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destinadas a la elaboración de metanfetaminas.

Operación Enjambre y funcionarios detenidos

Uno de los argumentos centrales del comunicado para refutar las acusaciones es la persecución de servidores públicos corruptos. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones complementarias, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos vinculados a actividades delictivas.

Entre los detenidos figuran siete presidentes municipales en funciones. El Gabinete de Seguridad señaló que ese dato confirma que "en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas“, en respuesta directa a la acusación de connivencia con el crimen organizado.

La caída en homicidios como termómetro

El Gabinete también incluyó un indicador de violencia general. De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos registró una caída del 48 %, equivalente a 41 homicidios menos por día en todo el país, de acuerdo con los datos presentados en el propio escrito.

El documento presenta esa reducción como reflejo directo de la estrategia de seguridad, aunque no desglosa los factores específicos que explican la baja ni ofrece comparativos por entidad federativa.

Cooperación bilateral y soberanía

El documento cerró con un mensaje dirigido a Washington. El Gabinete reconoce que los mecanismos de cooperación bilateral han producido resultados concretos, entre ellos la detención de “objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos“.

Al mismo tiempo, el Gobierno de México reafirmó su disposición a fortalecer esa cooperación, pero estableció las condiciones bajo las cuales está dispuesto a hacerlo: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. El objetivo declarado es combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

Lo que dijo Terry Cole

"Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones“, declaró Terry Cole este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida. El titular de la DEA advirtió que la agencia no limitará sus acciones a los integrantes de los grupos criminales: también perseguirá a quienes, desde cargos públicos, presuntamente permitan o faciliten su actividad. Cole señaló que el foco de la ofensiva abarca las estructuras dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como a sus presuntos protectores dentro del aparato gubernamental.

La Operación "Restitución" en el Estado de México acumula más de un año de acciones coordinadas contra el despojo de propiedades, con 2 mil 276 inmuebles asegurados en 79 municipios y mil 396 ya devueltos a sus dueños legítimos.

La estrategia, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, reúne a seis instituciones de seguridad y justicia en operativos simultáneos que abarcan zonas urbanas y rurales de la entidad. A más de 12 meses de su primer despliegue, los números reflejan una presencia sostenida en el territorio.

Qué es la Operación Restitución y cómo funciona

La Operación “Restitución” forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, coordinada desde la Mesa de Paz del Estado de México. Su objetivo es recuperar inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad, para devolverlos a quienes acrediten legítimamente su titularidad. Desde su arranque, la iniciativa ha logrado restituir mil 396 de los 2 mil 276 predios asegurados en todo el estado.

En cada operativo participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales. La coordinación entre fuerzas federales, estatales y locales es el eje que sostiene el alcance territorial de la operación.

55 inmuebles asegurados en la última semana

Del 4 al 10 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron 14 cateos y 41 inspecciones en 22 municipios del Estado de México. El resultado: 55 inmuebles asegurados, de los cuales 41 corresponden a casas habitación y 14 a predios.

Los municipios intervenidos durante esa semana fueron Acolman, Almoloya de Juárez, Atenco, Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Jilotepec, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.

La distribución geográfica de los operativos muestra que la operación no se concentra en una sola zona: abarca tanto municipios del Valle de México con alta densidad poblacional como localidades del interior del estado, donde el despojo de predios rurales representa un problema recurrente.

Una estrategia que cubre 79 municipios del estado

Desde su primer despliegue, la Operación "Restitución" ha extendido su cobertura a 79 municipios de la entidad. La cifra de inmuebles asegurados refleja la escala del problema del despojo en el Estado de México, una de las entidades más pobladas del país.

De ese total, mil 396 propiedades ya fueron restituidas a sus dueños, lo que representa poco más del 61% de los inmuebles asegurados. El resto permanece en proceso de acreditación legal de propiedad o en etapas de investigación.

La operación se sostiene sobre un modelo de intervención que combina diligencias judiciales, como los cateos, con inspecciones en campo, permitiendo actuar tanto sobre inmuebles con orden judicial como sobre aquellos identificados en recorridos de verificación.

Cómo denunciar un despojo ante la FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene activos tres canales para que la ciudadanía reporte delitos de despojo u otros hechos delictivos relacionados con la propiedad. El primero es el correo electrónico, cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx.

El segundo, la línea telefónica 800 7028770, de acceso gratuito. El tercero es la aplicación FGJEdomex, disponible sin costo en las tiendas de aplicaciones para dispositivos con sistemas iOS y Android.

De noviembre de 2025 a mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) acumularon 178 quejas relacionadas con la actuación de su personal.

Sin embargo, la mayoría de esas quejas continúa en proceso de atención, así lo reveló el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El documento en cuestión detalla que la Sedena recibió 94 quejas, de las cuales 14 fueron concluidas y 80 permanecen en trámite. Mientras que la Semar registró 84 expedientes, 16 de ellos concluidos y 68 aún en gestión.

Esas cifras reflejan que 148 de las 178 quejas presentadas, es decir, más del 83 por ciento, continúan sin resolución al cierre del periodo reportado.

CNDH no emite recomendaciones contra el Ejército

Respecto a la Sedena, el informe también detalla que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones contra la dependencia castrense entre el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de mayo de 2026.

Sobre la Semar, el reporte destaca que la CNDH emitió ocho recomendaciones. De las cuales cuatro fueron aceptadas, tres rechazadas y una estaba en análisis para determinar el camino jurídico correspondiente.

Este informe es parte de la rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y da seguimiento a las quejas presentadas “por presuntas irregularidades o posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a personal militar y naval”.

Este es el procedimiento para interponer una queja contra soldados o marinos

Ante violaciones a derechos humanos, la vía es presentar una queja ante la CNDH, ya sea de forma presencial o mediante sus canales de atención en línea, por teléfono o por correo electrónico.

Para posibles faltas administrativas o irregularidades en el desempeño de servidores públicos, las denuncias también pueden presentarse ante los Órganos Internos de Control de ambas dependencias.

En el caso de la Secretaría de Marina, cuenta con un procedimiento para someter quejas y denuncias, además de un protocolo para atender posibles incumplimientos al Código de Ética por parte de su personal.

La dependencia también dispone de un canal de denuncia ciudadana para asuntos relacionados con la Autoridad Marítima Nacional.

Mientras que en la Sedena, el procedimiento institucional establece que las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos presentadas ante la CNDH pueden derivar, cuando corresponda, en la intervención de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

Ese órgano funge como instancia interna de control para investigar posibles responsabilidades administrativas del personal, de acuerdo con el esquema institucional descrito.

Rosario Piedra también defiende al Ejército en caso Ayotzinapa

Mientras la Sedena y Semar acumulan quejas de su personal, esta semana, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una recomendación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

La recomendación 208VG/2026, según la Comisión, busca reivindicar la lucha de las víctimas de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, “y de las deficientes investigaciones de los mismos”.

No obstante, en el documento, la CNDH salió en defensa de los militares –a pesar de que hay 17 de ellos procesados por la desaparición de los estudiantes– y arremetió contra las investigaciones sobre el caso hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

Entre opacidad por su actuar en diversas tareas, no solo de seguridad, el personal de la Sedena y Semar acumula quejas sin resolver.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas detenidas en aguas del Océano Pacífico, frente a costas de Oaxaca, por su probable participación en el transporte de más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína y la posesión ilícita de hidrocarburo, ambos delitos cometidos con la agravante de pandilla.

Los imputados, identificados únicamente como Wilson, Jordy, Henry y Erwin, fueron llevados ante un juez de control luego de que su detención fuera calificada de legal en audiencia inicial. El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba suficientes para obtener además prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Cómo ocurrió la detención en alta mar

La captura de los cuatro imputados se originó durante un vuelo de patrullaje marítimo de la Secretaría de Marina (Marina), en funciones de Guardia Costera. Desde el aire, el personal naval avistó dos embarcaciones ribereñas que navegaban sin matrícula ni bandera con rumbo a costas mexicanas.

Ante el avistamiento, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona. Fue el helicóptero embarcado de esa patrulla el que realizó la intercepción directa de las dos naves. Al abordarlas, los elementos navales detuvieron en flagrancia a las cuatro personas y procedieron a la inspección del cargamento.

“Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en cuanto el buque arribó a puerto,” según informó la dependencia.

Dos toneladas y media de cocaína y casi mil litros de gasolina

La revisión de las embarcaciones arrojó un hallazgo de dos frentes. Por un lado, costalillas con diversos paquetes de clorhidrato de cocaína cuyo peso ministerial quedó determinado en dos toneladas 554 kilos con 965 gramos. Por otro, 19 bidones con petrolífero tipo gasolina que sumaron en conjunto 988.65 litros de combustible ilícito.

La FGR imputó los delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y transporte de clorhidrato de cocaína, en ambos casos con la agravante de pandilla. Con ese cargamento probatorio, el MPF adscrito a la FEMDO convenció al juez de control de dictar vinculación a proceso, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca”.

Resolución judicial y siguiente etapa del proceso

Tras la calificación legal de la detención, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FEMDO deberá consolidar los elementos que sustenten la acusación formal.

Los cuatro imputados permanecerán recluidos en el CEFERESO No. 13, ubicado en Oaxaca, mientras avanza esa etapa procesal. La FGR precisó que, conforme a la ley, a Wilson, Jordy, Henry y Erwin se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El decomiso, en el marco de casi 77 toneladas incautadas en el sexenio

El operativo que derivó en estas detenciones se inscribe en una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según datos oficiales de la Marina, el aseguramiento frente a costas de Oaxaca generó una afectación económica estimada en $652 millones 941 mil 250 pesos para el crimen organizado y evitó la distribución de aproximadamente cinco millones 980 mil dosis de droga.

Con este decomiso, la Armada de México acumuló cerca de 77 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra que se actualiza conforme las autoridades competentes determinan el peso ministerial de cada aseguramiento.

El caso se suma a otros golpes recientes al narcotráfico marítimo. El 1 de julio, la Marina informó el decomiso de 1.2 toneladas de cocaína y la detención de ocho personas en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, Chiapas. Semanas antes, el 19 de junio, elementos navales aseguraron 137 kilogramos de la misma sustancia ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, operativo en el que fueron detenidos cinco ciudadanos ecuatorianos.

El periodista y activista ambiental guerrerense, Alex Serna, fue hallado sin vida el pasado 4 de julio después de haber estado desaparecido durante semanas. Su familia reportó que se le vio por última vez el 20 de junio. Hoy se sabe que su cuerpo fue hallado desde el 22, sin embargo, permaneció en el Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que fue reconocido por familiares.

Su caso no es solo una muestra de la impunidad de la que son víctimas las personas desaparecidas, sino también del riesgo que enfrentan los comunicadores y defensores del medio ambiente en México.

Alex Serna, de 39 años, era conocido en Zihuatanejo, Guerrero, por documentar y denunciar daños ambientales y actos de corrupción que afectan a las comunidades de la zona. A través de videos en redes sociales, difundía sus investigaciones sobre casos de empresas o autoridades que operaban de manera irregular o que afectaban de alguna forma a las comunidades de la Costa Grande de Guerrero, de donde era originario.

Meses antes de su desaparición, en marzo de 2026, Alex Serna denunció que recibió amenazas para que “le baje” y deje de realizar su trabajo periodístico. A través de una publicación en redes, el activista exhibió mensajes que recibió de una cuenta desconocida en donde se leía que incluso ya conocían su ubicación.

No obstante, a pesar de dichas amenazas, Alex Serna no se detuvo y continuó investigando y difundiendo información sobre su comunidad. Incluso el día en el que desapareció, el 20 de junio, publicó su último video, se trataba de la primera parte de una investigación que llevaba realizando desde 2024. Horas después de publicarlo, desapareció.

Son dos los últimos temas más relevantes que Alex Serna denunció antes de ser desaparecido y luego asesinado. Uno, es contra una empresa deshidratadora de mangos, la cual acusó de operar sin permisos y de contaminar el agua de las comunidades, y el otro, un proyecto inmobiliario a cargo de las autoridades municipales que violaba permisos y afectaba al medio ambiente de Zihuatanejo.

Empresa deshidratadora de mangos que operaba sin permisos

En un video difundido en sus redes sociales, publicado el 20 de junio a las 10:45 de la mañana, el mismo día de su desaparición, Alex denunció que la empresa Sunsets Tropicales de México, operada por el empresario extranjero Frank Thomas Cruz, tenía irregularidades al declararse como una empresa empacadora de mangos cuando en realidad lo que hacía era deshidratar esta fruta.

“La gran diferencia: una deshidratadora usa químicos para lograr la conservación de la fruta. Una empacadora de fruta es solo seleccionar la calidad de la fruta”, explicó Alex Serna en su video.

Pero esa era solo la primera de las irregularidades de esta empresa. El comunicador denunció que Sunsets Tropicales de México ha contaminado de manera reiterada los límites de La Saladita y Los Llanos de Temalhuacán, comunidades del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, en la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo a la investigación de Alex Serna, la planta utiliza químicos en sus procesos de deshidratación para conservar fruta destinada a mercados de Canadá, Estados Unidos y Japón, lo que provoca afectaciones al aire, agua y tierra de la región.

Explicó que desde 2024 ha buscado información sobre este caso, realizando solicitudes de información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para conocer los permisos con los que cuenta la deshidratadora. Este año finalmente había logrado evidencia suficiente para comprobar que la empresa no contaba con ninguna autorización ambiental para operar.

En su video, Serna afirmó que la Semarnat confirmó que no existe un resolutivo vigente de impacto ambiental y que la planta tampoco cuenta con la licencia ambiental única, necesaria para fuentes fijas de jurisdicción federal. Además, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental precisaron que no hay registros, proyectos ni permisos ambientales concedidos a la empresa. De los documentos de los que sí podría haber registros, ya no queda evidencia debido a una pérdida de archivos por el huracán Otis, según explicó la dependencia ambiental.

La denuncia de Alex Serna enfatiza que Sunsets Tropicales de México no solo carece de permisos ambientales, sino que tampoco posee concesiones de agua ni autorizaciones para la descarga de aguas residuales, según respondió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con ello, Alex Serna advirtió que la empresa extrae agua de manera ilegal, contamina con sus procesos industriales y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la comunidad local.

“Es una cadena de contaminación para los productos, trabajadores que ahí operan y a los mismos pobladores de La Saladita y El Llano”, expuso en su video el periodista. Además, explicó que las personas de los alrededores se manifestaron en contra de la empresa hasta que en 2017 se llegó a un acuerdo, sin embargo, Alex Serna lo consideró insuficiente, pues las manifestaciones continuaron.

Al respecto, y sobre las dudas que deja la relación entre el video publicado por Alex Serna y el día en el que desapareció, la empresa deshidratadora emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier acusación y argumentó que sí cuenta con los permisos necesarios para operar.

Marina remodela su capitanía, pero viola leyes ambientales

En un video anterior, publicado el 14 de junio a las 4:49 de la tarde, Alex Serna denunció la construcción de un edificio en el muelle de Zihuatanejo de Azueta que, advirtió, no contaba con el estudio de impacto ambiental requerido por la Semarnat.

Se trata de una remodelación al Recinto Portuario y Explanada del Acceso al Muelle Principal de la Secretaría de Marina, con el objetivo de lograr un “mejoramiento de imagen” en el puerto de Zihuatanejo, de acuerdo a lo informado por el propio gobierno municipal, encabezado por la bióloga Lizette Tapia.

La obra contempla elevar la estructura de la capitanía de la Marina a tres niveles, sin embargo, la denuncia gira en torno a que se trata de una zona reconocida por su inestabilidad debido a la base de piedras y la cercanía al mar y la laguna, lo que podría poner en riesgo la seguridad de la zona y beneficiar únicamente a las autoridades que están impulsando el proyecto, es decir, a los integrantes del “cacicazgo priista”, según se expresó Alex Serna en su video.

En su testimonio también menciona que, aunque en la primera etapa de la obra no se instalarán comercios, en fases posteriores se prevé la apertura de locales y restaurantes en los nuevos niveles del edificio, así como la ocupación del estacionamiento para actividades comerciales. Reiteró que estas acciones se ejecutan sin los permisos ambientales necesarios y se relacionan con un patrón de concesiones y beneficios a empresas y particulares cercanos al grupo político de Lizette Tapia, que gobierna el municipio.

Además, se hace alusión a otros proyectos en la zona, como Carpinteros y Paseo Capricho del Rey, donde también acusó la construcción de restaurantes y cafeterías sin los permisos federales correspondientes, beneficiando a familiares y allegados de líderes sindicales y políticos.

“Estas obras son sin permisos ambientales. Mientras ellos cierran negocios por no tener los permisos, la licencia de funcionamiento, ellos, el cacicazgo priista y la bióloga ecosida priista, ellos operan sin los permisos necesarios, donde por su ego ponen en riesgo el futuro del municipio”, denunció Alex Serna en su testimonio.

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que asegura que la mandataria fue “mal informada” sobre el proceso penal que enfrenta y denuncia que existen funcionarios dentro del propio Gobierno federal que estarían obstaculizando el acceso a pruebas que, según sostiene, demostrarían su inocencia.

La carta, fechada el 4 de julio de 2026 en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue difundida junto con su versión manuscrita y una transcripción íntegra. En ella, el mando naval reitera que desde hace diez meses permanece privado de la libertad dentro de la causa penal 325/2025, en la que enfrenta cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna insiste en que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas y afirma que la imputación se basa principalmente en un video anónimo publicado en YouTube, así como en declaraciones de un testigo colaborador que, asegura, obtuvo beneficios procesales a cambio de incriminarlo.

Denuncia violaciones al debido proceso

En el documento, el Vicealmirante sostiene que desde noviembre de 2024 solicitó, por conducto de la Fiscalía General de la República, diversos actos de investigación dirigidos a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México con el propósito de acreditar que nunca ocupó cargos relacionados con la designación o validación de personal para aduanas marítimas.

Según expone, dichos documentos demostrarían que nunca propuso ni autorizó nombramientos dentro de las aduanas, uno de los principales señalamientos que sustentan la acusación en su contra.

Asimismo, afirma haber solicitado entrevistas realizadas por la Unidad de Inteligencia Naval a diversos elementos de la Marina, las cuales —asegura— contendrían presuntas amenazas y presiones para obtener declaraciones inculpatorias contra él y otros imputados.

De acuerdo con su versión, tanto esas entrevistas como otros documentos le han sido negados bajo el argumento de que constituyen información reservada por motivos de Seguridad Nacional.

Farías Laguna sostiene que esta negativa vulnera su derecho a una defensa adecuada y representa una obstrucción a la justicia, ya que, afirma, le impide acceder a elementos que podrían favorecer su situación jurídica.

Afirma que fue exhibido como culpable

Uno de los puntos centrales de la nueva carta es el señalamiento directo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Vicealmirante afirma que la mandataria recibió información incorrecta sobre su caso y sostiene que las referencias realizadas durante la Conferencia del Pueblo lo presentan públicamente como responsable de integrar una organización dedicada al contrabando de combustible, pese a que su proceso judicial continúa abierto.

A su juicio, esas declaraciones vulneran el principio de presunción de inocencia, afectan el debido proceso y generan un “efecto corruptor” sobre el procedimiento judicial al influir en la percepción pública respecto de su responsabilidad.

En el escrito también cuestiona que, mientras otros servidores públicos reciben —según afirma— garantías para preservar su presunción de inocencia, en su caso fue detenido, vinculado a proceso y exhibido públicamente sin haber sido llamado previamente a declarar.

Incluso sostiene que ha sido utilizado como un “chivo expiatorio” para responsabilizarlo de hechos con los que asegura no tener relación.

Otro de los señalamientos contenidos en la carta apunta a la existencia de funcionarios dentro del propio Gobierno federal que, de acuerdo con su versión, conocen los hechos investigados, continúan desempeñando cargos públicos y estarían impidiendo deliberadamente que salgan a la luz pruebas favorables para su defensa.

Aunque no identifica a esas personas, solicita a la presidenta intervenir para evitar que continúe esa presunta obstrucción.

Finalmente, Farías Laguna pide a Sheinbaum instruir a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas para que entreguen la información requerida por la Fiscalía General de la República y garanticen el acceso a las pruebas que considera indispensables para demostrar su inocencia.

En la parte final de la misiva, el Vicealmirante solicita que se respete el Estado de derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que expresa su confianza en que la Presidenta reciba “la verdadera información del caso” y actúe para evitar nuevas violaciones a sus derechos durante el desarrollo del proceso penal.

La solidaridad de México cruzó el mar rumbo a Venezuela. El Gobierno federal envió este domingo dos buques de la Armada con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por los terremotos que han dejado miles de muertos, heridos y personas sin hogar en el país sudamericano.

México despliega ayuda humanitaria por vía marítima hacia Venezuela

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) zarparon desde el puerto de Veracruz con aproximadamente 2,003 metros cúbicos de insumos, equivalentes a cerca de 388 toneladas de ayuda.

El envío responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones de cooperación internacional emprendidas por el Gobierno de México para atender la emergencia provocada por los sismos registrados en Venezuela.

Víveres, medicamentos y plantas potabilizadoras integran el cargamento

El buque Isla Holbox transporta alrededor de 1,750 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Además, lleva cuatro plantas potabilizadoras capaces de producir mil litros de agua purificada por hora cada una, así como el personal especializado encargado de operarlas.

Por su parte, el Huasteco traslada otros 253 metros cúbicos de alimentos, agua, productos de aseo e insumos médicos con el mismo destino.

Los productos enviados fueron reunidos a partir de donaciones recibidas en distintos centros de acopio instalados en la Ciudad de México y posteriormente concentrados en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz para su embarque.

Esta fue la ayuda enviada por México

• Se movilizan aproximadamente 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria.
• El cargamento equivale a cerca de 388 toneladas de suministros.
• Participan 100 elementos navales de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) en las labores de carga, traslado y desembarque.
• Los buques transportan cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de producir mil litros de agua por hora cada una.
• El viaje marítimo tiene una duración estimada de seis días.

Operativo coordinado entre autoridades y sociedad civil

La operación logística es resultado del trabajo conjunto entre la Semar, la SRE, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en la recolección y entrega de los insumos.

Para el embarque y traslado participan 100 integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias, quienes cuentan con apoyo de maquinaria especializada, entre ella una grúa y dos montacargas, para facilitar las maniobras en el puerto de Veracruz.

Este envío se suma al apoyo aéreo realizado días antes, cuando un avión militar mexicano despegó hacia Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica destinadas a fortalecer la atención de las zonas afectadas.

Terremotos en Venezuela dejan miles de víctimas y severos daños

La ayuda mexicana llega mientras Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias de los últimos años.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, los terremotos registrados el pasado 24 de junio han dejado 2,954 personas fallecidas y 16,592 heridas.

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de cientos de edificios, principalmente en el estado de La Guaira, además de miles de personas damnificadas y viviendas destruidas.

Organismos internacionales también han advertido sobre la magnitud de la emergencia, ante el elevado número de personas que continúan afectadas por el desastre.

México reafirma su política de cooperación internacional

Con este nuevo puente de ayuda, el Gobierno de México reiteró su compromiso con la asistencia humanitaria y la cooperación internacional frente a desastres naturales.

Las autoridades señalaron que estas acciones reflejan la tradición solidaria del país con las naciones de América Latina y buscan contribuir a atender las necesidades más urgentes de la población venezolana mientras continúan las labores de recuperación tras los terremotos.

Un ataque con explosivos mató a Christian Tello, capitán de la Semar, e hirió a dos marinos que resguardaban a un colectivo de madres buscadoras en la zona rural de Mazatlán, un hecho que además confirmó la repetición de agresiones con minas o artefactos similares en el sur de Sinaloa.

Horas después del ataque, corporaciones de seguridad que reforzaron la ruta El Vainillo-El Recodo localizaron los cuerpos de tres presuntos agresores civiles en una zona de monte cercana al poblado de Veranos. Peritos ministeriales acudieron al sitio para levantar los cadáveres y realizar las diligencias correspondientes.

La agresión ocurrió en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros, donde fuerzas armadas realizaban recorridos de seguridad y vigilancia preventiva. El operativo formaba parte del resguardo a un grupo de madres buscadoras que efectuaba excavaciones en un predio.

De acuerdo con la información disponible, civiles armados irrumpieron en la zona mientras el personal militar protegía el perímetro. El mando a cargo del dispositivo era el Capitán de Infantería de Marina Christian Tello, quien sufrió heridas graves durante el estallido.

De acuerdo con personas que lo conocieron, era recordado como un hombre alegre, un buen esposo, hijo y padre de tres menores, por lo que su fallecimiento ha causado consternación entre familiares, amigos y compañeros de la corporación.

En el mismo hecho, otros dos elementos de la Marina, identificados como Jesús Alberto y Jesús Adrián, permanecen hospitalizados recibiendo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre su estado de salud.

Compañeros escribieron palabras de apoyo a su familia:

“Su sacrificio es un recordatorio del precio que muchos elementos de la Secretaría de Marina pagan para proteger a millones de mexicanos. Su nombre quedará grabado en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y en el corazón de un país que honra a quienes sirven con valor, lealtad y honor.

Descansa en paz, Capitán Cristian Tello. Que Dios reciba tu alma y conceda fortaleza a tu familia, amigos y compañeros de armas.

Tu misión en esta tierra terminó, pero tu legado de servicio y entrega vivirá para siempre.

Honor eterno a un marino caído en cumplimiento de su deber"

El capitán murió camino al Hospital Naval Militar de Mazatlán

El mando naval perdió la vida a bordo de una unidad de emergencias durante el trayecto hacia el Hospital Naval Militar de Mazatlán. La víctima también fue identificada en otra versión de los hechos como Christian “N”.

Los otros dos lesionados fueron los oficiales Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”. Ambos recibieron atención inicial en el Hospital Rural del IMSS en Villa Unión y después fueron trasladados bajo resguardo militar a clínicas del puerto.

En una relación adicional sobre el estado de los heridos, Jesús Adrián “N” fue reportado como policontundido. También circuló una versión preliminar sobre un tercer elemento lesionado, aunque ese dato no quedó confirmado por la vía oficial.

El hecho fue descrito en otra versión como la explosión de un artefacto tipo mina antipersonal en la comunidad de El Recodo, al norte de Mazatlán. Esa misma versión indicó que los tres marinos recibieron atención de emergencia y fueron llevados a un hospital, pero Christian “N” murió por las lesiones sufridas.

El colectivo dijo que se resguardó durante la emergencia

Tras la explosión, el colectivo Por las Voces sin Justicia difundió un pronunciamiento en redes sociales sobre lo ocurrido durante la jornada de búsqueda. Las integrantes expresaron miedo e incertidumbre por el ataque registrado mientras buscaban a sus familiares desaparecidos.

“Jamás imaginamos vivir una situación como esta mientras buscábamos a nuestros seres queridos”, señalaron las madres buscadoras. También relataron que tuvieron que resguardarse mientras se atendía la emergencia.

En el mismo mensaje, las integrantes agradecieron a los elementos de la Secretaría de Marina por la protección brindada durante la búsqueda. Además, expresaron oraciones por la recuperación de los militares que resultaron heridos.

Ese mismo ambiente llevó a madres buscadoras de Durango a viajar en grupo a Mazatlán y unirse a una manifestación de colectivos de Sinaloa frente al Servicio Médico Forense. La protesta buscó que no se ocultara lo que, según sus reclamos, en realidad se estaba encontrando en fosas clandestinas.

El ataque fue el segundo incidente de este tipo en la región

La Secretaría de Marina mantuvo después un despliegue operativo terrestre con apoyo de helicópteros sobrevolando las inmediaciones del sur de Mazatlán para asegurar el perímetro. El movimiento de fuerzas se concentró tras la agresión y la localización posterior de los presuntos agresores muertos.

El caso representó el segundo incidente de este tipo en la región. El antecedente inmediato ocurrió el 18 de marzo en Pánuco, municipio de Concordia, donde la activación de una mina antipersonal lesionó a un integrante de las fuerzas armadas.

Otra mención incluida en la información disponible sostuvo que la Secretaría de Marina confirmó la muerte de uno de sus elementos y que otros tres resultaron heridos cerca de la Presa Picachos, al norte de Mazatlán. Esa referencia coexistió con la versión principal, que reportó a dos lesionados confirmados y un tercer caso sin confirmación oficial.

La coincidencia entre ambas versiones fue el punto central del ataque: personal naval participaba en un operativo de protección para madres buscadoras cuando ocurrió la explosión. El saldo confirmado fue la muerte del capitán Christian Tello y las lesiones a dos efectivos más que integraban el dispositivo de seguridad.

La agresión se registró en un contexto de presión creciente de colectivos de búsqueda en la región. En el texto también se mencionó que 14 familias de Durango supieron por denuncias anónimas que sus desaparecidos estuvieron por última vez en El Verde, y que crecía la exigencia para que se informara la verdad sobre la cantidad de cuerpos encontrados en esa zona de Concordia.

• Un capitán de la Semar murió en un ataque con explosivos mientras resguardaba a madres buscadoras en Mazatlán.
• Los marinos heridos fueron Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”; ambos fueron atendidos primero en Villa Unión y luego trasladados a Mazatlán.
• El hecho fue el segundo incidente de este tipo en la región tras la explosión de una mina antipersonal ocurrida el 18 de marzo en Concordia.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Armada de México aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunto clorhidrato de cocaína y detuvo a ocho personas en dos operativos marítimos realizados en aguas del Océano Pacífico, frente a las playas de San José el Hueyate, en el estado de Chiapas, según informó la Semar.

El decomiso representa una afectación económica estimada en 263 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas y significa que se evitó que aproximadamente dos millones 400 mil dosis llegaran a la población, según el comunicado oficial de la dependencia.

Dos acciones, ocho detenidos y más de mil kilos asegurados

La Semar, en funciones de Guardia Costera, ejecutó las dos intervenciones de forma independiente en la misma zona marítima. En conjunto, el operativo dejó ocho presuntos infractores de la ley detenidos, una embarcación menor con dos motores fuera de borda asegurada y el cargamento de droga distribuido en 42 bultos con un total de mil 244 paquetes de presunta cocaína.

La primera acción se originó a partir de recorridos de patrullaje con vigilancia marítima y aérea. Personal naval detuvo a cuatro presuntos infractores y localizó 29 bultos con 860 paquetes de presunto clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado, incluyendo embalaje, de 860 kilogramos.

La segunda intervención ocurrió al detectar una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo. Tras efectuar una inspección, los elementos navales encontraron 13 bultos con 384 paquetes de presunta droga, con un peso aproximado de 384 kilogramos, también incluyendo el embalaje.

El peso ministerial, pendiente de determinación

La Semar precisó que las autoridades competentes aún deben establecer el peso ministerial de la droga asegurada en ambas acciones. Ese dato oficial se sumará al conteo acumulado de la presente administración.

En total, la Armada de México ha incautado cerca de 74 toneladas de cocaína en operaciones marítimas desde el inicio del actual gobierno. El aseguramiento frente a Chiapas se inscribe en esa estrategia sostenida de vigilancia y control en las costas nacionales.

La zona donde ocurrieron los operativos, las inmediaciones de San José el Hueyate, forma parte de un corredor del Pacífico mexicano con historial de actividad de tráfico de estupefacientes por vía marítima. Chiapas encabeza, además, la lista nacional de aeronaves clandestinas aseguradas vinculadas al narcotráfico entre 2019 y febrero de 2026, con 28 aeronaves, según registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Coordinación entre Semar, SSPC y FGR

Una vez concluidas las acciones de aseguramiento, la Armada de México actuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar el debido proceso.

A los ocho detenidos se les informaron sus derechos de ley. Tanto las personas como la embarcación y el cargamento fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien tiene a su cargo definir la situación legal de los imputados e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Ruta marítima del Pacífico bajo presión

El Pacífico mexicano ha concentrado buena parte de los operativos antinarcóticos de la Semar en los últimos años. La dependencia opera en funciones de Guardia Costera con patrullajes combinados, es decir, marítimos y aéreos, para interceptar embarcaciones menores que, según los decomisos registrados, son el principal medio de transporte de cargamentos de cocaína a lo largo de esa franja costera.

El comunicado oficial no identificó a qué organización criminal pertenece el cargamento asegurado, ni precisó el destino de la droga. La Semar tampoco proporcionó información sobre el origen de las embarcaciones o la nacionalidad de los ocho detenidos.